Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la CNBV a seguir instaurando con la Condusef acciones y medidas para promover que las instituciones financieras cuenten con instrumentos eficaces destinados a prevenir la aplicación de cobros indebidos derivados de movimientos operativos automatizados, o “domiciliaciones”, a cargo de la diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Rosa Guadalupe Chávez Acosta, diputada federal por el estado de Hidalgo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I, III, IV y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás relativos, someto a consideración de esta honorable Asamblea, la presente Proposición con Punto de Acuerdo con carácter de Urgente u Obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En términos generales, podemos definir a las domiciliaciones bancarias, como un servicio bancario que consiste en un método de pago automático realizado de manera periódica por una cantidad determinada a un tercero (proveedor) respecto a un bien o servicio contratado y autorizado por el usuario (titular) de una institución bancaria, el cual, puede hacerse efectivo, a través del cargo de cuentas de nómina, cheques, débito o crédito, etcétera.

En una primera aproximación, es de señalar que, dicho método proporciona al cliente diversos beneficios, entre los que destacan: ahorro de tiempo al no tener que ir hasta las sucursales o a las oficinas prestadoras del bien o servicio contratado; mayor seguridad para el usuario, ya que no tiene que trasladarse con dinero en efectivo; ejecución del pago de manera puntual, evitando el corte del servicio o cobros adicionales por intereses moratorios, etcétera.

Además, en la mayoría de las instituciones bancarias o crediticias, dicho servicio no genera comisión y no es gravable de impuestos. Incluso, en ocasiones ofrecen a sus usuarios beneficios como premios, puntos, recompensas, bonificaciones, etc., por utilizar los servicios de domiciliación.

A pesar de las ventajas antes señaladas, las domiciliaciones bancarias, se ha convertido en un problema para los usuarios de la banca, toda vez que se han alejado de su objeto central, al ser utilizada como herramientas de abuso, al realizar cobros indebidos y no autorizados por los usuarios.

En los últimos años se han incrementado las quejas de los usuarios ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), por cobros domiciliados de servicios que no fueron contratados, así como por seguros de diversas empresas o de las propias instituciones bancarias, los cuales, sin previa consulta ni autorización del titular de la cuenta, mes con mes les son cobradas las supuestas deudas adquiridas con un tercero.

Una vez que los usuarios se percatan de los cobros, es casi imposible realizar la cancelación del servicio y obtener el reembolso de los cobros realizados. Generalmente, las instituciones bancarias se niegan a asumir la responsabilidad, remitiendo al usuario con la compañía con la que supuestamente contrataron el servicio, la cual, en la mayoría de las ocasiones, tiene sus instalaciones en lugares lejanos o sólo brinda atención telefónica.

En suma, el usuario puede tardar horas, días, semanas e incluso meses antes de poder cancelar el servicio o lograr el reembolso, teniendo que acudir generalmente a otras instancias legales. Dicha tramitología, obliga al usuario a invertir tiempo y dinero, muchas veces en vano. Además, de que puede quedar boletinado negativamente en el buró de crédito con las consabidas consecuencias.

De acuerdo a las estadísticas publicadas por Condusef en 2016, la primera causa de reclamación de los usuarios fue por movimientos u operaciones de la banca, precisamente, respecto al pago automático mal aplicado (domiciliaciones), con un total de 265,494 quejas.1

Mario Di Costanzo, presidente de la Condusef, el 28 de agosto de 2017, señaló que tan solo en el primer trimestre de 2017, se reportaron 554,855 inconformidades por movimientos operativos automatizados por los bancos, (100,000 o 22% más que las recibidas en el primer trimestre de 2016), de las cuales, 166,508 fueron reclamaciones por domiciliaciones mal aplicadas, siendo ésta la principal inconformidad, por encima de las 133,605 quejas por cobros no reconocidos de comisiones y las 109,665 por la entrega incorrecta de la cantidad solicitada a cajeros automáticos.2

El presidente de la Condusef, en conferencia de prensa, precisó que, de las 554,855 reclamaciones recibidas del primer trimestre de 2017 por movimientos operativos automatizados de los bancos, sólo 382,989 fueron resueltas en favor del usuario; con una cantidad promedio de lo recuperado de 2,094, pesos, no obstante, 139,132 quejas fueron desfavorables al usuario, con un monto promedio reclamado por asunto de 7,076 pesos y 32,734 reclamaciones estaban aún en trámite.3

A mayor abundamiento, es de señalar que de acuerdo a la Condusef los bancos que presentaron el mayor índice de inconformidades por movimientos operativos fueron: en primer lugar, BBVA Bancomer con 218,466 correspondiente al 39% del total previamente señalado, le sigue Citibanamex con 137,835 (25%), Santander con 56,187 (10%), Banorte 34,326; HSBC 28,664; Scotiabank 22,446; Inbursa 22,149; Banco Azteca 9,027; Invex 6,994; Afirme 5,078 y BanCoppel con 3,189.4

En razón a lo anterior, es urgente atender dicha problemática que aqueja a miles de ciudadanos año con año, y la cual va en detrimento de su economía y de sus derechos.

Desafortunadamente, las y los ciudadanos usuarios de la banca, a pesar de la normatividad y de los esfuerzos realizados por la Condusef, se encuentran en estado de indefensión, ya que no existen medidas preventivas que los protejan de posibles abusos.

Las cifras, dan cuenta de que estos abusos no son casos aislados sino una constante que va en aumento, de ahí que, es menester que, desde esta Cámara de Diputados, exijamos servicios bancarios de calidad, donde la responsabilidad social de las instituciones esté manifiesta, así como la solidaridad y compromiso con sus usuarios.

En tal virtud, es necesario exigir a las instituciones bancarias la instrumentación de mecanismos que garanticen que cada cobro domiciliado al titular de una cuenta, tarjeta de crédito, débito o cualquier otro instrumento bancario, tenga el consentimiento expreso de éste, lo cual quede debidamente acreditado por medio de un documento.

La magnitud de la problemática, exige medidas concretas, específicas y eficaces, toda vez que, como ya se señaló anteriormente no son casos aislados, sino una práctica deleznable, fraudulenta y engañosa que debe ser erradicada.

Por lo antes expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que, de conformidad con sus atribuciones y en coordinación con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, continúe instrumentando las acciones y medidas necesarias para promover que las instituciones financieras cuenten con mecanismos eficaces que permitan prevenir la realización de cobros indebidos derivados de movimientos operativos automatizados, conocidos como domiciliaciones bancarias.

Notas

1 http://www.elfinanciero.com.mx/mis-finanzas/cuidate-de-los-errores-de-l os-bancos.html

2 https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/
Crecen-22-quejas-contra-bancos-la-mayoria-por-cobros-no-reconocidos-20170828-0126.html

3 Ídem

4 Ídem

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de febrero de 2018.

Diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR y la Fiscalía de Puebla a continuar la investigación contra el ex gobernador de la entidad Rafael Moreno Valle Rosas y el ex tesorero de Quintana Roo Juan Melquiades Vergara por la presunta comisión de delitos de lavado de dinero, desvío de recursos públicos, peculado y posesión de recursos de procedencia ilícita, a cargo del diputado Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Alejandro Armenta Mier, diputado de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

La transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, tanto federales como estatales, ha sido una de las principales preocupaciones de la actual legislatura. El Congreso aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como un paquete de leyes que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción.

Con esta operación jurídica se busca abatir el flagelo de la corrupción y de la impunidad que han provocado un daño profundo a la actividad económica y a la credibilidad de la ciudadanía en las instituciones.

Caso concreto el del ex secretario de Finanzas y Planeación del gobierno de Quintana Roo, Juan Melquiades Vergara, que está siendo investigado por diversos delitos entre los que figuran, lavado de dinero, desvío de recursos públicos, posesión de recursos de procedencia ilícita y peculado; se le señala a esta persona de tener vínculo y trato directo con el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, donde a través de sus empresas pudo financiar campañas políticas. De igual forma pagaba deudas heredadas por funcionarios de primer nivel del gobierno como favores políticos.

En los últimos días, diferentes medios de comunicación han dado a conocer audios de una conversación entre Juan Melquiades Vergara y el hermano del actual gobernador del estado de Puebla, José Antonio Gali Fayad, en donde reconoce tener una relación cercana con ambos personajes. Se da a través de José Antonio Gali Fayad quién le presenta al ex gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle Rosas, a quien estuvo apoyando en su campaña, así como en las siguientes campañas políticas en Puebla, y a cambio de este apoyo recibió favores y desde ese momento llevan una relación aún más cercana. En dicho audio se evidencia que la persona de nombre “Eddy” (Eduardo Gali Fayad) contactó a Juan Melquiades Vergara, ex secretario de Finanzas y Planeación del gobierno de Quintana Roo para que apoyara a Antonio Gali Fayad en la campaña a la alcaldía de Puebla, mencionando que dicho respaldo sería similar a la campaña de 2010, donde existe una factura de compra de sombrillas de una empresa vinculada con Juan Melquiades Vergara.

Exigimos que se investigue a fondo este hecho toda vez que a través de México Travel, del canal de Salud Tv y la concesión de 32 radiodifusoras en todo el país, Juan Melquiades respaldó a Moreno Valle Rosas en sus aspiraciones presidenciales con publicidad en medios de comunicación y en espectaculares, hecho por el cual se determina que existe una relación entre el ex gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle Rosas y el ex secretario de Finanzas y Planeación del gobierno de Quintana Roo.

50 millones de pesos es la cantidad por la que investiga la Procuraduría General de la República por diversos delitos, entre ellos lavado de dinero, peculado, desvíos de recursos públicos y posesión de recursos de procedencia ilícita a Juan Melquiades Vergara; es el hilo de la madeja que exigimos se investigue.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la Republica a que conforme al marco de sus atribuciones le dé continuidad a la investigación contra el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas y el ex secretario de Finanzas y Planeación de Quintana Roo, Juan Melquiades Vergara, por la presunta comisión de delitos, entre ellos, lavado de dinero, desvió de recursos públicos, peculado y posesión de recursos de procedencia ilícita.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía del estado de Puebla, a que conforme al marco de sus atribuciones, a que investigue al ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, por la presunta comisión de delitos, entre ellos, lavado de dinero, desvió de recursos públicos, peculado y posesión de recursos de procedencia ilícita.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía del estado de Puebla, conforme a su marco de sus atribuciones y apegado a legalidad, deje de perseguir las voces disidentes o críticas que se expresan contra el ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de febrero de 2018.

Diputado Alejandro Armenta Mier (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la STPS, en coordinación con la SEP, a analizar y proponer medios de flexibilización laboral que permitan a trabajadores asistir sin afectación salarial a las actividades convocadas por las autoridades escolares de los hijos, suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputado Jesús Sesma Suárez y diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y en las fracciones IV y V del numeral 2, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución , al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Partido Verde Ecologista de México ha sido insistente y enfático en que la educación es una de las principales herramientas para lograr empoderar a las y los mexicanos en el mundo globalizado en el que hoy nos desarrollamos.

Es por ello que, desde que tuvo origen la reforma educativa, venimos impulsando diversas propuestas para armonizar nuestro marco legal tanto con los planteamientos del nuevo modelo educativo como con las exigencias actuales de nuestro país.

Coincidimos en que cada uno de los ejes que componen dicha reforma estructural es indispensable para salir del histórico rezago en el rubro educativo que imperaba en México; hoy, en la recta final de la actual administración, nos podemos sentir orgullosos de los logros alcanzados, podemos estar seguros de que a diferencia de sexenios pasados el número de niños y jóvenes que acceden a una educación de calidad va en evidente ascenso.

No obstante lo anterior, los retos son todavía muchos y es importante seguir realizando esfuerzos que se conviertan en acciones afirmativas en favor de la calidad educativa. Lograr una educación con calidad, garantizar infraestructura digna y contenidos vanguardistas, son algunos de los elementos indispensables para el ejercicio pleno del derecho a la enseñanza de todos los mexicanos.

El “Modelo Educativo para la educación obligatoria, Educar para la Libertad y la Creatividad” es conformado por cinco grandes ejes articuladores del sistema para obtener el máximo logro de aprendizaje de niñas, niños y jóvenes: 1) El planteamiento curricular; 2) La escuela al centro del sistema educativo; 3) Formación y desarrollo profesional docente; 4) Inclusión y equidad; y 5) La gobernanza del sistema educativo.

Actualmente se han definido los mecanismos institucionales para una gobernanza efectiva basada en la participación de distintos actores y sectores de la sociedad en el proceso educativo y la coordinación, entre ellos: el gobierno federal, autoridades educativas locales, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el sindicato magisterial, las escuelas, los docentes, los padres de familia, la sociedad civil y el Poder Legislativo.

Consideramos indispensable centrar nuestra atención en la participación de los padres de familia. Para el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) la participación dinámica, colaborativa e incluyente de la familia en la educación es uno de los principales factores para el éxito académico de los alumnos y una variable fundamental para el desarrollo social de las comunidades.

Y no sólo se trata del éxito académico, sino de uno de los principales mecanismos para lograr armonía social, pues la participación de la familia en la educación de los niños y adolescentes aporta grandes beneficios tanto en lo individual como en lo colectivo.

La participación de los padres en la educación de los hijos resulta por demás necesaria, se trata de concientizar a la sociedad de la importancia de estrechar la relación entre familias, profesores y alumnos.

Los expertos en educación insisten en que padres y docentes deben ir de la mano para que los hijos no se sientan desorientados y no perciban que en casa se hacen las cosas de una manera y en la escuela de otra. Los padres son los primeros educadores de sus hijos y se pretende que hagan suya esta responsabilidad, teniendo claro que la escuela es complementaria en esta labor.

Un estudio publicado en 2009 en la Revista Electrónica de Investigación Educativa,1 realizado por investigadores mexicanos expertos en el tema de educación, refiere los siguientes hallazgos respecto a la importancia de la participación de los padres en el proceso educativo de sus hijos:

• En Estados Unidos, Balli, Wedman y Demo reportaron que la supervisión de los padres de las tareas escolares y el nivel de realización de las mismas era un factor importante en el desempeño escolar.2

• En México, González, Corral, Frías y Miranda asociaron factores como el afecto de los padres, el tiempo de dedicación a sus hijos y el interés por conocer a sus maestros, con la alta autoestima del hijo, la cual, a su vez, estimula el esfuerzo escolar.3

• La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura aboga por la articulación familiar y fundamenta esta necesidad en tres razones: el reconocimiento de que los padres son los primeros educadores de sus hijos e hijas; el impacto positivo que puede tener una educación temprana de calidad en el desarrollo y aprendizaje de los niños; y la familia como un espacio privilegiado para lograr una ampliación de la cobertura de la educación de la primera infancia.4

• El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación sostiene que para la mejora de la calidad de la educación es indispensable lograr una interacción efectiva entre los padres de familia y los docentes y en general, entre todos los sectores de la sociedad. Este organismo incluye al índice de participación de los padres y porcentaje de padres que participan en reuniones de padres de familia en la escuela entre sus indicadores presentes y próximos para evaluar la calidad del sistema educativo.5

• Miranda comenta que la participación de los padres se puede evaluar a través de dos aspectos: uno relativo a la información de los mismos acerca de la escuela y el otro referido a su intervención en las actividades de la misma, y sostiene que la información de los padres sobre lo que acontece en la escuela les facilita una mayor participación en las actividades escolares de los hijos.6

A pesar del interés que pudieran tener los padres de familia en involucrarse más en la educación de sus hijos, no todos ellos, generalmente por cuestión de tiempo, pueden asistir a las reuniones o actividades escolares. Una de las principales causas de un bajo índice de participación de los padres en la educación es la ausencia de facilidades en sus centros de trabajo para poder ausentarse y acompañar a sus hijos en el proceso formativo.

Por lo anterior, el Partido Verde Ecologista de México hace un respetuoso llamado a la autoridad laboral de nuestro país para que, en el marco de sus atribuciones, ejecute acciones que faciliten la participación de los padres de familia en la educación de sus hijos, diseñando mecanismos que permitan ajustar tanto sus actividades laborales como personales en beneficio de los menores.

Lo anterior, coincidiendo con lo manifestado por el ex secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, que en relación con el ausentismo escolar refirió: “Es importante que entendamos que la tarea educativa en un esfuerzo de todos, es un esfuerzo del gobierno, de las autoridades educativas, de los maestros, pero también de los padres de familia”.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, para que analice y proponga mecanismos de flexibilización laboral que permitan a las madres y padres trabajadores asistir a las actividades escolares convocadas por las autoridades de las escuelas de sus hijos, sin que su salario se vea afectado.

Notas

1 Véase, Valdés Cuervo, Ángel, Martín Pavón, Mario José y Sánchez Escobedo, Pedro Antonio, “Participación de los padres de alumnos de educación primaria en las actividades académicas de sus hijos”, Revista Electrónica de Investigación Educativa, Vol. 11, Núm. 1, 2009.

2 Balli, S., Wedman, J. y Demo, D. (1997). Family involvement with middle-grade homework: effects of differential prompting. Journal of Experimental Education.

3 González, D., Corral, V., Frías, M. y Miranda, J. (1998). Relaciones entre variables de apoyo familiar, esfuerzo académico y rendimiento escolar en estudiantes de secundaria: un modelo estructural. Enseñanza e Investigación en Psicología.

4 UNESCO. (2004). Participación Familiar en la educación infantil latinoamericana. Santiago de Chile: Oficina Regional para la Educación de América Latina y el Caribe-UNESCO.

5 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. (2003). La calidad de la Educación Básica en México. Primer informe anual. México

6 Miranda, R. (1995). Expectativas sobre la escuela: la percepción de la familia del escolar. Perfiles Educativos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de febrero de 2018.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez, Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, José de Jesús Galindo Rosas, Daniela García Treviño, Edna González Evia, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Lía Limón García, López Roblero Uberly, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Samuel Rodríguez Torres, Emilio Enrique Salazar Farías, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Francisco Alberto Torres Rivas, Georgina Paola Villalpando Barrios, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a intensificar con el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea las políticas públicas destinadas a promover y difundir la donación voluntaria entre los mexicanos, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del PRI

Francisco Saracho Navarro, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La acelerada vida cotidiana en la que actualmente nos desenvolvemos, no nos permite estar exentos de alguna contingencia de salud que amerite hospitalización, tratamiento e incluso una intervención quirúrgica de emergencia, del cual dependerá la total recuperación del padecimiento que se esté sufriendo, ya sea que ello ocurra sobre nosotros mismos o algún familiar.

Ante tal escenario, las personas que se encuentren involucradas en una situación de este tipo, deberán estar pendientes del tratamiento que su familiar recibirá, debiendo colaborar en los requerimientos que le sean solicitados por los médicos o institución de salud, ya que es común que se requiera determinado número de personas para que donen sangre en reposición, por lo que en la medida que tal petición sea satisfecha, la transfusión podrían realizarse en forma pronta, siempre que de ello no dependa o se comprometa la vida del paciente, de ahí que una transfusión de sangre pueda marcar una línea muy delgada entre la vida y la muerte.

Advertimos que con tal espera, las instituciones de salud, públicas o privadas, no se encuentran respaldadas con los medios necesarios para aplicarla a algún tratamiento que requiera la disponibilidad de reservas sanguíneas, o bien, en caso de contar con tales reservas y utilizarlas, que no se agote su existencia.

Los fluidos sanguíneos tienen un gran impacto terapéutico, debido a que cuentan con diferentes componentes que pueden ser aplicados a enfermos con diferentes padecimientos, de ahí la importancia de la donación de sangre, puesto que con su realización, se contribuye a los tratamientos de muchas personas que lo requieren para lograr su total recuperación.

Al respecto, la donación de sangre es un acto que los individuos deberían realizar voluntariamente, generando reservas disponibles de sangre para contribuir con la recuperación y atención médica que reciben otros individuos enfermos, lo que pone en riesgo su salud e incluso su vida, sin embargo, a pesar de los beneficios de la donación sanguínea, en nuestra sociedad existen obstáculos para ello, tales como la falta de una cultura de donación voluntaria de sangre, por la existencia de convicciones religiosas que no la aceptan, desinterés generalizado por el tema, así como de la existencia de ideas sustentadas en el temor a infecciones o enfermedades, lo cual en su conjunto impiden su desarrollo y consolidación de la donación voluntaria de sangre, como un instrumento de apoyo a la atención médica.

Bajo esas circunstancias, el derecho humano a la salud se ve comprometido por circunstancias fácticas, como lo es la ausencia de reservas sanguíneas disponibles, lo que atenta contra el contenido del párrafo cuarto del artículo 4 constitucional, que señala lo siguiente:

“...Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”

En ese sentido, el espíritu de la donación voluntaria de sangre radica en “donar, recibir y devolver”, cimentándose una cultura de apoyo y solidaridad hacia las personas que la necesitan para recibir algún tratamiento y recuperarse o mitigar los efectos de algún padecimiento, aunado a ello, sería necesario fortalecer y mejorar la estructura de bancos de sangre, en la que se atraiga a los donadores, dándoles confianza y certeza, siempre que cuente con los siguientes aspectos:

“...1. Información de las necesidades de sangre.

2. Adecuadas instalaciones.

3. Buena organización.

4. Tiempos de espera cortos.

5. Personal afable y técnicamente capacitado.

6. Facilidades para la donación.

7. Confidencialidad...”1

La Organización Mundial de la Salud refiere la necesidad de que en nuestro país se pueda llegar a 50 donantes por cada 1000 habitantes, parámetro internacional que desafortunadamente no se cumple en nuestro país, advirtiéndose la debilidad de las acciones, estrategias y políticas públicas que impulsen la donación voluntaria de sangre, lo que se combina con el desinterés que hay en la población para participar en este tipo de prácticas.

En ese tenor, en la mayoría de las ocasiones en nuestro país, la sangre se logra recolectar en los hospitales mediante el requerimiento realizado a los familiares de un paciente atendido por algún padecimiento, tal como lo referimos en párrafos anteriores; existen datos de 2011 de los que se advierte que “...a nivel nacional, la donación de reposición ocupa el 97% y sólo el 3% corresponde a la donación voluntaria y/o altruista”,2 lo cual es preocupante, puesto que además de ser limitadas las reservas disponibles en los bancos de sangre, por las circunstancias en que se realiza la donación de recuperación, podría estar sujeta a más riesgos de contaminarse que realizándose de manera voluntaria o altruista.

Resulta importante se impulse la cultura de la donación voluntaria de sangre entre toda la población mexicana, con la finalidad de que sea una práctica habitual y permanente para generar reservas sanguíneas que estén a disposición de las instituciones de salud y/o médicos, en la salvaguarda de la salud y de la vida de quienes lo necesiten, lo que podrá lograrse a través de la intensificación de acciones, estrategias o políticas públicas que las autoridades de salud emitan que permitan incrementar a estándares internacionales el número de donadores, lo que fomentaría el apoyo y solidaridad generalizada para los necesitados.

La intensificación de las políticas públicas relativas a la promoción y difusión de la donación voluntaria de sangre, deben de guardar armonía y coordinación con la NOM 253-SSA1-2012, con la finalidad de que los potenciales donadores satisfagan los filtros de seguridad para ser elegibles, o bien, sean inhabilitados indefinida o temporalmente, permitiendo que el fluido sanguíneo donado, sea totalmente sano, y de esa manera se garantice el derecho humano a la salud de las personas que lo vayan a recibir en una transfusión.3

Al respecto, la fracción III del artículo 313 de la Ley General de Salud, nos señala que el impulso de las políticas públicas en materia de donación de sangre, es competencia de la Secretaría de Salud, lo cual se establece en los siguientes términos:

“Compete a la Secretaría de Salud:

III. Establecer y dirigir las políticas en salud en materia de donación, procuración y trasplantes de órganos, tejidos y células, para lo cual se apoyará en el Centro Nacional de Trasplantes, y en el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea;...”

Al estar contenida la dirección de la políticas, en lo que hace a la donación de sangre, dentro de las facultades legales de la Secretaria de Salud, es que exhortamos a dicha autoridad, para que en coordinación con su desconcentrado, el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea, las intensifique, a través de campañas permanentes en todo territorio nacional, promoviendo y difundiendo la donación voluntaria de sangre en todo el país, con la finalidad de incrementar el número de donadores y las reservas, seguras, con calidad de sangre, tomando en cuenta su importancia para fines terapéuticos y como una forma de garantizar el acceso al derecho humano a la salud de todos los mexicanos.

Por lo antes expuesto es que, me permito someter a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, intensifiquen las políticas públicas, a través de campañas permanentes en territorio nacional, que promuevan y difundan la donación voluntaria de sangre entre los mexicanos, con la finalidad de fortalecer la protección y el acceso al derecho humano a la salud.

Notas

1 Pichardo Martínez, María de Jesús, Estrategias de reclutamiento de donadores de sangre en el Banco Central de Sangre del Centro Médico Nacional “La Raza” del Instituto Mexicano del Seguro Social, Volumen 4, Número 2, mayo-agosto, 2011, página 109.

2 Pichardo Martínez, María de Jesús, Ob. Cit., nota número 1, página 107.

3 Ver en https://www.gob.mx/cnts/documentos/norma-oficial-mexicana-nom-253-ssa1- 2012-para-la-disposicion-de-sangre-humana-y-sus-componentes-con-fines-t erapeuticos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de febrero del 2018.

Diputado Francisco Saracho Navarro (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a difundir por la SEP y el Consejo Nacional para la Agenda 2030 las acciones realizadas en torno al fortalecimiento de las lenguas maternas de los mexicanos, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Juan Carlos Ruiz García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Cámara de Diputados en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones III, IV y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La comunicación es una de las bases para la construcción de las comunidades, de las sociedades y para el desarrollo de los individuos. Por ello, las lenguas maternas son un elemento que demanda toda la atención del Estado, no sólo como un punto de fortalecimiento del tejido social, sino como la herramienta principal de mexicanos y mexicanas para su desarrollo personal y el de su nación.

En este sentido, es oportuno señalar que el Objetivo para el Desarrollo Sostenible 4 “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”, se enfoca en la educación con calidad para que mujeres y hombres tengan la capacidad de apropiarse de conocimientos, aptitudes, principios y valores suficientes para desarrollarse y para participar de la mejor manera posible en la comunidad.

Cabe agregar que este objetivo es particularmente importante para niñas y niños de comunidades indígenas y pueblos originarios, puesto que el Estado mexicano tiene una brecha pendiente por estrechar que permita que las niñas y los niños provenientes de esas comunidades gocen de igualdad de condiciones para recibir educación y herramientas que les permitan integrarse a la vida de sus regiones plena y satisfactoriamente.

La concreción de lo anteriormente expuesto se encuentra reflejada en el Marco de Acción Educación 2030 de la UNESCO, que trazó una guía para la aplicación de la Agenda 2030, la cual fomenta el pleno respeto hacia el uso de la lengua materna en la enseñanza y el aprendizaje y la promoción y preservación de la diversidad lingüística. Es decir, para fomentar el desarrollo sostenible, las niñas y los niños deben contar con educación en su lengua materna y en otros idiomas, español en nuestro caso.

Es importante subrayar que el documento de la UNESCO señala que, “a través del dominio de la primera lengua o lengua materna se adquieren las habilidades básicas de lectura, escritura y aritmética.”1 Las lenguas locales, especialmente las minoritarias e indígenas, transmiten culturas, valores y conocimientos tradicionales, desempeñando así un papel importante en la promoción de los futuros sostenibles.

El plurilingüismo es esencial para la consecución de estos objetivos y para el logro de la Agenda 2030 en su conjunto, desde lo relativo al crecimiento, el empleo y la salud hasta el consumo y la producción sostenibles y el cambio climático.

La UNESCO otorga la misma importancia a la promoción de la diversidad lingüística en Internet, apoyando los contenidos locales pertinentes y fomentando la adquisición de competencias básicas en materia de información y medios de comunicación. A través del proyecto Sistemas de Conocimiento Locales e Indígenas, la UNESCO destaca la importancia de las lenguas maternas y locales como medios para salvaguardar y compartir las culturas y los conocimientos indígenas, que son grandes minas de sabiduría.

El uso de las lenguas maternas en el marco de un enfoque plurilingüe es un componente esencial de la educación de calidad, que es la base para empoderar a las mujeres y a los hombres y a sus sociedades. Debemos reconocer y promover este potencial para no dejar a nadie rezagado y construir un futuro más justo y sostenible para todos.

Es por ello que, desde el año 2000, el 21 de febrero de cada año las Naciones Unidas conmemoran el día internacional de la lengua materna, con el fin de “promover, mediante la concienciación y la acción, los objetivos de la organización ”2 en la materia.

Pero el trabajo de las Naciones Unidas no se queda en la conmemoración de este día. Así, “En enero de 2006 la UNESCO creó un órgano de vigilancia estratégico (el equipo especial sobre las lenguas y el plurilingüismo, presidido por el Director General) y una estructura de vigilancia operativa (la red de centros de coordinación de los idiomas) para garantizar la sinergia entre todos los sectores y servicios preocupados por los idiomas. A través de esta combinación bien diseñada, reforzada y reactivada a partir de febrero de 2008 por la creación de un dispositivo intersectorial para las lenguas y el plurilingüismo, la Organización está trabajando a nivel internacional para promover los principios consagrados en o derivados de instrumentos normativos relativos a las lenguas y el plurilinguismo, y localmente para desarrollar políticas lingüísticas coherentes a nivel nacional y regional, de conformidad con su estrategia de mediano plazo.”3

En este contexto es que el suscrito presentó a esta Honorable Cámara el pasado 14 de septiembre, el Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de “reconocer, a través del texto constitucional, que el idioma oficial de México es el español y que las lenguas indígenas son lenguas nacionales. Con ello, se estará saldando una deuda histórica con nuestros pueblos indígenas, se reafirmarán compromisos internacionales ... se estará dando reconocimiento constitucional al derecho humano de los indígenas de emplear y preservar sus lenguas originarias, y de nuestras lenguas originarias, y se estará estatuyendo un nuevo criterio del actuar de los órganos y poderes del Estado, en lo que cabe a la prescripción contenida en el artículo 1 constitucional, en claro reconocimiento a nuestra composición pluricultural y multilingüística, y a la imperiosa necesidad que se desarrollen políticas públicas para la adecuada integración cultural, en la Nación Mexicana, de las comunidades indígenas que integran su territorio”,4 proyecto que se encuentra en estudio y etapa de dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales.

Tal como se hizo referencia en la exposición de motivos de esta iniciativa, resulta necesario que este reconocimiento a nuestras lenguas indígenas se materialice mediante una reforma constitucional, para “dar claridad y certeza jurídica del rol que para el estado Mexicano reviste su composición multicultural, imponiendo obligaciones correlativas a todas las autoridades naciones, de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, para respetar, promover, resguardar y garantizar la práctica del español y de las lenguas originarias, así como su enseñanza, en los lugares en donde estén asentadas las comunidades indígenas que las hablan.”5 La fuerza vinculante de las normas legales y delas políticas públicas en la materia depende, en gran medida, precisamente de este reconocimiento a nivel constitucional.

En este orden de ideas, deberá tenerse presente que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013 reconoce que “En México hay 68 pueblos indígenas cuyas comunidades tienen rasgos culturales comunes como el uso de lenguas originarias y formas propias de organizaciones. Los esfuerzos dirigidos a atender las carencias de dichas poblaciones han resultado ser poco efectivos debido a las barreras culturales y lingüísticas, además de una acción pública que no ha sido culturalmente pertinente ... una política adecuada para la acción indígena debe ser concebida desde la interculturalidad y el diálogo entre todos los pueblos originarios, donde la diversidad sea motivo de armonía, respeto, igualdad y justicia, y en la que se escuchen las necesidades de este sector de la población ...”,6 estableciendo en su tercer eje “México con Educación de Calidad”, como uno de sus objetivos, el de “3.2. Garantizar la Inclusión y la equidad en el Sistema Educativo”, proponiendo como estrategia “3.2.1. Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la población”, garantizando, entre otros, “el derecho de los pueblos indígenas a recibir educación de calidad en su lengua materna y con pleno respeto a sus culturas”.

Consultado el Programa Institucional del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) 2014-2018, logros 2016,7 se consignan los siguientes resultados respecto de los objetivos del órgano federal encargado contribuir a “la consolidación de una sociedad equitativa, incluyente, plural y favorecedora del diálogo intercultural, a través de la asesoría proporcionada a los tres órdenes de gobierno para articular políticas públicas en materia de lenguas indígenas nacionales, con las que se promueven el multilingüísmo, el ejercicio pleno de los derechos lingüísticos, el desarrollo de las lenguas indígenas nacionales y el fomento a su uso en todos los ámbitos de la vida social, económica, laboral, política, cultural y religiosa, principalmente en aquellos en los que participan los pueblos indígenas; favorece el conocimiento y disfrute de la riqueza lingüística reconociendo la diversidad cultural a través del trabajo coordinado con las comunidades indígenas, con distintas instancias gubernamentales y con la iniciativa privada”,8 a saber:

Objetivo 1. Promover el ejercicio, respeto y defensa de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas: capacitación de 258 servidores públicos en el uso del Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas (Panitli); 239 hablantes de lenguas indígenas lograron la certificación en el estándar de competencia de “Promoción de los programas públicos de salud en la población hablante de lenguas indígenas”; 46 hablantes de lenguas indígenas alcanzaron la certificación en el estándar de “Interpretación oral de lengua indígena al español y viceversa en el ámbito de procuración y administración de justicia”; 47 hablantes de lenguas indígenas lograron la acreditación en los Cursos de Actualización de Intérpretes Prácticos de Lenguas Nacionales para el Ámbito de la Justicia; 48 profesores hablantes de lenguas indígenas del estado de Oaxaca acreditaron el curso de “Estrategias didácticas para incorporar las lenguas originarias y el español en la planeación modular y propiciar el desarrollo de competencias bilingües en los estudiantes de los Bachilleratos Integrales Comunitarios”; 51 hablantes de lengua indígena se certificaron en el estándar de Atención en su lengua materna a población hablante de lengua indígena en programas sociales; Se agregaron 127 nuevos registros al Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas (Panitli); y se suscribieron 10 convenios para el acceso y uso del Padrón Nacional de Intérpretes y traductores en Lenguas Indígenas (Panitli).

Objetivo 2. Promover la ampliación de uso de las lenguas indígenas en los ámbitos de la vida pública y privada: 7 asesorías en dependencias y municipios: con un total de 42 personas; 29 Valoraciones técnicas en lenguas; Se llevaron a cabo 3 Talleres para la elaboración de material, taller para la elaboración de materiales digitales en zapoteco de Yalalag, Elaboración de libros para la enseñanza el mazateco a niños de primaria y Taller de sensibilización a la diversidad lingüística y cultural para profesores de educación primaria; 38 valoraciones técnica de las propuestas de traducción del Himno Nacional Mexicano a las Lenguas Indígenas Nacionales; y 11 Conferencias y ponencias dirigidas a estudiantes y profesores: con una asistencia global de 520 personas.

Objetivo 3. Incrementar la participación de personas hablantes de lenguas indígenas, la expresión y presencia de éstas en los medios de comunicación: Se obtuvieron más impactos informativos mediante la difusión de logros, acciones, programas y proyectos del INALI. Además, se está logrando colocarlo en la agenda mediática como una Institución gubernamental, que desarrolla, revitaliza y fortalece las lenguas indígenas nacionales. También se incrementó la elaboración y difusión de mensajes institucionales y co-emitidos. Con la publicación y distribución de productos digitales en lenguas indígenas, sobre todo en algunas de ellas en alto riesgo de desaparición, se logró registrar y difundir las manifestaciones culturales de comunidades que no tienen acceso sencillo ni frecuente a la tecnología.

Objetivo 4. Promover el conocimiento del marco jurídico de los derechos lingüísticos en el Estado Mexicano: 26 opiniones jurídicas en materia de derechos lingüísticos a iniciativas de reformas o adiciones de ley o decretos y sobre iniciativas de reforma constitucional. Lo cual representó un 73% más con relación a las atendidas en 2015; se coadyuva en el cumplimiento al derecho de las personas indígenas a ser asistido por intérpretes con conocimiento en la lengua y cultura; y se coadyuva en materia electoral en el cumplimiento de los derechos lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas.

Objetivo 5. Propiciar la generación de conocimiento, reconocimiento y valoración de la diversidad lingüística y cultural del país: reuniones del grupo Técnico de Seguimiento del Programa Especial de Migración (PEM) 2014-2018, se coordinaron los mapas de migración de las lenguas indígenas por agrupación lingüística que aparecerán en el Atlas de las Lenguas Indígenas de México; transcripciones fonéticas y ortográficas de 23 narraciones en formato ELAN de la lengua tének; se obtuvieron 14 isoglosas de variación lingüística y propuesta de redefinición de 11 variantes lingüísticas mazatecas, y 28 mapas de isoglosas actualizadas de Náhuatl; Documentación Lingüística: 19 agrupaciones lingüísticas; Acervo de Lenguas Indígenas Nacionales: incorporación de material videográfico a la plataforma; 11 talleres de Gramáticas Pedagógicas; 10 productos en borrador de las lenguas; Actualización del Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales; Se incorporaron fichas de lenguas en riesgo de las agrupaciones lingüísticas: Mixe (11 variantes), álgicas (1 variante), huaves (2 variantes), cochimí-yumanas (5 variantes), purépecha (1 variante), chinantecas (10 variantes); y 11 reuniones de trabajo para la normalización de los sistemas de escritura de trece lenguas indígenas nacionales.

Objetivo 6. Impulsar el multilingüismo y la interculturalidad en las políticas públicas: El INALI coadyuva en la creación de instancias estatales y municipales de atención a las lenguas indígenas.

Atendido los resultados consignados por el INALI resulta pertinente preguntarse si el Gobierno Federal, a través de la acciones y programas públicos, están dando cumplimiento a su propio Pan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en lo que cabe a sus objetivos “3.2. Garantizar la Inclusión y la equidad en el Sistema Educativo”, estrategia “3.2.1. Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la población”, en particular, a la garantía del “derecho de los pueblos indígenas a recibir educación de calidad en su lengua materna y con pleno respeto a sus culturas”. A todas luces, y en forma fehaciente, es evidente que no.

Del mismo modo, el Gobierno Federal ¿está cumpliendo con la implementación de la Agenda 2030 en la materia? En conocimiento de las directrices contenidas en el Marco de Acción Educación 2030 de la UNESCO, guía para la aplicación de la Agenda 2030, en lo pertinente, el pleno respeto hacia el uso de la lengua materna en la enseñanza y el aprendizaje y la promoción y preservación de la diversidad lingüística, es posible constatar que los niños, niñas y adolescentes mexicanos, pertenecientes a una etnia indígena, no reciben una educación en su lengua materna, tan sólo en idioma español y, en algunos casos, en inglés, por lo que el Estado mexicano, a través del actuar del gobierno federal, no está dando cumplimiento a la agenda 2030 en la materia.

Revelador resulta en este sentido las declaraciones de mi compañero diputado del Partido Revolucionario Institucional por el distrito 1 (Campeche), diputado Miguel Ángel Sulub Caamal, secretario de la Comisión de Asuntos Indígenas, que el reportaje del portal web vertigopolitico.com,9 en el que reconoció las lenguas indígenas están en riesgo de perderse en México. “Refirió que, al llegar a las escuelas indígenas de su entidad, les dice a los niños “buenos días” en maya, y con mucha sorpresa se le quedan viendo; pero si les dice good morning, todos contestan: “good morning”.

Esa tendencia se debe a que muchas veces “las nuevas generaciones piensan que por el hecho de hablar una lengua originaria se les va a discriminar o menospreciar. Eso muchas veces inhibe a los jóvenes y niños, quienes ya no se interesan en primera instancia por aprenderla”.

De permitir que este proceso avance, el riesgo es que se pierda este legado lingüístico y, con él, uno de los factores que más nos identifica como población indígena.

El legislador priista dio la bienvenida al modelo de educación bilingüe impulsado por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Sin embargo, resaltó que debe poner énfasis en el componente de la concientización, para que se reconozca la importancia de enseñar a los niños y jóvenes indígenas su lengua materna, ya que con eso se preserva la cultura mexicana...”10

Por lo expuesto, someto a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Educación Pública y del Consejo Nacional para la Agenda 2030 a hacer del conocimiento público las acciones realizadas en torno al fortalecimiento de las lenguas maternas de los mexicanos, incluyendo los 68 pueblos indígenas, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 y como parte fundamental de los compromisos de la Agenda 2030 suscritos por México ante la ONU.

Notas

1 http://www.un.org/es/events/motherlanguageday/

2 http://www.un.org/es/sections/observances/united-nations-observances/

3 http://www.un.org/es/events/motherlanguageday/backgroun d.shtml

4 http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2017/ 09/asun_3573127_20170914_1505407390.pdf

5 Ídem

6 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2 013

7 https://site.inali.gob.mx/pdf/INALI_Informe_Logros_2016.pdf

8 http://www.inali.gob.mx/es/institucional.html

9 Vertigopolitico.com “En riesgo de perderse las lenguas indígenas en México”, 2017-01-03 11:47:39 por Norberto Vázquez, disponible en http://www.vertigopolitico.com/articulo/43941/En-riesgo-de-perderse-las -lenguas-indigenas-en-Mexico

10 Ídem.

Dado en el Palacio Legislativo Federal, a 22 de febrero de 2018.

Diputados Juan Carlos Ruiz García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno y la Ssa del estado de México a destinar los recursos económicos de los programas de atención y protección de la salud, por el grave desabasto de medicamentos prevaleciente en sus instituciones, a cargo del diputado David Gerson García Calderón, del Grupo Parlamentario del PRD

Planteamiento del problema

I. El derecho a la salud está garantizado en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que, toda persona tiene derecho a la protección de la salud, además de establecer la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de nuestra Carta Magna.

II. La Ley General de Salud. Artículo 6o.- El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos:

“Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas”

III. La Ley de Ingresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación son dos de los instrumentos de política pública más importantes de nuestro país, en ellos se establecen la cantidad, distribución, destino y fuente de los recursos públicos que habrán de ejercer los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos que cuentan con autonomía constitucional. Como son las Entidades Federativas.

IV. En ese sentido y en cumplimiento del citado precepto constitucional, exigimos al gobierno del Estado de México, aplique de manera correcta y justa, el presupuesto aprobado para el sector salud, para dar respuesta pronta y expedita al clamor de la ciudadanía, que reclama el abasto de medicamentos e instrumentación para la oportuna atención de la población.

V. Ante el reclamo de la ciudadanía, nos hemos dado la tarea de realizar un monitoreo (recorrido) en tres unidades de salud que dan atención a la población de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán.

• Hospital General La Perla: Avenida Escondida entre Poniente 21 y 25 sin número, Nezahualcóyotl, colonia La Perla Reforma.

• Hospital General Dr. Gustavo Bas Prada: Avenida Bordo de Xochiaca, Nezahualcóyotl.

• Hospital General 90 Camas: Avenida Del Peñón 1, Chimalhuacán, México.

VI. En las tres unidades de salud encontramos lo mismo, el grave déficit de medicamentos, de personal médico y de enfermería, el reclamo es generalizado de trabajadores y pacientes, el personal médico dice que no cuentan con los medios necesarios para dar una atención de calidad, en consecuencia el reclamo de pacientes y familiares cada vez es mayor, lo que constatamos, coincide con la información de los medios de comunicación que dan fe de los hechos que están sucediendo en este sector.

Grupo Fórmula: Denuncian negligencia en hospital del Edomex. Con Ciro Gómez Leyva. 23 de marzo del 2017: Un señor de nombre Gilberto Flores Franco, de 74 años de edad, ingresó al Hospital General La Perla, en Ciudad Nezahualcóyotl, el pasado 6 de marzo, donde se le diagnosticó hematoma vascular cerebral hemorrágica. Fue atendido por el doctor Ulises Palacios Zúñiga y operado el 9 de marzo, para lo cual le pidieron 35 mil pesos para comprar material, y desde entonces se encuentra convaleciente e inconsciente.

La familia de Gilberto Flores Franco, de escasos recursos, consiguió el dinero y no les dieron factura. Mientras que el cirujano-neurólogo Ulises Palacios Zúñiga no les informa nada.

El Grafico: Por Alma Ríos. 28 de marzo 2017. Ni médicos, ni medicinas en estado de México:

Habitantes de municipios de la zona norte del Estado de México denunciaron que parece que tienen prohibido enfermarse, pues cuando acuden a su clínica del Sector Salud Mexiquense se enfrentan al desabasto de medicamentos o simplemente no son atendidos por falta de personal médico.

AlmomentoMX. Por redacción. 31 de marzo 2017. El desabasto de medicamentos, materiales de curación y en general graves limitaciones en hospitales y centros de salud del Estado de México se ha vuelto preocupante y requiere acciones inmediatas para resolver la problemática...

@Fondo: Por Cristian de Jesús: Mueren pacientes por desabasto de medicinas en hospitales de Edomex. Ahora fueron familiares de pacientes internados en hospitales de la zona norte del Estado de México que forman parte de la Secretaría de Salud, quienes denunciaron el desabasto de medicamentos, obligándolos a tener que comprarlos.

Fundamentación

Con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo expuesto y fundado, pongo a consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta, al Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Salud de la entidad, para realizar una supervisión urgente y exhaustiva de la operatividad y funcionamiento del Sector Salud de la entidad.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de México, para hacer pública la información que explique las razones del grave desabasto de medicamentos en dicho sector.

Tercero. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud del estado de México, para que en ejercicio de sus facultades, de respuesta pronta y expedita a los usuarios de las unidades de salud en toda la entidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de febrero de 2018.

Diputado David Gerson García Calderón (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al gobierno y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México a establecer instrumentos de transparencia y rendición de cuentas sobre los recursos destinados a la reconstrucción de la localidad y respetar lo que respecto a éstos fije la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Cdmx en una Ciudad más Resiliente, a cargo del diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentario de Morena

El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, fracción II, numeral 2, fracciones III y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

El pasado día 7 de septiembre de 2017 se registró un sismo con magnitud de 8.2 grados en la escala de Richter localizado en el Golfo de Tehuantepec, a 133 km al suroeste de Pijijiapan, Chiapas. El sismo, ocurrido a las 23:49:18 hrs., tuvo fuertes estragos en el centro y sur del país.

Como consecuencia de la magnitud, de acuerdo a datos del Gobierno Federal aproximadamente 110 mil inmuebles resultaron con daños en Oaxaca y Chiapas, lo que hace necesaria su reparación o reconstrucción con carácter de urgente.

Posteriormente, el 19 de septiembre de 2017 otro movimiento telúrico afectó la República Mexicana; el cual tuvo una magnitud de 7.1 grados en la escala de Richter y localizado en el límite estatal entre los estados Puebla y Morelos, a 120 km de la Ciudad de México.

Como consecuencia, las afectaciones han sido cuantificadas en miles de millones de pesos las cuales de manera lamentable cobraron también la vida de cientos de personas.

La magnitud del daño es tal que ha tenido consecuencias que rebasan la capacidad de recuperación de la Federación, Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México afectados, las cuales han causado afectaciones a la estructura productiva, la infraestructura vial y de servicios, que alteran las condiciones ordinarias de vida y ponen en riesgo integridad de quienes habitamos en las zonas afectadas.

Estos fenómenos naturales, también pusieron al descubierto las deficiencias de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México para atender la emergencia.

Lamentablemente, esta tragedia ha sido aprovechada, nuevamente y fieles a su costumbre, por los dirigentes y legisladores capitalinos del PAN y del PRD para lucrar con la necesidad de los afectados.

Primero fue la promulgación de una “Ley para la Reconstrucción de la Ciudad de México” que lo único que busca es legalizar el tráfico de influencias, los negocios sucios, la asignación de recursos y el ejercicio discrecional de los mismos so pretexto de la atención al desastre, y por cierto este ordenamiento jurídico fue aprobado más de 60 días después de que ocurrió el terremoto el 19 de septiembre de 2017, como si los afectados estuvieran en condiciones de esperar a que los diputados se pusieran de acuerdo, pero no solo eso, sino que además fue aprobado por tan solo 35 de los 66 diputados que integran la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, apenas la mitad.

Pero eso no es todo, pues uno de los mandatos de esta famosa Ley es la creación de la llamada Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la CDMX en una ciudad más resiliente, que tuvo vida después de más de 3 meses de sucedidos los sismos, otra vez como si los afectados pudieran esperar.

No omito mencionar que esta comisión estaba integrada por tres excelentes capitalinos, honestos, preparados y sobre todo vivientes permanentes de la dinámica de esta gran Metrópoli: ellos son, o eran: Katia D’Artigues, Ricardo Becerra Laguna y Mauricio Merino, como ya lo dije extraordinarios habitantes de la Ciudad de México y cuyo prestigio y fama pública están a prueba de todo.

En líneas anteriores, me permití decir que los integrantes lo eran puesto que ya no lo son y no lo son porque los tres renunciaron acusando falta de transparencia en el uso de los recursos que ascienden a más de 8 mil millones de pesos y que son autorizados por solamente dos Diputados del PRD y uno más del PAN, es decir, integrantes distinguidos del famoso Frente por “los recursos” de la Ciudad de México.

En palabras del ex comisionado Becerra que en su renuncia sentenció: “Ignoro las justificaciones o las prioridades que han orientado el gasto de los casi 8 mil millones de pesos expresados en sendos escritos. No solo eso, sino que no tiene relación alguna con el diagnóstico de las necesidades de las personas afectadas por el sismo y el orden de prioridades que la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México ha identificado después de más de 150 visitas a lugares críticos”. Así de graves las cosas.

Estas dimisiones se dan luego de que la ex Comisionada Ciudadana del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, María Elena Pérez Jaen, publicara en su cuenta de Twitter un oficio signado por los Diputados del PRD, Leonel Luna y Mauricio Toledo y el Diputado Jorge Romero del PAN, en el que solicitan al Secretario de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México reasignar para la Delegación Coyoacán los siguientes montos: 350 millones de pesos que originalmente eran para la Secretaría de Desarrollo Social de la misma Entidad, 277 millones que eran para la Secretaría de Educación y 400 millones de pesos que estaban destinados para la Agencia de Gestión Urbana de esta Ciudad, todos por concepto de mitigación de afectaciones por los sismos.

Pero eso no es todo, en el mismo documento que se identifica con el número de oficio ALDF/VIIL/CG/185/2018, estos tres diputados que piden la asignación establecen como destino de los recursos los siguientes rubros: “entrega de equipo de cómputo portátil a jóvenes coyoacanenses para impulsar sus actividades tecnológicas por 300 millones de pesos. Atención a adultos mayores de la demarcación con tenis y pants para fomentar la actividad física y el cuidado de su salud por 40 millones 880 mil pesos. Atención a niñas y niños coyoacanenses con pants y tenis para fomentar el deporte y mitigar la obesidad infantil por 34 millones 519 mil 600 pesos.

Chamarras para cuidar de la salud los habitantes de Coyoacán para enfrentar las temperaturas bajas en la demarcación por 67 millones 320 mil pesos. Renovación y sustitución de la nomenclatura para identificación de calles en colonias, barrios, pueblos, fraccionamientos y unidades habitacionales en todo Coyoacán por 85 millones de pesos, entre otros, hasta sumar un total de mil 27 millones de pesos que nada tiene que ver con la reparación de las afectaciones provocadas por los sismos del año pasado.

Cabe mencionar que uno de los Diputados firmantes de dicha petición que además es el Presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, es Mauricio Toledo, que fue Jefe Delegacional en Coyoacán y ha sido legislador local y federal por la misma demarcación.

Derivado de lo anterior, se hace necesario garantizar que el recurso destinado para la reconstrucción sea utilizado para el fin que se generó, sin tintes político partidistas que no ayudan en nada atender la problemática que aún hoy se vive como causa de esos fenómenos naturales, pues pareciera que la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, encabezada por los Diputados Leonel Luna del PRD y Jorge Romero del PAN, con estas acciones busca beneficiar a sus partidos políticos haciendo mal uso del presupuesto asignado para atender la emergencia derivada de los sismos de 2017 en esta Entidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta al jefe de Gobierno y a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México a establecer los mecanismos necesarios de transparencia y rendición de cuentas referente al recurso destinado a la reconstrucción de la ciudad y que se respete lo que establezca la “Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la CDMX en una ciudad más resiliente” en cuanto al destino del mismo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de febrero de 2018.

Diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a expedir con apoyo de la Semarnat la NOM sobre las especificaciones técnicas para construir pasos de fauna en caminos y carreteras federales, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Germán Ernesto Ralis Cumplido diputado del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, someto a consideración la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el apoyo técnico de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a expedir la norma oficial mexicana que detalle las especificaciones técnicas para la construcción de pasos de fauna en caminos y carreteras federales, con base en lo siguiente:

Exposición de Motivos

La fragmentación del hábitat es la principal causa para la pérdida de la biodiversidad en el planeta.1 Se ha encontrado que la pérdida o la fragmentación del hábitat reduce las posibilidades de supervivencia de una especie en tanto ésta cuenta con menor espacio vital para sustentar poblaciones más elevadas o genéticamente diversas.2 Toda especie, sea vegetal o animal, requiere de un espacio vital mínimo para poder sobrevivir y desarrollar óptimamente sus funciones biológicas. Con un hábitat reducido, las especies quedan marginadas a poblaciones más pequeñas y, por tanto, más vulnerables frente a fenómenos como el cambio climático, la caza furtiva o incluso a futuras reducciones sucesivas de su hábitat.

En este fenómeno, la construcción de caminos y carreteras juega un papel fundamental.3 El desarrollo de este tipo de infraestructura tiene un impacto negativo en tanto que incrementa la fragmentación y reduce la diversidad genética y biológica del ecosistema que atraviesa. Adicionalmente, todo camino genera una suerte de “erosión” a su paso, pues pasa a convertirse en el borde del hábitat por el que pasa,4 educiendo el espacio vital de las especies que en él habitan y convirtiéndose en una zona que los animales pueden identificar con el peligro. Como menciona el investigador William Laurence, de la Universidad James Cook en Australia, “es difícil estar en esta línea de trabajo [ecología], y no sentirse impresionado por su poder transformativo [en el ambiente]”.5

En este sentido, el caso mexicano es llamativo (sin bien se encuentra lejos de ser el único) al contar con una infraestructura carretera extensiva y desarrollada. A 2016, México contaba con 61,709 km carreteras federales. Sumadas a estas, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes contabilizó 47,269 km de vialidades urbanas e infraestructura de enlace, 150,758 km de caminos rurales y poco más de 118,000 km de carreteras pavimentadas que no cuentan con la clasificación de camino federal. En total, la Red Nacional de Caminos contó con 378,633 km de extensión a nivel nacional.6 La verdadera dimensión de este despliegue carretero puede constatarse a continuación:7

Imagen Satelital con RNC . Secretaría de Comunicaciones y Transportes. (2018).

Contar con una red desarrollada de caminos es un objetivo prioritario en cualquier país. Ésta permite que la región sea más dinámica, productiva y competitiva; en tanto que habilita a cientos de mexicanos para realizar de forma óptima sus actividades diarias. Mantenerla, sin embargo, representa también una importante responsabilidad para el Estado mexicano, en tanto es su deber realizar los mejores esfuerzos con el fin de evitar daños ambientales como los que aquí se han expuesto.

Entre las distintas medidas de mitigación disponibles para las autoridades, pocas han demostrado su efectividad de forma más clara que los pasos de fauna. Estos constituyen de estructuras transversales a un camino o carretera que permiten, a partir de un diseño adaptado a las circunstancias del ecosistema local, conectar el hábitat existente en ambos lados del camino. La función esencial de esta infraestructura es habilitar a la fauna y flora silvestre con un corredor para el tránsito seguro, reduciendo o eliminando el impacto negativo que genera la fragmentación de su hábitat.

Existen diversas investigaciones que confirman la utilidad de estas estructuras. Algunas de ellas detallan, por ejemplo, los beneficios que presentan a largo plazo, como lo son: la re-integración de flora y fauna previamente aislada a un hábitat de mayor extensión y riqueza biológica, la reducción en accidentes vehiculares por colisión con animales y la familiarización y adopción plena de la fauna local para su uso frecuente.8 Otras resaltan los efectos positivos que provocan en los usuarios de caminos. Sectores importantes de la sociedad ven positivamente la adopción de medidas que protejan el medio ambiente en el que se encuentran, además de gozar de la protección adicional que estos (los pasos de fauna) ofrecen.9

La implementación de pasos de fauna, por tanto, es una estrategia viable y comprobada para mitigar los efectos ambientales negativos que conlleva la construcción de caminos y carreteras. Ésta, sin embargo, no puede producirse de forma efectiva sin el sustento técnico que garantice su éxito.

La ausencia de un marco regulatorio en esta materia puede resultar en la construcción de infraestructura obsoleta y ajena a los objetivos que buscan cumplirse. En México hay pasos de fauna en operación que, como ejemplo de esta deficiencia, se encuentran mal diseñados e implementados.10 Es prioritario, por tanto, contar con normas que permitan estandarizar el proceso de su diseño, construcción e implementación. Es necesario integrar equipos con un entendimiento interdisciplinario de la problemática ecosistémica, conocedores de las más recientes prácticas en la materia; solo así será posible contar con una verdadera política orientada a la conservación. Debido a esto, la siguiente iniciativa no solo plantea la participación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (facultada a elaborar las normas técnicas en la materia de infraestructura carretera) sino también de retomar el apoyo técnico y consejo que puede ofrecer la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el diseño de una norma más completa y enfocada a la protección ambiental.

Fundamentando en lo anterior, propongo se exhorte a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el apoyo técnico de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a expedir la Norma Oficial Mexicana que detalle las especificaciones técnicas para la construcción de pasos de fauna en caminos y carreteras federales, con el fin de habilitar a nuestros caminos con la infraestructura necesaria para hacerlos amigables con el medio ambiente, y mitigar así los efectos negativos que estos ejercen sobre los ecosistemas mexicanos.

Considerandos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4º, párrafo quinto, que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho”.11

La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en tanto, otorga a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, en su artículo 5º, la atribución de “determinar las características y especificaciones técnicas de los caminos y puentes; así como actualizar y publicar cuando se requiera la clasificación carretera en el Diario Oficial de la Federación”, así como de “expedir las normas oficiales mexicanas de caminos y puentes así como de vehículos de autotransporte y sus servicios auxiliares”.12

En la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en tanto, se dice considerar de utilidad pública “la formulación y ejecución de acciones de protección y preservación de la biodiversidad del territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción”.13

El artículo 5º de esta misma normatividad establece, adicionalmente, como una facultad de la federación “la aplicación de los instrumentos de la política ambiental previstos en esta Ley, en los términos en ella establecidos, así como la regulación de las acciones para la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente que se realicen en bienes y zonas de jurisdicción federal”.14

Finalmente, para efectos de la coordinación, se establece en esta misma ley que “las dependencias y entidades de la Administración Pública se coordinarán con la Secretaría [de Medio Ambiente y Recursos Naturales] para la realización de las acciones conducentes, cuando exista peligro para el equilibrio ecológico de alguna zona o región del país [...].”15

Por lo antes descrito, someto a consideración lo siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el apoyo técnico de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a expedir la Norma Oficial Mexicana que detalle las especificaciones técnicas para la construcción de pasos de fauna en caminos y carreteras federales.

Notas

1 Fahrig, Lenore. “Relative Effects of Habitat Loss and Fragmentation on Population Extinction”. En The Journal of Wildlife Management . Vol. 61. Núm. 3. Hoboken. Wiley-Blackwell. 1997. Consultado en: http://www.jstor.org/stable/3802168?seq=1#page_scan_tab_contents.

2 Ibídem.

3 Nijhuis, Michelle. What Roads Have Wrought . Nueva York. The New Yorker. 2015. Consultado en:

https://www.newyorker.com/tech/elements/roads-habitat-fr agmentation.

4 Watson, Mark L. Habitat Fragmentation and the Effects of Roads on Wildlife and Habitats . Albuquerque. Departamento de Caza y Pesca del Gobierno de Nuevo México. 2005. Consultado en: http://www.safepassagecoalition.org/resources/Habitat%20Fragmentation.p df.

5 Ibídem. Consultado en: https://www.newyorker.com/tech/elements/roads-habitat-fragmentation.

6 Sistemas de Información Geoespacial. Red Nacional de Caminos . México. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 2018. Consultado en:

https://www.gob.mx/imt/acciones-y-programas/red-nacional -de-caminos.

7 Los caminos federales se muestran en verde y rojo, los caminos estatales en naranja y los caminos municipales en rosa . En su conjunto conforman la Red Nacional de Caminos . Consultado en: http://imt.mx/micrositios/sistemas-de-informacion-geoespacial/servicios -tecnologicos/red-nacional-de-caminos/visualizador-geocartografico-de-l a-rnc.html.

8 Clevenger, Anthony; Ford, Adam; Sawaya, Michael. Banff Wildlife Crossings Project: Integrating Science and Education in Restoring Population Connectivity Across Transportation Corridors . Radium Hot Springs, British Columbia. Parks Canada Agency. 2009. Consultado en: https://arc-solutions.org/wp-content/uploads/2012/03/Clevenger-et-al-20 09-Banff-wildlife-crossings-project.pdf.

9 Bank, Fred G.; Leroy, Irwin; Evink, Gary; et al. Wildlife Habitat Connectivity Across European Highways . Washington, D.C. Office of International Programs – Department of Transportation. 2002. Consultado en: https://international.fhwa.dot.gov/Pdfs/wildlife_web.pdf.

10 Cano Gómez, Claudia. Pasos de Fauna (Tesis de Posgrado). México. Universidad Nacional Autónoma de México. 2016. Consultado en:

http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/
132.248.52.100/11084/PASOS%20DE%20FAUNA.pdf?sequence=1.

11 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 4º, Párrafo Quinto. (Última Reforma: DOF 15-09-2017)

12 Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Artículo 5º. Párrafo Segundo. Fracción V y VI. (Última Reforma: DOF 30-11-2017)

13 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Artículo 2º. Fracción III. (Última Reforma: DOF 19-01-2018)

14 LGEEPA. Artículo 5º. Fracción II. (Última Reforma: DOF 19-01-2018)

15 LGEEPA. Artículo 14. (Última Reforma: DOF 19-01-2018)

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de febrero de 2018.

Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a realizar acciones para garantizar a las embarazadas el acceso al esquema de vacunación correspondiente, a cargo de la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La que suscribe, diputada Melissa Torres Sandoval, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El artículo 4o. constitucional establece para toda persona el derecho a la protección de la salud. Entre las finalidades de este derecho se encuentra, la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana.

Asimismo, dicho artículo constitucional establece que la Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud; la vacunación forma parte de esos servicios.

La vacuna es una suspensión de microorganismos que se administra con el objetivo de generar inmunidad y evitar la infección de una enfermedad. En el caso de la mujer embarazada, con dicha inmunidad se puede favorecer una gestación segura.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), a diario mueren 830 mujeres por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto. Se afirma que la mortalidad materna es mayor en las zonas rurales y en las comunidades más pobres. Asimismo, las jóvenes adolescentes corren mayor riesgo de complicaciones y muerte a consecuencia del embarazo.

Es necesario señalar que una de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es reducir la razón de mortalidad materna mundial a menos de 70 por cada 100 mil nacidos vivos entre 2016 y 2030, por lo que deben intensificarse los esfuerzos legislativos por perfeccionar el marco normativo que hará posible que se logre el cumplimiento de dicha meta.

En México, la razón de mortalidad materna es de 34.6 por cada 100 mil nacidos vivos. Es necesario señalar que este es un indicador de desigualdad y rezago social. Es en los países de menor desarrollo donde se generan las tasas más altas de fallecimientos de mujeres embarazadas. Por ello resulta exigible establecer un marco jurídico de protección permanente para toda mujer que desee ejercer su derecho a decidir el número y espaciamiento de los hijos, de la manera más segura.

La inmunización de las mujeres embarazadas contribuye al pleno ejercicio de su derecho a la protección de la salud, se convierte en una acción tendiente a proteger sus derechos reproductivos.

Se recomienda que las mujeres embarazadas sean vacunadas en el segundo y el tercer trimestre del embarazo. Debe recibir dos dosis de vacuna de toxoide tetánico y de toxoide diftérico en dosis reducida, las cuales deben repetirse en intervalos de diez años para que la protección sea permanente. Asimismo, debe ser vacunada contra la tosferina, influenza (TIV) y hepatitis B.

Se encuentran contraindicadas las vacunas contra la influenza (LIV); sarampión-rubeola; sarampión-rubeola-parotiditis; rubeola y varicela. Solo de manera especial se deben administrar las vacunas contra el tétanos-difteria-pertusis; hepatitis A; polio; neumococo; meningococo y rabia.

Durante las temporadas de 2010 a 2016, el 53.5 por ciento de los casos de influenza correspondieron a mujeres, el 77 por ciento no tenían antecedente de vacunación y el 36 por ciento presentaba una o más comorbilidades. En cuanto a las defunciones, se observó un 55 por ciento en el sexo masculino, un 85 por ciento no había sido vacunado y un 71.5 por ciento presentaba una o más comorbilidades.i De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el 50.8 por ciento de las mujeres embarazadas se vacuna por recomendación de un médico.

La promoción y el acceso a la vacunación en mujeres embarazadas puede contribuir significativamente a la protección materno-infantil contra enfermedades prevenibles por ese medio.

Las autoridades sanitarias no deben bajar la guardia frente a las enfermedades que amenazan el correcto desarrollo del embarazo, y que ponen en riesgo la salud de la madre y del hijo. La mortalidad materno-infantil continúa siendo un reto para el gobierno mexicano. No se deben escatimar esfuerzos para otorgar la debida protección de la vida de la mujer y del producto de la concepción.

Al proteger el embarazo, se hace realidad el ejercicio del derecho a la protección de la salud, se protege a las nuevas generaciones de mexicanos y se potencia el esfuerzo de las mujeres por formar una familia.

Las y los legisladores de Nueva Alianza estamos convencidos de que la consolidación del concepto de vacunación como un Derecho Universal es una expresión indiscutible de justicia social. Que las acciones a favor de la salud materno-infantil contribuyen al desarrollo de la familia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Secretario de Salud a realizar acciones para garantizar a las mujeres embarazadas, el acceso al esquema de vacunación que les corresponde, así como para promover su aplicación oportuna y difundir su importancia para generar con ello la inmunización adecuada y la protección del desarrollo del embarazo.

Nota

i Ruiz Matus Cuitláhuac y otros. Comportamiento de las temporadas de influenza en México de 2010 a 2016. Análisis y prospectiva. Pub Med. Gac Med Mex. 2017; 153:205-13.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero de 2018.

Diputada Melissa Torres Sandoval (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas entidades federativas a armonizar sus legislaciones respectivas con la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos, a cargo de la diputada Julieta Fernández Márquez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Julieta Fernández Márquez, presidenta de la Comisión Especial contra la trata de personas de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, 65; 76, numeral 1, fracción II; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2; así como 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente al titular de la secretaría enunciada en el proemio de la citada proposición.

La trata de personas ocurre desde tiempos ancestrales, pero es en la última década que la comunidad internacional se ha preocupado por entender el alcance del fenómeno y desarrollar instrumentos para combatir esta nueva forma de esclavitud. El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, es el instrumento universal que aborda todos los aspectos de la trata de personas: prevención, persecución penal del delito, protección a las víctimas y promoción de la cooperación internacional.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1, reconoce y garantiza los derechos humanos, protege el derecho a la libertad y prohíbe la esclavitud; y, en su artículo 5, indica que el “Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por cualquier causa, ni admitir convenio en que la persona pacte su proscripción o destierro, o en el que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio”.

En cumplimiento de estos mandatos constitucionales, el gobierno mexicano ha hecho constar reiteradamente a la comunidad internacional su compromiso con la prevención y el combate a aquéllos crímenes que constituyen una grave amenaza a los derechos fundamentales de los seres humanos, en especial de los niños, las niñas, las mujeres y las personas pertenecientes a otros grupos en situación de vulnerabilidad, como personas indígenas, personas con discapacidad y personas de la diversidad sexual.

El 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma que eleva a rango constitucional los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que México es parte; con ello se ratifica que dichos tratados son normas jurídicas de aplicación directa e inmediata, vinculantes y obligatorias para los poderes públicos, tanto los ejecutivos como los legislativos y los judiciales, en los tres órdenes de gobierno. Ello significa que todas las autoridades mexicanas deben ejercer el llamado control de convencionalidad que implica verificar que todos sus actos de gobierno atiendan a lo estipulado en los tratados sobre derechos humanos ratificados por México.

México ha firmado diversos instrumentos internacionales relativos no sólo a la trata de personas, sino también a fenómenos delictivos relacionados con ella, como, por ejemplo: la esclavitud y las prácticas que le son análogas, los trabajos forzados, el trabajo infantil, la explotación sexual de mujeres y personas menores de edad, y la violencia contra las mujeres.

El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Protocolo de Palermo) es, sin lugar a dudas, el instrumento internacional a considerar, en primer lugar, para la armonización legislativa mexicana en torno a las distintas formas de explotación humana. Sin embargo, existen otros instrumentos internacionales a los que se debe hacer referencia para una legislación completa en la materia de trata de personas, como: la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará); la Convención sobre los Derechos del Niño y sus dos Protocolos Facultativos relativos a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía, y a la Participación de Niños en los Conflictos Armados; la Convención sobre la Esclavitud y su Protocolo modificado; el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación en la Prostitución Ajena y su Protocolo Final y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo relativos a la Abolición del Trabajo Forzoso (Convenio Número 105) y a la erradicación de las Peores Formas de Trabajo Infantil (Convenio Número 182).

Con la entrada en vigor del Protocolo de Palermo el día 25 de diciembre de 2003, el Estado mexicano se enfrentó al desafío de legislar respecto de un delito sobre el cual había pocos conocimientos, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el sociológico. Este reto consistió, por un lado, en penalizar la trata de personas atendiendo a criterios mínimos conformes con la definición contenida en el Protocolo de Palermo (artículo 3), el cual abarca no sólo las finalidades de la explotación sexual y la prostitución ajena sino una amplia variedad de formas de explotación y, por otro lado, en obligar a las autoridades a adoptar políticas públicas en materia de prevención, cooperación internacional y asistencia a las víctimas con miras a la erradicación de las causas de este crimen.

Los constantes debates en torno a la complejidad del tipo penal de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas de 2007, la exigencia de resultados proveniente de la sociedad por el escaso número de sentencias condenatorias, la falta de coordinación entre las instancias estatales y federales, así como la necesidad de brindar mejores opciones de atención y reincorporación a las víctimas provocó que se planteara en el Congreso de la Unión la necesidad de eliminar por completo la ley de 2007 y se creara una nueva de aplicación general en toda la república.

Fue así que el 14 de julio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a la fracción XXI del artículo 73 constitucional, en la cual se facultó al Congreso de la Unión a expedir una ley general en la materia. La importante reforma incluyó también una adición al artículo 19 constitucional por la cual se mandata a los jueces a ordenar prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de trata de personas, así como de otros delitos graves, incluyendo aquellos que atentan contra el libre desarrollo de la personalidad. Lo anterior con la finalidad de responder a las necesidades de homologar en toda la república los tipos penales y sus sanciones, distribuir competencias y delinear las formas de coordinación entre la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios se publicó la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

Esta nueva ley pretende lograr, por primera vez, que se determinen competencias y canales de coordinación entre los Poderes de la Unión y los gobiernos federal, estatales, del Distrito Federal y municipales para la prevención, la investigación, la persecución y la sanción de la trata de personas; que se homologuen en todo el país los tipos penales; y que se distribuyan competencias y se establezcan formas de coordinación en materia de protección y asistencia a las víctimas. Estos tres objetivos son sumamente relevantes y, en definitiva, traerán consigo beneficios no conseguidos por ordenamientos jurídicos anteriores.

Es clara la importancia que se brinda al tema de la protección y asistencia, no sólo a las víctimas, sino a los familiares y testigos. Si bien muchas de las disposiciones en materia de víctimas eran ya abordadas por la anterior ley, existen novedades interesantes como, por ejemplo, la obligación del Estado de garantizar a las víctimas de la delincuencia organizada nacional o transnacional su cambio de identidad y de residencia, aun cuando es necesario reglamentar procedimientos específicos para el otorgamiento de documentos de identidad y de viaje.

Es también relevante el hecho de obligar a la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración, a otorgar condiciones de estancia por razones humanitarias a las víctimas extranjeras y a sus ascendientes y descendientes en primer grado durante el período de espera y durante el procedimiento penal. En los casos que lo ameriten, dicha estancia estará acompañada de permisos de trabajo y podrá convertirse en un permiso de residencia permanente a solicitud de las víctimas. Si bien este derecho ya era garantizado por el Instituto Nacional de Migración desde hace varios años, constituye un gran avance el que fuera incluido en la Ley de Migración de 2011.

Finalmente, es destacable el que se haya previsto la creación no sólo de refugios, sino de casas de medio camino que son indispensables para la recuperación a largo plazo de las personas afectadas y de sus familias, así como de los fondos federal y estatales para la atención de víctimas, compuestos por recursos provenientes de diversas instancias, los cuales podrán ser utilizados para el pago de la reparación del daño a la víctima, en los términos de las legislaciones federal y locales sobre extinción de dominio, en caso de que los recursos del sentenciado sean insuficientes para cubrir el monto determinado por el juzgador.

Es por todo lo anterior que, de conformidad con los Informes anuales de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos y el artículo décimo transitorio de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, que a la letra dice:

Los congresos de los estados y la Asamblea de Representantes del Distrito Federal procederán a hacer las reformas pertinentes en la materia y las leyes específicas, con el fin de armonizar en lo conducente a la presente Ley.

Es importante la realización de la armonización legislativa, para erradicar la trata de personas en el país.

Por todo lo anterior, someto a consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a los congresos estatales de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Yucatán, a que, de conformidad con el artículo Décimo Transitorio de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, realicen las reformas pertinentes para la armonización legislativa en materia de trata de personas.

Salón de sesiones del recinto legislativo de San Lázaro, a los 22 días del mes de febrero del año 2018.

Diputada Julieta Fernández Márquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la SCT que precise en el Reglamento de la Ley de Aviación Civil que al pasajero que pague por el asiento no podrá denegarse por ningún motivo el embarque y que los boletos de alimentos entregados por las aerolíneas debido a la cancelación del vuelo pueden canjearse en establecimientos del aeropuerto o en el hotel donde se hospede a aquél, a cargo del diputado Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del PAN

Ulises Ramírez Núñez, diputado de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y artículo 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) precisar en el Reglamento de la Ley de Aviación Civil que al pasajero que pague por su asiento, no se le podrá negar por ningún motivo el embarque y por otra parte, que los tickets de alimentos que entregan las aerolíneas con motivo de la cancelación del vuelo, puedan ser canjeados tanto en establecimientos del aeropuerto como en el hotel en el que se le hospede al pasajero, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Una de las reformas más importantes que aprobamos en la presente legislatura, fue a la Ley de Aviación Civil (LAC) , publicada en junio del año pasado1 , en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Con dicha reforma, además de incrementar los derechos de los usuarios del transporte aéreo, logramos avanzar en materia de transparencia y hoy en día las aerolíneas están obligadas a compensar a los viajeros por el retraso en la salida de los vuelos, ya que como todos recordarán, anteriormente las empresas evadían su responsabilidad alegando que la demora era causada por el operador del aeropuerto y podíamos pasar varias horas antes de llegar a nuestro destino, sin una compensación por el tiempo perdido.

A partir de la entrada en vigor de dicha reforma, se le otorgó a las aerolíneas un plazo de 90 días hábiles2 para ajustar sus sistemas y procedimientos para dar cumplimiento a la nueva regulación y se estableció en el artículo segundo transitorio de dicho decreto, que el Ejecutivo federal y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) tendrían 180 días hábiles para realizar los ajustes correspondientes a reglamentos y otras disposiciones, con el fin de dar aplicabilidad a las nuevas disposiciones.

Los 180 días para que la SCT realice la actualización de las disposiciones referidas anteriormente, terminan en el mes de marzo del presente año, por lo que es fundamental que se apruebe el presente exhorto con la finalidad de que la actualización del reglamento de la LAC, considere las precisiones a las que me referiré y que en verdad le garanticemos a los pasajeros los derechos en los que hemos legislado y lo más importantes: que las empresas den cabal cumplimiento a la ley.

Compra de asiento

De acuerdo con el artículo 42 de la LAC, los concesionarios o permisionarios tienen la libertad de fijar las tarifas por los servicios que prestan y el artículo 49 les autoriza a las aerolíneas la posibilidad de ofrecer servicios adicionales, entre ellos, la posibilidad de elegir el asiento de nuestra preferencia para realizar el viaje.

Si viajas en Aeroméxico , elegir tu asiento tiene un costo adicional y prácticamente es una obligación adquirirlo si no deseas tener sorpresas el día de tu viaje.

En muchas ocasiones, sino es que en todas, los mismos empleados de esta línea aérea persuaden a los pasajeros respecto a los riesgos que se pueden correr si no se paga por el asiento, ya que, en puentes o periodos vacacionales se incrementa la demanda de este servicio y debido a la sobreventa de boletos se incrementa la probabilidad de no embarcarse en el vuelo elegido. A veces ni siquiera es necesaria la intervención de los empleados de Aeroméxico , la experiencia de los pasajeros los obliga a asegurar su viaje adquiriendo de manera forzada un asiento.

Lo peor que le puede ocurrir al pasajero que adquirió su boleto y que pagó por un asiento con varios meses de anticipación, es que en el momento de documentar su equipaje en el mostrador de la empresa, se le niegue el abordaje, sin mayor explicación que una disculpa porque no hay asientos disponibles.

Escúchese bien, aún y cuando el pasajero ha pagado por su asiento, para Aeroméxico esto no tiene ninguna relevancia, se siente con el poder para negarle el embarque al pasajero, independientemente de la urgencia o de los compromisos que se tengan en el destino al que se desea viajar.

Esto es alarmante, porque ya no existe ninguna garantía de que compres un boleto y el asiento correspondiente y que tengas el 100 por ciento de la certeza que podrás realizar tu viaje. Por eso es necesario regular y que en el reglamento de la ley se subraye que por ningún motivo se podrá negar el embarque a alguien que pagó por su asiento.

Sin importar la gravedad de esta situación y que Aeroméxico coloque al pasajero en un vuelo posterior, con la finalidad de resarcir el daño, en la mayoría de las ocasiones, una diferencia de 4 horas o más, es trascendental para los fines de nuestros viajes.

No obstante lo anterior, también me referiré al artículo 47 Bis, en el que se establece como prioridad el fortalecimiento de los derechos de los usuarios y tal parece que Aeroméxico no ha entendido que la reforma ya entró en vigor y que está obligado a respetar la ley y los derechos de los pasajeros.

“Artículo 47 Bis. El concesionario o permisionario está obligado a proporcionar un servicio de calidad y eficiente a todos sus pasajeros. Para garantizar lo anterior, deberá respetar y cumplir con cuando menos los siguientes derechos del pasajero:

III. El pasajero tiene derecho contar con un alto nivel de información, que le permita conocer sus opciones y tomar alternativas en caso de requerirlas. Por ello, los concesionarios o permisionarios están obligados a informar de manera rápida y expedita al pasajero en caso de que se produzcan cambios en su itinerario o cualquier otra circunstancia que pudiera afectar el servicio contratado. Lo deberán hacer a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto o cualquier otro medio electrónico, con al menos veinticuatro horas de anticipación a la salida programada.

De la misma forma, si los cambios se produjeran dentro de las veinticuatro horas previas a la salida programada, el concesionario o permisionario deberá informar al pasajero tan pronto tenga la certeza de que dichos cambios son inevitables, sin que esto exima al concesionario o permisionario de su responsabilidad frente al pasajero.

La Secretaría supervisará que los concesionarios o permisionarios informen de manera oportuna a los pasajeros de posibles cambios, retrasos o cancelaciones en su itinerario.”

Sin importar el coraje que provoca que te nieguen el embarque, es una irresponsabilidad de Aeroméxico que no se contacte a los pasajeros como lo establece, en primer lugar, para evitarles el gasto por el traslado al aeropuerto y en segundo lugar, quizá haya quien acepte una compensación y el cambio de vuelo, pero nunca será aceptable que en el último momento se te informe que no viajaras.

Esto no lo podemos permitir y el Poder Legislativo tiene que alzar la voz y solicitarle a la SCT que regule este tipo de prácticas y que en el Reglamento de la LAC se especifique con toda puntualidad que aquellos que paguen por su asiento, no se les podrá negar por ningún motivo el embarque, salvo en los casos de emergencia que la SCT considere.

Compensación por cancelación de viaje

El segundo punto que tiene que especificarse en el reglamento de la LAC, tiene que ver con la forma en la que las aerolíneas compensan a los pasajeros cuando se les niega el embarque. De acuerdo con el artículo 47 Bis las aerolíneas están obligadas a absorber el costo del hospedaje y alimentación, de conformidad con el tiempo de espera que medie hasta el embarque en otro vuelo.

Sin embargo, en el caso específico de Aeroméxico, esta línea aérea entrega “tickets de comida” que sólo se aceptan en los restaurantes del aeropuerto , repito y lo subrayo, no obstante que ya le afectaron al pasajero su itinerario, los tickets de comida que entrega Aeroméxico sólo se pueden canjear en los establecimientos del aeropuerto.

Esto es absurdo e inaceptable, ya que, si a un pasajero se le cancela su vuelo antes de mediodía y se reprograma al día siguiente, la empresa entrega tickets de comida y cena del primer día y otro ticket para el desayuno del día siguiente.

Ahora bien, si el hotel en el que se hospeda al pasajero se encuentra en el corazón de la ciudad, resulta más caro para el pasajero ir y venir en tres ocasiones del aeropuerto al hotel para cambiar los tickets . Por lo que se exhorta a la SCT que se especifique en el reglamento de la LAC que los alimentos serán cubiertos en el hotel en el que se hospede al pasajero o en el aeropuerto, de acuerdo a la conveniencia del usuario del servicio aéreo.

Por todo lo anterior y en razón del perfeccionamiento de la regulación que protege los derechos de los usuarios, se propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes precisar en el Reglamento de la Ley de Aviación Civil que al pasajero que pague por su asiento no se le podrá negar por ningún motivo el embarque, salvo en los casos de emergencia que considere la Secretaría y por otra parte, que se precise en dicho reglamento que los tickets de alimentos que entregan las aerolíneas con motivo de la cancelación del vuelo por responsabilidad atribuible al concesionario o permisionario, puedan ser canjeados tanto en establecimientos del aeropuerto como en el hotel en el que se le hospede al pasajero.

Notas

1 Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil. (DOF: 26/06/2017)

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5488028&fecha=26/06/2017

2 Artículo cuarto transitorio. “Los permisionarios y concesionarios del servicio de transporte aéreo comercial en un plazo de 90 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, adecuarán sus procedimientos con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones señaladas en el mismo. La vigencia de dicho artículo surtió efecto el 8 de noviembre próximo, en virtud de que el 21 de septiembre se publicó un acuerdo por el que declaró inhábiles los días 19, 20, 21, 22 y 25 de septiembre.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de febrero de 2018.

Diputado Ulises Ramírez Núñez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a incorporar en su programa de reconstrucción elementos de ayuda humanitaria para evitar que los damnificados se conviertan en deudores de largo plazo, a cargo de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal Norma Xóchitl Hernández Colín, integrante del Grupo Parlamentario del partido Morena a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, por medio del presente, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente:

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Ciudad de México a que incorpore elementos de ayuda humanitaria al programa de reconstrucción de Ciudad de México, con la intención de evitar la posibilidad de que las personas damnificadas se conviertan en deudoras a largo plazo. Lo anterior, al tenor de la siguiente:

Exposición de motivos

A las 13:14 horas del día 19 de septiembre de 2017, aconteció un fuerte sismo que, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, tuvo una magnitud de 7.1 grados, acontecimiento natural que dejó más de 300 personas fallecidas, así como innumerables daños materiales en viviendas y establecimientos mercantiles.

La Secretaría de la Defensa Nacional activó el Plan DN-III-E en las áreas dañadas para ayudar en las labores de apoyo con las autoridades de protección civil. Fueron desplegados más de 3 mil efectivos militares, mujeres y hombres, así como 15 binomios caninos para la búsqueda de personas atrapadas.

En atención a lo anterior, el 20 de septiembre de 2017, el jefe de gobierno publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la “Declaratoria de Emergencia con motivo del fenómeno sísmico ocurrido el día diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete en Ciudad de México”, en él se menciona que, con motivo del sismo ocurrido, la Secretaría de Protección Civil remitió el informe a que se refieren los artículos 108 y 109 del Reglamento de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal.

Que la Secretaría de Protección Civil analizó los datos contenidos en el informe de referencia y constató la evidencia fehaciente relativa a la población afectada, considerando personas lesionadas, fallecidas y evacuadas; los daños a los servicios vitales, sistemas estratégicos y medio ambiente y los daños a la infraestructura urbana.

Que, en términos del informe, el fenómeno sísmico propició riesgo inminente de que ocurriera un desastre que pusiera en riesgo la vida humana, el patrimonio de la población, los servicios vitales o los servicios estratégicos, por lo que la actuación expedita del Sistema de Protección Civil se volvió esencial para evitar la ocurrencia, por lo cual se estipuló:

Artículo 1. Se declara la Emergencia en las dieciséis delegaciones de Ciudad de México por el fenómeno sísmico ocurrido el diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete en la Ciudad de México.

Artículo 2. La presente Declaratoria se emite con el fin de que el secretario de Protección Civil, en su carácter de coordinador del Sistema de Protección Civil de la Ciudad de México, inicie el procedimiento especial de atención de emergencias a que se refiere el artículo 128 de la Ley de la materia.

Artículo 3. Para los efectos del artículo anterior, se instruye la integración del Comité de Emergencias de Protección Civil de la Ciudad de México, mismo que deberá constituirse en los términos del artículo 130 de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, mismo que se instalará y operará en el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5).

Artículo 4. El Comité de Emergencias de Protección Civil de Ciudad de México tendrá las atribuciones establecidas en el artículo 131 de la Ley de la materia.

Artículo 5. Las acciones de atención y emergencia, se cubrirán con cargo a los recursos del Fondo de Atención a Desastres (FADE) en términos de sus Reglas de Operación.

Artículo 6. Se suspenden todos los términos y procedimientos administrativos a cargo de las dependencias, entidades, órganos desconcentrados y delegaciones de Ciudad de México, hasta en tanto se publique en la Gaceta Oficial de Ciudad de México el término de la presente Declaratoria.

Artículo 7. Todos los servidores públicos adscritos a las dependencias, entidades, órganos desconcentrados y delegaciones del gobierno de la Ciudad de México deberán sumarse a las labores de atención a la emergencia que determine el Comité de Emergencias de Protección Civil, en los términos de la normatividad aplicable.

Artículo 8. Todos los centros de enseñanza de nivel preescolar, básica, media, media superior y superior ubicados dentro de los límites territoriales de la Ciudad de México, deberán suspender labores docentes hasta en tanto estén debidamente evaluados los planteles y dictaminada la seguridad estructural y de protección civil de los mismos.

Artículo 9. Se suspenden todos los eventos, concentraciones y espectáculos masivos en espacios públicos en Ciudad de México durante la vigencia de la presente Declaratoria.

Artículo 10. Los efectos de la presente Declaratoria estarán vigentes desde la fecha de su emisión y salvo lo previsto en el artículo inmediato que antecede, hasta en tanto se publique su término en la Gaceta Oficial de Ciudad de México.

El 21 de septiembre de 2017, el propio jefe de gobierno publicó en la Gaceta Oficial la “Declaratoria de Desastre con motivo del fenómeno sísmico ocurrido el diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete en Ciudad de México”, considerando que, con motivo del sismo ocurrido, la Secretaría de Protección Civil remitió al Jefe de Gobierno el informe a que se refieren los artículos 108 y 109 del Reglamento de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal.

Que la Secretaría de Protección Civil analizó los datos contenidos en el informe de referencia, y constató la evidencia fehaciente relativa a la población afectada, considerando personas lesionadas, fallecidas y evacuadas; los daños a los servicios vitales, sistemas estratégicos y medio ambiente, y los daños a la infraestructura urbana.

Que, en términos del informe remitido, el fenómeno sísmico causó daños que rebasan la capacidad de recuperación de las delegaciones afectadas y han causado afectaciones a la estructura productiva, la infraestructura vial y de servicios, que alteran las condiciones ordinarias de vida y ponen en riesgo la estructura social, la paz pública y el orden social, por lo cual se estipuló:

Artículo 1. Se declaran como Zona de Desastre las áreas de la Ciudad de México afectadas por el fenómeno sísmico ocurrido el diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete en la Ciudad de México.

Artículo 2. La presente Declaratoria se emite para efecto de que, en el ámbito de sus respectivas competencias, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, lleven a cabo las acciones tendientes a cubrir las necesidades básicas para la protección de la vida, la salud y la integridad física de las personas.

Artículo 3. Las acciones de atención a que se refiere el artículo anterior, se cubrirán con cargo a los recursos del Fondo de Atención a Desastres (FADE) en términos de sus Reglas de Operación.

Artículo 4. Los efectos de la presente Declaratoria estarán vigentes desde la fecha de su emisión y hasta en tanto se publique su término en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Asimismo, el día 26 de septiembre de 2017, el mismo jefe de gobierno publicó en la Gaceta Oficial, el “Decreto por el que se instruye la elaboración del Programa y se crea el Órgano de Apoyo Administrativo a las Actividades del Jefe de Gobierno denominado Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una CDMX cada vez más Resiliente”, donde considera lo siguiente:

Que con motivo del fenómeno sísmico, la Secretaría de Protección Civil emitió informe que determinó la existencia de riesgo inminente de que ocurra un desastre que ponga en riesgo la vida humana, el patrimonio de la población, los servicios vitales o los servicios estratégicos, que dio lugar a emitir la Declaratoria de Emergencia citada, mediante la que se instruyó el inicio de procedimiento especial de atención de emergencias, así como la integración del Comité de Emergencias de Protección Civil de la Ciudad de México, para su instalación y operación en el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano.

Que, en términos del informe remitido, el sismo causó afectaciones a la estructura productiva, la infraestructura vial y de servicios, que alteran las condiciones ordinarias de vida y ponen en riesgo la estructura social, la paz pública y el orden social, lo que hizo necesario emitir la Declaratoria de Desastre citada.

Que, de conformidad con el marco normativo del orden federal y local, el jefe de gobierno cuenta con atribuciones para expedir decretos, acuerdos, circulares entre otros, que contengan las estrategias de gestión integral de riesgos, incluyendo acciones de prevención y, en su caso, de reubicación de personas damnificadas, así como acciones reactivas tales como previsiones financieras y operativas para la recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas por el siniestro.

Que, con ello se pretende promover medidas que permitan a la ciudad incrementar su resiliencia y continuar con las acciones transitorias orientadas a alcanzar el entorno de normalidad social y económica que prevalecía entre la población, antes de sufrir los efectos del sismo, buscando la reducción de los riesgos existentes.

Que conforme a la normatividad aplicable se requiere de un Programa de Contingencia para la Recuperación y Reconstrucción de Ciudad de México, en el que conforme a las evaluaciones de daños y a las facultades de las autoridades locales, a través de los Comités de Emergencias, de Evaluación de Daños, y Subcomités, se prevean y ejecuten las acciones emergentes, así como los trabajos de obras de carácter prioritario y urgente para la lograr la reconstrucción, recuperación y transformación de la ciudad, en una cada vez más resiliente.

Que ante la emergencia es responsabilidad de las autoridades de Ciudad de México, entre otras, restablecer los servicios vitales y estratégicos, proteger bienes tales como inmuebles críticos, para la gobernanza, información y procesos esenciales, así como el restablecimiento de los procesos administrativos y los servicios; por lo cual estipula:

Primero. Se elaborará el Programa para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, en una CDMX cada vez más resiliente, en lo sucesivo el “Programa”, derivado del “Fenómeno Sísmico” acontecido en fecha diecinueve de septiembre actual, el cual contendrá las acciones de coordinación necesarias para la atención de las necesidades inmediatas y la posterior recuperación de la Ciudad de México, así como su replanteamiento y transformación en una CDMX cada vez más resiliente, en el inmediato, corto, mediano y largo plazo.

Segundo. Para asegurar la ejecución del “Programa” se crea la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, en una CDMX cada vez más resiliente, en adelante la “Comisión”, como un órgano de apoyo administrativo a las actividades del jefe de gobierno de Ciudad de México.

Tercero. La “Comisión” operará de manera conjunta y coordinada con el Comité de Emergencias de Protección Civil, en las acciones necesarias para la reconstrucción y recuperación de Ciudad de México, en una CDMX cada vez más resiliente y de manera coordinada con el Comité en las acciones de Transformación, previstas en el “Programa”.

Cuarto. La “Comisión” deberá detonar en el inmediato, corto, mediano y largo plazo en coordinación con el conjunto de dependencias, entidades y órganos de la administración pública local, el potencial humano, social y económico de las personas para la transformación de Ciudad de México, en una CDMX cada vez más resiliente, en los términos que establezca el “Programa”.

Quinto. Se implementará una plataforma tecnológica única denominada “Plataforma CDMX”, que consistirá en una base de datos oficiales para el seguimiento, coordinación y control de las acciones de apoyo de la CDMX cada vez más resiliente, como respuesta a las necesidades.

En la “Plataforma CDMX” se registrará, validará, integrará, coordinará y consolidará la información de las personas, viviendas, negocios, inmuebles y espacios públicos, afectados por el “fenómeno sísmico”, así mismo se integrará y coordinará el despliegue de programas de atención y apoyo de un sistema que permita dar seguimiento, coordinación y control, de forma continua a los esfuerzos de atención, recuperación y transformación de Ciudad de México, en una CDMX cada vez más resiliente.

Sexto. Las atribuciones de la “Comisión” serán las siguientes:

I. Identificar las acciones emergentes y las de naturaleza ordinaria ejecutadas por las dependencias, entidades y órganos de la administración pública de la Ciudad de México que estén vinculadas a los objetivos y metas del “Programa”;

II. Elaborar el “Programa” y someterlo a la consideración del jefe de gobierno;

III. Ejecutar las acciones de mando y coordinación para alcanzar los objetivos y metas propuestos en el “Programa” y las modificaciones que por razones de su operación se pudieran generar;

IV. Representar al gobierno de Ciudad de México ante las instancias públicas o privadas, locales, nacionales e internacionales, respecto a los temas y acciones que conforman el “Programa”;

V. Proponer la suscripción de decretos, acuerdos, contratos, convenios y lineamientos o cualquier otro instrumento jurídico y/o administrativo, necesario para el cumplimiento de sus atribuciones;

VI. Celebrar los instrumentos jurídicos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones;

VII. Administrar la “Plataforma CDMX”;

VIII. Gestionar la obtención de recursos o fuentes de financiamientos públicos o privados para la ejecución de acciones definidas en el “Programa” o en su caso canalizarlas a la instancia correspondiente;

IX. Coadyuvar en la comprobación del ejercicio de recursos recibidos;

X. Establecer los mecanismos correspondientes de concertación, coordinación, comunicación, ejecución institucional y de gestión con la ciudadanía;

XI. Llevar a cabo el monitoreo del “Programa”, de acuerdo con los indicadores establecidos, evaluar su ejecución y los resultados obtenidos;

XII. Conocer y opinar sobre los programas, acciones institucionales y esfuerzos de gobierno, que en el ámbito de sus atribuciones realicen los entes públicos que se encuentren vinculados con la atención de las personas afectadas por el “Fenómeno Sísmico”, para garantizar sus derechos en materia de alimentación, vivienda, salud, empleo, educación, seguridad jurídica, atención psicológica, servicios básicos, seguridad social y las demás que resulten necesarias;

XIII. Proponer y llevar a cabo todos los actos jurídicos y administrativos que sean necesarios para la atención de la infancia, adultos mayores, grupos vulnerables, y en general personas afectadas por el “Fenómeno Sísmico”, así como para la reconstrucción, rehabilitación y demolición de inmuebles dañados;

XIV. Proponer a las autoridades competentes el otorgamiento de incentivos, facilidades fiscales y administrativas relacionadas con la consecución de su objeto; y

XV. Las demás que le asigne el Jefe de Gobierno y las que por norma le puedan corresponder.

Séptimo. La “Comisión” contará con un órgano colegiado de carácter consultivo para hacer más efectiva la toma de decisiones y la coordinación de acciones establecidas en el “Programa”.

Octavo. El órgano consultivo se integrará por:

I. Secretaría de Gobierno;

II. Secretaría de Desarrollo Económico;

III. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;

IV. Secretaría del Medio Ambiente;

V. Secretaría de Obras y Servicios;

VI. Secretaría de Desarrollo Social;

VII. Secretaría de Salud;

VIII. Secretaría de Finanzas;

IX. Secretaría de Movilidad;

X. Secretaría de Seguridad Pública;

XI. Secretaría de Cultura;

XII. Procuraduría General de Justicia;

XIII. Oficialía Mayor;

XIV. Secretaría de la Contraloría General;

XV. Consejería Jurídica y de Servicios Legales;

XVI. Secretaría de Protección Civil;

XVII. Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo;

XVIII. Secretaría de Educación;

XIX. Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México;

XX. Instituto de la Juventud;

XXI. Instituto para las Personas con Discapacidad;

XXII. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia;

XXIII. Sistema de Aguas de la Ciudad de México;

XXIV. Agencia de Gestión Urbana;

XXV. Procuraduría Social;

XXVI. Instituto para la Seguridad de las Construcciones; y

XXVII. Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México.

Se convocará la representación de las instancias nacionales o internacionales de sociedad civil organizada y sectores sociales y académicos que se determinen y las demás que se requieran en casos específicos a invitación de los integrantes del órgano.

Noveno. El Consejo Consultivo, cuyos integrantes tendrán carácter honorífico, se constituye en un órgano colegiado de consulta y opinión para el desarrollo de las funciones de la “Comisión”. El Consejo se regirá por el principio de consenso y aprobará sus reglas de operación una vez que se instale.

Décimo. El jefe de gobierno de Ciudad de México designará al titular de la “Comisión”.

Décimo Primero. Las atribuciones del titular de la “Comisión” serán las siguientes:

I. Coordinar los trabajos de elaboración del “Programa”;

II. Someter a la aprobación del jefe de gobierno el “Programa”;

III. Llevar a cabo las acciones de mando y coordinación para alcanzar los objetivos y metas propuestos en el “Programa”;

IV. Representar a la “Comisión” ante las instancias públicas y/o privadas respecto a los temas que conforman el “Programa”;

V. Celebrar, suscribir y expedir los instrumentos y actos jurídicos necesarios para el cumplimiento de las atribuciones de la “Comisión”;

VI. Gestionar la obtención de recursos o fuentes de financiamiento público o privado, para la ejecución de acciones definidas en el “Programa” o en su caso canalizarlas a la instancia correspondiente;

VII. Realizar el monitoreo del “Programa”, de acuerdo con los indicadores establecidos, evaluar su ejecución y los resultados obtenidos;

VIII. Verificar el cumplimiento de los Acuerdos tomados por el órgano consultivo en el marco de la ejecución del “Programa”;

IX. Cumplir las obligaciones que en materia de transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas y protección de datos personales establece la normatividad de la materia, y

X. Las demás que resulten necesarias para el debido cumplimiento de sus atribuciones.

De lo anterior se desprende que para la reconstrucción y recuperación de Ciudad de México, a fin de atender la vulnerabilidad de las personas que perdieron su vivienda luego del sismo, se constituyen tres acciones que incluyen:

1. Creación de la “Plataforma CDMX” para la atención integral de necesidades de la población afectada;

2. Paquete inicial de respuesta a urgencias sociales y económicas; y

3. Creación de la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación.

El día 25 de noviembre de 2017, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México aprobó Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, con 35 votos a favor, 17 en contra y cero abstenciones.

La Ley está conformada por 125 artículos, cinco títulos que consideran diversos procedimientos para la reconstrucción y 22 artículos transitorios.

Durante la discusión para su aprobación, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, aseguró que la aprobación de la Ley representa un hecho histórico para la Ciudad de México, mencionó que:

“Gran parte de las viviendas de esta ciudad serán gratuitas para los damnificados de esta capital. En el caso de esta iniciativa, se está contemplando subsidiar a la gente que más lo necesita y con un estudio socioeconómico, se establecerán los mecanismos para que sean entregadas”.

Además, enlistó las bondades de la ley al mencionar que:

1. Se van a reconstruir las viviendas afectadas en el marco de una nueva política urbana a partir de programas orientados a resolver las problemáticas y garantizar la seguridad a través de la recuperación de la infraestructura dañada por el sismo

2. La Asamblea Legislativa no solo piensa en las casas y los edificios dañados, esta Ley contempla escuelas, drenaje dañado y lo necesario para que la infraestructura de esta sociedad siga avanzando

3. Contempla la recuperación social y económica de la CDMX, ejecutando acciones específicas de manera conjunta con la ciudadanía, teniendo como prioridad salvaguardar la integridad de las personas

4. Brindará alternativas fiscales y financieras necesarias para su cumplimiento además este dictamen contienen una serie de acciones específicas, todas ellas vinculadas al apoyo de las personas afectadas, atendiéndolas de manera integral entre las que se encuentran demoliciones que van a ser 100 por ciento gratuitas, subsidios y apoyos económicos, incentivos fiscales y facilidades administrativas, créditos y condiciones preferenciales para reconstrucción y reparación de viviendas así como para reactivar la economía de las familias damnificadas

5. Esta Ley incluye transparencia de los recursos públicos, se van a fiscalizar las instituciones colegiadas, entre ellas la ALDF, incluyendo todos los partidos políticos y los distintos órdenes de gobierno, ya que la decisión no será unilateral, deberá ser una decisión colegiada que beneficie a los capitalinos.

6. Incluye el modo en que se habrá de defender y reconstruir el patrimonio cultural histórico de la Ciudad de México que se vio afectado por el sismo del pasado 19 de septiembre.

No obstante, la Ley ha generado reacciones por parte de organizaciones de la sociedad civil y vecinos de distintas demarcaciones, quienes coinciden en dos irregularidades, por una parte, se plantea una redensificación de 35 por ciento en los edificios que resultaron dañados tras el sismo, es decir, la construcción de más viviendas en un mismo espacio, de la que estiman que las constructoras resulten beneficiadas.

La segunda se refiere a la pretensión de otorgar créditos para la adquisición de nuevos inmuebles, mencionan: “No lo vamos a permitir, es injusto, son casas-departamentos por los que ya pagó la gente y quieren volver a endeudarnos”.

Los mismos señalamientos fueron presentados por la Coordinadora de Damnificados desde ayer y a través de un comunicado de prensa; “La Coordinadora expresa categóricamente su rechazo a dicha iniciativa, pues no ofrece una solución segura y justa a las demandas de quienes perdimos nuestro patrimonio luego del sismo del pasado 19 de septiembre”, afirmó.

A esa queja añadieron que las autoridades no se consultaron a las familias afectadas y que ningún diputado se ha acercado para otorgarles el derecho de audiencia antes de su aprobación; “Exigimos a los legisladores que no den su voto a una ley que más que beneficiar, revictimiza a los afectados por el sismo”, agregó.1

Vecinos representantes de las unidades habitacionales de Tlalpan, Osa Mayor, Paseos de Taxqueña, Girasoles, Benito Juárez, Avenida del Taller, Saratoga e Iztapalapa denunciaron que la iniciativa no fue consultada con los afectados.

“El problema de fondo es la falta de voluntad de este órgano legislativo para permitir a los damnificados ser parte de la construcción de la solución al grave problema que enfrentamos. Queremos dejar muy en claro que los damnificados de Ciudad de México no legitimamos un proceso legislativo que nos ignora, qué nos condena a convertirnos en deudores y que nos vuelve a exponer a la inseguridad de las construcciones”, señalaron.

Por ello exigieron también una reunión con las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, Administración Pública Local y Desarrollo e Infraestructura Urbana a más tardar la próxima semana.

“A dos meses del sismo seguimos en las calles ante la insensibilidad y la falta de atención del gobierno de la capital y los diputados. Pretenden quitarnos todo lo que nos queda que son nuestros terrenos, para hacer más inmuebles y luego venderlos”, acusó uno de los afectados mientras otros tiraron cubetas de sus escombros sobre letreros de venta de inmuebles que han encontrado en sus delegaciones.2

Un centenar de vecinos damnificados realizaron bloqueos intermitentes sobre calzada de Tlalpan en rechazo a la ley; los inconformes han señalado desde los días posteriores al sismo que no están de acuerdo en las especificaciones de esta ley, toda vez que nunca fueron recibidos por las comisiones.

Pese a los bloqueos a la circulación, los automovilistas han manifestado su apoyo a los damnificados, quienes argumentan no estar de acuerdo en tener que pagar créditos una vez que perdieron sus hogares.3

Con relación a lo anterior, el 12 de enero de 2018, casi 4 meses después del sismo, la Comisión para la Reconstrucción y Transformación de la Ciudad de México, presentó el “Plan para la Reconstrucción de Ciudad de México”, que en sus directrices generales señala que se trata de uno de los documentos más importantes que cualquier gobernante de cualquier ciudad del mundo puede recibir.

Menciona que se dice rápido, pero la naturaleza del proceso es muy severa: las necesidades humanas, materiales y sociales son muchas y muy urgentes, pero las soluciones (luego de la emergencia) no pueden ejecutarse todo lo rápido que quisiéramos. En el fondo, este es el enorme reto de la reconstrucción: acelerar, hallar atajos, realizar acciones extraordinarias en sintonía con la situación extraordinaria creada por un fenómeno natural que vino a alterar la vida en varias zonas de la urbe.

Continúa mencionando que puede decir que, a pesar de la gravedad de las circunstancias, la ciudad se mantuvo en pie y la ayuda de la sociedad y del gobierno fue masiva y también, inmediata. No escatimamos una sola medida, una sola acción, ni una sola iniciativa para salir rápidamente de la emergencia. Creamos una batería de tareas y de gestiones, y que conforman el escenario previo para transitar a un segundo: el escenario de la reconstrucción, que es el más difícil, pues es en él se resumen todos los problemas viejos, previos al 19 de septiembre y los problemas creados por el temblor, además, en un ambiente social cargado emocionalmente de temores.

Las acciones y programas se presentan ordenados y jerarquizados, por primera vez en estas Directrices Generales del Programa de Reconstrucción, que ha sido preparado por la propia Comisión en cumplimiento con los plazos que exige la ley.

En esencia, lo que se nos presenta es:

1. Un detallado análisis de la Ley y los Programas que se desprenden directamente de ella.

2. Las iniciativas que el gobierno de la ciudad ha tomado desde el 19 de septiembre hasta la fecha y que por su dimensión y alcance pueden convertirse en programas esenciales, pilares originarios de la Reconstrucción.

3. Los programas y las iniciativas que la propia comisión, el comité científico y el Consejo Económico y Social han propuesto para subsanar huecos y fortalecer el conjunto de las acciones.

El resultado de este análisis son un cúmulo de 45 programas para una acción masiva, todo lo abarcadora que nos sea posible, coordinada en lo que llamamos “La fase intensa de la reconstrucción” a desplegarse durante todo el año 2018.

En todos ellos subyace un principio esencial: la reconstrucción de un mejor futuro para Ciudad de México va más allá de una mera reparación. La construcción de un mejor futuro es una responsabilidad del Estado, pero no excluye a nadie: instituciones y centros de investigación, fuerzas políticas y organizaciones sociales, ciudadanía, iniciativa privada, empresas y cooperación nacional e internacional. Se trata de un magno esfuerzo que puede convertirse en un acuerdo de lo fundamental que irradie a toda la nación.

La reconstrucción significa cuidar a las familias afectadas, sobre todo a los niños, las mujeres y los adultos mayores; significa recuperación de miles de viviendas, de inmuebles; recuperar la vida barrial; también transformación de infraestructuras, así como de formas de entender y concebir la vida futura en sociedad. En otras palabras: una transformación de modos de hacer las cosas y de gobernar, a través de las siguientes directrices:

i. Centrar la reconstrucción en los derechos de las personas.

ii. Alinear las acciones de reconstrucción a los principios de la Constitución Política de Ciudad de México.

iii. Generar acciones extraordinarias ante una situación extraordinaria.

iv. Reconocer los límites físicos de Ciudad de México: reconciliación de la ciudad con la sustentabilidad hídrica.

v. En lo posible, no generar desplazamientos humanos (recuperación de la vida barrial).

vi. Aprovechar y unirnos a las energías sociales y los deberes de solidaridad que mostró la población de la ciudad.

vii. Una reconstrucción para la inclusión de género y de grupos vulnerables, especialmente entre los adultos mayores.

viii. La reconstrucción deberá heredar una ciudad más segura que la que teníamos el 18 de septiembre (mediante nuevos protocolos de seguridad humana y nuevos principios y reglas de construcción).

ix. Una reconstrucción para igualar las condiciones sociales y económicas en Ciudad de México.

x. Modernización radical de los servicios vitales de la ciudad.

xi. Desatar procesos participativos y transparentes a todo lo largo del proceso.

Concluye mencionando que se trata de un programa que cumple un plazo y un mandato de ley. Esta es la primera visión organizada del qué hacer en la reconstrucción, de la cual, se desprenderán múltiples tareas. Como me lo ha hecho saber la comisión, no es un documento acabado sino un conjunto de acciones que se van formalizando, que se van haciendo programas y ejecutando con agilidad y prontitud, siempre dentro de la ley.

De lo anterior se desprende que se trata de un documento sin pies ni cabeza, ya que no cuenta con un censo terminado de los damnificados, el propio documento reconoce que no es algo acabado, lo que resulta impensable a cuatro meses del siniestro y cuando cerca del 30 por ciento de las edificaciones dañadas no han tenido intervención alguna.

El programa no consiste prácticamente en nada y lo único destacado es el reconocimiento que la administración capitalina tiene a las zonas afectadas por el sismo.

A pesar del paso del tiempo, siguen existiendo casas con enormes grietas y nadie del gobierno de la ciudad ha visitado a los damnificados para conocer la situación en la que se encuentran.

Las autoridades capitalinas anunciaron como algo extraordinario el que harán simulaciones de los edificios afectados con el apoyo de expertos japoneses, pero eso ya se tiene en el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, esto refleja que no saben ni lo que se hace en las universidades públicas; y que antes de pagar por la ayuda internacional, se debe consultar a los especialistas nacionales.

Es necesaria la crítica a la ley y al programa, debido a la intención de incrementar las edificaciones un 35 por ciento en inmuebles afectados, con estas disposiciones no se necesita la unanimidad de los propietarios, ni tres cuartas partes, el 51 por ciento para decidir que se hagan más departamentos con la idea de financiar los otros.

Al revisar el documento, despierta suspicacias lo referente al Fondo de Reconstrucción, porque los recursos públicos y privados de apoyo nacional e internacional parecen haber caído en un hoyo negro. Resulta que van a ser administrados por la Secretaría de Finanzas, pero será la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa la que supervise, vigile y proponga el ejercicio de esos recursos.

Cada mes el comisionado deberá entregar a la Comisión de Gobierno un informe sobre la erogación y destino de los gastos que serán auditados “después”, no queda claro cuándo termina ese después; luego se presentará la información en la tan criticada Plataforma CDMX, para que todos los interesados sepan a donde fueron a parar los recursos.

Llama la atención que al comisionado para la Reconstrucción no lo convocaran a los trabajos cuando estuvo listo el dictamen de la iniciativa de ley.

Estamos en un momento extraordinario y necesitamos tomar medidas extraordinarias. El gobierno de la capital ha presentado un plan que no satisface las necesidades de las personas damnificadas, por lo que no será posible atender a los más de 110 mil damnificados, recuperar más de 20 mil millones de pesos en daños en infraestructura y reducir la vulnerabilidad de la metrópoli ante un nuevo desastre.

Es necesario que se enfoquen con claridad las prioridades y cómo deben ponerse en marcha las ayudas, sin convertir en deudores a las personas damnificadas. Alrededor de 3 mil millones de pesos se destinarán a la construcción de vivienda y mil 100 millones de pesos a la reparación de infraestructura. “La prioridad del gobierno será atender varias colonias de Xochimilco, Iztapalapa y Tláhuac, en donde hubo una afectación masiva y la gente lo perdió casi todo”.

Para ello, se requiere la sensibilidad para ejecutar un plan con cargo al erario y no al bolsillo de los afectados, de mantenerse las cosas tal y como fueron planteadas, se fomentará que los funcionarios públicos desvíen los recursos para su beneficio personal y político, ejerciendo un claro uso clientelar de la tragedia, lo cual, cuando menos debe resultarnos indignante.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno de Ciudad de México a que incorpore elementos de ayuda humanitaria al Programa de Reconstrucción de la Ciudad de México, con la intención de evitar la posibilidad de que las personas damnificadas se conviertan en deudoras a largo plazo; impidiendo una doble afectación generada por el sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre de 2017.

Notas

1 http://www.reconstruccion.cdmx.gob.mx/plan-de-reconstruccion-de-cdmx

2 http://www.proceso.com.mx/511406/creditos-rescate-la-protesta-en-la-ald f-contra-la-ley-reconstruccion-mancera

3 http://www.animalpolitico.com/2017/11/damnificados-sismo-ley-reconstruc cion/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de febrero de 2018.

Diputada Norma Xóchitl Hernández Colín (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cofepris a garantizar medidas eficaces en los procedimientos de evaluación de los medicamentos biotecnológicos y biocomparables, a cargo de la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La que suscribe, diputada Melissa Torres Sandoval, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Nueva Alianza de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 2 y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) a fin de integrar acciones que garanticen medidas eficaces en los procedimientos de evaluación de los medicamentos biotecnológicos y biocomparables, en aras de brindar mayor seguridad a los consumidores, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza en todo momento el derecho humano a la protección de la salud. En ese tenor entendemos que entre las prioridades del Estado están el prevenir enfermedades y el promocionar la salud.

En cumplimiento a ese mandato constitucional, la Ley General de Salud en su artículo 3o. especifica que es materia de salubridad general: la organización, control y vigilancia de la prestación de servicios y de establecimientos de salud; la salud ocupacional y el saneamiento básico; el control sanitario de productos y servicios y de su importación y exportación, y el control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y sus componentes y células.

Este nuevo panorama adoptado a partir de la reforma en materia de salud de 2009 dio paso a la regulación de las medicinas biotecnológicas reguladas por medio de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Con el propósito de ahondar más en el origen de este tipo de medicinas, debemos estar claros que su elaboración es por medio de ingeniería genética que a partir de células vivas no admiten identidad. Situación que no permite que sean susceptibles de poder publicarse sus componentes, tal como sucede con los medicamentos obtenidos de síntesis química.

No obstante esa situación, no podemos ser omisos a los beneficios que tienen, entre los que destacan la prolongación de la vida de los pacientes a más de 100 años y el uso en tratamientos de graves enfermedades crónico-degenerativas, como cáncer, diabetes y artritis, entre otros.

A pesar de lo anterior, en ciertas ocasiones nos topamos con diversos problemas que provienen sobre el cuestionamiento de la validez y procedencia de algunos registros sanitarios otorgados por la Cofepris, ya que con esta situación irregular se pone en riesgo la vida de los pacientes que los consumen, así como la forma en que se garantiza la comercialización de este tipo de medicamentos, ya que como bien se dijo, la Cofepris es la autoridad encargada de otorgar la autorización.

Hemos de tener en cuenta que dicha certificación es realizada a través de una evaluación hecha por científicos expertos en la materia. Al día de hoy hemos notado una serie de irregularidades en su distribución, la cual recae por ejemplo en el incumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad aplicable que permite garantizar calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos.

Por ende, no pasa por desapercibido que, en el último trimestre de 2016, el titular de la Cofepris hizo un anuncio sobre la autorización de un paquete de medicamentos biotecnológicos, así como la inclusión de dos o tres moléculas biocomparables (una especie de genérico innovador).

Resulta imprescindible omitir que, para asistir a los medicamentos biotecnológicos, emergen los medicamentos biocomparables, mismos que son comprobables con un medicamento innovador de referencia, siempre y cuando se aprueben los estudios de biocomparabilidad en términos de calidad, seguridad y eficacia. Cabe resaltar que estos resultan ser muy efectivos, además de generar mayor acceso y opciones de compra tanto para el sector público como para el privado.1

Ahora bien, cierto es que la Cofepris es la autoridad encargada de regular la protección contra riesgos sanitarios, el Comité de Moléculas Nuevas (CMN) es la instancia de apoyo para el análisis y evaluación de la información de seguridad, eficacia y calidad de nuevos insumos para la salud, y el Subcomité de Evaluación de Productos Biotecnológicos (SEPB) es el órgano conformado por un grupo de especialistas multidisciplinarios responsables de la evaluación previa de la información técnica y científica presentada para las solicitudes de modificación, prórroga y registro sanitario de medicamentos biotecnológicos innovadores y biocomparables para determinar si existen elementos que demuestren la calidad, seguridad y eficacia.

En ese sentido, es preciso saber que el procedimiento para el registro sanitario de los medicamentos biotecnológicos se inicia con: la presentación de un escrito libre ante el Centro Integral de Servicios dependiente del CMN, con el propósito de obtener una reunión técnica con el SEPB; posteriormente, la subcomisión verificará la información y realizará la evaluación. En caso de que se encuentre completa, ésta agendará la reunión donde se presentará el usuario ante la SEPB y en un plazo no mayor a veinte días hábiles posteriores a la fecha de reunión la instancia pertinente remitirá el oficio con las conclusiones al usuario.

Los requisitos que deben contener las solicitudes de reunión con el SEPB2 son:

A) Formato de solicitud de reunión ante el SEPB, e

B) Información para evaluación en electrónico, misma que contendrá la información en carpetas identificadas y organizados por módulos.

Para la reunión con el SEPB3 deberá considerarse lo siguiente:

- La información presentada el día de la reunión deberá corresponder con la ingresada en la solicitud de reunión.

- Antes de presentarse a la reunión se recomienda leer las Reglas de conducta durante las reuniones del SEPB.

- Para la elaboración de su presentación se recomienda consultar la Guía para la presentación con el SEPB.

-El día de la reunión se entrega la presentación impresa a cada uno de los asistentes (22 carpetas), y un juego en un fólder con broche bacco al personal administrativo, el cual se integrará al expediente.

- No se podrán presentar otros productos que no sean motivo de la reunión.

- La reunión se llevará a cabo de acuerdo a la siguiente programación de actividades:

- Es muy importante contar con la asistencia de los expertos en la molécula por parte de la empresa, cuyo número no debe superar a 10 personas, adicionalmente deberá enviar con una semana de anticipación el listado de las personas que asistirán a la reunión, indicando el nombre y participación.

- La empresa deberá contar con el equipo y material que requiera para la presentación: proyectores, computadoras personales, control para diapositivas, indicadores, señaladores, micrófonos u otro que necesite.

- La información generada, así como la derivada de la reunión, se integrará en un expediente confidencial y será de uso exclusivo de la Cofepris.

Es de mencionar que a la fecha 30 por ciento de las solicitudes de registro de nuevas moléculas que recibe la Cofepris corresponden a productos biotecnológicos, lo cual evidencia el dinamismo de la biotecnología a nivel mundial.4

Aunado a ello, debemos tener presente que la Cofepris en todo momento se guía bajo políticas, programas y proyectos al nivel de la mejor práctica internacional, en coordinación efectiva con los diferentes actores del ámbito público, privado y social, para prevenir y atender los riesgos sanitarios, contribuyendo así a la salud de la población.

Bajo lo descrito con antelación notamos que la autoridad sanitaria cumple con lo dispuesto por nuestra Carta Magna, respecto al derecho que tenemos de ser protegidos en materia de salud; sin embargo, no pasa desapercibida la preocupación sobre la existencia de diversas irregularidades en los procedimientos de evaluación de los medicamentos biotecnológicos.

Por lo anterior, consideramos que es un momento muy oportuno para innovar en materia de medicamentos, especialmente en los biotecnológicos, mismos que conforme a los resultados que han venido demostrando actualmente avanzan a pasos agigantados. Ante ese contexto es urgente hacer una evaluación sobre el procedimiento que contiene las reglas y los requisitos que se requieren para su aprobación y comercialización.

Es así que consideramos pertinente que el órgano regulador integre acciones encaminadas a garantizar por medio de medidas eficaces los procedimientos de evaluación de los medicamentos biotecnológicos y biocomparables, en aras de brindar mayor calidad y seguridad a los consumidores.

Asimismo, deberá publicar el estatus de los procedimientos de evaluación de los medicamentos biotecnológicos y biocomparables, con el propósito de cumplimentar los principios de transparencia y rendición de cuentas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para que integre acciones que garanticen medidas eficaces en los procedimientos de evaluación de los medicamentos biotecnológicos y biocomparables, en aras de brindar mayor seguridad a los consumidores.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, con el fin de que haga público el estatus de los procedimientos de evaluación de los medicamentos biotecnológicos y biocomparables, a fin de garantizar los principios de transparencia y rendición de cuentas.

Notas

1 http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/
default.aspx?id=964068&md5=d4e7c9bbb6f2bfcb898a0b49e001d22a&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&po=4

2 http://www.cofepris.gob.mx/AS/Documents/SEPB/Tramites%20que%20requieren %20evaluaci%C3%B3n.pdf

3 http://www.cofepris.gob.mx/AS/Documents/SEPB/Particularidades%20para%20 la%20reuni%C3%B3n.pdf

4http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/defau lt.aspx?id=964068&md5=d4e7c9bbb6f2bfcb898a0b49e001d22a&ta=0dfdb ac11765226904c16cb9ad1b2efe&po=4

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de febrero de 2018.

Diputada Melissa Torres Sandoval (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a evaluar la viabilidad de modificar el reglamento local de tránsito para prohibir los aditamentos de capuchones cubrebirlos de picos en los rines de los vehículos de transporte público colectivo de pasajeros y de carga, a cargo de la diputada Paola Iveth Gárate Valenzuela, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Paola Iveth Gárate Valenzuela, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la administración pública de Ciudad de México y la Jefatura de Gobierno, para que evalúen la viabilidad de modificar el reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, en los artículos 23 y 26, a fin de prohibir los aditamentos de capuchones cubre birlos de picos en los rines de las llantas de vehículos de transporte público colectivo de pasajeros y vehículos de transporte de carga, así como sancionar con multa equivalente en veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente y penalización en la licencia de conducir a los portadores de los mismos, lo anterior para evitar el riesgo que representan para automovilistas y ciudadanos.

Exposición de Motivos

Una de los más grandes trabajos del gobierno de Ciudad de México que requiere un sinfín de esfuerzo es garantizar la movilidad, definida como el conjunto de desplazamientos de personas y bienes que se realizan a través de diversos modos de transporte, y se llevan a cabo para que la sociedad pueda satisfacer sus necesidades y acceder a las oportunidades de trabajo, educación, salud, recreación y demás que ofrece la ciudad; para esto, se cuenta con un parque vehicular, que es el conjunto de unidades vehiculares destinadas a la prestación de servicios de transporte y que para su correcta y eficiente circulación es sometido a una revista, lo cual es una revisión documental e inspección física y mecánica de las unidades, equipamiento auxiliar de las unidades de transporte de pasajeros y carga, a fin de comprobar el cumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad, equipo, aditamentos, sistemas y, en general, las condiciones de operación y especificaciones técnicas para la óptima prestación del servicio.

De lo anterior, llama la atención que en el reglamento de tránsito de Ciudad de México, los aditamentos no estén especificados ni su tamaño, forma ni material de elaboración, y es por eso que vemos circular día a día camiones de pasajeros, microbuses y transporte de carga con los capuchones cubre birlos de picos en los rines de las llantas, los cuales en la mayoría de los casos son de metal y se consideran altamente peligrosos tanto para los automovilistas y peatones, así como el propio conductor; ya que, en caso de un siniestro, la aseguradora puede rechazar el pago si estos camiones llegaran a pegar con esta parte, pues los birlos de picos pueden generar mayor daño a un tercero si se impacta con esta parte, los cuales deberán ser pagados por la aseguradora (Seguros Hcid, 2016).

El servicio de transporte público es la actividad a través de la cual, la administración pública satisface las necesidades de transporte de pasajeros o carga, por si, a través de entidades, concesionarios o mediante permisos en los casos que establece la ley y que se ofrece en forma continua, uniforme, regular, permanente e ininterrumpida a persona indeterminada o al público en general, mediante diversos medios; tan solo en Ciudad de México más del 67 por ciento de la población se mueve en transporte público (El Heraldo de México , 2018).

Acorde con Semovi, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) cuenta en su parque vehicular con mil 400 unidades, de las cuales circulan diariamente mil 140 unidades, recorriendo 250 mil kilómetros; por otro lado, el transporte concesionado a nueve empresas cuenta con mil 197 unidades cubriendo 97 rutas (3 mil kilómetros) y transportando un millón 200 mil personas diariamente; en cuanto al transporte de carga, el volumen anual movilizado en la ZMVM es de 393 millones de toneladas, lo que equivale a 24 toneladas por habitante, dichas cifras muestran la importancia de la movilización en la Ciudad de México y es por esto que se debe contar con un transporte que no represente peligro para la ciudadanía (Semovi, 2017). Los accesorios mencionados y mostrados en las imágenes, además de ser riesgosos, dan un mal aspecto al transporte.

Lograr una mayor calidad de vida en Ciudad de México es una de las prioridades que ha mostrado el gobierno de Ciudad de México al implementar sistemas de transporte de calidad como el Metrobús, la renovación del parque vehicular, entre otros. Y reconocemos el esfuerzo que ha hecho para lograr una adecuada movilidad urbana con base en políticas enfocadas en transportes públicos de calidad; por lo tanto, recomendamos y sugerimos que todo el transporte tenga la misma calidad, limpieza y eficiencia.

Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la administración pública de Ciudad de México y a la Jefatura de Gobierno a que evalúen la viabilidad de modificar el reglamento de tránsito de Ciudad de México, en los artículos 23 y 26, y prohibir los aditamentos de capuchones cubrebirlos de picos en los rines de las llantas de vehículos de transporte público colectivo de pasajeros y vehículos de transporte de carga, así como sancionar con multa equivalente en veces la Unidad de Cuenta de Ciudad de México vigente y penalización en la licencia de conducir a los portadores de los mismos.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los 22 días del mes de febrero de 2018.

Diputada Paola Iveth Gárate Valenzuela (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INAH a realizar una investigación para deslindar responsabilidades relacionadas con la presunta demolición ilegal de elementos constitutivos del templo de la Purísima Concepción, en Santa María Tonantzintla, San Andrés Cholula, Puebla, a cargo de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal Norma Xochitl Hernández Colín, integrante del Grupo Parlamentario del partido Morena a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, por medio del presente, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente:

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia a realizar una investigación a efecto de deslindar responsabilidades relacionadas con la presunta demolición ilegal de elementos constitutivos de la iglesia de La Purísima Concepción, en la localidad de Santa María Tonantzintla, en el municipio de San Andrés Cholula, Puebla

Lo anterior, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El patrimonio arquitectónico está presente en la totalidad de ciudades. Monumentos y edificios de relevancia copan los centros de muchos núcleos urbanos, fiel reflejo de un pasado, una historia y una tradición digna de conservar.

Debido a la importancia y relevancia de este tipo de patrimonio, ya desde la Ley de Patrimonio Histórico Artístico Español de 1933, se introdujeron en la normativa una serie de medidas para conservar y consolidar el patrimonio arquitectónico.

En la Carta de Atenas se potenció la necesidad de proteger el espacio urbano, lugar donde se encuentra gran parte del patrimonio arquitectónico. Y así lo reflejaron en el inicio de esta carta, al decir: “La ciudad no es, sino una parte de un conjunto económico social y político que constituye la región”.

Pero no sólo de edificios y monumentos se compone el patrimonio arquitectónico. También se consideran dentro de éste tipo de bienes los jardines y los conjuntos históricos. Estos espacios comparten la peculiaridad de haber sido elaborados por el ser humano, creados con un fin determinado y planificado.

El patrimonio arquitectónico tiene gran importancia cultural. Un edificio, sea de la naturaleza que sea, aporta información de diferente índole. Las piedras nos hablan y los edificios respiran vida de las personas que han pasado por ahí. Además, no se trata tan sólo de un monumento bonito, sino que tiene un valor documental, histórico y, por consiguiente, cultural.

El patrimonio arquitectónico forma parte también del patrimonio inmueble con la peculiaridad de que se utiliza un método heredado de la arqueología para el estudio de sus muros. Aunque también podemos decir que se ayuda del arte, la restauración y otras disciplinas.

La Ley del Patrimonio Histórico Español legisló a favor de la conservación de los edificios históricos, al mencionar que: “se debe conservar, consolidar y rehabilitar los edificios y monumentos históricos evitando la reconstrucción”.

Un edificio es un documento histórico en sí mismo que puede otorgarnos una gran información de su historia estableciendo una secuencia cronológica de los elementos que lo forman. Su época, su técnica constructiva, el material utilizado, las herramientas, la decoración o los grabados, por ejemplo.1

El hombre ha logrado tener cultura, pero necesita manifestarla y expresar su historia, mostrar su patrimonio cultural. El patrimonio cultural es muy importante porque muestra la relación que existe de la gente con la historia y sus legados ancestrales, sus bellezas naturales que en algunos países como México los legados patrimoniales fueron y son muy generosos en cuanto arqueológico, como ciudades históricas, paisajes naturales, científicos como museos. Pero hoy en día el patrimonio cultural ya no distingue países para proteger el patrimonio cultural de cualquier país.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) tiene la labor de preservar el patrimonio cultural de los países. El patrimonio cultural en general es todo lo que relacione con la cultura y el hombre desde las obras de arte, sus legados históricos, sus edificios históricos como sus ruinas que muestran las civilizaciones anteriores a las nuestras, nuestro folklore, ciudades históricas esto nos ayuda a entender a otros pueblos o civilizaciones y culturas y mantener una armoniosa convivencia entre individuos del mundo.

En la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptada el 21 de noviembre de 2001, fue proclamado el 2002 como el Año Internacional del Patrimonio Mundial. Esta resolución invitó a la Unesco a servir como organismo coordinador para esta celebración.

En el contexto globalizador que estamos viviendo, de la comunicación instantánea y la mundialización existe el peligro de una estandarización de la cultura. Pero a pesar de ello observamos que aún persiste la necesidad de dar testimonio de la vida diaria, dar a conocer la capacidad creativa y preservar los trazos de su historia. Esto solamente es logrado a través del patrimonio cultural.

Son considerados patrimonio cultural los monumentos, conjuntos de construcciones y sitios con valor histórico, estético, arqueológico, científico, etnológico y antropológico. Pero esta lista se ha ido ampliando a otros sectores como son las formaciones físicas, biológicas y geológicas extraordinarias, las zonas con valor excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza natural y los hábitats de especies animales y vegetales amenazadas.

Entre los principales sitios destacan:

1. Sitios patrimonio cultural;

2. Ciudades históricas;

3. Sitios sagrados naturales (sitios naturales con valor religioso para algunas culturas);

4. Paisajes culturales;

5. Patrimonio cultural subacuático (sitios sumergidos de interés cultural para el hombre);

6. Museos;

7. Patrimonio cultural móvil (pinturas, esculturas, grabados, entre otros);

8. Artesanías;

9. Patrimonio documental y digital;

10. Patrimonio cinematográfico;

11. Tradiciones orales;

12. Idiomas;

13. Eventos festivos; y

14. Ritos y creencias.2

Es importante recordar que el concepto de patrimonio cultural va asociado, casi siempre, al de valor histórico y estético de las cosas. Este valor histórico-cultural, entrando más en detalle, podemos dividirlo a su vez en tres grandes conceptos generales: Valor de uso, valor formal y valor simbólico. El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Histórico Artísticos, con referencia al sentido que tiene la conservación del patrimonio, dice: “La búsqueda del mensaje de bienes culturales exige evidenciar los valores éticos, las formas sociales de comportamiento, las creencias y los mitos, de los que los elementos del patrimonio físico serán los signos, la expresión, en el espacio y en el tiempo (...) El concepto o la representación social de un bien cultural revisten una importancia mayor que el objeto en sí mismo: la dimensión inmaterial prevalece”. Hoy nos detendremos a reflexionar sobre el patrimonio cultural-industrial, que, creemos, es el que se encuentra actualmente en mayor peligro de total extinción.

La dimensión inmaterial, el valor no tangible de las cosas en un entorno social carente de sensibilidad, de curiosidad por conocer, de estímulos para utilizar la imaginación viajando a otras épocas, carecerá de valor, por lo que estará condenado a la destrucción si no hay quien defienda el valor de una idea.

Si apelamos a la acepción del patrimonio como valor de uso, que “sirva para algo”, que satisfaga una necesidad material, nos encontraremos con máximos responsables, y nosotros, entonces, lucharemos para intentar salvarlo de la destrucción. Con los dos valores del patrimonio restantes, el valor formal y el simbólico, nos adentramos en terrenos muy delicados.

El valor formal del patrimonio se refiere al aprecio que pudiera llegar a tener el público hacia él, bien porque despierta emociones, bien por el placer que proporciona su estética (forma), o por otras cualidades un poco más metafísicas, como son las cualidades sensibles. ¿Podemos explicar a la administración qué cualidad sensible tiene determinado elemento patrimonial para que no sea destruido? Nosotros, por experiencia tenemos la respuesta. Es muy difícil, no es un contexto amable, en absoluto, para hablar sobre sensibilidad, con sensibilidad, y con propietarios que no lo son; los encontraremos obcecados con la especulación inmobiliaria.

Si el patrimonio es capaz de convivir con bloques de viviendas o transformarse en las propias viviendas, entonces lo hemos salvado, aunque no podremos visitarlo salvo que nos compremos un apartamento allí o tengamos un amigo propietario.

Los objetos del pasado representan el medio de comunicación entre las personas que los produjeron o utilizaron y sus actuales receptores, emitiendo mensajes históricos de un enorme valor social. Ese es el valor que denominamos valor simbólico. El problema es que este valor, está directamente vinculado al bagaje cultural de la persona que lo percibe, y a la distancia que mantiene el patrimonio entre lo material (el edificio, por ejemplo) y lo que ha significado para la sociedad. Dicho “valor”, presenta un problema añadido, el de poder ser utilizado ideológicamente por la administración de turno, y llegar así a trascender a la sociedad como un valor manipulado o nulo. Sea como sea, desgraciadamente, siempre hablamos más del peligro que el patrimonio cultural tiene de desaparecer, que de su puesta en valor para beneficio de la sociedad.3

La vastedad y riqueza del patrimonio arqueológico, histórico y artístico de la nación constituye un ejemplo, quizás el más palpable, de la pluralidad cultural de México. Así, monumentos, edificios y bienes culturales de diversos órdenes ofrecen testimonios de nuestro panorama histórico, signo del rostro múltiple de la identidad nacional. De ahí que la preocupación por investigar, conservar y difundir tal patrimonio tenga una larga tradición en el país y que, desde la Independencia, haya sido un objetivo prioritario de la política cultural.

En la actualidad, la responsabilidad principal en la preservación del patrimonio mexicano corresponde al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en lo que toca a la custodia del patrimonio paleontológico, arqueológico e histórico de los periodos prehispánico, virreinal y siglo XIX; y al Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), en cuanto al patrimonio artístico del siglo XX.

La coordinación de los esfuerzos entre el INBA, el INAH, la Comisión Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural, la Dirección General de Sitios y Monumentos del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes han dado mayor coherencia a los programas nacionales de protección legal del patrimonio artístico inmueble.

Los programas en los que colaboran las asociaciones religiosas que tienen a su cargo monumentos históricos muebles e inmuebles, cumplen también con las disposiciones legales relativas a la elaboración de catálogos de los bienes culturales bajo su custodia. Todos ellos han contribuido al avance en la preservación y conservación del patrimonio nacional.

La pluralidad de las tradiciones y la diversidad de las expresiones artísticas y culturales en el país, implica una tarea inagotable que compromete a todos los sectores y grupos de la sociedad ya que el número de sitios arqueológicos supera la cifra de 200 mil y en el catálogo nacional se incluyen más de 100 mil.

Se articulan proyectos en colaboración con diversas dependencias del gobierno federal, como las Secretarías de Educación Pública; Desarrollo Social; Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; Turismo; Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; Comunicaciones y Transporte; con el gobierno de la Ciudad de México, y dependencias que pueden contribuir substancialmente a la atención del patrimonio artístico y cultural.

Por ejemplo, las acciones más relevantes emprendidas de 1992 a 1997 en relación con la actividad de patrimonio han sido:

1. La conservación y ampliación de zonas arqueológicas en Baja California; Calakmul, en el estado de Campeche; Cantona, en Puebla; Chichén Itzá, en Yucatán; Dzibanché, en Quintana Roo; Dzibilchaltun, Yucatán; Filobobos, Veracruz; Monte Albán, Oaxaca; Palenque, Chiapas; Paquimé, Chihuahua; Teotihuacán, Estado de México; Toniná, Chiapas; Xochicalco, Morelos; y Xochitécatl, en Tlaxcala.

2. La construcción de nuevos museos en Teotihuacán, Palenque y Xochicalco.

3. La creación del Programa de Operación y Servicios de Zonas Arqueológicas y realización de trabajos en el Tajín; Uxmal y Labná; Yautepec y Chalcatzingo; San Gervasio y Cobá; Ocotelulco; La Quemada y Chachihuites.

4. Restauración del ex-convento de Santo Domingo, en Oaxaca, que concluyó en 1998 con la inauguración del Centro Cultural Santo Domingo, de primera importancia en su tipo a nivel mundial.

5. Construcción de museos de sitio, en Xpujil, Campeche y Toniná, Chiapas.

6. Apertura de zonas arqueológicas en Nascaam, Campeche; El Sabanita, Tamaulipas; Atzompa, Oaxaca; San Claudio, Tabasco y el Chanal, Colima.

7. Creación y puesta en funcionamiento de 104 Comisiones para la Preservación de Patrimonio Cultural.

8. Creación de centros INAH en Sinaloa y Tamaulipas, la realización de proyectos arqueológicos en Tontoc, San Luis Potosí, La Quemada, Zacatecas, Sur de Campeche, Garibaldi y Ciudad de México.

9. Inicio de una nueva fase de difusión internacional del patrimonio cultural nacional.

10. Inicio del proyecto historia en movimiento México en 100 exposiciones .4

No obstante, en un conflicto armado, una situación de desastre o desinterés por parte de las autoridades, la cultura se encuentra especialmente en peligro, debido a su vulnerabilidad inherente y a su enorme valor simbólico. Al mismo tiempo, la cultura es un factor que impulsa la recuperación, fortaleciendo la resiliencia de la comunidad. Mediante la aplicación de sus convenciones sobre cultura, que se refuerzan mutuamente, la Unesco trabaja con la comunidad internacional para proteger la cultura y promover el pluralismo cultural en situaciones de emergencia, llevando a cabo actividades en épocas de guerra civil y conflictos bélicos, así como en situaciones posteriores a desastres provocados por peligros naturales o causados por el hombre.

La labor de promoción de la Unesco en este ámbito contribuyó a la aprobación de la resolución 2199 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 2015, que prohíbe el tráfico de bienes culturales procedentes del Iraq y de Siria, y de la resolución 2347 en 2017, que es la primera resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas centrada en la protección del patrimonio cultural en situaciones de conflicto.

Para ayudar a sus Estados miembros a prepararse para las situaciones de emergencia y hacer frente a ellas, la Unesco creó en 2014 una Unidad de Preparación y Respuesta a Situaciones de Emergencia en el Sector de Cultura. En 2015 estableció el Fondo de Emergencia para el Patrimonio, un mecanismo de financiación común, flexible y sin destino específico concebido para permitir que la organización responda rápida y eficazmente a las situaciones de crisis. En noviembre de 2015, la Conferencia General de la Unesco aprobó una estrategia para reforzar la labor en materia de protección de la cultura y promoción del pluralismo cultural en caso de conflicto armado, que incluye un plan de acción que abarca tanto los conflictos como los desastres.

En lo que se refiere a los desastres, el Fondo de Emergencia para el Patrimonio refleja los principios del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en marzo de 2015. Durante los conflictos recientes, el patrimonio cultural no sólo ha sido con cada vez más frecuencia víctima de daños colaterales, saqueo a gran escala y tráfico ilícito, sino que también se ha convertido en el objetivo de ataques sistemáticos y deliberados, debido a su gran importancia para las comunidades a las que pertenece. La destrucción del sitio arqueológico de Palmira (Siria), el saqueo del Museo Nacional de Bagdad (Iraq) o la quema de manuscritos antiguos y la destrucción de mausoleos en Tombuctú (Mali) son ejemplos trágicos de una intención de destruir la propia identidad de las personas y los grupos, rompiendo sus vínculos con la tierra y los lazos que los mantienen cohesionados como comunidad.

Los desastres provocados por peligros naturales o de origen humano, con inclusión de los terremotos, incendios, inundaciones, desprendimientos de tierras y tifones, también han causado importantes daños e incluso la destrucción total de innumerables sitios de patrimonio cultural y natural, museos, instituciones culturales y prácticas inmateriales a lo largo de los años. Los devastadores terremotos que tuvieron lugar en Nepal y Ecuador, las inundaciones en Myanmar, el ciclón Pam en el Pacífico austral, el huracán Matthew en el Atlántico occidental y las lluvias torrenciales que se produjeron tras El Niño en Perú han provocado daños incalculables.

Sin embargo, la cultura no es sólo una víctima de las situaciones de emergencia. Inmediatamente después de un desastre o de un conflicto armado, las comunidades suelen encontrar en el patrimonio un elemento esencial de apoyo material y psicológico. La capacidad de acceder al propio patrimonio (ya se trate de un edificio religioso, de una ciudad histórica, de un sitio arqueológico o de un paisaje) o de participar en prácticas culturales específicas puede proporcionar un sentimiento indispensable de identidad, dignidad y empoderamiento. Además, en situaciones posteriores a emergencias, la cultura puede ser un motor para reconstruir la economía y la sociedad y promover la tolerancia y la reconciliación, atenuando las tensiones y evitando escaladas que puedan generar un nuevo conflicto. Por ejemplo, la música, la danza, el teatro y el cine, se han empleado para fomentar el entendimiento mutuo entre diversas comunidades de refugiados.5

En México, el INAH estima que aproximadamente 670 edificios históricos fueron dañados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 y teme que haya más. El sismo afectó un total de 373 edificios en Tlaxcala, la identidad con el mayor número de inmuebles históricos dañados.

Especialistas dijeron que cada uno de los 670 monumentos de los estados afectados presentan “daños severos”, pero que ninguno será demolido para evitar perder parte de nuestro patrimonio histórico.

Arturo Balandrano, coordinador de Monumentos Históricos, estima que cada restauración costará al menos mil 200 millones de pesos. Mientras los trabajos para revertir los daños comienzan, los inmuebles serán cerrados al público hasta que no se determine que son seguros para ocupar nuevamente.

En el estado de México se contabilizan 78 bienes afectados: 75 monumentos y tres museos. Por otro lado, en Puebla se registraron 66 monumentos con daños importantes. Guerrero tiene 31 inmuebles dañados que necesitan revisarse inmediatamente para comenzar los trabajos de restauración.

En Ciudad de México hay 22 inmuebles que presentan daños estructurales: 18 de ellos son monumentos históricos, mientras que el resto son museos, centros culturales y una zona arqueológica.

Personal especializado del INAH cuenta seis monumentos y tres zonas arqueológicas dañadas en Hidalgo, mientras que en Morelos halló 91 bienes con afectaciones.

Sin embargo, los daños no sólo son ocasionados por desastres naturales, un ejemplo claro es el de la iglesia de La Purísima Concepción, ubicada en Santa María Tonantzintla, en el municipio de San Andrés Cholula, Puebla, donde el reloj de la iglesia fue demolido por las autoridades municipales para construir el proyecto denominado “Barrio Smart”, consistente en una plaza que contará con conectividad digital y zona gourmet.

A través de redes sociales se cuestionó si la obra para la demolición del reloj que se encontraba a un costado de la emblemática iglesia contaba con permisos de la delegación Puebla del INAH, sin embargo, la administración municipal informó que en la zona se construye el proyecto piloto que cuenta con todos los permisos necesarios, e incluso se llegó a un acuerdo con las autoridades eclesiásticas que vigilan la iglesia.

Según la versión del municipio, desde hace más de tres años se autorizó la demolición, aunque la obra incluye también destrozar un puente para extender la explanada donde se colocará la nueva construcción.

Para el ayuntamiento de San Andrés Cholula el reloj demolido “no guarda valor histórico y no requería consultarse al INAH”, aunque según las autoridades municipales, se realizaron también los permisos ante la delegación Puebla de este organismo.6

Al respecto, vecinos mostraron su indignación, debido a que maquinaria pesada realizó el derrumbe de estructuras que, de acuerdo a los vecinos, tenían valor histórico y simbólico. A través de redes sociales usuarios comenzaron a publicar imágenes y videos de la destrucción de esas estructuras, algunos más incluso pidieron la intervención inmediata del INAH.

Cabe señalar que dichos trabajos, a decir de las autoridades locales, serían el inicio para convertir a Santa María Tonantzintla en un modelo de plaza comercial que contará con vialidades de primer mundo como ciclopistas así como acceso a WiFi y demás estructuras inteligentes.

Sin embargo, los usuarios de redes sociales criticaron esta acción que califican como un daño al patrimonio cultural de esta junta auxiliar que tiene una iglesia que data del siglo XVI, misma que sufrió afectaciones durante el citado sismo del 19 de septiembre.

Con relación a lo anterior, las autoridades municipales manifestaron que a petición de vecinos y autoridades religiosas se avaló el derribo de la torre del reloj y de un puente enterrado de dos siglos de antigüedad de la plaza principal; así lo dio a conocer el secretario de Gobernación y Asuntos Jurídicos de la comuna, Oscar Palacios Ramírez, quien sostuvo que los inmuebles derribados no forman parte del patrimonio de Tonantzintla, por lo cual no está dentro del catálogo de edificios históricos protegido por el INAH.

Mencionó que esta obra se hace en coordinación con los custodios y fiscales de la iglesia, además, mencionó que los habitantes solicitaron esta situación, al revelar que cuentan con los escritos donde se pide la demolición de esta construcción que estorba para la realización de actos cívicos.

En ese tenor, el funcionario manifestó que en esta junta auxiliar se pretende realizar una inversión de 4 millones 105 mil pesos, que incluirá remodelación de las avenidas principales de acceso, las cuales contarán con banquetas de piedra de cantera y adoquín, así como la introducción de un colector pluvial, a fin de no perjudicar el templo de la comunidad.

Adicionó que se integró el expediente debidamente desde el 17 de noviembre, y el INAH proporcionó respuesta afirmativa para iniciar el proyecto integral de remozamiento y embellecimiento de toda la explanada principal de Santa María Tonatzintla.

Por último, reconoció que el torreón data de apenas hace 12 años y el puente original está enterrado y es de hace dos siglos, pero se habló con los vecinos para explicarles de las obras, y es que los comerciantes apostados en el zócalo temen perder su principal ingreso de trabajo tras las obras, que tendrán una duración de dos meses.7

Por otro lado, existen quejas de vecino que mencionan que, sin permisos del INAH, el alcalde Leoncio Paisano Arias ordenó derribar la torre y un antiguo puente que se encontraban frente al templo de Santa María Tonantzintla.

El presidente municipal decidió retirar ambas estructuras, tradicionales en esta población, para adaptar una moderna plazuela como parte del proyecto que pretende mejorar los servicios para los visitantes.

El delegado del INAH, Víctor Hugo Valencia Valera, indicó que tanto la torre, donde se encontraba un reloj, y el puente, tienen poco valor histórico, pero su desaparición altera la icónica imagen de la iglesia de Tonantzintla.

Asimismo, confirmó que la presidencia municipal no presentó ningún tipo de permiso para proceder a la demolición, por lo que será sujeto a un proceso administrativo y posiblemente a una sanción, adicionó que “es una obra que el ayuntamiento de San Andrés Cholula inició sin autorización. El instituto está en un procedimiento jurídico administrativo. La torre y el reloj son contemporáneos pero no quiere decir que no se necesite un permiso de demolición, por el contexto en el que se encuentra ubicado”.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia a realizar una investigación a efecto de deslindar responsabilidades relacionadas con la presunta demolición ilegal de elementos constitutivos de la iglesia de La Purísima Concepción, en la localidad de Santa María Tonantzintla, en el municipio de San Andrés Cholula, Puebla. Asimismo, se conmina al presidente municipal del referido municipio, a hacer públicos los permisos relacionados con la construcción del denominado “Barrio Smart” en las inmediaciones de la referida iglesia.

Notas

1 http://www.patrimoniointeligente.com/el-patrimonio-arquitectonico/

2 http://patrimoniocultural-estudiantesuabc.blogspot.mx/2008/10/la-import ancia-del-patrimonio-cultural.html

3 https://evemuseografia.com/2014/04/09/valor-del-patrimonio-cultural/

4 http://www.oei.es/historico/cultura2/mexico/c7.htm

5 https://es.unesco.org/themes/cultura-situaciones-emergencia

6 http://www.periodicocentral.mx/2018/municipio/item/838-para-construir-b arrio-smart-destruyen-el-reloj-de-la-iglesia-de-tonanzintla-en-san-andr es-cholula

7 http://www.periodicoenfoque.com.mx/2018/01/
vecinos-aprobaron-demolicion-de-torre-y-puente-de-santa-maria-tonantzintla-para-barrio-smart/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de febrero de 2018.

Diputado Norma Xóchitl Hernández Colín (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a fortalecer la formación cívica y ética desde el primer grado de primaria en los planes y programas de estudio en el nuevo modelo educativo, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, Mirna Isabel Saldívar Paz, diputada integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

La tarea de educar es, sin duda, una de las más trascendentes que puede haber en cualquier sociedad, y la nuestra –plural, diversa, multicolor–, no es la excepción. Educar es convertir a cada niña, a cada niño y a cada joven, en constructor de la grandeza de este país, para que sea cada vez más parecido a sus aspiraciones y deseos. Es dar sentido de futuro a nuestra tarea presente y futura.i

Actualmente tenemos una gran cantidad de debates sobre la vida ética de las personas en comportamientos como: la desintegración familiar, el pandillerismo, el narcotráfico, la delincuencia organizada, la corrupción, la pornografía, entre otros. Hoy en día es común escuchar que la sociedad se encuentra extraviada y enferma, inmersa en una situación de crisis moral y decaimiento social. Comúnmente se dice: “Ya no hay valores”, “Por eso estamos como estamos”. Expresiones como éstas nos hacen cuestionar: ¿Ya no hay ética? Es una percepción social generalizada. Estamos entonces ante la necesidad de preguntarnos: ¿Estamos ante un proceso de humanización o de deshumanización? ¿Hay algo, además de la ley, que nos debe hacer actuar en determinado sentido?ii

La formación cívica y ética en la educación primaria es justo el espacio curricular dedicado a formalizar saberes vinculados a la construcción de una ciudadanía democrática y al desarrollo de una ética sustentada en la dignidad y los derechos humanos. Es en la educación básica donde la formación cívica y ética promueve el desarrollo moral del estudiante a partir del avance gradual de su razonamiento ético, con el fin de lograr la toma de conciencia personal sobre los principios y valores que orientan sus acciones en la búsqueda del bien para sí y para los demás.iii

Es entonces que el objeto de la formación cívica y ética consiste en impulsar el desarrollo de personas libres, responsables, capaces de convivir respetando la dignidad humana, la igualdad de derechos, la solidaridad y el cuidado de la naturaleza; cualidades propias de los ciudadanos críticos, que participan en asuntos de interés personal y colectivo. Su propósito es que los alumnos se reconozcan y se confirmen como sujetos con derechos fundamentales y asuman compromisos consigo mismos y, en consecuencia, con su entorno social; con metas y proyectos que favorecen su vida, respeten la diversidad y rechacen cualquier forma de exclusión, explotación y discriminación , entre otros, para que mejoren su vida, su comunidad y su nación.iv

De ahí la importancia de que se imparta la asignatura de formación cívica y ética desde el primer grado de primaria, ya que a esa temprana edad los educandos pueden adquirir una conciencia amplia con carácter de observancia para ellos mismos, en el cumplimiento de los valores humanos.

Así, en el desarrollo de su formación académica, otorga al estudiante oportunidades sistemáticas y organizadas para reflexionar y deliberar sobre la realidad de México y del mundo actual, lo que favorece que los estudiantes lleven a cabo acciones para mejorar su entorno, a nivel personal, escolar, comunitario, nacional y global; esto contribuye a poner en práctica su capacidad para organizarse e intervenir en la solución de conflictos para el bien común.v

Asimismo, de acuerdo con los planes y programas de educación básica, la formación cívica y ética debería estar presente desde preescolar hasta la escuela secundaria, porque en todo este periodo de enseñanza se procura que los alumnos se ejerciten en la toma de decisiones individuales y colectivas, adquieran conocimientos y desarrollen habilidades y, sobre todo, actitudes y valores que les permitan mejorar su desempeño en la sociedad. Con esta finalidad se ha diseñado la materia “Formación Cívica y Ética” en las escuelas y, por ello, su necesaria impartición desde la infancia.vi

Es importante considerar que el salón de clases y la escuela son espacios que favorecen el aprendizaje, la socialización y la formación de los alumnos sin prejuicios ni discriminación de algún tipo; es decir, que a partir de lo aprendido en la asignatura se genera un ambiente de confianza y respeto en el aula, donde se fomenta la valoración de la propia identidad y la recuperación de experiencias personales y sociales como recurso para desarrollar el aprendizaje, el juicio crítico y la sensibilidad ética ante situaciones de injusticia.

Así como tomar decisiones asertivas, aprender a convivir en contextos interculturales; valorar el pluralismo, la diversidad y la paz, y participar en la construcción de entornos de inclusión. De esta manera, los estudiantes aprenden a reconocerse como personas que tienen dignidad y derechos, y que son capaces de interesarse y de participar en asuntos públicos que promuevan el bien común.vii

Al terminar la educación básica, los alumnos sabrán qué son los derechos humanos, cuáles se identifican en la Constitución, cómo denunciar la violación de los mismos y qué instancias existen para su protección y defensa en México y el mundo; tales son los objetivos que se promueven en Formación Cívica y Ética, porque al defenderlos para sí y para los demás, forman una conciencia crítica como personas y seres socialmente responsables que guían su desarrollo personal y ciudadano, lo cual favorece su participación social y política.viii

De acuerdo con los Niveles de Logro en los Exámenes de la Calidad y el Logro Educativos (Excale), en Formación Cívica y Ética, los resultados muestran que conforme se avanza en grados escolares se alcanzan los propósitos curriculares. En 2006, 2 de cada 5 alumnos de tercero de primaria se ubicaron en el nivel “Por debajo del básico” (con carencias importantes de los conocimientos y habilidades escolares planteadas en el currículo. Expresa una limitación para seguir progresando en la asignatura ); en sexto de primaria y tercero de secundaria, 1 de cada 5 estudiantes están en ese mismo nivel es decir, “Por debajo del básico”. vi

Ahora, al finalizar sexto grado de primaria:x

* 8 de cada 10 estudiantes identifican en su vida cotidiana algunos de los derechos humanos tales como la educación, el trabajo y formas de propiedad;

* 79 por ciento de los alumnos reconoce la relación entre sociedad democrática y derechos humanos.

* Solo el 14 por ciento de los estudiantes reconocen la protección legal ante la violación de los derechos humanos.

Al finalizar tercer grado de primaria:

* Una tercera parte reconoce situaciones de discriminación en el aula y escenarios en los que se respetan los derechos de la niñez.

* Alrededor de dos terceras partes de los estudiantes identifican algunos derechos de niñas, niños y adolescentes, situaciones que violan estos derechos y reconocen la importancia de respetarlos. Además identifican otros derechos humanos.

* 13 por ciento de los alumnos reconoce el derecho de la niñez a tener nombre, hogar, familia y amigos.

* Solo 1 de cada 10 estudiantes reconoce la importancia de la protección ante el trabajo infantil e identifica instituciones que defienden los derechos de la niñez.

Lo anterior confirma como está estructurado hoy en día el inicio en el tercer grado de primaria de formación cívica y ética, nos refleja en la estadística como de manera progresiva los educandos van entendiendo, adoptando y aplicando los conocimientos en positivo de esta materia, por lo que se requiere que esta formación se inicie desde el primer grado de primaria, lo que dará como resultado una mayor comprensión y formación de la persona en el ejercicio y aplicación de los valores cívicos, éticos y morales, construyendo generaciones con una conciencia plena de los derechos humanos con los que goza en lo individual y colectivo.

Luego entonces, para convertir a nuestro país en un lugar mejor, con una convivencia social sana en la que se procure la defensa y el respeto de los valores cívicos y éticos, resulta imperiosa la necesidad de realizar cambios de fondo en la forma en que preparamos a las nuevas generaciones.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un exhorto de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Educación Pública para que, junto con sus homólogos en las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y de manera coordinada, fortalezca las materias o asignaturas relativas al civismo y la ética desde el primer grado de primaria en los planes y programas de estudio del nuevo modelo educativo.

Notas

i El curso de actualización la formación cívica y ética en la educación primaria , Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio de la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública, DR. Secretaría de Educación Pública, 2007, México, DF.

ii Socorro Márquez Regalado, Ética, prioridad de la educación en México , Filosofia.mx, 23 de enero de 2016, ultima vez consultado en 07 de febrero de 2018 en

http://www.filosofia.mx/index.php/forolibre/archivos/eti ca_prioridad_de_la_educacion_en_mexico

iii Formación cívica y ética. Primaria., Introducción, “Aprendizajes clave”, Secretaría de Educación Pública (SEP), consultado por última vez el 07 de febrero de 2018 en

http://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/prim-intro-fce[1 ].html

iv La formación cívica y ética en la educación básica, derechos humanos , Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), México, Ciudad de México, 2014,

http://www.inee.edu.mx/index.php/publicaciones-micrositi o

v Formación cívica y ética. Primaria., Introducción, “Aprendizajes clave”, Secretaría de Educación Pública (SEP), consultado por última vez el 7 de febrero de 2018 en

http://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/prim-intro-fce[1 ].html

vi El curso de actualización la formación cívica y ética en la educación primaria , Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio de la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública, D.R. Secretaría de Educación Pública, 2007, 06020, México, DF.

vii Formación cívica y ética. Primaria., Introducción, “Aprendizajes clave”, Secretaría de Educación Pública (SEP), consultado por última vez el 07 de febrero de 2018 en

http://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/prim-intro-fce[1].html

viii La formación cívica y ética en la educación básica, derechos humanos , Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), México, Ciudad de México, 2014,

http://www.inee.edu.mx/index.php/publicaciones-micrositi o

ix La formación cívica y ética en la educación básica, derechos humanos , Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), México, Ciudad de México, 2014,

http://www.inee.edu.mx/index.php/publicaciones-micrositi o

x La formación cívica y ética en la educación básica , derechos humanos , Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), México, Ciudad de México, 2014,

http://www.inee.edu.mx/index.php/publicaciones-micrositi o

Cámara de Diputados, sede del honorable Congreso de la Unión, a los 22 días del mes de febrero de 2018.

Diputada Mirna Isabel Saldívar Paz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNS a incrementar por la Policía Federal las acciones de prevención y combate de la delincuencia en las carreteras del país, particularmente en el tramo La Esperanza-Córdoba, Veracruz, a cargo del diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción I del numeral 1 del artículo 6, y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad a que, a través de la Policía Federal, se incrementen las acciones de prevención y combate a la delincuencia en las carreteras del país, a fin de disminuir los hechos delictivos que se comenten en los diversos tramos carreteros, particularmente el comprendido La Esperanza-Córdoba del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave con el objetivo de asegurar la integridad personal y patrimonio de los usuarios , al tenor de la siguiente:

Exposición de motivos

Las carreteras del país se han convertido en escenarios propicios para la comisión de conductas delictivas, como el robo de objetos personales a pasajeros, el robo de las cargas que se transporta en el autotransporte público y privado, hasta asesinatos, suplantación de funciones, la presencia de grupos delincuenciales como pandillas, y secuestros. Estos acontecimientos provocan pérdidas millonarias. Lo relevante es que la mayoría de estos hechos delictivos ocurren en las vías de comunicación de carácter federal

En el año 2017 se registraron más de 4 mil 546 robos, 89 por ciento de ellos con violencia; se han producido asaltos a autobuses de pasajeros, vehículos particulares y camiones de carga. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 2013 a 2017, se cometieron 14 mil 974 robos en carretera; de los cuales, 12 mil 504 fueron con violencia.1

En el estudio Incidencia delictiva del fuero común se menciona que los camiones de carga son los que han sufrido más delitos, existe un registro de 6 mil 30 delitos; le siguen los vehículos particulares, con mil 378 y los autobuses de pasajeros con mil 104. La evolución de la incidencia de delitos cometidos en tramos carreteros del país refleja que las acciones de las autoridades tanto federal, estatales y municipales, respecto al combate y prevención de la seguridad en las carreteras no ha sido la adecuada, por lo que es urgente su atención.2

La problemática que vive el transporte de carga en el país radica en la inseguridad que atañe en las vías generales de comunicación, particularmente el robo de vehículos y mercancía al transitar por los caminos y puentes federales. Es imperante combatir la delincuencia en las carreteras del país, ya que la ocurrencia de hechos delictivos está perjudicando al sector transportista, siendo este sector uno de los más importantes de la economía de México, además la situación podría ocasionar que los inversionistas extranjeros asuman medidas y acciones de retiro de sus empresas y de la economía nacional o en su caso regional, dañando el desarrollo y crecimiento económico de la zona, región o del país en general.

El reporte de Incidencia delictiva del fuero común 2017 señala que al mes de noviembre se denunciaron ante las procuradurías generales de justicia 4 mil 546 robos en carretera, de los cuales 4 mil 110 se cometieron con violencia y 436 sin ella. Con respecto al total de robos en carretera, 2 mil 780 se cometieron con violencia sobre camiones de carga y 164 sin violencia, lo que nos da un total de 2 mil 944 robos cometidos en contra de camiones de carga, en tanto que el resto corresponden a robos a autobuses, vehículos particulares y otros.3

Otro sector que ha sido dañado por la violencia en las carreteras son los pasajeros de autobuses, ya que son despojados de sus pertenencias. En el rubro del robo al autotransporte federal afecta de manera importante tanto al sector privado como al público generando pérdidas de carácter económico, las cuales originan un perjuicio a las víctimas quienes son pasajeros o turistas, así como esta conducta delictiva afecta a la cadena de producción y al sector turístico de nuestro país.

Es preciso remarcar que a finales de 2017, se aprobaron en el Congreso de la Unión modificaciones al Código Penal Federal y la Ley Orgánica del Poder Judicial en materia de delitos carreteros, en el que aplicarán una pena de 6 a 12 años de prisión para quien cometa el delito de robo a autotransporte. Cuando el robo sea el propio vehículo, el castigo será de siete a 15 años de prisión. En el dictamen que fue aprobado se reconoce que la zona de más alto riesgo en el robo de autotransporte se ubica en la ruta estado de México-Puebla-Veracruz, conocida por los transportistas y conductores como el “Triángulo de las Bermudas”.4 También, que los estados con mayores índices delictivos son Querétaro, Hidalgo, estado de México, Tlaxcala, Morelos, Puebla y Ciudad de México.

El estado de Veracruz es el segundo más riesgoso para viajar en autobús con 93 asaltos en sus carreteras federales entre 2013 y 2016 entre las que destacan: La ruta 180: esta carretera va de Matamoros, en Tamaulipas a Puerto Juárez, en Quintana Roo, sin embargo, es en el estado de Veracruz donde acumula el mayor número de atracos con un total de 19 asaltos a autobuses, siendo el trazo más conflictivo en la entidad, La Tinaja-Cosoleacaque: es el segundo lugar con más atracos con 17 robos reportados, México-Veracruz, es la tercera con 10 casos; Coatzacoalcos-Salina Cruz, con 7 robos a autobuses.

En lo que respecta al tramo carretero La Esperanza – Córdoba, diversos sectores de la sociedad de esa región de Córdoba y Orizaba han denunciado múltiples actos delictivos que se comen en dicha carretera, haciendo un llamado a la Policía Federal y a las demás instituciones de seguridad pública a reforzar la prevención y vigilancia.5

El avance en las comunicaciones del país, aunado a que en ciertas zonas y tramos de carreteras federales y estatales existe poca vigilancia, provoca que se ejecuten diversos delitos a los usuarios de los servicios carreteros. Por tal motivo, es imperante revertir la tendencia de inseguridad que se presenta en las carreteras, así como dar una respuesta oportuna a los reclamos de justicia por parte de los usuarios de los servicios carreteros, quienes están minando su confianza hacia las instituciones de seguridad pública, en razón de estar sufriendo pérdidas materiales, en ocasiones estas sufriendo daños en su persona, familia o amistades.

Por todo lo anteriormente expresado, presento ante el pleno de esta Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad a que, a través de la Policía Federal, se incrementen las acciones de prevención y combate a la delincuencia en las carreteras del país, a fin de disminuir los hechos delictivos que se comenten en los diversos tramos carreteros, particularmente el comprendido La Esperanza-Córdoba del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con el objetivo de asegurar la integridad personal y patrimonio de los usuarios.

Notas

1 Secretaría de Gobernación, Reportes de incidencia delictiva del fuero común por año , Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, disponibles en

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva /incidencia-delictiva-fuero-comun.php

2 Secretaría de Gobernación, Reportes de incidencia delictiva del fuero común por año , Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, disponibles en

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva /incidencia-delictiva-fuero-comun.php

3 Secretaría de Gobernación, Incidencia delictiva 2017 del fuero común , Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Enero 2018, p.3, disponible en

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadistic as%20del%20fuero%20comun/Cieisp2017_122017.pdf

4 En la red de carreteras federales se contabilizan 180 robos a vehículos de carga por día, entre las zonas de más alto riesgo en el robo al autotransporte en el país se ubica la ruta México-México-Puebla-Veracruz, conocida por los transportistas y conductores como el “Triángulo de las Bermudas”, debido al gran número de camiones desaparecidos, además de robos y secuestros. Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de la Minuta con Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de delitos carreteros, Gaceta Parlamentaria Cámara de Senadores, 14 de diciembre de 2017, disponible en

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-12-14-1/a ssets/documentos/Dict_Justicia_delitos_carreteros.pdf

5 El transportista y ex delegado de la AMOTAC, Juan Antonio Treviño Flores, consideró que la Policía Federal debe reforzar su presencia en la autopista Córdoba-Esperanza para evitar que se registren asaltos. Manifestó que las autoridades se encuentran rebasadas por la delincuencia que opera en las carreteras del país, en las cuales estimó que se han incrementado los asaltos en un 100 por ciento, lo mismo que en la entidad veracruzana. José Juan García, “Debe la Policía Federal reforzar seguridad en autopista Orizaba-Esperanza”, en Formato siete, noviembre 2017, disponible en

http://formato7.com/2017/11/05/debe-la-policia-federal-r eforzar-seguridad-en-autopista-orizaba-esperanza/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de febrero de 2018.

Diputado Marco Antonio Aguilar Yunes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Chiapas a ordenar el pago total e inmediato de los salarios devengados y demás prestaciones laborales adeudadas a docentes idóneos adscritos al sistema profesional docente y garantizar la regularidad de los pagos subsecuentes, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, diputado ante la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral I, fracción I; y 79, numeral I, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Como resultado de un complejo cúmulo de factores entre los que se incluye la pobreza, la corrupción de las instituciones estatales y la marginación histórica de los procesos de desarrollo nacional, Chiapas ocupa, entre los estados de la Federación, uno de los puestos más altos en cuanto a rezago educativo se refiere. Por ejemplo, la entidad concentra el mayor porcentaje de población analfabeta con edad mayor a 15 años, es decir, 14.84 por ciento del total de su población no sabe leer ni escribir. En contraste, a nivel nacional, la cifra de mexicanos que se encuentran en estas condiciones alcanza sólo 5.5 por ciento. Para dimensionar adecuadamente esta problemática, cabe tener presente que en la Ciudad de México, primer lugar entre las entidades con mejor combate al analfabetismo, la población analfabeta es apenas de 1.5 por ciento. Sin embargo, en Chiapas la crisis educativa no concluye ahí pues, además, dentro del mismo rango de edad, 14.6 por ciento de las y los chiapanecos no ha logrado concluir ni un solo grado de escolaridad, sólo el 57.2 por ciento ha terminado su formación básica, un porcentaje mucho menor (16.4 por ciento) ha finalizado su educación media superior y, únicamente, 11.7 por ciento ha concluido su educación superior.1

Por si esto fuera poco, en Chiapas, el grado promedio de escolaridad en personas mayores de 15 años es de 7.3, el más bajo entre todas las entidades federativas, muy inferior al promedio nacional que registra para las y los mexicanos 9.2 años de instrucción escolar.2 Además, si se atiende información más puntual sobre el rendimiento del estudiantado chiapaneco podrá observarse que, de acuerdo a la prueba del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) aplicada el año pasado, el desempeño de las y los estudiantes chiapanecos de nivel medio superior está ubicado en el último lugar a nivel nacional en materias como lengua, comunicación y matemáticas.3

Empero, la delicada situación que en este sentido enfrenta Chiapas no es ninguna novedad. Después de todo, no sólo el gobierno se ha encargado de registrar el tamaño de la catástrofe educativa. Desde hace años, diversos entes de la sociedad civil han hecho pública información de este tipo, denunciando la gravedad de la situación y llamando a la acción para contrarrestarla. Para muestra existe el Índice de Cumplimiento de la Responsabilidad Educativa Estatal (ICREE) 2016, elaborado por la organización Mexicanos Primero, que evaluó tanto el desempeño académico, como las condiciones de la infraestructura educativa en la que reciben instrucción alumnos de las 32 entidades federativas. Este índice otorgó a Chiapas el puesto 32 en su ranking nacional, con una calificación de 3.4 sobre 10. Entre los datos más preocupantes contenidos en su informe se señala que 40 por ciento de los niños de 3 años de edad quedan fuera de la educación preescolar, que 50 por ciento de los futuros maestros no reciben la formación para desarrollar adecuadamente sus funciones, que ninguna de las escuelas públicas registran la participación activa de los tutores y padres familias y que sólo el 60 por ciento de las escuelas públicas (que no son multigrado) cuentan con un director de tiempo completo.4

Todos estos datos permiten vislumbrar las carencias y grave rezago en que se encuentra sumida la educación en Chiapas. En este marco, indispensable para comprender las difíciles condiciones que enfrentan docentes de toda la entidad para impartir sus clases, el pasado 12 de enero, Matilde Cruz Hernández, abogada experta en derechos humanos, presentó formalmente una queja5 ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con número de expediente CEDH/0030/2017, en representación de 467 maestros de niveles preescolar, primaria, telesecundaria, educación física y educación especial del estado de Chiapas. Estos maestros son considerados como “idóneos” por las evaluaciones propias del Concurso de Oposición para ingreso al Servicio Profesional Docente aplicadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). De dicha calificación, figuran constancias de acreditación de idoneidad entregadas por ambas instituciones, con una vigencia del 16 de agosto de 2016 al 31 de mayo de 2017, en donde también se indica como fecha de inicio de labores el día 1 de diciembre de 2016.

En la queja se expone la manera en la que los docentes, de la misma forma que muchos otros trabajadores de la educación en la entidad, han debido enfrentar, por omisiones de la Secretaría de Educación y el gobierno del estado, el impago injustificado de sus salarios y prestaciones labores. Así pues, se detalla cómo, al día de hoy, muchos de ellos no han podido disfrutar de sus salarios devengados por la prestación de sus servicios como docentes en comunidades, a menudo, ubicadas en regiones inhóspitas del estado. Asimismo, se detallan casos de quienes, sin razón aparente, no les han sido regularizados sus pagos, de manera que continúan sin poder gozar del fruto de su trabajo de manera constante y ordenada.

No bastando los agravios mencionados, la queja documenta cómo a pesar de haber sido refrendados como idóneos, los docentes han sufrido la negación en el acceso a servicios de salud que, por derecho, tanto a ellos como a sus familiares, corresponden. Lo anterior, debido a que su afiliación al Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del estado de Chiapas (ISSTECH) ha sido obstaculizada con el pretexto de la irregularidad en el pago de sus salarios (una situación de la que no son responsables). Así pues, no importando que se tratara de empleados estatales, este hecho habría bastado al ISSTECH para negar la prestación de servicios de salud a los docentes. Sin embargo, cabe mencionar que en los talones de cheques utilizados para el pago de los maestros se observa la existencia de un descuento denominado cuota ISSTECH con número de concepto 0005 que prueba que, en efecto, los salarios de los maestros están siendo objeto de un descuento en favor del ISSTECH que debería garantizarles el acceso efectivo y oportuno de servicios de atención médica. Es, por tanto, reprobable e inexplicable que se les continúe negando el acceso a los servicios de salud que la ley garantiza y que tanto necesitan.

Con todo, la queja en comento no se circunscribe solamente a problemas de índole salarial. Por el contrario, aunado al incumplimiento de sus pagos y prestaciones, el texto señala la forma en la que los docentes han sido víctimas de hostigamiento laboral, agresiones y amenazas contra su integridad personal y la de sus salarios por parte de sus superiores jerárquicos, realizadas con el único objetivo de coartar y castigar su participación en acciones de denuncia para exigir el cumplimiento e inmediata regularización de los pagos que por ley les corresponden. Sin embargo, no bastando las amenazas recibidas por parte de sus superiores, también han recibido amenazas directas en manos de elementos de seguridad pública. Así, por ejemplo, en la queja se describe cómo agentes policiales les han amenazado mediante lo que coloquialmente se conoce como “dar una calentadita” o “dar unos levantones”. Sin duda, es deleznable que, por participar en manifestaciones legítimas de inconformidad y abanderar peticiones de solución a una problemática que les aqueja, los docentes sean amedrentados de esa forma.

Tanto las manifestaciones magisteriales como las agresiones policiacas han sido bien documentadas por medios locales de comunicación, a través de los cuales ha sido posible conocer las acciones de los maestros, las causas de su inconformidad y la condición pacífica de sus manifestaciones. Este es el caso de la marcha realizada el 14 de agosto de 2017, en la que los maestros comenzaban a dar cuenta del problema del impago de sus salarios y la cual se desarrolló sin incidentes. Para esa fecha, una cantidad nada despreciable de maestros ya cumplían alrededor de ocho meses sin percibir el salario que les correspondía por el cumplimiento de sus labores docentes.6

Este es el mismo caso de las movilizaciones de docentes acaecidas el 11 de agosto de 2017, en la que un nutrido grupo de maestros se plantó frente a las instalaciones de la Torre Chiapas, principal edificio administrativo en la capital, para manifestar sus inconformidades y exigir el pago de sus salarios. A pesar de incontables denostaciones en su contra difundidas por el gobierno del estado, los profesores expresaron que en ningún momento, por motivo de su acción política, habían suspendido labores docentes. Sin embargo, sí señalaron que como resultado del paso de los meses sin recibir el pago por la prestación de sus servicios tanto ellos como sus familias comenzaban a vivir en situaciones de gran carencia económica, razón por la cual exigían al gobierno del estado que depositara en forma inmediata el recurso atrasado y se comprometiera a regularizar los pagos subsecuentes7 . Desde entonces, las protestas de los docentes idóneos no han cesado, encontrando su punto más álgido el pasado mes de enero durante el cual se llevaron a cabo distintas manifestaciones en varios puntos del estado para expresar, por enésima vez, su inconformidad ante la problemática descrita.8

Ante una situación de descontento social que parece sólo agudizarse con el transcurso de los días, cabe tener presente las peticiones que los maestros han enarbolado en forma reiterada durante todos estos meses, siempre en forma pacífica, contenidas en la queja presentada ante la CEDH:

• El pago de los salarios devengados y no pagados.

• El pago de aguinaldos, bonos e incrementos salariales.

• La regularización de los pagos a partir de la primera quincena de 2018.

• El reconocimiento o nombramiento de base.

• La inscripción al ISSTECH.

Como reacción a las protestas de los docentes, el recién nombrado secretario de Educación estatal, Eduardo Campos Martínez, procedió recientemente a la firma de diversas minutas de acuerdos con la promesa de que el gobierno del estado cumpliría a la brevedad con el pago de los meses atrasados, garantizando la regularización de los sueldos de los maestros afectados. Sin embargo, estas promesas sólo se han cumplido en forma parcial, por lo que los maestros no han tenido más remedio que expresar nuevamente su malestar tras la evidente indolencia de las autoridades estatales por resolver su problemática.

Sin duda, uno de los carices más dolorosos de esta problemática se relaciona con cómo la prolongada falta de pago para cientos de docentes ha provocado que éstos deban enfrentar ya no sólo las evasivas del gobierno en turno sino condiciones de gran precariedad, resultado de su economía incierta. Después de todo, entre estos maestros, existen muchas y muchos en quienes recae la responsabilidad de fungir como cabezas de familia, por lo que al dejar de contar con ingresos estables ha dejado de serles posible cubrir con los gastos cotidianos de alimentación, vestido, calzado, salud y transporte que sus hogares precisan. Es decir, tanto la falta de pagos y como la irregularidad de los mismos hunden cada día más a estas familias en un estado de total indefensión.

Aunado a lo anterior, la falta de ingresos ha hecho cada vez más difícil para estos maestros trasladarse de sus domicilios a sus distantes centros de trabajo. Si bien todos han hecho un formidable esfuerzo para mantener sus aulas en funcionamiento y evitar con ello que miles de niños chiapanecos, muchos de ellos habitantes de comunidades indígenas y/o marginadas en todo el estado, se queden sin acceso a la escuela, debe quedar claro que, de prolongarse esta problemática, sus consecuencias alcanzarán a afectar la formación educativa de miles de alumnos que habitan localidades de por sí afectadas por la falta de servicios públicos, el pujante incremento de la pobreza y el agravamiento de la mayoría de las carencias sociales que ha caracterizado al presente sexenio.

En síntesis, el presente punto de acuerdo busca alertar a quienes integran la Cámara de Diputados sobre los abusos y violaciones que, actualmente, están sufriendo cientos de maestros de Chiapas en manos del gobierno del estado, tras impedírseles el goce de un salario que, por derecho y legítimo esfuerzo, les corresponde. Entre los derechos vulnerados por esta situación destaca el derecho de asociación, el derecho al trabajo, el derecho a la igualdad ante la ley y la no discriminación, el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho a la integridad y seguridad personal, el derecho a la protección a la salud y el derecho de acceso a prestaciones de seguridad social.

Asimismo, entre los servidores públicos identificados como responsables por la problemática en la que se encuentran los docentes idóneos a los que refiere este texto destacan Manuel Velasco Coello, gobernador constitucional de Chiapas y titular del Poder Ejecutivo en la entidad; Humberto Pedrero Moreno, secretario de Hacienda de Chiapas; Eduardo Campos Martínez, secretario de Educación estatal; Eduardo Velázquez Hernández, subsecretario de Educación estatal; Sergio García León, director de Educación Básica; Fernando Sierra Reyes, coordinador general de Administración Estatal de la Secretaría de Educación estatal; Jesús Eduardo Thomas Ulloa, director general del ISSTECH; y el comisario general Jorge Luis Laven Abarca, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Para concluir, y en ánimo de dejar sentado con total claridad la legitimidad de las demandas de los docentes, válgase aclarar que todos ellos cumplieron con los lineamientos establecidos por la Ley del Servicio Profesional Docente. Su ingreso al servicio de la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de Chiapas se realizó en forma, exigiéndoles el nombramiento debido para prestar sus servicios. Además, todos los maestros cuentan con Oficio de Presentación firmado por el Dr. Sergio García León, Director de Educación Básica, dirigidos a las supervisiones de las zonas escolares a las que fueron asignados para laborar. Tomando en consideración lo anterior, quien aquí suscribe considera necesario que diputados y diputadas, en nuestra calidad de celadores del Estado de Derecho, asumamos el compromiso de atender la problemática que aquí se relata, que afecta sin justificación alguna a cientos de maestros chiapanecos de aptitudes probadas y que, de persistir, podría perjudicar a uno de los bienes de mayor valor para la niñez y juventud chiapaneca: su formación educativa.

Por lo expuesto y fundando, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Chiapas para que ordene el pago total e inmediato de los salarios devengados y demás prestaciones laborales adeudadas en favor de docentes idóneos adscritos al Sistema Profesional Docente y garantice la regularidad de los pagos subsecuentes.

Notas

1 Inegi. Encuesta Intercensal 2015. En línea: http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/intercensa l/

2 Ibíd.

3 SEP. PLANEA Resultados nacionales 2017, Educación Media Superior. Págs. 26-27. En línea: http://planea.sep.gob.mx/content/general/docs/2017/ResultadosNacionales PlaneaMS2017.PDF

4 Mexicanos Primero. ICRE, ¿En qué lugar está Chiapas en educación? 21 de junio 2016. En línea: http://www.mexicanosprimero.org/index.php/central-de-prensa/boletines/1 517-icre-en-que-lugar-esta-chiapas-en-educacion

5 Matilde Cruz Hernández. Queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 12 de enero de 2018. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

6 Marco Antonio Alvarado. Resultaron maestros idóneos, pero el gobierno tampoco les paga . Vía libre. En línea: http://vialibrechiapas.com/resultaron-docentes-idoneos-gobierno-tampoco -les-paga/

7 Jairo Camacho. Páguenos ya, exigen docentes idóneos ante la Torre Chiapas. Aquí Noticias. En línea: http://aquinoticias.mx/paguennos-ya-exigen-docentes-idoneos-ante-la-tor re-chiapas/

8 Marco Alvarado. Viven Afuera de Educación. Noticias Voz e Imagen de Chiapas. En línea: http://www.noticiasnvi.com/Articles/chiapas/2018/01/25/viven-afuera-de- educacion

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de febrero de 2018.

Diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a fortalecer las políticas públicas destinadas a garantizar la suficiencia alimentaria del país, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, Mirna Isabel Saldívar Paz, diputada del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

La seguridad alimentaria y nutricional en México presenta un panorama de grandes contrastes. Si bien la oferta de energía alimentaria disponible en México sobrepasa los requerimientos para cubrir la demanda, las fuertes deficiencias en el acceso originan un panorama heterogéneo de grandes carencias que requiere de intervenciones focalizadas en ciertos grupos de población y en ciertas regiones.1

Al deficiente acceso a los alimentos de grupos importantes se suma la desnutrición crónica infantil aún por atender, al igual que la alta prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños, adolescentes y adultos. La doble carga de la malnutrición impide el adecuado desarrollo físico e intelectual del individuo, al tiempo que aumenta el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles, con grandes costos directos e indirectos para las familias y la sociedad.2

Adicionalmente, en la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares 2016, se estimó que en 10.7 millones de hogares en los que hay al menos un menor de 18 años se tuvieron dificultades para satisfacer las necesidades alimentarias de las niñas, niños y adolescentes.3

De esa suma, en tres millones de hogares algún menor comió menos de lo que debía comer; en 2.98 millones se tuvo que disminuir la cantidad de comida que se les ofrece diariamente debido a la falta de recursos económicos, mientras que 1.23 millones de los hogares señalados, “algún menor sintió hambre, pero no comió”, y en 881 mil hogares algún menor dejó de comer todo el día, al menos en una ocasión en los tres meses previos a la encuesta.4

De acuerdo con datos del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en México hay alrededor de 28 millones de personas vulnerables por carencia de acceso a la alimentación (equivalente al 23.3 por ciento de la población), y esta cifra es mayor exponencialmente entre las personas hablantes de lenguas indígenas y habitantes de zonas rurales. Además, 7.9 por ciento de las niñas y los niños que nacieron en 2012 lo hicieron con bajo peso (menos de 2 mil 500 gramos); mientras que 35 por ciento de las niñas y los niños tienen sobrepeso u obesidad.5

La medición multidimensional de la pobreza dada a conocer recientemente por el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), muestra que entre 2010 y 2014 no han habido cambios significativos en el porcentaje de personas vulnerables por carencia de acceso a la alimentación.6

En el año 2012 el porcentaje de niñas y niños que nacieron con bajo peso se ubicó en 61 por ciento por arriba del indicador registrado en el año 2002; desde la perspectiva de los Derechos Humanos, se trata de un retroceso inadmisible.7

Aunado a lo anterior, la distribución tanto de la pobreza como de las distintas dimensiones de la vulnerabilidad es distinta de acuerdo con el grupo de población de que se trate. En ese sentido, hay grupos en los que frente al ya mencionado promedio nacional de 23.3 por ciento de la población, se ubican con indicadores más elevados como ya citamos; asimismo, entre las niñas y los niños, la vulnerabilidad por carencia de acceso a la alimentación se ubica en 27.6 por ciento.8

Además, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el país había en el año 2012 un 7.9 por ciento de niñas y niños respecto de quienes se registró un bajo peso al momento de su nacimiento (de acuerdo con la Secretaría de Salud, se consideran en esta condición las niñas y los niños que pesan menos de 2 mil 500 gramos al nacimiento); es decir, son niñas y niños que presentan un riesgo mayor de contraer enfermedades o de enfrentar mayores dificultades en el futuro, de no revertirse la situación de origen.9

Datos de la Encuesta Intercensal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de 2015 muestran que en lo que respecta a la infancia, del total de hogares con niñas y niños de 0 a 17 años, el 16.9 por ciento presentan una situación de inseguridad alimentaria leve; en 9.5 por ciento de los hogares esta es moderada, y severa en 7.6 por ciento de los hogares con niños. De este modo, sólo 66 por ciento de los hogares mexicanos donde viven niños cuentan con seguridad alimentaria.10

Más aún, en 19.3 por ciento de los hogares en que viven niñas y niños, alguno de ellos tuvo poca variedad en sus alimentos; en 14.2 por ciento comió menos de lo que debería de comer; en 14.3 por ciento a alguno de ellos tuvo que servírseles menos comida; en 7.41 por ciento alguna niña o niño sintió hambre, pero no comió; en 6.6 por ciento alguno de ellos dejó de comer todo el día, y en una proporción similar alguno de los menores de 18 años tuvo que acostarse con hambre. 11

Asimismo, de acuerdo con las estadísticas de mortalidad del Inegi, de 2006 a 2015 han fallecido 80,283 personas por desnutrición en México, lo cual implica un promedio de 8,028 defunciones por año, 22 casos diarios. En este periodo, las muertes por desnutrición representaron 1.38 por ciento de las defunciones totales del país. Además, en 17 entidades este promedio fue superado: el peor indicador se registró en Oaxaca, donde las defunciones por desnutrición representaron 3.23 por ciento del total de las defunciones del estado; Morelos con 1.99 por ciento; Hidalgo con 1.98 por ciento, Puebla con 1.92 por ciento; Guerrero con 1.91 por ciento; Veracruz con 1.90 por ciento; Zacatecas con 1.84 por ciento; Chiapas con 1.82 por ciento; Guanajuato con 1.77 por ciento y Tlaxcala con 1.76 por ciento. Problemas como la inseguridad alimentaria, la cual deriva en desnutrición, el sobrepeso y la obesidad, están directamente condicionados por la desigualdad y la pobreza que México enfrenta, fallecimientos que debieron evitarse al no ser una causa natural de defunción.12

El indicador de prevalencia de seguridad alimentaria en el mundo 2013, publicado por la FAO, podemos observar que la subalimentación para cada país se calcula como una función de varios indicadores, en particular los siguientes:13

• La disponibilidad neta de alimentos para consumo humano, sea por producción nacional o sea por importaciones después de haber descontado exportaciones y otros usos, y transformado en calorías, lo que nos da la disponibilidad energética alimentaria;

• La población total del país;

• Una estimación de las pérdidas y de los desperdicios de alimentos postproducción;

• Parámetros relativos a las necesidades de energía alimentaria con base en: sexo, edad y la talla de la población;

• Datos relativos al acceso físico y económico a los alimentos que normalmente se obtienen a partir de las encuestas de los hogares;

• Así como funciones de distribución normal del consumo de los alimentos de la población, las variaciones de los promedios y las asimetrías en la distribución del consumo habitual de alimentos de la población.

Los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Salud Pública indican que más de la cuarta parte de los mexicanos tiene acceso deficiente a la alimentación. Si bien se han producido avances significativos en la eliminación de la desnutrición infantil entre 1988 y 2012, casi 1.5 millones de menores de cinco años presentan baja talla para la edad, que es un indicador de desnutrición crónica. En población indígena la prevalencia es de más del doble: 33.1 por ciento. Adicionalmente, el sobrepeso y obesidad en niños, adolescentes y adultos se ha convertido en un problema de salud pública.14

De acuerdo con los especialistas del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM), el crecimiento del precio de la canasta alimentaria, conformada por 40 alimentos –para una familia de cuatro personas: dos adultos, un joven y un niño-, es muy rápido, por lo que los aumentos hechos al salario mínimo han nacido prácticamente muertos.15

Prueba de ello es que “El aumento al salario mínimo en el mismo periodo fue de siete pesos y el incremento anunciado por el gobierno para 2018 es de 8.32 pesos. Si sumamos ambos dan un total de 15.32 pesos, por lo que el aumento de precios de la canasta alimentaria recomendable ya se comió en un año los incrementos de dos años, e incluso parte de lo que se anuncie para 2019.”16

La seguridad alimentaria es un concepto multidimensional. Es por ello que para alcanzarla se requiere de un rediseño de política, estrategias tanto productivas como sociales y reforzar los mecanismos de gobernanza institucional.17

A raíz de estos hechos, o como su consecuencia, tienen lugar dos acontecimientos trascendentales en México que han modificado el escenario de la política sobre la seguridad alimentaria de la población. El primero es la reforma constitucional en 2011 de los artículos 4 y 27 para reconocer el derecho a la alimentación como un derecho fundamental de todas y todos los mexicanos. El segundo es el lanzamiento de la Cruzada Nacional contra el Hambre, lo que se ha traducido en el lanzamiento de un nuevo Programa en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y el Programa Nacional México sin Hambre.18

Aunado a lo anterior, derivado del esfuerzo conjunto de varias instituciones y renombrados expertos, se creó el Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en México, un valioso insumo para la toma de decisiones informada en el diseño de una política alimentaria para México y para la elaboración del Programa Nacional México sin Hambre, previsto en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.19

Pese a lo anterior, en Nueva Alianza consideramos que la seguridad alimentaria es una tarea aún pendiente y prioritaria; la erradicación del desabasto de alimentos requiere de la coordinación adecuada entre autoridades, en aras de contar con los recursos indispensables para asegurar una disponibilidad suficiente, estable y sustentable de alimentos.20

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un exhorto de manera respetuosa a los Titulares de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), y de Desarrollo Social (Sedesol), y al Titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, junto con sus homólogos en las Entidades Federativas, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, y de manera coordinada, a que fortalezcan las políticas públicas destinadas a la suficiencia alimentaria del país.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un exhorto de manera respetuosa al Titular de la Procuraduría Federal del Consumidor para que, en el ámbito de sus atribuciones y funciones, verifique que se respeten los precios máximos establecidos en términos de la Ley Federal de Competencia Económica.

Notas

1 Nuria Urquía-Fernández, D en C Biol., La seguridad alimentaria en México, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, México, Articulo Especial, salud pública de México / vol. 56, DF, 31 de marzo de 2014, páginas 92-98.

2 Ibídem.

3 Mario Luis Fuentes, La crucial agenda de la niñez, lunes 20 noviembre 2017 11:27, consultado en

http://mexicosocial.org/index.php/2017-05-22-14-12-20/it em/1575-la-crucial-agenda-de-la-ninez

4 Mario Luis Fuentes, La crucial agenda de la niñez, lunes 20 noviembre 2017 11:27, consultado en http://mexicosocial.org/index.php/2017-05-22-14-12-20/item/1575-la-cruc ial-agenda-de-la-ninez

5 Continúa la inseguridad alimentaria, Revista México Social, SA de CV, consultado por última vez en

https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Documents/Comunica do005_Medicion_pobreza_2014.pdf

6 Coneval informa los resultados de la medición de pobreza 2014, comunicado de prensa 005, Dirección de Información y Comunicación Social, México, D.F., a 23 de julio de 2015,

https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Documents/Comunica do005_Medicion_pobreza_2014.pdf

7 Continúa la inseguridad alimentaria, Revista México Social, SA de CV, consultado por última vez en

https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Documents/Comunica do005_Medicion_pobreza_2014.pdf

8 Ibídem.

9 Ibídem.

10 Cassio Luiselli, Malnutrición, hambre y entorno rural, Revista México Social, S.A. de C.V., consultado por última vez en

http://mexicosocial.org/index.php/2017-05-22-13-35-51/re sena-programas/item/1443-malnutricion-hambre-y-entorno-rural-invitado-c assio-luiselli

11 Saúl Arellano, El costo del hambre, Jueves, 20 Abril 2017 06:00 Revista México Social, S.A. de C.V., consultado por última vez en http://mexicosocial.org/index.php/2017-05-22-14-12-20/item/1360-el-cost o-del-hambre

12 Cassio Luiselli, Malnutrición, hambre y entorno rural, Revista México Social, S.A. de C.V., consultado por última vez en

http://mexicosocial.org/index.php/2017-05-22-13-35-51/re sena-programas/item/1443-malnutricion-hambre-y-entorno-rural-invitado-c assio-luiselli

13 FAO. Indicadores de seguridad alimentaria [documento en internet]. Roma: FAO, 2012. Disponible en: http://www.fao.org/economic/ess/ess-fs/ess-fadata/en/

14 Nuria Urquía-Fernández, D en C Biol., La seguridad alimentaria en México, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, México, Articulo Especial, salud pública de México / vol. 56, DF, 31 de marzo de 2014, pp. 92-98.

15 En 1987, bastaban 4 horas de trabajo para adquirir la canasta básica; en 2017, más de 24: UNAM por Redacción AN enero 12, 2018, 2018 Aristegui Noticias, consultado en https://m.aristeguinoticias.com/1201/mexico/en-1987-bastaban-4-horas-de -trabajo-para-adquirir-la-canasta-basica-en-2017-mas-de-24-unam/

16 Ibídem.

17 Nuria Urquía-Fernández, D en C Biol., La seguridad alimentaria en México, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, México, Articulo Especial, salud pública de México / vol. 56, DF, 31 de marzo de 2014, pp. 92-98.

18 Ibídem.

19 Nuria Urquía-Fernández, D en C Biol., La seguridad alimentaria en México, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, México, Articulo Especial, salud pública de México / vol. 56, DF, 31 de marzo de 2014, pp. 92-98.

20 Ibídem.

Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 22 de febrero de 2018.

Diputada Mirna Isabel Saldívar Paz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a fortalecer la coordinación con Capufe en la planeación de infraestructura carretera y evitar así congestionamientos en diversos tramos, a cargo del diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción I del numeral 1 del artículo 6 y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para que fortalezca la coordinación con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) en la planeación de infraestructura carretera con el fin de evitar congestionamientos viales en diversos tramos carreteros, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

A fin de impulsar el crecimiento económico, la integración regional y el desarrollo social, es fundamental la conservación, modernización y ampliación de la infraestructura carretera con el objetivo de hacer más fluida la vialidad del transporte, así como enriquecer y fortalecer las comunicaciones. Ante esta situación resulta indispensable mejorar los procesos de planeación del sector carretero, con una visión de mediano y largo plazo en donde la realización de las obras satisfaga los criterios de rentabilidad social y económica, siendo fluido el tránsito1 y por consiguiente la comunicación con los principales centros de producción y consumo del país.

Aunado a lo anterior, dentro de la planeación resulta necesario focalizar los rezagos en materia de infraestructura carretera como la extensión, el estado actual de conservación de la red, la discontinuidad de los principales ejes troncales, la falta de libramientos, la insuficiente cobertura y mantenimiento de los caminos rurales, la deficiencia en las conexiones, entre otros. Por ello, el desarrollo económico de un país está fuertemente ligado directamente a su infraestructura carretera, en razón de que es a través de ella como se logra unir a diversos sectores de la sociedad, promoviendo el intercambio de productos y mercancías, movimiento de personas, así como la realización de diferentes servicios en beneficio de la población. Con una adecuada planeación, operación, y conservación de la red carretera, los objetivos trazados en una política social, cultural, y económica se encaminan en armonía asegurando que los usuario transite con mayor seguridad, así como el impulso al crecimiento del país.

Es de mencionar que un proyecto carretero está compuesto de distintas etapas, las cuales están ligadas entre sí, básicamente las etapas son: planeación, selección de ruta, proyecto geométrico de la ruta definitiva, impacto ambiental, e ingeniería de detalle, entre otras, dependiendo de la magnitud y trascendencia de la obra, cada una de ellas debe cumplir una serie de estudios y proyectos. La fase de planificación de una carretera debe responde a la pregunta de ¿qué hay que hacer?, es decir, definir el conjunto de actuaciones, ordenadas en el tiempo, necesarias para la consecución de unos objetivos fijados y cómo hay que hacerlo, determinando los medios necesarios en cada etapa. Esta planificación se realiza y desarrolla en un proceso definido con la finalidad de alcanzar los objetivos establecidos, así como trazando posibles soluciones a problemas que se presenten en una situación futura, determinando las opciones más convenientes para su oportuna solución.2

Es indispensable que durante la planeación de los proyectos carreteros, el componente ambiental sea analizado y valorado, ya que puede constituirse en la parte crítica para la aceptación o no de llevarse a cabo. En nuestro país el análisis ambiental normalmente se inicia una vez seleccionada el tramo carretero y realizado el proyecto ejecutivo, bajo el enfoque de minimizar los impactos adversos que la obra generará, únicamente durante su construcción, ya que esto determinará, en mayor medida el tipo y la magnitud de los impactos ambientales y sociales que causará.

Resulta trascendental que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en coordinación con las diversas autoridades estatales y municipales, así como organizaciones de la sociedad civil que participen en la realización de un proyecto carretero, escuchando a los pobladores de las comunidades donde tendrá un impacto la obra, definan claramente los objetivos del proyecto; señalando con claridad los fines que perseguirá, los beneficios que se pretende generar, a quiénes se intenta beneficiar y cómo serán impactados los habitantes que se pretende hagan uso de la nueva o remodelada infraestructura carretera. Al realizar esta tarea los involucrados en el proyecto tendrán una idea clara de su viabilidad, de esa manera sus decisiones se orientarán en ese sentido, analizando alternativas para la expansión o modernización de los caminos existentes, incluyendo mejoras en el manejo del tránsito y transporte público por los caminos existentes.3

El desarrollo comercial hace necesario que se cuente con una infraestructura carretera ágil, segura, y con los mejores accesos, ya que una modernización de caminos que no tome en cuenta el incremento en el tránsito, resultará en un número elevado de accidentes ante los elevados tiempos que tienden a permanecer en este tipo de vías. Por ello, se deben maximizar los beneficios y minimizar los efectos adversos que se puedan producir, por lo cual, es imprescindible la capacitación y actualización de conocimientos, la formación de equipos interdisciplinarios entre los cuales se debe contar con sociólogos, para poder continuar con un desarrollo sustentable, y de esa forma lograr un mayor fortalecimiento de la infraestructura carretera de nuestro país.

Las economías nacionales dependen de que sus infraestructuras carreteras y de comunicaciones sean eficaces, por lo que sus interrupciones al transporte de cualquier índole provocará mayores afectaciones económicas en el futuro próximo; dicho problema para Husdal, es un reto para México, ya que su sistema económico está supeditado al autotransporte en una red nacional poco densa y con pocas rutas redundantes.4 Por tal motivo, se requiere planear proyectos carreteros que contribuyan a una mayor accesibilidad de las regiones y mejoren la competitividad de ciudades, así como la funcionalidad del transporte nacional.

Por todo lo anteriormente expresado, presento ante el pleno de esta Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que fortalezca la coordinación con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos en la planeación de infraestructura carretera ya sea en un nuevo proyecto o modernización de tramos, particularmente en el referente a la autopista México-Veracruz, en donde el tránsito vehicular es lento debido a las obras que se están realizando ocasionando un retraso de hasta de tres horas aproximadamente.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, a que efectúe la apertura de la caseta de cobro ubicada en San Martin Texmelucan, de la carretera México-Puebla, a fin de agilizar el cobro de peaje, con el objetivo de evitar el congestionamiento vehicular que se presenta en la zona, el cual ocasiona un lento transito que se estima de alrededor de 30 minutos de espera para poder pasar a la caseta de cobro.

Notas

1 Para Sánchez-Silva, es preponderante determinar aquellos tramos que son importantes para la accesibilidad de ciudades importantes o puntos de interés. Lleras-Echeverri, G. y M. Sánchez-Silva, “Vulnerability analysis of highway networks, methodology and case study”, en Institution of Civil Engineers, Transport, vol. 147, 2001, pp. 223-230.

2 Husdal, ha señalado que la confiabilidad de una infraestructura carretera es definida como la probabilidad de que uno o más de sus tramos funcionen de acuerdo con una serie de variables operativas estándar. Husdal, J. “Reliability and vulnerability versus Costs and Benefits. Proceedings,” en International Symposium on Transportation, Network Reliability, Queenstown and Christchurch, Nueva Zelanda, 2004, pp. 180-186.

3 Las consecuencias sobre la vulnerabilidad de una infraestructura carretera se observan en la las fallas que se presentan en un tramo carretero independientemente de su probabilidad de ocurrencia; en el nivel de funcionamiento del sistema de transporte, con respecto a la medición de los posibles cambios de conectividad o costo, ocasionados por fluctuaciones en las condiciones de tráfico, como congestionamientos recurrentes y debido a eventos como desastres naturales, clima adverso, disturbios, accidentes vehiculares, etcétera. Jenelius, E., “Importance and exposure in road network vulnerability analysis”, en Transportation Research Part A, vol. 40, 2006, pp. 537- 560.

4 Husdal, J., “Transport Network Vulnerability, which terminology and metrics should we use?, en Nectar Cluster 1 Seminario, mayo, 2006, Noruega.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de febrero de 2018.

Diputado Marco Antonio Aguilar Yunes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a realizar una reasignación presupuestaria para garantizar el crecimiento del gasto social en salud, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena

Araceli Damián González, diputada federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Primera. El derecho a la salud se encuentra garantizado por la Constitución y por múltiples tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. Desde la perspectiva pública, la única manera de garantizar, fortalecer y extender el derecho humano a la salud es a través de la asignación presupuestaria y dotación suficiente de recursos. El pasado 5 de Febrero del 2018, el Centro de Estudios e Investigaciones Presupuestarias difundió los resultados de una amplia investigación sobre la evolución del gasto en salud durante la presente administración. Entre otros hallazgos de relevancia, la institución académica señaló que

“En México, de 2012 a 2016, el gasto en salud per cápita sufrió una contracción de 4 por ciento, mientras que el número de usuarios de las instituciones y programas de salud se redujo en 5.6 millones de personas” 1

Durante el sexenio de Peña Nieto, el gasto per cápita en salud pasó de los 3.816 pesos a 3.615, mientras que el presupuesto se contrajo desde los 580 mil millones en 2012 a los 569 mil millones en 2016. La variación del gasto per cápita ha sido divergente para cada una de las instituciones públicas que prestan estos servicios. Así, en el IMSS decreció 6 por ciento (260), en el ISSSTE 5 por ciento (250) y en Pemex hasta 41 por ciento (9.5000). Sin embargo, el gasto per cápita tuvo ligeros incrementos en el Seguro Popular de 0.35 por ciento (10) e IMSS-Prospera de 3 por ciento (34).

Segunda. La investigación en mención refiere otros datos preocupantes. Al comparar los datos de afiliación oficial del IMSS con los declarados en la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares (Enigh), se observa una discrepancia de aproximadamente 23 millones de personas. Es decir, el IMSS reporta tener unos 63 millones de derechohabientes, mientras que sólo 43 millones se reconocieron afiliados a dicha institución en la citada encuesta. En el caso del seguro popular ocurre al contrario, mientras que oficialmente la Secretaría de Salud reconoce a casi 55 millones de afiliados, en la encuesta se auto-reconocen como tal 55.6 millones.2

Tercera. Otro de los hallazgos relevantes de la investigación del Centro de Estudios e Investigaciones Presupuestarias es que, durante el sexenio de Peña Nieto, de 2014 a 2016, las personas que utilizaron instituciones o programas públicos de salud se redujo 12 por ciento, en unos 5.6 millones de personas, pasando de 46.5 millones a 40.8 millones. Esto último se relaciona con el incremento del gasto de bolsillo que tuvo que realizar la población durante el mismo periodo estudiado. Aunque en la población más vulnerable, aquella afiliada al Seguro Popular o al IMSS-Prospera, creció ligeramente el gasto per cápita, ello tampoco evitó el incremento del gasto de bolsillo.

Cuarta. Lo anterior confirma, desde una perspectiva temporal más amplia, las políticas de recorte presupuestario sobre salud que ha venido aplicando, con un elevado costo social, la actual administración. Así, en 2017 la secretaría de salud, en relación a su asignación de 2016, sufrió un recorte presupuestario global cercano al 11 por ciento en términos reales. Si se compara con el presupuesto aprobado en 2015, el ajuste del 2017 sería aún mayor y alcanzaría casi el 13 por ciento; el gobierno mexicano ha encadenado dos años consecutivos de recortes presupuestarios en salud (2016 y 2017).

Quinta. Coneval clasifica los programas públicos sanitarios de acuerdo a su mayor o menor contribución al objetivo de disminuir la carencia por acceso a los servicios de salud. En ese aspecto, según Coneval, el Seguro Popular es fuertemente prioritario, ya que otorga a población vulnerable acceso a los servicios de salud ofrecidos por el Sistema de Protección Social en Salud. En 2017, el seguro popular fue recortado casi un 12 por ciento respecto a su asignación de 2016, porcentaje que sería ligeramente superior si se compara con el presupuesto de 2015. Por su parte, el programa “seguro médico siglo XXI”, que afilia a los beneficiarios al seguro popular, es también considerado como fuertemente prioritario por parte de Coneval. Pues bien, el seguro médico SXXI ha sido ajustado drásticamente; se reduce más de un 30 por ciento de su asignación presupuestaria entre 2016 y 2017. El ajuste afecta también al programa de “Fortalecimiento de la atención médica”, que se reduce casi en un 2 por ciento en términos reales. Éste último programa es también clasificado como fuertemente prioritario por Coneval, ya que persigue el objetivo de brindar atención de primer nivel a través de unidades móviles y de fomentar de la afiliación al seguro popular. Además, el programa Unidades Médicas Móviles ha sido eliminado en 2016 y no ha sido restaurado en 2017, contribuyendo a ocasionar un severo daño a la extensión de la cobertura médica en México. Hay que recordar que esta política pública persigue acercar la atención médica a comunidades y municipios aislados o de difícil acceso. El gobierno federal debería aclarar cómo pretender extender la cobertura médica a determinadas comunidades rurales si elimina el programa de unidades médicas móviles. El programa de atención a personas con discapacidad, calificado como ligeramente prioritario por Coneval, también se ha recortado en un 3 por ciento respecto a 2016.

Séptima. Entre los cuatro programas que en el ámbito de la salud Coneval clasifica como prioritarios (Seguro popular y S. XXI, fortalecimiento de la atención médica e IMSS Prospera), tan sólo IMSS prospera no ha sufrido recorte presupuestario. Un recorte generalizado y drástico como el que se analiza afecta a un conjunto muy variado de programas: desde el programa para combatir el sobrepeso y la diabetes, pasando por el de vigilancia epidemiológica hasta alcanzar al programa de fortalecimiento del servicio estatal en salud; este último sufre un recorte cercano al 9 por ciento en 2017. Ante un recorte generalizado, el deterioro de los servicios de salud en México será también generalizado y extremadamente grave, confirmando la preocupante tendencia que señala el Centro de Estudios e Investigaciones Presupuestarias.

Octava. En el IMSS, en el presente ejercicio fiscal, ocurre un fenómeno similar. El programa de atención a la salud del IMSS ha crecido de forma insuficiente, casi la mitad de cuanto debería incrementarse para no perder recursos en términos reales. Hay que recordar que el programa de atención a la salud es un programa nuclear en el Seguro Social, del cual depende directamente la calidad de la atención médica para millones de mexicanos. Para valorar la relevancia de dicho programa, podemos señalar que tiene asignados más de 200 mil millones de pesos para 2018. Empero, constituye una irresponsabilidad, máxime considerando las condiciones precariedad en las que se desarrollan muchos servicios sanitarios, no dotar al citado rubro de los recursos suficientes.

Novena. Otro de los rubros relevantes que crecen de forma insuficiente para 2018 es el relacionado con la adquisición de materiales y suministros. Hay que recordar que bajo este programa se realizan las compras de medicamentos del Instituto, sensible programa que en ningún caso debería sufrir afectaciones y recortes. Este último, creció poco más de 5 por ciento en términos acumulados para 2017 y 2018, mientras que debió crecer, teniendo en cuenta la elevada inflación real registrada, al menos el doble (10 por ciento).

Décima. En último lugar, también resulta extremadamente preocupante que el IMSS reduzca el monto de los recursos destinados a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en salud. En relación a 2017, para 2018 se estima una reducción real de al menos 5 por ciento; casi 10 millones de pesos menos en investigación y desarrollo en salud. Hay que recordar que la investigación tecnológica en salud no sólo salva vidas y mejora la calidad de vida de millones de personas; destinar recursos a la innovación debe ser una palanca de cambio estructural para el desarrollo de la economía mexicana.

Undécima. Todo lo anterior acredita con datos y cifras incontrovertibles la política de ajuste del presupuesto destinado a salud, situación que genera una clara afectación en la satisfacción de un derecho humano fundamental. La estrategia de la Administración de Peña Nieto en este ámbito ha golpeado al gasto sanitario per cápita, generando un efecto expulsión que ha incrementado la utilización de servicios privados y el gasto de bolsillo en salud. Por tanto, el recorte presupuestario es también una forma soterrada de privatización de un servicio público esencial. En ese ámbito, resulta llamativo que los servicios de salud más garantistas y de calidad, como los ofrecidos por el IMSS, son aquellos que experimentan decrementos más acusados del gasto per cápita, según la investigación del Centro de Estudios e Investigaciones Presupuestarias. Lo anterior es expresión de una visión del rol del gobierno como prestador subsidiario y asistencialista del derecho a la salud; sólo para un sector focalizado de ciudadanos vulnerables y para un grupo limitado de tratamientos y beneficios. Por el contrario, el modelo del IMSS, que resulta el más cercano a un servicio público y gratuito de salud, es el que resulta más castigado por los recortes, impulsando el traslado de pacientes a hospitales y clínicas privadas, causando un claro retroceso en términos de los derechos sociales históricamente conquistados.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar una reasignación presupuestaria para garantizar el crecimiento del gasto social en salud.

Notas

1 Méndez Méndez J.D. (2018) Gasto Salud Per Cápita: menos usuarios del sistema de salud, CIEP, disponible en
http://ciep.mx/gasto-en-salud-per-capita-menos-usuarios-del-sistema-de-salud/

2 Méndez Méndez J.D. (2018) Gasto Salud Per Cápita: menos usuarios del sistema de salud, CIEP, disponible en
http://ciep.mx/gasto-en-salud-per-capita-menos-usuarios-del-sistema-de-salud/

Palacio Legislativo, a 22 de febrero de 2018

Diputada Araceli Damián González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a concluir por la Subsecretaría de Infraestructura los trabajos en el tramo carretero Córdoba-La Tinaja, a cargo del diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado Marco Antonio Aguilar Yunes , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción I del numeral 1 del artículo 6, y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a que, a través de la Subsecretaría de Infraestructura, se concluyan a la brevedad los trabajos en el tramo carretero Córdoba–La Tinaja, y se entregue la obra en óptimas condiciones a fin de fortalecer el desarrollo económico de la región, así como garantizar la seguridad e integridad de los usuarios de mencionado tramo carretero , al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Es fundamental la conservación, modernización y ampliación de la infraestructura carretera con el objetivo de ser más fluida la vialidad del transporte, así como enriquecer y fortalecer las comunicaciones, motivo, por el cual es indispensable mejorar los procesos de planeación del sector carretero con una visión de mediano y largo plazo en donde la realización de las obras satisfaga los criterios de rentabilidad social y económica, siendo fluido el tránsito1 y por consiguiente la comunicación con los principales centros de producción y consumo del país.

Ante este escenario, es preciso señalar que desde hace varios años los veracruzanos, concretamente los cordobeses, han sufrido por las obras que se realizan en el tramo Córdoba–La Tinaja, la cual cuenta con una longitud de 45 kilómetros.2 Los usuarios de este tramo carretero tienen que esperar hasta cuatro horas, es común observar que por los trabajos que se realizan se levanta el asfalto. Es preciso mencionar que el aforo vehicular en la carretera Córdoba–Veracruz, donde se localiza el tramo antes descrito, es de aproximadamente 32 mil vehículos diarios los que circulan, según datos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) en el mes de diciembre de 2017 circularon un millón 35 mil 873.3

No se debe olvidar que el desarrollo económico de un país está fuertemente ligado a su infraestructura carretera, ya que es a través de ella como se logra unir a diversos sectores de la sociedad, promoviendo el intercambio de productos y mercancías, movimiento de personas, así como la realización de diferentes servicios en beneficio de la población. Es oportuno precisar que la confiabilidad de una infraestructura carretera es definida como la probabilidad de que uno o más de sus tramos funcionen de acuerdo con una serie de variables operativas estándar.4

Sin embargo en el tramo Córdoba–La Tinaja es frecuente observar a la maquinaria pesada que se está utilizando sin realizar trabajo alguno, además de lo mencionado es grave que no estén colocados señalamientos, lo cual puede ocasionar accidentes viales que pueden significar pérdidas de vidas humanas. Otra situación que se presenta con demasiada frecuencia es la falta de sensibilidad por parte de los operadores de las plazas de cobro, ocasionando demoras y congestionamiento viales. En este punto, como dato es de señalar que el tramo Córdoba–La Tinaja es considerada una de las más caras en su costo de peaje, para motos es de 51 pesos; automóviles, 103 pesos; autobuses de 2, 3 y 4 ejes, 138 pesos, y camiones de 2, 3, y 4 ejes, 131 pesos, y para los de 5, 6, 7, 8, y 9 ejes, 176 pesos.5

Con una adecuada planeación, operación y conservación de la red carretera, los objetivos trazados en una política social, cultural, y económica se encaminan en armonía asegurando que los usuario transite con mayor seguridad, así como el impulso al crecimiento del país. Por tal motivo, será valioso que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes escuche a los pobladores de las comunidades donde tendrá impacto la realización de una obra, haciendo del conocimiento a los habitantes del impacto que se pretende con el mantenimiento., conservación y remodelación de la infraestructura carretera. Al realizar esta tarea los involucrados en el proyecto tendrán una idea clara de su viabilidad, así mismo se tomaran las decisiones adecuadas para mejorar el tránsito por el tramo en obra así como por los caminos existentes.

Es sabido que la vulnerabilidad de una infraestructura carretera se observa en las fallas que se presentan en un tramo; en el nivel de funcionamiento del sistema de transporte con respecto a la medición de los posibles cambios de conectividad o costo, ocasionados por fluctuaciones en las condiciones de tráfico, como congestionamientos recurrentes y debido a eventos como desastres naturales, clima adverso, disturbios, accidentes vehiculares, etcétera.6

El desarrollo de una región es fundamental, por ello, debe contar con una infraestructura carretera ágil, segura, eficaz y con los mejores accesos, ya que cualquier interrupción en el tránsito vehicular provocará mayores afectaciones económicas. Por tal motivo, se requiere planear proyectos carreteros que contribuyan a una mayor accesibilidad de las regiones y mejoren la competitividad de ciudades, así como la funcionalidad del transporte nacional.

Por todo lo anteriormente expresado, presento ante el pleno de esta Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a que, a través de la Subsecretaría de Infraestructura, se realicen las gestiones para que se concluyan a la brevedad los trabajos en el tramo carretero Córdoba–La Tinaja, y se entregue la obra en óptimas condiciones, a fin de fortalecer el desarrollo económico de la región, así como garantizar la seguridad e integridad de los usuarios de mencionado tramo carretero.

Notas

1 Para Sánchez-Silva es preponderante determinar aquellos tramos que son importantes para la accesibilidad de ciudades importantes o puntos de interés. Lleras-Echeverri, G. y M. Sánchez-Silva, “Vulnerability analysis of highway networks, methodology and case study ”, en Institution of Civil Engineers, Transport , vol. 147, 2001, pp. 223-230.

2 Secretaría de Comunicaciones y Transporte, “Córdoba – Veracruz”, disponible en: http://app.sct.gob.mx/sibuac_internet/ControllerUI?action=cmdDatosOperR EpDet&idVia=16

3 http://www.capufe.gob.mx/aforo/

4 Husdal, J. “Reliability and vulnerability versus Costs and Benefits. Proceedings ,” en International Symposium on Transportation, Network Reliability, Queenstown and Christchurch , Nueva Zelanda, 2004, pp. 180-186.

5 En el caso del tramo de Córdoba–Veracruz, el cual tiene una longitud de 98 kilómetros, el costo de peaje es para motos $99; automóviles $ 199; autobuses de 2, 3, y 4 ejes $286: camiones de 2, 3, y 4 ejes, 280.0; y para los de 5, y 6 ejes, 368.0; para los de 7,8 y 9 ejes, $398.0. Secretaría de Comunicaciones y Transporte, “Córdoba– Veracruz”, disponible en:

http://app.sct.gob.mx/sibuac_internet/ControllerUI?actio n=cmdDatosOperREpDet&idVia=16

6 Jenelius, E., “Importance and exposure in road network vulnerability analysis ”, en Transportation Research Part A, vol. 40, 2006, pp. 537- 560.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de febrero de 2018.

Diputado Marco Antonio Aguilar Yunes (rúbrica)