Prevenciones Comunicaciones Iniciativas Actas Informes Invitaciones

Prevenciones

De la Mesa Directiva

Presidentes de Comisiones

Presentes

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en el artículo 88, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, emite prevención a efecto de que presenten los dictámenes correspondientes a los asuntos turnados a las comisiones siguientes:

1. Justicia.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción I del artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Presentada por el Congreso de Nuevo León.

Expediente 10553.

Primera sección.

2. Energía.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 6o. de la Ley de la Industria Eléctrica (en materia de regulación del suministro de energía eléctrica).

Presentada por el Congreso de Nuevo León.

Expediente 10554.

Segunda sección.

Ciudad de México, a 8 de junio de 2018.

Atentamente

Diputado Édgar Romo García (rúbrica)

Presidente


Comunicaciones

De la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, tres con las que remite similares sobre la reincorporación de los diputados Mario Machuca Sánchez, Leticia Amparano Gámez y Jesús Antonio López Rodríguez

Ciudad de México, a 6 de junio de 2018.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Informo a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, se recibió comunicación del diputado Mario Machuca Sánchez, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 1 de junio de 2018.

Atentamente

Senador David Monreal Ávila (rúbrica)

Vicepresidente


Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de mayo de 2018.

Diputado Édgar Romo García

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Presente

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 16, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito comunicar a ese órgano de gobierno, que me reincorporo a mis labores legislativas de diputado federal, con efectos a partir del día 1 de junio del 2018.

Por lo anteriormente expuesto, requiero se dé el curso legal que corresponda a mi petición.

Atentamente

Diputado Mario Machuca Sánchez (rúbrica)

(De enterado. Junio 6 de 2018.)


Ciudad de México, 6 de junio de 2018.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Informo a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, se recibió comunicación de la diputada Leticia Amparano Gamez, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 2 de julio de 2018.

Atentamente

Senador David Monreal Ávila (rúbrica)

Vicepresidente


Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de mayo de 2018.

Senador Ernesto Cordero Arroyo

Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente

Presente

El que suscribe, Leticia Amparano Gamez, diputada federal con licencia por Sonora e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura, de conformidad con la licencia que me fue concedida por el pleno en sesión celebrada el martes 3 de abril de 2018, me dirijo a usted para solicitarle de la manera más atenta y de no haber inconveniente alguno, con fundamento en el artículo 16, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados se realicen los trámites necesarios para mi reincorporación a las actividades legislativas de la honorable Cámara de Diputados a partir del lunes 2 de julio del año en curso.

Comunicó lo anterior para los fines legales y administrativos a que haya lugar.

Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente

Diputada Leticia Amparano Gamez (rúbrica)


Ciudad de México, a 6 de junio de 2018.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Informo a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, se recibió comunicación del diputado Jesús Antonio López Rodríguez, por la que informa de su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 1 de junio de 2018.

Atentamente

Senador David Monreal Ávila (rúbrica)

Vicepresidente


Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de mayo de 2018

Diputado Édgar Romo García

Presidente de la Mesa Directiva

Presente

Por medio del presente y con fundamento en lo establecido en la fracción VIII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento de lo Cámara de Diputados, presento respetuosamente ante usted, mi solicitud de reincorporación al ejercicio de mi cargo como diputado federal a partir del día l de junio del año en curso en virtud de que me encuentro de licencia desde el día martes 6 de marzo del mismo año.

Lo anterior, con el propósito de que se someta o consideración de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados y en su caso se de aviso de manera formal al diputado que a la fecha, se encuentra como suplente de mis funciones.

Sin más por el momento agradezco su atención no omitiendo enviar a usted, un cordial saludo.

Diputado Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica)

De la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, con la que remite similar sobre la incorporación de los diputados Julio César Tinaco Oros y Luis Jorge Mayorga Godínez al Grupo Parlamentario del PES

Ciudad de México, a 6 de junio de 2018.

Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes

Informo a ustedes que, en sesión celebrada en esta fecha, se recibió comunicación del diputado Alfredo Ferreiro Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, por la que informa la incorporación de los diputados Julio César Tinaco Oros y Luis Jorge Mayorga Godínez a dicho grupo parlamentario, a partir del 25 de mayo de 2018.

Atentamente

Senador David Monreal Ávila (rúbrica)

Vicepresidente


Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de mayo de 2018.

Senador Ernesto Cordero Arroyo

Presidente de la Comisión Permanente del Segundo Receso del Tercer Año de ejercicio
LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión

Presente

Sea el presente el conducto para enviarle un cordial saludo, asimismo, para comunicarle el interés manifiesto de los diputados Julio César Tinoco Oros y Luis Jorge Mayorga Godínez de incorporarse al Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social a partir del día 25 del presente mes y año, motivo por el cual le solicito notificar a las instancias competentes, a fin de realizar los trámites conducentes a que haya lugar y para los fines legislativos, administrativos y demás que formalicen la integración de los Legisladores a este Grupo Parlamentario.

Lo anterior para los efectos a que haya lugar.

Reiterándome a sus órdenes, quedo de usted.

Atentamente

Diputado Alfredo Ferreiro Velazco

(De enterado. Junio 6 de 2018.)

De la Comisión Permanente, con la que remite punto de acuerdo relativo al exhorto a la SEP, a fin de que realice los cambios necesarios para incorporar de manera regular a los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad como parte de la educación media superior

Ciudad de México, a 6 de junio de 2018.

Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presentes

Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada en esta fecha, se aprobó dictamen de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente con el siguiente punto de acuerdo:

“Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, para que realice los cambios necesarios a fin de incorporar de manera regular a los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad como parte de la educación media superior en el Sistema Educativo Nacional. Asimismo, a que se incluyan en el Servicio Profesional Docente en la Educación Media Superior a las asesoras y los asesores académicos de estos Centros, a fin de que se les reconozca como personal docente especializado en la educación media superior de personas con discapacidad.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados, a fin de que considere en el Ejercicio Presupuestal de 2019 los recursos necesarios para el adecuado funcionamiento de los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad, a cargo de la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para que haga una revisión sobre las quejas interpuestas por el personal de asesoría académica y el alumnado de los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad, a fin de verificar que no existan actos de discriminación respecto al goce y ejercicio del derecho a la educación.

Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a fin de que verifique la situación actual de los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad, a fin de que no se violen los derechos de las personas con discapacidad, en particular el derecho de acceso a la educación, así como el derecho al trabajo de las asesoras y los asesores académicos de dichos Centros”.

Atentamente

Senador David Monreal Ávila (rúbrica)

Vicepresidente

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la que remite información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, y el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal

Ciudad de México, a 30 de mayo de 2018.

Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo

Presidente de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión

Presente

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 107, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito enviar la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, en los términos de la Ley Federal de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes a abril de 2018.

Asimismo, se informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de éstas, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente con abril de 2017.

De igual forma, en términos del artículo 22, fracción I, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, se proporciona la información sobre la evolución de la recaudación para abril de 2018.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Miguel Messmacher Linartas (rúbrica)

Subsecretario de Hacienda y Crédito Público

Del Banco de México, mediante la cual remite el informe donde se analizan la inflación, la evolución económica y el comportamiento de los indicadores económicos del país en el trimestre enero-marzo de 2018; la ejecución de la política monetaria; y, en general, las actividades de esa institución durante dicho periodo

Ciudad de México, a 30 de mayo de 2018.

Secretarios de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión
Presentes

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 51, fracción II, de la Ley del Banco de México, me complace enviar a esa Comisión el informe donde se analizan la inflación, la evolución económica y el comportamiento de los indicadores económicos del país en el trimestre enero-marzo de 2018; la ejecución de la política monetaria; y, en general, las actividades del Banco de México durante dicho periodo, en el contexto de la situación económica nacional e internacional.

Ruego a ustedes dar el trámite que corresponda en los términos establecidos en los ordenamientos aplicables.

Atentamente

Licenciado Alejandro Díaz de León Carrillo (rúbrica)

Gobernador

(Remitida a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Junio 6 de 2018.)

De la Comisión Federal de Electricidad, con la que remite respuesta a punto de acuerdo por el que se exhorta a evaluar la pertinencia de condonar el cobro por concepto de consumo de energía eléctrica a las personas cuyos inmuebles resultaron afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 dentro de Ciudad de México

Ciudad de México, a 21 de mayo de 2018.

Diputada María Ávila Serna

Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión

Presente

En atención al oficio número D.G.P.L. 63-II-2-2994 de fecha 10 de abril 2018, que contiene punto de acuerdo aprobado por el pleno del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 10 de abril de 2018, mediante el cual solicita a esta Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo siguiente:

“Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas facultades y atribuciones, a emitir resoluciones por medio de las cuales se condone el pago del impuesto predial; de los derechos por el suministro de agua, y a la Comisión Federal de Electricidad a evaluar la pertinencia de condonar el cobro por concepto de consumo de energía eléctrica, respectivamente, a las personas cuyos inmuebles, dentro del territorio de la Ciudad de México, resultaron afectados por el sismo del día 19 de septiembre de 2017, y que se encuentran en condición de inhabitabilidad”.

Al respecto, se informa que mediante oficio SSB-01.-000403 de fecha 17 de mayo de 2018, la Dirección General Suministrador de Servicios Básicos señaló que la CFE siendo una empresa productiva del Estado, tiene por objeto proveer el suministro básico de energía eléctrica, generando valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano como su propietario, aplicando las tarifas definidas por parte de la Comisión Reguladora de Energía; por lo que no se cuenta con las facultades para la condonación de los adeudos a los que hace referencia.

Lo que esta CFE ha definido por el momento es la suspensión de la facturación y la gestión de cobranza; hasta en tanto no se regularice el proceso de reconstrucción de las viviendas que tuvieron un daño total en las regiones y poblaciones afectadas.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo.

Atentamente

Licenciada Karina Elizabeth Rangel Juárez (rúbrica)

Gerente

Del Congreso de Chihuahua, con la que remite respuesta a punto de acuerdo por el que se exhorta a las legislaturas de las 32 entidades federativas a implantar acciones para garantizar la seguridad de mujeres y niñas que utilizan los servicios de transporte público y privado

Chihuahua, Chihuahua, a 17 de abril de 2018.

Diputada María Ávila Serna

Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión

Presente

En sesión de esta fecha, di cuenta al honorable Congreso de su oficio número D.G.P.L. 63-II-7-3455, por medio del cual remite acuerdo en el que se exhorta a los congresos locales de las 32 entidades federativas a efecto de que implementen las acciones necesarias, con la finalidad de garantizar la seguridad de mujeres y niñas que utilizan los servicios de transporte público y privado, incluyendo las que se precisan en el citado oficio.

Asimismo, le expreso que se remite copia de este asunto a la Comisión Especial de Movilidad Urbana, para su conocimiento y efectos conducentes.

De igual manera, me permito comunicarle que esta Legislatura actualmente tiene en proceso el estudio de diversas iniciativas y propuestas relacionadas a la Ley de Transporte y sus vías de comunicación.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Diputada Diana Karina Velázquez Ramírez (rúbrica)

Presidenta del honorable Congreso de Chihuahua

Del gobierno de Coahuila, con la que remite contestación al punto de acuerdo que exhorta a los titulares de los centros penitenciarios en todas las entidades federativas a verificar las condiciones de seguridad de forma permanente y a separar a los internos sentenciados de los que aún no lo hayan sido

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 16 de mayo de 2018

Diputada María Ávila Serna

Vicepresidenta de la Mesa Directiva

Cámara de Diputados LXIII Legislatura

Presente

Por medio del presente envío a usted un cordial saludo, asimismo en atención al acuerdo aprobado referente a los puntos Primero: Exhorto para que se ejecute un programa con monitoreo constante que permita la verificación de las condiciones de seguridad y gobernabilidad de los sistemas penitenciarios, y Segundo: Exhorto para que los titulares de los centros penitenciarios en todas las entidades federativas, separen a los internos sentenciados de los no sentenciados; me permito comentarle respecto al primer punto que en Coahuila de Zaragoza, a través de la Unidad del Sistema Estatal Penitenciario, se emiten reportes, informe policial homologado (IPH) y demás informes sobre la situación de los centros penitenciarios al órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social, destacando que en los últimos cinco años se no ha tenido incidente alguno al interior de los mismos y en relación al segundo punto, actualmente se cuenta con la separación de internos de acuerdo a las condiciones que permite la infraestructura de los centros penitenciarios del estado, manifestándole que se continúa trabajando para conseguir una adecuada clasificación acorde a su situación jurídica.

Sin otro asunto por el momento, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección

Maestro José Luis Pliego Corona (rúbrica)

Secretario de Seguridad Pública

De la Secretaría de Seguridad Pública del estado de México, con la que remite contestación al punto de acuerdo por el que se exhorta a los Poderes Ejecutivos locales para que las autoridades penitenciarias promuevan la capacitación permanente del personal a su cargo

Toluca de Lerdo, México, a 15 de mayo de 2018.

Diputada María Ávila Serna

Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura

Presente

Me refiero a su oficio DGPL 63-II-6-3240 de fecha 10 de abril del año en curso, a través del cual, la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, para que las autoridades encargadas de operar el sistema penitenciario a nivel local, promuevan que el personal de seguridad y custodia de los centros penitenciarios del país sean capacitados de forma permanente, a efecto de garantizar la seguridad y control de los centros de reclusión, asimismo, para que los centros penitenciarios cuenten con el número de personal técnico, administrativo y de seguridad y custodia suficiente de acuerdo al número de personas privadas de la libertad, recluidas y a la extensión del centro penitenciario de que se trate, con el fin de dar cumplimiento al párrafo segundo del artículo 18 constitucional.

Bajo dicha tesitura, me permito hacer de su conocimiento que, por lo que respecta al punto del primer acuerdo: la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, a través de la Coordinación de Capacitación y Formación Penitenciaria, ha brindado capacitación de forma permanente a 3 mil 131 servidores públicos de custodia en las diferentes instituciones penitenciarias de la entidad, contando con Instructores certificados por el Secretariado Ejecutivo, siendo los siguientes:

• Competencias básicas de la función de custodia penitenciaria (siete habilidades).

• Talleres de derechos humanos por parte de la Comisión de Derechos Humanos del estado de México.

• Promotores de la cultura de protección civil.

• Módulos especiales de seguridad.

• Protocolos de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario y Procedimientos Sistemáticos de Operación.

Respecto al segundo acuerdo y tomando en consideración que los centros penitenciarios albergan una población alrededor de 27 mil 400 personas privadas de la libertad, atendiendo a la proporcionalidad establecida en la recomendación general número 30/2017, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la tabla mínima de correlación del pronunciamiento de 2015. En relación a la sobrepoblación en los centros penitenciarios de la República Mexicana, el número de personas privadas de su libertad que racional y factiblemente puede controlar un agente de seguridad es de 10 personas priva as de su libertad por 1 custodio. Para tal efecto, se están llevando a cabo las gestiones pertinentes para el fortalecimiento penitenciario mediante la creación de las plazas de seguridad y custodia con el perfil adecuado.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Maestra Maribel Cervantes Guerrero (rúbrica)

Secretaria de Seguridad

De la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León, con la que remite respuesta a punto de acuerdo sobre la seguridad de niñas y mujeres en el transporte público

Monterrey, Nuevo León, a 4 de mayo de 2018.

Diputada María Ávila Serna

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión

LXIII Legislatura

Presente

En atención al oficio número DGPL 63-II-7-3454, que dirige al licenciado Manuel Florentino González Flores, gobernador interino del estado de Nuevo León, me permito comunicarle que de conformidad con lo establecido en los artículos 3, fracción IV, de la ley que rige a esta agencia, y 6, fracción XXI, de la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable de Nuevo León; esta agencia tiene como objetivo, prestar el servicio público de transporte de personas; y le corresponde, entre otras cosas regular cualquier otro medio de transporte que se incorpore al servicio público de pasajeros; por lo que, no se tiene competencia en el servicio de transporte privado con chofer, al que se refiere en el acuerdo que menciona en el oficio que se atiende; sin embargo, se tomará en consideración, a fin de que, en lo que corresponde al servicio de transporte público de personas se garantice la seguridad de mujeres y niñas; al efecto le remito copia del oficio número AET-DG-967/2018, dirigido por el suscrito a la ciudadana licenciada María Teresa Arévalo Solís, subdirectora general y encargada de la Coordinación de Concertación Jurídica y Social, de esta agencia.

Sin otro particular, reitero las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Arquitecto Alfredo Longoria Treviño

Director General de la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León

Del gobierno de Sonora, con la que remite respuesta de la Secretaría de Seguridad Pública estatal a punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de los centros penitenciarios en todas las entidades federativas a separar a los internos sentenciados de los no sentenciados

Hermosillo, Sonora, a 26 de abril de 2018.

Diputada María Ávila Serna

Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión

Presente

En atención a su oficio número D.G.P.L. 63-II-3-3513, relativo al expediente número 9559, que dirigió a la ciudadana gobernadora del estado, licenciada Claudia Pavlovich Arellano , mediante el cual le hizo del conocimiento el acuerdo sobre los sistemas penitenciarios del país, específicamente el punto “Segundo, en el que se exhorta a los titulares de los centros penitenciarios en todas las entidades federativas a separar a los internos sentenciados de los no sentenciados”. En seguimiento a las instrucciones giradas a esta Secretaría a mi cargo por la ciudadana gobernadora del estado en relación al punto de acuerdo emitido por esa honorable Cámara de Diputados, me permito informar a usted lo siguiente:

En la presente administración, como parte de las estrategias para dignificar las áreas y espacios de reclusión, para reducir la sobrepoblación y hacinamiento que se tenía en algunos Centros de Reinserción Social del Estado, se instruyó a la Coordinación General del Sistema Estatal Penitenciario, para que de manera inmediata implementara de forma permanente, acciones tendentes a lograr este objetivo, en ese sentido, gracias al trabajo realizado en conjunto entre los Consejos Técnicos, Brigadas Jurídicas y el Programa de Reordenación Penitenciaria, se logró concretar la separación física, administrativa y jurídica entre procesados y sentenciados, en 11 de los 13 centros de reinserción social del estado de Sonora , trabajando actualmente, en los Centros Penitenciarios número Uno de Hermosillo y el similar de Ciudad Obregón, para dar cumplimiento en su totalidad a dicho rubro.

Por otra parte, respecto a las condiciones de hacinamiento, hago de su conocimiento, que actualmente no existe en ningún centro de reinserción social del estado de Sonora, y respecto a la sobrepoblación, al inicio de este gobierno se contaba con una población de 11 mil 70 , internos que representaba un +41.6 por ciento de sobrepoblación, al día de hoy, se cuenta con un -4.76 por ciento de la capacidad instalada, es decir hubo una reducción efectiva de 3 mil 489, personas privadas de la libertad.

No omito hacer de su conocimiento que el Sistema Estatal Penitenciario, adscrito a esta Secretaría a mi cargo, se encuentra realizando las acciones necesarias para dar debido cumplimiento a lo que mandata el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo relacionado a la reinserción social.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida a sus importantes funciones.

Atentamente

Licenciado Adolfo García Morales (rúbrica)

Secretario de Seguridad Pública de Sonora

Del gobierno de Sonora, con la que remite respuesta de la Secretaría de Seguridad Pública del estado a punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades a la capacitación permanente del personal de seguridad y custodia de los centros penitenciarios del país y a que éstos cuenten con suficiente personal técnico, administrativo, de seguridad y custodia

Hermosillo, Sonora, a 26 de abril de 2018.

Diputada María Ávila Serna

Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión

Presente

En atención a su oficio número D.G.P.L. 63-II-6-3240, relativo al expediente número 9506, que dirigió a la ciudadana gobernadora del estado, licenciada Claudia Pavlovich Arellano, mediante el cual le hizo del conocimiento el punto de acuerdo emitido por la Comisión de Seguridad Pública, en la que:

“Primero. Se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas para que las autoridades encargadas de operar el sistema penitenciario a nivel local promuevan que el personal de seguridad y custodia de los centros penitenciarios del país sean capacitados de forma permanente, a efecto de garantizar la seguridad y control de los centros de reclusión. Segundo. Para que los centros penitenciarios cuenten con el número suficiente de personal suficiente de acuerdo al número de internos recluidos y a la extensión del centro penitenciario de que se trate, con el fin de dar cumplimiento al párrafo al párrafo segundo del artículo 18 constitucional”.

En seguimiento a las instrucciones giradas a esta Secretaría a mi cargo, por la ciudadana gobernadora del estado en atención al punto de acuerdo emitido por esa honorable Cámara de Diputados, me permito informar a usted lo siguiente:

En relación a la capacitación del personal de seguridad y custodia adscrito a los centros de reinserción social del estado, tengo a bien hacer de su conocimiento, que a la fecha la misma, se realiza de forma permanente, entre los cursos más importantes destacan:

Curso de Derechos Humanos; de la Ley Nacional de Ejecución Penal; Programa de Formación Inicial del Sistema Penitenciario para el Perfil de Custodia Penitenciaria; Manejo y Trato que deben tener con los internos, así como Pláticas sobre Concientización del Uso Racional de la Fuerza y Técnicas de Control de Riñas y Disturbios; Traslados de internos a diferentes áreas y entre los centros penitenciarios del estado; Manejo de esposas, toletes y gases, todo lo anterior, con el objeto de prevenir actos de tortura y maltrato, evitando con ello se violenten los derechos fundamentales de dichas personas, como son su integridad física principalmente; cabe señalar que dichas herramientas de control para el manejo de los eventos antes mencionados, se encuentran avaladas por los organismos protectores de derechos humanos, mencionándose además que se les han brindado pláticas de orientación jurídica sobre la responsabilidad y las consecuencias legales de violentar los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.

Respecto al segundo punto de acuerdo, en el sentido de que se cuente con el número suficiente de personal técnico, administrativo, de seguridad y custodia suficiente de acuerdo al número de internos recluidos, en este aspecto hago de su conocimiento que con el personal que se cuenta actualmente en la Coordinación General del Sistema Estatal Penitenciario se ha alcanzado, en términos generales, proporcionar los programas necesarios para lograr la efectiva reinserción de las personas privadas de la libertad a la sociedad, lo que a su vez ha contribuido a mantener en paz y tranquilidad a los centros de reinserción social del estado de Sonora, evitando con ello se generen disturbios, riñas, motines y otros eventos de la misma naturaleza, que pongan en riesgo seguridad de las personas privadas de su libertad, del personal que labora en ellos, así como de los visitantes.

Por otra parte, es importante mencionar que, durante la presente administración el Sistema Estatal Penitenciario ha realizado la contratación de personal capacitado para la aplicación de los programas técnicos y en materia de seguridad y custodia, lo que ha permitido elevar el nivel de calidad en el contenido de dichos programas técnicos, e implementar las medidas de seguridad y con todo ello, dar debido cumplimiento a lo que mandata el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida a sus importantes funciones.

Atentamente

Licenciado Adolfo García Morales (rúbrica)

Secretario de Seguridad Pública de Sonora


Iniciativas

Que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el Congreso de Colima en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 6 de junio de 2018

Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión

Por instrucciones de la Presidencia y en cumplimiento al acuerdo aprobado por esta soberanía, en la sesión pública ordinaria número 3, de fecha 25 de abril de 2018, en el punto de asuntos generales se aprobó remitir la iniciativa con proyecto de decreto, que en su parte resolutiva dice:

Primero. Esta Quincuagésima Octava Legislatura del honorable Congreso del estado, acuerda remitir a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la iniciativa con proyecto de decreto, relativa a reformar el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 19. ...

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, portación de arma de fuego sin la licencia correspondiente, delitos de posesión de arma de fuego reservados paro el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Lo que se le comunica para los efectos legales correspondientes, anexándose al presente la iniciativa de referencia. Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Colima, Col., 25 de abril de 2018.

Diputado Nicolás Contreras Cortés (rúbrica)

Secretario del Honorable Congreso del Estado

Que reforma el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el Congreso de San Luis Potosí en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 6 de junio de 2018

Mayo 24 de 2018.

Honorable Congreso de la Unión

Cámara de Diputados

Presente

La Sexagésima Primera Legislatura Constitucional del estado en sesión ordinaria de la data señalada al rubro, resolvió, con fundamento en lo dispuesto por la fracción III del artículo 71 de la Constitucional Federal, proponer iniciativa de decreto que insta reformar el artículo 135, en su párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo cual, en cumplimiento a lo establecido en el instrumento parlamentario aprobado por mayoría de la Comisión Legislativa de Puntos Constitucionales, la remitimos a esa Cámara de origen para los efectos legales procedentes.

Por la Directiva


Legisladora Dulcelina Sánchez de Lira (rúbrica)

Primera Secretaria

Legislador Jorge Luis Miranda Torres (rúbrica)

Segundo Secretario


Proyecto de Decreto

Único. Se reforma el artículo 135, en su párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas, en su totalidad o en parte, por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. En el caso de que alguna de las legislaturas no comparta el sentido de la minuta que le sea enviada, por una sola ocasión y en un término no mayor de diez días hábiles contados a partir de su recepción, podrá poner a su consideración, una propuesta de modificación ante el Congreso de la Unión, así como ante el resto de las legislaturas, con el objetivo de que sea analizada y, en su caso, aprobada.

...

Transitorios

Primero. Este decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, una vez que se haya cumplido con el procedimiento de reforma especial a que se refiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Segundo. Remítase la minuta a las Legislaturas de las entidades federativas, y a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, para su aprobación.

Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Dado en la sala “Licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta” del honorable Congreso del estado de San Luis Potosí, a los veinte días del mes de abril de dos mil dieciocho.

Por la Comisión de Puntos Constitucionales

Diputados: Lucila Nava Piña (rúbrica), presidenta; Juan Manuel Reyes Monreal (rúbrica), vicepresidente; J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario; Fernando Chávez Méndez (rúbrica), Esther Angélica Martínez Cárdenas (rúbrica), Xitlálic Sánchez Servín, Héctor Mendizábal Pérez (rúbrica), vocales.

(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Junio 6 de 2018.)

Que reforma los artículos 15 del Código Penal Federal y 26 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, recibida del diputado Alex Le Baron González, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 6 de junio de 2018

Quien suscribe, Alex Le Baron González, diputado de la LXIII Legislatura al honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, numeral 1, fracción I; 77, 78 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 15 del Código Penal Federal y 26 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, al tenor de lo siguiente

Exposición de Motivos

1. Antecedentes

El delito es ante todo una acción típica y antijurídica, es decir, contraria al ordenamiento jurídico y prevista como tal en el mismo. Las causas de exclusión de la antijuridicidad o causas de justificación también denominadas, son aquellas que excepcionalmente impiden que una conducta pueda revestir los caracteres del delito, al faltar en ella la nota de la antijuridicidad, es decir, en caso de concurrir las causas de exclusión, la acción realizada será conforme a derecho, aunque aparentemente reúna los caracteres del delito.

La característica fundamental de una causa de justificación es la de excluir totalmente la posibilidad de cualquier consecuencia jurídica: no sólo penal, sino también civil, administrativa, etcétera; y no sólo respecto del autor, sino también de quienes lo hayan ayudado o inducido.

La legítima defensa constituye una de las más tradicionales y reconocidas causas de exclusión del delito. Es común en la doctrina que la naturaleza de la legítima defensa consiste en ser una causa que excluye la antijuridicidad de la conducta y de ahí se le conoce como una causa de justificación.

Así pues, por antonomasia el instituto jurídico de la legítima defensa es el prototipo de la antijuridicidad negativa, que hace inexistente la ofensa a la norma de cultura que va implícita en la norma penal y, por ende, la del delito previsto en la legislación punitiva.

Desde el ámbito conceptual y académico, se entiende por legítima defensa, como aquella defensa que es necesaria para alejar de sí o de otro un ataque actual antijurídico con ciertos límites.

Doctrinalmente se entiende por ataque y agresión la conducta de un ser viviente que amenaza lesionar intereses jurídicamente protegidos. Ahora bien, de acuerdo con esta noción jurídica, resulta indudable que repeler un ataque, esto es, el rechazo de la agresión debe ser coetáneo a ésta, de lo que resulta, el instituto jurídico de la legítima defensa.

No obstante, debemos resaltar que, en el código punitivo federal limita el ejercicio de este instituto, tales como: la necesidad de la defensa debido a una agresión real, actual o inminente, y sin derecho, la racionalidad de los medios empleados y que no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte de la víctima o de la persona que se defiende, tal como lo establecen las fracciones IV y V del artículo 15. En la misma inteligencia, diversos códigos represores de las entidades federativas tienen previstas similares limitantes respecto al ejercicio de esta figura.

De lo anterior se advierte que en el código punitivo federal no sólo se creó la legítima defensa, sino también el exceso en la misma, cuando no había necesidad racional en el medio empleado, cuando el daño que iba a causar al agresor era fácilmente reparable después por medios legales o era notoriamente de poca importancia comparados con los que causó la defensa, o cuando existía un dolo al rechazar una agresión.

Sin embargo, es dable señalar que la defensa propia es históricamente tan antigua como el hombre, que va anclada a uno de sus más fundamentales instintos: el de la conservación y supervivencia.

Al respecto, la historia nos enseña que en su origen la defensa privada hoy conocida como legítima defensa se encontraba vinculada a cuestiones relacionadas con la vida, la integridad física y el honor, y posteriormente como es inconcuso, paulatinamente se fue ensanchando hacia todo bien jurídicamente protegido, sin embargo, como lo hemos señalado, a la legítima defensa se le han puesto límites.

Por otro lado, es un derecho constitucional poseer armas para la seguridad y legítima defensa con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, según lo establece la Carta Magna en su artículo 10.

En tal virtud, poseer armas en México es un derecho humano garantizado por la Constitución Política Federal, de tal suerte, que es legal no sólo la venta y compra de armas, sino también, portarlas y poseerlas en domicilio privado, usarlas en defensa propia en determinadas circunstancias. La ley que regula dicho derecho es la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

De lo anterior se desprende que la legítima defensa, así como el uso de armas de fuego, es un tema que tiene vinculación en sí, y que además diversos estudios sobre la materia concluyen que el uso de armas de fuego en defensa legítima es eficaz, ya que cuando la víctima se encuentra en posesión de un arma, las posibilidades de un ataque son menores. Además, varias investigaciones señalan que las víctimas de algún delito que no opusieron resistencia fueron lesionadas el doble que las víctimas que se resistieron mediante el uso de un arma de fuego (Encuesta Nacional sobre Victimización del Crimen).

Por último, es muy importante advertir que la posesión y el uso de armas de fuego en legítima defensa no debe considerarse como hacerse justicia por su propia mano, ya que nuestra ley fundamental prevé el derecho humano de posesión y uso de armas en el artículo 10, y la prohibición de hacerse justicia por propia mano se encuentra mandatado en el artículo 17 constitucional, como una garantía; es decir como un medio para la defensa y protección de los derechos fundamentales que la propia Constitución establece.

2. Consideraciones

Actualmente no han existido novedades en cuanto a la regulación de la legítima defensa, pues desde hace ya bastante tiempo no ha sido objeto de modificación alguna, al menos en el ámbito federal.

Debemos reconocer que existe un interés por parte de la sociedad respecto a problemáticas que en los últimos tiempos se han ido planteando en los sistemas de justicia penal, tanto en el ámbito local, nacional, como internacional, tales como aquéllos que se relacionan con hechos en los que incurren miembros de la delincuencia organizada que ocasionan ilícitos penales relevantes y graves como privación de la vida, lesiones, privación de la libertad, secuestros, robos a casa habitación, negocios y vehículos; entre muchos otros.

Ante tales ilícitos, los mexicanos se ven afectados y atemorizados de sufrir las consecuencias lacerantes de un ilícito, siendo víctimas plenamente de la delincuencia, sin conocer debidamente el alcance del privilegio que conlleva la legítima defensa, para de esta forma, repeler una agresión de conformidad con la ley.

Muchos testimonios de ciudadanos mexicanos y en particular de ciudadanos del estado de Chihuahua, entidad federativa de la cual forma parte el distrito que represento, son en el sentido de que, por un lado, se sienten atemorizados por los delitos que se perpetran día a día y, por otro lado, que ante el desconocimiento de los alcances de la legítima defensa, al repeler una agresión muchas veces genera que sean juzgados y condenados como si fueran delincuentes.

En esa guisa, se vuelve verdaderamente preocupante para los ciudadanos, el que a pesar de estar sufriendo por sí, por sus familiares, por sus seres queridos o por terceras personas los efectos lacerantes de un delito (privación de la vida, lesiones, privación de la libertad, secuestros, robos o daños patrimoniales, entre muchos otros), también resulte preocupante el que si actúas para repeler la agresión, para defenderte, defender a tu familia, defender a tus seres queridos o a terceras personas, esa actuación a pesar de que en el momento de la perpetración del ilícito se crea que sea permitido por la ley, esta defensa no lo sea y por ende se convierta en un hecho punible.

No podemos soslayar que muchas personas han actuado bajo ese supuesto, y a pesar de que en el momento consideraron que la defensa era lo correcto, conforme a la ley vigente en muchos de casos hipotéticos se excedieron y por ende fueron enjuiciados y condenados. En pocas palabras, nos encontramos ante el desconocimiento de la ley por parte de los ciudadanos que de buena fe actuaron en su defensa ante un riesgo inminente provocando un tipo de lesión o inclusive de privación de la vida al agresor, lo que se traduce en el desconocimiento del privilegio de la legítima defensa y por ende en la comisión de un delito.

En pocas palabras, las limitantes de la legítima defensa, en muchos de los casos puede ser perjudicial para las propias víctimas en la comisión de un delito. Desconocer este instituto jurídico, sus alcances y consecuencias puede resultar contraproducente en caso de defenderse contra el delincuente y causarle algún daño.

En esa inteligencia, y ante el surgimiento de la problemática de la delincuencia organizada, es que se considera que este instrumento jurídico, como derecho positivo vigente, no debe permanecer estático, sino debe de ser dinámico y renovarse de acuerdo y al paso con que cambia y transforma la sociedad, y bajo esa premisa se estima que la panorámica jurídica actual de la legítima defensa plasmada en el Código Penal Federal debe ser reformada, en aras de aumentar la protección jurídico-penal de los gobernados frente a una conducta reprochable que invariablemente afecta a la población; por tal motivo, es que la presente propuesta se pretende precisar que si se ocasionaron lesiones e inclusive homicidio, lo que conlleva a lesionar un bien mayor al salvaguardado, no sea causal de excepción a la legítima defensa y por ende se vea perjudicado el victimario.

Debemos subrayar que lo anterior no significa que no existan límites a la legítima defensa, sino que simplemente se aumenta su protección, basada en la actuación de un peligro implícito inminente, lo que fortalece a la justicia social.

Al respecto, debemos decir que diferentes códigos locales penales han transitado a extender el radio de acción de la legítima defensa, como es el caso, de Nuevo León, Guanajuato, entre otros.

Por otro lado, y como ya lo mencionamos en el capítulo anterior, la portación y el uso de armas de fuego ligado a la legítima defensa, muchas veces su implementación es de gran importancia, dado que reduce los riesgos que pudiera sufrir el victimario frente a los delincuentes, de tal suerte que, examinando la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, ordenamiento legal que regula el ejercicio de este derecho humano consagrado en el artículo 10 de la ley fundamental, se observa que el término de la expedición de licencias a particulares para portar armas por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, es de 50 días hábiles contados a partir de que se presentó la solicitud correspondiente.

Sobre este tópico, se estima que dicho término es muy extenso, puesto que muchos de los ciudadanos se encuentran atemorizados ante la delincuencia que observan día a día y realizar un trámite de esta naturaleza desmotiva su implementación, aunado a que además los requisitos para la solicitud son muy numerosos, lo que evidentemente afecta en cierto grado a una eficaz legítima defensa. Por tanto, con la presente iniciativa también se propone reducir el término de expedición de licencias a 30 días hábiles, tiempo razonable para que la autoridad competente valore el cumplimiento de los requisitos, así como el motivo justificado de su solicitud.

3. Contenido de la iniciativa

La presente iniciativa tiene por objeto extender el radio de acción de la legítima defensa, así como reducir el término para la expedición de licencias a particulares para portar armas.

En tal virtud, se propone modificar las fracciones IV segundo párrafo y V del artículo 15, del Código Penal Federal, así como el último párrafo del artículo 26 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta honorable soberanía, el siguiente proyecto de

Decreto

Primero. Se reforma por modificación las fracciones IV, segundo párrafo, y fracción V del artículo 15 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 15. ...

I. a III. ...

IV. ...

Se presumirá como defensa legítima, salvo prueba en contrario, el hecho de causar daño, lesiones u homicidio a quien por cualquier medio trate de penetrar, sin derecho, al hogar del agente, al de su familia, a sus dependencias, o a los de cualquier persona que tenga la obligación de defender, al sitio donde se encuentren bienes propios o ajenos respecto de los que exista la misma obligación; o bien, lo encuentre en alguno de aquellos lugares en circunstancias tales que revelen la probabilidad de una agresión;

V. Se obre por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado dolosamente por el agente, lesionando otro bien de menor, igual o mayor valor que el salvaguardado, siempre que el peligro no sea evitable por otros medios y el agente no tuviere el deber jurídico de afrontarlo;

VI. a X. ...

Segundo. Se reforma por modificación el último párrafo del artículo 26 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para quedar como sigue:

Artículo 26. ...

I. a II. ...

...

El término para expedir las licencias particulares y colectivas será de treinta días hábiles, contados a partir de que se presenta la solicitud correspondiente.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de lo dispuesto en el transitorio siguiente.

Segundo. El Ejecutivo federal deberá adecuar sus normas reglamentarias y disposiciones administrativas de la materia de conformidad con el presente decreto, en un plazo no mayor a sesenta días naturales a la entrada en vigor del presente decreto.

Senado de la República, sede de la Comisión Permanente, a 6 de junio de 2018.

Diputado Alex Le Baron González (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Justicia. Junio 6 de 2018.)

Que reforma y adiciona el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, recibida de la diputada María Olimpia Zapata Padilla, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 6 de junio de 2018

La suscrita, diputada federal María Olimpia Zapata Padilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento esta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

I. Planteamiento del problema

La actividad física se define como cualquier movimiento corporal producido por los músculos que exija gasto de energía, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS). De igual manera, el National Heart, Lung and Blood Institute expone la existencia de distintos tipos de actividad física, dentro de los cuales destacan la actividad aeróbica, refiriéndose a actividades que ayudan al movimiento de músculos grandes como los brazos y piernas; las actividades para el fortalecimiento de los músculos, las cuales se dedican al incremento de fuerza, potencia y resistencia; las actividades de fortalecimiento de huesos, en las que los pies, piernas y brazos sostienen el peso del cuerpo y los músculos ejercen fuerza contra los huesos; y los estiramientos dedicados al mejoramiento de la flexibilidad y la capacidad de movimiento.

Ante ello, la inactividad física pudiera entenderse como un estado de reposo prolongado y que requiere un gasto físico energético de nivel bajo. La inactividad es considerada como el cuarto factor de riesgo de mortalidad a nivel mundial ya que el 6 por ciento de las muertes registradas en todo el mundo se deben en parte a la inactividad física,1 siendo asociada directamente con la aparición y falta de control de diversas enfermedades crónicas como la obesidad, hipertensión, diabetes, cirrosis hepática, osteoporosis y algunos tipos de cáncer,2 principalmente el cáncer de mama con un 21 por ciento del total mundial de casos registrados y cáncer de colón (25 por ciento), y aproximadamente el 30 por ciento de los casos son afectados por carga de cardiopatía isquémica, así como el 27 por ciento corresponden a la diabetes mellitus.3 . De igual modo, la OMS reportó que al menos un 60 por ciento de la población mundial no realiza actividad física para obtener beneficios sobre la salud. Lamentablemente, la inactividad física ha tenido un importante aumento en adultos del 14 por ciento en los últimos tres años a nivel mundial.4

El cambio generacional, así como el desarrollo de nuevos tipos de interacciones sociales, han desencadenado que las actividades laborales, el transporte y el tiempo libre se hayan convertido en actividades con muy baja demanda energética, por lo que diversos estudios han reportado que las actividades sedentarias tienen una influencia directa en el metabolismo, la salud ósea y cardiovascular, señalando que mientras más prolongado sea el tiempo de inactividad, mayor será el riesgo de alteraciones metabólicas. El aumento del uso de los medios de transporte “pasivos” también ha reducido la actividad física.5

En México, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016 (Ensanut 2016) señala que el 82.8 por ciento de los niños y jóvenes entre 10 y 14 años expresaron no haber realizado alguna actividad física o deporte durante los 12 meses previos a la encuesta; el 78.2 por ciento corresponden a los niños, en tanto que el 87.3 por ciento son niñas.6 Dicha encuesta fue aplicada a 1, 843 niños, que representan a 11, 257, 112 individuos a nivel nacional.

Adicionalmente, de la Ensanut 2016 se obtuvo información sobre actividad física en adultos a partir de 7, 287 personas, que representan a 64, 300, 236 individuos a nivel nacional. La proporción de adultos que no cumplen con la recomendación de la OMS de realizar por lo menos 150 minutos de actividad física moderada-vigorosa por semana en cualquiera de los 4 dominios (transporte, tiempo libre, ocupación y hogar) disminuyó ligeramente de 16 por ciento a 14 por ciento de 2012 a 2016, siendo mayor en hombres (15.2 por ciento vs. 13.7 por ciento) que en mujeres (16.7 por ciento vs. 15 por ciento). Sin embargo, no se trata de un cambio significativo. La prevalencia de adultos que pasan 2 horas o menos al día frente a pantalla fue de 44.5 por ciento, siendo mayor en mujeres que en hombres (49.9 por ciento vs. 38.5 por ciento). Este último porcentaje refleja un aumento preocupante de la inactividad física de los jóvenes y adultos mayores.7

La OMS manifiesta que en México el 22.7 por ciento de los jóvenes entre 15 y 18 años de edad son inactivos, mientras que el 56.2 por ciento de la población de 18 años y más, es inactiva físicamente, 42 por ciento son hombres y 58 por ciento son mujeres, en relación a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), siendo la falta de tiempo (57.9 por ciento) y el cansancio después de trabajar (16 por ciento) las excusas más comunes.8

Como se señaló con anterioridad, una de las principales consecuencias de la inactividad física es la obesidad. Es importante mencionar que en nuestro país se tienen altos grados de esa enfermedad en diversos sectores de la sociedad, por ejemplo, la Ensanut 2016 indica que en los adultos de 20 años de edad o más la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad pasó de 71.2 por ciento en 2012 a 72.5 por ciento en 2016. Este aumento de 1.3 puntos porcentuales no fue estadísticamente significativo, sin embargo, a pesar de los esfuerzos en los diversos sectores quedan retos pendientes por resolver. Las prevalencias tanto de sobrepeso como de obesidad y de obesidad mórbida fueron más altas en el sexo femenino.9

Respecto a los principales obstáculos para alimentarse saludablemente fueron la falta de dinero para comprar frutas y verduras (50.4 por ciento), falta de conocimiento (38.4 por ciento), falta de tiempo para preparar alimentos saludables (34.4 por ciento), falta de una alimentación saludable en la familia (32.4 por ciento), preferencia por consumir bebidas azucaradas y comida chatarra (31.6 por ciento), falta de motivación (28.3 por ciento) y desagrado por el sabor de las verduras (23 por ciento). El 81.6 por ciento de la población adulta gusta del sabor de las bebidas azucaradas, sin embargo, la mayoría (92.3 por ciento) no las consideran saludables.

El Instituto Mexicano para la Competencia A.C. (Imco) muestra que el 90 por ciento de los casos de diabetes mellitus se relacionan con sobrepeso y obesidad,10 por lo que el 39 por ciento del total de las defunciones ocurridas en nuestro país se debe así mismo a la diabetes mellitus, las enfermedades isquémicas del corazón, las enfermedades del hígado y las enfermedades cerebrovasculares, según datos del Inegi del 2015.11

Datos del Imco revelan que por lo menos 8.6 millones de mexicanos padecen de diabetes a causa del sobrepeso u obesidad, siendo que apenas el 48 por ciento de estas personas están diagnosticadas y reciben un tratamiento, y el resto no han sido diagnosticadas, por lo que anualmente fallecen 59, 083 personas a causa de dicha enfermedad. Los costos del sobrepeso y la obesidad que pudieran más tarde desarrollarse en diabetes mellitus tipo 2 deben ser considerados, puesto que los costos sociales causados por la diabetes ascienden a más de 85 mil millones de pesos al año, de los cuales 73 por ciento corresponden a tratamientos médicos, 15 por ciento a perdidas monetarias por ausentismo laboral y 12 por ciento a pérdidas de ingresos por muerte prematura.12 La elevada tasa de obesidad ubica a nuestro país como el segundo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con mayor incidencia después de Estados Unidos.13

México se sitúa en el último lugar de la OCDE en cuanto al gasto en salud como porcentaje del producto interno bruto (PIB). Japón, Alemania y Suecia invierten el 9 por ciento de su PIB al gasto público en salud; nuestro país solo destina, aproximadamente, el 2.7 por ciento; el gasto promedio de los países de la OCDE es del 6.6 por ciento. El gasto de bolsillo en México, que es la proporción del gasto que las familias directamente desembolsan para este servicio, es alrededor del 45 por ciento del gasto total en salud, el más alto de la OCDE. De hecho, por primera vez en 2016 y 2017, se redujeron en los Presupuestos de Egresos de la Federación (PEF) respectivos las partidas asignadas a salud.14

Comparando el gasto público en salud como porcentaje del gasto público total, éste se ha mantenido en la misma proporción desde 2006, alrededor del 11 por ciento. En 2006 representó el 11.9 por ciento mientras que en 2017 fue del 11.2 por ciento.15 Pero en el 2017, el ramo 12 “Salud” del PEF reflejó una disminución en términos nominales al presupuesto aprobado en 2013, pasando de $121,834.6 millones a $121,817.5, eso sin considerar la inflación y los grandes problemas de salud que no se han podido contener. La tasa de crecimiento promedio anual del gasto público en salud para el periodo 2006-2017 fue de 3.9 por ciento. El mayor incremento fue en 12.3 por ciento, mientras que para los años 2016 y 2017 se redujo el presupuesto asignado a salud en 1 por ciento y 0.8 por ciento respectivamente, derivado de la reingeniería del gasto público.16 Dicho recorte fue irresponsable y constituyó una afectación al derecho humano de acceso a la salud.

II. Argumentación de la propuesta

La presente iniciativa pretende modificar el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta que establece las deducciones personales, con la finalidad de que los contribuyentes puedan deducir de los ingresos obtenidos en un ejercicio fiscal para calcular el impuesto anual a su cargo, los pagos que efectúen por concepto de admisión y permanencia en instituciones dedicadas a la enseñanza, impartición, instrucción, realización y práctica de actividades físicas que contribuyen a preservar y mejorar la salud física y mental, tanto para sí como para su cónyuge, concubina o concubinario, y sus descendientes en primer grado menores de edad, con el propósito de fomentar la actividad física y reconocer a quienes invierten de manera económica en las actividades físicas deportivas.

Lo anterior constituye una medida de política fiscal dirigida a promover la práctica de actividades de prevención y combate a la obesidad, lo cual puede redundar consecuentemente en la disminución de las enfermedades derivadas de la misma.

Es sabido que el ejercicio de la potestad tributaria del Estado es un instrumento para obtener recursos a fin de satisfacer las necesidades públicas, pero también para influir en determinadas circunstancias del conjunto económico y social. Esta es una tendencia observada en el Derecho tributario mexicano y en el de otros países. En este sentido, las modificaciones que se proponen contribuirán desde el aspecto fiscal junto con otras medidas ya vigentes en diferentes ámbitos al aumento en la realización de actividades físicas que preserven y mejoren la salud de la población, permitiendo a los contribuyentes deducir los pagos por ingreso y permanencia en instituciones dedicadas al desarrollo de esas actividades que efectúen para sí, su cónyuge, concubina, concubinario, o sus hijos menores de edad.

En resumen, los contribuyentes podrán invertir las cantidades que puedan deducirse conforme al proyecto de iniciativa en su salud y la de las personas que conforman su núcleo familiar, en vez de destinarlas al pago de una obligación fiscal.

Es importante mencionar que el establecimiento de un monto máximo de deducción por el concepto propuesto constituye un mecanismo de control a fin de evitar la aplicación abusiva del beneficio planteado en perjuicio del fisco federal. En cuanto a los parámetros para la determinación de dicho monto se proponen el total de los ingresos del contribuyente en el ejercicio respectivo, y el valor mensual de la unidad de medida y actualización calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para ese periodo.

Texto normativo propuesto

Por lo manifestado, someto a su consideración la siguiente:

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Único. Se reforma el párrafo tercero del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y se adiciona una fracción IX al mismo artículo, en los términos siguientes:

Artículo 151. Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos de los señalados en este Título, para calcular su impuesto anual, podrán hacer, además de las deducciones autorizadas en cada Capítulo de esta Ley que les correspondan, las siguientes deducciones personales:

I. a VIII. ...

IX. Los pagos efectuados por el contribuyente para sí, para su cónyuge, concubina o concubinario, y para sus descendientes en primer grado menores de dieciocho años, por concepto de admisión y permanencia en instituciones dedicadas a la enseñanza, impartición, instrucción, realización y práctica de actividades físicas que contribuyan a preservar y a mejorar la salud física y mental o el desarrollo social, ético e intelectual. El monto de la deducción a que se refiere esta fracción será de hasta el 10 por ciento de los ingresos acumulables del contribuyente en el ejercicio, en la parte que no exceda el equivalente a cinco veces el valor mensual de la unidad de medida y actualización calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para ese ejercicio.

...

Para que procedan las deducciones a que se refieren las fracciones I, II y IX que anteceden, se deberá acreditar mediante comprobantes fiscales, que las cantidades correspondientes fueron efectivamente pagadas en el año de calendario de que se trate a instituciones o personas residentes en el país. Si el contribuyente recupera parte de dichas cantidades, únicamente deducirá la diferencia no recuperada.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 http://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/es/ Consultado el día 24 de abril del 2018.

2. Stevens G, Días R, Thomas K, Rivera J, Carvalho N, Barquera S, Hill K, Ezzati M. Characterizing the Epidemiological transition in Mexico: National and Subnational burden of disease, injuries, and risk factors. Plos Medicine.

3 http://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/es/ Consultado el día 24 de abril del 2018.

4 http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_inactivity/es/ Consultado el día 26 de abril de 2018.

5 http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.0 050125

6 Informe final de resultados. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino, 2016. Página 74 Recuperado de http://transparencia.insp.mx/2017/auditorias-insp/12701_Resultados_Encu esta_ENSANUT_MC2016.pdf

7 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016. Página 9. Recuperado en http://promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/doctos_2016/ensanut_mc_20 16-310oct.pdf

8 https://www.gob.mx/conade/prensa/presentan-inegi-y-conade-estadisticas- de-practica-deportiva-y-ejercicio-fisico

9 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016. Páginas 8 y 77. Recuperado en
http://promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/doctos_2016/ensanut_mc_2016-310oct.pdf

10 http://fmdiabetes.org/la-diabetes-mexico/

11 Inegi, “Estadísticas a propósito del Día Mundial de La Población” (11 DE JULIO DE 2017) Recuperado de: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/poblacion2017_Nal. pdf

12 http://imco.org.mx/banner_es/kilos-de-mas-pesos-de-menos-obesidad-en-me xico/ Consultada el 25 de abril de 2018.

13 OCDE, Obesity Update (2014). Recuperado en:

http://www.oecd.org/els/health-systems/Obesity-Update-2014.pdf y
https://ensanut.insp.mx/doctos/analiticos/ObesidadAdultos.pdf

14 https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/curar-a-mexico-presupuesto-de -salud-2018-307782.html

15 http://ciep.mx/gasto-en-salud-propuesta-2017/

16 Ibídem.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 6 de junio de 2018.

Diputado María Olimpia Zapata Padilla (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Junio 6 de 2018)

Que reforma el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, para ampliar el periodo de descanso y fomentar la lactancia, recibida de los diputados Alicia Barrientos Pantoja y Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 6 de junio de 2018

Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Cuando las instituciones públicas y partidos políticos conmemoran fechas relevantes como el día internacional de la mujer, se suelen plantear discursos y reconocimientos, pero existen pocas acciones concretas para mejorar las condiciones de vida de las mujeres.

Actualmente la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social reconocen a las madres trabajadoras un período de doce semanas de descanso por embarazo y parto, seis semanas antes y seis después del parto, que a solicitud de la interesada y con autorización médica se pueden distribuir hasta cuatro de las seis semanas previas al parto al período posterior. En ese sentido, la fracción segunda del artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo establece a la letra que:

Artículo 170. Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:

...

II. Disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto. A solicitud expresa de la trabajadora, previa autorización escrita del médico de la institución de seguridad social que le corresponda o, en su caso, del servicio de salud que otorgue el patrón, tomando en cuenta la opinión del patrón y la naturaleza del trabajo que desempeñe, se podrá transferir hasta cuatro de las seis semanas de descanso previas al parto para después del mismo. En caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta ocho semanas posteriores al parto, previa presentación del certificado médico correspondiente.

En caso de que se presente autorización de médicos particulares, ésta deberá contener el nombre y número de cédula profesional de quien los expida, la fecha y el estado médico de la trabajadora.

La posibilidad de transferir las semanas para ampliar el período de descanso postparto responde a diversos informes elaborados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), que reconocen la necesidad de que las trabajadoras gocen de licencias de maternidad suficientemente prolongadas con el propósito de que recuperen las condiciones endócrinas y nutricionales que tenían antes del embarazo, y que compartan más tiempo con su hija o hijo, pues la primera etapa del período postnatal es de extrema importancia en la relación afectiva con el recién nacido, así como en su lactancia .

Los tres Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la protección de la maternidad (número 3 de 1919, número 103 de 1952 y número 183 de 2000) obligan a los gobiernos a otorgar a las trabajadoras licencias de maternidad por un período mínimo de seis semanas con posterioridad al parto, así como a proporcionar prestaciones pecuniarias a toda mujer que se ausente del trabajo en virtud de una licencia de maternidad. Asimismo, la recomendación número 191 subraya las ventajas de que las trabajadoras tengan derecho a elegir libremente cuándo tomarán la parte no obligatoria de su licencia de maternidad, antes o después del parto, y permite cierta flexibilidad para que se acuerden a nivel nacional arreglos sobre la distribución de tales licencias2 .

El segundo tema de que trata esta iniciativa es la importancia de la lactancia materna en el desarrollo de la niña y niño.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que el primer año de vida es el de mayor crecimiento durante la infancia. Además los órganos comienzan a madurar, con lo cual crece la demanda de nutrientes. Por eso resulta importante que, siempre que sea posible, el niño reciba durante el primer año, lactancia materna exclusiva (recibe vitamina D como complemento y en los casos de dietas insuficientes recibe sulfato ferroso o hierro polimaltosato como profilaxis de la anemia fisiológica del recién nacido). También el amamantar propicia un vínculo entre la madre y el hijo que puede impactar positivamente en la autoestima e independencia del niño. Hay evidencia de que existe una relación entre la lactancia y el desarrollo intelectual y cognitivo del niño.

El mismo artículo 170 de la LFT en su inciso IV: establece:

En el período de lactancia hasta por el término máximo de seis meses, tendrán dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos, en lugar adecuado e higiénico que designe la empresa, o bien, cuando esto no sea posible, previo acuerdo con el patrón se reducirá en una hora su jornada de trabajo durante el período señalado;

Es por ello que la presente iniciativa tiene como objetivo incidir concretamente en la mejora de las condiciones de las mujeres trabajadoras, ampliando el periodo de licencia de maternidad de las madres y fomentando la lactancia materna de conformidad con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo.

Ampliar el periodo de lactancia para las madres trabajadoras

El estudio elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) intitulado Nurturing the Health and Wealth of Nations: The Investment Case for Breastfeeding señala que incrementar la tasa mundial de lactancia materna exclusiva podría salvar la vida de 520 mil niños menores de cinco años y generar potencialmente 300 mil millones de dólares en ganancias económicas en 10 años, como resultado de la reducción de las enfermedades, de los costos de atención médica y el aumento de la productividad.

Por lo tanto la propuesta que es materia de la presente iniciativa no debe entenderse como un gasto para la economía del país, sino que constituye en realidad una medida racional que significará beneficios económicos contundentes para los servicios médicos nacionales, pero también para las empresas y negocios, que podrán contar con trabajadoras más sanas. La OMS sostiene que la lactancia materna contribuye a la salud y al bienestar de las madres; ayuda a espaciar los embarazos, reduce el riesgo de cáncer de ovario y mama; aumenta los recursos familiares y nacionales; es una forma de alimentación segura; y carece de riesgos para el medio ambiente.

Por ello resulta oportuno ampliar el periodo para que las madres trabajadoras gocen de descansos dentro de su jornada de trabajo –una vez que se reincorporan a sus labores profesionales– pasando de los 6 meses actuales para llegar hasta 2 años.

Ampliar el periodo de licencia de maternidad

Actualmente el Estado mexicano se encuentra fuera de los parámetros establecidos en el Convenio 183 sobre la protección de la maternidad de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que en su artículo 4 señala que toda mujer tendrá derecho a una licencia de maternidad de una duración de al menos catorce semanas.

Adicionalmente resulta indispensable cumplir con la Recomendación 191 sobre la protección de la maternidad de la OIT. Si bien la recomendación no constituye una norma vinculante, sí debe entenderse como parte del soft law internacional y como un instrumento idóneo para aplicar e interpretar las normas relativas a los derechos humanos.

Dicha recomendación establece en su numeral 1.1 que los Estados miembros deberán procurar extender la duración de la licencia de maternidad, a dieciocho semanas, por lo menos. En su numeral 1.2 señala que los Estados deberían prever una prolongación de la licencia de maternidad en el caso de nacimientos múltiples y finalmente en su numeral 1.3 estipula que deberían adoptarse medidas para garantizar que, en la medida de lo posible, la mujer tenga derecho a elegir libremente cuándo tomará la parte no obligatoria de su licencia de maternidad, antes o después del parto.

Resulta notoriamente injusto y hasta discriminatorio el trato que damos a las madres trabajadoras en México y en América Latina en general. Mientras en Europa y en los países desarrollados, más de 90 por ciento de los países garantizan licencias superiores a las 14 semanas, en América Latina apenas 22 por ciento de los países garantiza licencias superiores a las 14 semanas3 .

Por las consideraciones expuestas, sometemos a consideración de Comisión Permanente la presente iniciativa con proyecto de

Decreto que se reforma el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo

Único. Se reforma el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue:

Ley Federal del Trabajo

Artículo 170. Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:

I. ...

II. Disfrutarán de un descanso de nueve semanas anteriores y nueve posteriores al parto. A solicitud expresa de la trabajadora, previa autorización escrita del médico de la institución de seguridad social que le corresponda o, en su caso, del servicio de salud que otorgue el patrón, tomando en cuenta la opinión del patrón y la naturaleza del trabajo que desempeñe, se podrá transferir hasta seis de las nueve semanas de descanso previas al parto para después del mismo. En caso de que hubiesen tenido dos o más hijos, haya nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta doce semanas posteriores al parto, previa presentación del certificado médico correspondiente.

En caso de que se presente autorización de médicos particulares, ésta deberá contener el nombre y número de cédula profesional de quien los expida, la fecha y el estado médico de la trabajadora.

II. Bis. ...

III. Los períodos de descanso a que se refiere la fracción II, se prorrogarán en el caso de que así lo soliciten las madres trabajadoras hasta por un periodo de noventa días adicionales, con la consiguiente reducción salarial a que se refiere la fracción V de este artículo;

IV. En el período de lactancia hasta por el término máximo de dos años, contados a partir de que se hubiesen reincorporado a su centro de trabajo, gozarán de dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos, en lugar adecuado e higiénico que designe la empresa, o bien, cuando esto no sea posible, previo acuerdo con el patrón se reducirá en una hora su jornada de trabajo durante el período señalado;

V. Durante los períodos de descanso a que se refiere la fracción II, percibirán su salario íntegro. En los casos de prórroga mencionados en la fracción III, tendrán derecho al cincuenta por ciento de su salario por un período no mayor de noventa días;

VI. al VII. ...

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el recinto de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el seis de junio de 2018.

Diputados: Alicia Barrientos Pantoja y Dante Virgilio Caballero Pedraza (rúbrica).

(Turnado a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Junio 6 de 2018.)

Que reforma el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, recibida de la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 6 de junio de 2018

La que suscribe, diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 58, 85, 174 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, con base en las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con el texto del artículo 50 de la ley fundamental, “el Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso General, que se dividirá en dos Cámaras, una de Diputados y otra de Senadores”.

Como todos sabemos, ambas Cámaras constituyen el Congreso de la Unión, casa donde el pueblo mexicano a través de sus representantes expresa, reforma y busca dar soluciones a las diferentes demandas y necesidades de la sociedad.

En la actualidad es claro que las funciones de representación, legislativas, presupuestarias, de control, jurisdiccionales y administrativas del Poder Legislativo son de gran importancia y trascendencia para la vida política, económica, social y cultural del país.

Por ello, atendiendo al dinamismo y a las exigencias de los mexicanos, resulta necesario unir esfuerzos en el fortalecimiento y actualización de las normas encargadas de regular el desempeño institucional y los procedimientos del Poder Legislativo federal, especialmente de la Cámara de Diputados, a fin de garantizar un trabajo integral con mayor eficiencia y rapidez, y sobre todo para sentar las bases de mejores resultados para nuestra sociedad.

Actualmente, la Cámara de Diputados se encuentra normada por su Reglamento, publicado en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 2010, ordenamiento que tiene por objeto normar la actividad parlamentaria de las y los diputados principalmente para la creación, reforma o derogación de normas, leyes o decretos, estableciendo además los procedimientos internos para su estructura y funcionamiento.

A pesar de tratarse de un ordenamiento de gran alcance normativo, en la práctica legislativa denota una seria deficiencia en el desahogo de asuntos principalmente en el proceso de discusión en lo particular de los dictámenes de iniciativas ley o decretos ante el pleno de este órgano legislativo, deficiencia que a nuestra consideración urge subsanar.

En este tenor, de acuerdo con el Reglamento de la Cámara de Diputados la discusión de los dictámenes se votará en primera instancia en lo general y posteriormente en lo particular, en los términos y las condiciones plasmados en los artículos 104 a 108 de dicho ordenamiento.

En una primera parte del procedimiento de discusión se destaca la participación del presidente de la junta directiva, quien podrá exponer los fundamentos del dictamen hasta por 10 minutos, la participación de las diputadas y diputados integrantes de cada grupo y de un independiente hasta 5 minutos, la respectiva lista de oradores en contra y a favor por 5 minutos cada uno de manera sucesiva, hasta lograr la votación nominal del dictamen en lo “general”, que a nuestra consideración es correcto.

Sin embargo, las dificultades del procedimiento surgen durante la discusión en lo particular de las reservas o propuestas de modificaciones, adiciones o eliminación de artículos a un proyecto de dictamen, específicamente cuando un legislador tiende a reservar varios artículos del proyecto de dictamen, que al momento de discutirse hacen que las sesiones del pleno se vuelvan muy improductivas. Ello genera retraso y acumulación de asuntos, pero sobre todo una obstaculización en el proceso de creación normativa como principal función de la Cámara de Diputados.

Ejemplos de lo anterior los encontramos en las maratónicas sesiones del pleno de la Cámara de Diputados, pero en particular la efectuada en diciembre de 2013 en el proceso de discusión de la reforma constitucional en materia energética, que fue desahogada por más de 20 horas continuas de sesión, tiempo que en su mayoría los legisladores dedicaron para discutir en lo particular más de 400 reservas, ninguna de las cuales fue aceptada.

Más específicamente, en julio de 2014 se discutieron por un aproximado de 73 horas los dictámenes referentes a las leyes secundarias de la propia reforma energética. Durante la sesión, los legisladores procesaron 6 dictámenes en la materia, que contó con la presentación ante el pleno de 2 mil 885 reservas o propuestas de modificación de los documentos. De ella fueron aceptadas sólo 30, lo cual significa que en promedio cada cambio implicó un debate de dos horas y media.

La discusión del dictamen referente a la nueva Ley de Hidrocarburos y reformas de las Leyes de Inversión Extranjera, Minera, y de Asociaciones Público Privadas se llevó 18 horas y 17 minutos (el debate inició a las 12:40 horas del lunes 28 de julio y terminó casi a las 7:00 horas del martes 29), cuya mayor parte fue utilizada para desahogar 793 reservas, de las cuales fueron aceptadas sólo 3 y 790 rechazadas.

Como todos sabemos, de acuerdo con las facultades conferidas a la Junta de Coordinación Política en el artículo 34, numeral 1, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, este órgano cuenta con atribuciones para impulsar la formación de acuerdos relacionados con el contenido de las propuestas, iniciativas o minutas que requieran votación en el pleno, a fin de agilizar el trabajo legislativo.

Luego entonces, la Junta de Coordinación Política tiende a expedir acuerdos específicos encaminados a normar el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones constitucionales de la Cámara de Diputados, como sucede con los acuerdos creados para la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación, fundamentado en el artículo 221, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Entre ellos encontramos el publicado el 10 de noviembre de 2015, para definir las reglas implantadas en la discusión y votación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016, que en la cuarta regla materia que nos ocupa estableció:

La discusión en lo particular se llevará a cabo conforme a las siguientes características:

Harán uso de la palabra, hasta por tres minutos cada uno, los diputados que hubieran reservado artículos, anexos o ambos.

En caso de que un diputado haya presentado diversas reservas, procurará exponerlas en una sola intervención. Para tales efectos, la Mesa Directiva determinará, en consulta con el diputado proponente, el número de reservas a presentar en cada intervención.

La Mesa Directiva establecerá el tiempo para la presentación de las reservas, cuando éstas sean agrupadas.

Con los mismos objetivos, también encontramos diferentes acuerdos que en su momento la Junta de Coordinación Política aprobó para normar la discusión y votación ante el pleno de importantes reformas del sistema jurídico nacional, entre ellas de la reforma en materia laboral, publicada en la Gaceta Parlamentaria en septiembre de 2012, en materia financiera, publicada en la Gaceta Parlamentaria en septiembre de 2013, la constitucional en materia de energía publicada en la Gaceta Parlamentaria en diciembre de 2013, en materia de pensión universal y seguridad social universal publicada en la Gaceta Parlamentaria en marzo de 2014, por citar algunos ejemplos.

Evidentemente, esos documentos normativos han sido expedidos a fin de lograr un mejor entendimiento parlamentario entre las diferentes fuerzas políticas, pero además para buscar lograr que la discusión y el debate de dictámenes específicos de reformas legislativas se realicen en condiciones de equidad y pluralidad.

No obstante, consideramos necesario fortalecer las disposiciones reglamentarias de la Cámara de Diputados a fin promover un método de debate más dinámico, ágil y que permita mejorar el funcionamiento, así como las condiciones para el desahogo de los asuntos, especialmente en materia de la discusión de dictámenes sobre proyectos legislativos en lo particular.

Luego entonces, se propone modificar el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados a fin de impulsar una reducción en los tiempos y el número de oradores para dar agilidad a la presentación y discusión de reservas ante el pleno, además de establecer parámetros específicos en los casos donde un proponente presente diversas reservas, así como las condiciones procedentes en los casos especiales donde las reservas versen sobre un mismo artículo y objetivo.

Por lo expuesto presento a esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados

Único. Se reforma el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, para quedar como sigue:

Artículo 110.

1. La presentación de las reservas se realizará de la siguiente forma:

I. El proponente hará uso de la palabra hasta por tres minutos , para exponer las razones que la sustenten;

II. El presidente preguntará al pleno si la reserva presentada se admite a discusión .

III. En caso negativo la reserva se desechará y el presidente ordenará que se pase a la presentación del siguiente artículo reservado .

VI. En caso afirmativo, el presidente formulará una lista de oradores a favor y en contra, quienes podrán intervenir hasta por tres minutos cada uno;

V. Después de que hubiesen intervenido hasta dos oradores de cada lista, el presidente preguntará al pleno si el asunto se encuentra suficientemente discutido; en caso negativo continuará la discusión, sólo si hubieran oradores inscritos, pero el presidente repetirá la pregunta cuando hubiera intervenido un orador más de cada lista y así en lo sucesivo;

VI. Cuando no hubiera oradores en contra, podrá hablar un orador a favor;

VII. Cuando no hubiera oradores a favor del artículo incluido en el proyecto podrá hablar un orador en contra, y

VIII. Cuando no hubiere oradores inscritos, el presidente ordenará que se pase a la discusión del siguiente artículo reservado.

IX. Concluida la discusión del artículo reservado, el presidente preguntará al pleno si se acepta la modificación propuesta y discutida, en caso afirmativo se procederá a su votación nominal en su conjunto de los artículos reservados, en caso negativo se desechará quedando el artículo en los términos del dictamen a discusión.

X. El proponente que haya presentado diversas reservas, deberá exponerlas en una sola intervención. Para tales efectos se respetará el siguiente parámetro de tiempo:

a) De una a cinco reservas hasta tres minutos

b) De seis a diez reservas hasta cinco minutos

c) En el caso de que el número de reservas supere lo establecido en el inciso b, el Presidente determinará un tiempo de 10 minutos para su presentación.

XI. Cuando dos o más proponentes del mismo grupo parlamentario presenten reservas sobre un mismo artículo y objetivo, éstas serán agrupadas y expuestas en un sólo acto hasta por tres minutos.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 6 de junio de 2018.

Diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Junio 6 de 2018.)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de pena de muerte, enviada por diputados y senadores del Grupo Parlamentario del PVEM en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 6 de junio de 2018

Los diputados y senadores integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de pena de muerte, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

México es un país cuya riqueza, más allá de sus vastos y variados recursos naturales, está en su gente y en su cultura. Somos una sociedad de gente trabajadora, creativa, solidaria y generosa. A pesar de que en nuestro carácter se asoman trazos de un México bronco, somos un pueblo pacífico y, como cualquier otra sociedad, anhelamos paz y tranquilidad para vivir y trabajar en armonía, para que cada individuo pueda desarrollar al máximo sus capacidades y talentos y a través de ello ir en busca de su propia felicidad y la de su comunidad.

Lamentablemente, hoy vivimos una crisis de inseguridad en el país, y en diversas regiones la paz y la tranquilidad les han sido arrebatadas a las personas y a las familias, quienes son asoladas por delincuentes sin escrúpulos que todos los días realizan los más deleznables actos.

La violencia es inaceptable para cualquier país, es por ello que en pos de asegurar los bienes jurídicos de las personas, incluido la vida, el Estado debe asumir medidas drásticas para evitar que continúe en aumento la vorágine de destrucción y muerte que los criminales han desatado.

Las medidas para enfrentar este tipo de problemas deben ser drásticas y estar basadas en análisis fenomenológicos que demuestren objetivamente la coherencia de la posible solución. En otras latitudes, la pena de muerte ha sido una alternativa para reducir los índices de los crímenes que más lastiman a la sociedad.

Por lo expresado, la pena de muerte no debe identificarse con un discurso demagógico, sino de imperiosa necesidad con miras a disuadir conductas ilícitas y disminuir los ingresos a centros penitenciarios, pero sobre todo a proteger la vida, la seguridad y la libertad de las personas que desean vivir de forma armoniosa con sus semejantes, respetando los derechos de los demás, que no ven en la delincuencia un modo de vida, sin importar a quien o a quienes dañen con la realización de hechos delictivos.

Desde el año 2001 se han publicado en Estados Unidos una serie de estudios académicos, los cuales afirman que la pena de muerte tiene efectos disuasorios en delitos como el asesinato. Estos estudios estiman entre tres y 18 vidas que se pueden salvar con la ejecución de cada asesino convicto.

La lógica de estos estudios, los cuales analizan el número de ejecuciones y homicidios, por año y por estado o condado, intentando establecer la correlación de la pena de muerte con la reducción de los homicidios, es simple y parte del supuesto de que si el costo de algo se vuelve demasiado alto (ya sea adquirir un bien o servicio o cometer un determinado delito), las personas modifican su conducta, absteniéndose de comprar un bien o evitando delinquir).

Entre las conclusiones de los estudios que consideran a la pena de muerte como una medida que inhibe la comisión de delitos destaca lo siguiente:

-Cada ejecución impide un promedio de 18 asesinatos, según un estudio nacional de 2003 realizado por profesores de la Universidad de Emory. (Otros estudios han estimado los asesinatos inhibidos por ejecución en tres, cinco y 14).

-La moratoria de las ejecuciones en Illinois en el año 2000 provocó 150 homicidios adicionales en los cuatro años siguientes, según un estudio de 2006 realizado por profesores de la Universidad de Houston.

-Acelerar las ejecuciones fortalecería el efecto disuasivo. Por cada 2.75 años de tiempo pasado en el corredor de la muerte, se prevendría un asesinato, según un estudio realizado en 2004 por un profesor de la Universidad de Emory.

I. Laceramiento de la delincuencia a la sociedad

En México existe un halo de desesperanza, de dolor, de angustia, provocado por una violencia exacerbada que a la fecha ha cobrado miles de vidas dejando a madres sin hijos o esposos; niños y jóvenes que han perdido a sus padres y madres por el actuar insensato de personas cuyo único lenguaje es el terror.

En este contexto, la descripción fenomenológica de la realidad nos lleva a verificar un cóctel perverso que afecta a la sociedad desde sus instituciones básicas como la familia hasta la descomposición de la sociedad en general cuya preocupación constante es que vive en un entorno de inseguridad. De este modo, los ingredientes de ese cóctel perverso son el crimen organizado en todas sus manifestaciones, la violencia; así como la falta de voluntad de quienes han sido recluidos por la comisión de delitos para modificar su conducta antisocial y dañina y ven la delincuencia como un modo más de vivir, lo que los convierte en reincidentes.

Así las cosas, en México hemos observado infinidad de casos ocurridos a lo largo del territorio nacional en donde una persona, consciente de que afecta a otra u otras con su actuar (homicidio, narcotráfico, tráfico de personas, violación) incluso, en muchos casos habiendo purgado una pena por conductas iguales o relacionadas, adopta la delincuencia como un modo de vivir en el cual ya no le importa ingresar o reingresar a los centros de reclusión, y mucho menos, seguir con un programa cuya finalidad sea la reinserción social; constatando de modo inductivo el fracaso de la plena reinserción a la sociedad de personas que delinquieron y todavía más, el daño irreparable que provoca a la sociedad y su convivencia.

II. Reincidencia

En este contexto, como ya señalamos, la reinserción de los delincuentes implica un reto que va más allá del deseo y la voluntad de la persona por reintegrarse a la vida comunitaria; es decir, trasciende lo meramente individual para colocarse como un verdadero problema social.

En este sentido, apreciamos como la finalidad de la prisión cambió radicalmente desde el año 2008 (con el nuevo sistema penal), pues la finalidad de la prisión ya no sería la de “readaptar” al sujeto sino la de “reinsertar” [lo] a la sociedad. Con esta figura, ya no se intentará “readaptar”, sino regresar al sujeto a la vida en sociedad, a través de diversos medios que fungen como herramienta y motor de transformación.1

Así las cosas, la Constitución Política federal establece, en el artículo 18, segundo párrafo lo siguiente:

“El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley”.

Las premisas de la anterior transcripción son las siguientes:

a) reinsertar al sujeto activo de los delitos a la sociedad;

b) procurar que no vuelva a delinquir el propio sujeto activo.

En este sentido, y bajo una interpretación a contrario se entiende que no ha lugar a la reinserción si: lugar a la reinserción si:

a) el sujeto activo del delito es un riesgo a la sociedad;

b) existe la posibilidad o bien, está comprobado que el sujeto activo vuelva o ha vuelto a delinquir.

La reinserción social es, de acuerdo a la ley nacional de ejecución penal, la restitución del pleno ejercicio de las libertades tras el cumplimiento de una sanción o medida ejecutada con respeto a los derechos humanos.

Si la persona, derivada de sus conductas antisociales, no puede ser reinsertada plenamente y, si además, los medios estatales no pueden prever si cometerá un ilícito nuevamente o no, entonces no debería reintegrarse socialmente, porque el sujeto activo de los ilícitos representará un peligro significativo a los demás bienes jurídicos tutelados de otras personas, tales como la vida o la libertad.

En este sentido, estudios realizados2 por instituciones serias comprueban a nivel nacional, que existe una reincidencia equivalente al 25.9 por ciento del total de la población privada de la libertad; sin embargo, hay entidades federativas que su problema es mucho mayor, ya que su porcentaje de población reincidente es mayor que el porcentaje nacional, tal es el caso de Jalisco con 31.3 por ciento o Ciudad de México con 44.9 por ciento.

Además de lo expresado, la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL, realizada por el Inegi en el año 2016) proporciona una diversidad de datos interesantes que sin duda deben ser considerados seriamente para la conformación de leyes y políticas públicas.3 En este orden de ideas, del total de la población recluida, el 25.9 por ciento es reincidente.

En este contexto, según la ENPOL, el 63.6 por ciento de la población privada de la libertad fue sentenciada penalmente por la comisión de un delito antes de su reclusión actual, mientras que el 36.1 por ciento de dicha población fue sentenciada penalmente por la comisión de más de un delito.

Las conductas ilícitas más frecuentes por los cuales ha sido sentenciada la población privada de la libertad previamente se encuentran: robo de vehículo (16.2 por ciento), robo a transeúnte en vía pública (16 por ciento), robo a casa habitación (13.3 por ciento), posesión ilegal de drogas (12.9 por ciento), robo a negocio (12 por ciento), portación ilegal de armas (9.7 por ciento), lesiones (8.8 por ciento), entre otros delitos.

En cuanto a los centros en los cuales ha sido recluida la población reincidente y actualmente presa; el 71.2 por ciento de la población privada de la libertad juzgada penalmente por la comisión de un delito antes de su reclusión actual estuvo presa en centros penitenciarios estatales; 12.4 por ciento en centros penitenciarios municipales; 11 por ciento en centros penitenciarios federales; 3.9 por ciento en correccionales; 2.3 por ciento en centros penitenciarios locales y; 0.9 por ciento en otros.

Por lo que hace al lapso en el cual tarda la población reincidente y actualmente presa en volver a delinquir, el 44.3 por ciento de la población privada de la libertad juzgada penalmente por la comisión de un delito antes de su reclusión actual reincidió más de dos años después del delito anterior; 16.5 por ciento reincidió más de un año y hasta dos años después del delito anterior; 17 por ciento reincidió más de seis meses y hasta un año después de ser juzgado por delito anterior y; 18.9 por ciento reincidió en más de seis meses o menos.

Con los datos previos se aprecia que la reincidencia no es de una sola ocasión, sino que en los hechos, se actualiza una “reincidencia sobre la reincidencia”, esto implica que por lo menos, en un 63.6 por ciento, de acuerdo la ENPOL, los procesados eran reincidentes de una vez, mientras que el 36.1 por ciento, eran reincidentes dos veces; en consecuencia, bajo esta temática, la premisa del segundo párrafo del artículo 18 de la Constitución federal, no se está cumpliendo, por lo cual se actualiza en lo fenomenológico, una vulneración a la propia Constitución.

III. Casos sobre reincidencia

Como hemos señalado, en México, el 25.9 por ciento de la población privada de la libertad son personas reincidentes, es decir, que han sido sentenciadas por algún delito de manera previa al proceso que determinó su situación actual; de este porcentaje la ENPOL 2016 señaló que los cinco principales delitos por los que fue sentenciada la población reincidente privada de su libertad es por robo (60 por ciento), posesión de drogas (12.9 por ciento), portación ilegal de armas (9.7 por ciento), lesiones (8.8 por ciento) y homicidio (5.4 por ciento).

Un factor importante a considerar es que en el año 2012 De Buen y Ley, y Solís expresaron en un estudio que la reincidencia es una medición imperfecta, esto es así porque se basa en que no todos los delitos cometidos son denunciados y por lo tanto investigados, ni mucho menos sancionados. Por lo cual, quienes cumplieron una pena privativa de libertad en realidad podrían cometer más crímenes en el futuro, aunque las estadísticas no lo registren.4

Si bien, los programas de reinserción tienen como objetivo sembrar la motivación en los individuos para que éstos dejen de delinquir, también existen otros factores como la capacidad social y las redes de apoyo con las cuales pudiera llegar a contar la persona al salir de prisión.

Además de las circunstancias antes descritas, existen condiciones determinantes que forjan la personalidad y comportamiento del individuo que ha cometido delitos; estas condiciones las refirió, Bravo, Sierra y del Valle en el año de 2009, con un grupo de jóvenes españoles que habían cometido acciones delictivas en términos de reincidencia, nos referimos pues a factores de riesgo como las problemáticas en el hogar, la deserción escolar, adicciones o grupo de pares con actividades antisociales, sobre todo en el ámbito socio-familiar.5

De lo anterior, podemos apreciar que los programas de reinserción no son determinantes al momento de establecer las causas por las cuales existen personas reincidentes, sino que implica una serie de instituciones que fallan, desde la familia, el entorno social, las condiciones económicas, entre otras; las cuales propician que el individuo caiga en las redes de la delincuencia; sin embargo, dichos daños, en muchos casos son irreversibles cuando se llega a la etapa adulta y más, cuando la persona realiza actos ilícitos de manera recurrente (reincidencia delictiva).

La pregunta entonces es: ¿existen individuos que verdaderamente tengan la intención de no volver a delinquir?

Muchos de los individuos que han ingresado a un reclusorio lo han hecho por más de dos veces, incluso existen casos de personas que han ingresado al reclusorio hasta 14 ocasiones, situación que demuestra que no tienen ninguna intención de reinsertarse a la sociedad y modificar su conducta. A continuación ejemplificamos este fenómeno:

En el mes de mayo de 2018, Noticieros Televisa publicó una noticia en la cual José Gil García, subsecretario de Información e Inteligencia Policial de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México dio a conocer información interesante para nuestro fin:

“José Gil García, subsecretario de Información e Inteligencia Policial de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, informó que van en aumento los casos de delitos cometidos por delincuentes reincidentes.

‘Delincuentes que primero asaltaban... en un lugar donde la gente no se daba cuenta, donde no había violencia... hoy los tenemos asaltando en la vía pública con armas de fuego’, afirmó.

En la Ciudad de México, cada día se detiene a cuatro reincidentes, como Iván Luna Sánchez, quien se dedica al robo y ha sido detenido 14 veces.

Para evitar que lo relacionen con casos anteriores, Iván se cambia el nombre a Ricardo, Julio, César o Alejandro. Otro caso es el de José Luis Pérez Ruiz, quien ha sido detenido en cuatro ocasiones. El 27 de febrero por robar dentro del Metro; el 6 de marzo, robó otra vez; el 2 de abril, asaltó a un transeúnte, y el 22 de abril, por portación de arma de fuego.

‘Lamentablemente, hoy, aun a pesar de tener ese delito, seguramente estará en la calle porque la portación no es un delito grave’, apuntó José Gil García.

Harold Medina Martínez, de origen colombiano, ha sido detenido en nueve ocasiones; la última, el 6 de marzo. Actualmente, no está encarcelado.

‘Esta persona hoy sabemos que se encuentra en libertad y es el líder de una banda de robo a casa habitación... Tiene tres ingresos al Reclusorio’, detalló el subsecretario de Información e Inteligencia Policial de la SSPCDMX....”.6

Por otro lado, en el caso de delitos contra la salud como el narcotráfico, encontramos testimonios de niños, adolescentes e incluso adultos en los cuales observamos que a pesar de nunca haber sido detenidos e ingresados a un reclusorio, afirman haber realizado actos ilícitos, como el homicidio; adolescentes de entre 17 y 18 años que han matado a más de una docena de personas a tan corta edad.

Tal es el caso de la historia que narra la BBC en marzo de 2011, de la cual señalamos un fragmento a continuación:

“Beto” (su nombre ha sido cambiado) acaba de cumplir 17 años, pero ya ha asesinado al menos a 18 personas. La mayoría fueron “encargos” de su jefe, pero otros cayeron víctimas del azar: estaban en el sitio y momento en que no debían.

Beto es sicario del cartel conocido como La Familia Michoacana , uno de los más peligrosos de México.

Los muertos que más recuerda fueron los tres primeros, contó el adolescente a la investigadora mexicana Rossana Reguillo, académica del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).

“La verdad no sentí nada, les metí el chivo (rifle AK-47) como si ya supiera y mi jefe nomás se reía, ‘bien bravo salistes , mi Beto’...7

Lo más lamentable es que individuos sin escrúpulos, sin valores y sin la convicción de querer modificar sus vidas una vez que recibieron el castigo del Estado por cometer actos ilícitos, y que deciden realizar nuevamente este tipo de actos o que han decidido dedicar su vida a la delincuencia ya sea organizada o no; afectan de modo irreparable a más de una persona y a la sociedad en su conjunto.

La pérdida de un jefe o jefa de familia, de un hijo, de una hija, de un padre o una madre, es lamentable, más cuando es por causa de delincuentes, quienes han decidido arrebatar una vida o vidas, cometer periódicamente actos ilícitos y por los cuales a pesar de ser privados de su libertad por un lapso determinado, como pena por la comisión de ese delito, deciden reincidir en este tipo de conductas, pero no es sólo eso, sino también la afectación social, económica y familiar que provoca en aquellas personas, dependientes directos de la víctima.

Por ejemplo, uno de los sectores más afectados por la guerra contra el narcotráfico han sido los elementos del ejército, quienes de acuerdo con la Sedena, de enero de 2007 hasta julio de 2016 combatieron en 3 mil 842 enfrentamientos armados con elementos de cárteles y grupos de la delincuencia organizada.

Asimismo, en el lapso comprendido del 1 de diciembre de 2006 al 1 de agosto de 2017, en los casi 12 años que inició la guerra contra el narcotráfico, 522 efectivos militares en activo han sido asesinados, lo anterior de conformidad con la “Relación de Personal Fallecido en la Aplicación de la Campaña Permanente contra el Narcotráfico y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos”.8

IV. Estadísticas criminales sobre la reincidencia

La reincidencia es un fenómeno criminológico que consiste en la repetición de actos delictivos.9

Con base al Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario en 2016, el 13 por ciento de los delitos del fuero común cometidos por personas ingresadas fueron de tipo reincidente, es decir, aquellas que cometieron un nuevo delito sin que haya transcurrido, desde el cumplimiento de la primera condena, un término igual al de la prescripción de la sanción.

Por su parte, los reingresos son aquellos en los cuales las personas regresan a los centros penitenciarios, por la presunta comisión de un delito, pero no han recibido hasta ese momento una sentencia ejecutoriada. En 2016, la cifra de éstos fue de un 12 por ciento.10

El fenómeno de reincidencia durante los últimos tres años tiene un promedio histórico de 15 por ciento, mientras la media para los reingresos es de 9 por ciento para el mismo periodo.

Debido a que las cifras indican que los delitos cometidos por primera vez, por las personas que ingresan, disminuyeron en cinco puntos porcentuales de 2014 a 2016, el fenómeno de la reincidencia y los reingresos son una preocupación constante dentro del sistema penitenciario estatal del país tal y como se puede apreciar en la siguiente gráfica:

Entre los delitos del fuero común asociados a la reincidencia en 2016 estuvieron aquellos que afectan el patrimonio (52 por ciento); delitos contra la vida y la integridad corporal (15 por ciento); delitos contra la seguridad pública y la seguridad del Estado (14 por ciento).

El principal ilícito dentro de los delitos contra el patrimonio fue el robo con 92 por ciento.

Por tipo de delito específico, los más frecuentes fueron robos diversos; homicidio; robo simple; posesión simple de narcóticos; robo de vehículo; lesiones y; robo a casa habitación. Los que en conjunto representaron 57 por ciento de los delitos por reincidencia.

V. Homicidios dolosos; secuestros; violaciones y delitos contra la salud

No sólo la reincidencia ha maltratado terriblemente a la sociedad, también actos delictivos que durante los últimos veinte años han azotado a la población nacional, causando muerte, lesiones y en términos generales, daños irreparables.

De acuerdo a la estadística, los ilícitos descritos reflejan una tendencia al alza, por lo cual la vorágine de daño a la sociedad es latente para cualquier persona.

En este contexto, tomado la muestra (figura 03 –Delitos del fuero común cometidos por las personas ingresadas a los centros penitenciarios estatales) de los últimos tres años 2014; 2015 y; 2016, apreciamos una disminución de “ingresos por primera vez”, a centros penitenciarios, ya que en el año 2014 era de 78 por ciento, mientras que en 2015 y 2016 ese rubro se mantuvo en 73 por ciento, pero lamentablemente se apreció que el porcentaje de reincidencia, conformado por reincidentes y reingresos fue en aumento, pues mientras en el año 2014 fue de un 21 por ciento, en el 2015 y 2016 fue de 25 por ciento, siendo que en el último año aumentaron las simples reincidencias en un 4 por ciento.

Además de lo expresado se pide atender las estadísticas graficadas de los últimos veinte años sobre delitos específicos que demuestran incidencias elevadas de conductas sumamente dañinas a la sociedad.

En este orden de ideas, consideramos que sancionar de modo más severo al sujeto activo reincidente de delito doloso que atente contra las fuerzas armadas o los cuerpos de policía, tanto municipales, como estatales y federales y los civiles en concursos de delitos, contribuiría a reducir el crimen, la inseguridad y la muerte que hoy afecta a nuestro país.

VII. Análisis de derecho internacional

El Estado mexicano en el presente ha ratificado instrumentos internacionales para abolir la pena de muerte, éstos son:

-Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

-Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Destinado a Abolir la Pena de Muerte, adoptado en la ciudad de Nueva York, el 15 de diciembre de 1989;

-Convención Americana sobre Derechos Humanos;

-Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, adoptado en Asunción, Paraguay, el 8 de junio de 1990.

En este sentido, para la aplicación de la pena de muerte resulta necesario denunciar los tratados que la prohíben, es decir, los tratados constitutivos, éstos son, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos; así como los protocolos de ambos.

Cabe destacar que la denuncia de este tipo de tratados internacionales la han hecho otros países como el caso de Trinidad y Tobago, incluso en el Sistema Europeo, el mismo derecho internacional permite en casos de excepción, el uso de este tipo de penas. (Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; Convenio Europeo de Derechos Humanos y Protocolo número 6 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales Relativo a la Abolición de la Pena de Muerte).

Procedimiento para su denuncia

La participación de un Estado en un tratado internacional, es un atributo esencial de su soberanía. En principio, cada Estado decide libremente si se vincula o se desvincula de un tratado internacional. Para desvincularse de un tratado internacional, un Estado parte debe seguir las disposiciones de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969.

Según el artículo 54 de tal norma, un Estado puede retirarse de un tratado:

(a) conforme a las disposiciones del propio tratado relativas a la denuncia;

(b) con el consentimiento de todas las partes después de consultar a todos los Estados contratantes; o

(c) en el caso de un tratado que no contenga ninguna disposición sobre el retiro o la denuncia, dando un aviso previo de al menos doce meses.

Esta última posibilidad, según el artículo 56, está sometida a dos condiciones: (i) que se determine que fue intención de las partes admitir la posibilidad de denuncia o retiro; o (ii) que el derecho de denuncia o retiro pueda inferirse de la naturaleza del tratado. La carga de probar que se cumple una de estas dos condiciones recae sobre el Estado que desee retirarse de un tratado que no contenga disposiciones sobre denuncia.

Cabe mencionar que la presente iniciativa de reforma constitucional es complementada por las iniciativas de reformas a la legislación secundaria correspondiente, las cuales se presentan en esta misma fecha de manera separada,11 en cumplimiento del artículo 171 del Reglamento del Senado de la República, el cual establece lo siguiente:

“Artículo 171

1. Una propuesta que involucra disposiciones de la Constitución y de otros ordenamientos secundarios relativos, se presenta mediante una iniciativa para la reforma constitucional y otra u otras para la legislación secundaria. En este caso, se indica en cada iniciativa la correlación entre las mismas.

2. Las iniciativas que se refieren a modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se presentan en forma separada de cualquier otra”.

Contenido de la iniciativa

La presente iniciativa de reformas a la Carta Magna tiene por objeto eliminar los obstáculos constitucionales para el establecimiento de la pena de muerte en México, adecuando las disposiciones que resulten pertinentes para su aplicación.

La pena de muerte se encuentra proscrita del orden jurídico mexicano desde el año 2005, la Constitución Política expresamente la prohíbe, por ello, para implementarse nuevamente debe adecuarse el orden jurídico en los siguientes términos:

1. Modificar el párrafo segundo, del artículo 18 constitucional, relativo a la reinserción social como base del sistema penitenciario.

La presente disposición constitucional describe las bases sobre las cuales se organiza el sistema penitenciario en México, incluyendo, entre otras, la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir.

Si se toma en consideración que el objetivo de la presente iniciativa de reformas constitucionales consiste en establecer la pena de muerte en México, resulta evidente que dicha consecuencia jurídica, derivada de la comisión de un delito, resulta incompatible con el principio de reinserción social, pues materialmente sería imposible que una persona condenada a muerte pueda ser reinsertada a la sociedad.

Por ello, se estima necesario reformar el precepto constitucional que nos ocupa, a efecto de establecer una excepción al principio de reinserción social como base del sistema penitenciario, relativa a los casos en que la legislación penal prevea la pena de muerte.

Mediante la presente propuesta de modificación se busca armonizar el esquema constitucional de la pena de muerte, subsanando cualquier resquicio que pueda propiciar su inconstitucionalidad.

En este sentido, se busca con la modificación al artículo 18, que se establezcan las bases, para que no pueda impugnarse la inconstitucionalidad de la pena de muerte por atentar contra el principio de reinserción social, pues desde el propio texto constitucional se consagrará una excepción a dicho principio.

Además de lo expuesto, estimamos necesaria la separación de aquellos procesados por delitos que merezcan pena de muerte debido a la peligrosidad que éstos significan para el resto de la población carcelaria, en este contexto proponemos la creación de centros especiales.

2. Reformar el artículo 22 constitucional, relativo a la prohibición de la pena de muerte.

El artículo 22 de nuestra Carta Magna establece un catálogo expreso de penas cuya imposición se encuentra prohibida en México. Una de esas penas prohibidas conforme al texto constitucional vigente es la muerte, de tal manera que resulta necesario eliminar dicha prohibición a fin de abrir la posibilidad legal para el establecimiento de la pena de muerte como consecuencia jurídica de un delito que, en congruencia con este precepto constitucional, deberá ser proporcional a: (i) el delito sancionado y (ii) el bien jurídico afectado.

Cabe mencionar que, tal como se advertirá en la iniciativa de reformas legales que complementa a la presente iniciativa de reformas constitucionales, el tipo penal al que se propone que se aplique la pena de muerte es el homicidio doloso, siempre que se cumplan dos condiciones:

a) Que la privación dolosa de la vida sea derivada de la comisión de los delitos de violación, delitos contra la salud en relación con narcóticos, secuestro y trata de personas, o

b) Que sea cometido por una persona reincidente, en los términos de la legislación penal respectiva.

De esta forma, se cumplirá plenamente con el principio constitucional de proporcionalidad de las penas, pues se busca que la pena de muerte sea aplicada al delito de homicidio doloso cometido bajo alguna de las circunstancias descritas, con lo cual dicha pena será proporcional al delito cometido (homicidio doloso) y el bien jurídico afectado (la vida misma).

3. Reformar el párrafo segundo del artículo 29 constitucional, relativo a las materias excluidas de los decretos de restricción o supresión de derechos.

El artículo 29 constitucional contempla el Estado de excepción, como un mecanismo para que el presidente de la República decrete, con la aprobación del Poder Legislativo federal, la suspensión o restricción de derechos para hacer frente a casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto.

El párrafo segundo de este artículo constitucional establece un catálogo de materias que quedan excluidas de los decretos por los que se suspenden o restringen derechos, el cual incluye la prohibición de la pena de muerte.

Considerando que, derivado de la propuesta integral contenida en la presente iniciativa de reformas constitucionales, la pena de muerte ya no estará prohibida en nuestro país, se estima pertinente eliminar dicha referencia.

4. Se adiciona un último párrafo a la fracción V del artículo 107 constitucional a efecto de que la Corte conozca de manera oficiosa los amparos promovidos contra la sentencia de pena de muerte.

Para mayor claridad sobre las disposiciones que se proponen reformar, se presenta el siguiente cuadro, que compara el texto vigente y el texto propuesto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

5. Disposiciones transitorias

Se proponen cinco artículos transitorios, a saber:

a) El primero, para determinar la entrada en vigor de las reformas constitucionales contenidas en el decreto que se propone, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación;

b) El segundo, para establecer el mandato constitucional de que, a la entrada en vigor del decreto que se propone, el Estado mexicano iniciará los trámites para la denuncia de los instrumentos internacionales en materia de pena de muerte, en los que es parte.

Al respecto, se estima que lo que primero que debe de ocurrir es la entrada en vigor del decreto de reforma constitucional, para que, una vez vigente la eliminación de la prohibición de la pena de muerte, el Estado mexicano inicie los trámites de denuncia de los instrumentos internacionales correspondientes, precisamente con fundamento en la presente reforma constitucional.

Esta lógica es congruente con: (i) la jerarquía normativa y el bloque de constitucionalidad previstos en el artículo 133 constitucional, y (ii) el siguiente criterio judicial emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rango de jurisprudencia:

“Derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, pero cuando en la constitución haya una restricción expresa al ejercicio de aquéllos, se debe estar a lo que establece el texto constitucional .

El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano.”

c) El tercero, para establecer el mandato constitucional de que, dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto que se propone, la Secretaría de Salud del gobierno de la república expedirá el instrumento administrativo que reglamente la aplicación de la pena de muerte como consecuencia jurídica de los delitos previstos en la legislación penal que la contemple. Dicho instrumento administrativo podría revestir la forma de un lineamiento, un manual o una Norma Oficial Mexicana, a fin de regular, desde el punto de vista técnico y desde el particular ámbito de atribuciones de la autoridad de la administración pública federal en materia de salud, la manera en que se aplicará la pena de muerte;

d) El cuarto, para establecer el mandato constitucional para que, dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto que se propone, las legislaturas de las entidades federativas, si así lo determina su autonomía, armonicen su marco jurídico a las disposiciones contenidas en el mismo, en lo relativo a:

1. La aplicación de la pena de muerte a los delitos de homicidio doloso cometido por reincidentes, y

2. Violación cuando dolosamente los autores o partícipes priven de la vida a su víctima.

e) El quinto, para establecer una formula residual a fin de derogar todas las disposiciones legislativas y reglamentarias que se opongan al decreto que se propone.

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se reforma el segundo y último párrafo del artículo 18; el primer párrafo del artículo 22; y el párrafo segundo del artículo 29; así como, se adiciona un último párrafo a la fracción V del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 18. ...

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley, excepto en los casos en que la legislación penal prevea la pena de muerte.

Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.

...

...

...

...

...

...

Para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada y delitos que merezcan pena de muerte se destinarán centros especiales. Las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor, e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos establecimientos. Lo anterior podrá aplicarse a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, en términos de la ley.

Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales.

Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.

...

I. a III. ...

Artículo 29. ...

En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.

...

...

...

Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

I. a IV. ...

...

V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes:

a) a d)

La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, del Fiscal General de la República, en los asuntos en que el Ministerio Público de la Federación sea parte, o del Ejecutivo federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, podrá conocer de los amparos directos que por su interés y trascendencia así lo ameriten.

En los amparos en los que el promovente controvierta la resolución definitiva en la que haya sido sentenciado con pena de muerte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ejerciendo su facultad de atracción, será el único órgano facultado para conocer y resolver este tipo de asuntos, para ello, se requerirá la aprobación de ocho votos en la que haya sido sentenciado con pena de muerte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ejerciendo su facultad de atracción, será el único órgano facultado para conocer y resolver este tipo de asuntos, para ello, se requerirá la aprobación de ocho votos.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. A la entrada en vigor del presente decreto, el Estado mexicano iniciará los trámites para la denuncia de los instrumentos internacionales en materia de pena de muerte, en los que es parte.

Tercero. Dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, la Secretaría de Salud del Gobierno de la República expedirá el instrumento administrativo que reglamente la aplicación de la pena de muerte como consecuencia jurídica de los delitos previstos en la legislación penal que la contemple.

Cuarto. Dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, las legislaturas de las entidades federativas armonizarán su marco jurídico a las disposiciones contenidas en el mismo, en lo relativo a la aplicación de la pena de muerte a los delitos de homicidio doloso cometido por reincidentes, y violación cometida por reincidentes o cuando dolosamente los autores o partícipes priven de la vida a su víctima.

Quinto. Se derogan todas las disposiciones legislativas y reglamentarias que se opongan al presente decreto.

Notas

1 Décima Época; Registro digital: 2005105; Instancia: Pleno; Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I; Materia (s): Constitucional; Tesis: P./J. 31/2013

(10a.) ; Página: 124

2 Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016; realizada por el Inegi. Para dar cumplimiento al mandato legal contenido en el artículo 29 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)

3 El Universal. Disponible en:
http://www.eluniversal.com.mx/blogs/observatorio-nacionalciudadano/
2017/08/11/reincidencia-delictiva-que-dicen-los-datos-y-la

4 Solís, L., de Buen, N., & Ley, S. (2012). La cárcel en México: ¿Para qué? Distrito Federal: México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas, AC.

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-81102017000100220#B22

5 Bravo, Amaia. «Evaluación de resultados de la ley de responsabilidad penal de menores. Reincidencia y factores asociados», s. f., 7.

6 Noticieros Televisa, México, 2018. Disponible en: https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/aumentandelitos-cometi dos-reincidentes-ciudad-mexico

7 BBC. Disponible en:
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/03/110324_mexico_ninos_soldados_narcotrafico

8 http://froji.mx/militares-los-otros-muertos-la-guerra-narco

9 Ossa, María Fernanda, “Aproximaciones conceptuales a la reincidencia penitenciaria”. Ratio Juris, núm. 14 (enero-junio 2012), 113-140,

http://132.248.9.34/hevila/Ratiojuris/2012/vol7/no14/4.p df

10 http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/unodc/wp-content/uploads/2018/01/en_nu meros2.pdf

11 Cfr. Gaceta Parlamentaria del Senado de la República de esta misma fecha.

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, sede de la Comisión Permanente durante el segundo receso del tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, a los seis días del mes de junio del año dos mil dieciocho.

Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, Junio 6 de 2018.)

Que reforma la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, recibida del diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 6 de junio de 2018

El suscrito, José Hernán Cortés Berumen, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; los numerales séptimo, octavo y décimo segundo del acuerdo parlamentario relativo a las sesiones y al orden del día, en la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión durante el segundo receso del tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, y 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en materia de apoyo a empresas de reciente creación, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

La Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas busca se generen oportunidades para que la juventud mediante sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son la ruta de acción para que encaren los grandes desafíos que se les presentan.

Un objetivo fundamental de la Agenda 2030 es que como sociedad se impulsen los liderazgos juveniles en el ámbito del desarrollo para que dialoguen, propongan y emprendan; es indispensable promover políticas públicas con una perspectiva de juventud y generar asociaciones multisectoriales que promuevan los derechos de la juventud. Sobre todo, es preciso seguir generando espacios y caminos para que la juventud esté en el centro de los planes de desarrollo nacionales y participe activamente en la elaboración y monitoreo de políticas y programas económicos, sociales y educativos.1

Conforme a cifras del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (Inegi), la Encuesta Intercensal 2015, arroja que la población joven de 15 a 29 años ascendió a 30.6 millones (25.7 por ciento) de la población nacional. 35.1 por ciento son adolescentes (15 a 19 años), 34.8 por ciento tienen de 20 a 24 años y 30.1 por ciento tienen de 25 a 29 años de edad.

Los jóvenes que han decidido emprender empresas cuyos servicios pueden ser contratados por el sector gubernamental para obra pública, se enfrentan a diversos retos, algunos en común con el resto de los jóvenes, como la falta de oportunidades por carencia de experiencia, y otras muy particulares como el retraso prolongado de pagos que los dejan sin liquidez toda vez que se trata de empresas noveles, con menor solvencia que las ya consolidadas y que merma su productividad.

“La productividad es una medida de lo bien que se han combinado y utilizado los recursos para cumplir los resultados específicos deseables. El concepto de productividad implica la interacción entre los distintos factores del lugar de trabajo. Estos factores determinantes incluyen:

• La calidad y disponibilidad de los materiales

• La escala de las operaciones y el porcentaje de utilización de la capacidad

• La disponibilidad y capacidad de producción de la maquinaria principal

• La actitud y el nivel de capacidad de la mano de obra

• La motivación y efectividad de los administradores

La productividad es importante en el cumplimiento de las metas nacionales, comerciales o personales.”2

Se necesita impulsar la productividad de las empresas noveles, lo cual además tiene un impacto positivo en empresas, que si bien no necesariamente son de reciente creación, no han incursado como contratistas del gobierno federal.

En la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, artículo 31, fracción XVI, refiere que las convocatorias a la licitación pública deben contener “La forma en que los licitantes acreditarán su experiencia y capacidad técnica y financiera que se requiera para participar en la licitación, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos”.

En ese mismo tenor, consideramos que las convocatorias deben prever ciertas consideraciones a empresas nuevas, normalmente conformadas por jóvenes, para que estas puedan adquirir experiencia, al tiempo que demuestra su valía y eficacia.

Por ello, esta iniciativa propone dar preferencia a las empresas nuevas, que no han ganado licitaciones con anterioridad, cuando se trate contrataciones de montos inferiores a diez mil unidades de medida y actualización.

Y a efecto de robustecer a las empresas de recién creación, pero también a las ya consolidadas, proponemos que en los contratos pactados sobre la base de precios unitarios, se dé un pago inicial de veinte por ciento antes del inicio de la obra, y que no pasen más de cuarenta y cinco días naturales para liquidar el monto total, después del día señalado para ello. En los contratos pactados a precio alzado, se podrá estipular una penalización ante el incumplimiento de los pagos en tiempo y forma.

Para un mayor entendimiento de la presente propuesta se compara el texto vigente con el proyecto de decreto planteado:

Por las consideraciones expuestas es que se somete a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Artículo Único. Se reforma el artículo 31, tercer párrafo y se adicionan un quinto párrafo al artículo 31, y un tercero y cuarto párrafos, recorriendo el tercer vigente al quinto párrafo, del artículo 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para quedar como sigue:

Artículo 31. ...

...

Previo a la publicación de la convocatoria a la licitación pública cuyo presupuesto estimado de contratación sea superior a diez mil unidades de medida y actualización, el proyecto de convocatoria deberá ser difundido a través de CompraNet, al menos durante diez días hábiles, lapso durante el cual éstas recibirán los comentarios pertinentes en la dirección electrónica que para tal fin se señale.

...

Cuando el presupuesto estimado de contratación sea inferior a diez mil unidades de medida y actualización, el proyecto de convocatoria procurará adjudicarse a empresas o personas físicas que no hayan sido contratadas previamente.

...

Artículo 45. ...

...

En los contratos pactados sobre la base de precios unitarios, en todo caso deberá darse un pago inicial del veinte por ciento antes del inicio de la obra, y no podrán pasar más de cuarenta y cinco días naturales para liquidar el monto total, después del día señalado para ello.

En los contratos pactados a precio alzado, se podrá estipular una penalización ante el incumplimiento de los pagos en tiempo y forma.

...

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 http://www.onu.org.mx/una-juventud-activa-comprometida-emprendedora-y-r esponsable-para-hacer-de-la-agenda-2030-una-realidad/ Consultado el 15 de mayo de 2018.

2http://www.ingenieria.unam.mx/~guiaindustrial/productiv idad/info/1/1.htm Consultado el 15 de mayo de 2018.

Senado de la República, sede de la Comisión Permanente, a 6 de junio de 2018.

Diputados: José Hernán Cortés Berumen, Juan Alberto Blanco Zaldívar (rúbricas).

(Turnada a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. Junio 6 de 2018.)


Actas

De la Comisión de Igualdad de Género, correspondiente a la reunión ordinaria efectuada el jueves 10 de diciembre de 2015

La presidenta, diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco: Solicito a la secretaría haga del conocimiento, el resultado del cómputo de Asistencia de diputadas y diputados de la Comisión de Igualdad de Género.

Lista de asistencia inicial y final y declaratoria de quórum

La secretaria diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández: Se informa a la presidencia que hay un registro previo de firmas, por tanto, hay quórum, señora presidenta.

Laura Nereida Plascencia Pacheco, presidenta; Sofía del Sagrario de León Maza, Carolina Monroy del Mazo, Erika Araceli Rodríguez Hernández, Carmen Salinas Lozano, Guadalupe González Suástegui, Janette Ovando Reazola, María Candelaria Ochoa Avalos, Angélica Reyes Ávila, Sasil Dora Luz de León Villar, secretarias; Karen Orney Ramírez Peralta, Lucely del Perpetuo Socorro Alpízar Carrillo, Erika Lorena Arroyo Bello, Ana María Boone Godoy, Patricia García García, Genoveva Huerta Villegas, Irma Rebeca López López, María Verónica Muñoz Parra, Karina Padilla Ávila, Flor Estela Rentería Medina, María Soledad Sandoval Martínez, Concepción Villa González, Hortensia Aragón Castillo, David Gerson García Calderón.

La presidenta, diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco: En virtud de que se contó con el quórum reglamentario, se abre la sesión.

Solicito a la secretaria dar lectura al orden del día, y consultar si es de aprobarse.

Lectura del orden del día

La secretaria diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández: Por instrucciones de la presidencia doy lectura al orden del día.

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la reunión anterior.

4. Listados de asuntos turnados a la comisión.

5. Presentación, análisis y aprobación de los coordinadores e integrantes de las subcomisiones.

6. Asuntos generales.

7. Clausura y convocatoria a la siguiente reunión ordinaria.

Es cuanto, presidenta.

Está a discusión el orden. No habiendo quien haga uso de la palabra, se consulta en votación económica si se aprueba el orden del día.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Gracias.

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Gracias.

Señorita presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta, diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco: Se aprueba el orden del día.

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la segunda reunión ordinaria de la comisión, en virtud de que ha sido distribuida a las y los integrantes de esta comisión, consulte la secretaría si se dispensa la lectura.

La secretaria diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández: Por instrucciones de la Presidencia consulto a la asamblea si se dispensa la lectura al acta de la segunda reunión ordinaria de la comisión, en virtud de que ha sido distribuida a las y los integrantes de esta comisión.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Gracias.

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Gracias.

Señorita presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta, diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco:

Se dispensa la lectura

Proceda la secretaría a poner a discusión el acta y consultar si es de aprobarse.

La Diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández: Por instrucciones de la presidencia está a discusión el acta, no habiendo quien haga uso de la palabra se consulta, en votación económica, si se aprueba el acta de la segunda reunión ordinaria.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Gracias.

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Gracias.

Señorita presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta, diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco: Se aprueba el acta de la segunda reunión ordinaria.

La presidenta, diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco: Esta presidencia informa que han turnado a esta comisión las siguientes iniciativas:

1. Que reforma los artículos 11 de la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia; 170 de la ley Federal del Trabajo, y 149 Ter del Código Penal Federal. Turnada a Comisiones Unidas de Igualdad de Género. y Trabajo y Prevención Social.

2. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Protección al Consumidor y la Ley Federal de protección al Consumidor y la Ley General de Acceso de las mujeres a una Vida Libre de Violencia. Turnada a Comisiones Unidas de Economía, y de Igualdad de Género.

3. Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Turnada a Comisiones Unidas de Salud y de Igualdad de Género.

Asimismo, se les informa que se recibieron oficios de solicitud para coordinar las subcomisiones de las diputadas:

• Carolina Monroy del Mazo

• Erika Rodríguez Hernández

• Sofía del Sagrario de León Maza

• Janette Ovando Reazola

• Karen Orney Ramírez Peralta

• María Candelaria Ochoa Avalos

La presidenta, diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco: El siguiente punto del orden del día es la aprobación de la integración de las subcomisiones, de conformidad con lo que establece el artículo 152 del reglamento de la Cámara de Diputados; pido a la secretaria dé lectura a la propuesta de integración de las subcomisiones.

La secretaria diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández: Por Instrucciones de la Presidencia doy lectura a la propuesta de integración de las subcomisiones:

• De Acceso a los Derechos Humanos

Diputadas: Érika Rodríguez Hernández, coordinadora; Angélica Reyes Ávila, Karina Padilla Ávila, Irma, Rebeca López López.

• De Seguridad y Justicia

Diputadas: Sofía del Sagrario de León Maza, coordinadora; Sasil Dora Luz de León Villard, Patricia García García, Lucely Alpízar Carrillo.

• De Régimen Político

Diputados: Carolina Monroy del Mazo, coordinadora; David Gerson García Calderón, Genoveva Huerta Villegas, María Verónica Muñoz Parra.

• De Régimen Electoral

Diputadas: Janette Ovando Reazola, coordinadora; Hortensia Aragón Castillo, María Soledad Sandoval Martínez, Flor Estela Rentería Medina.

• De Administración Pública

Diputadas: María Candelaria Ochoa Ávalos, coordinadora; Guadalupe González Suástegui, Carmen Salinas Lozano, Érika Lorena Arroyo Bello.

• De Estructura Democrática

Diputadas: Karen Orney Ramírez Peralta, coordinadora; Ana María Boone Godoy, Concepción Villa González.

La secretaria diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández: Por instrucciones de la presidencia está a discusión la integración de las subcomisiones, no habiendo quién haga uso de la palabra se consulta, en votación económica, si se aprueba la integración de las subcomisiones.

Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Gracias.

Las diputadas y diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Gracias.

Señorita presidenta, mayoría por la afirmativa.

La presidenta, diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco: Aprobada la integración de las subcomisiones.

El siguiente punto del orden del día se refiere a asuntos generales:

Agenda propuesta para la conmemoración del primer Congreso Feminista

• Que la comisión sesione en el Congreso local de Yucatán

• Que se lleven a cabo conversatorios donde se discutan y analicen temas actuales como el sufragio femenino, la paridad de género, la participación política de las mujeres en puestos de elección popular, la violencia política entre otros,

• Sesión solemne para inscribir en letras de oro en el muro de honor del recinto legislativo del estado de Yucatán, el nombre de la feminista y gran luchadora por los derechos de las mujeres Elvia Carrillo Puerto.

• Solicitar a las diputadas integrantes de la Comisión propuestas de ponentes.

¿Desea algún legislador hacer uso de la palabra?

Diputada María Candelaria Ochoa Avalos: Buenas Tardes. Traigo una lista de posibles invitadas al evento de Mérida, que quizá convendría informarles a todas. Entre las personas que me gustaría que invitáramos como comisión.

- Invitar como ponentes a la ahora titular de la Secretaría del Trabajo, María García; a la actual secretaria de Gobierno del Distrito Federal, Patricia Mercado, y a María Fernanda Rodríguez, confirmada además, a la doctora Marcela Lagarde, Martha Lucía Mícher Camarena, Elsa Conde, Adela Muñiz, Celia Cervantes, Hortensia Aragón, que además de ser diputada creo que es muy importante que este en este evento, a Patricia Patiño, Lorena Martínez, Patricia Olamendi, María de los Ángeles Moreno, Estefanía Vela, Mónica Mercado, entre más mujeres importantes menciono, la diputada Candelaria Ochoa. Entrego entonces mi lista de invitadas al evento.

La presidenta, diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco: Para conocimiento de las diputadas y diputados integrantes de esta comisión el tema que estaba haciendo referencia la diputada María Candelaria Ochoa es referente a la celebración solemne por el centésimo aniversario del Congreso Feminista.

La presidenta, diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco: Se levanta la sesión y cita para la próxima que se llevará a cabo, tentativamente, en el mes de enero.

La Comisión de Igualdad de Género

Diputadas y Diputados: Laura Nereida Plascencia Pacheco (rúbrica), presidenta; Sofía del Sagrario de León Maza, Carolina Monroy del Mazo (rúbrica), Erika Araceli Rodríguez Hernández (rúbrica), Carmen Salinas Lozano (rúbrica), Guadalupe González Suástegui (rúbrica), Janette Ovando Reazola, Karen Orney Ramírez Peralta (rúbrica), María Candelaria Ochoa Avalos (rúbrica), Sasil Dora Luz de León Villar, Angélica Reyes Ávila (rúbrica), secretarias; Lucely del Perpetuo Socorro Alpízar Carrillo (rúbrica), Hortensia Aragón Castillo (rúbrica), Erika Lorena Arroyo Bello (rúbrica), Ana María Boone Godoy (rúbrica), David Gerson García Calderón (rúbrica), Patricia García García, Genoveva Huerta Villegas (rúbrica), Irma Rebeca López López (rúbrica), María Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Karina Padilla Ávila (rúbrica), Flor Estela Rentería Medina (rúbrica), María Soledad Sandoval Martínez, Concepción Villa González (rúbrica).

De la Comisión de Pesca, correspondiente a la vigésima cuarta reunión ordinaria, efectuada miércoles 11 de abril de 2018

A las 16:20 horas del día 11 de abril de 2018, en el salón E del edificio G de la Cámara de Diputados, situada en avenida Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, se reunieron legisladores integrantes de la Comisión de Pesca, para proceder al desahogo del siguiente orden del día:

1. Registro de asistencia y verificación de quórum

Se registraron los diputados cuyos nombres se citan a continuación:

Próspero Manuel Ibarra Otero, presidente, Efraín Arellano Núñez, Joaquina Viveros Córdoba, Blandina Ramos Ramírez, Edgar Spinoso Carrera, secretarios; y los integrantes: María Elena Castro Terrazas, Oswaldo Guillermo Cházaro Montalvo, Juan Luis de Anda Mata, Erick Arturo Figueroa Ovando, Moisés Guerra Mota, Esdras Romero Vega y la Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo.

En virtud de que se contó con el quórum reglamentario, el presidente de la comisión, diputado Próspero Manuel Ibarra Otero, dio por iniciada la vigésima cuarta reunión ordinaria.

2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día

Acto seguido, el diputado presidente de la comisión, Próspero Manuel Ibarra Otero, sometió a consideración de los integrantes, el contenido del orden del día.

Los diputados aprobaron por unanimidad todos los puntos del Orden del Día.

3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior

En virtud de que el proyecto de acta de la reunión anterior fue distribuido con anterioridad, se dispensó su lectura, y el diputado presidente de la comisión, Próspero Manuel Ibarra Otero, sometió a consideración de los integrantes, su aprobación.

Los diputados aprobaron por unanimidad el acta de la reunión anterior.

4. Presentación, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, presentada por el diputado Víctor Ibarra Montoya

En este punto del orden del día el diputado presidente, Prospero Ibarra, abordó lo referente al proyecto de dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables presentada por el diputado Víctor Ibarra Montoya en el mes de noviembre del año 2017.

El diputado presidente informó que el objetivo de la iniciativa es prohibir la comercialización de las especies marlín, pez vela, pez espada, sábalo o chiro, pez gallo y dorado. Donar las especies destinadas a la pesca deportivo-recreativa capturadas incidentalmente a los permisionarios de la pesca didáctica o bien de la pesca de fomento e incluir a las infracciones la simulación de actos de captura incidental.

El diputado Ibarra Otero abundó que, si bien es un tema muy importante para la preservación de las especies y para encaminar las prácticas de pesca deportiva a un mejor aprovechamiento sustentabilidad, el proyecto de dictamen que se propuso a consideración era en sentido negativo.

Lo anterior informó luego del análisis que el área técnica realizó al proyecto considerando principalmente las opiniones de los centros de estudios de la Cámara de Diputados.

Indicó que de las opiniones analizadas se determinó que si bien la propuesta cumple con las consideraciones que debe tener una iniciativa respecto a la materia, no existe un vacío jurídico en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables porque sí se señala el destino final del producto de la pesca deportiva y las sanciones que se llevarían a cabo, y a su vez y aunado a lo anterior existe en específico a una norma oficial mexicana que indica que los productos resultantes de la pesca deportiva no podrán comercializarse Estableciendo las especificaciones para su aprovechamiento.

Al atender las dudas y consideraciones respecto al dictamen y una vez participado los oradores registrados para uso de la voz durante la discusión del tema, se procedió a la votación económica, aprobándose en sus términos el dictamen por mayoría.

5. Presentación, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, por medio de la Semar y la Sagarpa-Conapesca combata la pesca ilegal, presentada por la diputada María Rocha Ladrón de Guevara

En este punto del orden del día, el diputado presidente Próspero Ibarra, abordó lo referente al proyecto de dictamen de la Proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Sagarpa, la Semar, y a la Conapesca, para que se combata la pesca ilegal, presentada por la diputada María Rocha Ladrón de Guevara.

El diputado Ibarra Otero destacó que, desde mediados del año 2017 la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca dio inicio a la instalación de dispositivos de monitoreo en la flota menor, hecho sin precedentes a nivel mundial, que contribuye a mejorar la sustentabilidad y beneficiar a la protección de especies mediante el monitoreo de las operaciones pesqueras.

Lo anterior, indicó, con la finalidad de reforzar las tareas de inspección y vigilancia que realizan la Conapesca y la Secretaría de Marina, donde se cuenta con tecnología satelital, qué es un referente internacional que permite monitorear en tiempo real con precisión la ubicación y trayectoria del 100 por ciento de las embarcaciones mayores de la flota pesquera.

El diputado presidente informó que el dictamen de la proposición se presenta en sentido positivo, pues lo diputados integrantes de la comisión reconocen como una prioridad la atención de las demandas de los pescadores, y en este caso de los legisladores que solicitan mayor vigilancia para las actividades del sector. Indicó además que ningún exhorto en este sentido está demás para hacer un llamado a las dependencias y sus órganos que tengan facultad de respecto a la materia para que implementen y en su caso continúen, como ya lo ha venido haciendo la Conapesca con el fortalecimiento de las medidas de inspección y vigilancia para con las actividades del sector.

Al no haber oradores registrados para uso de la voz durante la discusión del tema, se procedió a la votación económica, aprobándose en sus términos el dictamen.

Asuntos generales

En este punto del orden del día, el diputado presidente consultó a los integrantes si deseaban incluir asuntos generales en la reunión, y al no haber oradores registrados procedió a la clausura.

Clausura

Una vez desahogados los puntos del orden del día, el diputado presidente de la Comisión de Pesca, Próspero Manuel Ibarra Otero, agradeció la participación de los diputados asistentes, y dio por concluida la reunión ordinaria.

Dado en el Palacio Legislativo, a los 11 días del mes de abril de 2018.

La Comisión de Pesca

Diputados: Próspero Manuel Ibarra Otero (rúbrica), presidente, Efraín Arellano Núñez (rúbrica), Ascención Reyes Santiago, Joaquina Vivero Córdoba (rúbrica), Candelario Pérez Alvarado (rúbrica), Blandina Ramos Ramírez (rúbrica), Virgilio Mendoza Amezcua, Edgar Spinoso Carrera, secretarios; Lucely del Perpetuo Socorro Alpízar (rúbrica), María Elena Castro Terrazas (rúbrica), Oswaldo Guillermo Cházaro (rúbrica), Juan Luis de Anda Mata (rúbrica), Erick Arturo Figueroa Ovando (rúbrica), Moisés Guerra Mota, Wenceslao Martínez Santos (rúbrica), Nelly del Carmen Márquez Zapata, Esdras Romero Vega (rúbrica), Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo (rúbrica), Julio César Tinoco Oros (rúbrica), Nicolás Toledo Soto.


Informes

De la Comisión de Defensa Nacional, segundo semestral de actividades del tercer año legislativo, correspondiente al periodo del jueves 1 de marzo al jueves 31 de mayo de 2018

La Comisión de Defensa Nacional de la LXIII Legislatura rinde su segundo informe semestral de actividades del tercer año de ejercicio legislativo, correspondiente al período del 1 de marzo al 31 de mayo de 2018, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45, numeral 6, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 150, numeral 1, fracción X; 158, numeral 1, fracción III; 164 y 165, numerales 1 y 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y 53 del Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados.

I. Presentación

La Comisión de Defensa Nacional es una de las 52 comisiones ordinarias establecidas por el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para analizar y dictaminar las iniciativas con proyecto de decreto que le son turnadas, así como atender los asuntos de su competencia.

Al concluir el segundo período de sesiones ordinarias correspondiente al tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, la Comisión de Defensa Nacional presenta su Segundo Informe Semestral de Actividades del Tercer Año Legislativo.

El presente informe abarca:

-El segundo período ordinario de sesiones del 1 de febrero al 30 de abril de 2018.

-El período de receso del mes de mayo.

A lo largo de la Legislatura LXIII, la Comisión de Defensa Nacional se ha distinguido por impulsar, a través de su labor parlamentaria, el debate y la discusión a favor de las mujeres y los hombres que integran las fuerzas armadas mexicanas, que, con honor, lealtad y patriotismo sirven a nuestra nación.

En un período de sesiones de mucha actividad, las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Defensa Nacional llevaron a cabo principalmente la discusión, análisis y votación de las iniciativas con proyecto de decreto en materia de la Ley del Servicio Militar, de la Ley de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Bajo los principios de independencia e imparcialidad y en cumplimiento a sus atribuciones, la Comisión de Defensa Nacional encauzó la resolución a dichas iniciativas con proyecto de decreto.

Por lo anterior, a casi el término del trabajo legislativo, se da cuenta en este documento de las actividades generadas al pleno de la Comisión de Defensa Nacional, se presentan a detalle los asuntos que le han sido turnados, el trámite que se les ha dado y el estatus en que se encuentran.

Los resultados han sido favorables y el avance de la Comisión es destacable.

II. Integración de la Comisión de Defensa Nacional

La Comisión de Defensa Nacional se encuentra integrada por 25 diputados federales. La Junta Directiva de la Comisión se constituye por una presidencia y 12 secretarios, con base en los criterios de proporcionalidad y pluralidad.

La representación de los diputados por grupo parlamentario es la siguiente:

La Junta Directiva se integra de la siguiente manera:

Durante el período que se informa, se presentaron los siguientes movimientos en la Comisión:

El 8 de marzo de 2018, con el oficio número D.G.P.L. 63-II-8-5911 de la Mesa Directiva se dio cuenta del alta como integrante de la Comisión a la diputada Perla Pérez Reyes.

El 22 de marzo de 2018, con el oficio número D.G.P.L. 63-II-8-6154 de Mesa Directiva se dio cuenta de las siguientes modificaciones de la Comisión:

-Luis Alejandro Guevara Cobos causó baja como secretario.

-Carlos Barragán Amador causó alta como secretario

-Yaret Adriana Guevara Jiménez causó baja como integrante

El 5 de abril de 2018, con el oficio número D.G.P.L. 63-II-8-6353 de Mesa Directiva, se dio cuenta de la baja y de las altas de las siguientes diputadas:

-Yaret Adriana Guevara Jiménez causó alta como integrante

-María Guadalupe Murguía Gutiérrez causó baja como secretaria

-Alejandra Iturbe Rosas causó alta como secretaria

El 10 de abril de 2018, con el oficio número D.G.P.L. 63-II-8-6517 de Mesa Directiva, se dio cuenta de la modificación de la siguiente forma:

-Carlos Sarabia Camacho causó baja como secretario

-Manuel León Chávez causó alta como secretario

Integración de la Comisión de Defensa Nacional al 28 de febrero de 2018

Virgilio Daniel Méndez Bazán, presidente (PRI); Carlos Barragán Amador (PRI), Fabiola Rosas Cuautle (PRI), Manuel León Chávez (PRI), Luis Felipe Vázquez Guerrero (PRI), J. Apolinar Casillas Gutiérrez (PAN), Claudia Sánchez Juárez (PAN), Alejandra Iturbe Rosas (PAN), Cristina Ismene Gaytán Hernández (PRD), Daniela García Treviño (PVEM), Alfredo Basurto Román (Morena), Sara Paola Galico Félix Díaz (Morena) y Adán Pérez Utrera (MC), secretarios.

César Alejandro Domínguez Domínguez, Perla Pérez Reyes, Carlos Federico Quinto Guillén y Jesús Enrique Jackson Ramírez (PRI); Patricia Sánchez Carrillo y Elva Lidia Valles Olvera (PAN); Guadalupe Acosta Naranjo (PRD), Yaret Adriana Guevara Jiménez (PVEM), Otniel García Navarro y Maricela Contreras Julián (Morena), integrantes.

III. Trabajo Legislativo

3.1. Reuniones de trabajo

20 de marzo de 2018

Décimo novena reunión de Junta Directiva y décimo quinta reunión ordinaria de la Comisión de Defensa Nacional

Asunto: Revisión, análisis y discusión de los siguientes asuntos:

a) Dictamen que desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 12, 18, 40, 42, y 46 de la Ley del Servicio Militar.

b) Dictamen que desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción I Bis al artículo 71 Ter y una fracción Bis al párrafo cuarto del artículo 79 del Código de Justicia Militar.

Acuerdo: Aprobación total de los asuntos.

Lugar y hora de inicio: Zona C del edificio G de Los Cristales 9:00 horas.

Asistentes a la reunión de Junta Directiva: Diputados Virgilio Daniel Méndez Bazán, Luis Felipe Vázquez Guerrero, J. Apolinar Casillas Gutiérrez, Cristina Ismene Gaytán, Alfredo Basurto Román, Sara Paola Galico Félix Díaz y Adán Pérez Utrera.

Asistentes a la reunión ordinaria: Diputados Virgilio Daniel Méndez Bazán, Luis Felipe Vázquez Guerrero, J. Apolinar Casillas Gutiérrez, Cristina Ismene Gaytán, Alfredo Basurto Román, Sara Paola Galico Félix Díaz, Adán Pérez Utrera, Juan Manuel Cavazos Balderas, Jesús Enrique Jackson Ramírez, Carlos Federico Quinto Guillén, Perla Pérez Reyes, Patricia Sánchez Carrillo, Armando Soto Espino y Yaret Adriana Guevara Jiménez.

5 de abril de 2018

Vigésima reunión de Junta Directiva y tercera reunión extraordinaria de la Comisión de Defensa Nacional

Asunto: Revisión, análisis y discusión de los siguientes asuntos:

a) Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que deroga diversas disposiciones de la Ley del Servicio Militar.

Acuerdos: Aprobación total de los asuntos.

Lugar y hora de inicio: Salón F del edificio G de Los Cristales. 10:00 horas.

Asistentes a reunión de Junta Directiva: Diputados Virgilio Daniel Méndez Bazán, Carlos Barragán Amador, Fabiola Rosas Cuautle, Luis Felipe Vázquez Guerrero, J. Apolinar Casillas Gutiérrez, Cristina Ismene Gaytán, Daniela García Treviño y Adán Pérez Utrera.

Asistentes a la reunión ordinaria: Diputados Virgilio Daniel Méndez Bazán, Carlos Barragán Amador, Fabiola Rosas Cuautle, Luis Felipe Vázquez Guerrero, J. Apolinar Casillas Gutiérrez, Cristina Ismene Gaytán, Daniela García Treviño, Adán Pérez Utrera, Juan Manuel Cavazos Balderas, Perla Pérez Reyes, Carlos Federico Quinto Guillén, Patricia Sánchez Carrillo y Maricela Contreras Julián.

19 de abril de 2018

Vigésima primera reunión de Junta Directiva y cuarta reunión extraordinaria de la Comisión de Defensa Nacional

Asunto: Revisión, análisis y discusión del siguiente asunto:

c) Dictamen de la Minuta con proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 152 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

d) Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 55, 57 y 135 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

e) Dictamen que desecha la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 88 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Acuerdos: Aprobación total de los asuntos.

Lugar y hora de inicio: Zona C, edificio G, Los Cristales, 9:30 horas.

Asistentes a reunión de Junta Directiva: Diputados Virgilio Daniel Méndez Bazán, Carlos Barragán Amador, Fabiola Rosas Cuautle, Manuel León Chávez, Luis Felipe Vázquez Guerrero, J. Apolinar Casillas Gutiérrez, Alejandra Iturbe Rosas, Claudia Sánchez Juárez, Cristina Ismene Gaytán Hernández, Alfredo Basurto Román y Adán Pérez Utrera.

Asistentes a la reunión extraordinaria: Diputados Virgilio Daniel Méndez Bazán, Carlos Barragán Amador, Fabiola Rosas Cuautle, Manuel León Chávez, Luis Felipe Vázquez Guerrero, J. Apolinar Casillas Gutiérrez, Alejandra Iturbe Rosas, Claudia Sánchez Juárez, Cristina Ismene Gaytán Hernández, Alfredo Basurto Román, Adán Pérez Utrera, Perla Pérez Reyes, Carlos Federico Quinto Guillén, Patricia Sánchez Carillo, Elva Lidia Valles Olvera, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Maricela Contreras Julián y Otniel García Navarro.

3.2. Relación de asuntos turnados en el primer período de sesiones del tercer año legislativo

De los siete asuntos que fueron turnados a esta Comisión durante el segundo periodo de sesiones del tercer año legislativo, se ha dictaminado el 60 por ciento, siendo las iniciativas pendientes en Comisiones Unidas y aquéllas que apenas fueron turnadas, lo cual posiciona a la Comisión como una de las más productivas de la Cámara de Diputados durante la LXIII Legislatura.

3.3. Relación de asuntos dictaminados

Cuadro histórico de asuntos dictaminados al primer período de sesiones del tercer año legislativo:

3.3.1. Asuntos dictaminados a favor

1. Fecha: 14 de marzo de 2018

Iniciativa con proyecto de decreto que deroga diversas disposiciones de la Ley del Servicio Militar

Propone: Licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de la República Mexicana.

Resumen: El suprimir que se admitirán menores de 18 años y mayores de 16 años de edad, en las unidades de transmisiones para su preparación como técnicos mediante contrato con el Estado que no deberá exceder de cinco años. Y eliminar la disposición que establece la obtención del anticipo de la incorporación en el activo, únicamente, quienes deseen salir del país en la época en que les corresponde prestar servicios, si son mayores de 16 años al solicitar la incorporación y quienes por razón de sus estudios les sea menester hacerlo así y respecto al número máximo de los individuos que puedan obtener el anticipo de su incorporación. En el régimen transitorio se prevé un plazo de ciento ochenta días para adecuar el Reglamento de la Ley.

Estatus: Aprobada en la Cámara de Diputados el jueves 18 de abril de 2018.

Turnado a la Cámara de Senadores

2. Fecha: 13 de abril de 2018

Minuta con proyecto de decreto que adiciona dos párrafos al artículo 152 de la Ley de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas

Propone: Cámara de Senadores

Resumen: Establecer que, a solicitud expresa del personal militar femenino, previa autorización escrita del médico de la institución de seguridad social que le corresponda, tomando en cuenta la naturaleza del trabajo que desempeñe, se podrá transferir hasta medio mes del mes de descanso previo al parto para después del mismo. En caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta medio mes adicional posterior al parto, lo cual deberá ser comprobado con los dictámenes expedidos por médicos militares o navales especialistas en servicio activo.

Estatus: Aprobada en la Comisión de Defensa Nacional y enviada a Mesa Directiva el 19 de abril de 2018

3. Fecha 13 de abril de 2018

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 55, 57 y 135 de la Ley de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Propone: Diputado Virgilio Daniel Méndez Bazán

Grupo Parlamentario: Partido Revolucionario Institucional

Resumen: Solicitar su permanencia o ingreso de la prestación de vivienda a la cónyuge, concubina o concubinario que adquiere el carácter de pensionista, previa solicitud y cumplimiento de los requisitos que se fijen, en caso del fallecimiento del militar.

Estatus: Aprobada en la Comisión de Defensa Nacional y enviada a Mesa Directiva el 19 de abril de 2018.

3.3.2. Asuntos dictaminados en sentido negativo

1. Fecha: 31 de noviembre de 2017

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 12, 18, 40, 42 y 46 de la Ley del Servicio Militar.

Propone: Diputada María García Pérez

Grupo Parlamentario: Partido Acción Nacional

Resumen: Establecer dentro del servicio militar el adiestramiento, capacitación, actualización en materia de rescate y para maniobras tendentes al apoyo de la población civil en casos de desastre naturales.

Estatus: Dictamen aprobado el martes 20 de marzo de 2018, se considera asunto totalmente concluido.

2. Fecha: 16 de enero de 2018

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 71 Ter y 79 del Código de Justicia Militar

Propone: Diputada María Eugenia Ocampo Bedolla

Grupo Parlamentario: Nueva Alianza

Resumen: Incluir a las atribuciones de los jueces militares de control, resolver sobre los casos de flagrancia o causa urgente. Contener en el registro de detención que realicen la Policía Ministerial Militar y el Ministerio Público la constancia de que al momento de la detención se hizo del conocimiento del detenido, los derechos y garantías que en su favor consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su omisión dará lugar a imponer las sanciones correctivas, administrativas o penales.

Estatus: Dictamen aprobado el martes 20 de marzo de 2018, se considera asunto totalmente concluido.

3. Fecha: 16 de enero de 2018

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 88 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos

Propone: Congreso del estado de Colima

Resumen: Exceptuar el decomiso de armas para ser destruidas las de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea que se destinarán a las instituciones de seguridad pública de la federación, de los estados y municipios que así lo soliciten.

Estatus: Dictamen aprobado el jueves 19 de abril de 2018, se considera asunto totalmente concluido.

3.4 Asuntos Pendientes de dictaminar

De acuerdo al plazo para emitir dictamen establecido en el Reglamento de la Cámara de Diputados (artículo 182)

1. Fecha: 17 de abril de 2018

Fecha de recibido: 18 de abril de 2018

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 2o. de la Ley Orgánica de la Armada de México (en materia de derechos humanos)

Propone: Diputado Álvaro Ibarra Hinojosa

Grupo Parlamentario: Partido Revolucionario Institucional

Turnada a las Comisiones Unidas de Marina y Defensa Nacional

Resumen: Incluir a las atribuciones de la Armada de México, implementar las acciones necesarias para proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos dentro del ámbito de sus competencias.

Estatus: Pendiente de dictaminar.

2. Fecha: 17 de abril de 2018

Fecha de recibido: 18 de abril de 2018

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 6o. de la Ley de Educación Militar del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos

Propone: Diputado Álvaro Ibarra Hinojosa

Grupo Parlamentario: Partido Revolucionario Institucional

Turnada a las Comisión de Defensa Nacional

Resumen: Incluir a las finalidades de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, impartir al personal militar los conocimientos jurídicos a nivel de educación media superior y superior para el cumplimiento de las misiones de las armas y servicios propios del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Estatus: Pendiente de dictaminar.

3. Fecha: 19 de abril de 2018

Fecha de recibido: 20 de abril de 2018

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 84 y 84 Ter de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos

Propone: Diputados integrantes del Partido Acción Nacional

Resumen: -Busca establecer que cuando se acredite por la autoridad competente que alguna de las armas, municiones, cartuchos, explosivos o materiales de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea fuese utilizada en la comisión de algún otro delito, los sujetos serán asimismo responsables de la reparación del daño causado a las victimas u ofendidos.

-Además de incluir al servidor público de la administración general de aduanas para quienes se les aumentará hasta en una mitad las penas de los artículos 82, 83, 83 Bis, 83 Ter, 83 Quat (sic), 84 y 84 Bis de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Estatus: Pendiente de dictaminar.

4. Fecha: 24 de abril de 2018

Fecha de recibido: 25 de abril de 2018

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 27 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas

Propone: Diputado Alfredo Basurto Román

Grupo Parlamentario: Movimiento de Regeneración Nacional

Resumen: Incluir que a los militares que por resolución definitiva pasen a situación de retiro, ascenderán al grado inmediato, para todo lo relacionado con dicha situación, esto es, la suma de derechos y obligaciones que establecen los ordenamientos legales en la materia y para el cálculo del beneficio económico correspondiente, considerando los años de servicios en relación con el tiempo en el grado, de acuerdo con la tabla.

Estatus: Pendiente de dictaminar.

IV. Relación de asistencias

Reuniones plenarias de la Comisión

V. Relación de asistencias de Junta Directiva

VI. Visitas de Trabajo

El pasado 7 de marzo de 2018, se envió la formal invitación a la visita de trabajo al Hospital Central Militar y al Centro Militar de Ciencias de la Salud (Cemicsa), ubicados en la Ciudad de México, a los diputados integrantes de la Comisión de Defensa Nacional, como parte de las actividades de la Comisión vinculado con la Secretaria de la Defensa Nacional.

Durante la visita de trabajo, los diputados conocieron las modernas instalaciones del Hospital Central Militar y las áreas del acelerador lineal del área de radio oncología, servicios de oftalmología, del centro oncológico, departamento de hemodinamía y area de medicina física y rehabilitación

Finalmente, en el Centro Militar de Ciencias de la Salud, los diputados recorrieron las áreas deportivas, aulas y los diversos laboratorios del centro.

Para concluir los diputados asistentes fueron testigos de primera mano de las instalaciones militares, del personal militar que labora ahí, sus actividades y la inversión y distribución presupuestal para ese importante aspecto de las fuerzas armadas mexicanas.

VII. Administración

Se han ejercido los recursos asignados, de acuerdo a los criterios de gasto autorizados conforme a las normas administrativas y financieras de la Cámara de Diputados, los cuales se encuentran debidamente comprobados en apego a lo establecido en la norma que regula los presupuestos operativos de comisiones o comités.

Junta Directiva Comisión de Defensa Nacional

Diputados: Virgilio Daniel Méndez Bazán (rúbrica), presidente; Carlos Barragán Amador, Manuel León Chávez (rúbrica), Fabiola Rosas Cuautle (rúbrica), Luis Felipe Vázquez Guerrero (rúbrica), J. Apolinar Casillas Gutiérrez (rúbrica), Alejandra Iturbe Rosas (rúbrica), Claudia Sánchez Juárez (rúbrica), Cristina Ismene Gaytán Hernández (rúbrica), Daniela García Treviño (rúbrica), Alfredo Basurto Román (rúbrica) y Adán Pérez Utrera (rúbrica), secretarios.

De la Comisión de Pesca, sexto semestral de actividades, correspondiente al periodo marzo-mayo de 2018

I. Fundamento legal

Como resultado del acuerdo por el que se constituyen 56 comisiones ordinarias de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, aprobado en sesión ordinaria por el pleno el 30 de septiembre de 2015; y del acuerdo por el cual se conoce su integración, publicado en la Gaceta Parlamentaria el martes 6 de octubre del mismo año, con fecha 14 de octubre de 2015 se instaló la Comisión de Pesca, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Con fundamento en lo establecido en los artículos 45, numeral 6, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 165, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Pesca de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión rinde el sexto informe semestral de actividades, correspondiente al periodo 1 de marzo-31 de mayo de 2018.

II. Junta directiva e Integrantes

La Comisión de Pesca se forma por 20 diputados, pertenecientes a distintos grupos parlamentarios. La integración fue establecida por la Junta de Coordinación Política, respetando los criterios de proporcionalidad, conforme a los principios de equidad, pluralidad, equilibrio y plena certeza jurídica.

Diputados: Próspero Manuel Ibarra Otero (Partido Revolucionario Institucional, PRI), presidente; Efraín Arellano Núñez (PRI), Ascención Reyes Santiago (PRI), Joaquina Viveros Córdoba (PRI), Candelario Pérez Alvarado (Partido de la Revolución Democrática, PRD), Blandina Ramos Ramírez (Movimiento Regeneración Nacional), Virgilio Mendoza Amezcua (Partido Verde Ecologista de México), Édgar Spinoso Carrera (sin partido), secretarios; Lucely del Perpetuo Socorro Alpízar Carrillo (PRI), María Elena Castro Terrazas (Partido Acción Nacional, PAN), Oswaldo Guillermo Cházaro Montalvo (PRI), Juan Luis de Anda Mata (PAN), Érick Arturo Figueroa Ovando (PRD), Moisés Guerra Mota (Movimiento Ciudadano), Wenceslao Martínez Santos (PAN), Nelly del Carmen Márquez Zapata (PAN), Esdras Romero Vega (PRI), Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo (PRI), Julio César Tinoco Oros (Partido Encuentro Social), Nicolás Toledo Soto (PAN).

III. Cambios en la integración de la comisión

En el periodo comprendido en el informe se comunicaron las siguientes altas y bajas de integrantes:

1. Con fecha 8 de marzo de 2018, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta a esta comisión mediante oficio la baja como integrante de este órgano legislativo del diputado Diego Valente Valera Fuentes, del PRD, y el alta como Integrante del diputado Érick Arturo Figueroa Ovando, del mismo grupo parlamentario.

2. Con fecha 13 de marzo de 2018, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta a esta comisión mediante oficio la baja como secretario de este órgano legislativo del diputado Jesús Antonio López Rodríguez, del PAN, y el alta como integrante del diputado Juan Luis de Anda Mata, del mismo grupo parlamentario.

3. Con fecha 5 de abril de 2018, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta a esta comisión mediante oficio la baja como secretario de este órgano legislativo del diputado Víctor Ernesto Ibarra Montoya, del PAN, y el alta como secretario del diputado Nicolás Toledo Soto, del mismo grupo parlamentario.

4. Con fecha 12 de abril de 2018, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta a esta comisión mediante oficio el alta como integrante de este órgano legislativo del diputado Julio César Tinoco Oros, del Grupo Parlamentario del PRD.

5. Con fecha 24 de abril de 2018, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta a esta comisión mediante oficio la baja como secretaria de este órgano legislativo de la diputada Paola Iveth Gárate Valenzuela, del PRI, y el alta como secretario del diputado Ascensión Reyes Santiago, del mismo grupo parlamentario.

IV. Asuntos turnados por la Mesa Directiva

A la Comisión de Pesca, a través de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en el periodo 1 de marzo-31 de mayo de 2018 fue turnado el siguiente número de asuntos para su debido proceso de dictamen:

• Una minuta;

• Dos iniciativas de reforma de ley; y

• Una proposición con punto de acuerdo, para su proceso de dictamen.

a) Minutas con proyecto de decreto

1. Por el que se adiciona la fracción XVI al artículo 20 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, turnada por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a la Comisión de Pesca el 1 de marzo de 2018 y recibida en ésta el 2 de marzo.

b) Iniciativas con proyecto de decreto

1. Que adiciona el artículo 4o. de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

Presentada el 13 de marzo de 2018 por el diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD, fue turnada a la Comisión de Pesca.

2. Que reforma y adiciona los artículos 2o., 22 y 23 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

Presentada el 4 de abril de 2018 por la diputada María Elena Castro Terrazas, del Grupo Parlamentario del PRI.

c) Proposiciones con punto de acuerdo

1. Por el que se exhorta a la Sagarpa, la Semar y la Conapesca a fortalecer las acciones para combatir la pesca ilegal en todo el territorio nacional.

Presentada el 13 de marzo de 2018 por la diputada Dalia María Rocha Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, y recibida en la Comisión de Pesca el 14 de marzo del mismo año, se aprobó en la vigésima cuarta reunión ordinaria, de fecha 11 de abril de 2018.

V. Avances en el cumplimiento del programa anual de trabajo

Con fecha 4 de octubre de 2017, los integrantes aprobaron el programa anual de trabajo correspondiente al periodo 2017-2018.

El avance en el cumplimiento del programa de trabajo en el periodo 1 de marzo-31 de mayo de 2018 se refleja en el desarrollo de las actividades siguientes:

• 3 reuniones ordinarias; y

• 4 reuniones de trabajo, con representantes del sector pesquero y acuícola nacional, sector peces de ornato y sociedades cooperativas de Veracruz.

VI. Resumen de las actas de cada reunión

Reuniones ordinarias

1. Vigésima segunda

Celebrada el 1 de marzo de 2018, en el vestíbulo del edificio E de la Cámara de Diputados.

Se contó con el registro de asistencia de los siguientes

Diputados: Próspero Manuel Ibarra Otero, presidente; Joaquina Viveros Córdoba, Jesús Antonio López Rodríguez, Candelario Pérez Alvarado, Blandina Ramos Ramírez, secretarios; David Aguilar Robles, Lucely del Perpetuo Socorro Alpízar Carrillo, María Elena Castro Terrazas, Oswaldo Guillermo Cházaro Montalvo, Moisés Guerra Mota, Mario Ariel Juárez Rodríguez, Wenceslao Martínez Santos, Esdras Romero Vega, Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo.

Una vez aprobados el orden del día y el acta de la reunión anterior, el presidente procedió a someter a discusión los dictámenes y asuntos enumerados en el orden del día, que se detallan a continuación:

Respecto al análisis de objetivos para la reunión con el sector pesquero y acuícola nacional, en torno al proyecto de Ley General de Biodiversidad, el presidente Próspero Ibarra, abordó lo referente al objetivo de la reunión que se tendría posteriormente con integrantes del sector pesquero y acuícola nacional, en el mismo lugar.

Comentó que el objetivo principal es realizar un acercamiento con integrantes del sector, representantes de la sociedad civil, de la academia, el gobierno federal y los gobiernos estatales con la finalidad, de plantearles el panorama respecto al proyecto de la Ley General de Biodiversidad, tema que, dijo, nos ha ocupado y preocupado en fechas recientes.

Informó que el proyecto de Ley General de Biodiversidad que tiene la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, es muy novedoso para la legislación mexicana por regular por primera vez a la biodiversidad con base en sus tres niveles definidos que son genes, especies y hábitats, sin embargo, en la materia pesquera y acuícola, atenta contra el sector al ser restrictivo impreciso y conferir facultades extraordinarias a la Semarnat, además de que se corre el riesgo de invadir competencias de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

Expuso que entre sus puntos principales prohíbe expresamente la extracción y aprovechamiento de la tortuga marina y elasmobranquios que son tiburones y rayas, y que esto último impactara al sector pesquero directamente al igual que no precisa si permite o no las actividades de pesca y acuacultura y no incluye a organismos como el Inapesca en la participación en las funciones de investigación.

Una vez desahogados los puntos del orden del día, el presidente agradeció la participación de los asistentes, y dio por concluida la reunión ordinaria.

2. Vigésima tercera

Celebrada el 14 de marzo de 2018, en el salón D del edificio G de la Cámara de Diputados.

Se contó con el registro de asistencia de los siguientes

Diputados: Próspero Manuel Ibarra Otero, presidente; Efraín Arellano Núñez, Joaquina Viveros Córdoba, Édgar Spinoso Carrera, secretarios; David Aguilar Robles, María Elena Castro Terrazas, Oswaldo Guillermo Cházaro Montalvo, Wenceslao Martínez Santos, Esdras Romero Vega, Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, Érick Arturo Figueroa Ovando, Juan Luis de Anda Mata.

Una vez aprobados el orden del día y el acta de la reunión anterior, el presidente procedió a someter a discusión los dictámenes y asuntos enumerados en el orden del día, que se detallan a continuación:

Respecto a la presentación, análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 45 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, presentada por el diputado Wenceslao Martínez Santos, el presidente, Próspero Ibarra, abordó lo referente al proyecto de dictamen de la iniciativa presentada el 14 de noviembre de 2017.

El presidente informó que el objetivo de la iniciativa es precisar en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables que en el caso de la renovación de permisos, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación resolverá dentro de un plazo que no excederá de sesenta días hábiles desde su fecha de presentación y estando debidamente integrado el expediente y en caso de que la autoridad omita dar a conocer al permisionario la resolución recaída a su solicitud, se considerará afirmativa ficta ante lo solicitado.

El diputado Próspero Ibarra destacó que se habían presentado ya iniciativas similares, pero de mayor alcance al artículo 45, que buscaban establecer que en caso de que la autoridad omitiera dar a conocer al promovente la resolución recaída a su solicitud, se consideraría como afirmativa ficta, ante lo solicitado. La afirmativa ficta sería considerada entonces para las solicitudes de permisos o renovación de los mismos, sin embargo, aclaró, por sus características y con el afán de no desproteger los recursos pesqueros ni dejarlos vulnerables ante la omisión de resoluciones fue que se tenían proyectados dictámenes negativos.

Informó que finalmente, el diputado promovente presentó en la iniciativa en cuestión, que será el uso de la afirmativa ficta solo en el caso de la renovación de permisos. El presidente agregó que considerando la importancia de las actividades pesqueras y del uso y aprovechamiento responsable y sustentable que se debe tener sobre los recursos, es muy importante hacer un análisis profundo y consciente sobre este tipo de temas, además de hacer un llamado a las autoridades competentes a agilizar los trámites y permisos que se deben tener al corriente para un adecuado uso de los recursos.

Luego de concluir con la argumentación, el diputado Ibarra Otero informó que el dictamen se propuso en sentido positivo insistiendo que el uso de la afirmativa ficta sólo será en materia de renovación de permisos.

Como no hubo oradores registrados para uso de la voz durante la discusión del tema, se procedió a la votación económica. Aprobado en sus términos el dictamen.

En el punto referente a la aprobación del informe semestral de actividades, el presidente presentó el proyecto de quinto informe semestral de actividades, para el periodo septiembre de 2017-febrero de 2018.

Como no hubo oradores registrados para uso de la voz durante la discusión del tema, se procedió a la votación económica. Aprobado el informe semestral.

En el punto referente al análisis de los acuerdos y posturas respecto al proyecto de Ley General de Biodiversidad, el presidente informó que en la Comisión de Pesca se ha estado muy atentos a los avances respecto al proyecto de Ley General de Biodiversidad, que se encuentra en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esta Cámara.

Destacó que, con la reunión del 1 de marzo con los sectores, se reafirmó la postura por defender los intereses de los sectores pesqueros y acuícolas, que se encuentran vulnerables en los términos en los que se pretendía aprobar el dictamen.

Indicó que se seguirán buscando los consensos necesarios para beneficio de este sector y de las familias mexicanas que subsisten de estas actividades y mantendría informados a los legisladores de la comisión respecto del curso de este proyecto.

Como no hubo oradores registrados para uso de la voz durante la discusión del tema, se procedió a la votación económica. Aprobado en sus términos el dictamen por unanimidad.

Una vez desahogados los puntos del orden del día, el presidente agradeció la participación de los asistentes, y dio por concluida la reunión ordinaria.

3. Vigésima cuarta

Celebrada el 11 de abril 2018, en el salón E del edificio G de la Cámara de Diputados.

Se contó con el registro de asistencia de los siguientes

Diputados: Próspero Manuel Ibarra Otero, presidente; Efraín Arellano Núñez, Joaquina Viveros Córdoba, Blandina Ramos Ramírez, Édgar Spinoso Carrera, secretarios; María Elena Castro Terrazas, Oswaldo Guillermo Cházaro Montalvo, Juan Luis de Anda Mata, Érick Arturo Figueroa Ovando, Moisés Guerra Mota, Esdras Romero Vega, Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo.

Una vez aprobados el orden del día y el acta de la reunión anterior, el presidente procedió a someter a discusión los dictámenes y asuntos enlistados en el orden del día, que se detallan a continuación:

Respecto a la presentación, análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, presentada por el diputado Víctor Ibarra Montoya, el presidente, Próspero Ibarra, abordó lo referente al proyecto de dictamen de la iniciativa presentada en el mes de noviembre de 2017.

El presidente informó que el objetivo de la iniciativa es prohibir la comercialización de las especies marlín, pez vela, pez espada, sábalo o chiro pez gallo y dorado. Donar las especies destinadas a la pesca deportivo-recreativa capturadas incidentalmente a los permisionarios de la pesca didáctica o bien de la pesca de fomento e incluir a las infracciones la simulación de actos de captura incidental.

El diputado Ibarra Otero abundó que, si bien es un tema muy importante para la preservación de las especies y para encaminar las prácticas de pesca deportiva a un mejor aprovechamiento sustentabilidad, el proyecto de dictamen que se propuso a consideración era en sentido negativo, puesto que no existe un vacío jurídico en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables porque sí se señala el destino final del producto de la pesca deportiva y las sanciones que se llevarían a cabo, y a su vez y aunado a lo anterior existe en específico a una norma oficial mexicana que indica que los productos resultantes de la pesca deportiva no podrán comercializarse Estableciendo las especificaciones para su aprovechamiento.

Al atender las dudas y consideraciones respecto al dictamen y una vez participado los oradores registrados para uso de la voz durante la discusión del tema, se procedió a la votación económica, aprobándose en sus términos el dictamen por mayoría.

En materia del dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a combatir por la Semar y la Sagarpa-Conapesca la pesca ilegal, presentada por la diputada María Rocha Ladrón de Guevara. El presidente, Próspero Ibarra, abordó lo referente al proyecto.

El presidente informó que el dictamen de la proposición se presenta en sentido positivo, pues los diputados integrantes de la comisión reconocen como una prioridad la atención de las demandas de los pescadores, y en este caso de los legisladores que solicitan mayor vigilancia para las actividades del sector. Indicó además que ningún exhorto en este sentido está demás para hacer un llamado a las dependencias y sus órganos que tengan facultad de respecto a la materia para que implanten y en su caso continúen, como ya lo ha venido haciendo la Conapesca con el fortalecimiento de las medidas de inspección y vigilancia para con las actividades del sector.

Como no hubo oradores registrados para uso de la voz durante la discusión del tema, se procedió a la votación económica. Aprobado en sus términos el dictamen.

Una vez desahogados los puntos del orden del día, el presidente, Próspero Manuel Ibarra Otero, agradeció la participación de los asistentes, y dio por concluida la reunión ordinaria.

VII. Reuniones de trabajo

1. De integrantes de la comisión con representantes del sector pesquero y acuícola nacional

Con fecha 1 de marzo, luego de llevar a cabo la vigésima segunda reunión ordinaria, los integrantes de la Comisión de Pesca celebraron una de trabajo con representantes de organizaciones pesqueras de todo el país.

El objetivo fue analizar en lo concerniente a la materia pesquera y acuícola, el proyecto de Ley General de Biodiversidad aprobada por el Senado en diciembre de 2017, cuya minuta ahora se encontraba en la Cámara de Diputados.

En el encuentro, los legisladores y las organizaciones pesqueras manifestaron sus principales preocupaciones respecto al sector, y acordaron que los diputados realizarían el análisis necesario y las reuniones que fueran precisas para modificar el proyecto de dictamen de la minuta para en su caso regresarla a la Cámara alta en virtud de que no se cumplió el protocolo que la ley exige en materia legislativa además de que atenta en contra de los intereses de la gente del campo y del mar.

2. Con el área técnica de las comisiones dictaminadoras de la minuta de Ley General de Biodiversidad y expertos en la materia del gobierno federal

La mañana del 15 de marzo de 2018 se reunieron en la sala de juntas de la Comisión de Pesca los diputados Arturo Álvarez Angli y Próspero Ibarra Otero, presidentes de las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y Pesca, acompañados de sus equipos de trabajo y cuerpo de asesores, así como representantes y expertos en la materia, para analizar puntualmente las propuestas de modificación al proyecto de dictamen de la Ley General de Biodiversidad. En esta reunión se llegó a un consenso general sobre las propuestas de modificaciones para poder presentarlas con posteridad ante las respectivas comisiones.

3. Con representantes del sector peces de ornato

Con fecha 20 de marzo, en la sala de juntas de la Comisión de Pesca se llevó a cabo una reunión de trabajo con representantes del sistema producto peces de ornato nacional, con representación, principalmente de Morelos, Jalisco y Ciudad de México.

Esta actividad tuvo la finalidad de tener un acercamiento con líderes en esta materia, para escuchar y atender las inquietudes del sistema producto, mismo que se ha visto vulnerable ante proyectos de iniciativas de ley en materia de medio ambiente y sustentabilidad.

4. Con representantes y líderes de cooperativas pesqueras de Veracruz

La mañana del 11 de abril, en la sala de juntas de la Comisión de Pesca se llevó a cabo reunión de trabajo con representantes y líderes de cooperativas pesqueras de Veracruz, entre las que se encontraban la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Huasteca Veracruzana, SC de RL de CV; Ribera de Tampico Alto; y la Federación Regional de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera de Tampico Alto.

El objetivo de la reunión fue plantear a los legisladores las problemáticas que enfrentan estas cooperativas y la plena disposición para que, con el apoyo y respaldo de los diputados federales, tuvieran un acercamiento con las instancias correspondientes del gobierno federal, para la atención pronta de sus inquietudes.

VIII. Información sobre la aplicación y el destino final de los recursos económicos asignados por el Comité de Administración

Los recursos económicos asignados a la Comisión de Pesca en el periodo 1 de marzo-31 de mayo de 2018 han sido utilizados de manera responsable para apoyar el buen desempeño de los trabajos y las actividades que se han desarrollado.

Por lo anterior se informa que se han cumplido las respectivas comprobaciones ante la Dirección General de Finanzas de la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros de la Cámara de Diputados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de junio de 2018.

La Comisión de Pesca

Diputados: Próspero Manuel Ibarra Otero (rúbrica), presidente; Efraín Arellano Núñez (rúbrica), Ascención Reyes Santiago, Joaquina Viveros Córdoba (rúbrica), Candelario Pérez Alvarado (rúbrica), Blandina Ramos Ramírez (rúbrica), Virgilio Mendoza Amezcua, Édgar Spinoso Carrera, secretarios; Lucely del Perpetuo Socorro Alpízar Carrillo (rúbrica), María Elena Castro Terrazas (rúbrica), Oswaldo Guillermo Cházaro Montalvo (rúbrica), Juan Luis de Anda Mata (rúbrica), Érick Arturo Figueroa Ovando (rúbrica), Moisés Guerra Mota (rúbrica), Wenceslao Martínez Santos (rúbrica), Nelly del Carmen Márquez Zapata, Esdras Romero Vega (rúbrica), Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo (rúbrica), Julio César Tinoco Oros (rúbrica), Nicolás Toledo Soto.


Invitaciones

Del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias

A la presentación de la Memoria conmemorativa del centenario de la Constitución de 1917 y de la obra Fuentes históricas de la Constitución de 1917, segunda edición, por celebrarse el martes 12 de junio, a partir de las 17:30 horas, en el alcázar del Castillo de Chapultepec.

Atentamente

Licenciado Sadot Sánchez Carreño

Director General

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias

Al diplomado Análisis político y campañas electorales que, en coordinación con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, se realizará los lunes, miércoles y viernes comprendidos hasta el 25 de junio, de las 8:00 a las 10:00 horas, en las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Objetivo general

Proveer los conceptos fundamentales, elementos de análisis, interpretación, prognosis, estrategia y formación de habilidades teóricas y prácticas para la formulación de escenarios de comportamiento político, estrategias de cambio y para diseñar, planear, dirigir y evaluar estrategias electorales efectivas, en escenarios de alta competitividad y con patrones de conflictividad política y jurisdiccional.

Metodología

Se desarrollarán seis módulos, con sesiones de trabajo los días lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la mañana, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Los ponentes que participarán en el diplomado serán investigadores, profesores de educación superior, funcionarios públicos y responsables de organismos no gubernamentales, con la idea de generar una discusión multidisciplinaria sobre los temas antes descritos.

Módulos y temario

Módulo VI. Taller de estrategias de debate, marketing y comunicación política en las campañas (8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, y 25 de junio)

Conceptualización de la opinión pública

El esquema general de una campaña

Investigación de opinión pública y estrategia (war room )

Diseño de cuestionario

Introducción al diseño de cuestionario

• Principales sesgos y efectos que deben evitarse

• Tipo de encuestas y sus límites

• Orden de las preguntas y su influencia entre ellas

• Preguntas abiertas y cerradas

Introducción al muestreo

• Diseño y análisis de encuestas por muestreo

• Muestreo aleatorio simple

• Muestreo aleatorio estratificado

• Muestreo por conglomerados

• Muestreo sistemático

Encuestas:

• Encuesta panel

• Trackings

• Encuesta de salida

• La logística

• Planificación de exit polls

Imagen:

• Comunicación, marketing e imagen institucional

• Imagen deseada y gestión de imagen

• Construcción de la imagen pública

• Mensajes clave

• Persuasión y opinión pública

Programación sujeta a cambios

Del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública

Al octavo Premio nacional de investigación social y de opinión pública; la recepción de trabajos finaliza el viernes 31 de agosto.

• Primer lugar: 150 mil pesos.

• Segundo lugar: 75 mil pesos.

• Tercer lugar: 50 mil pesos.

Bases completas:

http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/Cesop/ banner/doc/Premio_2018.pdf

Atentamente

Doctor Ernesto Alfonso Robledo Leal

Director General