Proposiciones
Excitativas
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y el gobierno de Zacatecas a realizar acciones emergentes para activar los apoyos a familias y productores de guayaba afectados por las bajas temperaturas ocasionadas por los frentes fríos números 13 y 14, suscrita por la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, diputada Claudia Sofía Corichi García, integrante de la LXIII Legislatura en la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, número 1, los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al gobierno federal y del estado de Zacatecas a realizar las acciones emergentes para la activación de apoyos a familias y productores de Guayaba afectados por las bajas temperaturas ocasionadas por los frentes fríos 13 y 14, de manera específica por el fenómeno ocurrido el 8 de diciembre de 2017 en diversos municipios de la entidad, con base en las siguientes

Consideraciones

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) informó que, en los últimos tres años, la producción de guayaba en México aumentó en 8.2 por ciento, lo que permite consolidar al país como el quinto productor mundial de este fruto.

De acuerdo con un informe de la dependencia federal, durante el periodo enero–octubre del 2017, la producción de guayaba en el país alcanzó las 224 mil 841 toneladas, lo que representa un incremento en términos de volumen de aproximadamente 17 mil toneladas, en comparación con el mismo lapso de 2014.

En términos anuales, la producción de este fruto se incrementó 3.8 por ciento, al pasar de 216 mil 649 toneladas en 2015 a más de 224 mil reportadas en los primeros 10 meses del 2017.

En México, la producción de guayaba se efectúa principalmente en 18 estados de la República, Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Tabasco, Veracruz y Zacatecas.

En volumen, los cuatro más importantes son Michoacán con una producción de 117 mil 322 toneladas, Aguascalientes con 53 mil 536 toneladas, Zacatecas con 36 mil 949 toneladas y Estado de México con 10 mil 430 toneladas.1

Estos datos dejan clara la importancia que Zacatecas representa en la producción de dicha fruta a nivel nacional con la consecuente aportación para la economía local y el sustento de miles de familias vinculadas a este sector productivo.

Existe una región entre el Estado de Aguascalientes y Zacatecas formada por Calvillo, Aguascalientes y el cañón de Juchipila que prácticamente tiene un siglo subsistiendo de la producción de Guayaba, ya que se estima que existen más de 4,500 productores, pequeños propietarios o ejidatarios quienes a su vez generan empleos rurales y una derrama económica importante en la región.

Los municipios Zacatecanos con mayor producción de guayaba son Jalpa, Apozol, Tabasco, Villanueva y Huanasco, los cuales representan aproximadamente el 69 por ciento de la cosecha en la entidad.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, en los primeros días del mes de diciembre de 2017, fueron emitidos los avisos de bajas temperaturas para diversas entidades del norte del país, los pronósticos del Frente Fríos 13 esperaban temperaturas mínimas menores a cero grados centígrados en montañas Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí y Jalisco.2

Por otro lado, para el Frente Frío 14, se esperaban igualmente temperaturas por debajo de los cero grados centígrados para las entidades de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tlaxcala y Estado de México., sin descartar la cauda de agua nieve y nevadas en zonas montañosas.3

El 8 de diciembre, Protección Civil del Estado de Zacatecas informó la ocurrencia de una fuerte nevada y helada en diversos municipios de la entidad que causó afectaciones importantes a familias, red carretera y las actividades agrícolas de la entidad.4

De manera específica, el municipio de Tabasco del estado Zacatecas resulto afectado por este fenómeno hidrometeorológico, donde el ayuntamiento reportó afectación total a la producción de guayaba de aproximadamente 107 productores y la consecuente afectación a más de 700 familias que viven en la localidad de “El Chique” del mismo municipio.

De acuerdo con los datos proporcionados por la asociación de Productores de Guayaba, Ejido “El Chique” del municipio de Tabasco, Zacatecas, a pesar de los esfuerzos locales por reducir las afectaciones y brindar apoyo a productores y familias afectadas es necesaria la activación de apoyos de carácter estatal y federal para promover e impulsar la reactivación económica vinculada a esta importante actividad productiva y a las familias afectadas, por lo que el 12 de Diciembre solicitaron formalmente mediante oficio dirigido al Gobernador del Estado, la atención a las afectaciones presentadas en las parcelas de dicho ejido.

Cabe destacar que no se han descartado posibles afectaciones a otros municipios de la entidad vinculados a la producción de guayaba e incluso a otro tipo de cosechas importantes para economía de la región y del estado, por ello se considera importante y necesaria la intervención de autoridades estatales y federales para realizar una puntual evaluación de daños y la activación de apoyos emergentes para familias y productores.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la aprobación de manera urgente y obvia la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Gobierno del Estado de Zacatecas para que a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, la Secretaría del Campo, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Desarrollo Social, el Sistema Estatal DIF realicen una puntual evaluación de daños y la correspondiente activación de apoyos a familias y productores afectados por las bajas temperaturas ocasionadas por el Frente Frio 14 de manera específica por el fenómeno ocurrido el 8 de diciembre del 2017 tanto en la localidad de “El Chique” del municipio de Tabasco, como en aquellos municipios que pudieran resultar afectados.

Segundo.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Gobierno Federal para que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), la Coordinación Nacional de Protección Civil se realicen las acciones que en conjunto con el Gobierno del Estado de Zacatecas, las autoridades municipales y productores de la entidad, brinden apoyo a familias y productores afectados por el fenómeno perturbador en mención.

Notas

1 Información vertida en el enlace oficial de la Sagarpa. http://www.sagarpa.gob.mx/Delegaciones/distritofederal/boletines/Pagina s/JAC_0006-3.aspx

2 http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/estados/2017-12-02/fren te-frio-numero-13-provocara-heladas-18-estados/

3 http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/estados/2017-12-03/fren te-frio-numero-14-propiciara-heladas-norte-pais/

4 http://www.eluniversal.com.mx/estados/reportan-caida-de-nieve-en-munici pios-de-zacatecas

Dado ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 17 de enero de 2018.

Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profeco, la Sagarpa y Aserca a realizar campañas de verificación de los instrumentos de medición usados en los centros de acopio de granos y oleaginosas, a cargo del diputado Ramón Bañales Arámbula, del Grupo Parlamentario del PRI

Ramón Bañales Arámbula, diputado federal a la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo –de urgente u obvia resolución–, por el que se exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Social, Pesca y Alimentación –a través de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios–, para instrumentar mecanismos de cooperación para la realización de campañas de verificación de los instrumentos de medición usados en los centros de acopio de granos y oleaginosas, en particular, en instrumentos de medición no automáticos como básculas, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En 1976 se creó la Procuraduría Federal del Consumidor como una institución que tiene como finalidad la protección y promoción de los derechos de las y los consumidores, garantizando en todo momento relaciones comerciales equitativas, que generen una cultura de consumo responsable, por medio de mejores condiciones de mercado a productos y servicios.1

En la actualidad esta institución cuenta con un total de 51 oficinas en toda la República, divididos en 32 delegaciones y 19 subdelegaciones.2

Entre las atribuciones otorgadas a esta Procuraduría por medio de la Ley Federal de Protección al Consumidor, se encuentran las siguientes dos fracciones que sirven como fundamento de este exhorto.

A la letra, las fracciones XIV y XIV Bis del artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (Profeco) establecen lo siguiente:

Artículo 24. La procuraduría tiene las siguientes atribuciones:

[...]

XIV. Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta ley y, en el ámbito de su competencia, las de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, así como de las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables, y en su caso determinar los criterios para la verificación de su cumplimiento;

XIV Bis. Verificar que las pesas, medidas y los instrumentos de medición que se utilicen en transacciones comerciales, industria/es o de servicios sean adecuados y, en su caso, realizar el ajuste de los instrumentos de medición en términos de lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización;

[...]

Por lo tanto, es facultad de Profeco aplicar y hacer cumplir tanto las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Protección al Consumidor como en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, esto en materia verificación y regulación de los instrumentos de medición como básculas o balanzas.

De igual manera, la Norma Oficial Mexicana que establece los lineamientos para la verificación y posterior acreditación de los instrumentos de medición de funcionamiento no automático es la NOM-010-SCFI-1994 o, en su caso, la que la sustituya.3

Según lo establecido en el artículo 96 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Profeco realizará la vigilancia y verificación necesarias en los lugares donde se administren, almacenen, transporten, distribuyan o expendan productos o mercancías o en los que se presten servicios, incluyendo aquéllos en tránsito.

En el caso de los instrumentos de medición en los Centros de Acopio de granos y oleaginosas, en materia agrícola, estos son considerados –no necesariamente regulados o verificados– por la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios.4

Esta agencia se encuentra constituida como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Social, Pesca y Alimentación, que tiene como objetivo apoyar e impulsar la comercialización agropecuaria, mediante diversos mecanismos e incentivos a productores y compradores de granos y oleaginosas.5

Los Centros de Acopio son instalaciones donde se reciben y almacenan los productos agrícolas, en este caso, granos y semillas que fueron adquiridos a los productores originales.6 Para su correcto funcionamiento, se debe contar con la infraestructura que incluya las puertas, pisos, paredes y techos de las bodegas, techos y láminas de los silos, espuelas de ferrocarril, sistema eléctrico, fosas, rampas, transportadores y elevadores de granos, secadoras, sistema de aireación, sistema de cribado y limpieza, minicargadores, básculas, instrumental de laboratorio y, en general, todo el equipo necesario para su operación.7

Aserca, únicamente contempla en sus Fundamentos básicos para el almacenamiento y conservación de granos, el mantenimiento, así como la revisión y calibración del equipo de pesaje como son las básculas camioneras y ferrocarrileras, las básculas de paso (si es el caso), las básculas granatarias, etcétera.8

En tal virtud, es necesaria la colaboración tanto de Aserca, como de Profeco para realizar periódicamente campañas o visitas de verificación como se encuentra dispuesto en el artículo 98 de la Ley Federal de Protección al Consumidor:

Artículo 98. Se entiende por visita de verificación la que se practique en los lugares a que se refiere el artículo 96 de acuerdo con lo dispuesto en esta ley, debiéndose:

I. Examinar los productos o mercancías, las condiciones en que se ofrezcan éstos o se presten los servicios y los documentos e instrumentos relacionados con la actividad de que se trate;

II. Verificar precios, cantidades, cualidades, calidades, contenidos netos, masa drenada, tarifas e instrumentos de medición de dichos bienes o servicios en términos de esta ley;

III. Constatar la existencia o inexistencia de productos o mercancías, atendiendo al giro del proveedor; y

IV. Llevar a cabo las demás acciones tendientes a verificar el cumplimiento de la ley.

La importancia de llevar a cabo la verificación y calibración de los diversos instrumentos de medición reside en el hecho de que se pueden generar grandes pérdidas económicas, tanto para comerciantes como para los compradores. Asimismo, estas campañas de verificación permitirán que se prevengan abusos y violaciones a los derechos de los consumidores.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Social, Pesca y Alimentación –a través de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios–, para para instrumentar mecanismos de cooperación para la realización de campañas de verificación de los instrumentos de medición usados en los centros de acopio de granos y oleaginosas, en particular, en instrumentos de medición no automáticas como básculas.

Notas

1 Procuraduría Federal del Consumidor; fecha: S/F, fecha de consulta: 15 de enero de 2018, disponible en:
https://www.gob.mx/profeco/que-hacemos

2 Ídem.

3 Lista de Instrumentos de medición cuya verificación inicial, periódica o extraordinaria es obligatoria, así como las normas aplicables para efectuarla, Secretaría de Economía, fecha: 23 de septiembre de 2015, fecha de consulta: 15 de enero de 2018, disponible en: dof.gob.mx/nota to doc.php?codnota=5409174

4 Fundamentos Básicos para el Almacenamiento y Conservación de Granos, Aserca, fecha: 2015, fechad e consulta: 15 de enero de 2018, disponible en:

http://www.aserca.gob.mx/comercializacion/acopio/Documen ts/almacenamientoconserv_granos_%2020082015.pdf

5 Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca), Sagarpa, fecha: S/F, fecha de consulta: 5 de enero de 2018, disponible en:

http://www.sagarpa.gob.mx/quienesomos/datosabiertos/aser ca/Paginas/default.aspx

6 Acopio de productos Agrícolas, fecha: S/F, fecha de consulta: 15 de enero de 2018, disponible en: https://www.ecured.cu/Acopio_de_productos_agr%C3%ADcolas

7 Ibídem, Fundamentos Básicos para el Almacenamiento y Conservación de Granos, Aserca.

8 Ídem.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión a los 17 días del mes de enero de 2018.

Diputado Ramón Bañales Arámbula (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a hacer público un documento que contenga el Plan Salamanca, suscrita por las diputadas María de los Ángeles Rodríguez Aguirre y Karina Padilla Ávila, del Grupo Parlamentario del PAN

Las que suscriben, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre y Karina Padilla Ávila, diputadas federales, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58, fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás aplicables, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por la que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a que haga público un documento que contenga el Plan Salamanca, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, AC (Imco), la contaminación del aire en México tiene un costo anual de más de 4 mil millones de pesos, distribuido en gastos de salud y pérdidas en productividad; medida desde 2013 al 2018, de forma acumulada, el monto podría incrementar a 20 mil millones de pesos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) lanzaron la campaña “Respira la Vida”, destinada a aumentar la conciencia sobre los daños de la contaminación del aire a la salud y el ambiente; esta iniciativa, presentada en el marco de la Conferencia de la ONU Hábitat III, en Quito, Ecuador, insta a generar políticas públicas para reducir ese riesgo y motivar a las personas a emprender medidas para mejorar la calidad del aire, en congruencia con ello, las que suscriben hacen de manifiesto la siguiente situación:

Monterrey, Toluca y Salamanca son las urbes con el aire más contaminado del país de acuerdo con un estudio publicado en 2016 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), donde se destacan nueve ciudades por sus altos niveles de contaminantes en un periodo que va de 2008 a 2011.

Esto sobre todo por sus altos niveles de dióxido de azufre (SO2), que proviene del proceso de refinado del petróleo, así como de la partículas PM10, PM2.5 y ozono; las partículas PM2.5 son las más dañinas, ya que al ser tan pequeñas, atraviesan los alveolos pulmonares, pasan al torrente sanguíneo y pueden quedarse en el cuerpo generando daños importantes al organismo, tales como problemas cardiovasculares o respiratorios severos; a diferencia de las PM10, que se detienen en las vías respiratorias y son desechadas a través de tosidos o estornudos.

Si bien el desarrollo industrial de este municipio ha representado una importante fortaleza para su desarrollo económico, este ha traído consigo problemáticas ambientales importantes, que han ocasionado una serie de afectaciones tanto al ecosistema de la región, como a la salud de sus habitantes.

Entre los principales problemas de contaminación que aquejan a esta ciudad, se pueden enlistar los siguientes:

* Descargas al río Lerma por parte de la refinería “Ing. Antonio M. Amor” mejor conocida como RIAMA, las cuales presentan constantemente variaciones por malos olores, presencia de hidrocarburos y otros compuestos contaminantes; ocasionando la evacuación de escuelas alrededor de la misma, en diferentes días, además de que se ha observado la caída de hollín en viviendas en distintos puntos de la ciudad, teniendo que activar pre contingencias ambientales, generadas por altos niveles en el aire de PM 10.

* Ex tiradero del Cerro de la Cruz: Este cerro recibió durante más de 15 años residuos peligrosos por parte de la empresa Quidesa, por su naturaleza química estos residuos contaminantes se incendiaban y generaban problemas de salud en los habitantes de las comunidades cercanas, Profepa obligó a los responsables de la empresa a retirar cerca de 17 mil toneladas de residuos del cerro, sin embargo actualmente la empresa se encuentra en quiebra y el proceso de retiro y remediación lleva más de un año totalmente detenido.

* Ex planta industrial de producción de plaguicidas y agroquímicos Tekchem; desde el inicio de sus operaciones en agosto de 1956 se fabricaron grandes volúmenes de DDT y otros productos organoclorados. Los procesos productivos en la planta involucraban también el uso intenso de mercurio. En 1997 Tekchem dejó de producir DDT y en el 2008 interrumpió todas las actividades industriales. Debido a las operaciones en la planta, resultaron contaminados el suelo y el agua subterránea por los derrames e infiltración continua en las áreas de depósito de residuos tóxicos. Esta industria fue clausurada a consecuencia de un grave accidente ambiental ocurrido en el año 2000, cuando se levantara una “nube tóxica”, a consecuencia de un accidente al interior de la planta, ocasionando serios problemas respiratorios en las personas que lo inhalaron; algunas cayeron sobre las banquetas de las calles inconscientes y otras que sobreviven a este incidente tiene severos problemas de salud, los habitantes de las colonias aledañas siguen quejándose de molestias, principalmente respiratorias y dolores de cabeza, derivadas de los malos olores y la contaminación aún proveniente del predio que ocupara esta empresa, pues a pesar de que desde la fecha de su cierre, se creara un fideicomiso para la remediación de predio que esta ocupara y se realizaran diversas acciones para ello, a la fecha aún permanecen en el lugar, toneladas de residuos peligrosos a cielo abierto.

En el año de 2016, la Red Nacional de Medición de Calidad del Agua (Renameca) de la Conagua realizó un estudio que incluyó diversos pozos en el municipio de Salamanca, Guanajuato, incluyendo pozos de Techkem. Se encontraron hidrocarburos en algunos pozos de la refinería de Pemex y de la empresa Tekchem, principalmente. En estos últimos, se encontraron plaguicidas como DDD, DDT, Hexaclorociclohexano (HBC) y Gamma HBC Lindano, por arriba de los Criterios Ecológicos de la Calidad del Agua (CE-CCA-001/89), para uso como Fuente de Abastecimiento de Agua Potable (FAAP), complementados con criterios nacionales e internacionales, para uso público urbano.

Por ello y con el fin de dar atención a esta problemática, los tres órdenes de gobierno, así como el sector industrial y sociedad en general, conjuntaron esfuerzos, definiendo una serie de acciones encaminadas a mitigar los impactos al ambiente ocasionados a lo largo de décadas por la industria establecida en el municipio, anunciando el 23 de febrero del 2016, la creación del Plan Salamanca, el cual ha ido avanzando en la atención de la problemática, por lo que para coadyuvar en el fortalecimiento de este trabajo, es necesario oficializar un documento rector que contenga de manera detallada las acciones ya realizadas, las que se encuentran pendientes de realizar, la metodología a seguir para el desarrollo del mismo, y que con ello garantizar su ejecución.

Por lo anteriormente expuesto, las que suscriben, someten a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición de urgente y obvia resolución con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que publique de manera oficial el Programa Estratégico del Plan Salamanca, que contenga de manera detallada, las acciones realizadas a la fecha, las medidas preventivas y metas establecidas, así como los pendientes de ejecutarse y la metodología a seguir para su desarrollo durante el próximo año. Para la elaboración de dicho Programa Estratégico, la Secretaría, en tanto coordinadora del Plan, convocará al gobierno del estado de Guanajuato, al gobierno municipal de Salamanca y a los sectores económicos y población afectada.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 17 de enero del 2018.

Diputadas María de los Ángeles Rodríguez Aguirre (rúbrica) y Karina Padilla Ávila

Con punto de acuerdo, relativo al posible desvío de recursos públicos mediante las tarjetas de débito emitidas por el Bansefi, suscrita por los diputados Olga Catalán Padilla y Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea, la presente proposición al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Posterior a los sismos de septiembre de 2017 que dejaron a miles de personas damnificadas en 8 entidades federativas, se publicó el 27 de septiembre del mismo año en el Diario Oficial de la Federación la Declaratoria de Desastre Natural.

Como parte de la respuesta del gobierno federal, éste instruyó al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Bansefi, y a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Sedatu, a elaborar un censo de damnificados para otorgarles recursos. Durante la elaboración del censo, se presentaron diversas y constantes denuncias por la opacidad con que las dependencias federales estaban llevando acabo el manejo de la información de las personas que necesitaban el apoyo económico para reparar sus viviendas.

En el mes de noviembre del mismo año, el presidente de la República indicó que su gobierno repartiría dos tipos de tarjetas a los habitantes de los estados de Chiapas y Oaxaca, cuyas viviendas resultaron afectadas; una para comprar materiales de construcción, y otra para disponer de efectivo y pagar mano de obra.

Sin embargo, los propios damnificados tuvieron que salir a las calles y cerrar carreteras porque no les fueron entregados los apoyos que las autoridades federales se comprometieron a dar para la reconstrucción de sus viviendas, además, denunciaron que la ayuda entregada se estaba haciendo de manera selectiva y no para las personas que realmente lo necesitaban, de manera que personas que no eran damnificados recibieron apoyos destinados a éstos.

Por lo anterior, el titular del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, SNC, Bansefi, Virgilio Andrade Martínez presentó denuncia ante la Procuraduría General de la República PGR, por la duplicación de tarjetas emitidas por la misma dependencia a su cargo y que en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Sedatu, distribuyó en los estados de Oaxaca y Chiapas para las personas que sus casas tuvieron daños y pérdidas totales en sus viviendas.

Hoy nuevamente, y con la investigación realizada por las organizaciones de la sociedad civil, se pone al descubierto el fraude que se hizo con el padrón de las personas afectadas por los sismos de septiembre de 2017 en los estados de Oaxaca y Chiapas, para emitir en algunos casos hasta treinta y ocho tarjetas con el mismo nombre, y disponer de los recursos que fueron presupuestados para las personas que literalmente se quedaron en la calle al derrumbarse sus viviendas.

En este sentido, es urgente que la Procuraduría General de la República, PGR, fortalezca los esfuerzos en la investigación del posible desvío de recursos públicos y castigue a los responsables.

Adicionalmente, el titular del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. Bansefi, Virgilio Andrade Martínez debe aclarar a esta Soberanía las circunstancias y procedimientos que permitieron las irregularidades denunciadas en la emisión de tarjetas bancarias en comento, no sólo porque esas acciones violentan las responsabilidades que establece la Ley Orgánica que rige dicha institución, sino porque ello evidencia que la dependencia no funciona con apego a las sanas prácticas y usos bancarios.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión cita a comparecer al Titular del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, SNC, Bansefi, ante su Primera Comisión de trabajo, “Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia”, para explicar las irregularidades en las tarjetas de débito que emitió la institución para la reconstrucción de viviendas por los sismos de septiembre de 2017 en los estados de Oaxaca y Chiapas.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República PGR a que refuerce y agilice la investigación del posible desvío de recursos públicos por medio de las tarjetas de débito para la reconstrucción de viviendas por los sismos de septiembre de 2017 en los estados de Oaxaca y Chiapas.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2018.

Diputados: Francisco Martínez Neri, Olga Catalán Padilla (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se invita al gobernador de Hidalgo a asistir a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados a efecto de llevar a cabo una mesa de trabajo relativa a las irregularidades e inconsistencias existentes en el procedimiento penal incoado contra el señor Samuel Manuel Castro Mercado, en atención de las recomendaciones 45/2014 y VGJ-0426-12, emitidas por la CNDH y la Comisión de Derechos Humanos del estado, suscrita por la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal Norma Xochitl Hernández Colín , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena a la XLIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 a 129 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y artículos 171 a 183 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente:

Proposición con punto de acuerdo por el que se hace la cordial invitación al gobernador del estado de Hidalgo a que asista a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a efecto de llevar a cabo una mesa de trabajo relativa a las irregularidades e inconsistencias existentes dentro del procedimiento penal incoado en contra del señor Manuel Samuel Castro Mercado, en atención a la recomendación 45/2014 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la recomendación vgj-0426-12 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del estado de Hidalgo.

Lo anterior, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En fecha 28 de abril del año 2016, la que suscribe presentó ante la Comisión Permanente un punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador de Hidalgo a cumplir la recomendación número 45/2014, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en fecha 30 de septiembre de 2014, misma proposición que fue aprobada en sentido positivo. En virtud de que el 28 de enero de 2012 se registró a las afueras de la empresa Motor Coach Industries (MCI) –antes Dina Nacional–, ubicada en Ciudad Sahagún, un enfrentamiento entre personal de resguardo y ex trabajadores encabezados por su ex líder y ahora asesor jurídico, Artemio Vázquez Peña.

De conformidad con el reporte de las autoridades del estado de Hidalgo, en el enfrentamiento murió por herida de bala el ex trabajador José Matilde Cotonieto, cuyo cuerpo estaba a 50 metros de la entrada de la planta. Arribando al lugar de los hechos, elementos de Seguridad Pública quienes, de conformidad con la extensa investigación realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, extrajeron de la bóveda de la empresa al empresario Manuel Samuel Castro Mercado, representante de la empresa Pacific International Development, quien se encontraba en dicho lugar en compañía de sus hijos y empleados de confianza refugiándose y asegurándose de los hechos violentos acaecidos ese día.

Sin embargo, los elementos de Seguridad Pública procedieron a privarlo de su libertad a pesar de que él no se encontraba en el lugar exacto de los hechos trasladándolo al Ministerio Público de Pachuca cuyo órgano investigador no tenía competencia para conocer del asunto por cuestión de jurisdicción, es decir porque los hechos materia de investigación ocurrieron en un lugar diverso y fuera de ese municipio.

A partir de su detención el señor Castro Mercado fue mantenido incomunicado por más de ocho horas, iniciándose así una serie de abusos y anomalías que viciaron de origen el proceso por el cual lleva seis años privado de su libertad, acusado sin sustento legal por parte de la Procuraduría del estado de Hidalgo de haber sido él quien privó de la vida al ex trabajador.

Tal es el caso, que la averiguación previa integrada por la Procuraduría de Justicia de Hidalgo en contra del señor Castro Mercado adoleció de graves fallas mismas que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acreditó, como lo fue el tráfico de influencias y abusos perpetrados por agentes del Ministerio Púbico, elementos de Seguridad Pública y el médico legista asignado a la integración de la necropsia de ley.

Resaltando en este orden de ideas que, a la fecha, las autoridades no han podido ubicar ni en tiempo, ni espacio la presencia del empresario en el lugar de los hechos violentando de tal manera el derecho humano de seguridad jurídica del señor Castro Mercado.

Asimismo, de la prueba pericial en materia de balística se desprende que el occiso presentaba un tatuaje de pólvora, que de conformidad con los peritos en la materia, éste solo se produce cuando el disparo se realiza a no más de 20 centímetros de distancia, desvirtuando a todas luces con tal peritaje el valor jurídico de la imputación realizada en contra del señor Manuel Samuel Castro Mercado, en virtud de que el hoy imputado no pudo haber detonado el arma de fuego que privó de la vida al hoy al trabajador en razón de que se encontraba a mayor distancia de la víctima.

Siendo preciso mencionar que la organización no gubernamental nacional previamente emitió su recomendación a las autoridades judiciales de Hidalgo, y de manera posterior la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo consideró que las fallas en el proceso acusatorio por el delito de homicidio instaurado en contra del ciudadano Manuel Samuel Castro Mercado eran suficientes para emitir la recomendación VGJ-0426-12.

Aunado a lo anterior la organización no gubernamental local mencionó que uno de los acusados fue coartado de su derecho a una defensa, ya que rindió su declaración inicial sin la presencia de un defensor, violentando el derecho humano del imputado a una defensa técnico-legal consagrada en el artículo 20 de la Carta Magna.

Cabe mencionar, que el señor Manuel Samuel Castro Mercado, tras su detención, fue víctima de actos de tortura psicológica por parte de elementos policiacos integrantes de la Procuraduría del estado, en virtud de que fue sometido a un interrogatorio, bajo presión, sin la presencia de un defensor y retardando su presentación ante la autoridad ministerial por más de ocho horas, transgrediendo así lo estipulado en el numeral 45 fracción II, III, IX y XI, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo.

Denotando en este orden de ideas que la organización no gubernamental del estado de Hidalgo señaló en su recomendación que los agentes del Ministerio Público que integraron la averiguación previa respectiva, omitieron realizar las debidas diligencias necesarias para acreditar la probable responsabilidad del señor Castro Mercado tal y como lo fue la omisión de practicar la pericial en balística comparativa, así como la omisión de la pericial en materia de química forense, y la práctica de la pericial en criminalística a efecto de establecer una mecánica de los hechos.

Ante la falta de legalidad, vicios y transgresiones a los derechos humanos del señor Castro Mercado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación dirigida a la Procuraduría General de Justicia y a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo, a efecto de que determinaran ambos órganos de autoridad la posible responsabilidad de los servidores públicos que intervinieron en la integración y desahogo del procedimiento penal en contra del señor Castro Mercado, señalando como probables responsables a los policías que realizaron el arresto e investigación de nombres Marco Antonio López López, Miguel Espejel Huerta, Jorge Luis Cadena Vite, así como los agentes del Ministerio Público licenciado Roberto Carlos López Mercado y el licenciado Juan Francisco Chávez Vázquez, y al médico legista que realizó la necropsia, José Juan Manuel Ruiz Sánchez.

Mencionando dentro de este contexto, que en fecha 19 de marzo del año 2015, el secretario de Gobierno Salvador Molina emitió un oficio dirigido al procurador de Justicia del estado de Hidalgo signado SG/55/2015, a efecto de que atendiera el contenido de la recomendación enunciada, sin que hasta la fecha se reintegre el estado de derecho del hoy imputado señor Castro Mercado.

Siendo menester señalar lo estipulado en la siguiente tesis jurisprudencial, respecto a que la autoridad judicial se encuentra obligada a atender la manifestación del gobernado hoy imputado consistente en haber sido víctima de un acto de tortura, a efecto de constatarse que no haya sido privado de sus derechos humanos, y en el supuesto de que se haya vulnerado su esfera jurídica restituir su seguridad jurídica. Tesis Jurisprudencial que a la letra dice:

Tesis: 1a./J. 10/2016 (10a.)
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Décima Época
2011521
1 de 1
Primera Sala
Libro 29, Abril de 2016, Tomo II
Pag. 894
Jurisprudencia(Común, Penal)

Actos de tortura. La omisión del juez penal de instancia de investigar los denunciados por el imputado, constituye una violación a las leyes del procedimiento que trasciende a su defensa y amerita la reposición de éste.

Si los gobernados, constitucional y convencionalmente tienen el derecho fundamental a que el Estado investigue las violaciones a sus derechos humanos, en específico, el derecho a no ser objeto de tortura, la autoridad judicial, como parte integral del Estado mexicano, ante la denuncia de que un gobernado ha sido víctima de aquélla, tiene la obligación de investigarla; lo que se constituye en una formalidad esencial del procedimiento, al incidir sobre las efectivas posibilidades de defensa de los gobernados previo al correspondiente acto de autoridad privativo de sus derechos. Ello, porque al ser la tortura una violación a los derechos humanos de la que pueden obtenerse datos o elementos de prueba que con posterioridad se utilicen para sustentar una imputación de carácter penal contra la presunta víctima de la tortura, se advierte una relación entre la violación a derechos humanos y el debido proceso; lo cual implica que, luego de realizarse la investigación necesaria para determinar si se actualizó o no la tortura, de obtenerse un resultado positivo, la autoridad que tenga a cargo resolver la situación jurídica de la víctima de violación a derechos humanos, estará obligada a realizar un estudio escrupuloso de los elementos en que se sustenta la imputación al tenor de los parámetros constitucionales fijados en relación con las reglas de exclusión de las pruebas ilícitas. Por tanto, soslayar una denuncia de tortura, sin realizar la investigación correspondiente, coloca en estado de indefensión a quien la alega, ya que la circunstancia de no verificar su dicho implica dejar de analizar una eventual ilicitud de las pruebas con las que se dictará la sentencia. Así, la omisión de la autoridad judicial de investigar una denuncia de tortura como violación a derechos fundamentales dentro del proceso penal, constituye una violación a las leyes que rigen el procedimiento, que trasciende a las defensas del quejoso, en términos de los artículos 173, fracción XXII, de la Ley de Amparo, 1o., párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 1, 6, 8 y 10 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y, consecuentemente, debe ordenarse la reposición del procedimiento de primera instancia para realizar la investigación correspondiente y analizar la denuncia de tortura, únicamente desde el punto de vista de violación de derechos humanos dentro del proceso penal, a efecto de corroborar si existió o no dicha transgresión para los efectos probatorios correspondientes al dictar la sentencia.

Aunado a lo expuesto con antelación, la autoridad competente del estado de Hidalgo, mediante oficio de fecha 6 de septiembre del año 2016, se pronunció respecto al cumplimiento de la recomendación 45/2014 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos respecto que la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo determinaran la posible responsabilidad de los servidores públicos que intervinieron en la integración y desahogo del procedimiento penal en contra del señor Castro Mercado, violentando los derechos humanos del mismo.

Mencionado que la exposición de motivos de dicho servidor público no fue acompañada de elementos probatorios que sustentarán su dicho y que acreditarán que en ningún momento se había violentado la integridad física y psicológica del señor Castro Mercado, así como tampoco se le había transgredido sus derechos humanos fundamentales

En relación a lo anterior, en fecha 21 de julio del año 2017, la que suscribe, mediante entrevista con Ciro Gómez Leyva, hizo de manifiesto que no le permitieron el ingreso al Centro de Reclusión Varonil donde se encuentra privado de su libertad el señor Castro Mercado en el estado de Hidalgo, viéndose imposibilitada de tener contacto directo con él a efecto de saber en qué estado se encuentra actualmente.

A la luz de lo anterior, es que impera la necesidad de realizar una cordial invitación al gobernador del estado de Hidalgo a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Unión, con el objeto de llevar a cabo una mesa de trabajo en donde se establezcan y acrediten las causas violatorias o no dentro del procedimiento penal instaurado en contra del señor Castro Mercado.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se invita cordialmente al gobernador del estado de Hidalgo a que asista a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a efecto de llevar a cabo una mesa de trabajo relativa a las irregularidades e inconsistencias existentes dentro del procedimiento penal incoado en contra del señor Manuel Samuel Castro Mercado, en atención a la recomendación 45/2014 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la recomendación vgj-0426-12 emitida por la Comisión de Derechos Humanos del estado de Hidalgo.

Palacio Legislativo, a 17 de enero de 2018.

Diputada Norma Xochitl Hernández Colín (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a implantar campañas de educación y detección oportuna respecto a la picadura de la araña violinista, suscrita por la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, María Victoria Mercado Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Consideraciones

Desde 2015, la Secretaría de Salud federal advirtió a toda la población, señalando que la mortal araña violinista ya se encontraba en México, se trata de un insecto que ha ocasionado alrededor de 200 mil muertes alrededor del mundo.1

Es una de las mayores especies de Loxosceles ; mide generalmente de 8 a 30 mm con los pies extendidos. Como la mayoría de las especies de Loxosceles, es marrón y tiene marcas en el lado dorsal del tórax con una línea negra que parte de ahí con forma de violín, cuyo cuello apunta a la parte posterior de la araña; cuando el dibujo de violín no es visible se han de examinar los ojos para su correcta identificación. A diferencia de la mayoría de las arañas que tienen 8 ojos, las arañas reclusas tienen 6 organizados en pares (díadas) con un par mediano frontal más grande y 2 pares laterales muy pequeños que le proporcionan una visión de 300º, es de contextura más bien gruesa y pilosa. Se mimetiza fácilmente con su medio ambiente gracias a su color negro, pardo, rojizo-verdoso, ceniza-verdoso o ceniza-pardo. La hembra es más grande y de opistosoma más prominente que el macho, siendo también más peligrosa. Los quelíceros están ubicados en la parte inferior del prosoma y acaban en forma de agujas muy finas de color negro. Capaz de reaccionar rápidamente, esta araña puede correr velozmente en busca de refugio, escabulléndose en rendijas de no más de 5 mm o saltando hasta 10 cm de altura.2

En el país, las picaduras de araña violinista no son exclusivas de estados de gran vegetación y altas temperaturas, como se creía, y tal es el caso del señor Ruiz, quien fue picado en la pierna por esta araña en octubre de 2016 en la Ciudad de México. El veneno del arácnido inundó todo su cuerpo y 48 horas más tarde falleció, después de haber sido internado.3

La doctora Patricia Escalante, jefa del Servicio de Toxicología Clínica del Hospital Juárez de México, mencionó que en los últimos 10 años, se ha registrado un aumento en los ataques por animales ponzoñosos en la capital del país, incluidos los de la araña violinista. Asimismo, refirió que lo mejor que se puede hacer en caso de la mordedura de dicho animal es la atención inmediata, pues la velocidad en el tratamiento puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte del paciente.4

Cuando una araña violinista nos pica, podemos presentar alguno de estos síntomas:

• Escalofríos.
• Picazón.
• Sensación general de malestar.
• Fiebre.
• Náuseas.
• Coloración rojiza o púrpura en un círculo alrededor de la picadura.
• Sudoración.
• Úlcera en la zona de la picadura.5

¿Qué efectos tiene la picadura de araña violinista?

Algunos de los efectos más graves que puede ocasionar la picadura de este insecto son

• Estado de coma.
• Sangre en la orina.
• Coloración amarillenta de la piel.
• Insuficiencia renal.
• Convulsiones.
• La muerte.6

Tratamiento

• Debido a que su veneno es uno de los más poderosos que hay, no siempre puede conseguirse el antídoto específico, pero puede tratarse con antibióticos y antihistamínicos.

• En algunos casos graves, es necesario hacer una cirugía en el área de la picadura, sobre todo, si no se ha hecho el tratamiento adecuado desde el primer momento.

• Si la infección ya es importante, la cirugía es una buena solución, pues nos extirparán la zona afectada impidiendo que esta vaya comiendo otras zonas sanas.

• En caso de sufrir la picadura, debes de acudir de inmediato a urgencias y seguir estas recomendaciones:

• Limpia bien la zona afectada. Lo primero que debes hacer es lavar con agua y jabón la parte donde ocurrió la picadura. Puedes usar un jabón desinfectante o uno neutro.

• Seca muy bien la zona sin restregar. Una vez que lavaste la zona, debes secarla muy bien con pequeños toques, no restregando. Si no lo haces con pequeños toques, es probable que el veneno se desplace mucho más rápido hacia otras zonas. No debes volver a usar la toalla con la que secaste el área afectada.

• Aplica frío en la zona. Debes aplicar frío en la picadura para disminuir la inflamación. Puedes usar bolsas con hielo o una toalla fría.

• Usa crema antibiótica y antihistamínicos. Para evitar la comezón y que la herida se infecte, es importante tomar antihistamínicos. Éstos nos ayudarán a aliviar el picor y a disminuir la hinchazón. El médico deberá recetarte crema antibiótica que se aplica directo en la zona.

• Procura tener elevados los brazos y las piernas. Si la picadura ocurrió en un brazo, pie o pierna, lo mejor es mantener este miembro levantado por encima del cuerpo. Esto nos ayudará a evitar la hinchazón o, al menos, que no sea tan notable.

• En el caso de los niños, debes actuar mucho más rápido, ya que su sistema inmunológico no está tan desarrollado. Esto quiere decir que las consecuencias de estas picaduras son mucho más importantes en ellos, por lo que el tratamiento deberá aplicarse lo más pronto posible.

• Si sufres una picadura y estás fuera de casa, te recomendamos lo básico que consiste en lavar la zona de la picadura con agua y jabón. Envuelve la zona con hielo en un paño durante 10 minutos. Retira el paño por 10 minutos y repite el proceso.

• No debes esperar más de tres horas para ser atendido y deberás acudir al área de urgencias de la clínica más cercana.7

Por lo anterior solicito que se dé mayor seguimiento y difusión a la picadura de este insecto, en virtud de que afecta al sector más vulnerable de la sociedad, los niños y adultos mayores.

Por lo expuesto me permito presentar ante esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a implantar campañas de educación y detección oportuna respecto a la picadura de la araña denominada “violinista”, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Notas

1 La araña violinista se encuentra en México, alertan:
https://www.sdpnoticias.com/nacional/2015/10/16/arana-violinista-se-encuentra-en-mexico-alertan

2 Loxosceles laeta: https://es.wikipedia.org/wiki/Loxosceles_laeta

3 Picadura mortal, el ataque de la araña violinista:

https://www.unotv.com/noticias/portal/investigaciones-especiales/
detalle/picadura-mortal-el-ataque-de-la-arana-violinista-729170/

4 Picadura mortal, el ataque de la araña violinista:

https://www.unotv.com/noticias/portal/investigaciones-especiales/detalle/
picadura-mortal-el-ataque-de-la-arana-violinista-729170/

5 Picadura, araña violinista. https://sumedico.com/me-pica-una-arana-violinista/

6 Picadura, araña violinista.
https://sumedico.com/me-pica-una-arana-violinista/

7 Picadura, araña violinista. https://sumedico.com/me-pica-una-arana-violinista/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de enero de 2018.

Diputada María Victoria Mercado Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Conapred a fortalecer con sus homólogos locales las acciones para promover los derechos de las personas adultas mayores y prevenir la discriminación y exclusión social en el país, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores de la República, integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Comisión Permanente, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La discriminación es una práctica cotidiana que consiste en tratar a una persona o grupo de individuos de manera ilegal o desfavorable por motivos de raza, color, sexo, nacionalidad, idioma, religión u origen social, entre otras.

Prohibir la discriminación y la exclusión social constituye un principio indispensable declarado en todos los tratados y convenios internacionales relativos a los derechos humanos, de los cuales México ha sido signatario y un importante promotor.

Sin embargo, existen grupos humanos que día a día siguen siendo víctimas de esta práctica problemática, ya sea por sus características físicas o formas de vida, es decir, por su origen étnico, nacionalidad, sexo, discapacidad condición social o económica, condición de salud, preferencias sexuales o estado civil, principalmente.

En la mayoría de los casos, las personas que son discriminadas y excluidas ven violentados sus derechos fundamentales y dignidad, lo cual los orilla al aislamiento, a vivir con violencia e incluso, en casos extremos, a perder la vida.

La discriminación se manifiesta cuando existen conductas que demuestran distinción, exclusión o restricción, por ejemplo, impedir el acceso a los servicios básicos, a las personas adultas, así como negar o condicionar los servicios de atención médica o la participación en las decisiones sobre su tratamiento médico o terapéutico dentro de sus posibilidades y medios. Este sector de la población es el más propenso a sufrir algún acto de discriminación.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo), en 2017 habitaban en el país casi 13 millones de personas de 60 y más años, de los cuales 53.9 por ciento son mujeres y 46.1 por ciento son hombres.1

En México, según datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, del total de personas con discapacidad, 51.4 por ciento tiene 60 años o más. Este grupo de población corre el riesgo de ser vulnerable cuando son personas en edad avanzada y con discapacidad de ser discriminados en cualquier ámbito y ver disminuido el pleno ejercicio de sus derechos individuales.2

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) señala que en el país, 27.9 por ciento de las personas mayores de 60 años ha sentido alguna vez que sus derechos no han sido respetados por su edad, 40.3 por ciento describe como sus problemas principales los económicos, 37.3 por ciento la enfermedad, el acceso a servicios de salud y medicamentos, y 25.9 por ciento los laborales.3

El Estado mexicano debe seguir fortaleciendo las políticas públicas tendientes a incrementar, las oportunidades, para que los sectores más vulnerables de la sociedad ejerzan su derecho a desarrollarse de manera plena a través de una actividad productiva.

Nuestro país cuenta con una amplia y compleja legislación que compromete al gobierno y a la sociedad al cumplimiento y aplicación de las normas de inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad. Su objeto central es promover la no discriminación y la igualdad de condiciones, con la obligación de impulsar su desarrollo, bienestar y mejorar su calidad de vida.

Nuestra ley fundamental, en su artículo primero, establece a la letra: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.4

Ante este panorama, es necesario promocionar los derechos fundamentales de todas las personas mayores, así como continuar trabajando en la erradicación de todas las formas de discriminación y violencia, así como crear redes de protección de las personas mayores para hacer efectivos sus derechos. Salvaguardar sus derechos, los adultos mayores podrán mejorar su calidad de vida y no verse vulnerables ante cualquier situación de discriminación o maltrato a su persona.

Por ello, resulta imperativo que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación fortalezca las campañas encaminadas a prevenir y erradicar la discriminación y exclusión social a las personas mayores de 60 y más en todo el país y promocionar sus derechos humanos.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación a que, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas y en el ámbito de sus atribuciones, fortalezca las acciones para promover los derechos de las personas adultas, con el propósito de prevenir la discriminación y exclusión social en todo el país.

Notas

1 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/ed ad2017_Nal.pdf

2 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2014/adultos0.pdf

3 http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis-2010-PAM-Accss.pdf

4 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los 17 días del mes de enero del 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresa condolencias al pueblo de Perú, afectado por el sismo de 6.8 grados Richter acaecido el 14 de enero, a cargo de la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Mariana Gómez del Campo Gurza, senadora de la LXIII Legislatura en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 171, 175, 176 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresa sus condolencias al pueblo de la República del Perú afectado por el sismo con magnitud 6.8 grados en la escala de Richter, que tuvo lugar el pasado 14 de enero del año en curso y que afectó a un centenar de personas y exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a fortalecer la Cooperación en materia de Protección Civil y Protocolos de Prevención de Desastres , al tenor de los siguientes

Antecedentes

De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú, en la madrugada del 14 de enero del 2018 (4:18 hora local) se registró un sismo con magnitud de 6.8 grados con epicentro en el océano Pacífico a 56 kilómetros de la Lomas, una localidad costera del departamento de Arequipa, a 500 kilómetros de Lima. Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estableció la magnitud del sismo en 7.1.

El Centro de Alertas de Tsunami del Pacífico indicó que era posible que se registraran “peligrosas olas de tsunami en la costa” hasta 300 kilómetros de distancia del epicentro. Sin embargo, posteriormente la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra informó que este temblor no genera alerta de tsunami en el litoral peruano. Jesús Chávez, Jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil de Perú, oficialmente declaró que una persona falleció y 65 resultaron heridas en la zona sur del país que fue afectada por el sismo. De estos últimos, 45 presentan lesiones graves.

A su vez, declaró que las localidades más afectadas fueron Lomas y Chala, ambas pertenecientes al departamento de Arequipa. Según autoridades locales, los dos últimos, junto con los distritos de Acarí, Bella Unión, Yauca, Jaquí y Cahuacho se encuentran sin electricidad.

El presidente Pedro Pablo Kuczynski viajó a los distritos de Acarí y Chala para verificar la magnitud de los daños provocados por el sismo. Posteriormente declaró que la muerte del poblador se debió a que “vivía en una casa de adobe y se cayó. No se puede vivir en casa de adobe”. Entre las viviendas derrumbadas o declaradas inhabitables, la mayoría estaban construidas con adobe.

Hasta ahora se han registrado un total de 101 viviendas destruidas, dos escuelas afectadas y un centro de salud dañado.

Consideraciones

1. Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

2. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 89 fracción X, que es facultad del Presidente de la República dirigir la política exterior observando los siguientes principios normativos: “la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía los presentes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresa sus condolencias al pueblo de la República del Perú afectado por el sismo con magnitud 6.8 grados en la escala de Richter que tuvo lugar el pasado 14 de enero del año en curso y que afectó a un centenar de ciudadanos peruanos.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a evaluar enviar ayuda humanitaria a la hermana República del Perú, así como estrechar y fortalecer la cooperación en materia de protección civil y protocolos de prevención de desastres naturales.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a diecisiete de enero de dos mil dieciocho.

Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México a legislar en materia de seguro obligatorio contra catástrofes, suscrita por los diputados Cecilia Soto González, Rafael Hernández Soriano, José Guadalupe Hernández Alcalá y Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados Cecilia Soto González, Olga Catalán Padilla, Rafael Hernández Soriano y José Guadalupe Hernández Alcalá, del Grupo Parlamentario del PRD, integrantes de la LXIII Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

México es un país expuesto a diferentes fenómenos perturbadores que pueden ser generadores de desastres, de acuerdo con el Sistema Nacional de Protección Civil, la mayor parte de los fenómenos que han ocasionado desastres son de origen hidrometeorológicos, representando el 90 por ciento del total. Sin embargo, sólo el sismo de 19 de septiembre de 1985, representó el desastre más costoso en términos económicos, con 4,100 millones de dólares.

Continuando con las cifras que proporciona el SNPC, el costo económico de los desastres en el país del año 200 al año 2014, suma un total de 33,287.4 millones de dólares.

Ahora bien, respecto de los sismos de septiembre de 2017, el costo de la reconstrucción, según el gobierno federal, será de alrededor de 41 mil millones de pesos. Mientras que en el caso de la Ciudad de México se aprobó, en el Presupuesto de Egresos de la CDMX, el Fondo para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación por 5 mil millones de pesos sólo para el año 2018.

De los dos sismos de septiembre de 2017 se cuentan más de 150 mil viviendas con algún grado de afectación.

A continuación, con información de la Decretaría de Desarrollo Urbano y Territorial del gobierno federal, se desglosa el número de viviendas dictaminadas con pérdida total por entidad: 33 mil en Oaxaca, 16 mil 803 en Chiapas, 349 en Morelos, 3 mil 319 en Puebla, mil 695 en el Estado de México, y 2 mil 273 en la Ciudad de México.

Respecto de la manera de enfrentar los desastres, en México hemos privilegiado la políticas de recuperación, dejando en un segundo plano muy lejano las políticas de prevención, y de ello dan constancia los recursos destinados a la al Fonden y al Fopreden, respectivamente. Ello a pesar de que prevenir resulta 7 veces más barato que remediar.

La atención a la remediación de los desastres implica una fuerte presión a las finanzas públicas federales, y más aún a las finanzas de las entidades federativas, que salvo excepciones, carecen de recursos para estos fines.

El gobierno del entonces Distrito Federal, creó en 2015 un fondo para la atender desastres, para dar una respuesta inmediata, incluso antes de la activación de los Protocolos para acceder a los recursos del Fonden.

México puede contar con la certeza de que eventos catastróficos se presentarán, sea en la forma de tormentas tropicales, lluvias que provocan inundaciones, deslaves de laderas, o sismos de gran intensidad.

Se tiene que ser imaginativo, y generar esquemas de política pública que graviten sobre la prevención ante la ocurrencia de los diferentes fenómenos perturbadores, y aún sobre la previsión respecto de la manera de hacer frente a los costos de la recuperación una vez acontecido los desastres.

La proporción de inmuebles asegurados contra los daños ocasionados por un desastre es bajísima, por lo que hago un llamado a los órganos legislativos locales de las entidades federativas a legislar en tono a un seguro contra desastres, obligatorio para todo propietario de viviendas urbanas, con cargo al impuesto predial, que es una facultad de los gobiernos municipales, y del gobierno central de la Ciudad de México.

Es bien sabido que la recaudación de los municipios en el país es muy baja, y que los incentivos para pagar el impuesto predial son escasos. La Ciudad de México tiene la tasa más alta de recaudación por este concepto a nivel nacional, en 2016 recaudó alrededor de 14 mil millones de pesos, y sin embargo representa apenas el 0.5 por ciento de PIB de la ciudad, el promedio nacional es aún menor llegando sólo al 0.31 por ciento del PIB, sobre todo si consideramos lo que recaudan capitales del países de la OCDE, que en promedio representa el 1.1 por ciento del PIB.

El incluir un seguro que tenga la finalidad de cubrir los daños producidos por una catástrofe puede ser un incentivo, más aun tomando en consideración los testimonios de las víctimas de los sismos del 7 y 19 de septiembre del año pasado, que vieron que su patrimonio se colapsó en cuestión de minutos, dejándolos en un estado de completa incertidumbre sobre la manera en que recuperarían bienes y patrimonio.

Por otro lado, el aseguramiento masivo, podría lograr que la prima anual pudiera resultar módica, tendría también el efecto de que las compañías aseguradora participantes, bajo el esquema de una política pública, bajo la modalidad de asociación público-privada, buscarían minimizar su riesgo exigiendo el cumplimiento de las normas de construcción por parte de inmobiliarias y particulares, en las ciudades que operaran este tipo de seguro. Se generaría un círculo virtuoso que incrementaría la recaudación del impuesto predial en las ciudades que adoptaran el esquema, el cumplimiento de la normatividad constructiva, y la creación de un amplio mercado de aseguramiento.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Congresos locales de los 31 estados del país, y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a legislar en materia de seguro contra catástrofes obligatorio, como un instrumento de política pública asociado al impuesto predial.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, el 17 de enero de 2018.

Diputados: Cecilia Soto González (rúbrica), Rafael Hernández Soriano (rúbrica), Olga Catalán Padilla, José Guadalupe Hernández Alcalá.

Con punto de acuerdo, relativo a la compra de armamento por el gobierno mexicano a EUA, suscrita por la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Marcela Contreras Julián, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Considerandos

1. El pasado 5 de enero, diversos medios de información dieron cuenta de una pretendida compra de armamento a los Estados Unidos de América (EUA), por parte del gobierno federal de México, a través de la Secretaría de Marina, bajo los argumentos difundidos por el Departamento de Estado de aquel país donde se utilizarán los artículos de defensa y servicios para modernizar nuestras Fuerzas Armadas, además de ampliar la cobertura de apoyo marítimo como parte de los requisitos de seguridad nacional y las tareas de combate a organizaciones delincuenciales.

2. Los reportes periodísticos citan a fuentes de la Secretaría de Marina donde afirman que el armamento adquirido servirá para equipar una fragata que ayudará a vigilar los más de tres millones de kilómetros de costas que tiene México. La embarcación que será equipada con misiles tipo RGM-84L Harpoon Block II y Block II RAM será una del tipo POLA o Patrulla Oceánica de Largo Alcance, que se utiliza para labores de vigilancia y como elemento disuasivo.

3. De acuerdo a un documento difundido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América y citado en los medios de información nacionales, dicha instancia comunicó al Congreso estadounidense la decisión de aprobar la posible venta foránea de equipo militar a México de lanza misiles terrestres de la clase RGM-84L Harpoon Block II, de misiles tácticos de la clase Block II Airframe, y de torpedos peso ligero de la clase MK 54 Mod 0; por un costo estimado de 98.4 millones de dólares. Además del armamento, con la venta se incluyen municiones, así como contenedores, partes, equipo de apoyo y sus respectivos entrenamientos.

4. Las características del armamento a adquirir son las siguientes:

• El Harpoon Block II es un la evolución de un sistema de misiles antibuque desarrollado por EUA en 1977, tiene un sistema guiado por un radar en el que sigue la trayectoria de un crucero a nivel de mar para tener una mejor efectividad. Puede alcanzar una velocidad máxima de 855 kilómetros por hora (km/h) y su peso es de 519 kilogramos (kg) lanzado desde el aire y de 628 kg por un submarino.

• Los misiles tácticos Block II Rolling Airframe son usados principalmente como defensa a punto contra misiles antibuque. Inició su desarrollo desde 1974, pero fue hasta 1992 cuando los pudieron poner en servicio.

• El torpedo ligero Mark 54 fue desarrollado para contrarrestar los submarinos nucleares de alto rendimiento. Se puede disparar desde buques de superficie o con sistemas de cohetes antisubmarinos, contando con un kit de paracaídas guiado por GPS.

5. Cabe destacar que entre la información que se ha dado a conocer, la Secretaría de Marina decidió solicitar la adquisición de dicho armamento bajo los argumentos de contar México con una de las extensiones más largas de costa sobre el territorio nacional, además de la presencia de infraestructura petrolera en el Golfo de México y la actividad de narcotraficantes provenientes de Sudamérica hacia las costas mexicanas. Sin embargo, no se cuenta con una versión oficial por parte del gobierno mexicano sobre esta acción, lo cual genera especulaciones sobre su posible uso, máxime cuando nuestro país tiene una vocación de paz y se está cuestionando en estos momentos la participación de las Fuerzas Armadas en labores de combate al narcotráfico por considerarse que no tiene fundamento constitucional.

6. Si bien es cierto que compartimos las tareas y facultades de la Secretaría de Marina en la defensa de la seguridad nacional y la preservación de la paz ante las amenazas externas contra nuestro territorio nacional, esto no debe ser un pretexto para que se adquiera armamento sin la suficiente justificación y no se den a conocer las razones de fondo más allá de una cuestión de prevención que genera duda ante la línea de los últimos 11 años de involucrar a los efectivos militares y marinos a las tareas de seguridad pública que no les corresponden por mandato constitucional; además que no existe ningún riesgo latente o amenaza de atentar contra la paz nacional o la seguridad del territorio mexicano, por ello es indispensable que dicha dependencia remita un informe pormenorizado a esta soberanía sobre los motivos que sustentan dicha solicitud de adquisición de armamento a EUA por un monto de mil 968 millones de pesos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes, solicita a la Secretaría de Marina remita a esta soberanía, en un plazo de 15 días naturales, un informe detallado de la solicitud de adquisición de armamento a los Estados Unidos de América, en el que se contenga elementos mínimos para conocer los motivos que la originan, la justificación de la compra, su pretendida utilización y causas, origen de la fuente de financiamiento y un diagnóstico sobre los posibles riesgos o amenazas de las zonas que pretenden salvaguardar con ese equipamiento.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2018.

Diputada Maricela Contreras Julián (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar de enero de 2017, a fin de que el incremento de precios no provoque una espiral inflacionaria que afecte aún más a las familias, suscrita por la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe Rosa Alba Ramírez Nachis, diputada de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En México 53 millones 418 mil 151 ciudadanos mexicanos son pobres, lo que representa 43.6 por ciento del total de la población, según el estudio de medición de la pobreza realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).1

Dicho estudio afirma que 9 millones 375 mil 581 mexicanos viven en pobreza extrema, lo que presenta 7.6 por ciento de la población total en nuestro país.

Las cifras que comparte el Coneval revelan que 62.0 millones de personas obtienen un ingreso inferior a la línea de bienestar lo que presenta que cada escala de precios pone en aprietos severos la estabilidad de sus familias.

Ante ese escenario, el pasado mes de noviembre de 2017, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) acordó incrementar el salario mínimo en México a 88.36 pesos diarios a partir del 1 de diciembre de ese año, lo que presentó 8.32 pesos al día.2

Sin duda, el incremento del salario mínimo en nada apoya si lo comparamos con el incremento de la canasta básica.

En ese sentido el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que en noviembre de 2017, “el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un crecimiento de 1.03 por ciento, así como una tasa de inflación anual de 6.63 por ciento”3 y que para el cierre de “la primera quincena de diciembre la inflación ya había llegado a 6.69%”.4

Lo anterior, sin duda alguna ha afectado la economía de los que menos tienen y se recrudece con los incrementos que se vienen dando en energéticos desde el primer día de enero de este 2018:

• Los combustibles tuvieron un ajuste de 0.65 centavos para la gasolina magna, y de 0.55 centavos para la gasolina premium;5

• El gas LP supera ya los 19 pesos en promedio6 , situación que sigue en escalada y que es posible supere el incremento anual de 2017, de 3.79 pesos.

Para nadie es un secreto que incrementando los precios de los energéticos los precios de los productos en los que se incluyen los de la canasta básica tendrán un incremento y no será pesada, si no pesadísima la cuesta de enero 2018 para las familias mexicanas, una loza para aquellos que menos tienen.

El primer anunció lo dieron los industriales del molino donde informaron el incremento de precios en la tortilla de hasta tres pesos el kilogramo.7

Si a lo anterior le sumamos los incrementos en los servicios públicos, sin duda alguna, en su conjunto se provocará un sensible deterioro en la economía de las familias mexicanas, y cada vez más será más difícil llegar a fin de mes con unos precios disparados, aumentos diversos y desempleo latente.

El año pasado, en los primeros días de enero, se presentó el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar8 donde las organizaciones empresariales, sindicales, y de productores del campo y el gobierno de la República realizarían las acciones necesarias a efecto de evitar que se presentaran incrementos injustificados en los precios de los productos de la canasta básica.

Destaco la palabra injustificada por lo que dichas acciones sólo buscaban atender y atacar actos desleales, esto es, en otras palabras, acciones abusivas pero dejaba entrever que nunca se enfocarían a mejorar las condiciones económicas que permitieran abatir costos y de esta manera precios finales al consumidor.

En dicho acuerdo, el gobierno federal se comprometió a:

• Impulsar las acciones que permitirían mantener la estabilidad de los precios de la canasta básica, así como vigilar y sancionar cualquier abuso en los términos de ley.

• Modernizar el transporte público y facilitar la movilidad urbana.

• Mejorar las condiciones de crédito a través de la Banca de Desarrollo.

• Emprender las medidas que fomentarían la inclusión laboral de los grupos vulnerables.

• El gobierno federal se comprometió a realizar una campaña de información y facilitación para la entrega de recursos del sistema de ahorro para el retiro a adultos de más de 65 años que no lo hayan recibido y que tengan ese derecho.

Sobre el particular, en el portal de la Presidencia de la República, el 29 de agosto de 2017, se reportaron los avances de dicho acuerdo con corte al mes de julio 20179 ; sin embargo, en dicho documento no se hace referencia a los logros obtenidos a fin de que el impacto de la inflación en los precios en la canasta básica fuera menor en los bolsillos de las familias.

Es importante señalar que en ese documento del mes de agosto de 2017, sólo se habló de logros macro económicos sin que se anexara evidencia estadística, y no hubo respuesta a cada uno de los compromisos gubernamentales expuestos, excepto por lo que respecta a los recursos del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Este gobierno nos ha mostrado que del lado de los que menos tienen no se encuentra, ya que sólo se ha centrado en canalizar mayores recursos para subsidiar necesidades, y se le ha olvidado que lo que exige la ciudadanía es transformar sus realidades bajo la premisa de enseñar para vivir mejor.

En resumen, hoy estamos peor que ayer, y el futuro que les espera a quienes menos tienen no es halagüeño.

En ese sentido, compañeras y compañeros legisladores, considero conveniente exhortar a la Presidencia de la República, para que de conformidad con sus atribuciones, dé máxima publicidad a la atención anual que dio a cada uno de los compromisos a los que se comprometió al firmar el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar el pasado enero de 2017, ya que sólo son públicos los avances de los primeros siete meses de ese año, y de igual manera, para que considere dar continuidad y, en su caso, refuerce las estrategias necesarias a fin que los incrementos de precios de los energéticos no provoquen un incremento inflacionario que afecte aún más a las familias mexicanas.

Asimismo, considero necesario exhortar respetuosamente a la Secretaría de Economía, para que de acuerdo a sus atribuciones, dé máxima publicidad a las acciones que emprenderá para proteger la economía familiar en todo el territorio nacional ante los anuncios de incrementos de precios en la canasta básica, tal y como ya lo han hecho los industriales del molino al informar el incremento de precios en la tortilla de hasta tres pesos por kilogramo y aquellos que vendrán por los incrementos de los energéticos, principalmente de la gasolina y el diésel.

Reitero que la bancada ciudadana siempre estará en favor de los que menos tienen y estos resolutivos que pongo a consideración sólo buscan que se le den explicaciones a los mexicanos de las acciones que se hacen o dejan de hacer en beneficio de su economía familiar.

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Presidencia de la República, para que de conformidad con sus atribuciones, dé máxima publicidad a la atención anual que dio a cada uno de los compromisos a los que se comprometió al firmar el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar el pasado enero de 2017, ya que sólo son públicos los avances de los primeros siete meses de ese año, y de igual manera, para que considere dar continuidad y, en su caso, refuerce las estrategias necesarias a fin de que los incrementos de precios, principalmente de los energéticos, no provoquen un alza inflacionaria que afecte aún más a las familias mexicanas.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía, para que de acuerdo a sus atribuciones, dé máxima publicidad a las acciones que emprenderá para proteger la economía familiar en todo el territorio nacional ante los anuncios de incremento de precios en la canasta básica, tal y como ya lo han hecho los industriales del molino al informar el incremento de precios en la tortilla de hasta tres pesos por kilogramo y aquellos que vendrán ante los ajustes de los precios de los energéticos, principalmente de la gasolina y el diésel.

Notas

1 Medición de la pobreza - Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), disponible en http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/Pobreza_16/Pobreza_2016 _CONEVAL.pdf, consultado el 2 de enero de 2018.

2 El Salario Mínimo en México sube a 88.36 pesos a partir de Diciembre – Expansión, disponible http://expansion.mx/economia/2017/11/21/el-salario-minimo-en-mexico-sub e-a-8836-pesos-a-partir-de-diciembre, consultado el 2 de enero de 2018.

3 Índice Nacional de Precios al Consumidor mes de Noviembre de 2017 – INEGI, disponible en

http://www.inegi.org.mx/sistemas/IndicePrecios/Cuadro.aspx?nc=CA57&
T=%C3%8Dndices%20de%20Precios%20al%20Consumidor&ST=%C3%8Dndice%20Nacional%20de%20
Precios%20al%20Consumidor%2C%20clasificaci%C3%B3n%20objeto%20del%20gasto, consultado el 2 de enero de 2018.

4 Boletín del Índice Nacional de Precios al Consumidor, cifras durante la primera quincena de diciembre de 2017 del 21 de diciembre de 2017 – INEGI, disponible en
http://www.beta.inegi.org.mx/app/saladeprensa/, consultado el 2 de enero de 2018.

5 El 2018 arranca con alza en gasolinas – El Economista, disponible en https://www.eleconomista.com.mx/empresas/El-2017-arranco-con-aumento-mi nimo-de-56-centavos-por-litro-en-gasolinas-20180101-0028.html, consultado el 2 de enero de 2018.

6 Consulta de precios vigentes de gas LP mediante planta de distribución reportados por los permisionarios – Comisión Reguladora de Energía, disponible en http://www.cre.gob.mx/ConsultaPrecios/GasLP/PlantaDistribucion.html?idi om=es, consultado el 2 de enero de 2018.

7 Ahora ‘tortillazo’: aumentará entre 1.50 y 3 pesos – La Jornada, disponible en

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/01/02/
ahora-2018tortillazo2019-aumentara-entre-1-50-y-3-pesos-4493.html, consultado el 2 de enero de 2018.

8 Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, disponible en
https://www.gob.mx/presidencia/documentos/acuerdo-para-el-fortalecimiento-economico-y
-la-proteccion-de-la-economia-familiar-89608?idiom=es, consultado el 2 de enero de 2018.

9 Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar – A siete meses del lanzamiento de este Acuerdo, “ante un escenario adverso, la economía de México, y en particular la de las familias, ha tenido un desempeño positivo”: EPN, disponible en

https://www.gob.mx/presidencia/articulos/
acuerdo-para-el-fortalecimiento-economico-y-la-proteccion-de-la-economia-familiar-1236 20, consultado el 2 de enero de 2018.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2018.

Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SCT a gestionar el inicio del proyecto de reconstrucción de los tramos carreteros de Atotonilco El Alto-La Barca y Zapotlanejo-El Degollado, Jalisco, a cargo del diputado Ramón Bañales Arámbula, del Grupo Parlamentario del PRI

Ramón Bañales Arámbula, diputado federal a la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo -de urgente u obvia resolución-, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para que en ejercicio de sus atribuciones, realice las gestiones necesarias para que se dé inicio al proyecto de reconstrucción de los tramos carreteros de Atotonilco El Alto-La Barca y Zapotlanejo-El Degollado, en el estado de Jalisco, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) tiene como finalidad la promoción de sistemas de transporte y comunicaciones seguros, eficientes y competitivos, esto mediante (i) el fortalecimiento del marco jurídico, (ii) la definición de políticas públicas y (iii) el diseño de estrategias que contribuyan al crecimiento sostenido de la economía y el desarrollo social en el país.

Las atribuciones de la SCT se encuentran establecidas en el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, pero para el sustento de este punto de acuerdo haremos énfasis únicamente en las fracciones XXI y XXII, en las cuales se establece lo siguiente:

XXI. Construir y conservar los caminos y puentes federales, incluso los internacionales; así como las estaciones y centrales de autotransporte federal;

XXII. Construir y conservar caminos y puentes, en cooperación con los gobiernos de las entidades federativas, con los municipios y los particulares;

El sistema de carreteras en el país conlleva una serie de beneficios, tanto a largo como a corto plazo, en los cuales fácilmente se pueden identificar los siguientes: (i) generación de empleos para su construcción y posteriormente para su operación, (ii) factor que dinamiza las transacciones comerciales, (iii) mayor comunicación entre municipios o entidades, (iv) desarrollo de un sistema de traslado seguro, fácil y rápido y, (v) mantenimiento de medios de comunicación activos entre las zonas rurales y las regiones apartadas del país con los centros de desarrollo y consumo.1

La infraestructura carretera es un factor determinante al momento de hablar de la economía, la innovación y el comercio. Es por esto que se ha convertido en un objetivo común de las inversiones públicas y privadas.2

En el índice de desempeño logístico de 2016, elaborado por el Banco Mundial, México se ubicó de manera general en la posición número 54 entre 160 países considerados.

Sin embargo, en el subíndice de infraestructura carretera, se ubicó en la posición 57, descendiendo 7 lugares en relación a posición obtenida en 2014 en este mismo estudio.3

A continuación se muestran las cifras finales del cuarto informe de actividades de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, donde se desglosan los tipos de redes y su respectivo kilometraje, que conforman el sistema carretero del país hasta el 2016.4

Longitud de la Red

Debido a los importantes beneficios que representa la existencia de una Red de Carreteras, es necesario que las instituciones facultadas en esta materia, mantengan en óptimas condiciones la infraestructura que la conforma.

Habiendo explicado lo anterior, resulta necesario exponer la situación actual de la infraestructura de la Red Carretera en el estado de Jalisco que está conformada por un total de 2,195 kilómetros y, posteriormente, nos enfocaremos en los tramos de Atotonilco El Alto-La Barca y Zapotlanejo-El Degollado. 5

En 2017, en Jalisco se registró que el 12 por ciento de la Red Carretera Federal se encuentra en mal estado y un 26 por ciento se encuentra en un estado regular, esto aunado a la persistente falta de caminos rurales y alimentadores a lo largo de todo el estado y a la reducción de un 58 por ciento en el presupuesto federal al rubro dedicado a la conservación y mantenimiento de las carreteras.6

Las obras que fueron consideradas en el Presupuesto de Egresos de 2018 fueron las siguientes:

• La carretera Manzanillo-Puerto Vallarta en su tramo Melaque-El Tuito

• La vía Guadalajara- Tepic en el tramo Ameca-El Arenal

• La carretera Guadalajara-Zacatecas en el tramo Tesistán

• La vía Guadalajara-Colima en Acatlán-crucero a Tapalpa

• Guadalajara-Jíquilpan en Jocotepec-Tizapán

• La carretera Santa Rosa-La Barca.7

Por lo tanto, aún se encuentran pendientes de inversión y atención, la reconstrucción de las carreteras del tramo Atotonilco El Alto-La Barca y Zapotlanejo-El Degollado, las cuales conectarían a toda la zona norte del Estado de Jalisco, la cual es denominada la Región Cíénega.8

También permitirían una mejor comunicación interregional con la zona sur y centro del estado de Jalisco y con los estados colindantes como Michoacán y Guanajuato.9

En cuestión de seguridad vial, el mantenimiento constante de las vías de comunicación brindaría mayor seguridad a la población y se evitaría un gran número de accidentes, como el ocurrido en el municipio de Atotonilco El Alto.

El 31 de agosto de 2017, un camión de pasajeros al trasladarse desde el municipio de San Juan de los Lagos, después de pagar una manda a la virgen. En la carretera estatal 307, en dirección de Arandas a Atotonilco, el camión perdió el control y salió de la carpeta asfáltica, dejando un saldo total de 15 personas fallecidas y 36 más heridas.10

En el sector económico, representaría un factor determinante para la etapa de traslado y comercialización de materias primas, de productos agrícolas, pecuarios, acuícolas y de los productos que son cultivados, producidos o manufacturados dentro de la región, como es el caso de la industria tequilera.11

Los cultivos con mayor rendimiento y producción en esta región son el agave, el maíz, el frijol, el trigo y el jitomate, representando un aproximado del 85 por ciento del valor de la producción agrícola.12

En la producción pecuaria esta región aporta el 14.9 por ciento del valor de la producción del Estado, enfocándose principalmente en la carne de canal de ovino, caprino y bovino.13

Las principales actividades económicas de la región dependen en mayor medida de la existencia y el estado de las carreteras para poder comercializar sus productos en el mercado nacional o internacional. Es por esto que resulta necesario iniciar el proceso de reconstrucción y mantenimiento de las vías de comunicación de Atotonilco El Alto-La Barca y Zapotlanejo-El Degollado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta honorable Comisión Permanente, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), para que en ejercicio de sus atribuciones, realice las gestiones necesarias para que dé inicio el proyecto de reconstrucción de los tramos carreteros de Atotonilco El Alto-La Barca y Zapotlanejo-El Degollado, en el estado de Jalisco.

Notas

1 Resalta Calderón beneficios de construir carreteras, La Crónica, fecha: 8 de noviembre de 2012, fecha de consulta: 15 de enero de 2018, disponible en

http://www.cronica.com.mx/notas/2012/705162.html

2 Infraestructura carretera y competitividad, FORBES, fecha: 27 de noviembre de 2013, fecha de consulta: 15 de enero de 2018, disponible en: https://www.forbes.com.mx/infraestructura-carretera-y-competitividad/

3 México cae en desempeño logístico: BM, El Economista, fecha: 30 de junio de 2017, fecha de consulta: 15 de enero de 2018, disponible en
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-cae-en-desempeno-logistico-BM-20160630-0047.html

4 Cuarto Informe de Labores, Secretaría de Comunicaciones y Transporte, fecha: 1 de septiembre de 2016, fecha de consulta: 15 de enero de 2018, disponible en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/131456/4to_Informe_de_La bores_de_la_SCT_2015-2016.pdf

5 Red carretera en Jalisco requiere $30,000 millones, el Economista, fecha: 15 de agosto de 2017, fecha de consulta: 15 de enero de 2018, disponible en https://www.eleconomista.com.mx/estados/Red-carretera-en-Jalisco-requie re-30000-millones-20170816-0108.html

6 Ídem.

7 Ídem.

8 Región 04 Ciénega, Primera Edición, Plan Regional de Desarrollo de Jalisco, fecha: S/F, fecha de consulta: 15 de enero de 2018, disponible en

http://seplan.app.jalisco.gob.mx/files2/e­maps/PlanesReg ionales/Region%2004%20Cienega.pdf

9 Ídem.

10 Mueren 15 peregrinos tras volcadura en Atotonilco el Alto, Milenio, fecha: 1 de octubre de 2017, fecha de consulta: 17 de octubre de 2017, disponible en http://www.milenio.com/policia/muertos-choque-volcadura-atotonilco-tort on-mílenio­-noticias-jalisco_0_1040296241.html

11 Región 04 Ciénega, Segunda Edición, Plan Regional de Desarrollo de Jalisco, fecha: S/F, fecha de consulta: 15 de enero de 2018, disponible en
http://transparenciafiscal.jalisco.gob.mx/sites/default/files/plan_de_desarrollo_region_04_cienega_vp1.pdf

12 Ídem.

13 Ídem.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 17 de enero de 2018.

Diputado Ramón Bañales Arámbula (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CRE y la CFE a revisar y considerar con la SHCP y la Sener la disminución de las tarifas eléctricas en Baja California, suscrita por la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada María Eloísa Talavera Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración el presente punto de acuerdo, con base en la siguientes:

Consideraciones

El 11 de agosto de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la cual tiene por objeto regular la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, el Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica y las demás actividades de la industria eléctrica, con la finalidad promover el desarrollo sustentable de la industria eléctrica y garantizar su operación continua, eficiente y segura en beneficio de los usuarios.

Dentro de los aspectos de dicho ordenamiento jurídico destaca la facultad que se le da a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para expedir y aplicar la regulación tarifaria a que se sujetarán la transmisión, la distribución, la operación de los suministradores de servicios básicos, la operación del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y los servicios conexos no incluidos en el mercado eléctrico mayorista, así como las tarifas finales del suministro básico.

Para ello, la Comisión Reguladora de Energía aplicará las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas reguladas, las tarifas máximas de los suministradores de último recurso y las tarifas finales del suministro básico, debiendo publicar las memorias de cálculo usadas para determinar dichas tarifas y precios.

Derivado de lo anterior, el 23 de noviembre del 2017 la Comisión Reguladora de Energía aprobó el acuerdo A/058/2017, denominado “Acuerdo por el que la Comisión Reguladora de Energía expide la metodología para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales, así como las tarifas de operación, que aplicarán a la empresa productiva subsidiaria CFE suministrador de servicios básicos durante el periodo que comprende del 1 de diciembre de 2017 y hasta el 31 de diciembre del 2018”.

De conformidad con dicho acuerdo se señala que el nuevo esquema de las tarifas eléctricas por primera vez estará basado en los costos de la producción y distribución del servicio, con el objetivo de dar cumplimiento a los principios de competencia y eficiencia de la Ley de la Industria Eléctrica, además de dar protección a los intereses de los usuarios.

Para la elaboración de la metodología que determina el cálculo y ajuste de las tarifas eléctricas participaron dependencias como las Secretarías de Energía (Sener), de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al igual que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Suministrador de Servicios Básicos, dependencias que están involucradas tanto en la definición como en la aplicación de la nueva metodología tarifaria.

No obstante, dichas tarifas eléctricas derivaron en aumentos que van de 100 hasta 300 por ciento en sectores como el comercial, industrial y público, en regiones como el estado de Baja California, situación preocupante ante el panorama económico que atraviesa el país.

Por poner solo un ejemplo de la situación, empresas como Baja Marine Foods, SAPI de CV, del mes de noviembre a diciembre del 2017 sufrieron un aumento de más de 755 mil pesos, al pasar de 669 mil pesos en noviembre a cerca de 1.4 millones de pesos.

Ante ello, varias cámaras y asociaciones del sector industrial, así como diferentes organizaciones de la sociedad civil en el estado de Baja California señalaron que dichas alzas en las tarifas eléctricas repercutirían de manera directa en los bienes y servicios que consumen los ciudadanos de la entidad, con lo que se pudiera dar un alza sobre los mismos provocando además cierres de empresas, paralización de nuevas inversiones, así como desempleo.

Cabe señalar que, de acuerdo con datos del semáforo económico de México, ¿Cómo Vamos?, la pobreza laboral, misma que infiere el porcentaje de población que no pudo adquirir la canasta básica alimentaria con su ingreso laboral en el estado de Baja California, al tercer trimestre del 2017 fue de 27.1 por ciento.1

Y es que, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) el 2017 cerró con una inflación histórica a nivel nacional de 6.77 por ciento, la más alta en 17 años, mientras que en ciudades como Tijuana y Mexicali tuvieron al cierre del 2017 una inflación de 7.76 y 6.22 por ciento respectivamente.2

Con la determinación y aplicación de las nuevas tarifas eléctricas en el estado de Baja California se atenta con los principios establecidos en la fracción I del artículo 140 de la Ley de la Industria Eléctrica, los cuales establecen el “Promover el desarrollo eficiente de la industria eléctrica, garantizar la continuidad de los servicios, evitar la discriminación indebida, promover el acceso abierto a la red nacional de transmisión y a las redes generales de distribución y proteger los intereses de los participantes del mercado y de los usuarios finales”. Ya que con dichas tarifas no se garantizan la continuidad de los servicios ni se protegen los intereses de los usuarios.

De continuar con dichas tarifas eléctricas se provocaría, además del desempleo masivo, una inflación récord en la entidad, cuestión que repercutiría en la competitividad y el crecimiento económico del estado de Baja California, el cual tuvo una tasa crecimiento de 4.8 por ciento, mayor a la meta anual de 4.5 por ciento.3

Por ello, resulta de suma importancia que los titulares de la Comisión Reguladora de Energía y de la Comisión Federal de Electricidad, en coordinación con los titulares de las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Energía (Sener) revisen y, en su caso, consideren un ajuste que disminuya las tarifas eléctricas en el estado de Baja California.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Comisión Reguladora de Energía y de la Comisión Federal de Electricidad a, en coordinación con los titulares de la secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Energía, revisar y, en su caso, considerar un ajuste que disminuya las tarifas eléctricas en el estado de Baja California.

Notas

1 Semáforo Estatal 2017. México ¿Cómo vamos? Disponible en el sitio web:

http://www.mexicocomovamos.mx/?s=seccion&id=50 Consultado el día 12-01-17.

2 Índices de Precios al Consumidor; diciembre 2017, Inegi; Disponible en el sitio web.-
http://www.inegi.org.mx/sistemas/IndicePrecios/Cuadro.aspx?nc=CA61&T=%C3%8Dndices%20de
%20Precios%20al%20Consumidor&ST=%C3%8Dndice%20Nacional%20de%20Precios%20al%20Consumidor,
%20ciudades%20que%20lo%20componen%20por%20mayor%20variaci%C3%B3n Consultado el día 12-01-17.

3 Semáforo Estatal 2017. México ¿Cómo vamos? Disponible en el sitio web:
http://www.mexicocomovamos.mx/?s=seccion&id=50 Consultado el día 12-01-17.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los diecisiete días del mes de enero del año 2018.

Diputada María Eloísa Talavera Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a remitir un informe de los avances en las denuncias presentadas sobre el desvío de recursos por más de 7 mil millones de pesos entre 2013 y 2015 por dependencias federales y universidades públicas estatales, suscrita por el diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Omar Ortega Álvarez, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el año 2016 fue publicada en distintos medios periodísticos una investigación que señalaba el desvío de 7 mil 670 millones de pesos ejecutado por 11 dependencias del gobierno federal y ocho universidades públicas del país, entre 2013 y 2014, como parte de la llamada, por ellos mismos, la “Estafa Maestra”.

La investigación explicaba la operación de corrupción que se ejecutaba desde el gobierno federal para triangular recursos por medio de varias universidades públicas quien a su vez contrataba a otras empresas.

Durante la revisión de 186 empresas relacionadas con estas operaciones, 128 se encuentran en estatus de “empresas fantasma” y, de acuerdo a la Ley de Adquisiciones en su artículo 1o., están impedidas para recibir recursos públicos.

En la cadena de corrupción se utilizaban además prestanombres que en la mayoría de los casos desconocían completamente formar parte de empresas que habían resultado ganadoras de concesiones millonarias.

Aunado a lo descrito, el pasado 7 de diciembre del presente año, se volvió a hacer una denuncia mediática en la que se señaló que durante el año 2015, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) desvió más de 219 millones de pesos en la elaboración de proyectos, de acuerdo a los señalamientos realizados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) cuya denuncia fue presentada el 31 de octubre.

Al igual que el esquema de desvío triangulado de recursos con las universidades y empresas privadas, la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) fue contratada por la Sagarpa para realizar diferentes proyectos para el fortalecimiento y desarrollo del campo a través de cinco convocatorias publicadas entre enero y octubre de 2016; sin embargo, los 36 beneficiarios ganadores de las licitaciones firmaron la secesión de derechos y la entrega de recursos públicos a la Universidad Autónoma de Zacatecas sin ningún proceso que garantizara la correcta aplicación de éstos.

Del monto total de dinero recibido (219 millones de pesos), 128 millones de pesos fueron entregados a 16 proveedores que a cambio entregaron facturas por diversos conceptos relacionados con la supuesta ejecución de los proyectos, mientras que otros 76 millones se distribuyeron entre 624 personas contratadas por honorarios las cuales, en su mayoría no contaban con perfiles calificados.

En lo que va de este año, nuevamente fue denunciado mediáticamente un caso que bajo el mismo esquema descrito operó, esta vez involucró a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), por lo que la “ASF presentó formalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR) tres nuevas denuncias penales por malos manejos de casi 540 millones de pesos que la entidad acusada entregó mediante convenios a tres universidades (Universidad Intercultural del Estado de México, la Universidad Politécnica de Chiapas y la Universidad Tecnológica Nezahualcóyotl) en 2015”. Cabe destacar que durante ese año la Sedesol estuvo encabezada por Rosario Robles y el hoy precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia, José Antonio Meade.

La situación descrita nos plantea un serio problema y habla de un presunto caso de peculado y lavado de dinero. Los supuestos recursos obtenidos por funcionarios públicos y particulares relacionados con ellos, serían resultado de actividades ilícitas y se sumaría un delito adicional: lavado de dinero, cuya investigación debería competer a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, dependencia a cargo en ese entonces también de José Antonio Meade.

El caso ha sido competencia de la Procuraduría General de la República (PGR) para conducir las investigaciones necesarias con ayuda del Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera, entre otras instituciones. Sin embargo, no se ha presentado a la ciudadanía ningún avance de este caso de interés público.

De igual forma, ante un contexto coyuntural como el que se vive en México, donde los niveles de impunidad posicionan al país en el segundo lugar de los países con mayor índice de impunidad, y el lastre de la corrupción permea a los más altos niveles de la administración pública federal, urgen cuentas claras y transparentes. Es lamentable que las instituciones encargadas de vigilar y dar certeza a los procedimientos y aplicaciones de los recursos federales etiquetados predestinados a programas sociales en su mayoría, sean objeto del señalamiento público por sus acciones y omisiones en este caso denominado “La Estafa Maestra”.

Frente a lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a remitir un informe a esta soberanía sobre los avances en torno a las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación respecto al presunto desvío de recursos públicos por más de 7 mil millones de pesos durante los años 2013 y 2015 en las que se involucran a diversas dependencias del gobierno federal así como a universidades públicas estatales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2018.

Diputado Omar Ortega Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a considerar la asignación de recursos suficientes para garantizar el derecho de los habitantes de barrios, colonias, pueblos y unidades habitacionales a acceder al mejoramiento barrial y comunitario, suscrita por el diputado Renato Molina Arias, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Renato Josafat Molina Arias, diputado del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguientes

Consideraciones

A nivel internacional “Desde la década de 1980, los Programas de Mejoramiento de Barrios (PMB) son parte de la agenda principal del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los PMB establecen otra forma de solucionar los problemas de los asentamientos informales: han aceptado que estos son una realidad urbana difícil de erradicar y que hacen parte del proceso de crecimiento de las ciudades.

En un primer momento, los PMB se abocaron a la integración física de los barrios informales proveyendo vías, conexiones a la red de agua potable, alcantarillado y solucionando problemas de drenaje. Sin embargo, la experiencia mostró que los beneficios de la integración física de estos programas se veían reducidos por los problemas sociales que enfrentaban los habitantes. Como resultado, una segunda generación de PMB, ejecutados a partir de 1990, abordaron el problema de otra manera, constataron que la integración física, social y económica de los asentamientos informales a la ciudad es la forma efectiva de mejorar las condiciones de vida de sus ocupantes”1

El Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial se implementó en la Ciudad de México en el año 2007, el 12 de junio de ese año se publicaron en la Gaceta Oficial del Distrito Federal sus Lineamientos y Mecanismos de Operación, se trató sin duda de un programa inédito, de avanzada que se ponía en marcha en la capital del país, con el objetivo general de “Desarrollar un proceso integral, sostenido y participativo de mejoramiento de los espacios públicos de los pueblos, barrios y colonias que integran el Distrito Federal, particularmente de aquellos que tengan altos grados de conflictividad social y/o degradación urbana o estén clasificados como de media, alta y muy alta marginación.”

Como objetivos específicos se señalaron: “Promover la participación ciudadana en el diseño, ejecución y evaluación de la política social del Distrito Federal, en el ámbito de desarrollo urbano, la construcción de infraestructura social y la recuperación de los espacios públicos; así como impulsar el ejercicio del derecho a la ciudad por parte de todos los residentes del Distrito Federal; y mejorar las condiciones de vida y las oportunidades de desarrollo de los habitantes de zonas en condiciones de mayor rezago social.”2

El Programa de Mejoramiento Barrial de la Ciudad de México, tiene como propósito al igual que “Los programas de mejoramiento de barrios (PMB) en las ciudades latinoamericanas, ... atender la pobreza extrema, garantizar la integralidad con otros programas y problemas, integrar los asentamientos a la ciudad formal, reorganizar los espacios públicos y mejorar y sanear ambientalmente el barrio.”3

El programa que está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social y en específico de la Subsecretaría de Participación Ciudadana, consiste en que a partir de una convocatoria pública anual, se seleccionan planes de mejoramiento barrial (para mejoramiento de imagen urbana a través de pintura y aplanados para fachadas de casas, rehabilitación de centros sociales, deportivos, rescate de áreas de uso común, construcción de centros comunitarios, etc.), los planes son propuestos por asociaciones civiles, organizaciones comunitarias, grupos vecinales, instituciones académicas, etc., estos planes para participar en el proceso de selección deben necesariamente ser aprobados por una asamblea vecinal.

Los proyectos que son aprobados por la comunidad son a su vez seleccionados por un Comité Técnico Mixto el cual se encuentra integrado por representantes del Gobierno de la Ciudad y por organizaciones la sociedad civil e instituciones académicas. Si el mencionado Comité aprueba el programa se convoca nuevamente a una asamblea vecinal para informar del inicio de los trabajos y en dicha Asamblea son electos tres comités: Administración, Supervisión y Desarrollo Comunitario, cada uno de ellos integrado por tres vecinos, estos comités tienen la función de administrar los recursos asignados para la ejecución del proyecto, supervisar que los recursos se apliquen adecuadamente y para integrar el proyecto a la comunidad.

La primera experiencia de este programa fue exitosa, en ese entonces se registraron 139 proyectos, de los cuales fueron aprobados 48 para los cuales se destinaron 80 millones de pesos.

El programa y su proceso generó un gran interés entre vecinos de colonias, pueblos, barrios y unidades habitacionales de la Ciudad, por ello desde su implementación cada año ha aumentado el número de proyectos presentados, no así los recursos asignados a este programa, lo que ocasiona que pocos proyectos puedan ser aprobados:

El presupuesto asignado a la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2015 fue de 8,568,204,338.00, de dicha cantidad sólo 130´000,000.00 fueron destinados al Programa de Mejoramiento Barrial, esto es el 1.5 por ciento de su presupuesto, lo que resulta una cantidad insuficiente para un programa que incluso ha sido reconocido internacionalmente:

“El 17 de noviembre de 2009, el Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial, fue merecedor del primer lugar del concurso internacional denominado IV Distinción de Buenas Prácticas, por parte del Observatorio Internacional de la Democracia Participativa, organismo internacional que discute, valora y difunde los procesos participativos de diferentes partes del mundo, con sede en la ciudad de Barcelona, España.

El 22 de julio de 2010 en la Ciudad de México se llevó a cabo la premiación de la cuarta edición del Premio Deutsche Bank UrbanAge, cuyo propósito es estimular las iniciativas destinadas a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las grandes urbes. El primer lugar fue para la “La Asamblea Comunitaria de Miravalle”, y se otorgó la mención honorífica tanto al Centro Cultural Consejo Agrarista 2014 fundado por 30 bandas juveniles en tregua, en el que se promueve el grafiti legal y las actividades artísticas como una alternativa a las drogas y la violencia, como al proyecto “Recuperando Espacios para la Vida”, ubicado en Santa Fe. Los tres proyectos fueron financiados con recursos del Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial.

En el año 2011 el programa recibió el World Hábitat Award, reconocimiento otorgado por la Building and Social Housing Foundation con sede en Londres, Inglaterra en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas (Onuhabitat).5

En cuanto a la tipología6 de los proyectos presentados entre 2007 y 2015, se tiene lo siguiente:

El programa cobró tal relevancia que la VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, aprobó la Ley de Mejoramiento Barrial y Comunitario del Distrito Federal, la cual fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 29 de septiembre de 2015. En la exposición de motivos de la iniciativa presentada por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, éste reconoció que “Las características del Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial, lo hacen único en su tipo a nivel nacional y es un ejemplo de buena práctica a nivel internacional. El impacto de este programa en las comunidades que lo han implementado, sirve de base para replantear su naturaleza jurídica y posicionarlo como una de las herramientas que se suman a la construcción de derechos para los habitantes de la Ciudad de México”7

En el artículo 11 de este ordenamiento se dispone que:

“El jefe de gobierno deberá incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal la asignación que garantice, efectivamente, el derecho de los habitantes de barrios, colonias, pueblos y unidades habitacionales a acceder al mejoramiento barrial y comunitario, el cual no deberá de ser menor al del año inmediato anterior y tendrá una perspectiva de progresividad.”

Sin embargo como ya se hizo referencia anteriormente los recursos asignados al programa de mejoramiento barrial no permiten garantizar el derecho de los habitantes de barrios, colonias, pueblos y unidades habitacionales a acceder al mejoramiento barrial y comunitario; en el año 2015 se asignaron $103´000,000.00 con los que se financiaron 169 proyectos; para el año 2016 se asignaron $106´000,000.00 , es decir tan sólo tres millones de pesos más, lo que es una simulación para pretender dar cumplimiento al mencionado artículo 11, porque en los hechos se financiaran el mismo número de proyectos o si es el caso que se aprueben más, lo será con menos recursos. Es imprescindible aumentar de manera real y efectiva los recursos para que puedan ser aprobados un mayor número de proyectos de mejoramiento barrial y que así sean beneficiados un mayor número de habitantes de las colonias, pueblos, barrios y unidades habitacionales de la Ciudad, que tienen derecho a acceder al mejoramiento barrial y comunitario.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, para que en cumplimiento a la Ley de Mejoramiento Barrial y Comunitario del Distrito Federal, considere asignar los recursos necesarios al Programa de Mejoramiento Barrial, para garantizar efectivamente el derecho de los habitantes de barrios, colonias, pueblos y unidades habitacionales a acceder al mejoramiento barrial y comunitario.

Notas

1 Orozco Martínez, Yuriria, Hacia políticas de urbanización integral: los programas de mejoramiento de barrios en América Latina. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, LXII Legislatura Cámara de Diputados, documento de trabajo número 184, enero de 2015, pp. 7 - 8

2http://www.sideso.df.gob.mx/documentos/LINEAMIENTOS_Y_M ECANISMOS.pdf

3 Orozco Martínez, Yuriria, Op. Cit. pp. 4 - 5

4 Aviso por el cual se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa “Mejoramiento Barrial y Comunitario 2016”. Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 23 de marzo de 2016, p. 8

5 Reglas de Operación del Programa “Mejoramiento Barrial 2012, Gaceta Oficial del Distrito Federal, 31 de enero de 2012, p. 24

6 Aviso por el cual se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa “Mejoramiento Barrial y Comunitario 2016”. Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 23 de marzo de 2016, p. 9

7 Dictamen de la Comisión de Desarrollo Social por el que se crea la Ley de Mejoramiento Barrial y Comunitario del Distrito Federal, p. 2

Dado en la sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 17 de enero de 2018.

Diputado Renato Josafat Molina Arias (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al gobierno de Baja California a presentar a esta soberanía un informe de la solventación de observaciones correspondientes a la Cuenta Pública de 2016 donde la ASF señala irregularidades en el ejercicio de los recursos destinados a la construcción de los centros de justicia penal en Ensenada y Tecate, así como de las salas de juicio oral del fuero común en la entidad, lo cual podría significar un daño al erario por más de 15.5 millones pesos, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Uno de los grandes logros del gobierno federal fue la instrumentación en tiempo y forma del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA), que comenzó a operar en todo el país conforme al plazo constitucional establecido para el 18 de junio de 2016. Con ello, se sentaron las bases para consolidar una impartición de justicia eficiente y transparente, en la que no haya cabida para la impunidad.

Con el objetivo de apoyar a las entidades federativas en la implementación del SJPA, el gobierno federal destinó entre enero de 2013 y julio de 2016 más de 18 mil 705 millones de pesos.1

No obstante, hubo casos de entidades federativas que no ejercieron de manera eficaz, eficiente y transparente los recursos destinados a la instrumentación del SJPA, tal es el caso del gobierno del estado de Baja California, que de acuerdo a la Auditoría de Inversiones Físicas: 16-A-02000-04-0532. 532-DS-GF, correspondiente a la Cuenta Pública de 2016, habría incurrido en diversas irregularidades que ascienden a más de 15.5 millones de pesos.

El gobierno de Baja California no llevó a cabo el procedimiento de licitación pública mediante convocatoria pública para la construcción del Nuevo Centro de Justicia Alternativa Penal, la construcción del Centro de Justicia Penal, en el municipio de Ensenada y la construcción del Centro de Justicia Penal en el municipio de Tecate, que fueron asignados mediante adjudicación directa.

La directora de Fiscalización y Evaluación de la Inversión Pública del Gobierno del Estado de Baja California, señaló que se optó por la excepción de licitación pública a fin de contar con la infraestructura necesaria para la operación del SJPA que entró en vigor el 18 de junio de 2016, sin embargo, hasta mayo de 2017 las obras no se habían concluido, por lo que al no cumplir con los plazos que motivaron dicha excepción, no existe fundamento legal para no realizar el proceso de licitación correspondiente. Con estas acciones, no se garantizó al estado las mejores condiciones en cuanto precio, calidad, financiamiento y oportunidad.

De acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ante el incumplimiento de los plazos de entrega de estas obras, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del gobierno de Baja California tendría que haber aplicado retenciones de 5 por ciento por concepto de penas convencionales que ascienden a 13 millones 587 mil 300 pesos, empero, hasta la fecha de la Auditoría no había realizado dicha retención, con lo que evidentemente se benefició una vez más a las empresas constructoras que obtuvieron el contrato sin la licitación correspondiente.

En el caso de la construcción del Nuevo Centro de Justicia Alternativa Penal en Ensenada, se realizaron pagos indebidos por casi 800 mil pesos; mientras que en el Centro de Justicia Penal del mismo municipio, no se justificaron el gasto por casi un millón de pesos por la supuesta instalación de una planta de emergencia y un generador de energía.

Otra de las irregularidades detectadas por la ASF, son la formalización de convenios modificatorios sin la autorización de la Secretaría de la Función Pública y sin haber informado a su órgano administrativo correspondiente. De igual forma, se autorizaron trabajos que ya se encuentran contemplados en los contratos originales.

Los datos son contundentes y dan cuenta de la ineficiencia con la que el gobierno de Baja California ejecutó los recursos destinados a la instrumentación del SJPA. Asimismo, evidencian la falta de compromiso de este gobierno por consolidar un sistema de procuración de justicia eficaz y transparente.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno de Baja California para que presente a esta soberanía, un informe sobre la solventación de las observaciones correspondientes a la Cuenta Pública de 2016, en las que la Auditoría Superior de la Federación señala diversas irregularidades en el ejercicio de los recursos destinados a la construcción de los centros de justicia penal en Ensenada y Tecate, así como de las salas de juicio oral del fuero común en dicha entidad y que podrían significar un daño al erario público por más de 15.5 millones pesos.

Nota

1 Cuarto Informe de Gobierno, Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, p. 120.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual la Comisión Permanente del Congreso de la Unión manifiesta preocupación por las declaraciones del economista en jefe del BM respecto a que la metodología de los reportes económicos sobre Chile fue alterada de forma reiterada, en detrimento del resultado para ese país y de la credibilidad de dicha organización financiera, a cargo de la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Mariana Gómez del Campo Gurza, senadora de la LXIII Legislatura en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 171, 175, 176 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión manifiesta su preocupación por las declaraciones del economista en jefe del Banco Mundial que señalan que la metodología en los reportes económicos sobre la República de Chile fue alterada de forma reiterada afectando el resultado para el hermano país, lo cual lesiona la credibilidad de la organización financiera internacional, al tenor de los siguientes

Antecedentes

El viernes 12 de enero del 2018, un artículo de The Wall Street Journal reveló que el Banco Mundial ha modificado “de forma reiterada su metodología en los reportes económicos que esta organización maneja, por varios años, de manera injusta y engañosa”. El caso más sorprendente de esta situación ha sido el caso de la República de Chile, dado a que el diario anteriormente mencionado recalcó que el viernes, el economista en jefe del Banco Mundial, Paul Romer, reveló que los datos referidos al país latinoamericano en el ranking Doing Business fue modificado en los últimos cuatro años, es decir, durante el gobierno de Michelle Bachelet.

El ranking Doing Business es un referente de 190 países y de su facilidad de estos a hacer negocios. En este sentido, Chile bajó constantemente durante el primer mandato de Bachelet, es decir entre 2006 y 2010, y también durante su segundo mandato, entre 2014 y 2018; Chile se encontró posicionado entre los puestos 25 y 57, presentando cambios constantes. Se presume que las modificaciones ejercidas en los datos del Banco Mundial se realizaron en beneficio del ex presidente y ex candidato a la presidencia 2018 – 2022, Sebastián Piñera.

El diario El comercio ilustró que, siguiendo testimonios de Romer, en dado caso de que no se hubiesen modificado los datos, la posición dentro del ranking de Chile hubiera reducido su posición solamente de 5 puestos y no de más de 20.

La actual presidenta de Chile, quien en unos meses concluirá su gobierno, expreso a través de su cuenta oficial de Twitter su consternación hacia los hechos, describiendo esta situación como “muy preocupante” ya que “más allá del impacto negativo en la ubicación de Chile, la alteración daña la credibilidad de una institución que debe contar con la confianza de la comunidad internacional”.

El gobierno chileno ha solicitado una completa investigación a lo sucedido, e incluso, el embajador de Chile en EEUU, Juan Gabriel Valdés, se dirigirá con los altos directivos del Banco Mundial, para observar la situación de la investigación requerida por su gobierno.

Consideraciones

1. Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

2. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 89 fracción X, que es facultad del Presidente de la República dirigir la política exterior observando los siguientes principios normativos: “la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión manifiesta su preocupación por las declaraciones del Economista en Jefe del Banco Mundial que señalan que la metodología en los reportes económicos sobre la República de Chile fue alterada de forma reiterada los últimos cuatro años, afectando el resultado para el hermano país latinoamericano en clasificaciones sobre facilidad de hacer negocios, lo cual lesiona la credibilidad en dicha organización financiera internacional y hace votos para que se realicen las investigaciones a las que haya lugar para esclarecer los hechos.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los diecisiete días del mes de enero del año dos mil dieciocho.

Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Segob a tomar con el DIF medidas de protección de la infancia y regular contenidos sexuales o promotores de la hipersexualidad en los menores, que pueden aparecer en publicidad, programas televisivos, videoclips o letras de canciones, a cargo de la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, Olga Catalán Padilla y María Luisa Beltrán Reyes, diputadas del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXIII Legislatura, de la Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea, la presente proposición al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Está demostrado que el contenido de los mensajes que se transmiten en radio, televisión, redes sociales, videoclips e incluso en las letras de canciones, sobre todo en los países en vías de desarrollo y los subdesarrollados, es de baja calidad artística, con altos contenidos de violencia, agresión, erotismo y exaltación de valores que no van acorde con el desarrollo humano de la población infantil y adolescente. La mayor parte del material presentado por estos medios no contribuye en la mejora y crecimiento del público receptor, siendo en su mayoría niños y adolescentes sin la supervisión de un adulto.

Lo anterior expone a este sector de la población a escenas de violencia y sexualidad explícita que afecta su desarrollo dando lugar a que en un largo plazo las aspiraciones e inquietudes se encuentren determinadas por los valores que han obtenido en sus primeros años de vida.

Es importante mencionar que el Comité de los Derechos del Niño ha emitido recomendaciones a los estados y la sociedad respecto a garantizar que los medios de comunicación desempeñen un papel activo en la educación de la opinión pública y la toma de consciencia, así como el deber de éstos, de evitar que la difusión de imágenes o audios de cualquier tipo fomenten el desarrollo de una actitud violenta [o erotizada] que afecte de manera directa o indirecta su pleno desarrollo.

Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que “la protección de los niños en los instrumentos internacionales tiene como objetivo último el desarrollo armonioso de la personalidad de aquellos, y el disfrute de los derechos que les han sido reconocidos”; y que “corresponde al estado precisar las medidas que adoptará para alentar ese desarrollo en su propio ámbito de competencia”. Campos, S. La Convención sobre los Derechos del Niño: el cambio de paradigma y el acceso a la justicia. Revista IIDH. PP. 358 vol. 50 1

2. Un fenómeno que ha cobrado relevancia los últimos años entre algunos sociólogos, psicólogos, pedagogos, psiquiatras y especialistas en el comportamiento de la infancia es la hipersexualización o erotización de los menores.

De acuerdo con estudios de la Universidad de Costa Rica, la hipersexualidad causa en los menores conductas que no son acorde a su edad, y de la misma manera la libido se libera, provocando que los infantes quieran: verse atractivos, ser el centro de atención, les gusta que los demás los vean y digan que son bellos provocando de esa manera que crezca el deseo por el sexo opuesto.

A diario se observan escenas sexuales que colocan el cuerpo como objeto de éxito o aceptación, los videos musicales están plagados de imágenes y bailes sexys y eróticos. Ni hablar del inmenso mundo de Internet que deja a un clic de distancia la posibilidad de encontrarse con algo cargado de erotismo, a veces incluso sin buscarlo ya que las publicidades (en cualquier formato) también tienen estos contenidos y aparecen sin invitación. Las letras musicales no escapan a esta tendencia, en particular las de algunos géneros.2

Lo anterior lleva a que los menores se enfrenten a situaciones y contextos para los que su madurez, tanto mental, emocional y sexual, no está preparadas para lidiar y procesar este tipo de información, lo que los lleva a sufrir una “erotización” a temprana edad.

Un ejemplo claro de cómo la sociedad ha normalizado la hipersexualización en los menores es el reguetón, género que se caracteriza principalmente por su contenido sexual, que se observa tanto en la letra de las canciones como en la manera de bailarla. En los videos musicales, publicidad, portadas de discos y sitios web se muestra, por un lado, una imagen agresiva y dominante del hombre [y] por otro, se difunde la imagen de la mujer sumisa y de objeto sexual.3

Degradar el valor de la mujer contribuye a un incremento de la violencia contra las mujeres y al refuerzo de actitudes y opiniones sexistas que a la larga acaban derivando en discriminación laboral, acoso sexual y una serie de problemas que decantan de manera paulatina en una conducta de violencia hacia la mujer.

Tal como lo menciona la doctora en sociología Dulce Martínez, el problema no es la fascinación o la seducción que comunica la sexualidad, sino lo que genera dicha persuasión cuando no se cuenta con los elementos necesarios para reflexionar sobre los contenidos que se difunden, cuando no se puede ejercer un criterio respecto a lo que se ve o escucha sobre la sexualidad, lo cual sucede más comúnmente en la población adolescente y joven, quienes son más vulnerables a los contenidos y consumos, tanto simbólicos como mercantiles.4

Uno de los problemas que indirectamente se relaciona con la hipersexualización de los menores son los embarazos adolescentes, vale la pena resaltar que en México, de acuerdo con los últimos datos disponibles, al año 10 189 bebés son hijos de niñas o adolescentes. La razón por la cual se considera que este fenómeno se relaciona con los embarazos adolescentes tiene que ver con que los niños y niñas desarrollan su sexualidad a edades más tempranas y por ende tienden a apresurar su vida sexual sin protección.

Aunado a lo anterior, debido a que se impone a las niñas y niños códigos de vestimenta y expresiones cargadas de una fuerte relación erótica y sexual, así como ciertos patrones de comportamiento, las niñas tienden a caer en problemas alimenticios como la bulimia y anorexia, debido a la falsa creencia que se les impone desde pequeñas. En el caso de los niños, crecen observando esta dinámica de erotización de las niñas por lo que asumen con naturalidad la condición de objeto sexual de las mujeres, lo que propicia las conductas machistas y de violencia sexual al llegar a la edad adulta.

Los especialistas en la materia mencionan que existe el riesgo de que los niños y niñas se estén saltando su infancia, período en el que deberían comportarse como niños y no como adultos, es decir, deberían buscar su identidad, en vez de verse expuestos a los ojos de personas con intenciones sexuales.

Otro gran problema que forma parte de las causas o consecuencias indirectas de la hipersexualización de la infancia es el gran aumento de pornografía infantil, el país en este aspecto ocupa el primer lugar dentro de los países pertenecientes a la OCDE.

Lo más preocupante de este fenómeno de hipersexualización es que ha comenzado a afectar a edades cada vez más tempranas, los niños ya no quieren ser niños, el acceso a las nuevas tecnologías ha acortado terriblemente la infancia.

Resulta necesario que se vele por el interés superior de la niñez y se garantice el derecho a un desarrollo armónico de todos los niños, niñas y adolescentes, tal como lo señala la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en su artículo 226 que a la letra dice: “promover el libre desarrollo armónico e integral de niñas, niños y adolescentes, así como contribuir al cumplimiento de los objetivos educativos planteados en el artículo 3o. constitucional y otros ordenamientos legales, la programación radiodifundida dirigida a este sector de la población”.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único : La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión con pleno respeto a la división de poderes y la soberanía de las entidades federativas, exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Gobernación en coordinación con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a tomar medidas de protección de la infancia y regular los contenidos sexuales o que fomentan la hipersexualidad y/o la erotización en los menores, que pueden aparecer en la publicidad, los programas televisivos, videoclips o en letras de canciones, todo ello sin atentar contra el derecho de la libre expresión.

Notas

1 Campos, S. La Convención sobre los Derechos del Niño: el cambio de paradigma y el acceso a la justicia. Revista IIDH. PP. 358 vol. 50 Recuperado en http://www.corteidh.or.cr/tablas/r25553.pdf

2 De Vita, V. (2017). Niños hipersexualizados por influencia de la televisión. 7/01/2017, de losandes. Sitio web:

http://losandes.com.ar/article/ninos-vulnerables-frente- a-escenas-de-juegos-sexuales

3 Martínez, D. (2014). Música, imagen y sexualidad: el reggaetón y las asimetrías de género. 7/01/2017, de El cotidiano en línea Sitio web: http://elcotidianoenlinea.com.mx/pdf/18607.pdf

4 Ibídem

Dado en el Palacio Legislativo, a 17 de enero de 2018.

Diputada Olga Catalán Padilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua a realizar una campaña intensiva para promover el uso eficiente del agua por la escasez acrecentada en México durante los últimos años, suscrita por el diputado Renato Molina Arias, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Renato Josafat Molina Arias, diputado del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguientes

Consideraciones

El agua es un recurso natural de alto valor en el contexto del desarrollo económico y social de cualquier país, en este sentido la falta o la disposición del vital líquido influye directamente en la riqueza o pobreza de la seguridad alimentaria de una población.

El agua, mantiene estrechos vínculos con los diversos factores de crecimiento y desarrollo de los países y dependen de la cantidad de agua con la que dispongan y su localización de extracción para determinar su capacidad de uso en la producción de energía, productos primarios, industria y el abasto a la población.

La situación geográfica que ocupa cada país, el aumento del crecimiento demográfico, el deterioro medioambiental y la utilización de métodos inadecuados en el uso del agua, han generado una crisis mundial de los recursos hídricos, generando a los países grandes retos para abatir los rezagos sociales y económicos conversos con la disposición o falta del agua y su alto costo que implica acceder a ella.

En el Atlas de vulnerabilidad hídrica en México ante el cambio climático, elaborado por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, se reconoce que “actualmente, la disminución de disponibilidad de agua o calidad suficientes, resulta uno de los problemas más difíciles de afrontar para el desarrollo de México, ... Diversos estudios en México, a partir de la generación de escenarios climáticos, coinciden en señalar que se presentarán variaciones de temperatura y precipitación con distinta intensidad y frecuencia, que a su vez incrementarían la vulnerabilidad social de las comunidades con una menor capacidad de adaptación ante eventos extremos, la disponibilidad del recurso hídrico en las cuencas hidrológicas, así como la producción de alimentos ...”

Así puede advertirse que la disponibilidad de agua por habitante anual, ha venido reduciéndose considerablemente durante los últimos años, la Comisión Nacional del Agua ha señalado que “La disponibilidad de agua por habitante anual se reducirá en 25 años un millón de litros, al pasar en 2005 de 4,573 a 3,705 metros cúbicos en 2030, destacó la Conagua.”

La crisis de agua en nuestro país puede poner en riesgo la seguridad nacional, la sobreexplotación de las fuentes de abastecimiento, la contaminación de dichas fuentes y el creciente número de conflictos sociales derivados por el control del vital líquido, dan cuenta de la situación.

“La disponibilidad de recurso agua tanto para el consumo humano como productivo, se ha convertido en un tema estratégico para el desarrollo armónico nacional. Los factores climatológicos han incidido fuertemente en los volúmenes de captación de la infraestructura hidráulica, la presencia de sequías prolongadas en algunas porciones del territorio nacional han reducido el acceso al agua tanto de presas como de los mantos acuíferos subterráneos, generando graves perjuicios tanto para los productores como para los habitantes de los centros urbanos, sin embargo en otras regiones se han presentado frecuentes inundaciones y escurrimientos por consecuencia del cambio climático y en detrimento de su población; a ello debe agregarse las continuas pérdidas de importantes volúmenes de agua por sistemas e instalaciones inadecuadas y en mal estado, tanto en el campo como en la ciudad.... Actualmente 77 por ciento del agua que se consume en el país es para actividades agropecuarias y de ésta se pierde lamentablemente hasta la mitad... Pero el uso racional y eficiente debe también centrarse en los centros urbanos, sobre todo en las megalópolis donde las fugas son una constante, la utilización de nuevos materiales para la conducción de agua evita fugas y perforaciones por reblandecimiento del suelo y la presencia de minerales corrosivos.”1

Sin duda la escasez, la contaminación del recurso, la falta de una infraestructura moderna y la mala gestión política de los servicios de suministro y control de calidad del agua, están provocando que cada vez el desabastecimiento y la contaminación sean mayores, lo que se traducirá invariablemente en un grave problema con características de emergencia nacional.

No podemos dejar de mencionar que “México se enfila hacia una crisis de agua. La mayoría de los mantos acuíferos en el país se encuentran sobreexplotados, pero no es a causa del consumo poblacional, sino como efecto de la presencia de industrias, muchas trasnacionales, que con el aval del gobierno federal se han apropiado de la riqueza hídrica nacional.”2

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua para que se realice una campaña a nivel nacional que tenga por objetivo promover el uso eficiente del agua, así como para que dicha comisión promueva entre aquellas organizaciones que emplean grandes volúmenes de agua el desarrollo e implementación de sistemas para disminuir el consumo.

Notas

1 http://www.cedrssa.gob.mx/?doc=2759

2 https://www.reporteindigo.com/reporte/agua-escasa-envenenada/

Dado en la sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 17 de enero de 2018.

Diputado Renato Josafat Molina Arias (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía General de Jalisco a diseñar un plan integral de contención y persecución del robo de agave tequilana Weber variedad azul, a cargo del diputado Ramón Bañales Arámbula, del Grupo Parlamentario del PRI

Ramón Bañales Arámbula, diputado a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo –de urgente u obvia resolución–, por el que se exhorta respetuosamente al maestro Raúl Sánchez Jiménez, titular de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, a que, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, diseñe un plan integral de contención y persecución del delito de robo de agave Tequilana Weber variedad azul, ocurrido de forma recurrente en el territorio del estado, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Durante los últimos años ha ido en aumento el robo de agave en las diferentes regiones y entidades que forman parte de la Declaratoria de Denominación de Origen “Tequila”.1 Nos referimos, a los estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Tamaulipas. Sin embargo, dada su producción, la mayor parte de los robos los sufren los más de 7 mil productores de agave localizados en el estado de Jalisco.

De acuerdo con datos expuestos por el diario El Economista , hasta noviembre de 2016, el inventario de agave en el país era de 316 millones de plantas, de las cuales 80 por ciento se encuentran sembradas en los 125 municipios del estado de Jalisco.2

En los últimos años el agave se ha convertido en un insumo de primera necesidad para la generación de diferentes productos de alta demanda (con independencia del tequila). En efecto, de acuerdo con el Consejo Regulador del Tequila (CRT) desde 2012 a la fecha se han acumulado más de cien denuncias de víctimas de robo de agave y, en ese amplio periodo, con únicamente dos detenidos.3

Generalmente el robo del agave Tequilana Weber variedad azul, ocurre en los grandes campos de cultivo. Los ladrones de productos agrícolas aprovechan la natural falta de vigilancia dada la extensión de los campos para realizar la sustracción ilegal y, en vehículos de carga transportan grandes cantidades de producto robado, para después introducirlo de forma ilegal en el en el mercado.

De acuerdo con cifras extra oficiales, en Jalisco fueron robadas 193 toneladas de agave Tequilana Weber variedad azul. Los robos ascienden a daños económicos por el orden de 2.8 millones de pesos y la pérdida de cerca de 5 mil plantas de agave. Las cifras no son menores, si consideramos que la planta requiere una maduración de 5 a 7 años para poder ser empleada para la elaboración de tequila.4

El director general de Consejo Regulador del Tequila, Miguel Ángel Domínguez, aseguró en junio del año pasado que “se tienen registradas 109 denuncias por este delito. Durante 2016, y años anteriores, se denunciaron 98 robos, afectando un total de 135 toneladas. Para este 2017 se han registrado once denuncias, que equivalen a una afectación de 134 toneladas.5

El licenciado Domínguez explicó también que además, los productores tequileros estaban trabajando en coordinación con la Fiscalía General del Estado, con la finalidad de capacitar a más de 800 elementos de fiscalía y a 32 elementos federales para conocer a detalle las implicaciones de la totalidad de la cadena de producción agave-tequila. Explicó además que entre los municipios más afectados están Tequila, El Arenal, Magdalena, Hostotipaquillo, Jesús María y Atotonilco.

Desgraciadamente, la tarea de las fuerzas policiacas estatales han sido insuficientes para contener este fenómeno delictivo por diversas razones: (i) la imposibilidad de que la policía vigile todos los predios en donde se cultiva el agave; (ii) las restricciones para las revisiones policiacas aleatorias; (iii) el desconocimiento de la autoridad sobre los caminos rurales secundarios; (iv) la imposibilidad para realizar aseguramiento del producto robado y, desafortunadamente, un largo etcétera.

Sin embargo, existen elementos que se deben reconocer y errores que históricamente se han cometido en el combate de este delito. Se sabe que el agave robado se comercializa con relativa facilidad en el mercado negro y no se ejercen las atribuciones de las autoridades para recuperar el producto, teniéndose desafortunadamente como costos hundidos para los productores.

En resumen, los delincuentes han encontrado un enorme hueco de impunidad para robar y comercializar el agave, construido a partir de la poca fuerza reactiva del Estado y de los pocos o nulos instrumentos jurídicos ejercidos.

Por ello, es imperativo que la Fiscalía General del Estado de Jalisco, a cargo del recientemente designado, maestro Raúl Sánchez Jiménez, se aboque a redoblar esfuerzos para combatir de manera inteligente y eficiente el robo del importante insumo, no sólo para la defensa de la economía de más de 7 mil 500 familias en nuestro estado, sino para contener la grave afectación de abasto y las complicaciones de trazabilidad del producto.

Todo esto potenciará la producción de calidad de la que aún podemos presumir en Jalisco, garantizar el abasto de tequila y otros productos y, por supuesto, garantizar la salud de los consumidores de la bebida nacional por definición.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta honorable Comisión Permanente, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al maestro Raúl Sánchez Jiménez, titular de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, a que, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, diseñe un plan integral de contención y persecución del delito de robo de agave Tequilana Weber variedad azul, ocurrido de forma recurrente en el territorio del estado.

Notas

1 Conforme al punto tercero de la declaratoria publicada el 9 de septiembre de 1974: ... se establece como territorio de origen el comprendido por el Estado de Jalisco; los Municipios de Abasolo, Ciudad Manuel Doblado Cuerámaro, Huanimaro, Pénjamo y Purísima del Rincón, del Estado de Guanajuato; los municipios de Briseñas de Matamoros, Chavinda, Chilchota, Churintzio, Cotija, Ecuandureo, Jacona, Jiquilpan, Maravatío, Nuevo Parangaricutiro, Numeren, Pajacuarán, Peribán, La Piedad, Régules, Los Reyes, Sahuayo, Tancítaro, Tangamandapio, Tangancícuero, Tanhuato, Tingüindín, Tocumbo, Venustiano Carranza, Vil/amar, Vistahermosa, Yurécuaro, Zamora y Zináparo, del Estado de Michoacán; los Municipios de Ahuacatlán, Amatlán de Cañas, Ixtlán, Jala, Jalisco, San Pedro de Lagunillas, Santa María del Oro y Tepic, del Estado de Nayarit; y los Municipios de Aldama, Altamira, Antiguo de Morelos, Gómez Farías, González, Llera, Mante, Nuevo Morelos, Ocampo, Tula y Xicoténcatl del Estado de Tamaulipas.

2 El Economista . (21 de noviembre de 2016). Nacional. Fecha de consulta: 31 de mayo de 2017, de “Más vigilancia por aumento de robo de agave tequilero”:

http:/leleconomista.com. mx/estados/2016/11/21/mas-vigilancia-aumento-robo-agave-tequilero [Fecha de consulta 13 de enero de 2018].

3 NTR. (25 de abril de 2017). Nacional. “Alerta en Jalisco por robo de agave”:

http://intrzacatecas.com/2017 /04/25/alerta-en-jalisco-por-robo-de-agavel [Fecha de consulta 13 de enero de 2018].

4 Robo de agave incrementó en Jalisco este año:

http://wradio.com-mx/emisora/2017/10/10/guadalajara/1507 661723028072.htmIAlarmaen México: en 2017 ya robaron 193 toneladas de la planta con la que se produce el tequila: https://www.infobae.com/america/mexico/2017 /10/25/alarma-en-mexico-en-2017- ya-robaron-193-toneladas-de-la-planta-con-la-que-se-produce-el-tequila/ [Fecha de consulta 13 de enero de 2018].

5 Tipificar como delito grave el robo de agave: diputados del PRI

https://www.eloccidental.com _ mx/local/tipificar -como-delito-grave-el-robo-de-aqave-diputados-del-pri [Fecha de consulta: 14 de enero de 2018].

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2018.

Diputado Ramón Bañales Arámbula (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Semarnat, a considerar en el caso de actividades permitidas por la legislación en las ANP la opinión vinculante de la Conanp para otorgar permisos, autorizaciones y modificaciones de la evaluación de impacto ambiental, suscrita por la diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) son un instrumento de gestión de la política de conservación y preservación de los ecosistemas en México ya que son zonas donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o requieren ser preservadas y restauradas. Uno de sus principales objetivos es preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas y ecológicas y de los ecosistemas más frágiles, así como sus funciones, para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos.

Si bien la naturaleza de las ANP es mantener los ecosistemas que prestan servicios ambientales sin alteración o restaurarlos, la legislación permite la realización de ciertas actividades productivas, para el autoconsumo, turísticas y de investigación científica a través de prácticas sustentables.

Para realizar las actividades permitidas por la legislación, es necesario que los responsables o interesados soliciten ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la autorización de Evaluación de Impacto Ambiental a partir de estudios específicos. Este estudio es lo que se conoce como “Manifestación de Impacto Ambiental” y en él se detalla la modificación al ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza y los efectos significativos y probables que generaría una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de que sea negativo.

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) establece como requisito para que la Semarnat autorice obras y actividades, que se cuente con la Evaluación de Impacto Ambiental; para la autorización, la ley establece que la Secretaría se sujetará a lo que establezcan las declaratorias de ANP y las demás disposiciones jurídicas que resulten aplicables. Es decir, en el caso de industrias o actividades realizadas dentro de las ANP, se deberá atender a los objetivos de protección y preservación de la categoría respectiva, así como de los Programas de Manejo respectivos.

Una vez autorizada la Evaluación Ambiental, se pueden realizar modificaciones derivadas de la naturaleza de la actividad o de los cambios en el hábitat dentro del ANP.

El reglamento de la LGEEPA en materia de Evaluación del Impacto Ambiental establece que si se pretende realizar modificaciones a un proyecto después de emitida la autorización en materia de impacto ambiental, deberá someterlas a la consideración de la Semarnat (artículo 28).

La Semarnat cuenta con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), órgano desconcentrado encargado de la administración de las ANP federales. Dentro de sus funciones está la de emitir los dictámenes técnicos y opiniones para el otorgamiento de las autorizaciones, permisos y concesiones en materia de impacto ambiental y cambio de uso del suelo en terrenos forestales y otras requeridas en las ANP.

El procedimiento administrativo previsto en la reglamentación determina que es la Semarnat la encargada de autorizar la Evaluación de Impacto Ambiental y cualquier modificación, sin embargo para el caso de actividades en ANP, por ser zonas especiales de conservación, debería ser la Conanp quien emita opinión técnica y autorice dichas evaluaciones.

Un caso emblemático y que ejemplifica claramente un problema de contaminación de ecosistemas y deterioro ambiental en un ANP es el que se ubica en el Área de Protección de Flora y Fauna “Sierra de Álvarez” en San Luis Potosí 1, donde se realizan actividades de las llamadas “caleras” (muy cercanas a la zona conurbada de la capital) las cuales han afectado el equilibrio ecológico principalmente por la contaminación de suelo y agua por los desechos generados y por la deforestación, lo que ha impedido precisamente la protección de la flora y fauna endémica.

En el acuerdo de recategorización del Ejecutivo federal de junio del 2000, se establece que: “Cuando derivado de los estudios técnicos justificativos, se determine la necesidad de modificar la delimitación del Área, su zonificación o actividades permitidas establecidas en las declaratorias respectivas, la Secretaría someterá a consideración del Titular del Ejecutivo Federal las modificaciones correspondientes a dichas declaraciones, de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente”.

Además es importante mencionar que para el ANP “Sierra de Álvarez”, hasta la fecha no se ha elaborado ni el Programa de Manejo ni se ha publicado una nueva declaratoria acorde a la recategorización que contenga un diagnóstico actualizado tanto de la flora y fauna de la zona, las principales presiones y amenazas en cada zona y subzona, los objetivos generales y estratégicos así como las actividades permitidas y prohibidas. Esto por supuesto ha generado arbitrariedad ya que no existen lineamientos normativos a los cuales remitirse en caso de las actividades que se realizan en la zona vulneren de los ecosistemas la conservación y preservación.

En conclusión, como lo evidencia el ejemplo arriba citado, no existe claridad en los procedimientos administrativos de la Semarnat respecto a la autoridad específica que autoriza las modificaciones dentro de las ANP y por consiguiente de la Evaluación de Impacto Ambiental. Por ello consideramos necesario que la Semarnat considere a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, como la encargada de emitir opinión técnica y ser vinculante para cualquier modificación o autorización dentro de la zona con el fin de garantizar la protección y preservación de los ecosistemas.

Por lo anteriormente expuesto, esta honorable Cámara de Diputados presenta el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que en el caso de actividades permitidas por la legislación dentro de las Áreas Naturales Protegidas, se considere la opinión vinculante de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para el otorgamiento de permisos, autorizaciones y modificaciones de la Evaluación de Impacto Ambiental, a fin de garantizar la preservación y protección de los ecosistemas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de enero de 2018.

Diputada María de los Ángeles Rodríguez Aguirre (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conasami a sesionar de manera urgente para acordar un incremento del ingreso mínimo familiar, suscrita por la diputada Evelyn Parra Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, diputada federal por la Ciudad de México en esta LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base a las siguientes

Consideraciones

1. La liberación de precios de la gasolina ha comenzado a impactar de manera negativa en la economía nacional toda vez que con ello, productos como el huevo, azúcar, gas LP, así como frutas y verduras han iniciado a reflejar importantes aumentos.

2. Lamentablemente más de la mitad del país no puede combatir esta embestida, pues carece del ingreso necesario para hacerlo. En un estudio reciente, la Universidad Iberoamericana dio a conocer, a través del estudio Pobreza persistente en México, mercados laborales con bajos salarios, que el aumento al salario mínimo debería de ser de $353.00 por jornada laboral. Dicho estudio se encuentra fundamentado en lo que nos dicta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 123, inciso A, numeral III, párrafo segundo y la Ley Federal del Trabajo en su artículo 90, párrafo segundo, que indican “El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.” De manera que la fórmula que utiliza la Comisión Nacional de Salarios Mínimos evidentemente es errónea, pues considera al salario mínimo como un ingreso personal, cuando debiera de tomarse como base a la familia, como lo marcan nuestras leyes. De este modo si el salario mínimo actual fuera de $95.40 diarios y no de $88.32 como es actualmente, sería para solventar las necesidades mínimas para no caer en pobreza de un individuo, no de una familia. Por lo tanto, el valor debe ser de $353 pesos diarios.

3. “En la actual administración los salarios promedio y mínimos han perdido 14.3 y 3.9 % de su poder adquisitivo, respectivamente. Lo cual ha detonado la brecha de pobreza en el país”. En el mismo estudio nos muestra una comparación con otras ciudades de América, en la que podemos notar que México mantiene la Brecha de Pobreza –distancia entre el salario mínimo oficial y la línea de pobreza– más grande. De acuerdo al Informe 2017 sobre Mercados Laborales y pobreza en América Latina de la Red de Pobreza y desigualdad AUSJAL, México es el país de América Latina donde la brecha entre el salario mínimo oficial y la línea de pobreza por hogar es mayor, cuatro veces.

4. Por otro lado, y no menos importante, encontramos las enfermedades de la pobreza que sin duda forman parte de las causas de muerte evitables, sin embargo “cuando el ser humano es privado de cualquier intento por mejorar su calidad de vida es responsabilidad ineludible del Estado y ese Estado ausente debería, en una sociedad democrática, justa e igualitaria, ser punible por abandono de personas y ocultamiento de la verdad”. Centro Mandela DD.HH.

5. Es por esto que, solicito a esta Asamblea considere respetuosamente se exhorte a sesionar de manera urgente al Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con la intensión de llevar a cabo un incremento al salario mínimo actual y poner al pueblo de México en verdaderas condiciones de combatir a la pobreza, por lo cual someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a sesionar de manera urgente para acordar un incremento al ingreso mínimo familiar (salario mínimo).

Dado en la sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 17 de enero de 2018.

Diputada Evelyn Parra Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a los avances en la solución de conflictos agrarios y protección de los derechos humanos de los habitantes de San José Ixtapan, Santa Catarina Juquila, Oaxaca, suscrita por la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena

Natalia Karina Barón Ortiz, diputada a la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo a los avances en la solución de conflictos agrarios y protección de los derechos humanos de los habitantes de San José Ixtapan, del municipio de Santa Catarina Juquila del estado de Oaxaca al tenor de las siguientes:

Consideraciones

San José Ixtapan, comunidad del municipio de Santa Catarina Juquila del estado de Oaxaca, ha vivido preocupantes conflictos agrarios y de posesión de la tierra con otras comunidades vecinas manteniendo preocupantes condiciones que vulneran los derechos fundamentales y el estado de derecho en la entidad.

Un conflicto agrario que tiene más de cuatro décadas se recrudeció el pasado diciembre cuando la comunidad se vio aislada impidiendo el libre tráfico de personas y mercancías aislando a la población y privándola de los bienes esenciales para su sustento ordinario.

La disputa se da por la propiedad de mil 393 hectáreas y recursos pétreos del río Atoyac, entre las comunidades de San José Ixtapan y San Juan Quiahije, Oaxaca. El conflicto ha escalado de tal forma que líderes comunitarios y caciques han ordenado a los habitantes de la región aislar a la comunidad de San José Ixtapan, privándola de los elementos más esenciales para su subsistencia entre los que están medicinas, alimentos y agua; a la vez, el bloqueo impidió el paso de los servicios de municipales para permitir el suministro y mantenimiento de las redes eléctricas.

El pasado diciembre, el conflicto entró en una nueva etapa. Desde el 5 de noviembre de 2017, la comunidad de San José Ixtapan fue aislada aumentando las tensiones que desbordarían en un conflicto mayor. A los habitantes de San José Ixtapan, debido al conflicto agrario con los municipios de San Juan Quiahije y Santiago Minas, les han cerrado dos caminos de acceso a la comunidad. Para evitar confrontaciones, los pobladores y la autoridad municipal buscaron una tercera opción para salir y entrar al pueblo a través de la comunidad El Carrizal, del municipio de Villa Sola de Vega.

Sin embargo, aun cuando las autoridades de San José Ixtapan llegaron a un acuerdo con las de Villa Sola de Vega y con la agencia de El Carrizal, el 5 noviembre pasado fueron notificados de que no se permitiría el paso por dicho cruce y por acuerdo de asamblea comunitaria. Los habitantes de la agencia municipal incomunicada manifestaron a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca que interviniera ante el presidente municipal de la Villa de Sola de Vega para dialogar con la comunidad de El Carrizal y respetar el acuerdo de paso a los habitantes de San José Ixtapan.

Dado el agravamiento del conflicto, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió el Boletín 101–13/12/2017 por el que dio a conocer la integración del expediente de queja DDHPO/2283/(11)/OAX/2017 a fin de requerir medidas para la protección de los derechos humanos de los habitantes de San José Ixtapan y que se transcribe a continuación:

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca solicitó a la autoridad municipal de la Villa de Sola de Vega que adopte una medida de protección a favor de habitantes de la comunidad de San José Ixtapan, pues debido a un conflicto agrario el pueblo está incomunicado.

Por ello, la Defensoría solicitó desde el 8 de diciembre último que dicha autoridad municipal intervenga ante las autoridades de la agencia municipal de El Carrizal, a fin de que permitan el paso de pobladores, personal médico y educativo, así como de alimentos y medicinas a San José Ixtapan.

Además, el organismo defensor solicitó la colaboración de la Secretaría General de Gobierno para que, por la vía del diálogo, adopte las acciones necesarias logre acuerdos con las comunidades involucradas en el conflicto, para que las personas que habitan San José Ixtapan dejen de estar incomunicadas.

El organismo defensor informó que la autoridad municipal de la agencia de San José Ixtapan, perteneciente a Santa Catarina Juquila, presentó una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos porque consideran que la autoridad municipal de la Villa de Sola de Vega no ha respondido su petición para intervenir ante las autoridades de la agencia de El Carrizal y facilitar el dialogo para que se les permita el libre tránsito.

La Defensoría inició el expediente de queja DDHPO/2283/(11)/OAX/2017 para pedir la adopción de una medida de protección al ayuntamiento de Sola de Vega para que implemente los mecanismos necesarios a fin de que se permita, de no existir impedimento legal, el libre tránsito de pobladores de San José Ixtapan, así como la circulación de alimentos básicos, medicinas y personal que brinda atención médica, así como de docentes y personal que brinde otros servicios.

Asimismo, la Defensoría solicitó a la autoridad municipal de Sola de Vega que rinda un informe detallado sobre su intervención en el problema.

Las autoridades de San José Ixtapan detallaron que, debido a que tienen un conflicto agrario con los municipios de San Juan Quiahije y Santiago Minas, les han cerrado dos caminos de acceso a la comunidad, y para evitar confrontaciones, los pobladores y la autoridad municipal buscaron una tercera opción para salir y entrar al pueblo, por lo cual deben pasar por la comunidad El Carrizal.

Por ello, explicaron las autoridades de San José Ixtapan a la Defensoría, habían llegado a un acuerdo con la autoridad de la agencia de El Carrizal para que les permitiera el paso; sin embargo, el 5 noviembre último fueron notificados de que ya no se les permitiría dicho cruce por acuerdo de asamblea comunitaria.

Ante esto, los habitantes de la agencia municipal incomunicada manifestaron a la Defensoría que pidieron la intervención del presidente municipal de la Villa de Sola de Vega para que dialogara con la autoridad y la comunidad de El Carrizal, a fin de que éstas les permitan a los de Ixtapan transitar por esa población; sin embargo, esas gestiones no han tenido respuesta.

La autoridad de San José Ixtapan expuso al personal de la Defensoría que, debido a la situación, los habitantes de la agencia municipal comienzan a resentir escasez de alimentos, carecen de atención médica y medicinas, pues no se le permite el paso al personal de salud, ni a los proveedores de medicamentos.

Agregaron que los estudiantes de la comunidad están privados de sus clases, ya que maestras y maestros no han podido acceder al pueblo, y además, dos barrios están sin energía eléctrica desde el mes de septiembre, pues personal de la Comisión Federal de Electricidad no ha podido ingresar a reparar los daños causados por los sismo y lluvias.

Finalmente, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca recordó que es obligación de todas las autoridades promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de la población.

La falta de resolución de los conflictos agrarios en estas comunidades lleva a la violación de derechos fundamentales; por lo anterior expuesto, es oportuno dirigir un exhorto al gobernador del estado a fin de que dé a conocer cuál ha sido el seguimiento que se ha dado en la implementación de medidas y los mecanismos para la resolución de conflictos agrarios entre las comunidades de San José Ixtapan y de los municipios de San Juan Quiahije y Santiago Minas, Oaxaca.

De igual forma, es oportuno un exhorto al defensor de los Derechos Humanos del Estado de Oaxaca para que, en el ámbito de su competencia, dé a conocer cuáles han sido los resultados sobre la adopción de medidas de las autoridades municipales de Villa Sola de Vega en beneficio de los habitantes de San José Ixtapan de conformidad con el expediente de queja DDHPO/2283/(11)/OAX/2017.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Proposición con punto de:

Acuerdo

Primero. Se exhorta al gobernador del estado de Oaxaca a fin de que dé a conocer cuál ha sido el seguimiento en la implementación de medidas y mecanismos para la resolución de conflictos agrarios entre la comunidad de San José Ixtapan, municipio de Santa Catarina Juquila, y las de los municipios de San Juan Quiahije y Santiago Minas.

Segundo. Se exhorta al defensor de los Derechos Humanos del Estado de Oaxaca para que, en el ámbito de su competencia, dé a conocer cuáles han sido los resultados sobre la adopción de medidas de las autoridades municipales de Villa Sola de Vega en beneficio de los habitantes de San José Ixtapan de conformidad con el expediente de queja DDHPO/2283/(11)/OAX/2017.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Ciudad de México, a 17 de enero de 2018.

Diputada Natalia Karina Barón Ortiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE, el INE y la Fepade a llevar a cabo una investigación sobre una presunta intromisión en el proceso electoral de 2017-2018 de apoyos extranjeros en favor del precandidato presidencial de Morena, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Poco antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos del 8 de noviembre de 2016, las agencias de inteligencia de dicha nación señalaron que Rusia habría accedido y difundido de manera ilegal correos electrónicos de asesores de la candidata del Partido Demócrata Hillary Clinton, con el propósito de desacreditarla.

Derivado de estos hechos, el 29 de diciembre de 2016, casi al concluir su administración, el presidente Barack Obama anunció la expulsión de 35 diplomáticos rusos.1

De acuerdo al reporte Assessing Russian Activities and Intentions in Recent US Election , el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó una campaña para influir en la elección presidencial de 2016, con el objetivo de socavar la fe en los procesos democráticos de Estados Unidos, así como obstaculizar las posibilidades de Hillary Clinton para alcanzar la presidencia.2 Asimismo, destaca los siguientes aspectos:

* Cuando parecía que la Hillary Clinton podría ganar la elección se inició una campaña enfocada a socavar su futura presidencia.

* La campaña de influencia de Moscú abarcó desde mensajes estratégicos hasta la mezcla de operaciones de inteligencia cibernética y el pago de trolls.

* Los servicios de inteligencia rusos realizaron ciberoperaciones contra objetivos asociados con la elección presidencial de 2016, incluidos los principales partidos políticos de Estados Unidos.

* A través ciberoperaciones el gobierno ruso obtuvo información que fue filtrada a través de WikiLeaks.

* Los trabajos de inteligencia rusos le permitieron obtener y mantener accesos múltiples juntas electorales estatales y locales.3

En el marco de la investigación sobre la intervención del gobierno de Rusia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en el 2016, el ex jefe de campaña del presidente Donald Trump, Paul Manafort, enfrenta el cargo de conspiración contra Estados Unidos, por la presunta colusión del equipo de campaña de Trump con el gobierno Ruso.4

En este sentido, en fechas recientes comienza a tomar fuerza diversas investigaciones que dan cuenta de una supuesta intromisión por parte del gobierno de Rusia para favorecer a Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con el asesor de seguridad estadounidense Herbert Raymond McMaster, los mexicanos están siendo blanco de operaciones de interferencia electoral por parte de Rusia.5

En un artículo del diario estadounidense The Washington Post , se señala que en unas elecciones muy competidas como las que se avecinan en México el próximo mes de julio “un poco de ayuda de los rusos, amplificando el mensaje en las redes sociales, podría terminar marcando una diferencia decisiva”.6

Desde hace unos meses, la red de televisión del Kremlin, RT, comenzó a brindar más cobertura a John Ackerman, uno de los principales ideólogos y defensores en redes sociales de López Obrador, quien ha sido descrito en los programas de esta televisora como “Nuestro hombre en México”.7

La intromisión de intereses extranjeros en el proceso electoral de 2018 a favor del precandidato de Morena a la presidencia de México no se limitan a Rusia. En días recientes en Venezuela se han visto bardas con la leyenda “López Obrador es revolución mexicana”, la pinta en apoyo al precandidato a la presidencia está firmada por el Partido Socialista Unido de Venezuela, instituto político que fundó Hugo Chávez y al que pertenece el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.

La cercanía entre Morena y el gobierno venezolano es más que conocida, cabe recordar que el 27 de mayo de 2017, en plena efervescencia de protestas en contra del gobierno de Maduro por la disolución del Congreso de Venezuela, el partido Morena le expresó su solidaridad.

A través de su cuenta de twitter, la embajada de Venezuela en México publicó el siguiente tuit: “Celebramos el acompañamiento del partido Morena, su solidaridad y apoyo irrestricto a la Revolución Bolivariana ¡Viva México y Venezuela!.8

Los hechos son contundentes y dan cuenta de cómo la intromisión de intereses extranjeros no sólo solo son violatorios a nuestra Constitución y la legislación electoral, sino también afectan la equidad que debe prevalecer en las contiendas electorales y que en un escenario tan competido como el que se avecina, pueden marcar la diferencia, tal como sucedió en los Estados Unidos.

Los legisladores del PRI consideramos que estos apoyos desde el extranjero atentan contra nuestra soberanía y nuestro régimen democrático, por lo que resulta apremiante que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes para que detener de manera inmediata cualquier tipo de intromisión y garantizar que los únicos que decidan quién será el próximo presidente, sean los mexicanos.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el presente:

Punto de acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al Instituto Nacional Electoral y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para que, en el ámbito de sus atribuciones, lleven a cabo una investigación en relación a una presunta intromisión en el proceso electoral 2017-2018 de apoyos extranjeros a favor del precandidato de Morena a la presidencia de la República.

Notas

1 “Lo que se sabe de la presunta injerencia rusa en elecciones de EU”, El Universal ,

http://www.eluniversal.com.mx/mundo/lo-que-se-sabe-de-la -presunta-injerencia-rusa-en-elecciones-de-eu> Consultado el 15 de enero de 2018.

2 “Assessing Russian Activities and Intentions in Recent US Election ”, Intelligence Community Assessment , 6 de enero de 2017,

https://www.nytimes.com/interactive/2017/01/06/us/politics/
document-russia-hacking-report-intelligence-agencies.html Consultado el 15 de enero de 2018.

3 Ibìd.

4 “Lo que se sabe de la presunta injerencia rusa en elecciones de EU” Op. Cit.

5 “A Mexican presidential candidate is getting an unexpected boost from Trump and Putin ”, The Washington Post, <

https://www.washingtonpost.com/news/democracy-post/wp/2018/01/11/
a-mexican-presidential-candidate-is-getting-an-unexpected-boost-from-trump-and-putin/
?utm_term=.49f6a4b42cdc> Consultado el 15 de enero de 2018.

6 “Putin impulsaría a AMLO según un artículo del Washington Post ”, El Financiero ,

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/senalan-en-the-w ashington-post-que-putin-apoya-a-amlo.html Consultado el 15 de enero de 2018.

7 Ibìd.

8 “Embajada de Venezuela agradece el apoyo de Morena; el partido se deslinda”, Animal Político ,
http://www.animalpolitico.com/2017/05/venezuela-morena-a poyo/ Consultado el 15 de enero de 2018.

Dado en el recinto de San Lázaro, a los 17 días del mes de enero de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se condenan las expresiones del presidente de EUA contra los pueblos de Haití, El Salvador y países africanos, pues representan una posición racista, violatoria de los derechos humanos; y se lamenta su decisión de cancelar el programa de protección temporal de los más de 200 mil migrantes salvadoreños residentes en su territorio, a cargo de la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Mariana Gómez del Campo Gurza, senadora de la LXIII Legislatura en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 171, 175, 176 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena categóricamente las expresiones del presidente de los Estados Unidos de América contra los hermanos pueblos de Haití, El Salvador y de países africanos, al representar una posición racista violatoria de los derechos humanos y lamenta su decisión de cancelar el programa de protección temporal a los más de 200 mil migrantes salvadoreños que residen en territorio estadounidense, al tenor de los siguientes

Antecedentes

El día 8 de enero del año en curso, el gobierno actual de los Estados Unidos de América, a través de su Secretaría de Seguridad Nacional, anunció su decisión de cancelar la designación de El Salvador al estatus de protección migratoria (TPS, por sus siglas en inglés). En ese sentido, el programa cuenta actualmente con una vigencia hasta el 9 de marzo de 2018 pero continuará en vigor para aquellas personas que ya son beneficiarias hasta el 19 de septiembre de 2019.

El estatus de protección migratoria (TPS) fue un programa instituido en Estados Unidos por el presidente George W. Bush en los años 1990, el cual ofrece a personas originarias de naciones afectadas de gravedad por desastres naturales, conflictos armados, u otros disturbios un estatus provisional de legalidad, así como un permiso laboral, sin importar su informa de ingreso al país.

El estatus de protección migratoria (TPS) dirigido a la población salvadoreña fue creado el 9 de marzo de 2001 y permite aproximadamente 200 mil salvadoreños de residir y trabajar en EE.UU. legalmente. Si bien es cierto que, como lo planteó Kirstjen M. Nielsen, Secretaria de Seguridad Nacional, la situación de contingencia causadas por un fuerte terremoto ocurrido en el 2001 en El Salvador ya ha sido superada, la situación actual de dicho país es muy precaria, dada a la inseguridad y la violencia que sufren día a día los salvadoreños, a causa de la existencia de bandas delictivas como la Mara Salvatrucha 13.

Una de las razones por las cuales se ha dado el fin del TPS es la existencia de bandas delictivas en Estados Unidos, ligadas a la Mara Salvatrucha, sin embargo, ciertos analistas asegurar que el finalizar con este estatus migratorio impulsará un crecimiento y un esparcimiento del crimen organizado, ya que la población salvadoreña que habita en EE.UU. se alejará de las instituciones públicas y agencias policiales por miedo a la deportación.

De igual forma, una de las consecuencias graves de una nueva ola de deportaciones hacia El Salvador es el hecho de que el país no cuenta con el campo laboral, educativo, de salubridad ni de seguridad social con el cual se puedan cubrir las necesidades de estos nuevos deportados, además de que esta nación centroamericana depende fuertemente de las remesas enviadas por sus conciudadanos en Estados Unidos y en otras zonas geográficas.

Según el Banco Central de Reserva de El Salvador, el país recibió más de 4 mil 518 millones de dólares en remesas, del cual más del 97 por ciento de las mismas eran provenientes de los Estados Unidos.

La decisión de finalizar con el TPS de El Salvador tuvo lugar después de que más de 45 mil haitianos perdieran la protección migratoria que habían obtenido después de los sucesos de 2010 que afectaron terriblemente al país caribeño. De igual forma, el gobierno estadounidense también ha dejado claro que las posibles siguientes víctimas de la pérdida de una protección migratoria en estados Unidos sean los nicaragüenses y los hondureños.

La cancillería salvadoreña expresó a través de fuentes oficiales que, a pesar de la decisión tomada por el actual gobierno estadounidense, la comunicación entre ambas naciones siempre fue buena, lo cual se vio referido por el máximo plazo de dicha extensión inmigratoria.

El senador de Illinois, Dick Durbin, negociador clave dentro de las conversaciones sobre temas migratorios, estableció que el presidente Donald Trump llamo “Agujeros sucios” a los países como El Salvador, Haití, Nicaragua, y otras naciones pertenecientes al continente africano.

Siguiendo lo establecido por The Washington Post, el presidente Trump estableció: “¿Por qué tenemos a toda esta gente de países (que son un) agujero de mierda viniendo aquí?”. En este sentido estableció su preferencia hacia una inmigración más europea.

Ante las acusaciones realizadas, el presidente Trump estableció, a través de su cuenta twitter, que las palabras haciendo referencia a estos países fue claramente dura, pero sus palabras fueron malinterpretadas por los senadores demócratas, quienes obviamente no desean un pacto con el actual gobierno.

Consideraciones

1. Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

2. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 89 fracción X, que es facultad del Presidente de la República dirigir la política exterior observando los siguientes principios normativos: “la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía, el presente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena categóricamente las expresiones del Presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump, contra los hermanos pueblos de Haití, El Salvador, así como de países africanos, al representar una posición racista violatoria de los derechos humanos y una posición vergonzosa para el primer mandatario de un país cosmopolita como la Unión Americana.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión lamenta la decisión de la Administración de Estados Unidos de cancelar el programa “Estatus de Protección Temporal” a los más de 200 mil migrantes salvadoreños, lo cual abre la posibilidad de que sean deportados traduciéndose en la separación de miles de familias que residen en territorio estadounidense.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a encabezar la creación e implementación de una estrategia integral de protección a los migrantes latinoamericanos y caribeños que residen en territorio estadounidense aprovechando la importante red de consulados de los países de la región en el vecino país del norte.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los diecisiete días del mes de enero del año dos mil dieciocho.

Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil y la SEP a elaborar planes de protección civil en las instituciones educativas carentes de ellos, suscrita por la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, María Luisa Beltrán Reyes, diputada del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXIII Legislatura, de la Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo los siguientes:

Considerandos

La protección civil en el país ha constituido una de las prioridades para el Estado, a fin de impulsar una transición efectiva de las acciones reactivas que se realizaban anteriormente a una cultura de la prevención que permita una mayor eficacia en el ejercicio de los recursos destinados para la protección de la sociedad en materia de desastres.1

La protección civil surge en el país a raíz del sismo de 1985 cuando miles de personas quedaron en los escombros y muchas de ellas murieron bajo los mismos pues no pudieron ser rescatadas. Antes de lo ocurrido en 1985 las labores de rescate, resguardo y auxilio de la población estaban bajo el cargo del Ejercito mexicano, sin embargo los sismos presentados en ese año evidenciaron la necesidad de crear una institución que se encargara de organizar actividades de carácter preventivo y sobre todo de organización social ante posibles desastres naturales o contingencias antropogénicas.

La República mexicana, por su ubicación geográfica, por su ritmo de desarrollo y su gran actividad industrial está expuesta a todos los fenómenos perturbadores, hecho que [...] obliga a tomar las previsiones necesarias.2

Dentro de sus principales objetivos se encuentra el dotar a la sociedad de todos los elementos que le permitan hacer frente, con eficiencia y eficacia, a los fenómenos naturales, antes, durante y después de que ocurran; además de apoyar a la población que habita en zonas vulnerables ante desastres naturales o situaciones de carácter antrópico; coordinar las acciones que están destinadas a mitigar las situaciones de emergencia y; apoyar en los programas de reconstrucción una vez pasada la situación de emergencia.

En el país, el pasado 7 y 19 de septiembre se presentaron dos sismos de magnitud 8.2 y 7.1 respectivamente que robustecieron la situación en la que se encontraban ya las escuelas, pues de acuerdo con un informe presentado por el Instituto Belisario Domínguez, la calidad de las escuelas hasta antes de los sismos ya era precaria pues la mayoría de los edificios que albergan escuelas eran antiguos, aunado a las características climatológicas y sísmicas en las que se encuentra el país, su uso intensivo y la inexistencia de un programa integral basado en un diagnóstico preciso.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública, aproximadamente 12 mil 931 escuelas tuvieron alguna afectación, de éstas, 577 serán reconstruidas totalmente, mil 847 requieren reconstrucción parcial y el resto reparaciones parciales o trabajos menores. Para poder rehabilitarlas o reconstruirlas, el secretario de Educación, en una conferencia sobre los avances, mencionó que se requieren cerca de 13 mil millones de pesos.

Uno de los aspectos que evidenciaron ambos sismos es la falta de planes de acción por parte de las instituciones educativas, pues diversos medios mostraron lo difícil que les resultó evacuar a los alumnos y al personal académico y administrativo de las instituciones. En algunas, los alumnos no conocían las rutas de evacuación, no sabían cuáles eran las zonas de seguridad, e incluso muchas no tenían ni los señalamientos mínimos.

Si bien es cierto que el sistema escolar ha emprendido acciones encaminadas a la formación de una cultura de protección, pese a ello, tal como lo señala el informe anteriormente mencionado, aún subsisten notables deficiencias, como el hecho de que en más de 22 entidades 50 por ciento o más escuelas carecen de plan de protección civil.3 Lo anterior se puede observar en la siguiente grafica elaborada por el Instituto Belisario Domínguez, con base en datos del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de la Educación Básica y Especial.

El artículo 19, fracción XVI, de la Ley de Protección Civil, señala la responsabilidad de la Coordinación Nacional de Protección Civil de “gestionar ante las autoridades correspondientes, la incorporación y ampliación de contenidos de protección civil con un enfoque de Gestión Integral de Riesgos en el Sistema Educativo Nacional en todos los niveles, desde educación preescolar, primaria y secundaria, hasta los niveles superiores”. Mientras que la Ley General de Educación en su artículo 19, inciso j), menciona que los consejos escolares tienen la obligación de llevar a cabo “las acciones de participación, coordinación y difusión necesarias para la protección civil y la emergencia escolar”.

Es importante resaltar que no contar con un plan de protección civil en cada una de las instituciones educativas repercute de manera directa en la capacidad de respuesta que este pueda tener frente los distintos tipos de desastres naturales y antropogénicos.

Para contar con una correcta ejecución, cumplimiento y observancia de las leyes en la materia, resulta necesario que todas las instituciones educativas cuenten con un plan de protección civil con el fin único de brindar ayuda de manera pronta, eficaz y oportuna en caso de presentarse un desastre natural o antrópico.

Los planes de protección civil deben contar con un conjunto de disposiciones reglamentarias que establezcan las acciones específicas que deberán emprender los padres de familia, docentes, autoridades educativas y administrativas de la institución, ante un fenómeno de riesgo.

Es importante contar con los instrumentos necesarios que promuevan la coordinación de esfuerzos ante los distintos desastres naturales e incluso contingencias ambientales que puedan afectar el desarrollo de la población estudiantil.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes y la soberanía de las entidades federativas, exhorta respetuosamente a la Coordinación Nacional de Protección Civil, a la Secretaría de Educación Pública por medio de los Consejos Escolares, y a sus homólogos locales para que en coordinación elaboren Planes de Protección Civil en las instituciones educativas que no cuentan con ello.

Notas

1 Sin Autor. (2015). Reglamento de Protección Civil del estado de Chiapas. 10/06/2017, de Periódico Oficial Sitio web: http://proteccioncivil.chiapas.gob.mx/documentos/decretos/reglamento-pr oteccion-civil.pdf

2 Fernández, E. (2010). Teoría y práctica de la protección civil. 10/06/2017, de UAM Sitio web: http://www.uam.mx/proteccioncivil/teoriapractica_proteccivil_UAM_2010.p df

3 http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/3764/
reporte_50_221117_web%20%282%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2018.

Diputada María Luisa Beltrán Reyes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SCJN a informar sobre el cumplimiento de la sentencia por el que se destituyó al ex delegado en Venustiano Carranza y se consignó ante un juzgado de distrito a Israel Moreno Rivera y el diputado local José Manuel Ballesteros López por el delito de desacato del cumplimiento de una sentencia de amparo, suscrita por el diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena

Juan Romero Tenorio, en su calidad de diputado federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Primera . El día siete de noviembre de dos mil diecisiete, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió Sentencia en el incidente de inejecución de sentencia 296/2016 derivado del juicio de amparo indirecto 2200/2014, ordenaron la destitución de Israel Moreno Rivera, titular (hasta ese momento) de la delegación Venustiano Carranza de la Ciudad de México, resolución definitiva e inatacable que en sus puntos fundamentales señala:

“Primero . Es fundado el incidente de inejecución de sentencia a que este toca se refiere.

Segundo . En el caso de que aún lo ejerza, queda inmediatamente separado de su cargo Israel Moreno Rivera, actual titular de la Delegación Venustiano Carranza de la Ciudad de México, por haber incumplido la sentencia emitida en el amparo indirecto 2200/2014, del índice del Juzgado Cuarto en Materia de Trabajo en la Ciudad de México .

Tercero . Consígnense a Israel Moreno Rivera, actual titular de la delegación Venustiano Carranza de la Ciudad de México, al igual que a José Manuel Ballesteros López, quien fungía anteriormente como titular de la citada delegación, ante el juez de distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México en turno, por el desacato a una sentencia de amparo de acuerdo con lo previsto en la fracción XVI, del artículo 107, de la Constitución Federal, a fin de que sean juzgados y sancionados por la desobediencia cometida, en los términos previstos por el artículo 267 de la Ley de Amparo vigente.

Cuarto . Para los efectos mencionados en la parte final del punto cuatro de esta resolución, déjese el presente incidente de inejecución de sentencia abierto y requiérase a la autoridad ahí señalada el cumplimiento a la ejecutoria de amparo en los términos especificados.

Notifíquese y cúmplase; con testimonio de esta resolución hágase la consignación establecida, dese vista al procurador general de la República para los efectos de su representación e intervención en el proceso penal respectivo y resérvese el archivo de este expediente de inejecución de sentencia hasta el cumplimiento a la ejecutoria de amparo.

Así lo resolvió el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se aprobó por unanimidad de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.”1

Los ministros del máximo Tribunal del país, por unanimidad, ordenaron, de igual forma, la consignación de Moreno Rivera y su antecesor, José Manuel Ballesteros López, diputado local de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, ante un Juez de Distrito de Procesos Penales Federales, por el delito de desacato. Esto último, debido a que el ordenamiento en favor de los trabajadores, por parte del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, se generó durante el periodo administrativo a cargo de Ballesteros, quien no lo atendió, y lo heredó a Israel Moreno, quien de igual forma incumplió dicho resolutivo.

Israel Moreno y su antecesor, José Manuel Ballesteros, fueron consignados a fin de que sean juzgados y sancionados por incumplir una sentencia de amparo.

El ministro Fernando Franco, en su exposición, señaló que Israel Moreno debió acatar lo resuelto en el laudo de 23 de enero de 2013, es decir, expedir a los quejosos los nombramientos con la categoría de verificadores o inspectores; pagarles las diferencias de salario existentes entre las sumas que se les había venido pagando y las que les correspondían por haber desempeñado las funciones de inspector o verificador, desde el 26 de noviembre de 2003, hasta la segunda quincena de marzo de 2005, así como las que se generaran con los incrementos al salario en fecha posterior a la cuantificada y hasta que se cumpliera el laudo. También tenía que pagarles las diferencias de aguinaldo de los años 2003, 2004, y las que se generaran durante el juicio y, finalmente, debía proporcionar los elementos necesarios para el desempeño del encargo, como credenciales y demás documentos oficiales.

Al resolver el Incidente de Inejecución de Sentencia 296/2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el delegado y ex delegado, de manera contumaz (persistente), incumplieron la sentencia de amparo dictada el 29 de septiembre de 2014 por el Juez Cuarto de Distrito en Materia de Trabajo de la Ciudad de México.

Dicho Juez había ordenado el cumplimiento del laudo emitido por la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje el 23 de enero de 2013 , que ordenó expedir a cuatro personas los nombramientos de verificadores, pagar diferencias de salarios y aguinaldos, así como otorgarles los elementos necesarios para el desempeño de su trabajo.

Segunda . Cabe señalar que antes de tomar la determinación para destituir y consignar a los exdelegados la suprema Corte había requerido durante tres años a las autoridades de la delegación Venustiano Carranza el cumplimiento de la sentencia de Amparo, quienes ignoraron 98 requerimientos emitidos por un juzgado federal. 2

Los registros del Consejo de la Judicatura Federal indican que el primer requerimiento para acatar la sentencia, fue expedido el 16 de octubre de 2014 al entonces Jefe Delegacional y actual diputado ante la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México Manuel Ballesteros López, a quien fueron enviadas las siguientes 18 órdenes.

Los otros 80 requerimientos restantes, emitidos por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Trabajo de la Ciudad de México, fueron dirigidos al Delegado Israel Moreno Rivera, quien nunca cumplió por completo el amparo, que a su vez ordenaba ejecutar un laudo laboral dictado en enero de 2013 por la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Es decir, existió una conducta reiterada, contumaz, por años para no acatar una sentencia de amparo.

La determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace referencia expresa a esta situación e indica:

“... la referida autoridad responsable ha sido omisa en cumplir de manera total con el fallo protector e incluso justificar ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito o el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, las causas del incumplimiento; pues no existe evidencia de que haya acatado los dos efectos restantes del fallo, esto es, expedir a los quejosos los nombramientos de confianza con la categoría de verificadores o inspectores, así como proporcionarles los elementos necesarios para el desempeño de su encargo, tales como credenciales y órdenes de verificación.

Corrobora lo anterior, la circunstancia de que la Juez de Distrito del conocimiento continúa con el procedimiento de cumplimiento del fallo constitucional, habida cuenta que el trece de septiembre de dos mil diecisiete dictó un acuerdo en el que requirió de nueva cuenta el cumplimiento de aquél, en términos de lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley de Amparo; sin que se advierta respuesta alguna por parte del referido titular de la Delegación Venustiano Carranza de la Ciudad de México.

También debe tomarse en consideración que el diecinueve de octubre del año que transcurre el Juez de Distrito, en atención a que la autoridad responsable no exhibió constancia alguna tendiente al cumplimiento del fallo, la requirió por última vez para que en el plazo de tres días acreditara el citado acatamiento; sin que de nueva cuenta se advierta respuesta de la autoridad, lo cual revela sin lugar a dudas la persistente contumacia con la que se ha conducido esta última.

En ese sentido, cabe señalar que es criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cuando sea injustificado o hubiera transcurrido el plazo sin que se hubiese dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el Juez de Distrito correspondiente, tal como deriva de lo previsto en el párrafo primero de la fracción XVI, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su texto vigente establece las providencias consistentes en la separación del cargo y la consignación al Juez de Distrito son aplicables por mandato constitucional a la autoridad responsable que incumpla con un fallo protector, debiendo estimarse que ello acontece cuando es notificado del fallo protector, requerido reiteradamente para realizar su cumplimiento y, a pesar de ello, no utiliza los medios a su alcance para lograrlo.

Por tanto, si el titular de la delegación Venustiano Carranza de la Ciudad de México, fue requerido en diversas ocasiones para que diera cumplimiento total al fallo protector, sin que hasta el momento haya informado sobre el acatamiento integral de éste, pues sólo existe evidencia de que puso a disposición de los quejosos las cantidades a cuyo pago se le condenó, pero hasta el momento no ha acreditado haber expedido a favor de aquéllos los nombramientos de confianza con la categoría de verificadores o inspectores, ni proporcionado los elementos necesarios para el desempeño de su encargo, esto es, las credenciales y órdenes de verificación; tal actuar es constitutivo de la sanción que establece la fracción XVI, del citado artículo 107, constitucional.

...”3

Finalmente, el Juzgado Décimo de Distrito en materia de procesos penales federales será el órgano jurisdiccional que se encargue del juicio por desacato a una sentencia de amparo en contra de los ex delegados de Venustiano Carranza, los perredistas Israel Moreno Rivera y José Manuel Ballesteros López.4

Tercera . La decisión del máximo Tribunal del país se emitió en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción XVI de la Constitución Mexicana, que establece que “si la autoridad incumple injustificadamente la sentencia que concedió el amparo, la Suprema Corte de Justicia procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el Juez de Distrito”, por la desobediencia cometida, según lo prevé el artículo 267 de la Ley de Amparo.

La finalidad del sistema de ejecución de sentencias dispuesto en la Ley de Amparo consiste en evitar la dilación en el cumplimiento de la ejecutoria, y como medida para lograr esta pronta actuación, se estableció un sistema de sanciones que pueden ser impuestas a fin de lograr el eficaz cumplimiento de la sentencia de amparo.

Es por eso, que la ley prevé, en primer lugar, la imposición de una multa como la sanción para el incumplimiento, en cuyo caso, si la autoridad acata la sentencia de amparo inmediatamente después de su imposición, ello no dará lugar a la continuación del procedimiento de ejecución y la eventual separación del cargo y consignación ante el juez penal; sin embargo, si la autoridad no cumple con la sentencia aun después de habérsele impuesto la sanción pecuniaria, sí implicará la continuación de aquél, pudiendo concluir con la separación del cargo y consignación.

El incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo. Es importante precisar que, en todo momento, este análisis deberá hacerse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo como en el requerimiento respectivo, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán atribuirse las sanciones establecidas por el incumplimiento de la sentencia de amparo.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 107, fracción XVI, establece:

“Artículo 107

...

XVI. Si la autoridad incumple la sentencia que concedió el amparo, pero dicho incumplimiento es justificado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley reglamentaria, otorgará un plazo razonable para que proceda a su cumplimiento, plazo que podrá ampliarse a solicitud de la autoridad.

Cuando sea injustificado o hubiera transcurrido el plazo sin que se hubiese cumplido, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el Juez de Distrito . Las mismas providencias se tomarán respecto del superior jerárquico de la autoridad responsable si hubiese incurrido en responsabilidad, así como de los titulares que, habiendo ocupado con anterioridad el cargo de la autoridad responsable, hubieran incumplido la ejecutoria.

...

No podrá archivarse juicio de amparo alguno, sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional;”

Por otra parte, la Ley de Amparo en su artículo 267 a la letra establece:

“Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente:

I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir ;

II. Repita el acto reclamado;

III. Omita cumplir cabalmente con la resolución que establece la existencia del exceso o defecto; y

IV. Incumpla la resolución en el incidente que estime incumplimiento sobre declaratoria general de inconstitucionalidad.”

En este orden de ideas, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos señala:

“Artículo 8 . Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:

...

XXIV. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público .”

...”

Artículo 13 . Las sanciones por falta administrativa consistirán en:

I. Amonestación privada o pública;

II. Suspensión del empleo, cargo o comisión por un período no menor de tres días ni mayor a un año;

III. Destitución del puesto;

IV. Sanción económica, e

V. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público .

...”.

Y la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos indica:

Capítulo IIPrincipios y directrices que rigen la actuación de los Servidores Públicos

Artículo 6 . Todos los entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable de cada servidor público.

Artículo 7 . Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los Servidores Públicos observarán las siguientes directrices:

I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones ;

II. Conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización;

...

VIII. Corresponder a la confianza que la sociedad les ha conferido; tendrán una vocación absoluta de servicio a la sociedad, y preservarán el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general ;

IX. Evitar y dar cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto con el desempeño responsable y objetivo de sus facultades y obligaciones, y ”

Y el Código de Ética de los Funcionarios Públicos para el Distrito Federal a laletra reza:

“Artículo 5. Todas las decisiones y acciones del servidor público deben estar dirigidas a la satisfacción de las necesidades e intereses de la sociedad, por encima de intereses particulares ajenos al bienestar de la colectividad.

El servidor público no debe permitir que influyan en sus juicios y conducta, intereses que puedan perjudicar o beneficiar a personas o grupos en detrimento del bienestar de la sociedad .

El compromiso con el bien común implica que el servidor público este consciente de que el servicio público es un patrimonio que pertenece a todos los mexicanos y que representa una misión que solo adquiere legitimidad cuando busca satisfacer las demandas sociales y no cuando se persiguen beneficios individuales.

Artículo 6. El servidor público debe actuar con honestidad, atendiendo siempre a la verdad . Conduciéndose de esta manera, el servidor público fomentara la credibilidad de la sociedad en las instituciones públicas y contribuirá a generar una cultura de confianza con apego a la verdad.

Artículo 7. El servidor público no deberá utilizar su cargo público para obtener algún provecho o ventaja personal o a favor de terceros.

Cuarta . Con fecha 15 de noviembre de 2017, el Licenciado Armando del Rio Leal, delegado dela PGR en la Ciudad de México remitió oficio número DDF/009318/2017 DIRIGIDO AL Lic. Alberto Elías Beltrán, Titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales en Suplencia del Procurador General de la República, en el que señala:

“Se dio cuenta a la Juez Décimo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, con el oficio SSGA-XV-39125/2017 signado por el Secretario General de Acuerdos de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recibido en la oficina de correspondencia del Juzgado a las 10:40 horas, con sus anexos, en vía de consignación directa de Israel Moreno Rivera, exdelegado de Venustiano Carranza en la Ciudad de México y José Ballesteros López, exdelegado de la misma demarcación, a fin de que sea juzgados y sancionado por la desobediencia cometida, en los términos previstos por el artículo 267 de la Ley de Amparo vigente.

En consecuencia, se radicó la causa penal 42/2017.IV , se dio aviso al Tribunal de Alzada en turno y la investigación que le compete al agente del Ministerio Publico de la Federación adscrito a ese juzgado.

En razón de que se solicite se libre orden de aprehensión, se ordenó dar nueva cuenta dentro del término a que alude el numeral 142 del Código Federal de Procedimientos Penales, para resolver lo que en derecho corresponda, lo que se hizo del conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , término que fenecerá el 27 de noviembre de 2017, acuerdo que se acompaña al presente oficio en copia simple, por lo que la representación social adscrita le ha dado seguimiento desde la radiación y estará al pendiente de la resolución que se emita en el término señalado.

Quinta . Sayed y Bruce definen la corrupción como “el mal uso o el abuso del poder público para beneficio personal y privado”, entendiendo que este fenómeno no se limita a los funcionarios públicos.

La corrupción política se refiere al mal uso del poder público para conseguir una ventaja ilegítima generalmente de forma secreta y privada . El término opuesto a corrupción política es transparencia.? El Profesor Hernández Gómez, José R. en su obra Estado y Corrupción señala que la Corrupción “es cualquier acto desviado, de cualquier naturaleza, con fines económicos o no, ocasionada por la acción u omisión a los deberes Institucionales, de quien debía procurar la realización de los fines de la Administración y que en su lugar, los impide, retarda o dificulta”.5

Las formas de corrupción varían, pero las más comunes son el uso ilegítimo de información privilegiada y el patrocinio; además de los sobornos, el tráfico de influencias, las extorsiones, los fraudes, la malversación, la prevaricación, el caciquismo, el compadrazgo, la cooptación, el nepotismo, la impunidad , y el despotismo. La corrupción facilita a menudo otro tipo de hechos criminales .

La corrupción produce desconfianza en los partidos políticos, en los dirigentes políticos y en la mayor parte de instituciones públicas. Conduce a mucha gente a adoptar estrategias menos cooperativas y fomenta la deserción con el objeto de no ser explotado por personas pertenecientes a redes corruptas. Como consecuencia de lo anterior, genera abstención y pérdida del interés por la política, por períodos prolongados.

Es el caso que el Diputado local de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, José Manuel Ballesteros López, utiliza su posición como legislador para evadir la justicia, en contravención a sus deberes jurídicos y éticos, al seguir desempeñando sus funciones legislativas a sabiendas que ha sido consignado ante un Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales por el desacato a una sentencia de amparo de acuerdo con lo previsto en la fracción XVI, del artículo 107, de la Constitución Federal, a fin de que sean juzgados y sancionados por la desobediencia cometida, en los términos previstos por el artículo 267 de la Ley de Amparo vigente.

Sin embargo, no ha pedido licencia para separarse del encargo a fin de afrontar su proceso penal como todo ciudadano. Esta circunstancia es por demás grave ya que fue consignado penalmente precisamente por incumplir un mandato judicial y ahora persiste en seguir desempeñando funciones legislativas, evadiendo la justicia federal y desoyendo la sentencia del máximo tribunal de la nación.

Esta acción del legislador local José Manuel Ballesteros de no presentarse ante la justicia federal, se traduce en impunidad, lo que daña profundamente la credibilidad de las instituciones y es percibido por la población como un hecho de corrupción.

Todo lo cual contraviene el juramento realizado por el legislador, al inicio de su mandato, de respetar la Constitución y la Leyes que de ella emanan, así como las disposiciones legales que está obligado a cumplir, considerando que el delito por el que se acusa al todavía diputado local en funciones, se castiga con “pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos” según lo establecido por la Ley de Amparo en su artículo 267.

En razón de las consideraciones, argumentos y preceptos legales arriba invocados es que se propone ante esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que informe sobre el cumplimiento de la Sentencia incidente de inejecución de sentencia 296/2016 derivado del juicio de amparo indirecto 2200/2014 por el que se destituyó al exdelegado en Venustiano Carranza y se consignó ante un Juzgado de Distrito a Israel Morena Rivera y al diputado Local José Manuel Ballesteros López por el delito de desacato al cumplimiento de una sentencia de amparo.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Juzgado Décimo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales para que en uso de sus atribuciones y facultades haga efectiva la consignación enviada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación e instaure el proceso penal correspondiente en contra de Israel Moreno Rivera y al diputado Local José Manuel Ballesteros López.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República para que en uso de sus atribuciones y facultades presente ante el Juzgado Décimo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales a Israel Moreno Rivera y al diputado local José Manuel Ballesteros López para que respondan ante la causa penal 42/2017.IV conforme a lo mandatado por la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al diputado local José Manuel Ballesteros López para que se separe del cargo como legislador ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y afronte el proceso penal en su contra derivado de la consignación que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Notas

1 Incidente de inejecución de sentencia 296/2016 derivado del juicio de amparo indirecto 2200/2014. http://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/3/2016/15/2_207619_3589.doc

2 Ignoraron en V. Carranza 98 requerimientos. Reforma, 8 de noviembre de 2017.
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1252535&v=3&
urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=1252535&v=3

3 Incidente de inejecución de sentencia 296/2016 derivado del juicio de amparo indirecto 2200/2014. Páginas 47-49.

4 A juzgado federal, caso de ex delegado de la Venustiano Carranza. La Jornada , 10 noviembre 2017.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/11/10/a-juzgado-federal-caso-de-ex-delegados-de-la-venustiano-9817.html

5 Hernández Gómez, José Ricardo. (2016). Estado y Corrupción. Editorial Ariadna.

Recinto de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2018.

Diputado Juan Romero Tenorio (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Guanajuato a rediseñar su estrategia contra la inseguridad por el incremento sostenido de los delitos en diversos municipios, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores de la República, integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

A poco más de cinco años del inicio de la actual administración del gobernador del estado de Guanajuato, la entidad enfrenta una situación crítica de inseguridad la cual registra una tendencia creciente, en perjuicio de los habitantes.

El Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Guanajuato 2035, correspondiente al periodo 2012-2018, establece que uno de sus componentes centrales de la seguridad pública es garantizar la libertad, dignidad y seguridad de la sociedad en un marco de respeto a los derechos humanos y certeza jurídica, siendo necesario promover en coordinación con la sociedad, campañas tendientes a la prevención de los delitos y coordinar los esfuerzos para enfrentar los problemas de seguridad pública, con el objeto de salvaguardar la integridad y patrimonio de la población.1

Dentro de las principales acciones del plan en la materia, destacan las siguientes: Conservar el orden, la tranquilidad y la seguridad de la entidad; organizar, capacitar, supervisar y controlar los cuerpos de seguridad pública; e instrumentar un programa de homologación para fortalecer a las instituciones de seguridad pública de todos los municipios.

No obstante lo anterior, en los últimos meses del 2017 y principios del 2018 Guanajuato se ha enlistado como una de las entidades federativas con mayor número de delitos.

Para ponderar la gravedad de esta problemática, cabe mencionar que, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), tan solo entre enero-noviembre del año pasado se registraron un total de 108 mil 147 delitos del fuero común, cifra que representa un incremento de un 148 por ciento en comparación con el mismo periodo del 2012.2

Tan solo en el mes de noviembre pasado, se registraron un total de 9 mil 763 delitos que, respecto a igual mes del 2016, tuvo un aumento de 115 por ciento. En dicho mes se registraron 305 homicidios, cifra superior a los 162 casos que se tuvieron en noviembre de 2012.

Por otra parte, el total de robos con violencia pasó de 742 a 843 casos, mientras que el robo sin violencia aumentó 232 robos al mismo mes del 2016.

En este mismo orden de ideas, de acuerdo con el Semáforo Delictivo, en noviembre pasado, se cometieron un total de 97 homicidios, por lo que en comparación al mismo mes del 2016, tuvo un aumento de 56 casos.3

Diversos medios periodísticos señalan que se han cometido al menos 80 asesinatos dolosos en lo que va de 2018. Los municipios con mayor homicidio son Irapuato, León y Celaya. Tan solo el pasado 6 de enero, en León, en la comunidad de La Laborcita, se encontró una camioneta Blazer calcinada y en su interior estaban los cuerpos de tres personas.4

En lo que va de la actual administración, la Subprocuraduría de Justicia de la Región C, que comprende los municipios de la Región Laja-Bajío, ha registrado más de 40 homicidios.

De acuerdo con cifras dadas a conocer por el Observatorio Ciudadano local, al cierre de 2017 la incidencia delictiva aumentó junto con delitos como la privación ilegal de la libertad y los asesinatos en más de un 70 por ciento. En dicha ciudad se han registrado al menos 10 asesinatos, entre los que destacan los asesinatos a delincuentes, policías e inocentes.

Esta situación, evidencia la falta de resultados por parte del gobierno estatal en materia de la erradicación de los delitos, pese a que se estableció como un eje central en la estrategia gubernamental.

Las acciones hasta ahora implementadas han resultado insuficientes e ineficaces para atender el problema de la inseguridad que prevalece la entidad y que afecta a las familias guanajuatenses.

Nuestra ley fundamental, en su artículo 21, establece que la seguridad es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas.5

La actuación de las instituciones de seguridad se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

Por otro lado, la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, expresa en su artículo 2, a la letra: “La seguridad pública es una función a cargo del Estado y sus municipios que tiene como fines salvaguardar la vida, la integridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos; y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo”.6

El gobernador de la entidad no puede ser omiso ante sus obligaciones de brindar las condiciones de seguridad que contribuyan a tranquilidad, estabilidad y bienestar de la población.

Por ello, resulta urgente que el gobierno del estado rediseñe su estrategia de combate a la inseguridad, ante aumento permanente de la incidencia delictiva en los diversos municipios de la entidad, con el propósito de salvaguardar la tranquilidad e integridad y el patrimonio de las familias guanajuatenses.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta.

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a que, en el ámbito de sus atribuciones, rediseñe su estrategia de combate a la inseguridad, ante el incremento sostenido de los delitos en diversos municipios de la entidad, con el propósito de restituir la paz, así como salvaguardar la tranquilidad e integridad de la población.

Notas

1 http://programa.guanajuato.gob.mx/pdf/programa.pdf

2 http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuer o%20comun/Cieisp2017_112017.pdf

3 http://guanajuato.semaforo.com.mx/

4 http://zonafranca.mx/violento-arranque-de-2018-en-guanajuato-asesinan-a -seis-personas-por-dia-en-las-primeras-semanas-del-ano/

5 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf

6 https://portal.pgjguanajuato.gob.mx/PortalWebEstatal/Archivo/normateca/ 15.pdf

Dado en el salón de sesiones de la honorable Comisión Permanente, a los 17 días del mes de enero del 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos a hacer públicos con la mayor brevedad los informes anuales de actividades y desempeño de los sistemas de administración del sector, suscrita por el diputado Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del PAN

Ulises Ramírez Núñez, diputado de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (Asea), para que haga públicos, a la brevedad, los informes anuales de actividades y de desempeño de los sistemas de administración del sector, de conformidad con el artículo quinto y 15 de la Ley de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 20 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía 1 y en el artículo décimo noveno transitorio de dicha reforma, se estableció la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (Asea ) en los siguientes términos:

Décimo Noveno. Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto del presente decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico para crear la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría del ramo en materia de Medio Ambiente , con autonomía técnica y de gestión, que disponga de los ingresos derivados de las contribuciones y aprovechamientos que la ley establezca por sus servicios para financiar un presupuesto total que le permita cumplir con sus atribuciones.

La agencia tendrá dentro de sus atribuciones regular y supervisar, en materia de seguridad industrial, operativa y protección al medio ambiente, las instalaciones y actividades del sector hidrocarburos, incluyendo las actividades de desmantelamiento y abandono de instalaciones, así como el control integral de residuos .

Los argumentos que soportaron la decisión del Constituyente permanente para crear la Asea fueron los siguientes2 :

“De conformidad con la nueva arquitectura del sector energético la agencia se creará como un órgano que deberá especializarse en las materias de seguridad industrial y de protección al medio ambiente.

La seguridad industrial y la protección al medio ambiente son actividades con alto grado de complejidad, por lo que su implementación y seguimiento necesitan de instituciones especializadas en estas materias. La creación de la Agencia permite al Estado Mexicano contar con una institución cuyo objetivo primordial sea velar por el cumplimiento de dichas materias y deberá elaborar un informe anual de desempeño de los sistemas de administración con el fin de actualizar la regulación de su competencia o establecer las medidas correctivas que sean necesarias.”

A partir de lo anterior y dando cumplimiento al mandato constitucional, el 11 de agosto de 2014 se publicó en el DOF la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

Dicha ley establece en su artículo primero que la Asea será la instancia responsable de la protección de las personas, el medio ambiente y las instalaciones del sector hidrocarburos a través de la regulación y supervisión.

Para fines del presente punto de acuerdo debemos señalar que la ley establece en la fracción XXVIII del artículo quinto, que la agencia tendrá como atribución la publicación de un informe anual sobre sus actividades 3 . Además, el artículo 15 de dicho ordenamiento también obliga a esta instancia a elaborar un informe anual de desempeño de los sistemas de administración del sector, con el objeto de actualizar la normatividad en la materia de su competencia, conforme a las mejores prácticas y estándares internacionales.

Si bien es cierto, la Asea es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y en el quinto informe de labores (2016-17)4 de dicha secretaría se sintetiza en un párrafo el trabajo realizado por la Asea a lo largo de todo un año de trabajo, en los siguientes términos:

“La Asea efectuó 928 visitas de inspección con el fin de verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable al sector hidrocarburos; de ellas, 132 fueron inspecciones motivadas por contingencias. Del total de inspecciones, 568 estuvieron fuera del programa inicial debido a que se atendieron denuncias, incidentes u otro acontecimiento no anticipado”.

Lo más grave de esta situación es que en la página oficial de la Asea, en el renglón de informes, no existe documento alguno que detalle el trabajo realizado por la agencia desde su creación y la última actualización se realizó el 15 de julio de 2016 , en la que se indica que el informe está en revisión, lo que podría advertir una gran deficiencia de ese organismo si en más de 6 meses no han podido avalar dicho informe:

“El informe de labores se encuentra en revisión por la dirección ejecutiva para su aprobación y previa publicación”.

http://104.209.210.233/gobmx/Rendicion

En materia de transparencia, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública , establece en el artículo 70 que los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:

• Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social.

• Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados.

• Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas.

• Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados.

Como integrante del Partido Acción Nacional , estoy convencido que la creación de un órgano especializado responsable de la protección de las personas, el medio ambiente y las instalaciones del sector hidrocarburos, exige la mayor de las transparencias, por lo que se considera un error que el informe anual resuma en unas cuantas líneas el trabajo realizado por este importante organismo.

La sociedad y el sector exigen un órgano lo suficientemente transparente en el ejercicio de sus funciones y que tenga la capacidad para informar en un formato pormenorizado cada acción encaminada a la protección del medio ambiente. Bajo este contexto, resulta urgente que se hagan públicos, a la brevedad, los informes correspondientes a cada año desde su creación.

Si en la reforma constitucional en materia energética el Constituyente permanente consideró trascendental la existencia de un organismo con capacidad suficiente para regular y proteger el medio ambiente, no podemos permitir que la Asea siga trabajando en la opacidad y que nadie sepa qué se está haciendo, cómo se está trabajando y qué resultados se han obtenido en beneficio del cuidado del medio ambiente y la protección de las personas.

Por lo tanto, se exhorta a la Asea a que haga pública en su portal de internet la información relativa al informe anual de actividades y el informe anual de desempeño de los sistemas de administración del sector, de conformidad con los artículos 5 y 15 de la Ley de la Agencia.

Dicho lo anterior, se somete a la consideración de la asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (Asea), para que haga público, a la brevedad, los informes anuales de actividades y de desempeño de los sistemas de administración del sector, de conformidad con los artículos quinto y 15 de la Ley de la Asea.

Notas

1 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5327463&fecha=20/12/2013

2 http://www.senado.gob.mx/comisiones/energia/dictamenes.php
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2014-07-17-1/assets/documentos/4_Dictamen_Hidrocarburos.pdf

3 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LANSI_110814.pdf

4http://www.semarnat.gob.mx/gobmx/transparencia/trendici on.html
http://www.semarnat.gob.mx/sites/default/files/documentos/programas/informes/5_Informe_Labore_SEMARNAT.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2018.

Diputado Ulises Ramírez Núñez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a atender de manera urgente la inseguridad en Guerrero, suscrita por la diputada Lluvia Flores Sonduk, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Lluvia Flores Sonduk, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La crisis de seguridad que afronta Guerrero en los últimos dos años está en aumento. Estos últimos días el desarrollo del crimen organizado develó la ineptitud de los distintos niveles de gobierno para garantizar los derechos más fundamentales a la sociedad guerrerense. Por una parte, tenemos la conformación de las policías comunitarias de acuerdo con lo establecido en la ley estatal 701 con el reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas del estado de Guerrero y por otra parte los vínculos de los miembros de seguridad publica con la delincuencia organizada.

Según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2017, en Guerrero aumentó la incidencia de los delitos de extorsión, robo y fraude; sabemos que cualquier cifra y estadística en materia delictiva nunca nos expondrá lo que acontece realmente, es un hecho que la gran mayoría de los ilícitos no son denunciados por temor de las víctimas, no es difícil imaginar el terror que sienten los familiares de las víctimas de secuestros o desapariciones forzadas el cual les impide denunciar, de hecho la misma encuesta estima que para el 2017 en el estado de Guerrero los delitos no denunciados aumentaron a 98.3 por ciento, cuando en 2014 fueron el 95.8 por ciento, con lo cual Guerrero presenta además el mayor porcentaje de delitos no denunciados en el país, además del miedo, otro factor que inhibe la denuncia es el alto índice de desconfianza que hay en las autoridades encargadas de la administración y procuración de justicia.

La ENVIPE estima que 74.3 por ciento de la población de 18 años y más considera que vivir en su entidad federativa es inseguro a consecuencia de la delincuencia durante el período marzo-abril de 2017, en el 49 por ciento de las denuncias no pasó nada cifra estadísticamente superior a las estimadas en ediciones anteriores de la encuesta. De acuerdo a la misma estadística el 83.1 de los guerrerenses considera que vive en un estado de inseguridad.

Esta alarmante situación nos lleva invariablemente a cuestionar la efectividad de las políticas militares que se han venido impulsando en Guerrero para combatir la criminalidad y la estrategia de combate al crimen organizado, que no ha logrado ni siquiera reducir los índices delictivos sino todo lo contrario; es evidente que no se ha logrado frenar la infiltración de las policías, las que son afectadas por el fenómeno de la corrupción.

La desaparición forzada de personas es sin duda uno de los crímenes más crueles que puede cometerse, la comunidad internacional ha coincidido en calificarlo como delito de lesa humanidad, si se considera además que las víctimas y sus familias son por este delito torturadas continua y prolongadamente. Aunque nuestro país ha signado tratados internacionales para prevenir y erradicar la desaparición forzada, ésta va en aumento y lo que resulta también más delicado es el alarmante grado de impunidad que impera en estos casos.

Así, en Guerrero la inseguridad es un problema que ha rebasado a las autoridades; las extorsiones, el secuestro y la desaparición forzada son los delitos que desafortunadamente comienzan a prevalecer en esta entidad, a pesar de que en ella se ha comenzado a instrumentar acciones de manera coordinada, sin resultados favorables.

En síntesis la situación que impera en Guerrero. El Estado desatendió el crecimiento de organizaciones delictivas, está concentrando los esfuerzos únicamente en una atención mediática y efectista, mientras los guerrerenses seguimos en la incertidumbre ante la falta de soluciones en los 81 municipios y seguimos en un estado donde no se puede contener a la delincuencia organizada.

Urge, en consecuencia, rescatar al estado de Guerrero de la violencia criminal y de la inseguridad insoportable que padece su población, y solicitar al gobierno federal una acción más firme y decidida en la entidad.

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta Soberanía se apruebe como de urgente resolución la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al secretario de Gobernación se nombre una Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el estado de Guerrero.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que realice una investigación respecto de la situación de los derechos humanos en el estado de Guerrero.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita la comparecencia urgente del secretario de Gobernación, con la finalidad de definir una estrategia por desarrollar para revertir la situación que se vive en Guerrero, en el que se contemple el fortalecimiento de las autoridades municipales y la participación de la sociedad civil.

Dado en la Sede de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2018.

Diputada Lluvia Flores Sonduk (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Veracruz a presentar un informe pormenorizado de las acciones instauradas y los resultados para identificar, sancionar, prevenir y erradicar la violencia de género contra las mujeres, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, senadores de la república, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el estado de Veracruz, los actos contrarios a los derechos humanos contra niñas, adolescentes y mujeres no sólo prevalecen, sino que durante la administración del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares se han incrementado, esto de acuerdo con resultados de investigaciones e informes de diversas universidades y organizaciones de la sociedad civil.

En este sentido, la Universidad Veracruzana a través de su “Observatorio Veracruzano de Violencias contra las Mujeres” ha advertido de un aumento en el número de feminicidios, ya que en el 2016 se dieron 142 casos, pero en el 2017 este número ascendió a por lo menos 192 homicidios; situación que no ha cambiado durante los primeros días del 2018.1

Por su parte, para integrantes del “Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio”, indican que estos casos se han acentuado en el estado de Veracruz, sobre todo, por la negación sistemática de reconocer esta problemática, lo cual limita los recursos económicos, humanos y de infraestructura canalizados para garantizar, entre otros aspectos, asesorías, medidas de reparación del daño y la promoción de una cultura de denuncia como medio de sanción y prevención.

A pesar de que municipios como Boca del Río, Coatzacoalcos, Martínez de la Torre, Minatitlán, Tuxpan, el Puerto de Veracruz y Xalapa cuentan con Alerta de Violencia de Género desde el pasado mes de noviembre de 2016, siguen dándose estos actos sin la intervención efectiva de las autoridades gubernamentales y de seguridad pública.2

Para tener un panorama general de la situación, basta señalar los feminicidios más recientes con el objeto de visibilizar estos ilícitos que trasgreden los derechos humanos de las mujeres veracruzanas.

• A unos días de haberse declarado la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado en el año 2017, fue encontrada muerta una estudiante de licenciatura en derecho en el municipio de Papantla al norte del estado.

Destaca que en Papantla, se ha denunciado la probable colusión de las autoridades municipales con organizaciones del crimen organizado, las cuales han motivado múltiples recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para atender desapariciones forzadas de personas, violaciones a los derechos humanos y la privación ilegal de la libertad de la ciudadanía.

• Sólo en el municipio de Xalapa se han dado por lo menos 8 feminicidios, en todos ellos, existen huellas de tortura tales como estrangulamiento, decapitaciones y hasta el tiro de gracia. Por si esto no fuera poco, se han reconocido que las víctimas han sido objeto de agresiones sexuales o mutilaciones, y que sus agresores tienen algún grado de parentesco o amistad.

• Por otra parte, el pasado mes de agosto fue uno de los más violentos para las mujeres en el municipio de Martínez de la Torre, ya que durante ese período por lo menos 4 mujeres perdieron la vida, la última fue hallada en la Colonia Chapultepec entre las calles de Río Tonalá y el libramiento de la Ciudad.

• Este panorama de alta incidencia delictiva y vulnerabilidad para niñas y adolescentes se ha incrementado en demarcaciones como el puerto de Veracruz, ejemplo de ello, es la localización de una joven asesinada a puñaladas en el fraccionamiento “La Florida”, lo mismo sucedió en el fraccionamiento “La Hacienda” en el que se denunció el fallecimiento de una mujer con signos de violencia física y sexual.3

• El mismo escenario de violencia acontece en Coatzacoalcos, en el lugar se han dado ejecuciones en espacios públicos y en las principales vialidades, muestra de ello, son las bolsas encontradas con restos humanos en la colonia “Villas del Sur”, el fraccionamiento “Olmeca” y las calles de “Teolcalli y Cabeza Colosal”.4

Es importante reconocer que las acciones y medidas hasta ahora instrumentadas en el estado de Veracruz por la gestión del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, han sido ineficaces e insuficientes para disminuir, contener y prevenir la comisión de ilícitos y garantizar un clima de seguridad y protección para las mujeres y la ciudadanía en general.

Una limitante para hacer frente a estos crímenes, es que la entidad y sus instituciones de seguridad pública no cuentan con estadísticas precisas y fidedignas del número de casos, que permitan entre otros aspectos, identificar los polígonos de alta incidencia; los municipios, localidades y poblaciones con mayor problemática y los sectores poblaciones afectados.

La impunidad en la sanción de estos delitos, constituye otro desafío que debe ser superado por las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia locales, para estos fines, se deben fortalecer los mecanismos de investigación y recolección de pruebas para contar con los elementos necesarios para catalogarlos como feminicidios y no delitos de otra índole, de no ser así, se continuará limitando los alcances del gobierno local para atender y superar los factores de violencia y vulnerabilidad para las mujeres.

Bajo estas consideraciones, para los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI es indispensable que el Gobierno del estado de Veracruz informe sobre las políticas, programas y acciones instrumentadas, pero principalmente, de las medidas a llevar a cabo durante este 2018 para identificar, sancionar, prevenir y erradicar la violencia de género contra las mujeres en la entidad, ante el incremento de feminicidios durante el primer año de gestión del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta.

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno del estado de Veracruz para que, en el marco de sus atribuciones constitucionales, presente un informe pormenorizado de las acciones instrumentadas y sus resultados para identificar, sancionar, prevenir y erradicar la violencia de género contra las mujeres, ante el incremento de feminicidios durante el primer año de gestión del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

Notas

1 Ángel Camarillo. (2017). En primer año de gobierno de Yunes, aumentaron feminicidios en Veracruz. 12/01/2018, del sitio web: https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-primer-anio-del-gobierno -de-yunes-aumentaron-feminicidios-en-veracruz-253134.html#.WlkkKHlJkiQ

2 La Jornada Veracruz. (2017). Al mes, 22 feminicidios en el estado y las medidas por alerta no avanzan. 12/01/2018. Sitio web: http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=171126_110749_858

3 El Universal. (2017). Asesinan a dos mujeres en Veracruz; una de ellas menor de edad. 12 de enero de 2018. Sitio web: http://www.eluniversal.com.mx/estados/asesinan-dos-mujeres-en-veracruz- una-de-ellas-menor-de-edad

4 E-consulta Veracruz. (2017). Encuentran restos humanos en colonia de Coatzacoalcos. 12 de enero de 2018. Sitio web: http://www.e-veracruz.mx/nota/2017-11-14/seguridad/encuentran-restos-hu manos-en-colonia-de-coatzacoalcos

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 17 de enero de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al gobierno de la Ciudad de México a implantar un programa integral para combatir las malas prácticas en los cuerpos policiales, a cargo de la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Mariana Gómez del Campo Gurza, senadora de la LXIII Legislatura en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 171, 175, 176 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el siguiente, punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de la Ciudad de México, para que implante un programa integral para combatir las malas prácticas en los cuerpos policiales, que contemple como una de sus medidas que sea sólo el personal femenino quien tenga la exclusividad para infraccionar, así como mejoramiento de su calidad laboral de todos los elementos policiales y de su ingreso para que gocen de una vida digna al tenor de los siguientes

Antecedentes

La percepción que tienen los ciudadanos respecto a la seguridad en sus respectivas entidades federativas es alarmante, puesto que cada día empeora. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017, menciona que a nivel nacional, el 61.1 por ciento de la población mayor de 18 años considera que la inseguridad y la delincuencia es el principal problema de hoy en día. Por lo que respecta al desempeño de los elementos de seguridad, se identifica a la Marina, como la corporación de más confianza, en oposición con el 77.7 por ciento de la población mayor de 18 años que considera que la policía de tránsito es corrupta.

Respecto a datos proporcionados por el periódico El Financiero en julio de 2017, se consideraba que la Ciudad de México contaba con el mayor número de elementos policiacos y agentes de tránsito, con una tasa de 678.4 policías por cada 100 mil habitantes, lo que es igual a un policía por cada 147 habitantes. Asimismo señala que: “En su hoja de resultados, en principio, los policías y agentes de tránsito tienen como funciones mantener la seguridad y el orden en lugares públicos; hacer respetar las leyes y reglamentos; proteger a los ciudadanos y sus bienes contra la comisión de delitos; prevenir los accidentes de tránsito; proteger a personas y sus bienes de peligros y actos delictivos, entre otras.” Sin embargo, en la realidad, de lo anterior poco se hace valer, por abusos, corrupción o falta de preparación.

Sin embargo, han existido programas que intentan limpiar la mala reputación que algunos policías y agentes de tránsito cuentan. Por su parte, uno de los métodos de combate a la corrupción es mediante el fortalecimiento de los cuerpos femeniles de policías. La idea fue planteada por Horacio Villaseñor director general de Planeación Institucional y Profesionalización de la Secretaría de Movilidad de Jalisco, quien propone esta implementación de cuerpos femeniles debido a una percepción de que las mujeres pueden hacer el mismo trabajo que los hombres, esto fue sin duda notable al darse cuenta que en el examen de control de confianza que era aplicado a los cuerpos policiales ellas reprobaban menos que los hombres.

Por otro lado, en Naucalpan, estado de México, el pasado 18 de septiembre se pusieron las multas y parquímetros a cargo de un grupo de 52 mujeres quienes se hacen responsables de las zonas de parquímetros de Satélite, La Florida, El Mirador y Tecamachalco, siendo 12 mujeres quienes custodian cada una de las zonas. En Texcoco se cuenta con 25 mujeres quienes son las encargadas de levantar la “etapa informativa de infracciones sin costo” siendo ellas las encargadas de llevar a cabo las infracciones de manera informativa a aquellos conductores que violenten alguna de las reglas de tránsito, son avisados de las posibles consecuencias de tal acto y a su vez a este cuerpo femenil se les ha dotado de Hand Held que es el equipo electrónico para levantar las infracciones.

Lo anterior responde a la necesidad de terminar con la corrupción o la llamada mordida, desde hace 5 años se ha implantado este mecanismo, pues las autoridades denotan que son las mujeres más confiables que los hombres y por tal motivo estas deberían llevar y hacerse cargo de las multas, abriendo un nuevo campo a las mujeres en el área de la policía de tránsito y vigilancia vial, ya que ello genera una mayor confianza y aceptación de las personas que son detenida e infraccionadas por un elemento femenil de tránsito. Por ello, se debe evaluar la implementación de estos mecanismos en la Ciudad de México, que en otras entidades federativas han sido exitosas para eliminar las malas prácticas y aumentara la confianza en los elementos policiacos y agentes de tránsito.

Consideraciones

I. Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

II. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta Soberanía, los presentes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de la Ciudad de México, para que implemente un programa integral para combatir las malas prácticas en los cuerpos policiales que contemple como una de sus medidas que sea sólo el personal femenino quien tenga la exclusividad para infraccionar el incumplimiento a las disposiciones del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de la Ciudad de México a reforzar y mejorar la capacitación de los agentes policiales, particularmente a los de tránsito, con la finalidad de evitar las malas prácticas; asimismo, a fortalecer la preparación física de los elementos junto con la implementación de medidas que contribuyan al mejoramiento de su calidad laboral y de su ingreso para que gocen de una vida digna, todo ello a favor de la seguridad en nuestra ciudad.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los diecisiete días del mes de enero del año dos mil dieciocho.

Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa y sus homólogas locales a coordinar e impulsar una campaña nacional de detección oportuna del cáncer de próstata, suscrita por los diputados José Guadalupe Hernández Alcalá y Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito diputado federal José Guadalupe Hernández Alcalá, del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable soberanía el presente punto de acuerdo bajo las siguientes:

Consideraciones

Estadísticamente las muertes en México atribuidas a neoplasias malignas son la tercer causa de muerte y de este conjunto destaca el cáncer de próstata.1 En los hombres, del total de muertes por cáncer, los tumores malignos de la próstata constituyen la principal causa.2 En México ocupa el primer lugar con el 15.4 por ciento del total de las defunciones por cáncer.3

Es importante señalar que uno de los aspectos más relevantes del cáncer en adultos es que, en el 80 por ciento de los casos, estos son prevenibles.4 En el caso del cáncer de próstata se sabe que altos niveles de producción de testosterona están asociados con una mayor probabilidad de desarrollar cáncer de próstata, por lo que el consumo de substancias que inducen una mayor producción representaría un factor de riesgo prevenible; por otra parte, se estima que el consumo de alimentos con alto contenido de grasa de origen animal puede estar relacionado con una mayor probabilidad de desarrollar cáncer de próstata, si bien el cambio en la dieta no parece estar asociado en edades avanzadas, existe la posibilidad que un cambio en la dieta tenga mejores efectos en edades tempranas.

Lo que sí es claro es que factores como la edad, el origen étnico y la herencia están mejor asociados al desarrollo del cáncer de próstata. El riesgo de desarrollar esta neoplasia aumenta con la edad, del mismo modo que existen grupos humanos con mayor predisposición así como los antecedentes familiares y la presencia de casos de hombres que dentro de la familia lo hayan desarrollado.

En esta perspectiva, las medidas preventivas no sólo contienen acciones individuales como la renuncia al consumo de ciertas hormonas sintéticas u otras substancias estimulantes y el cambio de alimentación, sino que además, dependiendo de la historia familias y la historia de vida personas, el diagnóstico oportuno deberá de acompañar a las medidas ya descritas.

La detección oportuna puede realizarse por medio del análisis del antígeno prostático específico a través de una muestra sanguínea o bien, clínicamente por medio del examen digital del recto. Una detección oportuna y una educación saludable pueden representar la oportunidad eficaz, no sólo de reducir la prevalencia de los casos de cáncer de próstata, sino lo más importante, de prevenir nuevos casos.

En este razonamiento es que se ha normado la tarea de las instituciones de salud, primero con la aparición de la NOM-017-SSA2-2012 para la vigilancia epidemiológica y con la reforma a la Ley General de Salud del 2016 para la creación del Registro Nacional de Cáncer.

Pero es recientemente, en noviembre del 2017, cuando la Cámara de Diputados aprueba el decreto que reforma las fracciones X y XI y adiciona la fracción XII al artículo 27 de la Ley General de Salud, en materia de cáncer de próstata y testicular. Con ello se avanza en la consolidación de una normatividad que dota al sector salud de un marco adecuado para el establecimiento de políticas públicas orientadas a la prevención y control de este padecimiento. Pero esta tarea no es suficiente, pues mientras la discusión sobre este grave problema de salud pública se viene abordando con preocupación, nos encontramos con esfuerzos escasamente coordinados y la ausencia de una visión general del problema.

Son loables los esfuerzos como el que se emprende en la Ciudad de México con la Campaña de Prevención y Detección de Cáncer de Próstata mediante la prueba de antígeno prostático implementada en toda la red hospitalaria capitalina desde julio del 2017. Pero el problema no se corregirá sólo con acciones puntuales.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud federal y de las entidades federativas a coordinar e impulsar una campaña nacional de detección oportuna del cáncer de próstata en la población masculina del país, de 20 y más años, con la finalidad de incidir preventivamente y favorecer un impacto positivo en la salud masculina de los mexicanos.

Notas

1 Inegi. Estadísticas de mortalidad. Base de datos.

2 OMS (s/f c). Prevención del cáncer. Recuperado el 4 de septiembre de 2017, de: http://www.who.int/cancer/prevention/es/

3 Inegi. Estadísticas de mortalidad 2015. Consulta interactiva de datos.

4 Organización Panamericana de la Salud [OPS]. (2015, 30 de enero). La mayoría de los tipos de cáncer se puede prevenir. Recuperado el 2 de enero de 2017, de:

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content& view=article&id=10394&Itemid=40591&lang=es

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, Ciudad de México, a 17 de enero de 2018.

Diputados José Guadalupe Hernández Alcalá y Rafael Hernández Soriano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual la Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena enérgicamente el homicidio del periodista Carlos Domínguez Rodríguez, ocurrido el 13 de enero en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y exhorta a las autoridades correspondientes a llevar a cabo las investigaciones que permitan el pronto esclarecimiento del hecho, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, rechazamos y condenamos enérgicamente el homicidio del periodista Carlos Domínguez Rodríguez, acontecido en Nuevo Laredo, Tamaulipas el pasado 13 de enero, ilícito que de acuerdo con información vertida en diversos medios de comunicación, ocurrió mientras el ahora occiso viajaba con sus familiares (quienes resultaron ilesos) en su automóvil.

Debido a la dinámica observada en los hechos, a reserva de que sean agotadas todas las líneas de investigación, en principio se presume que la privación de la vida podría estar relacionada con la actividad periodística que desempeñaba.

La Procuraduría General de Justicia del estado de Tamaulipas ha informado que el periodista independiente de 77 años de edad fue privado de la vida después de recibir 21 puñaladas por parte de varias personas y no por impacto de arma de fuego, como se había comunicado inicialmente. Asimismo, precisaron que no había denuncias de amenazas por parte del comunicólogo y que la familia de la víctima ya está recibiendo protección.1

Si bien es cierto que las investigaciones conducentes ya se encuentran en curso, también lo es que resulta medular que tanto la Procuraduría General de Justicia de la entidad y la Procuraduría General de la República, redoblen esfuerzos para dar celeridad al esclarecimiento de los hechos. Igual de importante es que las medidas de prevención, protección y atención ante agresiones en contra de periodistas y la población en general, sean fortalecidas sin mayor dilación en la entidad.

En este tenor, queda de manifiesto que los hechos que motivan el presente punto de acuerdo atentan contra la certeza jurídica, tranquilidad, integridad y bienestar de la población de la entidad, pero también trasgreden el pleno ejercicio de derechos humanos trascendentales como son la libertad de expresión y prensa, al vulnerar a quienes integran este gremio vital para el desarrollo democrático de nuestro país.

Bajo esta tesitura, al tiempo que hacemos el enérgico llamado para que los hechos sean esclarecidos sin mayor dilación (a fin de que los responsables sean susceptibles de las consecuencias jurídicas correspondientes), expresamos que al homicidio del periodista Carlos Domínguez Rodríguez, se suma al clima de violencia e inseguridad que prevalece en el estado de Tamaulipas.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el estado de Tamaulipas, de enero a noviembre de 2017, fueron denunciados 728 homicidios dolosos, 179 casos más respecto al mismo periodo de 2016 (cuando la cifra fue de 549).2 En el mismo tenor, conforme a la organización Semáforo Delictivo, de enero a noviembre de 2017 de manera ininterrumpida, los homicidios en la entidad estuvieron por encima de la media y la meta establecidas.3

El clima de violencia e inseguridad que prevalece en el estado de Tamaulipas no es percepción y se puede advertir en otras cuestiones como es la ingobernabilidad que se ha manifestado en distintos centros penitenciarios estatales, entre los que podemos mencionar los siguientes:

• 6 de junio de 2017. En el Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria, Tamaulipas, aconteció un enfrentamiento armado que derivó en decesos y lesiones de elementos de la Policía estatal e internos. El desorden generado fue contenido después de cuatro horas y con respaldo del Ejercito Mexicano y la Policía Federal.4

• 31 de julio de 2017. Se hizo del dominio público que el coordinador de Centros de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Tamaulipas, Felipe Téllez Ramírez, fue privado de la vida en el estacionamiento de un restaurante ubicado en la carretera Victoria-Matamoros, a la altura del kilómetro 4.7, en el ejido Lázaro Cárdenas, de la capital.5

• 5 de noviembre de 2017. Se reportó una riña en el Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) en Ciudad Victoria, donde se escucharon detonaciones y se reveló que se trataba de un motín. En dicho enfrentamiento resultaron lesionadas cuatro personas.6

Ante este panorama, cabe mencionar que en términos del artículo 2 de la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, la seguridad pública es una función a cargo del Estado y de los municipios, cuyos fines radican en salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

El propio precepto jurídico establece que dichos fines se alcanzan mediante la prevención integral, la investigación, la persecución, la sanción de las infracciones y de los delitos, así como por medio de la reinserción social del sentenciado y la reintegración social y familiar del adolescente.

Por ello, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI hacemos el llamado a que las autoridades correspondientes garanticen una investigación pronta, objetiva, expedita e imparcial en el homicidio del periodista Carlos Domínguez Rodríguez, ocurrido el pasado 13 de enero, a fin de que se deslinden las responsabilidades que conforme a derecho procedan.

Asimismo, resulta fundamental que el Gobierno del estado de Tamaulipas, en el marco de sus atribuciones y a través de las instancias de seguridad pública, fortalezca sus acciones encaminadas a salvaguardar la integridad, patrimonio y bienestar de la población de la entidad.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, condena enérgicamente el homicidio del periodista Carlos Domínguez Rodríguez, ocurrido en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el pasado 13 de enero; y exhorta a las autoridades correspondientes a que lleven a cabo las investigaciones que permitan el pronto esclarecimiento del ilícito, a fin de que se deslinden las responsabilidades que conforme a derecho procedan.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al gobierno del estado de Tamaulipas, para que través de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, fortalezca sus estrategias en materia de prevención y combate del delito, a fin de garantizar el establecimiento de condiciones que contribuyan a una convivencia armónica y la observancia de la cultura de la legalidad en la entidad.

Notas

1 http://www.proceso.com.mx/518530/el-periodista-carlos-dominguez-recibio -21-punaladas-e-iban-contra-el-procurador-de-tamaulipas

2 http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-del ictiva-fuero-comun.php

3 http://tamaulipas.semaforo.com.mx/

4 http://www.tamaulipas.gob.mx/2017/06/comunicado-sobre-hechos-en-el-cede s-ciudad-victoria-ssp-042-2017/

5 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/07/31/1178886

6 http://www.proceso.com.mx/510007/se-registra-rina-en-penal-ciudad-victo ria-cuatro-reos-heridos

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 17 días del mes de enero del año dos mil dieciocho.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Ssa a realizar una campaña nacional de difusión sobre la calidad de los medicamentos genéricos a fin de que la ciudadanía incremente la confianza en ellos y conozca los beneficios para la economía familiar, suscrita por el diputado Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del PAN

Ulises Ramírez Núñez, diputado federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que se realice una campaña de difusión a nivel nacional, respecto a la calidad de los medicamentos genéricos, con la intención de que la ciudadanía incremente la confianza en este tipo de productos y conozca los beneficios a la economía familiar, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los medicamentos de patente son aquellos que surgen de una investigación profunda que realiza un laboratorio con la intención de sanar un padecimiento específico. Por este descubrimiento se le otorga una patente al inventor con lo que tiene la exclusividad de fabricar y vender dicho medicamento durante un periodo específico1 , con la intención de que la empresa recupere la inversión de sus investigaciones.

Cuando la patente termina, cualquier laboratorio puede producir el medicamento y ello da pie a la producción de genéricos.

En consecuencia, un medicamento genérico es idéntico en cuanto a tiempo de acción, potencia, eficacia y seguridad que el medicamento de marca, ya que posee la misma concentración y dosificación que su equivalente. Y para que estos medicamentos lleguen al mercado, deben cumplir una serie de pruebas que demuestren su calidad.

Derivado de lo anterior, este tipo de medicamentos tiene la particularidad de ser considerablemente más económicos que los de marca y ello no debe generar desconfianza entre los consumidores, por el contrario, la razón por la que su precio es menor, es porque los productores de medicamentos genéricos no invirtieron en la investigación que sí realizó el laboratorio que obtuvo la patente.

Hablando de la penetración de los medicamentos genéricos en nuestro país, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) determinó que cada año las familias mexicanas gastan 2.5 mil millones de pesos adicionales en la compra de medicamentos debido a la baja participación de empresas que ofrecen productos genéricos.

Aunado a lo anterior, durante 2017 la inflación promedio de los medicamentos en México ha sido la más alta desde 2004 y los precios se incrementaron más de 25 por ciento.

Además, el Instituto de Investigación e Innovación Farmacéutica (IIIF), dio a conocer que en 2015 los medicamentos importados participaron con 53 por ciento del valor del mercado total y en 2016 representaron el 55 por ciento2 . Lo que significa que entre mayor sea la depreciación de nuestra moneda, mayor será el gasto que realicen los hogares.

Bajo este contexto, la Cofece presentó recientemente el “Estudio en materia de libre concurrencia y competencia sobre los mercados de medicamentos con patentes vencidas en México” 3 , del que me permitiré destacar la siguiente información:

1) Existen medicamentos con patentes vencidas que no enfrentan competencia, aun cuando haya agentes económicos que obtienen autorización sanitaria. De los casos analizados, aunque la patente esta vencida, cuatro de cada diez medicamentos no cuentan con genéricos en el mercado, por lo que siguen siendo de fuente única.

2) La entrada de los medicamentos genéricos al mercado es tardía y lenta. En México transcurren, en promedio, más de dos años entre el vencimiento de una patente y el lanzamiento al mercado del primer genérico; mientras que en Estados Unidos de America (EUA) el genérico se presenta de manera inmediata en los casos de los medicamentos más vendidos y, en la Unión Europea, el lapso es de siete meses.

3) Los genéricos no están imponiendo suficiente presión competitiva. En el país, después de un ano de vencida la patente, el promedio de competidores genéricos es de 2.8 por medicamento original; en EUA, la presencia es de 10.1 para las medicinas de mayor venta al ano de vencida la patente.

4) En México, a los dos años posteriores a la entrada del primer genérico, la penetración de genéricos alcanza 21.4 por ciento del mercado, en volumen, mientras que en países como EUA llega a 89 por ciento, en Canadá a 74 por ciento y en Holanda a 62.1 por ciento; esto, en el mismo periodo de tiempo.

5) En el territorio nacional, a los seis meses de la entrada del primer genérico, el precio promedio de los genéricos es 20 por ciento menor que el precio del medicamento original, y 28.6 por ciento a los 24 meses. No obstante, tal reducción es menor a la observada en otras jurisdicciones; por ejemplo, en la Unión Europea, la reducción de precios es de 40 por ciento a los 24 meses.

6) El estudio identifica 22 medicamentos con diversos problemas de concurrencia; entre los que destaca la ausencia de versiones genérica y la existencia de litigios por infracción de patentes. Las ventas anuales de estos medicamentos se estiman en 6 mil 285 millones de pesos.

7) Se carece de información pública actualizada y completa sobre los registros sanitarios otorgados, así como de información que permita medir los plazos en que se resuelven las solicitudes de registro sanitario y las prórrogas a registros de medicamentos.

8) De existir condiciones de competencia similares a las que se registran en otras naciones, las familias mexicanas podrían ahorrar alrededor de 2 mil 552 millones de pesos anuales de su gasto en medicamentos.

A partir de lo anterior, se señala en la investigación de la Cofece que en enero de 2017, la empresa Nielsen levantó una encuesta sobre el consumo de medicamentos genéricos en 6 mil 260 hogares de México y los resultados señalan que, si bien la mayoría de los encuestados conoce los medicamentos genéricos (95.7 por ciento), todavía un segmento de la población confía más en los de marca (38.3 por ciento).

• Del total de encuestados, 53.9 por ciento considera que la calidad de los genéricos es regular.

• El 14 por ciento tienen poca confianza en el uso de versiones genéricas.

Estos resultados muestran que, en México, existe resistencia al consumo de genéricos y uno de los motivos es la falta de información oficial sobre la calidad de estos.

La Cofece concluyó que una de las causas para que el comportamiento competitivo sea precario en el mercado privado de medicamentos con patentes vencidas, es la insuficiente respuesta de la demanda ante los productos sustitutos a los originales, con precios menores; es decir, la débil respuesta de la demanda hacia los medicamentos genéricos.

Por consiguiente, resulta trascendental que se realice una campaña de difusión respecto a efectividad y calidad de los medicamentos genéricos por parte de las instituciones de salud.

De lo que se trata es de incremente la confianza de la población en que este tipo de medicamentos sí son confiables y atienden el padecimiento exactamente igual que los de patente. Además de apoyar la economía familiar, posibilitaríamos una mayor demanda de este tipo de medicamentos y en consecuencia más empresas se interesarán en nuestro mercado y se fomentaría la producción de más genéricos y todos podremos beneficiarnos de mejores precios.

Dicho lo anterior, se somete a la consideración de la asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Salud para que se realice una campaña de difusión a nivel nacional, respecto a la calidad de los medicamentos genéricos, con la intención de que la ciudadanía incremente la confianza en este tipo de productos y conozca los beneficios a la economía familiar.

Notas

1 En la mayoría de los países, incluido México, las patentes para productos farmacéuticos tienen una duración de 20 años improrrogables a partir de la fecha de solicitud y la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) y su Reglamento, regulan el sistema de propiedad industrial, en tanto que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) lo administra y es responsable del registro de las patentes y marcas.

2 http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/05/23/inflacion-medicinas-ma s-alta-2004

3 https://www.cofece.mx/cofece/attachments/article/769/Estudio-de-Medicam entos_vF-BAJA.pdf

http://tinyurl.com/yc5r67oe

Dado en la sede de la Comisión Permanente, el 17 de enero de 2018.

Diputado Ulises Ramírez Núñez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la Semarnat que decrete la declaratoria a fin de establecer la zona de restauración ecológica para la cuenca del lago de Cuitzeo; y a la Conagua, a revisar la delimitación de la zona federal de éste, a cargo de la diputada Cecilia Soto González, del Grupo Parlamentario del PRD

La proponente, Cecilia Soto González, diputada federal de la LXIII Legislatura e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, somete a la consideración de este pleno, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente Proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que expida la declaratoria para el establecimiento de la zona de restauración ecológica para la cuenca del Lago Cuitzeo y a la Conagua para revisar delimitación de la zona federal de dicho Lago con base en los siguientes:

Considerandos

Qué producto del crecimiento demográfico en el entorno urbano de Morelia desde la década de los años setenta, las descargas urbanas e industriales al lago de Cuitzeo se han incrementado, acompañado de contaminantes diversos, incluidos los fertilizantes y plaguicidas que han afectado los ríos de Morelia en el distrito de riego y el propio lago Cuitzeo.

Que la cuenca presenta un grave deterioro ambiental en su principal afluente: el río Grande de Morelia, el cual cuenta con un alto contenido de sustancias químicas y coliformes fecales afectando los cultivos, la pesca y la ganadería. A pesar que la demanda de rehabilitar este río poco o nada se ha hecho en los últimos 20 años.

Que esta problemática se abordó desde la LVII Legislatura que en su momento se reconoció que:

• El vertido de desechos orgánicos en el lago ha provocado que tenga niveles 20 veces superiores que los lagos cercanos de la región. Aunado a lo anterior, el paso de la carretera Morelia-Salamanca y las medidas de algunos sectores productivos, con intención de proteger su inversión de la contaminación del cuerpo de agua, de crear barreras físicas, algunas de las cuales fueron autorizadas por la CNA, ha incrementado la evaporación de 50 por ciento del lago, impulsado su contaminación y promovido su desecación.

• Desde 1990 aumentó el problema de la contaminación del agua de la cuenca, debido al crecimiento urbano y a las descargas de aguas negras y residuales a los ríos de Morelia y al vertido.

• Otro problema fue el taponamiento de drenajes y canales cuando la empresa ICA construyó la autopista de Guadalajara.

• No se ha avanzado en la implantación de acciones fehacientes que conduzcan a reducir los niveles de contaminación del agua de la cuenca.,

• Resulta preocupante la recomendación de algunos particulares de solicitar la desecación total del lago con el fin de incorporar esos terrenos a la agricultura, pero las alteraciones de tipo ecológico y climático que puede generar esto, se verían en menos de un ciclo anual, porque al faltar evaporación, faltaría la precipitación que es tan precaria en algunos años.

Que la contaminación del vaso acuífero ha imposibilitado la explotación de los recursos pesqueros dada la alta toxicidad que puede presentar su consumo, provocando también un importante foco de desempleo en la región.

Que la desecación del lago ha provocado la aparición de asentamientos irregulares recientes y contribuido a la desaparición del cuerpo de agua, afectando a la región, tanto en cuestiones ambientales como de salud al promover la formación de tolvaneras en las estaciones de sequía.

Que el problema de las tolvaneras es hoy por hoy uno de los principales problemas de la región, fundamentalmente durante los meses de sequía, formándose grandes cortinas de tierra producto de la grave erosión en la parte occidental del lago, causando graves enfermedades respiratorias principalmente en niños y personas de la tercera edad, deteriorando su salud y bienestar, a la vez que implica graves daños a la agricultura de la región, que de no ponerse un alto a esta tendencia desertificadora estaríamos ante una emergencia ambiental regional.

Que durante varios años, la gente que habita en la Región ha padecido el deterioro del cuerpo de agua y han intentado realizar diversas acciones para evitar la desaparición de éste.

Que ante esta evidente situación es necesario que la Secretaría de Medio Ambiente, Recurso Naturales y Pesca aplique los artículos 78 y 78 Bis de la Ley General de equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente que señalan lo siguiente:

Artículo 78. En aquellas áreas que presenten procesos de degradación o desertificación, o graves desequilibrios ecológicos, la Secretaría deberá formular y ejecutar programas de restauración ecológica, con el propósito de que se lleven a cabo las acciones necesarias para la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los procesos naturales que en ella se desarrollaban.

En la formulación, ejecución y seguimiento de dichos programas, la Secretaría deberá promover la participación de los propietarios, poseedores, organizaciones sociales, públicas o privadas, pueblos indígenas, gobiernos locales, y demás personas interesadas.

Artículo 78 Bis. En aquéllos casos en que se estén produciendo procesos acelerados de desertificación o degradación que impliquen la pérdida de recursos de muy difícil regeneración, recuperación o restablecimiento, o afectaciones irreversibles a los ecosistemas o sus elementos, la Secretaría, promoverá ante el Ejecutivo Federal la expedición de declaratorias para el establecimiento de zonas de restauración ecológica. Para tal efecto, elaborará previamente, los estudios que las justifiquen.

Las declaratorias deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación, y serán inscritas en el Registro Público de la Propiedad correspondiente.

Las declaratorias podrán comprender, de manera parcial o total, predios sujetos a cualquier régimen de propiedad, y expresarán:

I. La delimitación de la zona sujeta a restauración ecológica, precisando superficie, ubicación y deslinde;

II. Las acciones necesarias para regenerar, recuperar o restablecer las condiciones naturales de la zona;

III. Las condiciones a que se sujetarán, dentro de la zona, los usos del suelo, el aprovechamiento de los recursos naturales, la flora y la fauna, así como la realización de cualquier tipo de obra o actividad;

IV. Los lineamientos para la elaboración y ejecución del programa de restauración ecológica correspondiente, así como para la participación en dichas actividades de propietarios, poseedores, organizaciones sociales, públicas o privadas, pueblos indígenas, gobiernos locales y demás personas interesadas, y

V. Los plazos para la ejecución del programa de restauración ecológica respectivo.

Que la protección y restauración del lago permitirá evitar y reducir problemas ambientales, económicos y de salud a la Región que comprende las zonas cercanas del lago de Cuitzeo.

Por lo expuesto, someto a consideración del pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales aplicar el artículo 78 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para formular y ejecutar un programa de restauración ecológica para el lago de Cuitzeo, así como promover la expedición de una declaratoria de zonas de restauración ecológica para este lago, en seguimiento al artículo 78 Bis de la ley en comento.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos solicita a la Comisión Nacional del Agua a revisar la "Delimitación de la zona federal del lago de Cuitzeo, en los municipios de Santa Ana Maya, Cuitzeo, Huandacareo, Chucándiro, Copándaro, Alvaro Obregón y Zinapécuaro, Michoacán", que tome en cuenta la vocación natural del lago y su estructura geomorfológica que eviten la utilización de zonas del lecho en construcción de infraestructura pública o privada, vivienda o actividades agropecuarias, permitiendo la participación en su diseño, de la sociedad civil.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los diecisiete días del mes de enero del año dos mil dieciocho.

Diputada Cecilia Soto González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Morelos a implantar o, en su caso, fortalecer y ampliar por la Fiscalía General las acciones en materia de prevención, combate y sanción de la desaparición de mujeres y niñas ante su incremento sostenido en 2017, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El respeto de los derechos humanos y la erradicación de la violencia de género en todas sus manifestaciones son temas torales en los que no se deben escatimar esfuerzos. En consecuencia, es vital que desde el Congreso de la Unión, impulsemos las acciones que sean necesarias para prevenir y erradicar toda conducta que trasgreda la esfera jurídica y dignidad de las niñas, adolescentes y mujeres.

Al efecto, en distintas ocasiones se ha dado cuenta de que en el estado de Morelos impera un ambiente de inseguridad, violencia, discriminación e incertidumbre hacia las mujeres en prácticamente todos los ámbitos de desarrollo.

En relación a la situación expuesta, no podemos ser omisos ante los hechos ocurridos durante la primera semana de enero del año en curso, cuando el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, hizo del dominio público que en el estado de Morelos la cifra de desapariciones de mujeres aumentó más del doble, al pasar de 103 casos reportados durante 2016 a 253 documentados en 20171 , cifra que posiciona al año anterior como el más violento para las mujeres en la entidad.

La propia organización precisó que en 2017 se contaron 39 casos de desaparición de niñas de entre 1 y 12 años; 183 de jóvenes de entre 13 y 29 años; 30 de mujeres mayores de 29 años y una sin determinar su edad. De ellas, 148 fueron localizadas y 108 no, asimismo, indican que se emitieron 18 alertas Amber y cuatro fueron localizadas sin vida. Aunado a lo anterior, detallan que por cada ficha publicada existen por lo menos dos que no son difundidas, por lo cual, se estima que la cifra de mujeres desaparecidas podría estar en alrededor de 800 casos.

No obstante que en agosto de 2015, la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) emitió la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para ocho municipios morelenses2 , diversas organizaciones de la sociedad civil han manifestado que la vida de las mujeres sigue en riesgo en la entidad.

Denuncian que los casos de desaparición no sólo continúan, sino que además se han incrementado de manera permanente, por otro lado, han acusado que ante el complejo panorama, dicha problemática es minimizada por las autoridades del Ejecutivo estatal.

Además de la gravedad intrínseca a los hechos en comento, cabe destacar que de acuerdo con el reporte del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, la efectividad de la Fiscalía General de la entidad en labores de búsqueda y localización de mujeres desaparecidas es de 56.9 por ciento3 .

Aunado a lo anterior, cabe destacar que la problemática que motiva el presente punto de acuerdo no es una cuestión aislada, sino que más bien forma parte de un clima de violencia e inseguridad general en el estado. Por ello, no es extraño que según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2017, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la percepción de la inseguridad en Morelos es de 86.3 por ciento4 .

Para ponderar la pertinencia del presente asunto, resulta esencial tener en cuenta que la desaparición forzada constituye un flagelo que lastima gravemente a la sociedad en su conjunto. Además, las familias que experimentan la pérdida de un ser querido no vuelven a ser las mismas debido a que su tranquilidad queda menoscabada para siempre.

Ante ello, es oportuno resaltar que dentro de la comunidad internacional, nuestro país se ha distinguido y aún se caracteriza por su permanente compromiso con la protección integral de los derechos humanos, así lo advierten los múltiples tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito en materias de diversa índole, que van desde la protección de los derechos de la niñez, el combate a la violencia contra la mujer y, por supuesto, en la atención de conductas denigrantes, crueles o inhumanas, entre ellas la desaparición forzada y la tortura.

En este orden de ideas, entre los principales instrumentos ratificados por el Estado mexicano en la materia, se encuentran los que a continuación se refieren: la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada de Personas; la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Bajo esta tesitura, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, instamos a las autoridades del estado de Morelos para que redoblen esfuerzos en la materia, a fin de garantizar el respeto, la promoción y la defensa de todos los derechos humanos, especialmente los que protegen la libertad y la vida (en atención al caso concreto).

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Morelos para que en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, a través de la Fiscalía General, implemente o, en su caso, fortalezca y amplíe sus acciones en materia de prevención, combate y sanción de los casos de desaparición de mujeres y niñas, ante el incremento sostenido de este tipo de ilícitos presentado en la entidad durante el año 2017.

Notas

1 http://www.eluniversal.com.mx/estados/denuncian-desaparicion-de-253-muj eres-en-morelos-durante-2017

2 https://www.gob.mx/conavim/es/prensa/segob-declara-alerta-de-violencia-de
-genero-contra-las-mujeres-en-ocho-municipios-de-morelos?idiom=es

3 http://www.proceso.com.mx/518166/desaparicion-de-mujeres-en-morelos-rep unto-en-2017-dice-centro-digna-ochoa

4 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/envipe/envipe2017_0 9.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a remitir en un plazo de 15 días un informe sobre ubicación y dimensiones de las áreas verdes y los espacios públicos de esparcimiento locales, como plazas y parques, a cargo de la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Mariana Gómez del Campo Gurza, senadora de la LXIII Legislatura en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 171, 175, 176 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de Ciudad de México a que, en un plazo de 15 días, remita un informe donde especifique la ubicación y dimensiones de las áreas verdes y espacios públicos de esparcimiento como plazas y parques localizados en Ciudad de México, asimismo se desglosen aquellos en los que se ha realizado algún tipo de intervención para modernizarlos o equiparlos en la presente administración , al tenor de los siguientes:

Antecedentes

Las áreas verdes, los jardines, los parques y los espacios públicos cuyo elemento principal es la vegetación, son elementos clave para que una ciudad pueda mantener una buena calidad de vida entre los ciudadanos. Los espacios verdes son importantes y vitales para regular la temperatura, la humedad, absorber contaminantes, amortiguar los ruidos y producir oxígeno entre otras cosas, además de ser lugares de esparcimiento, paseo familiar, relajación y tranquilidad.

La tala clandestina de árboles, los incendios, la erosión de la tierra y principalmente la urbanización en gran parte de los países han generado que la tierra tenga cada vez menos áreas verdes, generando un cambio climático radical y peligroso para la preservación de la vida en el planeta. A nivel mundial, se estima que se pierden 5 millones de árboles cada año, ya que, de acuerdo a la revista Nature , de 15 millones de árboles talados cada año, solo se reforestan 10 millones. El estudio “Tendencias Territoriales determinantes del fututo de la Ciudad de México” realizado por el Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, menciona que las zonas norte, oriente y poniente de la capital se encuentran al 100 por ciento de ocupación urbana, teniendo en la actualidad solo tres zonas en prosperidad de árboles: Tlalpan, Tláhuac y Xochimilco, las cuales han cedido en un aproximado de 7 a 20 por ciento en los últimos meses.

Lo anterior se debe a que la mancha de urbanización ha crecido considerablemente en los últimos años, factor que dio paso a la construcción de recintos habitacionales y por consecuencia existe un sedimento en las zonas verdes. Estos factores son determinados por el crecimiento de la población, así como la migración de población de las distintas entidades federativas a la capital.

Este estudio es alarmante, ya que de acuerdo a la OMS (Organización Mundial de la Salud) el espacio mínimo de áreas verdes por ciudadano es de 9 a 11 metros cuadrados, siendo éste un problema enorme, ya que el 62 por ciento de los habitantes de Ciudad de México vive en condiciones menores a los 9 metros cuadrados. El ejemplo más alarmante se encuentra en la delegación Iztapalapa, ya que en esa demarcación sólo se cuenta con 3.1 metros cuadrados de área verde por persona

La escasez e imprecisión en los estudios acerca del estado y la extensión de las áreas verdes en la Ciudad de México no han permitido que se pueda tener un diagnóstico exacto de estas áreas y espacios.

De acuerdo con el Inventario de Áreas Verdes del Distrito Federal elaborado en 2003 por la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), existen 150 mil 658 kilómetros cuadrados de áreas verdes, en tanto que el estudio “Presente y Futuro de las Áreas Verdes y del Arbolado de la Ciudad de México” elaborado en 2009 por la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial (PAOT), señaló que la superficie total de arbolado y pastos asciende a 617 mil 773 kilómetros cuadrados, lo que representaba 18.5 por ciento de la superficie urbana de la ciudad. Y es aquí donde se reflejan los problemas, ya que el primer estudio sólo consideró las áreas verdes públicas y el segundo estudio ya considera áreas verdes públicas y privadas, y en este sentido se complica documentar si existe una reducción o aumento en estas áreas, además de otros problemas como lo es la fecha de realización de ambos estudios. Además de estos problemas, se suman los de distribución, déficit, invasión y abandono de esta clase de espacios públicos.

Otro de los problemas graves derivados de la falta de áreas verdes es el aumento a en la contaminación del aire, ya que de acuerdo al sitio de internet Animal Político: “Los autos no son la principal fuente de contaminantes en la Ciudad de México, según el investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, Ricardo Torres Jardón. El especialista explicó que la contaminación es el ozono que se forma por la reacción química entre el óxido de nitrógeno (NOx) y compuestos orgánicos volátiles (COV) o hidrocarburos. Los autos producen 90 por ciento del primero, pero sólo 30 por ciento de los segundos, el restante se encuentra en las industrias, contrario a lo que la mayoría de los mexicanos pensamos.

De igual manera, David Nowak, en una entrevista para la BBC, explicó la importancia que tienen los árboles y plantas en la eliminación de los contaminantes, ya que los arboles capturan e incorporan gases contaminantes a través de las estomas de sus hojas y durante el día también evaporan agua, reduciendo la temperatura del aire.

Se estima que los arboles retiran máximo 15 por ciento de la contaminación en las ciudades. “A nivel general, encontramos que los árboles en las ciudades de Estados Unidos impiden 850 muertes al año y más de 670 mil casos de episodios respiratorios agudos”, dice Nowak.

Actualmente se han puesto en marcha algunos programas por parte del gobierno de la Ciudad de México, tal es el caso del llamado recuperación de espacios públicos “Manos a la Obra”, programa operado por la Secretaría de Obras y Servicios para recuperar áreas verdes y espacios de esparcimiento, el cual tiene como objetivos:

* Recuperar las áreas verdes como son: parques, jardines, plazas, camellones, deportivos, etcétera, a través de mantenimiento y rehabilitación conjugando los recursos de las administraciones centralizada y desconcentrada.

* Mantener en buen estado estos espacios públicos para incrementar el desarrollo de actividades deportivas y de esparcimiento.

* Garantizar la seguridad pública para salvaguardar la integridad física de los usuarios, brindando una vigilancia permanente.

* Promover el desarrollo de actividades físicas, culturales, deportivas, recreativas y de esparcimiento en parques, jardines, plazas y deportivos de la Ciudad de México.

* Elevar el nivel de vida de la población de las zonas en las que se aplique el programa.

* Mejorar la imagen urbana, las redes de infraestructura y de servicios urbanos.

* Captación de demanda ciudadana en todos los ámbitos de competencia de los gobiernos central y delegacional.

* Generar un impacto positivo en las expectativas de vida y de desarrollo personal en los habitantes de las colonias beneficiadas a través del mejoramiento de su entorno inmediato.

La Ciudad de México enfrenta un gran reto en materia de desarrollo, acondicionamiento y adquisición sustentable de áreas verdes. En la actualidad, la idea de que las áreas verdes de la ciudad se encuentran en un acelerado proceso de degradación es todo un hecho surgiendo del producto del mal uso que se ha dado a uno de los recursos que puede garantizar la subsistencia del valle de México, como lo es su vegetación.

Es por este motivo que resulta indispensable y urgente tomar cartas en el asunto y buscar una solución óptima, accediendo al trabajo en conjunto con las autoridades y la población.

Considerandos

I. Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

II. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

III. Conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, párrafo quinto, refiere que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar y que este derecho será garantizado por el Estado.

IV. Conforme a la Ley General de Equilibrio Ecológico, en su artículo 2, se considera de utilidad pública la formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.

V. Conforme a la Ley Ambiental de Protección a la Tierra de la Ciudad de México, en su artículo 3, fracción II, se considera de utilidad pública. “El establecimiento, protección, preservación, restauración mejoramiento y vigilancia de las áreas verdes, áreas de valor ambiental, áreas naturales protegidas de competencia del Distrito Federal, las zonas de restauración ecológica y, en general, del suelo de conservación y suelo urbano para la preservación de los ecosistemas y elementos naturales”

VI. Conforme a la Ley Ambiental de Protección a la Tierra de la Ciudad de México son autoridades en materia ambiental el jefe de Gobierno, el titular de la Secretaría del Medio ambiente, Secretaría de Ciencia y Tecnología, los jefes delegacionales y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Ecológico

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de Ciudad de México a que en un plazo de 15 días remita un informe donde especifique la ubicación y dimensiones de las áreas verdes y espacios públicos de esparcimiento como plazas y parques localizados en la Ciudad de México, asimismo se desglosen aquellos en los que se ha realizado algún tipo de intervención para modernizarlos o equiparlos en la presente administración.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de Ciudad de México a crear un programa integral de adquisición y rehabilitación de espacios públicos junto con las 16 demarcaciones territoriales de la ciudad para el rescate de áreas verdes y con la finalidad de que cada una de las mil 764 colonias y 48 pueblos originarios cuenten con al menos un espacio público verde y de esparcimiento para el goce y disfrute de los habitantes.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 17 días del mes de enero del año dos mil dieciocho.

Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, la Sedena y la Semar a hacer pública la información sobre el número de deserciones y deserciones equiparadas en esas dependencias, así como las acciones implantadas para reducirlas, suscrita por la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada federal Cristina Ismene Gaytán Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las Fuerzas Armadas representan el conjunto de las unidades y de los servicios militares del estado: su núcleo central está constituido por el ejército, la marina militar y la aviación militar, coadyuvante en sus acciones es la Policía Federal que, bajo el mando de la Secretaría de Gobernación, complementa sus operativos.1

Conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017, nuestro país cuenta con 215,276 integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y 65,605 integrantes de la Secretaría de Marina (Semar), con independencia de que no todos sus recursos humanos se encuentran sujetos a la disciplinar militar y, en consecuencia, no forman parte de la Armada. Adicionalmente, la Policía Federal cuenta con 43,724 elementos.

Lo anterior, en contraste con lo publicado en 2013 donde la Auditoria Superior de la Federación (ASF) determinó que la disponibilidad del personal militar en el país es realmente baja, pues en promedio existía un soldado por cada 10,500 metros cuadrados de territorio nacional, lo que evidenció una cobertura pobre en comparación con otros países, donde el promedio es de un militar por cada 7,000 u 8,000 metros cuadrados de superficie.

Organizaciones no gubernamentales de escala internacional, así como portales informativos internaciones realizaron una comparación con otros ejércitos de América Latina, al respecto:2

Soldado por superficie territorial

País Cobertura

(kilómetros2)

Colombia 1 soldado

por cada 4.2

Uruguay 1 soldado

por cada 7.2

Ecuador 1 soldado

por cada 7.6

Venezuela 1 soldado

por cada 7.9

México 1 soldado

por cada 10.4

Por otra parte, la aplicación de una política errada de seguridad pública implementada durante los últimos sexenios por los Mandos Supremos, donde se ha obligado a las fuerzas castrenses a realizar actividades fuera de su naturaleza jurídica, histórica e ideológica; así como la discriminación, las pocas mejoras salariales,3 el aumento de la delincuencia organizada y el consecuente incremento en el índice de violencia que llega a cooptar su capacidad técnica y operativa, han sido algunas de las causales que llevan a sus elementos a desertar4 o ausentarse del cumplimiento de sus labores.

Los tiempos actuales nos obligan a voltear nuestras miradas a la necesidad de generar instituciones de defensa eficientes, que protejan al elemento principal de un Estado, que es el ciudadano y sin reprimirlo, donde su actuar sea respetuoso de los derechos humanos, pero sobre todo que sean capaces de conservar a su personal en la institución a la cual pertenecen.

Se tiene conocimiento que casi el 90 por ciento de los delitos que persigue la justicia militar corresponden al abandono injustificado de sus puestos de trabajo. Por ello, es necesario conocer con certeza ¿cuáles son las razones de dichas deserciones, las faltas injustificadas por tres días consecutivos a las listas de diana y retreta de las Fuerzas Armadas a que pertenezcan, o a las dependencias que formen parte (deserción equiparada) la desaparición, o ausencia de labores entre las Fuerzas Armadas?

Pero sobre todo, conocer el número de casos en la institución más confiable para las y los mexicanos; ya que al conocer por ejemplo, en qué etapa de la carrera militar desertan, se ausentan o se dan de baja, así como las motivaciones (cuando la situación así permita con respeto irrestricto a los derechos humanos y al marco normativo) por entidad federativa donde prestan sus servicio al presentarse el hecho, ello nos arrojará que áreas deben ser atendidas con más urgencia y de qué manera. Pues, la responsabilidad de lo que ocurre entre las milicias también es de los civiles, del gobierno federal como Mando Supremo y del Congreso de la Unión.

Se ha reconocido que los elementos de las Fuerzas Armadas que deciden causar baja, principalmente es porque encuentran una mejor opción laboral para su crecimiento profesional y personal, incorporándose a otros espacios laborales, pero ante el riesgo latente que representa un elemento entrenado y adiestrado libre y a merced de los grupos que operan al servicio del crimen organizado, la SEDENA ha implementado en el Estado de Tamaulipas, por ejemplo, un operativo activo denominado “rastreo” aplicado a aquellos elementos que han causado baja del Ejército, es por esa razón que también la Secretaría de Marina haga pública la información sobre el número de deserciones y deserciones equiparadas dentro de la dependencia.

Por lo anterior, el sitio Breitbart Texas,5 establece aquello que no es desconocido para nadie, que integrantes y líderes de grupos criminales pertenecieron previamente al Ejército. Por ejemplo, se exhibe que 2006-2012, el Gobierno mexicano informó, el caso de Heriberto Lazcano, quien perteneció al Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del Ejército y, luego de siete años de servicio, desertó y se convirtió en uno de los fundadores del Grupo los Zetas , una de las organizaciones criminales más violentas que han operado en el país, y El Lazca se convirtió en uno de sus principales líderes.6

Por eso, es fundamental y “relevante conocer la situación del Ejército”, su desempeño, su capacitación, el ejercicio de sus facultades dentro del marco normativo, así como las causas por las que sus elementos causan bajan de sus filas, las acciones implementadas por las dependencias al caso concreto y el oportuno seguimiento, pues un desertor debe ser inhabilitado para ocupar plazas en los gobiernos locales y puestos en compañías de seguridad privada.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, la aprobación de la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional y de Marina para que hagan pública la información sobre el número de deserciones y deserciones equiparadas dentro de las dependencias, así como las acciones implementadas para la disminución de este fenómeno.

Notas

1 Diccionario de Política, bajo la dirección de Norberto Bobbio, Nicola Matteucci y Gianfranco Pasquino. Redactores de la edición en español José Aricó, Martí Soler y Jorge Tula. 13 a Edición. Siglo veintiuno editores.

2 http://www.24-horas.mx/mexico-tiene-pocos-soldados/

3 Proceso que se instala por el delito de deserción, función inherente a la procuración y administración de justicia. El término desertor se dará una vez que el juez militar, haya agotado las formalidades esenciales del procedimiento, de conformidad con los artículos 255 del Código de Justicia Militar donde se establecen los supuestos en los cuales un militar comete el delito de deserción.

4 http://www.24-horas.mx/mexico-tiene-pocos-soldados/

5 Sitio web www.breitbart.com/texas, noticias, opiniones y comentarios políticos.

6 http://www.sinembargo.mx/23-05-2015/1353246

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Sede de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2018.

Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México a fortalecer las acciones de inspección y monitoreo para verificar la obtención de los permisos de demolición de los inmuebles catalogados con valor artístico por el INBA, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, senadores de la república, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A consecuencia de los sismos del pasado mes de septiembre, en nuestro país por lo menos mil 225 inmuebles de valor artístico, histórico o cultural presentaron daños graves en fachadas, paredes y estructuras. Tan sólo en la Ciudad de México, este número ascendió a por lo menos 22 inmuebles, entre ellos museos, edificios históricos, centros culturales y zonas arqueológicas.

Solo en la delegación Cuauhtémoc, existen por lo menos mil 700 inmuebles con algún grado de perjuicio, localizados principalmente en colonias como Condesa, Doctores, Roma, Guerrero y el Centro Histórico de la Capital del país, estas afectaciones según Protección Civil, se han acumulado desde el movimiento telúrico del año 1985.

Para subsanar estas averías, se requerirán más de 10 mil millones de pesos de acuerdo con informes y estimaciones de la Secretaría de Cultura; fondos que serán utilizados para labores de restauración y reconstrucción a múltiples edificaciones con alto valor artístico, histórico y cultural.

Algunos otros por el grado de afectaciones serán demolidos, no obstante, este proceso no ha estado exento de anomalías, entre ellas destacan las siguientes:

• Existen denuncias ciudadanas sobre demoliciones irregulares por parte del gobierno de la Ciudad de México, como la que se documentó en un inmueble de la calle “Provincia número 303 en la Colonia Del Valle en la Delegación Benito Juárez”. En estos trabajos, se constató que el predio con estilo arquitectónico “art déco” forma parte de los inmuebles catalogados con valor artístico, histórico y cultural por el Instituto Nacional de Bellas Artes.

Además se comprobó que para esta demolición, el gobierno de la Ciudad de México no cuenta con el visto bueno, opinión técnica ni permisos, asimismo, se evidenció que de enero del año pasado en su interior se desarrolló la demolición de muros y losas sin disponer de la autorización por parte de las autoridades delegaciones.1

En el Grupo Parlamentario del PRI, estamos convencidos de que debido a la antigüedad de las construcciones, es necesario el desarrollo de trabajos especializados para prevenir daños a edificios aledaños y no generar riesgos de protección civil que vulneran la integridad física de la población y a su patrimonio.

• En Ámsterdam 25 en la colonia Hipódromo, organizaciones vecinales aseguran que su demolición no cumplió con la normatividad vigente, debido a que sólo se realizó a través de un dictamen del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, pero no se le informó de este procedimiento al Instituto Nacional de Bellas Artes, a pesar de estar considerados dentro de los edificios con valor histórico y cultural.2

• Estas denuncias no son particulares al patrimonio histórico y cultural, por ejemplo, en las demoliciones de los edificios ubicados en “Canal de Miramontes 3010, Sonora 149 y calzada de la Viga 1756”, fue evidente la falta de coordinación entre las autoridades y la eficiencia en los trabajos, ya que duraron más de lo comprometido, provocando molestias a los vecinos y afectaciones en la circulación de las vialidades y calles aledañas.

• Múltiples afectados, han manifestado su desaprobación por lo tardío que ha sido la atención de las autoridades capitalinas para iniciar con el proceso de demolición, ejemplo de esta situación, es el edificio localizado en Génova 33 y Hamburgo 112, ya que esta demora provoca el cierre de comercios, inseguridad y la pérdida de fuentes de empleo.3

• Por si esto no fuera suficiente, existen quejas de la falta de notificación ante el inicio de diversos procesos de demolición, esto significa que los propietarios de departamentos y casas habitación no son notificados ante la demolición de su patrimonio.

Ante estas anomalías, es necesario que el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, amplíe sus medidas de inspección para verificar y constatar que el gobierno capitalino, cuenta con permisos de demolición de los inmuebles catalogados con valor artístico, histórico y cultural por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes.

Es determinante que este Instituto, informe a esta Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de las acciones desarrolladas y sus resultados, para vigilar que las demoliciones se desarrollan contando con las autorizaciones, dictámenes de afectación, notificaciones y validaciones o visto bueno por el Instituto Nacional de Bellas Artes.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México para que, fortalezca sus acciones de inspección y monitoreo para verificar la obtención de los permisos de demolición de los inmuebles catalogados con valor artístico, histórico y cultural por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes, a fin de esclarecer y en su caso sancionar diversas anomalías como falta de permisos, la demolición irregular e incumplimientos en materia de protección civil.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al gobierno de la Ciudad de México para que, presente un informe por memorizado del avance de las demoliciones de los inmuebles afectados por los sismos del pasado mes de septiembre, en particular los catalogados como de valor artístico y cultural con énfasis en las autorizaciones, dictámenes de afectación, notificaciones y validaciones o visto bueno por el Instituto Nacional de Bellas Artes.

Notas

1 Rocío González Alvarado. (2018). Demuelen en la colonia Del Valle inmueble catalogado por el INBA. 15/01/2018, de La Jornada Sitio web: http://www.jornada.unam.mx/2018/01/15/capital/031n1cap

2 Shelma Navarrete. (2017). Vigilarán patrimonio de la Roma-Condesa. 15/01/2018, de El Reforma Sitio web:
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1288161&
urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1288161

3 Arturo Páramo. (2017). Urge acelerar demoliciones en Zona Rosa, piden locatarios. 15/01/2018, de Excélsior Sitio web: http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/12/05/1205692

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 17 de enero de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la intervención de la CRE y la Cofece para analizar el mercado de gas LP y, si se comprueba la inexistencia de condiciones de competencia efectiva, establecer la regulación de precios máximos correspondiente, suscrita por el diputado Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del PAN

Ulises Ramírez Núñez, diputado federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la intervención de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), con objeto de que se analice el mercado de gas LP y en caso de que se compruebe la inexistencia de condiciones de competencia efectiva, se establezca la regulación de precios máximos correspondiente, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A partir del 1 de enero de 2017 se liberó el precio del gas licuado de petróleo (LP) y la falta de competencia en este mercado ha provocado incrementos exorbitantes de entre el 40 y el 60 por ciento en algunas entidades federativas.

Para ejemplificar de mejor manera estos aumentos, los cilindros convencionales de 20 kilos que en diciembre de 2016 costaban menos de 310 pesos, en enero de este 2018 cuestan hasta 439 pesos. Si consideramos que el 76% de los hogares mexicanos utilizan el gas LP como principal combustible para la cocción de alimentos y calentamiento de agua, el impacto a la economía de las familias ha sido brutal en tan solo un año.

De acuerdo con el registro de costos máximos que los distribuidores están obligados a reportar a la Comisión Reguladora de Energía (CRE),1 los estados más afectados en este 2018 son las baja californias, Coahuila, Durango, Quintana Roo, Sonora y Tamaulipas. Sin embargo, no perdamos de vista que en 15 estados de la república los precios han superado los 20 pesos por kilogramo, como se observa a continuación:

Derivado de lo anterior y subrayando que en 2017 tuvimos la inflación más alta en 17 años, el shock que estamos padeciendo todos los mexicanos con el incremento del gas LP ha sido provocado por una deficiente implementación de la reforma energética por parte del PRI, que dicho sea de paso, prometió que bajarían los precios de los energéticos en el presente sexenio.

Ahora bien, el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , señala que las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular . A este respecto, el artículo 9º de la Ley Federal de Competencia Económica, indica que corresponde exclusivamente al Ejecutivo Federal determinar mediante decreto los bienes y servicios que podrán sujetarse a precios máximos, siempre y cuando no haya condiciones de competencia .

Por su parte, la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018 ,2 ratifica en su artículo 28, la posibilidad de establecer precios máximos al gas LP en caso de que no existieran condiciones de mercado. Y Hago alusión a este ordenamiento jurídico, porque el Poder Legislativo y en concreto Acción Nacional, dejó en claro que sólo en condiciones de estricta competencia se debería regir el mercado de gas LP:

Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018

Artículo 28. En relación a las actividades que conlleven a la venta al público de gas licuado de petróleo y propano, la Comisión Reguladora de Energía podrá establecer la regulación de precios máximos sobre dichos productos, previa resolución de la Comisión Federal de Competencia Económica que determine que no existen condiciones de competencia efectiva en dichas actividades, conforme a la legislación y normatividad aplicable. Para ello, la Comisión Reguladora de Energía, dentro de los 30 días naturales siguientes a la resolución por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica, y previa audiencia con representantes del sector, establecerá la regulación de precios máximos, la cual se mantendrá únicamente mientras subsistan las condiciones que la motivaron. Los interesados o la Comisión Reguladora de Energía podrán solicitar a la Comisión Federal de Competencia Económica que determine si subsisten las condiciones que motivaron la resolución.

Señores legisladores, no podemos mostrar indiferencia a los reclamos de la sociedad respecto al incremento del precio del gas LP en 2017, debemos ser conscientes que los incrementos de los precios de este insumo están afectando a más del 70 por ciento de la población y que ello desencadena el incremento de los precios en otros rubros.

Para Acción Nacional este mercado no muestra la madurez suficiente que permita suponer que existen condiciones reales de competencia, por consiguiente, manifestamos nuestra preocupación y solicitamos la intervención del máximo órgano en materia de competencia económica, para que se analice este mercado y genere una opinión en la que se precisen recomendaciones que deriven en mejores precios para la sociedad.

Estimados, seamos sensibles a este problema y tomemos en cuenta que la reciente liberación de los precios pudo desencadenar acuerdos entre competidores con objeto de maximizar el margen de sus ganancias y esta hipótesis toma mayor relevancia si consideramos que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco ), sancionó en 2017 a 128 empresas distribuidoras de gas LP, principalmente por no despachar litros y kilos completos, no exhibir precios, no respetar el precio exhibido y vender cilindros que no cumplen con las medidas mínimas de seguridad,3 lo que de alguna manera advierte que en este mercado en concreto las reglas no se cumplen.

Quiero recordarles que este Congreso impulsó una reforma constitucional con el objetivo de transitar a un modelo competitivo, en donde la sociedad debe ser el principal beneficiado, por lo que, al no percibirse condiciones reales de competencia, es imperante la intervención tanto de la Cofece como de la CRE.

En consecuencia se somete a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 28 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018, solicita la intervención de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), con objeto de que se analice el mercado de gas LP y en caso de que se compruebe la inexistencia de condiciones de competencia efectiva, se establezca la regulación de precios máximos correspondiente.

Notas

1 Historial de precios promedio al público de gas LP reportados por los distribuidoreshttps://www.gob.mx/cre/documentos/historial-de-precios-pr omedio-al-publico-de-gas-lp-reportados-por-los-distribuidores

2http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIF_2018_15 1117.pdf

3 http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/03/07/profeco-sanciona-128-e mpresas-distribuidoras-gas-lp

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de enero de 2018

Diputado Ulises Ramírez Núñez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SCT y Capufe a iniciar obras de reparación de la supercarretera Durango-Mazatlán por los daños producidos tras la volcadura y el incendio de una pipa el 12 de enero, suscrita por la senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Yolanda de la Torre Valdez, senadora de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al organismo descentralizado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, iniciar de inmediato obras de reparación en la súper carretera durango–mazatlán, por los daños producidos por volcadura e incendio de pipa el pasado día 12 del mes y año en curso, al tenor de las siguientes consideraciones:

Exxposición de Motivos

La autopista Durango – Mazatlán, considerada como autopista de vanguardia, misma que genera un ahorro en tiempo para los usuarios de dicha vía, quienes regularmente hacían siete horas aproximadas en su tiempo de trayecto, se vio inmersa la noche del pasado día 12 del mes y año en curso, en un accidente producido por el desprendimiento del segundo remolque de una pipa que transportaba combustible.

Los daños producidos por la volcadura y el incendio de cuarenta y cuatro mil litros de combustible que transportaba la pipa causaron severos daños a la estructura del puente “El Carrizo”, hecho que ha motivado el cierre de la autopista.1

La construcción de esta autopista representó para quienes tienen la necesidad de recorrer el tramo Durango-Mazatlán con asiduidad, obviedad en sus tiempos de trayecto, hecho que hoy se verá afectado por el lamentable siniestro ocurrido la noche del pasado viernes 12 de enero del presente año que provocó el desvío de la circulación antes de llegar a la caseta de cobro de Mesillas, por agentes de la Policía Federal División Caminos, hacia la carretera libre Mazatlán-Durango.2

Controlado que fue el incendio y operadas obras de limpieza en el tramo afectado, fue abierta la circulación al flujo vehicular.3

Sin embargo, debe destacarse que el daño producido en el siniestro es mayúsculo por la inutilización de un carril, y la reparación del carril afectado requiere de obra mayor.

En este sentido, debe requerirse tanto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como del organismo descentralizado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, iniciar de manera urgente e inmediata las obras de reparación en el tramo afectado de la súper carretera durango – mazatlán, por los daños producidos por la volcadura e incendio de la pipa siniestrada a efecto de evitar accidentes en el tramo afectado.

La inmediata reparación coadyuvará a evitar accidentes futuros por los posibles contratiempos que provoquen las bajas temperaturas, como caída de agua nieve, neblinas espesas y posible falta de previsión de los conductores.

Por otra parte e independientemente de las sanciones que se produzcan a la empresa dueña o contratista del tráiler, así como a quien resulte responsable del lamentable accidente que produjo los severos daños a la autopista, la reparación de la misma debe ser urgente e inmediata, quedando a salvo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como del organismo descentralizado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, los derechos que les asistan para reclamar el pago de daños a los seguros y empresas correspondientes.

Los daños provocados por la volcadura e incendio del vehículo cisterna con placas 22AD513SPF, generan perjuicios de impacto económico y turístico para los estados de Durango y Sinaloa, mismos que deberán ser contemplados por la SCT.

Por último, es necesario tomar acciones respecto de la debida señalización en la autopista, particularmente en el tramo del puente “El Carrizo” y monitoreo mediante cámaras de radar de la velocidad de unidades que por esa vía transitan.

Lo anterior a efecto de evitar en lo futuro incidentes como el ocurrido el pasado día 12 de enero del año en curso.

Es en razón de lo antes expuesto, a esta soberanía presento para su aprobación de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al organismo descentralizado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para que:

– Realicen de manera urgente las acciones necesarias para iniciar de inmediato obras de reparación en la Súper Carretera Durango – Mazatlán, por los daños producidos por la volcadura e incendio de una pipa el pasado día 12 del mes y año en curso, para el efecto de rehabilitar completamente la súper Carretera Durango – Mazatlán.

– Dentro del ámbito de sus atribuciones, inicie procedimiento y sancione a la empresa y/o permisionario que resulte responsable por los daños provocados a la autopista Durango-Mazatlán derivado de la explosión e incendio del combustible que transportaba el vehículo cisterna.

Notas

1 https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/933313.cierran-la-durango-m azatlan-por-incendio-de-pipa.html

2 https://www.noroeste.com.mx/publicaciones/view/permanece-cerrada-la-aut opista-mazatlan-durango-tras-accidente-de-pipa-1114016

3 https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/928684.cierran-parcialmente -la-super-por-accidente-de-pipa.html

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el día 17 de enero de 2018.

Senadora Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INE a tomar acciones preventivas y de vigilancia permanente para evitar la injerencia de gobiernos extranjeros, por cualquier medio, en las elecciones federales de julio, a cargo de la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Mariana Gómez del Campo Gurza, senadora de la LXIII Legislatura en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 171, 175, 176 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral a tomar acciones de prevención y vigilancia permanente para evitar la injerencia de gobiernos extranjeros, a través de cualquier medio, en las elecciones federales de nuestro país que tendrán lugar en el mes de julio, pues dichas acciones representarían una flagrante violación a la soberanía de nuestra nación, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Tras la supuesta interferencia rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016, el gobierno de Vladimir Putin quedó en la mira de gran parte de los países occidentales; adicionalmente, en 2017, en Francia también hubo denuncias de injerencias de piratas cibernéticos de Moscú.

Este año varios países elegirán a su próximo mandatario, ese es el caso de México, Colombia, Brasil y Venezuela, por lo que se debe prestar especial atención a esta gran amenaza que desde hace muchos años ha engendrado Moscú.

Periodistas y especialistas mexicanos han alertado sobre una posible interferencia rusa en las elecciones de este año, a raíz de un informe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos que afirma que el régimen ruso ha librado una suerte de guerra asimétrica que busca desestabilizar sistemas y gobiernos que le son adversos para luego intentar reemplazarlos con proyectos que, en teoría, podrían resultarle más afines o, en su defecto, al menos conducentes a la consolidación de un objetivo mayor, como el debilitamiento de la Unión Europea.

Según el periodista mexicano León Krauze, en un artículo publicado recientemente, Putin continúa consolidando una maquinaria propagandística sofisticada que le permita socavar la democracia de países vulnerables; señaló que “la amenaza existe y no es poca cosa, muchos menos para una democracia en riesgo como la nuestra”.

Ante ese escenario, los especialistas opinan que las autoridades electorales de México deben estar alertas ante la posible intervención rusa en los comicios que se desarrollarán el próximo 1 de julio.

Consideraciones

1. Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

2. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 89 fracción X, que es facultad del Presidente de la República dirigir la política exterior observando los siguientes principios normativos: “la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral a tomar acciones de prevención y vigilancia permanente para evitar la injerencia de gobiernos extranjeros, a través de cualquier medio, en las elecciones federales que tendrán lugar en nuestro país en el mes de julio del año en curso, pues dichas acciones representarían una flagrante violación a la soberanía de nuestra nación.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los diecisiete días del mes de enero del año dos mil dieciocho.

Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Conapred a investigar y, en su caso, sancionar al ciudadano Jaime Rodríguez Calderón por sus declaraciones discriminatorias contra las mujeres, suscrita por los diputados Federico Döring Casar, Brenda Velázquez Valdez y Ximena Tamariz García, del Grupo Parlamentario del PAN

Las suscritas, diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada”.

Según cifras oficiales del Inegi 2016, la violencia de género en nuestro país afecta al 66.1 por ciento del total de la población, sin duda un dato más que alarmante, por lo que en los últimos años se ha vuelto un tema a resolver para procurar el mejor desarrollo de la calidad de vida de los habitantes de nuestro país.

Sin embargo y a pesar de muchos esfuerzos realizados por el Estado y las organizaciones civiles para resolver la problemática de discriminación por causas de género, las prácticas que vulneran los derechos de igualdad, equidad y respeto hacia el género femenino continúan reiteradamente, por lo que todavía falta lograr los objetivos de erradicación de estas prácticas discriminatorias.

Es un hecho conocido que el Ciudadano y ex gobernador del Estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, en reiteradas ocasiones ha realizado manifestaciones verbales y pronunciamientos que vulneran la dignidad de las mujeres y fomentan la violencia hacia ese género. Estos actos discriminatorios han tenido como consecuencia diversas denuncias ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación,

El 15 de junio del año dos mil dieciséis, la diputada Brenda Velázquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, presentó una queja ante la mencionada comisión, para efectos de que se impusiera al ciudadano Jaime Rodríguez Calderón las medidas de reparación contempladas en el artículo 83 Bis de la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, ya que manifestó que “a las mujeres gordas nadie las quiere”, así como en las aclaraciones posteriores que realizó en Facebook y que sin ánimo de ser reiterativos se transcriben nuevamente: “les dije que desafortunadamente las niñas que se embarazan tienen luego un problema pues los jóvenes al ver que les crece el vientre las abandonan, y las dejan a su suerte, todo eso trae como consecuencias que ellas solas o sus mamas les ayuden a críar ese hijo y a veces no le ponen toda la atención debida”.

Tal como se manifestó en el escrito de queja ya invocado, es claro y evidente que estas declaraciones tienen una fuerte connotación misógina en contra de las mujeres y discriminatoria para aquellas personas que sufren de sobrepeso.

Derivado de esta denuncia, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación dio vista a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León para que en términos de sus facultades investigara si las declaraciones del ex gobernador del Estado de Nuevo León eran violatorias de los Derechos Humanos de las mujeres. De las investigaciones realizadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León, derivó la recomendación 25/2016, que determinó que las manifestaciones del ex gobernador “violentan al derecho a la no discriminación, protección contra injerencias arbitrarias y al deber de adoptar medidas internas que protejan y promuevan los derechos fundamentales” y se exhortó a la misma personas “evitar el uso de un lenguaje sexista, estereotipado y no incluyente en el ejercicio de su función pública”.

A tal grado llegaron las manifestaciones sexistas del ex gobernador y su desconocimiento de la perspectiva de género que la misma Comisión le pidió que acudiera a cursos de capacitación sobre el deber preventivo de las autoridades en la aplicación de la perspectiva de género y la salvaguarda de los derechos humanos.

La recomendación fue aceptada y el día 4 de julio de 2017 el ex gobernador asistió a un taller sobre el uso del lenguaje incluyente y no sexista, impartido por la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a lo cual manifestó lo siguiente: “Nosotros cometemos de repente errores, nunca de mala fe, pero errores que tenemos que modificar y reconocer cuando así los cometamos. Un derecho humano es reconocer, un derecho humano es rectificar, un derecho humano es pedir disculpas, un derecho humano es recibir la disculpa, y eso hará que nuestro entorno sea más cordial”

Sin embargo, el día 15 de enero del presente año, el ex gobernador, ya en calidad de precandidato independiente a la Presidencia de la República, debido a las inquietudes de reporteros respecto a que en sus giras para recolectar las firmas para registrarse al cargo se hace acompañar de un caballo, manifestó lo siguiente: “Mi caballo anda conmigo, como anda mi vieja... y come menos que mi vieja. Me sale más barato que mi vieja, eso no es un costo oneroso”.

Lamentablemente el ex gobernador no aprendió nada de los talleres de perspectiva de género a los que acudió en términos de la recomendación que le hizo la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Nuevo León, pues nuevamente realiza comentarios misóginos y discriminatorios hacia las mujeres.

Es incomprensible que un aspirante a la Presidencia de la República fomente el maltrato y la degradación a las mujeres al equipararlas con un caballo y es más lamentable aún que en esta época, en la que el conocimiento y la cultura de respeto al género está más arraigada entre la ciudadanía, tengamos un político que reiteradamente realiza manifestaciones misóginas y machistas.

Por esto, las diputadas que suscriben el presente punto de acuerdo, solicitamos al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación para que en términos de la fracción XLIV del artículo 20 de la Ley Federal para Prevenir y eliminar la Discriminación, conozca e investigue sobre las declaraciones vertidas por el ex gobernador de Nuevo León y en su caso establezca medidas de reparación en respecto de las acciones cometidas por la persona señalada en el cuerpo del presente punto de acuerdo.

Por lo anteriormente señalado, proponemos:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión lamenta que en el contexto de las precampañas se emitan comentarios que denigren o discriminen la integridad y dignidad de las personas

Segundo. Se exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación para que investigue y en su caso sancione al ciudadano Jaime Rodríguez Calderón, por sus declaraciones discriminatorias vertidas en contra de las mujeres.

Tercero. Se exhorta a todos los precandidatos a cualquier cargo de elección popular, para que en sus declaraciones se conduzcan con un lenguaje que promueva la eliminación de toda discriminación hacia las personas.

Diputadas: Brenda Velázquez Valdez (rúbrica), Ximena Tamariz García.

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales de cada estado, a regular a las empresas de redes de transporte, a cargo del senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, senador doctor Luis Humberto Fernández Fuentes, integrante del Grupo Parlamentario del Trabajo en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción 11, 276 del Reglamento del Senado, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Las legislaciones de las entidades federativas actualmente han enfocado sus esfuerzos en establecer las medidas necesarias para el control del crecimiento y abastecimiento del servicio de transporte en cada entidad, de manera tal que, el servicio de transporte público de personas en su modalidad de “Taxis” deben de cubrir un sinfín de trámites y requisitos administrativos que garantizan la calidad, eficiencia y en especial la seguridad y demanda de las principales ciudades del país.

La encuestadora Parametría en un estudio elaborado en la Ciudad de México durante abril de 2016, muestra que cerca de 90 por ciento de los encuestados utiliza el servicio de transporte “Taxi”, de los cuales el 51 por ciento lo califica como bueno o muy bueno.1

Las innovaciones tecnológicas en dichos servicios, han dado paso a múltiples empresas que mediante plataformas tecnológicas proporcionan servicios de transporte a los usuarios, las cuales se encuentran carentes de un marco jurídico que las regule en pro de la seguridad y protección del usuario , menos aun de una normatividad que genere condiciones equitativas de competencia entre los prestadores del servicio de transporte en sus diversas modalidades.

En 2013, iniciaron operaciones en el país las llamadas Empresas de Redes de Transporte (ERT)2 , mismas que hasta el momento pocos estados de la República han regulado, debido a que argumentan que dichas sociedades son empresas de tecnología o digitales, no así de transporte. Tal aseveración ha sido superada, incluso a nivel mundial, ejemplo de esto es la resolución emitida por la Corte Europea de Justicia, en la cual dictaminó que dichas empresas deben de ser reguladas como empresas de transporte y no como un servicio digital.3

En México la Comisión para la Competencia Económica, emitió la “Opinión sobre los servicios de transporte de personas por medio de plataformas móviles OPN-008-2015 “, donde opina que se debe diseñar una política especial que incluya la regulación de esta nueva modalidad de servicios de transporte que deriva de los avances tecnológicos y de la innovación , misma que impacta en la dinámica social de las ciudades.4

Aunado a lo anterior , nadie puede ser sordo a los altos índices de inseguridad que se registran todos los días, en todo el país, abordo de este tipo de vehículos de transporte, donde la población en general sufre de asaltos o robos, en casos más alarmantes se ha registrado abuso sexual , violación, secuestro y hasta homicidio a los pasajeros que se trasladan en dichas unidades , además de que resulta innegable que en algunas ocasiones los mismos vehículos, han servido como medio de transporte para los delincuentes que agravian a la sociedad mediante otro tipo de ilícitos como el robo a casa habitación y transeúntes, robo de autopartes a vehículos , secuestro, entre otros .

Los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública ENVIPE 2017, que el robo o asalto en transporte público ocupa el primer lugar con 26 por ciento de delitos que se cometen en el país.5

La autoridad no puede continuar siendo omisa ante los avances y desarrollos tecnológicos generados en las prestaciones de los servicios de transporte, no es posible hacer a un lado el surgimiento de las llamadas Empresas de Redes de Transporte (ERT) y el impacto que estas provocan en la sociedad. Es inminente que se incorporen a la normatividad correspondiente , se generen condiciones equitativas de competencia entre los prestadores del servicio de transporte en sus diversas modalidades, impulsen a mejorar la movilidad de manera efectiva, prestando un servicio de calidad, y de mayor accesibilidad para los de usuarios, elevando la cobertura y efectividad de sus actividades en beneficio de la población, pero sobre todo coadyuven a garantizar la seguridad en el servicio, tanto para pasajeros como para los mismos conductores.

Es apremiante que la normatividad de cada Congreso Local se enfoque en salvaguardar la seguridad y combatir los índices delictivos que se presentan a bordo de las unidades del servicio de transporte en sus diversas modalidades con o sin aplicaciones tecnológicas, preservando el equilibrio ecológico y protección al ambiente, consolidando e impulsando el desarrollo humano, económico y social de cada estado.

La demanda producida por estos servicios innovadores de transporte, impactan y trascienden en la dinámica de la vida social y económica de la población, por lo que es una obligación garantizar un transporte seguro y eficiente.

En México las Empresas de Redes de Transportes generan una competencia desleal y dañina para los concesionarios del servicio de transporte, no podemos permitir que el impacto económico de su trabajo y esfuerzo, se vaya al extranjero por una imprecisión jurídica . Los Senadores de la República no tenemos facultad de legislar en la materia, por lo que de manera respetuosa exhortamos a los Congresos Locales de todas las Entidades Federativas, para que en al ámbito de sus atribuciones hagan prevalecer las condiciones de equidad competitiva y seguridad del autotransporte.

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República exhorta a los Congresos locales de cada estado de la República para que en ámbito de sus atribuciones, regulen el servicio de transporte de pasajeros “Taxis” y a las llamadas Empresas de Redes de Transporte dentro de un marco normativo que contribuya a salvaguardar la seguridad de los pasajeros y conductores prestadores del servicio, favorezca las condiciones de equidad competitiva en el sector acorde a las diversas modalidades en que se otorga el servicio e impulse de manera real y efectiva la calidad en el servicio y su cobertura en beneficios de la población.

Notas:

1 http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4861

2 https://cofece.mx/wp-content/uploads/2017/11/AnalisisCasos-Uber-v4.pdf

3 https://www .fayerwayer.com/2017/12/corte-europea-dictamina-que-uber-es-una-empresa-de-transporte/

4 http://derechoenaccion.cide.edu/la-cofece-estudia-el-caso-uber-los-consumidores-mandan/

5 Inegi, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2017. Boletín de Prensa Núm. 417/17. 26 de septiembre de 2017

Dado en el salón de sesiones a los 17 días del mes de enero de dos mil dieciocho.

Senador Luis Humberto Fernández Fuentes (rúbrica)

Con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebra la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, y exhorta al Ejecutivo federal y a los gobiernos de las entidades federativas a garantizar la integración y funcionamiento pleno de la Comisión Nacional de Búsqueda, las fiscalías especializadas y los registros necesarios para la operación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, a cargo de la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 59, 60, 171, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea la presente proposición con

Punto de Acuerdo

ÚNICO. LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN CELEBRA LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS Y DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES, Y EXHORTA AL PODER EJECUTIVO FEDERAL Y A LOS GOBIERNOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A GARANTIZAR LA INTEGRACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO PLENO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE BÚSQUEDA, LAS FISCALIAS ESPECIALIZADAS Y LOS REGISTROS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2017.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, el 17 de enero de 2018.

Senador Angélica de la Peña Gómez (rúbrica)


Excitativas

A la Primera Comisión de la Permanente, para que resuelva las proposiciones con punto de acuerdo presentadas por el GPPRD, a cargo de la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 60, 87, 88 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la que suscribe, diputada Olga Catalán Padilla, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXIII Legislatura, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la presente excitativa al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Reglamento Interior para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 176, que las facultades y atribuciones de la Comisión Permanente son las que le confieren, entre otros, los artículos 87 y 88 que cito a continuación:

Artículo 87. Toda Comisión deberá presentar dictamen en los negocios de su competencia, dentro de los cinco días siguientes al de la fecha en que los haya recibido. Todo dictamen deberá contener una parte expositiva de las razones en que se funde y concluir con proposiciones claras y sencillas que puedan sujetarse a votación.

Artículo 88. Para que haya dictamen de comisión, deberá éste presentarse firmado por la mayoría de los individuos que la componen. Si alguno o algunos de ellos desistiesen del parecer de dicha mayoría, podrán presentar voto particular por escrito.

En este sentido, quisiera expresar que la Primera Comisión –de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia–, ha acumulado desde su instalación un rezago de asuntos en materia electoral, tal es el caso de las proposiciones que el grupo parlamentario ha presentado, las cuales enlisto a continuación:

Aunado a lo anterior, es necesario resaltar que la Comisión de seguimiento a los procesos electorales locales y federales del año 2018, aprobada por el pleno de la Comisión Permanente el pasado 4 de enero, no tiene la facultad para emitir opiniones y/o dictaminar puntos de acuerdo con relación a los procesos electorales, pues su creación fue para que sus actividades se circunscriban a la observación y seguimiento del desarrollo de las etapas que comprenden los procesos electorales federales y locales.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 176, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos pongo a consideración de esta asamblea, la siguiente

Excitativa

Primero. El pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, hace un llamado a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia para que a la brevedad sea desahogada la Proposición con Punto de acuerdo por el que se exhorta a la PGR, a intensificar las acciones tendientes a lograr la detención con fines de extradición del ex gobernador del estado de Chihuahua, César Duarte Jáquez, presentada por los diputados Rafael Hernández Soriano, Olga Catalán Padilla, José Guadalupe Hernández Alcalá y por la diputada Cecilia Soto González, el pasado 10 de enero del presente año.

Segundo. El pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, hace un llamado a la Primera Comisión –de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia– para que desahogue las 14 proposiciones con punto de acuerdo presentadas por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática que aún están pendientes de dictaminar.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 16 de enero de 2018.

Diputada Olga Catalán Padilla (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 15 de enero, Día del Compositor, suscrita por el senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del PRI

“Antes de componer una pieza, camino multitud de veces a su alrededor acompañado de mí mismo.”

Erik Satie (1866-1925). Pianista y compositor francés.

Un compositor es aquel autor de una obra musical o la persona que compone obras musicales, en especial si se dedica a ello profesionalmente.

Personas sin duda, que son capaces de hacer patente las expresiones más fabulosas del ser humano a través de la música y transmitir diferentes sensaciones que tal vez, de otras formas no sería posible, cuando menos, no en la dimensión que sus composiciones musicales lo hacen.

Inspiración, creatividad y trabajo que en nuestro país es reconocido cada día 15 de enero en una celebración que se formalizó en el año de 1983, cuando promovió su reconocimiento la Sociedad de Autores y Compositores de Música (SACM) para conmemorar la creación del sindicato que dio origen a este organismo, aunque cabe decir, según se informa, la celebración data desde 1965.

Esta fecha es propicia para rendir especial homenaje a cuantos han dedicado su vida a la creación musical, con un magnifico regalo al público, a través de los diversos géneros, melodías, ritmos y sonoridades que elevan el espíritu y contribuyen a la plenitud de la existencia.

Por ello, se convirtió en una fecha formal y general en la que por ejemplo, se homenajea a creadores como Consuelito Velázquez, Agustín Lara, José Alfredo Jiménez, Armando Manzanero, Juan Gabriel, Álvaro Carrillo, Gonzalo Curiel, Luis Arcaraz, Jesús “Chucho” Monge, Tomás Méndez, Alfonso Esparza Oteo, José Ángel Espinoza “Ferrusquilla”, Víctor Cordero, Gabriel Ruiz, Roberto Cantoral, José Manuel Figueroa, José Guadalupe Esparza, entre muchos otros que han trascendido de manera muy especial.

Un momento estimados compañeros legisladores, para que hagamos este 15 de enero un merecido reconocimiento a todas aquellas personas que con sus composiciones nos alejan del estrés diario, nos levantan el ánimo y son capaces de llevarnos a un mundo de tranquilidad y emociones con el sólo hecho de escuchar sus melódicas composiciones.

Mis más sinceras felicitaciones y reconocimiento a los compositores en su día.

Dado en la Ciudad de México, a 17 de enero de 2018.

Senador Jesús Casillas Romero (rúbrica)

Con motivo del 15 de enero, Día del Compositor, a cargo del senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del PAN

El 15 de enero de cada año se conmemora en nuestro país el Día del Compositor, dado que ese mismo día, pero en 1945, fue fundada oficialmente la Sociedad de Autores y Compositores de México.

Un compositor es el dueño y creador de una obra, que tiene el derecho de obtener un beneficio económico por la explotación comercial de sus creaciones. Las obras deben registrarse en el Instituto Nacional del Derecho de Autor, conocido como Indautor, que depende de la Secretará de Educación Pública.

El Indautor es la autoridad administrativa en materia de derechos de autor y derechos conexos que en el ámbito de sus atribuciones brinda día a día diversos servicios a la comunidad autoral y artística, nacional y extranjera, así como a los respectivos titulares de derechos; recibe y atiende diversos trámites entre los que destacan el registro de obras y contratos de cesión y licencias de uso.

De acuerdo a la práctica internacional, los compositores reciben sus regalías cada tres meses, debido a que es el término razonable que recomiendan la mayoría de las sociedades autorales alrededor del mundo para otorgar el pago. Cabe mencionar que las regalías son pagadas de acuerdo al uso que se le da a la composición.

México es cuna de algunos de los mejores autores del mundo, José Alfredo Jiménez, Consuelito Velázquez, Álvaro Carrillo, Agustín Lara, Gonzalo Curiel, Luis Arcaraz, Jesús “Chucho” Monge, Tomás Méndez, Alfonso Esparza Oteo, José Ángel Espinoza “Ferrusquilla”, Juan Gabriel, Víctor Cordero y Gabriel Ruiz, han trascendido y llevado el nombre de México a la escena internacional.

La música forma parte de nuestro día a día, nos transmite y resalta distintas emociones, por ello el papel tan importante de los compositores, pues a pesar de que la mayoría recuerda a los intérpretes, son los compositores quienes les dan vida a cualquier pieza.

Miércoles 17 de enero de 2017.

Senador Francisco Salvador López Brito (rúbrica)

Con motivo del 105 aniversario luctuoso de José Guadalupe Posada, suscrita por senadores integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI, conmemoramos el 105 aniversario luctuoso de José Guadalupe Posada, destacado grabador, caricaturista e ilustrador mexicano que nació en el barrio de San Marcos Aguascalientes, Aguascalientes el 2 de febrero de 1852 y falleció en la Ciudad de México el 20 de enero de 1913.

Sus padres fueron Don Germán Posada Serna y Doña Petra Aguilar Portillo, siendo el cuarto de seis hermanos. Entre otras cuestiones, es reconocido por ser el creador de “La Catrina” y por plasmar con realismo la cotidianidad e inquietudes acontecidas durante el México de principios del Siglo XX.

Es uno de los máximos exponentes de la comedia humana y la tragicomedia en nuestro país, y fue reconocido por personajes de las dimensiones de José Clemente Orozco, Diego Rivera, Francisco Díaz de León y Leopoldo Méndez, como un importante precursor del movimiento nacionalista en las artes plásticas.

Entre sus obras más reconocidas se encuentran grandes creaciones como son: las “calaveras” o imágenes de ultratumba; los “desastres” –que comprende catástrofes naturales–; accidentes, hechos sobrenaturales, crímenes y suicidios; y los “ejemplos” o lecciones morales –extraídos de la perversidad y bestialidad humanas.

Su gusto y talento por las artes se comenzó a advertir desde sus primeros años. Después de aprender a leer y escribir, ingresó a la Academia Municipal de Dibujo de Aguascalientes y con tan sólo 16 años de edad, desarrolló sus primeros grabados bajo las enseñanzas e instrucciones del maestro Trinidad Pedroso.

Después de perfeccionar los principios, métodos y secretos del arte litográfico, en poco tiempo pudo adquirir una plaza de maestro de litografía en la Escuela Preparatoria de León (ciudad del estado de Guanajuato a la que se había trasladado en compañía de su maestro en 1871). En esta etapa, también tuvo la capacidad de combinar su trabajo como profesor, con su pasión: la litografía comercial –textos de anuncios y carteles– y la estampación de imágenes religiosas.

En 1888 tras las graves inundaciones registradas en León Guanajuato, Posada tuvo que trasladarse a la capital del país, donde colaboró en la empresa editorial de Irineo Paz, espacio en el que realizó cientos de grabados para distintos periódicos, tales como: La Patria Ilustrada, Revista de México, El Ahuizote, Nuevo Siglo, Gil Blas y El hijo del Ahuizote, por mencionar algunos.

José Guadalupe Posada –artista mexicano universal–, fue un personaje adelantado a su época que tuvo la capacidad de expresar todo tipo de historias e influir en lo que somos socialmente como país. En la obra de Posada están depositadas armónicamente emociones humanas de diversa índole: marginalidad, dolor, tragedia, miseria, llanto y muerte, hasta el silencio, amor, placer y risa.

La majestuosidad de su obra se encuentra sintetizada e inmortalizada en el mural de Diego Rivera “Sueño de una tarde dominical en Alameda Central”, donde la figura central es precisamente La Catrina de Posada, la que se muestra con vestimenta elegante, con la serpiente emplumada (representación mítica de nuestra cultura prehispánica). Asimismo, La Catrina envuelve una paradoja única, al conjuntar el placer de vivir ante la inminente e inevitable muerte; al tiempo que muestra un recordatorio permanentemente de que la vida debe ser aprovechada al máximo.

En el marco del 105 aniversario luctuoso de José Guadalupe Posada, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, recordamos el talento inigualable de este artista mexicano y también hacemos el llamado a continuar enalteciendo el valor e identidad inherente a su vasta obra, la cual forma parte esencial de nuestro patrimonio cultural y riqueza nacional.

(Rúbrica)