Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa y sus homólogas locales a poner en marcha campañas informativas sobre las consecuencias de la adicción a los videojuegos, según las publicaciones de la OMS, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, María Gloria Hernández Madrid, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

Que ya haya puesto el tema en la palestra la Organización Mundial de la Salud (OMS) significa un gran avance, pues consolida lo que de manera intuitiva muchas personas pensábamos, que la adicción a videojuegos representa un trastorno que debía de empezar a atenderse; y en efecto, si de manera científica se ubica a este trastorno en el catálogo de enfermedades, permite que empiece a visibilizarse esta problemática, y posibilita campañas informativas que destaquen las implicaciones de esta adicción.

Por esa razón he considerado relevante destacar el llamado de la OMS y multiplicarlo en México para garantizar la salud y protección de los menores. El propósito de este punto de acuerdo es que la Secretaría de Salud analice este llamado y a partir de la información científica con que se cuenta, realice campañas informativas.

Un videojuego, de acuerdo con la Real Academia Española, “es un dispositivo electrónico que permite mediante mandos apropiados simular juegos en las pantallas de un televisor o de una computadora”.

Los videojuegos son interactivos: el usuario se involucra activamente con el contenido, usando un mando, mediante el cual se envían órdenes al dispositivo principal que se reflejan en una pantalla.

Sin duda, el avance de la tecnología significa momentos gratos, facilita actividades y, en muchos casos, genera felicidad; pero también conlleva en algunos casos, ante el abuso y la adicción, trastornos considerados hoy una enfermedad mental. Por ello debemos ser responsables y solicitar a la secretaría competente que valore, determine y difunda toda la información sobre este trastorno.

La publicación que realizó la OMS en su página web marca la pauta para hacer la clasificación de esta enfermedad. La OMS establece que el trastorno del juego se relaciona con las alteraciones por comportamientos adictivos, y se caracteriza por un “patrón de comportamiento de juego persistente o recurrente”, lo que propicia el abandono o sustitución de otros intereses fundamentales de las actividades diarias que termina con consecuencias negativas.

Vale la pena que la Secretaría de Salud valore los nuevos conceptos que incorpora la OMS, incluido el de “juego nocivo”, que hace referencia a un patrón de juego “que incrementa apreciablemente el riesgo de daño físico o de consecuencias para la salud mental del individuo o de otros alrededor de él”.

Las advertencias de la OMS son llamados a tiempo que debemos atender, pues implican un deterioro progresivo en el ámbito personal, familiar, laboral, educativo y de todos los aspectos de la vida social. Cuando hay incapacidad de controlar el juego y cuando se otorga marcada y permanente prioridad a ellos de manera que llegan a ser más importantes que otros intereses de la vida y las actividades diarias, habrá seguramente consecuencias negativas en la salud y en el entorno de la persona.

Los niños y los adolescentes son los más vulnerables a la adicción a los videojuegos, cuyas consecuencias pueden ser negativas para sus vidas en todo sentido. Estamos a tiempo de ver con seriedad el tema y de tomar en cuenta las advertencias de la OMS.

En virtud de lo fundado y motivado ponemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y sus homólogas de las entidades federativas para que, en el ámbito de sus competencias, pongan en marcha campañas informativas sobre las consecuencias que conlleva una adicción a los videojuegos, considerando las publicaciones de la Organización Mundial de la Salud.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de enero de 2018.

Diputada María Gloria Hernández Madrid (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se cita al presidente de la Junta Directiva del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas a comparecer para detallar las acciones que éste realiza como órgano auxiliar de la APF, suscrita por el diputado Jesús Antonio López Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Jesús Antonio López Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59, 60 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esa honorable Asamblea, como de urgente u obvia resolución, la presente proposición con punto de acuerdo que reitera la necesidad de llamar a comparecer al Presidente de la Junta Directiva del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (Conacem), doctor Onofre Muñoz Hernández, para que detalle las acciones que dicho comité realiza como órgano auxiliar de la Administración Pública Federal, así como cuantas opiniones y en qué términos las ha emitido, de acuerdo a lo previsto en el artículo 81 de la Ley General de Salud, y todo lo relacionado al ejercicio de las aportaciones o recursos económicos que dicho comité recibe de manera directa o indirecta por el ejercicio de sus atribuciones desde el año del 2011 hasta la fecha en que tenga lugar dicha comparecencia, por haber sido considerada procedente la citada comparecencia en el cuarto considerando del dictamen con punto de acuerdo relacionado con dicho comité emitido por la Segunda Comisión de Trabajo y que fue aprobado por esta Soberanía el 17 de enero de 2018, de acuerdo a las siguientes

Consideraciones

El 4 de enero de 2018, el diputado federal, Jesús Antonio López Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo que ponía en evidencia la falta de transparencia, opacidad y discrecionalidad con la que ejerce sus atribuciones el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, organismo auxiliar de la Administración Pública Federal que supervisa, certifica y recertifica el entrenamiento, habilidades, destrezas y calificación de la pericia que deben de tener los médicos especialistas en Medicina, dicho comité está integrado por miembros de la Academia Nacional de Medicina y la Academia Mexicana de Cirugía y es una Asociación Civil, es decir que fue constituida como una Asociación Civil.

La citada proposición se turnó a la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente para análisis y dictaminación, emitiendo el respectivo dictamen en la reunión de trabajo que tuvo lugar el 16 de enero del año en curso, se hace notar que en la proposición presentada por el Diputado López Rodríguez se externaba la problemática por la que actualmente atraviesan miles de médicos que esperan la opinión que emite el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas y que remite a la Dirección General de Profesiones para que está les pueda expedir su cédula profesional de especialista en alguna rama de la medicina.

Señalaba el proponente que mediante el decreto por el que se reforman los artículos 81, 83, 271 y se adiciona el artículo 272 Bis, 272 Bis 1, 272 Bis 2, 272 Bis 3 de la Ley General de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de septiembre de 2011, se establecía que los diplomas de especialidades médicas solo podrán ser emitidos por las instituciones de educación superior y de salud reconocidas ante las autoridades correspondientes, en donde se entrenaran a los médicos en procedimientos médicos-quirúrgicos de la especialidad correspondiente, de igual manera, se creaba la figura del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas como organismo auxiliar de la Administración Pública Federal para supervisar y certificar-recertificar el entrenamiento, habilidades, destrezas y calificación de la pericia que deben de tener los médicos especialistas en medicina y se le facultó para emitir su opinión a la Dirección General de Profesiones, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, para expedir las cédulas de médicos especialistas, destacando que las funciones que realiza dicho organismo son importantísimas, toda vez que derivado de sus decisiones y opiniones, se encuentra en juego la posibilidad de que un médico especialista pueda o no obtener su certificación, recertificación y sobre todo, su cédula profesional para el ejercicio de una especialidad médica.

Señalaba el diputado proponente que los actos que realiza el Conacem deben de ser transparentados, toda vez que el otorgamiento de su opinión puede influir positiva o negativamente en el ejercicio profesional de una especialidad médica y sobre todo, por que recibe recursos económicos públicos y de los particulares, ya que las certificaciones y recertificaciones tienen un costo que va de los trece mil a los diecisiete mil pesos, dependiendo del precio fijado por los consejos de las especialidades médicas autorizadas mediante el reconocimiento de idoneidad que el mismo Conacem otorga a las asociaciones civiles que fungen como los mencionados consejos.

El proponente mencionaba que diversos médicos habían externado que el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas realiza sus funciones en total opacidad, hermetismo y hasta de manera arbitraria, toda vez que cuando han solicitado de manera directa información sobre el estado en que se encuentra la opinión que debe remitir a las autoridades educativas o para solicitar audiencia para tratar algún tema relacionado con certificaciones o recertificaciones con el Presidente de dicho comité o con personal técnico del organismo auxiliar de la Administración Pública Federal, no les han dado respuesta de manera debida, incluso se tiene conocimiento de solicitudes de audiencia formuladas al Presidente del Conacem que jamás han recibido respuesta.

De igual manera se señalaba que resultaba desafortunado que una asociación civil, como lo es el Conacem, cuente con atribuciones tan trascendentales para la formación profesional de un médico, ya que dicho comité al ser una persona moral particular puede excederse en sus atribuciones y hasta negar arbitrariamente la certificación o recertificación a un egresado de una especialidad médica, con la consecuencia violatoria de garantías y derechos constitucionales de que no podrá ejercerla, como es el caso de los cirujanos plásticos y reconstructivos, que si no cuentan con dicha certificación, no podrán realizar actos quirúrgicos de especialidad, esa tan importante labor de avalar, certificar, recertificar y emitir opinión para que un especialista pueda obtener su cédula profesional son acciones que deben ser realizadas por una institución o ente público del Estado Mexicano que obre de manera imparcial y respetando el libre ejercicio y el derecho a la transparencia en los procesos evaluativos de conocimientos de la ciencia médica.

Se señalaba que el Conacem debe cumplir a cabalidad con las disposiciones de la Ley General y de la Ley Federal en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que regulan el derecho humano de acceso a la información y que implica que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados, como lo es el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas y los respectivos Consejos, es pública y debe ser accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establecen en dichas legislaciones, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en las leyes de las Entidades Federativas y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias.

De igual manera se mencionaba en la proposición con punto de acuerdo que el Conacem como garante ante la Sociedad de que un médico especialista cuenta con conocimientos, destrezas y aptitudes necesarias para su ejercicio y que reconoce sus capacidades profesionales a través de las certificaciones y recertificaciones, ante esto debía acatar con sumo apego a la ley, el hacer accesible y publicitar sus actividades sustantivas como son la asignación de la declaratoria de Idoneidad y del reconocimiento de consejos de especialidades médicas para la certificación y recertificación de especialidades médicas; la supervisión para que los consejos cumplan con la normatividad establecida para la expedición de certificados de especialidad y de la recertificación; la atención de inconformidades presentadas por los consejos y los médicos especialistas, y para emitir la opinión a que se refiere el quinto párrafo del artículo 81, para que los autoridades educativas puedan expedir la cédula de médico especialista, situación que afecta la transparencia y la rendición de cuentas.

El proponente destacaba que el año próximo pasado el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, emitió el criterio por el que considera que la Secretaría de Salud Federal si bien no interviene directamente en el proceso para emitir la llamada “declaratoria de idoneidad” de los médicos especialistas, sí puede tener información, toda vez que la dependencia debe vigilar que el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas cumpla las normas que lo rigen y verificar que se cumplan los artículos 81 y 272 Bis de la Ley General de Salud, por lo tanto, le corresponde a la Dirección General de Calidad y Educación en Salud de dicha secretaría de Estado, conducir la política nacional para elevar la calidad de los servicios de atención médica, así como para la capacitación y actualización de los recursos humanos en salud.1

Ante la necesidad de que el Conacem debe cumplir a cabalidad con sus obligaciones en materia de transparencia, se consideraba de la mayor importancia que se llevara a cabo a la brevedad una comparecencia ante la Comisión Permanente del Presidente del órgano auxiliar denominado “Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas”, Conacem, argumentos que fueron tomados en consideración por la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente, cuyos integrantes coincidían con el propósito, contenido y alcance de la citada proposición.

Se destaca que la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente en su dictamen realizó una serie de apreciaciones sobre la personalidad jurídica y obligaciones del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, pero lo más importante radica en que en su Consideración marcada con el número IV , sus integrantes señalaron que: “Los integrantes de la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente coincidimos que el Conacem al ser una institución del Gobierno Federal que recibe y ejerce recursos públicos, así como que realiza actos de autoridad, se encuentra sujeta a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en la que se encuentra obligada a transparentar y permitir el acceso a la información pública que se encuentra en su poder, como es la información referente a las actividades que realiza, así como la de los recursos públicos que ejecuta. En este sentido, quienes integramos esta Segunda Comisión Consideramos que es legítima la Proposición con Punto de Acuerdo de mérito, por la que se cita a comparecer al Presidente de la Junta de Gobierno del Conacem ”.

La citada consideración y argumento a favor de que se citara a comparecer al presidente de la Junta de Gobierno del Conacem no resulta congruente ni coincidente con el Resolutivo del Dictamen con Punto de Acuerdo por el que únicamente solicitan al Conacem remita un informe a la Comisión Permanente que detalle las acciones que realiza como órgano auxiliar de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, las opiniones que ha emitido, y el ejercicio de recursos públicos a su cargo desde el año de 2011 a la fecha, ante dicha incongruencia es que se reitera la necesidad de que se cite a comparecer al Presidente del citado Comité, por haber sido considerado procedente por las y los integrantes de la Segunda Comisión de Trabajo.

Ante los argumentos expuestos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión reitera la citación a comparecer del presidente de la Junta Directiva del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, doctor Onofre Muñoz Hernández, para que detalle las acciones que dicho comité realiza como órgano auxiliar de la Administración Pública Federal, así como cuántas opiniones y en qué términos las ha emitido, de acuerdo a lo previsto en el artículo 81 de la Ley General de Salud, y todo lo relacionado al ejercicio de las aportaciones o recursos económicos que dicho comité recibe de manera directa o indirecta por el ejercicio de sus atribuciones desde el año 2011 hasta la fecha en que tenga lugar dicha comparecencia, por haber sido considerado procedente la citada comparecencia en el cuarto considerando del dictamen con punto de acuerdo relacionado con dicho comité emitido por la Segunda Comisión de Trabajo y que fue aprobado por esta soberanía el 17 de enero de 2018.

Nota

1 El criterio emitido por el Pleno de INAI fue publicado en el Diario Electrónico “El Pulso Laboral”, en su sección de Seguridad Social y Salud, que se puede consultar en el siguiente link: http://www.elpulsolaboral.com.mx/seguridad-social-y-salud/10142/salud-d ebera-ubicar-informacion-sobre-certificados-de-especialidades-medicas

Dado en el salón de la Comisión Permanente el veinticuatro de enero de dos mil dieciocho.

Diputado Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a retrasar una hora la entrada de los estudiantes de primaria y secundaria; y a la Ssa, a llevar a cabo acciones de protección y prevención de enfermedades en este invierno, suscrita por la diputada Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, diputada federal por la Ciudad de México en esta LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base a las siguientes

Consideraciones

1. El pasado 2 de enero, la Comisión Nacional del Agua informo la llegada del frente frio número 23, mismo que ha ocasionado que en el país se presenten temperaturas hasta por debajo de los 0° Celsius, sin que hasta la fecha se vea algún tipo de acción o reacción por parte del gobierno federal. Ya que ninguna de las secretarias ha manifestado preocupación u ocupación en este tema, pese a que fueron anunciadas las probabilidades de nevadas en los estados del norte, noreste, centro y oriente del país.

2. En su comunicado de prensa 025-18 el Servicio Meteorológico Nacional informó de la presencia y continuación de fenómeno conocido como “Norte” con “rachas mayores a 90 km/h y oleaje de 2 a 4 metros en el Istmo y el Golfo de Tehuantepec; rachas mayores a 60 km/h en la costa sur de Veracruz, y rachas que podrían superar 50 km/h en Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán.”

“Asimismo, se prevén rachas de viento superiores a 50 km/h y posibles tolvaneras en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Coahuila; lluvias fuertes en sitios de Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, chubascos en Tamaulipas, y bancos de niebla densa que pueden provocar visibilidad reducida en San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas.”

3. Del mismo modo, esta dependencia de la Conagua, anuncio para los posteriores días 14 y 15 de enero ambiente muy frío a gélido en gran parte de México y lluvias para los estados de Puebla, Veracruz, Oaxaca y sureste del país; y posibles heladas en la Mesa del norte y central, respectivamente.

4. En su comunicado 31-18, del pasado 16 de enero, pronosticaba que una intensa masa de aire polar impulsaba al Frente Frío Número 23 generando en las subsecuentes horas un marcado descenso de temperatura con bancos de niebla en gran parte de la República Mexicana y posibles nevadas o aguanieve en las montañas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz.

5. La Conagua, en su comunicado 32-8, con fecha 17 de los corrientes, indica “Durante la mañana de hoy continuará el ambiente de muy frío a gélido con bancos de niebla o neblina en el norte, el noreste, el oriente y el centro de México, así como la probabilidad de nevadas o aguanieve en regiones montañosas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla y Veracruz. Se prevén temperaturas mínimas inferiores a -5 grados Celsius en zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Estado de México; de 0 a -5 grados Celsius en cimas de Baja California, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala y Ciudad de México, y de 0 a 5 grados Celsius en sitios altos de Morelos, Oaxaca y Chiapas. Nevadas de dos a 10 centímetros se prevén para esta noche y la madrugada del jueves en las montañas de Chihuahua, debido a la formación de un sistema de baja presión con núcleo frío que se desplazará gradualmente hacia Coahuila y provocará el mismo efecto en sus regiones altas”

6. En su comunicado 34-18, párrafo tercero, del 18 de enero, continuaba el pronóstico para iniciar la mañana con temperaturas mínimas inferiores a -5 grados Celsius en regiones elevadas de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Estado de México; de 0 a -5 grados Celsius en zonas serranas de Baja California, Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala y Ciudad de México, y de 0 a 5 grados Celsius en sitios altos de Morelos, Oaxaca y Chiapas.

7. Los efectos de este Frente Frío ya se hicieron sentir, pues han iniciado los ausentismos en escuelas, derivado de las bajas temperaturas se presentan enfermedades respiratorias, lo que acarrea complicaciones en la salud principalmente de menores de edad y adultos mayores. En este sentido es necesario implementar las medidas preventivas necesarias para mitigar el riesgo de enfermedades y con esto evitar la saturación de servicios de salud en instalaciones médicas.

8. En el estado de Veracruz, el auxiliar de la Supervisión Norte de Tuxpan de los Telebachileratos, dio a conocer que debido a las condiciones climatológicas se ha presentado un ausentismo del 5% en alumnos, por enfermedades respiratorias.

(https://meganoticias.mx/tuxpan/ultimo-minuto-tuxpan/
75630-leve-incremento-de-ausentismo-por-bajas-temperaturas-reportan-tebaev.html)

9. Sin lugar a dudas un factor que potencializa el riesgo de enfermedades es que las temperaturas más bajas se registran entre las 5 y las 8 de la mañana, siendo este el horario en que se inician las actividades para asistir a la escuela. Tomando en cuenta que se han registrado temperaturas de hasta -5° Celsius en zonas montañosas, aguanive y heladas en diversas zonas del país, es de esperarse que, principalmente los menores, presenten cuadros gripales y de influenza.

10. Juan Alabaràn Ascencio, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional informo que en los próximos días continuaran las bajas temperaturas e incluso alcanzar los -12 grados Celsius en zonas montañosas de los estados del norte. Además, informo que en total en el mes de enero se esperan ocho frentes fríos, en febrero siete, en marzo seis, en abril seis y mayo dos, por lo que se alerta a tomar las medidas necesarias en este primer trimestre del año.

(https://www.unotv.com/noticias/estados/distrito-federal/detalle/
abriguese-alerta-roja-por-frio-en-ciudad-de-mexico-891004/)

11. En el estado de Coahuila las cosas no son diferentes, se han presentado días soleados, sin embargo las noches son frías y alcanzan temperaturas bajo cero al amanecer, principalmente en zonas montañosas. El servicio meteorológico informó temperaturas de 2° bajo cero en la zona serrada de Múzquiz y Nueva Rosita. Lamentablemente estas condiciones atmosféricas han cobrado ya la vida de tres adultos mayores por intoxicación con monóxido de carbono.

En estos momentos se registran 17 mil casos de enfermedades respiratorias por semana, siendo la principal demanda de atención en clínicas y hospitales.

(http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/estados/2018-01-14/ bajas-temperaturas-aumentan-enfermedades-respiratorias-coahuila/)

12. El Programa Sectorial de Salud 2013-2018 en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece seis objetivos, el primero de ellos es “Consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades”, por ello consideramos necesario que la Secretaria de Salud instrumente las acciones necesarias a fin de que se garantice la salud y, en su caso, la atención medica requerida por la comunidad, sin menoscabo de su condición o tipo de seguridad social con que cuenten.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Secretario de Educación Pública, Otto Granados Roldán, a retrasar una hora el horario de entrada de los estudiantes de nivel primaria y secundaria.

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Secretario de Salud, José Narro Robles, a llevar a cabo las acciones de protección y prevención de enfermedades necesarias en este periodo invernal.

Dado en la sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 24 de enero de 2018.

Diputada Evelyn Parra Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se condena el asesinato de la hija del aspirante de Morena a la alcaldía de Teotihuacán, México, ocurrido el 18 de enero de 2018, suscrita por los diputados Virgilio Dante Caballero Pedraza, Delfina Gómez Álvarez, Sandra Luz Falcón Venegas, Concepción Villa González, Mario Ariel Juárez Rodríguez y Jesús Serrano Lora, del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben en calidad de diputadas y diputados federales e integrantes del Grupo Parlamentario Morena de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado diciembre en el municipio de Teotihuacán fue secuestrada la hija de Humberto Sarabia Luna, militante de Morena y aspirante a la presidencia municipal de Teotihuacán, estado de México. El jueves 18 de enero, las autoridades de este municipio habrían declarado que se encontró su cuerpo en el municipio de Tecámac.

Según información revelada por las autoridades y difundida por los medios de comunicación, los secuestradores habían pedido 15 millones de pesos a Humberto Sarabia y su familia para liberar a su hija. Al no poder reunir el dinero solicitado por los secuestrados, decidieron quitarle la vida a la joven de 26 años.

La hija de Humberto Sarabia fue secuestrada en diciembre y a las pocas horas los secuestradores empezaron a extorsionar a su familia.

La inseguridad en el estado de México pareciera que es el pan de cada día. Como ejemplo cabe recordar que el director general de Izzi, Adolfo Lagos, fue acribillado a balazos el pasado 19 de noviembre por un grupo de personas armadas que le robaron su bicicleta sobre la carretera Tulancingo-Pirámides, en el estado de México.

Y que el pasado miércoles 17 de enero fue hallado sin vida Ramón Padilla Insense –dirigente de Morena– sobre la calle Guerrero en el municipio de Teotihuacán estado de México.

La carencia de una estrategia y un compromiso real de las autoridades por poner todos los esfuerzos del Estado en la mejora de las condiciones de seguridad, abonan a que continúen perpetrándose todos aquellos ilícitos y actos violentos que han deteriorado nuestro bienestar.

Al cierre de 2017, México sumó 29 mil 168 homicidios intencionales, la cifra más alta desde que se informa oficialmente el número hace 20 años y que representan un incremento de 27 por ciento respecto de 2016, de acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En promedio, el país reportó 80 asesinatos al día y la cifra total rebasó 13 por ciento el número de homicidios de 2011, que hasta ahora había registrado el número más alto de homicidios dolosos, con 22 mil 409.

La Secretaría de Gobernación, que publicó las cifras, reportó que la tasa de homicidios en el país en 2017 fue de 20.5 por cada 100 mil habitantes, en comparación con la tasa de 19.4 en 2011.

El comisionado nacional de Seguridad Pública, Renato Sales Heredia, informó que a partir de ese año, el número bajó hasta llegar a 15.96 por cada 100 mil habitantes en 2014. Sin embargo, la tendencia se revirtió ese año, y la cantidad de asesinatos volvió a subir al pasar de 17 mil 336 muertes violentas en 2014 a 18 mil 707 en 2015, 22 mil 962 en 2016 y 29 mil 168 en 2017.

En el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública pone a la cabeza a Tamaulipas con un total de 965 secuestros en el periodo de 2013 a octubre de 2017, le siguen el estado de México con 928; Veracruz con 628; Guerrero con 524; Tabasco 432; Morelos 372; Michoacán 358 y Ciudad de México con 259.

Para la organización Alto al Secuestro, la cifra de este delito de diciembre de 2012 a 31 de octubre de 2017, contabilizó 10 mil 242 plagios a nivel nacional.

El 25 por ciento de secuestros en el país se da en el estado de México se ubica como una de las entidades más violentas e inseguras, por lo que se exhorta a las autoridades a implantar acciones integrales contra el secuestro.

Con una cifra récord en el estado de México la delincuencia organizada se encuentra fuera de control y que la entidad tiene un sistema judicial colapsado. Cabe mencionar que el índice de impunidad alcanza el 76.48 por ciento.

La asociación Alto al Secuestro registra que el estado de México tiene la mayor incidencia de secuestro, con 2 mil 394 casos de 2012 a 2017.

Datos de la organización Alto al secuestro muestran que en lo que va de la administración del gobierno del estado de México van 99 secuestros en cuatro meses

El alza de la incidencia delictiva es sumamente preocupante, sin que existan políticas que logren frenar este fenómeno. Debido a esta situación, nos preocupa de sobremanera que aparentemente la crisis de seguridad y violencia por la cual atraviesa México no ha logrado detenerse en lo absoluto, al contrario continúa avanzando en detrimento del bienestar de la población.

Por lo expuesto y fundado, sometemos respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena enérgicamente el asesinato de la hija del aspirante de Morena a la presidencia municipal de Teotihuacán, estado de México, Humberto Sarabia Luna, ocurrido el pasado 18 de enero de 2018.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de México a que tome todas las medidas necesarias para el esclarecimiento del crimen, así como para que se resuelva la problemática de violencia que ocurre en la entidad.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Fiscal General de Justicia del estado de México para que conduzcan las investigaciones del caso de manera expedita y que consigne a los autores materiales e intelectuales del crimen.

Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 24 de enero del 2018.

Diputados: Delfina Gómez Álvarez (rúbrica), Sandra Luz Falcón Venegas, Concepción Villa González, Mario Ariel Juárez Rodríguez, Jesús Serrano Lora y Virgilio Caballero Pedraza (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS a analizar y proponer medios de flexibilización laboral que permitan a madres y padres trabajadores contar con mayor tiempo para educar a los hijos, suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputado Jesús Sesma Suárez y diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 55, fracción II, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución , al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Partido Verde ha sido insistente y enfático en que la educación es una de las principales herramientas para lograr empoderar a las y los mexicanos en el mundo globalizado en el que hoy nos desarrollamos.

Es por ello que, desde que tuvo origen la reforma educativa, venimos impulsando diversas propuestas para armonizar nuestro marco legal tanto con los planteamientos del nuevo modelo educativo como con las exigencias actuales de nuestro país.

Coincidimos en que cada uno de los ejes que componen dicha reforma estructural es indispensable para salir del histórico rezago en el rubro educativo que imperaba en México; hoy, en la recta final de la actual administración, nos podemos sentir orgullosos de los logros alcanzados, podemos estar seguros de que a diferencia de sexenios pasados el número de niños y jóvenes que acceden a una educación de calidad va en evidente ascenso.

No obstante lo anterior, los retos son todavía muchos y es importante seguir realizando esfuerzos que se conviertan en acciones afirmativas en favor de la calidad educativa. Lograr una educación con calidad, garantizar infraestructura digna y contenidos vanguardistas, son algunos de los elementos indispensables para el ejercicio pleno del derecho a la enseñanza de todos los mexicanos.

El “Modelo Educativo para la educación obligatoria, Educar para la Libertad y la Creatividad” es conformado por cinco grandes ejes articuladores del sistema para obtener el máximo logro de aprendizaje de niñas, niños y jóvenes: 1) El planteamiento curricular; 2) La escuela al centro del sistema educativo; 3) Formación y desarrollo profesional docente; 4) Inclusión y equidad; y 5) La gobernanza del sistema educativo.

Actualmente se han definido los mecanismos institucionales para una gobernanza efectiva basada en la participación de distintos actores y sectores de la sociedad en el proceso educativo y la coordinación, entre ellos: el gobierno federal, autoridades educativas locales, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el sindicato magisterial, las escuelas, los docentes, los padres de familia, la sociedad civil y el poder legislativo.

Consideramos indispensable centrar nuestra atención en la participación de los padres de familia. Para el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) la participación dinámica, colaborativa e incluyente de la familia en la educación es uno de los principales factores para el éxito académico de los alumnos y una variable fundamental para el desarrollo social de las comunidades.

Y no solo se trata del éxito académico, sino de uno de los principales mecanismos para lograr armonía social, pues la participación de la familia en la educación de los niños y adolescentes aporta grandes beneficios tanto en lo individual como en lo colectivo.

La participación de los padres en la educación de los hijos resulta por demás necesaria, se trata de concientizar a la sociedad de la importancia de estrechar la relación entre familias, profesores y alumnos.

Los expertos en educación insisten en que padres y docentes deben ir de la mano para que los hijos no se sientan desorientados y no perciban que en casa se hacen las cosas de una manera y en la escuela de otra. Los padres son los primeros educadores de sus hijos y se pretende que hagan suya esta responsabilidad, teniendo claro que la escuela es complementaria en esta labor.

Un estudio publicado en 2009 en la Revista Electrónica de Investigación Educativa,1 realizado por investigadores mexicanos expertos en el tema de educación, refiere los siguientes hallazgos respecto a la importancia de la participación de los padres en el proceso educativo de sus hijos:

• En Estados Unidos, Balli, Wedman y Demo reportaron que la supervisión de los padres de las tareas escolares y el nivel de realización de las mismas era un factor importante en el desempeño escolar.2

• En México, González, Corral, Frías y Miranda asociaron factores como el afecto de los padres, el tiempo de dedicación a sus hijos y el interés por conocer a sus maestros, con la alta autoestima del hijo, la cual, a su vez, estimula el esfuerzo escolar.3

• La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura aboga por la articulación familiar y fundamenta esta necesidad en tres razones: el reconocimiento de que los padres son los primeros educadores de sus hijos e hijas; el impacto positivo que puede tener una educación temprana de calidad en el desarrollo y aprendizaje de los niños; y la familia como un espacio privilegiado para lograr una ampliación de la cobertura de la educación de la primera infancia.4

• El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación sostiene que para la mejora de la calidad de la educación es indispensable lograr una interacción efectiva entre los padres de familia y los docentes y en general, entre todos los sectores de la sociedad. Este organismo incluye al índice de participación de los padres y porcentaje de padres que participan en reuniones de padres de familia en la escuela entre sus indicadores presentes y próximos para evaluar la calidad del sistema educativo.5

• Miranda comenta que la participación de los padres se puede evaluar a través de dos aspectos: uno relativo a la información de los mismos acerca de la escuela y el otro referido a su intervención en las actividades de la misma, y sostiene que la información de los padres sobre lo que acontece en la escuela les facilita una mayor participación en las actividades escolares de los hijos.6

A pesar del interés que pudieran tener los padres de familia en involucrarse más en la educación de sus hijos, no todos ellos, generalmente por cuestión de tiempo, pueden asistir a las reuniones o actividades escolares. Una de las principales causas de un bajo índice de participación de los padres en la educación es la ausencia de facilidades en sus centros de trabajo para poder ausentarse y acompañar a sus hijos en el proceso formativo.

Por lo anterior, el Partido Verde Ecologista de México hace un respetuoso llamado a la autoridad laboral de nuestro país para que, en el marco de sus atribuciones, ejecute acciones que faciliten la participación de los padres de familia en la educación de sus hijos, diseñando mecanismos que permitan ajustar tanto sus actividades laborales como personales en beneficio de los menores.

Lo anterior, coincidiendo con lo manifestado por el ex Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, que en relación con el ausentismo escolar refirió: “Es importante que entendamos que la tarea educativa en un esfuerzo de todos, es un esfuerzo del gobierno, de las autoridades educativas, de los maestros, pero también de los padres de familia”.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que analice y proponga mecanismos de flexibilización laboral que permitan a las madres y padres trabajadores contar con mayor tiempo para dedicarle a la educación de sus hijos.

Notas

1 Véase, Valdés Cuervo, Ángel, Martín Pavón, Mario José y Sánchez Escobedo, Pedro Antonio, Participación de los padres de alumnos de educación primaria en las actividades académicas de sus hijos , Revista Electrónica de Investigación Educativa, Vol. 11, Núm. 1, 2009.

2 Balli, S., Wedman, J. y Demo, D. (1997). Family involvement with middle-grade homework: effects of differential prompting. Journal of Experimental Education.

3 González, D., Corral, V., Frías, M. y Miranda, J. (1998). Relaciones entre variables de apoyo familiar, esfuerzo académico y rendimiento escolar en estudiantes de secundaria: un modelo estructural. Enseñanza e Investigación en Psicología.

4 UNESCO. (2004). Participación Familiar en la educación infantil latinoamericana. Santiago de Chile: Oficina Regional para la Educación de América Latina y el Caribe-UNESCO.

5 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. (2003). La calidad de la Educación Básica en México. Primer informe anual. México

6 Miranda, R. (1995). Expectativas sobre la escuela: la percepción de la familia del escolar. Perfiles Educativos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 24 de enero de 2018.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez, Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, José Alberto Couttolenc Buentello, Lorena Corona Valdés, Sharon María Cuenca Ayala, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, José de Jesús Galindo Rosas, Daniela García Treviño, Edna González Evia, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Lía Limón García, Uberly López Roblero, Mario Machuca Sánchez, Virgilio Mendoza Amezcua, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Cándido Ochoa Rojas, Samuel Rodríguez Torres, Emilio Enrique Salazar Farías, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Francisco Alberto Torres Rivas, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INE a garantizar la conexión a internet durante la próxima jornada electoral para dar certeza y máxima publicidad, suscrita por el senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, senador Zoé Robledo Aburto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en esta LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, someto a la consideración del pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Nacional Electoral a garantizar la conexión a internet durante la próxima jornada electoral con el fin de dar certeza y máxima publicidad, al tenor de las siguientes;

Consideraciones

México está por participar en las elecciones federales de 2018, quizá una de las más importantes y trascendentes en su historia electoral, por primera vez en décadas la alternancia real es factible.

El Instituto Nacional Electoral (INE) es la autoridad encargada de organizar dichos comicios, bajo los principios rectores de legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad, independencia y máxima publicidad, establecidos en el mandato legal que dio origen al Instituto Federal Electoral y que se enriquecieron con el INE.

El INE debe hacer cumplir todos y cada uno de ellos, sin embargo, los principios de certeza y de máxima publicidad se ven vulnerados y rebasados, debido a la carencia de instrumentos fundamentales para el desarrollo de la vida electoral de nuestra nación, es necesario dotar de tecnologías inteligentes a las próximas elecciones; la conexión a internet en cada una de las casillas electorales que se instalaran a lo largo y ancho del país será un factor clave para dotar de certidumbre y transparencia al proceso electoral, solo así el INE podrá asegurar el cumplimiento de tan relevantes principios.

Es de suma importancia conocer el desarrollo en tiempo real de este proceso electoral, para evitar, exhibir y denunciar comportamientos atípicos e ilegales, sobre todo en las zonas históricamente marginadas por la pobreza como es el caso de las rurales, que elección tras elección han sido presas de trampas, lucro y violencia con el fin de manipular los resultados. Si se logra garantizar la conectividad, se podrá proteger el futuro del país.

Es necesario aprender de la historia reciente en términos de elecciones para no ser víctimas de más errores y tropelías que definan el futuro de México; en 2015 en Chiapas los resultados fueron cuestionables en los puntos donde no existía señal de internet, en el 2017 pasó algo similar, es necesario evitar que se repita este 1 de julio de 2018 ya que se elegirá a la presidenta o presidente de la República; 64 senadurías por el principio de mayoría relativa; 32 senadurías por el principio de representación proporcional; 32 senadurías de primera minoría; 300 diputaciones por el principio de mayoría relativa; 200 diputaciones por representación proporcional eso solo en lo que respecta a nivel federal, son muchos más a nivel local; en total más de 3 mil cargos públicos federales y locales se decidirán este año.

De ahí que sea indispensable contar con mecanismos y herramientas que generen resultados transparentes, confiables y preliminares de manera más rápida. Dotando de esta tecnología a las casillas los beneficios serán para todos los contendientes, ciudadanos y autoridades que podrán contar con las mismas actualizaciones del proceso electoral.

La insuficiencia de estas medidas fue lamentable en el pasado; tan solo unos días después del proceso electoral en 2017 presente un punto de acuerdo por el que se exhortaba al Instituto Nacional Electoral a instalar las casillas en puntos con acceso a internet, y poco tiempo después una iniciativa que tenía por objeto establecer las casillas de votación en lugares con conectividad a internet, lamentablemente y a pesar de los esfuerzos por hacer notar este tema tan importante el punto de acuerdo fue desechado meses después y la iniciativa continúa pendiente en comisiones.

En una realidad en la cual se ha destinado presupuesto para la compra masiva de pantallas y tabletas electrónicas, la tecnología se ha vuelto indispensable, podemos afirmar que ubicar una casilla en un lugar con conexión a internet, para poder hacer uso de un teléfono inteligente para exhibir y denunciar comportamientos atípicos e ilegales, es posible.

El INE elementalmente maneja mucha de su información por medio de plataformas electrónicas; tales como lo son sus sistemas de consulta, bases geográficas digitales, acuerdos, solicitudes etc., así que debe ser responsable de dotar a la organización que por derecho le corresponde de las herramientas necesarias para poder desarrollarse idóneamente.

Por estas razones, debemos tomar en cuenta que la ubicación de casillas en espacios con acceso a internet, disminuye de manera considerable la posibilidad de existencia de irregularidades en los comicios electorales. Al favorecer el acceso a las telecomunicaciones permiten la conectividad entre los individuos, por lo que si en los lugares donde serán instaladas las casillas electorales se encuentra cerca un punto de acceso a los servicios de internet, podrá facilitar la existencia de denuncias ciudadanas sobre anomalías y demás ilícitos electorales. Al facilitar que los observadores electorales, funcionarios de casilla y ciudadanos en general, cuenten con acceso directo a internet para poder denunciar en tiempo real cualquier incidente y acceder de inmediato a los instrumentos electrónicos que desarrolla el Instituto para emitir denuncias ciudadanas.

De esta manera, el acceso a los servicios de telecomunicaciones se podría convertir en un elemento inhibitorio para la generación de acciones ilícitas durante la jornada electoral. Asimismo, el acceso a internet no solo es un Derecho Constitucional, sino que se termina por transformar en un pilar de la democracia. Por ello, todas las instituciones públicas deben garantizar el Estado de Derecho y la democracia termina por consolidarlo.

En este sentido, se podría fomentar la existencia de conectividad en los espacios destinados para las casillas electorales. Por una parte el INE, de conformidad con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, tiene la facultad de regular el proceso de definición, ubicación y número de casillas; mismas que al ser una elección concurrente, será única la Federal y la Local.

Por las razones anteriormente expuestas, se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral, para que de conformidad con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en ejercicio de su facultad de regular el proceso de definición, ubicación y número de casillas; elabore y someta a consideración del Consejo General un proyecto para ubicar las casillas en un lugar con conexión a internet, con la finalidad de que cualquier ciudadano tenga la posibilidad de utilizar la conexión a través de un teléfono inteligente, para acceder a la información que el INE maneja por medio de plataformas electrónicas, así como para poder exhibir y denunciar comportamientos atípicos e ilegales, durante la jornada electoral.

Segundo. Se solicita a esta honorable soberanía que tenga a bien considerar esta proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.

Dado en el salón de sesiones del honorable Senado de la República, el día 24 del mes de enero de 2018.

Senador Zoé Robledo Aburto (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Michoacán, la PGR y autoridades competentes a investigar y esclarecer el feminicidio de Guadalupe Campanur Tapia, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, María Candelaria Ochoa Ávalos, diputada federal del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, integrante de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con puntos de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 16 de enero de este año, en el municipio de Chicora, Michoacán, encontraron a Guadalupe Campanur Tapia asesinada por estrangulamiento.

Lupita tenía 32 años y era una de las primeras mujeres que se integraron a la Ronda Comunitaria de Cherán, que protege y custodia los bosques de ese lugar. Fue la primera mujer guardabosques. Cherán es conocido y reconocido en el país por su proceso de autodefensa y organización comunitaria que combate la explotación ilegal de la madera y al crimen organizado. Se rige por un autogobierno, sustentado en las leyes de usos y costumbres indígenas y su desarrollo ha sido mundialmente admirado por su ofensiva y defensa contra el crimen autorizado. Aun cuando en la actualidad Lupita no estaba patrullando bosques, continuaba haciendo activismo por la seguridad y reconstrucción del territorio comunal, siendo un ejemplo para muchos y muchas.

Miembros de la comunidad han declarado que el feminicidio de Guadalupe puede ser obra de miembros del narcotráfico, y que definitivamente el asesinato fue cometido en razones de género. Al igual que innumerables organizaciones de la sociedad civil y actores individuales, repudiamos y condenamos el asesinato de Guadalupe y exigimos el esclarecimiento de este feminicidio, haciendo hincapié en la necesidad de considerar su papel como activista y su trabajo a favor de los derechos humanos como posible causa de este.

En un clima de violencia como el que vive actualmente nuestro país es intolerable que este tipo de hechos sigan sucediendo impunemente. Es intolerable que sigan matando a mujeres, y es intolerable que el crimen organizado sigue impune. Urge esclarecer este crimen, como urge esclarecer todos los feminicidios del país.

Por lo anterior, propongo los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, a investigar y –en su caso– castigar el feminicidio de Guadalupe Campanur Tapia.

Segundo. Se exhorta al gobierno del estado a fortalecer las acciones, políticas públicas e instituciones estatales en materia de lucha contra la violencia de género y protección a las mujeres.

Tercero. Se exhorta a la PGR a investiga, esclarecer y sancionar el feminicidio de Guadalupe Campanur Tapia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de enero de 2018.

Diputada María Candelaria Ochoa Ávalos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Semarnat y los gobiernos locales a prever y promover la implantación de centros de acopio de árboles navideños naturales utilizados en la pasada época decembrina, suscrita por el senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, senador Jesús Casillas Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 85 y 174 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, por el cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a los gobiernos de las entidades federativas del país, a efecto de que en el ámbito de sus respectivas competencias, prevean y promuevan la implantación de centros de acopio para la captación de árboles naturales de navidad utilizados durante la pasada época decembrina. Lo anterior al tenor de las siguientes

Consideraciones

Llegó y pasó la Navidad, el festejo de año nuevo y el Día de Reyes, con el contagio generalizado del espíritu propio de las fechas, al cual, seguramente contribuyó el encanto que genera el famoso “árbol de navidad”.

De éstos, los árboles navideños, se estima que en los hogares mexicanos se utilizan más de 1.6 millones de árboles naturales, con las especies más comunes como el pino y el oyamel .

Ahora que las fiestas decembrinas pasaron, cabe decir, que una vez que la última festividad relativa sucede, esto es, la concerniente al día 6 de enero, los árboles navideños son retirados de su importante labor de ornato y ánimo festivo de la navidad. Ahora, lo importante es el destino que será dado a los referidos arbolitos de navidad naturales.

Cuando sus restos son bien canalizados, son aprovechados para elaborar abono orgánico, composta e insumos para jardinería, mientras que por el contrario, si sin abandonados en calles, basureros y terrenos baldíos de las urbes, además de lamentable basura se convierten en combustibles susceptibles de generar incendios.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, menos de 20 por ciento de los árboles son reciclados, por lo que resulta urgente conminar a la sociedad a entregarlos a un centro de acopio y evitar su abandono y los consecuentes riesgos a la población.

Por ello, es necesario realizar un esfuerzo y propiciar la participación ciudadana para incrementar el nivel en la conciencia ecológica y de la autoprotección.

La mejor manera conforme a la experiencia, lo ha sido el implantar medidas para recolectar los árboles naturales usados durante la temporada decembrina, como lo es el instalar centros de acopio e implementar campañas de difusión al respecto.

Por referir datos, es de mencionar que en Guadalajara, capital del estado de mi representación, tan sólo en enero y febrero de 2017, el gobierno municipal logró recuperar 3 mil 200 de estos arbolitos, los cuales se trituraron primero y reciclaron después para generar 4.5 toneladas de composta.

Según se informa, algunos gobiernos locales se preparan para ello, esto es, para la implementación de centros de acopio de manera estratégica para captar los árboles naturales de navidad, ya secos, donde la población pueda acudir a entregarlos para su posterior procesamiento. En algunos casos, la campaña se implementa aplicando algún incentivo, como lo es el entregar a cambio alguna especie viva para ornato o alguna bolsa de composta.

Lo importante es que los esfuerzos no sean aislados, es imprescindible que de manera uniforme los gobiernos federal y locales incentiven la participación ciudadana para fomentar la cultura de la protección al medio ambiente y a la integridad de las personas, a través del acopio de arbolitos de navidad utilizados en la época decembrina que acaba de pasar. Con ello, lograr en la mejor medida posible el reciclaje en la vida de dichos arbolitos, como también minimizar posibles incidentes, incluso, vandálicos por incendios a los que puede contribuir el abandono de árboles de navidad secos.

Términos en los que precisamente va encaminada la presente sugerencia, esto es, hacer un respetuoso exhorto a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a los gobiernos estatales, a efecto de que en el ámbito de sus respectivas competencias, prevean y promuevan en coordinación con los gobiernos municipales, la implantación de centros de acopio de manera estratégica para la captación de árboles naturales de navidad utilizados durante la pasada época decembrina, donde la población pueda acudir a entregarlos para su posterior procesamiento. Asimismo, para que se implanten campañas de difusión a la población para fomentar la participación ciudadana sobre el particular, la protección al medio ambiente y la integridad de las personas y sus bienes.

En mérito de lo anterior, se propone a la honorable consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de

Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a los gobiernos de las entidades federativas del país, a efecto de que en el ámbito de sus respectivas competencias, prevean y promuevan en coordinación con los gobiernos municipales, la implementación de centros de acopio de manera estratégica para la captación de árboles naturales de navidad utilizados durante la pasada época decembrina para su procesamiento; asimismo para que se implementen campañas de difusión a la población para fomentar la participación ciudadana sobre el particular, la protección al medio ambiente y de la población en general.

Ciudad de México, a 24 de enero de 2018.

Senador Jesús Casillas Romero (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conapesca a fortalecer la inspección y vigilancia contra la pesca ilegal de especies en veda, con hincapié en el abulón y la langosta, suscrita por el senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a fortalecer las acciones de inspección y vigilancia contra la pesca ilegal de especies en veda con énfasis en el abulón y la langosta, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La actividad pesquera es un elemento de subsistencia para un buen número de sudcalifornianos. La gente que se dedica a la pesca, la gente de la mar es ejemplo de trabajo, de responsabilidad, de esfuerzo, de abnegación, porque enfrentan circunstancias muy complicadas, y en la gran mayoría de las veces la actividad la realizan en lugares muy lejos de los centros de desarrollo.

Existe una amplia gama de especies marinas en la zona, algunas de ellas se encuentran bajo protección especial decretada por parte de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación quien a través de decretos establece periodos de veda de algunas especies.

Algunas de las especies que se encuentran bajo este régimen de veda temporal fija en materia comercial y que son de gran importancia para la región son el abulón y la langosta, ya que representan por si mismas un mercado con fuerte de demanda nacional e internacional.

Desafortunadamente, debido al alto valor comercial de estas especies frecuentemente los periodos de veda establecidos no son respetados, lo que implica afectar su periodo de reproducción y medio ambiente en el que se desenvuelven, perjudicando directamente el desarrollo de las especies y, por tanto, también la actividad pesquera de la zona al momento en que la veda es levantada.

El abulón es un molusco gasterópodo, de una sola concha, comestible, parecido al caracol, que se encuentra en aguas costeras de gran parte del mundo. Sin embargo, el abulón rojo es el más grande y más apreciado, y sólo se encuentra en la costa occidental de las californias.1

Actualmente los periodos de veda del abulón en el Estado de Baja California Sur se dividen en 4 dependiendo del espacio territorial, comprendiendo las 5 especies de abulón: Abulón amarillo (Haliotis corrugata ) Abulón azul (Haliotis fulgens) Abulón chino (Haliotis sorenseni) Abulón negro (Haliotis cracherodii) Abulón rojo (Haliotis rufescens), quedando de la siguiente forma:

• “Zona I: Del 1 de julio al 30 de noviembre.

Punta Malarrimo localizada a los 27° 47’ 30’’ Norte, 114° 32’ 30’’ Oeste y siguiendo por el meridiano 114° 32’ 20’’ Oeste hasta el paralelo 27° 57’ Norte y extendiéndose por este paralelo hacia el Oeste hasta el límite del Mar Territorial.

• Zona II: Del 1 de agosto al 31 de diciembre.

A partir de Punta Malarrimo, localizada a 27° 47’ 30’’ Norte; 114° 32’ 20’’ Oeste y siguiendo por el meridiano 114° 32’ 20’’ Oeste, hasta el paralelo 27° 57’ Norte y extendiéndose por este paralelo hacia el Oeste hasta el límite del Mar Territorial.

Límite sur:

A partir del punto localizado a 27° 09’ Norte; 114° 13’ Oeste y siguiendo por el meridiano 114° 13’ Oeste hasta el límite del Mar Territorial.

• Zona III: Del 1 de agosto al 31 de diciembre .

A partir del punto localizado a 27° 09’ Norte; 114° 13’ Oeste y siguiendo por este meridiano hasta el límite del Mar Territorial.

Límite sur :

Punta Holcomb, localizada a 26° 42’ 20” Norte; 113° 15’ 50” Oeste y siguiendo por el meridiano 113° 15’ 50” oeste hasta el límite del Mar Territorial.

• Zona IV: Del 1 de septiembre al 31 de enero de cada año.

A partir de Punta Holcomb, localizada a 26° 42’ 20” Norte; 113° 15’ 50” Oeste y siguiendo por el meridiano 113° 15’ 50” Oeste, hacia el sur, hasta el límite del Mar Territorial.

Límite Sur :

Desembocadura del arroyo Conejo, Baja California Sur, localizada a 24° 05’ 00” Norte; 111° 00’ 30” Oeste y un punto a 12 millas de la desembocadura del arroyo Conejo hacia altamar que se localiza a 23° 55’ 35” Norte y 111° 08’ 00” Oeste, con rumbo 40° Suroeste.”2

Nos encontramos todavía dentro del periodo de veda decretado en la Zona IV y por tanto es existente y actual el riesgo de que se lleve a cabo la pesca ilegal de estas especies con objetos comerciales, por lo que es menester que se refuercen las medidas de inspección, vigilancia y sanción en la zona a fin de evitar algún tipo de alteración en la especie o en el medio ambiente que dificulte su desarrollo natural y su posterior captura en los periodos legales establecidos para ello.

Por su parte, la langosta es una especie de crustáceo de la familia Palinuridae , generalmente mide unos 30 cm de longitud, pero puede alcanzar hasta 60 cm, de color rojo pardusco.3

El periodo de veda contemplado en el aviso publicado por la Sagarpa comprende tres tipos de langosta: Langosta azul (Panulirus inflatus) , Langosta roja (Panulirus interruptus), Langosta verde (Panulirus gracilis) y de igual forma que en el caso del abulón se divide en zonas atendiendo al ámbito territorial que abarque la suspensión de pesca, para configurarse de la siguiente manera:

• Zona I: Del 16 de febrero al 15 de septiembre de cada año.

En las aguas de jurisdicción federal del Océano Pacífico comprendidas desde la línea internacional con los Estados Unidos de América, hasta una línea imaginaria trazada entre el punto ubicado en la orilla norte del arroyo El Tordillo, a los 27°20 00 de latitud Norte y 114°29 00 de longitud Oeste, pasando por el bajo de nueve brazas, localizado a una distancia de aproximadamente 28 millas al Oeste del arroyo El Tordillo , que se encuentra a los 27°18 00 de latitud Norte y 114°56 30 de longitud Oeste, línea que se prolonga a partir de ese punto con dirección Oeste hasta los límites de la zona económica exclusiva, quedando incluidos todos los caladeros de langosta ubicados en esta región.

• Zona II: Del 1 de marzo al 30 de septiembre de cada año.

En las aguas de jurisdicción federal del Océano Pacífico, comprendida desde la línea imaginaria indicada en la fracción anterior, hasta una línea imaginaria trazada con dirección Oeste hasta los límites de la Zona Económica Exclusiva desde el punto conocido como Boca de la Soledad, localizado en 25°16 30 de latitud Norte y 112°08 30 de longitud Oeste.

• Zona III: Del 16 de mayo al 15 de noviembre de cada año.

En las aguas de jurisdicción federal del Océano Pacífico, comprendida desde la línea imaginaria indicada en la fracción anterior, trazada desde la Boca de la Soledad hasta el punto conocido como Cabo San Lucas, en el extremo Sur de la península de Baja California, incluyendo una franja comprendida entre las cero y cien brazas de profundidad dentro del Golfo de California, a todo lo largo de la costa oriental de la península de Baja California.

• Zona IV: Del 1o. de julio al 30 de noviembre de cada año.

En el resto de las aguas de jurisdicción federal del océano Pacífico, incluyendo el Golfo de California, desde la desembocadura del río Colorado hasta la línea divisoria internacional con Guatemala.4

Con base en esto, se observa que el periodo de veda de langosta en Baja California Sur comienza en mayo por lo que se considera necesario un fortalecimiento de las políticas de vigilancia e inspección para el cumplimiento de las disposiciones vigentes.

Cabe mencionar que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca ha informado que la pesca ilegal de abulón y langosta en la costa oeste de la península de Baja California, se considera preocupante porque limita cualquier esfuerzo de conservación y manejo responsable de los mismos, cuya tasa media de crecimiento anual de la producción en los últimos 10 años se ha reportado muy baja, pues de conformidad con datos publicados por la Sagarpa, en el caso de la langosta es de 0.23 por ciento y en el caso del abulón es de -1.61 por ciento.

Por ello, la vía idónea para evitar y reducir progresivamente la pesca ilegal de estas especies es el aumento de los puntos y fortalecimiento de actividades coordinadas con las autoridades responsables de inspección y vigilancia en las zonas decretadas por la Sagarpa en periodo de veda, a fin de que se garantice que esas prohibiciones sean respetadas, y las especies logren un periodo de recuperación sostenido y deseable.

Por todo lo anteriormente expuesto, respetuosamente someto a su consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a fortalecer las acciones de inspección y vigilancia contra la pesca ilegal de especies en veda con énfasis en el abulón y la langosta, especies de gran importancia para la pesca en el estado de Baja California Sur.

Notas

1 http://www.elfinanciero.com.mx/new-york-times-syndicate/abulon-una-capt ura-apreciada-y-peligrosa.html

2 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4678590&fecha=16/03/1 994

3 https://es.wikipedia.org/wiki/Panulirus_interruptus

4 http://www.conapesca.gob.mx/work/sites/cona/dgop/VEDASVIGENTES290917.pd f

Senado de la República, a 24 de enero de 2018.

Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la SCJN que sustancie y resuelva de manera prioritaria las acciones de inconstitucionalidad presentadas contra la Ley de Seguridad Interior, a cargo de la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, senadora Angélica de la Peña Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 9 Bis de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de conformidad con lo establecido en los artículos 58 a 60, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 21 de diciembre de 2017 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior (http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5508716&fecha=21/12/2017 ). Lo anterior, pese a la oposición y la argumentación en contra de especialistas nacionales e internacionales en materia de seguridad, universidades, organismos locales de protección de los derechos humanos y la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de los derechos humanos y al acompañamiento de víctimas, así como relatores, integrantes de grupos de trabajo y representantes de organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Ley de Seguridad Interior es ya una de las piezas legislativas más controvertidas e impugnadas en nuestra historia reciente. Cinco acciones de inconstitucionalidad han sido presentadas en su contra, en tiempo y forma, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la primera de ellas por el municipio de Cholula, Puebla; posteriormente, por ambas Cámaras del Congreso de la Unión (Diputados y Senadores); y, finalmente, por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos personales, así como por la CNDH.

Los distintos promoventes de las acciones de inconstitucionalidad ya referidas, coinciden al solicitar a la SCJN que admita los recursos, los analice y emita una sentencia en la que declare la inconstitucionalidad de la mayoría de los artículos de la Ley de Seguridad Interior, toda vez que dicho ordenamiento jurídico abre la posibilidad de que se vulneren derechos y libertades básicas reconocidas en favor de las y los mexicanos, tales como la seguridad jurídica, legalidad, libertades de expresión, de asociación, de tránsito, personal, principios constitucionales de máxima publicidad, protección de los derechos de las víctimas, además se incumplen las obligaciones del Estado mexicano de promover, respetar, proteger y garantizar derechos humanos y se afecta el diseño, equilibrio y ejercicio de las facultades establecidas constitucionalmente entre la federación y los estados.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 Bis de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de manera excepcional, y sólo cuando haya urgencia atendiendo al interés social o al orden público, las Cámaras del Congreso de la Unión, a través de sus presidentes, o el Ejecutivo federal, por conducto de su consejero jurídico, podrán solicitar al presidente de la SCJN que las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad sean sustanciadas y resueltas de manera prioritaria. Lo anterior, sin modificar de ningún modo los plazos previstos en la ley, desde luego.

La urgencia en los términos de este artículo se justificará cuando

I. Se trate de controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad promovidas para la defensa de grupos vulnerables en los términos de la ley.

II. Se trate de controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad en materia de competencia económica, monopolios y libre concurrencia.

III. Se trate de prevenir daños irreversibles al equilibrio ecológico en dichas controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad.

IV. En los casos que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estime procedentes

Recibida la solicitud, el presidente de la SCJN la someterá a consideración del pleno, que resolverá de forma definitiva por mayoría simple. La resolución incluirá las providencias que resulten necesarias. Para la admisión, trámite y resolución de las solicitudes, así como las previsiones a que hace referencia este artículo, deberán observarse los acuerdos generales que al efecto emita la SCJN.

Por tal motivo y tomando en cuenta que el papel de máximo y último interprete constitucional sólo corresponde a la SCJN, resulta indispensable que en el ámbito de sus atribuciones, decida lo que corresponda, confiando en que su pronunciamiento estará orientado a hacer efectivo el respeto a derechos humanos y garantizar la interpretación que más favorezca a las personas.

En tal virtud, consideramos que derivado de la trascendencia que tiene el tema la SCJN debe sustanciar y resolver de manera urgente y prioritaria las acciones de inconstitucionalidad interpuestas en contra de la Ley de Seguridad Interior.

Por todo lo expuesto sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 Bis de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustancie y resuelva de manera urgente y prioritaria las diversas acciones de inconstitucionalidad presentadas contra la Ley de Seguridad Interior.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 24 de enero de 2018.

Senadora Angélica de la Peña Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al IMSS a presentar la investigación respecto del presunto engaño al derechohabiente Carlos González Olvera, a quien debieron extirparse un riñón y un tumor en el hospital general de zona 98 y que falleció el 6 de enero de 2018, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena

Araceli Damián González, en mi calidad de diputada federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Según denunció la Fundación No Más Negligencias Médicas, AC, personal del Hospital General de Zona 98, perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social, presuntamente engañó al derechohabiente Carlos González Olvera, a quien le hicieron creer que lo habían operado para extirparle un riñón y un tumor, cosa que no ocurrió y provocó un deterioro grave en su salud.1

Según la información otorgada por el presidente de la fundación, Fernando Avilez Tostado, los médicos del hospital regional canalizaron al paciente al Centro Médico La Raza para continuar con su tratamiento; sin embargo, presentó dolor abdominal intenso, inflamación, problemas para respirar, fiebre, vómito e intolerancia a consumir cualquier alimento. Luego de practicarle una tomografía, los médicos de este nosocomio identificaron que aún tenía el órgano dañado así como el tumor, y que la supuesta operación había sido sólo una incisión para realizar una biopsia.

La víctima, de 69 años, presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por la presunta negligencia médica, pero falleció el 6 de enero de este año. Ante los hechos, Avilez Tostado presentó denuncias de carácter civil y penal contra los médicos que atendieron al paciente por considerar que la conducta podría tipificarse como homicidio culposo. De igual forma, exigió al director general del IMSS ordenar una investigación interna para señalar responsabilidades y reparar los daños a la familia de la víctima.

Días después, el director del IMSS, Tuffic Miguel Ortega, negó las acusaciones. “No hubo ningún engaño, la persona fue intervenida se le extirpó el tumor correspondiente, ya hicimos una investigación y la necropsia de ley. El paciente tenía otros padecimientos que desafortunadamente lo llevaron a la muerte”. Según un comunicado de la institución, en el hospital se le extirpó “un riñón y aproximadamente un tumor de tres kilogramos de peso. En respuesta, la hija del paciente aseguró contar con los documentos que prueban el engaño.2

Como consta en las múltiples recomendaciones de la CNDH, durante años recientes personal del IMSS ha cometido violaciones a los derechos humanos de manera reiterada por motivos como violencia obstétrica, inadecuada atención médica, violaciones a los derechos a la protección de la salud y a la vida, así como restricciones ilegítimas al derecho a la seguridad social.

Esto evidencia no sólo un deterioro provocado por el insuficiente financiamiento, falta de material y medicamentos, y saturación de los servicios, sino de un problema sistemático que muestra falta de compromiso para capacitar en materia de derechos humanos al personal de la institución y bajo ninguna circunstancia puede considerarse que dichas violaciones constituyan accidentes o casos aislados. El IMSS debe promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de los que es parte el Estado mexicano. Por lo anterior, someto a consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a presentar públicamente la investigación respecto al presunto engaño por parte de su personal al derechohabiente Carlos González Olvera, a quien debió extirpársele un riñón y un tumor en el Hospital General de Zona 98, y que falleció el 6 de enero de 2018 a causa de presunta negligencia médica.

Notas

1 http://www.proceso.com.mx/517571/denuncian-al-imss-por-enganar-paciente -con-falsa-operacion

2 http://www.animalpolitico.com/2018/01/imss-niega-negligencia/

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 24 de enero de 2018.

Diputada Araceli Damián González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a suspender los aumentos de las tarifas eléctricas de los sectores comercial, industrial y de servicios observados desde diciembre de 2017, suscrita por el senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito senador Mario Delgado Carrillo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, se somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo , en razón de los siguientes antecedentes y:

Consideraciones

* Aumento en las tarifas eléctricas

El pasado 23 de noviembre de 2017, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) aprobó la nueva metodología para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales del suministro de energía eléctrica para los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Esta metodología aplicará del 1 de diciembre de 2017 al 31 de diciembre de 2018.

De acuerdo con la CRE, la nueva metodología se basan en los principios de:

* La recuperación de todos los costos eficientes de la Comisión Federal de Electricidad; y

* El reflejo de las variaciones temporales del costo del servicio eléctrico, dependiendo el momento del año, con el fin de obtener un mercado y consumo eficientes.

Estos principios se establecen a partir de la implementación de la reforma energética y su idea de crear un mercado abierto. En los hechos, esto significa el incremento de los precios a los usuarios de los energéticos en el país para atraer inversiones privadas en el sector. Esta misma idea llevó al encarecimiento de los precios de las gasolinas desde inicio del año pasado, así como el incremento en el costo del gas licuado de petróleo.

Ahora, en total opacidad se estableció una nueva metodología para determinar las tarifas que deberemos pagar los mexicanos por el servicio de electricidad.

De acuerdo con el Estudio integral de tarifas eléctricas para México,1 elaborado para la CRE, el ajuste de las tarifas para reconocer los costos eficientes de la CFE incluye un sendero de ajuste tarifario, desde las tarifas vigentes hasta las tarifas objetivo. Durante este periodo, algunos usuarios observarán incrementos tarifarios; aquellos que actualmente pagan tarifas por debajo de su costo de suministro.

Es decir, los principios sobre los cuales se construyó la nueva metodología descansan sobre la idea de elevar las tarifas a los usuarios y no de mejor servicio.

El problema es que el proceso para establecer esta metodología se llevó a cabo en total opacidad. Cuando en todo el mundo se avanza en la discusión pública sobre los esquemas tarifarios en los servicios públicos (como lo es el suministro de electricidad), en nuestro país no existe la oportunidad de que los usuarios, académicos y demás sectores interesados conozcan previamente los criterios que se proponen para establecer las tarifas y, en su caso, puedan expresar una postura o presentar propuestas.

Por ejemplo, en 2016 en Argentina la Corte Suprema de aquel país anuló el aumento a las tarifas de suministro gas a usuarios residenciales debido a que no se celebraron audiencias públicas en las que se les diera la oportunidad a los consumidores de conocer el método de determinación de las tarifas y expresarse respecto de ellas.

Cabe recordar que los jueces en nuestro país han venido sosteniendo que frente a la determinación de tarifas, no procede juicio de amparo. Sin embargo, es derecho de todo usuario, al estar frente a actos de autoridad, conocer su tarifa y cómo se determina.

* El gobierno congela tarifas domésticas con fines políticos

De cara a las elecciones de 2018, el gobierno decidió congelar las tarifas de energía eléctrica para usuarios domésticos. Por acuerdo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el diario oficial de la federación el 30 de noviembre de 2017, se suspendió la aplicación de las tarifas determinadas por la CRE para usuarios de servicio doméstico. La aplicación de las nuevas tarifas hubiera representado aumentos considerables en el precio de la electricidad para los hogares mexicanos desde diciembre de 2017.

Actualmente la CFE cuenta con 40.8 millones de usuarios, prácticamente 9 de cada 10 usuarios son del sector doméstico. Con la decisión del gobierno se suspendió la aplicación de las nuevas tarifas a estos usuarios, sin embargo, el gobierno puede levantar esta suspensión y aplicarlas en el momento que así lo determine. Está latente el peligro de que cuando pasen las elecciones, el gobierno aplique un tarifazo eléctrico a las familias mexicanas.

Las familias mexicanas no pueden estar sujetas a una decisión electorera sobre el precio de la electricidad que consumen. El gobierno debe someter a discusión pública las tarifas eléctricas y ponderar todas las opciones para contar con precios asequibles para todos los mexicanos y no solo mantener congeladas las tarifas en tanto pasan las elecciones.

* Comercio e industria sufren tarifazo

La decisión el gobierno de congelar las tarifas solo aplica para el sector doméstico del país, mientras tanto los sectores productivos como los industriales y comerciales han comenzado a observar aumentos muy considerables en sus recibos de electricidad.

La semana pasada, la Conferencia de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) denunció que la nueva metodología de cobro de energía eléctrica que usa la CRE ha generado aumentos de hasta 400 por ciento en algunos recibos de luz de las empresas del país.

En el norte del país, el sector industrial ha denunciado aumentos del 200 al 300 por ciento en la tarifa de energía eléctrica. En Baja California, por ejemplo, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), la Asociación de Industriales de Mesa de la Otay (AIMO) y la Asociación de la Industria Maquiladora y de Exportación (Index) señalaron que los aumentos observados son totalmente desproporcionados. Estos costos afectan la competitividad de las empresas y amenazan la viabilidad económica de continuar operando.

Aunque 9 de cada 10 usuarios de CFE son del sector doméstico, las empresas medianas son las mayores consumidoras de electricidad del país con el 38.3 por ciento de las ventas totales de electricidad. Sumando al consumo de la gran industria, estos sectores consumen prácticamente el 60 por ciento de la electricidad del país. Los otros sectores a los que también les aplican las nuevas tarifas son el comercial con 7 por ciento del consumo total y el sector servicios con el 4 por ciento. Así, aunque el gobierno congeló las tarifas de 9 de cada 10 usuarios de CFE, el aumento que se ha observado en las tarifas recae en los usuarios que concentran el 70 por ciento de las ventas nacionales de electricidad.

* Nuevo aumento en abril

De acuerdo con la CRE, al inicio del año no se han aplicado por completo las nuevas tarifas eléctricas. En un comunicado del 11 de diciembre de 2017 anunció su decisión de aplicar un periodo de transición que estará vigente los meses de diciembre de 2017, enero, febrero y marzo de 2018. Durante este lapso, las tarifas finales se ponderarán con base en la actualización tendencial de las tarifas eléctricas correspondientes a noviembre de 2017.

En este sentido, a partir de abril se estaría aplicando de manera completa el nuevo esquema tarifario establecido por la CRE. Esto representará un aumento mayor en el precio de la energía eléctrica para los usuarios que concentran el 70 por ciento de las ventas de la energía del país.

Como se dijo, estos aumentos golpearan a los sectores productivos del país, además del peligro latente de un tarifazo para las familias mexicanas después de las elecciones.

No se puede permitir la imposición de un aumento más de los energéticos. El gobierno debe armonizar su política energética con la realidad del país de mucha precariedad económica. Debe garantizarse energía asequible para las familias y los sectores productivos del país.

Urgimos al gobierno a suspender la aplicación del nuevo esquema tarifario y abrir una discusión pública amplia e incluyente, en la que estén representados los usuarios domésticos, comerciales e industriales, las autoridades y las empresas involucradas en el mercado eléctrico para avanzar en un esquema tarifario que permita que la energía eléctrica sea asequible, accesible, oportuna, justa y sostenible, así como que se promueva su uso racional y eficiente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta asamblea, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo federal que, con base la facultad del artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, suspenda la aplicación de las nuevas tarifas eléctricas para los sectores industrial y comercial que han provocado aumentos desproporcionados en las facturas de electricidad que pagan los sectores productivos del país. Asimismo, se evite a toda costa un nuevo tarifazo en el mes de abril, tal como está programado por la Comisión Reguladora de Energía.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República a que convoque a reunión de trabajo a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Comisión Reguladora de Energía, Comisión Federal de Electricidad y Secretaría de Energía para explicar:

1. La política tarifaria para la energía eléctrica;

2. Se garantice que no haya tarifazo para el sector doméstico del país una vez pasadas las elecciones del 1 de julio de 2018;

3. Las alternativas para la determinación de tarifas eléctricas que garanticen energía eléctrica asequible para todos los sectores del país.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a que, con base en la práctica internacional y el derecho de los usuarios, se convoque a una discusión pública sobre el esquema tarifario de la energía eléctrica en la que estén representados los usuarios domésticos, comerciales e industriales, las autoridades y las empresas involucradas en el mercado eléctrico para el establecimiento de un esquema tarifario en el que participen todos los sectores involucrados y se exploren todas las alternativas para su determinación.

Nota

1 Véase: http://www.cre.gob.mx/estudios/sc0108inf55y56.pdf

En la Ciudad de México, a los 24 días del mes de enero de 2018.

Senador Mario Delgado Carrillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al gobierno de Baja California, el ayuntamiento de Mexicali y la Conagua respecto al conflicto social originado por la eventual puesta en funcionamiento de una planta cervecera que podría afectar la disponibilidad de agua para la población, suscrita por la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, María Elena Orantes López, integrante de la LXIII Legislatura en la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, numeral 1, los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al gobierno de Baja California, para redoblar esfuerzos en busca del diálogo entre ciudadanos para que impere la paz social y el respeto a los derechos humanos; al ayuntamiento de Mexicali para que asuma su responsabilidad de representantes populares y favorezcan soluciones pacíficas y el bien de la población, y se invita a la Comisión Nacional del Agua a que, en el ejercicio de sus atribuciones y el cumplimiento de su misión institucional, tenga un papel más activo en el conflicto que hoy aflige a baja california, con base en las siguientes

Consideraciones

El agua potable es un recurso natural cuya disponibilidad varía de acuerdo a las distintas regiones y climas de nuestro país. Por ello, entre los retos más importantes que tiene nuestra generación está la salvaguarda del derecho humano a tener acceso a agua potable en nuestro territorio.

En este sentido, el sexto párrafo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.”

En consecuencia, nuestras instituciones relacionadas con la protección y administración del preciado líquido han priorizado el consumo humano entre los usos que autorizan, fomentan y propician y hoy reconocen como un tema de seguridad la disponibilidad del agua.

Bajo el contexto descrito, una de las zonas más vulnerables ante la escasez de agua potable se encuentra en el norte de la república, donde varios estados, entre ellos Baja California, históricamente encuentran riesgos ante la escasez de agua y la necesidad de aprovechar los cuerpos de agua de la zona fronteriza. Por estos motivos, los ciudadanos de estos estados han desarrollado organizaciones e implementado acciones para defender la disponibilidad de estos recursos y con mayor frecuencia vemos conflictos sociales como el sucedido en Sonora y los pueblos yaquis que se vieron afectados por la construcción de un acueducto que transformaría la distribución del vital líquido en la región de Navojoa.

En el mismo sentido, desde hace varios años, la sociedad de Mexicali, Baja California, ha incrementado sus llamados a las autoridades y sus acciones para buscar mejores condiciones de aprovechamiento de las aguas de la cuenca del río Colorado.

Derivado de esta preocupación, la ciudadanía bajacaliforniana emprendió varias batallas a lo largo del año pasado, orientadas a defender su derecho a acceder y proteger el preciado líquido. En un primer intento, ante una ley que juzgaron tendiente a la privatización del líquido y a un uso no sustentable. Asimismo, en los últimos 12 meses se han pronunciado por evitar la construcción de una planta cervecera, que algunas organizaciones estiman pondrá en riesgo la disponibilidad de agua potable para la población.

En consecuencia, se llevaron a cabo varias protestas y movilizaciones sociales que en las últimas semanas han escalado a enfrentamientos con las autoridades estatales. En consecuencia, resulta necesario hacer un llamado al diálogo y cerciorarnos, como representantes de la nación, que se salvaguarden los bienes y derechos de la población por encima de cualquier interés comercial.

Por tales motivos, la propuesta que ofrezco a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, radica en que se haga un exhorto que llame al diálogo entre ciudadanos para que impere la paz social y el respeto a los derechos humanos; un llamado a que las autoridades asuman su responsabilidad de representantes populares y favorezcan soluciones pacíficas y el bien de la población, y se invita a la Comisión Nacional del Agua a que, en el ejercicio de sus atribuciones y el cumplimiento de su misión institucional, tenga un papel más activo en el conflicto que hoy aflige a Baja California.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Puntos de acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Baja California a que mantenga y fortalezca los canales de diálogo e interlocución con las organizaciones civiles que se consideran afectadas por la eventual conclusión de los trabajos para construir una planta de producción de cervezas que probablemente afecte la disponibilidad de agua en Mexicali, Baja California.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al ayuntamiento de Mexicali a revisar que los trámites administrativos relacionados con la construcción de la planta cervecera, inmiscuida recientemente en enfrentamientos sociales, se encuentren en regla con la finalidad de evitar que se concluya una edificación que contravenga las políticas de construcción, planeación urbana y uso de agua y se garantice el respeto a los derechos humanos de la población, en cuanto al suministro de agua, ante la eventual puesta en funcionamiento de la planta cervecera que ha generado protestas por varias organizaciones de la sociedad civil.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua a que, en cumplimiento de su misión institucional y en el marco de sus atribuciones, redoble los esfuerzos realizados para acercarse a las autoridades del estado de Baja California, a las autoridades del municipio de Mexicali y a las organizaciones de la sociedad civil para acompañar el proceso de diálogo con motivo del conflicto social originado con la eventual puesta en funcionamiento de una planta cervecera que aparentemente puede generar impactos en la disponibilidad de agua para la población.

Dado ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 24 de enero de 2018.

Diputada María Elena Orantes López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Cultura y la SEP a informar de los avances y las acciones del programa de fomento para el libro y la lectura, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Xitlalic Ceja García, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

En un contexto de violencia, el fomento de la lectura es una alternativa para generar escenarios que modifiquen la realidad y coadyuven en el fortalecimiento de una sociedad sin violencia.

Precisamente este 30 de enero, estamos conmemorando el Día Escolar de la No Violencia y La Paz, reconocido e instaurado por la UNESCO desde 1993 para recordar la muerte de uno de los más grandes pacifistas, Mahatma Gandhi, quien falleció un 30 de enero de 1948, hace 70 años.

Y uno de los programas escolares para promover la no violencia , se basan en el fomento del libro y la lectura. Es que si un niño tiene un libro en la mano, jamás va a tener un arma; los libros son la ventana a la imaginación, al desarrollo y a la felicidad. Los libros son un instrumento para la paz.

El propósito del presente acuerdo, es conocer los avances que se han tenido en el desarrollo del Programa de Fomento para el Libro y la Lectura, el cual fue elaborado de manera concurrente por la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Educación Pública, tal como lo establece el artículo 6 de La Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, de acuerdo a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de diciembre de 2015.

En este artículo 6, de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, también se establece en su fracción II, la facultad de ambas Secretarías para “Poner en práctica las políticas y estrategias contenidas en el Programa, estableciendo la coordinación interinstitucional con las instancias de los diferentes órdenes de gobierno, así como con los distintos sectores de la sociedad civil”.

Y con el propósito de lograr una mayor difusión y éxito del Programa, el legislador estableció la siguiente disposición en la Ley multicitada:

“Artículo 7.- Las autoridades responsables emplearán tiempos oficiales y públicos que corresponde al Estado en los medios de comunicación para fomentar el libro y la lectura.”

Es evidente que la lectura, un hábito milenario, debe también asociarse a las nuevas tecnologías, y el desarrollo de los programas deben fortalecer esta vertiente, la del libro electrónico.

Cada vez que alguien se acerca al maravilloso mundo de las letras, cambia su vida y modifica su entorno.

El “Pew Research Center” dio a conocer en su sitio web, algunos datos que nos pueden sensibilizar respecto de la importancia de la lectura: “India es el país en el mundo en el que más horas se leen a la semana, con 10.42 horas en total, les siguen Tailandia, con 9.24 horas; China, con 8 horas; Filipinas, 7.36 horas, y Egipto, con 7.3 horas.”

Algo distingue a estas naciones, son países que están en desarrollo. En México se lee en promedio 5 horas a la semana.

Es un hecho que leer es un placer y que la lectura cambia vidas, las personas que tienen el hábito de la lectura tienen 2.5 veces menos probabilidad de padecer Alzheimer, la lectura agudiza la astucia, estimula el intercambio de información, el conocimiento, la percepción, la concentración, la empatía y la imaginación.

Bajo estas premisas, con el mandato de Ley, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y reconociendo la importancia de la Lectura y el Libro, surgió el Programa de Fomento para el Libro y la Lectura 2016-2018; en la presentación de este programa, elaborado por la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Educación, se establece textualmente: “El Estado mexicano reconoce la lectura como un medio y como un fin en el gran contexto de la cultura universal, al tiempo que se comprende como una herramienta indispensable en la formación del individuo y de la colectividad; la lectura nos identifica y nos forma, es una puerta de acceso al reconocimiento del otro: nos hace empáticos, y en esa empatía nace el principio de la cohesión social. De ahí la necesidad de fortalecer los procesos lectores entre los mexicanos, así como de formar a personas capaces de reflexionar sobre sus propias prácticas y sobre su entorno, de discutir sus ideas y expresar sus opiniones de forma verbal y escrita”.

El proceso de desarrollo que necesita México debe fortalecerse con lectores libres y autónomos, creativos e insaciables en la búsqueda de conocimientos.

El Programa de Fomento para el Libro y la Lectura 2018, es una herramienta relevante que debemos fortalecer, por ello la importancia de contar con información, que nos permita dimensionar su éxito, así como también los obstáculos que deban sortearse. Conocer el estado que guarda la ejecución del programa y las acciones que se estén realizando en cumplimiento de lo establecido en la Ley, es fundamental para consolidar este Programa en beneficio de México.

En virtud de lo anteriormente fundado y motivado, ponemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Cultura y Secretaría de Educación Pública, a que informe de los avances y acciones del programa de fomento para el libro y la lectura.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de enero de 2018.

Diputada Xitlalic Ceja García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a los comisionados de la Cofece que realicen una investigación sobre el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas respecto a sus declaratorias o reconocimientos de idoneidad, suscrita por el diputado Jesús Antonio López Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito Jesús Antonio López Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59, 60 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esa honorable asamblea, como de urgente u obvia resolución, la presente proposición con punto de acuerdo por la que se solicita a las y los comisionados integrantes de la Comisión Federal de Competencia Económica, que realicen una investigación a fondo, sobre si el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (Conacem), órgano auxiliar de la Administración Pública Federal y a la vez asociación civil, al otorgar declaratoria o reconocimiento de idoneidad únicamente a un Consejo Nacional por Especialidad, dicho acto y su procedimiento constituye, genera o propicia prácticas monopólicas, barreras a la libre concurrencia y competencia económica, o sí ocasionan disminución, daño, impedimento o condicionamiento de la libre competencia económica, al libre ejercicio de profesiones, o a la libre prestación de servicios de los especialistas en alguna rama de la ciencia médica que tengan que certificarse o recertificarse de acuerdo a la Ley General de Salud , de acuerdo a las siguientes:

Consideraciones

Desde 1983, en México se han adoptado diversas medidas y políticas públicas de competencia económica, similares a las que se han implementado en diversos países y que han generado un incremento y promoción de la productividad, de la libre competencia en la prestación de servicios, así como en elaboración y comercialización de productos, sobre todo, en el crecimiento económico, combatiendo los intereses económicos que generan monopolios.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 28, establece que en los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios y las prácticas monopólicas, por lo que la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento de productos o servicios que eviten la libre concurrencia o la competencia entre actores económicos o todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social.

Ante la necesidad de garantizar la libre concurrencia y competencia entre actores económicos, nuestra legislación en dichas materias se ha ido actualizando, tan es así que el 23 de mayo de 2014, durante la presente administración, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Competencia Económica que abrogó la Ley Federal de Competencia Económica del 24 de diciembre de 1992.

Como principales objetivos de la Ley Federal de Competencia Económica vigente, se encuentran el promover, proteger y garantizar la libre concurrencia y la competencia económica, así como prevenir, investigar, combatir, perseguir con eficacia, castigar severamente y eliminar los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas, las barreras a la libre concurrencia y la competencia económica, y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.

En términos económicos generales entendemos por “mercados” todo conjunto de personas y organizaciones que participan de alguna forma en la compra y venta de bienes y servicios o en la utilización de los mismos, en el presente caso, nos referimos a los servicios que prestan las y los médicos que han cursado especialidades en alguna rama de la ciencia médica, que para el ejercicio de su especialidad y la prestación de sus servicios ya sea en instituciones de salud públicas o privadas, deban estar certificados o recertificados por así exigirlo la Ley General de Salud.

Es importante hacer notar que cuando un médico cursa una especialidad médica y cuenta con diploma, título y cédula profesional emitidos por instituciones de educación superior y de salud, así como por la Dirección General de Profesiones dependiente de la Secretaría de Educación Pública, respectivamente, se entiende que cuenta con los conocimientos y capacidad necesarios para ejercer los actos propios de dicha especialidad y de su profesión.

En nuestro país, las y los médicos invierten entre doce y trece años de su vida en el estudio de su licenciatura y de su posgrado, como lo es la especialidad en alguna rama de la medicina que hayan cursado, que implican dedicación, compromiso, esmero, así como múltiples sacrificios que se ven satisfechos al poder obtener su título, diploma y cédula profesional, por lo que se estima que no es correcto que a dichos profesionales de la salud, se les imponga por ley una exigencia más que deben satisfacer para poder ejercer su profesión y que consiste en pagar una certificación y recertificación para que puedan ejercer su profesión.

La certificación o recertificación consisten en documentos que avalan que un profesional de la salud con especialidad cuenta con conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes y calificación de la pericia y son emitidos por el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas y los 47 Consejos de Especialidades Médicas reconocidos por el mismo comité, que son asociaciones civiles, cuyo costo varía dependiendo del Consejo y que puede ser hasta de 17 mil pesos, que multiplicado por los miles de especialistas que tienen que obtener dicha certificación o recertificación, da como resultado millones de pesos de ganancia que se van a los bolsillos de los integrantes de las asociaciones civiles en mención.

Desgraciadamente, la certificación y recertificación son condicionantes para que las y los médicos especialistas puedan ejercer su profesión y especialidad, que si no pagan, aun y cuando ya cursaron estudios en instituciones educativas de nivel superior, mismas que ya han avalado dichas cualidades, ya que por ello les emitieron un título y cédula profesional o un diploma de especialidad, serán perseguidos y sancionados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y sus homologas en las entidades federativas.

Si bien es cierto que la intensión de imponer dicha obligación supuestamente se basó en la necesidad de garantizar que dichos médicos especialistas cuenten con el entrenamiento, habilidades, destrezas y pericia necesarios para realizar actos médicos, como lo establece el artículo 81 de la Ley General de Salud, dicha atribución de certificar y recertificar se ha convertido en un negocio monopólico que le deja ganancias económicas muy redituables al Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas y a los 47 Consejos de Especialidades Médicas que cuentan su reconocimiento o declaratoria de idoneidad.

La atribución de certificar y recertificar fue un regalo que se les concedió a las asociaciones civiles conocidas como Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas y a los 47 Consejos de Especialidades Médicas mediante el Decreto por el que se reforman los artículos 81, 83, 271 y se adiciona el artículo 272 Bis, 272 Bis 1, 272 Bis 2, 272 Bis 3, de la Ley General de Salud, publicado en el Diario Oficial de la Federación del primero de septiembre de 2011, que entre otras cosas crea la figura del multicitado Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (Conacem), como organismo auxiliar de la Administración Pública Federal para supervisar y certificar-recertificar el entrenamiento, habilidades, destrezas y calificación de la pericia que deben de tener los médicos especialistas en Medicina, dicho comité está integrado por miembros de la Academia Nacional de Medicina y la Academia Mexicana de Cirugía, de igual manera, se estableció que los Consejos de Especialidades Médicas que tengan la declaratoria de idoneidad y que estén reconocidos por Conacem, son los únicos que están facultados para expedir certificados y recertificados de su respectiva especialidad médica y por si no fuera ya bastante exceso de atribuciones, los Legisladores de la LX y LXI Legislatura le dieron otra facultad excesiva a Conacem y que consiste en emitir su opinión que debe enviar a la Dirección General de Profesiones, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, para que dicha dependencia pueda expedir o no su cédula profesional a los médicos especialistas.

Como se puede apreciar, las atribuciones que ejerce y realiza el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (Conacem) son importantísimas, toda vez que derivado de sus decisiones y opiniones, se encuentra en juego la posibilidad de que un médico especialista pueda ejercer o no su profesión, ya que si no cuentan con una certificación o recertificación no podrá trabajar, ni poner en práctica los conocimientos adquiridos durante su residencia médica que durante mínimo cuatro años tuvo que realizar en instituciones hospitalaria públicas y cursando un riguroso programa de estudio, pero lo más desafortunado y peligroso, es que el Estado mexicano deje en manos de un particular como lo es Conacem la prerrogativa de dar visto bueno u opinión para que un médico que curso una especialidad pueda obtener su cédula profesional para el ejercicio de dicha especialidad médica, y que no podrá obtener si dicho comité no da opinión favorable al respecto, ante esto, es dable cuestionar para que sirven las autoridades e instituciones educativas y de salud que emiten títulos y cédulas profesionales o diplomas de especialidad, si quien decidirá si un profesional de la salud con especialidad puede ejercer o prestar sus servicios, le corresponde a asociaciones civiles como son Conacem y los 47 Consejos de Especialidad reconocidos por dicho comité.

Es importante recalcar que los actos que realiza Conacem no son del todo transparentes, aun y cuando sus facultades pueden influir positiva o negativamente en el ejercicio profesional de una médico especialista y sobre todo, por que reciben recursos económicos públicos y de los particulares, ya que las certificaciones y recertificaciones tienen un costo dependiendo del precio fijado por los consejos de las especialidades médicas autorizadas mediante el reconocimiento de idoneidad que el mismo Conacem otorga a las asociaciones civiles que fungen como los mencionados consejos.

Diversos médicos han externado que el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (Conacem) realiza actos que monopolizan y condicionan el ejercicio de las especialidades médicas y resulta desafortunado que a una asociación civil, como lo es el Conacem, se le han dado atribuciones tan trascendentales para la formación profesional de un médico y que deberían de ser ejercidas por instituciones del Estado mexicano objetivas, profesionales y transparentes, ya que dicho comité, como lo ha hecho en repetidas ocasiones, puede excederse en sus atribuciones y hasta negar arbitrariamente la certificación o recertificación a un egresado de una especialidad médica, con la consecuencia violatoria de garantías y derechos constitucionales de que no podrá ejercerla, como es el caso de los cirujanos plásticos y reconstructivos, que si no cuentan con dicha certificación, no podrán realizar actos quirúrgicos de especialidad.1

Ante esto, hacemos hincapié en que la tan importante labor de avalar, certificar, recertificar y emitir opinión para que un especialista pueda obtener su cédula profesional, es una acción que debe ser realizada por una institución o ente público del Estado mexicano que obre de manera imparcial y respetando el libre ejercicio y el derecho a la transparencia en los procesos evaluativos de conocimientos de la ciencia médica.

De igual manera, se estima que el Conacem, al realizar el procedimiento y acto de otorgamiento de declaratoria o reconocimiento de idoneidad únicamente a un Consejo Nacional por Especialidad, genera actos que pueden constituir, generar o propiciar prácticas monopólicas, barreras a la libre concurrencia y competencia económica, u ocasionar disminución, daño, impedimento o condicionamiento de la libre competencia económica, al libre ejercicio de profesiones, o a la libre prestación de servicios de los especialistas en alguna rama de la ciencia médica que tengan que certificarse o recertificarse de acuerdo a la Ley General de Salud, situación que sólo sucede en México, ya que en otros países como Estados Unidos de América, pueden existir uno o varios Consejos o Barra Certificadoras por especialidad, situación que genera un incremento en la oferta y acceso del público al contar con un mayor número de médicos certificados.

La Comisión Federal de Competencia Económica, facultada por la Ley Federal de Competencia Económica, como garante de la libre concurrencia y competencia económica, así como para prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados deben investigar a fondo los actos que realiza el órgano auxiliar de la Administración Pública Federal denominado “Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas”, Conacem, que puedan afectar los derechos al libre ejercicio y profesión de miles de médicos especialistas afectados por prácticas o actos monopólicos que pueda materializar dicha asociación civil.

Ante los argumentos expuestos, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las y los comisionados integrantes de la Comisión Federal de Competencia Económica a que realicen una investigación a fondo sobre si el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (Conacem), órgano auxiliar de la Administración Pública Federal, y a la vez asociación civil, al otorgar declaratoria o reconocimiento de idoneidad únicamente a un Consejo Nacional por Especialidad, dicho acto y su procedimiento constituye, genera o propicia prácticas monopólicas, barreras a la libre concurrencia y competencia económica, o sí ocasionan disminución, daño, impedimento o condicionamiento de la libre competencia económica, al libre ejercicio de profesiones, o a la libre prestación de servicios de los especialistas en alguna rama de la ciencia médica que tengan que certificarse o recertificarse de acuerdo a la Ley General de Salud.

Si derivado de la investigación solicitada, Cofece determina la existencia de actos o hechos constitutivos de una probable conducta prohibida por la Ley Federal de Competencia, se deberán de imponer las medidas que resulten eficaces para sancionarla y evitar que se sigan generando, debiendo remitir a esta soberanía un informe detallado sobre dicha investigación.

Nota

1 El 15 de enero de 2018, se publicó en el diario La Razón de México, en la columna de opinión denominada “Gente detrás del Dinero” que pública el periodista y columnista Mauricio Flores, que la Comisión de Competencia Económica, encabezada por Alejandra Palacios, se negó a investigar la práctica monopólica que se le atribuye a Conacem en la certificación de médicos especialistas, misma que se puede consultar en el siguiente apartado:

https://www.razon.com.mx/cofece-quiere-compitan/

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 24 de enero de 2018.

Diputado Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al gobierno de Chiapas a garantizar el derecho a la vida y la salud de Patricia del Carmen Paniagua Gómez, así como de todos quienes se encuentran bajo custodia en la entidad, y a presentar públicamente un diagnóstico sobre las investigaciones por tortura y tratos crueles e inhumanos en la entidad, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena

Araceli Damián González, en mi calidad de diputada federal de la LXIII Legislatura, integrante del grupo parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes:

Consideraciones

Patricia del Carmen Paniagua Gómez es una mujer chiapaneca víctima de tortura, cuyo caso ha documentado el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. Cuando se le detuvo arbitrariamente en abril de 2014, sin orden de aprehensión, por su presunta participación en un homicidio en el municipio de Teopisca, un grupo de hombres armados (en presencia de agentes del Ministerio Público), abusó física y psicológicamente de ella: “Me llevaron a un cuarto donde me envolvieron con almohadas en la parte del abdomen y de la cintura, y comenzaron a golpearme diciendo que yo aceptara” el crimen”, narra Patricia, quien agrega que también la amenazaron con matar a sus hermanos.1

Además de Patricia, las autoridades estatales detuvieron de manera arbitraria a Margarito Benjamín Zolano Gonzales y María del Rosario Zolano Gonzales. Por la tortura en contra de las tres personas, la Fiscalía del Ministerio Publico Mesa de Trámite número 1 abrió la averiguación previa 19/AL54-M1/2016, a cargo de la fiscal Rocío Díaz Hernández.

Según el informe de un médico independiente especialista consultado por el Centro Frayba, la tortura y la constante violación a sus derechos humanos en el Centro Estatal de Reinserción Social para los Sentenciados número 5 causaron a Patricia diabetes mellitus. A pesar de las múltiples solicitudes, las autoridades mexicanas no le brindaron la atención médica adecuada ni los medicamentos necesarios para controlar su enfermedad. Por ello, el centro de derechos humanos pidió en julio de 2016 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares por el riesgo inminente a la vida y daños irreparables para Patricia.2

Este caso es fundamental no sólo por los crímenes cometidos por autoridades durante la detención arbitraria, sino porque es obligación del Estado mexicano salvaguardar el derecho a la vida y la integridad de todas las personas que se encuentran bajo custodia. Por ello, pongo a consideración del pleno la siguiente proposición con:

Punto de acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno constitucional del estado de Chiapas a garantizar el derecho a la vida y a la salud de Patricia del Carmen Paniagua Gómez, así como de todas las personas que se encuentran bajo custodia en la entidad. De igual forma, se le exhorta a presentar públicamente un diagnóstico sobre las investigaciones por tortura y tratos crueles e inhumanos en el estado.

Notas

1 http://revoluciontrespuntocero.mx/me-envolvieron-con-almohadas-el-abdom en-y-comenzaron-a-golpearme-para-que-aceptara-que-cometi-un-homicidio/

2 https://frayba.org.mx/riesgo-a-la-vida-por-grave-estado-de-salud-en-con diciones-carcelarias-de-victima-de-tortura/

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, 24 de enero de 2018.

Diputada Araceli Damián González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCJN a resolver con prontitud, imparcialidad y objetividad el amparo en revisión número 1152/2016, donde se hallan implicados trabajadores mexicanos ex braceros y sus beneficiarios del programa Bracero, a cargo del senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT

Senador David Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, presento ante esta Comisión Permanente, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Para entender la migración de los mexicanos hacia Estados Unidos de América y las medidas que se han llevado a cabo para regularizar el trabajo de inmigrantes, se pude dividir en tres etapas en la historia de relación bilateral entre las dos naciones.

En una primera etapa, en los años de 1848 a 1940, la pérdida del 50 por cierto del territorio mexicano provocó que los Estados Unidos llegaran al recién arrebatado territorio para despojar de los bienes y recursos a sus habitantes originales, mismos que fueron transitando de propietarios a trabajadores, gracias al modelo económico que movía a una nación en expansión. Así, a los mexicanos que quedaron dentro del ya territorio estadounidense, se sumaron los inmigrantes que empezaban de forma cotidiana a cruzar la frontera a finales del siglo XIX.

Posteriormente, en la historia de la migración, la Segunda Guerra Mundial fue el marco para la siguiente etapa de la ola de migración hacia Estados Unidos. A raíz de la guerra, la demanda de mano de obra fue en aumento, especialmente en la agricultura de los estados del suroeste. Esta necesidad se generó por las vacantes que dejaron los empleados norteamericanos que se movieron a la industria de la defensa y a enrolarse en las fuerzas armadas, de ahí que el gobierno de los Estados Unidos solicitara al mexicano ayuda para importar mano de obra; es así que el 4 de agosto de 1942 empezó a regir el primer convenio sobre braceros.1

En el mismo convenio se incorporaron las demandas del gobierno mexicano, que procuraba la defensa de sus connacionales, entre las principales se pueden destacar:

1. Garantías de un trato no discriminatorio.

2. Condiciones dignas de trabajo, y

3. Salarios iguales a los recibidos por los norteamericanos.

El acuerdo que se menciona es parte integrante del Programa Bracero desarrollado ente los Estados Unidos y México, que comprende dos periodos: el primero, se inicia en 1942 y concluye en diciembre de 1947; el segundo, comienza inmediatamente y termina en diciembre de 1964. Se estima en 250 mil el número de braceros que salieron del país durante la primera etapa; en el caso de la segunda, los emigrantes fueron aproximadamente 450 mil.2

Por otro lado, según datos recopilados por Manuel de Jesús Esquivel Leyva, doctor en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, en total del periodo de 1942 a 1964, fueron 4 millones 682 mil 835 los trabajadores mexicanos contratados en los 11 años de acuerdos sobre braceros. Y casi cinco millones los mexicanos aprehendidos y expulsados de Estados Unidos por carecer de documentos.3

Es una realidad que la economía de guerra que adoptó Estados Unidos fue el catalizador para que millones de mexicanos cruzaran la frontera en busca de empleo, haciendo de la inmigración algo cotidiano y en constante crecimiento; sin embargo, las condiciones laborales y prestaciones sociales eran escasas, generando una crisis migratoria para ambos países.

Asimismo, el Programa Bracero tuvo innumerables consecuencias y problemas para los países y trabajadores mexicanos. Por ejemplo, el movimiento migratorio paralelo, el cual consistía en el ingreso de indocumentados a Estados Unidos de América de forma masiva, fuera de los lineamientos del programa, con esto se calcula que, en los 22 años de duración del Programa Bracero, ingresaron cerca de 5 millones de indocumentados a Estados Unidos.4

Otro de los problemas fue la excesiva burocracia en ambos lados de la frontera; los empleadores estaban inconformes con tanto papeleo y gasto, a comparación de los inicios del programa donde solo llegaba la mano de obra a su destino, sin ningún costo para ello. En México, la administración del Programa, además de gastos, generó corrupción y tráfico de influencias, problemas que no pudieron resolverse y que aun persiguen a la administración pública del país.5

En esta misma tesitura, otro de los problemas que surgió del Programa Bracero y que ha movilizado durante años ex trabajadores y sus beneficiarios, fue la medida paternalista que el gobierno mexicano impuso a los braceros, al obligarlos a realizar un ahorro del 10 por ciento de sus salarios en bancos norteamericanos, que a su vez serían depositados en el Banco Nacional de Crédito Agrícola de México.

En 1943 se recaudaron aproximadamente 11.6 millones de dólares, de los cuales se devolvieron solo 2.6 millones. En 1944 se habría recaudado 18.4 millones de dólares, y solo se reintegró 10.7 millones, hasta el día de hoy, el Estado mexicano no ha devuelto el total del ahorro.6

Es oportuno precisar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo quinto, enuncia que “nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial”; y a pesar de ello, ex trabajadores braceros fueron privados del 10 por ciento de sus salarios sin que mediara resolución judicial alguna; por otra parte, en su artículo 14, la Constitución enuncia textualmente que “nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio [...]”, lo que significa que la única forma que tendría el Estado mexicano para apropiarse legalmente de los fondos de ahorro de los ex braceros, sería previa demanda, cosa que no ha sucedido, ni hay forma alguna que suceda.

Por ello es pertinente que en el tema bracero, el gobierno de México deje de evadir el tema y emita alguna respuesta a las legítimas peticiones que han formulado durante años, los beneficiarios del Programa Braceros, solicitudes que piden la devolución y entrega de las cantidades que por concepto del Fondo de Ahorro Campesino, les fueron descontadas semanalmente el 10 por ciento de su salario, durante el tiempo que laboraron en los Estados Unidos de América, de 1942 a 1964.

Sin embargo, la lucha de los ex braceros tuvo un pequeño avance con respecto a las demandas emitidas, cuando el Juzgado Segundo de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México, el 29 de febrero de 2016, emitió una sentencia favorable a los ex trabajadores, donde obliga al gobierno mexicano a pagar el Fondo de Ahorro de Campesinos. Es decir, la juzgadora dictó una sentencia ejemplar, que va hasta la raíz de esta injusticia.

Asimismo, la sentencia contempla crear un banco de datos (censo), con los datos y nombres de los ex braceros y sus beneficiarios para determinar qué personas tienen derecho al pago del fondo de ahorro; se otorgará el certificado de identidad correspondiente, para lo que se instruirá a las autoridades responsables que proporcionarán todas las facilidades a los braceros y sus beneficiarios, para obtener la documentación necesaria para acreditar el derecho al pago de ese ahorro.7

Por otro lado se exhorta a realizar una investigación exhaustiva con el gobierno de los Estados Unidos de América, a efecto de determinar los nombres, cuentas y cantidades que ahorró cada uno de los migrantes mexicanos de 1952 a 1964, y rendir cuentas exactas y trasparentes sobre el destino de los ahorros, con la colaboración de los bancos norteamericanos; asimismo, el gobierno federal gestionará, a través de las autoridades del servicio exterior mexicano, la posibilidad de que por medio de los consulados, los connacionales que residan en los Estados Unidos de América con la calidad de ex braceros o beneficiarios, pudieran acceder al beneficio del pago del fondo de ahorro.8

Sin embargo, inconformes con la sentencia emitida por la jueza de distrito, el presidente de la República, el secretario de Gobernación y el encargado de los trabajos de la dependencia coordinadora del Fideicomiso Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, el día 22 de junio de 2016, interpusieron sendos recursos de revisión, de los que, por razón de turno, correspondió conocer al Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Por otro lado, en misma fecha, la Procuraduría General de la República, mediante oficio, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerciera su facultad de atracción para conocer del referido recurso de revisión, lo que derivó en que la magistrada presidenta del Primer Circuito, atendiendo al oficio signado por el subsecretario general de Acuerdo de la Suprema Corte, ordenó la remisión de los autos del recurso de revisión y del juicio de amparo, al Tribunal Constitucional.9

Aunado a lo anterior, el 26 de octubre de 2016, la Segunda Sala de la Suprema Corte acordó por unanimidad, ejercer la facultad de atracción respecto al mismo y así, en enero de 2017, fue nombrado como ponente el ministro Javier Láynez Potisek, por lo que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está en condiciones para dictar su resolución final sobre este asunto, en el expediente de amparo en revisión 1152/2016.

Es así como se hace latente la forma en que los migrantes han sido, sistemáticamente, víctimas de distintos abusos a lo largo de su historia, la fuerza laboral agrícola mexicana ha sido sometida a tratamientos humillantes, múltiples violaciones y abusos por parte de las autoridades estadounidenses, acompañada de la deuda que tiene el Estado mexicano con los mismos ex braceros.

Es por ello que se hace la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta, con pleno respeto a la división de poder, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que resuelva con prontitud, imparcialidad y objetividad, el Amparo en Revisión 1152/2016, radicado en su Segunda Sala, en el que se hallan implicados trabajadores mexicanos ex braceros y sus beneficiarios del Programa Bracero.

Los migrantes han sido despojados de su dignidad por parte de las autoridades en Estados Unidos y desprotegidos por el gobierno mexicano, eso debe tomar en cuenta la autoridad judicial e impedir que se siga evadiendo la responsabilidad de devolver las cantidades de dinero, que son producto de su trabajo y que han sido retenidas sin una justificación.

En lo particular, se espera que la sentencia que emita la Suprema Corte sea favorable y conforme a derecho, toda vez que les asiste la razón, puesto que su reclamo va en sentido de la devolución del 10 por ciento del sueldo que los patrones depositaban en los bancos norteamericanos y estos debían de custodiar hasta su trasferencia al entonces Banco de México, que, a su vez, debía traspasarlo al Banco de Crédito Agrícola y al Banco Nacional del Ahorro; sin embargo estos últimos, no se hicieron responsables, ni cumplieron su obligación de guardar y cuidar ese recurso.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes, exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que resuelva con prontitud, imparcialidad y objetividad, el Amparo en Revisión 1152/2016, radicado en su Segunda Sala, en el que se hallan implicados trabajadores mexicanos ex braceros y sus beneficiarios del Programa Bracero.

Notas

1 Esquivel, Manuel de Jesús. “La migración de trabajadores mexicanos a los Estados Unidos de América”, UNAM, [en línea], consultado el 18 de enero de 2018, disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2993/8.pdf

2 ídem.

3 Ídem.

4 Durand, Jorge. “El Programa Bracero (1942-1964). Un balance crítico”, Red Internacional de Migración y Desarrollo Zacatecas, México, [en línea], consultado el 19 de enero de 2017, disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/660/66000902.pdf

5 Ídem.

6 Ídem.

7 “Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción 366/2016”, SCJN, [en línea], consultado el 19 de enero de 2018, disponible en: www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/2/2017/24/2_218165_3312.doc

8 Ídem.

9 Ídem.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 24 días de enero de 2018.

Senador David Monreal Ávila (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a instruir al Bansefi a fin de que publique un informe detallado de la entrega de “tarjetas” para los damnificados de los terremotos del 7 de septiembre en Chiapas y Oaxaca, suscrita por la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita Claudia Sofía Corichi García, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente exhorta al Poder Ejecutivo para que instruya al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) a publicar un informe detallado acerca de la entrega de tarjetas para los damnificados de los terremotos del pasado 7 de septiembre en Chiapas y Oaxaca, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

I. El pasado 7 de septiembre de 2017 un sismo de magnitud 8.2 sacudió los estados de Chiapas y Oaxaca, lo que provocó daños en más de 120 mil viviendas en estos estados.

II. El gobierno federal informó, en su momento, que estas viviendas deberían reconstruirse o repararse en Oaxaca y Chiapas. Por lo que se comprometió a apoyar a los damnificados para la adquisición de material de construcción y pago de mano de obra.

III. A través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) se llevó a cabo un censo que permitiría tener claridad de las viviendas que sufrieron daños parciales o totales por el terremoto, así como de las personas beneficiarias de los apoyos de reconstrucción provenientes del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden).

IV. La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, en su oportunidad presentó un censo de viviendas y acciones para la reconstrucción: transparencia y rendición de cuentas, y puntualizó que quienes sufrieron daños totales recibirán 120 mil pesos a través de dos tarjetas, una para compra de material y la otra para mano de obra. El monto sería entregado en cuatro ministraciones.

En Oaxaca fue donde se presentaron mayores afectaciones a inmuebles, con al menos 57 mil, mientras que en Chiapas se contabilizan 53 mil 395 negocios y viviendas con daños.

V. En el mes de octubre, el propio presidente Enrique Peña Nieto anunció que se habrían de entregar 120 mil pesos, en cuatro exhibiciones, en monederos electrónicos a las familias que perdieron su vivienda de manera total en Chiapas y Oaxaca. Detalló que durante octubre y enero se entregarían 30 mil pesos para que las familias compraran los materiales que requieren para la reconstrucción y pagaran la mano de obra.

Además de aclarar que se instalarían cajeros automáticos para que los damnificados pudieran disponer de ese efectivo. En palabras del presidente: “Una de las tarjetas dice Fonden y otra dice Vivienda. Para quienes tuvieron daños parciales solo van a recibir una tarjeta, y los que tuvieron daños totales, recibirán las dos”, explicó.

VI. El presidente anunció también que los damnificados recibirían una tarjeta de Bansefi, donde se les depositaría el 20 por ciento del apoyo total en efectivo, y el resto con una tarjeta en la que recibirán apoyo para comprar exclusivamente materiales, mediante el convenio con empresarios de la construcción. Y los que tuvieran daños parciales en su vivienda, recibirán la tarjeta de Bansefi donde les depositarían un apoyo económico de acuerdo con el análisis de las autoridades que verificaron el estado de su casa.

VII. En esas tarjetas se estuvieron recargando 25 mil pesos cada mes, hasta enero de este año, para entregar el monto total a damnificados. También, con Bansefi, se estableció convenio para otorgar créditos de tasas preferenciales, a la palabra del afectado por el sismo.

La inversión total para la reconstrucción de viviendas es de 7 mil millones de pesos.

VIII. El pasado 15 de enero del presente año, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) presentó una investigación acerca de estos recursos otorgados a través de Bansefi, donde se hace notar que emitió 4 mil 574 tarjetas para mil 495 beneficiarios; es decir, se hicieron mil 79 plásticos de más. En esas tarjetas de débito, la CNBV encontró que Bansefi “dispersó recursos en efectivo” que ascienden a 68.8 millones de pesos; es decir poco más de 3.6 millones de dólares.

En la investigación de la autoridad bancaria se mencionan los once nombres de los damnificados a quienes se les emitieron el mayor número de tarjetas, entre 34 y 10 para cada uno, todas con fondos. Además, señala que otras mil 484 personas están registradas con dos y hasta ocho tarjetas de débito cuando, de acuerdo con el programa de apoyo a los damnificados, solo les correspondería una, pues son las que se emiten para disponer de efectivo.

IX. El 14 de noviembre pasado, el director general de Bansefi, Virgilio Caballero, presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), para que se investigara la posible clonación de los plásticos, debido a la denuncia de algunos damnificados por faltantes en sus tarjetas.

Fue dos días después, que la CNBV inició una investigación a Bansefi por las tarjetas repartidas entre las personas afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017. El 20 de diciembre, la CNBV concluyó la primera etapa de su investigación y donde presenta observaciones que van dirigidas a Virgilio Andrade, director general de Bansefi.

“Bansefi presentó deficiencias en la instrumentación de mecanismos que garanticen la adecuada ejecución de las operaciones bancarias, en virtud de que en mil 495 casos la entidad dispersó recursos en efectivo en más de una tarjeta a la que tenían derecho (ya que la segunda tarjeta está reservada para la compra directa de materiales, sin que pueda disponerse de efectivo). El total de los recursos destinados a los mil 495 beneficiarios ascendió a 68.8 millones de pesos”.1

Por todo lo anteriormente expuesto es que someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de acuerdo

Único. La honorable Comisión Permanente exhorta al Poder Ejecutivo a que instruya al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) a publicar un informe detallado acerca de la entrega de tarjetas para los damnificados de los terremotos del pasado 7 de septiembre en Chiapas y Oaxaca.

Nota

1 Reporte Especial “La Multiplicación de las Tarjetas: Bansefie clona damnificados del terremoto”, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Enero 15, 2018.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 24 días del mes de enero del 2018.

Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de Morelos, Puebla y la Ciudad de México a informar sobre los avances de la demolición de edificios dañados, atención médica y reubicación de personas, así como el uso de los recursos económicos extraordinarios y materiales otorgados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, a cargo de la senadora María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, María Verónica Martínez Espinoza, senadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como en el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía.

Exposición de Motivos

Tenemos la necesidad de estar preparados ante los desastres naturales, toda vez que nuestro país se localiza en una posición geográfica donde prevalecen los fenómenos naturales constantemente, y que en los últimos años han azotado a nuestro territorio y a nuestra población.

La prevención ante los desastres manifiesta una relevancia sin precedentes, sin embargo, en algunos momentos pareciera que es parte de la naturaleza humana posponer la preparación para algo que creemos que es relativamente poco probable que suceda o, peor aún, dejar a un lado las tareas de ayuda y reconstrucción.

La lista de desastres naturales en los últimos meses ha sido realmente notable en México, sin embargo, el reto es tomar las medidas de prevención para mitigar los posibles daños materiales y humanos que aquellos puedan ocasionar, y continuar con las tareas precisas para regresar la vida a la normalidad, llevándonos como sociedad, al cambio en nuestra manera de pensar sobre el futuro.

Ante estos diferentes acontecimientos, se han manifestado con mayor auge, fenómenos entre la población afectada por los desastres, algunos de ellos nos brindan esperanza en un México más unido y solidario, sin embargo, también se evidencia el trabajo hecho por las autoridades locales en los estados afectados.

El 19 de septiembre de 2017, el centro del país sucumbió debido a un temblor con magnitud 7.1 con epicentro en Jojutla, Morelos. Miles de personas en Puebla, Morelos y la Ciudad de México abandonaron sus negocios y casas ya que no soportaron la intensidad del sismo, dejando a cientos de familias en estado de indefensión, sin tener un techo donde resguardarse de las inclemencias del tiempo.

Resulta sumamente importante que se cuente con las medidas de seguridad apropiadas derivadas de un sismo como el acaecido el 19 de septiembre pasado, toda vez que se desconoce el momento en que pudiera suscitarse otro movimiento telúrico que termine ocasionando daños materiales importantes, así como vulnere la integridad de las personas.

Ante esta situación presento a este honorable pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los estados de Morelos, Puebla y a la Ciudad de México, informen sobre los avances obtenidos en la demolición de edificios dañados, atención médica, y reubicación de personas, así como el uso de los recursos económicos extraordinarios y materiales otorgados por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 24 de enero de 2018.

Senadora María Verónica Martínez Espinoza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Conapred y la Segob a iniciar los procedimientos sancionatorios desprendidos de las Leyes Federales para prevenir y eliminar la Discriminación, y de Telecomunicaciones y Radiodifusión por las expresiones discriminatorias vertidas en días pasados por el presentador Marcos Martínez Soriano, a cargo de la senadora Adriana Dávila Fernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Adriana Dávila Fernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 59, 60, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable Comisión Permanente la Proposición con Punto de Acuerdo por la que se exhorta a los titulares de la Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y a la Secretaría de Gobernación, con objeto de que se aboquen a iniciar los procedimientos sancionadores que se desprenden de la ley en materia de discriminación y la relativa a telecomunicaciones y radiodifusión, lo anterior con base en las siguientes

Consideraciones

1. En meses pasados derivado del inicio de los tiempos electorales, apareció a través de diversos espacios de televisión un promocional de un partido político en el cual aparece un niño huichol, Yuawi López, cantante de la etnia Wixarika, conocido por su origen huichol, mismo que protagoniza el spot.

Sobre ese spot, el comunicador Marcos Martínez Soriano, conductor de una televisora de Coahuila, en la emisión del noticiero de 8 de enero de 2018, por el Canal RCG3, se refirió al niño como “changuito disfrazado de indio”.

Pero la anterior expresión no fue la única, realizó otras cuya intención era degradar a la persona, en este caso un menor de edad, al referirse a él con expresiones como “Una mascotita que traemos los mexicanos, que nos encanta, como no tenemos todos perro o gato, buscamos mascotas y agarramos a los niños Triquis que juegan basquetbol como si fueran los Cavs, con Lebron James. ‘Es mi changuito que tengo de mascota, son niños indios” además de referir a otra niña y expresar de ella que “tenemos otra niña, también mascota, indita, también de la Huasteca, la niña Jobs” para finalizar con los comentarios y señalar “uf, nada más nos falta, un buen embajador mexicano, secretario de Relaciones Exteriores, el changuito disfrazado de indio”.

2. Sobre lo anterior, la Convención sobre los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes en consonancia con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes coinciden en reconocer los derechos de niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser sujetos de discriminación alguna ni de limitación o restricción de sus derechos, en razón de su origen étnico, nacional o social, idioma o lengua, edad, género, preferencia sexual, estado civil, religión, opinión, condición económica, circunstancias de nacimiento, discapacidad o estado de salud o cualquier otra condición atribuible a ellos mismos o a su madre, padre, tutor o persona que los tenga bajo guarda y custodia, o a otros miembros de su familia.

En el presente caso, el menor de edad pertenece, a la comunidad huichol, no es, como sostiene el presentador una persona disfrazada o utilizado de mascota, pues al respecto es preciso hacer la aclaración que él es cantante y voz principal del grupo de rock huichol “Venado Azul” al cual pertenece.

2. Por su parte, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radio Difusión prohíbe expresamente toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

De ahí, que debe iniciarse el procedimiento de sanciones previsto en la misma ley toda vez que se incumplieron con las disposiciones de la mencionada ley federal al exceder la libertad de expresión prevista en el artículo 6 constitucional.

Si bien es cierto que, el derecho a manifestar ideas, expresar y difundir opiniones e información no puede ser restringido a través de una censura previa, lo cierto es que dicho derecho no es ilimitado, pues precisamente el dispositivo 6o. constitucional establece como borde del ejercicio de ese derecho el respeto a los derechos de terceros.

Al respecto es necesario aclarar que este derecho no puede ser ejercido de forma tal que ataque y vulnere la dignidad de otras personas como es en el presente caso, la imagen y derechos del menor de edad.

Es de reconocer que la valoración en el presente caso resulta muy compleja, pues ciertos activistas argumentaron que el niño Yuawi López era utilizado como una “mascota” o que el uso y aparición de él en tal spot era violatorio de derechos electorales.

Sin embargo debe aducirse que en el presente caso no se puede decir que la imagen de él es utilizada con el objeto de crear empatía o cierta imagen de “ternura”, pues por el contrario se trata de un niño que en sus ratos libres se dedica a ser la voz principal del grupo musical a cual pertenece, lo que sin duda, contrario a lo que se ha argumentado en otros casos, en la especie, se trata de alguien que se desarrolla de forma profesional artísticamente, y por tanto, se le realizó un pago derivado de sus servicios profesionales artísticos, avalado y por conducto de sus progenitores.

Lo contrario, es decir, evitar que él actúe o realice ciertas labores profesionales y artísticas redunda sin duda en su perjuicio al prohibirle desarrollar un rol que él asume con carácter profesional y que en nada ha interferido con sus derechos inherentes a su edad.

Por tanto, no es dable la utilización del espacio prescrito en un medio de comunicación masiva como es la televisión, para ofender, denigrar trasgredir a las personas, dañando su dignidad, por lo que deben iniciarse los procedimientos en materia de discriminación y por las violaciones a los contenidos presentados en la programación de televisión.

Por lo expuesto y fundado proponemos la siguiente propuesta con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Presidenta de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación con el objeto de que inicie el procedimiento de queja que prevé la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación por las conductas que se aluden en el cuerpo de la presente propuesta.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación para que inicie el procedimiento de sancionador por violaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, derivado de los contenidos que presentan conductas discriminatorias que se refieren en la presente proposición.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 24 de enero de 2018.

Senadora Adriana Dávila Fernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR, la CNS y la SFP a cumplir inmediatamente la recomendación número 66/2017 de la CNDH, relativa a la desaparición de siete policías federales y de un civil en noviembre de 2009, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena

Araceli Damián González, en su calidad de diputada federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

“Yo quiero ayudar a la gente, un policía ayuda y cuida a la gente, y yo eso seré. A ti te cuidaré siempre y a mis hermanitos también”, dijo Luis Ángel León Rodríguez a su madre, Araceli Rodríguez Nava. Él tenía apenas siete años de edad.1 Pasó el tiempo y Luis Ángel trabajó en diversas labores para apoyar a su familia, hasta que un día se enteró que la Policía Federal (PF) estaba reclutando gente. A sus 21 años, Luis portó con orgullo el uniforme y se convirtió en sargento primero.

El 13 de noviembre de 2009, Araceli supo que su hijo iría comisionado a Ciudad Hidalgo, Michoacán, para ocupar un puesto de escolta con uno de sus jefes de la PF.2 Araceli se preocupó, ella sabía que la entidad era violenta, pero respetó la decisión de Luis; no obstante, preguntó cómo llegaría a su nuevo empleo y él dijo que debían irse por sus propios medios: “Ya nos pusimos de acuerdo con mis compañeros y ya le dije a mi amigo Sergio, él nos llevará en su camioneta, nos deja y se regresa el mismo día. Llevamos nuestra arma de cargo y en transporte público no la podemos llevar”.

Tres días después, Araceli salió temprano a trabajar y se despidió de su hijo. Horas más tarde, por teléfono, Luis le comentó que ya iban de salida y prometió llamar al llegar. Esa fue la última vez que escuchó la voz de su hijo. Durante la tarde y la noche siguió llamándolo, pero siempre la conexión se hacía directo al buzón de voz. Al día siguiente, Araceli trataba de calmarse repitiéndose que probablemente no habría red en el lugar. Cerca del mediodía del 17 de noviembre, recibió una llamada desde su casa “vino Maribel, la esposa de Sergio, a preguntar si sabes algo, porque Sergio no contesta el teléfono, la manda a buzón”. En ese momento terminó la calma.

Pasaron días y decidieron ir a la Policía Federal, donde dijeron a Martín, otro hijo de Araceli, que no había ninguna alerta y sólo debían seguir esperando a que Luis los contactara. La noche del viernes 20 regresaron a la institución en compañía de su tercer hijo, Jovany, también policía federal. Él preguntó a varios compañeros del agrupamiento de Luis si sabían algo, pero respondieron negativamente. El grupo trató de comunicarse, sin éxito, con los otros policías que fueron comisionados, hasta que un comandante dijo a la familia: “vengan mañana sábado por la mañana, para que exijan saber de los compañeros”.

Así lo hicieron. En el centro de mando, Jovany encontró al comandante a cargo del agrupamiento al que pertenecía Luis Ángel, quien pidió hacer un oficio dirigido al coordinador de fuerzas federales para indagar el paradero del grupo, así como del civil Sergio Santoyo. Al buscar la oficina del coordinador, se les negó la atención. Ese día, 21 de noviembre, Araceli recibió una llamada de Roberto Cruz Aguilar quien cuestionó por qué no se había presentado a trabajar el elemento Luis Ángel León Rodríguez; “¿cómo que no se ha presentado? Mi hijo se fue de comisión”, respondió ella. Cortaron la llamada y unos minutos después la misma persona volvió a comunicarse: “Le pido que esté el lunes 23 de noviembre a las 9:00 horas en la Policía Federal, tráigase dos mudas de ropa porque vamos a salir a Michoacán a levantar la denuncia por desaparición del elemento Luis Ángel León Rodríguez”. Como Araceli refiere: “ahí empezó el viacrucis”.

Durante la investigación, comentaron a Araceli que Luis había desacatado una orden al irse, a pesar de que ella contaba con el oficio que amparaba su partida; de igual forma, se le pidió reconocer cuerpos en el estado de México, sin la certeza de que se tratara de policías federales. Transcurrieron noviembre, diciembre y enero. En febrero de 2010 autoridades detuvieron a presuntos integrantes de la Familia Michoacana y al director de seguridad pública municipal de Aporo, Michoacán, quienes dijeron haber participado en el secuestro y desaparición de 7 policías federales y un civil en noviembre.

El 13 de febrero, en el centro de mando de la PF, las ocho familias escucharon que los detenidos habían confesado el secuestro y asesinato del grupo: “Los secuestraron porque se identificaron en la caseta para no pagarla... Los descuartizaron y los quemaron... Están muertos, pero jamás habrá cuerpos”, les dijo un comandante. Pasaron meses y hubo más detenidos; Araceli incluso habló con uno de ellos, un joven de aproximadamente 25 años.

Como ella misma comenta: “He ido a lagunas, a cerros, a buscar con autoridades al lugar donde declaran que fueron los hechos y no hay nada, únicamente la desolación de la tarde nublada y un aire tenebroso que cala los huesos porque anuncia que ahí paso algo muy cruel. Con perros preparados y con peritos, he recorrido un cerro, visité un hoyo grande en el cerro La Coyota, en Michoacán, donde dicen fueron enterrados sus restos, pero el tiempo, la intemperie y la lluvia se han llevado lo que quedó, no hay nada”.

En su búsqueda por la verdad y la justicia, comenzó a recibir amenazas de secuestro y llamadas en las que le decían que le coserían la boca por hablar, pero ella no se ha detenido y ha llevado el caso de Luis Ángel a todo México e incluso a otros países: “con todo lo que yo recorrí, aprendí a defender mis derechos y ahora enseño a la gente a exigir los suyos, les acompaño dando seguimiento a sus casos en las diferentes instituciones”, comenta Araceli. Así han pasado ocho años. Hoy Araceli defiende a las víctimas desde el consejo consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

El 7 de diciembre de 2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 66/2017. En ella constan las múltiples violaciones a derechos humanos e irregularidades en la investigación de los hechos. El texto señala que la protección de la vida, integridad y seguridad de los elementos policiales deben estar respaldadas por estrategias y planes que reduzcan riesgos, además de contar con los recursos materiales que permitan su adecuado equipamiento.

En ese sentido, la CNDH acreditó que varios mandos superiores incumplieron el artículo 19 de la Ley de la Policía Federal, el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y distintos manuales de procedimientos. También se evidenció la falta de profesionalismo, respeto y sensibilidad de diversas autoridades que trataron en forma inadecuada e indigna a los familiares de las víctimas.

Con todo esto, se violentaron los derechos humanos de seguridad jurídica y legalidad, trato digno, integridad y seguridad personal, así como acceso a la justicia, en sus modalidades de procuración de justicia, atención a víctimas del delito y acceso a la verdad de las víctimas y sus familiares. De tal forma, la CNDH determinó que la Procuraduría General de la República debe investigar la actuación de los servidores públicos de la PF y de Michoacán, a fin de establecer si tuvieron participación en la desaparición. Al Comisionado Nacional de Seguridad se le pide reparar el daño, colocar un memorial visible al público en sus instalaciones para destacar que los policías estaban en ejercicio de sus funciones al momento de la desaparición, así como disculparse públicamente; por su parte, a la Secretaría de la Función Pública se le solicita capacitar al personal del Órgano Interno de Control en la PF que investiga irregularidades administrativas, para que sus resoluciones se apeguen a la legalidad y exacta aplicación de la ley.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. El Poder Legislativo debe exigir justicia, verdad y memoria en el caso de los siete policías federales y un civil desaparecidos desde noviembre de 2009. Por ello, pongo a consideración del pleno la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República, al Comisionado Nacional de Seguridad y a la Secretaría de la Función Pública a cumplir inmediatamente con la Recomendación 66/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, relativa a la desaparición de siete policías federales y un civil en noviembre de 2009.

Notas

1 La narración de los eventos en las siguientes páginas se basan en el testimonio de Araceli Rodríguez Nava, disponible en http://www.revistaresiliencia.org/testimonios/senora-quiero-su-perdon/

2 Esta responsabilidad se derivó de la cuarta sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Michoacán, en la que se acordó que diversos municipios de la entidad tendrían a mandos de la PF como titulares de las áreas de seguridad pública.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, 24 de enero de 2018.

Diputada Araceli Damián González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Zacatecas a replantear por completo el modelo de seguridad pública conforme a la opinión de académicos, especialistas en la materia, organizaciones de la sociedad civil y los sectores afectados por la inseguridad, a cargo del senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT

Senador David Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado dela República, presento ante esta Comisión Permanente, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Etimológicamente la palabra seguridad proviene del latín securitas , que a su vez deriva del adjetivo securus , compuesto por “se” que quiere decir “sin”, y “cura”, que se refiere a “cuidado” o “procuración”, lo anterior significa entonces “sin temor”, “despreocupado” o “sin temor a preocuparse”.1 El concepto de seguridad ha evolucionado con el paso del tiempo hasta convertirse en la raíz de múltiples acepciones interrelacionadas (seguridad humana, pública, nacional, ciudadana, jurídica); sin embargo, la noción de seguridad en sí misma puede ser más amplia, no se limita a la ausencia de peligro o amenaza.

En este caso, corresponde referirse específicamente a la seguridad pública, la cual se entiende como “la garantía que debe brindar el Estado para el libre ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos. Para darle su efectividad real y garantizarla, el Estado tiene el deber de aplicar determinados instrumentos”.2

Es posible aseverar que la seguridad pública es una tarea que el Estado mexicano no ha podido materializar de forma positiva, toda vez que ha priorizado el combate frontal a la delincuencia con más violencia, desenfocando sus esfuerzos en la detección de los factores que generan tal situación y que afectan gravemente en la esfera de derechos que asisten a cada uno de los mexicanos.

Lo anterior se reafirma con lo sostenido por algunos autores y especialistas en la materia, quienes refieren que “la seguridad pública forma parte esencial del bienestar de una sociedad. Un Estado de derecho genera las condiciones que permiten al individuo realizar sus actividades cotidianas con la confianza de que su vida, su patrimonio y otros bines jurídicos tutelados están exentos de todo tipo de peligro daño o riesgo”.3

Pese a lo anterior, el modelo de seguridad pública al que se ha aspirado durante años, ha reflejado un desinterés por el bienestar, paz y tranquilidad pública, dando lugar a que en el país imperen factores como la violencia, la inseguridad, los altos índices de incidencia delictiva, la desigualdad, pobreza y exclusión social. No es aventurado aseverar que México se halla inmerso en una profunda crisis de seguridad pública, la cual se ha intentado combatir parcialmente mediante acciones que atacan al problema y no las causas que lo originan.

En efecto, las acciones emprendidas desde los tres órdenes de gobierno no han sido eficientes, puesto que han dejado en última instancia a la población, quien realmente debe ser objeto de la seguridad pública. De entre los tantos factores que han deteriorado la seguridad publica en el país, se encuentran los altos índices de incidencia delictiva, ante los cuales, la sociedad es la más afectada.

A escala nacional, datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (ENVIPE) 2017,4 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), arrojan que durante 2016 se estimaron 24.2 millones de víctimas de 18 años y más, lo cual representa una tasa de 28 mil 788 víctimas por cada cien mil habitantes. La anterior supera aproximadamente en 12 por ciento al estimado en el año 2012, cuando el número de víctimas del delito ascendía a 21.6 millones.

Además, la ENVIPE 2017 estima que 61.1 por ciento de la población de 18 años y más considera la inseguridad y la delincuencia como el problema más importante que aqueja hoy en día a su entidad federativa. Lo que representa un aumento de 1 por ciento con respeto a la percepción estimada en la ENVIPE 2016.

Por otro lado, es preocupante que la encuesta arroje que la sociedad, en cuanto al conocimiento respecto de acciones realizadas para mejorar la seguridad pública, identifique mayormente el alumbrado público o la construcción/mantenimiento de parques y canchas deportivas, quedando rezagadas o en menor percepción las acciones para: atender el desempleo, atención a los jóvenes para disminuir la delincuencia juvenil, mejorar el ingreso de las familias, combatir el narcotráfico y la corrupción.

Parte de lo anterior da cuenta de los principales problemas que la sociedad percibe en materia de seguridad pública, pero que lamentablemente no han sido atendidos con eficacia y eficiencia por las autoridades correspondientes. Cabe recordar que la inseguridad es un factor que debilita la gobernabilidad del país, el cual a su vez deja en la incertidumbre e intranquilidad a la población.

Lo expuesto resulta paralelo a la visión que tienen algunos organismos internacionales. Por ejemplo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su estudio titulado “¿Cómo va la vida en México?”,5 refiere que en el país, el porcentaje de la población que afirma sentirse segura es de 46 por ciento, cifra 11 puntos porcentuales menos que hace una década. El porcentaje es relativamente bajo en comparación con el promedio de la OCDE (69 por ciento); sin embargo, es preocupante que más de la mitad de la población no se sienta segura al caminar a solas por la noche en la zona que habitan.

Por si fuera poco, en el Índice Mundial de Seguridad Interna y Policía (WISPI por sus siglas en inglés),6 realizado por el International Police Science Association (IPSA) y el Institute for Economics and Peace (IEP), los policías del país, quienes tienen contacto directo con la población y deberían llevar a cabo tareas elementales en materia de seguridad pública, se encuentran en el lugar 118 de 127 países evaluados. El índice mide el desempeño de aquellos encargados de la seguridad alrededor del mundo en cuatro campos: capacidad, proceso, legitimidad y resultados.

Como se infiere, la inseguridad se ha convertido en una problemática por la que el país sobresale en forma negativa; es lamentable que tal situación se agrave año con año, que las estrategias en materia de seguridad solo sean maquilladas y que los recursos en la materia no se apliquen con eficacia y eficiencia.

Los datos más recientes son los expuestos por la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), documento estadístico que al mes de diciembre de 2017 reporta que de la población de 18 años y más:7

* 75.9 por ciento considera que, en términos de delincuencia, vivir en su ciudad es inseguro.

* 35.8 por ciento consideró que la delincuencia seguirá igual de mal en los próximos 12 meses, mientras que 37.7 por ciento consideró que empeorará.

La ENSU enfoca su medición en zonas urbanas, bajo el argumento de que la mayor parte de los casos de victimización en el país ocurren en zonas donde se eleva la densidad poblacional. De esta manera, las ciudades con mayor percepción de inseguridad a escala nacional son: Reynosa (95.6 por ciento), Chilpancingo (95.4 por ciento), Fresnillo (94.8 por ciento), Villahermosa (94.4), Ciudad de México (Norte 92.7 por ciento; Oriente 91.4 por ciento; Poniente 90.2 por ciento) y Zacatecas (90.1).8

Si bien la crisis en materia de seguridad pública se vive con sus diversos matices en todo el territorio nacional, resulta prudente enfocarse en aquellas zonas que representan un foco rojo que requiere ser atendido. De tal suerte, la preocupación de quien suscribe el presente documento se enfoca en el estado de Zacatecas, entidad federativa lastimada gravemente por la inseguridad y el desdén institucional, y que ahora como consecuencia de tales circunstancias tiene a dos de sus ciudades identificadas como las más inseguras (Fresnillo y Zacatecas) a percepción de sus habitantes.

Por lo que hace a Fresnillo, de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, elaborada por el Inegi, es el municipio con mayor población en el estado de Zacatecas, con 230 mil 865 habitantes.9 Se trata de una ciudad marcada por la violencia y la inseguridad, problemáticas que no han sido atendidas. La precepción de inseguridad, lejos de disminuir, ha incrementado dramáticamente, tal como se puede observar en la siguiente grafica que compara los porcentajes de la población que se siente insegura en las diversas ediciones de la ENSU desde septiembre de 2016 hasta la última, publicada en diciembre de 2017:

Como se infiere de la gráfica anterior, la sensación de inseguridad de los habitantes de Fresnillo ha tenido un repunte en la última edición de la ENSU, al mismo tiempo de evidenciar que, a los ojos de la población, las acciones en materia de seguridad pública no han dado resultados que les proporcione tranquilidad y paz. De septiembre de 2016 a diciembre de 2017, el porcentaje de personas que se sienten inseguras en el municipio de Fresnillo ha pasado del 86 por ciento al 94.8 por ciento, es decir, ha incrementado un 8.8 por ciento en tan solo 15 meses, colocando al municipio como la tercera ciudad con mayor percepción de inseguridad a nivel nacional.

La situación en Zacatecas, capital de la entidad, no es distinta. Se trata del tercer municipio con mayor población, al tener 146 mil 147 habitantes.10 Al igual que en Fresnillo, la percepción de la inseguridad ha incrementado de forma paulatina, tal y como se muestra en la siguiente grafica elaborada con datos de la ENSU:

De igual forma, con la gráfica expuesta es posible inferir el enorme repunte que ha tenido el porcentaje de personas que se sienten inseguras en la capital zacatecana, en quince meses, de septiembre de 2016 a diciembre de 2017, ha pasado de 74.7 por ciento a 90.1 por ciento, es decir, ha incrementado tal sensación en los habitantes en un 15.4 por ciento, lo cual coloca a Zacatecas como la sexta ciudad con mayor percepción de inseguridad a escala nacional actualmente.

Las cifras que derivan de las grandes urbes son un valor funcional para diagnosticar el panorama general de inseguridad que aqueja a toda la entidad. El miedo y la intranquilidad no permiten que los zacatecanos puedan ejercer todos y cada uno de sus derechos; la violencia ha llegado a niveles trágicos que incentivan el incremento desmedido de robos, secuestros, asesinatos, y todos aquellos delitos perpetrados por los grupos de la delincuencia organizada, los cuales, de no encontrarse una solución y estrategia contundente para recobrar la seguridad, podrán hacer de Zacatecas su centro de operación al amparo de la impunidad.

La situación de inseguridad ha rebasado las estrategias implementadas por el actual gobierno del estado de Zacatecas, el cual no puede ni debe permanecer inerte ante una problemática que daña gravemente a las instituciones, pero sobre todo, afecta en mayor medida a los habitantes de la entidad.

Si bien el titular del Poder Ejecutivo estatal ha anunciado, de forma tardía, que se modificará la estrategia de seguridad, es fundamental que en esta ocasión no se recurra a las soluciones superficiales, toda vez que la seguridad publica amerita un trabajo serio, que reúna las opiniones de especialistas en la materia, de organizaciones de la sociedad civil y de diversos sectores que aquejan el aumento de la inseguridad.

Cabe recordar que, conforme al texto constitucional, la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios; por ende, desde cualquier orden de gobierno resulta inválido repartir culpas y evadir responsabilidades, cuando cada uno debe cumplir con sus respectivas tareas y trabajar de forma coordinada.

Por lo anterior, a través de la presente proposición con punto de acuerdo, se plantea que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte de forma respetuosa al titular del Poder Ejecutivo del estado de Zacatecas a que, en el ámbito de sus atribuciones, replanteé por completo el modelo de seguridad pública atendiendo a la opinión de académicos y especialistas en la materia, organizaciones de la sociedad civil, así como de los diversos sectores que se ven afectados por la inseguridad en la entidad.

En el contexto actual, las prioridades de la administración estatal deben estar enfocadas en regresar la paz y tranquilidad públicas que tanto claman los zacatecanos. Por ende, no basta con maquillar estrategias de seguridad pública trilladas, es momento de diseñar e implementar acciones acordes que combatan el clima de inseguridad que se vive en la entidad.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del estado de Zacatecas a que, en el ámbito de sus atribuciones, replanteé por completo el modelo de seguridad pública atendiendo a la opinión de académicos, especialistas en la materia, organizaciones de la sociedad civil, así como de los diversos sectores que se ven afectados por la inseguridad en la entidad.

Notas

1 Valencia Ramírez, Verónica Guadalupe, “La seguridad Publica como un derecho humano”, en Quinto Certamen de ensayo sobre derechos humanos, México, Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 2002, p.8.

2 Ibidem, p. 9.

3 González Fernández, José Antonio, “La seguridad pública en México”, en Peñaloza, Pedro José y Garza Salinas, Mario A. (coords.), Los desafíos de la seguridad pública en México, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2002, p. 125.

4 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (ENVIPE) 2017, Presentación Ejecutiva nacional (Principales Resultados), 26 de septiembre de 2017, consultado el 18/01/2018 [en línea], documento disponible en:

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/
regulares/envipe/2017/doc/envipe2017_presentacion_nacional.pdf

5 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). “¿Cómo va la vida en México?”, noviembre 2017, consultado el 18/01/2018 [en línea], documento disponible en: https://www.oecd.org/mexico/Better-Life-Initiative-country-note-Mexico- in-Espagnol.pdf

6 International Police Science Association (IPSA), 2016, consultado el 18/01/2018 [en línea], disponible en: http://wispindex.org/

7 Inegi. Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) Diciembre 2017, Principales resultados, enero de 2018, consultado el 18/01/2018 [en línea], documento disponible en: http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/ ensu/doc/ensu2017_diciembre_presentacion_ejecutiva.pdf

8 Ídem.

9 Inegi. Encuesta Intercensal 2015, consultada el 18/01/2018 [en línea], disponible en: http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/intercensa l/

10 Ídem.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 24 días de enero de 2018.

Senador David Monreal Ávila (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reducir gastos en viáticos y publicidad, suscrita por el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Víctor Manuel Sánchez Orozco, diputado federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Exposición de motivos

Al iniciar la administración del gobierno federal actual, éste prometió a su llegada un cambio radical con las reformas constitucionales en materia de transparencia y publicidad oficial. Y a menos de un año de que abandone la Presidencia de la República, todas seguirán siendo promesas, ya que, según cifras preliminares de la Secretaría de la Función Pública, a diciembre de 2016 y cuatro meses, de enero a abril de 2017, se han gastado desde 2013 a abril de 2017 cerca de 34 mil 207 millones de pesos.

México Evalúa menciona que el gobierno federal gasta más recursos de los que recibe y que es aprobado por el presupuesto de egresos de la federación, esta práctica realizada no solo por la administración actual, sino por las que le antecedieron, debe acabar; como sabemos, el costo de la deuda pública y la notable caída de los ingresos petroleros, no permiten que el gasto del gobierno federal sea tan elevado como lo hemos visto reflejado en los últimos años.

Todo lo anterior es un informe completo que aborda tanto el gasto ejercido por el gobierno federal como la procedencia de este gasto, tan es así que el gasto del gobierno federal aumentó 597 mil millones de pesos, en la primera mitad de la presente administración. Este incremento superó considerablemente al crecimiento de la población, que creció 3.4 por ciento, y de la economía, cuyo aumento inercial fue de apenas 2.1 por ciento anual promedio, es decir, 6.3 por ciento del 2012 al 2015. De acuerdo con México Evalúa, la administración de Enrique Peña Nieto gastó durante la primera mitad de su sexenio, a un ritmo 50 por ciento mayor que las administraciones de Felipe Calderón y Vicente Fox.

Los ingresos petroleros cayeron 59 por ciento en el 2015 en relación al 2012, principalmente por la caída de los precios internacionales del petróleo, pero también por una caída en la producción en México, refiere el informe de México Evalúa.

El déficit anual del gobierno federal ha aumentado sostenidamente en los últimos 10 años, a excepción del 2008, ya que pasaron de 153 mil millones de pesos en 2005 a 549 mil millones de pesos en el 2015. Durante las administraciones panistas, el ritmo de crecimiento del déficit fue de 8.4 por ciento, mientras que durante lo que lleva la administración de Enrique Peña Nieto, el aumento ha sido de 608 por ciento, lo que se traduce en un crecimiento del déficit de 97 mil 816 millones de pesos.

El gasto en transferencias, subsidios y fideicomisos pasó de 1.07 billones de pesos en el 2012 a 1.35 billones de pesos en el 2015, es decir, aumento 282 mil 549 millones de pesos. Según México Evalúa, los subsidios o transferencias son un tipo de apoyo gubernamental que puede usarse de forma equivocada con facilidad. Para la organización, un riesgo de este tipo de gasto es que puede utilizarse con motivos políticos, para premiar o castigar a gobiernos locales o grupos de interés. El informe destaca que 41 por ciento del aumento del gasto en subsidios y transferencias se concentró en subsidios sin reglas de operación, es decir, que puede estar sujeto a una corrupción apabullante.

Queda claro que el gobierno federal debe reconocer y hacer los ajustes necesarios para regular en materia de publicidad oficial, sin tener la necesidad de hacer una reforma que solo genere un mayor derroche económico de lo que ya se vio reflejado a lo largo de este sexenio.

En sus primeros cuatro años, la administración de Enrique Peña Nieto y el gobierno federal han gastado aproximadamente 36 mil 261 millones de pesos en publicidad oficial. Esta cifra representa un gasto de 24.8 millones de pesos por día, o un millón de pesos por hora, para difusión en medios de comunicación.

En el periodo señalado, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 21 mil 99 millones de pesos para la publicidad oficial, pero el gobierno federal rebasó esa cifra por un monto de 15 mil 161 millones de pesos.

Rocío Stevens, de Oxfam México, señala que México tiene una penetración de la televisión en los hogares del país superior al 92 por ciento, y que son las familias de menos ingresos las que más tiempo pasan mirando la televisión, por eso no resulta extraño que la mayor parte de la inversión publicitaria gubernamental se concentre en la televisión abierta, misma que contiene los costos más altos para difundir la publicidad como lo son Televisa y Tv Azteca.

De 2013 a 2016, la administración de Enrique Peña Nieto ha ejercido más de 36 mil 261 millones de pesos en publicidad oficial. Entre 2013 y 2016, el gasto aumentó en un 31.21 por ciento pasado de 8 mil 154 millones de pesos a los 10 mil 699 millones de pesos. Además, en ese mismo lapso las dependencias que más gastan en publicidad oficial son Promotur (9.69 por ciento); el IMSS (7.22 por ciento); la SEP (5.83 por ciento); Pronósticos para la Asistencia Pública (5.10 por ciento); y la Sedesol (6.57 por ciento). Las cinco suman el 34.41 por ciento (12 mil 479) del total para los cuatro primeros años de la actual administración.1

En viáticos no cambia mucho la historia, ya que en los primeros cuatro años del sexenio se han destinado 46 mil 33 millones de pesos en traslados, hospedajes y alimentación de funcionarios públicos.

En boletos de avión y autobús, en hospedaje y alimentos para viajes, giras y comisiones espaciales de funcionarios públicos, tanto fuera del país, el gobierno federal destina, en promedio casi 32 millones de pesos al día.

La suma del gasto en viáticos del gobierno federal en lo que va del sexenio alcanzaría para grandes obras de infraestructura.

46 mil 333 millones de pesos ha gastado el gobierno federal de 2013 a 2016 en viáticos, 11 mil 593 millones de pesos al mes es lo que se destina, en promedio, para viáticos de gobierno federal en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

965 millones de pesos al mes es lo que se destina, en promedio, para viáticos de servidores públicos, 32 millones de pesos al día, en promedio, es lo que se destina para el pago de viáticos en el gobierno federal, 22 mil pesos por minuto en viáticos gasto el gobierno federal en promedio, en los primeros cuatro años de gestión.

Con los 46 mil 333 millones de pesos que se ha gastado de 2013 a 2016 en viáticos y traslados, se podrían lograr grandes beneficios para la ciudadanía, como lo son edificar 23 pasos exprés en Cuernavaca, o para construir otro sistema de desagüe para evitar las inundaciones en la Ciudad de México como el Túnel Emisor Oriente.

Por lo anterior, considero necesario exhortar al gobierno federal a fin de reducir los gastos en publicidad e implementar ese gasto en algo benéfico para la sociedad, a su vez sujetar los viáticos a lo únicamente esencial para poder realizar sus actividades tanto fuera como dentro del país.

En la actualidad no puede existir un derroche de dinero como se ve reflejado en nuestras instituciones de gobierno, ya que esto muestra incongruencia por parte del gobierno federal al decir que esta administración pretende ser austera y ver con claridad que las cosas son todo lo contrario.

En conclusión, se debe implementar una administración pública eficiente que genere ingresos y beneficios para las instituciones gubernamentales y un mejor desarrollo de las mismas con innovaciones, productividad y progreso. La congruencia del decir con hacer es un factor que no debe de olvidar el gobierno federal la austeridad se debe de ver reflejada en todos sus rubros.

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal a que tome las medidas pertinentes para reducir el gasto en viáticos y publicidad. Asimismo solicita el uso de la plataforma Transparencia en Publicidad Oficial con el fin de esclarecer los gastos en esta área y lograr una rendición de cuentas efectiva.

Referencias

* Aroche, A. Ernesto. (2017). “Gobierno de EPN gasta 1 mdp por hora en propaganda; rebasa 71 por ciento lo que le aprobó el Congreso”. Animal Político. Recuperado el:. De: http://www.animalpolitico.com/2017/09/publicidad-gobierno-epn-gasto/

* Arena Pública. (2017). Gobierno de EPN gasta 32 millones de pesos al día ¡en viáticos!. Arena Pública. Recuperado el: . De: https://arenapublica.com/articulo/2017/07/31/6640/gobierno-de-epn-gasta -32-millones-de-pesos-al-dia-en-viaticos

* Riquelme, Rodrigo. (2016). “12 datos sobre cómo gasta el gobierno federal nuestro dinero”. El Economista. Recuperado el: . De: https://www.eleconomista.com.mx/politica/12-datos-sobre-como-gasta-el-g obierno-federal-nuestro-dinero-20161112-0002.html

http://mexicoevalua.org/gasto-publico/

* Castaño, Paulina. (2017). Contar “lo bueno” cuesta mucho. El gasto en publicidad oficial del gobierno federal de 2013 a 2016. Recuperado el 21 de enero de 2018. De http://fundar.org.mx/mexico/pdf/P.O.2013-2016oK2.pdf

Nota

1 Castaño, Paulina. (2017). Contar “lo bueno” cuesta mucho. El gasto en publicidad oficial del gobierno federal de 2013 a 2016. Recuperado el 21 de enero de 2018. De http://fundar.org.mx/mexico/pdf/P.O.2013-2016oK2.pdf (p.12)

Palacio Legislativo de San Lázaro, 24 de enero de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a facilitar programas de acceso directo al productor con el consumidor, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, María Gloria Hernández Madrid, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:

Considerandos

En un contexto de crisis económica y escasos apoyos al productor, volver al origen es una opción. Y es que en la medida en que se vincule al productor con el consumidor, los precios se abaratan y los mercados se estabilizan.

Cuando se incrementa la demanda, un fenómeno que surge en los escenarios de crisis es el acaparamiento; en este sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha recomendado que, ante la carestía alimentaria, se debe evitar el acaparamiento y se deben facilitar programas de acceso directo al productor.

Los trabajos que realiza Profeco para la supervisión de precios son insuficientes ante un acaparamiento voraz que impide relaciones directas entre productor y consumidor; por ello, el propósito del presente punto de acuerdo es exhortar a las dependencias involucradas, para que generen y fortalezcan estos programas, a través de varias medidas que los hagan realidad.

En diversas latitudes se ha buscado retornar a circuitos locales de producción para frenar la carestía y garantizar la alimentación; la fórmula es sencilla, se produce localmente, se consume localmente. En circuitos de esta naturaleza se benefician consumidor y productor, el consumidor con precios bajos y productos de calidad, y el productor con una reactivación económica directa e inmediata, que le posibilita seguir produciendo.

Actualmente, la comercialización se está registrando a través de largas cadenas, con un gran número de intermediarios, acaparadores y distribuidores; pese a la tendencia anterior, a contracorriente han surgido mercados alternativos en diferentes entidades, donde el consumidor encuentra productos de la canasta básica, sin intermediarios y a precios accesibles.

El incremento de precios ha tenido un incremento que se puede constatar con datos del Inegi, entre los principales genéricos cuyas variaciones de precios se registraron a la alza, destacaron por su incidencia sobre la inflación general, la electricidad, gas doméstico LP, transporte aéreo, gasolina de bajo octanaje, jitomate, limón, tortillas, servicios turísticos en paquete, tomate verde, detergentes, vivienda propia y el huevo, fundamentalmente.

Recientemente, el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), José Calzada Rovirosa, señaló que el aumento en los precios de algunos productos, como el limón y jitomate, se debe a la temporalidad, sin embargo son varios productos que han tenido un incremento considerable.

Tampoco debe pasar inadvertido que estamos ante una renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el que nuestro país y Estados Unidos son grandes socios comerciales, y en materia de alimentos hay una enorme vinculación. Empero, diversificar y reconstruir lo local, siempre será una buena alternativa.

Llama la atención que, apenas el 14 de enero del año en curso, el jefe de gobierno de Ciudad de México haya anunciado la creación de un primer mercado de productores locales, donde la ciudadanía y los productores locales puedan tener un encuentro directo.

Este mercado estaría surgiendo en un contexto de crisis, acaparamiento e incremento de productos de la canasta básica, y surgiría como resultado del acompañamiento técnico de la FAO con el gobierno de Ciudad de México, con el propósito de impulsar cadenas cortas agroalimentarias y evitar el intermediarismo.

Consideramos que Sagarpa, en coordinación con las entidades y apoyándose en el respaldo técnico de la FAO, podría incentivar mercados alternativos, donde se facilite la conexión productor-consumidor, en aras de un apoyo al productor, y al mismo tiempo, en la búsqueda de equilibrios, ante un acaparamiento y comercialización rapaz, que asfixia la economía de las familias.

En virtud de lo anteriormente fundado y motivado, ponemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que facilite programas de acceso directo al productor con el consumidor.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de enero de 2018.

Diputada María Gloria Hernández Madrid (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR y la SFP a investigar y, en su caso, ejercitar acciones penales y legales contra la empresa Synnex de México o quien resulte responsable por la venta de aparatos con logotipos del Programa de Transición a la Televisión Digital Terrestre de la SCT, suscrita por la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada María Eloísa Talavera Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración el presente punto de acuerdo, con base en la siguientes:

Consideraciones

El 11 de junio de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la denominada reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, misma que tuvo entre otros objetivos, el garantizar el derecho a los servicios de radiodifusión de todos los mexicanos.

Para ello se estableció que al término del 2015 se debía concluir con la transmisión de las señales analógicas de televisión de conformidad con el artículo quinto transitorio de dicha reforma, fecha que posteriormente se prorrogó al 31 de diciembre de 2016, de conformidad con el Decreto por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

Para cumplir con este mandato, el 13 de mayo de 2014, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) publicó el Programa de Trabajo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT), cuyos objetivos se centran en garantizar el acceso equitativo entre la población, especialmente la de escasos recursos a recibir servicios de telecomunicaciones de clase mundial, otorgando para tal fin televisores digitales a los hogares de escasos recursos con ayuda la secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Al término del 2016, la SCT informó que entregó 10.2 millones de televisores digitales a beneficiarios del programa para la Transición a la Televisión Digital Terrestre, señalando una penetración de más del 90 por ciento de la población objetivo.

No obstante lo anterior, desde su implementación hasta su conclusión, dicho programa se caracterizó por su falta de transparencia y rendición de cuentas, pues además de las demoras en su ejecución y alto costo-beneficio, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) le realizó ciertas observaciones por irregularidades en su ejecución.

Dentro de las observaciones que la ASF realizó destacan las del primer informe de resultados de revisión de la Cuenta Pública 2016,1 donde señaló que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no pudo comprobar el destino final de poco más de 11.5 mil televisores digitales en 29 entidades federativas, donde las cinco entidades con mayor pérdida de televisiones fueron: Nuevo León con 2 mil 232, Querétaro con mil 944, Guerrero con mil 795, Oaxaca con mil 274 y Tabasco con 904. Presumiendo un probable daño y perjuicio al patrimonio de la Hacienda Pública Federal por un monto de 29.28 millones de pesos.

Asimismo, dicho informe de la ASF infiere que hubo un probable daño al patrimonio de la Hacienda Pública Federal, por un monto de 16.48 millones de pesos por la omisión de las reclamaciones oportunas de la indemnización de 6 mil 492 televisores siniestrados en el servicio de traslado del contrato ADN-712-SEPOMEX-01/2014-123 y del cual no se tiene información veraz sobre su solución por parte de la SCT.

De la misma manera, el informe señala un probable daño al patrimonio de la Hacienda Pública Federal por la cantidad de 42 mil pesos respecto a servicios pagados por concepto de almacenaje y manejo de mercancías, de los cuales no se contó con evidencia de su recepción.

Abundando en los datos de dicho informe se observa que la auditoría inició la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria con el objetivo de que el Órgano Interno de Control investigara y, en su caso, iniciara el procedimiento administrativo en contra de servidores públicos que en su gestión realizaron compras en exceso por 5 mil 94 televisores, y cuyos dispositivos fueron encontrados en un almacén ubicado en la Ciudad de México.

Aunado a lo anterior, el día 17 de enero del presente año, el periódico Reforma publicó una nota donde señala que la empresa Synnex de México, con la que la SCT realizó un contrato en noviembre del 2015 para la adjudicación de 250 mil televisores para el programa TDT, pese haber cumplido con la entrega total de los televisores adjudicados en septiembre del 2016, continúa vendiendo dichas televisiones con el logotipo “Mover México” que fue insignia del programa TDT de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aparentemente oculto sobre una placa metálica de la marca FUZE, y cuyas televisiones ocuparon el cuarto lugar en los televisores más vendidos en el sitio Amazon.

Dicha situación presume un posible acto de corrupción por parte de la empresa Synnex de México y funcionarios de la SCT, por ello resulta indispensable que la Procuraduría General de la República (PGR), así como la Secretaría de la Función Pública investigue y, en su caso, sancione penal y administrativamente, la probable venta de televisores digitales con logotipos del programa de Transición Digital Terrestre (TDT) por parte de la empresa Synnex de México, los cuales debieron ser entregados de forma gratuita por parte de la SCT.

Cabe señalar que, de acuerdo con datos del Índice de Percepción de la Corrupción 2016,2 que da a conocer Transparencia Internacional, nuestro país se ubicó en el sitio 123 de 177 países: Siendo México uno de los países más corruptos del mundo, y el número uno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Además de que por culpa de la corrupción se estima que se pierden alrededor de 347 mil millones de pesos al año.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República a investigar y, en su caso, ejercitar acción penal en contra de la empresa Synnex de México o quién resulte responsable por la venta de televisores digitales con logotipos del Programa de Transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Pública a investigar si se incurrió en irregularidades relativas a la entrega y destino final de los televisores del citado programa, mismos que debieron ser entregados de forma gratuita por parte de funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Notas

1 Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-09100-02-0321, ASF, disponible en la página web.- http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2016_0321_a.pdf Consultado el día 19-01-2018.

2 Índice de Percepción de la Corrupción 2016, Transparencia Internacional, disponible en la página web.- https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_ 2016#table Consultado el día 19-01-2018.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los veinticuatro días del mes de enero del año 2018.

Diputada María Eloísa Talavera Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IMSS, el ISSSTE y la Ssa a garantizar de manera permanente el abasto nacional de los medicamentos necesarios en el tratamiento de quienes viven con VIH, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena

Araceli Damián González, en mi calidad de diputada federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Según denunció Raymundo Valadez, activista de la comunidad Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transexuales, Transgenero e Intersexuales (LGBTTIQ), la clínica 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Torreón, Coahuila, enfrenta un desabasto del medicamento Efavirens, que es esencial en el tratamiento de las personas que viven con virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Valadez comentó que desde el 29 de diciembre de 2017, cinco derechohabientes del instituto han expuesto la situación, misma que se agrava por el miedo a interponer una queja debido a la estigmatización que la comunidad sufre.1 Por su parte, la dirección del IMSS en Coahuila descartó que se encuentre en riesgo la vida de las y los pacientes, puesto que el fármaco se encuentra a disposición de quien lo requiera.2

Es de destacar que esta no es la primera denuncia sobre desabasto de medicamentos para las personas con VIH,3 misma que se ha presentado también en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.4 Para el tratamiento del VIH es fundamental cumplir diariamente con la medicación necesaria; en caso contrario, se pone en grave riesgo la vida de la persona infectada.

Por lo anterior, pongo a consideración del pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y a la Secretaría de Salud a garantizar de manera permanente el abasto nacional de los medicamentos necesarios en el tratamiento de las personas que viven con VIH, con el propósito de asegurar las condiciones que protejan el derecho a la salud.

Notas

1 https://www.vanguardia.com.mx/articulo/denuncian-desabasto-de-retrovira l-para-pacientes-de-vih-en-el-imss

2 https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1421431.descarta-imss-desab asto-de-retroviral-para-pacientes-con-vih.html

3 Véase
http://www.jornada.unam.mx/2017/02/04/sociedad/030n1soc y http://www.proceso.com.mx/427255/viacrucis-de-pacientes-con-vih-sida-en -farmacias-de-imss-e-issste

4 Véase
http://www.jornada.unam.mx/2017/11/16/sociedad/038n2soc y http://www.reforma.com/
aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=753867&md5=a78c80b0f65715269404aae
28dfcdef5&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&lcmd5=8e481ccd51e31f0bd0ef0217b3cb9025

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 24 de enero de 2018.

Araceli Damián González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al SAT, la PGR y Pemex a remitir a esta soberanía un informe de los avances y el estado de las investigaciones sobre el robo y la comercialización de hidrocarburos derivados de tomas clandestinas, suscrita por la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y en el acuerdo décimo tercero del acuerdo relativo a las sesiones y al orden del día de fecha 20 de diciembre de 2017 emitido por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo por los que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Servicio de Administración Tributaria, la Procuraduría General de la República y Petróleos Mexicanos a remitir a esta soberanía un informe de los avances y el estado que guardan las investigaciones sobre el robo y la comercialización de hidrocarburos derivado de tomas clandestinas, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En los informes a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Securities Exchange Commission del segundo trimestre de 2017, Pemex señala: “México ha experimentado un incremento en las actividades delictivas y estos hechos podrían afectar las operaciones de Pemex”. Y añade: “El desarrollo del mercado ilícito de combustibles en México ha dado lugar al aumento en el robo y comercio ilícito de los combustibles que produce Pemex”.

No hay cifras oficiales sobre el volumen y el valor de los robos y otras pérdidas de gasolinas. Una forma de aproximarse es a través de las estadísticas oficiales de Pemex comparando la disponibilidad de gasolinas (producción más importaciones) contra las ventas.

Entre 2013 y 2017, la diferencia entre la gasolina disponible y la que vendió Pemex, siempre ha sido positiva, lo que puede ser efecto de diversos factores como la acumulación de inventarios, pérdidas técnicas durante el transporte, almacenamiento y distribución y robo de combustibles.

Fuente: Cálculos propios con base en Pemex. Banco de Datos.

Hay evidencias de que la acumulación de inventarios no es un factor que explique la diferencia ya que la capacidad de almacenamiento es muy limitada.

En cuanto a las pérdidas técnicas se puede asegurar que tampoco son significativas ya que principalmente se producen por evaporación o derrame del producto, lo que en teoría pude ser controlado por Pemex.

De ahí que lo más probable es que la mayor parte de la diferencia se deba al robo. Si esto es cierto, el volumen máximo de pérdidas por esta actividad ilícita es precisamente la diferencia entre disponibilidad y ventas. Estas pérdidas son netas; es decir, el robo total, menos las recuperaciones.

Entre 2013 y 2016, la diferencia fue menos de 2.0 por ciento de las ventas y en el periodo enero-noviembre (último dato disponible) se disparó a 3.20, lo que coincide con el incremento registrado en las tomas clandestinas.

Una forma de estimar el valor de las pérdidas es aplicando al volumen el precio de venta de primera mano de Pemex.

Fuente: Cálculos propios con base en Pemex. Banco de Datos.

De acuerdo con esta estimación, el valor de las pérdidas en 2017 se disparó de manera muy importante: alcanzó 11 mil 562 millones de pesos, casi 5 veces más que en 2016.

En mayo de 2017, el entonces secretario de Hacienda, José Antonio Meade, declaró a los medios que el erario mexicano pierde entre 15 mil y 20 mil millones de pesos anuales por el robo de gasolinas y diésel (http://expansion.mx/economia/2017/05/09/9-datos-para-entender-el-probl ema-de-robo-de-gasolina-en-mexico), más de lo que se estima a partir de las cifras oficiales de Pemex, aunque se debe aclarar que éstas sólo incluyen a las gasolinas.

Cualquiera que sea la cifra, el robo de gasolinas es fenómeno creciente que resulta un negocio muy lucrativo para los delincuentes y afecta de manera importante, en primer lugar, a los consumidores legales ya que su costo se incluye en el precio de venta y en segundo lugar al gobierno federal al no recibir los ingresos que le corresponde por impuestos.

En mayo de 2017 se creó el grupo interinstitucional de trabajo contra el robo de combustible, que fuera integrado por la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Gobernación, Petróleos Mexicanos y representantes de los Estados de la República con la finalidad de implantar acciones de prevención en la ordeña de los ductos y combatir, en los tres niveles de gobierno esta práctica criminal sin embargo, a casi un año de su creación y tener la encomienda de prevenir y combatir esta práctica, los números siguen creciendo, repercutiendo en importantes pérdidas económicas para el país.

Por ello, las autoridades correspondientes están obligadas a combatir con eficacia este delito y a proporcionar información veraz sobre su volumen y valor.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Servicio de Administración Tributaria a remitir a esta soberanía un informe sobre el número de gasolineras que en el país han sido suspendidas por presentar irregularidades que pudieran indicar la comercialización de combustible robado.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República a remitir a esta soberanía un informe sobre el estado que guardan las investigaciones a gasolineras que han presentado irregularidades que hayan podido incurrir en la venta de combustible robado.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a Pemex a informar a esta soberanía sobre el seguimiento a los reportes de tomas clandestinas y el avance de las estrategias para el cierre de éstas.

Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República a implantar estrategias coordinadas con las autoridades locales de los estados que reportan tomas clandestinas, a fin de abatir el robo de combustible, que generan recursos al crimen organizado, repercute en la violencia nacional, y contribuye negativamente en el precio de las gasolinas, en detrimento de la economía de los consumidores finales.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 24 de enero de 2018.

Senadora Dolores Padierna Luna (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar debidamente el nuevo sistema penal acusatorio en cada uno de los ejes marcados en un principio como objetivo, particularmente en la capacitación de servidores públicos, suscrita por el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

La existencia del Estado sólo se justifica si garantiza a sus habitantes un escenario de seguridad, paz y tranquilidad, procurando para ello los medios jurídicos y políticos necesarios para lograr la protección y el progreso social.

El nuevo sistema penal acusatorio entraría en vigor en toda la república mexicana el 18 de junio de 2016. Como todo sistema de justicia, el sistema de justicia mexicano necesitaba una actualización. Con el crecimiento de la delincuencia organizada transnacional o el uso intensivo de la tecnología para cometer ilícitos el sistema penal se veía rebasado trayendo consigo impunidad.

En la medida en que se castiga al delincuente, se reafirma: a) la calidad del Estado como poseedor del monopolio exclusivo y legítimo de la violencia, b) la vigencia coactiva del ordenamiento jurídico desafiado por el delito y c) el proceso como la vía para aplicar el castigo.

Hasta el año 2008, toda aquella persona que fuera sujeto de un delito tenía la obligación de acudir al proceso en busca de justicia. Es decir si deseaba que el Estado interviniera debía someterse al proceso penal, de lo contrario mejor ni denunciar. No obstante, con el tiempo el Estado acaparó todos los aspectos del proceso, desde la investigación hasta la ejecución de las penas. El Ministerio Público se convirtió en el encargado de conocer e intervenir en los delitos. Por ejemplo el Ministerio Público decidía si investigaba los delitos y dictaba sentencia. Fue así que el proceso se volvió monolito: un solo ejecutante, un solo camino y una sola manera de actuar.

Sobre la disfuncionalidad del proceso como única alternativa a seguir, es suficiente contrastar las estadísticas de las averiguaciones previas que fueron objeto de consignación respecto de las concluidas por otras vías, pues como se muestra en el Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2012, la Procuraduría General de la República ubicaba para el año de 2008 sólo en 22.39 por ciento las consignaciones respecto del 100 por ciento de las averiguaciones previas en trámite, mientras que en rubro diverso señalaba en 83.04 el porcentaje de averiguaciones previas concluidas (en las que estaban comprendidas las resueltas por acumulación, reserva, incompetencia, no ejercicio de la acción penal y consignación).1

Es así que podemos entender que el objetivo principal de esta reforma era desmontar el sistema monolítico del proceso: el castigo como finalidad, un juicio, Estado decisor. Además de este objetivo el nuevo sistema planteaba una justicia pronta, despresurización de las cargas de trabajo, transparencia, probidad y profesionalismo en la actuación de los servidores públicos, combate efectivo a la impunidad.

Mediante la reforma se modificaron diferentes artículos constitucionales con el fin de buscar un enfoque de humanización implantando el sistema garantista, armonizando así las instituciones mexicanas de la procuración y administración de justicia a las instituciones del derecho internacional de los derechos humanos (DIDH).2

México ha firmado diversos acuerdos en materia de seguridad con el propósito de mejorar esta área y proteger los derechos humanos de sus ciudadanos. Por tal motivo es de vital importancia que los primeros en atender los problemas de inseguridad (policía) se encuentren capacitados para actuar conforme a la ley.

El proceso penal también persigue otras finalidades, no solo busca el fincamiento de responsabilidades, ya que existe la posibilidad de que quien esté imputado de la comisión de un delito no sea culpable, sino inocente. El hecho de que una persona sea acusada erróneamente afectaría no solo a la esfera individual del inculpado, sino también la social.3

El nuevo sistema penal contenía una estrategia sobre ocho ejes: planeación; normatividad; gestión y reorganización institucional; capacitación; difusión; infraestructura; tecnología de la información y equipamiento. Sin embargo la implementación del nuevo sistema tuvo rezagos debido a que el Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018 tenía otras prioridades para asignar recursos.

En este nuevo sistema penal las funciones de acusación y enjuiciamiento van separadas. Por un lado el Ministerio Público tiene que desahogar las pruebas y probar su acusación ante el juez. Las partes tienen la obligación de aportar alegatos y elementos probatorios, de forma que se abriría un debate y así las partes podrían controvertir las pruebas.

No obstante el nuevo sistema penal contiene debilidades importantes en su procedimiento que a la fecha no se han atendido:

* Medidas cautelares: Las medidas cautelares se utilizan para asegurar la presencia de la persona acusada durante el juicio, y protección a testigos y víctimas. Debía de crearse Unidades de Seguimiento de Medidas Cautelares que se encargaría de evaluar el perfil de riesgo de los detenidos. No obstante no en todos los estados se encuentran estas unidades.

* El personal, los servidores públicos deben ser debidamente capacitados ya que en el nuevo sistema penal existen nuevas figuras jurídicas. Además, la cadena de custodia que está en manos de los policías y ministerios públicos debe ser vigilada, el mal entrenamiento de los oficiales o ministerios públicos llevan a errores de papeleo o a que la evidencia sea violada lo que propicia la liberación de sospechosos. Apenas un 90 por ciento de los agentes de seguridad fueron capacitados para el nuevo sistema penal.4

* Mediación: Para algunos de los ilícitos cometidos no es necesario llegar a un juicio, es entonces donde puede intervenir las unidades de mediación. Sin embargo existe una carencia de personal que pueda atender estas unidades.

En conclusión, el nuevo sistema penal acusatorio brindaría a toda la ciudadanía la oportunidad de participar activamente en el sistema penal. No obstante hay partes importantes de este sistema que no han sido atendidas y que por lo tanto frustran su funcionamiento. Los derechos humanos tanto de las víctimas, los imputados y los servidores públicos se ven vulnerados al no contar con la información suficiente para poder fortalecer el sistema y así mejorar su funcionamiento.

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal a implementar debidamente el nuevo sistema penal acusatorio en cada uno de los ejes que se marcaron en un principio como objetivo. Particularmente en la capacitación a los servidores públicos, ya que ellos son el ente que protege a la ciudadanía. Debe brindarse talleres donde los policías y ministerios públicos conozcan los derechos de los imputados y víctimas, así como el proceso que deberá llevar la carpeta de investigación. Además debe ser contratado personal especializado en la materia. Asimismo deberá invertirse más en infraestructura para que en todos los estados se cuente con las Unidades de Seguimiento de Medidas Cautelares.

Fuentes consultadas

Gómez G, A (Coord). 2016. Reforma Penal 2008- 2016. El Sistema Penal Acusatorio en México. Consultado el 18 de Enero de 2018, disponible en http://www.inacipe.gob.mx/stories/publicaciones/novedades/ReformaPenal2 008-2016.pdf

Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 2016. Conoce tus Derechos Humanos en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio. Consultado el 18 de Enero de 2018. Disponible en

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016 /09-Conoce-DH.pdf

Ángel, A. (2017). Seis carencias que tiene el nuevo sistema penal acusatorio, según expertos. Animal político. Consultado el 18 de Enero de 2018. Disponible en:

http://www.animalpolitico.com/2017/07/clave-nuevo-sistem a-penal/

Notas

1 Véase: “Decreto por el cual se aprueba el Plan Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2009”, Diario Oficial de la Federación, 21 de febrero de 2008, sección primera, p. 9.

2 Gómez G, A (Coord). 2016. Reforma Penal 2008- 2016. El Sistema Penal Acusatorio en México. Consultado el 18 de Enero de 2018, disponible en http://www.inacipe.gob.mx/stories/publicaciones/novedades/ReformaPenal2 008-2016.pdf 339p

3 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 2016. Conoce tus Derechos Humanos en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio. Consultado el 18 de Enero de 2018. Disponible en

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016 /09-Conoce-DH.pdf 39p

4 Ángel, Arturo. 2015. Arrancan Plan de Emergencia. Disponible en http://www.animalpolitico.com/2015/11/1-de-cada-10-policias-esta-listo- para-nuevo-sistema-penal-arrancan-plan-de-emergencia/ Consultado: 18 de Enero de 2018

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de enero de 2018.

Diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a informar sobre el programa Bajo Puentes, instaurado en la capital del país, a cargo de la senadora María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, María Verónica Martínez Espinoza, senadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como por el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía.

Exposición de Motivos

En el actual sexenio en la Ciudad de México se ha detonado el uso de espacios públicos con fines comerciales, lo cual tiene la finalidad de recuperar áreas que en muchas ocasiones se encontraban abandonados o que en su momento fueron utilizados como estacionamientos o canchas deportivas que por falta de mantenimiento terminaron como tiraderos de basura.

Los llamados “bajo puentes” que se han estado rehabilitando en vías como el Circuito Interior se han convertido en un nuevo paisaje urbano para la capital con el establecimiento de diversos negocios que obviamente tienen una ubicación inmejorable por el flujo vehicular y peatonal de estos cruces.

De acuerdo con una investigación de la revista Contralínea hasta 2014 el gobierno de la Ciudad de México había entregado más de 19 hectáreas de espacio público a la iniciativa privada por al menos una década, a través del Programa de Recuperación de Bajo Puentes. A cambio, recibirá una contraprestación mensual de apenas 1 millón 492 mil 854 pesos.

Impulsados por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Autoridad del Espacio Público, el programa se diseñó para “convertir los bajo puentes, que tradicionalmente se caracterizaban por ser lugares inseguros, bodegas, focos de contaminación, basureros, centros de comercio informal, en espacios públicos de convivencia social y familiar en un esquema de 50 por ciento espacios de convivencia social, 30 por ciento áreas comerciales y 20 por ciento estacionamientos controlados” –tal como lo señala el boletín de prensa SIID-046-2013, fechado el 8 de mayo de 2013, emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.

En este contexto se han entregado a la iniciativa privada estos espacios para negocios lo mismo de restaurantes, panaderías, cafeterías, tiendas de conveniencia, de mascotas, taquerías y hasta vinaterías, entre otros.

El portal Metros Cúbicos , especializado en el mercado inmobiliario, expone que esta iniciativa nació en 2010 con la finalidad de ofrecer mayor seguridad al peatón, hoy se ubica como una alternativa de espacios para negocios que van desde tiendas de conveniencia hasta bancos y cajeros automáticos.

“Se estima que 30 por ciento de estos espacios está destinado a áreas comerciales y el formato de negocio funciona de la siguiente manera: la Autoridad del Espacio Público (AEP), en coordinación con Oficialía Mayor y la iniciativa privada, desarrollan los proyectos ejecutivos y otorgan al interesado en tener un local comercial un permiso administrativo temporal revocable para que haga uso del área”.

Se añade que el emprendedor debe realizar un pago de contraprestación en especie, a través del equipamiento, mantenimiento y conservación del espacio público y área comercial correspondiente al valor del área del bajo puente. Si también controla el área de estacionamiento, deberá realizar un pago al gobierno capitalino por 30 por ciento de los ingresos brutos de esa explotación.

El gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), ha completado el rescate y la comercialización de “bajo puentes” ubicados entre otros lugares en Circuito Bicentenario cruce con Eje Central (Peralvillo); Circuito Bicentenario cruce con Juan Escutia (Condesa); Ejército Nacional cruce con Petrarca-Newton (Polanco).

Asimismo en Circuito Bicentenario cruce con avenida Universidad (Del Valle); Circuito Bicentenario cruce con División del Norte (Churubusco); Río San Joaquín cruce con Prolongación Moliere (Nueva Granada); Circuito Bicentenario cruce con Molinos y Extremadura (Insurgentes Sur); Circuito Bicentenario cruce con Avenida Centenario (Del Carmen).

Circuito Bicentenario cruce con avenida Apatlaco, delegación Iztapalapa; Río San Joaquín cruce con Legaria, delegación Miguel Hidalgo; Aquiles Serdán cruce con la calle Invierno, delegación Azcapotzalco. En total sumarán 67 bajo puentes proyectados en cruces viales estratégicos, de acuerdo con información de las autoridades capitalinas.

Cabe destacar que a la par de este proceso de comercialización y entrega a la iniciativa privada de espacios públicos, se han utilizado algunos de esos “bajo puentes” para la instalación de estaciones de policía en diversos puntos de la Ciudad de México.

Si bien, el programa de “bajo puentes” ha logrado dar un nueva fisonomía a zonas de la Ciudad de México que estaban abandonadas o en donde el comercio informal operaba, es necesario que este tipo de acciones se complementen con espacios para el deporte, la convivencia familiar y social, tal y como se contemplaba en el proyecto original.

También se requiere transparentar la forma en que se concesionaron o se siguen concesionando estos espacios para que cualquier emprendedor o comerciante pueda acceder a estos locales privilegiados y que no sólo se entreguen a determinadas cadenas comerciales o empresas para su explotación.

De acuerdo a la revista Contralínea , los llamados “bajo puentes” se encuentran en nueve delegaciones y fueron concesionados y actualmente administrados en su mayoría por Operadora de Integración Urbana, SA de CV, quien con la posesión de 19 permisos controla 79 por ciento de las áreas.

Al respecto, es necesario que este programa de la Ciudad de México, creado para la recuperación de espacios públicos, no se olvide del enfoque social y que integre áreas de convivencia que no estén condicionadas al consumo de alimentos o bebidas en estas áreas.

Ante esta situación propongo al honorable pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al jefe del gobierno de la Ciudad de México a informar a esta soberanía de los alcances del Programa de Bajo Puentes en la capital del país, transparentar los esquemas de concesión, tiempo y recursos que se recaudan por los mismos, así como las empresas beneficiadas y la forma en que se licitaron estos proyectos.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al jefe del gobierno de la Ciudad de México a incluir en este esquema de Bajo Puentes el enfoque social, deportivo y familiar, con instalaciones apropiadas para ello a la par de la concesión o entrega a particulares de espacios públicos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 24 de enero de 2018.

Senadora María Verónica Martínez Espinoza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la delegación La Magdalena Contreras a vigilar el cabal cumplimiento de los permisos sobre el uso de cohetes y fuegos artificiales para las festividades o cualquier acto que implique el uso de pirotecnia en los pueblos y barrios originarios de la demarcación, a cargo de la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Mariana Gómez del Campo Gurza, senadora de la LXIII Legislatura en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 171, 175, 176 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la delegación Magdalena Contreras para que vigile el cabal cumplimiento de los permisos que regulan el uso de cohetes y fuegos artificiales para las festividades o cualquier acto que implique el uso de pirotecnia en los pueblos y barrios originarios de dicha demarcación territorial, con la finalidad de garantizar la protección civil así como minimizar el impacto negativo por contaminación ambiental y auditiva, sin que ello implique vulnerar las costumbres y tradiciones locales, al tenor de los siguientes

Antecedentes

La contaminación ambiental es sin duda uno de los temas con mayor relevancia y que más se discuten en la Organización de las Naciones Unidas, siendo uno de los temas que subdelegan a la Organización Mundial de la Salud, toda vez que se ve a la contaminación como uno de los mayores generadores de enfermedades tanto para adultos mayores como para los niños, cabe destacar que se han generado políticas denominadas “Las directrices sobre la calidad del aire” para la prevención del crecimiento de los altos índices de contaminación mundial acorde con la Organización Mundial de la Salud.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud dio a conocer que en 2014 las personas de la tercera edad, los infantes menores a los 5 años, las personas en situación de vulnerabilidad, así como aquellas personas que utilizan estufas de biomasa para cocinar y a su vez para calentarse son las más vulnerables pues se encuentran expuestas a enfermedades por la contaminación, enfermedades respiratorias como son insuficiencias, así como asma y en el peor de los escenarios a cáncer pulmonar o inclusive la muerte.

Asimismo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud la contaminación ambiental, responde a diversos factores, en América Latina se debe principalmente a los siguientes: la industria, el transporte, la urbanización, los desechos, el uso de anafres, la quema de pirotecnia, entre otros.

Acorde con el periódico El Sol de México la quema de fuegos artificiales es por demás peligrosa para aquel que manipula la pirotecnia, así como para el medio ambiente, pues los componentes de los fuegos artificiales son de los más peligrosos para el aire ambiental, compuestos por metales pesados que al liberarse y combinarse con la contaminación de los autos y demás generan monóxido de carbono el cual es respirado por la población.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales durante la época de diciembre la contaminación del aire por el uso y manipulación de explosivos crece dejando índices hasta de 153 y 154 puntos Imeca en la calidad del aire.

Aunado a ello, según informa la Comisión de Protección Civil que el índice de accidentes por quemaduras crece en las fechas de diciembre hasta por un 30 por ciento en especial los días 24, 25 y 31 de este mes, siendo en su mayoría victimas menores de edad.

Cabe mencionar que el riesgo de salud no solo daña a los seres humanos, pues con la quema de pirotecnia se afecta la flora y fauna del lugar, por los residuos de contaminantes que caen al suelo, a su vez los animales domésticos y no domésticos sufren un síndrome auditivo que les genera un dolor extremo con el sonido de la explosión esto a mediana de la cercanía a la que se encuentran de la explosión. Una de las principales afectaciones que provocan es el daño psicológico, ya que el hecho de ver a los animales temblando, jadeando y aterrorizado, implica una vulneración en su sistema nervioso que a la larga trae consecuencias en su estabilidad emocional de los animales.

Por otro, el reconocimiento de los derechos de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, que tienen el carácter de sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. De igual forma se les reconocen sus tradiciones, costumbres y cualquier forma de expresión de su propia cultura, como son las celebraciones de los santos patronos de cada comunidad y la manera en que se llevan a cabo son respetadas y reconocidas, no obstante, en ocasiones pudieren llegar a ser tan reiteradas o usados en forma excesiva que quizá causen algún tipo de daño auditivo y al medio ambiente, así como a los animales domésticos, como es la quema de cohetes.

Consideraciones

I. Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la delegación Magdalena Contreras para que vigile el cabal cumplimiento de los permisos que regulan el uso de cohetes y fuegos artificiales para las festividades o cualquier acto que implique el uso de pirotecnia en los pueblos y barrios originarios de dicha demarcación territorial, con la finalidad de garantizar la protección civil así como minimizar el impacto negativo por contaminación ambiental y auditiva, sin que ello implique vulnerar las costumbres y tradiciones locales.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los veinticuatro días del mes de enero del año dos mil dieciocho.

Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y el gobierno del estado de México a tomar medidas para prevenir, investigar, sancionar y erradicar el feminicidio por el aumento de éste al comienzo de 2018, suscrita por la diputada Concepción Villa González, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal Concepción Villa González, integrante del grupo parlamentario Morena de esta LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos, 58 y 59 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unido Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaria de Gobernación en conjunto con el gobierno del estado de México, y con la Fiscalia General de Justicia del estado de México, que se tomen con mayor eficacia las medidas necesarias para la prevención, investigación, sanción y erradicación, en virtud de que al comienzo del presente año se han registrado ya varios feminicidios en esta entidad.

Exposición de motivos

Apenas en lo que va del presente año 2018, se han registrado varios feminicidios en el estado de México. Resulta necesario y de imperiosa necesidad, Implementar con mayor eficacia las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y erradicar la violencia contra las mujeres, ya que la alerta de violencia de género que tiene el estado de México, no ha sido suficiente y no ha cumplido el objetivo principal de garantizar los derechos humanos a las mujeres de esta entidad.

Los datos que se están originando en las primeras semanas de este año son alarmantes, solo por mencionar algunos casos de feminicidios, como el que sucedió el 1 de Enero, en Tecámac, estado de México, en donde el ex policía federal José López Bautista, termino con la vida de su esposa de nombre Esther Alicia Castro y sus dos hijas, una niña de cinco años de nombre Alessandra y la otra pequeña de nombre Loreto, de tan solo un año de edad, ambas de apellidos López Castro. Otro caso se registró en Teoloyucan, estado de México, el 7 de enero, el hallazgo de una mujer asesinada a golpes y donde arrojaron su cuerpo a un baldío, sin identificar hasta la fecha, el nombre de la víctima.2 Otro hecho que ocurrió fue 12 de Enero en Cuautitlán Izcalli, estado de México, una mujer de nombre Érika “N” fue asesinada por su novio.3 Y el último que apenas se tiene registro el 14 de Enero en San Salvador Atenco, estado de México, se encontró el cuerpo de una mujer amarrada envuelta en una cobija, en un terreno baldío,4 hasta la fecha se desconoce el nombre de la víctima. Estos son, solo algunos de los “quince” casos que se han registrado en el estado de México, en las tres primeras semanas de lo que va del año y cómo podemos observar siguen a la alza los feminicidios en esta entidad. Resalto que lo importante es ver cuantos feminicidios se denuncian, cuantos se investigan y cuantos terminan en una sentencia, la falta de investigación refleja la gran impunidad que existe”.5 Tan solo el año pasado en el estado de México se registraron 310 feminicidios de acuerdo con la información que proporciono en Naucalpan, estado de México el fiscal de justicia Alejandro Jaime Gómez Sánchez.6

Urge modificar el modelo que se está siguiendo para combatir los feminicidios, claramente podemos observar que no está funcionado, se debe impulsar un mecanismo, distinto a través, de diversos programas especializados de conocimiento, y de respeto a los derechos humanos de la mujer, como en el sector educativo platicas informativas a los niños y jóvenes de las escuelas, en medios de comunicación, tener una mayor difusión con spots en medios de comunicación como radio, televisión, periódicos acerca del grave problema de feminicidios que tenemos, al mismo tiempo de ser cuidadosos de no fomentar la violencia contra las mujeres y de fortalecer la dignidad de la mujer. Respecto de los encargados de la procuración de justicia como policías, ministerios públicos y demás en este tenor, se necesita desarrollar programas en conjunto con los municipios, y ayuntamientos del estado, para lograr una mayor capacitación especializada en la prevención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres.

A pesar de que la alerta se declaró por primera vez en el estado de México, y a partir de ahí otras entidades lo han replicado, el mecanismo no ha logrado bajar la tasa de violencia contra las mujeres, por lo que se necesita urgentemente una mayor eficacia de la misma.7

Aunque los mecanismos que dicta la alerta, ahí están, hace falta que sean contundentes y más amplios. Claramente hay problemas estructurales en los que no se ha logrado incidir.

No olvidemos que en el estudio realizado, para analizar la procedencia de la solicitud de AVGM, con representantes del instituto Nacional de las mujeres (Inmujeres) la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la Violencia de Género (Conavim), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), académicos y organizaciones de la sociedad civil, para evaluar los resultados de la alerta de género, mediante investigaciones y visitas de campo, el estado de México, quedo reprobado.8

Otro punto crítico que no permite bajar la violencia contra las mujeres es la falta de órdenes de protección contra las victimas que han sufrido violencia de cualquier índole, esto se da cuando la mujer acude a denunciar esta situación ante la autoridad, no se hace el análisis de posibles riesgos por lo que, no sé, emiten órdenes de protección. En los juzgados se nota un gran incremento en asuntos de violencia familiar pero al revisarlos nos damos cuenta que es bajo el porcentaje donde se emiten órdenes de protección y por consiguiente existen muchos feminicidios que se pudieron evitar.

Se tiene que trabajar con responsabilidad y con mayor efectividad de una manera conjunta en coordinación con los tres niveles de gobierno tanto federal, estatal como municipal, porque este problema social claramente nos ha rebasado, no podemos seguir esperando más tiempo y permitir que se siga incrementando el número de feminicidios en el estado de México.

En este contexto la legislatura LXIII de la cámara de diputados ha demostrado su preocupación, por los feminicidios que han ocurrido en estas, primeras semanas de este año, y reafirma su compromiso ante las mujeres de esta entidad.

Por lo anterior, se somete a consideración de esta comisión permanente el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La comisión permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta, respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, al gobierno del estado de México, así como a la Fiscalía General de Justicia del estado de México, a tomar medidas más contundentes y efectivas a efecto de disminuir los feminicidios en el estado de México, en el trascurso de este año.

Notas

1 Javier salinas corresponsal la jornada.

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/01/08/padre-ases ina-e-incinera-a-su-esposa-y-sus-dos-hijas-9637.html

2 https://afondoedomex.com/valle-de-mexico/
feminicidio-8-asesinan-a-mujer-a-golpes-y-arrojan-su-cuerpo-atras-de-un-supermercado/

3 Para mayor información ver https://afondoedomex.com/feminicidios/feminicidio-9-erika-fue-apunalada -por-su-esposo-celoso-y-paramedicos-la-dejaron-morir/

4 Ver nota del periódico el grafico universal, lunes 15 de enero 2018, página 13.

5 Señaló Tamara Medina, oficial del Programa de Género de Amnistía Internacional, organización defensora de los derechos humanos

6 http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/matan-golpes-mujer-y-aba ndonan-su-cuerpo-en-edomex

7 De acuerdo a cifras del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF),

8 Alerta de género en estado de México mecanismo sin resultados ver http://www.animalpolitico.com/2017/11/alerta-genero-edomex-mecanismo-pa pel-sin-resultados-acusan-organizaciones/

Palacio Legislativo, sede de la Comisión Permanente, a 24 de enero de 2018.

Diputada Concepción Villa González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Michoacán a establecer medidas inmediatas para brindar seguridad y protección a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en la entidad, suscrita por la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y el acuerdo décimo tercero del acuerdo relativo a las sesiones y al orden del día de fecha veinte de diciembre de dos mil diecisiete emitido por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta honorable comisión la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de Michoacán de Ocampo, Silvano Aureoles Cornejo, para que establezca medidas inmediatas y urgentes para brindar seguridad y protección a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en esa entidad, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Guadalupe Campanur, de 32 años, fue asesinada el pasado 17 de enero, había sido reportada como desaparecida tres días antes por su familia, finalmente su cuerpo fue hallado con rasgos de violencia en un predio del municipio de Chilchota, al lado de la carretera Carapan-Paracho, a poco más de 100 kilómetros de Morelia, la capital de Michoacán.

Guadalupe Campanur formaba parte del movimiento comunitario en Cherán, que desde 2011 se enfrenta a la delincuencia organizada que tala ilegalmente los bosques delimitados dentro del municipio, comete secuestros, extorsiones y ha asesinado a otros comuneros. Guadalupe Campanur fue fundadora de la ronda comunitaria de ese municipio indígena y también fue la primera mujer en realizar tareas de guardabosques.

Los llamados “comuneros” de Cherán, municipio poblado por unos 20 mil habitantes, comenzaron a defender su territorio del crimen organizado en el 2008 pero no fue hasta el 2011 que lograron declararse como municipio autónomo eligiendo a sus propias autoridades de acuerdo con sus usos y costumbres, sin la participación de partidos políticos. La lucha a favor del medio ambiente ha convertido a Cherán en un símbolo en México por la defensa de sus territorios y sus recursos naturales, que le ha costado la vida a 19 personas, siendo Guadalupe Campanur la primera mujer en ser asesinada.

De acuerdo a Amnistía Internacional, el estado de Michoacán ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional donde los activistas reciben más amenazas de muerte. Durante este sexenio, en todo el país se han registrado 245 agresiones contra personas defensoras, cifra que ha convertido a México en uno de los países más peligrosos para defender los derechos humanos y, particularmente, para quienes defienden la tierra, territorio y medio ambiente. Actualmente, 47 activistas que son beneficiarias del mecanismo de protección de personas defensoras, están ubicadas en el estado de Michoacán.

Guadalupe Campanur es la novena defensora asesinada en los últimos dos años y la 49 activista despojada de la vida en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, según cifras de la organización Global Witness.

Después de la terrible noticia del asesinato de la compañera Campanur, a los pocos días, el 22 de enero, el Estado de Michoacán volvió a ser noticia nacional, luego de difundirse por redes sociales un ataque por parte de un grupo armado a los periodistas que acompañaban la caravana del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) y su vocera María de Jesús Patricio.

De acuerdo con la información difundida por el CIG, luego de un encuentro con la Comunidad Nahua de Santa María Ostula, territorio recuperado de las manos del crimen organizado, ?quien saqueaba los recursos naturales, asesinaba, secuestraba y extorsionaba a sus habitantes?, la caravana se dirigía a Paracho, habiendo salido apenas de los límites del municipio de Tepalcatepec, ya fuera del territorio bajo resguardo de la Guardia Comunal de Ostula y los grupos de Autodefensa que se articulan con ella, el último vehículo de la caravana, donde se transportaban los periodistas independientes Daliri Oropeza, Aldabi Olvera, Cristian Rodríguez, mismos que han cubierto desde un inicio el recorrido del CIG y su vocera, fue interceptado y arrinconado por una camioneta Honda CR-V gris, en la cual viajaban cinco sujetos que portaban armas de alto calibre. Estos hombres obligaron a los compañeros Aldabi Olvera y Cristian Rodríguez a descender, los amenazaron y los obligaron a entregar sus cámaras y teléfonos celulares.

El ataque sufrido por el grupo de periodistas, no se trata de un robo común como indebidamente ha tratado de minimizar el gobierno del Estado de Michoacán, sino que es un acto de intimidación y amenaza para quienes realizan la labor periodística en aquel Estado, particularmente en el contexto del tipo de fuente que cubren y la información que difunden: la caravana del CIG.

De acuerdo con la evaluación hecha por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las agresiones contra las personas defensoras de derechos humanos y periodistas se han incrementado en la última década. Se debe recordar que ya en el año 2014 Margaret Sekaggya, ex Relatora de personas defensoras de derechos humanos, “reiteró su profunda preocupación sobre las alegaciones recibidas indicando la persistencia de un clima de violencia e inseguridad” para los defensores y defensoras en México, así como para quienes ejercen el periodismo y llamó la atención sobre “el alto nivel de impunidad que prevalece en torno a este tipo de crímenes”.

Los ataques en contra de Guadalupe Campanur y el grupo de periodistas que cubren la Caravana del CIG, obligan al gobierno del estado de Michoacán a tomar todas las medidas necesarias y urgentes para proteger y garantizar la labor de las personas defensoras y periodistas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. El Senado de la República exhorta al gobernador constitucional del estado de Michoacán a establecer medidas inmediatas y urgentes para proteger y garantizar en condiciones de seguridad la labor de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en aquella entidad.

Segundo. Se realice una investigación con la debida diligencia (pronta, expedita, agotando todas las líneas de investigación y garantizando la reparación del daño y el derecho a la verdad de las víctimas) respecto al feminicidio de la compañera Guadalupe Campanur y el ataque sufrido por los periodistas Daliri Oropeza, Aldabi Olvera y Cristian Rodríguez.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 24 de enero de 2018.

Senadora Dolores Padierna Luna (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua a dotar de una cuota de agua a Cuquío e Ixtlahuacán del Río, Jalisco, del proyecto hidrológico de la presa El Zapotillo, suscrita por la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, María Victoria Mercado Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79 fracción II, numeral 2, fracciones I, II y III del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 4o., párrafo sexto:

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.1

Además, la resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que reconoce el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. La resolución exhorta a los Estados y las organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos”.2

El acceso al agua es un derecho humano, es el elemento más indispensable para la vida en general. El país afortunadamente se encuentra entre el océano Pacifico y el Golfo de México; dos grandes extensiones de mar abierto, además existen diversos ríos, cuencas, lagunas que logran dar abastecimiento a la mayoría de la población.

Claro ejemplo es la región hidrológica Lerma-Santiago, que tiene como objetivo lograr el abastecimiento y suministro de agua potable a los Altos de Jalisco, conocida como el centro agropecuario más importante de México y además a León, Guanajuato.

Actualmente está en construcción la presa El Zapotillo en Cañadas de Obregón y en Jalisco sobre la cuenca del Río Verde que ha desatado el descontento de gran número de pobladores que ya están siendo afectados por dicha construcción.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado a través de un amparo para detener la construcción de la presa que medirá 105 metros de altura, pero que antes se había dicho que mediría 80 metros, por lo que los habitantes exigen estudios a la Conagua para sustentar el aumento de otros 25 metros más de El Zapotillo.

Hoy, a raíz del anuncio realizado por el gobernador de Jalisco, maestro Jorge Aristóteles Sandoval, el pasado 29 de junio donde se decide incrementar la cortina de la presa de 80 a 105 metros, cambia la situación jurídica y real sobre la cantidad metros cúbicos de embalse de agua que tendrá la presa El Zapotillo. Por ello solicitamos la dotación de agua de dicha presa a Cuquío e Ixtlahuacán del Río, toda vez que en la protección original fueron descartados, aunque estos municipios se encuentran dentro de la cuenca del río Verde y actualmente están en veda porque sus escurrimientos también son parte esencial para la viabilidad de la presa.

Para Cuquío e Ixtlahuacán del Rio y sus habitantes, como se encuentra el decreto de dotación de los caudales que se generaran en la presa El Zapotillo es una injusticia, ya que solo tienen la carga de la veda en el uso de agua superficial y agua subterránea para proteger los escurrimientos y los afluentes de agua que son necesarios para la viabilidad y el funcionamiento de la presa.

Como grupo parlamentario nos hemos pronunciado contra el trasvase que se pretende realizar del agua de la presa El Zapotillo a León, Guanajuato, porque quien tiene la carga hidrológica y a quien se deprimirá en el uso y abasto de agua será la zona de los Altos de Jalisco, a la cual pertenecen Cuquío e Ixtlahuacán del Río, también debe ser considerado en esta propuesta, pues tiene la misma carga y el mismo veto que la zona de los Altos.

Estos dos municipios son el granero de Jalisco. Su alta producción de granos hace que sea la zona con mayor producción en el estado. Su posición estratégica y su cercanía a la zona metropolitana de Guadalajara y al centro agropecuario más importante del país en materia de proteína animal hacen de esta región un punto estratégico donde confluyen la producción y la necesidad animal y el consumo humano de grano, si desatendemos esta región y lo sometemos al estrés hidrológico actual sin protegerlo con la dotación de agua suficiente para su sostenibilidad, condenaremos a sus habitantes a para su producción y, por tanto, que sus familias no cuenten con los insumos necesarios para su desarrollo.

Por la geografía, el costo de dotar del caudal de la presa El Zapotillo a estos municipios es muy económico, pues Yahualica de González Gallo será uno de los beneficiados del caudal de la presa, y estos municipios se encuentran por debajo de la altura sobre el nivel del mar y su dotación seria por gravedad, no encontrándose ninguna barraco o despeñadero que dificultara esta dotación, además la cercanía de un punto a otro en línea recta no sobre pasa los 15 kilómetros.

Por esto y más irregularidades encontradas en el proyecto de la presa, actualmente la población de Cuquío e Ixtlahuacán del Río, Jalisco, está siendo severamente afectada por el desabasto de agua potable por la construcción de la presa El Zapotillo.

En el Congreso de la Unión, Movimiento Ciudadano se pronunció con un punto de acuerdo para exigir a la Comisión Nacional del Agua un informe sobre si habrá agua suficiente para Guanajuato y Jalisco en el proyecto de la presa El Zapotillo.

Si bien el objetivo de la futura presa es abastecer de agua a los Altos de Jalisco, está afectando a otras zonas rurales, teniendo como consecuencia un sinfín de amparos promovidos por diversos sectores civiles y la puesta en peligro de aproximadamente 19 mil habitantes de Ixtlahuacán del Río y de aproximadamente 18 mil habitantes en Cuquío. Por ello, el gobierno federal y la Comisión Nacional del Agua deben dar soluciones óptimas y de manera justa, para no seguir perjudicando la vida de más de 37 mil personas con el proyecto de construcción de la presa El Zapotillo.

Por lo expuesto me permito presentar ante el Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua a otorgar la dotación de una cuota de agua a Cuquío e Ixtlahuacán del Río, Jalisco, del proyecto hidrológico presa El Zapotillo por sequía en la entidad.

Notas

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2017.

2 UN Water. El agua, fuente de vida. http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de enero de 2018.

Diputada María Victoria Mercado Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud a informar sobre la cobertura en trasplantes de riñón a menores de edad por el Seguro Popular, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, María Gloria Hernández Madrid, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:

Considerandos

La función social que desarrollan las dependencias de gobierno debe fortalecerse para garantizar el cumplimiento del artículo 4 constitucional, que expresamente establece: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud”.

En este contexto, una función primordial que vienen brindando las instituciones es el de trasplantes de riñón; el propósito del presente acuerdo es destacar la importancia de esta labor, y exhortar al gobierno a no bajar la guardia en este rubro para no desproteger a ningún ciudadano.

Debemos apuntar que la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), tal como se describe en su portal, “es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud (SS) con autonomía técnica, administrativa y operativa, que se encarga de la provisión de servicios de salud a la población beneficiaria del Sistema de Protección Social en Salud. Trabaja de manera coordinada con los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS) y los proveedores de servicios de salud públicos o privados en las entidades federativas”.

Teniendo como objetivo proporcionar a la población que no cuente con seguridad social, la posibilidad de tener una vía que proteja su salud, la Comisión Nacional de Protección Social, ha establecido diferentes estrategias y programas de atención a la población, entre ellos, los más destacados han sido: Seguro Popular, Embarazo Saludable, Seguro Médico Siglo XXI, Oportunidades en su Componente de Salud y Cirugía Extramuros.

La ausencia de opciones para proteger la salud derivó en la creación de un seguro médico, público y voluntario, que surgió en el 2001. Con esta opción, millones de mexicanos pueden tener atención médica, practicarse estudios y acceder a medicamentos sin costo.

Desde su nacimiento, el Seguro Popular ha crecido vertical y horizontalmente, en el primer sentido, ha crecido verticalmente, con la ampliación del número de padecimientos cubiertos; que se cubren a través de la red de hospitales en cada estado. Y ha crecido horizontalmente con el aumento gradual en el número de afiliados.

Los principios que rigen desde su surgimiento al Seguro Popular, son los de garantizar que la vida y la salud de todos, vale lo mismo, de manera que cada mexicano tiene igualdad de oportunidades para cuidar su salud, sin importar su situación laboral, ingreso, lugar de residencia, origen étnico, edad o género.

La protección de la salud incluye la no discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios.

Por ello, llamó mucho la atención que a principios de 2018 se difundiera, esencialmente en redes, que los trasplantes renales para personas menores de 18 años se “suspenderían”; inclusive, tuvo que emitir una respuesta inmediata la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), órgano administrador de los recursos del Seguro Popular, para calmar los ánimos y aseverar que los trasplantes renales para personas menores de 18 años están vigentes.

Por esta razón se motiva el presente acuerdo, tener información institucional que nos ayude a los legisladores a conocer, si la viabilidad financiera está garantizada en la atención a estos pacientes; sin soslayar, que esta enfermedad está enlistada como una de las que se cubren por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

Para esta soberanía resulta importante conocer cuántos trasplantes se han financiado a través del Seguro Popular en lo que va de la presente administración.

Lo anterior nos podrá dar un panorama más completo de la situación, sus límites, retos y necesidades que tiene el sector salud en esta materia.

Finalmente, vale la pena recordar lo establecido en el apartado de atribuciones generales de los servicios de salud en el artículo 5 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud: “Prestar el servicio para una persona no reduce la cantidad de recursos disponible para otros miembros de la población”.

En virtud de lo anteriormente fundado y motivado, ponemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud a que informe sobre la cobertura en trasplantes de riñón a menores de edad, a través del Seguro Popular.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de enero de 2018.

Diputada María Gloria Hernández Madrid (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, la Semarnat y la Cofepris a actualizar y, en su caso, adecuar los criterios en materia de temporalidad y cantidad a fin de importar insumos para la investigación científica, suscrita por el diputado José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado José Máximo García López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, y en nombre de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional por el estado de Baja California, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Antecedentes

La ciencia, tecnología e innovación juegan un papel preponderante como variables estratégicas del cambio estructural para el desarrollo del país, y es hoy una de las principales riquezas de las sociedades contemporáneas y se ha convertido en un elemento indispensable para impulsar el desarrollo económico y social, y posteriormente, son clave del desarrollo equilibrado y sostenible de las sociedades modernas.

En México, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en mayo de 2013, destaca que uno de los objetivos es “Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible.”, objetivo enmarcado en la Meta Nacional de dar una educación de calidad a todos los mexicanos.

Para ello sin duda se requiere de la suma de esfuerzos para poder llevar a nuestro país hacia una sociedad y economía del conocimiento, donde la ciencia, la tecnología y la innovación representen verdaderos pilares donde se apoye nuestro crecimiento.

Con base en estos antecedentes me permito presentar los siguientes

Considerandos

Primero. Se requiere impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación, por medio de la investigación. Investigación, desde el punto de vista de su etimología, al provenir del latín in (en) y vestigare (hallar, inquirir, indagar, seguir vestigios) sugiere que se requiere una gran cantidad de recursos humanos y materiales para realizar dicha actividad.

Segundo. La investigación científica realizada en México requiere de insumos y equipo importado, debido también a la posición que tiene el país en la balanza tecnológica. Posteriormente, “la falta de desarrollo tecnológico y la dependencia que ésta conlleva producen dos efectos sobre la economía de una nación en desarrollo, específicamente, en cuenta corriente. El primer efecto que se genera es la fuga del multiplicador interno de la inversión. Esto se debe a que la producción requiere de una gran cantidad de bienes de capital e intermedios importados que no se producen internamente a causa del rezago tecnológico”1 . Derivado de lo anterior, indirectamente, la sociedad mexicana es la principal afectada por estos vaivenes económicos y directamente las instituciones de investigación que realizan dichas actividades en el país y que buscan contribuir a la resolución de problemas nacionales.

Tercero. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los últimos datos registrados en mayo de 2017 indican que las exportaciones de productos manufacturados alcanzaron los 31 mil 789 millones de dólares, tan solo en los primeros 5 meses del año. Los aumentos más importantes se observaron en las exportaciones de alimentos, bebidas y tabaco (28.4 por ciento), de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos (19.7 por ciento), de maquinaria y equipo especial para industrias diversas (16.8 por ciento), de productos automotrices (13.8 por ciento) y de equipo profesional y científico (11 por ciento)2 .

Este último dato resulta revelador, sobre todo al considerar que este año el presupuesto del Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación sufrió un recorte importante, así como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, lo que nos habla de la gran necesidad que existe por parte de las instituciones de los insumos y el equipo importado y los costos que ello supone.

Cuarto. Justamente en este sentido se ha estimado que los costos fiscales y administrativos, directos e indirectos que se deben gastar para el trámite de importación de material y equipo indispensable para la investigación científica, pueden llegar a representar 30 por ciento del costo total de los proyectos de investigación3

Quinto. Para brindar atención a la problemática derivada de la importación de insumos para la investigación científica, encontramos que sólo se encuentra considerado en el artículo 61 de la fracción IX, de la Ley Aduanera, una exención a las mercancías donadas para fines culturales, de enseñanza, de investigación, de salud, siempre y cuando cumplan con lo planteado con las disposiciones señaladas en esta misma fracción, es decir, la atención en este sentido se concentra solamente en los productos donados, pero no en los importados para la investigación realizada por diversas instituciones en el país.

Sexto. Aunado a lo anterior, diversas voces de la comunidad científica y de investigación del país han mostrado que las instancias involucradas en la importación de equipos e insumos necesarios para la investigación, a saber, materiales, reactivos, animales, células, tejidos, etcétera, tienen criterios que no se encuentran acordes a la necesidad de importación de dichos materiales, por lo que requieren una flexibilización o actualización en dichos criterios a fin de establecer la posibilidad de obtener permisos por el tiempo que dure la investigación o por el número de piezas requeridas para la misma, y que generalmente no se pueden obtener en una sola exhibición o son requeridas con cierto tiempo de espacio entre cada una.

Séptimo. En particular, el planteamiento en cuestión atiende diversas solicitudes que la comunidad académica ha tenido desde hace al menos 20 años, misma que se encuentra incluida en la “Agenda Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación” que incluye la voz de la comunidad científica, empresarios y académicos en la que se señala:

“XII.9 Resulta medular disminuir restricciones para insumos a la investigación por lo que se requiere que las normas que aplican Sagarpa, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), contengan criterios flexibles para la importación de equipos, e insumos para la CTI, tales como materiales, reactivos, animales, células, tejidos, partes, etcétera. Y establezcan la posibilidad de obtener permisos por tiempos prolongados o por número de piezas a importar. En este orden de ideas, también es importante la facilitación de trámites aduaneros para la liberación de equipos e insumos a la investigación haciendo una revisión de la Ley Aduanera y disposiciones legales relacionadas.4 ”

Es por lo anteriormente expuesto que se somete a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para que actualice y, en su caso, adecue los criterios en materia de temporalidad y cantidad para la importación de insumos necesarios para la investigación científica.

Notas

1 Medina Pérez, S. 2004. La dependencia tecnológica en México. Economía Informa. NÚM. 330 Disponible en: http://www.economia.unam.mx/publicaciones/reseconinforma/pdfs/330/07Sal vadorMedina.pdf

2 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/balcom_o/balcom_o20 17_06.pdf

3 http://posgrado.iztacala.unam.mx/wp-content/uploads/2014/06/Iniciativa- modificacio%CC%81n-Ley-Ciencia-y-Tecnologi%CC%81a-Senado_2.pdf

4 Hacia una Agenda Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación. Septiembre 2012, disponible en: http://www.foroconsultivo.org.mx/documentos/agenda_nal_cti_extenso_2609 12.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 24 de enero de 2018.

Diputado José Máximo García López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y otras autoridades a informar sobre la situación del transporte ferroviario de carga en el país y realizar acciones para evitar accidentes, a cargo de la senadora María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe María Verónica Martínez Espinoza, senadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como en el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía lo siguiente.

Exposición de Motivos

El transporte ferroviario en México en la actual administración ha sido detonado y hay diversas obras en marcha que comunicarán zonas como la Ciudad de México y Toluca, ello para atender la demanda de pasajeros de una manera rápida y segura, ello luego de varias décadas en que no se invirtió en este sector frente al crecimiento del transporte de autobuses y aviones.

Asimismo el transporte de carga vía ferrocarriles ha crecido en las últimas dos décadas, con lo que ha agilizado la movilización de mercancías. Sólo por mencionar durante el periodo enero-octubre de 2017, el tráfico de carga movilizado a través del Sistema Ferroviario Mexicano (SFM) ascendió a 105 millones 281 mil toneladas, lo que significó un alza de 2.97 por ciento que las 102 millones 236 mil toneladas del mismo periodo de 2016, destaca la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

De dicha cifra, 37.17 por ciento lo aportó el servicio doméstico con un manejo de 39 millones 141 mil toneladas, lo que derivó en un incremento de 4.57 por ciento ante las 37 millones 428 mil toneladas del año que pasado. Se añade que el porcentaje mayoritario acumulado lo aportó el Servicio Internacional con 66 millones 140 mil toneladas, una ligera diferencia de 2.05 por ciento en proporción a las 64 millones 808 mil toneladas de 2016.

En este tenor y de acuerdo a la de acuerdo con cifras de la Asociación Americana de Ferrocarriles durante la primera semana de 2018, los ferrocarriles mexicanos reportaron un tráfico de 15 mil 250 vagones, lo que significó un incremento de 7.9 por ciento respecto a lo registrado en la primera semana de 2017.

En materia intermodal, los trenes mexicanos contabilizaron un movimiento de 13 mil 410 unidades, un alza de 0.7 por ciento más que lo alcanzado en la misma semana del año anterior. Dichas cifras, generaron un tráfico ferroviario acumulado de 28 mil 660 vagones y unidades intermodales, 4.4 por ciento más que lo sumado en la primera semana de 2017. Se añade que el tráfico de los trenes mexicanos aportó 5.08 por ciento del tráfico total de norteamérica.

Sin embargo, este sector no está exento de accidentes, como el ocurrido hace unos días en Ecatepec que provocó el descarrilamiento de un furgón cargado de maíz. El saldo fue dos adultos y tres menores que fallecieron y otro menor resultó lesionado. Esta familia vivía en una vivienda ubicada al costado de las vías en la colonia Jardines de Casa Nueva.

En el periodo julio-septiembre de 2017 la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) contabilizó con ayuda de las concesionarias un total de 448 siniestros ferroviarios, lo que significó un alza de 29.9 por ciento respecto al segundo trimestre del año cuando el registro cerró en 345; y 13.7 por ciento más que los registrados en el primer trimestre del año cuando el registro fue de 394.

Se añade que la categoría de siniestros con causales ajenas al ferrocarril es la más alta, igual que en los dos trimestres anteriores, con un porcentaje de 40.8 por ciento del total con 183 sucesos. De estos, 163 fueron arrollamiento de vehículo; 19 en el rubro persona arrollada y uno se reportó en impacto a tren.

La ARTF indica que los estados con mayor número de accidentes con causales ajenas al ferrocarril son Nuevo León con 32; Guanajuato, 15; estado de México, 14; Veracruz y Jalisco con 13; y Michoacán y Coahuila con 12.

Al respecto, reportes de prensa en varios estados del país indican que en las primeras dos semanas de este año se han registrado varios accidentes con trenes, desde el descarrilamiento de locomotoras, hasta vehículos que intentan ganar paso a la maquina pesada.

En Piedras Negras, Coahuila, un tren con vagones cargados de carbón se descarrilló la mañana del 11 de enero, a la altura del paso a desnivel 1850, conocido también como El Apenitas, donde afortunadamente no se reportaron víctimas.

En Jalisco, cuatro accidentes con el tren se suscitaron en 24 horas. El saldo es de cinco personas muertas y 16 lesionadas. En el último de los casos, un chofer sobrevivió milagrosamente cuando su camioneta fue arrastrada por 100 metros por el convoy ferroviario.

Asimismo el pasado 17 de enero en Tampico, Tamaulipas se registró un accidente en la avenida Monterrey en la colonia Tamaulipas muy cerca del paso de lanchas 106. En el mismo siete furgones del tren de carga de la ruta Tampico-San Luis se descarrilaron en una curva y terminó cayendo encima de una humilde vivienda en donde habitan una mujer y su hija. Afortunadamente no hubo muertes ni lesionados.

En diciembre del 2017 en Gómez Palacio, Durango, se reportaron en la prensa local por lo menos dos accidentes donde los ferrocarriles estuvieron involucrados. En todo 2017 en esa zona conurbada se tiene un registro de al menos 30 siniestros.

Respecto al caso de Ecatepec, ocurrido el pasado 18 de enero, autoridades de Protección Civil municipal informaron que la locomotora accidentada pertenece a las empresas Ferrovalle y Kansas City Southern de México la cual transportaba al menos 90 toneladas de maíz.

Se informó que la SCT instaló una comisión investigadora para determinar las causas del accidente y la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, presidida por Benjamín Alemán Castilla, quien se encargue de llevar a cabo las pesquisas correspondientes.

También la SCT indicó que como primera instrucción, las empresas involucradas en el accidente, Ferrocarril y Terminal del Valle de México y Kansas City Southern de México, deberán presentar a la brevedad un informe técnico ante la comisión.

Si bien los peritajes e investigaciones que realizarán las autoridades correspondientes para deslindar responsabilidades aún no se conocen, de acuerdo con testimonios de vecinos en esa zona de Ecatepec, los ferrocarriles circulan a velocidades altas, lo cual significa un grave riesgo para la población, ya que el descarrilamiento por exceso de velocidad o malas condiciones de las vías, de un convoy con materiales peligrosos como combustibles o productos químicos podrían derivar en fatales consecuencias.

Sumado a ello, para nadie es un secreto que a lo largo y ancho del país, en diversas ciudades y pueblos por donde cruza la red ferroviaria, prácticamente junto a las vías a menos de 10 metros, hay cientos de colonias, de asentamientos regulares e irregulares, que están en grave riesgo ante accidentes como descarrilamientos, sin que autoridades municipales, estatales o federales, intervengan para su reubicación.

De acuerdo a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario el “Derecho de Vía” es la “la franja de terreno que se requiere para la construcción, conservación, ampliación, protección y en general para el uso adecuado de una vía general de comunicación ferroviaria, cuyas dimensiones y características fije la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

En el reciente caso del accidente en Ecatepec, las casas afectadas y muchas otras en la colonia Jardines de Casa Nueva están a 6.28 metros del eje central de la vía, cuando de acuerdo con la reglamentación ferroviaria debería ser mínimo de 10 metros.

Empresas como Ferromex ha dicho que dicho derecho de vía debe ser de al menos 15 metros de cada lado de la vía, pero desafortunadamente existen colonias, asentamientos irregulares, construcciones de diversos tipos, que incumplen esta norma de seguridad.

“Hay que recordar que esta vía se construyó en tiempos de Ferrocarriles Nacionales de México, y estos asentamientos llevan más de 40 años ahí. Las cartas de vía que se le entregaron a Ferrovalle en 1996 identifican que en este tramo la distancia del derecho de vía que existe actualmente que es de 6.28 metros”, indicó en entrevista con medios de comunicación Benjamín Alemán Castilla, titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario.

El funcionario reconoció que después de la modificación a la regulación ferroviaria en 2015, la cual marca una distancia de al menos 15 metros entre las casas y el eje central de una vía ferroviaria para nuevos proyectos de este transporte, destacó que “no se puede hacer retroactiva una norma de esta naturaleza”.

Respecto a tema de la velocidad en que deben transitar los ferrocarriles en zonas urbanas, de acuerdo al Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes, en el modo ferroviario, el transporte de carga opera con una velocidad promedio baja en términos relativos menor a 30 km/hora, lo que le resta competitividad al sistema. Esta situación es generada por factores como: el estado físico de las vías y puentes, laderos inseguros, falta de vías dobles, material rodante obsoleto, falta de equipo ferroviario, conflictos en los derecho de paso, una orografía accidentada, el crecimiento de la mancha urbana a lo largo de las vías de ferrocarril, falta de libramientos en zonas urbanas, así como de los cruces irregulares a nivel.

Según cifras de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles la velocidad de los trenes ha mejorado en un 30 por ciento, al pasar de 22.5 kilómetros por hora en 1990, a cerca de 30 en la actualidad. Sin embargo, en el paso de los trenes por las ciudades están obligados a disminuir la velocidad a 20 kilómetros por hora.

Ante este panorama presentó al Honorable Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión los presentes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario informar a esta soberanía sobre los resultados de las investigaciones y peritajes del lamentable accidentes del pasado 18 de enero en Ecatepec, así como sancionar en su caso a las empresas responsables y vigilar la indemnización justa para los familiares de las cinco víctimas mortales y heridos.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes realizar una campaña de difusión y concientización entre las empresas ferroviarias, así como al público en general de la velocidad permitida para el tránsito de trenes en zonas urbanas, así como de los riesgos de vivir en zonas aledañas a las vías que incumplen con el llamado “Derecho de Vía”, impulsar la instalación de radares de velocidad y las sanciones correspondientes a las empresas que incumplan, además de enviar a esta Soberanía un diagnóstico sobre las zonas urbanas o colonias que están ubicadas junto a las vías del tren.

Tercero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, gobiernos estatales, de la Ciudad de México y municipales, promover y concretar programas de reubicación de viviendas que se encuentran ubicadas dentro del llamado “Derecho de Vía” en el país.

Ciudad de México, a 24 de enero de 2018.

Senadora María Verónica Martínez Espinoza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a implantar programas anuales de asesoría y acompañamiento jurídico gratuito en favor de personas con predios sin escritura y en situación irregular para normalizar bienes inmuebles intestados, a cargo de la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Mariana Gómez del Campo Gurza, senadora de la LXIII Legislatura en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 171, 175, 176 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el siguiente punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de la Ciudad de México, para que implemente programas anuales de asesoría y acompañamiento jurídico gratuito a favor de las personas que tengan predios sin escrituras y en situaciones irregulares con la finalidad de que los capitalinos cuenten con la oportunidad de regularizar bienes inmuebles intestados al tenor de los siguientes:

Antecedentes

Uno de los problemas a los que se enfrentan los capitalinos es la falta de certeza jurídica, principalmente lo referido a la posesión de un bien, ya que se ha convertido en un problema que desencadena una serie de conflictos, perjudicando a todos los capitalinos. Una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el año pasado se contabilizaron 2 millones 601 mil 323 viviendas particulares habitadas, asimismo, el Colegio de Notarios mencióno que al menos 50 por ciento de dichas viviendas no cuentan con escrituras públicas y por consiguiente, no están regularizadas.

Por su parte, el director de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez; en el año 2017 reportó que en la Ciudad de México, existen 859 asentamientos irregulares; se trata de 241 mil 853 habitantes que ocupan 2 mil 700 hectáreas cuyos hogares ameritan un diagnóstico y, en su caso, una reubicación. Explicó que esas familias se encuentran en al menos 859 asentamientos distribuidos en 9 delegaciones. Lo cual significa que, gracias a la falta de interés por parte de los capitalinos por regularizar sus viviendas, las autoridades carecen de datos estadísticos puntuales que puedan ayudar a garantizar vida digna y prevenir problemas futuros.

Actualmente adquirir una casa propia puede resultar imposible; ya que la mayoría de la población no conoce los requisitos que debe cumplir un terreno para poder venderlo o comprarlo teniendo como resultado la falta de escrituración y registro en la mayoría de las delegaciones de la ciudad. Asimismo, muchos predios se encuentran inmersos en problemas judiciales, que hacen incierta su situación jurídica, por ser irregulares, estar intestados, o simplemente falta de conocimiento de los habitantes para poder regularizarlos. El siguiente problema radica en gran medida en que el costo que lleva escriturar una casa suele ser muy alto ya que suele estar entre 5 a 15 por ciento del valor total de la casa.

El gobierno de la Ciudad de México ha implementado distintos programas para mejorar esta situación, en primer lugar; la Jornada Notarial, que se lleva a cabo del 15 al 19 de enero en donde se pueden encontrar descuentos de hasta 80 por ciento para que los ciudadanos puedan hacer su testamento, realizar trámites de escrituras o sucesiones.

Otro programa es el de El Abogado en tu Casa, el cual también se realiza por jornadas, en la que abogados acuden a los hogares de las personas y brindan auxilio y orientación, no sólo en trámites relacionados con predios y viviendas sino también sobre actas de nacimiento y estados civiles.

A pesar de estos programas, las personas siguen teniendo muchos problemas a la hora de regularizar sus propiedades, ya sea por una serie de trámites burocráticos que dificultan y retrasan el procedimiento o por que los propios ciudadanos no cuentan con el tiempo ni el dinero para poder llevarlo a cabo. Por lo que se necesita una implementación total, de un programa que esté dirigido específicamente a la atención de estos problemas, desde ayuda jurídica en donde se le pueda dar una orientación y seguimiento a los tramites que se necesiten realizar, así como contactos con notarías que puedan sumarse y que puedan dar una mejor atención dándole celeridad a los tramites.

Lo importante es proporcionar información clara y accesible, y así contribuir a que las personas no corran riesgos y vivan tranquilos.

Consideraciones

I. Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

II. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de la Ciudad de México, para que implemente programas anuales de asesoría y acompañamiento jurídico gratuito a favor de las personas que tengan predios sin escrituras y en situaciones irregulares con la finalidad de que los capitalinos cuenten con la oportunidad de regularizar bienes inmuebles intestados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 24 de enero de 2018.

Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al gobierno de Zacatecas a evaluar por la Secretaría del Campo, con la delegación de la Sagarpa, los daños ocasionados por los frentes fríos que han afectado a los productores agropecuarios y, de ser procedente, emitir declaratoria de desastre natural, suscrita por el diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Benjamín Medrano Quezada, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Por su ubicación geográfica, el estado de Zacatecas posee características climatológicas que lo hacen susceptible de padecer temperaturas extremas, presentándose en una sola temporada, calores intensos, así como nevadas y frentes fríos, con consecuencias económicas y sociales en ocasiones irreparables.

Las actividades agropecuarias, acuícolas y pesqueras, no sólo de Zacatecas sino a nivel nacional, se ven permanente afectadas por fenómenos naturales, tales como los frentes fríos que, según los pronósticos realizados por el Servicio Meteorológico Nacional, podrían aumentar en frecuencia y severidad.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó en días pasados que, en el mes de enero de 2018, se espera el ingreso al territorio nacional de ocho frentes fríos que afectarán a la mayor parte del territorio.

El SMN, señaló en su oportunidad, que, entre noviembre de 2017 y mayo de 2018, los meses de diciembre y enero serán los más activos; en diciembre se reportaron ocho frentes fríos, esperando que el mismo número de fenómenos climatológicos se presenten en el primer mes de este año.

Continuó precisando el SMN, dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)1 , que febrero tendrá siete frentes más, marzo seis, abril seis y mayo dos, lo que representa un total de 51 sistemas en la temporada 2017-2018, cifra semejante al promedio histórico, que es de 52 sistemas, conforme a la climatología monitoreada de 2001 a 2015.

Cabe señalar que un frente frío es la parte delantera de una masa de aire polar y se forma cuando la masa de aire helado choca con una de aire caliente, pues al ser más denso, el aire frío se mete como una cuña debajo del aire caliente, lo que genera movimiento y provoca inestabilidad en la atmósfera de esa zona.

Un frente frío y su masa de aire pueden generar lluvias, granizo, descenso brusco de temperatura, bajas temperaturas, heladas, nevadas, vientos fuertes, viento del norte, así como tormentas invernales.

Para la atención a las afectaciones y las severas pérdidas del sector agropecuario, provocadas por estos frentes fríos, no sólo en el estado de Zacatecas, sino a nivel nacional, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, (Sagarpa), a través de apoyos directos , ampara a los productores frente a sucesos naturales que afecten su productividad, evitando un impacto mayor en su economía.

Tal y como lo precisa la Sagarpa en su página electrónica de Atención a Siniestros Agropecuarios en el Programa de Apoyo a Pequeños Productores 20172 , son objeto de atención de apoyos directos los fenómenos hidrometeorológicos tales como: sequía, helada, granizada, nevada , lluvia torrencial, inundación significativa, tornado, ciclón; y fenómenos geológicos: terremoto, erupción volcánica, maremoto y movimiento de ladera. Asimismo, se podrá considerar cualquier otra condición climatológica atípica e impredecible que provoque afectaciones en la actividad agrícola, pecuaria, pesquera o acuícola.

En esta temporada invernal pocos son los municipios del estado de Zacatecas en los que no se han registrado bajas temperaturas, que en ocasiones han alcanzado los menos 15 grados centígrados ; por ejemplo en las zonas altas de las entidades de Emancipación y Estación Pardillo , ambas en el municipio de Fresnillo, se provocaron nevadas, heladas y daños severos en las actividades agropecuarias, así como afectaciones sociales tales como suspensión de clases, enfermedades bronco respiratorias y detección de varios casos de influenza, lo que ha puesto en estado de alerta a las autoridades de la entidad.

Por las razones antes expuestas, y con el objeto de aliviar la grave situación que actualmente viven los productores agropecuarios del estado de Zacatecas en particular, y del país en general, se propone a esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, a efecto de realizar un respetuoso exhorto al gobierno del estado de Zacatecas, para que a través de la Secretaría del Campo estatal en coordinación con la delegación de la Sagarpa, se emita una declaratoria de desastre natural para que los productores agropecuarios afectados por los multicitados frentes fríos, puedan acceder a los fondos de los apoyos directos de Sagarpa, de modo que se amparen frente a sucesos naturales que afecten su productividad, evitando un impacto mayor en su economía.

En virtud de lo anteriormente fundado y expuesto, ponemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al gobierno del estado de Zacatecas, para que a través de la Secretaría del Campo de la propia entidad, y en coordinación con la delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, evalúen los daños ocasionados por los frentes fríos que han afectado a los productores agropecuarios y de ser procedente, se emita una declaratoria de desastre natural, con la finalidad de que les otorguen recursos por las pérdidas ocasionadas.

Notas

1 Comunicado de prensa 667-17, emitido 03 de noviembre de 2017. http://smn.conagua.gob.mx/files/pdfs/comunicados-de-prensa/Comunicado66 7-17.pdf

2 https://www.gob.mx/sagarpa/acciones-y-programas/componente-de-atencion- a-siniestros-agropecuarios

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 24 de enero de 2018.

Diputado Benjamín Medrano Quezada (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a rendir mediante la Sener, por el Fideicomiso Firagas, un informe pormenorizado sobre el reemplazo de tanques de gas en Baja California, su sistema de detección y el criterio que emplea para cambiarlos, suscrita por el diputado José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado José Máximo García López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, y en nombre de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional por el estado de Baja California, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a los siguientes

Antecedentes

En México 8 de cada 10 familias utilizan gas licuado de petróleo (LP) para cubrir necesidades básicas como bañarse con agua caliente o cocinar, este gas es principalmente una mezcla de propano y butano, incoloro e inodoro, es un gas asfixiante, arde en concentraciones de 1.8 al 9.3 por ciento en el aire (se requiere muy poco gas para alcanzar la mezcla explosiva) y puede arder a -98 grados centígrados (º C), –es decir en cualquier temperatura posible en todo el territorio nacional.

Se almacena en forma líquida, pero un litro de gas líquido puede producir 242 litros de gas en su fase de vapor, es decir una mezcla explosiva de 11,000 litros en el aire (la presión aumenta con la temperatura, por lo que es recomendable instalarlo bajo techo y alejado de fuentes de calor, esta presión puede ocasionar fugas si el tanque, las válvulas o la línea de distribución no están en óptimas condiciones (es 6 veces la presión atmosférica al nivel del mar).

El uso del gas LP en nuestro país, que consiste principalmente en la compra, distribución y empleo de tanques para suministrar de gas a casa habitación y pequeñas empresas, es un riesgo para quienes lo distribuyen, comercializan y emplean, sobre todo para los ciudadanos.

De acuerdo con información de la Comisión de Protección Civil de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, tan sólo en los primeros cuatro bimestres de 2016 se atendieron en Ciudad de México cerca de seis mil 451 emergencias derivadas del uso de gas LP. La misma comisión también señaló que la mayoría de estas emergencias estuvieron relacionadas al mal estado de los tanques.

En el año 2011 el gobierno federal estableció el Fideicomiso de Reposición de Activos para la Industria de Gas LP (Firagas), el cual se creó con la finalidad de reemplazar el parque de cilindros y vehículos obsoletos utilizados para la distribución de Gas LP.

Ante los resultados obtenidos en este esquema, la Secretaría de Energía decidió en 2013 ampliar el Firagas para fortalecer aún más la seguridad de esta industria.

Con base en estos antecedentes, me permito señalar los siguientes

Considerandos

Primero. Las violaciones a la regulación en la instalación de tanques de gas LP es una constante. Es por ello que se recomienda, además de verificar con regularidad que los tanques estén en buen estado, que los cilindros tengan un peso que oscile entre los 20 y 30 kilos así como que las instalaciones estén hechas de cobre o neopreno, el problema es que la población en general desconoce las características que deben tener los tanques de gas y las empresas distribuidoras no respetan los criterios de seguridad.

Segundo. Además de constatar que las instalaciones estén hechas con estricto apego a la regulación, es necesario que las gaseras también cumplan con las normas vigentes para evitar los riesgos que conlleva usar gas LP.

Tercero. El mercado de gas LP recibió nula atención dentro del debate de la Reforma Energética, ni hablar de la seguridad del servicio.

A pesar de que existen reglamentos muy específicos y normas oficiales mexicanas sobre las características del equipo y los estándares que los permisionarios del gas LP deben cumplir, en los últimos años se registraron un promedio de 52 accidentes carreteros que involucran pipas de gas LP.

Cuarto. No existen los incentivos correctos para que ni la población ni los distribuidores supervisen sus cilindros y los derechos de propiedad de los mismos no están claramente definidos.

Quinto. Hay accidentes derivados de la corrupción o el desinterés de las mismas autoridades. La explosión del hospital materno infantil de Cuajimalpa en enero de 2015 es un ejemplo de las deficiencias en todos los niveles.

El gobierno federal creó el fideicomiso de reposición de activos para la industria del gas LP, cuyo objetivo se basa en reponer los tanques de gas obsoletos ya que representan un gran riesgo para la población en nuestro país. Este fideicomiso tiene la meta anual de reponer un millón de tanques de gas.

Sexto. Debido a la liberación del precio del gas LP a partir de enero del presente año, los proveedores no se han preocupado por ofrecer calidad y seguridad en este servicio, el precio se ha incrementado en más de 39 por ciento y la población no tiene seguridad en temas de protección civil, no conoce cuánto es la vida de un tanque de gas, cuándo es necesario cambiarlo, cuándo presenta fugas de gas ni siquiera si le están dando la cantidad adecuada por su dinero.

Séptimo. Resulta preponderante crear una intensa campaña para crear una servicios eficientes para la población que incluyan desde donde pueden informarse del precio diario que ofrecen los proveedores de gas LP, ya que aunque la Comisión Reguladora de gas publica en su página lista de proveedores y precios, debemos ser conscientes de que los ciudadanos no tienen acceso a estos medios y deben estar enterados de lo que están pagando ya que éste, al ser un servicio de primera necesidad, debe encontrarse regulado.

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Energía por medio del Fideicomiso Firagas rinda un informe pormenorizado de cuántos tanques de gas ha reemplazado en el estado de Baja California, así como su sistema de detección y el criterio que emplea para cambiarlo.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor para que impulse la creación de una campaña permanente dirigida a la población con la finalidad de crear conciencia y así puedan exigir un servicio de calidad a los proveedores de gas LP.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 24 de enero de 2018.

Diputado José Máximo García López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los organismos del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres a fortalecer los medios y las acciones de prevención, atención, sanción y erradicación del hostigamiento y acoso sexual en todos los ámbitos, a cargo de la senadora María Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, senadora María Lucero Saldaña Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la XLIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos vigente, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, del Reglamento del Senado de la República, pongo a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los organismos que forman parte del sistema nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, a fortalecer los mecanismos y acciones de prevención, atención, sanción y erradicación del hostigamiento y acoso sexual en todos los ámbitos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En los últimos meses hemos atestiguado un fenómeno Sin precedentes en el medio artístico internacional: la denuncia del acoso y hostigamiento sexual como prácticas constantes por parte de quienes ocupan diversas posiciones de poder, ya sea como productores o artistas de cierto renombre.

Esta denuncia tuvo como cauce el hashtag #MeToo, por medio del cual, diversas personalidades denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual en algún momento de su carrera artística, siendo objeto de presiones y chantajes que implicaban un intercambio sexual como condición para trabajar o recibir apoyo en su desarrollo profesional.

De esta forma, la campaña #MeToo fue iniciada en Twitter por la actriz Alyssa Milano, después de que se señalara de forma concreta al productor Harvey Weinstein como alguien que de manera sistemática había hostigado sexualmente a diversas actrices con las que tuvo una relación laboral. Actrices como la mexicana Salma Hayek, así como Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Lady Gaga, Rosario Dawson, Anna Paquin, Debra Messing, Rose McGowan, Heather Graham, Kate Beckinsale, Cara Delevingneo, Lea Seydoux afirmaron que fueron acosadas por el productor.1 Además de los señalamientos a este productor, salieron a la luz otros actos de abuso cometidos por diferentes figuras del medio artístico norteamericano.

La campaña pronto tuvo un alcance internacional y mujeres de diversos países usaron ese mismo hashtag o su traducción (#YoTambién) para denunciar y solidarizarse con aquellas que han vivido acoso u hostigamiento sexual en cualquier ámbito.

Sin embargo, no todas las reacciones han sido de apoyo. En días recientes un grupo de mujeres francesas principalmente del medio artístico, se manifestaron en sentido contrario. Entre sus afirmaciones, exponen que:

• La violación es un crimen. Pero el coqueteo insistente o torpe no es un crimen, ni la galantería es una agresión machista.

• ...es la característica del puritanismo tomar prestado, en nombre de un llamado bien general, los argumentos de la protección de las mujeres y su emancipación para vincularlas a un estado de víctimas eternas, pobres pequeñas cosas bajo la influencia de demoníacos machistas, como en los tiempos de la brujería.

• Esta fiebre para enviar a los “cerdos” al matadero, lejos de ayudar a las mujeres a empoderarse, en realidad sirve a los intereses de los enemigos de la libertad sexual, los extremistas religiosos, los peores reaccionarios y los que creen -en nombre de una concepción sustancial de la moralidad buena y victoriana-que las mujeres son seres “separados”: niñas con una cara de adulto, que exigen protección.

• ...no nos reconocemos en este feminismo que, más allá de la denuncia de los abusos de poder, toma el rostro del odio hacia los hombres y la sexualidad. Creemos que la libertad de decir no a una propuesta sexual no existe sin la libertad de importunar.

Gran parte de estas afirmaciones han sido motivo de discusión desde el feminismo; algunas, se pensaban ya superadas.

El grupo acierta en el riesgo de las posiciones extremas, en la sobrevictimización, en el peligro de que se pueda limitar la libertad sexual, en la posibilidad de caer en posiciones de puritanismo, en que no se trata de una lucha contra todos los hombres. Sin embargo, su posición puede dar nueva fuerza a todas aquellas voces que históricamente se han opuesto a reconocer la discriminación y la violencia contra las mujeres. Ellas hablan desde su posición privilegiada de mujeres educadas, con poder, en una cultura específica. Sin embargo, sus afirmaciones no pueden ser simplemente pasadas por alto por ser voces que todo el mundo escucha, que adquieren peso porque quienes las emiten han defendido otras causas a favor de las mujeres.

Más allá de los matices culturales, quienes legislamos o gobernamos debemos estar atentos para no adoptar posiciones extremas, de condenar todo o de permitir todo.

Quizá pueda parecer que este asunto no es digno de ser tomado en cuenta por las y los legisladores mexicanos. Sin embargo, tiene relevancia por el peso ideológico que implica para la población presenciar este tipo de debate internacional y en el que se han visto implicadas figuras que forman parte de la cultura y del espectáculo que es consumido por el público mexicano.

En el caso de nuestro país, la lucha contra la violencia de género y, en particular, contra el hostigamiento y acoso sexual tienen muchos años de esfuerzo y trabajo.

No ha sido fácil incorporar a las leyes dichos delitos. Reconocer la violencia de género fue todo un proceso. Tuvimos que pasar por importantes debates, demostrar y argumentar. Nuestros debates fueron amplios y tuvieron que entrar a todos los espacios. Por ejemplo, hace ya más de 20 años, las legisladoras mexicanas tuvieron que convencer a sus compañeros acerca de que sí existía la violación entre cónyuges; que el hecho de estar casados no implicaba el mal entendido “débito conyugal” y, por tanto, la obligación de la esposa por estar disponible sexual mente para su esposo en todo tiempo y momento.

Existen temas que han sido especialmente difíciles de legislar. El hostigamiento y el acoso sexual, han sido especialmente complicados por la complejidad misma de identificarles y por las resistencias culturales que genera reconocerlos.

El hostigamiento sexual fue incorporado al Código Penal Federal en

1991, en donde se le define de la siguiente forma:

Artículo 259 Bis. Al que con fines lascivos asedie reiteradamente a persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra que implique subordinación, se le impondrá sanción hasta de cuarenta días multa. Si el hostigador fuese servidor público y utilizare los medios o circunstancias que el encargo le proporcione, se le destituirá de su cargo.

Solamente será punible el hostigamiento sexual, cuando se cause un perjuicio o daño.

Sólo se procederá contra el hostigador, a petición de parte ofendida. (Subrayado propio)

El Código brinda las referencias básicas para abordar este delito: que implica una conducta reiterada; una relación jerárquica entre agresor y persona ofendida; así como el hecho de que será punible cuando cause perjuicio o daño y que sólo se procederá a petición de la parte ofendida.

En esta materia, como lo ha señalado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,2 hace falta una armonización de los Códigos penales del país e, incluso, falta que todas las entidades legislen al respecto. Las penas impuestas varían entre los 6 meses hasta 16s 7 años en prisión.

El acoso sexual -entendido como el asedio sexual entre personas que no tienen una relación de jerárquica-, no se define en el Código Penal Federal y, de acuerdo con la CNDH, tampoco es materia en 11 entidades país.3

En diferentes Códigos se distingue entre el hostigamiento y el acoso sexual, refiriendo precisamente a la relación jerárquica o no que exista entre las personas involucradas; así, por ejemplo, en Oaxaca el Código Penal hace esta distinción:

241 Bis. Comete el delito de hostigamiento sexual el que valiéndose de su posición jerárquica o de poder derivada de la relación laboral, docente, doméstica, religiosa, familiar o cualquiera otra que genere subordinación, asedie a otra persona solicitándole favores o propuestas de naturaleza sexual para sí o para un tercero, o utilice lenguaje lascivo con ese fin, causando daño o sufrimiento psicoemocional que lesione su dignidad. Al responsable, se le impondrá prisión de uno a tres años, multa de cien a trescientos días multa y pago de la reparación del daño. Este delito se perseguirá por querella de parle ofendida.

[Acoso sexual] 241 Ter. Quien por cualquier medio con fines lascivos asedie a persona de cualquier sexo, con quien no exista relación de subordinación y aprovechándose de circunstancias que produzcan desventaja, indefensión o riesgo inminente para la víctima, le cause daño o sufrimiento psicoemocional, se le impondrá prisión de seis meses a dos años y multa de cincuenta a doscientos días multa.

Es evidente que en esta materia aún debemos hacer esfuerzos por perfeccionar nuestro marco legislativo, con el objeto de erradicar de manera más efectiva estas prácticas e impedir la impunidad.

De igual forma cabe recordar que la propia Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia incluye entre las expresiones de violencia laboral y docente al hostigamiento y acoso sexual, mismos que define en los siguientes términos:

Artículo 13. El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva.

El acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.

Un mecanismo de reciente vigencia es la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y no Discriminación, cuya finalidad es fijar las bases para el reconocimiento público de los centros de trabajo que demuestran la adopción y el cumplimiento de procesos y prácticas a favor de la igualdad laboral y no discriminación.

Esta norma incluye entre los requisitos que deben cumplir los Centros de Trabajo la prohibición de cualquier expresión de violencia o discriminación. Asimismo, la Norma incorpora en sus Términos y Definiciones la descripción del hostigamiento y acoso, concordando con lo establecido en la Ley General de Acceso antes mencionada:

4.25 Hostigamiento sexual: El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva.

4.5 Acoso sexual: Es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.

Pese a los avances normativos, el acoso y el hostigamiento sexual siguen siendo una realidad en los centros de trabajo y en los espacios educativos. La Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 da cuenta de que a lo largo de su vida, 11.2 por ciento de mujeres mayores de 15 años que alguna vez han trabajado, han vivido violencia sexual en el ámbito laboral. De manera similar, 10.9 por ciento de mujeres mayores de 15 años, han vivido violencia sexual en el ámbito escolar.

Por otra parte, cabe señalar que existe plena coincidencia en el hecho de que lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, pasa por prevenir y erradicar todas las formas de violencia y discriminación entre géneros.

Por ello, resulta importante continuar los esfuerzos por sensibilizar a la población acerca de lo que implica la igualdad entre los géneros, que pasa necesariamente por reeducar tanto a los hombres como a las mujeres para propiciar el respeto a la dignidad y a las decisiones de cada quién, sin caer en violencias basadas en falsas ideas del amor y de la vivencia de nuestra sexualidad.

Solo si mujeres y hombres nos consideramos y vivimos realmente como libres e iguales, podremos erradicar prácticas que impliquen sometimiento y dominación de la o el otro.

En ese sentido, la gran tarea de propiciar este cambio cultural que dé sustento a la igualdad sustantiva entre ambos géneros sigue siendo vigente. Es vital no dar una vuelta atrás respecto a los derechos ya reconocidos.

El derecho a una vida libre de violencia para las mexicanas por el que hemos luchado muchos años no puede ponerse en riesgo por algunas voces que pretenden apelar a formas tradicionales de entender el amor, el cortejo, las relaciones de pareja. Formas tradicionales en las que prevalecían prácticas de dominación-sumisión no consentidas, de imposición y violencia, cubiertas por el romanticismo y falsas ideas de galantería. Es decir, se trata de:

• Dar pasos adelante para impulsar una nueva cultura, no de retroceder.

• Lograr la igualdad en todos los planos de la vida y la convivencia humana, no de atacar a los hombres.

• Combatir los privilegios de que gozaron los hombres en su relación con las mujeres, cosificándolas y pasando por encima de sus decisiones; no porque ellos sean “los enemigos”, sino porque la cultura los invistió de un poder que dañaba a la otra mitad de la humanidad.

• Que tanto ellas como ellos entiendan que “no es no”, que ante todo debe darse el consentimiento de cada persona y que el respeto no significa ser puritanos o poner límites a la libertad sexual.

• Que cada quien goce de la libertad conforme a sus propios principios, pero nunca por encima de la libertad de la otra persona. No se trata de “cazar brujas” y exterminar a los agresores, sino de que no se repitan historia de violencia; de que el talento y el éxito nunca más dependan de un intercambio sexual forzado.

• Que la vivencia de la sexualidad dé paso a nuevas formas de relación llenas de imaginación y magia, pero no fundadas en las viejas formas; que la amabilidad o consideración, no sean una galantería o caballerosidad fundada en la superioridad machista.

• Liberarnos de estereotipos, de no etiquetar, de no considerar a todas las mujeres víctimas y a todos los hombres agresores, sino simplemente personas con iguales derechos, con la posibilidad de consentir o no un acto.

• Que todas y todos sean responsables de sus actos.

Ante la fuerza que adquieren voces que, conscientemente o no, pueden justificar la marcha atrás en derechos ganados, hoy más que nunca el llamado es para que se sigan haciendo los esfuerzos necesarios para que se fortalezcan las acciones de sensibilización para lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como para erradicar el acoso y el hostigamiento sexual.

Este cambio es responsabilidad de toda la sociedad y de todas las instancias de gobierno, por ello es pertinente retomar el hecho de que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en lo que hace al hostigamiento y acoso sexual, establece las siguientes obligaciones para los tres órdenes de gobierno:

Artículo 15. Para efectos del hostigamiento o el acoso sexual, los tres órdenes de gobierno deberán:

I. Reivindicar la dignidad de las mujeres en todos los ámbitos de la vida;

II. Establecer mecanismos que favorezcan su erradicación en escuelas y centros laborales privados o públicos, mediante acuerdos y convenios con instituciones escolares, empresas y sindicatos;

III. Crear procedimientos administrativos claros y precisos en las escuelas y los centros laborales, para sancionar estos ilícitos e inhibir su comisión.

IV. En ningún caso se hará público el nombre de la víctima para evitar algún tipo de sobrevictimización o que sea boletinada o presionada para abandonar la escuela o trabajo;

V. Para los efectos de la fracción anterior, deberán sumarse las quejas anteriores que sean sobre el mismo hostigador o acosador, guardando públicamente el anonimato de la o las quejosas;

VI. Proporcionar atención psicológica y legal, especializada y gratuita a quien sea víctima de hostigamiento o acoso sexual, y

VII. Implementar sanciones administrativas para los superiores jerárquicos del hostigador o acosador cuando sean omisos en recibir y/o dar curso a una queja.

Asimismo, a partir de la Ley General de Acceso, se cuenta con el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a través del cual la federación, las entidades federativas, el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) y los municipios, se coordinan y coordinan esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

En ese sentido, el llamado es a los tres niveles de gobierno integrantes de este sistema, con el objeto de no dar marcha atrás, sino por el contrario a fortalecer los mecanismos y acciones de prevención, atención, sanción y erradicación del hostigamiento y acoso sexual en todos los ámbitos.

De igual forma, es un acierto que el acoso y el hostigamiento sean prácticas que buscan ser erradicadas a través de mecanismos como la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y no Discriminación, cuyo campo de aplicación no solo son los centros de trabajo del sector público, sino también de los ámbitos privado y social.

En ese sentido sería oportuno conocer las buenas prácticas que han implementado los centros de trabajo que se han certificado en esta norma para la prevención, atención y erradicación del acoso y el hostigamiento sexual con miras a extender estas prácticas a otras empresas e incluso a ámbitos como el escolar.

Por todo lo anterior y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Comisión Permanente, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a los organismos que forman parte del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a fortalecer los mecanismos y acciones de prevención, atención, sanción y erradicación del hostigamiento y acoso sexual en todos los ámbitos.

Segundo. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía para que a partir de la experiencia en la adopción de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y no Discriminación, conjunte y dé a conocer las buenas prácticas que han implementado los centros de trabajo que se han certificado en esta norma para la prevención, atención y erradicación del hostigamiento y acoso sexual

Notas

1 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017 /10/17/se-extiende-Ia-campana-metoo-en-redes-sociales-8801.html

2 https://www.debate.com.mx/mexico/eNDH-faltan-leyes-contra-el-acoso-sexu al-20180110-0070.html

3 Ídem.

Ciudad de México, a 24 de enero de 2018.

Senadora Lucero Saldaña Pérez (rúbrica)s

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena los hechos violentos ocurridos el 15 de enero en Venezuela, donde se reportaron ejecuciones sumarias y extrajudiciales por las fuerzas militares y paramilitares bajo el mando de Nicolás Maduro, a cargo de la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Mariana Gómez del Campo Gurza, senadora de la LXIII Legislatura en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 171, 175, 176 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena categóricamente los hechos violentos del 15 de enero ocurridos en el Junquito, en la República Bolivariana de Venezuela donde se reportaron ejecuciones sumarias y extrajudiciales por las fuerzas militares y paramilitares bajo el mando de Nicolás Maduro y exhorta respetuosamente al gobierno federal a imponer sanciones a altos funcionarios venezolanos que sean reversibles en cuanto se constante que existen avances en las negociaciones entre el gobierno y la oposición a fin de superar la crisis política, social, económica y humanitaria que vive la hermana república sudamericana, al tenor de los siguientes

Antecedentes

La oposición en Venezuela ha tomado diversas acciones en contra del régimen de Nicolás Maduro, el llamado a la unificación de las organizaciones de resistencia ha ido en aumento para luchar contra la dictadura bajo la que están viviendo, incluyendo aquellos que se han visto en el exilio para que continúen apoyando la causa dentro del país y para concientizar a la comunidad internacional de que la situación es grave.

El pasado 15 de enero se desarrolló un operativo militar denominado Operación Gedeón en la parroquia El Junquito, en el Distrito Capital de Venezuela, que fue ordenado por el presidente Nicolás Maduro con el objetivo de desarticular al grupo militar rebelde “resistencia” liderado por el policía e inspector Óscar Pérez, en el marco del recrudecimiento de la crisis institucional, política, económica, social y humanitaria en Venezuela.

El gobierno venezolano catalogó a esta organización como terrorista al ser responsable de un supuesto ataque contra la sede del Tribunal Supremo de Justicia en 2017 y la sustracción de armas de asalto del Fuerte de Paramacay.

En dicho operativo militar perdieron la vida siete miembros del grupo opositor entre los que destaca el propio Óscar Pérez, pese a que se rindió e intentó negociar su entrega, por lo que diversos movimientos y organizaciones nacionales e internacionales catalogaron la acción como una masacre y una ejecución extrajudicial.

Los acontecimientos fueron transmitidos tanto en medios de comunicación como en redes sociales tomando como base los videos difundidos por los integrantes de la resistencia es completamente diferente a lo que el ministro del Interior, Néstor Reverol, afirmó en una conferencia de prensa; el funcionario venezolano afirmó que el grupo de Óscar había iniciado el enfrentamiento y que su ubicación fue facilitada por información entregada por los opositores que participan en los diálogos con el gobierno en República Dominicana.

El Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, nombrado por la legítima Asamblea Nacional, rechazó el operativo por el uso de fuerza desproporcionada y al haber sido ignorada la solicitud de salvaguarda de la vida por parte de los perseguidos que deseaban entregarse ante el Ministerio Público, por lo que lo calificó de “terrorismo de Estado” considerando que Pérez fue ejecutado como un intento de “desmoralizar” a los ciudadanos.

Los ex presidentes, firmantes de las declaraciones de Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), también expresaron consternación por lo ocurrido el pasado 15 de enero con las víctimas que se encontraban en una casa en El Junquito, en las afueras de Caracas, cuando fueron abatidos por militares y policías del régimen de Maduro.

Por su parte, el parlamento venezolano de mayoría opositora instaló una comisión especial para que investigara el operativo militar en el que murió Pérez, encabezado por la presidenta de la Comisión Política Interior.

Además, los ministros de exteriores de los países integrantes de la Unión Europea aprobaron sanciones contra siete funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por “violaciones a los derechos humanos y al estado de derecho” en el contexto de la crisis que vive el país sudamericano; la UE ha considerado que estas medidas pueden ser suspendidas si existe una evolución favorable del diálogo con la oposición. Las sanciones incluyen congelación de activos y cuentas bancarias, así como un veto para viajar a las naciones que integran el bloque.

Los sancionados son: Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela; Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo; Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia; Gustavo Enrique González, jefe del Servicio de Inteligencia; Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral; Tarek William Saab, fiscal general nombrado por la Constituyente ilegítima; y Antonio José Benavides, excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana.

Cabe señalar que legisladores argentinos de la alianza gobernante Cambiemos, manifestaron su conformidad con las sanciones que la Unión Europea impulsó a los funcionarios venezolanos y advirtieron que vigilarán que esas personas no posean bienes en Argentina.

Consideraciones

1. Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

2. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 89, fracción X, que es facultad del presidente de la República dirigir la política exterior observando los siguientes principios normativos: “la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, los presentes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena categóricamente los hechos violentos del pasado 15 de enero del año en curso, ocurridos en El Junquito, Distrito Capital, en la República Bolivariana de Venezuela, donde se reportaron ejecuciones sumarias y extrajudiciales practicadas por fuerzas militares y paramilitares bajo el mando de Nicolás Maduro Moros, lo cual recrudece la crisis política que vive el hermano país sudamericano.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal a imponer sanciones a altos funcionarios venezolanos del régimen de Nicolás Maduro en sintonía con las aprobadas por los ministros del exterior de la Unión Europea que incluyen el congelamiento de activos y la prohibición de viajar a territorio mexicano que sean reversibles o suspendidas en cuanto se constate que existen avances en las negociaciones entre el gobierno venezolano y los representantes de la oposición, a fin de superar la crisis política, social, económica y humanitaria que vive la hermana república sudamericana.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 24 de enero de 2018.

Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profeco y la Cofepris a intensificar los operativos para erradicar la venta de bebidas alcohólicas adulteradas en establecimientos formales, suscrita por la senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Yolanda de la Torre Valdez, senadora de la república, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para que al alcance de sus atribuciones, intensifiquen los operativos para erradicar la venta de bebidas alcohólicas adulteradas en establecimientos formales, al tenor de las siguientes consideraciones:

Exposición de Motivos

El consumo excesivo de alcohol se considera un problema de salud pública, toda vez que se trata de sustancias psicoactivas que causan dependencia y gana complejidad cuando éstas bebidas se encuentran adulteradas.

La producción ilícita y comercialización ilegal de alcohol adulterado es una práctica que va en aumento por los bajos costos que representan para los restaurantes, bares y discotecas del país. Hoy día se estima que 4 de cada 10 botellas que se comercializan son ilegales.1

Lo anterior sucede la mayoría de las veces sin el conocimiento del consumidor, quien ignora los riesgos de ingerir estas sustancias, que van desde mareos, convulsiones y dolores abdominales, hasta trastornos visuales, cegueras temporales o permanentes. También pueden derivar en daños al hígado (cirrosis), corazón, páncreas, provocar estado de coma, e incluso llegar a la muerte.2

Por ello, en México las bebidas alcohólicas deben cumplir las especificaciones señaladas en la norma NOM-142-SSA1/SCFI-2014, “Bebidas alcohólicas. Especificaciones sanitarias. Etiquetado sanitario y comercial”,3 así como en el artículo 206 de la Ley General de Salud, donde se considera adulterado cualquier producto cuando “su naturaleza y composición no correspondan a aquellas con que se etiquete, anuncie, expenda, suministre o cuando no corresponda a las especificaciones de su autorización o haya sufrido tratamiento que disimule su alteración, se encubran defectos en su proceso o en la calidad sanitaria de las materias primas utilizadas”.

No obstante lo anterior, el tráfico de estas sustancias no se ha podido erradicar; aún se venden y sirven millones de litros de alcohol adulterado al año, repartidos entre comercio informal, cantinas y restaurantes.

El representante de la Cofepris, Jorge Romero Delgado, detalló que en los operativos de vigilancia y supervisión que realiza de manera habitual la comisión, durante el periodo 2013-2017 se incautaron casi 5 millones de litros con bebidas adulteradas, lo que representa un incremento alarmante si se considera que hasta 2012 la cifra se situaba en unos 220 mil litros por año.4

La Cofepris realizó 481 verificaciones sanitarias en materia de alcohol en centros nocturnos, bares, restaurantes, alcoholeras, hoteles, centros de fabricación y elaboración de productos cosméticos y nutrientes vegetales. Como resultado de estas verificaciones y operativos sorpresa, se realizaron 57 suspensiones.5

Sin embargo, estos esfuerzos no han sido suficientes, ya que la informalidad en México equivale a 36 por ciento del mercado de las bebidas alcohólicas,6 lo cual nos hace ver que los decomisos y las actuales sanciones administrativas, como las que contempla el artículo 464, fracción I, de la Ley General de Salud, en materia de adulteración, falsificación, contaminación y alteración de bebidas alcohólicas, han sido rebasadas por un comercio que abarca desde compras transfronterizas, contrabando, bebidas alcohólicas adulteradas o preparadas con bebidas caducas, evasión de impuestos, hasta la producción de bebidas alcohólicas artesanales que no siguen las especificaciones que establecen los ordenamientos legales anteriormente mencionados.

Otra de las terribles consecuencias de esta problemática son los accidentes automovilísticos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, México es el séptimo lugar mundial en accidentes de tránsito, hay 9 millones de discapacitados por el consumo excesivo de alcohol; 24 mil personas mueren al año en accidentes automovilísticos, todos ellos relacionados al consumo de este tipo de bebidas.7

El 14 de septiembre de 2017, la Profeco, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Comisión para la Industria de Vinos y Licores y las principales cámaras y asociaciones de producción y distribución de bebidas alcohólicas firmaron el Pacto por la Legalidad, que impulsa mejores prácticas comerciales y de autorregulación en la industria, en beneficio de los consumidores, así como el cumplimiento de las obligaciones fiscales.8

Los titulares de la Profeco, Rogelio Cerda Pérez, y del SAT, Osvaldo Santín Quiroz, firmaron como testigos de honor el convenio con el que la industria refuerza sus acciones para evitar la comercialización de bebidas alcohólicas irregulares y apócrifas, que no cumplen con las normas oficiales mexicanas y representan un riesgo para la salud de los consumidores.9

Entre las acciones que se derivan del pacto destacan éstas:

• Establecer controles para la venta y producción de alcohol etílico.

• Establecer aduanas exclusivas para la importación de bebidas alcohólicas.

• La introducción de un código QR en el marbete que puede escanearse mediante un teléfono inteligente.

• Operativos para tener un mayor control en los puntos de venta.

• Monitoreo de las importaciones que se sospeche puedan estar subvaluadas.

• Endurecer las sanciones para los productores e importadores que no cumplan con sus obligaciones fiscales.10

Con el presente se pretende prevenir las enfermedades y daños irreparables causados a la salud por ingerir bebidas alcohólicas adulteradas, así como a evitar daños económicos al fisco por la venta ilegal de ese tipo de sustancias.

Por lo expuesto someto a consideración de la Comisión Permanente el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para que, dentro del ámbito de sus atribuciones

• Realicen las acciones necesarias para intensificar los operativos para erradicar la venta de bebidas alcohólicas adulteradas, en establecimientos formales; y

• Realicen un informe a esta soberanía con relación a las acciones que han venido realizando para erradicar la comercialización de bebidas alcohólicas adulteradas.

Notas

1 “Alcohol adulterado, ¿mafias olvidadas?”, en Forbes México, 20 de enero de 2014, fecha de consulta: 4 de octubre de 2017. Disponible en https://www.forbes.com.mx/alcoholadulterado-mafias-olvidadas/

2 Los peligros del alcohol adulterado, Fisac, fecha de consulta: 4 de octubre de 2017. Disponible en
http://www.alcoholinformate.org.mx/articulos.cfm?id=334

3 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5290967

4 “Tequila y mezcal, las bebidas más adulteras en México”, en El Financiero, 3 de agosto de 2017, fecha de consulta: 4 de octubre de 2017. Disponible en http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/tequila-y-mezcal-las-bebidas-ma s-adulteradasen-mexico.html

5 https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2017/06/08/reconocer-bebidas- adulteradas-la-cdmx.htm

6 Boletín de prensa número 115/2017. Profeco, SAT, ANTAD y la industria de vinos y licores firman convenio para evitar venta ilegal y apócrifa.

7 Estudio de la OMS 2013.

8 Boletín de prensa número 115/2017. Profeco, SAT, ANTAD y la industria de vinos y licores firman convenio para evitar venta ilegal y apócrifa.

9 Boletín de prensa número 115/2017. Profeco, SAT, ANTAD y la industria de vinos y licores firman convenio para evitar venta ilegal y apócrifa.

10 Boletín de prensa número 115/2017. Profeco, SAT, ANTAD y la industria de vinos y licores firman convenio para evitar venta ilegal y apócrifa.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, en la Cámara de Diputados, a 24 de enero de 2018.

Senadora Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y el gobierno de Nuevo León a detener la instauración del proyecto Monterrey VI, suscrita por la diputada Brenda Velázquez Valdez, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Brenda Velázquez Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 10 de enero de 2018 salió publicado en el Diario Oficial de la Federación el convenio modificatorio para la realización del proyecto hidráulico Monterrey VI.

Monterrey VI fue gestionado por la administración de Rodrigo Medina en octubre de 2013, y publicado para su construcción en el Diario Oficial de la Federación en junio de 2014.

Para la construcción de este proyecto, el gobierno estatal tendrá que aportar 60 mil millones de pesos y quien llevará la obra será el Grupo Higa, que está envuelto en el escándalo de corrupción de la llamada “casa blanca” de Peña Nieto, y el contrato para la construcción del tren rápido México-Querétaro, cancelado por el propio presidente de la república.

El proyecto hidráulico Monterrey VI promete llevar a Nuevo León, 6 mil millones de metros cúbicos de agua durante los próximos 30 años. Pero si a dicha cantidad se le resta el consumo de la ciudadanía, que es de mil millones de metros cúbicos. Además de otros mil millones que serán utilizados en la industria, restarán cuatro mil millones de metros cúbicos.

Monterrey VI consta de un acueducto de 372 kilómetros de largo, de 84 pulgadas de diámetro, que pretende traer un caudal de cinco metros cúbicos por segundo, con seis estaciones de bombeo.

Según el proyecto, el agua será trasladada de la cuenca del río Pánuco hasta el municipio de Linares, de donde se interconectará con el acueducto entre la presa Cerro Prieto y Monterrey, y de ahí, hasta la Planta Potabilizadora de San Roque.

Hasta hoy, la zona metropolitana recibe 11 mil 750 litros por segundo, equivalentes a 1.75 metros cúbicos. Y según las autoridades de Agua y Drenaje esa es una cantidad suficiente para que la entidad tenga agua las 24 horas, durante 15 años.

Académicos, organizaciones de la sociedad civil, expertos y ciudadanos en general han coincidido en parar esta obra. Entre los organismos opositores están la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Greenpeace México, Agua para Todos, Reforestación Extrema, y el Consejo Cívico de Nuevo León.

Como gobernador electo Jaime Rodríguez aseguró que pondría punto final al polémico proyecto del acueducto Monterrey VI tras calificar dicha obra como una “ocurrencia”.

“Lo voy a detener (cuando sea gobernador constitucional), y lo voy a detener no por capricho, sino porque el estado no pueda pagar tanto dinero”.

Ya como gobernador, Jaime Rodríguez declaró en 2015: “hemos tomado la decisión que ni esa empresa, ni traer el agua del Pánuco es una solución para este momento para Nuevo León”,

También el entonces titular de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege dijo que Monterrey VI: “Es un proyecto exageradamente caro para agua y drenaje de Monterrey y, por lo tanto, es un proyecto que debe replantearse”.

Qué casualidad que en cuanto pide licencia se oficializa esta obra millonaria e innecesaria en Nuevo León.

Por todo ello, pedimos que se detenga la instrumentación del proyecto Monterrey VI y que se instale un consejo ciudadano con expertos y académicos que propongan una solución viable para el sistema hidráulico de Nuevo León.

Por lo expuesto se presenta esta proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno del Estado de Nuevo León para que detenga la instrumentación del proyecto Monterrey VI.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo federal para que instruya a la Comisión Nacional del Agua para que detenga la instrumentación del proyecto Monterrey VI.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al gobierno del estado de Nuevo León y a la Comisión Nacional del Agua para que se instale un consejo ciudadano con expertos y académicos que propongan una solución viable para el sistema hidráulico del estado de Nuevo León.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 24 de enero de 2018.

Diputada Brenda Velázquez Valdez. (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a modificar los requisitos de autorización para impartir educación preescolar, primaria y secundaria por particulares, y a difundir protocolos a fin de evitar abuso sexual en las escuelas, suscrita por la senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Yolanda de la Torre Valdez, senadora de la república, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con puntos de acuerdo, por los que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a modificar los requisitos de autorización para impartir educación preescolar, primaria y secundaria por particulares, difundir protocolo para evitar abuso sexual en las escuelas a escala nacional a través de los organismos de educación en cada uno de los estados de la república, e intensificar las acciones de supervisión a escuelas para evitar posibles actos de abuso contra los alumnos, al tenor de las siguientes consideraciones:

Exposición de Motivos

La descomposición social que padece nuestro país ha producido un incremento de hechos en donde las niñas, niños, adolescentes y sobre todo mujeres son quienes mayormente sufren abuso sexual, acoso escolar, acoso personal, acoso laboral y discriminación.

La reforma constitucional de 2011 garantiza los derechos humanos de las personas, el interés superior del niño y la no discriminación, sin embargo, los abusos persisten en nuestra sociedad.

Todo acto dirigido de manera intencional con el propósito de dominar, controlar, agredir o causar un daño físico, emocional o que afecte la esfera de la persona es denominado violencia y este tipo de efectos sociales produce que lamentablemente se han venido intensificando los hechos de violencia en algunas zonas del país.

La educación, derecho fundamental y universal, permite que los niños y niñas adquieran conocimientos y se promueve con ello que las nuevas generaciones conserven y perpetúen los valores de la sociedad.

La Secretaría de Educación Pública se ha preocupado en desarrollar programas y acciones encaminadas a contribuir en la adecuada formación de los niños, y ha tomado acciones en aras de prevenir actos de acoso escolar, bullying, impulsando un protocolo para el efecto, mismo que puede encontrarse en su página electrónica, medida que tiende a generar protección a las niñas y niños de los diferentes planteles escolares tanto como los que dependen del estado, como los que corresponde a los particulares autorizados para proveer el servicio educativo.1

Debe reconocerse de la Secretaría de Educación Pública el interés por generar nuevas acciones en conjunto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos para prevenir y erradicar la violencia, maltrato, acoso y violencia sexual en nivel básico (comunicado 226).

La autorización que la propia SEP otorga a particulares para proveer servicios educativos va igualmente encaminada a que los servicios que se presten sean protegiendo en todo momento la educación, formación y bienestar de los niños.

La Convención de los Derechos de los Niños, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989,2 instrumento ratificado por el Estado Mexicano el 21 de septiembre de 1990, ha sido el motor principal para que se garantice el interés superior de los niños, niñas y adolescentes y la garantía se vea reflejada en nuestras normas jurídicas en aras de otorgar protección integral.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado con el criterio jurisprudencial de rubro3

Derecho de los niños y adolescentes a una educación libre de violencia en el centro escolar.

Los niños y adolescentes tienen derecho a una educación libre de violencia en el centro escolar, como expresión o resultado del derecho a la educación, a la salud, al respeto a su dignidad humana y al principio del interés superior de la niñez. El citado derecho implica que en los centros escolares públicos o privados no se ejerza en contra de niños y adolescentes violencia física, sexual, psicoemocional o verbal, ya sea directa o indirectamente, o a través de las tecnologías de la información y comunicación, generada por otros alumnos, docentes o personal directivo. Como consecuencia de lo anterior, todos los órganos del Estado tienen la obligación ineludible de promover, respetar, proteger y garantizar ese derecho a través de las acciones que sean necesarias para reconocerlo, atenderlo, erradicarlo y prevenirlo, con la debida diligencia, esto es, con respuestas eficientes, eficaces, oportunas y responsables.

Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región

La protección de los derechos y garantizar el interés superior de los niños ha sido una constante del Estado Mexicano, se han emprendido y adoptado acciones respecto de la Convención sobre los Derechos de los Niños, hemos trabajado desde el Poder Legislativo construyendo mejores herramientas que garanticen la protección de los menores y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es prueba de ello, sin embargo ningún esfuerzo por proveer y procurar garantías para los niños, niñas y adolescentes, será adecuado sin la involucración de todos los sectores.

Así, la Primera Sala de la SCJN emitió la tesis jurisprudencial de rubro

Deberes de los centros escolares frente al bullying escolar.

Un centro escolar puede ser responsable ante casos de bullying si es negligente al reaccionar frente a este fenómeno, esto es, si incumple con los deberes que implica prestar un servicio educativo a menores de edad. En este sentido, conviene subrayar que en la prestación del servicio de educación a menores de edad se activan deberes de la mayor relevancia. Los directivos y profesores tienen bajo su cuidado la integridad de los menores. Estos deberes se generan y deben evaluarse a la luz del interés superior del menor y los derechos a la dignidad, integridad, educación y no discriminación. Así, las instituciones educativas que tengan a su cargo a un menor, tienen el deber de protegerlo contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual. Asimismo, deben llevar cabo las acciones necesarias para propiciar las condiciones idóneas para crear un ambiente libre de violencia en las instituciones educativas. El deber general de protección se traduce en medidas concretas de protección que deben estar orientadas a identificar, prevenir, tratar, reaccionar y sancionar los malos tratos que puede sufrir un niño, niña o adolescente. Aunado a lo anterior, las autoridades deben tomar medidas y acciones afirmativas orientadas a garantizar a niñas, niños y adolescentes la igualdad sustantiva de oportunidades y el derecho a la no discriminación. Por otra parte, las instituciones educativas deben generar indicadores sobre su avance en la aplicación de métodos para prevenir y eliminar cualquier forma de discriminación y de violencia, con la finalidad de que sean sujetas a evaluación sobre la materia. De igual forma, los directores deben evaluar el grado en que la escuela aplica la ética del cuidado, el derecho a la protección y la solidaridad, lo que implica preguntarse qué tanto se evitan burlas o ironías; se brinda apoyo a quienes están en riesgo, desventaja o tienen algún problema; se aplican estrategias para el autocuidado y cuidado mutuo entre alumnos, y se protege al alumnado contra el abuso y el acoso escolar, etcétera. Además, cuando elaboren un proyecto para solucionar un problema, la evaluación implica el monitoreo o seguimiento de la aplicación de los proyectos, la evaluación de sus resultados y la evaluación de su impacto. Asimismo, los directores deben identificar los factores de riesgo y protección personales, familiares, sociales y comunitarios que caracterizan a la comunidad escolar, así como elaborar y aplicar reglas y códigos de conducta que protejan a los estudiantes contra el abuso y el acoso sexual por parte de otros estudiantes o del personal. En suma, esta Primera Sala considera que los centros docentes tienen la indubitada responsabilidad de garantizar espacios seguros para que los menores puedan cursar sus estudios libres de agresiones y vejaciones, a través de acciones que permitan diagnosticar, prevenir, intervenir y modificar positivamente la convivencia escolar.

Casos conocidos a través de medios informativos y de las redes sociales nos permitieron conocer casos sumamente delicados de abuso sexual, acoso escolar, acoso laboral y agresiones físicas que no deben pasarse por alto.

Caso Matatena

Este caso ocupó la atención de la opinión pública por los presuntos actos de abuso sexual cometidos por una persona del sexo masculino señalado por algunos medios informativos como esposo de directora del plantel educativo centro Montessori Matatena, quien aprovechando la actividad y cargo que ocupaba y la razón por la que tenía contacto con los menores abusados, demostraban que no había en dicho plantel educativo medidas de seguridad que garantizaran la integridad de los menores y por obviedad en ningún momento se atendió el interés superior del niño.

La naturaleza de los hechos motivó que la SEP clausurara en forma definitiva el plantel educativo, toda vez que ésta se dio en razón de la falta de supervisión interna por el personal directivo del centro Matatena, que derivó en los ataques sexuales contra los menores.4

Caso Emma Willard

Este caso fue difundido a través de diversos medios de comunicación escrita y televisiva, así como compartido a través de las redes sociales, mostrando a un grupo de padres de familia incursionando en el plantel educativo Emma Willard, de Chalco, México, para confrontar y agredir al profesor de danza, a quien sacaron del plantel educativo, lo golpearon y de no haber intervenido oportunamente los elementos de la Comisión Estatal de Seguridad, habría sido linchado por los padres de familia de los menores a quienes presumiblemente realizaba tocamientos sexuales y se ha denunciado que al menos a 14 menores abusó sexualmente de ellos.5

Caso Aylín Rochín

La menor, estudiante del primer grado de secundaria en el plantel Profesor Ladislao Covantes, ubicada en el municipio de San Pedro de las Colonias, Coahuila, fue atacada en los sanitarios de ese plantel educativo por al menos cuatro alumnas del segundo año de secundaria en 2016, siendo lesionada por el ataque perpetrado y las autoridades del plantel solicitaron a los padres de la menor no se ventilara el caso para evitar dañar la imagen de la secundaria.6

Ante el problema de agresión presentado contra la menor Aylín, la determinación del personal directivo de la institución escolar fue suspender a la agresora y a la agredida de acuerdo con lo que indica el protocolo de la SEP.7

Ese plantel tiene un lamentable antecedente: el suicidio de un menor en 2012, víctima de bullying en el que incluso recayó recomendación de la CDHEC.8

Como podrá observarse, los casos que se presentan en este punto de acuerdo, no son casos menores, son casos que deben atenderse adecuando las normas existentes e implementando nuevos mecanismos de reacción inmediata respecto de los reportes, quejas o denuncias que se presenten ante la Secretaría de Educación Pública y las correspondientes a las 32 entidades federativas.

Al respecto, deben fortalecerse e impulsarse los mecanismos de supervisión existentes a efecto de que los planteles educativos operados por particulares, cuenten con sistema de monitoreo que impidan que los alumnos puedan ser sometidos a acoso en lugares desprovistos de atención.

De igual forma, los planteles públicos deben observar rigurosamente medidas tendientes a evitar que los docentes tengan contacto personal e individualizado con los alumnos dentro de los salones o en lugares cerrados dentro de los planteles que puedan incidir en actos de abuso sexual contra los menores.

Igualmente, debe evitarse que familiares de dueños de planteles operados por particulares que no tengan a su cargo función administrativa o académica accedan y permanezcan en los planteles en los horarios en que se imparten actividades escolares.

Deben desarrollarse “alertas” en todos los planteles educativos, privados o particulares a fin de detectar alumnos en potencial riesgo y brindarles el apoyo especial que pueda alcanzar a estos el desarrollo de sus habilidades y psicoemocionales, mediante terapias de atención de apoyo y psicológicas para los alumnos y en su caso a los padres de familia, mediante las instituciones de apoyo social existentes.

Por lo expuesto sometemos para aprobación de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que en el ámbito de sus atribuciones difunda el protocolo existente para evitar el acoso y abuso sexual en los planteles escolares a través de los organismos de educación de cada una de las entidades federativas, e intensificar acciones de supervisión a escuelas para evitar posibles actos de abuso contra los alumnos.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a Secretaría de Educación Pública de las entidades federativas a fortalecer e impulsar acciones de prevención, detección y atención de casos de bullying y acoso sexual que se presenten en los planteles escolares de sus estados.

Notas

1 http://acosoescolar.sep.gob.mx/es/acosoescolar/alumnos

2 http://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_Convencion_Derechos_es_final.pd f

3 Época: Décima. Registro: 2004202. Instancia: Tribunales colegiados de circuito. Tipo de tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3. Materia: Constitucional. Tesis XXVII.1o. (VIII región) 18 K (10a.), página 1630.

4 http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/05/06/1091049

5 http://www.milenio.com/estados/
Golpean_y_exhiben_a_maestro_por_presunta_violacion_de_menores_0_738526533.html

6 http://independientesanpedrocoahuila.com/2016/05/25/menor-atacada-compa neras-secundaria/

7 http://independientesanpedrocoahuila.com/2016/05/26/
padres-familia-conciliaron-aplicamos-protocolos-directora-secundaria/

8 http://www.unimediosagencia.com/menor-se-suicida-tras-ser-victima-de-bu llying/

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, en la Cámara de Diputados, a 24 de enero de 2018.

Senadora Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a evaluar la derogación del artículo 32 Septies del Reglamento de la Administración Pública de la Ciudad de México, a cargo de la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Mariana Gómez del Campo Gurza, integrante de la LXIII Legislatura en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 171, 175, 176 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión proposición con puntos de acuerdo por los que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de la Ciudad de México, en la calidad de presidente del Comité Técnico del Fideicomiso de la Central de Abasto de la Ciudad de México, para que evalúe la derogación del artículo 32 Septies del Reglamento de la Administración Pública de la Ciudad de México y que transparente y otorgue información solicitada a los integrantes del comité técnico, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. En septiembre de 2017 se presentó un exhorto al gobierno de la Ciudad de México mediante el cual se solicitaban la promoción y el fortalecimiento en el mejoramiento dentro de la central de abasto de la Ciudad de México, asimismo, la atención de diversas solicitudes de transparencia para poder alcanzar la máxima publicidad y mejorar el funcionamiento de la misma, sin embargo, sabemos que el ámbito jurídico que considera dicha central hace complicada su situación, sin embargo, el contexto en la que se encuentra hace urgente la intervención de los ciudadanos y con mayor razón de cualquier actor político que se preocupe por su ciudad.

En su momento se expuso como antecedente que el 4 de agosto de 1970 se desincorporaron del dominio público las 327 hectáreas que comprendían el predio Chinamperías, en la Ciudad de México, autorizando al gobierno del Distrito Federal para el destino de la construcción y operación de la central de abasto.

El 7 de julio de 1981, mediante escritura pública, se creó el fideicomiso con carácter de Irrevocable para la construcción y el establecimiento de la central de abasto para la Ciudad de México, iniciando operaciones en noviembre del año siguiente. Así, mediante decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto de 1983, se destina a la central de abasto al servicio de carga y descarga, conservación en frío y demás operaciones relativas a la compra y venta al mayoreo y medio mayoreo de productos alimenticios.

Las partes que integran el fideicomiso son

Fideicomitente. El Departamento del Distrito Federal y la Comisión de Desarrollo Urbano del Departamento del Distrito Federal.

Fideicomisario. El propio Departamento del Distrito Federal y la Comisión de Desarrollo Urbano del Departamento del Distrito Federal, por cuanto hace a los terrenos, las construcciones y los participantes del programa de construcción de la central de abasto.

Fideicomitente y fideicomisario. A los representantes del sector comercio que integran las diferentes áreas representadas en la central de abasto.

Fiduciario . Banco Mexicano Somex.

Materia del fideicomiso. Los terrenos y las construcciones que en ellos se edifiquen, los cuales integrarán la unidad denominada “Central de Abasto del Distrito Federal”, del predio que consta de 217.68 hectáreas.

Desde que fue inaugurada, la central de abasto (Ceda) no ha dejado de operar, ha dado servicio las 24 horas los 365 días del año y de acuerdo con información de la Ceda, 24 entidades comercializan o distribuyen algún tipo de mercancía en sus instalaciones, las cuales se clasifican en 8 sectores: abarrotes y víveres; aves y cárnicos; flores y hortalizas; frutas y legumbres; subastas y productores; zona de pernocta; envases vacíos y bodegas de transferencia.

La Ceda genera cerca de 90 mil empleos (cercanos a los empleos directos que generan las empresas franco-mexicanas en el país). Tiene una afluencia de entre 500 mil y 550 mil visitantes; ingresan cerca de 62 mil vehículos; y se comercializan cerca de 30 mil toneladas diarias de alimentos. Asimismo, se utilizan cerca de 2 mil tráileres, mil 500 camiones torton y cerca de 58 mil vehículos para abasto y desabasto de productos. Además, abastece a los 328 mercados públicos y a los mil 501 tianguis que comprenden el sistema de mercados sobre ruedas de la Ciudad de México. De igual manera, surte a la Sedema, Semar, tiendas de autoservicio, hoteles, restaurantes, tiendas de barrio y miles de hogares.

La Ceda funciona con recursos autogenerados o ingresos que recibe por concepto de mantenimiento (cuotas, uso de piso y prima de seguro), así como por el concepto de servicios (servicios a participantes y usuarios, sanciones al reglamento, concesiones de servicio, intereses financieros, otros ingresos), en 2017 el presupuesto de ingresos ascendió a 370 millones 813 mil 488 pesos, de acuerdo con los siguientes conceptos:

Dicho presupuesto fue mayor que el otorgado a la Comisión Reguladora de Energía en el presupuesto para el ejercicio de 2017 o cercano al financiamiento público que recibieron los partidos políticos el año pasado en la Ciudad de México.

No obstante su relevancia, en la Ceda se han agravado diversas problemáticas, como los índices de inseguridad, el deterioro de las instalaciones o el incremento del comercio informal. Dicha situación deja en claro que el deterioro, mal estado de sus avenidas, los servicios deficientes, presencia de plagas e insalubridad que se presenta en sus instalaciones.

Aunado a lo anterior, en mayo de 2013 se publicó la adición del artículo 32 Septies al Reglamento de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México, el cual establece las atribuciones del coordinador general de la central de abasto. Sin embargo, dicho artículo resulta ser de materia preocupante ya que, como se mencionó, la central de abasto se estableció mediante la elaboración de un convenio de fideicomiso, el cual establece claramente las atribuciones para las partes y para quien le corresponda la administración de la central, es por ello, que el artículo en comento otorga atribuciones que no corresponden, dado que ya se consideran en el convenio, por lo que la mayoría de las decisiones que se toman dentro de la central de abasto, se toman de forma unilateral, sin considerar de forma real la opinión de los representantes de los diferentes giros dentro del comité técnico.

Resulta indispensable la modificación que derogue dicho artículo, ya que pasa por encima de atribuciones previamente establecidas en un convenio.

Para enero del presente año, las personas de la central de abasto se enfrentaron con el hecho de que de una hora a otra clausuraron los baños de toda la central, dejando a las personas que laboran (no en la administración), visitan o compran en la central sin acceso a un solo baño, ocasionado un grave problema de higiene (más del que ya se tiene) a todas las personas. Lo anterior refleja otra irregularidad que tiene la central respecto a las concesiones que otorga, tanto de los baños como del cobro del peaje.

Por cierto, el comité técnico de la central no autorizó el presupuesto que se consideraba para 2018 ni el incremento de las cuotas de mantenimiento y servicios. Por ello, el 12 de enero del presente año solicitaron al coordinador del Fideicomiso para la Construcción y Operación de la Central de Abasto de la Ciudad de México que se proporcionara la información de la nómina del fideicomiso de la central, ya que dicha nómina representa 65 por ciento de los egresos. Asimismo, la información de qué consideran los rubros de coordinación de normatividad y asuntos jurídicos; y coordinación de seguridad, ya que sólo para esos dos se requiere un gasto de más de 70 millones.

Por tanto, es importante llegar a una trasparencia de recursos y actuaciones, ya que la situación de la central es carente de toda inversión y acción de políticas públicas al no darle la importancia tan relevante que tiene para todo el país, incluyendo a los habitantes y sus familias.

Consideraciones

I. Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

II. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

III. Que de acuerdo con el artículo 7 del Reglamento Interior de la Central de Abasto de la Ciudad de México, el comité técnico está integrado por representantes del sector público (cinco representantes del Departamento del Distrito Federal o de la Comisión de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; un representante de la Secretaría de Comercio; seis representantes del comercio oficial), es decir que dentro del órgano que administra y controla la central de abasto al final responde a los intereses del gobierno en turno y no así a los intereses del fideicomiso. Dado que el artículo 10 del reglamento señala que las decisiones y acuerdos del comité serán por mayoría de votos de sus miembros y en caso de empate el presidente del comité tendrá voto de calidad, lo cual lo convierte en un órgano más en el que se toman decisiones políticas y no responde a los intereses del fideicomiso; sino más bien a los intereses del gobierno de la Ciudad de México; toda vez que si bien es cierto que dichos actos son emanados de particulares, se dan en un contexto de derecho público, dado que las decisiones que se toman en ese comité tiene relevancia no sólo en el ámbito social y público sino que trasciende al interés privado.

IV. Que el acceso a la información pública, es el derecho humano que tiene toda persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de las delegaciones, dependencias y órganos desconcentrados, de acuerdo con lo señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México.

V. Que de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Ley para hacer de la Ciudad de México una Ciudad Abierta, se reconoce como un derecho que tienen las personas de participar en la formación, el desarrollo y la evaluación de los programas, las políticas y las acciones de gobierno, así como en mejorar la disponibilidad de información sobre las actividades que realiza el gobierno de esta ciudad. Con ello se privilegian los principios de transparencia proactiva, de participación, de colaboración, de máxima publicidad, de usabilidad, de innovación cívica y aprovechamiento de la tecnología y de retroalimentación.

VI. Que conforme al artículo 25 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México, corresponde a la Secretaría de Desarrollo Económico, entre otras funciones “establecer las políticas y programas generales en materia de desarrollo, promoción y fomento económico, así como formular, conducir, coordinar y evaluar los programas sectoriales y delegacionales correspondientes; presidir los comités técnicos, comisiones y órganos de fomento establecidos para el desarrollo económico de la ciudad; establecer y coordinar los programas de abasto y comercialización de productos básicos, promoviendo la modernización y optimización en la materia”.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía los presentes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de la Ciudad de México, en la calidad de presidente del Comité Técnico del Fideicomiso de la Central de Abasto de la Ciudad de México, para que evalúe la derogación del artículo 32 Septies del Reglamento de la Administración Publica de la Ciudad de México, ya que éste considera facultades previamente establecidas en el contrato del fideicomiso de la central, a fin de dar certidumbre jurídica a los locatarios, trabajadores y compradores.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de la Ciudad de México, en la calidad de presidente del Comité Técnico del Fideicomiso de la Central de Abasto de la Ciudad de México, para que transparente y otorgue información solicitada a los integrantes del Comité Técnico para con ello, alcanzar la máxima publicidad sobre los recursos con que opera, así como impulsar la toma de decisiones colectivas para el mejoramiento de la central.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 24 de enero de 2018.

Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y la Secretaría de Cultura a declarar patrimonio intangible e inmaterial de México la gastronomía oaxaqueña, a cargo del senador Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, senador Jorge Toledo Luis, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como por lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos mexicanos, somete a la consideración de esta Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Cultura para declarar a la gastronomía oaxaqueña patrimonio intangible e inmaterial de México, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La gastronomía de Oaxaca es vasta. Gracias a la ubicación geográfica del estado, así como sus formaciones montañosas (cordilleras), el clima y culturas son diversas.1 La composición pluricultural del estado de Oaxaca está sustentada en 15 pueblos indígenas, cuya población superan el millón de habitantes.2

Su amplia composición pluricultural da pie al variado conjunto de platos que caracterizan a las regiones. Los principales ingredientes van desde carnes de res, cerdo, carnero, guajolote, pollo o pescados, hasta alimentos poco comunes como los chapulines3

La gastronomía de Oaxaca se distingue por ser de las más ricas y variadas en nuestro país, no sólo por la gran influencia prehispánica, sino por los colores, olores y sabores que inundan la ciudad de Oaxaca, sus municipios, los estados de la República y sobre todo el reconocimiento en todo el mundo.

La costa y el istmo proveen de mariscos, su clima tropical, al igual que el Papaloapan, otorgan gran variedad de frutas y verduras, y su cultura popular representa el mayor aporte a la preparación de alimentos,4 así como también la Mixteca, con el ganado caprino y ovino.

Todo esto ha tenido reconocimientos extraordinarios, por lo que a la cocina oaxaqueña se le ha otorgado la designación de Patrimonio Intangible e Inmaterial de la Humanidad.

Una pequeña muestra culinaria la encontramos en la variedad en la preparación del mole, así como son los tamales, chocolate, café, pan, tasajo, chorizo, tlayudas, quesillo, chapulines y muchísimos más alimentos propios de la cocina oaxaqueña.5

En México el platillo más conocido es el mole oaxaqueño, el cual tiene una infinidad de variantes, desde el amarillo, el colorado, el coloradito, el almendrado, el verde, el manchamanteles, el negro y chichilo.

Puede decirse que cada mole lleva más de 30 ingredientes, entre los más comunes es el tomate, cebolla, ajo, zanahoria, almendra, ajonjolí, especias, hierbas, chocolate, cacahuate, orégano, comino, azúcar, caldo de pollo y diversos chiles como pasilla, guajillo y chilhuacle, entre otros.

Es importante destacar que el mole negro está elaborado de una fórmula heredada de generación en generación, teniendo como ingredientes el chilhuacle, chile ancho y chile mulato tostados. Los moles se sirven como salsa para la carne de pollo, puerco o res o enchiladas.6

No por mencionarlo después del mole, deja de tener una gran relevancia en la gastronomía, el queso blanco, quesillo o Oaxaca, alimento típico de la región de valles centrales en Oaxaca, donde el pueblo productor más famoso es Etla, localizado a 15 minutos de la ciudad de Oaxaca.

Debido a sus excelentes cualidades de fundido, el queso Oaxaca se utiliza con frecuencia como base para el queso flameado, aperitivo muy popular en restaurantes mexicanos, consistente en asadero fundido y chorizo rojo. También es usado en la elaboración de las quesadillas.7

Entre otras razones, por eso, el Congreso del estado nombró, en 2008, la comida típica de Oaxaca como “patrimonio cultural inmaterial del estado”.8

Así es considerado ahora el mole oaxaqueño en sus 7 variedades, los chiles rellenos, el quesillo, tlayudas, los tamales, nieves de sabores, frescas aguas de frutas, el tasajo y el caldo de guías, los dulces regionales, el café en aroma y sabor y, su excelente chocolate, el quesillo, son ahora reconocidos como parte de la pluriculturalidad gastronómica nacional. Por ello, su reconocimiento no sólo debe ser a nivel estatal, sino federal.

Estas importantes expresiones culinarias, gastronómicas y culturales de los oaxaqueños son parte de nuestra identidad cultural nacional, milenaria y ancestral, por lo cual, exhorto a que sean declaradas como parte del patrimonio cultural de la nación.

Por las razones antes expuestas someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Cultura para declarar a la gastronomía oaxaqueña patrimonio intangible e inmaterial de México.

Notas

1 http://www.mexconnect.com/articles/2266-the-cuisine-of-oaxaca-land-of-t he-seven-moles (consultado el 22 de enero de 2017).

2 http://www.linguateca.pt/GikiCLEF/GIRA/pool/GikiCLEF2009DocumentPool/es/g/r/u/
Grupos_%C3%A9tnicos_de_Oaxaca_b28c.xml (consultado el 22 de enero de 2017).

3 http://exploraoaxaca.mx/7357/gastronomia/oaxaca-y-su-gastronomia/ (consultado el 22 de enero de 2017).

4 Ibídem

5 http://blureport.com.mx/el-mundo-semanal/gastronomia-oaxaquena-patrimon io-de-la-humanidad/ (Consultado el 22/Enero/2018)

6 Ibídem.

7. http://www.mundoquesos.com/2008/06/asadero.html (Consultado el 22/Enero/2018)

8 http://exploraoaxaca.mx/7357/gastronomia/oaxaca-y-su-gastronomia/ (Consultado el 22/Enero/2018)

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 24 de enero de 2018.

Senador Jorge Toledo Luis (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SEP a implantar programas educativos que promuevan que más mexicanas estudien carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, a cargo de la senadora María del Rocío Pineda Gochi, del Grupo Parlamentario del PRI

Las que suscribe, senadora María del Rocío Pineda Gochi, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 110 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de ésta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el mundo existe basta información estadística, conocimiento empírico y científico sobre el sinnúmero de elementos socioculturales que acrecientan la desigualdad entre los géneros. En este sentido, la brecha de género pone en evidencia las desigualdades que existen entre hombres y mujeres en cualquier ámbito de la vida en relación con el nivel de participación, acceso a oportunidades, derechos, poder e influencia, remuneración y beneficios, control y uso de los recursos que les permiten garantizar su bienestar y desarrollo humano. Dichas desigualdades se expresan en todos los ámbitos como el económico, social, cultural, educativo, en materia de salud, político, etcétera.

De acuerdo al Índice Global de Brecha de Género 2017 del Foro Económico Mundial, que mide cuatro áreas clave: salud, educación, economía y política, tardarían 100 años en cerrar “la brecha de género global”. De acuerdo al informe todas las regiones del mundo registran una brecha de género más estrecha que hace 11 años y a este ritmo la brecha por regiones tardaría en cerrarse en: 61 años en Europa Occidental; 62 años en Asia Meridional; 79 años en América Latina y el Caribe; 102 años en África Subsahariana; 128 años en Europa Oriental y Asia Central; 157 años en el Medio Oriente y África del Norte; 161 años en el este de Asia y el Pacífico; y 168 años en América del Norte.1

Es sorprendente, que en los países con mayores niveles de desarrollo existen desigualdades importantes, por lo que se deduce, que el poder económico no es necesariamente la solución para una mejor igualdad entre los sexos.

De manera específica, en el ámbito educativo existen barreras culturales, e inclusive institucionales, que impiden el acceso a las mujeres a estudiar las carreras que actualmente demandan los mercados laborales, y tradicionalmente se han relacionado y se asocian como licenciaturas para hombres.

En la actualidad la era digital y del conocimiento está cambiando de manera acelerada los modelos tradicionales de enseñanza y está demandando conocimientos especializados en áreas de las ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas, mejor conocidas como “carreras STEM” (por sus siglas en inglés: science, technology, engineering y mathematics) . Es importante precisar que estas carreras también incluyen campos como la química, la informática, tecnologías de la información, ciencias de la Tierra, nanotecnología, robótica, ciencias matemáticas, física, astronomía e incluso ciencias sociales, que por lo general son estudios precursores de innovaciones tecnológicas y científicas.

Un sondeo realizado por Universia reveló que 55 por ciento de los jóvenes en Iberoamérica estudia o piensa estudiar carreras STEM. Las carreras que los jóvenes piensan estudiar en el futuro son salud y biotecnología, robótica, desarrollador de software, ingeniero de software y desarrollador móvil2 . Desafortunadamente, las mujeres son una minoría en el estudio de estas áreas, y siguen siendo los factores culturales, los mitos y las creencias sobre sus limitaciones de género, e incluso, limitaciones mentales las que impiden estudiar y desarrollarse como científicas, ingenieras y matemáticas.

En México de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo existen un millón 737 mil de profesionistas concentrados en el área de las ingenierías, de los cuales sólo el 19 por ciento son mujeres. El porcentaje de mujeres profesionistas ocupadas alcanza 44.7 por ciento del total de los profesionistas ocupados. Las áreas profesionales en donde las mujeres representan a más de la mitad del total de profesionistas ocupados son educación, ciencias de la salud, humanidades y ciencias biológicas. Por el contrario, el sexo femenino tiene menor presencia en la ocupación en las áreas de ingenierías, arquitectura, urbanismo y diseño, y en el área de ciencias físico matemáticas. Las carreras con menor porcentaje son ingeniería de vehículos de motor, barcos y aeronaves con 3.9 por ciento y electricidad y generación de energía con 3.3 por ciento.3

Es preciso destacar, que estas cifras no son exclusivas de nuestro país. A nivel mundial las mujeres representan 25 por ciento del total de investigadores científicos. La participación de las mujeres en física, ciencias de la computación e ingenierías es menor a 30 por ciento y va en descenso. En estas áreas, las mujeres apenas ocupan 12 por ciento en puestos de decisión. Incluso en países donde se ha incrementado el número de graduadas en ciencia y tecnología, la tasa de mujeres en el ámbito laboral no se incrementó. En los países latinoamericanos las mujeres ingenieras son minoría (Argentina 17 por ciento, Costa Rica 19 por ciento, Brasil 22 por ciento, México 19 por ciento y Uruguay 27 por ciento).4

Lo anterior, debe ser una llamada de atención para que el Estado Mexicano, a través de sus instituciones públicas, la iniciativa privada, los sindicatos de la educación y los legisladores generen las condiciones y los mecanismos jurídicos para eliminar las barreras institucionales y culturales que impiden que las mujeres mexicanas se dediquen a la ciencia y tecnología de manera profesional. Por ello consideramos fundamental que la Secretaría de Educación Pública perfile y genere mecanismos de vocación profesional, para que a través de programas educativos se generen incentivos a que más mujeres estudien carreras STEM.

Por lo anteriormente expuesto y fundado sometemos a la consideración del Pleno de ésta Soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que de conformidad con sus atribuciones legales implemente una campaña que promueva en las mujeres mexicanas el estudio de carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas con la finalidad de disminuir las barreras culturales que impiden que las mujeres mexicanas se dediquen a la ciencia y tecnología de manera profesional.

Notas

1 Foro Económico Mundial. índice Global de Brecha de Género 2017. [En línea] [fecha de consulta: 23 ­Enero - 2018] Disponible en: http://reports.weforum.orgjglobal-gender-gap-report-2017j

2 Universia Argentina. La mayoría de los jóvenes estudia carreras STEM. 30 de junio de 2016. En línea, fecha de consulta: 23 de enero de 2018. Disponible en: http://noticias.universia.com ar/cultura/noticia/2016/06/30/1141383/ mayoría-jovenes-estudia-carreras-stem-infografia.html

3 Servicio Nacional de Empleo. Tendencias del empleo profesional segundo trimestre 2017. Observatorio Nacional. [En línea] [fecha de consulta: 23 - Enero - 2018] Disponible en: http://www.observatoriolaboral.gob.mx/static/estudios-publicaciones/Ten dencias_empleo.html

4 American Express. Carreras STEM. Recursos Humanos. 27.06.2017. En línea, fecha de consulta 23 de enero de 2018. Disponible en: http://www.amexempresas.com/libertadparatunegocio/carreras-stem

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente de la honorable Cámara de Diputados, a los 24 días del mes de enero de 2018.

Senadora María del Rocío Pineda Gochi (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a fortalecer los programas y las campañas dirigidos a los alumnos de educación básica y media superior y crear así una cultura de cuidado ambiental, en el marco del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores de la República, integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Acuerdo de París es un acuerdo dentro del marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que establece medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a través de la mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas a efectos del calentamiento global.

En dicho evento estuvieron presentes 195 países en la que firmaron el primer acuerdo vinculante mundial sobre el clima, con el objeto de evitar fenómenos climatológicos que dañan gravemente a los ecosistemas y la vida humana1 .

Los gobiernos acordaron a largo plazo mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 grados centígrados (°C) sobre los niveles preindustriales, limitar el aumento a 1.5 °C, reduciendo considerablemente los riesgos y el impacto del cambio climático en todo el planeta.

Se exhortó a los países y otras administraciones subnacionales, la sociedad civil y el sector privado a luchar contra el cambio climático, proponiendo intensificar sus esfuerzos y medidas de apoyo para reducir las emisiones de contaminación, aumentar la resistencia y reducir la vulnerabilidad a los efectos adversos del cambio climático.

En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que hay pruebas abrumadoras de que los seres humanos están afectando al clima mundial y destaca una amplia variedad de consecuencias para la salud humana. Estas problemáticas causan defunciones y enfermedades debidas a desastres naturales tales como olas de calor, inundaciones y sequías1 .

El Instituto Goddard para Estudios Espaciales (Goddard Institute for Space Studies o GISS por sus siglas en inglés), apunta que la temperatura promedio en el año 2012 fue de alrededor de 14.6 grados Celsius (58.3 grados Fahrenheit), lo cual es 0.6 °C (1.0 °F) más caliente que la referencia que corresponde a mediados del siglo XX. Según el nuevo análisis, la temperatura global promedio ha aumentado 0.8 °C (1.4 °F) desde el año 18802 .

Estos cambios han sido provocados principalmente por las emisiones de dióxido de carbono y el incremento de la contaminación; problemática que se ha vuelto cada vez más frecuente en los últimos 50 años y, a causa del cambio climático, su frecuencia, intensidad y alcance podrían aumentar en el corto plazo.

La preocupación por el medio ambiente ha propiciado cambios importantes en nuestro entorno. Uno de ellos ha sido la introducción y el desarrollo de la responsabilidad medioambiental, que sirve para evaluar hasta que momento nuestras prácticas ayudan al equilibrio del planeta.

Algunos efectos negativos del cambio climático son evidentes. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, actualmente 4 mil 200 millones de personas cuentan con agua corriente, y se prevé que para 2025, la mitad de la población mundial vivirá en zonas con escasez de agua. Por otra parte, dicho organismo señala que en 2012 fallecieron 7 millones de personas, como consecuencia de la exposición a la contaminación atmosférica4 .

En cuanto a los bosques, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), menciona que en 1990 cubrían 31.6 por ciento de las zonas terrestres del planeta –unas 4 mil 128 millones de hectáreas–, mientras que en 2015 pasaron a 30.6 por ciento –cerca de 3 mil 999 millones de hectáreas–. La tasa anual neta de pérdida ha disminuido, de 0.18 por ciento a 0.08 por ciento durante el periodo 2010-2015.5

México no escapa de esta grave problemática. Según datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en el territorio nacional se generan más de 42 millones de toneladas de residuos sólidos anualmente, lo que equivale a 175 veces el volumen de la Pirámide del Sol de Teotihuacán6 .

El Reporte de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la ocurrencia de incendios forestales del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, ha sido de 8 mil 422 eventos afectando un total de 272 mil 776 hectáreas7 .

Ante esta situación, es necesario que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes cuenten con un mayor conocimiento y conciencia sobre temas medulares como el calentamiento global, la disposición de agua, la deforestación, los patrones de producción y consumo, así como principios y valores que sustentan la sociedad para el cuidado del medio ambiente.

Cabe destacar que más de 30 millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes estudian educación básica y media superior8 , razón por la cual es indispensable promover hábitos y valores, pero sobre todo, una cultura del cuidado del medio ambiente a fin de prevenir y combatir la contaminación en todas sus formas.

Resulta urgente que en todos los planteles de educación básica y media superior del país, se tomen en cuenta acciones que ayuden a mejorar al medio ambiente, para que juntos logremos reflexionar y concientizar sobre los hábitos de consumo y actitudes hacia el cuidado y protección del ambiente de manera sana y sustentable.

Para lograrlo es fundamental identificar y utilizar alternativas menos dañinas al ambiente, cambiar conductas y tomar decisiones basadas en el mejoramiento de la calidad de vida.

En tal virtud, la alfabetización medioambiental y climática no es sólo el motor que genera conciencia por las cuestiones ecológicas, sino que también contribuye a acelerar el desarrollo de tecnologías y empleos con el medio ambiente.

En resumen, el medio ambiente y los recursos naturales constituyen un tema prioritario para el país. Por ello, es necesario que la Secretaría de Educación Pública siga fortaleciendo los programas y campañas dirigidos a los alumnos de educación básica y media superior para crear una cultura sobre el cuidado del medio ambiente, que se traduzca en el mejoramiento de la salud de la población.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezca los programas y campañas dirigidos a los alumnos de educación básica y media superior, a fin de crear una cultura de cuidado del medio ambiente, en el marco del Acuerdo de París sobre el cambio climático.

Notas

1 https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_es

2 http://www.who.int/world-health-day/theme/es/

3 https://ciencia.nasa.gov/ciencias-especiales/15jan_warming

4 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs391/es/

5 http://www.fao.org/news/story/es/item/327382/icode/

6 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/39412/RESIDUOS_SOLIDOS_U RBANOS-_ENCARTE.pdf

7 http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/ver.aspx?articulo=5855&gr upo=10

8 http://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/
principales_cifras_2016_2017_bolsillo.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 24 de enero de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a fortalecer con el gobierno de BCS las acciones o, en su caso, establecer medidas para proteger a los tiburones ballena en la bahía de La Paz y evitar la extinción de la especie, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN por sus siglas en inglés), señala que el tiburón ballena es una de las especies más grande del mundo, se deduce que aproximadamente 75 por ciento de la población mundial de tiburones ballena ocurre en el Indo-Pacífico y 25 por ciento en el Atlántico1 .

Cabe señalar que más de doscientos cincuenta tiburones ballena han sido identificados en el Golfo de California, México, entre 2003 y 2009, de los cuales 125 animales marinos se ubican en la Bahía de La Paz.

La mayoría de los avistamientos de tiburones ballena ocurren en un pequeño número y se encuentran en la superficie para explotar la productividad estacional como eventos de desove de peces o floraciones de zooplancton.

Este pez mide hasta 18 metros de longitud y 21 toneladas de peso, despliega su carismática presencia en aguas mexicanas durante la temporada de avistamiento entre los meses de abril y diciembre de cada año.

La IUCN ha catalogado al tiburón ballena como uno de los animales emblemáticos el cual forma parte de la lista roja de las especies en peligro de extinción2 .

De las 307 especies de tiburón evaluadas, 50 de ellas están clasificadas como “Vulnerables, en peligro o en peligro crítico”, pero sólo el tiburón blanco, el tiburón ballena y el tiburón peregrino están protegidos internacionalmente por la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES).

Como grandes depredadores, los tiburones ballena desempeñan un papel especial a la hora de mantener la salud de los ecosistemas marinos, ya que sirven como indicador de la salud de los océanos. Esta especie tiene un crecimiento muy lento, maduran tarde y tienen pocas crías, lo que los hace muy vulnerables a la sobrepesca.

Sin embargo una de las principales problemáticas relacionadas con esta especie ha sido el comercio de sus aletas, que se exportan a los mercados asiáticos para la elaboración de su tradicional sopa, y su hígado, que se destina a la industria internacional de cosméticos, son uno de los productos de origen marino más caros. Además, muchas especies de tiburón son frecuentemente objeto de capturas accidentales.

Asimismo se pagan precios muy altos por sus agallas, su carne y su aceite. La demanda en los mercados internacionales es alta y el tiburón ballena se sigue pescando para satisfacer esta demanda, especialmente en aquellas áreas en donde las pesquerías no están reglamentadas o no se acatan los reglamentos.

Otra de las problemáticas detectadas han sido las malas prácticas de pesca, las cuales representan una amenaza para el tiburón ballena, cuando los métodos de captura afectan, de manera no intencional, a esta especie. A estos hechos se les llama “pesca incidental” y cuando ocurren, se lesiona o se mata al animal.

Los desechos marinos, incluyendo latas, bolsas plásticas y botellas muchas veces van a dar a los océanos y otros cauces fluviales, que pone en riesgo a los tiburones ballena, ya sea porque se enredan en ellos o porque ingieren esta basura tóxica.

La principal amenaza para esta especie es la pérdida de hábitat, la destrucción de manglares, ecosistemas donde se generan los nutrientes para su alimentación y la pesca indiscriminada.

Para ponderar la magnitud de esta grave problemática cabe destacar que la organización World Wildlife Fund (WWF), en su informe Planeta Vivo 2016 revela que la población mundial de peces, aves, mamíferos, anfibios y reptiles disminuyó 58 por ciento entre 1970 y 2012. Y se estima un declive de dos tercios en el medio siglo que se extiende desde 1970 hasta 20203 .

Los niveles de abundancia de la biodiversidad con base en el monitoreo de 14 mil 152 poblaciones de 3 mil 706 especies de vertebrados, muestra una tendencia decreciente constante en todo el orbe.

México no escapa de esta grave situación, al respecto, el Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, señala que hay alrededor de 64 mil especímenes en el continente americano y 34 subpoblaciones; 33 en peligro o peligro crítico de extinción. En México hay menos de cuatro mil ejemplares por la pérdida de su hábitat4 .

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), resaltó que más de 2 mil especies están incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, que las clasifica en distintos grados de amenaza, más de mil tipos de plantas, 200 especies de peces, 200 de anfibios y casi 400 reptiles.

De esta manera, en la bahía de la Paz, en el estado de Baja California Sur, entre los meses de julio y diciembre se aprecian los primeros avistamientos de tiburón ballena.

Durante la pasada temporada vacacional, que comprendió del 18 de diciembre y el 7 de enero se registró alrededor de 8 mil personas que acudieron a ver estos animales marinos.

Lamentablemente diversos medios periodísticos señalaron que durante la temporada pasada alrededor de 62 por ciento de los tiburones ballena que visitaban la bahía resultaron lesionados por las actividades turísticas5 .

En el estado de Baja California Sur varias agencias ofrecen tours para nadar junto al tiburón ballena. Sin embargo, diversos especialistas indican que existen posibles daños directamente a estos animales que pueden provocar su muerte.

En 2009, el gobierno federal decretó como Reserva de la Biósfera el área marina conocida como Tiburón ballena, localizada frente a las costas del norte del estado de Quintana Roo y en la bahía de La Paz, Baja California Sur6 .

Actualmente, el tiburón ballena está catalogado como amenazado dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010, norma por la cual tiene por objeto identificar las especies o poblaciones de flora y fauna silvestres en riesgo en todo el territorio nacional, mediante la integración de las listas correspondientes, así como establecer los criterios de inclusión, exclusión o cambio de categoría de riesgo para las especies o poblaciones, mediante un método de evaluación de su riesgo de extinción y es de observancia obligatoria en todo el país.

Estos animales han sobrevivido a las extinciones masivas, pero enfrentan ahora a los mayores retos: la sobrepesca, el cercamiento de aletas y las capturas accidentales.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en coordinación con el gobierno del estado de Baja California Sur y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezcan las acciones o, en su caso, establezcan medidas para proteger a los tiburones ballena en la Bahía de la Paz, con el objeto de evitar la extinción de esta especie.

Notas

1 https://www.iucn.org/es/acerca-de-la-uicn

2 http://www.iucnredlist.org/details/19488/0

3http://awsassets.panda.org/downloads/lpr_2016_summary_b 5_c3.pdf

4 http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2017_085.html

5 http://www.sinembargo.mx/18-01-2018/3375103

6 https://www.gob.mx/semarnat/articulos/tiburon-ballena

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 24 de enero de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Baja California Sur a presentar a esta soberanía un informe sobre la solventación de observaciones correspondientes a la Cuenta Pública de 2016, donde la ASF detectó irregularidades en la distribución de las participaciones federales, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El Ramo General 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, previsto en el Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal, se asigna de manera proporcional a la participación de las entidades federativas en la actividad económica y la recaudación.

La Ley General de Coordinación Fiscal prevé los siguientes fondos e incentivos participables: Fondo General de Participaciones; Fondo de Fomento Municipal; Fondo de Fiscalización y Recaudación; Fondo de Compensación de Gasolinas; Fondo de Extracción de Hidrocarburos; Fondo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios; Fondo del 0.136 por ciento de la Recaudación Federal Participable; Participaciones a Municipios por donde se Exportan Hidrocarburos; Participaciones por la Venta Final de Gasolina y Diésel; Fondo del Impuesto Sobre la Renta; Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos e Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos. Asimismo, se incluyen como participaciones federales los rubros del Fondo de Compensación del Régimen de Pequeños Contribuyentes e Intermedios, y Otros Incentivos.1

Dichos recursos no están etiquetados, es decir, no tienen un destino específico en el gasto de las entidades federativas y éstas pueden ejercerlos de manera autónoma, no obstante, están sujetos a ser fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La ASF, en la revisión de Cuenta Pública 2016, detectó que el gobierno del estado de Baja California Sur incurrió en diversas irregularidades en el ejercicio de las participaciones federales, lo cual podría constituir un daño al erario público por más de 247 millones de pesos.

En el pliego de observaciones con clave 16-A-03000-02-1817-06-001 se señala que, se realizaron retenciones a los municipios del Fondo General de Participaciones superiores al monto correspondiente, por lo que se presume un probable daño al erario público por más de 454 mil pesos.

La ASF identificó que en las deducciones aplicadas por la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado de Baja California Sur en los cinco municipios de la entidad, incurrió en distintas anomalías que significaron afectaciones con cargo a las participaciones federales.

En el año 2016, se realizaron retenciones a los cinco municipios para el pago de las cuotas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por un monto de casi 237 millones de pesos, sin embargo, sólo se presentó documentación comprobatoria por 115 millones 284 mil millones, lo que significa que existe una diferencias de 121 millones 369 mil pesos que fueron deducidos y que no ingresaron a dicha institución.

En el municipio de La Paz, el gobierno estatal afectó las participaciones del Fondo General, Fondo de Fomento Municipal, IEPS, Fondo de Fiscalización y Recaudación, los Incentivos a la Venta Final de Gasolina y Diésel, el ISAN, el Fondo de Compensación del ISAN y Tenencia, para cubrir las obligaciones de un Fideicomiso de Garantía, en virtud de que dicho contrato establecía sólo la retención del 13 por ciento, no obstante, de manera injustificada, se realizó una retención adicional del 18 por ciento, con lo cual el monto afectado ascendió a 91 millones 249 mil 100 pesos.

En el municipio de Los Cabos se realizaron retenciones por casi 96 millones de pesos al Fondo General de Participaciones, bajo el concepto de Fideicomisos de Garantía que representaron el 41 por ciento del total de dicho fondo, empero, el gobierno estatal no mostró la documentación mediante el cual se da la instrucción para que los montos que correspondan de participaciones federales sean depositados de manera directa a la cuenta concentradora del fideicomiso.

Las deducciones realizadas al municipio de Mulegé ascendieron a casi 44 millones de pesos, que se destinaron para pagar un crédito adquirido por el municipio y en el que se garantizaba su pago con parte de las participaciones federales, sin embargo, dichas retenciones fueron superiores al 30 por ciento que en algunos casos es un monto superior al permitido por la Ley de Coordinación Fiscal.

El gobierno del estado de Baja California Sur afectó las participaciones federales del municipio de Comondú para el pago de un crédito por 67 millones 680 mil 100 pesos, contraído en el año 2009 con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC (Banobras). Las irregularidades en las que incurrió el gobierno estatal estriban en que se realizaron deducciones a participaciones como el IEPS, el Fondo de Fiscalización y Recaudación, de los cuales se retuvo un monto de 411 millones de pesos y que de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal no pueden ser afectadas.

El gobierno del estado de Baja California Sur realizó retenciones injustificadas a los municipios de La Paz y Los Cabos por un monto de 77 millones de pesos, bajo la denominación de descuentos por afectación en participaciones federales a favor de la tienda Soriana, por el cobro indebido en el concepto de ampliación en horario de bebidas alcohólicas.

De acuerdo a la ASF, el gobierno del estado de Baja California Sur presentó diversas acciones para solventar dichas irregularidades; no obstante, aún queda pendiente de justificar las deducciones realizadas por el concepto de ISSSTE, así como el de Tiendas Soriana, y aclarar el pago de terceros de los conceptos señalados, por un monto de 246 millones 986 mil 700 pesos.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el presente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno de Baja California Sur a que presente a esta soberanía un informe sobre la solventación de observaciones correspondientes a la Cuenta Pública 2016, en las que la Auditoría Superior de la Federación detectó diversas irregularidades en ejercicio de las participaciones federales que podrían constituir un daño al erario público por más de 247 millones de pesos.

Nota

1 Auditoría Financiera y de Cumplimiento 1817 al Estado de Baja California Sur, correspondiente a la Cuenta Pública 2016, Auditoría Superior de la Federación, http://www.asf.gob.mx:8081/Informe.aspx Consultado el 22 de enero de 2018.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los 24 días del mes de enero de dos mil dieciocho.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la ASF que informe a esta soberanía sobre el estatus de las observaciones formuladas al gobierno de Guanajuato respecto a la Cuenta Pública de 2016, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de la honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, son aspectos cruciales para avanzar en la consolidación del proceso democrático, el estado de derecho y la credibilidad en las instituciones y los servidores públicos.

La fiscalización superior ofrece elementos de gran utilidad para promover la gobernanza, es decir, conformar gobiernos que entreguen resultados de calidad, generen condiciones de bienestar y orientados por principios como la eficiencia, la eficacia, la oportunidad y la transparencia en la práctica de las diversas entidades oficiales.

La fracción VI del artículo 74 de la Constitución Política, establece que la revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través de la Auditoría Superior de la Federación. Señala que si derivado del examen que realice aparecieran discrepancias entre los ingresos o los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley.

En este orden de ideas, el artículo 79 constitucional plantea que la Auditoría Superior tendrá entre sus atribuciones “Fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda; las garantías que, en su caso, otorgue el gobierno federal respecto a empréstitos de los estados y municipios; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la ley”.

El artículo 134 señala a la letra que “los recursos económicos de que dispongan la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados”.

Por su parte, el artículo 14 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, menciona que la fiscalización de la Cuenta Pública tiene por objeto: Evaluar los resultados de la gestión financiera; verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas; y promover las acciones o denuncias correspondientes para la imposición de las sanciones administrativas y penales por las faltas graves que se adviertan derivado de sus auditorías e investigaciones, así como dar vista a las autoridades competentes cuando detecte la comisión de faltas administrativas no graves para que continúen la investigación respectiva y promuevan la imposición de las sanciones que procedan.1

Lamentablemente, la opacidad en el manejo de los recursos públicos se ha convertido en una práctica sistemática del gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez.

De acuerdo con los resultados de la fiscalización, incluidos en la Cuenta Pública 2016, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el estado de Guanajuato se encuentra en el tercer lugar a nivel nacional por el monto observado en cuanto a gasto federalizado programable con 7.1 por ciento del total, el cual asciende a 5 mil 651 millones de pesos observados a estados y municipios en la segunda etapa de la fiscalización2 .

Así, el monto observado a la entidad fue de 402.7 millones de pesos, cifra que representa 8.2 por ciento de la muestra auditada. De igual manera, ocupa la primera posición en cuanto a los montos de subejercicio –menos gasto del presupuesto– por 380.7 millones de pesos.

Por otro lado, el monto observado en la primera y segunda etapa del gasto federalizado suma poco más de un mil millones de pesos, monto que significa 9.1 por ciento del total auditado y se registró un subejercicio de 981 millones.

Respecto a las observaciones con impacto económico pendientes de solventar en los fondos y programas auditados en la primera y segunda etapa de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016, para los cuales se concluyó el total de sus auditorías programadas, cabe destacar los siguientes aspectos para el estado:

• En el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun-DF), el monto pendiente de solventar de las observaciones entre 2012-2016 fue de 41.7 millones de pesos, mientras que el monto observado por la Cuenta Pública 2016 en la segunda etapa es de 173.6 millones de pesos.

• En el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa), el monto pendiente de solventar es de 748.5 millones de pesos en el periodo señalado.

• En el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), el importe pendiente de solventar es del orden de los 913.4 millones de pesos entre 2012-2016.

• En el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (Fortalece), el monto pendiente de solventar derivado del Pliego de Observaciones entre 2013-2016, asciende a 38 millones de pesos.

• En el Fondo para Fortalecer la Seguridad Pública (Fortaseg), el importe pendiente de solventar es de 13.1 millones de pesos entre el periodo 2012-2016.

• En Prospera Programa de Inclusión Social, las observaciones pendientes de solventar, derivadas de la Cuenta Pública 2016, primera etapa, ascienden a 126.1 millones de pesos.

En general, las observaciones con impacto económico pendientes de solventar durante el periodo 2011-2016, arrojan un importe total de 3 mil 518.5 millones de pesos.

Esta situación revela la ineficacia de la estrategia en materia de transparencia, propuesta desde el inicio del actual gobierno estatal. Cabe recordar que el Programa de Gobierno 2012-2018 planteó el desarrollo de una Agenda ciudadana para el Eje transversal de Buen Gobierno, donde uno de los grandes pendientes es la calidad y efectividad de los servicios gubernamentales en donde, entre otras cuestiones, expresa la necesidad de implementar verdaderas acciones de seguimiento y rendición de cuentas en todos los niveles y áreas de Gobierno.3

Al respecto, establece el proyecto Gobierno honesto y transparente, con la finalidad de asegurar la integridad y transparencia en el desempeño del servicio público, eliminando la opacidad, reduciendo los espacios para la corrupción e instrumentando mecanismos de rendición de cuentas y supervisión por parte de la sociedad.

Pese a estas buenas intenciones, las quejas relacionadas con irregularidades en el manejo de los recursos públicos han aumentado, situación preocupante si consideramos que la mayoría de las veces están destinados a programas económicos y sociales.

El artículo 2 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, establece que son sujetos de fiscalización: I. Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado; II. Los ayuntamientos; III. Las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal; y IV. Los organismos autónomos.

Asimismo, señala que la función de fiscalización también comprende los recursos públicos que se destinen y ejerzan por cualquier entidad, persona física o jurídico colectiva, pública o privada y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos, comités, patronatos, consejos o cualquier otra figura jurídica.4

Ante este panorama, es indispensable que los presuntos responsables de las irregularidades cometidas sean sancionados conforme a derecho, debido a que se trata de un ejercicio indebido de las arcas públicas, que limita la instrumentación de programas sociales y proyectos económicos en beneficio de la población.

Los recursos públicos deben implementarse con eficiencia, eficacia, honradez y transparencia, tal como lo establece nuestro marco normativo, por lo que ante cualquier irregularidad se deben efectuar las investigaciones correspondientes, a fin de imponer las sanciones conducentes.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta de

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Auditoría Superior de la Federación, informe a esta soberanía sobre el estatus que guardan las observaciones realizadas al gobierno del estado de Guanajuato en la Cuenta Pública 2016, así como las acciones administrativas y denuncias penales llevadas a cabo contra los presuntos responsables de las irregularidades detectadas en el manejo de los recursos públicos.

Notas

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFRCF.pdf

2 http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Informes_Especiales/
GASTO%20FEDERALIZADO_RESULTADOS%20DE%20LA%20FISCALIZACI%C3%93N_CUENTA%20P%C3%9ABLICA%202016_a.pdf

3 http://programa.guanajuato.gob.mx/pdf/programa.pdf

4 http://imug.guanajuato.gob.mx/wp-content/uploads/2017/05/
Ley-de-Fiscalizaci%C3%B3n-Superior-del-estado-de-Guanajuato.pdf

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los 24 días del mes de enero de dos mil dieciocho.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Veracruz a presentar un informe pormenorizado de las acciones desarrolladas y medidas por instaurar para identificar, sancionar y prevenir el secuestro y la desaparición forzada de personas en la entidad, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, senadores de la república, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La seguridad personal es una condición humana indispensable en un régimen de libertades y de Estado de Derecho como el nuestro, en este sentido, la privación ilegal de la libertad constituye una violación a los derechos humanos y a nuestras garantías como mexicanos.

Lamentablemente, en entidades como Veracruz se ha reportado un incremento de este delito durante la presente administración, afectando a empresarios, pequeños comerciantes, mujeres, estudiantes, jóvenes y público en general, produciendo un clima de inseguridad y violencia generalizada que merma la productividad del estado.

De acuerdo con Alto al Secuestro, sólo durante el 2017 en la entidad se registraron 316 secuestros, es decir, casi una persona diariamente era priva de su libertad. A decir de esta organización, se dio un aumento de por lo menos 462.2 por ciento durante el primer año de gestión del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, con relación al mismo periodo de su antecesor.1

Por su parte, el “Semáforo Delictivo” también evidencia un incremento en el número de secuestros del 30 por ciento con relación al año 2016 y un aumento de 43 por ciento en relación a la media nacional; la misma tendencia muestra los homicidios que se elevaron en 30 por ciento, y el robo a negocios en 96 por ciento.2

Para tener una idea general de la situación a la que se enfrenta la sociedad veracruzana, basta decir lo siguiente:

• Los municipios que presentan un mayor número de denuncias por secuestro son: la capital de la entidad, Coatzacoalcos, Boca del Río, Papantla, Tuxpan y el Puerto de Veracruz.

• Entre los sectores poblacionales más afectados destacan las mujeres, sólo en Coatzacoalcos se han denunciado 32 casos y en Poza Rica existen 16 denuncias de niñas y adolescentes que hasta este momento se desconoce su paradero.

• Organizaciones de la sociedad civil, como la “Asociación Nacional de Consejos de la Participación Cívica”, destaca que sólo entre el 2 por ciento o 3 por ciento de los secuestros se denuncian, esto constituye una limitante para sancionar el delito, para las investigaciones y la identificación de posibles redes de operaciones delincuenciales.3

La falta de información verídica, confiable y certera no contribuye a conocer la magnitud real del fenómeno y la identificación de los polígonos más peligrosos, asimismo, restringe la actuación oportuna de los elementos policiacos.

• Víctimas y familiares de las personas desaparecidas, acusan que se ha consolidado un panorama de impunidad, ya que los delincuentes en su mayoría no reciben una condena, por el contrario, alcanzan su libertad a unos días de haber sido consignados, situación que se suma a tramites gubernamentales engorrosos, tardíos y poco efectivos para combatir a la delincuencia.

• A decir de diversas fuentes, en Veracruz podría existir más de 15 mil personas desaparecidas, algunas de ellas por desaparición forzada. Este contexto abundaría al planteamiento de que hay más delitos de los que se denuncian ante la falta de credibilidad de las autoridades estatales.

• Xalapa fue el municipio con el mayor número de secuestros denunciados, presentándose con una mayor frecuencia a partir del mes de marzo del 2017, aquejando a comerciantes, empresarios, doctores y actores políticos.4

En el Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos que la instalación de videocámaras y la plataforma para identificar a los delincuentes, no darán los resultados esperados sino se trabaja en recuperar la confianza ciudadana hacia las instituciones de seguridad estatal, de procuración e impartición de justicia, ya que existen indicios de un probable involucramiento de estas autoridades estatales con organizaciones del crimen organizado.

Bajo estas directrices, consideramos fundamental que esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, sea informada de las acciones desarrolladas, los resultados alcanzados y los programas a instrumentarse en los próximos meses, con el objeto de atender, contener y disminuir los secuestros en el estado de Veracruz, ya que representa un quebranto a los derechos humanos y una limitante al pleno crecimiento y desarrollo de la entidad.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta.

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al gobierno del estado de Veracruz para que, presente un informe pormenorizado de las acciones desarrolladas y medidas a instrumentar durante los próximos meses, a fin de identificar, sancionar y prevenir el secuestro y la desaparición forzada de personas, ante el incremento sostenido en el número de casos durante el primer año de gestión del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al gobierno del estado de Veracruz para que, a través de sus instituciones de seguridad, procuración e impartición de justicia, y en coordinación con los gobiernos municipales, fortalezca s us acciones y estrategias gubernamentales enfocadas a contener la comisión de delitos como el secuestro y la desaparición forzada de personas, a fin de atender su incremento y garantizar la seguridad de la población.

Notas

1 Alto al Secuestro. (2018). Informe estatal Veracruz. 22/01/2018. Sitio web: http://altoalsecuestro.com.mx/wp/wp-content/uploads/2018/01/VERACRUZ.pd f

2 Proyecto social ciudadano para la paz en México. (2018). Semáforo Delictivo. 22/01/2018.Sitio web:

http://www.semaforo.com.mx/Semaforo/Incidencia

3 http://www.e-veracruz.mx/nota/2017-12-25/seguridad/se-denuncia-apenas-e l-20-de-los-secuestros-en-veracruz-matiello

4 Miguel Ángel León Carmona. (2017). Xalapa, capital de los secuestros. 22/01/2018, de E-Consulta Sitio web: http://www.e-veracruz.mx/nota/2017-12-27/seguridad/xalapa-capital-de-lo s-secuestros-en-2017

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 24 de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Morelos a instaurar cursos de capacitación y sensibilización en materia de derechos humanos para personal operativo y mandos policiales, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

A principios del año en curso, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos dio a conocer que durante el año 2017 aumentaron las quejas por presunta tortura en dicha entidad.

El ombudsman estatal señaló que, del año 2006 al 2017, ha radicado 86 quejas relacionadas con tortura, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, precisando que en 2017, recibió 30 quejas ciudadanas por hechos de esta naturaleza, 19 más que en 2016, año en el que la cifra fue de 11.1

Cabe destacar que de las 30 quejas en comento, 24 fueron en contra de la Comisión Estatal de Seguridad Pública y seis hacia la Policía de Investigación Criminal, de la Fiscalía General del Estado. Derivado de ello, en el mes de agosto de 2017 la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos emitió una recomendación, dirigida al presidente municipal de Juitepec y la Comisión Estatal de Seguridad Pública; cuatro expedientes fueron archivados por la inexistencia del acto reclamado; y 25 casos continúan en periodo de investigación.

Aunado a lo anterior, diversos medios de comunicación han dado a conocer que la Comisión Estatal de Seguridad Pública se ha colocado en su máximo histórico por violación a garantías individuales al acumular 233 quejas en 2017, lo que equivale a 17 casos más que en 2016, año en el que la cifra ascendió a 216.2

Dicha situación posiciona a la Comisión Estatal de Seguridad Pública como la dependencia con el mayor número de quejas por violación de derechos humanos en la entidad, seguida de Fiscalía General con 97 expedientes; el Instituto de la Educación Básica con 62; y la Secretaría de Salud con 11. Por otro lado, es oportuno precisar que de un total de 516 expedientes, 60 se convirtieron en recomendación (13 de la Comisión de Seguridad y nueve de la Fiscalía).

Ante este panorama, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI estimamos de la máxima relevancia que el gobierno del estado de Morelos implemente o en su caso, fortalezca sus cursos de capacitación y sensibilización en materia de derechos humanos dirigidos a personal operativo y mandos de policía, particularmente a quienes integran la Comisión Estatal de Seguridad Pública.

Para ponderar la pertinencia del asunto, lo primero que debemos advertir es que los derechos humanos son un conjunto de prerrogativas inalienables, imprescriptibles e inherentes a las personas que están sustentados en la dignidad humana, por lo que son indispensables para hacer posible el desarrollo individual y colectivo de la sociedad. En relación a su aplicación, ésta se rige por los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

De conformidad con el artículo 1, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en nuestro país todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Ley Fundamental y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia ley fundamental contempla.

Por lo que respecta a la conducción de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, cabe mencionar que en términos de la última porción normativa del párrafo noveno de la Constitución federal: La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos (...).

En el contexto internacional, es importante señalar que la primera porción normativa del artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, a la letra señala que: Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 3

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), en su artículo 1, numeral 1, dispone que: Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social .4

A partir de las consideraciones vertidas y con la certeza de que el Estado mexicano y los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno tenemos la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar el ejercicio de los derechos humanos en todo momento, estimamos que el presente punto de acuerdo debe ser atendido sin mayor dilación en beneficio de la población morelense.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Punto de acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Morelos a que, en el marco de sus atribuciones, instrumente cursos de capacitación y sensibilización en materia de derechos humanos dirigidos a personal operativo y mandos de policía, con énfasis en los integrantes de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, ante el incremento de quejas por presunta tortura y violación a garantías individuales registrado en la entidad durante 2017.

Notas

1 https://cdhmorelos.org.mx/Boletines-2018/

2 http://www.elgrafico.mx/morelos/18-01-2018/
comision-estatal-de-seguridad-rompe-record-en-violaciones-derechos-humanos

3 http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/

4 https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_de rechos_humanos.htm

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 24 días del mes de enero del año dos mil dieciocho.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al INAH a investigar diversas irregularidades de la entonces jefa delegacional en Tlalpan en la habilitación de la Escuela de Medicina Integral y Salud Comunitaria Doctor Guillermo Montaño Islas, que presumiblemente significaron daño a un inmueble catalogado como monumento histórico, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, senadores de la república del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos del país constituyen un patrimonio invaluable para los mexicanos, en virtud de que son muestra de nuestro pasado histórico y forman parte de la herencia cultural que nos define como mexicanos.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) es el organismo del gobierno encargado de difusión del patrimonio prehistórico, arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico de México. Asimismo, tiene la importante función de conservar y proteger dicho patrimonio.

Para cumplir estos últimos objetivos, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos establece en el artículo 6o. que los propietarios de bienes inmuebles declarados monumentos históricos o artísticos deberán conservarlos y en el caso de restauraciones, se deberá contar con autorización del instituto correspondiente.

De igual forma, los propietarios de inmuebles colindantes con un monumento que pretendan realizar obras que puedan dañar las características de estos inmuebles tendrán que obtener el permiso correspondiente.

En el caso de las autoridades de las entidades federativas y de los municipios, el artículo 7o. de la ley referida señala que cuando decidan restaurar y conservar los monumentos arqueológicos e históricos lo harán siempre, previo permiso y con la dirección del INAH.

Además, en el artículo décimo octavo de la ley en comento se establece que cuando dichas autoridades quieran llevar a cabo obras, están obligadas a utilizar los servicios de antropólogos titulados que asesoren y dirijan los rescates de arqueología bajo la dirección del INAH.

Mediante el trámite INAH-00-07, el instituto da el visto bueno para llevar a cabo cualquier tipo de obra en zona de monumentos arqueológicos, donde se presuma su existencia o predio colindante a un monumento arqueológico, con ello se busca salvaguardar el patrimonio ante posibles obras y restauraciones que pudieran dañarlo.

En una clara violación de dichas disposiciones, el gobierno delegacional de Tlalpan, encabezado en ese entonces por Claudia Sheinbaum, habilitó en un inmueble catalogado como un monumento histórico la Escuela de Medicina Integral y Salud Comunitaria Doctor Guillermo Montaño.

La casona se encuentra en la zona especial de desarrollo controlado, de acuerdo con un decreto establecido en el Diario Oficial de la Federación publicado el 11 de mayo de 1993.1

Como señala la normativa en la materia, las modificaciones realizadas para adecuar este inmueble a las necesidades de una educación educativa, tendrían que haberse realizado con el aval del INAH.

Las irregularidades relacionadas con la Escuela de Medicina Integral y Salud Comunitaria Doctor Guillermo Montaño no se limitan a la violación de diversas normas que tienen como objetivo preservar el patrimonio histórico, sino también representan una estafa para sus alumnos, en virtud de que hasta finales del año anterior, aún no contaban con las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios (RVOE).

De las cinco universidades financiadas e impulsadas por Morena, sólo una cuenta con el registro de validez oficial. Las Escuelas de Contabilidad y Administración Pública Leona Vicario (Cuauhtémoc), de Ingeniería Heberto Castillo Martínez (Tláhuac), la de Educación Normal José Santos Valdés (Xochimilco) y de Medicina Integral y Salud Comunitaria Doctor Guillermo Montaño (Tlalpan), no cuentan con el RVOE.2

La ausencia de la documentación que avale la calidad de los estudios y los programas que se imparten en dichas instituciones, lejos de demostrar el compromiso del partido Morena por brindar nuevas opciones educativas para los jóvenes, evidencia los intereses clientelares de dicho instituto político y un engaño que a la postre podría representar una problemática, porque una vez que hayan finalizado sus estudios no podrán con un título que avale sus estudios.

Las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios se otorgan a los solicitantes que cuenten con los siguientes requisitos: personal que acredite una preparación adecuada para impartir educación; instalaciones que cumplan con las condiciones de seguridad, higiene, pedagógicas; y planes de estudios autorizados por la autoridad otorgante, en este sentido, la ausencia del RVOE por las escuelas de Morena puede deberse a que éstas no cumplen con los requerimientos mencionados.

La Ley General de Educación establece en el artículo 59 que las instituciones educativas que ofrecen estudios sin contar con el RVOE están obligadas a mencionarlo en su publicidad y documentación correspondiente.

Las sanciones a los servicios educativos que no cuenten con el registro y no muestren de manera visible o no informen por ningún medio que no cuentan con el RVOE, se sancionará apercibiendo a los establecimientos para que subsanen inmediatamente las irregularidades además de que se les podrán imponer sellos de advertencia como medida precautoria. A su vez, se le sujetará a procedimientos administrativos por infracciones de la Ley General de Educación, mismos que pueden derivar en imposición de sanciones e incluso, la clausura.

Los legisladores del PRI consideramos urgente investigar posibles omisiones por las autoridades de Tlalpan, que podrían haber derivado en un daño a nuestro patrimonio cultural por las modificaciones realizadas en un inmueble que está catalogado como un monumento histórico.

De igual forma, consideramos necesario que las universidades creadas por Morena, transparenten los avances en los trámites de los respectivos reconocimientos de validez oficial de estudios, a fin de prevenir que los jóvenes que estudian en dichas instituciones educativas una vez que concluyan su formación, no cuenten con la documentación que valide los estudios cursados.

Por todo lo expuesto sometemos a consideración de esta asamblea el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Antropología e Historia a investigar diversas irregularidades por la entonces jefa delegacional en Tlalpan, Claudia Sheinbaum Pardo, en la habilitación Escuela de Medicina Integral y Salud Comunitaria Doctor Guillermo Montaño Islas que presumiblemente significaron un daño a un inmueble catalogado como monumento histórico.

Notas

1 “Escuela de medicina de Morena opera en Tlalpan sin registro oficial de la SEP”, en El Financiero,

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/escuela-de-medicina-de-morena
-opera-en-tlalpan-sin-registro-oficial-de-la-sep.html Consultado el 23 de enero de 2018.

2 “Escuelas de Morena cumplen un año... 4 de 5 aún son patito”, en La Razón, https://www.razon.com.mx/escuelas-de-morena-cumplen-un-ano-4-de-5-aun-s on-patito/ Consultado el 23 de enero de 2018.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 24 de enero de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México a realizar por la Auditoría Superior local una investigación sobre presuntas irregularidades en la construcción de la línea 7 del Metrobús y, en su caso, promover las acciones legales procedentes, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores de la república integrantes del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos son aspectos fundamentales para avanzar en la consolidación democrática. Se trata de componentes sustanciales para una gestión pública eficaz y eficiente, que contribuya al mejoramiento del bienestar de los ciudadanos.

El artículo 134 de la Constitución Política establece a la letra: “Los recursos económicos de que dispongan la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados”.

El párrafo séptimo del mismo artículo menciona: “Los servidores públicos de la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia de los partidos políticos”.

Pese a ello, a lo largo de la actual administración del jefe del gobierno de la Ciudad de México se han observado diversas irregularidades que atentan contra el manejo eficaz, eficiente, responsable y transparente en el ejercicio de los recursos públicos.

El 21 de junio de 2016, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se publicó la declaratoria de necesidad para la prestación del servicio de transporte público colectivo de pasajeros en el corredor Metrobús Reforma.1

Diversos medios periodísticos señalan que la obra de la línea 7 del Metrobús está inconclusa y cuesta 2 millones de pesos al día el retraso. Si se analizan la Cuenta Pública de 2016 y los informes trimestrales del gobierno de la Ciudad de México, se encuentra que los retrasos se registraron desde hace tiempo y que la planeación fue inadecuada.2

Para la línea 7 del Metrobús se tenían programados originalmente sólo 69 millones de pesos en el Presupuesto de 2016, éstos de ampliaron a 336 millones durante ese año, pero se ejercieron nada más 219 millones. Es decir, se registró un subejercicio de casi 40 por ciento.

Para 2017 se programaron 569 millones de pesos, pero hasta el último informe trimestral se habían ejercido solamente 193 millones. Eso significa que en caso de que la obra se detenga de manera definitiva ya se gastaron más de 400 millones, parte de los cuales corresponden al llamado fondo de capitalidad, por lo que se trata de recursos federales que pueden y deben de ser fiscalizados tanto por la Auditoría Superior de la Federación como para la Secretaría de la Función Pública.

Al respecto, el jefe del gobierno de la Ciudad de México declaró que los autobuses que se pretende meter en el proyecto de la línea 7 tendrían un costo cada uno de entre 8 y 11 millones de pesos.3

Por otra parte, se han presentado diversas inconformidades y denuncias ciudadanas desde el inicio de la obra, e incluso antes. A principios de mayo de 2017, vecinos que forman parte de comités ciudadanos de Polanco, en la delegación Miguel Hidalgo, exigieron al gobierno de la Ciudad de México cambiar el trazo de la línea 7 del Metrobús para que no corriera por Paseo de la Reforma, sino por Chapultepec y Constituyentes.4

La obra ha generado una serie de protestas vecinales, por la mala planeación que debería ser previa a la construcción. Lo anterior definitivamente reduce los beneficios sociales del proyecto, ya que ese tipo de transporte está planeado para trayectos largos por lo que se estima posibles irregularidades en la distribución de los recursos públicos.

Lo anterior es sólo un ejemplo que da cuenta de la opacidad y poca transparencia en el manejo de los recursos públicos en el gobierno de la Ciudad de México, en detrimento de la implementación o fortalecimiento de proyectos económicos y programas sociales prioritarios.

La Auditoría Superior de la Ciudad de México ejerce la función de ordenar visitas, revisiones, inspecciones y, principalmente, practicar auditorías; solicitar informes; y revisar libros, documentos, registros, sistemas y procedimientos para verificar si la recaudación de los ingresos se realizó eficientemente para la consecución de objetivos y conforme a la normatividad aplicable.5

El artículo 3 de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México señala que la Auditoría Superior es la entidad de fiscalización superior de la Ciudad de México, a través de la cual la Asamblea tiene a su cargo la fiscalización del ingreso y gasto público del gobierno del Distrito Federal, así como su evaluación.

La función fiscalizadora que realiza la Auditoría Superior se ejerce de manera posterior a la gestión financiera, tiene carácter externo y por lo tanto se lleva a cabo de manera independiente y autónoma de cualquier otra forma de control o fiscalización interna de los Sujetos de Fiscalización.6

La falta de transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos, es inadmisible en una entidad, como la Ciudad de México, donde persisten problemas y rezagos sociales que impiden garantizar de manera plena los derechos fundamentales de la población como la seguridad pública, y el acceso a la educación y la salud principalmente.

En atención de las aristas del asunto, entre los que destacan la movilidad, el medio ambiente y la transparencia y rendición de cuentas, es de vital importancia que el gobierno de la Ciudad de México realicen una investigación sobre presuntas irregularidades en los costos e inversión relacionados con la construcción de la línea 7 del Metrobús, a fin de prevenir posibles desvío de recursos públicos en la capital del país, en perjuicio de la población.

Por lo expuesto sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México a realizar por la Auditoría Superior de la capital del país una investigación sobre presuntas irregularidades en la construcción de la línea 7 del Metrobús y, en su caso, promover las acciones que conforme a derecho procedan. Asimismo, para que el gobierno de la Ciudad de México envíe a esta soberanía un informe sobre los recursos programados e invertidos en esta obra.

Notas

1 http://data.metrobus.cdmx.gob.mx/docs/L7/DN_MBL7.pdf

2 https://www.forbes.com.mx/los-pretextos-de-mancera-el-metrobus-y-otras- obras/

3 http://www.economiahoy.mx/nacional-eAm-mx/noticias/8443985/06/17/
Pagare-el-costo-politico-de-la-Linea-7-del-Metrobus-Mancera.html

4 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/05/5/
vecinos-de-polanco-exigen-cambiar-trazo-de-linea-7-del-metrobus

5 http://www.ascm.gob.mx/Portal/Main.php

6 http://www.aldf.gob.mx/archivo-7c74b0af310c5dd648c026e012f95740.pdf

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 24 de enero de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los delegados en Azcapotzalco, Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco y Cuauhtémoc a presentar un informe pormenorizado sobre la ejecución de los programas sociales, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con diversas denuncias públicas, Morena en las delegaciones de la Ciudad de México ha incurrido en una serie de irregularidades en el destino y ejercicio de los recursos públicos de los programas sociales para beneficiar a sus candidatos, conflicto de interés, malversación de fondos y actos de corrupción.

Sólo en la delegación Cuauhtémoc, se documentó como su ex titular Ricardo Monreal Ávila, sin ningún procedimiento administrativo de por medio, entregó de manera directa por lo menos 600 mil pesos a 300 personas beneficiarias de programas sociales, entre ellas, adultos mayores, personas con discapacidad y jóvenes, según él para subsanar la falta de tarjetas.

La Auditoría Superior de la Federación por su parte, encontró un probable daño a la hacienda pública por 83 mil 300 pesos, derivado de múltiples anomalías en el ejercicio de los fondos por “servicios personales”, además también identificó que la demarcación no cuenta con un sistema de control que le permita utilizar de manera ordena, eficiente y transparente los presupuestos.

Otra delegación en la que se ha denunciado el uso clientelar y actos de corrupción en la selección de los beneficiarios de los programas sociales es Xochimilco, en ella se ha manifestado que resultan apoyados sólo las personas que mantienen fines políticos con Morena, incluso se les llega a prometer ser objeto de dobles beneficios de programas delegacionales y del gobierno de la Ciudad de México.

En la delegación Tlalpan, organizaciones de la sociedad civil y grupos vecinales están demandando que los beneficios de los programas sociales instrumentados después de los sismos del pasado septiembre, sirvan para subsanar las necesidades derivadas de la pérdida del patrimonio y que no se conviertan en una moneda de cambio político para el próximo proceso electoral.

Por si esto no fuera suficiente, en la misma delegación existen indicios de un manejo indebido de 200 millones de pesos, ya que lo supuestamente ejercido no coindice con lo justificado ante la Secretaría de Finanzas del gobierno de la Ciudad de México. A pesar de ello, el jefe delegacional (quien enfrenta un proceso legal), dijo que estas diferencias se deben a los presupuestos modificados y a las participaciones extraordinarias de los que fueron acreedores en los últimos meses.1

Este panorama de anomalías no dista de lo que se vive en Azcapotzalco, ya que también en esta delegación se han encontrado, entre ellas, la falta de mecanismos de selección en el programa “Mujeres con Oficio”, ya que presuntamente sólo se ofrece a personas a fines a Morena.

No es la primera ocasión en la que estas delegaciones se ven relacionadas con poca transparencia, prueba de ello, son los resultados de diversos informes de los integrantes de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México quien concluyó “ejercicios opacos en la consulta de información Pública”.2

Se detectó información desactualizada, páginas de internet deficientes, datos que no cumplen con las obligaciones de transparencia, omisiones en la estadística básica gubernamental e incumplimientos con los plazos en las solicitudes de información.

Estas acciones vulneran el derecho a la información, el principio de la rendición de cuentas y el del acceso a la información pública gubernamental, los cuales constituyen pilares indispensables de nuestro régimen democrático y de estado de derecho.

Bajo estas directrices, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI consideramos necesario que los jefes delegacionales de Azcapotzalco, Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco y Cuauhtémoc presenten ante esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, un informe detallado sobre la instrumentación de diversos programas sociales.

Lo anterior es determinante para esclarecer diversas denuncias públicas sobre presuntas anomalías como uso el uso de estos programas con fines electorales para beneficiar a los candidatos de Morena, así como poca transparencia en la entrega de los beneficios y desvío de recursos públicos.

En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos convencidos de que los programas sociales y en general los recursos públicos, deben ser ejercidos con economía, transparencia y eficacia, pero particularmente para los fines para los cuales fueron aprobados.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta.

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta a los titulares de las delegaciones Azcapotzalco, Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco y Cuauhtémoc para que, en el marco de sus atribuciones, presenten un informe pormenorizado en relación al ejercicio de los programas sociales, en particular, a los montos ejercidos, el número de usuarios y los beneficios entregados, ante las denuncias públicas de su presunto uso con fines electorales, poca transparencia en su entrega, conflicto de interés y desvío de recursos públicos. Asimismo, para que la Contraloría General de la Ciudad de México realice un seguimiento puntual de los recursos ejercidos por estas demarcaciones, a fin de evitar su uso electoral.

Notas

1 Diana Villavicencio. (2017). Por irregularidades, solicitan auditar gastos en Tláhuac. 23/01/2018, de El Universal Sitio web: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/04/19/por-ir regularidades-solicitan-auditar-gastos-en-tlahuac

2 Ilich Valdez. (2018). Delegaciones de Morena, las menos transparentes: comisión de ALDF. 23/01/2018, de Milenio Sitio web: http://www.milenio.com/df/delegaciones-morena-comision-transparencia-in fo-cdmx_0_1099090216.html

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, al día 24 del mes de enero del año dos mil dieciocho.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Baja California a fortalecer las políticas públicas dirigidas a salvaguardar y proteger el interés superior de la niñez, pues la entidad ocupa el primer lugar nacional en el número de víctimas de corrupción de menores, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, senadores de la república integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La publicación de la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y adolescentes, el 4 de diciembre de 2014, marca el inició de un cambio de paradigma en la forma en la que el estado mexicano tutela los derechos de la niñez.

En dicho ordenamiento jurídico, no sólo se establece el concepto de protección activa a favor de este sector de la población, sino también se incluye el principio de interés superior de la niñez, contemplado en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con ello, se reconoce como una cuestión inherente a la condición de niña, niño y adolescente, los derechos establecidos tanto en el derecho nacional como como internacional, pero principalmente, el ordenamiento jurídico instrumenta mecanismos para la protección y ejercicio de estos derechos.

El 21 de diciembre de 2015, el presidente Enrique Peña Nieto instaló el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SNPI-NNA). Dicha instancia es de la mayor relevancia, ya que es la encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de este sector de la población a través de la coordinación de los tres órdenes de gobierno, que permiten la articulación de las políticas públicas dirigidas a este fin.

La protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, es una responsabilidad compartida entre los tres órdenes de gobierno, por ello la ley establece la creación de Sistemas de Protección tanto en las entidades federativas, como en los municipios.

En el Estado de Baja California, en el mes de marzo de 2016, se puso en marcha el Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, sin embargo, dicha instancia no ha garantizado una efectiva protección de los derechos de la niñez en dicha entidad.

De acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Baja California ocupó el primer lugar a nivel nacional en el número de víctimas del delito de corrupción de menores durante el año 2017.*

* “Es BC primero en corrupción de menores”, La Crónica < http://www.lacronica.com/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/19012018/1300769 -Es-BC-primero-en-corrupcion-de-menores.html> Consultado el 23 de enero de 2018.

A nivel nacional, entre los meses de enero a noviembre de 2017, se reportaron 2 mil 24 víctimas de corrupción de menores, de las cuales 16.25 por ciento radicaban en Baja California.

El artículo 261 del Código Penal del estado de Baja California, a la letra dispone que:

Al que obligue, procure, facilite, o induzca la corrupción de una persona menor de dieciocho años de edad o de quien no tiene la capacidad para comprender el significado del hecho o persona que no tiene capacidad para resistirlo, induciéndola a la ebriedad o a vivir de la caridad pública sin justificación, se le aplicará de uno a cinco años de prisión y de cien a trescientos días multa.

Cuando la conducta encaminada a corromper consista en la realización de actos sexuales reales o simulados o a inducirlo a la práctica de la prostitución, el uso o consumo de sustancias toxicas, psicotrópicas, señaladas en la Ley General de Salud, formar parte de una asociación delictuosa, o cometer algún delito, la pena será de cinco a diez años de prisión y de trescientos a setecientos días multa.

Asimismo, comete el delito de corrupción a que se refiere este capítulo, quien ejecute actos de exhibicionismo corporal con fin lascivo o sexual ante una o varias personas menores de dieciocho años de edad o que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho, o que no tienen capacidad para resistirlo, o los obligue, induzca, procure o facilite a realizar dichos actos se le impondrá una pena de seis meses a dos años de prisión y de treinta a trescientos días de multa.

No se entenderá por corrupción, los programas preventivos, educativos o de cualquier índole que diseñen e impartan las instituciones públicas, privadas o sociales que tengan por objeto la educación sexual, educación sobre función reproductiva, la prevención de enfermedades de transmisión sexual y el embarazo de adolescentes, siempre que estén aprobados por la autoridad competente; las fotografías, video grabaciones, audio grabaciones o las imágenes fijas o en movimiento, impresas, plasmadas o que sean contenidas o reproducidas en medios magnéticos, electrónicos o de otro tipo y que constituyan recuerdos familiares.

De acuerdo con el artículo 43, párrafo cuarto, fracción I del propio Código Penal de Baja California, se presume la existencia del daño moral en casos de corrupción de menores o incapaces en cualquiera de las modalidades previstas en dicho código sustantivo.

El Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 167, párrafo quinto, fracción IX señala que la corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, se considera un delito que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Los legisladores del PRI, consideramos que resulta apremiante que el Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Baja California, fortalezca las acciones para garantizar un desarrollo pleno de la niñez de dicha entidad federativa.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Baja California para que, fortalezca las políticas públicas dirigidas a salvaguardar y proteger el interés superior de la niñez, en virtud de que dicha entidad federativa ocupa el primer lugar a nivel nacional en el número de víctimas del delito de corrupción de menores.

Dado en el recinto de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 24 de enero de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a llevar a cabo por la Contraloría General las investigaciones correspondientes sobre presuntas irregularidades en el manejo de los salarios de trabajadores de Xochimilco por el jefe delegacional, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, senadores de la república integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La actual administración de la delegación Xochimilco, se ha caracterizado por la mínima o nula prestación de servicios básicos. Destaca el desabasto de agua potable, la falta de mantenimiento de vialidades, la inseguridad, infraestructura deteriorada y el transporte público deficiente, situación que se agravó con los daños ocasionados por los sismos del pasado mes de septiembre y que se han mantenido así, sin que haya respuestas por parte de las autoridades delegacionales.

Lo anterior, deja de manifiesto la falta de capacidad, sensibilidad y empatía por parte de Avelino Méndez Rangel para atender las necesidades de los habitantes.

Por si esto no fuera suficiente, el jefe delegacional de Xochimilco también ha sido cuestionado por instruir y emprender persecuciones en contra de los trabajadores de la demarcación, como son las personas que laboran en las denominadas trajineras, espacio que dicho sea de paso, también ha sido afectado por el incremento de la violencia e inseguridad en la demarcación.

Aunado a lo anterior, en días recientes diversos medios de comunicación dieron a conocer que un grupo de trabajadores de la delegación Xochimilco, contratados bajo el rubro denominado “autogenerados”, acusan al titular de la demarcación Avelino Méndez Rangel de retener sus salarios para utilizarlos en fines distintos a la contraprestación que les corresponde con motivo de sus labores en la demarcación. Al efecto, precisan que hay diferentes casos en los que no han podido cobrar sus mensualidades desde agosto de 2017 y siguen trabajando: http://diariobasta.com/2018/01/06/xochimilco-jinetean-dinero-trabajador es/

Ante esta situación, incluso han llevado a cabo manifestaciones en las que también solicitan la intervención de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, al considerar que han sido vulnerados sistemáticamente sus derechos laborales e individuales, preocupación con la que coincidimos y estimamos debe ser resulta sin mayor dilación.

Bajo esta tesitura, es de vital importancia que el delegado de Xochimilco esclarezca la situación que se presenta en detrimento de las familias y trabajadores de la demarcación, quienes además, han indicado que los recursos financieros obtenidos desaparecen, sin que sean informados en que rubros son destinados y peor aún, cuando serán cubiertos sus salarios.

En atención a la urgencia del caso que motiva el presente punto de acuerdo, los trabajadores contratados afectados, anunciaron que van a intensificar acciones como son marchas, plantones y cierre de oficinas, si el delegado continúa sin cumplir con su obligación de pagar los salarios por los meses ya trabajados.

Ante este panorama, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI consideramos pertinente y necesario que la Contraloría General de la Ciudad de México, conozca del asunto, toda vez que es la dependencia encargada de realizar la fiscalización y la evaluación de la gestión pública de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades paraestatales en la capital del país.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones y a través de la Contraloría General, lleve a cabo las investigaciones correspondientes con relación a presuntas irregularidades en el manejo de los salarios de diversos trabajadores de la delegación Xochimilco por parte del jefe delegacional Avelino Méndez Rangel, a fin de salvaguardar los derechos laborales de quienes prestan servicios en la demarcación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 24 de enero de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Puebla a fortalecer las atribuciones de las instituciones involucradas en la atención de la violencia de género, así como las políticas de prevención y atención, ante el incremento de denuncias de violación de derechos humanos y feminicidios en la entidad, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En diversos momentos, los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI hemos sostenido que en el estado de Puebla, diariamente las mujeres están expuestas a transgresiones físicas, psicológicas y verbales.

Este panorama se ha agravado durante esta administración en la que se han elevado los índices delictivos, particularmente en los hogares, espacios públicos y transporte colectivo. De acuerdo con diversos medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil sólo en el 2017 se cometieron más de 100 feminicidios.

Aunado a lo anterior, el secretario nacional de Seguridad Pública reveló en su reporte 2017, que en la entidad se llevaron a cabo 112 homicidios intencionales contra mujeres, cifra que posicionó a la entidad como una de las más inseguras del país para este sector poblacional.

En este 2018 la situación no ha mejorado ya que sólo durante los primeros días, la Fiscalía General del Estado de Puebla ha reconocido por lo menos 5 feminicidios, entre ellos, se encuentra la muerte de una joven de 15 años en el municipio de Atlixco y un doble feminicidio en Tehuacán donde una de ellas, presentaba un embarazo de ocho meses.1

Uno de los últimos reportes de feminicidio se denunció el pasado 18 de enero de 2018, en la denuncia se daba cuenta el fallecimiento de una mujer a consecuencia de un disparo en el ojo al interior de un establecimiento al sur de la capital del estado.2

Por la violencia cometida también destaca el homicidio de Mariana Fuentes Soto, una estudiante de derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, quien fue privada de la vida en la calle 45 A Poniente entre la 17 y 19 Sur, en la colonia Reforma Agua Azul, o el feminicidio de Mara Fernanda Castilla Miranda, quien fue presuntamente violada sexualmente, golpeada y privada de la vida, para después ser abandonada en una barranca de la zona de Santa María Xonacatepec.3

La alta incidencia delictiva contra las mujeres deja de manifiesto que los programas y acciones gubernamentales llevadas a cabo por parte de las autoridades estatales no han dado los resultados esperados, ya que el número de feminicidios, se han incrementado en municipios como Puebla de Zaragoza, Tehuacán, Atlixco, Izúcar de Matamoros y Teziutlán.

Es de vital importancia el cese de la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres, además de eliminar las desigualdades que pueden derivar en factores de riesgo para una vida libre de violencia, para ello, es relevante fortalecer las capacidades institucionales de las corporaciones de seguridad pública para identificar, prevenir y sancionar de manera eficiente las acciones de este tipo, que lastiman a una sociedad de oportunidades para todos los sectores poblaciones.

Garantizar un clima adecuado de pleno crecimiento y desarrollo, constituye una de las prioridades para el Grupo Parlamentario del PRI, de ahí de la relevancia del presente punto de acuerdo que tiene como objeto el esclarecimiento de los hechos acontecidos el pasado 30 de septiembre de 2017 en el que perdió la vida Mariana Fuentes Soto.

Insistimos en la necesidad de dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para asegurar un clima de seguridad para las mujeres, quienes durante las dos últimas administraciones estatales han sufrido constantemente violaciones a sus derechos humanos y transgresiones a sus libertades.

Este panorama de alta vulnerabilidad debe ser atendido de manera integral, visibilizando esta problemática, ya que de no hacerlo, se impide o limita su atención y prevención de manera adecuada.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta de

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Puebla a que, en el marco de sus atribuciones, amplié y fortalezca las facultades de las instituciones de la administración pública estatal involucradas en la atención de la violencia de género, así como las políticas de prevención y atención, ante el incremento de denuncias de la violación de derechos humanos y feminicidios en la entidad.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Puebla a que presente un informe detallado de las acciones emprendidas para prevenir la violación a los derechos humanos y feminicidios en la entidad.

Notas

1 Magarely Hernándex. (2018). Fiscalía reconoce 5 feminicidios en los primeros días del 2018. 23/01/2018, de Central Sitio web:

http://www.periodicocentral.mx/2018/pagina-negra/feminicidios/item/
1583-fiscalia-reconoce-5-feminicidios-en-los-primeros-dias-el-2018

2 Edmundo Velázquez. (2018). Feminicidio 8 en Puebla: a Violeta le dispararon en un ojo, y dentro del bar Noa Noa de la capital. 23/01/2018, de Central Sitio web:

http://www.sinembargo.mx/20-01-2018/3375992

3 Edgar Ávila. (2017). Asesinan a universitaria en aparente asalto en Puebla. 02/10/2017, de El Universal Sitio web:

http://www.eluniversal.com.mx/estados/asesinan-universit aria-en-aparente-asalto-en-puebla

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, al día 24 del mes de enero del año dos mil dieciocho.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México a instaurar acciones y prevenir el uso electoral de programas sociales por las autoridades delegacionales de Coyoacán, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Los programas sociales tienen como propósito mejorar las condiciones de vida de la población. A través de su instrumentación, las autoridades de los tres órdenes de gobierno buscan abatir las carencias sociales de los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, tales como: rezago educativo, carencia por acceso a salud, seguridad social, calidad y espacios en la vivienda, servicios en la vivienda y alimentación.

En este contexto, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 449, inciso e), establece como infracción el uso de programas sociales y de sus recursos por parte de los servidores públicos de todos los niveles de gobierno con el fin de inducir o coaccionar el sentido del voto de los ciudadanos.

Por su parte, el artículo 320, párrafo segundo, del Código de Procedimientos Electorales del Distrito Federal, establece que los partidos políticos, coaliciones y candidatos no podrán adjudicarse o utilizar en beneficio propio la realización de obras públicas o programas de gobierno. Además, el párrafo tercero del propio precepto jurídico, señala que durante las campañas políticas solo podrán aplicar programas emergentes destinados a la ciudadanía para los casos de desastres naturales y protección civil.

En contravención a estas disposiciones, diversos medios de comunicación han documentado en reiteradas ocasiones, el uso electoral de programas sociales por parte de las autoridades delegacionales de Coyoacán.

Tal es el caso de la entrega de más 13 mil tarjetas “Por Ti”, mediante la cual se otorgó un apoyo económico de más de 4 mil pesos a personas de escasos recursos, lo que representó una erogación de más de 52 millones de pesos.

De igual forma, es conocido el caso de la entrega de tinacos de mil cien litros en las colonias con mayor grado de marginación, como Pedregal de Santo Domingo y Santa Úrsula, dicho apoyo se justificó como una medida para solucionar la problemática de escasez de agua en la demarcación, empero, la entrega de estos tinacos, solo se otorgaron a aquellos domicilios en los que habitan más de tres adultos, los cuales tenían que entregar copia de sus respectivas credenciales.

En octubre de 2017, vecinos de la delegación Coyoacán denunciaron que en dicha demarcación los programas sociales se encuentran condicionados a cambio de votos, debido a que eran entregados en función del número de credenciales que pudieran juntar las autoridades delegacionales. Al efecto, señalaban que: Si el interesado logra juntar las credenciales de elector de diez personas que se comprometan a votar por los candidatos del PRD en la demarcación, tiene garantizado acceder a algún programa. 1

Asimismo, señalaron que otra de las condiciones para ser beneficiado consistía en asistir a mítines durante el desarrollo de campañas y retirar propaganda de partidos políticos distintos al de la demarcación (PRD). Por otro lado, indicaron que la mayor parte de los apoyos que el gobierno delegacional eran en especie, mediante materiales para la construcción, pinturas para el hogar y despensas.

Otro caso que da muestra del inadecuado uso, destino y ejercicio de los recursos públicos en la delegación Coyoacán se registró en junio de 2017, cuando se dio a conocer que el gobierno de dicha demarcación gastó 292 millones de pesos en apoyos diversos, tales como la entrega de 20 mil vajillas a madres; útiles escolares a 79 mil 299 niños; 33 mil tabletas electrónicas, rubros donde se han denunciado irregularidades y que deben ser esclarecidas sin mayor dilación.2

También existe el precedente sobre el acaparamiento que la delegación Coyoacán realizó en el almacenamiento y entrega de víveres a consecuencia de los sismos del pasado mes de septiembre. Las organizaciones vecinales, han señalado que las autoridades hacían uso de los apoyos de manera facciosa e irregular.

Los hechos son contundentes y dan cuenta de un comportamiento sistemático de las autoridades de la delegación Coyoacán, que desvirtúan el propósito de los programas sociales dirigidos a brindar atención a las necesidades de los grupos más vulnerables de la demarcación y además vulneran el principio de equidad en el desarrollo de los procesos electorales.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el presente:

Punto de acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México a que instrumente las acciones necesarias para prevenir el uso electoral de programas sociales por parte de las autoridades delegacionales de Coyoacán, y en su caso, promueva las sanciones que conforme a derecho procedan.

Notas

1 Alfredo Páez. (2017). “Coyoacán condiciona programas sociales a cambio de ¡votos!”. 23 de enero de 2018, de ElBigDat Sitio web: https://elbigdata.mx/city/coyoacan-condiciona-programas-sociales-a-camb io-de-votos/

2 Dalila Sarabia. (2017). “Gasta Coyoacán 292 mdp en apoyos”. 23 de enero de 2018, de El Norte Sitio web:

http://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/articulo/defaul t.aspx?id=1132623&md5=d0c97982a53b39636e394f9128fd9f6e&ta=0dfdb ac11765226904c16cb9ad1b2efe

Dado en el recinto de San Lázaro, a los 24 días del mes de enero de 2018.

(Rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 27 de enero, Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, suscrita por el senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del PRI

“La memoria y la libertad deben ser ejercicios cotidianos de todos para evitar un nuevo holocausto y violaciones a los derechos humanos”

Cristina Fernández de Kirchner

Política y abogada, expresidenta de la nación argentina.

El genocidio consiste en la aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos. Sin duda, uno de los crímenes más abominables de la humanidad.

Este concepto nos trae a la mente casi de inmediato, la persecución y asesinato metódico, burocráticamente organizado y auspiciado en contra de seis millones de judíos por parte del otrora régimen nazi y sus colaboradores.

Una de las peores tragedias de la humanidad en lo que se decía un mundo “civilizado”, cuando para el año de 1945, según datos históricos, se había asesinado a casi 2 de cada 3 judíos europeos como parte de la política nazi y lo que llamaron “Solución final”.

Más no solo fue este pueblo el objetivo, sino miles de romaníes (gitanos) que también eran considerados una amenaza para la Alemania de aquellos años, y miles de pacientes discapacitados física o mentalmente en un terrorífico y denominado “Programa de Eutanasia”.

Hechos que parecieran salidos de una de las más espeluznantes y sanguinarias películas de horror, pero que lamentablemente forman parte de las líneas de la historia.

No podemos volver el tiempo atrás, pero mirando hacia el futuro, es necesario tomar conocimiento y conciencia de este tipo de acontecimientos para que la comunidad entera pueda tomar medidas para evitarlos y que nunca más se vuelvan a registrar actos de genocidio.

Sabemos que no se trata del único acto de esta naturaleza, pero sirva para tomarlo como referencia para que eso no vuelva a suceder.

Por ello, muy destacable que Naciones Unidas (ONU) haya designado el 27 de enero de cada año (aniversario de la liberación de los campos de exterminio nazis) como Día Internacional de Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto, e inste a los Estados miembros a que “elaboren programas educativos que inculquen a las generaciones futuras las enseñanzas del Holocausto con el fin de ayudar a prevenir actos de genocidio en el futuro”.

En el marco de esta conmemoración, un recuerdo y homenaje a la memoria de quienes perecieron en los tan execrables acontecimientos del Holocausto y un reconocimiento al coraje y valor de los supervivientes y de todos aquellos que ayudaron y contribuyeron a su liberación.

Dado en la Ciudad de México, a 24 de enero de 2018.

Senador Jesús Casillas Romero (rúbrica)

Con motivo del 26 de enero, Día Mundial de la Educación Ambiental, a cargo del senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del PAN

La educación ambiental es un proceso dinámico y participativo que busca despertar en la población una conciencia que le permita identificarse con la problemática ambiental tanto a nivel general, como a nivel específico (medio donde vive).

También busca identificar las relaciones de interacción e independencia que se dan entre el el medio ambiente y el hombre, así como también se preocupa por promover una relación armónica entre el medio natural y las actividades humanas a través del desarrollo sostenible, todo esto con el fin de garantizar el sostenimiento y calidad de las generaciones actuales y futuras.

La educación ambiental, además de generar una conciencia y soluciones pertinentes a los problemas ambientales actuales causados por actividades humanas y los efectos de la relación entre el hombre y el medio ambiente, es un mecanismo que infunde la interacción que existe dentro de los ecosistemas.

El 26 de enero de cada año se celebra el “Día Mundial de la Educación Ambiental”, puesto que en 1975, se celebró en Belgrado, capital de la República de Serbia, el Seminario internacional de educación ambiental, donde participaron expertos de más de 70 países.

En este evento se establecieron los principios de la educación ambiental en el marco de los programas de las Naciones Unidas. Como resultado se publicó la Carta de Belgrado, en la cual se plasman las reivindicaciones fundamentales de la educación ambiental.

El documento señala que “es absolutamente vital que todos los ciudadanos del mundo insistan en medidas que apoyen un tipo de crecimiento económico que no tenga repercusiones perjudiciales para las personas, para su ambiente ni para sus condiciones de vida”.

Asimismo, también indica que “es necesario encontrar maneras de asegurar que ninguna nación crezca o se desarrolle a expensas de otra y que el consumo hecho por un individuo no ocurra en detrimento de los demás. Los recursos de la Tierra deben desarrollarse de forma que beneficien a toda la humanidad y que proporcionen mejoría de la calidad de vida de todos”.

El mundo está creciendo de una forma descontrolada, los recursos cada vez son menores y la población es cada vez mayor, de ahí la importancia de cuidar nuestro entorno, y sobre todo, inculcar a las nuevas generaciones un amor y respeto por el medio ambiente.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 24 de enero de 2018.

Senador Francisco Salvador López Brito (rúbrica)

Con motivo del 26 de enero, Día Mundial de la Educación Ambiental, suscrita por el Grupo Parlamentario del PVEM

Con la educación ambiental, un proceso pedagógico dinámico y participativo, se busca despertar en la población una conciencia que le permita identificarse con la problemática ambiental, tanto a escala mundial como local.1 Es mediante la reflexión con lo que el hombre puede buscar una solución ante la problemática ambiental y crear hábitos para no afectar al sector ambiental aún más de lo que se le ha afectado.

El 26 de enero se conmemora como Día de la Educación Ambiental, esta efeméride se celebró a partir de la Declaración de Estocolmo en 1972, en la cual se debatió por primera vez sobre la importancia de cuidar el ambiente, así como el uso de estrategias y técnicas pedagógicas que hablen sobre la conservación de los recursos naturales.

El Principio 19 de dicha Declaración precisa la importancia de una labor de educación en cuestiones ambientales, dirigida tanto a las generaciones jóvenes como a los adultos, y que preste la debida atención al sector de población menos privilegiado, para ensanchar las bases de una opinión pública bien informada, y de una conducta de los individuos, de las empresas y de las colectividades inspirada en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del ambiente en toda su dimensión humana.2

El objetivo de la educación ambiental es crear conciencia en las personas y los gobiernos respecto de la necesidad de participación para conservar y proteger el medio ambiente. En cuanto los temas que promueve la educación ambiental son muy bastos y enriquecedores, ejemplo de ello son los temas orientados al cuidado del agua, la importancia de las áreas verdes urbanas, el valor de la biodiversidad, la modificación de nuestros hábitos de consumo, la separación de residuos, la calidad del aire.

Es importante señalar que la educación sobre el cuidado del ambiente no solo se promueve dentro de un aula de clases, sino también a través de talleres, cursos, conferencias, eventos masivos, actividades de reforestación y limpieza de playas, entre otros factores por las que las personas pueden crearse una educación ambiental, pues a través de estas actividades organizadas de manera gubernamental o particular podemos crearnos una educación ambiental.

La forma de erradicar el daño al ambiente tiene que ser a través de la educación del cuidado ambiental, pues al generar una conciencia sobre este tema en los salones de clases, los alumnos tendrán conocimientos más precisos sobre los daños que se pueden causar al ambiente con las actividades de la vida cotidiana de los hombres.

Para el Partido Verde es de relevancia generar una cultura ambiental en los ciudadanos mexicanos, ya que de esta manera la preservación ambiental creará una sociedad más dinámica y limpia.

Es por esto que el Partido Verde ha propuesto una reforma constitucional y una a leyes secundarias para lograr la impartición de manera obligatoria de la educación ambiental en la enseñanza que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares.

Desafortunadamente estas propuestas no han podido materializarse, pero los senadores del PVEM continuaremos trabajando para su aprobación y con ello lograr desde la infancia la participación de todos a conservar y proteger el ambiente.

Notas

1 http://www.semarnatcam.campeche.gob.mx/26-de-enero-dia-de-la-educacion- ambiental/

2 http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/INST%2005.pd f

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, 24 de enero de 2018.

(Rúbrica)

Con motivo del octogésimo aniversario del fallecimiento de Matilde Montoya Lafragua, primera médica mexicana, a cargo del senador Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del PRI

Matilde Petra Montoya Lafragua nació en la Ciudad de México el 14 de marzo de 1857. Estudió lo que se llamaba educación elemental, los tres primeros años de primaria y educación superior. Después de la muerte de su padre, se inscribió en la carrera de Obstetricia y Partera, tras dificultades económicas tuvo que abandonarla.1

Estudió partería en el Establecimiento de Ciencias Médicas. A los 16 años recibió el título de Partera y de estableció en Puebla para llevar a cabo su trabajo.

Algunos médicos realizaron una campaña de difamación en su contra, acusándola de ser “masona y protestante” pero esto no fue un impedimento para que siguiera estudiando, así que pidió su inscripción en la Escuela de Medicina de Puebla. Tras diversas críticas decide regresar a la Ciudad de México para ingresar a la Escuela Nacional de Medicina.

Para poder realizar su examen profesional se topó con el obstáculo, en los estatutos de la Escuela Nacional de Medicina se hablaba de “alumnos” y no de “alumnas, por lo que le fue negado el examen.

Dirigió un escrito ante el presidente en ese entonces, Porfirio Díaz, quien decidió enviar una solicitud a la Cámara de Diputados para la actualización de los estatutos de la Escuela de Medicina y pudieran graduarse mujeres médicas. El presidente Díaz emitió un decreto el 24 de agosto de 1887 para que Montoya realizara el examen profesional.

Matilde Montoya trabajó en su consulta privada hasta una edad avanzada. Participó en asociaciones femeninas como el “Ateneo Mexicano de Mujeres” y “Las Hijas de Anáhuac”.

Eb 1923 asistió a la segunda Conferencia Panamericana de Mujeres. Dos años después, junto con la Dra. Aurora Uribe, fundó la Asociación de Médicas Mexicanas, ampliando las posibilidades de trabajo de las mujeres en general.

En 1937, la Asociación de Médicas Mexicanas, la Asociación de Universitarias Mexicanas y el Ateneo de Mujeres le ofrecieron un homenaje en el Palacio de Bellas Artes.

En 1987 la Federación de Asociaciones de Médicas Mexicanas le dedicó un congreso y una vitrina de homenaje en la biblioteca de la antigua Escuela de Medicina, y en 1988 se develó un busto de ella en el jardín José Martí, en la zona de hospitales.2

La doctora Montoya fue de gran importancia en el impulso para que otras mujeres estudiaran medicina en una época en la que su participación en el sector de salud era nula, es por ello que en el LXXX aniversario de su fallecimiento, los exhorto a recordar a esta mujer, que le abrió el camino, a todas las mujeres que ahora ejercen la medicina, y con ello cuidan la salud de todos los mexicanos.

Notas

1 http://www.salud.carlosslim.org/dra-matilde-petra-montoya-lafragua-prim era-medica-mexicana/ (Consultado 17/01/2018)

2 http://www.jornada.unam.mx/2003/12/01/articulos/64_matilde.htm (Consultado 17/01/2018)

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 24 de enero de 2018.

Senador Jorge Toledo Luis (rúbrica)

Con motivo del 27 de enero, Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, a cargo del senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del PAN

El Holocausto fue la persecución y el asesinato sistemático, burocráticamente organizado y auspiciado por el Estado de seis millones de judíos por parte del régimen nazi y sus colaboradores. “Holocausto” es una palabra de origen griego que significa “sacrificio por fuego”. Los nazis, que llegaron al poder en Alemania en enero de 1933, creían que los alemanes eran una “raza superior” y que los judíos, considerados “inferiores”, eran una amenaza extranjera para la llamada comunidad racial alemana.

Durante la era del Holocausto, las autoridades alemanas persiguieron a otros grupos debido a su percibida “inferioridad racial”: los romaníes (gitanos), los discapacitados y algunos pueblos eslavos (polacos y rusos, entre otros). Otros grupos fueron perseguidos por motivos políticos, ideológicos y de comportamiento, entre ellos los comunistas, los socialistas, los testigos de Jehová y los homosexuales.

El 27 de enero, aniversario de la liberación de los campos de exterminio nazis, es también el “Día Internacional de Conmemoración anual en memoria de las víctimas del Holocausto”, pues en este día pero del año 1945 el Ejército soviético liberó el mayor campo de exterminio, el de Auschwitz en Polonia, en el cual perdieron la vida, según distintas estimaciones, entre 1,5 y 4 millones de personas.

Hasta el momento no se ha logrado determinar el número exacto de víctimas de Auschwitz ya que numerosas evidencias fueron destruidas y los propios nazis no registraban el número de las personas enviadas a las cámaras de gas.

La Organización de las Naciones Unidas invita a los Estados miembros a que elaboren programas educativos que inculquen a las generaciones futuras las enseñanzas del Holocausto con el fin de ayudar a prevenir actos de genocidio en el futuro, y pide al secretario general que establezca un programa de divulgación titulado “El Holocausto y las Naciones Unidas” y que adopte medidas para movilizar a la sociedad civil en pro de la recordación del Holocausto y la educación al respecto, con el fin de ayudar a prevenir actos de genocidio en el futuro.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 24 de enero de 2018.

Senador Francisco Salvador López Brito (rúbrica)