Iniciativas
Proposiciones

Iniciativas

Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Civil Federal, suscrita por la diputada Sandra Luz Falcón Venegas, del Grupo Parlamentario de Morena

La diputada Sandra Luz Falcón Venegas, integrante del Grupo Parlamentario Morena y de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil Federal, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El interés supremo de los menores en nuestro derecho positivo mexicano debe ser conocido como un concepto jurídico indeterminado ello, dada su complejidad para definirlo y dada la importancia que ello implica y debe de abarcar es por esto, que dicho término no debe ser un concepto estático, si no que debe entenderse como un derecho dinámico, flexible de tal manera que podamos ir perfilando el propio concepto, caso por caso y siempre a favor fili. Tratar al interés supremo de los menores de una manera rígida e inamovible, es contrario a la finalidad que la expida y a los derechos que se pretenda proteger.

En este sentido, indefectiblemente nos debe hacer analizar si realmente nuestras legislaciones correlativas al caso en particular protege en todos los sentidos en interés supremo de los menores, tomando en cuenta siempre, los cambios constantes que sufre nuestra sociedad, los cambios en las relaciones inter familiares y la capacidad de sus miembros de velar siempre por el sano desarrollo integral, físico y emocional de los menores, previniendo, principalmente tomar como rehenes a los menores, al tenor de falsas denuncias, con la consecuente arbitrariedad jurídica y al abuso de un derecho.

Por lo anterior, es indispensable realizar una reconstrucción ideológica del principio del interés supremo de los menores como persona como sujetos de derechos y como principal riqueza de nuestra sociedad, no sola futura, si no como un valor presente, el cual debe ser considerado en nuestro aquí y ahora debiendo hacer prevalecer la dignidad de cada persona por el mero y simple hecho de serlo.

Desde años muy lejanos los juzgados familiares en toda la República Mexicana, han sido testigos de innumerables falsas denuncias por parte de uno de los dos progenitores,

inclusive, por parte de cualquier familiar de uno de los progenitores, quien o quienes en la mayoría de los casos, detenta o detentan en un, ámbito familiar la guarda y custodia, del menor, en contra del otro progenitor, ello, previa la transformación psicoemocional que hacen dichos progenitores y/o o familiares en la mentalidad del menor respecto de la opinión, que en un ambiente sano y normal , debería de tener en relación con el otro progenitor con el consecuente rechazo, desprestigio y odio injustificado de dicho menor, incluso así manifestado entre los propios Tribunales.

Ante la poca legislación al respecto, las consecuencias de dicha manipulación por parte de unos de los progenitores y/o familiares en perjuicio del interés supremo de los menores ante los Tribunales Familiares en nuestro país, son el dictado de sentencias injustas , visitas restringidas ante el centro de convivencia infantil de los propios Tribunales, y en el mejor de los casos, visitas espaciadas que impiden erradicar las manipulaciones de las que son objeto los menores, pero nunca, una sanción para el caso de acreditarse que el menor ha sido dolosamente manipulado. Como se describe a continuación en la campaña de denigración en contra del padre Alienado

El síndrome de alienación parental (SAP) es considerando como un proceso consistente en la programación que hace un progenitor (alienante) a un hijo (alienado) para que, sin justificación alguna, odie, rechace o desprecie al otro progenitor (alienado), haciéndose presente dicho síndrome cuando el hijo manifiesta su propia contribución en la campaña de denigración en contra del padre Alienado.1

Por lo general, este síndrome es consecuencia de los procesos de divorcio, en los que no existe posibilidad de negociar en todo lo que dicho proceso implica, léase, pensión alimenticia, guarda y custodia, liquidación de bienes etcétera , por lo que el progenitor o familiar quien o quienes detentan la guarda y custodia de los menores, so pretexto de velar por el sano desarrollo de sus hijos, inician falsas denuncias involucrando y haciendo parte a los menores de temas que transforman su mentalidad y opinión en relación con el padre Alienado.

El “SAP” esta desencadenado por uno de los progenitores y /familiar respecto al otro progenitor, tras un proceso psicológico inexplicable de odio y /rencor. También puede estar provocado por una persona distinta del custodio del menor (abuelos, tíos, etcétera). Incluso, se han observado casos dentro de parejas que mantienen su vínculo, aunque son menores frecuentes.

En el “SAP”, el progenitor y /familia alienadora desarrollan un mensaje y un programa en los hijos, que normalmente se denomina “lavado de cerebro” . Los hijos que sufren este síndrome desarrollan un odio o rechazo patológico e injustificado hacia el progenitor alienado, que tiene consecuencias devastadoras en el desarrollo físico y psicológico de éstos. Otras veces, sin llegar a sentir odio, el “SAP” provoca en los hijos un deterioro de la imagen que tienen del progenitor alienado, resultado de mucho menor valor sentimental o social de la que cualquier niño tiene y necesita de sus progenitores, es decir, no se sienten orgullosos de su padre o de su madre como los demás niños.

Las consecuencias del “SAP” son perceptibles a corto, mediano o largo plazo según la personalidad de los menores y se califica en grados de “leve”, “grave” y “severo” , consecuencias que van desde ser dependientes emocionales, apáticos o convivir con la sociedad en general, drogadicción, prostitución, suicidio u otros, por lo que es imprescindible se catalogue dicho síndrome entre los supuestos que enumera el Código Civil Federal como violencia familiar.

La poca regularización del “SAP” y la falta de conocimiento y aplicación (de oficio) de las Autoridades Judiciales en el tema, hace de manera indefectible el dictado de sentencias injustas y la alienada conducta permanente en perjuicio del menor correspondientes, el menor continúa su desarrollo bajo los términos del progenitor o familiar Alienador.

Ante la poca legislación al respecto, la casi nula consciencia de la sociedad respecto de las consecuencias futuras que acarrea el “SAP” en perjuicio de la infancia del país. Esta iniciativa se propone con el objeto: i) de hacer prevalecer eficazmente, en todos los casos y en todo el país, el interés supremo de los menores; disminuir el riesgo de los menores de ser víctimas del SAP incluyendo todas las consecuencias legales y psico-emocionales que dicho síndrome implica en perjuicio de los mismos; iii) concientizar a los progenitores así como a las familias en las que estos se desenvuelven de todas y cada una de las repercusiones que conllevan a ser víctimas a sus menores hijos de este síndrome; iv) alentar a los abogados y a la sociedad en general para disminuir las falsas denuncias, haciendo coparticipes de las mismas a los menores alineados, bajo autorización de los progenitores alineadores ;v) alertar a la sociedad en general de las consecuencias legales que implica manipular a los menores; y , vi) concientizar a las autoridades judiciales de todo el país de la importancia de dicho síndrome previo al dictado de sus sentencias.

En consecuencia, se establecen sanciones que llevan hasta la perdida de la patria potestad y/o guarda y custodia cuando se diagnostique que un menor es víctima del “SAP”, ya que la gravedad en el tema, radica dicho síndrome es generado por los propios progenitores o la familia con la que, por regla general, convive el menor alineado.

Atendiendo al interés supremo que en nuestras leyes debe prevalecer a favor de los menores y partiendo del reconocimiento hecho por diversas organizaciones internacionales, e inclusive por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de lo que desde 1985 se denomina como “síndrome de alienación parental” , se hace indispensable prevenir y en su caso, sancionar, aquellos casos en los que un progenitor o ambos, e inclusive la familia en la que se desenvuelven los menores, hagan victima a sus hijos de dicho síndrome.

Por lo antes expuesto someto a la consideración del pleno el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 323 Bis, 323 Ter, 323 Quáter, 323 Quintus, 323 Sextus, 417 y 422 del Código Civil Federal

Único. Se reforman los artículos 323 Bis, 323 Ter, 417 y 422, se adiciona el artículo 323 Quáter, 323 Quintus, 323 Sextus, del Código Civil Federal para quedar de la siguiente manera:

Artículo 323 Bis. Los integrantes de la familia tienen derecho a que cualquiera de sus miembros e incluso, los cercanos a ella, respeten su integridad psíquica emocional, con objeto de contribuir a su sano desarrollo para su plena incorporación y participación en el núcleo social. Al efecto, contará con la asistencia y protección de las instituciones públicas de acuerdo con las leyes.

Artículo 323 Ter. Los integrantes de la familia están obligados a evitar e impedir conductas que generen violencia familiar, ya sea por parte de sus propios integrantes o los cercanos a ella.

Artículo 323 Quáter La violencia familiar es aquel acto u omisión intencional, dirigido a manipular, dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional, o sexualmente a cualquier integrante de la familia dentro o fuera del domicilio familiar, y que puede ser cualquiera de las diferentes clases:

Violencia física. Cualquier acto en el que se utilice cualquier parte del cuerpo, objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño peligro de muerte respecto de la integridad física del otro.

II. Violencia Psicoemocional: a todo acto u omisión consistente en el abandono intencional y permanente, manipulaciones, prohibiciones, coacciones, condicionamiento, intimidaciones insultos, amenazas, celotipia, desdén, abandono o actitudes devaluatorias que provoquen en quien las recibe alteración auto cognitiva y auto valorativa que integran su autoestima o alteraciones en alguna esfera o área de la estructura psíquica de esa persona.

Además de los supuestos descritos en el párrafo que antecede, en tratándose de menores de edad, será considerada violencia psicoemocional el generar el síndrome de Alienación Parental, consistente en las manipulaciones, prohibiciones, coacciones, condicionamiento, intimidaciones o cualquier otro tendiente a transformar la imagen que el menor tenga de uno o ambos progenitores y que sea realizada por cualquiera de ellos, o por la familia que así corresponda sin limitación de grado.

III. Violencia económica: actos que implican control de los ingresos, el apoderamiento de los bienes propiedad de la otra parte bajo engaño o manipulación, la retención, menoscabo, destrucción o desaparición de objetos, documentos personales, bienes muebles e inmuebles, valores, derechos o recursos económicos de la pareja o de cualquier integrante de la familia. Así como el incumplimiento de las obligaciones alimentarias por parte de la persona que tiene obligación de cubrirlas, y

IV. Violencia sexual: actos u omisiones y cuyas formas de expresión pueden ser: inducir a las realizaciones de prácticas sexuales no deseadas o que generen dolor o lesiones, practicar la celotipia para el control, manipulación o dominio de la pareja y que genere un daño físico o psicoemocional.

Se considera grave y será motivo de perdida de patria potestad en el momento inmediato en que se acredite cualquiera de los supuestos enunciados en las fracciones que anteceden por parte de uno de los progenitores hacia las niñas, niños y adolescentes.

Artículo 323 Quintus. También se considera violencia familiar la conducta descrita en el artículo anterior llevada a cabo contra la persona que este sujeta a su custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado, siempre y cuando el agresor y el ofendido convivan o hayan convivido en la misma casa.

En los supuestos a que se refiere este artículo, en relación con los señalados en el artículo 323 Quáter que antecede, una vez que haya sido escuchada la opinión de menor, el juez de lo familiar, junto con el representante que para el efecto designe el Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia y el Ministerio Público adscrito, deberán decretar cambio de guarda y custodia inmediata ordenando la práctica de los estudios psicológicos de las personas que tienen a su cuidado a dicho menor, así como al que así la pretenda.

Articulo 323 Sextus. con independencia de lo anterior, los integrantes de la familia que haga valer cualquier tipo de violencia familiar de las enumeradas en el artículo 323 Quáter de este Código, basándose para ello en denuncias improcedentes o enviadas al no ejercicio de la acción penal, hechos, testigos, documentos y/u otros falsos, además de las sanciones previstas en el Código Penal por los delitos que así correspondan se harán acreedores al pago de gastos y costas desde la primera instancia, así como la perdida de la patria potestad.

Artículo 417....

No podrán impedirse, sin justa causa y sin declaración judicial , las relaciones personales entre el menor y sus ascendientes. En caso de Oposición, a petición de cualquier de ellos, el juez de lo familiar resolverá de manera inmediata lo conducente previa audiencia del menor, atendiendo su interés superior y las circunstancias de acuerdo a cada caso.

...

Para el caso de desacato a este artículo por parte del ascendente que tenga la guarda y custodia del menor, el juez de lo familiar deberá ordenar el arresto hasta por setenta y dos horas en contra del ascendiente desobediente, y dando vista al Ministerio Público adscrito.

La misma medida de apremio se deberá aplicar al que teniendo la guarda y custodia del menor, se abstenga de presentarlo sin gusta causa el día y hora que para tal efecto señale el Juez de lo Familiar.

Artículo 422. A las personas que tienen al menor bajo su patria potestad o custodia incumbe la obligación de educarlo convenientemente como independientemente de que vivan en el mismo domicilio, por lo que deben de abstenerse de ejercer cualquiera de los enumerados tipos de violencia familiar a que se refiere el Artículo 323 Quáter de este código.

Se considerará incumplimiento de las obligaciones de crianza, el que sin justificación y de manera permanente y sistemática no se realicen las actividades señaladas; lo que el juez valorará en los casos de suspensión de la patria potestad, de la determinación de la guarda y custodia provisional y definitiva, y el régimen de convivencia en la forma y término señalados en este capítulo.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Nota

1 Alienación Parental. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Primer Edición.

Diciembre de 2001. ISBN: 978-607-8211-22-7, página 144.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de enero de 2018.

Diputada Sandra Luz Falcón Venegas (rúbrica)


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a instaurar con las 32 entidades federativas campañas para concienciar a la población, con especial atención en niños y adolescentes, sobre el uso responsable de las redes sociales, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores de la república integrantes del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las redes sociales son los sitios de Internet preferidos por el sector más joven de la población, que les permite interactuar, compartir, crear comunidades sobre intereses similares como juegos, trabajo, relaciones amorosas y comerciales, principalmente.

Sin embargo, los contenidos que se consumen en redes sociales también pueden tener efectos negativos en los usuarios. Las cuales están enfocados a causar alguna afectación al internauta como el fraude cibernético, redes de prostitución y el robo de identidad.1

Para ponderar la magnitud de esta situación, la Asociación Mexicana de Internet señala que actualmente 65 millones de mexicanos tienen acceso a internet. De ellos, el mayor porcentaje de usuarios se halla entre el sector de la población menor de 18 años, que representa 34 por ciento del total, seguido del sector de entre 25 y 34 años, con 20 por ciento; 15 por ciento lo representan los usuarios de entre 35 y 44 años, mientras que el grupo de los 45 a los 55 es de 9; y finalmente los usuarios mayores de 55 años son alrededor de 5.2

Hoy, los mexicanos en promedio utilizan 7 horas y 14 minutos internet: 1 hora y 3 minutos más que en 2015. En cuanto al lugar de acceso a internet destaca el hogar (87 por ciento), seguido de cualquier lugar gracias a los dispositivos móviles (52). El método de conexión más popular es WIFI contratada (84 por ciento) a diferencia de otros medios como plan de datos (27) o WIFI en lugares públicos (26).

Tener acceso a Internet está cambiado los hábitos de tres de cada cuatro internautas: se utiliza la vía online sobre todo para escuchar música, ver películas, la formación y la gestión de las finanzas (en este último caso, tan sólo 9 por ciento la realizan de forma más presencial que online).

Entre los usos personales que los usuarios le dan al Internet destaca acceder a redes sociales (cerca de 80 por ciento), por encima de enviar/recibir mails o mensajes instantáneos; ver películas/series en streaming (96 por ciento) y jugar en línea (96 por ciento).

Sin embargo, Facebook es la red social líder en el país, seguida de WhatsApp, siendo las más usadas a diario, con un promedio de 5 horas y 15 minutos. En uso y preferencia les siguen YouTube, Instagram y Twitter.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía indica que los adolescentes el comportamiento es muy similar al de la población de 6 a 11 años, ya que los usos que el mayor porcentaje de población femenina y masculina hacen del Internet se registra en las actividades de entretenimiento con 89.4 y 82.6 por ciento, respectivamente; mientras que acceder a redes sociales resulta una actividad de mayor importancia para los jóvenes por encima de las actividades de apoyo a la educación con 83.3 por ciento de hombres y 84.7 de mujeres.3

Al menos uno de cada siete menores ha recibido solicitudes sexuales por parte de adultos, que se hacen pasar como amigos a través de perfiles falsos en redes sociales, en las cuales predomina el intercambio de fotografías con contenido sexual.

Sin duda, una de las principales problemáticas de las redes sociales es el grooming, la cual es definida como el acoso sexual a menores de edad por parte de adultos que se realiza a través de Internet, principalmente por medio del uso de redes sociales, caracterizado por el contacto inicial, el intercambio de mensajes y de imágenes con contenido sexual, el cual puede desembocar finalmente en un encuentro entre el adulto y el menor de edad que generalmente da pie a otros delitos como la trata de personas, abuso sexual o violación sexual.

El incremento de este tipo de casos en nuestro país va en aumento. En el último año, de acuerdo a cifras oficiales de la Federación de América Latina y el Caribe de Clubes, Centros y Asociaciones Unesco capítulo México, el grooming se triplicó debido en parte a que más de 35 millones de menores de edad, ya tienen acceso a internet y redes sociales.

Las escuelas de educación básica y media superior son los medios más importantes para concientizar a edad temprana a niñas, niños, adolescentes y jóvenes sobre los diferentes riesgos que resultan del uso inapropiado e irresponsable de las tecnologías y redes sociales.

Por lo anterior resulta urgente instaurar acciones oportunas para concientizar a la población, con especial atención a las niñas, niños y adolescentes, a fin de prevenir posibles delitos, como la pornografía infantil, el comercio sexual infantil, el maltrato infantil, el abuso sexual y el narcomenudeo.

De allí la necesidad de advertir a las familias para sensibilizar a los menores de edad sobre los riesgos de subir datos personales en las redes sociales y generar una cultura de prevención y concienciación del uso del Internet y redes sociales, con el objeto de que su uso sea seguro y responsable, y de esta manera salvaguardar la seguridad e integridad de este sector de la población.

Ante este panorama, es apremiante que la Secretaría de Gobernación para que, en coordinación con las 32 entidades federativas, instrumenten campañas para concientizar a la población, con especial atención a las niñas, niños y adolescentes, sobre el uso responsable de las redes sociales, con el objeto de prevenir y atender de manera oportuna posibles delitos en todo el país.

Por lo expuesto sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a instaurar con las 32 entidades federativas y en el ámbito de sus respectivas atribuciones campañas para concienciar a la población, con especial atención a las niñas, niños y adolescentes, sobre el uso responsable de las redes sociales, con el objeto de prevenir y atender de manera oportuna posibles delitos en todo el país.

Notas

1 https://www.entrepreneur.com/article/271620

2 http://imco.org.mx/banner_es/estudio-de-habitos-de-los-usuarios-de-inte rnet-en-mexico-via-amipci/

3 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/ni%C3 %B1o2017_Nal.pdf

Dado en el salón de sesiones de la H. Comisión Permanente, a los 04 días del mes de enero del 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Morelos a informar sobre los avances en la solventación de las observaciones de la ASF correspondientes a la Cuenta Pública de 2016, por diversas irregularidades en el ejercicio de las participaciones a entidades federativas que presumiblemente representaron un daño a la hacienda pública por casi 960 millones de pesos, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El Ramo General 28, Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, se refiere a los recursos que se transfieren a éstas, correspondientes a las participaciones en ingresos federales e incentivos económicos. Estos recursos no tienen un destino específico en el gasto de los gobiernos locales.

El Ramo General 28 se asigna de manera proporcional a la participación de las entidades en la actividad económica

El gobierno del estado de Morelos, lejos de ejercer estos recursos con eficacia, eficiencia y honradez tal como los señala el artículo 134 constitucional, incurrió en distintas irregularidades que podrían representar un daño al erario público por casi 960 millones de pesos.

De acuerdo a la Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-17000-02-1138, correspondiente a la Cuenta Pública 2016, el gobierno estatal realizó pago por “Servicios Personales” por más de mil 601 millones de pesos; no obstante, no presentó la información comprobatoria y justificativa del pago de más de 451 millones de pesos.

La Auditoría Superior de la Federación detectó que se realizaron pagos por más de 72 millones de pesos por “Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios”, sin embargo, la documentación comprobatoria no corresponde a las Participaciones Estatales.

En el ejercicio de los recursos transferidos al concepto 4100, “Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público”, el gobierno de Morelos no comprobó el gasto de más 249 millones de pesos.

La ASF señaló un probable daño al erario por más de 53 millones de pesos, porque el gobierno del estado no presentó la documentación comprobatoria del ejercicio de recursos del concepto 9200 “Intereses de la Deuda Pública”.

El gobierno de Morelos realizó transferencias indebidas de los recursos de Participaciones Estatales por un monto de más de 63 millones de pesos. La ASF identificó pagos por trabajos que no se concluyeron por un monto de más de 4 millones de pesos.

De igual forma realizó pagos en exceso respecto de la plantilla de personal autorizada en el Diario Oficial del Estado de Morelos, por lo que se presume un daño al erario por casi 12 millones de pesos. Asimismo, la ASF detectó que el gobierno estatal realizó pago por concepto de percepciones que no se encuentran autorizadas, por más de 50 millones de pesos.

La ASF concluyó que el estado de Morelos no cumplió con una gestión eficiente y transparente de los recursos de las Participaciones Estatales y estimó recuperaciones probables por 959 millones 651 mil pesos.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el presente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Morelos a informar esta soberanía sobre los avances en la solventación de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación correspondientes a la Cuenta Pública 2016, por diversas irregularidades en el ejercicio de las participaciones federales a entidades federativas que presumiblemente representaron 960 millones de pesos.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo General del INE a investigar y, en su caso, sancionar la promoción ilegal de Andrés Manuel López Obrador en Venezuela y el presunto financiamiento del gobierno de éste a su campaña, denunciado por legisladores de ese país, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Nuestra Constitución Política establece que está prohibida la intervención de países o personas extranjeras en las decisiones políticas de México. No obstante lo anterior, diversos medios nacionales e internacionales dieron a conocer, el pasado 8 de enero, que los actos anticipados de campaña de Andrés Manuel López Obrador llegaron hasta Venezuela, donde en las calles aparecieron leyendas con su nombre, junto a las siglas del Partido Socialista Unido de Venezuela.1

De acuerdo con el diario Venezuela al Día, 2 “las calles de las principales ciudades de Venezuela están repletas de murales a favor al candidato izquierdista”; de igual manera, informó que las bardas con la leyenda “López Obrador es revolución mexicana” aparecieron en las ciudades de Caracas, Barquisimeto, Maracaibo, Valencia y Maracay.

La realización de precampaña o campaña electoral, actividades, actos o propaganda electoral en el extranjero, se encuentran prohibidas por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, específicamente en su artículo 353, que a su letra dispone:

“Artículo 353.

1. Los partidos políticos nacionales y locales, así como sus candidatos a cargos de elección popular no podrán realizar campaña electoral en el extranjero; en consecuencia, quedan prohibidas las actividades, actos y propaganda electoral a que se refiere el artículo 242 de esta Ley en el extranjero.

2. Durante el proceso electoral, en ningún caso y por ninguna circunstancia los partidos políticos y los candidatos independientes utilizarán recursos provenientes de financiamiento público o privado, en cualquiera de sus modalidades, para financiar actividades ordinarias o de campaña en el extranjero.

3. En ningún caso se podrán comprar o adquirir espacios en radio y televisión, ni arrendar espacios para propaganda o publicidad en el extranjero”.

La actuación y promoción del precandidato de Morena transgrede la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, tanto por la ejecución de actos anticipados de campaña, como por haberlos realizado en el extranjero.

Derivado de la denuncia hecha sobre dichas actividades, diputados venezolanos pidieron que el erario público no sea malversado en fines que no beneficien al pueblo, y exigieron iniciar una investigación para detectar si el gobierno de Nicolás Maduro financia a candidatos latinoamericanos con un proyectos populistas, entre los que estaría, Andrés Manuel López Obrador.3

Es del dominio público que dirigentes de Morena se han pronunciado, en diferentes ocasiones, a favor de las políticas del presidente venezolano, Nicolás Maduro,4 quien pertenece al Partido Socialista Unido de Venezuela. Basta recordar que el pasado 23 de octubre de 2017, Héctor Díaz Polanco, presidente de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, dijo que es importante “integrarse a los países de América Latina que están haciendo los cambios, como Venezuela”.5 Y abundó: “la integración de México en la Revolución Bolivariana. Eso haría una gran diferencia con la situación que tenemos ahora, necesitamos ampliar esa revolución”.

Este no es el único caso en que Morena ha manifestado abiertamente su apoyo. En mayo pasado, decenas de militantes de ese partido expresaron a la embajadora María Urbaneja, el acompañamiento de ese partido a la Revolución Bolivariana, lo que provocó que la Embajada publicara un mensaje en Twitter, celebrando dicho acompañamiento: “Celebramos el acompañamiento del Partido Morena, su solidaridad y apoyo irrestricto a la Revolución Bolivariana: ¡Viva México, Viva Venezuela“ 6

Adicionalmente, el 11 de enero de 2018,7 The Washington Post 8 documentó intereses rusos apoyando a López Obrador, pues el canal “Russia Today” comenzó a dar gran cobertura a sus actividades.

En el Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos que el respeto a nuestra Constitución y a nuestra legislación electoral genera equidad en la contienda electoral, fortalece nuestra democracia, legitima los procesos electorales y brinda certidumbre a todos los ciudadanos.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de la asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo General del Instituto Nacional Electoral para que investigue y, en su caso, sancione la promoción ilegal de Andrés Manuel López Obrador en Venezuela, por contravenir el artículo 353 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo General del Instituto Nacional Electoral para que, con base en las denuncias realizadas por legisladores venezolanos, investigue el presunto financiamiento del gobierno de Venezuela a las actividades de Andrés Manuel López Obrador.

Notas

1 Fuente: http://www.milenio.com/politica/
venezuela-propaganda-andres-manuel-lopez-obrador-amlo-morena-publicidad_0_1100290087.html

2 Fuente: http://www.venezuelaaldia.com/2018/01/08/
psuv-realiza-murales-en-calles-venezolanos-en-apoyo-a-candidato-presidencial-mexicano/

3 Fuente:https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/
piden-investigar-posible-financiamiento-de-maduro-a-amlo-559925.html

4 Fuente: http://www.animalpolitico.com/2017/05/venezuela-morena-apoyo/

https://www.lapatilla.com/site/2018/01/08/atencion-mexico-no-caigan-en-el
-desastre-aparecen-en-venezuela-grafitis-de-lopez-obrador-firmados-por-el-psuv/

5 Fuente: http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/
dirigente-de-morena-llama-a-integrar-a-mexico-a-la-revolucion-bolivariana.html

6 Fuente: http://www.animalpolitico.com/2017/05/venezuela-morena-apoyo/

7 Fuente: http://www.milenio.com/elecciones-mexico-2018/amlo-morena-presidente-rusia-vladimir
-putin-washington-post-rusia-apoya-a-amlo_0_1101490120.html

http://www.huffingtonpost.com.mx/2018/01/11/a
mlo-tiene-un-aliado-en-rusia-para-ganar-las-elecciones-segun-el-washington-post_a_23331258/

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/
senalan-en-the-washington-post-que-putin-apoya-a-amlo.html

http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/la-amenaza-rusa-en-mexico.html

8 Fuente: https://www.washingtonpost.com/news/democracy-post/wp/2018/01/11/a-mexican-presidential
-candidate-is-getting-an-unexpected-boost-from-trump-and-putin/?utm_term=.bc37952588d9

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a establecer con la SCT y las cámaras empresariales correspondientes protocolos de actuación dirigidos a compañías dedicadas al transporte de pasajeros, a efecto de identificar casos de trata de personas, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, María Gloria Hernández Madrid, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:

Considerandos

Una de las conductas delictivas que más causa indignación es sin duda la trata de personas, pues la misma se encuentra asentada en la idea de que es posible transmitir la propiedad de seres humanos como si se tratara de mercancías carentes de dignidad, sentimientos y prerrogativas. Tal concepción, inhumana hasta el extremo, constituye un resabio de épocas que creíamos superadas, atavismos que describen nuestra fallida inserción en la modernidad, pues no se puede hablar de ésta, mientras la libertad de algunas personas dependa de una voluntad externa modulada por la codicia, la crueldad y la falta de respeto a uno de los derechos más fundamentales: el de la libertad.

La idea de la apropiación de personas no es nueva en nuestro país, sino que encuentra profundas raíces en nuestra historia. Entre los pueblos precolombinos, la pérdida de la libertad podía ser consecuencia de la guerra, de la comisión de un delito, de incurrir en vicios o como medio para saldar deudas. Con la llegada de los conquistadores españoles, si bien es cierto la condición de los indígenas resultó penosa, no lo es menos que a éstos no se les dio el trato formal de esclavos, a diferencia de los africanos, a quienes se les trajo por fuerza al virreinato para que desempeñaran trabajos rudos en las plantaciones de azúcar y algodón, siendo objeto de comercio sancionado por las leyes civiles.

Más tarde, y a pesar de la abolición de la esclavitud tras la consumación de la Independencia, las autoridades prefirieron voltear hacia otro lado mientras en los territorios de Texas los colonizadores anglosajones continuaban con el infame comercio de personas. Durante la Guerra de Castas en Yucatán, los indígenas que eran capturados tenían como destino cierto su venta en Cuba, donde los españoles los empleaban en tareas agrícolas.

A lo largo del Porfiriato, la apropiación de personas adquirió un matiz rayando en la servidumbre, pues los peones no eran objeto de compraventa, pero sí estaban sujetos a la tierra y a la sumisión frente a un hacendado, dadas las deudas impagables que adquirían, las cuales se heredaban de generación en generación. Frecuentes eran los castigos corporales propinados por capataces y caporales, quienes hacían del látigo un instrumento odioso de mando y temor.

Recordemos también que, durante la dictadura de Porfirio Díaz, los levantamientos indígenas fueron sofocados a sangre y fuego y los protagonistas de éstos encontraron en la pérdida arbitraria de la libertad el castigo por oponerse a un estado injusto de cosas. Célebres son las deportaciones de indios yaquis organizadas desde Sonora hacia las haciendas henequeneras y tabacaleras de Yucatán y Valle Nacional, ésta última inmortalizada por el periodista norteamericano John Kenneth Turner en la imperdible obra México Bárbaro .

Pareciera que, tras la conclusión de la lucha revolucionaria y la promulgación de la Constitución de 1917, un instrumento jurídico pródigo en el reconocimiento de libertades individuales, la apropiación de seres humanos pasaría a ser una cuestión histórica, más digna de la investigación historiográfica que de pesquisas criminales, pero esto no ha ocurrido así. Periodistas, como Héctor de Mauleón, han documentado con suficiencia y rigor las atrocidades que son cometidas diariamente en contra de mujeres que, violentadas de forma extrema, son obligadas a prostituirse en las calles de Ciudad de México, trátese de Sullivan, Tlalpan, San Pablo o La Soledad, éstos últimos dos sitios ubicados a unos cuantos metros de este recinto legislativo.

Hablamos de pueblos enteros dedicados al enganchamiento de mujeres, donde el oficio de proxeneta otorga riqueza económica y “reconocimiento social”. Nos referimos a los garitos de la frontera con Guatemala, en los que jóvenes centroamericanas ofrecen servicios sexuales no a cambio de dinero, sino de su sobrevivencia, pues resulta sabido por todos que una negativa frente a un padrote puede ser causa de una muerte cruel e impune.

La existencia de tales redes de comercio de personas nos demuestra el divorcio que prevalece entre lo preceptuado en las leyes y la realidad, la falta de cumplimiento a normas básicas de convivencia que reconozcan las libertades individuales por encima del lucro indebido, de la acción delincuencial organizada. Aunado a lo anterior, hablamos de un fenómeno que muestra uno de los rostros más oscuros de la globalización, pues implica el desplazamiento forzada de personas entre países, sin que para ello valgan fronteras o convenciones internacionales.

De acuerdo con cifras contenidas en el Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 2014–2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2014, miles de víctimas de trata son utilizadas con fines de explotación sexual y trabajos forzados, lo que afecta a 21 millones de personas, sobre todo mujeres, niñas y niños, y genera ganancias para la delincuencia de 32 mil millones de dólares. Sobre este particular, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que la trata es el tercer crimen en la lista de delitos de las autoridades internacionales, sólo después del tráfico de armas y drogas. En el caso de México, éste ocupa el segundo lugar.1

En el mismo programa se refiere que, de acuerdo con un estudio realizado en 2012 por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), las víctimas de trata de personas de origen extranjero que se encuentran en México provienen de Chile, Brasil, Colombia, Ecuador, Argentina, Cuba, Rumania, Bulgaria, Polonia, República Checa, Rusia, China y los países de América Central, mientras que el Fondo de Población de las Naciones Unidas señala que México ocupa el lugar número tres respecto a América Latina y el Caribe en el tema de trata de personas. Por su parte, la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) identifica a 16 estados del país como destinos de la explotación de personas extranjeras, lo cual representa el 50 por ciento del territorio nacional. En 2012 el Sistema de Alerta Roja refirió que los principales estados de la República Mexicana de destino de trata interna son Ciudad de México, Chiapas, Puebla, Morelos, estado de México, Oaxaca, Baja California, Hidalgo y Tabasco.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha señalado que, en México, en términos absolutos, las estimaciones más conservadoras ubicaban el número de niños y niñas sometidos a esclavitud sexual entre 16 mil y 20 mil. El organismo garante de los derechos humanos también señala que, de acuerdo con otros estudios, la cifra de niños y niñas sujetos a explotación sexual en México asciende a 70 mil, de los cuales 50 mil son explotados en las zonas fronterizas y 20 mil en el resto del país. Respecto del total de las víctimas, hay estimaciones que oscilan de los 50 mil a 500 mil casos.2

La situación en México se agrava de manera particular, dada nuestra posición geográfica, pues constituimos un país de tránsito hacia los Estados Unidos, que es hacia donde se dirigen muchas de las personas víctimas de trata, pero también como lugar de destino, lo que da lugar a innumerables atrocidades, muchas de las cuales quedan impunes dada la vulnerabilidad e indefensión de las víctimas.

Pese a la existencia de un marco normativo tendiente a prevenir y sancionar la trata de personas, el gobierno federal reconoció al principio de la presente administración que son cuatro los factores que inciden en la prevalencia del fenómeno, a saber: i) la prevención insuficiente que se ha realizado para combatir este delito, ii) la inconsistente atención, protección y asistencia a las víctimas de este flagelo, iii) la deficiente investigación y persecución de los delitos por las autoridades facultadas para ello, y iv) la escasa rendición de cuentas y acceso a la información, resultan en su conjunto elementos que constituyen la problemática de la trata de personas.

El propósito del presente acuerdo, es darle cauce al primero de los rubros antes señalados, apuntando de antemano diversas medidas dirigidas a la prevención del delito de trata:

* La realización de campañas de información y difusión;

* El diseño y puesta en marcha de iniciativas sociales y económicas;

* La cooperación con organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y otros sectores de la sociedad;

* La implementación de medidas legislativas, educativas, sociales y culturales, a fin de desalentar la demanda que propicia cualquier forma de explotación que provoque la trata de personas;

* La supervisión de negocios que puedan ser propicios para la comisión del delito, realizando inspecciones en agencias de modelaje o artísticas, salas de masajes, bares, cantinas, hoteles, cines, servicio de Internet, baños públicos u otros;

* La inspección de las agencias de colocación, a fin de impedir que las personas que buscan trabajo, en especial las mujeres, niñas, niños y adolescentes se expongan al peligro de la trata de personas;

* La búsqueda inmediata de cualquier mujer, niña, niño o adolescente o cualquier persona que sea reportada como extraviado, sustraído o ausente, librando una alerta general a todas las instancias de procuración de justicia y policiales en todo el territorio nacional y fuera de éste, así como al Instituto Nacional de Migración y a la Secretaría de Relaciones Exteriores para impedir que la persona reportada pueda ser sacada del país;

* La prohibición de toda publicidad o inserciones pagadas en los medios de comunicación masiva de cualquier índole, que incluya en sus publicaciones anuncios de contacto sexual o que promueva la prostitución y la pornografía que pueda propiciar la trata de personas;

* La adopción de medidas para proteger a los inmigrantes o emigrantes, y en particular a las mujeres, niñas, niños y adolescentes, en el lugar de partida, durante el viaje y en el lugar de destino, y

* La adopción de medidas para garantizar la vigilancia en las estaciones de ferrocarril, en los aeropuertos, en los puertos marítimos, en las garitas y puntos fronterizos y en otros lugares públicos, a fin de impedir la comisión del delito de trata de personas.

Con relación a estos dos últimos puntos, resulta de especial importancia la vigilancia de aquellos lugares de tránsito por donde circulan las víctimas de la trata de personas, puesto que, como señalamos con anterioridad, este delito para su configuración, requiere de movimientos migratorios para su comisión, y es el caso que en muchas ocasiones, el personal de las empresas dedicadas a la transportación se enfrenta a casos de esta naturaleza sin poder identificarlos o carentes de herramientas de actuación que les permitan tomar acciones adecuadas para enfrentarlas y así poder colaborar en la liberación de las víctimas.

Es por ello que, partiendo de la coadyuvancia que debe existir entre autoridades, permisionarios y concesionarios del transporte público, se propone que la Secretaría de Gobernación, en coordinación con su par de Comunicaciones y Transportes y las cámaras empresariales correspondientes, establezcan protocolos de actuación dirigidos a empresas dedicadas a la transportación de personas, a efecto de identificar casos de trata de personas.

En virtud de lo anteriormente fundado y motivado, ponemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación a que, en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y las cámaras empresariales correspondientes, establezcan protocolos de actuación dirigidos a empresas dedicadas a la transportación de personas, a efecto de identificar casos de trata de personas.

Notas

1 Fuente:

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343079&fe cha=30/04/2014 Consultada el 9 de enero de 2018 a las 19:49 horas.

2 Fuente: http://200.33.14.34:1033/archivos/pdfs/diagnosticoTrataPersonas.pdf Consultada el 9 de enero de 2017 a las 20:03 horas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de enero de 2018.

Diputada María Gloria Hernández Madrid (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profeco, la Sagarpa y Aserca a realizar campañas de verificación de los instrumentos de medición usados en los centros de acopio de granos y oleaginosas, a cargo del diputado Ramón Bañales Arámbula, del Grupo Parlamentario del PRI

Ramón Bañales Arámbula, diputado federal a la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo –de urgente u obvia resolución–, por el que se exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Social, Pesca y Alimentación –a través de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios–, para instrumentar mecanismos de cooperación para la realización de campañas de verificación de los instrumentos de medición usados en los centros de acopio de granos y oleaginosas, en particular, en instrumentos de medición no automáticos como básculas, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En 1976 se creó la Procuraduría Federal del Consumidor como una institución que tiene como finalidad la protección y promoción de los derechos de las y los consumidores, garantizando en todo momento relaciones comerciales equitativas, que generen una cultura de consumo responsable, por medio de mejores condiciones de mercado a productos y servicios.1

En la actualidad esta institución cuenta con un total de 51 oficinas en toda la República, divididos en 32 delegaciones y 19 subdelegaciones.2

Entre las atribuciones otorgadas a esta Procuraduría por medio de la Ley Federal de Protección al Consumidor, se encuentran las siguientes dos fracciones que sirven como fundamento de este exhorto.

A la letra, las fracciones XIV y XIV Bis del artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (Profeco) establecen lo siguiente:

Artículo 24. La procuraduría tiene las siguientes atribuciones:

[...]

XIV. Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta ley y, en el ámbito de su competencia, las de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, así como de las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables, y en su caso determinar los criterios para la verificación de su cumplimiento;

XIV Bis. Verificar que las pesas, medidas y los instrumentos de medición que se utilicen en transacciones comerciales, industria/es o de servicios sean adecuados y, en su caso, realizar el ajuste de los instrumentos de medición en términos de lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización;

[...]

Por lo tanto, es facultad de Profeco aplicar y hacer cumplir tanto las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Protección al Consumidor como en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, esto en materia verificación y regulación de los instrumentos de medición como básculas o balanzas.

De igual manera, la Norma Oficial Mexicana que establece los lineamientos para la verificación y posterior acreditación de los instrumentos de medición de funcionamiento no automático es la NOM-010-SCFI-1994 o, en su caso, la que la sustituya.3

Según lo establecido en el artículo 96 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Profeco realizará la vigilancia y verificación necesarias en los lugares donde se administren, almacenen, transporten, distribuyan o expendan productos o mercancías o en los que se presten servicios, incluyendo aquéllos en tránsito.

En el caso de los instrumentos de medición en los Centros de Acopio de granos y oleaginosas, en materia agrícola, estos son considerados –no necesariamente regulados o verificados– por la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios.4

Esta agencia se encuentra constituida como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Social, Pesca y Alimentación, que tiene como objetivo apoyar e impulsar la comercialización agropecuaria, mediante diversos mecanismos e incentivos a productores y compradores de granos y oleaginosas.5

Los Centros de Acopio son instalaciones donde se reciben y almacenan los productos agrícolas, en este caso, granos y semillas que fueron adquiridos a los productores originales.6 Para su correcto funcionamiento, se debe contar con la infraestructura que incluya las puertas, pisos, paredes y techos de las bodegas, techos y láminas de los silos, espuelas de ferrocarril, sistema eléctrico, fosas, rampas, transportadores y elevadores de granos, secadoras, sistema de aireación, sistema de cribado y limpieza, minicargadores, básculas, instrumental de laboratorio y, en general, todo el equipo necesario para su operación.7

Aserca, únicamente contempla en sus Fundamentos básicos para el almacenamiento y conservación de granos, el mantenimiento, así como la revisión y calibración del equipo de pesaje como son las básculas camioneras y ferrocarrileras, las básculas de paso (si es el caso), las básculas granatarias, etcétera.8

En tal virtud, es necesaria la colaboración tanto de Aserca, como de Profeco para realizar periódicamente campañas o visitas de verificación como se encuentra dispuesto en el artículo 98 de la Ley Federal de Protección al Consumidor:

Artículo 98. Se entiende por visita de verificación la que se practique en los lugares a que se refiere el artículo 96 de acuerdo con lo dispuesto en esta ley, debiéndose:

I. Examinar los productos o mercancías, las condiciones en que se ofrezcan éstos o se presten los servicios y los documentos e instrumentos relacionados con la actividad de que se trate;

II. Verificar precios, cantidades, cualidades, calidades, contenidos netos, masa drenada, tarifas e instrumentos de medición de dichos bienes o servicios en términos de esta ley;

III. Constatar la existencia o inexistencia de productos o mercancías, atendiendo al giro del proveedor; y

IV. Llevar a cabo las demás acciones tendientes a verificar el cumplimiento de la ley.

La importancia de llevar a cabo la verificación y calibración de los diversos instrumentos de medición reside en el hecho de que se pueden generar grandes pérdidas económicas, tanto para comerciantes como para los compradores. Asimismo, estas campañas de verificación permitirán que se prevengan abusos y violaciones a los derechos de los consumidores.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Social, Pesca y Alimentación –a través de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios–, para para instrumentar mecanismos de cooperación para la realización de campañas de verificación de los instrumentos de medición usados en los centros de acopio de granos y oleaginosas, en particular, en instrumentos de medición no automáticas como básculas.

Notas

1 Procuraduría Federal del Consumidor; fecha: S/F, fecha de consulta: 15 de enero de 2018, disponible en:

https://www.gob.mx/profeco/que-hacemos

2 Ídem.

3 Lista de Instrumentos de medición cuya verificación inicial, periódica o extraordinaria es obligatoria, así como las normas aplicables para efectuarla, Secretaría de Economía, fecha: 23 de septiembre de 2015, fecha de consulta: 15 de enero de 2018, disponible en: dof.gob.mx/nota to doc.php?codnota=5409174

4 Fundamentos Básicos para el Almacenamiento y Conservación de Granos, Aserca, fecha: 2015, fechad e consulta: 15 de enero de 2018, disponible en:

http://www.aserca.gob.mx/comercializacion/acopio/Documen ts/almacenamientoconserv_granos_%2020082015.pdf

5 Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca), Sagarpa, fecha: S/F, fecha de consulta: 5 de enero de 2018, disponible en:

http://www.sagarpa.gob.mx/quienesomos/datosabiertos/aser ca/Paginas/default.aspx

6 Acopio de productos Agrícolas, fecha: S/F, fecha de consulta: 15 de enero de 2018, disponible en: https://www.ecured.cu/Acopio_de_productos_agr%C3%ADcolas

7 Ibídem, Fundamentos Básicos para el Almacenamiento y Conservación de Granos, Aserca.

8 Ídem.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión a los 17 días del mes de enero de 2018.

Diputado Ramón Bañales Arámbula (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SCT a gestionar el inicio del proyecto de reconstrucción de los tramos carreteros de Atotonilco El Alto-La Barca y Zapotlanejo-El Degollado, Jalisco, a cargo del diputado Ramón Bañales Arámbula, del Grupo Parlamentario del PRI

Ramón Bañales Arámbula, diputado federal a la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo -de urgente u obvia resolución-, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para que en ejercicio de sus atribuciones, realice las gestiones necesarias para que se dé inicio al proyecto de reconstrucción de los tramos carreteros de Atotonilco El Alto-La Barca y Zapotlanejo-El Degollado, en el estado de Jalisco, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) tiene como finalidad la promoción de sistemas de transporte y comunicaciones seguros, eficientes y competitivos, esto mediante (i) el fortalecimiento del marco jurídico, (ii) la definición de políticas públicas y (iii) el diseño de estrategias que contribuyan al crecimiento sostenido de la economía y el desarrollo social en el país.

Las atribuciones de la SCT se encuentran establecidas en el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, pero para el sustento de este punto de acuerdo haremos énfasis únicamente en las fracciones XXI y XXII, en las cuales se establece lo siguiente:

XXI. Construir y conservar los caminos y puentes federales, incluso los internacionales; así como las estaciones y centrales de autotransporte federal;

XXII. Construir y conservar caminos y puentes, en cooperación con los gobiernos de las entidades federativas, con los municipios y los particulares;

El sistema de carreteras en el país conlleva una serie de beneficios, tanto a largo como a corto plazo, en los cuales fácilmente se pueden identificar los siguientes: (i) generación de empleos para su construcción y posteriormente para su operación, (ii) factor que dinamiza las transacciones comerciales, (iii) mayor comunicación entre municipios o entidades, (iv) desarrollo de un sistema de traslado seguro, fácil y rápido y, (v) mantenimiento de medios de comunicación activos entre las zonas rurales y las regiones apartadas del país con los centros de desarrollo y consumo.1

La infraestructura carretera es un factor determinante al momento de hablar de la economía, la innovación y el comercio. Es por esto que se ha convertido en un objetivo común de las inversiones públicas y privadas.2

En el índice de desempeño logístico de 2016, elaborado por el Banco Mundial, México se ubicó de manera general en la posición número 54 entre 160 países considerados.

Sin embargo, en el subíndice de infraestructura carretera, se ubicó en la posición 57, descendiendo 7 lugares en relación a posición obtenida en 2014 en este mismo estudio.3

A continuación se muestran las cifras finales del cuarto informe de actividades de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, donde se desglosan los tipos de redes y su respectivo kilometraje, que conforman el sistema carretero del país hasta el 2016.4

Longitud de la Red

Debido a los importantes beneficios que representa la existencia de una Red de Carreteras, es necesario que las instituciones facultadas en esta materia, mantengan en óptimas condiciones la infraestructura que la conforma.

Habiendo explicado lo anterior, resulta necesario exponer la situación actual de la infraestructura de la Red Carretera en el estado de Jalisco que está conformada por un total de 2,195 kilómetros y, posteriormente, nos enfocaremos en los tramos de Atotonilco El Alto-La Barca y Zapotlanejo-El Degollado. 5

En 2017, en Jalisco se registró que el 12 por ciento de la Red Carretera Federal se encuentra en mal estado y un 26 por ciento se encuentra en un estado regular, esto aunado a la persistente falta de caminos rurales y alimentadores a lo largo de todo el estado y a la reducción de un 58 por ciento en el presupuesto federal al rubro dedicado a la conservación y mantenimiento de las carreteras.6

Las obras que fueron consideradas en el Presupuesto de Egresos de 2018 fueron las siguientes:

• La carretera Manzanillo-Puerto Vallarta en su tramo Melaque-El Tuito

• La vía Guadalajara- Tepic en el tramo Ameca-El Arenal

• La carretera Guadalajara-Zacatecas en el tramo Tesistán

• La vía Guadalajara-Colima en Acatlán-crucero a Tapalpa

• Guadalajara-Jíquilpan en Jocotepec-Tizapán

• La carretera Santa Rosa-La Barca.7

Por lo tanto, aún se encuentran pendientes de inversión y atención, la reconstrucción de las carreteras del tramo Atotonilco El Alto-La Barca y Zapotlanejo-El Degollado, las cuales conectarían a toda la zona norte del Estado de Jalisco, la cual es denominada la Región Cíénega.8

También permitirían una mejor comunicación interregional con la zona sur y centro del estado de Jalisco y con los estados colindantes como Michoacán y Guanajuato.9

En cuestión de seguridad vial, el mantenimiento constante de las vías de comunicación brindaría mayor seguridad a la población y se evitaría un gran número de accidentes, como el ocurrido en el municipio de Atotonilco El Alto.

El 31 de agosto de 2017, un camión de pasajeros al trasladarse desde el municipio de San Juan de los Lagos, después de pagar una manda a la virgen. En la carretera estatal 307, en dirección de Arandas a Atotonilco, el camión perdió el control y salió de la carpeta asfáltica, dejando un saldo total de 15 personas fallecidas y 36 más heridas.10

En el sector económico, representaría un factor determinante para la etapa de traslado y comercialización de materias primas, de productos agrícolas, pecuarios, acuícolas y de los productos que son cultivados, producidos o manufacturados dentro de la región, como es el caso de la industria tequilera.11

Los cultivos con mayor rendimiento y producción en esta región son el agave, el maíz, el frijol, el trigo y el jitomate, representando un aproximado del 85 por ciento del valor de la producción agrícola.12

En la producción pecuaria esta región aporta el 14.9 por ciento del valor de la producción del Estado, enfocándose principalmente en la carne de canal de ovino, caprino y bovino.13

Las principales actividades económicas de la región dependen en mayor medida de la existencia y el estado de las carreteras para poder comercializar sus productos en el mercado nacional o internacional. Es por esto que resulta necesario iniciar el proceso de reconstrucción y mantenimiento de las vías de comunicación de Atotonilco El Alto-La Barca y Zapotlanejo-El Degollado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta honorable Comisión Permanente, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para que en ejercicio de sus atribuciones, realice las gestiones necesarias para que dé inicio el proyecto de reconstrucción de los tramos carreteros de Atotonilco El Alto-La Barca y Zapotlanejo-El Degollado, en el estado de Jalisco.

Notas

1 Resalta Calderón beneficios de construir carreteras, La Crónica, fecha: 8 de noviembre de 2012, fecha de consulta: 15 de enero de 2018, disponible en

http://www.cronica.com.mx/notas/2012/705162.html

2 Infraestructura carretera y competitividad, FORBES, fecha: 27 de noviembre de 2013, fecha de consulta: 15 de enero de 2018, disponible en: https://www.forbes.com.mx/infraestructura-carretera-y-competitividad/

3 México cae en desempeño logístico: BM, El Economista, fecha: 30 de junio de 2017, fecha de consulta: 15 de enero de 2018, disponible en
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-cae-en-desempeno-logistico-BM-20160630-0047.html

4 Cuarto Informe de Labores, Secretaría de Comunicaciones y Transporte, fecha: 1 de septiembre de 2016, fecha de consulta: 15 de enero de 2018, disponible en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/131456/4to_Informe_de_La bores_de_la_SCT_2015-2016.pdf

5 Red carretera en Jalisco requiere $30,000 millones, el Economista, fecha: 15 de agosto de 2017, fecha de consulta: 15 de enero de 2018, disponible en https://www.eleconomista.com.mx/estados/Red-carretera-en-Jalisco-requie re-30000-millones-20170816-0108.html

6 Ídem.

7 Ídem.

8 Región 04 Ciénega, Primera Edición, Plan Regional de Desarrollo de Jalisco, fecha: S/F, fecha de consulta: 15 de enero de 2018, disponible en

http://seplan.app.jalisco.gob.mx/files2/e­maps/PlanesReg ionales/Region%2004%20Cienega.pdf

9 Ídem.

10 Mueren 15 peregrinos tras volcadura en Atotonilco el Alto, Milenio, fecha: 1 de octubre de 2017, fecha de consulta: 17 de octubre de 2017, disponible en http://www.milenio.com/policia/muertos-choque-volcadura-atotonilco-tort on-mílenio­-noticias-jalisco_0_1040296241.html

11 Región 04 Ciénega, Segunda Edición, Plan Regional de Desarrollo de Jalisco, fecha: S/F, fecha de consulta: 15 de enero de 2018, disponible en
http://transparenciafiscal.jalisco.gob.mx/sites/default/files/plan_de_desarrollo_region_04_cienega_vp1.pdf

12 Ídem.

13 Ídem.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 17 de enero de 2018.

Diputado Ramón Bañales Arámbula (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al gobierno de Baja California a presentar a esta soberanía un informe de la solventación de observaciones correspondientes a la Cuenta Pública de 2016 donde la ASF señala irregularidades en el ejercicio de los recursos destinados a la construcción de los centros de justicia penal en Ensenada y Tecate, así como de las salas de juicio oral del fuero común en la entidad, lo cual podría significar un daño al erario por más de 15.5 millones pesos, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Uno de los grandes logros del gobierno federal fue la instrumentación en tiempo y forma del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA), que comenzó a operar en todo el país conforme al plazo constitucional establecido para el 18 de junio de 2016. Con ello, se sentaron las bases para consolidar una impartición de justicia eficiente y transparente, en la que no haya cabida para la impunidad.

Con el objetivo de apoyar a las entidades federativas en la implementación del SJPA, el gobierno federal destinó entre enero de 2013 y julio de 2016 más de 18 mil 705 millones de pesos.1

No obstante, hubo casos de entidades federativas que no ejercieron de manera eficaz, eficiente y transparente los recursos destinados a la instrumentación del SJPA, tal es el caso del gobierno del estado de Baja California, que de acuerdo a la Auditoría de Inversiones Físicas: 16-A-02000-04-0532. 532-DS-GF, correspondiente a la Cuenta Pública de 2016, habría incurrido en diversas irregularidades que ascienden a más de 15.5 millones de pesos.

El gobierno de Baja California no llevó a cabo el procedimiento de licitación pública mediante convocatoria pública para la construcción del Nuevo Centro de Justicia Alternativa Penal, la construcción del Centro de Justicia Penal, en el municipio de Ensenada y la construcción del Centro de Justicia Penal en el municipio de Tecate, que fueron asignados mediante adjudicación directa.

La directora de Fiscalización y Evaluación de la Inversión Pública del Gobierno del Estado de Baja California, señaló que se optó por la excepción de licitación pública a fin de contar con la infraestructura necesaria para la operación del SJPA que entró en vigor el 18 de junio de 2016, sin embargo, hasta mayo de 2017 las obras no se habían concluido, por lo que al no cumplir con los plazos que motivaron dicha excepción, no existe fundamento legal para no realizar el proceso de licitación correspondiente. Con estas acciones, no se garantizó al estado las mejores condiciones en cuanto precio, calidad, financiamiento y oportunidad.

De acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ante el incumplimiento de los plazos de entrega de estas obras, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del gobierno de Baja California tendría que haber aplicado retenciones de 5 por ciento por concepto de penas convencionales que ascienden a 13 millones 587 mil 300 pesos, empero, hasta la fecha de la Auditoría no había realizado dicha retención, con lo que evidentemente se benefició una vez más a las empresas constructoras que obtuvieron el contrato sin la licitación correspondiente.

En el caso de la construcción del Nuevo Centro de Justicia Alternativa Penal en Ensenada, se realizaron pagos indebidos por casi 800 mil pesos; mientras que en el Centro de Justicia Penal del mismo municipio, no se justificaron el gasto por casi un millón de pesos por la supuesta instalación de una planta de emergencia y un generador de energía.

Otra de las irregularidades detectadas por la ASF, son la formalización de convenios modificatorios sin la autorización de la Secretaría de la Función Pública y sin haber informado a su órgano administrativo correspondiente. De igual forma, se autorizaron trabajos que ya se encuentran contemplados en los contratos originales.

Los datos son contundentes y dan cuenta de la ineficiencia con la que el gobierno de Baja California ejecutó los recursos destinados a la instrumentación del SJPA. Asimismo, evidencian la falta de compromiso de este gobierno por consolidar un sistema de procuración de justicia eficaz y transparente.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno de Baja California para que presente a esta soberanía, un informe sobre la solventación de las observaciones correspondientes a la Cuenta Pública de 2016, en las que la Auditoría Superior de la Federación señala diversas irregularidades en el ejercicio de los recursos destinados a la construcción de los centros de justicia penal en Ensenada y Tecate, así como de las salas de juicio oral del fuero común en dicha entidad y que podrían significar un daño al erario público por más de 15.5 millones pesos.

Nota

1 Cuarto Informe de Gobierno, Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, p. 120.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2018.

Rúbrica

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía General de Jalisco a diseñar un plan integral de contención y persecución del robo de agave tequilana Weber variedad azul, a cargo del diputado Ramón Bañales Arámbula, del Grupo Parlamentario del PRI

Ramón Bañales Arámbula, diputado a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo –de urgente u obvia resolución–, por el que se exhorta respetuosamente al maestro Raúl Sánchez Jiménez, titular de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, a que, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, diseñe un plan integral de contención y persecución del delito de robo de agave Tequilana Weber variedad azul, ocurrido de forma recurrente en el territorio del estado, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Durante los últimos años ha ido en aumento el robo de agave en las diferentes regiones y entidades que forman parte de la Declaratoria de Denominación de Origen “Tequila”.1 Nos referimos, a los estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Tamaulipas. Sin embargo, dada su producción, la mayor parte de los robos los sufren los más de 7 mil productores de agave localizados en el estado de Jalisco.

De acuerdo con datos expuestos por el diario El Economista , hasta noviembre de 2016, el inventario de agave en el país era de 316 millones de plantas, de las cuales 80 por ciento se encuentran sembradas en los 125 municipios del estado de Jalisco.2

En los últimos años el agave se ha convertido en un insumo de primera necesidad para la generación de diferentes productos de alta demanda (con independencia del tequila). En efecto, de acuerdo con el Consejo Regulador del Tequila (CRT) desde 2012 a la fecha se han acumulado más de cien denuncias de víctimas de robo de agave y, en ese amplio periodo, con únicamente dos detenidos.3

Generalmente el robo del agave Tequilana Weber variedad azul, ocurre en los grandes campos de cultivo. Los ladrones de productos agrícolas aprovechan la natural falta de vigilancia dada la extensión de los campos para realizar la sustracción ilegal y, en vehículos de carga transportan grandes cantidades de producto robado, para después introducirlo de forma ilegal en el en el mercado.

De acuerdo con cifras extra oficiales, en Jalisco fueron robadas 193 toneladas de agave Tequilana Weber variedad azul. Los robos ascienden a daños económicos por el orden de 2.8 millones de pesos y la pérdida de cerca de 5 mil plantas de agave. Las cifras no son menores, si consideramos que la planta requiere una maduración de 5 a 7 años para poder ser empleada para la elaboración de tequila.4

El director general de Consejo Regulador del Tequila, Miguel Ángel Domínguez, aseguró en junio del año pasado que “se tienen registradas 109 denuncias por este delito. Durante 2016, y años anteriores, se denunciaron 98 robos, afectando un total de 135 toneladas. Para este 2017 se han registrado once denuncias, que equivalen a una afectación de 134 toneladas.5

El licenciado Domínguez explicó también que además, los productores tequileros estaban trabajando en coordinación con la Fiscalía General del Estado, con la finalidad de capacitar a más de 800 elementos de fiscalía y a 32 elementos federales para conocer a detalle las implicaciones de la totalidad de la cadena de producción agave-tequila. Explicó además que entre los municipios más afectados están Tequila, El Arenal, Magdalena, Hostotipaquillo, Jesús María y Atotonilco.

Desgraciadamente, la tarea de las fuerzas policiacas estatales han sido insuficientes para contener este fenómeno delictivo por diversas razones: (i) la imposibilidad de que la policía vigile todos los predios en donde se cultiva el agave; (ii) las restricciones para las revisiones policiacas aleatorias; (iii) el desconocimiento de la autoridad sobre los caminos rurales secundarios; (iv) la imposibilidad para realizar aseguramiento del producto robado y, desafortunadamente, un largo etcétera.

Sin embargo, existen elementos que se deben reconocer y errores que históricamente se han cometido en el combate de este delito. Se sabe que el agave robado se comercializa con relativa facilidad en el mercado negro y no se ejercen las atribuciones de las autoridades para recuperar el producto, teniéndose desafortunadamente como costos hundidos para los productores.

En resumen, los delincuentes han encontrado un enorme hueco de impunidad para robar y comercializar el agave, construido a partir de la poca fuerza reactiva del Estado y de los pocos o nulos instrumentos jurídicos ejercidos.

Por ello, es imperativo que la Fiscalía General del Estado de Jalisco, a cargo del recientemente designado, maestro Raúl Sánchez Jiménez, se aboque a redoblar esfuerzos para combatir de manera inteligente y eficiente el robo del importante insumo, no sólo para la defensa de la economía de más de 7 mil 500 familias en nuestro estado, sino para contener la grave afectación de abasto y las complicaciones de trazabilidad del producto.

Todo esto potenciará la producción de calidad de la que aún podemos presumir en Jalisco, garantizar el abasto de tequila y otros productos y, por supuesto, garantizar la salud de los consumidores de la bebida nacional por definición.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta honorable Comisión Permanente, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al maestro Raúl Sánchez Jiménez, titular de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, a que, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, diseñe un plan integral de contención y persecución del delito de robo de agave Tequilana Weber variedad azul, ocurrido de forma recurrente en el territorio del estado.

Notas

1 Conforme al punto tercero de la declaratoria publicada el 9 de septiembre de 1974: ... se establece como territorio de origen el comprendido por el Estado de Jalisco; los Municipios de Abasolo, Ciudad Manuel Doblado Cuerámaro, Huanimaro, Pénjamo y Purísima del Rincón, del Estado de Guanajuato; los municipios de Briseñas de Matamoros, Chavinda, Chilchota, Churintzio, Cotija, Ecuandureo, Jacona, Jiquilpan, Maravatío, Nuevo Parangaricutiro, Numeren, Pajacuarán, Peribán, La Piedad, Régules, Los Reyes, Sahuayo, Tancítaro, Tangamandapio, Tangancícuero, Tanhuato, Tingüindín, Tocumbo, Venustiano Carranza, Vil/amar, Vistahermosa, Yurécuaro, Zamora y Zináparo, del Estado de Michoacán; los Municipios de Ahuacatlán, Amatlán de Cañas, Ixtlán, Jala, Jalisco, San Pedro de Lagunillas, Santa María del Oro y Tepic, del Estado de Nayarit; y los Municipios de Aldama, Altamira, Antiguo de Morelos, Gómez Farías, González, Llera, Mante, Nuevo Morelos, Ocampo, Tula y Xicoténcatl del Estado de Tamaulipas.

2 El Economista . (21 de noviembre de 2016). Nacional. Fecha de consulta: 31 de mayo de 2017, de “Más vigilancia por aumento de robo de agave tequilero”:

http:/leleconomista.com. mx/estados/2016/11/21/mas-vigilancia-aumento-robo-agave-tequilero [Fecha de consulta 13 de enero de 2018].

3 NTR. (25 de abril de 2017). Nacional. “Alerta en Jalisco por robo de agave”:

http://intrzacatecas.com/2017 /04/25/alerta-en-jalisco-por-robo-de-agavel [Fecha de consulta 13 de enero de 2018].

4 Robo de agave incrementó en Jalisco este año:

http://wradio.com-mx/emisora/2017/10/10/guadalajara/1507 661723028072.htmIAlarmaen México: en 2017 ya robaron 193 toneladas de la planta con la que se produce el tequila: https://www.infobae.com/america/mexico/2017 /10/25/alarma-en-mexico-en-2017- ya-robaron-193-toneladas-de-la-planta-con-la-que-se-produce-el-tequila/ [Fecha de consulta 13 de enero de 2018].

5 Tipificar como delito grave el robo de agave: diputados del PRI

https://www.eloccidental.com _ mx/local/tipificar -como-delito-grave-el-robo-de-aqave-diputados-del-pri [Fecha de consulta: 14 de enero de 2018].

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2018.

Diputado Ramón Bañales Arámbula (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE, el INE y la Fepade a llevar a cabo una investigación sobre una presunta intromisión en el proceso electoral de 2017-2018 de apoyos extranjeros en favor del precandidato presidencial de Morena, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Poco antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos del 8 de noviembre de 2016, las agencias de inteligencia de dicha nación señalaron que Rusia habría accedido y difundido de manera ilegal correos electrónicos de asesores de la candidata del Partido Demócrata Hillary Clinton, con el propósito de desacreditarla.

Derivado de estos hechos, el 29 de diciembre de 2016, casi al concluir su administración, el presidente Barack Obama anunció la expulsión de 35 diplomáticos rusos.1

De acuerdo al reporte Assessing Russian Activities and Intentions in Recent US Election , el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó una campaña para influir en la elección presidencial de 2016, con el objetivo de socavar la fe en los procesos democráticos de Estados Unidos, así como obstaculizar las posibilidades de Hillary Clinton para alcanzar la presidencia.2 Asimismo, destaca los siguientes aspectos:

* Cuando parecía que la Hillary Clinton podría ganar la elección se inició una campaña enfocada a socavar su futura presidencia.

* La campaña de influencia de Moscú abarcó desde mensajes estratégicos hasta la mezcla de operaciones de inteligencia cibernética y el pago de trolls.

* Los servicios de inteligencia rusos realizaron ciberoperaciones contra objetivos asociados con la elección presidencial de 2016, incluidos los principales partidos políticos de Estados Unidos.

* A través ciberoperaciones el gobierno ruso obtuvo información que fue filtrada a través de WikiLeaks.

* Los trabajos de inteligencia rusos le permitieron obtener y mantener accesos múltiples juntas electorales estatales y locales.3

En el marco de la investigación sobre la intervención del gobierno de Rusia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en el 2016, el ex jefe de campaña del presidente Donald Trump, Paul Manafort, enfrenta el cargo de conspiración contra Estados Unidos, por la presunta colusión del equipo de campaña de Trump con el gobierno Ruso.4

En este sentido, en fechas recientes comienza a tomar fuerza diversas investigaciones que dan cuenta de una supuesta intromisión por parte del gobierno de Rusia para favorecer a Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con el asesor de seguridad estadounidense Herbert Raymond McMaster, los mexicanos están siendo blanco de operaciones de interferencia electoral por parte de Rusia.5

En un artículo del diario estadounidense The Washington Post , se señala que en unas elecciones muy competidas como las que se avecinan en México el próximo mes de julio “un poco de ayuda de los rusos, amplificando el mensaje en las redes sociales, podría terminar marcando una diferencia decisiva”.6

Desde hace unos meses, la red de televisión del Kremlin, RT, comenzó a brindar más cobertura a John Ackerman, uno de los principales ideólogos y defensores en redes sociales de López Obrador, quien ha sido descrito en los programas de esta televisora como “Nuestro hombre en México”.7

La intromisión de intereses extranjeros en el proceso electoral de 2018 a favor del precandidato de Morena a la presidencia de México no se limitan a Rusia. En días recientes en Venezuela se han visto bardas con la leyenda “López Obrador es revolución mexicana”, la pinta en apoyo al precandidato a la presidencia está firmada por el Partido Socialista Unido de Venezuela, instituto político que fundó Hugo Chávez y al que pertenece el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.

La cercanía entre Morena y el gobierno venezolano es más que conocida, cabe recordar que el 27 de mayo de 2017, en plena efervescencia de protestas en contra del gobierno de Maduro por la disolución del Congreso de Venezuela, el partido Morena le expresó su solidaridad.

A través de su cuenta de twitter, la embajada de Venezuela en México publicó el siguiente tuit: “Celebramos el acompañamiento del partido Morena, su solidaridad y apoyo irrestricto a la Revolución Bolivariana ¡Viva México y Venezuela!.8

Los hechos son contundentes y dan cuenta de cómo la intromisión de intereses extranjeros no sólo solo son violatorios a nuestra Constitución y la legislación electoral, sino también afectan la equidad que debe prevalecer en las contiendas electorales y que en un escenario tan competido como el que se avecina, pueden marcar la diferencia, tal como sucedió en los Estados Unidos.

Los legisladores del PRI consideramos que estos apoyos desde el extranjero atentan contra nuestra soberanía y nuestro régimen democrático, por lo que resulta apremiante que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes para que detener de manera inmediata cualquier tipo de intromisión y garantizar que los únicos que decidan quién será el próximo presidente, sean los mexicanos.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el presente:

Punto de acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para que, en el ámbito de sus atribuciones, lleven a cabo una investigación en relación a una presunta intromisión en el proceso electoral 2017-2018 de apoyos extranjeros a favor del precandidato de Morena a la presidencia de la República.

Notas

1 “Lo que se sabe de la presunta injerencia rusa en elecciones de EU”, El Universal , <

http://www.eluniversal.com.mx/mundo/lo-que-se-sabe-de-la -presunta-injerencia-rusa-en-elecciones-de-eu> Consultado el 15 de enero de 2018.

2 “Assessing Russian Activities and Intentions in Recent US Election ”, Intelligence Community Assessment , 6 de enero de 2017, <

https://www.nytimes.com/interactive/2017/01/06/us/politics/
document-russia-hacking-report-intelligence-agencies.html Consultado el 15 de enero de 2018.

3 Ibìd.

4 “Lo que se sabe de la presunta injerencia rusa en elecciones de EU” Op. Cit.

5 “A Mexican presidential candidate is getting an unexpected boost from Trump and Putin ”, The Washington Post, <

https://www.washingtonpost.com/news/democracy-post/wp/2018/01/11/
a-mexican-presidential-candidate-is-getting-an-unexpected-boost-from-trump-and-putin/
?utm_term=.49f6a4b42cdc> Consultado el 15 de enero de 2018.

6 “Putin impulsaría a AMLO según un artículo del Washington Post ”, El Financiero ,

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/senalan-en-the-w ashington-post-que-putin-apoya-a-amlo.html Consultado el 15 de enero de 2018.

7 Ibìd.

8 “Embajada de Venezuela agradece el apoyo de Morena; el partido se deslinda”, Animal Político ,
http://www.animalpolitico.com/2017/05/venezuela-morena-apoyo/ Consultado el 15 de enero de 2018.

Dado en el recinto de San Lázaro, a los 17 días del mes de enero de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Guanajuato a rediseñar su estrategia contra la inseguridad por el incremento sostenido de los delitos en diversos municipios, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores de la República, integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

A poco más de cinco años del inicio de la actual administración del gobernador del estado de Guanajuato, la entidad enfrenta una situación crítica de inseguridad la cual registra una tendencia creciente, en perjuicio de los habitantes.

El Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Guanajuato 2035, correspondiente al periodo 2012-2018, establece que uno de sus componentes centrales de la seguridad pública es garantizar la libertad, dignidad y seguridad de la sociedad en un marco de respeto a los derechos humanos y certeza jurídica, siendo necesario promover en coordinación con la sociedad, campañas tendientes a la prevención de los delitos y coordinar los esfuerzos para enfrentar los problemas de seguridad pública, con el objeto de salvaguardar la integridad y patrimonio de la población.1

Dentro de las principales acciones del plan en la materia, destacan las siguientes: Conservar el orden, la tranquilidad y la seguridad de la entidad; organizar, capacitar, supervisar y controlar los cuerpos de seguridad pública; e instrumentar un programa de homologación para fortalecer a las instituciones de seguridad pública de todos los municipios.

No obstante lo anterior, en los últimos meses del 2017 y principios del 2018 Guanajuato se ha enlistado como una de las entidades federativas con mayor número de delitos.

Para ponderar la gravedad de esta problemática, cabe mencionar que, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), tan solo entre enero-noviembre del año pasado se registraron un total de 108 mil 147 delitos del fuero común, cifra que representa un incremento de un 148 por ciento en comparación con el mismo periodo del 2012.2

Tan solo en el mes de noviembre pasado, se registraron un total de 9 mil 763 delitos que, respecto a igual mes del 2016, tuvo un aumento de 115 por ciento. En dicho mes se registraron 305 homicidios, cifra superior a los 162 casos que se tuvieron en noviembre de 2012.

Por otra parte, el total de robos con violencia pasó de 742 a 843 casos, mientras que el robo sin violencia aumentó 232 robos al mismo mes del 2016.

En este mismo orden de ideas, de acuerdo con el Semáforo Delictivo, en noviembre pasado, se cometieron un total de 97 homicidios, por lo que en comparación al mismo mes del 2016, tuvo un aumento de 56 casos.3

Diversos medios periodísticos señalan que se han cometido al menos 80 asesinatos dolosos en lo que va de 2018. Los municipios con mayor homicidio son Irapuato, León y Celaya. Tan solo el pasado 6 de enero, en León, en la comunidad de La Laborcita, se encontró una camioneta Blazer calcinada y en su interior estaban los cuerpos de tres personas.4

En lo que va de la actual administración, la Subprocuraduría de Justicia de la Región C, que comprende los municipios de la Región Laja-Bajío, ha registrado más de 40 homicidios.

De acuerdo con cifras dadas a conocer por el Observatorio Ciudadano local, al cierre de 2017 la incidencia delictiva aumentó junto con delitos como la privación ilegal de la libertad y los asesinatos en más de un 70 por ciento. En dicha ciudad se han registrado al menos 10 asesinatos, entre los que destacan los asesinatos a delincuentes, policías e inocentes.

Esta situación, evidencia la falta de resultados por parte del gobierno estatal en materia de la erradicación de los delitos, pese a que se estableció como un eje central en la estrategia gubernamental.

Las acciones hasta ahora implementadas han resultado insuficientes e ineficaces para atender el problema de la inseguridad que prevalece la entidad y que afecta a las familias guanajuatenses.

Nuestra ley fundamental, en su artículo 21, establece que la seguridad es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas.5

La actuación de las instituciones de seguridad se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

Por otro lado, la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, expresa en su artículo 2, a la letra: “La seguridad pública es una función a cargo del Estado y sus municipios que tiene como fines salvaguardar la vida, la integridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos; y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo”.6

El gobernador de la entidad no puede ser omiso ante sus obligaciones de brindar las condiciones de seguridad que contribuyan a tranquilidad, estabilidad y bienestar de la población.

Por ello, resulta urgente que el gobierno del estado rediseñe su estrategia de combate a la inseguridad, ante aumento permanente de la incidencia delictiva en los diversos municipios de la entidad, con el propósito de salvaguardar la tranquilidad e integridad y el patrimonio de las familias guanajuatenses.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta.

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a que, en el ámbito de sus atribuciones, rediseñe su estrategia de combate a la inseguridad, ante el incremento sostenido de los delitos en diversos municipios de la entidad, con el propósito de restituir la paz, así como salvaguardar la tranquilidad e integridad de la población.

Notas

1 http://programa.guanajuato.gob.mx/pdf/programa.pdf

2 http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuer o%20comun/Cieisp2017_112017.pdf

3 http://guanajuato.semaforo.com.mx/

4 http://zonafranca.mx/violento-arranque-de-2018-en-guanajuato-asesinan-a -seis-personas-por-dia-en-las-primeras-semanas-del-ano/

5 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf

6 https://portal.pgjguanajuato.gob.mx/PortalWebEstatal/Archivo/normateca/ 15.pdf

Dado en el salón de sesiones de la honorable Comisión Permanente, a los 17 días del mes de enero del 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Veracruz a presentar un informe pormenorizado de las acciones instauradas y los resultados para identificar, sancionar, prevenir y erradicar la violencia de género contra las mujeres, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, senadores de la república, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el estado de Veracruz, los actos contrarios a los derechos humanos contra niñas, adolescentes y mujeres no sólo prevalecen, sino que durante la administración del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares se han incrementado, esto de acuerdo con resultados de investigaciones e informes de diversas universidades y organizaciones de la sociedad civil.

En este sentido, la Universidad Veracruzana a través de su “Observatorio Veracruzano de Violencias contra las Mujeres” ha advertido de un aumento en el número de feminicidios, ya que en el 2016 se dieron 142 casos, pero en el 2017 este número ascendió a por lo menos 192 homicidios; situación que no ha cambiado durante los primeros días del 2018.1

Por su parte, para integrantes del “Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio”, indican que estos casos se han acentuado en el estado de Veracruz, sobre todo, por la negación sistemática de reconocer esta problemática, lo cual limita los recursos económicos, humanos y de infraestructura canalizados para garantizar, entre otros aspectos, asesorías, medidas de reparación del daño y la promoción de una cultura de denuncia como medio de sanción y prevención.

A pesar de que municipios como Boca del Río, Coatzacoalcos, Martínez de la Torre, Minatitlán, Tuxpan, el Puerto de Veracruz y Xalapa cuentan con Alerta de Violencia de Género desde el pasado mes de noviembre de 2016, siguen dándose estos actos sin la intervención efectiva de las autoridades gubernamentales y de seguridad pública.2

Para tener un panorama general de la situación, basta señalar los feminicidios más recientes con el objeto de visibilizar estos ilícitos que trasgreden los derechos humanos de las mujeres veracruzanas.

• A unos días de haberse declarado la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado en el año 2017, fue encontrada muerta una estudiante de licenciatura en derecho en el municipio de Papantla al norte del estado.

Destaca que en Papantla, se ha denunciado la probable colusión de las autoridades municipales con organizaciones del crimen organizado, las cuales han motivado múltiples recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para atender desapariciones forzadas de personas, violaciones a los derechos humanos y la privación ilegal de la libertad de la ciudadanía.

• Sólo en el municipio de Xalapa se han dado por lo menos 8 feminicidios, en todos ellos, existen huellas de tortura tales como estrangulamiento, decapitaciones y hasta el tiro de gracia. Por si esto no fuera poco, se han reconocido que las víctimas han sido objeto de agresiones sexuales o mutilaciones, y que sus agresores tienen algún grado de parentesco o amistad.

• Por otra parte, el pasado mes de agosto fue uno de los más violentos para las mujeres en el municipio de Martínez de la Torre, ya que durante ese período por lo menos 4 mujeres perdieron la vida, la última fue hallada en la Colonia Chapultepec entre las calles de Río Tonalá y el libramiento de la Ciudad.

• Este panorama de alta incidencia delictiva y vulnerabilidad para niñas y adolescentes se ha incrementado en demarcaciones como el puerto de Veracruz, ejemplo de ello, es la localización de una joven asesinada a puñaladas en el fraccionamiento “La Florida”, lo mismo sucedió en el fraccionamiento “La Hacienda” en el que se denunció el fallecimiento de una mujer con signos de violencia física y sexual.3

• El mismo escenario de violencia acontece en Coatzacoalcos, en el lugar se han dado ejecuciones en espacios públicos y en las principales vialidades, muestra de ello, son las bolsas encontradas con restos humanos en la colonia “Villas del Sur”, el fraccionamiento “Olmeca” y las calles de “Teolcalli y Cabeza Colosal”.4

Es importante reconocer que las acciones y medidas hasta ahora instrumentadas en el estado de Veracruz por la gestión del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, han sido ineficaces e insuficientes para disminuir, contener y prevenir la comisión de ilícitos y garantizar un clima de seguridad y protección para las mujeres y la ciudadanía en general.

Una limitante para hacer frente a estos crímenes, es que la entidad y sus instituciones de seguridad pública no cuentan con estadísticas precisas y fidedignas del número de casos, que permitan entre otros aspectos, identificar los polígonos de alta incidencia; los municipios, localidades y poblaciones con mayor problemática y los sectores poblaciones afectados.

La impunidad en la sanción de estos delitos, constituye otro desafío que debe ser superado por las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia locales, para estos fines, se deben fortalecer los mecanismos de investigación y recolección de pruebas para contar con los elementos necesarios para catalogarlos como feminicidios y no delitos de otra índole, de no ser así, se continuará limitando los alcances del gobierno local para atender y superar los factores de violencia y vulnerabilidad para las mujeres.

Bajo estas consideraciones, para los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI es indispensable que el Gobierno del estado de Veracruz informe sobre las políticas, programas y acciones instrumentadas, pero principalmente, de las medidas a llevar a cabo durante este 2018 para identificar, sancionar, prevenir y erradicar la violencia de género contra las mujeres en la entidad, ante el incremento de feminicidios durante el primer año de gestión del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta.

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno del estado de Veracruz para que, en el marco de sus atribuciones constitucionales, presente un informe pormenorizado de las acciones instrumentadas y sus resultados para identificar, sancionar, prevenir y erradicar la violencia de género contra las mujeres, ante el incremento de feminicidios durante el primer año de gestión del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

Notas

1 Ángel Camarillo. (2017). En primer año de gobierno de Yunes, aumentaron feminicidios en Veracruz. 12/01/2018, del sitio web: https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-primer-anio-del-gobierno -de-yunes-aumentaron-feminicidios-en-veracruz-253134.html#.WlkkKHlJkiQ

2 La Jornada Veracruz. (2017). Al mes, 22 feminicidios en el estado y las medidas por alerta no avanzan. 12/01/2018. Sitio web: http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=171126_110749_858

3 El Universal. (2017). Asesinan a dos mujeres en Veracruz; una de ellas menor de edad. 12 de enero de 2018. Sitio web: http://www.eluniversal.com.mx/estados/asesinan-dos-mujeres-en-veracruz- una-de-ellas-menor-de-edad

4 E-consulta Veracruz. (2017). Encuentran restos humanos en colonia de Coatzacoalcos. 12 de enero de 2018. Sitio web: http://www.e-veracruz.mx/nota/2017-11-14/seguridad/encuentran-restos-hu manos-en-colonia-de-coatzacoalcos

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 17 de enero de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual la Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena enérgicamente el homicidio del periodista Carlos Domínguez Rodríguez, ocurrido el 13 de enero en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y exhorta a las autoridades correspondientes a llevar a cabo las investigaciones que permitan el pronto esclarecimiento del hecho, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, rechazamos y condenamos enérgicamente el homicidio del periodista Carlos Domínguez Rodríguez, acontecido en Nuevo Laredo, Tamaulipas el pasado 13 de enero, ilícito que de acuerdo con información vertida en diversos medios de comunicación, ocurrió mientras el ahora occiso viajaba con sus familiares (quienes resultaron ilesos) en su automóvil.

Debido a la dinámica observada en los hechos, a reserva de que sean agotadas todas las líneas de investigación, en principio se presume que la privación de la vida podría estar relacionada con la actividad periodística que desempeñaba.

La Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas ha informado que el periodista independiente de 77 años de edad fue privado de la vida después de recibir 21 puñaladas por parte de varias personas y no por impacto de arma de fuego, como se había comunicado inicialmente. Asimismo, precisaron que no había denuncias de amenazas por parte del comunicólogo y que la familia de la víctima ya está recibiendo protección.1

Si bien es cierto que las investigaciones conducentes ya se encuentran en curso, también lo es que resulta medular que tanto la Procuraduría General de Justicia de la entidad y la Procuraduría General de la República, redoblen esfuerzos para dar celeridad al esclarecimiento de los hechos. Igual de importante es que las medidas de prevención, protección y atención ante agresiones en contra de periodistas y la población en general, sean fortalecidas sin mayor dilación en la entidad.

En este tenor, queda de manifiesto que los hechos que motivan el presente punto de acuerdo atentan contra la certeza jurídica, tranquilidad, integridad y bienestar de la población de la entidad, pero también trasgreden el pleno ejercicio de derechos humanos trascendentales como son la libertad de expresión y prensa, al vulnerar a quienes integran este gremio vital para el desarrollo democrático de nuestro país.

Bajo esta tesitura, al tiempo que hacemos el enérgico llamado para que los hechos sean esclarecidos sin mayor dilación (a fin de que los responsables sean susceptibles de las consecuencias jurídicas correspondientes), expresamos que al homicidio del periodista Carlos Domínguez Rodríguez, se suma al clima de violencia e inseguridad que prevalece en el estado de Tamaulipas.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el estado de Tamaulipas, de enero a noviembre de 2017, fueron denunciados 728 homicidios dolosos, 179 casos más respecto al mismo periodo de 2016 (cuando la cifra fue de 549).2 En el mismo tenor, conforme a la organización Semáforo Delictivo, de enero a noviembre de 2017 de manera ininterrumpida, los homicidios en la entidad estuvieron por encima de la media y la meta establecidas.3

El clima de violencia e inseguridad que prevalece en el estado de Tamaulipas no es percepción y se puede advertir en otras cuestiones como es la ingobernabilidad que se ha manifestado en distintos centros penitenciarios estatales, entre los que podemos mencionar los siguientes:

• 6 de junio de 2017. En el Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria, Tamaulipas, aconteció un enfrentamiento armado que derivó en decesos y lesiones de elementos de la Policía estatal e internos. El desorden generado fue contenido después de cuatro horas y con respaldo del Ejercito Mexicano y la Policía Federal.4

• 31 de julio de 2017. Se hizo del dominio público que el coordinador de Centros de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Tamaulipas, Felipe Téllez Ramírez, fue privado de la vida en el estacionamiento de un restaurante ubicado en la carretera Victoria-Matamoros, a la altura del kilómetro 4.7, en el ejido Lázaro Cárdenas, de la capital.5

• 5 de noviembre de 2017. Se reportó una riña en el Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) en Ciudad Victoria, donde se escucharon detonaciones y se reveló que se trataba de un motín. En dicho enfrentamiento resultaron lesionadas cuatro personas.6

Ante este panorama, cabe mencionar que en términos del artículo 2 de la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, la seguridad pública es una función a cargo del Estado y de los municipios, cuyos fines radican en salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

El propio precepto jurídico establece que dichos fines se alcanzan mediante la prevención integral, la investigación, la persecución, la sanción de las infracciones y de los delitos, así como por medio de la reinserción social del sentenciado y la reintegración social y familiar del adolescente.

Por ello, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI hacemos el llamado a que las autoridades correspondientes garanticen una investigación pronta, objetiva, expedita e imparcial en el homicidio del periodista Carlos Domínguez Rodríguez, ocurrido el pasado 13 de enero, a fin de que se deslinden las responsabilidades que conforme a derecho procedan.

Asimismo, resulta fundamental que el Gobierno del estado de Tamaulipas, en el marco de sus atribuciones y a través de las instancias de seguridad pública, fortalezca sus acciones encaminadas a salvaguardar la integridad, patrimonio y bienestar de la población de la entidad.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, condena enérgicamente el homicidio del periodista Carlos Domínguez Rodríguez, ocurrido en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el pasado 13 de enero; y exhorta a las autoridades correspondientes a que lleven a cabo las investigaciones que permitan el pronto esclarecimiento del ilícito, a fin de que se deslinden las responsabilidades que conforme a derecho procedan.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al gobierno del estado de Tamaulipas, para que través de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, fortalezca sus estrategias en materia de prevención y combate del delito, a fin de garantizar el establecimiento de condiciones que contribuyan a una convivencia armónica y la observancia de la cultura de la legalidad en la entidad.

Notas

1 http://www.proceso.com.mx/518530/el-periodista-carlos-dominguez-recibio -21-punaladas-e-iban-contra-el-procurador-de-tamaulipas

2 http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-del ictiva-fuero-comun.php

3 http://tamaulipas.semaforo.com.mx/

4 http://www.tamaulipas.gob.mx/2017/06/comunicado-sobre-hechos-en-el-cede s-ciudad-victoria-ssp-042-2017/

5 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/07/31/1178886

6 http://www.proceso.com.mx/510007/se-registra-rina-en-penal-ciudad-victo ria-cuatro-reos-heridos

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 17 días del mes de enero del año dos mil dieciocho.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Morelos a implantar o, en su caso, fortalecer y ampliar por la Fiscalía General las acciones en materia de prevención, combate y sanción de la desaparición de mujeres y niñas ante su incremento sostenido en 2017, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El respeto de los derechos humanos y la erradicación de la violencia de género en todas sus manifestaciones son temas torales en los que no se deben escatimar esfuerzos. En consecuencia, es vital que desde el Congreso de la Unión, impulsemos las acciones que sean necesarias para prevenir y erradicar toda conducta que trasgreda la esfera jurídica y dignidad de las niñas, adolescentes y mujeres.

Al efecto, en distintas ocasiones se ha dado cuenta de que en el estado de Morelos impera un ambiente de inseguridad, violencia, discriminación e incertidumbre hacia las mujeres en prácticamente todos los ámbitos de desarrollo.

En relación a la situación expuesta, no podemos ser omisos ante los hechos ocurridos durante la primera semana de enero del año en curso, cuando el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, hizo del dominio público que en el estado de Morelos la cifra de desapariciones de mujeres aumentó más del doble, al pasar de 103 casos reportados durante 2016 a 253 documentados en 20171 , cifra que posiciona al año anterior como el más violento para las mujeres en la entidad.

La propia organización precisó que en 2017 se contaron 39 casos de desaparición de niñas de entre 1 y 12 años; 183 de jóvenes de entre 13 y 29 años; 30 de mujeres mayores de 29 años y una sin determinar su edad. De ellas, 148 fueron localizadas y 108 no, asimismo, indican que se emitieron 18 alertas Amber y cuatro fueron localizadas sin vida. Aunado a lo anterior, detallan que por cada ficha publicada existen por lo menos dos que no son difundidas, por lo cual, se estima que la cifra de mujeres desaparecidas podría estar en alrededor de 800 casos.

No obstante que en agosto de 2015, la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) emitió la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para ocho municipios morelenses2 , diversas organizaciones de la sociedad civil han manifestado que la vida de las mujeres sigue en riesgo en la entidad.

Denuncian que los casos de desaparición no sólo continúan, sino que además se han incrementado de manera permanente, por otro lado, han acusado que ante el complejo panorama, dicha problemática es minimizada por las autoridades del Ejecutivo estatal.

Además de la gravedad intrínseca a los hechos en comento, cabe destacar que de acuerdo con el reporte del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, la efectividad de la Fiscalía General de la entidad en labores de búsqueda y localización de mujeres desaparecidas es de 56.9 por ciento3 .

Aunado a lo anterior, cabe destacar que la problemática que motiva el presente punto de acuerdo no es una cuestión aislada, sino que más bien forma parte de un clima de violencia e inseguridad general en el estado. Por ello, no es extraño que según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2017, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la percepción de la inseguridad en Morelos es de 86.3 por ciento4 .

Para ponderar la pertinencia del presente asunto, resulta esencial tener en cuenta que la desaparición forzada constituye un flagelo que lastima gravemente a la sociedad en su conjunto. Además, las familias que experimentan la pérdida de un ser querido no vuelven a ser las mismas debido a que su tranquilidad queda menoscabada para siempre.

Ante ello, es oportuno resaltar que dentro de la comunidad internacional, nuestro país se ha distinguido y aún se caracteriza por su permanente compromiso con la protección integral de los derechos humanos, así lo advierten los múltiples tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito en materias de diversa índole, que van desde la protección de los derechos de la niñez, el combate a la violencia contra la mujer y, por supuesto, en la atención de conductas denigrantes, crueles o inhumanas, entre ellas la desaparición forzada y la tortura.

En este orden de ideas, entre los principales instrumentos ratificados por el Estado mexicano en la materia, se encuentran los que a continuación se refieren: la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada de Personas; la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Bajo esta tesitura, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, instamos a las autoridades del estado de Morelos para que redoblen esfuerzos en la materia, a fin de garantizar el respeto, la promoción y la defensa de todos los derechos humanos, especialmente los que protegen la libertad y la vida (en atención al caso concreto).

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Morelos para que en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, a través de la Fiscalía General, implemente o, en su caso, fortalezca y amplíe sus acciones en materia de prevención, combate y sanción de los casos de desaparición de mujeres y niñas, ante el incremento sostenido de este tipo de ilícitos presentado en la entidad durante el año 2017.

Notas

1 http://www.eluniversal.com.mx/estados/denuncian-desaparicion-de-253-muj eres-en-morelos-durante-2017

2 https://www.gob.mx/conavim/es/prensa/
segob-declara-alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres-en-ocho-municipios-de-morelos?idiom=es

3 http://www.proceso.com.mx/518166/desaparicion-de-mujeres-en-morelos-rep unto-en-2017-dice-centro-digna-ochoa

4 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/envipe/envipe2017_0 9.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México a fortalecer las acciones de inspección y monitoreo para verificar la obtención de los permisos de demolición de los inmuebles catalogados con valor artístico por el INBA, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, senadores de la república, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A consecuencia de los sismos del pasado mes de septiembre, en nuestro país por lo menos mil 225 inmuebles de valor artístico, histórico o cultural presentaron daños graves en fachadas, paredes y estructuras. Tan sólo en la Ciudad de México, este número ascendió a por lo menos 22 inmuebles, entre ellos museos, edificios históricos, centros culturales y zonas arqueológicas.

Solo en la delegación Cuauhtémoc, existen por lo menos mil 700 inmuebles con algún grado de perjuicio, localizados principalmente en colonias como Condesa, Doctores, Roma, Guerrero y el Centro Histórico de la Capital del país, estas afectaciones según Protección Civil, se han acumulado desde el movimiento telúrico del año 1985.

Para subsanar estas averías, se requerirán más de 10 mil millones de pesos de acuerdo con informes y estimaciones de la Secretaría de Cultura; fondos que serán utilizados para labores de restauración y reconstrucción a múltiples edificaciones con alto valor artístico, histórico y cultural.

Algunos otros por el grado de afectaciones serán demolidos, no obstante, este proceso no ha estado exento de anomalías, entre ellas destacan las siguientes:

• Existen denuncias ciudadanas sobre demoliciones irregulares por parte del gobierno de la Ciudad de México, como la que se documentó en un inmueble de la calle “Provincia número 303 en la Colonia Del Valle en la Delegación Benito Juárez”. En estos trabajos, se constató que el predio con estilo arquitectónico “art déco” forma parte de los inmuebles catalogados con valor artístico, histórico y cultural por el Instituto Nacional de Bellas Artes.

Además se comprobó que para esta demolición, el gobierno de la Ciudad de México no cuenta con el visto bueno, opinión técnica ni permisos, asimismo, se evidenció que de enero del año pasado en su interior se desarrolló la demolición de muros y losas sin disponer de la autorización por parte de las autoridades delegaciones.1

En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos convencidos de que debido a la antigüedad de las construcciones, es necesario el desarrollo de trabajos especializados para prevenir daños a edificios aledaños y no generar riesgos de protección civil que vulneran la integridad física de la población y a su patrimonio.

• En Ámsterdam 25 en la colonia Hipódromo, organizaciones vecinales aseguran que su demolición no cumplió con la normatividad vigente, debido a que sólo se realizó a través de un dictamen del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, pero no se le informó de este procedimiento al Instituto Nacional de Bellas Artes, a pesar de estar considerados dentro de los edificios con valor histórico y cultural.2

• Estas denuncias no son particulares al patrimonio histórico y cultural, por ejemplo, en las demoliciones de los edificios ubicados en “Canal de Miramontes 3010, Sonora 149 y calzada de la Viga 1756”, fue evidente la falta de coordinación entre las autoridades y la eficiencia en los trabajos, ya que duraron más de lo comprometido, provocando molestias a los vecinos y afectaciones en la circulación de las vialidades y calles aledañas.

• Múltiples afectados, han manifestado su desaprobación por lo tardío que ha sido la atención de las autoridades capitalinas para iniciar con el proceso de demolición, ejemplo de esta situación, es el edificio localizado en Génova 33 y Hamburgo 112, ya que esta demora provoca el cierre de comercios, inseguridad y la pérdida de fuentes de empleo.3

• Por si esto no fuera suficiente, existen quejas de la falta de notificación ante el inicio de diversos procesos de demolición, esto significa que los propietarios de departamentos y casas habitación no son notificados ante la demolición de su patrimonio.

Ante estas anomalías, es necesario que el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, amplíe sus medidas de inspección para verificar y constatar que el gobierno capitalino, cuenta con permisos de demolición de los inmuebles catalogados con valor artístico, histórico y cultural por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes.

Es determinante que este Instituto, informe a esta Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de las acciones desarrolladas y sus resultados, para vigilar que las demoliciones se desarrollan contando con las autorizaciones, dictámenes de afectación, notificaciones y validaciones o visto bueno por el Instituto Nacional de Bellas Artes.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México para que, fortalezca sus acciones de inspección y monitoreo para verificar la obtención de los permisos de demolición de los inmuebles catalogados con valor artístico, histórico y cultural por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes, a fin de esclarecer y en su caso sancionar diversas anomalías como falta de permisos, la demolición irregular e incumplimientos en materia de protección civil.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al gobierno de la Ciudad de México para que, presente un informe por memorizado del avance de las demoliciones de los inmuebles afectados por los sismos del pasado mes de septiembre, en particular los catalogados como de valor artístico y cultural con énfasis en las autorizaciones, dictámenes de afectación, notificaciones y validaciones o visto bueno por el Instituto Nacional de Bellas Artes.

Notas

1 Rocío González Alvarado. (2018). Demuelen en la colonia Del Valle inmueble catalogado por el INBA. 15/01/2018, de La Jornada Sitio web: http://www.jornada.unam.mx/2018/01/15/capital/031n1cap

2 Shelma Navarrete. (2017). Vigilarán patrimonio de la Roma-Condesa. 15/01/2018, de El Reforma Sitio web:
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1288161&
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3 Arturo Páramo. (2017). Urge acelerar demoliciones en Zona Rosa, piden locatarios. 15/01/2018, de Excélsior Sitio web: http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/12/05/1205692

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 17 de enero de 2018.

(Rúbrica)