Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el que se acuerda realizar un reconocimiento público a los integrantes del proyecto Gran Acuífero Maya y el Instituto Nacional de Antropología e Historia por descubrir la mayor cueva inundada del mundo; y se exhorta a las respectivas dependencias federales a garantizar su protección y preservación, a cargo de la diputada Arlet Mólgora Glover, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Arlet Mólgora Glover, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 numeral 1, fracción I, y en las fracciones IV y V del numeral 2, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía, el presente punto de acuerdo por el que el honorable Congreso de la Unión acuerda realizar un reconocimiento público a los integrantes del proyecto “Gran Acuífero Maya” y al Instituto Nacional de Antropología e Historia, por haber descubierto la cueva inundada más grande del mundo, y se exhorta a las dependencias respectivas del gobierno federal, para que garanticen su protección y preservación, al tenor de los siguientes

Considerandos

Llena de satisfacción, saber que en nuestro país se ha encontrado la cueva inundada más grande del mundo, nos motiva y alegra, pero también implica un enorme compromiso, para promover y asegurar su protección y preservación; debemos generar conciencia de la importancia de este hallazgo, y debemos reconocer a quienes lo han hecho posible, la gratitud y el reconocimiento público de esta soberanía, es lo primero que debemos hacer; honor a quien honor merece.

El trabajo científico inició en el 2016, encabezado por el arqueólogo subacuático Guillermo de Anda Alanís, y a su proyecto le denominaron “Gran Acuífero Maya”; establecieron como objetivo principal explorar, documentar y difundir las riquezas naturales y el patrimonio cultural que contiene el subsuelo del sureste.

El equipo multidisciplinario que integraron, se conformó con el propósito de unir experiencias, habilidades y conocimientos, entre ellos destacan: Guillermo de Anda Alanís, director del proyecto, doctor en estudios mesoamericanos; Robert Schmittner, responsable de exploración subacuática, es instructor de buceo en cuevas y ha vivido en Tulum, Quintana Roo, por más de 15 años, mismos años que llevaba buceando en búsqueda de la conexión de cuevas inundadas; Mercedes de la Garza, asesora e investigadora de la religión y simbolismos mayas, es doctora e investigadora emérita por la UNAM; James Brady, asesor e investigador en arqueología de cuevas mayas, es pionero en esta materia; Corey Jaskolski, asesor de innovación tecnológica; Arturo Bayona Miramontes, responsable de estudios medioambientales, maestro e investigador del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto; Arturo Montero García, asesor e investigador en arqueología del paisaje, premio nacional al mérito forestal en 2002; Bill Phillips, cartógrafo subacuático, fue director del “Quintana Roo Speleological Survey”; Dante García, responsable de prospección arqueológica ; Karla Ortega, coordinadora de comunicación y vinculación académica; Marty O’Farrell, videógrafo subacuático, especializado en cuevas inundadas; Cristina Limonta, videógrafa subacuática; Juan Luis Martínez, rescatista y espeleólogo; Jim Josiak y Sev Regehr, buzos y fotógrafos subacuáticos.

En diciembre de 2016, mismo año que inició sus trabajos científicos este equipo multidisciplinario, encontró restos de megafauna, un cráneo humano y un altar maya prehispánico, en cuevas de Muyil, Tulum y Chumpón, en Quintana Roo, lo cual informó con oportunidad el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Con ese primer hallazgo de un cráneo del periodo Precerámico que data de más de 10 mil años, se empezó a detectar que se estaba ante un hallazgo inigualable, que podría ser un referente de los primeros pobladores de la zona.

El descubrimiento de la mayor cueva inundada del mundo, fue dada a conocer durante la segunda semana de enero del año en curso, por el director del proyecto e investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Guillermo de Anda; los 347 kilómetros de cuevas subacuáticas, nos podrán ayudar a entender mejor todo el desarrollo de las antiguas civilizaciones, el tipo de fauna que habitaba en el Pleistoceno, y nos permitirá seguir promoviendo un turismo sustentable, para beneficio de los habitantes de nuestra península y de México.

Si bien son cuevas inundadas, debido a las glaciaciones, y de acuerdo a los expertos estas cuevas fueron inundadas cuando volvió a subir el nivel del mar, hace aproximadamente 9 mil años; ahora existe una enorme responsabilidad para que el gobierno garantice que no se muevan ni se saquen piezas derivadas de un buceo furtivo.

A quienes trabajaron desde 2016, y especialmente a quienes desde marzo de 2017 se enfocaron en la búsqueda dela conexión de los sistemas de cuevas inundadas, conocidos como SacActun y Dos Ojos en Tulum, Quintana Roo, merecen un reconocimiento público del Congreso de la Unión, para agradecer la labor que realizaron y para impulsar la protección y preservación de la zona.

Estamos ante el sitio arqueológico sumergido más importante del mundo, un sitio que no solamente guarda la historia reciente y remota de Quintana Roo, también la evidencia de los primeros pobladores de América y de la fauna extinta.

En virtud de lo anteriormente fundado y motivado, ponemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que el honorable Congreso de la Unión acuerda realizar un reconocimiento público a los integrantes del proyecto “Gran Acuífero Maya y al Instituto Nacional de Antropología e Historia”, por haber descubierto la cueva inundada más grande del mundo, y se exhorta a las dependencias respectivas del gobierno federal, para que garanticen su protección y preservación.

Puntos de Acuerdo

Primero. El honorable Congreso de la Unión, acuerda realizar un reconocimiento público a los integrantes del Proyecto Gran Acuífero Maya y al Instituto Nacional de Antropología e Historia, por haber descubierto la cueva inundada más grande del mundo.

Segundo . El honorable Congreso de la Unión exhorta a las dependencias respectivas del gobierno federal a garantizar su protección y preservación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2018.

Diputada Arlet Mólgora Glover (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las legislaturas locales a aprobar la reforma del proyecto de decreto por el que se reforma el artículo décimo sexto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, respecto al nombramiento del fiscal general de la República, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Las y los Diputados, del Grupo Parlamentarlo del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, fracción II, numeral 2, fracción III y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Soberanía, el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes;

CONSIDERACIONES

El 10 de febrero de 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral respecto al nombramiento del Fiscal General de la República.

Dicho artículo transitorio dejaba abierta la posibilidad de que el titular de la Procuraduría General de la República en funciones pudiera ser nombrado como nuevo Fiscal General dela República.

En tales efectos, lo que se pretendía por parte del Ejecutivo era nombrar un fiscal a modo, vulnerando los principios de autonomía e independencia con la que debería actuar el nuevo titular de la Fiscalía General.

En tal virtud, y ante la gravedad del asunto, entre el 28 de abril y el 12 de septiembre de 2017, la Cámara de Diputados recibió seis iniciativas de distintos grupos parlamentarios con el objeto de derogar el artículo décimo sexto transitorio de la reforma de 2014 para evitar que el Procurador General de la República transitara de manera directa a la Fiscalía General.

El 5de diciembre de 2017, el Pleno de la Cámara de Diputados, como Cámara de Origen, conoció el dictamen que retomó el espíritu de las seis iniciativas presentadas. El dictamen aprobado por el pleno por la mayoría calificada de la Cámara de Diputados, siguiendo con el correspondiente proceso legislativo, fue enviado en forma de minuta a la Cámara de Senadores, como Cámara revisora, la que hizo lo propio el 14 de diciembre del mismo año.

Ese mismo día, por tratarse de una reforma constitucional, la minuta aprobada fue enviada a los congresos locales para su valoración.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, cabe resaltar que en lo sustantivo se trató de un proceso en el que intervino la mayoría de las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión y que derivó de la presión política y social que se ejerció para evitar que México tuviera un Fiscal General a modo del actual titular del Ejecutivo.

Los partidos políticos de oposición, junto con la sociedad civil organizada, denunciamos el despropósito que significaba el pase automático del entonces procurador General, Raúl Cervantes, a la nueva Fiscalía de la República.

Cuando se discutió la reforma para crear una nueva institución encargada de procurar justicia, se tuvieron en cuenta dos principios que regirían al nuevo fiscal: su autonomía y su Imparcialidad. El hecho de nombrar un fiscal, cercano al presidente de la República, con trayectoria partidista, vulneraba ambos principios y lo que generaba era la suspicacia respecto a la garantía de impunidad para el presente gobierno; un gobierno que se ha caracterizado por casos de corrupción y de tráfico de influencias.

Poner freno al pase automático del llamado popularmente como “fiscal carnal” representó un logro republicano que debe ser debida y justamente valorado por los congresos locales que hoy tienen en sus manos la posibilidad de derogar el artículo décimo sexto transitorio dela reforma constitucional de 2014.

En tal virtud, es que desde la Cámara de Diputados hacemos un respetuoso exhorto a los Congresos locales para, a la brevedad, discutir y en su caso aprobar la reforma y culminar con el proceso legislativo por el que se pone freno al pase automático del Procurador General de la República a la Fiscalía General de la República.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos de urgente u obvia resolución a la consideración de este órgano legislativo la presente Proposición con

PUNTODE ACUERDO

ÚNICO.- La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a la soberanía de los estados, hace un exhorto a los Congresos de las entidades federativas a deliberar y en su caso aprobar a la brevedad, el proyecto de decreto que reforma el Artículo Décimo Sexto Transitorio del -Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral-, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, remitido a los Congresos de los estados el 12 de diciembre de 2017.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro el 13 de febrero de2018.

(Rúbrica)

Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Con punto de acuerdo, relativo a la reforma en materia de justicia laboral, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la presente proposición con Punto de Acuerdo de Urgente u Obvia Resolución con base en las siguientes

CONSIDERACIONES

El 24 de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de ta Federación el Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia laboral. Dicha reforma estableció un nuevo modelo para el ejercicio de los derechos colectivos y la impartición de justicia, que se puede resumir en:

• Substitución de las juntas Federal y locales de Conciliación y Arbitraje, por jueces federales y locales dependientes de los respectivos poderes judiciales;

• Creación de un organismo descentralizado de carácter federal y autónomo, encargado de registrar a los sindicatos y los contratos colectivos. Este organismo tendrá una tarea adicional en materia de conciliación cuando se trate de juicios de materia federal; en materia local, la conciliación será competencia de órganos descentralizados que se crearán en cada entidad federativa;

• Incorporación en la Constitución Política de los conceptos de voto personal, libre y secreto de los trabajadores para la resolución de los conflictos entre sindicatos, solicitar la celebración de un contrato colectivo y la elección de sus dirigentes sindicales.

En las disposiciones transitorias de este Decreto, se preceptúa que se tendrá un año a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación para que se realicen las reformas necesarias a las leyes correspondientes en los ámbitos federal y local.

La legislación secundaria que se desprenda de esta reforma constitucional debe dar viabilidad al establecimiento de un marco que permita el libre ejercicio de la autonomía, libertad y la democracia sindical y una contratación colectiva auténtica, a fin de que los sindicatos sean Instituciones defensoras de los derechos de los trabajadores y no como hasta ahora, instrumentos que utilizan los patrones y el Estado para mantener al trabajador postrado en condiciones precarias, sin derechos y con las más bajas remuneraciones del mundo.

Al depositar la impartición de justicia en tribunales laborales se garantiza que los conflictos emanados de las relaciones de trabajo estarán en manos del Poder Judicial y no, como hasta ahora, mediatizados por un sindicalismo controlado por el gobierno y los patrones, en los que la resolución de los conflictos obedece a estos intereses y no al cumplimiento estricto y eficaz de los derechos de la clase trabajadora.

No obstante la importancia de esta materia, el gobierno federal, en vez de convocar a un amplio debate, sostuvo simplemente reuniones cerradas con cúpulas empresariales y del sindicalismo corporativo que resultaron en la presentación de una iniciativa suscrita por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Senadores el 7 de diciembre pasado. Esta iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y Estudios Legislativos Primera.

En diversos foros e instancias se ha cuestionado a esta propuesta, argumentando que es contraria a la reforma constitucional ya comentada, que se opone a la legislación de transparencia vigente y que plantea modificaciones ajenas a la materia a regular que significarían la pérdida de derechos de los trabajadores, agravando aún más su situación de vulnerabilidad.

Sin entrar a fondo en esta materia, pues es objeto del proceso de dictaminación en la Colegisladora (igual que una iniciativa presentada en la sesión del 14 de diciembre por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que retoma propuestas de la Unión Nacional de Trabajadores, turnada a las mismas comisiones dictaminadoras), es evidente que por la trascendencia de este proceso legislativo correspondería al Congreso realizar la más amplia consulta y convocar a un debate profundo sobre esta materia.

Por esas razones, quienes suscribimos la presente proposición solicitamos a la Junta de Coordinación Política que en el proceso de análisis de estas iniciativas (y de tas demás propuestas que se lleguen a presentar), se realice una amplia consulta con trabajadores, representantes del sector empresarial, especialistas en derecho laboral, instituciones de educación superior, colegios profesionales, sociedad civil, organismos defensores de derechos humanos y laborales nacionales e internacionales y todos los interesados en dotar al mundo del trabajo de una justicia laboral acorde con los principios constitucionales que le dieron origen.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, quienes suscribimos sometemos a consideración de este Honorable Pleno la siguiente

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión se pronuncia a favor de que en el proceso legislativo que lleve a expedir la legislación secundaria en materia de justicia laboral se realice una amplia consulta con trabajadores, representantes del sector empresarial, especialistas en derecho laboral, instituciones de educación superior, colegios profesionales, sociedad civil, organismos defensores de derechos humanos y laborales nacionales e internacionales y todos los interesados en dotar al mundo del trabajo de una justicia laboral acorde con los principios constitucionales que le dieron origen.

SEGUNDO. Se solicita a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara a realizar a la brevedad las gestiones pertinentes para que, bajo un modelo de Parlamento Abierto, se garantice la mayor publicidad, transparencia y apertura al diálogo en el proceso legislativo que lleve a la expedición de la legislación secundaria en materia de justicia laboral

Dado en la Cámara de Diputados, a 13 de febrero de 2018.

Diputados: Rafael Hernández Soriano, Francisco Martínez Neri, José de Jesús Zambrano Grijalva, Arturo Santana Alfaro, María Cristina Teresa García Bravo, Felipe Reyes Álvarez, Tomás Octaviano Félix, Érika Irazema Briones Pérez, María Concepción Valdés Ramírez, Sergio López Sánchez, Eva Florinda Cruz Molina, Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, Francisco Xavier Nava Palacios, J. Guadalupe Hernández Alcalá, Julio Saldaña Morán, José Santiago López, David Gerson García Calderón, Isaura Ivanova Pool Pech, Acosta Naranjo Guadalupe, Leonardo Amador Rodríguez, Juan Fernando Rubio Quiroz, Cristina Ismene Gaytán Hernández, Cecilia Guadalupe Soto González , Hortensia Aragón Castillo, Victoriano Wences Real, Evelyn Parra Álvarez, Armando Soto Espino, Daniel Ordóñez Hernández, Irma Rebeca López López, Jorge Tello López, José Antonio Estefan Garfias, Karen Orney Ramírez Peralta (rúbricas)


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a establecer con la SCT y las cámaras empresariales correspondientes protocolos de actuación dirigidos a unidades económicas de transporte de pasajeros para identificar casos de trata de personas, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, María Gloria Hernández Madrid, diputada federal de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I a III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de los siguientes:

Considerandos

Una de las conductas delictivas que más causa indignación es sin duda la trata de personas, pues la misma se encuentra asentada en la idea de que es posible transmitir la propiedad de seres humanos como si se tratara de mercancías carentes de dignidad, sentimientos y prerrogativas. Tal concepción, inhumana hasta el extremo, constituye un resabio de épocas que creíamos superadas, atavismos que describen nuestra fallida inserción en la modernidad, pues no se puede hablar de ésta, mientras la libertad de algunas personas dependa de una voluntad externa modulada por la codicia, la crueldad y la falta de respeto a uno de los derechos más fundamentales: el de la libertad.

La idea de la apropiación de personas no es nueva en nuestro país, sino que encuentra profundas raíces en nuestra historia. Entre los pueblos precolombinos, la pérdida de la libertad podía ser consecuencia de la guerra, de la comisión de un delito, de incurrir en vicios o como medio para saldar deudas. Con la llegada de los conquistadores españoles, si bien es cierto la condición de los indígenas resultó penosa, no lo es menos que a éstos no se les dio el trato formal de esclavos, a diferencia de los africanos, a quienes se les trajo por fuerza al virreinato para que desempeñaran trabajos rudos en las plantaciones de azúcar y algodón, siendo objeto de comercio sancionado por las leyes civiles.

Más tarde, y a pesar de la abolición de la esclavitud tras la consumación de la Independencia, las autoridades prefirieron voltear hacia otro lado mientras en los territorios de Texas los colonizadores anglosajones continuaban con el infame comercio de personas. Durante la Guerra de Castas en Yucatán, los indígenas que eran capturados tenían como destino cierto su venta en Cuba, donde los españoles los empleaban en tareas agrícolas.

A lo largo del Porfiriato, la apropiación de personas adquirió un matiz rayando en la servidumbre, pues los peones no eran objeto de compraventa, pero sí estaban sujetos a la tierra y a la sumisión frente a un hacendado, dadas las deudas impagables que adquirían, las cuales se heredaban de generación en generación. Frecuentes eran los castigos corporales propinados por capataces y caporales, quienes hacían del látigo un instrumento odioso de mando y temor.

Recordemos también que, durante la dictadura de Díaz, los levantamientos indígenas fueron sofocados a sangre y fuego y los protagonistas de éstos encontraron en la pérdida arbitraria de la libertad el castigo por oponerse a un estado injusto de cosas. Célebres son las deportaciones de indios yaquis organizadas desde Sonora hacia las haciendas henequeneras y tabacaleras de Yucatán y Valle Nacional, ésta última inmortalizada por el periodista norteamericano John Kenneth Turner en la imperdible obra México Bárbaro .

Pareciera que, tras la conclusión de la lucha revolucionaria y la promulgación de la Constitución de 1917, un instrumento jurídico pródigo en el reconocimiento de libertades individuales, la apropiación de seres humanos pasaría a ser una cuestión histórica, más digna de la investigación historiográfica que de pesquisas criminales, pero esto no ha ocurrido así. Periodistas como Héctor de Mauleón han documentado con suficiencia y rigor las atrocidades que son cometidas diariamente en contra de mujeres que, violentadas de forma extrema, son obligadas a prostituirse en las calles de la ciudad de México, trátese de Sullivan, Tlalpan, San Pablo o La Soledad, estos últimos dos sitios ubicados a unos cuantos metros de este recinto legislativo.

Hablamos de pueblos enteros dedicados al enganchamiento de mujeres, donde el oficio de proxeneta otorga riqueza económica y “reconocimiento social”. Nos referimos a los garitos de la frontera con Guatemala, en los que jóvenes centroamericanas ofrecen servicios sexuales no a cambio de dinero, sino de su sobrevivencia, pues resulta sabido por todos que una negativa frente a un padrote puede ser causa de una muerte cruel e impune.

La existencia de tales redes de comercio de personas nos demuestra el divorcio que prevalece entre lo preceptuado en las leyes y la realidad, la falta de cumplimiento a normas básicas de convivencia que reconozcan las libertades individuales por encima del lucro indebido, de la acción delincuencial organizada. Aunado a lo anterior, hablamos de un fenómeno que muestra uno de los rostros más obscuros de la globalización, pues implica el desplazamiento forzada de personas entre países, sin que para ello valgan fronteras o convenciones internacionales.

De acuerdo con cifras contenidas en el Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 2014–2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2014, miles de víctimas de trata son utilizadas con fines de explotación sexual y trabajos forzados, lo que afecta a 21 millones de personas, sobre todo mujeres, niñas y niños, y genera ganancias para la delincuencia de 32 mil millones de dólares. Sobre este particular, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que la trata es el tercer crimen en la lista de delitos de las autoridades internacionales, sólo después del tráfico de armas y drogas. En el caso de México éste ocupa el segundo lugar.1

En el mismo programa se refiere que, de acuerdo con un estudio realizado en 2012 por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), las víctimas de trata de personas de origen extranjero que se encuentran en México provienen de Chile, Brasil, Colombia, Ecuador, Argentina, Cuba, Rumania, Bulgaria, Polonia, República Checa, Rusia, China y los países de América Central, mientras que, el Fondo de Población de las Naciones Unidas señala que México ocupa el lugar número tres respecto a América Latina y el Caribe en el tema de trata de personas. Por su parte, la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) identifica a 16 estados del país como destinos de la explotación de personas extranjeras, lo cual representa el 50 por ciento del territorio nacional. En 2012 el Sistema de Alerta Roja refirió que los principales estados de la república mexicana de destino de trata interna son Ciudad de México, Chiapas, Puebla, Morelos, estado de México, Oaxaca, Baja California, Hidalgo y Tabasco.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha señalado que, en México, en términos absolutos, las estimaciones más conservadoras ubicaban el número de niños y niñas sometidos a esclavitud sexual de 16 mil a 20 mil. El organismo garante de los derechos humanos también señala que, de acuerdo con otros estudios, la cifra de niños y niñas sujetos a explotación sexual en México asciende a 70 mil, de los cuales 50 mil son explotados en las zonas fronterizas y 20 mil en el resto del país. Respecto del total de las víctimas, hay estimaciones que oscilan entre los 50 mil y 500 mil casos.2

La situación en México se agrava de manera particular, dada nuestra posición geográfica, pues constituimos un país de tránsito hacia los Estados Unidos, que es hacia donde se dirigen muchas de las personas víctimas de trata, pero también como lugar de destino, lo que da lugar a innumerables atrocidades, muchas de las cuales quedan impunes dada la vulnerabilidad e indefensión de las víctimas.

Pese a la existencia de un marco normativo tendiente a prevenir y sancionar la trata de personas, el gobierno federal reconoció al principio de la presente administración que son cuatro los factores que inciden en la prevalencia del fenómeno, a saber: i) la prevención insuficiente que se ha realizado para combatir este delito, ii) la inconsistente atención, protección y asistencia a las víctimas de este flagelo, iii) la deficiente investigación y persecución de los delitos por las autoridades facultadas para ello, y iv) la escasa rendición de cuentas y acceso a la información, resultan en su conjunto elementos que constituyen la problemática de la trata de personas.

El propósito del presente acuerdo es darle cauce al primero de los rubros antes señalados, apuntando de antemano diversas medidas dirigidas a la prevención del delito de trata:

* La realización de campañas de información y difusión;

* El diseño y puesta en marcha de iniciativas sociales y económicas;

* La cooperación con organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y otros sectores de la sociedad;

* La implementación de medidas legislativas, educativas, sociales y culturales, a fin de desalentar la demanda que propicia cualquier forma de explotación que provoque la trata de personas;

* La supervisión de negocios que puedan ser propicios para la comisión del delito, realizando inspecciones en agencias de modelaje o artísticas, salas de masajes, bares, cantinas, hoteles, cines, servicio de Internet, baños públicos u otros;

* La inspección de las agencias de colocación, a fin de impedir que las personas que buscan trabajo, en especial las mujeres, niñas, niños y adolescentes se expongan al peligro de la trata de personas;

* La búsqueda inmediata de cualquier mujer, niña, niño o adolescente o cualquier persona que sea reportada como extraviada, sustraída o ausente, librando una alerta general a todas las instancias de procuración de justicia y policiales en todo el territorio nacional y fuera de éste, así como al Instituto Nacional de Migración y a la Secretaría de Relaciones Exteriores para impedir que la persona reportada pueda ser sacada del país;

* La prohibición de toda publicidad o inserciones pagadas en los medios de comunicación masiva de cualquier índole, que incluya en sus publicaciones anuncios de contacto sexual o que promueva la prostitución y la pornografía que pueda propiciar la trata de personas;

* La adopción de medidas para proteger a los inmigrantes o emigrantes, y en particular a las mujeres, niñas, niños y adolescentes, en el lugar de partida, durante el viaje y en el lugar de destino, y

* La adopción de medidas para garantizar la vigilancia en las estaciones de ferrocarril, en los aeropuertos, en los puertos marítimos, en las garitas y puntos fronterizos y en otros lugares públicos, a fin de impedir la comisión del delito de trata de personas.

Con relación a estos dos últimos puntos, resulta de especial importancia la vigilancia de aquellos lugares de tránsito por donde circulan las víctimas de la trata de personas, puesto que, como señalamos con anterioridad, este delito para su configuración, requiere de movimientos migratorios para su comisión, y es el caso que en muchas ocasiones, el personal de las empresas dedicadas a la transportación se enfrenta a casos de esta naturaleza sin poder identificarlos o carentes de herramientas de actuación que les permitan tomar acciones adecuadas para enfrentarlas y así poder colaborar en la liberación de las víctimas.

Es por ello que, partiendo de la coadyuvancia que debe existir entre autoridades, permisionarios y concesionarios del transporte público, se propone que la Secretaría de Gobernación, en coordinación con su par de Comunicaciones y Transportes y las cámaras empresariales correspondientes, establezcan protocolos de actuación dirigidos a empresas dedicadas a la transportación de personas, a efecto de identificar casos de trata de personas.

En virtud de lo anteriormente fundado y motivado, ponemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación a que, en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y las cámaras empresariales correspondientes, establezca protocolos de actuación dirigidos a empresas dedicadas a la transportación de personas, a efecto de identificar casos de trata de personas.

Fuentes

1 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343079&fecha=30/04/2014 Consultada el 9 de enero de 2018 a las 19:49 horas.

2 http://200.33.14.34:1033/archivos/pdfs/diagnosticoTrataPersonas.pdf Consultada el 9 de enero de 2017 a las 20:03 horas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2018.

Diputada María Gloria Hernández Madrid (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol, la Sagarpa, la SE y la SHCP a establecer instrumentos para incrementar el precio pagado por Liconsa a los productores de leche del país, a cargo del diputado Gerardo Federico Salas Díaz, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Gerardo Federico Salas Díaz, diputado federal integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que exhorta a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Social; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Secretaría de Economía; y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que dichas dependencias del Poder Ejecutivo federal establezcan mecanismos que otorguen un incremento del precio que se paga a los productores de leche del país, por parte de la empresa paraestatal Liconsa, con objeto de fortalecer la subsistencia del sector y que dicha acción intersecretarial garantice el abasto para los programas sociales federales, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 2 de febrero del 2018, en reunión de trabajo con el Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable, celebrado en la ciudad de Aguascalientes, el Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche, AC (Frenaprocol) ha declarado a través de un manifiesto que “los pequeños y medianos productores de leche de 20 estados del país, que aportamos más del 80 por ciento del volumen nacional del alimento, hacemos un llamado al gobierno de la república, a través de las Secretarías de Agricultura, de Desarrollo Social y de Economía, a que den respuesta a 150 mil productores de nuestro gremio, que nos debatimos entre seguir empobrecidos y desaparecer, o incorporarnos al proceso de desarrollo nacional. Estamos en franca desesperación por la nula atención de los titulares de estas dependencias. Ellos juegan al teléfono descolgado o a los oídos sordos, mientras nosotros padecemos hambre frente a la disyuntiva de que mueran nuestros animales por hambre o llevarlos al matadero para rescatar algo.

Los productores de leche manifestamos nuestra molestia por el nulo interés del gobierno mexicano (Economía, Sedesol y Sagarpa) por ayudarnos a resolver los graves problemas que no sólo son de aumento del precio del producto, sino resultado de una política de importaciones indiscriminadas de leche en polvo. Esto ha condenado a los productores nacionales a desaparecer, ahorcados por un precio y una competencia despiadada, de la cual se han beneficiado los países desarrollados, como Estados Unidos, Europa y ahora Nueva Zelanda”.

Estas acciones son contrarias a lo que establece la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que en diversos artículos refiere a la importancia de fortalecer a los productores nacionales.

Dicha ley mandata apoyar a los productores cuando no exista una competencia justa derivada de acuerdos comerciales o por políticas internas, tal como presenta la problemática del sector.

La fracción II del artículo 191 establece:

Artículo 191. Los apoyos que se otorguen a los productores en cumplimiento a lo dispuesto por este ordenamiento, impulsarán la productividad y el desarrollo de actividades agropecuarias y la creación y consolidación de empresas rurales, a fin de fortalecer el ingreso de los productores, la generación de empleos y la competitividad del sector.

El otorgamiento de apoyo a los productores observará los siguientes criterios:

I. ...

II. Su contribución a compensar los desequilibrios regionales e internacionales, derivados de las relaciones asimétricas en las estructuras productivas o de los mercados cuando la producción nacional sea afectada por la competencia desigual derivada de los acuerdos comerciales con el exterior o por políticas internas;

III. a VIII. ...

El sector agroalimentario y en particular los pequeños y medianos productores lecheros, manifiestan que esta problemática se ahonda, por la necesidad que tienen de reposición de vaquillas, de renovación de infraestructura, de aprovisionamiento de forrajes, del uso de medicamentos y de instrumentos necesarios para un manejo adecuado de los animales y del propio producto, una vez extraído de las vacas; de sistemas de acopio y transporte de la leche.

Es importante manifestar que con la entrada del Tratado de Libre Comercio en 1994, nuestro país empieza la importación de leche en polvo con una cuota de 40 mil toneladas libres de pago de arancel, aunado a esto y aún a la vecindad con Canadá y Estados Unidos, México ha tenido históricamente una gran diferencia en temas de tecnología, niveles de productividad y otros factores que propician grandes abismos con los productores de leche de otros países.

Ante la apertura comercial y la globalización de los mercados, la mayoría de los países productores de leche cuentan con mecanismos financieros y mecanismos de administración de riesgo como seguros al margen para proteger a sus productores ante la caída de los precios o cuando los costos se elevan debido principalmente a la volatilidad de los precios de los comodities como el maíz y pasta de soya, productos básicos de la alimentación para la producción de leche.

En México existen alrededor de 250 mil unidades de producción para la producción de leche donde la mayoría son pequeños productores a nivel rural que dependen de esta actividad para el sustento de sus familias y alrededor del sector existe una gran cantidad de mano de obra directa e indirecta.

Dadas las circunstancias son necesarios los cambios estructurales para que se incremente la producción, la productividad, la competitividad y sustentabilidad en la producción de leche.

Al ser Liconsa el comprador con mayor número de productores en México, al dejar de comprar leche o comprarla a precios muy bajos, distorsiona el mercado nacional y afecta a los productores más pequeños, por lo que también se solicita que se apoye a dicha empresa no solo con recursos extraordinarios para no solo disminuir el volumen de compra, sino que se incremente el precio de compra a los productores nacionales, que de acuerdo con la información emitida por el Frenaprocol, deberá ser de al menos por $8.00 (ocho pesos) el litro de leche.

Con dicho aumento, a los productores lecheros les permitirá mayor certidumbre en la venta de su producción; mejorar la calidad del producto; planear adecuadamente sus volúmenes de crecimiento; involucrar programas de sanidad y mejoramiento genético, así como mejoras en la infraestructura y equipo de dichos productores.

Por lo anteriormente descrito, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Social; la Secretaría de Agricultura, Ganadería , Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; la Secretaría de Economía; y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que dichas dependencias del Poder Ejecutivo federal establezcan mecanismos que otorguen un incremento del precio que se paga a los productores de leche del país, por parte de la empresa paraestatal Liconsa, con objeto de fortalecer la subsistencia del sector y que dicha acción intersecretarial garantice el abasto para los programas sociales federales.

Cámara de Diputados, a 13 de febrero de 2018.

Diputado Gerardo Federico Salas Díaz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al incremento de 354 por ciento de los reclamos contra servicios del Bansefi, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. El Banco Nacional de Servicios Financieros Bansefi es una institución pública bancaria, que, entre otras funciones, es la encargada de hacer la entrega de recursos de diferentes programas de gobierno a sus beneficiarios, principalmente Prospera y Adultos Mayores, además de que el Inadem otorga créditos a emprendedores y microempresas a través de esta institución. De acuerdo con el Informe de Logros 2016, en el año 2017 se esperaba atender a 8.3 millones de beneficiarios y para el actual 2018 se tenía una proyección de 11 millones de beneficiarios. Además, Bansefi fue designado para la entrega de los apoyos correspondientes al Fonden, derivado de los hechos sucedidos como consecuencia de los sismos de septiembre pasado.

Lo anterior hace imprescindible que se garanticen la seguridad y la transparencia en la dispersión de los apoyos.

2. En la presente administración federal, el titular de Bansefi ha sido reemplazado en múltiples ocasiones, lo que implica una serie de interrupciones en el alcance de los objetivos y deja entrever una falta de continuidad y la poca importancia que le ha dado el gobierno federal a esta institución tan trascendente para la inclusión financiera de los sectores vulnerables.

3. De acuerdo con la información de la página web del Buró de Entidades Financieras de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros –Condusef– (https://www.buro.gob.mx/index.php#sectores), el número de reclamaciones se ha incrementado de manera abrupta en las instituciones Bansefi; las cuales pasaron de mil 320 reclamaciones en 2104 a 5 mil 998 en el primer semestre de 2017, lo cual corresponde a un incremento del 354 por ciento. Es de particular interés que haya muy pocas sanciones a la institución; únicamente 2 en el primer semestre de 2017 por un monto de 49 mil 864 pesos.

4. En 2017, los principales motivos de reclamación en contra de Bansefi recibidos en la Condusef fueron los siguientes:

• Disposiciones en efectivo en ventanilla, sucursal y/o cajero automático no reconocida por el usuario.

• Solicitud de recursos no entregada.

Mientras que los principales motivos de reclamación en contra de Bansefi recibidos en la misma institución fueron los siguientes:

• Cargo no reconocido por consumos no efectuados.

• No entrega cantidad solicitada.

Lo que indica que de manera continua se efectúan cargos a las cuentas de los usuarios, que no reconocen como hechas por ellos mismos; lo que deja lugar a dudas sobre la transparencia y legalidad en la operación y manejo de las cuentas de los usuarios.

1. En la página de la Condusef en su apartado de estadísticas (https://www.gob.mx/condusef/documentos/estadistica-de-condusef-2017?id iom=es), se presenta información de manera periódica sobre las diversas entidades financieras que componen el Sistema Financiero Mexicano (instituciones de banca múltiple, afores, aseguradoras, sociedades de información crediticia y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas y no reguladas), sin embargo, no presenta información referente a la banca de desarrollo, lo cual significa que no se recaba la información o que no es públicamente presentada.

Consideraciones

1. Los bancos de desarrollo son entidades de la administración pública federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, constituidas con el carácter de sociedades nacionales de crédito con el objeto de otorgar financiamiento y capacitación para los sectores industrial, gubernamental, infraestructura, y de vivienda.

De conformidad con las leyes orgánicas de las instituciones de banca de desarrollo, los únicos bancos de desarrollo facultados para abrir cuentas de ahorro al público en general son:

• Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, SNC (Bansefi)

• Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, SNC (Banjercito)

2. Bansefi es el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, fue constituido el 2 de enero de 2002 con la finalidad de promover el ahorro y la inclusión financiera; canalizar los apoyos del gobierno federal necesarios para el fortalecimiento y desarrollo del sector de ahorro y crédito popular.

3. De conformidad con la Ley Orgánica de Bansefi, “El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros”, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, deberá realizar funciones de banca social, para lo cual tendrá por objeto promover y facilitar el ahorro, el acceso al financiamiento, la inclusión financiera, el fomento de la innovación, la perspectiva de género y la inversión entre los integrantes del Sector, ofrecer instrumentos y servicios financieros de primer y segundo piso entre los mismos, así como canalizar apoyos financieros y técnicos necesarios para fomentar el hábito del ahorro y el sano desarrollo del Sector y en general, al desarrollo económico nacional y regional del país, así como proporcionar asistencia técnica y capacitación a los integrantes del sector.”

4. Para dar cumplimiento con el mandato, Bansefi ofrece servicios financieros principalmente a la población de escasos recursos, a personas que viven en localidades alejadas o de difícil acceso en las que no existe presencia de intermediarios financieros formales, y a beneficiarios de apoyos sociales. Para ese público ha diseñado cuentas de ahorro que se abren con montos bajos y brinda servicios como envío y recepción de remesas de dinero de Estados Unidos a México o dentro del país.

Por lo anteriormente fundado y motivado, pongo a consideración de esta Soberanía el siguiente

Puntos de Acuerdo

Primero. Al titular del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, SNC (Bansefi) se solicita hacer del conocimiento público:

a) Las acciones que ha realizado respecto a las principales quejas que tienen por el servicio ofrecido, así como el número de quejas atendidas y sin atender, el número de cuentas que administra al cierre del segundo semestre de 2017.

b) Los motivos por los qué no se incluye la información en su página de internet, referente a las cuentas administradas y la naturaleza de las mismas.

c) El estatus de entrega de recursos públicos correspondientes a programas federales y en especial los recursos entregados a los damnificados por el sismo.

Segundo. Al titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) se solicita hacer del conocimiento público:

a) Los motivos por los que no se encuentran publicados los resultados estadísticos del desempeño de las instituciones de banca de desarrollo durante 2017, específicamente los referentes a Bansefi.

b) El porcentaje de reclamos que están relacionados con la entrega de apoyos de los programas federales.

c) Las medidas que están tomando a favor de los usuarios de la banca de desarrollo Bansefi, para reparar las deficiencias de la institución respecto al manejo de las cuentas de los usuarios, específicamente de aquellos receptores de apoyos gubernamentales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2018.

Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al caso de la niña Valentina Rubalcava Fosado, para exhortar a las autoridades ministeriales y judiciales a llevar a cabo las investigaciones pertinentes, a cargo de la diputada Sara Paola Galico Félix Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita diputada Sara Paola Galico Félix Díaz, integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás normatividad aplicable, someto a consideración de esta Soberanía la presente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo a diversos medios de comunicación1 , tras ser reportada como desaparecida desde el 15 de enero del presente, el pasado 1 de febrero, la niña Valentina Rubalcava Fosado, gracias a la “Alerta Amber”, fue encontrada en Quintana Roo y trasladada a la Ciudad de México, para ser entregada a su madre, quien denunció fue sustraída en venganza porque el 29 de junio de 2015, el juez tercero de lo familiar le otorgó a ella la guardia y custodia de la menor.

La titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Femivtra), Adriana Lizárraga, en una entrevista con Francisco Zea, señaló que el 25 de enero de 2018, se inició una carpeta de investigación con base en la querella formulada por María Fernanda, la madre de la menor.

En el recurso interpuesto por la madre, quedó manifiesto que el 23 de agosto de 2017, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó una resolución que negaba un amparo al padre de la niña.

Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en una tarjeta informativa, comunicó que el jueves primero de febrero, en Quintana Roo, recuperó a una menor de edad que fue sustraída en desacato a una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Para la recuperación de la menor de edad, la Fiscalía realizó diversas acciones, entre las que destaca: giró un oficio a la policía federal ministerial para localizar tanto a Valentina como a su padre; emitió una “Alerta Amber” a nivel nacional, una de tipo migratorio y una ficha amarilla ante la Interpol, para que se le buscara a nivel internacional.

Afortunadamente, la niña se encuentra con su madre, sin embargo, este caso amerita una mención especial debido a que, ha estado marcado por la violencia de género, la impunidad y el tráfico de influencias.

Es razón de lo anterior, hay que recordar que, desde hace varios años, los medios de comunicación han documentado el caso legal de la niña Valentina, uno de ellos, Sin embargo 2 , que realizó una investigación en la cual destaca que, desde enero de 2014, María Fernanda luchó legalmente por recuperar la guarda y custodia de su hija Valentina y ha librado una batalla con su ex esposo Juan Manuel Rubalcava, quien la acusó de ejercer violencia familiar en contra de la menor. El caso, como fue demostrado por el abogado defensor, fue construido a base de pruebas poco fidedignas y con atropellos legales.

En 2015, el citado medio, difundió que Juan Carlos Zaragoza Ríos, un empleado de Televisa, habría montado una estructura cibernética para acosar y difamar, por encargo de políticos, a diversas personas a través de redes sociales. Uno de los más asiduos a este servicio era el diputado local Adrián Rubalcava (hermano del padre de la menor). Ese mismo año se informó que tanto María Fernanda como su abogado Ulrich Richter, identificaron haber sido acosados y difamados a través de esa red mientras luchaban en varias instancias legales para recuperar la patria potestad de Valentina.

La batalla legal por la que ha pasado la madre de la menor durante todos estos años para recuperar la guarda y custodia, se debe a que su ex esposo Juan Manuel Rubalcava, es hermano del ex diputado priista Adrián Rubalcava Suárez, ex delegado de Cuajimalpa, actual Diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y aspirante a alcalde por la misma demarcación, lo que le permitió hacer uso de diversas influencias y mecanismos al margen de la ley.

Aunque la madre de la menor la pudo ya recuperar, gracias a la intervención de las autoridades, no podemos olvidar que, en un principio, Ruvalcaba se la quitó mediante un proceso legal lleno de inconsistencias y parcialidades, según lo consigna la investigación periodística de referencia.

La defensa de la madre de la menor, demostró que la investigación judicial en su contra se abrió pese a la falta de elementos concluyentes y sin los debidos procesos; además, encontraron que la autoridad ministerial no consideró la perspectiva de género para tratar el caso, con lo que se “desatendió el principio de presunción de inocencia” por su condición de mujer.

Afortunadamente tiempo después, las autoridades judiciales tomaron en cuenta el desequilibrio económico de las partes, pues en un principio cuando ella fue acusada de no atender adecuadamente a su hija, sólo se consideró su papel como responsable del hogar, sin valorar sus deberes para sostenerse económicamente y proveer para su hija. En cambio, Ruvalcaba (el esposo) no había sido señalado por el Ministerio Público por faltar a su responsabilidad de apoyarla, cuando era estrictamente necesario, y contaba con los recursos económicos para hacerlo.

Para darnos una idea de la violencia y misoginia de Juan Manuel Rubalcava, es necesario hacer mención que él, “es aproximadamente 14 años mayor que María Fosado, y el 13 de septiembre de 2008 cuando se casaron, ya contaba con un doctorado en derecho y se desempeñaba como empresario. En contraste, ella había quedado embarazada con 21 años cumplidos y tuvo que dejar la carrera de abogacía en el quinto semestre. Durante los años que duró el matrimonio, Juan Manuel trabajó y María Fernanda se dedicó a las tareas del hogar”, tal y como lo refiere la revisión penal.

“El 13 de junio de 2011 la pareja se separó. En la sentencia de divorcio quedó estipulado que la guarda y custodia de Valentina quedaría a cargo de su madre y que el padre la podía ver los días martes y jueves, además de un fin de semana alternado. También acordaron que, por dos años, María Fernanda recibiría una pensión alimentaria..., al momento del divorcio era de 16 mil pesos (renta y, gastos alimentarios de la menor)... No obstante, la señora sólo recibía la cuarta parte del monto original, es decir, 4 mil pesos mensuales. Bajo esta situación, se vio en la necesidad de trabajar medio tiempo en una institución bancaria”.

Finalmente, las acusaciones de Juan Manuel Ruvalcaba en contra de María Fernanda no procedieron, debido a la falta de pruebas y a las incongruencias de las declaraciones de los testigos, así como por los estudios psicológicos realizados a la menor.

Ahora bien, es claro que el caso jurídico habría tomado otro cause, o incluso no hubiera sucedido, si Ruvalcaba no hubiera hecho abuso de poder y el tráfico de influencias.

Como éste, han existido y existen muchos casos similares, de ahí que, es necesario visibilizarlo y darle seguimiento preciso para erradicar el abuso y la violencia hacia las mujeres, así como hacia las y los menores de edad, quienes son utilizados como un medio de abuso y chantaje para desquitarse de las mujeres, ocasionando graves daños psicológicos a los menores de edad y a sus madres.

El hermano del diputado local Adrián Rubalcava, desde el principio hasta el final ha hecho alarde de poder, sustrajo a la menor siendo que ya existía un fallo del máximo Tribunal de Justicia, lo cual debe ser castigado con toda la fuerza de la ley y de manera ejemplar.

La sociedad está harta de la impunidad, de la corrupción, de las complicidades y del uso abusivo del poder. Por ello, es necesario que caso sea asumido con responsabilidad, con ética y bajo el imperio de la ley.

La publicad de los actos que nos ocupan, adquirieron mayor relevancia debido a la activación de la “Alerta Amber”, que movilizó a la ciudadanía y a las autoridades, además porque el infractor es reconocido públicamente por sus actividades profesionales y empresariales, así como por ser el hermano y operador político de un representante popular y aspirante a candidato a la alcaldía de Cuajimalpa por el Partido Revolucionario Institucional.

Por lo expuesto, someto a consideración de este honorable pleno, el presente

Punto de Acuerdo

Primero. La LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se congratula por la recuperación de la niña Valentina Rubalcava Fosado, y reconoce la eficacia y eficiencia las autoridades involucradas en su rescate, así como del sistema denominado “Alerta Amber”.

Segundo. La LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, condena las acciones de Juan Manuel Rubalcava, así como cualquier forma de violencia, discriminación y abuso en contra de las mujeres, así como de las y los menores de edad.

Tercero. La LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las autoridades ministeriales y judiciales para que lleven a cabo las investigaciones hasta sus últimas consecuencias, y apliquen toda la fuerza de la ley a Juan Manuel Rubalcava, así como a quien o quienes resulten responsables, en el caso objeto de la presente proposición, a efecto de hacer justicia, resarcir a las víctimas y sentar un precedente ejemplar que inhiba futuras conductas que atenten contra los derechos de las mujeres y la infancia. Asimismo, se solicita que las actuaciones y resoluciones, sean llevadas a cabo de cara a la ciudadanía, con probidad y absoluta transparencia.

Notas

1 http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2018/02/02/1217758

2 www.sinembargo.mx/19-02-2017/3152715

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2018.

Diputada Sara Paola Galico Félix Díaz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la STPS a analizar y proponer instrumentos de flexibilización laboral a fin de que madres y padres trabajadores tengan mayor tiempo para dedicarlo a la educación de los hijos, suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputado Jesús Sesma Suárez y diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados sometemos a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguiente:

Exposición de motivos

El Partido Verde ha sido insistente y enfático en que la educación es una de las principales herramientas para lograr empoderar a las y los mexicanos en el mundo globalizado en el que hoy nos desarrollamos.

Es por ello que, desde que tuvo origen la reforma educativa, venimos impulsando diversas propuestas para armonizar nuestro marco legal tanto con los planteamientos del nuevo modelo educativo como con las exigencias actuales de nuestro país.

Coincidimos en que cada uno de los ejes que componen dicha reforma estructural es indispensable para salir del histórico rezago en el rubro educativo que imperaba en México; hoy, en la recta final de la actual administración, nos podemos sentir orgullosos de los logros alcanzados, podemos estar seguros de que a diferencia de sexenios pasados el número de niños y jóvenes que acceden a una educación de calidad va en evidente ascenso.

No obstante lo anterior, los retos son todavía muchos y es importante seguir realizando esfuerzos que se conviertan en acciones afirmativas en favor de la calidad educativa. Lograr una educación con calidad, garantizar infraestructura digna y contenidos vanguardistas, son algunos de los elementos indispensables para el ejercicio pleno del derecho a la enseñanza de todos los mexicanos.

El “Modelo Educativo para la educación obligatoria, Educar para la Libertad y la Creatividad” es conformado por cinco grandes ejes articuladores del sistema para obtener el máximo logro de aprendizaje de niñas, niños y jóvenes: 1) El planteamiento curricular; 2) La escuela al centro del sistema educativo; 3) Formación y desarrollo profesional docente; 4) Inclusión y equidad; y 5) La gobernanza del sistema educativo.

Actualmente se han definido los mecanismos institucionales para una gobernanza efectiva basada en la participación de distintos actores y sectores de la sociedad en el proceso educativo y la coordinación, entre ellos: el gobierno federal, autoridades educativas locales, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el sindicato magisterial, las escuelas, los docentes, los padres de familia, la sociedad civil y el poder legislativo.

Consideramos indispensable centrar nuestra atención en la participación de los padres de familia. Para el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) la participación dinámica, colaborativa e incluyente de la familia en la educación es uno de los principales factores para el éxito académico de los alumnos y una variable fundamental para el desarrollo social de las comunidades.

Y no solo se trata del éxito académico, sino de uno de los principales mecanismos para lograr armonía social, pues la participación de la familia en la educación de los niños y adolescentes aporta grandes beneficios tanto en lo individual como en lo colectivo.

La participación de los padres en la educación de los hijos resulta por demás necesaria, se trata de concientizar a la sociedad de la importancia de estrechar la relación entre familias, profesores y alumnos.

Los expertos en educación insisten en que padres y docentes deben ir de la mano para que los hijos no se sientan desorientados y no perciban que en casa se hacen las cosas de una manera y en la escuela de otra. Los padres son los primeros educadores de sus hijos y se pretende que hagan suya esta responsabilidad, teniendo claro que la escuela es complementaria en esta labor.

Un estudio publicado en 2009 en la Revista Electrónica de Investigación Educativa,1 realizado por investigadores mexicanos expertos en el tema de educación, refiere los siguientes hallazgos respecto a la importancia de la participación de los padres en el proceso educativo de sus hijos:

* En Estados Unidos, Balli, Wedman y Demo reportaron que la supervisión de los padres de las tareas escolares y el nivel de realización de las mismas era un factor importante en el desempeño escolar.2

* En México, González, Corral, Frías y Miranda asociaron factores como el afecto de los padres, el tiempo de dedicación a sus hijos y el interés por conocer a sus maestros, con la alta autoestima del hijo, la cual, a su vez, estimula el esfuerzo escolar.1

* La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura aboga por la articulación familiar y fundamenta esta necesidad en tres razones: el reconocimiento de que los padres son los primeros educadores de sus hijos e hijas; el impacto positivo que puede tener una educación temprana de calidad en el desarrollo y aprendizaje de los niños; y la familia como un espacio privilegiado para lograr una ampliación de la cobertura de la educación de la primera infancia.4

* El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación sostiene que para la mejora de la calidad de la educación es indispensable lograr una interacción efectiva entre los padres de familia y los docentes y en general, entre todos los sectores de la sociedad. Este organismo incluye al índice de participación de los padres y porcentaje de padres que participan en reuniones de padres de familia en la escuela entre sus indicadores presentes y próximos para evaluar la calidad del sistema educativo.5

* Miranda comenta que la participación de los padres se puede evaluar a través de dos aspectos: uno relativo a la información de los mismos acerca de la escuela y el otro referido a su intervención en las actividades de la misma, y sostiene que la información de los padres sobre lo que acontece en la escuela les facilita una mayor participación en las actividades escolares de los hijos.6

A pesar del interés que pudieran tener los padres de familia en involucrarse más en la educación de sus hijos, no todos ellos, generalmente por cuestión de tiempo, pueden asistir a las reuniones o actividades escolares. Una de las principales causas de un bajo índice de participación de los padres en la educación es la ausencia de facilidades en sus centros de trabajo para poder ausentarse y acompañar a sus hijos en el proceso formativo.

Por lo anterior, el Partido Verde Ecologista de México hace un respetuoso llamado a la autoridad laboral de nuestro país para que, en el marco de sus atribuciones, ejecute acciones que faciliten la participación de los padres de familia en la educación de sus hijos, diseñando mecanismos que permitan ajustar tanto sus actividades laborales como personales en beneficio de los menores.

Lo anterior, coincidiendo con lo manifestado por el ex secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, que en relación con el ausentismo escolar refirió: “Es importante que entendamos que la tarea educativa en un esfuerzo de todos, es un esfuerzo del gobierno, de las autoridades educativas, de los maestros, pero también de los padres de familia”.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a que analice y proponga mecanismos de flexibilización laboral que permitan a las madres y padres trabajadores contar con mayor tiempo para dedicarle a la educación de sus hijos.

Notas

1 Véase, Valdés Cuervo, Ángel, Martín Pavón, Mario José y Sánchez Escobedo, Pedro Antonio, “Participación de los padres de alumnos de educación primaria en las actividades académicas de sus hijos”, Revista Electrónica de Investigación Educativa, Vol. 11, Núm. 1, 2009.

2 Balli, S., Wedman, J. y Demo, D. (1997). Family involvement with middle-grade homework: effects of differential prompting. Journal of Experimental Education .

3 González, D., Corral, V., Frías, M. y Miranda, J. (1998). Relaciones entre variables de apoyo familiar, esfuerzo académico y rendimiento escolar en estudiantes de secundaria: un modelo estructural. Enseñanza e Investigación en Psicología.

4 Unesco. (2004). Participación familiar en la educación infantil latinoamericana. Santiago de Chile: Oficina Regional para la Educación de América Latina y el Caribe-Unesco.

5 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. (2003). La calidad de la Educación Básica en México. Primer informe anual. México

6 Miranda, R. (1995). Expectativas sobre la escuela: la percepción de la familia del escolar. Perfiles Educativos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 13 días del mes de febrero de 2018.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez, Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, José de Jesús Galindo Rosas, Daniela García Treviño, Edna González Evia, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Lía Limón García, Uberly López Roblero, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Samuel Rodríguez Torres, Emilio Enrique Salazar Farías, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Francisco Alberto Torres Rivas, Georgina Paola Villalpando Barrios, Claudia Villanueva Huerta y Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Puntos Constitucionales a discutir y aprobar la iniciativa que reforma la fracción XIII del Apartado B del artículo 123 de la CPEUM, a cargo del diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Si una institución tiene capacidades para cumplir sus objetivos, tendrá un buen funcionamiento; consecuencia de ello, la sociedad confiará más en ella. En cambio, si la institución no tiene las herramientas ni las capacidades necesarias, llevará a la baja su funcionamiento.

Plasmado en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, encontramos que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Publico, a las vez la policía se encuentra bajo su conducción. La seguridad pública es una función de la Federación, las entidades federativas y los municipios.

Una parte importante del funcionamiento del Estado y de la sociedad son las instituciones de seguridad pública encargadas de prevenir e investigar los delitos, son las que resguardan la seguridad de los ciudadanos guiadas a través de la constitución y ajustadas a los derechos humanos.

En el aspecto laboral, el Ministerio Publico, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la federación, las entidades federativas y los municipios está regulada en el artículo 123 de la CPEUM. Menciona que los miembros de seguridad pública pueden ser separados de su cargo en caso de no cumplir con las leyes vigentes. No obstante, en caso de que la separación del cargo sea injustificada el Estado solo estaría obligado a pagar la indemnización y otras prestaciones, sin derecho de audiencia y defensa, de tal manera que en caso de no ser responsable de lo que se le acusa pueda gozar de una reinstalación siendo merecedor de ella.

Según datos del Inegi en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo respecto a los policías y elementos de seguridad, en el primer trimestre de 2017 son aproximadamente 331 mil los ocupados como policías y agentes de tránsito en México. La edad promedio es de 37.7 años.

Ahora bien, el Ministerio Publico y las instituciones de seguridad del país de los tres órdenes deben conformar el Sistema Nacional de Seguridad Publica, este debe regular la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de sus integrantes.

Todos estos procesos son llevados a cabo a través de los centros de control y confianza. Los exámenes en estas instituciones se componen de cinco pruebas: evaluación toxicológica, evaluación psicológica, evaluación socioeconómica, evaluación médica y evaluación poligráfica.

Los centros de control y confianza resultan esenciales para contar con una policía moderna que resulten eficientes y transparentes para generar confianza en la sociedad. No obstante, las necesidades especiales de cada centro, como capital humano, presupuesto asignado y la cantidad de elementos a evaluar dificultan su funcionamiento.

A modo de ejemplo tenemos que no solo las instituciones deben evaluar al personal para su permanencia, sino que deben evaluar al personal de ingreso o a agentes para asignaciones especiales.

En relación con la escolaridad de los agentes de policía, la encuesta del Inegi menciona que la media de escolaridad son 11 años, lo que equivale a dos años en el nivel medio superior de educación. La distribución en niveles educativos es la siguiente: 54.1 por ciento tiene estudios de preparatoria, bachillerato o carrera técnica, 37 de nivel básico y 8.9 estudios superiores.

Se debe entender que la capacidad de actuación de los oficiales de policía dependerá no sólo de la educación previa: continuamente deben ser capacitados en su área de trabajo, especialmente en el reciente sistema de justicia penal acusatorio.

En cuanto a la jornada laboral, los datos nos dicen que en promedio, los policías y agentes de tránsito en México laboran un promedio de 65.4 horas a la semana. Se tiene que 70.4 por ciento trabaja más de 48 horas a la semana, 29.4 de 35 a 48 horas y sólo 0.2 de 15 a 34 horas en ese lapso.

Aquí encontramos una de las grandes dificultades del funcionamiento de nuestra policía. Las jornadas laborales tienen un gran impacto en la actividad de todo trabajador. Es conocido que los oficiales de policía trabajan en turnos de 24 y 48 horas.

La falta de sueño trae consigo consecuencias graves, como disminución del estado de alerta, reducción de la capacidad visual, además de que puede potenciar la generación de conductas agresivas impulsivas. Otro de los motivos por el que las jornadas de los policías debieran ser reguladas se encuentra en que viven bajo un estrés constante, la falta de descanso también puede ocasionar depresión, soledad y enfermedades cardiacas, lo que no solo repercute en su salud sino también en su seguridad.

Una jornada laboral sin descanso, conlleva también a que los agentes de policía no encuentren tiempo para otras actividades, como capacitación de trabajo, actividades de recreación, inclusive para cuidar su salud (ejercicio físico).

En relación con su salario, el Inegi menciona que en promedio a nivel nacional los policías y agentes de tránsito ganan 31.3 pesos por hora trabajada. No obstante, en algunos casos el promedio es superado como el caso de Baja California donde sus agentes de tránsito y policías ganan 66.4. Sin embargo, en 17 entidades federativas se encuentran por debajo del promedio, por ejemplo Chiapas, Veracruz y Yucatán, los policías y agente de tránsito llegan a ganar 20 pesos por hora trabajada.

Por lo anterior, considero necesario exhortar a la Cámara de Diputados y a la Comisión de Puntos Constitucionales para que se discuta y apruebe la iniciativa del artículo 123 constitucional Apartado B, fracción XIII, ya que no se puede ejercer justicia sino contamos con elementos policiales con un salario digno y una estabilidad laboral que se puedan sentir protegidos por el Gobierno y no como los tenemos ahora, contra la pared, siendo ellos los que previenen sucesos graves en nuestra vida diaria.

En conclusión, como se menciona los agentes de policía resultan una parte esencial del funcionamiento de la seguridad pública, aquí se han enlistado diferentes aspectos que dificultan el buen funcionamiento de las instituciones de seguridad pública del país entre ellas salud, sueldo y jornadas laborales, además de la atención a la reincorporación a su trabajo. Deben tomarse las acciones necesarias para corregir el problema lo antes posible ante la situación de inseguridad que se vive en el país.

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El que suscribe, Víctor Manuel Sánchez Orozco, exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados y la Comisión de Puntos Constitucionales tomar las medidas necesarias para garantizar que la labor de los agentes de policía se lleve en las condiciones de salud necesarias, con un sueldo de acuerdo con sus actividades y una jornada laboral que les permita descansar para que éstos puedan realizar sus actividades de la mejor manera posible. Asimismo, se llama a poner especial atención en el Apartado B, fracción XIII, del artículo 123 constitucional, para reincorporar a los elementos de seguridad pública que aun si causa justa son removidos de su cargo a reincorporarse a él causando pérdida de elementos de policías fundamentales para la seguridad pública.

Notas

Inegi (2017). “Estadísticas a propósito de... los policías y agentes de tránsito”. Recuperado el 1 de febrero de 2018 de

www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/agentes201 7_Nal.pdf

Castro, Y., Orjuela, Miguel., Lozano, y otros (2012). “Estado de salud de una muestra de policías y su relación con variables policiales”, en Diversitas, volumen 8, número 1. Recuperado el 15 de diciembre de 2017 de http://revistas.usta.edu.co/index.php/diversitas/rt/printerFriendly/111 /148

Redacción AN (2017). “Policías y tránsitos ganan en promedio 8 mil 774 pesos mensuales y trabajan más de 65 horas a la semana_Inegi”. Aristegui Noticias. Recuperado el 28 de noviembre de 2017 de https://aristeguinoticias.com/1107/mexico/policias-y-transitos-ganan-en -promedio-8-mil-774-pesos-mensuales-y-trabajan-mas-de-65-horas-a-la-sem ana

Matey, Patricia (2011). “La policía no duerme, pero debería”, en El Mundo. Recuperado el 30 de noviembre de 2017 de http://www.elmundo.es/elmundosalud/2011/12/20/neurociencia/1324380232.h tml

Morales, G., Saúl, Lilia. (2012). México Infórmate: Transparencia en seguridad y procuración de justicia. Recuperado el 03 de Diciembre de 2017, de

http://rendiciondecuentas.org.mx/data/arch_publ/
Transparencia%20en%20seguridad%20p%FAblica%20y%20procuraci%F3n%20de%20justicia.pdf

http://www.redalyc.org/html/522/52251158004/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2018.

Diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a intensificar por Capufe la reparación del puente El Carrizo, de la autopista Durango-Mazatlán, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, Diputada Federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Desde su inauguración en octubre de 2013, la autopista Durango-Mazatlán se ha convertido en una de las vías más importantes del norte del país, debido a que conecta a 7 entidades federativas con sus 230 kilómetros de longitud.

La también denominada súper carretera, se concibió como una de las obras de infraestructura que apuntalaría el desarrollo de las regiones por las cuales cruza y reduciría el tiempo de traslado entre la ciudad portuaria de Sinaloa y la capital de Durango de seis a dos horas y media. Sin duda, una obra que brinda una mejor conectividad y que detona el tránsito de personas y productos capaz de impulsar la economía de las entidades beneficiadas.

Desafortunadamente, la noche del pasado 12 de enero del presente se registró la volcadura e incendio de un tractocamión que transportaba 68 mil litros de diésel en el kilómetro 162+500, lo cual provocó daños estructurales del puente “El Carrizo” de la súper carretera.

Tras el incidente, y darse a conocer los severos daños por calcinación en el asfalto y estructura, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Caminos y Puentes Federales (Capufe) decidieron cerrar la zona afectada de la vía hasta concluir los trabajos de reparación, los cuales se estiman tendrán una duración de 6 a 8 meses1 .

Esta situación ha generado inquietud y preocupación, principalmente, entre los trabajadores y empresarios del sector turístico de ambas entidades, toda vez que la afluencia de visitantes en la temporada vacacional de semana santa podría disminuir y poner en riesgo sus ingresos.

En este orden de ideas, Víctor Hugo Castañeda Soto, secretario de Turismo de Durango, señaló en entrevista que durante el último fin de semana del mes de enero se tuvo una reducción de entre el 25 y 30 por ciento de visitantes de Sinaloa2 . Por su parte, el Consejo de Empresarios Jóvenes señaló que, para finales del mes de enero, se ha registrado una baja en la venta de productos y servicios de un 10 por ciento, debido al cierre parcial de la ruta1 .

Claramente podemos dar cuenta que existen afectaciones económicas importantes, las cuales podrían recrudecerse debido a la cercanía de la temporada vacacional de semana santa, el Festival Ricardo Castro, así como el Tianguis Turístico del cual Mazatlán será sede este año.

La carretera libre entre Durango y Mazatlán es la vía alterna durante esta etapa de contingencia, sin embargo en estos momentos no es la mejor opción debido al tiempo de traslado, además que el flujo vehicular se ha disparado tras el siniestro en la súper carretera.

El exceso de carga vehicular en la carretera libre Durango-Mazatlán, ha provocado una cantidad considerable de accidentes, uno de ellos obligó la suspensión del tránsito durante un par de horas el pasado martes, 16 de enero, lo que causó que el tiempo de traslado entre Durango y Mazatlán fuera de hasta 8 horas4 . Como podemos dar cuenta, la seguridad de los usuarios de esta vía de comunicación también está en riesgo debido a que no está diseñada para la carga vehicular que ahora presenta.

Como dependencia prestadora de servicios carreteros, Capufe se ha caracterizado por mantener la calidad en la operación, y conservación de los caminos y puentes de cuota como concesionario y prestador de servicios; desde su establecimiento y bajo su operación se ha empeñado en facilitar el desplazamiento de bienes y personas con seguridad, rapidez y de manera eficiente.

Capufe, es participe y actor fundamental en el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura carretera de nuestro país, sin embargo no debe escapar de nuestra atención que pese a los esfuerzos de la institución, en ocasiones puede verse rebasada por las necesidades de manteniendo que requieren nuestros caminos y puentes.

Ante lo anteriormente expuesto, y anteponiendo la seguridad de las personas que por turismo o trabajo necesitan trasladarse entre Durango y Mazatlán, es necesario que se redoblen los esfuerzos y se intensifiquen los trabajos de reparación por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el kilómetro 162+500 de la autopista Durango-Mazatlán.

Esto, con la finalidad de reducir la carga vehicular en la vía libre y mejorar las condiciones de transportación entre las entidades afectadas. Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, a través de Caminos y Puentes Federales, realice las acciones conducentes para intensificar los trabajos de reparación del puente “El Carrizo” de la Autopista Durango-Mazatlán.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad para que, a través de la Policía Federal, redoble esfuerzos para garantizar la seguridad de los usuarios de la carretera libre Durango-Mazatlán, a fin de reducir el índice de accidentes.

Notas

1 “SCT: Hay daños severos en la estructura de la Mazatlán-Durango”; El debate; publicado el 26 de enero de 2018; consultado el 1 de febrero de 2018; https://www.debate.com.mx/mazatlan/SCT-Hay-danos-severos-en-la-estructu ra-de-la-Mazatlan-Durango-20180126-0248.html

2 “Daño en la súper afectará el puente”; El siglo de Durango; publicado el 2 de febrero de 2018; consultado el 2 de febrero de 2018; https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/938006.dano-en-la-super-afe ctara-al-puente.html

3 “Comercio y turismo pierden 10 por ciento por arreglos de súper carretera”; Milenio noticias ; publicado el 30 de enero de 2018; consultado el 1 de febrero de 2018;

http://www.milenio.com/region/
carretera_durango_mazatlan-rehabilitacion-pierden-ventas-milenio_noticias-laguna_0_1112888744.html

4 “Una decena de accidentes en vía libre Durango-Mazatlán”; El siglo de Durango; publicado el 17 de enero de 2018; consultado el 2 de febrero de 2018;

https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/934114.una-d ecena-de-accidentes-en-via-libre-durango-mazatlan.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2018.

Diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a generar de inmediato por la PGR el trámite completo de extradición del ex gobernador de Chihuahua, a cargo de la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la Procuraduría General de la República, para que se genere de manera inmediata y expedita el trámite completo de extradición del ciudadano mexicano César Horacio Duarte Jáquez, ex gobernador del estado de Chihuahua; esto de acuerdo con las 11 órdenes de aprehensión y no solo con las tres que han sido procesadas; toda vez que la extradición depende en buena medida del adecuado desarrollo de la gestión por parte de las autoridades mexicanas, tomando debidamente en cuenta las siguientes:

Consideraciones

Primera. Que es del dominio público, a través de los medios de comunicación, el hecho de que el actual gobernador del estado de Chihuahua, licenciado Javier Corral Jurado, desde su campaña electoral y desde la toma de posesión del cargo realizada el 4 de octubre del 2017, ha destacado en diversas oportunidades e intervenciones, su decidido interés para que se logre la detención y se juzgue de manera rigurosa y expedita a los ex funcionarios implicados en el desfalco al erario de la entidad federativa de referencia, cometido durante el gobierno inmediato anterior al suyo, especialmente el de su titular César Horacio Duarte Jáquez.

Segunda. Que bajo esa tesitura, fue el 28 de marzo del 2017 cuando el propio gobernador Corral anunció la puesta en marcha de la operación “Justicia para Chihuahua”, donde, según declaró, se realizarían acciones y se tomarían las medidas pertinentes y necesarias para lograr el esclarecimiento de los hechos delictivos ocurridos a través de la red de corrupción política que se tejió durante la administración anterior, misma que estuvo comprendida del 4 de octubre del año 2010 al 3 de octubre del año 2016.

Tercera. Que fue en esa misma fecha, cuando la Fiscalía General de Chihuahua realizó un importante acto en materia de rendición de cuentas, al girar orden de aprehensión por presunto peculado en contra del ex mandatario y emprendió las acciones legales suficientes para que pudiera ser declarándolo como prófugo de la justicia, por presuntamente haber huido del país.

Paralelamente a esta acción, se tiene pleno conocimiento de que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua hizo entrega formal de las pruebas que fueron recabadas en los meses anteriores; mismas que fueron analizadas por los jueces correspondientes para girar diez órdenes de aprehensión por delitos del fuero común, solicitando de esta forma a la Procuraduría General de la República -y por lo consiguiente al Poder Ejecutivo federal- para que se llevara a cabo el procedimiento correspondiente al gobierno de los Estados Unidos de América, para lograr la detención con fines de extradición del multicitado ex mandatario.

Cuarta. Que es de recordarse y resaltarse en este instrumento legislativo que, como una de las etapas previas al proceso de extradición, el actual gobernador de Chihuahua, el licenciado Corral, informó a través de los medios al público en general, que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, a cargo del maestro César Augusto Peniche Espejel, hizo entrega -con las formalidades del caso- de los 70 tomos y los 50 discos compactos que contenían las pruebas que fueron tomadas en cuenta por diversos jueces, para girar diez órdenes de aprehensión en contra del anterior titular del Poder Ejecutivo en Chihuahua por delitos del fuero común y que con este material como respaldo principal, El gobierno de la entidad federativa solicitó así a la Procuraduría General de la República que se realizara la solicitud al gobierno de los Estados Unidos de América, pretendiendo lograr finalmente la detención con fines de extradición del licenciado César Horacio Duarte Jáquez.

Quinta. Que es de tomarse también en consideración que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Fepade -que es el organismo de la Procuraduría General de la República responsable de atender en forma institucional, especializada y profesional, lo relativo a los delitos electorales federales-, solicitó una orden de aprehensión en junio del 2017 contra el ex mandatario por su probable participación en el desvío de catorce millones de pesos.

Dicha acción fue encabezada por el entonces fiscal especializado para la Atención de los Delitos Electorales Santiago Nieto Castillo, describiendo puntualmente el funcionario de referencia, que esta medida se generó a raíz de la retención ilegal de sueldos de los trabajadores durante el mandato que nos ocupa. Recursos que fueron destinados al Partido Revolucionario Institucional bajo el rubro anteriormente definido como “Aportación al Poder Ejecutivo”.

Sexta. Que es de particular interés en los antecedentes de esta proposición, el recordar que, de acuerdo con los cambios normativos que tuvieron verificativo en la PGR y de conformidad con su Ley Orgánica, después de la renuncia a la titularidad del doctor Raúl Cervantes Andrade,1 el nuevo procurador interino a cargo de la atención, resolución de los asuntos pendientes y de la gestión institucional en general, resultó ser el licenciado Alberto Elías Beltrán, funcionario que hasta entonces ocupaba el cargo de subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales.

Séptima. Que el licenciado Elías Beltrán anunció que finalmente se solicitaría la extradición del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, pero sólo en tres de los once procesos penales en los cuales se ha girado orden de aprehensión en su contra, exponiendo que el prófugo de la justicia cuenta ya en su haber con 10 causas penales por delitos del fuero común en materia de corrupción, así como una orden federal por posible delito en materia electoral, detallando adicionalmente que se llevaría a cabo una búsqueda a través de las oficinas de Interpol-México, para determinar en cual nación pudiera estar ubicado el ex funcionario de referencia.

Octava. Que puede resultar útil referir en esta oportunidad que, entre los casos vinculados a la administración del ex titular del Ejecutivo en Chihuahua, está el presunto desvío de 250 millones de pesos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para presuntamente financiar campañas del PRI en las elecciones de 2016.

Novena. Que a raíz de este acontecimiento, se han iniciado 39 procesos penales y se han detenido a 15 personas, incluyendo al el ex secretario general adjunto del Partido Revolucionario Institucional -Alejandro Gutiérrez Gutiérrez-, a quien se le acusa de peculado agravado ser el intermediario entre el gobierno federal y su partido; esto por su presunta participación en la redirección de recursos a través de la contratación de proyectos educativos que no se llevaron a cabo.

Décima. Que la PGR ha señalado en diversas ocasiones que están siendo analizadas las causas penales que le han sido entregadas por las autoridades del estado de Chihuahua y que paralelamente se ha estado trabajando en el armando del expediente para las solicitudes de extradición; pero que hasta el momento, sólo tres de dichas causas penales son las que se tienen ya listas, pero que su intención final es que se solicite la extradición por las 11 causas penales que se tienen contra el exgobernador.

Undécima. Que el 20 de enero, durante una reunión con empresarios mexicanos, el encargado en funciones de resolver los asuntos de la PGR, licenciado Alberto Elías Beltrán, dio a conocer que la Procuraduría General de la República formalizó el jueves 18 de enero de los corrientes, las tres solicitudes de detención con fines de extradición en contra del exgobernador de Chihuahua; detallando en la reunión de referencia que las peticiones corresponden a una orden de aprehensión del fuero federal por peculado y las otras dos por el fuero común, por presuntos actos de corrupción.

Duodécima. Que por lo que hace al resto de las solicitudes, es decir las ocho que aún no se ha dado a conocer que estén ya siendo procesadas, únicamente se dijo que en breve serían enviadas; por lo que este presente instrumento legislativo tiene como fin principal y como intención de origen, el solicitar la agilización en la presentación del resto de las solicitudes de detención con fines de extradición del ex gobernador que nos ocupa, por considerar de particular importancia el que se lleve a cabo todo el procedimiento completo, toda vez que ha sido un proceso sumamente laborioso el recabar el caudal de información y de pruebas que se han puesto a consideración de la PGR, y es menester que estas sean debidamente aprovechadas.

Es por todo lo anteriormente expuesto que se está presentando ante el pleno de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, por la que se pretende lograr que finalmente y después de los cambios que se han registrado en la principal institución responsable de se lleven a cabo las diligencias necesarias, solicitando de manera prioritaria atender de manera ágil e inmediata la problemática descrita, considerando para esto el resolutivo siguiente:

Punto de acuerdo

Único. La Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal de los Estados Unidos Mexicanos a que, de conformidad con el marco jurídico en materia de extradición de nuestro país, así como el protocolo y el tratado en la materia vigente entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, se genere de manera inmediata y expedita el trámite completo de extradición del ciudadano mexicano César Horacio Duarte Jáquez, ex gobernador del estado de Chihuahua; esto de acuerdo con las 11 órdenes de aprehensión y no solo con las tres que han sido procesadas; toda vez que la extradición depende en buena medida del adecuado desarrollo de la gestión por parte de las autoridades mexicanas.

Nota

1 El doctor Raúl Cervantes Andrade hizo pública su renuncia presentada ante la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, argumentando que dejaba la PGR para que el Congreso agilice la aprobación de las leyes que regirán la nueva Fiscalía General del país. Consultado el 22 de enero del 2018 en: https://expansion.mx/nacional/2017/10/16/raul-cervantes-renuncia-a-la-p gr

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 13 días del mes de febrero del año 2018.

Diputada Martha Cristina Jiménez Márquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a publicar por la SHCP un reporte de las transferencias del ramo general 23 a los ámbitos de salud, educación o saneamiento financiero realizadas en los ejercicios fiscales de 2012 a 2017, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del PRD

Francisco Martínez Neri, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Ejecutivo federal a que publique un reporte de las transferencias del Ramo General 23 en los ámbitos de salud, educación y saneamiento financiero realizadas en los ejercicios fiscales del 2012 al 2017.

Consideraciones

El Ramo General 23 “Provisiones Salariales y Económicas” es un instrumento de política presupuestaria que permite atender las obligaciones del gobierno federal que no corresponden al gasto de las dependencias de la administración pública federal ni de manera directa a las entidades federativas.

Este ramo es uno de los principales fondos que utiliza la lógica de adecuaciones presupuestarias, consideradas “provisiones”.

En la composición del Ramo General 23 se identifica una variedad de fondos con objetivos diversos, incluyendo los relacionados con provisiones salariales y prestaciones de seguridad social; la administración de fondos de control presupuestario, considerando ingresos petroleros y de manera significativa, la distribución del gasto en entidades federativas y municipios, a petición y gestión de los gobiernos locales.

Los ingresos no previstos que son administrados a través del Ramo 23 se utilizan como un instrumento de negociación y de soporte financiero, ya que, al no haber un criterio técnico para adecuaciones presupuestarias se aplica discrecionalidad.

Bajo la administración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Ramo General 23 concentra un gran número de adecuaciones presupuestales durante su ejercicio. Tan solo durante el ejercicio fiscal 2016, la Cámara de Diputados aprobó 141 mil millones de pesos para dicho Ramo, pero la Secretaría de Hacienda ejerció 247 mil millones de pesos durante dicho ejercicio.1

En complemento, de acuerdo con la organización México Evalúa, para 2017, el monto aprobado en el PEF para el Fondo de Fortalecimiento Financiero (Fortafin) fue de 3 mil 244 millones de pesos lo que representa un incremento 108 por ciento real respecto a lo aprobado en 2016.

Dichas cantidades carecen de una regulación adecuada, de manera que la SCHP decide discrecionalmente su uso. También es un hecho que la solicitud de las entidades federativas no es pública, ni está regulada legalmente, como que tampoco se transparenta el destino específico de los recursos.

En síntesis, los recursos que se ejercen mediante diversos convenios, tanto los que realizan las dependencias del sector salud como del educativo para atender necesidades en las entidades federativas, además de los denominados como saneamiento financiero, se caracterizan por su opacidad y se requiere que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público genere información al respecto.

Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con unto de acuerdo:

Único. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a que, por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se publique un reporte de las transferencias del Ramo General 23 realizadas en los ámbitos de salud, educación y saneamiento financiero realizadas en los ejercicios fiscales del 2012 al 2017.

Nota

1 http://www.cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP /2016/tomo/III/Print.PEJ.03.PEPPR.pdf

Cámara de Diputados, a 13 de febrero de 2018.

Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer por la Sener una estrategia para proveer de gasolinas y combustibles domésticos más baratos a los mexicanos, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Blanca Margarita Cuata Domínguez, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y en las fracciones IV y V del numeral 2 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Con la llamada reforma en materia energética, por la que se reformaron los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, se posibilitó la participación privada en los sectores energéticos de México, incluyendo las actividades estratégicas de exploración y extracción de petróleo y gas natural, para supuestamente mantener y fortalecer la rectoría del Estado sobre la industria petrolera, ya que se conservaría para la nación la propiedad de los hidrocarburos en el subsuelo, lo cual, al pasar de los años, vemos que solo era una falacia.

En particular, la reforma propuso la liberación de los precios de las gasolinas hasta el año 2018, modificándose dicha fecha en el PEF 2017, aprobado que fue por las fuerzas políticas integrantes del pacto por México.

Hoy vemos el fracaso de la liberación de los precios de los combustibles.

Hay mucho discurso político, pero el Ejecutivo federal no quiere asumir las consecuencias de esta decisión que día tras día abusa de la nobleza del país y quienes cada día padecen el alza de los precios de manera generalizada.

Por ejemplo: la permisionaria PL/10200/EXP/ES/2015 denominada Nacional de Combustibles y Lubricantes, SA de CV, el día 6 de febrero del año en curso anuncio la venta de Gasolina Premium (Mayor a 91 octanos) (2) a $19.45,1 mientras PL/10857/EXP/ES/2015, Servicio Viga SA de CV, vendió Premium (Mayor a 91 octanos) (2) a $19.50.2

Cabe destacar, que, en el año 2012, la gasolina Premium costaba $10.953 pesos por litro, ha aumentado $8.55 ocho pesos con cincuenta y cinco centavos, cantidad que representa un 78.08 por ciento de aumento a la gasolina en lo que va del presente sexenio.

4

Por otro lado, el salario mínimo aprobado para este año es de $88.36 (ochenta y ocho pesos con treinta y seis centavos), lo que quiere decir que un litro es el 22.06 por ciento del salario mínimo, luego entonces el costo de cuatro litros de gasolina es el equivalente a un día de salario mínimo.

No olvidemos que la reforma energética fue presentada a los mexicanos como la panacea a la mala situación económica que vivimos, prometiéndonos que la gasolina, el gas y la luz, bajarían sus precios.

Respecto a las tarifas de luz, aunque las tarifas de uso doméstico cobradas a la mayoría de los hogares han estado estables y dependen de la zona del país, el incremento a las tarifas de uso industrial y comercial no ha cesado. En el verano de 2017, las tarifas eléctricas para ambos sectores tuvieron un incremento de 26.5 a 40.44 por ciento, en comparación con julio de 2016.5

No olvidamos el mega gasolinazo de enero de 2013, donde el precio de la gasolina Magna subió $5.76 de un solo golpe a la bolsa de los mexicanos, al pasar de $10.92 pesos por litro a $16.68 en 2017, lo que quiere decir que los precios de las gasolinas no han bajado, por el contrario, siguen subiendo, y Pemex, a cinco años de su implementación, en diciembre de 2013, sigue sin contar con los ductos y almacenamientos necesarios para la producción y transporte de combustibles.

Resulta por demás inadmisible que, en el tercer trimestre de 2017, los principales resultados de la empresa productiva del Estado Pemex reportó números negativos, la producción de crudo y de gas natural tuvieron una disminución y se reportó una pérdida de 101 mil 804 millones de pesos.6

México se encuentra sumido en un estancamiento ocasionado entre muchos otros factores por la impunidad, la corrupción y la tolerancia a que los grandes empresarios se vuelvan ricos a costa del dinero de los que menos tienen, además de que está harto; se nos prometió no más gasolinazos y alzas en los precios de gas y luz y resulta por demás increíble que el primer día del mes de enero de 2017, los combustibles aumentaron el 20 por ciento.

En razón de lo anterior, y más allá de la oposición del Grupo Parlamentario de Morena, se impuso el aumento en los precios de los combustibles que trae como consecuencia el aumento de los costos en todos los niveles, así como impacto negativo de la inflación y estancamiento económico nacional.

En el caso en particular del gas LP, el mismo ha subido en los últimos meses en entidades como Guerrero hasta un 48 por ciento por litro, tan solo de diciembre de 2016 al 28 de febrero de 2017.

En el caso del gas LP, en el último año aumentó $82.4, lo que quiere decir que en un año aumentó 28 por ciento su precio, en ese sentido, también acreditamos que los precios de los combustibles no bajan, y contrario a lo que nos dicen los infomerciales del Ejecutivo federal, vemos un detrimento en la bolsa de las y los mexicanos, y las consecuencias que ello conlleva, porque empiezan los aumentos generalizados de la canasta básica.

Como vemos, la reforma energética es un total fracaso, ya que contrario a lo prometido, los precios de los combustibles han aumentado, se han producido despidos masivos en las plantas de Pemex, se han perdido empleos directos e indirectos consecuencia de ello, el aumento de la canasta básica, el aumento en transporte y servicios públicos, se ha causado de manera directa una baja en el poder adquisitivo de la ciudadanía, dada la falta de dinero para cubrir las necesidades básicas.

En ese sentido es de exhortar respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a que, por conducto de la Secretaria de Energía, de manera inmediata establezcan una estrategia para proveer de gasolinas y combustibles domésticos más baratos a los mexicanos, y a que además explique las razones del por qué no se venden combustibles más baratos a la ciudadanía de acuerdo con lo ofrecido en la reforma energética.

Por tanto, y con fundamento en lo expresado, así como en las disposiciones invocadas en el proemio, se propone el siguiente

Punto de acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a que, por conducto de la Secretaria de Energía, establezca de manera inmediata una estrategia para proveer de gasolinas y combustibles domésticos más baratos a los mexicanos, y a que además explique las razones del por qué no se venden combustibles más baratos a la ciudadanía de acuerdo con lo ofrecido en la reforma energética.

Notas

1 http://www.cre.gob.mx/ConsultaPrecios/GasolinasyDiesel/GasolinasyDiesel .html

2 Idem

3 https://www.comparaguru.com/blog/cuanto-ha-subido-el-precio-de-la-gasol ina-en-mexico-en-6-anos

4 Idem

5 http://www.sinembargo.mx/28-10-2017/3337945

6 http://www.sinembargo.mx/28-10-2017/3337945

Dado en el Recinto Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2018.

Diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, que exhorta a la CFE a establecer la 1F como tarifa única de electricidad en Chiapas para que los costos reflejen las condiciones socioeconómicas de la región y se contribuya al desarrollo económico de la entidad y los habitantes, suscrita por el diputado Enrique Zamora Morlet e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quien suscribe, diputado Enrique Zamora Morlet y diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados sometemos a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguiente

Exposición de Motivos

El estado de Chiapas está ubicado en la región sureste del país, colinda con el Océano Pacífico, los estados de Tabasco, Oaxaca y Veracruz, así como con Guatemala; cuenta con 5,217,908 habitantes y es el sexto estado más poblado después del Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Puebla y Guanajuato.1

Chiapas cuenta con uno de los climas más calientes del país, presentando generalmente dos tipos de clima: cálido húmedo y templado húmedo .2 Además, el ciclo climático incluye dos temporadas principales, que son la temporada de lluvia, de mayo a octubre y la temporada seca de noviembre a abril.

Las temperaturas en el último año han aumentado en el estado de Chiapas, manteniendo un promedio de 30°C, como se muestra en la siguiente gráfica:

Fuente: Meteored

En la gráfica presentada se muestra un histórico de temperatura promedio en el año 2017, sosteniendo en el mes de enero una temperatura máxima de 33°C, en febrero 28°C, en marzo 36°C, en abril 26°C y en mayo 30°C. Es importante señalar que la temperatura más baja reportada en lo que va del año fue de 15°C, aun en época invernal.

Por otro lado, Chiapas es uno de los estados con uno de los niveles de remuneración más bajos, con $191.51 pesos diarios de salario promedio, en contraste con la Ciudad de México, donde el promedio salarial es de $330.2 pesos diarios. Es preciso señalar que el promedio de salarios en el país es de $246 pesos diarios, es decir, Chiapas se encuentra por debajo de la media nacional y es uno de los 6 estados con los sueldos más bajos en el territorio nacional.3

Ahora bien, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha establecido las siguientes tarifas para el cobro del consumo de energía eléctrica en el país:

Fuente: CFE

En Chiapas se mantiene un subsidio a la electricidad por zona y actualmente se mantiene una cuota promedio entre la tarifa 1A y la tarifa 1D, sin embargo, esto no corresponde con la baja percepción salarial que tiene la población, así como a la constante necesidad de consumir energía eléctrica, siendo Chiapas un estado en vías de desarrollo económico, derivado de esto su población debe hacer uso de diversas herramientas que funcionan con electricidad para mantener el campo, así como sus casas y la industria, sin embargo, el alto costo de la luz eléctrica no incentiva el tan anhelado desarrollo.

Como argumento adicional, las enfermedades transmitidas por insectos han sido una constante en el sur del país, mismas que actualmente perjudican severamente la salud de los habitantes chiapanecos; cabe señalar que la fiebre Chikungunya , es una enfermedad vírica transmitida por la picadura de mosquitos infectados,4 la cual obliga a las familias chiapanecas a mantener sus hogares cerrados y a ocupar equipos eléctricos para controlar las altas temperaturas al interior de éstos.

Esta enfermedad presenta síntomas como aparición súbita de fiebre acompañada de intensos dolores articulares entre cuatro y ocho días después de que se produce la picadura; otros síntomas frecuentes en los afectados son dolores musculares, dolores de cabeza, náuseas, cansancio y erupciones cutáneas.5

Debe puntualizarse que la fiebre Chikungunya puede causar la muerte, por esta razón la Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó que, desde diciembre de 2013 a julio del 2014, se detectaron 4 mil 756 infectados y 302 mil 243 casos sospechosos en América Latina, además de 21 muertos, por lo cual, dejar las ventanas abiertas en temporada de calor o en alguna otra época del año puede resultar un grave riesgo para los ciudadanos chiapanecos.

En consecuencia, en los domicilios se hace necesario utilizar ventiladores o equipos eléctricos para refrescar los hogares, siendo esta tecnología básica para sobrellevar las altas temperaturas de la región, sin embargo, al estar encendidos dichos aparatos de forma constante, se generan altos consumos de energía eléctrica.

Por otro lado, cabe señalar que recientemente integrantes de la asociación “Unidad Ciudadana” del estado de Chiapas pidieron al diputado Enrique Zamora Morlet su apoyo e intervención para dar atención a la problemática de las altas tarifas que se cobran por el suministro de energía eléctrica a los habitantes de dicho estado; uno de los argumentos de esta asociación para solicitar la reducción de los costos por dicho servicio, específicamente en la región del Soconusco, es que los sensores que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) instaló para medir la precipitación pluvial, la humedad y la temperatura no han sido actualizados.

Es importante señalar que Chiapas cuenta con ríos, arroyos y lagunas que lo convierten en el estado que más energía eléctrica genera en México a través de la fuerza y cause del agua por medio de sus presas, por ejemplo, la de Malpaso, la Angostura y Chicoasén, sin embargo, este argumento no es considerado por la asociación “Unidad Ciudadana” como la razón más importante para solicitar una tarifa más justa por el servicio de energía eléctrica, como sí lo es el cálculo correcto de los costos de dicho servicio.

Por lo anterior, debe enfatizarse que el cálculo para ponderar los precios por kilowatt depende de la temperatura de la zona en cuestión, es decir, el sensor con el que se calcula el precio de la luz para el municipio de Tapachula se encuentra a unos 30 kilómetros, en el municipio de Tuzantán, sin embargo, meteorológicamente Tuzantán y Tapachula tienen diferentes temperaturas, humedad y precipitación.

Debe resaltarse que al no contar con sensores actualizados con los cuales la medición del consumo de energía eléctrica sea la más precisa, además de ser el estado de Chiapas una zona geográfica con diferentes condiciones climatológicas de las que depende dicha medición, es que se considera conveniente estandarizar una tarifa por el suministro de energía eléctrica que beneficie a los habitantes del estado de Chiapas, mismos que se encuentran en una condición económica menos favorable con relación a otras regiones del país.

En virtud de lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad a que, en el ámbito de sus atribuciones, establezca como tarifa única por el suministro del servicio de energía eléctrica la tarifa 1F en el estado de Chiapas, con el propósito de que los costos reflejen las condiciones socioeconómicas de la región y se contribuya al desarrollo económico de la entidad y de sus habitantes.

Notas

1 Fuente: Encuesta Intercensal 2015, Inegi

2 https://es.wikipedia.org/wiki/Chiapas

3 http://media.eleconomista.com.mx/contenido/especiales/201107/20/salario s/index.html

4 http://www.cuidateplus.com/enfermedades/viajero/chikungunya.html

5 www.cuidateplus.com/enfermedades/viajero/chikungunya.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2018.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Enrique Zamora Morlet, Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, José Alberto Couttolenc Buentello, Lorena Corona Valdés, Sharon María Cuenca Ayala, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, José de Jesús Galindo Rosas, Daniela García Treviño, Edna González Evia, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Lía Limón García, Uberly López Roblero, Mario Machuca Sánchez, Virgilio Mendoza Amezcua, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Cándido Ochoa Rojas, Samuel Rodríguez Torres, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Francisco Alberto Torres Rivas, Claudia Villanueva Huerta.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Michoacán, la PGR y demás autoridades competentes a investigar y esclarecer el feminicidio de Guadalupe Campanur Tapia, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, María Candelaria Ochoa Ávalos, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, integrante de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El 16 de enero de este año, en el municipio de Chilchota, Michoacán, encontraron a Guadalupe Campanur Tapia, asesinada por estrangulamiento.

Lupita tenía 32 años y era una de las primeras mujeres que se integraron a la Ronda Comunitaria de Cherán, que protege y custodia los bosques de ese lugar. Fue la primera mujer guardabosques. Cherán es conocido y reconocido en el país por su proceso de autodefensa y organización comunitaria que combate la explotación ilegal de la madera y al crimen organizado. Se rige por un autogobierno, sustentado en las leyes de usos y costumbres indígenas y su desarrollo ha sido mundialmente admirado por su ofensiva y defensa contra el crimen organizado. Aun cuando en la actualidad Lupita no estaba patrullando bosques, continuaba haciendo activismo por la seguridad y reconstrucción del territorio comunal, siendo un ejemplo para muchos y muchas.

Miembros de la comunidad han declarado que el feminicidio de Guadalupe puede ser obra de miembros del narcotráfico, y que definitivamente el asesinato fue cometido por razones de género. Al igual que innumerables organizaciones de la sociedad civil y actores individuales, repudiamos y condenamos el asesinato de Guadalupe y exigimos el esclarecimiento de este feminicidio, haciendo hincapié en la necesidad de considerar su papel como activista y su trabajo a favor de los derechos humanos como posible causa de este.

En un clima de violencia como el que vive actualmente nuestro país es intolerable que este tipo de hechos sigan sucediendo impunemente. Es intolerable que sigan matando a mujeres, y es intolerable que el crimen organizado sigue impune. A casi un mes del feminicidio de Guadalupe, urge esclarecer este crimen, como urge esclarecer todos los feminicidios del país.

Por lo anterior, propongo los siguientes:

Punto de acuerdo

Primero. Se exhorta al gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, a investigar y –en su caso- castigar el feminicidio de Guadalupe Campanur Tapia.

Segundo. Se exhorta al gobierno del estado a fortalecer las acciones, políticas públicas e instituciones estatales en materia de lucha contra la violencia de género y protección a las mujeres.

Tercero. Se exhorta a la Procuraduría General de la República a investigar, esclarecer y sancionar el feminicidio de Guadalupe Campanur Tapia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2018.

Diputada María Candelaria Ochoa Ávalos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS a incluir como línea de acción específica la vigilancia de las empresas contratistas y contratantes de éstas sobre el cumplimiento de las normas laborales en el programa de inspección de 2018, a cargo del diputado Rafael Yerena Zambrano, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Rafael Yerena Zambrano, diputado federal de la LXIII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con la siguiente

Exposición de motivos

Los servicios de inspección en el trabajo se constituyen como medio y fin para que el trabajo se desarrolle en condiciones de armonía que lo conserven como uno de los valores más altos de la vida social, porque la principal función de la inspección es la de evitar los abusos por parte de los empleadores hacia sus trabajadores.

En este sentido la administración de justicia laboral se realiza desde la propia empresa a través de una eficaz inspección del trabajo. A los inspectores del trabajo les corresponde examinar cómo se aplican las normas de trabajo en la empresa en materia de condiciones de trabajo (salario, horario y prestaciones; condiciones de seguridad e higiene en el trabajo y, en materia de capacitación y adiestramiento).1

De esta forma la inspección en el trabajo es una condición sine qua non para que los trabajadores que no están protegidos por un sindicato tengan la certeza de que sus derechos deben ser respetados. Por ello es importante que esta labor que realizan las autoridades en materia de trabajo siga manteniéndose como una de las acciones primordiales para que la clase trabajadora goce de bienestar.

Desde el inicio de este sexenio, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha tenido la encomienda de fortalecer de manera permanente la vigilancia del cumplimiento de la normatividad laboral para alcanzar el cometido del respeto a la dignidad de los trabajadores, ya que debido a la dinámica económica actual muchas empresas han requerido incrementar su productividad, lo cual en ocasiones puede llevar a la práctica de tropelías en perjuicio de los trabajadores.

Tal es el caso de que muchas empresas con el fin de disminuir sus costos de producción han recurrido a la contratación de la tercerización de servicios, mejor conocida como outsourcing , ya que ello puede representar ciertos beneficios para incrementar sus ingresos, lo cual está permitido por la Ley Federal del Trabajo bajo las condiciones específicas que ésta establece. Ante esta realidad, consideramos importante que ante la proliferación de firmas contratistas, las autoridades del trabajo implementen estrategias dirigidas ex profeso , toda vez que la movilidad de los trabajadores contratados bajo la modalidad de la subcontratación comportan un grado mayor de vulnerabilidad, en virtud que las empresas contratantes dirigen sus actividades pudiéndose dar los casos que lleguen a realizar labores iguales a las de los trabajadores propios de la empresa donde prestan sus servicios y máxime que no les ampara la protección de un contrato colectivo o un sindicato.

Es así que con la reforma laboral que entró en vigor en diciembre de 2012, se reguló la modalidad de subcontratación laboral en el artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo estableciendo lo siguiente:

Artículo 15-A. El trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas.

Este tipo de trabajo deberá cumplir con las siguientes condiciones:

a) No podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares en su totalidad, que se desarrollen en el centro de trabajo.

b) Deberá justificarse por su carácter especializado.

c) No podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al servicio del contratante.

De no cumplirse con todas estas condiciones, el contratante se considerará patrón para todos los efectos de esta Ley, incluyendo las obligaciones en materia de seguridad social.

Como puede apreciarse en el numeral citado, se prescriben prohibiciones a las empresas contratantes de imponer a los trabajadores subcontratados labores iguales a las que realizan sus propios empleados, lo cual de llevarse a cabo tiene que ser sancionado por la autoridad, pues constituye un quebranto a la ley y que ante la omisión de los trabajadores subcontratados de denunciar los hechos por temor a perder su fuente de ingreso estas prácticas se llevan a cabo de facto en los centros de trabajo.

En este tenor consideramos que ante la formulación que lleve a cabo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social sobre un programa de inspecciones para este año 2018, contemple oportuno diseñar una línea de acción específica en los centros de trabajo que subcontraten trabajadores, pues ello ayudará en buena medida a que la dignidad de los trabajadores que laboran bajo la modalidad de la subcontratación sea respetada y se procure su bienestar.

Por lo anteriormente expuesto se propone a esta honorable asamblea lo siguiente:

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a que incluya como línea de acción específica la vigilancia a las empresas contratistas y contratantes de éstas sobre el cumplimiento de las normas laborales en el programa de inspección 2018.

Nota

1 Alfredo Sánchez Castañeda, “La jurisdicción laboral: de juntas tripartitas a tribunales de trabajo”, en Cien ensayos para el Centenario, Tomo 2, México, UNAM,IIJ, Senado de la República, 2017, p. 408.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 febrero de 2018.

Diputado Rafael Yerena Zambrano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a apoyar de inmediato por la Segob a la población afectada por el deslave ocurrido en Tijuana, Baja California, a cargo del diputado José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Máximo García López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde el 19 de enero la colonia Lomas de Rubí comenzó a sufrir un deslave, el cual se agravó el día 5 de febrero dejando afectadas seriamente viviendas, hasta el momento 94 ya se consideran pérdida total, esto según datos de la dirección de Protección Civil del Municipio de Tijuana en Baja California.

Este número de predios afectados por el deslave continúa subiendo, pues primero se vieron los daños en lo que llaman la zona cero (calles Luis Echeverría, Ignacio Ramírez y Reforma), donde estaba el polígono de 70 viviendas, el cual posteriormente aumentó a las casas del costado derecho de la avenida Grupo Liberal Patria que fueron etiquetadas de rojo debido a que las partes traseras de estos predios comienzan a colapsar más otras 10 viviendas casas más hacia el lado sur de la calle.

El censo actualmente es de 94 viviendas etiquetadas, de esas 90 están en rojo que ya son inhabitables la zona esta inhabitable, algunas pueden estar completamente colapsadas, otras pueden tener grietas, esto ira aumentando.

Por lo que más de 300 personas se quedaron sin hogar, entre ellos familias completas, menores de edad y adultos mayores en condiciones sensibles, la mayoría de estas personas ya están en los albergues habilitados por el gobierno local el cual está esperando apoyo de las autoridades federales.

A pesar de que el gobierno estatal ya instaló la mesa técnica con la finalidad de encontrar las causas del deslave para de esta manera deslindar responsabilidades, resulta inminente la intervención del Gobierno Federal en este asunto y se apoye con recursos a las familias que han sido desplazadas y no tienen un lugar digno para vivir, no solo se trata de apoyarlas dándoles las necesidades básicas para su día a día, si no de aplicar correctamente programas federales y crear una ruta donde puedan recuperar su patrimonio lo más pronto posible, todo esto en coordinación con el gobierno estatal y municipal.

Por lo anterior, someto a consideración de esta soberanía, el presente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaria de Gobernación para que se proceda de inmediato a tomar las medidas necesarias para atender a la población afectada por el deslave en la colonia Lomas de Rubí del Municipio de Tijuana en Baja California.

Palacio Legislativo Federal, 12 de Febrero de 2018.

Diputado José Máximo García López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a diseñar y aplicar una estrategia de reducción de gases de efecto invernadero ligando la apicultura con una reforestación endógena y melífera, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe la presente, diputada María Luisa Beltrán Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable Cámara la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes

Considerandos

Primero. El cambio climático, sin duda, es una de las asignaturas pendientes de las autoridades mexicanas, razón por la que los legisladores debemos analizar el marco legal e impulsar acciones que, realmente, generen un efecto multiplicador, mediante la noble labor de la Apicultura, a partir de la tarea polinizadora de las abejas.

De acuerdo con la página oficial de la Organización de las Naciones para la Alimentación y la Agricultura (FAO), “una gran parte del agua potable mundial proviene de zonas boscosas y millones de personas dependen del agua dulce de buena calidad que fluye de los bosques”1 Es importante hacer mención, remarcando lo anterior, que la misma ciudad de México obtiene su agua potable de sus bosques de montaña. Además, según especialistas, los bosques amortiguan los eventos meteorológicos extremos, es decir, la capa biótica de bosques y selvas ayudan a que las inundaciones y deslaves sean de mucho menor impacto.

Con base en la Estrategia Nacional de Cambio Climático, publicada por el Ejecutivo federal en junio del 2013, la definición de Cambio Climático consiste en “la variación del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y se suma a la variabilidad natural de clima observada durante periodos comparables”. Con esta estrategia, se pretende reducir las emisiones de efecto invernadero respecto de los niveles del año 2000, en un 30 por ciento para el 2020, y un 50 por ciento para el 2050.

En la sección M4.8, del documento precitado, como parte de dicha estrategia se indica:

“Aumentar el establecimiento de esquemas de producción agropecuaria Y forestal con mayor potencial de mitigación y que brinden beneficios ambientales y sociales tales como los sistemas agrosilvopastoriles y vinculación de los saberes tradicionales con los programas agrícolas y agropecuarios actuales.”2

El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF 2018) contempla que los recursos dirigidos al cambio climático alcancen los 4 mil 359 millones de pesos.3

Son varios los fondos internacionales que sustentan y promueven el impulso a toda actividad que tenga como propósito mitigar este problema mundial.

¿En que puede usarse a las abejas para frenar el avance del cambio climático?

Segundo. Es deplorable la escasa atención que se le brinda a la reforestación en una mayoría de entidades federativas. De acuerdo con la misma FAO, México ocupa uno de los primeros lugares en su tasa de deforestación, a nivel mundial. Los estudios se han enfocado, desgraciadamente, sólo en medir esas tasas. Según un informe del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Publica (CESOP), de esta Honorable Cámara de Diputados, las estimaciones oficiales fluctúan entre un 1.08 millones de hectáreas deforestada cada año; si únicamente se consideran bosques y selvas, esta cifra ronda en las 775,800 hectáreas por año, lo que constituye algo muy grave. La deforestación, según este informe, implica la pérdida duradera o permanente de la capa forestal, y su trasformación en otros usos.

Las principales ventajas de los bosques, en el proceso de limpieza de nuestro ecosistema, son las siguientes:

• Son sumideros de carbono; es decir, absorben CO2 y lo transforman en biomasa.

• Son proveedores importantes de servicios ambientales.

• Son hábitats de conservación de la biodiversidad.

• Constituyen el soporte de medios de vida y de oportunidades económicas.

En el estudio citado líneas antes se alerta que entre el 90 y el 95 por ciento del territorio nacional está deforestado, y las zonas más urgentes de reforestación son las del sureste del país, ya que las selvas constituyen uno de los ecosistemas más frágiles; curiosamente, donde la apicultura tiene sus mejores activos, gracias a la biodiversidad selvática, es donde más amenaza existe. Los bosques templados, según este estudio, reducen la cantidad de gases de efecto invernadero, como el Dióxido de Carbono (CO2). Una hectárea de bosque puede capturar hasta 250 toneladas de carbono, en la vegetación, y entre 200 y 300 bajo el suelo.

México ha perdido casi el 50 por ciento de su cobertura vegetal, debido a la tala ilegal, 8 por ciento; a los incendios, 4 por ciento, y a los cambios de uso de suelo, 82 por ciento. En otras palabras, como la mayoría de las zonas de bosques y selvas están en ejidos, el avance de la agricultura intensiva y la ganadería han provocado una seria deforestación, y como ejemplos tenemos las siembras de aguacate en Jalisco y Michoacán, y la ganadería intensiva que ha deforestado casi el 90 por ciento de la reserva de la biósfera en los Tuxtlas, Veracruz. 4

Paradójicamente, según este mismo estudio, las campañas de reforestación no han sido integrales ni correctamente bien aplicadas; como ejemplo, en Guanajuato sólo el 0.2 por ciento de lo reforestado está sano.

Tercero. La restauración forestal consiste en devolver un bosque degradado a su estado original, es decir, reestablecer la estructura, biodiversidad y productividad; es, por tanto, donde una política pública integral tendiente a esto podría, de manera definitiva, revertir los efectos del cambio climático.

Un bosque templado, o una selva, son multidiversos; es decir, se integran, tanto de árboles que utilizan el aire para su polinización, como a los vectores, siendo el más importante a las abejas. Existe muy escaso conocimiento de las especies melíferas endémicas de cada lugar de la República, y es importante invertir, como parte de la estrategia de restauración forestal, con el objetivo de lograr un catálogo forestal y melífero.

Investigadores del Center for International Forestry Reserch (CIFOR),5 llegaron a la conclusión de que los bosques provocan la lluvia y no a la inversa; sus resultados refuerzan la Teoría de la Bomba Biótica, que dice que los cuerpos de masa forestal, (bosques y selvas) generan vientos atmosféricos que funcionan como una bomba atrayendo la humedad a los continentes y provocando las lluvias, razón por la cual la zona selvática del sureste del país es la más acaudalada en lluvias y, como ya se mencionó, el agua del Distrito Federal es captada de los bosques en sus montañas.

De confirmarse, los resultados para un plan serio e integral para restaurar forestalmente las zonas en nuestro país atraerían más lluvias y, al funcionar como sumidero de carbono,6 reducirían los gases de efecto invernadero y generarían un polo de desarrollo, que daría actividades productivas multiplicadoras en bien de las más de 11 millones de personas que habitan en zonas forestales.4

Cuarto.- Es paradójico que un insecto, que ha visto reducir su población debido al cambio climático, según opiniones de muchos investigadores y apicultores, a su vez tenga el potencial de revertirlo con el poder polinizador que la abeja Apis Melífera ha demostrado en cientos de años.

En 2008, en el documento elaborado por la Nature Conservancy, disponible en la página de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el marco de la Convención sobre la Diversidad Biológica, titulado Valorando la Naturaleza: Beneficio de las Áreas Protegidas , queda demostrada y desarrollada la importancia de la polinización; se cita:

“Servicios de polinización: uno de los valores que, con frecuencia, se deja pasar por alto, es la polinización ayudada por insectos. Si los insectos no se proliferan, tampoco se proliferarán nuestras cosechas. Por lo tanto, las áreas protegidas también juegan un papel importante, al ayudar en el ciclo ecológico a polinizar las cosechas cercanas a las áreas protegidas, como contribuyendo con la producción de productos de polinización (la miel).”7

Es necesario resaltar que, para estos investigadores, la presencia dentro de la zona protegida, de la apicultura, es muy benéfico para las zonas aledañas; por tanto, un plan de restauración forestal debe tener, de manera integrada, una estrategia de vectores polinizadores tan especializados como las abejas en todas sus posibles especies que el ser humano ya domina, tales como abeja, melipona, abejorro, entre otros.

Una correcta polinización promueve la obtención de semillas sanas y viables, por lo que el siguiente ciclo de propagación de los árboles tiene amplias posibilidades. Existen datos, en otras partes del mundo, caso concreto Carnaiba, Brasil, donde gracias al impulso del Banco Mundial apicultores rurales optaron por preservar árboles y plantas de la región, logrando una producción sostenida y que el bosque y la selva floreen durante todo el año, y no sólo en algunas temporadas, como los cultivos. Sin duda, la Apicultura está ligada al restablecimiento de los bosques y selvas y, por ende, constituye la mejor alternativa contra el cambio climático.8

Quinto.- Es inútil promover acciones de reforestación utilizando las mismas prácticas de antaño, con pocas especies que son plantadas en periodos donde no se garantiza su permanencia; por tanto, se debe emprender una estrategia, paso por paso, que deberá contener los siguientes elementos:

• Generar un Catálogo de Floración de Especies Nativas en cada entidad de la República (Aguascalientes, Yucatán y Michoacán)9

• A partir de ahí, generar en los invernaderos de la Semarnat el material genético forestal nativo. Analizar la viabilidad de bombardeo con semilla (método Fukuoka).10

• Promover proyectos conjuntos de restauración forestal y apícola.

• Una supervisión que garantice el éxito de los proyectos.

Por los elementos anteriormente expuestos, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados, con pleno respeto a la división de poderes, exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a crear un Catálogo Forestal y de Floración de Especies Nativas, en cada una de las entidades federativas.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados, con pleno respeto a la división de poderes, exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a crear, de manera conjunta, una estrategia, con sus proyectos correspondientes, para vincular la Apicultura con la restauración forestal, considerando, además, la incorporación de apicultores certificados y profesionales. Además, el diseño de un plan Transexenal, que pueda darse sin interrupciones por los cambios de gobierno.

Tercero. La honorable Cámara de Diputados, con pleno respeto a la división de poderes, exhorta a la Comisión Nacional Forestal, a que haga pública su información sobre la reforestación emprendida por esta comisión, de manera directa o a través de terceros, superficie nominal reforestada y estado actual.

Referencias:

1 FAO. 2017. Restauración y rehabilitación de bosques. Recuperado de: http://www.fao.org/sustainable-forest-management/toolbox/modules/forest -restoration-and-rehabilitation/basic-knowledge/es/

2 Gobierno de la República. 2013. Estrategia Nacional de Cambio Cambio Climático. Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. Recuperado de: http://www.inecc.gob.mx/descargas/cclimatico/2012_est_nal_cc.pdf

3 Montalvo, V. 2017. Presupuesto para el Cambio Climático en México: un reto de eficiencia para reducir la vulnerabilidad climática. Trasparencia Mexicana. Recuperado de:

https://www.tm.org.mx/presupuesto-cambio-climatico-2018/

4 González, J. 2017. Deforestación en México. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública. Cámara de Diputados, 63 legislaturas. Recuperado de: file:///C:/Users/acer/Downloads/CESOP-IL-72-14-DeforestacionEnMexico-31 0717.pdf

5 Betteridge, A. 2013. Forest as rainmakers: CIFOR scientist gains support for a controvertial hypothesis. Forest News. Recuperado de: https://forestsnews.cifor.org/13658/forests-as-rainmakers-cifor-scienti st-gains-support-for-a-controversial-hypothesis/#.UThqhjCIGSr

6 FAO. 2006. Los bosques y el Cambio Climático. Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la Alimentación. Recuperado de:

http://www.fao.org/newsroom/es/focus/2006/1000247/index. html

7 Pabón-Zamora, L., J. Bezaury, F. León, L. Gill, S. Stolton, A. Groves, S. Mitchell y N. Dudley. 2008. “Valorando la Naturaleza: Beneficios de las áreas protegidas”. Serie Guía Rápida, editor, J. Ervin. Arlington, VA: The Nature Conservancy. 34 pp, Recuperado de: https://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/1/35691/Valorandolanatural eza.pdf

8 Banco Mundial. 2016. Abejas y Humanos, juntos contra el cambio climático. Recuperado de:

http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2016/03/25/a bejas-cambio-climatico

9 Hechavarría, O. Sordo, L. & Sordo, V. 2003. Visión del conocimiento de especies forestales melíferas en comunidades locales. Congreso Forestal Mundial. Quebec, Canadá. Recuperado de: http://www.fao.org/docrep/ARTICLE/WFC/XII/0017-A1.HTM

10 Uno. 2016. Tailandia bombardeo con semillas un bosque deforestado. Brasil. Recuperado de:

https://www.diariouno.com.ar/mundo/tailandia-bombardeo-s emillas-un-bosque-deforestado-20160907-n1229544.html

Otras fuentes:

– Da Silva, Graciano. 2016. La abeja un indicador para comprobar la salud de los ecosistemas agrícolas. Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. Recuperado 24 de abril del 2017 de:

http://www.fao.org/news/story/es/item/415604/icode/

– Pantoja, A. Smith-Pardo, A. García, A. Sáenz, A. Rojas, F. 2014. Principios y avances sobre polinización como servicio ambiental para la agricultura sostenible en países de Latinoamérica y el Caribe. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Recuperado de: http://www.fao.org/3/a-i3547s.pdf

– Sheil D, Murdiyarso D. How Forests Attract Rain: An Examination of a New Hypothesis. Bioscience (2009). DOI: 10.3410/f.1161404.621929.

A. M. Makarieva, V. G. Gorshkov, D. Sheil, A. D. Nobre y B.-L. Li. Where do winds come from? A new theory on how water vapor condensation influences atmospheric pressure and dynamics. Atmos. Chem. Phys. (2013). DOI:10.5194/acp-13-1039-2013.

Dado en el Palacio Legislativo, a 13 de febrero de 2018.

Diputada María Luisa Beltrán Reyes

Con punto de acuerdo, relativo al deslave en Lomas del Rubí, Tijuana, Baja California, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena

El proponente, diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, fracciones II y III, y numeral 2, fracciones I y II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El día 3 de febrero del 2018, alrededor de 100 viviendas localizadas en la colonia Lomas del Rubí, al suroeste de Tijuana, colapsaron por un desplazamiento de tierra que dejó a decenas de familias sin hogar y las calles repletas de escombros.

El problema inició el 19 de enero pasado, ahí fue cuando residentes escucharon un estruendo. Ese viernes eran entre 3 y 5 de la tarde cuando el sonido como de unas explosiones los alertó, unas grietas en la casa de una de las vecinas de la calle Ignacio Ramírez encendieron las alarmas.

Algunos llamaron al número de emergencias local, 911, y a los minutos llegó personal de Bomberos y de Protección Civil de Tijuana, desde ese momento comenzó la evaluación de riesgos de las casas en esa demarcación para confirmar que sí existía algún peligro.

Desde esa fecha medio centenar de casas fueron etiquetadas como sitios de alto riesgo, decenas se han caído y la cuenta sigue porque los movimientos de tierra que ocasionaron los deslizamientos continúan sin que alguna autoridad pueda advertir cuándo terminará.

Los vecinos comentan que están casi seguros que esto tienen que ver con las explosiones que escucharon antes del primer colapso, debido a que el Grupo Melo está construyendo casas para un fraccionamiento y limpiaron el cerro con pólvora, eso le quitó peso a dicho cerro y las casas se vinieron abajo, el movimiento de tierra se provocó después de las explosiones y prácticamente hizo desaparecer tres calles casi completas.

Protección Civil Estatal, menciona que, según los primeros estudios, el deslizamiento de tierra podría ser responsabilidad de una constructora (Grupo Melo)1 en el fraccionamiento junto a la colonia Lomas del Rubí.2

Aunque eso lo tendrán que definir con claridad los geólogos, que el detonante fue el movimiento de tierra para deslindar responsabilidades.

Y aunque dichos mandos de Baja California continúan las investigaciones para establecer que originó el derrumbe y la afectación de, las al menos, 100 casas de la colonia mencionada. No hay respuesta ante tal tragedia, se les han ofrecido 10,000 pesos por casa para ayudar a los vecinos, pero eso no alivia en nada la tragedia, ya que las casas quedaron inhabitables, y eso no cubre ni siquiera el mobiliario que tenían los vecinos.

Personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos trabaja en el fraccionamiento para confirmar que las autoridades atiendan el problema y resuelvan las necesidades de la gente, como albergues y una de las más urgentes, la seguridad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al gobierno del estado de Baja California a reubicar a las familias afectadas por el deslave de tierra en la colonia Lomas del Rubí.

Segundo. Se exhorta al gobierno del estado de Baja California a que, mediante Protección Civil estatal, gestione los estudios correspondientes a la brevedad posible ante la tragedia de la colonia Lomas del rubí.

Notas

1 https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/video-y-fotos-familias-de-lomas -del-rubi-sin-atencion

2 http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/estados/2018-02-08/inve stigan-derrumbe-colonia-lomas-rubi-tijuana/

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2017.

Diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, y la ASF, en relación con la auditoría número 1087, de ésta, correspondiente a la Cuenta Pública de 2016, sobre el error en el apartado de alcance al referir recursos de Chiapas distribuidos a ese municipio, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Rosa Alba Ramírez Nachis, diputada federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XX, 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En el contexto nacional, al día, la transparencia y la pureza deben ser considerados, por los servidores públicos, como componentes vitales en todos los actos que realicen, donde se busque emprender hacia lo positivo, lo auténtico y lo exitoso, dado que en nuestros días se ha perdido el deseo del crecimiento en el ámbito individual y, en consecuencia, se limita por igual la motivación que impiden el crecimiento, no solo en lo individual, sino incidir en el ánimo de quienes les rodea.

Pareciera que esto que expreso esta ajeno a la realidad en el ámbito gubernamental en México, Jalisco, y Tonalá, y cito este último municipio porque quien gobierna este Ayuntamiento demuestra en su accionar que no desea que el mismo crezca y se fortalezca, ya que sus actos están alejados a valores y principios soportados en la transparencia.

A continuación, expresaré con dato duro, los motivos que soportan lo que anteriormente he expresado.

El municipio de Tonalá, Jalisco, emitió un Plan Municipal de Desarrollo 2015-20181 en el que incluyó el eje número 6, Tonalá Honesta y Participativa donde propuso lo siguiente:

Se entiende entonces que la concepción de Gobierno Abierto implica mucho más que el diseño y la implementación de estrategias de apertura de datos o de mecanismos de participación ciudadana, es necesario visualizarlo como una cuestión de acceso ciudadano al proceso mismo de toma de decisiones de su gobierno.

De acuerdo a los resultados publicados por CIMTRA, nuestro municipio se encuentra en el lugar 14 de la escala de evaluación; lo que representa un reto que debemos de enfrentar para poder transparentar mejor la administración de los recursos públicos y la información que generan cada una de las dependencias.

Para lograr lo anterior, desarrolló el pilar Gestión Pública y Rendición de Cuentas cuyo objetivo general es el siguiente:

Incrementar el nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios de las Dependencias y Entidades, así como disminuir la percepción de la corrupción entre la ciudadanía.

Ante las múltiples quejas ciudadanas que recojo al recorrer dicho municipio y como voz de los ciudadanos libres que lo habitan, recurrí a la consulta del Informe del Resultado de la Fiscalización de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, primera etapa2 que emitió la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a fin de corroborar si es que las acciones de gobierno que emprende dicho ayuntamiento tonalteca se ajustan a la transparencia y rendición de cuentas que se comprometieron alcanzar.

En dicho documento fue posible identificar la auditoría número 1087, de tipo financiera con enfoque de desempeño denominada “Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”3 realizada al municipio de Tonalá, Jalisco.

En el Alcance de dicho documento se identificó un error que debe ser corregido por los efectos legales que el mismo pueda ocasionar y que demerita la calidad del trabajo de la ASF, como sigue:

“Respecto de los 4,035,492.6 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2016 al estado de Chiapas,....”

Lo anterior, no favorece al rigor profesional y de precisión que este tipo de trabajo debe contener, y de entrada causa confusión al lector y pone en duda la labor de la entidad fiscalizadora.

Al revisar los resultados de la revisión en comento, se identificaron 9 observaciones que denotan el insuficiente control interno implementado en el Ayuntamiento y la falta de apego a la normativa aplicable para el ejercicio de los recursos públicos del fondo auditado, los cuales ascendieron a 275,783.1 miles de pesos.

Dichas observaciones las relaciono a continuación:

Resultado número 4

Con la revisión de los estados de las cuentas bancarias, se verificó que el municipio no utilizó una cuenta bancaria específica para la recepción y manejo de los recursos del Fortamun-DF 2016, debido a que las tres primeras ministraciones se depositaron en la cuenta del Fortamun-DF 2014, y se recibieron las dos primeras ministraciones del Fortamun-DF 2017.

La Contraloría Municipal de Tonalá, Jalisco, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su gestión, no utilizaron una cuenta bancaria específica para la recepción y manejo de los recursos del Fortamun-DF 2016 y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. CM/PRA/006/17, por lo que se da como promovida esta acción.

Resultado número 7

Con la revisión de las pólizas de egresos, de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto, así como del acuerdo núm. 432 de la sesión ordinaria del ayuntamiento donde se hace la modificación al presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2016, se comprobó que se efectuaron pagos por 24,785.4 miles de pesos, que no están autorizados por el Ayuntamiento.

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporciono la documentación que aclara y justifica el importe observado en virtud de que; mediante acta de cabildo, fueron autorizados los conceptos de los gastos realizados. Asimismo, la Contraloría Municipal de Tonalá, Jalisco, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su gestión, efectuaron pagos que no estaban autorizados por el Ayuntamiento y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. CM/PRA/007/17, por lo que se da como promovida esta acción.

Resultado número 8

Con la revisión de las pólizas de egresos, se verificó que no toda la documentación comprobatoria y justificativa del gasto está cancelada con la leyenda “Operado” e identificada con el nombre del fondo.

La Contraloría Municipal de Tonalá, Jalisco, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su gestión, no cancelaron en su totalidad la documentación comprobatoria y justificativa del gasto del Fortamun-DF 2016 con la leyenda de “Operado” ni la identificaron con el nombre del fondo; y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. CM/PRA/008/17, por lo que se da como promovida esta acción.

Resultado número 9

Con la revisión de las pólizas de egresos, estados de cuenta y la documentación justificativa y comprobatoria del gasto, se verificó que no todos los pagos se hicieron de forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios.

La Contraloría Municipal de Tonalá, Jalisco, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su gestión, no hicieron todos los pagos efectuados con el Fortamun-DF 2016 de forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiarios y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. CM/PRA/009/17, por lo que se da como promovida esta acción.

Resultado número 12

El municipio pagó 1,483.7 miles de pesos a una financiera, los cuales fueron descontados en la nómina a los empleados del municipio y no fueron enterados en tiempo y en forma.

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, mediante los oficios números Contraloría Municipal CM/2904/2107 y Contraloría Municipal CM/2919/2107, hizo entrega de documentación que comprueba el reintegro de 1,485.3 miles de pesos los cuales incluyen los intereses correspondientes, y la aplicación de los mismos en los fines del fondo; asimismo, la Contraloría Municipal de Tonalá, Jalisco, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su gestión, pagaron las retenciones de los empleados que no fueron enterados en tiempo y forma y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. CM/PRA/010/17, por lo que se da como promovida esta acción y solventada.

Resultado número 15

El municipio de Tonalá, Jalisco, no reportó los informes trimestrales del Formato de Gestión de Proyectos, ni el primero, segundo y tercer informe trimestral del Formato Avance Financiero, ni el primero y segundo de las metas de los indicadores de desempeño, y no fueron difundidos en los órganos locales oficiales de difusión ni se dispusieron al público en general a través de la página de internet o de otros medios locales de difusión.

La Contraloría Municipal de Tonalá, Jalisco, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su gestión, no reportaron los informes trimestrales del Formato de Gestión de Proyectos, ni el primero, segundo y tercer informe trimestral del Formato Avance Financiero, ni el primero y segundo de las metas de los indicadores de desempeño, y no los difundieron en los órganos locales oficiales de difusión ni los dispusieron al público en general a través de la página de internet o de otros medios locales de difusión y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. CM/PRA/011/17, por lo que se da como promovida esta acción.

Resultado número 16.

El municipio no proporcionó información en la cual se pueda verificar que dispone de un Plan Anual de Evaluación y no evaluó el desempeño del Fortamun-DF 2016, ni las metas de los indicadores de desempeño establecidas por la normativa.

La Contraloría Municipal de Tonalá, Jalisco, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su gestión, no dispusieron de un Plan Anual de Evaluación y que no evaluaron el desempeño del Fortamun-DF 2016, ni las metas de indicadores de desempeño establecidas en la normativa, y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. CM/PRA/012/17, por lo que se da como promovida esta acción.

Resultado número 17.

El municipio, al inicio del ejercicio, no hizo del conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos recibidos del Fortamun-DF 2016, tampoco las obras y acciones por realizar, el costo y ubicación de cada una de ellas, ni las metas y beneficiarios, ni al término del ejercicio de los resultados alcanzados.

La Contraloría Municipal de Tonalá, Jalisco, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su gestión, no hicieron del conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos recibidos del Fortamun-DF 2016, tampoco las obras y acciones por realizar, el costo y ubicación de cada una de ellas, ni las metas y beneficiarios, ni al término del ejercicio de los resultados alcanzados, y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. CM/PRA/013/17, por lo que se da como promovida esta acción.

Resultado número 21.

Con la revisión de una muestra de los expedientes del personal policial adscrito a la Comisaría General de Seguridad Pública, se verificó que no todos los nombramientos se encuentran vigentes.

La Contraloría Municipal de Tonalá, Jalisco, inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su gestión, no actualizaron los nombramientos del personal de policía, y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. CM/PRA/014/17, por lo que se da como promovida esta acción.

En el apartado de Dictamen la ASF concluye de esta manera:

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de pagos improcedentes a los fines del fondo respecto de la Ley de la Ley de Coordinación Fiscal, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 26,269.1 miles de pesos que representó el 9.5 por ciento de la muestra auditada; las observaciones fueron atendidas por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe.

De la lectura al párrafo anterior, es preocupante el hecho que se haya observado probables daños a la Hacienda Pública Federal por 26,269.1 miles de pesos, el 9.5 por ciento de los recursos asignados de este fondo al municipio de Tonalá y que no exista ninguna recuperación; asimismo, limita la participación ciudadana a conocer los términos de los procedimientos administrativos determinados, el inicio de su investigación, sus avances y en su caso conclusiones por parte de la Contraloría Municipal.

Finalmente, a la ciudadanía no se le indica que la ASF no dará seguimiento a dichos procedimientos administrativos ya que para el ente fiscalizador son asuntos concluidos, hecho que fomenta la recurrencia al ser el mismo municipio quien incurre en las omisiones, quién sanciona o absuelve de culpas.

En otras palabras, el concluir un seguimiento a lo observado como lo hace la ASF, abre la puerta para que lo observado sea recurrente, no se implementen acciones de mejora y que año con año se observe y atienda en los mismos términos, en detrimento de la ciudadana de Tonalá, tal y como sucedió con los casos del dominio público en la gestión de Javier Duarte en Veracruz.

Y lo decimos así por la ligereza en la forma que la ASF dio por buena la atención al resultado número 7 donde con claridad se indica que se mal ocuparon 24,785.4 miles de pesos los cuales no estaban autorizados por el Ayuntamiento, donde la ASF no da a conocer de qué tipo de gastos estamos hablando, en qué periodo se mal utilizaron, y como lo he venido expresando durante esta LXIII Legislatura, la Auditoría Superior de la Federación ha dejado mucho que desear en la calidad técnica de sus informes, ya que como se puede apreciar en su redacción, nos demuestra que aplica con singular ligereza un criterio que permite que esta desviación se autorice con una supuesta acta de cabildo de la cual se desconoce la fecha de celebración, si esta corresponde a un acta de reunión ordinaria o extraordinaria y si fue autorizada por su Cabildo.

Sin duda, el ejemplo anterior, deja muchas dudas de la forma en que el municipio de Tonalá aclaró lo observado y sin duda, evidencia deficiencias técnicas de la ASF al comunicar la forma en que se atiende dicho resultado número 7.

Por lo expresado, considero conveniente exhortar al municipio de Tonalá, Jalisco, para que de conformidad con el Plan Municipal de Desarrollo 2015.2018, en su eje número 6 Tonalá Honesta y Participativa, y en particular a las líneas de acción relativas al Gobierno Abierto y Gobierno Transparente, haga del conocimiento público los avances y en su caso, los resultados de los procedimientos administrativos a los que hace mención la auditoría 1087 de la ASF relativos al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Cuenta Pública 2016 y de máxima publicidad a las acciones de haya emprendido con enfoque preventivo que permitan fortalecer los controles internos en las áreas y/o dependencias del ayuntamiento que tengan injerencia en la administración, ejecución y rendición de cuentas del Fondo en comento.

Asimismo, exhortar a la Auditoría Superior de la Federación, para que de conformidad con sus atribuciones, considere la necesidad de emitir fe de erratas sobre el error identificado en el apartado de Alcance al referir recursos del estado de Chiapas, distribuidos al municipio de Tonalá Jalisco y en el caso de la atención al resultado número 7 del informe en comento, haga mención a la fecha y en su caso número y tipo del acta del Cabildo que autorizó el gasto de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Cuenta Pública 2016 por 24,785.4 miles de pesos que durante la revisión observó sin autorización.

Lo anterior, no son ocurrencias.

Estos exhortos sólo pretenden que los ciudadanos tonaltecas interesados en el uso y manejo del recurso público conozcan con claridad: si Tonalá cumplió con las premisas que el mismo Ayuntamiento planteó en su Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 referentes a Gobierno Abierto y Transparencia, en su defecto se hagan públicas las sanciones que den lugar y se de máxima publicidad a las mejoras en la gestión que se comprometerán a emprender para evitar la recurrencia. Todo lo anterior, producto por la falta de precisión en el trabajo fiscalizador que entrega la Auditoría Superior de la Federación mismo que he dejado constancia en el cuerpo de este documento.

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al municipio de Tonalá, Jalisco, para que de conformidad con el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, en su eje número 6 Tonalá Honesta y Participativa, y en particular a las líneas de acción relativas al Gobierno Abierto y Gobierno Transparente, haga del conocimiento público los avances y en su caso, los resultados de los procedimientos administrativos a los que hace mención la auditoría 1087 de la ASF relativos al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Cuenta Pública 2016 y de máxima publicidad a las acciones que haya emprendido con enfoque preventivo que permitan fortalecer los controles internos en las áreas y/o dependencias del ayuntamiento que tengan injerencia en la administración, ejecución y rendición de cuentas del Fondo en comento.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación, para que de conformidad con sus atribuciones, considere la necesidad de emitir fe de erratas sobre el error identificado en el apartado de Alcance al referir recursos del estado de Chiapas, distribuidos al municipio de Tonalá Jalisco y en el caso de la atención al resultado número 7 del informe en comento, precise la fecha y en su caso número y tipo del acta del Cabildo que autorizó el gasto de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Cuenta Pública 2016 por 24,785.4 miles de pesos que durante la revisión observó sin autorización.

Notas

1 Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 de Tonalá, Jalisco, disponible en

http://tonala.gob.mx/portal/wp-content/uploads/2016/09/
Plan-Municipal-de-Desarrollo-7-Transparencia-2015-2018.pdf, consultado el 08 de febrero de 2018.

2 Informe del Resultado de la Fiscalización de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, primera etapa, disponible en http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2016i/index.html, consultado el 08 de febrero de 2018.

3 Auditoría número 1087, de tipo financiera con enfoque de desempeño denominada “Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, Municipio de Tonalá, Jalisco, disponible en http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2016i/Documentos/Auditorias/2016 _1087_a.pdf, consultada el 08 de febrero de 2018.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2018.

Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y la CRE a incorporar en los estímulos fiscales otorgados para la franja fronteriza la región Los Cinco Manantiales, integrada por Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza, Coahuila de Zaragoza, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del PRI

Francisco Saracho Navarro, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con base en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El incremento del precio de los combustibles en todo el país desde 1 de enero de 2017, ha sido uno de los temas más controversiales que se han presentado recientemente, debido al importante papel que los combustibles juegan en nuestro día a día.

Tal incremento será un factor que influirá en el aumento de los precios de los diferentes bienes y servicios, por lo que es indispensable que desde el gobierno federal, se implementen las medidas necesarias que mitiguen los efectos que hayan desestabilizado las actividades económicas en todo el país, así como en determinadas regiones.

Dichas medidas gubernamentales que deberán implementarse en las regiones afectadas por el incremento de los combustibles, tendrían que ser muy particulares, con la idea de que sus alcances atiendan atinadamente las problemáticas locales, tal como la que se vive en la frontera norte de nuestro país, específicamente la acontecida en la región de “Los 5 Manantiales” en el estado de Coahuila de Zaragoza.

Al respecto, con la finalidad de contextualizarnos y conocer detalladamente tal problemática, debemos señalar que el municipio de Piedras Negras geográficamente hace frontera con los Estados Unidos de América, por lo que tal municipio ha generado una importante y permanente interacción transnacional con Eagle Pass, en Texas, propiciándose estándares de competitividad económica que han tenido que ser ajustados para que el incremento del combustible no ocasione repercusiones económicas negativas en la región fronteriza, medida que alcanzó no sólo a la frontera coahuilense, sino a la de todo el país.

En ese sentido, el gobierno federal ha implementado, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, diversas medidas para impulsar a la economía nacional, por lo que en toda la frontera norte de nuestro país se otorgaron estímulos fiscales a los gasolineros que se encuentren dentro de la franja de 20 kilómetros y de manera escalonada hasta los 50 kilómetros, con la finalidad de que el precio por el litro del combustible tenga el costo aproximado al que tuvo hasta el 31 de diciembre de 2016, tal como sucede en Piedras Negras, Coahuila, con la idea de mantener la competitividad y no afectar la actividad económica en esa franja, qué al estar muy próxima a los Estados Unidos de América, está expuesta a desventajas comerciales.

Como se ha referido, la situación que se vive en la zona fronteriza con los Estados Unidos de América es muy preocupante y distinta a la que se vive en alguna otra del territorio nacional, ya que con motivo del referido incremento en el costo del combustible, sin el estímulo fiscal antes referido, el litro de las gasolinas y del diésel, en el caso de Piedras Negras, en Coahuila, tendrían un costo superior a $16.00, lo cual le genera una fuerte desventaja comercial respecto del costo que la gasolina tiene en Eagle Pass en Texas, donde el litro tiene un precio equivalente aproximado a $10.00 mexicanos, por lo que al haber una importante interacción entre las poblaciones fronterizas de ambos países, a los mexicanos ya no les resultaría costeable adquirir combustible en territorio nacional, afectando no solo a los gasolineros, sino a toda la actividad económica en la frontera, incluso también se afectaría la recaudación de impuestos.

Por ello, es que los beneficios del estímulo fiscal han sido muy redituables y le han dado a los gasolineros de Piedras Negras, los elementos necesarios para ser competitivos en el mercado fronterizo. En ese sentido, el estímulo fiscal que se otorga para el municipio de Piedras Negras es de $4.22, por lo que la reducción del costo de venta al público es evidente.

Sin embargo, a pesar de las bondades derivadas del otorgamiento del estímulo fiscal a los gasolineros por parte de la autoridad hacendaria, la problemática que originalmente sufrieron dichas ciudades fronterizas por esa interacción cotidiana con las ciudades norteamericanas, se resolvió parcialmente porque los impactos negativos del incremento en el combustible se trasladaron a las regiones aledañas, observándose grandes complicaciones económicas que no se han atendido desde el año pasado, tal como sucede en la región de “Los 5 Manantiales”, la cual es integrada por los municipios de Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza, y se encuentra ubicada al norte del estado de Coahuila de Zaragoza.

El caso del municipio de Nava, integrante de “Los 5 Manantiales”, es muy especial, ya que geográficamente se encuentra a un costado de Piedras Negras y a una distancia aproximada de 44 kilómetros, por lo que parte de su territorio forma parte de la franja fronteriza de 20 kilómetros, pero existe un excedente que la rebasa y alcanza a recibir un estímulo fiscal escalonado de $1.40 en la cabecera municipal y de $2.20 en el Encino-Nava, sobre el precio de venta al público.

Debido a la cotidiana interacción y cercanía geográfica entre Piedras Negras y Nava, es que se han formado vínculos de tipo económico, laboral, académico, administrativo, social y cultural, motivo por el que han sido reconocidos por instancias federales, como una Zona Metropolitana en el norte del territorio coahuilense, recibiendo anualmente recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación para su fortalecimiento integral.

La región de “Los 5 Manantiales”, a pesar de que geográficamente se encuentra ubicada fuera de la franja fronteriza de 20 kilómetros, siempre ha sido considerada como zona fronteriza en el estado de Coahuila, lo cual es una circunstancia que actualmente es sostenida por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal –INAFED– (http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM05coahuila/regionalizaci on.html).

Aunado a lo anterior, como un antecedente más, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 1994 autorizó la apertura de una garita en el kilómetro 53 de la carretera federal número 57, en el tramo Allende-Agujita, del municipio de Allende, Coahuila, circunstancia con la que “Los 5 Manantiales” quedaron incluidos en la franja fronteriza de esa entidad federativa, lo cual es un antecedente del carácter con que se ha ostentando a dicha región en esa entidad federativa.

El municipio de Piedras Negras, en Coahuila, guarda una distancia aproximada de 44 kilómetros con el municipio de Nava, de 50 kilómetros con el municipio de Morelos, de 54 kilómetros con Allende, de 60 kilómetros con el municipio de Zaragoza y de 75 kilómetros con el municipio de Villa Unión, de esa misma entidad federativa, por lo que los recorridos terrestres que realizan diariamente las personas para ir a uno u otro sentido de circulación, son de aproximadamente entre 20 y 25 minutos.

De lo anterior, se desprende que por sus respectivas ubicaciones geográficas, cada uno de estos municipios se encuentran fuera de la posibilidad de recibir el estímulo fiscal escalonado, agudizándose su problemática ante la interacción permanente de su población con Piedras Negras y el encarecimiento de los combustibles en sus lugares de origen, por lo que han dejado de consumirlos al abastecerse dentro de la franja fronteriza de 20 kilómetros, dejando sin posibilidades de competir comercialmente a los gasolineros de “Los 5 Manantiales”.

Desafortunadamente, los estímulos fiscales que fueron concedidos a Piedras Negras, Coahuila, no fueron otorgados para la región de “Los 5 Manantiales”, puesto que la autoridad hacendaria dejó de seguir el criterio de que dicha región y Piedras Negras son una misma franja fronteriza en el norte del territorio coahuilense, ordenando su distinción sin un razonamiento técnico que lo justifique, ignorando las repercusiones económicas negativas que generaría en el norte de Coahuila.

Con el otorgamiento del estímulo fiscal mencionado, se ha paliado la problemática de la desventaja comercial y el debilitamiento de la competitividad económica que originalmente tuvo Piedras Negras con Eagle Pass por el incremento en el costo del combustible, sin embargo, al no estar incluida la región de “Los 5 Manantiales” en esos beneficios fiscales, se ha ignorado que dicha problemática se le ha transferido a esta región del norte de Coahuila debido a la proximidad física que tiene con Piedras Negras, por lo que ante la constante interacción que existe entre sus respectivas poblaciones, para los habitantes de los municipios de “Los 5 Manantiales” representa una mayor costeabilidad abastecerse de combustible y otros insumos en Piedras Negras, que hacerlo en su propia localidad.

La diferencia que existe entre los precios del combustible en Piedras Negras y en “Los 5 Manantiales” es suficiente para dejar en una evidente desventaja comercial a los gasolineros de esta última región, generando diversas afectaciones a todas las actividades económicas que se lleven a cabo en ella desde hace más de un año, donde ha tenido lugar el despido de empleados al existir una caída dramática en la venta del combustible, e incluso, hasta el cierre de Estaciones de Servicio, sin omitir el encarecimiento de productos y servicios, además de detener el crecimiento económico local; a continuación se presentan los comparativos de ventas en 2016 y 2017, donde se muestran la caída de las ventas de gasolina después del 1º de enero de 2017, en algunas Estaciones de Servicio del municipio de Morelos, parte de “Los 5 Manantiales”:

Es importante mencionar, que en lo que va de este 2018, las afectaciones económicas siguen dándose en la región de “Los 5 Manantiales”, sin que se vea una posible solución a las mismas.

La diferenciación de precios en la gasolina que hay entre Piedras Negras y “Los 5 Manantiales”, tienen su origen en el otorgamiento de los multirreferidos estímulos fiscales, así como a su escalonamiento, los cuales podemos observarlos de la siguiente manera:

Debido a la cercanía geográfica que existe entre Piedras Negras y “Los 5 Manantiales”, en Coahuila, es que resulta necesario incorporar a esta última región, al otorgamiento de los estímulos fiscales brindados por la autoridad hacendaria, medida que impulsará a la actividad económica de los municipios de Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza.

En ese sentido, de acuerdo a lo previsto en el inciso a) de la fracción II del artículo 82 de la Ley de Hidrocarburos, así como de la fracción X del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Comisión Reguladora de Energía y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, establecer, ajustar y clasificar los precios de los combustibles en nuestro país, por lo que al tomar en consideración el anexo I del acuerdo 98/2016, resulta viable exhortarlos para que los municipios de Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza, integrantes de “Los 5 Manantiales”, sean incluidos en los estímulos fiscales otorgados por la autoridad hacendaria, generando condiciones de competitividad en la venta de gasolina en la región norte de Coahuila.

Por lo antes expuesto es que, me permito someter a la consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Reguladora de Energía, con la finalidad de que la región de “Los 5 Manantiales”, integrada por los municipios de Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza, en el estado de Coahuila de Zaragoza, sea incorporada con plenitud a los estímulos fiscales otorgados por esa autoridad hacendaria a toda la franja fronteriza de 20 kilómetros en el país, en ella Piedras Negras, para aplicarse al precio de venta al público de la gasolina, lo que permitirá generar condiciones de competitividad en toda la región norte del territorio coahuilense.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2018.

Diputado Francisco Saracho Navarro (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a realizar una mesa de análisis sobre la prohibición en México de tres líneas de neonicotinoides y otros pesticidas usados en la agricultura, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, diputada María Luisa Beltrán Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numerales 1, fracción II y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes

Considerandos

Primero. Como productor y exportador de miel, México ocupa, desde hace muchos años, una posición privilegiada en la clasificación mundial de este producto, gracias a la calidad y diversos sabores de sus mieles, claro ejemplo de su biodiversidad. En tanto, Alemania y Estados Unidos de América (EUA) son los principales consumidores de mieles nacionales; el país europeo, por ejemplo, es nuestro primer importador, en sus distintas categorías; además, pagando ese valor agregado, de las mieles orgánicas y artesanales que se producen en nuestra nación, los EUA también importan una cantidad significativa de miel mexicana, ocupando el segundo sitio como importador de este alimento estratégico para el sector pecuario de nuestro país.1

Con base en lo anterior, es claro que los mexicanos debemos buscar y garantizar que la calidad de la producción nacional iguale o exceda los requerimientos de nuestros mejores clientes comerciales, quienes buscan la mayor seguridad alimentaria para sus ciudadanos. En el caso de la miel, al ser un derivado de la pecoreación de este insecto (Apis Melífera), se ha prestado a todo un mercado de adulteración, contaminación con pesticidas y trazas de organismos genéticamente modificados.

La polinización por la apicultura mexicana, beneficia 237, cultivos de 453 que se producen en México, en prácticamente todos se aplican plaguicidas de diverso grado de toxicidad para la abeja y el ser humano, alguno de estos cultivos son GMO, y representa según datos de la propia Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) un beneficio económico de 43 mil millones de pesos a la agricultura.

Segundo. EUA está sufriendo pérdidas severas en su agricultura, debido al dramático descenso de los agentes polinizadores, siendo las abejas el más importante para ellos, y cuya trascendencia permea sus estructuras gubernamentales. En este país se le da a la industria apícola todas las facilidades y apoyos necesarios, de manera que el mercado agrícola paga lo justo a los ganaderos, quienes se dedican a la polinización, de manera exclusiva y profesional, con el cuidado correcto de las abejas.

Aun así, uno de los aspectos que se revelan en estudios realizados por la Escuela de Salud Pública de Harvard2 es la afectación que ciertos insecticidas neonicotinoides han incidido en desaparición de insectos polinizadores, como abejas y mariposas; estos compuestos químicos, más concretamente el Imidacloprid, de la empresa Bayer; y la Clotianidina, también de Bayer; así como el Tiametoxan, de Singenta, ya han sido prohibidos en Europa y vetados en este sentido en países como España, Alemania, Francia, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Estonia, Chipre, Letonia, Luxemburgo, Eslovenia, Malta, Holanda, Polonia y Suecia.3 Es importante darnos cuenta del sentido del voto de nuestro mayor consumidor de miel mexicana.

En México, sin embargo, estos tres productos se venden sin restricción, con autorización de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).4 Estos pesticidas neonicotinoides, según sus fichas técnicas, por ejemplo de Confidor de Bayer,5 cuyo agente es el imidacroprid, dice: “Su mecanismo de acción se basa en la interferencia de la transmisión de los estímulos nerviosos de los insectos.”

En el caso de Durivo, de Singenta,6 cuyo agente es el tiametoxan, publica que: “actúa en la sinapsis nerviosa sobre el receptor de la acetilcolina de los insectos y el clorantraniliprol, que pertenece al grupo de las diamidas antranílicas, y actúa por ingestión y contacto activando el receptor ryanodina, generando una liberación descontrolada de calcio y paralizando los músculos de los insectos”. Por último, la clotianidina es un protector de las semillas como maíz, frijol y sorgo, también de la empresa Bayer,7 lo contradictorio es que su misma ficha técnica expresa que no deben contaminarse cuerpos de agua, pero el agua es buscada por otros muchos insectos benéficos, entre ellos las abejas.

En lo general, estos químicos atacan el sistema nervioso central de los insectos. Los estudios reflejan que la desaparición de insectos es generalizada, pero las abejas son un termómetro de la gravedad de este acontecimiento, ya que, al ser una actividad en estrecha relación humana, es fiel reflejo de la salud de los ecosistemas.

Las empresas argumentan que los contenidos en las muestras de abejas muertas no son suficientes para matarlas, pero investigadores refieren que aun cantidades subletales de estos productos provocan afectaciones al sistema nervioso central, pérdida de memoria y desorientación. Ello y otros factores, como virus y bacterias, podrían cerrar el círculo del Síndrome del Colapso de las Abejas.

Existen investigadores que reportan múltiples problemas de salud en los jornaleros que tienen que convivir en un método intensivo de producción agrícola, que indiscutiblemente usa químicos muchos de ellos cancerígenos, adsorbidos por la piel, vías respiratorias e ingesta.

Estudios demuestran que las abejas se sienten atraídas por ejemplo por el glifosato, y otros químicos que les causan la muerte. 75 por ciento de la miel en el mundo contiene pesticidas, una investigación de la Universidad de Illinois indica que las abejas, que están muriendo masivamente, prefieren el sabor de las flores mezcladas con pesticidas que probablemente son nocivas para su salud.

Tercero. Siendo el mercado europeo y estadounidense destinos de nuestras mieles es, sin duda, importante atender sus regulaciones sobre los máximos permitidos de sustancias químicas peligrosas, con las que accidentalmente puede contaminarse la miel, por el inevitable contacto con la agricultura intensiva en México; mucho debe hacerse para estar a la par en las técnicas regulatorias y normas europeas.

En 2016, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a petición de la Sagarpa, concluyó que el uso excesivo de los plaguicidas en los campos agrícolas, y su falta de regulación, han provocado un descenso en las colonias de las abejas, sobre todo en Yucatán, Jalisco, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán y Chihuahua. Un caso dramático es el de la Comarca Lagunera, donde los apicultores han perdido hasta 53 por ciento de sus colmenas.

8 “Es importante que no veamos este problema tan a la ligera, realmente el uso de plaguicidas impacta en la agricultura, en el ecosistema a nivel ecológico, impacta en la salud humana y hasta en el comercio internacional de los alimentos”, sostiene Octavio Gaspar Ramírez, experto en toxicología ambiental, y que lidera las investigaciones sobre residuos tóxicos en alimentos, del Centro de Investigación y Asistencia y Diseño del Estado de Jalisco (Ciatej) unidad Nuevo León; además, concluye: “Las regulaciones son débiles, hace falta investigación, entonces podemos decir que realmente hay un riesgo en que México tenga una crisis en el sector apícola”.

Un aspecto importante a estudiar es el relacionado a los productos químicos que actualmente son utilizados para controlar o tratar enfermedades propias de las abejas, tales como Amitraz, Cumafos, Fluvalinatos, etcétera. Por citar algunos de éstos, los reglamentos europeos aceptan una concentración máxima, en la miel, de amitraz, de 200 ug/kg de miel9 y, por ejemplo, no permite el ingreso de antibióticos, como los nitroimidazoles ni los nitrofuranos; al respecto, ya ha habido casos de destrucción de embarques o de la devolución completa de éstos, por no pasar los controles sanitarios de la Unión Europea.

El rechazo de un embarque de miel, por no cumplir los niveles exigidos por la legislación europea, donde se concentran los principales consumidores de miel mexicana, traería un impacto económico devastador en los productores, ya que es un esfuerzo enorme y hay muchos recursos en juego.

La mayoría de los productores mexicanos son pequeños, y necesitan asociarse para hacer frente al reto de la exportación; sin embargo, salvo el caso de los productos que ellos usan, para el necesario control de las enfermedades, normalmente están expuestos a los productos que los agricultores usan como pesticidas y herbicidas; en este caso fue muy sonado, en medios internacionales, el presunto rechazo de miel uruguaya, por habérseles detectado niveles altos de glifosato, componente del Round up, de Monsanto, ahora Bayer.10 Este herbicida es utilizado en organismos genéticamente modificados, para la resistencia a este herbicida, por parte de la soya transgénica.

Cuarto. Como legisladoras y legisladores, debemos trabajar para que las reglamentaciones de países desarrollados, primordialmente las de nuestros clientes comerciales, no nos dejen atrás en la actualización de las mismas. Por tanto, es importante que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, implemente una mesa de trabajo multidisciplinaria e intersecretarial, y convoque a los investigadores nacionales, expertos del tema, a que realicen y expongan los estudios y opiniones pertinentes, que permitan al ejecutivo omitir controles y una correcta actualización de estas sustancias que, al parecer, tienen una correlación parcial, pero importante, en la desaparición de las abejas y otros insectos benéficos.

Tomemos el ejemplo de la Unión Europea cuya Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, ha lanzado una consulta pública, desde el 11 de enero hasta el 15 de abril de este año, tal convocatoria dada la reconocida importancia de los polinizadores en la agricultura de la Unión Europea, cuyo impacto está valorado en 15,000 millones de euros, cada año. Apicultores, científicos, entidades públicas y privadas así como público en general, se les convoca para que con sus conocimientos sobre el descenso de las abejas, hacer una recopilación de opiniones, sobre pesticidas, enfermedades, y cualquier dato que permita elaborar una estrategia europea para abordar el problema.11

En este sentido, tomando como consideración lo expuesto líneas antes, las sustancias que deben ser analizadas y, en su caso, revisadas, para su posible prohibición en nuestro país, son: el imidacroprid, el tiametoxan y la clotianidina; sin dejar de lado el análisis de las sustancias alrededor de los alimentos genéticamente modificados (GMO).

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados solicita, de manera respetuosa, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que haga pública la información sobre los efectos tóxicos de los neonicotinoides citados para la salud de los trabajadores del campo mexicano, así como las medidas emprendidas para tener bajo control, desde el punto de vista sanitario, químicos empleados en la producción de alimentos.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta, de manera respetuosa, a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y a la Secretaría de Salud, establezcan una mesa de trabajo, con investigadores y expertos en toxicología ambiental, humana y animal, para la revisión, posible retiro comercial, o gradual sustitución, de productos químicos potencialmente peligrosos para las abejas y el ser humano, sobre todo de tres neocotinoides ya denunciados en Europa, por su posible afectación a las abejas, además de antibióticos y GMOs; además de generar propuestas alternativas amigables, tanto para el ser humano como a los vectores de polinización, que no disminuyan la efectividad y producción agrícola.

Referencias

1. Gobierno Federal. 2017. México Exportador de Miel. Gob.mx. Recuperado de https://www.gob.mx/siap/articulos/mexico-pais-exportador-de-miel

2 Gubin, A. 2015. Harvard demuestra que pesticidas neocotinoides de Bayer están matando abejas melíferas. México Ambiental. Publicado el 22 de mayo del 2015. Recuperado de: http://www.mexicoambiental.com/v2/harvard-demuestra-que-pesticidas-neon icotinoides-de-bayer-estan-matando-abejas-meliferas/

3 The Guardian. 2107. La evidencia apunta en una dirección: debemos prohibir lo Neocotinoides: Michael Gove. Publicado 9 de Noviembre del 2017. Recuperado de:

https://www.theguardian.com/environment/2017/nov/09/the- evidence-points-in-one-direction-we-must-ban-neonicotinoids

4 Cofepris. 2012. Registro de plaguicidas autorizados por categoría toxicológica. Gobierno Federal. Publicado el 2 de febrero del 2012. Recuperado de:

http://www.cofepris.gob.mx/as/documents/registrosanitari omedicamentos/regplag.pdf

5 Bayer. Ficha Técnica del producto, Confidor. Página oficial de Bayer Recuperado de:

http://dunemexicali.com.mx/archivos/AGROQUIMICOS/PROTECCION%20DE%20CULTIVOS/
CONVENCIONALES/INSECTICIDAS/BAYER/CONFIDOR%20350%20SC/CONFIDOR%20350%20SC%20HT.pdf

6 Singenta. Ficha Técnica del producto, Durivo. Página oficial de Singenta. Recuperado de:

https://www.syngenta.com.mx/product/crop-protection/inse cticida/durivor

7 Terralia. Ficha Técnica del producto, Poncho. Recuperado de: https://www.terralia.com/agroquimicos_de_mexico/view_trademark?trademar k_id=8277

8 Miranda, Fanny. 2016. México al borde de crisis por despoblamiento de abejas. Milenio. Publicado en 26 de Agosto del 2016. Recuperado de: http://www.milenio.com/estados/abejas-baja_produccion_abejas-milenio_no ticias-menos_abejas-miel_contaminada_0_799720313.html

9 Comisión Europea. Importaciones de origen animal provenientes de países no pertenecientes a la UE. Reglamento (UE) No 37/2010. De la Comisión. Relativo a las sustancias farmacológicamente activas y su clasificación por lo que se refiere a los límites máximos de residuos en los productos alimenticios de origen animal. Recuperado de: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/cs_vet-med-resid ues_animal-imports-non-eu_brochure_es.pdf;

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=C ELEX:02010R0037-20160624&from=EN

10 Rodríguez, E. 2016. En riesgo la exportación de 450 toneladas de miel orgánica. Novedades Quintana Roo. Publicado el 3 de septiembre del 2016. Recuperado de:

https://sipse.com/novedades/
miel-organica-contaminantes-siembra-transgenica-produccion-cultivos-estudios-exportacion-productos-220541.html

11 Redacción. 2018. La Unión Europea lanza una consulta pública para salvar a las abejas. La Vanguardia. Recuperado de: http://www.lavanguardia.com/natural/20180111/434220190663/union-europea -consulta-publica-salvar-abejas.html

Otras referencias

• ABC ciencia. 2013. Europa prohíbe tres pesticidas que matan a las abejas. ABC. Publicado el 29 de abril de 2013. Recuperado de: http://www.abc.es/ciencia/20130429/abci-europa-prohibe-pesticidas-matan -201304291644.html

• Eban, K. 2010. Las abejas pican a Bayer. Expansión. Publicado el 15 de octubre del 2010. Recuperado de: http://expansion.mx/negocios/2010/10/14/bayer-en-duda-por-la-muerte-de- abejas

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2018.

Diputada María Luisa Beltrán Reyes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a tomar medidas para frenar el ecocidio de los ecosistemas bióticos de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, diputado a la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral I, fracción I; y 79, numeral I, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Habiendo comenzado desde la década de los cuarenta, en San Cristóbal de Las Casas la sobreexplotación de los bancos de arena y grava ha provocado que las formaciones geológicas que rodean el denominado Valle de Jovel queden cada vez más expuestas y se produzcan como resultado graves procesos de erosión. El deterioro ha sido de tal magnitud que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declinó por esta razón declarar a San Cristóbal de Las Casas, fundada en 1528 y decretada desde 1974 como Monumento Histórico Nacional, como patrimonio de la humanidad. La situación se ha agravado luego del establecimiento en las áreas aledañas a los bancos de arena de asentamientos humanos irregulares, convertidos por su colindancia con cráteres de hasta diez metros de profundidad y taludes inestables que los cortes dejan tras la extracción del material en zonas de alto riesgo. Lo pronunciado de los cortes y su cercanía con las viviendas ha hecho de estas colonias en auténticas trampas mortales capaces de sepultar a familias enteras en cuestión de segundos.

Sobre esto, Miguel Ángel Sánchez Vázquez, investigador de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) ha señalado en que la extracción, desde hace más de siete décadas, de 38 millones 278 mil 975 metros cúbicos de materiales pétreos –equivalentes a 23 millones 924 mil 359 toneladas– de 52 bancos de arena y grava de cerros ubicados al oriente de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas ha ocasionado para la región un deterioro ambiental irreversible1 , que ha significado, entre otras cosas, la pérdida de 15 mil hectáreas de bosques de la región Altos de Chiapas.

Si bien el auge de la actividad minera en San Cristóbal de Las Casas comenzó a finales de la década de 1940, gracias a la construcción de la carretera Panamericana –que atraviesa la ciudad, conecta con Tuxtla Gutiérrez, capital del estado, y con el centro del país–, sería hasta la década de 1990 cuando ésta incrementaría en forma indiscriminada, como consecuencia de la apresurada construcción de nuevas vías de comunicación tras el surgimiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional. Ante este escenario, la demanda de materiales aumentó y el municipio avaló la apertura de numerosos yacimientos, así como su concesión a empresas aliadas al régimen. Así pues, la explotación irregular e indiscriminada de los bancos de arena y grava, muchos de ellos cuya propiedad pertenece a políticos y empresarios ligados al gobierno local, ha provocado afectaciones ecológicas en muchos casos irreversibles.

Por si esto fuera poco, la explotación de estos yacimientos se ha realizado sin respeto ni consideración de las leyes vigentes en materia de protección ambiental y equilibrio ecológico, lo que ha redundado en miles de hectáreas deforestadas. La sobreexplotación minera ha impedido además la recarga de los mantos freáticos del valle sobre el que se asienta la ciudad y ha impactado en forma grave humedales y manantiales estratégicos para la distribución del acuífero, entre los que destacan El Navajuelo y La Kisst, que al abastecerse de aguas superficiales resienten directamente la disminución de las recargas provocada por la erosión de los suelos, así como la contaminación de las zonas cercanas a las minas.

Pese a la dimensión de la problemática, el gobierno local se ha negado a emprender medidas para vigilar las afectaciones y frenar el deterioro ambiental. Su complicidad, consecuencia a veces de sospechosas omisiones y otras por flagrante participación en los negocios derivados de la actividad minera, ha hecho imposible conocer con datos claros la superficie dañada, la cantidad de material extraído y su destino, así como los propietarios que sobreexplotan el lugar, las condiciones laborales y de seguridad de la población y el cumplimiento de la normativa, entre otras aspectos. No obstante, algunas investigaciones han calculado el volumen extraído en casi una quinta parta del total de arena que se obtiene de los 121 municipios restantes de Chiapas. De esta cantidad, sólo entre 10 y 15 por ciento es utilizada para obras en San Cristóbal de Las Casas, pues el resto es trasladado a otros puntos del estado y la República.

De esta forma, el paisaje de la ciudad ha sido devastado por la extracción de material pétreo de los cerros que circundan el Valle de Jovel, cuya pérdida de superficie boscosa se ha calculado hasta en 80 por ciento. En varios puntos de la ciudad, la maquinaria ha arrasado casi por completo con la cubierta forestal, produciendo graves repercusiones contra la reproducción de la biodiversidad, en algunos casos endémica, que conforma el cinturón verde que rodea a San Cristóbal de Las Casas y conecta con municipios como Ocosingo y Comitán. Entre los cerros más afectados destacan los de Salsipuedes, Cascajal, Corral de Piedra y Las Comaleras, que tras la explotación y deforestación casi total de sus recursos han comenzado a utilizarse, en componenda con las autoridades municipales, para el desarrollo de proyectos inmobiliarios, haciendo aún más compleja su recuperación. Si se toma en cuenta la drástica modificación que ha sufrido la topografía y los ecosistemas naturales del Valle del Jovel durante los últimos 30 años, puede observarse que, por ejemplo, no es gratuita la repentina presencia de peligrosos y repentinos torbellinos, como los registrados en agosto de 20142 y mayo de 20163 , que en conjunto afectaron a más de medio millar de viviendas.

Al respecto, el investigador y especialista en ingeniería ambiental, Julio Mellanes Camacho, ha advertido que en caso de mantenerse la misma tendencia de devastación ambiental en Los Altos de Chiapas, los fenómenos climáticos como los pasados remolinos podrían hacerse más frecuentes e incluso incrementar su intensidad. Y es que, históricamente, la composición topográfica natural de la Cuenca del Jovel cumplía la función de minimizar los efectos de las corrientes de viento en la zona. Sin embargo, tras la devastación de las elevaciones montañosas y la mayúscula deforestación se ha elevado el nivel de impacto de este tipo de fenómenos meteorológicos4 . La destrucción del paisaje natural de San Cristóbal de Las Casas también ha tenido importantes consecuencias en la temperatura promedio en la ciudad. Así pues, según registros históricos del Sistema Meteorológico Nacional (SMN), de 1980 a 2010 el promedio anual de temperaturas en la Región Altos presentó un incremento de entre 1,1 y 5 grados centígrados. Estos trastornos climatológicos han tenido serias repercusiones para la planeación y desarrollo de los ciclos de agricultura, una de las actividades productivas más importantes en toda la región.

Los riesgos de un colapso ambiental en la ciudad han despertado, desde hace años, la preocupación de decenas de organismos ambientalistas, redes ciudadanas y organizaciones de la sociedad civil, entre los que se incluyen las organización de Comunidades Eclesiales de Base de la Diócesis de San Cristóbal y centros académicos y de investigación como Ecosur, Ciesas y la UNAM5 . Empero, el agravamiento de la situación ha obligado a grupos ambientalistas, colectivos ciudadanos y agrupaciones de vecinos de San Cristóbal de Las Casas a acudir a autoridades estatales y federales para denunciar la destrucción del medio ambiente y la persecución política de activistas y defensores del medio ambiente.

Por ejemplo, en marzo de este año, representantes del Sistema de Agua Chupactic y habitantes del Barrio de Cuxtitali presentaron ante autoridades de los tres Poderes de la Unión y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) oficios de denuncia en contra de la deforestación, el relleno ilegal de humedales y la creciente ocupación de reservas ecológicas en San Cristóbal, todo ello con el consentimiento y contentamiento del ayuntamiento y una fracción del gobierno del estado. En conferencia pública, los denunciantes exigieron que se investigara y sancionara al gobierno municipal por su complicidad en el ecocidio, que encuentra entre sus aristas más delicadas la lotificación y construcción de viviendas en zonas de recarga acuífera y áreas boscosas de alto valor ecológico6 . Este el caso del fraccionamiento La Moraleja, que intenta erigirse al sur de la ciudad en una de las zonas boscosas que sobreviven en el valle. La tala masiva de árboles que se ha requerido para despejar el terreno en disputa provocó que el 5 de junio de 2016, tras varias jornadas de intensas lluvias, una avalancha de lodo derrumbara muros y bardas en viviendas y centros escolares de la colonia Maya, ubicada en las laderas del polémico proyecto inmobiliario. Dos años antes, la mesa directiva de la colonia ya había alertado sobre los peligros que implicaría la construcción de viviendas en una zona contemplada por la carta urbana municipal vigente como de objeto de conservación ecológica.

Desde entonces, esta mesa directiva se ha encargado de mostrar y denunciar el contubernio que existe entre el presidente municipal de San Cristóbal de Las Casas, Marco Antonio Cancino González, y otros integrantes del ayuntamiento municipal, con el empresario señor Juan Óscar Liévano Narváez, para la construcción de dicho proyecto inmobiliario, materializado a través de la aprobación ilegal de cambios de uso de suelo y el otorgamiento injustificado de permisos y licencias de construcción. En todo momento, estas acciones se han perpetrado privilegiando sus propios intereses económicos, desestimando medidas de seguridad impuestas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como dictámenes oficiales publicados por la Secretaría de Protección Civil Estatal, en franco menosprecio de las consecuencias ambientales y sociales de su edificación.

En este sentido, el reciente intento de construcción de un dren pluvial en los límites de la colonia Maya y el aún inconcluso fraccionamiento La Moraleja ilustra la obstinación con que el presidente municipal Cancino González y los intereses privados por él protegidos han buscado imponer su voluntad en contra de la opinión ciudadana, desestimando además la gravedad de su impacto ambiental7 . Por fortuna, en este caso, gracias a la oposición organizada de los colonos fue posible frenar la culminación de la obra, toda vez que se probó que ésta sólo beneficiaría al fraccionamiento del señor Juan Óscar Liévano, mientras que implicaría la deforestación de un alto número de hectáreas boscosas, cruciales para el retorno de agua a los mantos freáticos. Sin embargo, derivado de estas movilizaciones, que sin duda han cortado paso a la concreción de negocios turbios entre la autoridad municipal y particulares, se ha emprendido una campaña de persecución y hostigamiento judicial en contra de los integrantes de la Mesa Directiva de la colonia Maya que incluye, entre otras acciones, amenazas directas pronunciadas por el alcalde e incluso la presentación de acusaciones ante la Fiscalía General del Estado por supuesta asociación delictuosa y pandillerismo, entre otros delitos.

Ante la evidente criminalización y el uso indebido del derecho penal para desacreditar la labor de defensa y promoción ambiental del que han sido víctimas los habitantes de la colonia Maya, destacadas organizaciones de protección de los derechos humanos tales como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, ha hecho público pronunciamientos especiales para visibilizar la problemática y exigir que se respete y garantice la integridad y seguridad de quienes defienden los bienes naturales del pueblo de San Cristóbal de Las Casas8 .

Circunstancias similares han sufrido las reservas ecológicas Quenvó-Cuxtitali y Gertrude Duby, que en meses recientes han debido enfrentar el recrudecimiento de su ocupación ilegal, en lo que parece constituir una estrategia para alentar el despojo y privatización de ambos predios. Para sus custodios históricos y pobladores originales, la depredación de las que han sido víctimas estás dos reservas, cruciales para el sostenimiento del sistema de agua Chupactic y la filtración de agua en la cuenca del Valle del Jovel, es inadmisible. Por años, éstas áreas verdes han sido presa y botín de taladores clandestinos, incendios intencionados y el encubrimiento de autoridades municipales para la instalación de asentamientos humanos ilegales. Aunque no hay un registro exacto del número de ejemplares arbóreos talados, expertos han calculado que estas acciones han acabado con el 20 por ciento de la Reserva Ecológica Quenvó-Cuxtitali, con una extensión de 22.13 hectáreas, y el 80 por ciento de la Reserva Ecológica Gertrude Duby, que consta de 102 hectáreas. Sin embargo, a pesar de las exigencias ciudadanas que han llamado al gobierno estatal y municipal a respetar el reconocimiento de ambos conjuntos ecológicos como reservas, formalizado en 2014 a través de la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno de Chiapas No. 115 del Decreto 516 y hecho posible gracias a la promoción de la sociedad civil, éstas se han negado a garantizar la salvaguarda de la biodiversidad e integridad de uno de los pulmones naturales más importantes de la ciudad San Cristóbal.

Sobre este caso, cabe señalarse que el pasado 26 de octubre la Cámara de Diputados emitió un exhorto dirigido a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y en coadyuvancia con diversas autoridades del gobierno estatal, sean implementadas las medidas necesarias para garantizar la conservación, preservación, protección, desarrollo sustentable y restauración de los ecosistemas bióticos de la Reserva Ecológica Quenvó-Cuxtitali9 . Sin embargo, hasta este momento ninguna autoridad federal, estatal o municipal ha entablado diálogos con la ciudadanía para emprender en conjunto acciones que tengan por objeto salvaguardar la integridad y sustentabilidad de la reserva en cuestión, en lo que constituye un franco desconocimiento de las recomendaciones emitidas en la materia por uno de los Poderes de la Unión.

Destino semejante ha debido encarar la Reserva Ecológica Huitepec, decretada como tal desde 1988, tras la insubsistente concesión de permisos en 2011 para la construcción de por lo menos 74 condominios y la tala clandestina de 60 hectáreas y miles de árboles en zonas de amortiguamiento de la reserva ubicadas en las faldas del cerro Huitepec, en lo que ha constituido un ecocidio de proporciones mayúsculas. Es así como la voracidad inmobiliaria, el mala planificación turística y la sobreexplotación de recursos hídricos ha hecho del cerro Huitepec uno de los paisajes más heridos de la naturaleza chiapaneca10 . Por desgracia, las denuncias que activistas y periodistas han realizado sobre la problemática, lejos de alentar la implementación de acciones contundentes para su resolución por parte de la autoridad estatal y municipal, han servido para apuntalar amenazas, agresiones e incluso hacer posible el robo de material contra quienes sólo se han preocupado por hacer visible el hondo calado de la situación11 .

Así entonces, a pesar de las recomendaciones de expertos ambientalistas, ya existen a las laderas del cerro Huitepec varias colonias y fraccionamientos, entre las que se incluyen algunas de las residencias más fastuosas de San Cristóbal. El vertiginoso crecimiento urbano que la zona ha experimentado durante los últimos años ha significado la reducción de lo que históricamente ha sido hábitat de un rico ecosistema de bosque húmedo de montaña sobre el que se asientan al menos siete comunidades agrícolas tzotziles. Además del crecimiento inmobiliario, la Reserva Huitepec ha sido amenazada por la industria de los refrescos pues a sus faldas está instalada una planta de producción y embotellamiento propiedad de Coca-Cola Femsa.

Finalmente, en fechas recientes se ha desatado la destrucción de los Humedales de montaña María Eugenia, declarados como zona sujeta a conservación ecológica desde 2008. A pesar ser fuente de anidación de especies animales endémicas, ocupar un papel fundamental en el control de inundaciones y actuar como importantes reservorios de agua subterránea, durante los últimos meses los humedales han sido objeto de excavaciones y peligrosos desmontes efectuados con ayuda de maquinaria pesada en por lo menos quince puntos de sus 115 hectáreas de extensión, con el objetivo de rellenar los terrenos y ampliar la mancha urbana. Para ello, el gobierno municipal ha consentido por años la autorización de cambios de uso de suelo en la zona para permitir su aprovechamiento habitacional y otorgar licencias de construcción que le generen sustanciosos réditos, incumpliendo con las restricciones contempladas para su protección por el Convenio de Ramsar, ratificado por el Senado de la República y del cual los “Humedales de montaña María Eugenia” forman parte. Lo más grave de esta destrucción es que este humedal provee cerca del 70 por ciento del agua potable que se distribuye a los habitantes de San Cristóbal de Las Casas.

Situación semejante enfrentan los humedales de montaña María Eugenia y La Kisst, que al estar inmersos en la mancha urbana de San Cristóbal han experimentado un deterioro cada vez más acelerado. Estas afectaciones responden, en primer lugar, al hecho de que las declaratorias que les reconocen como áreas naturales protegidas12 siguen sin contemplar la expropiación de los predios que se encuentran dentro de los polígonos que ocupan los humedales. Por esta razón, para algunos propietarios ha sido relativamente sencillo interponer recursos de amparo para protegerse de la declaratoria estatal. De esta forma, los particulares han sido capaces de conseguir resoluciones a su favor que les han permitido continuar destruyendo libremente los humedales mediante rellenos de material pétreo, impactándolos de manera progresiva. Adicionalmente, el Plan de Manejo de Humedales Sujetos a Conservación se ha mantenido en el olvido, archivado y escondido del escrutinio público, dando cabida al incumplimiento de sus dictados. A esto se añaden las autorizaciones aprobadas por el ayuntamiento municipal para modificar el uso de suelo del área ocupada por los humedales, sin que para ello existan dictámenes técnicos que justificaran la decisión y sustentaran el cambio.

Ejecutados los cambios de uso de suelo, el ayuntamiento (en complicidad con la SEMAHN) ha otorgado permisos para la realización de proyectos inmobiliarios por lo menos polémicos, entre los que destaca el condominio residencial San Isidro, propuesto a desarrollarse por la empresa constructora Peje de Oro, propiedad de la familia Díaz Ochoa. Dichos permisos habrían sido otorgados sin opinión ni participación de las instancias federales, hecho por demás indispensable dado que los humedales son considerados, como se ha señalado sitios Ramsar13 , cuya protección es competencia de la Semarnat y la Conanp, instituciones en quienes también recae la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de los compromisos adquiridos al ser firmantes del Convenio de Ramsar. Cabe señalar que es de gran importancia de conservar estas zonas radica en que proveen el 70 por ciento del agua potable que se distribuye a los habitantes de la ciudad de San Cristóbal de las Casas.

La voraz destrucción de los humedales por el desarrollo de actividades de este tipo es especialmente grave si se considera que son los únicos de su tipo –de montaña– que sobreviven en el estado de Chiapas. Al respecto, investigadores del Ecosur han señalado que hasta hace poco menos de cincuenta años, la ciudad contaba con 598 hectáreas de humedales en donde se suponía no debía alzarse ninguna construcción. Sin embargo, al día de hoy restan menos de 100 hectáreas que de secarse o rellenarse podrían provocar en un periodo no mayor a quince años la completa carestía de agua para la ciudad, y lo que es peor, su exposición a constantes inundaciones14 .

Es por ello que una de las consecuencias más graves que ha traído la explotación desmesurada de los recursos naturales en San Cristóbal de Las Casas sea el peligroso descenso en la disponibilidad de agua para las más de 250 mil personas que habitan el municipio. La reducción de los mantos acuíferos provocada por la deforestación, la explotación minera e industrial y la proliferación de asentamientos humanos en áreas ecológicas estratégicas día a día comprometen el acceso en la ciudad y menoscaban la calidad de este vital líquido. De ahí que para la sociedad sancristobalense sea claro que urge poner un alto al excesivo número de permisos de construcción que el Ayuntamiento ha concedido, siempre en forma opaca, durante los últimos años, y en cambio se impulsen procesos de urbanización planeados bajo un enfoque de sustentabilidad.

Aunque cada una de estas problemáticas posee sus propias causas y especificidades, todas ellas comparten una misma raíz: la corrupción. Así pues, el otorgamiento de permisos de construcción sin la existencia de los estudios de impacto ecológico requeridos por la ley y las omisiones en las que han incurrido las autoridades del gobierno municipal, incluido un absoluto desconocimiento de lo dispuesto en la carta urbana vigente, parecen haber otorgado al ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas una responsabilidad central en el ecocidio que desde hace años sufre el municipio.

Es así como a pesar de la conciencia social generalizada sobre la grave degradación ambiental que enfrenta la ciudad e innumerables denuncias y advertencias de expertos en la materia, el gobierno municipal de San Cristóbal de Las Casas no sólo ha mantenido una postura indolente a la problemática sino que ha solapado su agudización con el objetivo de garantizar el lucro particular del edil en turno y sus colaboradores, dejando patente su vocación ecocida. El propio Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas (CICH) ha advertido la falta de estudios de factibilidad de mecánica de suelo en los procesos de extracción y el elevado riesgo que implican las laderas de excavación en las decenas de minas de arena y grava que existen en la ciudad. Ante la lasitud de sus representantes públicos, ha sido sólo la sociedad civil quien ha tenido la determinación suficiente para encabezar procedimientos legales que pongan fin a esta alarmante situación.

Por estas razones, es posible afirmar que el Valle del Jovel enfrenta hoy las consecuencias de una brutal depredación ecológica, provocada por la explotación indiscriminada de sus zonas arboladas y sus elevaciones montañosas, repercusiones que en caso de no ser detenidas y revertidas, significarán desastres aún más severos que los acontecidos en tiempos recientes. Esta es pues la realidad que enfrenta San Cristóbal de Las Casas, un municipio de gran riqueza ambiental y reconocida tradición cultural que hoy enfrenta una devastación ecológica sin precedentes capaz de poner en riesgo la vida misma de sus pobladores, un ecocidio propiciado por un gobierno irresponsable más interesado en su beneficio personal que en el bienestar y seguridad de sus habitantes.

Como se observa, la indolencia y mezquindad mostrada tanto por las administraciones municipales de San Cristóbal de Las Casas, como por el gobierno del estado de Chiapas, han sido causa de graves afectaciones a los delicados equilibrios medioambientales que conviven en la región, menoscabando el derecho de las y los sancristobalenses a vivir y disfrutar de un ambiente sano, adecuado para su salud y bienestar. En ese sentido, constituyen acciones violatorias de los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente del derecho al ambiente sano previsto en el artículo 4o., párrafo quinto, de la legislación en comento. Asimismo, estas conductas socavan el espíritu del artículo 27 de nuestra Carga Magna en materia de las obligaciones que tiene el Estado mexicano respecto a la protección ambiental, que en su párrafo tercero versa:

“Artículo 27. ...

La nación tendrá en todo tiempo el derecho (...) de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación , lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, (...) para preservar y restaurar el equilibrio ecológico ; (...) para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. ”

Además, quebrantan lo establecido en el artículo 23 de Ley General del Equilibrio Ecológico y protección al Medio Ambiente, que en sus numerales II, III y IX dicta:

“Artículo 23. Para contribuir al logro de los objetivos de la política ambiental, la planeación del desarrollo urbano y la vivienda, además de cumplir con lo dispuesto en el artículo 27 constitucional en materia de asentamientos humanos, considerará los siguientes criterios:

II. En la determinación de los usos de suelo, se buscará lograr una diversidad y eficiencia de los mismos y se evitará el desarrollo de esquemas segregados o unifuncionales, así como las tendencias a la suburbanización extensiva ;

III. En la determinación de las áreas para el crecimiento de los centros de población se fomentará la mezcla de los usos habitacionales con los productivos que no representen riegos o daños a la salud de la población y se evitará que se afecten áreas con alto valor ambiental ;

IX. La política ecológica debe buscar la corrección de aquellos desequilibrios que deterioren la calidad de vida de la población, y a la vez, prever las tendencias de crecimiento del asentamiento humano, para mantener una relación suficiente entre la base de recursos y la población, y cuidar de los factores ecológicos y ambientales que son parte integrante de la calidad de vida... ”

Finalmente, contravienen lo dispuesto en el artículo 88 de la misma ley, que en sus numerales I y III establece:

“Artículo 88. Para el aprovechamiento sustentable del agua y los ecosistemas acuáticos se considerarán los siguientes criterios:

I. Corresponde al Estado y a la sociedad la protección de los ecosistemas acuáticos y del equilibrio de los elementos naturales que intervienen en el ciclo hidrológico ;

III. Para mantener la integridad y el equilibrio de los elementos naturales que intervienen en el ciclo hidrológico, se deberá considerar la protección de suelos y áreas boscosas y selváticas y el mantenimiento de caudales básicos de las corrientes de agua, y la capacidad de recarga de los acuíferos ...”

En nuestra calidad de custodios del orden jurídico nacional y delegados de la soberanía del pueblo de México, los diputados y diputadas del Congreso de la Unión debemos asumir un férreo compromiso con la protección de los bienes naturales de las y los mexicanos, así como del cuidado y salvaguarda del rico mosaico de ecosistemas que existen a lo largo y ancho de nuestro territorio, en tanto que de ellos depende el porvenir, seguridad y bienestar de toda la nación. En el marco de este compromiso y a tenor de lo señalado en líneas previas, es crucial promover acciones que pongan fin al ecocidio que desde hace varios años sufre una de las ciudades coloniales más bellas de México, y sea posible así garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos inalienables de la población que habita toda en toda la región de los Altos de Chiapas.

Por todo lo expuesto y fundando, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal y sus instituciones, en coadyuvancia con el gobierno del estado de Chiapas, para ordenar a la brevedad las medidas necesarias, incluida la suspensión y revisión de los permisos de concesión para la explotación de recursos naturales y el desarrollo de proyectos inmobiliarios, para frenar el ecocidio de los ecosistemas bióticos del municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en coadyuvancia con sus órganos públicos descentralizados y el gobierno del estado de Chiapas, para implementar a la brevedad, siguiendo los principios de oportunidad y participación conjunta con la ciudadanía, las medidas y acciones necesarias para garantizar la conservación, preservación, protección, restauración y desarrollo sustentable de los ecosistemas bióticos del municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Tercero. Se exhorta al honorable ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, en coadyuvancia con el gobierno del estado de Chiapas, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, garanticen el respeto y pleno cumplimiento de lo dispuesto en la Carta Urbana 2006-2020, actualmente vigente, incluidos los criterios de ordenamiento urbano y usos de suelo previstos para cada polígono conformante de la zona urbana.

Notas

1 La Jornada . Daño irreversible por sobreexplotación de materiales pétreos en San Cristóbal. 09 de junio de 2017.

2 Excélsior . Culebra deja 479 viviendas dañadas en San Cristóbal de Las Casas. 07 de agosto de 2014.

3 Excélsior . Tornado destruye 70 casas en San Cristóbal de Las Casas. 18 de mayo de 2016.

4 Diario Ultimátum . San Cristóbal padece devastación imparable. 14 de agosto de 2017.

5 La Jornada . San Cristóbal de Las Casas, rumbo al colapso ambiental y vial: especialistas. 10 de agosto de 2010.

6 Reforma . Exigen freno a ecocidio en Chiapas. 01 de marzo de 2017

7 Rompeviento. Colonia Maya, SCLC: una lucha por la vida y contra un ecocidio. 30 de junio de 2017.

8 Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. Criminalización por la defensa de la Madre Tierra. 21 de junio de 2017. Boletín No. 12.

9 Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados. Año XX, Primer Periodo Ordinario del Tercer Año, 26/10/2017, número 4894-III, pág. 23-44.

10 La Jornada . Denuncian plan de construir 74 condominios en pleno bosque. 13 de julio de 2011.

11 UnoTV . Investigan tala clandestina en San Cristóbal de Las Casas. 23 de junio de 2014.

12 El Honorable Congreso del Estado, mediante los decretos número 137 y 138, publicados en el Periódico Oficial número 078, tomo III, de fecha 01 de Febrero del 2008, declaró como Áreas Naturales Protegidas, con el carácter de Zonas Sujetas a Conservación Ecológica, a las zonas conocidas como “Humedales de Montaña La Kisst” y “Humedales de Montaña María Eugenia”.

13 La Convención Ramsar entró en vigor en México el 4 de Noviembre de 1986 y con fecha 02 de Febrero del 2008 los humedales “La Kisst” se inscribieron como sitio Ramsar, mientras que los humedales de montaña “María Eugenia” fueron inscritos el 02 de febrero del 2012.

14 Reforma . Admite edil ecocidio en San Cristóbal. 13 de agosto de 2010

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2018.

Diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta soberanía a formular el protocolo para llevar a cabo el estudio, análisis y dictamen sobre el estado de la Rotativa de los Constituyentes y determinar tanto su restauración como el proceso de conservación, a cargo de la diputada Araceli Guerrero Esquivel, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Araceli Guerrero Esquivel, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I, numeral 1 del artículo 6o. y la fracción II, numeral 1, del artículo 79, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

En el año de 1994, durante los trabajos de la LV Legislatura federal, se creó el Museo Legislativo “Los Sentimientos de la Nación”. Un museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y exhibe el patrimonio tangible e intangible de la humanidad y su entorno para la educación, estudio y disfrute. (ICOM, 2007).

Los esfuerzos de los grupos parlamentarios por mejorar sus instalaciones no han disminuido, al mismo tiempo que la difusión de la obra museográfica se ha incrementado a través de la vinculación interinstitucional.

Durante la LVII Legislatura (1997-2000) tuvo lugar un conjunto de transformaciones importantes de carácter normativo y organizacional en el interior de esta Cámara de Diputados. Desde entonces, en distintos espacios de la sociedad mexicana despertó el interés por conocer el espacio y el quehacer legislativo al grado de convertirse en el centro de atención de instituciones académicas, políticas, económicas, científicas y medios de comunicación nacional e internacionales y especialistas en asuntos empresariales y gubernamentales.

En esta medida, la Cámara de Diputados ha fortalecido el propósito de dar a conocer el proceso e historia de las leyes de nuestro país, así como promover la cultura democrática y la formación de ciudadanía. El área responsable de brindar atención a los visitantes es la Dirección del Museo Legislativo, que tiene como objetivo difundir, a través de talleres, foros, exposiciones, conferencias y visitas guiadas al Museo y al Palacio Legislativo, la cultura parlamentaria (Manual. Octubre / 2010/REV. 3, página 271).

De acuerdo con datos proporcionados por la Dirección, en el periodo 2012-2016 acudieron 372,026 visitantes a este recinto legislativo (Tabla 1). Esta población proviene de todos los niveles del Sistema Educativo Nacional, desde estudiantes de Educación Básica –Preescolar, Primaria y Secundaria- hasta los de niveles Medio y Superior tanto del sector público como privado. De igual forma, se dan cita invitados especiales mediante el intercambio diplomático que el Poder Legislativo mantiene con parlamentos de otros Estados-nación.

Desde su creación, el museo participa en la promoción de la educación cívica y ética, en este esfuerzo ha establecido convenios de cooperación con diversas instituciones públicas y privadas (Museo Legislativo; 2004), lo que le ha permitido convertirse en un espacio educativo y cultural relevante.

Esta Cámara de Diputados ofrece un conjunto amplio de espacios interesantes a sus visitantes tales como el Museo Legislativo; el Frontispicio, en el que se ubican los murales Pluralismo político y Las Constituciones de México; el salón Legisladores de la República y galerías del salón de sesiones; la Plaza de los Constituyentes de 1917, en la que se encuentra la Rotativa Constituyente; el mural Sintonía Ecotrópica y el mural escultórico que conmemora el Centenario de la Constitución de 1917; la explanada Eduardo Neri y el mural de Guillermo Ceniceros La historia del pueblo mexicano a través de su vida constitucional (DGSDIA, 2017).

Adicionalmente, debo mencionar que en la Plaza Central de esta Cámara reposa la Rotativa Constituyente, imprenta que dio luz a la primera edición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se trata de una The Goss Printing Pres Co., Chicago, III, USA, No. 350 XXI. En el año de 1986, la empresa periodística El Universal la donó, señalando de manera atinada que este es el sitio más adecuado para alojar lo que se considera patrimonio histórico de la Nación (Memoria Gráfica; 2011, páginas 319-320).

La Rotativa Constituyente, por ser una máquina de acero y estar expuesta a las inclemencias naturales, actualmente se encuentra sumamente dañada. En el marco del Centenario de la Constitución Política de México propongo que en la presente legislatura se estudien y analicen las condiciones en que se encuentra la Rotativa, con la finalidad de que se formule el protocolo para su restauración y conservación.

Con ello, esta Cámara de Diputados protegerá el patrimonio histórico que aquí se aloja, en beneficio de quienes la visitan, en especial de la niñez mexicana, que es el sector que más concurre y en quien debemos, en todo momento, fomentar la cultura y favorecer su desarrollo intelectual, a partir de nuestros espacios históricos.

Marco legal

La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 33, numeral 1, que la Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara; por tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden.

De acuerdo con el artículo 34 de este ordenamiento legal, en el inciso f) se establece que corresponde a la Junta analizar y en su caso aprobar el informe de ejecución presupuestal que reciba de la Secretaría General, en donde se establezca el estado que guardan las finanzas de la Cámara;

Por su parte, el artículo 47, numeral 1, señala que para la coordinación y ejecución de las tareas que permitan el mejor cumplimiento de las funciones legislativas y la atención eficiente de sus necesidades administrativas y financieras, la Cámara cuenta con una Secretaría General.

A su vez, las disposiciones establecidas en el artículo 48, numeral 4, inciso d, determinan que al Secretario General de la Cámara le corresponde ejecutar, en los casos que le corresponda, así como supervisar y vigilar que se cumplan las políticas, lineamientos y acuerdos de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, en la prestación de los servicios parlamentarios, administrativos y financieros.

En razón de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorta, respetuosamente, a la Junta de Coordinación Política de esta honorable Cámara de Diputados a formular el protocolo para llevar a cabo el estudio, análisis y dictamen sobre el estado que guarda la Rotativa de los Constituyentes, y determine su restauración, así como el proceso para su conservación.

Referencias

• Cámara de Diputados. (2011). Museo Legislativo “Los Sentimientos de la Nación”. Nuestro quehacer cotidiano. LXI Legislatura. México.

• Cámara de Diputados. (2011). Palacio Legislativo de San Lázaro. XXX Aniversario 1981-2011. Memoria Gráfica. LXI Legislatura. México.

• Cámara de Diputados. (2010). Manual General de Organización de la Cámara de Diputados. Octubre, Rev. 3. México.

• Cámara de Diputados. Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis. Oficio LXIII/DML/292717.

• International Council of Museums. Recuperado de
http://icom.museum/the-vision/museum-definition/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2018.

Diputada Araceli Guerrero Esquivel (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Bansefi a transparentar las operaciones vinculadas directa o indirectamente al diseño, funcionamiento y seguimiento del programa de entrega de tarjetas del Fonden en apoyo de la reconstrucción de viviendas afectadas y garantizar la entrega total e inmediata de los recursos prometidos a los damnificados enumerados en el censo de viviendas dañadas por los sismos de septiembre de 2017, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, diputado ante la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral I, fracción I; y 79, numeral I, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Minutos antes de la medianoche, el 7 de septiembre de 2017 un sismo de 8.2 grados de magnitud de Richter sacudió como nunca antes las costas de Chiapas. Poseedor de una fuerza que no se registraba en el país desde el terremoto de Jalisco-Colima que devastó hace 85 años el occidente de México, el sismo causó innumerables afectaciones en todo el Sureste, concentradas en los estados de Oaxaca y Chiapas. Por su intensidad, el movimiento telúrico dejó un saldo, tan sólo en Chiapas, de 16 personas fallecidas y más de un millón 500 mil personas afectadas en 97 de los 124 municipios de la entidad. Además, implicó daños en 46 mil 773 viviendas; 14 mil 48 en pérdida total y más de 32 mil 700 con afectaciones parciales. Del total de daños registrados, 70 por ciento se concentró en cinco municipios: Villaflores, Cintalapa, Jiquipilas, Arriaga y Tonalá.1

Para la atención del desastre provocado por el sismo, el gobierno federal se comprometió a entregar 6 mil 844 millones de pesos, procedentes del Fonden, por conducto del programa Apoyos Parciales Inmediatos y anunció la inmediata puesta en marcha de un programa de reconstrucción de viviendas. Para su implementación, se estableció que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) se encargaría de levantar un censo de viviendas afectadas cuyos resultados serían luego comunicados al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) para que éste distribuyera los recursos entre las y los damnificados a través de tarjetas de debido y monederos electrónicos. De acuerdo con el programa, los afectados por pérdidas parciales recibirían una sola tarjeta mediante la cual podrían disponer de la asistencia otorgada. Sólo quienes hubieran sufrido la pérdida total de su patrimonio les correspondería el uso de dos plásticos: una tarjeta de debido y un monedero electrónico.

Sin embargo, no demoró para que decenas de damnificados presentaran quejas y denuncias en instancias oficiales y medios de comunicación argumentando que, en algunos casos, las tarjetas que habían recibido contaban con recursos inferiores al monto inicialmente comprometido por el gobierno, y en otros, que de plano carecían de fondos. Ante los señalamientos, Virgilio Andrade, actual Director General de Bansefi, presentó el 14 de noviembre una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) para investigar la posible clonación de plásticos, bajo la premisa de que las tarjetas distribuidas por la institución a su cargo habían sido de banda magnética y no de chip, lo que habría aumentado su vulnerabilidad.2

Dos días después, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emprendió una investigación formal contra Bansefi con el objetivo de identificar posibles anomalías en las tarjetas dispensadas por dicha institución para la entrega de recursos económicos para la reconstrucción de viviendas de las y los afectados por los sismos. Un mes más tarde, la CNBV concluiría la primera etapa de su investigación, integrada al expediente “122.111.12 (001597)”2017”<6>”.

En dicha investigación, la CNBV publicó diversas irregularidades perpetradas en el marco de la entrega de tarjetas Fonden Viviendas para la atención de las y los damnificados por los sismos, tanto del 07 como del 19 septiembre de 2017. De acuerdo con la pesquisa, Bansefi emitió 4 mil 574 tarjetas a nombre de mil 495 beneficiarios las cuales, en su conjunto, habrían recibido depósitos por un monto superior a los 68.8 millones de pesos. La CNBV logró identificar los casos en los que Bansefi emitió más tarjetas del número permitido por persona tras analizar los procesos de dispersión de recursos a los beneficiarios del programa, así como los documentos solicitados a la institución desde el pasado 16 de noviembre, entre ellos la base de datos del total de tarjetas emitidas para el programa Fonden, las transacciones realizadas a cada una de las tarjetas, el detalle de aplicación a cuentas de tarjetahabientes de dispersión del programa Fonden y las operaciones de compra y retiro de efectivo.

Así pues, la prolífica lista de beneficiarios difundida por Bansefi estaría integrada por personas cuyos nombres aparecen hasta en 34 tarjetas distintas. Lo anterior sugiere que Bansefi otorgó, para un conjunto específico de casos, un número que rebasaba significativamente el número de tarjetas a las que cada persona, por derecho, tenía acceso. Así pues, Bansefi habría emitido 4 mil 574 tarjetas para apenas mil 495 beneficiarios; es decir, 3 mil 079 plásticos de más, dispensando recursos por un monto que, como se ha señalado, asciende a 68.8 millones de pesos.

La investigación identificó a once damnificados a cuyo nombre se emitieron entre 10 y 34 tarjetas, mientras que para los mil 484 nombres restantes, cada uno habría sido beneficiario de entre dos y hasta 8 tarjetas de débito. Empero, en la realidad, muchas de las personas enlistadas ni siquiera lograron acceder a una sola de estas tarjetas. Las once personas a cuyo nombre, de acuerdo con la investigación de la CNBV, Bansefi emitió entre 34 y 10 tarjetas se concentran en el estado de Chiapas: seis viven en el municipio de Villaflores y los demás radican en Tonalá, Arriaga y La Concordia. Todo esto habría sucedido en contravención de las bases operativas del programa, que señalan que Bansefi entregaría a los dueños de casas catalogadas como pérdida total únicamente dos tarjetas: una para disposición de dinero en efectivo y otra que funcionaría como monedero electrónico para la adquisición de material de construcción.

Entre los señalamientos que permitieron a la CNBV argumentar el hallazgo de beneficiarios cuyos nombres aparecen repetidos en más tarjetas de las que formalmente les correspondían, destaca la observación número 5, dirigida al propio Director General de Bansefi, que menciona lo siguiente:

“Bansefi presentó deficiencias en la instrumentación de mecanismos que garanticen la adecuada ejecución de las operaciones bancarias, en virtud de que en 1,495 casos la entidad dispersó recursos en efectivo en más de una tarjeta a la que tenían derecho (ya que la segunda tarjeta está reservada para la compra directa de materiales, sin que pueda disponerse de efectivo). El total de los recursos destinados a los 1,495 beneficiarios ascendió a 68.8 millones de pesos”.

La investigación de la CNBV también resalta que, en lo referente a las tarjetas que se emitieron a nombre de los 1,495 beneficiarios en comento, Bansefi dispersó recursos en exceso:

“El monto de apoyo en efectivo al que pueden tener derecho los beneficiarios va de 15 mil a 25 mil pesos. En el caso de que a los 1,495 beneficiarios sólo les hubiera correspondido la primera cifra, Bansefi debió dispersar 22.4 millones de pesos, cuando en realidad dispersó 68.8 millones de pesos, es decir 46.4 millones de más. En el caso de que a los 1,495 beneficiarios sólo les hubiera correspondido la segunda cifra (25 mil pesos), Bansefi debió dispersar 37.4 millones de pesos, cuando en realidad dispersó 68.8 millones de pesos, es decir 31.4 millones de más.”

En cualquiera de los dos supuestos, Bansefi habría dispensado recursos en exceso respecto de lo que en realidad correspondía, una situación que, de acuerdo con la investigación de la CNBV, habría estado también asociada a “la falta de control, por no contar con un listado de dispersión a nivel beneficiario”.

La situación es indignante pues al día de hoy existe un gran número de damnificados que a pesar de estar enlistados como beneficiarios del programa de reconstrucción siguen sin recibir ni un solo peso para la reparación o reedificación de sus hogares. De hecho, de acuerdo con una investigación realizada por la asociación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI),3 el gobierno habría difundido la promesa de entrega de recursos económicos con la condición del derribo de las viviendas dañadas, lo que provocó que muchos afectados, en una situación de evidente urgencia, decidieran demoler por completo sus viviendas con la esperanza de recibir los recursos. Sin embargo, a pesar de ello, la inmensa mayoría continuó sin obtener ningún tipo de apoyo al punto que se han visto obligadas a buscar refugio en albergues u hogares de otros miembros de sus familias. Lo peor de todo es que prácticamente la totalidad de los afectados pertenece a los deciles económicos más bajos, haciéndoles imposible enfrentar por si sólo los gastos de la reconstrucción.

Estos hechos contrastan por completo con las declaraciones que hiciera el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el 06 de octubre de 2017 en el ejido de Benito Juárez, municipio de Villaflores, durante un evento organizado para le entrega de las primeras tarjetas Bansefi a damnificados:

“...Hay quienes me dicen que soy muy optimista porque creo que en cuatro meses o cinco a lo más nuevamente la vivienda, particularmente la vivienda, estará reconstruida. Y eso va a depender de que ustedes las familias afectadas realmente destinen el recurso económico que se les está aportando, que se les está entregando, lo destinen realmente a la reconstrucción...”4

A seis meses de la ocurrencia del sismo, miles de familias damnificadas siguen a la espera de la entrega de los recursos prometidos, incapaces de reparar por sí solas, dada la precariedad de su situación económica, sus viviendas, teniéndose que conformar con el esporádico reparto de despensas, cobijas y materiales de limpieza para construcciones que apenas si pueden sostenerse. El desdén de las autoridades federales ha alcanzado el punto de desestimar visitas que los propios representantes de las localidades afectadas han hecho para llevar, hasta las oficinas centrales de Bansefi en la Ciudad de México, las exigencias de una solución inmediata a la problemática, tales como las realizadas recientemente por 16 autoridades comisariales de diversos ejidos de Chiapas.

A estos hechos se suman las sospechas de clonación de al menos 249 tarjetas de Bansefi destinadas supuestamente para la reconstrucción de viviendas en Chiapas y Oaxaca, hechas públicas mediante la investigación “El hackeo de las tarjetas: Bansefi sin mecanismos para evitar robo a damnificados del terremoto” también realizada por la organización MCCI, sobre la base de diversos hallazgos de la CNBV respecto a las irregularidades registradas en la implementación de tarjetas Fonden. En dicha investigación se ilustra como Bansefi obró fraudulentamente para hacer posible la realización de cientos de transacciones con cargo a las tarjetas Fonden antes de que estás llegaran a estar en manos de sus beneficiarios: los afectados por los terremotos.

Entre los puntos desarrollados por la investigación destaca como hasta el pasado 22 de noviembre, 258 damnificados habían denunciado que las tarjetas entregadas por Bansefi registraban cargos que ellos no reconocían. En su pesquisa, la CNBV confirmaría que el 96.5 por ciento de dichas tarjetas habría sido objeto de algún tipo hackeo para extraer de ellas, de manera ilegal, dos millones de pesos. Sin embargo, el fraude aún puede ser mayor pues la CNBV encontró que el mismo modus operandi se utilizó para realizar transacciones irregulares en cientos de tarjetas más, de las cuales no se tenía denuncia hasta el 22 de noviembre.5

A propósito de lo anterior, la observación número 11 de la pesquisa integrada al expediente de investigación de la CNBV número 122.11.12(001597)”2017”<6> señala que Bansefi registró deficiencias para identificar este tipo de fraudes, realizados a través de medios electrónicos, debido a que carece de mecanismos o sistemas para prevenir y detectar esta clase de operaciones. Precisamente, la falta de capacidad para detectar y bloquear transacciones de tipo fraudulentas habría sido la razón por la que Bansefi pudo ser objeto de clonación del 96.5 por ciento de las tarjetas que entregó a los 258 beneficiarios que presentaron quejas, al 22 de noviembre de 2017, por transacciones no reconocidas.

Al analizar todas las transacciones realizadas en las 258 tarjetas que presentaron una reclamación, la CNBV identificó cuatro mecanismos utilizados para extraer el dinero de ellas en forma ilegal. Así por ejemplo, en 129 de ellas se detectaron compras en periodos cortos y en lugares distantes al domicilio del beneficiario que no son coherentes con el tiempo requerido de traslado. Un millón 107 mil 944 pesos se retiraron de esta forma. Asimismo, se documentó que en 59 tarjetas se realizaron compras antes de que el plástico fuera entregado al beneficiario. Con este mecanismo se extrajeron 357 mil 76 pesos. Además, en 34 tarjetas se registraron muchos cargos por un solo peso, mediante lo cual se lograron retirar 362 mil 23 pesos. Por otra parte, en 27 plásticos más se identificaron operaciones en establecimientos o negocios en donde se concentraron transacciones anómalas, por un total de 178 mil 798 pesos. Finalmente, la CNBV identificó que 199 de esos plásticos presentan, por lo menos, una transacción en cuatro establecimientos comerciales ubicados en lugares diferentes y distantes a las comunidades en donde viven los damnificados. Solo en nueve tarjetas se encontró que fueron los mismos beneficiarios quienes retiraron el dinero; en estos casos el monto total es de 60 mil 535 pesos.

A pesar de estos descubrimientos, las autoridades competentes siguen sin iniciar acciones para fincar responsabilidades a los autores del delito. Por el contrario, el propio titular de Bansefi, Virgilio Andrade Mártinez, ha negado la existencia, a la luz de las pruebas proporcionadas por la CNBV, de algún tipo de fraude o desvío de recursos en la entrega de tarjetas de ayuda para los damnificados de los sismos.6

Ante este inexplicable contexto, Salvador Camarena, destacado periodista y columnista del diario El Financiero, se ha preguntado, como muchos otros, cómo es que nadie en Bansefi pudo darse cuenta de los altísimos montos de dinero dispersado sin dueño en Chiapas7 Después de todo, en septiembre, el gobierno decidió que Bansefi, con más de un sexenio de experiencia en dispersión de apoyos de programas sociales a través de tarjetas como las proporcionadas por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), fuera el encargado de entregar los monederos de plástico destinados a paliar la emergencia. Además, no se debe dejar pasar que en esa decisión habrían participado José Antonio Meade y Vanessa Rubio, entonces figuras prominentes no sólo de la Secretaría de Hacienda, sino también del Consejo Directivo de Bansefi. Por tanto, cuando las duplicaciones de plásticos y el saqueo mediante la clonación de cientos de tarjetas ocurrieron, Meade y Rubio formaban parte del colectivo encargado de vigilar la buena marcha de ésta institución bancaria.

Para colmo, en Chiapas, el reciente nombramiento del ex Secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda Nava, quien hace apenas unos meses encabezaba junto con el Gobernador Manuel Velasco Coello eventos para la entrega de tarjetas Fonden en Chiapas, como nuevo delegado especial del PRI en el la entidad8 enturbia aún más una situación que ya deja entrever redes de corrupción de gran envergadura.

Todos los hechos enlistados en líneas previas deben servir a los diputados y diputados para, primero, condenar con contundencia el desvío y malversación de recursos al que ha sido objeto el programa de apoyo para la reconstrucción de viviendas en Chiapas y Oaxaca, y segundo, para asumir una defensa clara en favor de las miles de familias que no bastándoles con haber perdido su patrimonio tras el flagelo de los sismos, ahora son víctimas de la indolencia y perfidia de un gobierno más preocupado por acumular recursos para salvaguardar sus propios intereses que velar por la vida e integridad de las poblaciones que más lo necesitan.

Por todo lo expuesto y fundando, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros a transparentar todas las operaciones vinculadas directa o indirectamente en el diseño, funcionamiento y seguimiento del programa de entrega de tarjetas Fonden en apoyo a la reconstrucción de viviendas afectadas y garantizar la entrega total e inmediata de los recursos prometidos a la totalidad de los damnificados enlistados en el censo de viviendas dañadas por los sismos del mes de septiembre de 2017.

Notas

1 Televisa News. Avanza reconstrucción de viviendas tras sismo de 8.2 grados en Chiapas . 09 de enero de 2018.

2 Proceso . Investigan a Bansefi por fraude millonario en tarjetas para damnificados de sismo . 15 de enero de 2018.

3 Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad . La multiplicación de las tarjetas: Bansefi clona damnificados del terremoto. 15 de enero de 2018.

4 Recorrido del Presidente Enrique Peña Nieto por Villaflores, Chiapas. Consultado en:

https://www.youtube.com/watch?v=AKJXWC5E748

5 MCCI. El hackeo de las tarjetas: Bansefi sin mecanismos para evitar robo a damnificados del terremoto . 16 de enero de 2018.

6 Aristegui Noticias . Virgilio Andrade niega fraude o desvío en tarjetas para damnificados . 17 de enero de 2018.

7 Camarena, Salvador. Tarjetas Bansefi, el papel de Chiapas. Publicado en El Financiero. 22 de enero de 2018.

8 El Universal. Nombra PRI a Miranda Nava delegado especial en Chiapas . 20 de enero de 2018.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2018

Diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sectur a crear e incorporar al atlas turístico de México la ruta de haciendas pulqueras del altiplano hidalguense, e incluirla en programas, promociones y estrategias de fomento del turismo, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, María Gloria Hernández Madrid, diputada federal de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I a III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de los siguientes

Considerandos

En los recorridos por el distrito electoral que represento como diputada federal, visité y elaboré un catálogo de las haciendas que se encuentran en los municipios de Almoloya, Apan, Cuautepec, Emiliano Zapata, Epazoyucan, Singuilucan, Tepeapulco, Tlanalapa y Zempoala, por lo que es factible hablar de un sistema de haciendas pulqueras de la región, misma que coincide con la delimitación federal de mi distrito.

Todas estas haciendas conforman un patrimonio arquitectónico y cultural invaluable, reflejo del desarrollo histórico de la región; por tal motivo, escribí un libro llamado “Haciendas Pulqueras del Altiplano Hidalguense” el cual fue publicado a través del Consejo Editorial de la H. Cámara de Diputados.

En el libro relato la historia mágica y específica de cada una de las haciendas, acompañada de fotografías de las mismas e incluso integré mapas con la finalidad de contar con un libro completo que fuese de utilidad a personas interesadas en visitar la región.

No obstante, después de haber realizado este humilde esfuerzo, me sigo dando cuenta de que existen las herramientas necesarias para generar un gran soporte turístico y por ende económico dentro de la región, es fácil notarlo, veo el fruto de mi trabajo y me enorgullezco de la riqueza arquitectónica, cultural e histórica con que cuenta mi distrito; pero aún más importante, me doy cuenta de que la responsabilidad es mayor y de que es necesario redoblar los esfuerzos y seguir apostando por medidas nobles que fortalezcan mi trabajo al servicio de nuestra tierra.

Fue así que me di a la tarea, de investigar más acerca del tema y sobre todo a encontrar la manera más óptima de ayudar al desarrollo de la región.

De acuerdo al artículo 14 de la Ley General de Turismo, la Secretaría de Turismo es la encargada de elaborar el Atlas Turístico de México, el cual, con base en la misma Ley, es el registro sistemático de carácter público de todos los bienes, recursos naturales y culturales que puedan constituirse en atractivos turísticos nacionales, sitios de interés y en general todas aquellas zonas y áreas territoriales del desarrollo del turismo; la propia Ley también lo define como una herramienta para la promoción de la actividad turística en México.

Actualmente, dentro del portal interactivo del Atlas Turístico de México creado por la Secretaría de Turismo (atlasturistico.sectur.gob.mx), el usuario, al ingresar, puede planificar su viaje por México, apoyándose con un mapa interactivo en el cual se pueden seleccionar las 32 entidades de la Federación y con ello se muestran opciones como destinos, puntos de interés y rutas turísticas dependiendo de la entidad seleccionada.

Hoy por hoy, en entidades como el Estado de México, Oaxaca o Jalisco (sólo por mencionar algunos ejemplos), el portal interactivo del Atlas Turístico de México nos muestra rutas turísticas como el de las Bellezas del Nevado, Oaxaca Gastronómico o Ruta del Tequila, dependiendo de la entidad elegida.

En el caso de Hidalgo, mi Estado querido, el portal interactivo del Atlas Turístico, no arroja ni una sola ruta turística dentro de la Entidad, lo cual es de suma alerta ya que el Estado sí cuenta con grandes destinos turísticos que bien podrían conformar una ruta turística que sería de gran ayuda para el turista, tanto mexicano como extranjero, que desee visitar la región.

El conformar una ruta turística, que sea reconocida por el Atlas Turístico de México podría significar la puesta en escena para mi Distrito, ya que se podría ver como una opción para todo aquel usuario que planifique algún viaje a través del Atlas Turístico de México.

Por ello, y con base en mi experiencia adquirida al elaborar mi libro “Haciendas Pulqueras del Altiplano Hidalguense”, es que considero de suma importancia crear una Ruta Turística de Haciendas Pulqueras del Altiplano Hidalguense.

Sólo con la finalidad de reafirmar la riqueza cultural, arquitectónica e histórica de mi distrito, y ya sea en su caso, apoyar a la Secretaría de Turismo a elaborar la Ruta Turística de Haciendas Pulqueras del Altiplano Hidalguense, mostraré un esquema que señalizará las haciendas con las que cuenta mi distrito.

Una vez demostrado que sí se cuenta con el material necesario para generar una ruta turística dentro de mi Distrito; procederé a precisar y describir, otra gran herramienta, la cual podría darle el impulso necesario al proyecto.

El Consejo de Promoción Turística de México, es el organismo encargado de coordinar, diseñar y operar las estrategias de promoción turística a nivel nacional e internacional, así como promocionar el sin fin de increíbles destinos y actividades que México ofrece, en los mejores escenarios, naturales y culturales.

Dicho consejo es el encargado de administrar la página electrónica www.visitmexico.com, la cual ofrece una opción “Planea tu viaje”, con una subopción “Rutas de México”. El usuario al seleccionar lo anterior, es dirigido al link https://www.visitmexico.com/es/guias-mexico, en esta página el turista interesado puede encontrar cuatro compendios con rutas de México dependiendo de la región, en el compendio de la región del centro golfo se encuentra el Estado de Hidalgo, en el cual sólo establecen la “Ruta Corredor de la Montaña” y la “Ruta de balnearios y grutas”, sin tomar en cuenta, una vez más, la oferta turística que puede dar mi Distrito. Dentro del mismo compendio, encontramos que estados como el de Tlaxcala, ya cuentan con una ruta de haciendas pulqueras, lo que demuestra que sí es factible el crear una dentro de mi Estado.

Por ello, considero que la incorporación de la ruta no es suficiente, sino que se le debe de dar el apoyo y el fomento necesario para que la misma subsista y para que demuestre resultados positivos a corto plazo. Lo cual hace indispensable, que el que el consejo incluya dentro de sus compendios de Rutas por México a la Ruta Turística de Haciendas Pulqueras del Altiplano Hidalguense.

En virtud de lo anteriormente fundado y motivado, pongo a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al titular de la Secretaría de Turismo a crear e incorporar al Atlas Turístico de México, la Ruta de Haciendas Pulqueras del Altiplano Hidalguense.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al director general del Consejo de Promoción Turística de México, a efecto de incluir en sus programas, promociones y estrategias de fomento al turismo, a la Ruta de Haciendas Pulqueras del Altiplano Hidalguense.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2018.

Diputada María Gloria Hernández Madrid (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Chiapas a detener las acciones de persecución, hostigamiento judicial y detención arbitraria emprendidas contra trabajadores del sector salud en el estado, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, diputado ante la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral I, fracción I; y 79, numeral I, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

A pesar de los millones de pesos invertidos anualmente para el abatimiento de la pobreza, Chiapas sigue siendo la entidad con mayor número de personas en situación de pobreza –más de 70 por ciento– en toda la República. Además, sólo el 27 por ciento1 de la población cuenta con seguridad social. A las graves condiciones de marginación que vive la población chiapaneca se suma la falta de atención médica oportuna, suficiente y adecuada. En prácticamente la totalidad de las clínicas, hospitales y centros de salud en la entidad no existe abasto suficiente de medicamentos e insumos para la atención médica.

Desde hace dos sexenios, Chiapas recibe más presupuesto federal en materia de salud que cualquiera de las otras entidades del país. Así, la crisis del Sector salud en el estado de Chiapas no es, por desgracia, un asunto nuevo sino estrago de las pasadas administraciones, comenzando a agudizarse a partir del periodo a cargo del ex gobernador Juan Sabines Guerrero (2006-2012). Desde entonces, sólo ha empeorado gracias a la indolencia del actual regente, Manuel Velasco Coello.

En este contexto, ante la indiferencia del Estado por cumplir con su obligación de actuar como primer promotor de una vida digna y de calidad para la población chiapaneca, aunado a la creciente marginación y desesperanza del pueblo de Chiapas, un valiente grupo de trabajadoras del Sector salud, quienes además han sido víctimas directas de la malversación de los recursos asignados al rubro, decidió expresar su impotencia mediante el ejercicio de su derecho a la protesta.

Los hechos se remontan al 13 de marzo del año pasado, cuando un grupo de cinco enfermeras del Hospital de la Mujer Doctor Rafael Pascacio Gamboa”, situado en Tuxtla Gutiérrez, fueron despedidas tras protestar contra el desabasto de medicinas, el despido injustificado de quince trabajadores y denunciar la corrupción que regía entonces, al igual que ahora, el sistema de salud pública en el estado.

Entre los trabajadores despedidos se encontraban, además de la vocera del movimiento, la enfermara Jesús Espinosa de los Santos, María Isidra Orozco Sánchez, Alejandra de la Luz Guerra Zepeda, Rubén Castillejos Álvarez, José Domingo Ramos Cueto, José Raúl Calleja Lacorte, Edgar Cruz Salazar, Julio César Cruz Mayorga, Miguel Ángel Sánchez Martínez, María del Carmen Maciel Castellanos, Silvia Edith Fernández Hurtado, Victoria Rodríguez Selvas, María Inocente Meneses Ramón, Mareli del Carmen Zamorano Arrazate y Grindely Morales Salvatierra.

Con el apoyo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, AC, (Frayba), destacada organización defensora de los derechos humanos que ha documentado la grave crisis de salud que enfrenta la entidad, las enfermeras huelguistas han evidenciado tanto la corrupción que ha caracterizado la administración de Velasco Coello, como el desvío de recursos millonarios originalmente destinados al financiamiento del sector. Como podría esperarse, estas acciones se han traducido en una falta generalizada de medicamentos, insumos médicos y de laboratorio, vacunas, material de curación, instrumental y equipo médico en todas las unidades médicas de la entidad, lo que a su vez ha resultado en la imposibilidad de prestar servicios de salud dignos para la población, afectación de paso los derechos laborales de los trabajadores, incluidos sus salarios y prestaciones.

Por estas razones, el 2 de abril de 2017, un grupo de enfermeras comenzó una huelga de hambre a las afueras del Hospital de la Mujer en lo que representaba un último (y desesperado) esfuerzo por llamar la atención de las autoridades tras el desdén sistemático de todas sus peticiones. Para ese momento ya se habían despedido a catorce personas más, nueve de ellas trabajadoras del mismo centro médico, así como cuatro personas adscritas a las oficinas centrales de la Secretaría de Salud de Chiapas y una doctora del municipio de Pichucalco. Para colmo, todos los despedidos tenían entre 25 y 30 años de servicio.

Antes estas acciones, el secretario de Salud del estado, Francisco Ortega Farrera, informó que siete de los catorce trabajadores despedidos habían sido restituidos a sus puestos sin condicionamiento alguno; sin embargo, las enfermeras y el personal médico reinstalado contarían otra historia pues indicaron en diversos medios que fueron obligados a firmar una minuta mediante la cual comprometían a dejar de protestar. Por causa de esta presión política, las enfermeras, fieles a la causa, declinaron la oferta de retornar a sus puestos de trabajo pues sólo así podrían continuar con libertad con el movimiento. Ante esto el Frayba sostuvo que, con ello, se demostraba la conformación de “un patrón de restricción de derecho a la libre manifestación, puesto que el gobierno del estado persuade mediante amenazas y hostigamientos a quien defienden sus derechos2 ”.

Esta primera huelga logró convocar a más de mil trabajadores del sector salud, quienes decidieron bloquear el tránsito de automóviles por la calle Novena Sur Poniente, vía contigua al hospital en comento. El grupo advirtió que con el transcurso de cada 48 horas más trabajadores y administrativos del sector de salud se agregarían a la lucha, que se detendría sólo hasta que se instalara una mesa de negociación para resolver el desabasto de medicamentos, el impago de las cuotas correspondiente a los fondos de vivienda Fovissste y del Fondo de Ahorro para el Retiro (SAR-Fovissste).

En este agitado contexto, Raúl Calleja Lacorte, uno de los trabajadores despedidos, denunció que “el gobierno quiere canjear el trabajo por el silencio” argumentado que desde hace dos meses, el personal del Hospital de la Mujer de Tuxtla Gutiérrez había iniciado un movimiento para exigir tanto los pagos de cuotas al ISSSTE como el abasto de medicamentos, pero al protestar se encontraron sólo con sus despidos. “La huelga es porque nos descuentan las cuotas, pero hacen desvíos millonarios; queremos un diálogo con el gobierno, pero nos encontramos con represión”, agregó Calleja Lacorte. Los desvíos sumarían 700 millones de pesos, la mayoría procedente de descuentos ilegales contra el salario de los trabajadores3 .

A pesar del empeoramiento del estado de salud de las huelguistas, las autoridades responsables continuaron ignorando la protesta, por lo que a ocho días de haber iniciado el ayuno, cinco enfermeras decidieron amordazarse la boca evitando así ingerir cualquier bebida o alimento. Luego de diez horas de tomar esta decisión, las huelguistas fueron revisadas por médicos especialistas, quienes diagnosticaron cuadros de taquicardia, hiperglucemia, pérdida de peso, diarrea y otros males gastrointestinales.

El 12 de abril, tras diez días de haber iniciado la huelga de hambre, el grupo de enfermeras decidió levantarla luego de llegar a un acuerdo con Juan Carlos Gómez Aranda, Secretario General de Gobierno y principal autoridad estatal encargada de la conducción del caso. Con ello, el Gobierno de Chiapas comunicó a la ciudadanía que se había logrado firmar una minuta de acuerdos en la que se acordó la reinstalación inmediata de las enfermeras, el abastecimiento permanente de medicamentos y materiales de diagnóstico y curación en los hospitales, así como el pago de sus prestaciones laborales en forma programada.

Sin embargo, habiendo transcurrido apenas unos días y ante el incumplimiento de los compromisos suscritos entre el Estado y las huelguistas, trabajadores del sector se vieron obligados a emprender nueva huelga de hambre la cual inició el primer día del mes de mayo del mismo año. De acuerdo con los inconformes, el Gobierno del Estado sólo habría depositado 18 millones de los 700 millones de pesos que se adeudaban a los trabajadores. Además, tampoco había cumplido con los compromisos de abastecimiento de insumos para la correcta operación de las clínicas y hospitales en el estado. Este fue el caso del Hospital de Villaflores, al cual sólo le fue enviado el equivalente al volumen de dos vehículos tipo combi, material que solo alcanzó para cubrir algunas guardias. Asimismo, la Secretaría de Salud había indicado que a más tardar el 21 de abril de 2017 se habrían depositado 200 millones de pesos para cubrir los adeudos que se mantenían con aseguradores privadas, sin embargo estos nunca fueron entregados. Además, Gómez Aranda indicó que cada dos meses se depositarían otros 400 millones de pesos para el pago de cuotas pendientes del SAR y FOVISSSTE, compromiso que tampoco ha sido cumplido.

En este sentido, cabe destacar que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que tan sólo para 2015, en cuanto se refiere a retención de salarios, pago de seguros y cuotas pendientes del ISSSTE, la Secretaría de Salud recibió observaciones de faltantes por un monto de 134 millones 203 mil pesos, cantidad que pertenece a los trabajadores4 .

Conscientes de las posibilidades de que el gobierno incurriera en esta cerrazón, la representante del grupo de valientes enfermeras, Jesús Espinosa de los Santos indicó previamente que hasta treinta trabajadoras del Sector salud de Chiapas podrían irse a huelga de hambre por segunda vez si el secretario de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, omitía el cumplimiento de la minuta acordada el pasado 12 de abril. Fue así como con pesar, el grupo de enfermeras de la Secretaría estatal de Salud debió continuar el movimiento político con la segunda huelga de hambre advertida, exigiendo el pago de los descuentos realizados en nómina, reinstalación laboral y abasto de medicamentos e insumos en la red hospitalaria estatal. Además de la vocera, Jesús Espinosa de los Santos y la activista Elizabeth Hernández Pereyra, se incluyeron en esta ocasión otras siete mujeres: Gabriela López Cruz, Emma Escobar López, María Gramajo Cundapí, Nelly Ivonne Castillo Escobar, Rosy Pérez Lázaro, Claudia Lizeth Martínez Camacho y Verónica Zenteno Pérez.

Con el avance de los días, Espinosa de los Santos fue reportando como la salud de sus compañeras se iba rápidamente deteriorando debido a la falta de alimento y su exposición a intemperie. No se requirió mucho tiempo para que la vocera comunicara que ya se presentaban casos de diarreas, cefaleas, dolores abdominales, lumbares, mareos, debilidad y neuritis, que dilata los vasos sanguíneos en las piernas por falta de proteínas5 . A 17 días del inicio de la segunda huelga de hambre por parte de las enfermeras chiapanecas, Jesús Espinosa de los Santos reportó que su compañera Gabriela López Cruz, de 40 años de edad y 22 años de servicio, había entrado en estado de crisis y tuvo que ser intervenida por médicos especializados para estabilizarla.

Ante la gravedad de los sucesos, maestros adheridos a la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y miembros de diversas organizaciones sociales y campesinas se unieron para demostrar su apoyo a la causa de las huelguistas chiapanecas, creando en este contexto la Asamblea Estatal de Organizaciones Sociales-Movimiento Magisterial y Popular. Una vez constituida, no se requirió mucho tiempo para qué la Asamblea lanzara un comunicado la ciudadanía a través del cual se indicaba que “la salud de las enfermeras en huelga de hambre se agrava y el gobierno chiapaneco continúa engañando a la opinión pública distorsionando la verdad6 ”.

La segunda huelga de hambre dio fin la noche del 23 de mayo de 2017, luego de firmar otro acuerdo con el gobierno estatal. Este segundo acuerdo proponía corregir en 18 meses el adeudo contraído por la falta de pago de las aportaciones correspondiente al fondo de ahorro para el retiro y en 3 meses regularizar las aportaciones desviadas para cumplir con los pagos a terceros. En el mismo mes de mayo se proponía regularizar los pagos para la vivienda de los trabajadores, así como verificar la creación de un comité que trabajadores que se encargarían de verificar el surtimiento de los insumos en los hospitales7 . Además, parte del acuerdo incluía que el gobierno se abstendría de emprender cualquier acto de “represión laboral, administrativa ni jurídica, ni hostigamiento a los trabajadores que participaron en el movimiento”.

Ocho meses después de las huelgas de hambre de 2017, de 10 días en el mes de abril y de 23 días en mayo, los acuerdos firmados siguen sin cumplirse a cabalidad, pues los centros médicos aún sufren importantes carencias, mientras que los trabajadores implicados en la protesta se han convertido en víctimas constantes de acoso y discriminación laboral. La represión penal e intimidación hacia los trabajadores ha sido el mecanismo utilizado por el Estado para disuadir las manifestaciones.

El 29 de diciembre de 2017 el Juez de Control y Enjuiciamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, giró órdenes de aprehensión en contra de los trabajadores Jesús Espinosa de los Santos, Víctor Hugo Zavaleta Ruíz, Límbano Rodríguez Alegría y Humberto Gutiérrez Medina, por el delito de motín. Es decir, el mismo gobierno del estado, quien, al margen de los compromisos asumidos en abril y mayo del año pasado, ha optado por llevar a la cárcel a quienes legítimamente han protestado para que se respeten tanto los derechos humanos como las demandas laborales.

Por desgracia, la intimidación no se ha detenido pues apenas el 6 de enero de este año la Fiscalía General del Estado giró orden de aprehensión en contra de Límbano Domínguez Alegría, quien fue detenido arbitrariamente el 8 de enero, para luego mantenerlo incomunicado durante más de 12 horas y finalmente trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados número 14, conocido como “El Amate”, en Cintalapa, Chiapas, acusado del delito de motín en agravio de la sociedad que consta en la causa penal 627/2017. Desde entonces, Domínguez Alegría ha debido permanecer encarcelado pues el delito imputado obedece a la aplicación de la prisión preventiva oficiosa. Tras estos hechos, el Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa (Comité Digna Ochoa) expresó su descontento y condenó públicamente el accionar de las autoridades públicas debido a un evidente escalamiento en la represión y criminalización contra trabajadores del sector salud, quienes por el contrario se han distinguido por realizar su lucha de manera pacífica, esforzándose por hacer pública la corrupción que invade la Secretaría de Salud, quien en su avaricia ha estado dispuesta a menoscabar el derecho fundamental a la vida y la salud para millones de personas en Chiapas.

En el mismo orden de ideas, Emma Escobar, enfermera del Sector salud, declaró en días recientes que fueron giradas tres órdenes de aprehensión más en contra de los compañeros Jesús Espinosa de los Santos, Víctor Hugo Zavaleta Ruiz y Humberto Gutiérrez Medina8 . Ante esto, el Frayba, se ha pronunciado en contra de la privación arbitraria de la libertad pues esta constituye una grave violación a los derechos humanos. Asimismo, ha denunciado actos de hostigamiento judicial hacia quienes ejercen su derecho a la libre expresión, movilización y reunión, lo que configura una situación de represión y criminalización que contraviene los artículos 9o., 123 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 10 del Protocolo de San Salvador9 .

De este modo, resulta reprobable la insensibilidad y negligencia de los representantes de la entidad chiapaneca: Francisco Ortega Farrera, Secretario de Salud de Chiapas, Juan Carlos Gómez Aranda, Secretario General de Gobierno; y Manuel Velasco Coello, Gobernador de Chiapas, ante la decadente situación de pobreza y la vulnerabilidad en la que dejan expuesto al servicio médico, violando el derecho a la salud de la población chiapaneca. Así como la actitud represiva y corrupta hacia los pocos miembros éticos e íntegros de un sistema estancado la ambición, mismos que sólo usan su derecho a la manifestación y libre expresión en vía pacífica para ser vistos y escuchados en pro de las necesidades del pueblo.

Por lo expuesto y fundando, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Chiapas para frenar todas las acciones de persecución, hostigamiento judicial y detención arbitraria emprendidas como parte de una campaña de represión política contra trabajadores y trabajadoras del sector salud en el estado de Chiapas.

Segundo. Se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que coadyuve a garantizar un ámbito de plena protección a los derechos humanos de las y los trabajadores del sector salud en el estado de Chiapas que enfrenten procesos judiciales vinculados con una campaña de represión política en su contra.

Notas

1 Coneval 2016.

2 “Enfermeras de Chiapas levantan huelga de hambre; obligan al gobierno a pagar prestaciones y abastecer hospital” en Sin Embargo (12 de abril de 2017).

3 “Despiden a personal médico que denunció desabasto en hospital de Chiapas” en Animal Político (04/04/17).

4 “Enfermeras denuncian incumplimiento de compromisos en Chiapas” en El Universal (26/04/17).

5 “Con miel y agua, enfermeras celebran Día de las Madres en Chiapas” en El Universal (09/05/17).

6 “Reportan en estado críticos a enfermera en huelga de hambre en Chiapas” en Proceso (17/05/17)

7 “Resistencia, enfermeras vencen al sistema de salud en Chiapas” en El Universal (25/05/17).

8 “Enfermeras y médicos de Chiapas acusan persecución de Velasco por denunciar la corrupción” en Sin Embargo (26/01/18).

9 “Trabajadores de Salud denuncian hostigamientos del gobierno de Chiapas por exigir sus derechos” en Animal Político (31/01/18).

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de febrero de 2018.

Diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (rúbrica)