Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo General del INE a investigar y, en su caso, sancionar la promoción ilegal de Andrés Manuel López Obrador en Venezuela y el presunto financiamiento del gobierno de éste a su campaña, denunciado por legisladores de ese país, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Nuestra Constitución Política establece que está prohibida la intervención de países o personas extranjeras en las decisiones políticas de México. No obstante lo anterior, diversos medios nacionales e internacionales dieron a conocer, el pasado 8 de enero, que los actos anticipados de campaña de Andrés Manuel López Obrador llegaron hasta Venezuela, donde en las calles aparecieron leyendas con su nombre, junto a las siglas del Partido Socialista Unido de Venezuela.1

De acuerdo con el diario Venezuela al Día, 2 “las calles de las principales ciudades de Venezuela están repletas de murales a favor al candidato izquierdista”; de igual manera, informó que las bardas con la leyenda “López Obrador es revolución mexicana” aparecieron en las ciudades de Caracas, Barquisimeto, Maracaibo, Valencia y Maracay.

La realización de precampaña o campaña electoral, actividades, actos o propaganda electoral en el extranjero, se encuentran prohibidas por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, específicamente en su artículo 353, que a su letra dispone:

“Artículo 353.

1. Los partidos políticos nacionales y locales, así como sus candidatos a cargos de elección popular no podrán realizar campaña electoral en el extranjero; en consecuencia, quedan prohibidas las actividades, actos y propaganda electoral a que se refiere el artículo 242 de esta Ley en el extranjero.

2. Durante el proceso electoral, en ningún caso y por ninguna circunstancia los partidos políticos y los candidatos independientes utilizarán recursos provenientes de financiamiento público o privado, en cualquiera de sus modalidades, para financiar actividades ordinarias o de campaña en el extranjero.

3. En ningún caso se podrán comprar o adquirir espacios en radio y televisión, ni arrendar espacios para propaganda o publicidad en el extranjero”.

La actuación y promoción del precandidato de Morena transgrede la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, tanto por la ejecución de actos anticipados de campaña, como por haberlos realizado en el extranjero.

Derivado de la denuncia hecha sobre dichas actividades, diputados venezolanos pidieron que el erario público no sea malversado en fines que no beneficien al pueblo, y exigieron iniciar una investigación para detectar si el gobierno de Nicolás Maduro financia a candidatos latinoamericanos con un proyectos populistas, entre los que estaría, Andrés Manuel López Obrador.3

Es del dominio público que dirigentes de Morena se han pronunciado, en diferentes ocasiones, a favor de las políticas del presidente venezolano, Nicolás Maduro,4 quien pertenece al Partido Socialista Unido de Venezuela. Basta recordar que el pasado 23 de octubre de 2017, Héctor Díaz Polanco, presidente de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, dijo que es importante “integrarse a los países de América Latina que están haciendo los cambios, como Venezuela”.5 Y abundó: “la integración de México en la Revolución Bolivariana. Eso haría una gran diferencia con la situación que tenemos ahora, necesitamos ampliar esa revolución”.

Este no es el único caso en que Morena ha manifestado abiertamente su apoyo. En mayo pasado, decenas de militantes de ese partido expresaron a la embajadora María Urbaneja, el acompañamiento de ese partido a la Revolución Bolivariana, lo que provocó que la Embajada publicara un mensaje en Twitter, celebrando dicho acompañamiento: “Celebramos el acompañamiento del Partido Morena, su solidaridad y apoyo irrestricto a la Revolución Bolivariana: ¡Viva México, Viva Venezuela“ 6

Adicionalmente, el 11 de enero de 2018,7 The Washington Post 8 documentó intereses rusos apoyando a López Obrador, pues el canal “Russia Today” comenzó a dar gran cobertura a sus actividades.

En el Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos que el respeto a nuestra Constitución y a nuestra legislación electoral genera equidad en la contienda electoral, fortalece nuestra democracia, legitima los procesos electorales y brinda certidumbre a todos los ciudadanos.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de la asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo General del Instituto Nacional Electoral para que investigue y, en su caso, sancione la promoción ilegal de Andrés Manuel López Obrador en Venezuela, por contravenir el artículo 353 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo General del Instituto Nacional Electoral para que, con base en las denuncias realizadas por legisladores venezolanos, investigue el presunto financiamiento del gobierno de Venezuela a las actividades de Andrés Manuel López Obrador.

Notas

1 Fuente: http://www.milenio.com/politica/venezuela-propaganda-andres-manuel-lopez-obrador-amlo
-morena-publicidad_0_1100290087.html

2 Fuente: http://www.venezuelaaldia.com/2018/01/08/psuv-realiza-murales-en-calles-venezolanos
-en-apoyo-a-candidato-presidencial-mexicano/

3 Fuente:https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/piden-investiga r-posible-financiamiento-de-maduro-a-amlo-559925.html

4 Fuente: http://www.animalpolitico.com/2017/05/venezuela-morena-apoyo/

https://www.lapatilla.com/site/2018/01/08/
atencion-mexico-no-caigan-en-el-desastre-aparecen-en-venezuela-grafitis-de-lopez-obrador-firmados-por-el-psuv/

5 Fuente: http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/
dirigente-de-morena-llama-a-integrar-a-mexico-a-la-revolucion-bolivariana.html

6 Fuente: http://www.animalpolitico.com/2017/05/venezuela-morena-apoyo/

7 Fuente: http://www.milenio.com/elecciones-mexico-2018/amlo-morena-presidente-ru sia-vladimir-putin-washington-post-rusia-apoya-a-amlo_0_1101490120.html

http://www.huffingtonpost.com.mx/2018/01/11/
amlo-tiene-un-aliado-en-rusia-para-ganar-las-elecciones-segun-el-washington-post_a_23331258/

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/senalan-en-the-washington-post-que-putin-apoya-a-amlo.html
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/la-amenaza-rusa-en-mexico.html

8 Fuente: https://www.washingtonpost.com/news/democracy-post/wp/2018/01/11/a-mexican-presidential-candidate
-is-getting-an-unexpected-boost-from-trump-and-putin/?utm_term=.bc37952588d9

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a presentar iniciativa preferente en materia de propaganda gubernamental, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos legisladores, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal en términos de las siguientes:

Consideraciones

I. La comunicación social o propaganda gubernamental ha sido un elemento esencial de cualquier gobierno para hacer saber a sus gobernados el cumplimento de sus acciones y, sin duda alguna, tiene estrecha vinculación con la rendición de cuentas; asimismo, sirve como parámetro al ciudadano para medir dichas acciones y decidir sobre la continuidad de aquellos que detentan un cargo público o hacer valer su derecho humano y ejercicio constitucional de optar por otra alternativa de gobierno.

Sin embargo, la comunicación social o propaganda gubernamental no es ajena a realizarse con excesos y discrecionalidad, particularmente en la utilización de recursos públicos para tales efectos.

Al respecto, en años recientes se han llevado a cabo diversas modificaciones a la legislación mexicana para fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en cuanto a la utilización de recursos públicos destinados a la comunicación social llevada a cabo por los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno.

Tal es el caso de la reforma constitucional contemplada en el Decreto que reforma los artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116 y 122, adiciona el artículo 134 y deroga al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 13 de noviembre de 2007, la cual señala, entre otros mandatos, los alcances obligatorios de la propaganda gubernamental.

En dicha reforma se adicionó un párrafo octavo al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se estableció lo siguiente:

“Artículo 134. ...

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

... .”

No obstante el mandato constitucional, durante la administración del licenciado Enrique Peña Nieto como titular del Ejecutivo federal se ha observado y documentado el uso excesivo y discrecional de recursos públicos para llevar a cabo su estrategia de comunicación social, alejándose de principios fundamentales de buen gobierno como el de austeridad y atender diversas prioridades que aquejan a los ciudadanos.

Lo anterior se observa con el estudio realizado por “Fundar, Centro de Análisis e Investigación” que no sólo ha denunciado el excesivo destino de recursos públicos para publicidad oficial, sino que además señala ampliaciones realizadas en dicho rubro.

Cabe señalar que las cifras mencionadas tienen como fuente el mismo gobierno federal a través de su portal de internet, en el que informa los gastos realizados por dicha instancia en materia de comunicación social, aclarando que se desconoce lo utilizado en el año dos mil diecisiete debido a que sólo se tiene el comportamiento del presupuesto en materia de comunicación social (partidas 36101 y 36201), y además de la partida 33605, hasta el mes de octubre de ese año.

Esto es, no hay ahorro ni austeridad en el gobierno federal y sin duda alguna, para los ciudadanos, durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, contar lo supuestamente bueno ha salido demasiado caro.

II. El descontrol de la utilización de recursos públicos por parte del gobierno federal en cuanto a comunicación social se refiere ha sido observado por diversas organizaciones de la sociedad civil quienes acudieron a máximo órgano judicial de nuestro país, la Suprema Corte de Justicia la Nación.

En tal virtud, el 15 de noviembre de 2017, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso de la Unión cumplir con la obligación señalada en el artículo Tercero Transitorio del Decreto de la reforma constitucional publicada en el DOF el 10 de febrero de 2014 y emitir una ley que regulase el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos antes de finalizar el segundo periodo ordinario de sesiones de este último año de la LXIII Legislatura, es decir, antes del 30 de abril de 2018.

Al respecto, consideramos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue omisa en también señalar al Ejecutivo federal como autoridad responsable, en virtud de sus facultades constitucionales en materia de iniciativa de ley, sanción y promulgación para cumplir en tiempo y forma y omisa en atender la obligación señalada en su resolución, máxime cuando es la instancia ejecutora en cuanto a la utilización de recursos públicos para llevar a cabo su estrategia de comunicación social.

Lo anterior sustenta nuestra opinión de que el Ejecutivo federal también debe asumir su responsabilidad en la materia debido a que el objeto de la regulación del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le recae directamente, puesto que es de su ámbito operacional y de egresos.

En la práctica parlamentaria mexicana, la mayor cantidad de leyes que transitan por el procedimiento legislativo provienen del Ejecutivo. Los especialistas en la materia atribuyen lo anterior al hecho de que la responsabilidad material del desarrollo de proyectos normativos recae de manera natural en dicho poder.

Es preciso destacar que en la Cámara de Diputados ya se han presentado diversas propuestas respecto al contenido de lo que pudiera discutirse en el Congreso de la Unión, entre las que destacan:

1. La determinación de las condiciones en las que se aplicarán los programas sociales durante los periodos electorales;

2. La suspensión temporal de movimientos, altas o bajas de beneficiarios en los padrones de los programas sociales durante los periodos de campaña;

3. La cancelación de eventos masivos, reuniones y asambleas de operación de programas sociales con los beneficiarios durante los periodos de campaña;

4. La publicación del calendario de entrega de los apoyos de cada uno de los programas sociales;

5. La prohibición expresa de crear programas sociales o sistemas de entrega de apoyos por parte del gobierno durante los periodos de campaña; y,

6. La publicación de la lista de beneficiarios por el Estado de todos los programas sociales registrados previos al inicio de las campañas electorales.

No obstante, la necesidad de contar con una legislación reglamentaria implica la participación de quienes son los directamente implicados. Por tal razón, es pertinente y necesario que el Poder Legislativo federal cuente con una propuesta que provenga del Poder Ejecutivo por ser éste el poder que opera el gasto en cuestión y aplica la normatividad administrativa en la materia. La preparación de la iniciativa en cuestión, materialmente debe contar con las aportaciones técnicas de las dependencias que se aglutinan en el seno del Ejecutivo.

III. Sin renunciar a la facultad de discusión y aprobación que la Constitución confiere al Poder Legislativo nos pronunciamos para contar con la postura formalizada del Ejecutivo en la materia a efecto de poder deliberar con mayor seriedad y elementos de convicción técnica los aspectos que deben ser abordados en la eventual ley.

Consideramos que si bien en el Congreso ya se han presentado iniciativas muy serias al respecto por diversos legisladores y grupos parlamentarios, la participación del Ejecutivo es obligada, incluso en términos constitucionales y legales.

Adicionalmente a lo anterior y considerando la multiplicidad de opiniones y expresiones político partidistas y técnicas aglutinadas en el seno del Congreso de la Unión, nos parece que abonaría de manera oportuna la posibilidad de que la iniciativa en comento sea recibida por el poder legislativo en vía de trámite preferente para estar en condiciones de acometer el trámite privilegiado y que todas las partes podamos concurrir a la discusión con agilidad y con el sentido de oportunidad que la Corte impuso al Congreso.

De esa manera, se podrá concitar un trabajo institucional, estableciendo tiempos claramente establecidos en el artículo 71 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para su discusión y aprobación, conjurando con ellos posibilidades de dilaciones o demoras que impliquen un riesgo de no acatar la determinación de la Suprema Corte.

Cabe señalar que se tiene registro de solamente dos ocasiones en que el Ejecutivo federal ha hecho valer la facultad descrita en el artículo señalado.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a que en uso de la facultad conferida en el artículo 71, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presente con carácter de trámite preferente la iniciativa que regule el párrafo octavo del artículo 134 del mismo ordenamiento en materia de propaganda gubernamental, con la finalidad de que sea discutida y, en su caso, aprobada por el Congreso de la Unión en el próximo periodo ordinario de sesiones a iniciarse el 1 de febrero de 2018.

Dado en la sede de la Comisión Permanente el 17 de enero de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que exhorta al Ejecutivo federal a presentar por la SHCP y la SE un plan de acción para enfrentar el incremento de precios y la inflación, suscrita por los diputados Olga Catalán Padilla y Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del PRD

Francisco Martínez Neri y Olga Catalán Padilla, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 60, 171, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al Ejecutivo a que, a través de las secretaría de Hacienda y Crédito Público y de Economía, presente un plan de acción para enfrentar el incremento de precios y la inflación.

Consideraciones

La inflación anual se incrementó de 3.4 por ciento en diciembre de 2016 a un número cercano a 6.8 por ciento al cierre de 2017.

Según las estimaciones del Banco de México, se tiene una constante al alza de la inflación,1 con lo cual nos hace pensar que las metas de inflación planteadas en los criterios generales de política económica para el 2018 están lejos de alcanzarse en el tema de inflación (3 por ciento meta).

Los recientes incrementos en los precios del gas LP son un claro ejemplo de esta alza de precios de la cual, ahora cada distribuidor de gas LP establece sus propios precios de acuerdo a los precios de importación, tipo de cambio, costo del petróleo, costos logísticos, de distribución y margen de ganancia para los distribuidores.

El pasado 2 de enero de 2018, en la zona centro y sur del país, se registraron precios máximos de hasta 19.35 pesos por litro de gas LP. En estados del Bajío, como San Luis Potosí, se registran precios máximos de hasta 19.72 pesos.

En enero del año pasado el precio promedio por litro (vendido en cilindros de 20 litros) fue de 15.01 pesos. En diciembre de 2017, el precio promedio fue de 18.81 pesos, refiere información de la Comisión Reguladora de Energía.2

Por citar algunos productos básicos y su diferencia de precios al día de hoy con respecto del año pasado están: el huevo, el cual pasó de tener un precio frecuente en el 2017 de 23 pesos por kilogramo a 32 pesos al inicio del 2018; la lechuga pasó de costar 10 pesos a 15 pesos; el jitomate incrementó su precio al pasar de 15 a 22 pesos el kilogramo, la zanahoria paso de los 6 pesos a 14 pesos por kilogramo, el frijol pasó de los 21 a los 26 pesos por kilogramo.

El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, ha mencionado que existen factores por los cuales el riesgo de presentar aún una mayor inflación con respecto al año pasado puede ocurrir, entre esos factores de riesgos se encuentran la recién aprobada reforma fiscal estadounidense, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y las elecciones presidenciales de México.3

Desde 2016 la inflación mostró una tendencia al alza, en gran medida por el entorno externo complejo asociado principalmente al proceso electoral en Estados Unidos, que generó un aumento de la volatilidad en los mercados financieros nacionales y una depreciación adicional de la moneda al conducir a un entorno de incertidumbre respecto a la relación bilateral de México con el país gobernado por Donald Trump.

De acuerdo con la minuta de la última reunión de política monetaria de la Junta de Gobierno de Banxico, el panorama para la inflación en el país se ha tornado más complejo y anticiparon que la inflación general anual de 2017 será mayor a 6.63 por ciento y se espera que “alcance niveles cercanos al objetivo a finales de 2018”.4

Para el Grupo Parlamentario del PRD resultan alarmante los niveles de inflación registrados el año pasado y el aumento en los precios en lo que va del mes de enero. Por tal motivo la preocupación, ya que al día de hoy las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía han mostrado una pasividad al momento de atacar este problema, ya que en sus informes solo se emiten especulaciones y no especifica una estrategia concreta con la cual se combata el alza de los productos.

Pese a que los precios de todos los productos que se han visto afectados en el inicio de año ahora se rigen por el mercado, aún están las entidades como la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Federal de Competencia Económica, y la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aún poseen facultades para intervenir en la suavización de posibles incrementos con inyección de divisas o medidas extraordinarias.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta honorable Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de

Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo a que, a través de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía, presente un plan de acción para enfrentar el incremento de precios y la inflación.

Notas

1 http://www.banxico.org.mx/portal-inflacion/inflacion.html

2 http://www.cre.gob.mx/ConsultaPrecios/GasLP/PlantaDistribucion.html?idi om=es

3 http://expansion.mx/economia/2018/01/08/banxico-preve-una-menor-alza-de -precios-en-enero

4 http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/
politica-monetaria/minutas-de-las-decisiones-de-politica-monetaria/%7BA20C2D3A-7160-40C6-0578-41DC494E44AC%7D.pdf

Sede de la Comisión Permanente, Cámara de Diputados, a 17 de enero de 2018.

Diputados: Francisco Martínez Neri y Olga Catalán Padilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de la Unión a analizar y discutir con los actores involucrados las propuestas de reforma de la LFT para reglamentar los artículos 107 y 123 de la CPEUM en materia de reforma procesal laboral, a cargo del diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena

Virgilio Dante Caballero Pedraza y Araceli Damián González, diputados integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento de Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Una de las demandas más sentidas de los trabajadores en las últimas tres décadas, ha sido el acceso a una justicia laboral objetiva, imparcial y expedita, tanto en los juicios individuales como en los colectivos.

La estructura y proceso dentro de la justicia laboral mexicana, se ha mantenido intacta desde su fundación a fines de 1920, en consecuencia, el ritmo de modernización de las instancias impartidoras de justicia laboral han quedado desfasadas frente a las necesidades actuales de la sociedad.

En un contexto de cambios en el modelo de crecimiento y en el mercado del trabajo, el rezago en la actualización de la ley respectiva tuvo como consecuencia una expansión indiscriminada de la simulación y la corrupción en los sindicatos, para sostener un modelo de relaciones laborales que hizo posible combinar salarios indignos, trabajos precarios y múltiples violaciones a los derechos de los trabajadores.

Desde mediados de los años noventa era evidente que la reforma del sistema de justicia laboral y la creación de un órgano autónomo para hacerse cargo del registro de los sindicatos y los contratos colectivos era una necesidad imperiosa. Sin embargo, la reforma laboral del 2012 no tocó estos temas, a pesar de ser una demanda de hacía más de 20 años.

La inconformidad social que pone en tela de juicio el corporativismo y sus vicios, junto con las exigencias internacionales que demandan el compromiso del país con la democracia y el estado de derecho, presionaron al gobierno para que se elaboraran estudios al respecto, realizados por el CIDE, que dieron como resultado la necesidad de actualizar el sistema de impartición de justicia incluyendo la evaluación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

Es así como el Titular del Ejecutivo elaboró una propuesta de iniciativa que el 28 de abril de 2016 fue enviada a la Cámara de Senadores, con el objeto de consolidar la autonomía y eficiencia en la impartición de justicia. Se trata de atender un reclamo social de primer orden, frente a la innegable necesidad de modernización del sistema vigente.

Esta reforma proponía tres premisas fundamentales:

1. Impartición de la justicia laboral por órganos del Poder Judicial Federal o Local según corresponda.

2. Replantear la función conciliatoria y centrar este cometido a nivel local en los Centros de Conciliación donde se propone una sola etapa procesal en una audiencia obligatoria.

3. Revisar el sistema de distribución de competencias entre autoridades federales y locales para fortalecer el ejercicio de las libertades de negociación colectiva y de sindicación, por lo que se propuso crear un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal.

El dictamen fue presentado a discusión en la Cámara de Senadores el 13 de octubre de 2016, en donde fue aprobado; en la Cámara de Diputados se discutió y aprobó el 4 de noviembre de 2016, por lo que fue turnado a las legislaturas de los estados para sus efectos constitucionales, aprobado en 20 de ellos.

La publicación en el Diario Oficial de la Federación de esta Reforma se hizo el viernes 24 de febrero de 2017, y con esto se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Laboral.

Esta reforma constitucional estableció en sus artículos transitorios el término de un año para su reglamentación.

Por este motivo, el 10 de diciembre de 2017, dos senadores priistas, representantes de la CTM y CROC presentaron una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, que ha generado una gran inconformidad pública, no solo por parte de especialistas, abogados y sindicalistas, sino también proveniente de las centrales obreras a las que pertenecen estos senadores.

Entre las críticas se ha advertido que la iniciativa modifica integralmente el modelo laboral y adquiere un carácter sumamente regresivo sin precedente en toda la historia laboral del país.

Entre las objeciones que se han planteado sobresalen las siguientes:

La liberación del outsourcing , que ya no tendría limitantes y que abarataría aún más el costo de mano de obra. Es de advertir que este tema fue regulado en la reciente reforma del 2012, por lo que no hay justificación para que en un periodo tan corto se cambie radicalmente el rumbo sobre un aspecto clave de las relaciones de trabajo. Plantear su liberación absoluta destruye en su esencia la totalidad de los derechos puesto que se cancela la responsabilidad de quien materialmente recibe un servicio y adquiere por ello un conjunto de obligaciones que pueden ser trasladadas como simple mercancía sujeta a un contrato mercantil.

Facilita el despido injustificado al derogar la obligación patronal contenida en la ley, de comunicarlo por escrito al trabajador, señalando sus motivos.

En caso de terminación de las relaciones colectivas de trabajo crean nuevas reglas liberando al patrón de la obligación de justificar ante la autoridad el despido masivo en determinadas hipótesis cuando alega incosteabilidad, quiebra o solicitud de acreedores, aspectos que conforme a la ley actual deben acreditarse previamente.

Con un carácter claramente regresivo y sin razón justificada se reducen las indemnizaciones en caso de reajuste o separación colectiva sustituyendo la obligación de pago conforme al salario vigente, por el de un concepto de cuantía menor al salario mínimo

También reduce las indemnizaciones en caso de riesgo de trabajo, muerte e incapacidad incluidas, substituyendo la obligación actual de pagar en base al salario que recibía el trabajador por una unidad de medida, menor al salario mínimo.

Impone obstáculos jurídicos imposible de cumplir a los sindicatos autónomos, tanto para su registro o para cambiar de sindicato, violando el derecho de libertad de sindicación y fortaleciendo así los contratos de protección patronal. Es importante destacar que atendiendo las nuevas reglas sería imposible la negociación colectiva en el 95% de los centros de trabajo del país de pequeña y mediana empresa. También intenta cancelar a los sindicatos gremiales del sector aeronáutico su derecho a la negociación colectiva.

Cancela el carácter autónomo del Instituto Federal de Conciliación y Registro Laboral encargado del registro de sindicatos y depósito de contratos colectivos, al imponerle un órgano de gobierno controlado por la representación tanto de los sindicatos oficialistas como patronales, de quien dependería todo el sistema en materia de asociación, contratación colectiva y huelga.

También se viola el estado de derecho, al otorgarle funciones desmedidas y de carácter jurisdiccional, tanto a este Instituto, así como a los Centros Estatales de Conciliación, tareas que deberían de ser propias del poder judicial al cual se le otorga un carácter marginal en materia de derechos colectivos, ya que las decisiones trascendentales relacionadas con el trámite, cumplimiento de requisitos y del archivo de solicitudes sería llevado a cabo por estos órganos administrativos controlados por las entidades gremiales en sentido opuesto a la intención de la reforma constitucional.

Cabe observar la indebida gestión de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social ante las legislaturas de los estados para que legislen creando las nuevas leyes de los Centros Estatales de Conciliación, respondiendo al indebido carácter tripartito que el gobierno federal pretende, para crear así una situación de hecho que adquiera un carácter irreversible, en clara violación a la condición estructuralmente autónoma de estos órganos, tanto a nivel federal como estatal.

Suprime los avances en materia de transparencia sindical pues reduce este derecho bajo las figuras de declaraciones públicas e índices con la clara intención de ocultar información y mantener el sistema de control y corrupción vigentes. Basta señalar que se ignora toda referencia a las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Hay que resaltar que dentro de esta propuesta hay temas que tienen una naturaleza distinta a la de la reforma constitucional aprobada y hay otros que no han sido discutidos previamente.

Es una reforma regresiva, en donde se contradicen los principios constitucionales en materia de derechos humanos laborales.

A pesar del poco tiempo que ha pasado desde su publicación, esta propuesta ha conseguido una condena nacional e internacional unánime por parte de instituciones especializadas, organizaciones obreras y de derechos humanos, quienes advierten su carácter regresivo y su impacto negativo en materia de desigualdad y pobreza y sobre todo, porque genera mayor inseguridad jurídica impulsando que las situaciones de hecho y acción directa puedan sustituir normas jurídicas claramente lesivas, lo cual constituiría un agravante a la creciente inconformidad que vivimos.

Conforme a los convenios laborales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), antes de establecerse nuevas políticas que afecten a la clase trabajadora, se debe de consultar a los actores o destinatarios afectados, máxime cuando esta reforma es esencial para el futuro del mundo laboral

Por lo mismo, es necesario que esta propuesta de iniciativa se analice y discuta por todos los actores involucrados para elaborar un proyecto de reforma equitativo y justo.

Por ello es que proponemos que el Poder Legislativo impulse con participación de las diferentes expresiones políticas y con el apoyo de algunas instituciones como el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO una nueva iniciativa que sea congruente con los altos fines de la reforma constitucional y sea un factor del equilibrio, desarrollo productivo, justicia y paz social.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición, como de urgente u obvia resolución, con

Punto de Acuerdo

Primero: Por el que se exhorta al Congreso de la Unión para que las propuestas de reforma a la Ley Federal del Trabajo para reglamentar a los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma procesal laboral, sea analizada y discutida con los diferentes actores involucrados.

Segundo: Crear un grupo de trabajo con la participación de las Cámaras del Congreso de la Unión, y el apoyo de las instituciones mencionadas, para elaborar una nueva iniciativa justa y equitativa que reglamente la mencionada reforma constitucional.

Dado en el recinto de la Comisión Permanente el día 17 de enero de 2018.

Diputados: Virgilio Dante Caballero Pedraza (rúbrica), Araceli Damián González.

Con punto de acuerdo, relativo a la protección de los derechos de los artesanos mexicanos, suscrita por el diputado Mario Machuca Sánchez, del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputado Mario Machuca Sánchez y diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 55, fracción II, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, México cuenta actualmente con 68 pueblos originarios, que representan cerca de 11 millones 132 mil 562 habitantes distribuidos en todo el país, cada pueblo tiene su forma de vestir, de trabajar, de celebrar sus tradiciones y festividades, tiene una cultura propia que se ha transmitido de generación en generación. Los artesanos mexicanos a lo largo del tiempo han creado piezas con diseños inigualables, utilizando recursos naturales de su región, cada pieza manifiesta la diversidad cultural de la sociedad, convirtiéndose en expresiones culturales tradicionales invaluables y de gran representatividad, por ello no debe perderse esta tradición que da identidad a cada región, para lo cual es necesario defenderla y protegerla.

La falta de conocimiento de los medios para proteger sus creaciones y el acoso que existe por parte de grandes o pequeñas corporaciones para comercializar sus productos, provoca que los artesanos vivan una desposesión y se encuentren en completa desventaja al ser testigos de una explotación injusta, excesiva e indebida de su conocimientos, se ven imposibilitados de evitar esta explotación de sus propios conocimientos y de hacerlo en provecho de su comunidad y no para por el beneficio de unos cuantos.

Por desgracia, como se ha mencionado, las técnicas tradicionales, el diseño y el estilo que está vinculado a las artesanías se expone a la imitación y a la apropiación indebida; no existe una protección jurídica para impedir su uso, apropiación u otra clase de explotación ilícita. Los artesanos y las organizaciones de artesanos desconocen que pueden utilizar los derechos de propiedad intelectual, como las marcas, el derecho de autor, los dibujos y modelos industriales o las patentes para proteger sus intereses.

Las artesanías son productos creados a partir de conocimientos tradicionales, de ingenio, de creatividad y la motivación de sus creadores, para ellas existe un derecho de protección sobre los conocimientos del ser humano al ser transformados en productos, garantizando el goce de ganancias económicas derivado de su creación y evitando que estos productos puedan ser falsificados o imitados con la intención de lucrar en beneficio propio, robando los derechos patrimoniales del creador.

Los derechos de propiedad intelectual son el mecanismo mediante el cual un sujeto o una empresa pueden beneficiarse de sus creaciones. Concretamente, se pueden utilizar esos derechos para proteger la artesanía tradicional contra la reproducción y la adaptación no autorizadas y contra el uso engañoso de su estilo y reputación.

En México existe la protección de las marcas colectivas, la marca es un signo utilizado para identificar o diferenciar un producto o servicio en el tráfico comercial. Las marcas pueden estar compuestas por palabras, letras, números, dibujos, fotos, formas, colores de carácter distintivo, entre otros elementos. Las marcas sirven para indicar el origen de los productos o servicios, a fin de distinguirlos de productos idénticos o similares producidos por la competencia. El registro otorga al propietario de la marca el derecho exclusivo a impedir que otros utilicen una marca idéntica o similar hasta el punto de inducir al error en productos o servicios idénticos o similares.

La marca colectiva distingue los productos y servicios de los miembros de una asociación, que es la propietaria de la marca, de los otros colectivos. Cualquier miembro de la asociación tiene derecho a utilizar la marca.

La marca de certificación indica que los productos o servicios están certificados por el propietario de la marca y cumplen determinadas normas o poseen determinadas características relacionadas con la procedencia geográfica, el material, el modo de fabricación o la calidad (etiquetas de autenticidad).

Esta actividad ancestral se ha visto afectada por las imitaciones, falsificaciones y su uso sin un pago que ampare el valor de la obra, por entes ajenos a la comunidad, con un único fin de lucro, dañando económica y moralmente a los verdaderos poseedores de los conocimientos. Esta situación se ve en diversas comunidades como es el caso de Paracho, Michoacán, en donde la globalización está acabando con sus guitarras, las fábricas que se establecen ahí y empiezan a producir guitarras, un instrumento musical que cuando se produce de manera industrializada es más barato y el artesano que conoce los procedimientos tradicionales, las maderas y que puede fabricar una guitarra de excelente calidad digna de un concertista va desapareciendo porque es más cara su elaboración y por lo tanto está en desventaja con la competencia de manufacturas industriales que han ocasionado que poco a poco el saber artesanal se esté extinguiendo.

Como se ha mencionado la cosmovisión de los pueblos mágicos ha sido plasmada a través de sus expresiones culturales, es así que diversas empresas se han dedicado a explotar sus creaciones abusando de lo anterior, ya que existe un robo y plagio de sus iconografías, es el caso de artesanos de Tenango de Doria, Hidalgo. Otro caso es la problemática de la clonación artesanal que es un fenómeno que impacta con gran fuerza a Oaxaca los casos más destacados han sido los bordados mixes de Tlahuitoltepec, los de San Antonino Castillo Velasco, los bordados del Istmo e incluso el barro negro de Coyotepec y los alebrijes de Arrazola, entre varios más.

Por lo anterior, los artesanos requieren conocer todos los medios o programas que existen para evitar el plagio y robo de sus obras, ya que los conocimientos tradicionales por su naturaleza enfrentan problemas de apropiación y existe un gran uso de motivos y diseños que se visualizan en creaciones de artesanos que no reciben ningún tipo de remuneración cuando sus creaciones son “literalmente” robadas.

Por lo anterior, ponemos a consideración de esta honorable asamblea la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social y al Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías para que, en el ámbito de sus atribuciones, impulsen las acciones y medidas necesarias a fin de fomentar y dar a conocer los procedimientos y medios de los cuales disponen los artesanos para proteger su obra, así como a establecer una política de inclusión a través de la cual los derechos de los artesanos sean protegidos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 17 días del mes de enero de 2018.

Diputado Mario Machuca Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Zacatecas a ejecutar por la Dirección General de Prevención y Reinserción Social actos de revisión constantes en los centros penitenciarios y aplicar medidas disciplinarias a quienes no observen los protocolos y la normativa correspondientes, a cargo del senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT

Senador David Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El sistema penitenciario mexicano encuentra su fundamento en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que su organización debe tener como base el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte; en su conjunto, los medios mencionados son para alcanzar un fin común: la reinserción social.

Las normas que dan mayor luz sobre la materia se hallan insertas en la reciente Ley Nacional de Ejecución Penal, cuyo ámbito de aplicación, de conformidad con su artículo 2, se circunscribe a la federación y las entidades federativas, en lo que respecta al internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de las penas y medidas de seguridad por los delitos que sean competencia de los tribunales del fuero federal y local, según sea el caso.

Los centros penitenciarios, de conformidad con la ley referida, deben entenderse como aquellos espacios físicos destinados para el cumplimiento de la prisión preventiva, así como para la ejecución de penas. De este modo, resulta indispensable que las condiciones de tales centros sean las óptimas para dar cabal cumplimiento a principios como la dignidad, igualdad, legalidad, proporcionalidad y sobre todo, la reinserción social.

Sin embargo, la realidad que vive el sistema penitenciario mexicano es otra, pues continúa con aquellos vicios que obstaculizan la correcta ejecución de las penas, aun contando con la nueva legislación en la materia. De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), para el levantamiento de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) 2016, se contabilizaron 338 centros penitenciarios de los ámbitos federal, estatal y municipal en las 32 entidades federativas.1 A nivel nacional se tuvo una tasa de 173 personas privadas de la libertad por cada 100 mil habitantes.

Los principales factores que dificultan el buen funcionamiento de los centros penitenciarios a nivel nacional son: el hacinamiento, la sobrepoblación, el autogobierno, la corrupción, insuficiencia de personal de seguridad y custodia, violaciones a los derechos humanos, entre otros. Muchas de estas problemáticas son evidenciadas por los incidentes que se suscitan al interior, o bien, por los estudios y diagnósticos que se realizan a fin de mostrar la grave crisis en la que se halla sumergida el sistema penitenciario del país.

Atendiendo a la incidencia delictiva del fuero común, es lógico inferir que los centros penitenciarios para ejecutar las penas respectivas en el ámbito local, son los que comúnmente presentan más dificultades. En efecto, el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), da cuenta que “en los centros estatales las deficiencias detectadas con mayor incidencia se refieren a la separación entre procesados y sentenciados, deficientes condiciones materiales, equipamiento e higiene de las áreas de dormitorios, sancionados, sujetos a protección, cocina y comedores, insuficiente personal de seguridad y custodia, hacinamiento, falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo. También se identificaron como deficiencias importantes, las condiciones de autogobierno/cogobierno, así como la falta de prevención y atención de incidentes violentos”.2

Asimismo, cabe destacar las siguientes cifras sobre los centros estatales:3

• En 66 centros visitados se pudo observar un deficiente control en el ejercicio de las funciones de autoridad por parte de los servidores públicos, en actividades productivas, educativas y deportivas, de alimentación, mantenimiento y limpieza, así como el control del ingreso de visitas tanto familiar como íntima, uso de los teléfonos y de la seguridad, situación que vulnera el control que debe tener la autoridad sobre el Centro, favoreciendo la violencia dentro del mismo.

• En 42 de los centros estatales persiste la sobrepoblación.

• En 57 de los establecimientos locales supervisados existe hacinamiento.

• En la mitad de los centros verificados, se observaron áreas de privilegios, así como la presencia de objetos y sustancias prohibidas .

Del anterior diagnóstico se desprenden una serie de problemáticas ya conocidas por la población en general, puesto que han sido comúnmente los medios de comunicación quienes dan cuenta de los incidentes violentos o de los resultados de las revisiones realizadas por las autoridades, los cuales representan un foco rojo que poco ha alertado a quienes tiene la facultad de actuar conforme a la ley.

Es oportuno decir que la situación a nivel nacional es preocupante en sí misma, y no se minimiza en forma alguna la situación de cada entidad federativa; sin embargo, a raíz de lo suscitado recientemente en el estado de Zacatecas, quien promueve el presente punto de acuerdo, considera necesario adentrarse de forma particular en lo que afecta a la entidad.

Recientemente se realizó un operativo en los centros penitenciarios de Cieneguillas y Fresnillo; como resultado de esto, según información periodística “se encontraron cinco armas de fuego cortas, una granada de fragmentación, más de dos kilos de marihuana en mil 186 bolsitas; además de diversos objetos contundentes y punzo-cortantes”.4

En el Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas, se encontraron “cuatro armas cortas sin cargador ni cartuchos, una granada de fragmentación, 56 objetos punzocortantes hechizos y 21 objetos contundentes elaborados de madera y metal: así como 493 bolsitas y otras 23 de diverso tamaño con marihuana, una manta de vinil, sogas elaboradas con cobijas, 12 teléfonos celulares y pipetas, entre otros objetos”.5

Por otro lado, en el Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo se hallaron “639 bolsitas de plásticos y dos paquetes con marihuana con un peso de dos kilos; un arma de fuego corta, con cargador abastecido y 15 cartuchos útiles; junto con otro teléfonos celulares y 11 cargadores de éstos, pipetas y puntas hechizas”.6

Ante tales hechos, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal dijo que se reforzarán las medidas de seguridad y revisión de las personas que ingresan a los centros penitenciarios, así como las revisiones permanentes; sin embargo, llama la atención que tales acciones no se emprendieran con firmeza desde antes, más aun tomando en cuenta, existían antecedentes de incidentes en los centros penitenciarios referidos y diagnósticos negativos en cuanto a su funcionamiento.

Lo anterior ya había sido constatado por la Comisión Nacional de los Derechos Humano a través de los diagnósticos que elabora. En primer lugar, cabe decir que en el comparativo de 2006 a 2016 sobre la calificación obtenida en los Diagnósticos Nacionales de Supervisión Penitenciaria (DNSP), Zacatecas presenta múltiples altibajos:

Fuente: Elaboración propia con datos del DNSP 2016.

De la comparativa se desprende que desde 2011 la calificación de la entidad se ha mantenido por debajo de la calificación de 7, siendo el año 2012 el peor con una calificación reprobatoria. Un aspecto preocupante es que nuevamente en 2016 se estuvo a décimas del umbral reprobatorio, es decir, más allá de avanzar se retrocedió en la materia, y al parecer, poco se actúa para revertirlo.

El diagnóstico en comento también dio cuenta de la situación particular de los centros penitenciarios de Zacatecas, incluidos aquéllos donde se suscitaron los hechos referidos con antelación. A nivel estatal, la entidad cuenta con tres centros penitenciarios, los cuales obtuvieron las siguientes calificaciones en el DNSP:

Fuente: DNSP 2016.

Durante la supervisión efectuada en los centros penitenciarios de la entidad, la CNDH detectó múltiples temas en común y que requieren atención, tales como las condiciones de hacinamiento, la insuficiencia de personal de seguridad y custodia, autogobierno, actividades ilícitas, entre otras.

Un aspecto interesante, es que el diagnostico identificó al Centro Regional de Reinserción Social Varonil Cieneguillas y al Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo, dentro de los 66 centros penitenciarios donde los internos realizan actividades propias de la autoridad; es decir, se constató la existencia de condiciones de autogobierno/cogobierno.

Con todo lo anterior, se explican los resultados obtenidos con el operativo de revisión; asimismo, aunque el propio secretario de Seguridad Pública de la entidad lo niegue, es un indicio de las posibles complicidades que existen en los centros penitenciarios entre el personal de custodia con los internos, e inclusive, también está en tela de juicio la actuación otros servidores públicos, entre personal de apoyo, directivos, administrado y operacional.

En este sentido, es imprescindible que se recupere la gobernabilidad de los centros penitenciarios de la entidad, a fin de propiciar las condiciones necesarias para cumplir, a través de los medios conducentes, el fin primordial de la pena privativa de libertad.

Es una burla que, desde los centros penitenciarios, lugares que en el ideal deben reinsertar a los sujetos sentenciados en la sociedad para que no vuelvan a delinquir, la observancia de la ley quede en último lugar. Cada una de las autoridades en la materia debe asumir con seriedad el compromiso que han adquirido para hacer funcionar el sistema penitenciario del país.

Sin duda alguna, se debe iniciar por erradicar aquellos vicios que han sumergido al sistema penitenciario en una crisis. Las prácticas corruptas son un lastre significativo que obstaculiza el funcionamiento de los centros penitenciarios, por tanto, resulta viable que se capacite constantemente al personal encargado directamente de la custodia penitenciaria, puesto que sus funciones son esenciales de acuerdo al artículo 19 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a saber:

• Mantener la vigilancia, orden y tranquilidad de los centros penitenciarios y las demás instalaciones;

• Salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las personas privadas de la libertad, visitantes y personal adscrito a los centros penitenciarios y las demás instalaciones; y

• Dar cumplimiento a lo dispuesto en las resoluciones judiciales respecto a la pena privativa de libertad en los rubros de seguridad y custodia, ya sea en los centros penitenciarios, fuera de estos y de los recintos judiciales, en coordinación con las demás autoridades competentes.

No es aventurado hablar de corrupción al interior de los centros penitenciarios, según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol), la tendencia nacional señala que la población privada de la libertad paga para tener servicios, bienes, beneficios o permisos en el centro penitenciario, por ejemplo: para exentar el pase de lista, tener aparatos electrónicos, cambiar de celda, salir al patio de visitas, tener agua potable, tener acceso a un teléfono, acceder a servicios médicos, psicológicos o escolares, recibir comida, tener una cama, entre otros aspectos;7 es decir, los actos de corrupción permean en la vida cotidiana de esos establecimientos, por lo que difícilmente se fomenta la efectiva reinserción social de las personas.

Junto con la corrupción, es preciso que se persiga e investigue conforme a la ley, todo acto que vulnere el buen funcionamiento de los centros penitenciarios, debiéndose sancionar a quien o quienes resulten responsables, más aun, cuando se trate de servidores públicos. Para dar sustento a lo planteado en el presente documento, se debe precisar que, con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, quedaron abrogadas las leyes que regulaban la ejecución de sanciones penales en las entidades federativas.

En este sentido, a través de la presente proposición con punto de acuerdo se pretende exhortar al Poder Ejecutivo del estado de Zacatecas, para que, a través de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social, en uso de su atribución de custodia penitenciaria, efectivamente ejecute actos de revisión constantes en los centros penitenciarios y se apliquen las medidas disciplinarias a quien o quienes no acaten los protocolos y la normatividad correspondientes. De igual forma, se propone exhortar a la misma autoridad, a que capacite de forma constante al personal penitenciario y supervise que su actuación sea competente, profesional y respetuosa de las normas.

Asimismo, administre, organice y opere los centros penitenciarios con responsabilidad, así como garantice el cumplimiento de las leyes, reglamentos, manuales, instructivos, criterios, lineamientos o disposiciones aplicables.

No es aceptable que el sistema penitenciario estatal permita que las condiciones de autogobierno y corrupción se apoderen de los establecimientos encargados de reinsertar a la sociedad a quienes se hallan privados de su libertad en los mismos; por tanto, es momento de recuperar la gobernabilidad de esos espacios para que el cumplimiento de la prisión preventiva y la ejecución de penas se lleve a cabo conforme a la ley.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas, para que, a través de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social estatal:

A) En uso de su atribución de custodia penitenciaria, efectivamente ejecute actos de revisión constantes en los centros penitenciarios y se apliquen las medidas disciplinarias a quien o quienes no acaten los protocolos y la normatividad correspondientes;

B) Capacite de forma constante al personal penitenciario y supervise que su actuación sea competente, profesional y respetuosa de las normas, y

C) Administre, organice y opere los centros penitenciarios con responsabilidad y garantice el cumplimiento de las leyes, reglamentos, manuales, instructivos, criterios, lineamientos o disposiciones aplicables en un régimen de irrestricto apego a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.

Notas

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) 2016, Principales Resultados, México, julio 2017, consultado el 09/01/2018 [en línea], disponible en: http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/encotras/enpol/2016/d oc/2016_enpol_presentacion_ejecutiva.pdf

2 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016, México, consultado el 09/01/2018 [en línea], disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/sistemas/DNSP/DNSP_2016.pdf

3 Ídem.

4 Mejía, Irma (corresponsal). “Aseguran armas y marihuana en dos penales de Zacatecas”, El Universal, Zacatecas, 28 de diciembre de 2017, consultado el 009/01/2018 [en línea], disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/estados/aseguran-armas-y-marihuana-en-dos -penales-de-zacatecas

5 Ídem.

6 Ídem.

7 Op. Cit. Enpol 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2018.

Senador David Monreal Ávila (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a diversas autoridades de Jalisco a dar seguimiento a la denuncia contra el ex secretario estatal de Salud por posible daño patrimonial y perjuicios derivados de la adquisición de medicamentos que no fueron distribuidos en 2017, suscrita por el diputado Macedonio Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Macedonio Tamez Guajardo, diputado del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la Contraloría del Estado de Jalisco, a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco y al Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, para que respectivamente investiguen, auditen y den seguimiento a la denuncia presentada en contra del ex secretario de Salud del estado de Jalisco por posible daño patrimonial derivado de la adquisición de medicamentos en 2017 y los cuales no fueron distribuidos, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. En el mes de septiembre de 2016, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emitió una recomendación en contra de la Secretaria de Salud del Estado de Jalisco, siendo entonces titular de dicha dependencia el Sr. Antonio Cruces Mada, por entregar medicinas caducas a indígenas de la comunidad Wixárika, estableciendo que la dependencia violó el derecho a la salud de los pueblos indígenas del municipio Jalisciense de Mezquitic.

Salud entregó medicinas caducadas a wixáricas (sic) 1

La CEDHJ emitió una recomendación por dichas anomalías

La recomendación establece que la dependencia violó el derecho a la legalidad de la salud de las comunidades indígenas Tuapurie Santa Catarina Cuexcomatitlán y Tateike San Andrés Cohamiata del municipio de Mezquitic.

La CEDHJ encontró además que hubo una inadecuada atención médica, deficiencias en las instalaciones médicas, así como la falta de personal médico y de enfermería, así como de ambulancia para realizar traslados.

Ante las deficiencias halladas la CEDHJ instruyó a Antonio Cruces Mada , secretario de Salud de Jalisco que se inicia un programa de mejora en las casa de salud de las comunidades indígenas en Mezquitic.

Además se le pide al funcionario que se solvente la falta de medicamentos y que los que se entreguen estén vigentes, se dote de personal médico.

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Mezquitc es uno de los 10 municipios del país con mayor rezago social .

II. Posteriormente, en el mes de octubre de 2017, Antonio Cruces Mada anunció su renuncia a la titularidad de la Secretaría de Salud en el Estado de Jalisco, con el propósito de contender por la alcaldía del municipio de Zapopan, Jalisco

Renuncia Cruces Mada a la Secretaría de Salud 2

Antonio Cruces Mada, renunció a su cargo como secretario de Salud para contender por la alcaldía de Zapopan en el proceso electoral de 2018. Será sustituido por el regidor tapatío Alfonso Petersen Farah.

Aunque Cruces Mada afirmó que se va con importantes logros durante su administración, entre sus pendiente quedan las mejoras al Seguro Popular, los pendientes financieros con el Hospital Civil, las irregularidades en el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos y la falta de medicinas para los damnificados por el 22 de abril.

III. Con motivo del cambio de titular de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, se constató que en el Acta de Entrega-Recepción se omitió informar sobre la adquisición de miles de medicamentos que caducaron, dejándose de distribuir oportunamente entre la población requirente, lo anterior se constata con la siguiente información, publicada en el diario Mural el 16 de enero del 2018:

Dejó Cruces Mada medicinas caducas 3

Ni medicamentos ni vacunas se distribuyeron; falta cuantificar pérdidas.

El ex Secretario de Salud, Antonio Cruces Mada, heredó miles de medicamentos y vacunas caducas, que no fueron reportados en el proceso de entrega-recepción que se llevó a cabo cuando Alfonso Petersen tomó las riendas de la institución.

El actual director de Salud Pública, Mario Márquez, quien ingresó a la dependencia después de la renuncia de Cruces Mada reportó la situación en un oficio dirigido al nuevo titular de Salud, quien, a su vez, turnó el caso a la Contraloría Interna.

De acuerdo con el memorándum DGSP/0459/12/2017, emitido el 11 de diciembre de 2017, hay 70 mil 160 piezas de Levonogestrel (hormonas o pastillas anticonceptivas) caducas que carecen de carta de canje, es decir, el documento que permite hacer su reposición.

“No se puede canjear, está caducado y no tiene carta de canje”, se señaló en el oficio que remitió el Director General de Salud Pública.

IV. Es importante recordar que Antonio Cruces Mada, siendo titular del Seguro Popular de Jalisco fue señalado por no aclarar 6 mil millones de pesos y por el desabasto de medicamentos que existía en su gestión en 2015 y 2017.

“La información publicada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en sus informes de revisión al gasto federal en los estados, en 2013, cuando Cruces Mada asumió como titular del Seguro Popular, se hicieron 23 observaciones, de las cuales 10 fueron parcialmente solventadas. En cuanto a los montos, prevalecen señalamientos de mil 649.9 millones de pesos por aclarar, así como otros mil 365.9 millones de pesos de un “posible daño a la Hacienda Pública”.

La ASF además de los posibles desvíos en 2013 y 2014 destacó que durante su administración en el Seguro Popular de Jalisco no contaba con códigos de ética, normas de organización y de control interno, ni auditorías externas o internas, además de no tener en orden estados financieros y presupuestales reales, confiables, oportunos y comprensibles.4

En este sentido es clara la urgencia de fortalecer el combate a la corrupción e impunidad por actos u omisiones de servidores públicos, máxime cuando las faltas se asocian a la violación de un derecho humano fundamental, como lo es el derecho a la salud, y más cuando se trata de actores políticos que buscan ocupar un cargo de elección popular.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Contraloría del Estado de Jalisco a que exhaustivamente investigue las posibles conductas irregulares y constitutivas de hechos de corrupción cometidas por el ex Secretario de Salud del Estado de Jalisco, Antonio Cruces Mada, por daño patrimonial y perjuicios derivados de la adquisición de miles de medicamentos en 2017, los cuales no fueron distribuidos y que a la fecha han caducado.

Segundo. Se exhorta a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco a que en ejercicio de su facultad fiscalizadora, audite las adquisiciones de medicamentos realizadas durante la gestión del entonces Secretario de Salud del Estado de Jalisco, Antonio Cruces Mada, en 2017, los cuales no fueron distribuidos y a la fecha han caducado.

Tercero. Se exhorta al Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco a dar seguimiento a las denuncias presentadas por posibles conductas irregulares y constitutivas de hechos de corrupción cometidas por el ex Secretario de Salud del Estado de Jalisco, Antonio Cruces Mada, por daño patrimonial y perjuicios derivados de la adquisición de miles de medicamentos en 2017, los cuales no fueron distribuidos y que han caducado.

Notas

1 http://archivo.unionjalisco.mx/articulo/2016/09/24/salud/guadalajara/sa lud-entrego-medicinas-caducadas-wixaricas.

2 https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2017/10/20/renuncia-cruces-ma da-a-la-seretaria-salud.html

3 https://www.mural.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1300463&v=3&
urlredirect=https://www.mural.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1300463&v=3

4 http://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=84666

Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 17 de enero de 2018.

Diputado Macedonio Tamez Guajardo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR y sus homólogas locales a revisar y reforzar las acciones centradas en el diseño y la implantación de un protocolo de prevención de la violencia contra la niñez, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quienes suscribe, Mirna Isabel Saldívar Paz, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58, numeral 1 y 60, en su primer párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), en materia de defensa de las garantías de la niñez, en el año 2017 se dejó a este sector de la población en un estado de vulnerabilidad aún mayor del que ya tenía.1

Al hacer un balance del año recién concluido, el director ejecutivo de la organización señaló que “la falta de políticas públicas adecuadas en este terreno tendrá impactos negativos en la vida de los 39.9 millones de niños, niñas y adolescentes que viven en el país”.2

Además, destacó que a pesar de avances legales como la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011, y de la promulgación de la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (LGPNNA) en 2014, las autoridades mexicanas siguen demostrando insuficiente interés y compromiso en el tema.3

De igual forma, resaltaron que del año 2007 al 2016 se han documentado 11 mil 749 casos de homicidio contra niñas, niños y adolescentes, en un promedio de aproximadamente tres diarios en lo que va de la presente administración.4

En lo que se refiere a la impartición de justicia, la Redim subrayó que sólo el 3 por ciento de los casos de agresiones contra menores de edad terminan con una sentencia condenatoria, lo que arroja una impunidad de 97 por ciento. Las niñas y adolescentes, además, son víctimas en mayor medida de delitos contra la libertad y la seguridad sexual, con 30 por ciento del total de los casos.5

De acuerdo con la Red: “Hay una lógica sistemática de silencio y de vacíos institucionales, donde falta voluntad política para concretar la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (LGPNNA), pero también acciones intencionadas que colocan a más de 20 millones de niños y niñas en condiciones de exclusión estructural”.6

Lo datos que proporciona el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), respecto de la mortalidad por homicidios permiten dimensionar las condiciones que amenazan a nuestra niñez: entre los años 2010 y 2015 han sido privados de la vida en el país 431 niñas y niños menores de un año, es decir, un promedio anual de 71 homicidios , o bien, de un caso cada cinco días .7

Asimismo, para el grupo de uno a cuatro años , las cifras son aún peores: de acuerdo con el Inegi, la cifra para el mismo periodo es de 678 casos , equivalente a un promedio anual de 113 homicidios , por lo que para este segmento de edad, la estadística es de un caso cada tres días . En suma, se trata de mil 109 homicidios en los cuales las víctimas eran niñas y niños menores de cinco años , lo cual arroja, en conjunto, un promedio de dos casos por día .8

Desde esta perspectiva es posible afirmar que, si hay un constante llamado a reconocer que vivimos condiciones epidémicas de violencia contra las mujeres en general, deberíamos ser mucho más incisivos en la denuncia; porque mientras que el promedio de homicidios cometidos en el país en contra de mujeres equivale aproximadamente a 12 por ciento del total de casos registrados por año, en las niñas de menores de cinco años la proporción de homicidios es cercana al 45 por ciento .9

En el Informe Nacional sobre Violencia y Salud del año 2004, las cifras presentadas indicaron que en ese año hubieron 193 homicidios cometidos contra niñas y niños menores de cinco años: es decir, una tasa de 1.83 casos por cada 100 mil. El comparativo es más claro si se considera que entre 2010 y 2015 el promedio anual de homicidios contra menores de 5 años fue de 184 casos.10

Estos datos sugieren que en el periodo de 2002 a 2015 hubieron muy pocas variaciones en el número y la tasa de homicidios cometidos en contra de niñas y niños menores de cinco años , realidad que nos ubica en una trayectoria brutal; resulta a todas luces inaceptable la incapacidad que hemos tenido de reducir sustancialmente esta problemática11

El no impulsar acciones para dar atención y protección a la niñez que vive y crece en esta situación es una muestra de complicidad y de impunidad, así como una clara violación al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se establece “como una obligación de las y los funcionarios actuar bajo el Interés Superior de la Niñez”.

En Nueva Alianza sabemos que es nuestra responsabilidad erradicar de tajo el abuso infantil, es por ello que se propone el presente exhorto, a fin de lograr la participación de todas las autoridades responsables, en aras de obtener un avance significativo en esta tarea aún pendiente, bajo una estrategia integral orientada a prevenir, sancionar, atender y erradicar todas las formas de violencia y abuso contra la infancia.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión hace un exhorto de manera respetuosa al titular de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para que, junto con sus homólogos en las entidades federativas, en el ámbito de sus atribuciones y de manera coordinada, revisen y refuercen las acciones enfocadas al diseño e implementación de un protocolo de prevención de abuso y violencia contra la niñez, con la finalidad de salvaguardar sus derechos, así como establecer los mecanismos de coordinación con distintas autoridades para lograr el cumplimiento de los derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes, los Tratados Internacionales y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión hace un exhorto de manera respetuosa a los Titulares de las Secretarías de Gobernación y de Desarrollo Social, así como al Titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), junto con sus homólogos en las entidades federativas para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, refuercen y fortalezcan la promoción y difusión de los programas que permitan identificar y erradicar la comisión de prácticas nocivas en contra de la niñez, en aras de sensibilizar a la sociedad sobre la magnitud, alcances y efectos de la misma, sin estimarse que el desarrollo de ello represente un impacto presupuestal adicional al establecido para el cumplimiento y seguimiento de las actividades institucionales programadas.

Notas

1 Fernando Camacho Servín, Nulo interés y compromiso del gobierno con niñez mexicana: Redim, viernes, 5 enero 2018 17:46.

2 Fernando Camacho Servín, Nulo interés y compromiso del gobierno con niñez mexicana: Redim, viernes, 5 enero 2018 17:46.

3 Fuente: Fernando Camacho Servín, Nulo interés y compromiso del gobierno con niñez mexicana: Redim, viernes, 5 enero 2018 17:46.

4 Ibídem.

5 Fernando Camacho Servín, Nulo interés y compromiso del gobierno con niñez mexicana: Redim, viernes, 5 enero 2018 17:46.

6 Fernando Camacho Servín, Nulo interés y compromiso del gobierno con niñez mexicana: Redim, viernes, 5 enero 2018 17:46.

7 Saúl Arellano, Fuimos bárbaros, México Social, jueves, 6 julio 2017 10:11

8 Ibídem.

9 Saúl Arellano, Fuimos bárbaros, México Social, jueves, 6 julio 2017 10:11

10 Ibídem.

11 Saúl Arellano, Fuimos bárbaros, México Social, jueves, 6 julio 2017 10:11

Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 17 de enero de 2018.

Diputada Mirna Isabel Saldívar Paz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer al titular de la SHCP para dar cuenta de la administración y entrega de recursos del ramo 23 a las entidades federativas, y remitir de manera urgente un informe detallado de dicha situación, suscrita por Cecilia Soto González, Martha Tagle Martínez, Laura Rojas Hernández, María Luisa Calderón Hinojosa, Alejandro Encinas Rodríguez, Juan Carlos Romero Hicks, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Ernesto Ruffo Appel, Luis Sánchez Jiménez, Isidro Pedraza Chávez, Agustín Basave Benítez, Federico Döring Casar y Germán Ernesto Ralis Cumplido, legisladores de diversos grupos parlamentarios

Las suscritas Cecilia Soto González, Martha Tagle Martínez, Laura Angélica Rojas Hernández, María Luisa Calderón Hinojosa; y los suscritos Alejandro Encinas Rodríguez, Juan Carlos Romero Hicks, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, Ernesto Ruffo Appel, Luis Sánchez Jiménez, Isidro Pedraza Chávez, Agustín Basave Benítez, Federico Döring Casar y Germán Ernesto Ralis Cumplido; legisladoras y legisladores integrantes de la LXIII Legislatura de este honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

“La corrupción es uno de los mayores costos que tiene que asumir la población mexicana, ya que, de acuerdo con estimaciones de especialistas en el tema, sólo en 2015 se estima que alcanzó los 906 mil millones de pesos, esto es, una media del cinco por ciento del Producto Interno Bruto de ese año.”1 Ante tan grave situación, es deber de todos los que ejercemos recursos públicos cuidar que la corrupción en todas sus formas acabe para evitar mermar aún más la competitividad del país y la economía de las familias mexicanas.

La lista en torno a los escándalos de corrupción e impunidad en México, en lo que va del sexenio, es por desgracia amplia; sin embargo, gracias a la labor periodística y de organizaciones de la sociedad civil, se han visibilizado y documentado algunas de ellas.

El uso ilícito de recursos públicos ha puesto en jaque a las haciendas públicas estatales, por lo que mediante diversas reformas se ha intentado controlar la deuda de los estados, al tiempo de emitir numerosos lineamientos para la eficiencia y transparencia de los recursos, sin embargo, actualmente los controles no han sido suficientes para frenar el desfalco en las finanzas públicas.

En este sentido, cabe señalar que la actual administración del Gobierno del estado de Chihuahua ha sido enfática al señalar que, desde su llegada, la hacienda pública se encontraba en bancarrota, recibiendo el 4 de octubre de 2016, 21.8 millones de pesos en saldo disponible en Tesorería, una deuda por más de 50 mil millones de pesos y un déficit cercano a los 8 mil millones de pesos.

Debido a la situación que atraviesa el estado de Chihuahua, el pasado 14 de diciembre de 2017, el gobernador del estado y el secretario de Hacienda suscribieron diversos convenios por los que la secretaría entregaría al gobierno del estado recursos para diversos programas, tales como: desarrollo regional por 44 millones 777 mil pesos; de fortalecimiento para obras diversas de gestión legislativa 35 millones 334 mil pesos; y un convenio de fortalecimiento financiero que implica la transferencia de 700 millones de pesos, a fin de que la entidad cuente con recursos suficientes para concluir el ejercicio fiscal 2017.2

Este tipo de convenios se realizan regularmente entre el gobierno federal y las entidades federativas que enfrentan una compleja situación financiera, y que se suscribe al final de año, ya que tiene por objetivo de ayudar a los estados cerrar el ejercicio fiscal en términos de gasto corriente. Bajo ese concepto el estado de Chihuahua ha recibido las siguientes cantidades:

Ejercicio Asignación por

Fiscal convenios (mdp)

2014 $1,000,000,000

2015 $1,183,000,000

2016 $770,000,000

Sin embargo, los recursos para el saneamiento financiero acordados en diciembre de 2017 no fueron radicados en el tiempo pactado, tal y como se había establecido en el convenio firmado por el secretario de Hacienda y Crédito Público el 14 de diciembre pasado.

Debido al incumplimiento del convenio, el viernes 4 de enero se reunieron: el gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral; el coordinador de gabinete, Gustavo Madero y Arturo Fuentes Vélez, Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado de Chihuahua; el secretario de Hacienda, José Antonio González; el subsecretario de Ingresos, Miguel Messmacher; el Procurador Fiscal Max Diener y el titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario, Isaac Gamboa Lozano.

Ante el cuestiona miento de las razones del incumplimiento de los convenios, el Subsecretario Miguel Messmacher argumentó que dicha transferencia no se realizó debido a que, en virtud de la investigación que la Fiscalía General del estado de Chihuahua realiza en torno del desvío multimillonario de recursos públicos por 250 millones de pesos, donde ha sido señalado como presunto responsable el ex secretario general adjunto del Comité. Ejecutivo Nacional Alejandro Gutiérrez, se pone en entre dicho el mecanismo de transferencia de recursos.

La advertencia velada de la Secretaría de Hacienda fue contundente, en tanto continúen las investigaciones sobre el desfalco cometido en perjuicio de los chihuahuenses, los recursos no fluirán al estado como por ley debe ocurrir. Lo anterior, además de una falta a la ética que debe privar en el servicio público, puede incurrir en responsabilidades que ameriten un juicio político en contra de quienes con sus decisiones de carácter estrictamente político causan graves daños al pueblo de Chihuahua, ya que, con este tipo de medidas de control y opresión, no dañan a una persona, afectan a quienes requieren de los servicios del gobierno estatal en hospitales y escuelas, por ejemplo.

Es menester mencionar que en lo concerniente al Convenio para el Fondo de Fortalecimiento Financiero (Fortafin) por la cantidad de $700.000.000.00 (setecientos millones de pesos) por concepto de subsidios, previsto en el Anexo 20 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017 y que está sujeto a la disponibilidad presupuestaria del Ramo General 23, Provisiones Salariales y Económicas; la organización México Evalúa ha dado seguimiento y cuenta con una línea de investigación del Ramo 23, al que define como opaco y discrecional.

“El Ramo 23 es un cajón de gasto federal que controla la SHCP. Este cajón de gasto es el único que no se encuentra regulado por una ley. Su objetivo no está legalmente definido, lo que permite discrecionalidad en su asignación. A través de este Ramo se financian programas con objetivos diversos que van desde el manejo de fondos relacionados con provisiones salariales y prestaciones de seguridad social; administración de fondos asociados al control presupuestario y al uso de ingresos excedentes hasta la distribución del gasto federal en entidades federativas y municipios para impulsar obras de infraestructura y programas de desarrollo regional.

Una de las razones por las cuales el Ramo 23 es propenso al uso político, es que a través de él se crean programas que otorgan subsidios a los gobiernos locales para financiar proyectos de inversión física, entre otros apoyos, programas que la propia Auditoría Superior de la Federación ha señalado estar caracterizados por la falta de transparencia en cuanto a sus objetivos y uso de recursos, así como por la carencia de lineamientos. Es indispensable señalar que gran parte de los ingresos excedentes se gastan a través de fondos del Ramo 23, los cuales no cuentan con mecanismos adecuados de transparencia y rendición de cuentas sobre la aprobación y uso de recursos”.3

La administración de los recursos públicos debe realizarse con eficiencia, eficacia, economía, austeridad, transparencia, rendición de cuentas y equidad de género; para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, evitando en todo momento que los recursos puedan ser utilizados de manera discrecional y como instrumento de control político.

Sin embargo, las declaraciones del Secretario de Hacienda y Crédito Público han sido exiguas, imposibilitando contar con argumento alguno que permita a la ciudadanía conocer el uso y destino de los recursos públicos, que debido a los números escándalos de corrupción y el modus operandi, hacen ineludible no pergeñar, ni mostrar indiferencia ante el escarnio público.

Es por ello que en un ejercicio democrático a fin de dar certeza en la administración de los recursos públicos, motivado en las consideraciones antes expuestas, sometemos a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión cita a comparecer al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, doctor José Antonio González Anaya, a efecto de dar cuenta de la administración y entrega de recursos del Ramo 23 a las entidades federativas, al tiempo se solicita a dicha secretaría remitir previamente y con carácter de urgente un informe detallado y pormenorizado sobre dicha situación.

Notas

1 El costo de la corrupción en México en 3 gráficas. El Financiero [en línea] 1 de marzo de 2017. Fecha de consulta: 11 de enero de 2018. Disponible en: http://www.elfinanciero.com.mx/economia/el-costo-de-la-corrupción-en-mé xico-en-gráficas.html

2 “Gobierno de EPN castiga económicamente a Chihuahua por combatir la corrupción política”. Amanece Chihuahua, [en línea] 8 enero 2018 [fecha de consulta: 10 enero de 2018] disponible en: http://www.amanecechihuahua.gob.mx/spip.php?article4335&PageSpeed=n oscript

3 Fondos del Ramo 23: ¿sinónimo de control político? México Evalúa, disponible en línea; dirección: http://mexicoevalua.org/ cajanegra/fondos-del-ramo-23/

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente el 17 de enero de 2018.

Senadores: Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica), Juan Carlos Romero Hicks (rúbrica), Martha Tagle Martínez (rúbrica), Marcela Torres Peimbert, Alejandro Encinas Rodríguez (rúbrica), Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica), Ernesto Ruffo Appel (rúbrica), Luis Sánchez Jiménez (rúbrica), Isidro Pedraza Chávez (rúbrica), María Luisa Calderón Hinojosa (rúbrica).

Diputados: Cecilia Soto González (rúbrica), Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica), Federico Döring Casar (rúbrica), María Verónica Agundis Estrada (rúbrica), Alfredo Miguel Herrera Deras (rúbrica), Rafael Hernández Soriano (rúbrica), Agustín Basave Benítez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se pronuncia en favor de las medidas preventivas para minimizar los efectos negativos a la salud de la población por los riesgos de inversión térmica y la concentración de contaminantes en el aire, suscrita por el senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, senador Jesús Casillas Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 58, 85 y 174 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se realiza un pronunciamiento en favor de las medidas preventivas para minimizar los impactos negativos a la salud de la población, por los riesgos de inversión térmica y concentración de contaminantes en la atmósfera durante la época invernal, lo anterior al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los días más fríos de la época invernal tendrán lugar en los meses de enero y principios de febrero, con temperaturas bajo cero grados Celsius en algunas regiones del país.

Una consecuencia de este cambio climático, es la inversión térmica, que perjudica principalmente a los habitantes de las ciudades.

El fenómeno de inversión térmica se presenta cuando, en las noches despejadas, el suelo se enfría rápidamente y éste a su vez, enfría el aire en contacto con él, por lo que se vuelve más frío y pesado que el que está en la capa inmediatamente superior, lo que disminuye la velocidad de mezclado vertical entre las dos capas de aire.

La inversión térmica se puede presentar en cualquier época del año, pero durante los meses de diciembre a febrero estas incidencias se presentan con mayor frecuencia, debido al frio y por ende a la capacidad de enfriamiento de la tierra y a las capas de aire más cercanas a ésta.

Este fenómeno natural, por sí mismo no es peligroso. El problema se presenta cuando se conjunta su presencia con emisiones contaminantes en determinado lugar, lo que implicaría efectos nocivos sobre la salud del ser humano y demás seres vivos.

Esto, porque el efecto de la inversión térmica en un lugar contaminado es la acumulación de dichos elementos contaminantes en una masa de aire estática, es decir, que no pude fluir hacía fuera del lugar donde está, generando la concentración de contaminantes de manera muy cercana al suelo, los que se van acumulando por el lapso que dure la inversión térmica. Ahí es donde se presenta el problema grave a la salud, ante la exposición directa de la población a altos índices de contaminación.

Como ya se dijo, en los presentes meses, debido a las bajas temperaturas propias de la época, las afectaciones por concentración de contaminantes en las inversiones térmicas son mucho más comunes y peligrosas.

De acuerdo el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), tan sólo en enero se prevé el ingreso de al menos 16 frentes fríos a nuestro país con posibilidades hasta de nevadas. Disminución en la temperatura que s así se ha dejado sentir en los primeros días de este año.

Si a ello agregamos la capacidad de emisiones contaminantes que por obvias razones tienen las grandes ciudades del país, el riesgo en ellas durante el invierno es evidente.

Este fenómeno ha comenzado a hacer presencia desde finales del mes de diciembre. Por ejemplo, en el Valle de México, solamente el día domingo 24 de diciembre se registraron dos inversiones térmicas a una altura de 238 y 1,817 metros respectivamente, contribuyendo a la complicación en la dispersión de contaminantes.

Recordemos que a principios del año 2016, este fenómeno contribuyó a las contingencias ambientales por todos aquí conocidas, con los famosos “doble no circula”, por lo que debemos estar atentos y tomar medidas.

Y es que lamentablemente el invierno es la época del año en la que los factores meteorológicos y el aumento en la cantidad de emisiones provocan incrementos extraordinarios de partículas suspendidas, siendo los niños, adultos mayores y las personas con algún problema respiratorio o cardiovascular la población más sensible y susceptible a sufrir daños más severos a su salud.

Los efectos negativos más comunes por este fenómeno natural asociado con la contaminación son desde los catarros y gripes comunes, irritaciones oculares y de garganta, amigdalitis, sinusitis, resequedad en la piel, tos, dolor de cabeza, ataques de asma, bronquitis, laringitis y hasta la neumonía. Las complicaciones pulmonares son la principal causa de muerte.

Por ello, considero apremiante el que se tomen las medidas preventivas necesarias para evitar que el escenario en materia de salud se complique en nuestro país.

Para disminuir los efectos nocivos en la salud causados por una inversión térmica, las autoridades sanitarias recomiendan principalmente, el tratar de estar el menor tiempo posible en el exterior cuando se presenta este tipo de fenómeno, disminuir las actividades que requieran esfuerzo físico al aire libre, ya que esto aumenta la respiración y por lo tanto es mayor la cantidad de contaminantes que se inhalan.

Con la finalidad de contribuir a disminuir las emisiones, se recomienda reducir al estrictamente mínimo indispensable el uso del automóvil, incluso compartir el mismo con amigos y compañeros para asistir al trabajo o la escuela, por dar un ejemplo.

Además, el gobierno federal opera una red de instrumentos de medición y monitoreo de la calidad del aíre, que aunado a las mediciones del Servicio Meteorológico Nacional, dan la capacidad de determinar la intensidad y estimar la duración, en su caso, de una posible situación de peligro y la permanencia de una inversión térmica.

Medidas y elementos que de manera conjunta permitirían mitigar las afectaciones que estos fenómenos naturales asociados con las emisiones contaminantes ocasionarían a nuestra población, por lo tanto, la propuesta de que esa Comisión se pronuncie a su favor, haciendo patente la preocupación al respecto.

Pronunciamiento que me permitiría proponer a la honorable consideración de esta Comisión Permanente, al tenor de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos...

A) Manifiesta su preocupación por los riesgos a la salud que los fenómenos de inversión térmica y las concentraciones de elementos contaminantes en el aire podrían generar a nuestra población con motivo de su mayor incidencia en la temporada invernal; por lo que se pronuncia en favor de todas aquellas medidas preventivas que contribuyan a minimizar sus impactos.

B) Exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a efecto de que coordinadamente con los gobiernos locales, se mantenga e intensifiquen las acciones que resulten indispensables para prevenir incidencias que puedan afectar la salud de los mexicanos con motivo del incremento en las posibilidades de inversión térmica, tales como el incrementar la difusión de las medidas preventivas mismas entre la población; exhortarle a contribuir con acciones que redunden en la disminución de emisiones contaminantes, realizar operativos de verificación sobre la generación de emisiones en fuentes contaminantes; así como, dar particular seguimiento a las labores de monitoreo de la calidad del aire.

Dado en la Ciudad de México, a 17 de enero de 2018.

Senador Jesús Casillas Romero (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sectur, la SCT y la PF a realizar diversas acciones con motivo de la temporada de avistamiento de ballenas en Baja California Sur, suscrita por el senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Turismo, de Comunicaciones y Transportes y de la Policía Federal a realizar diversas acciones con motivo de la temporada de avistamiento de ballenas en el estado de Baja California Sur, al tenor de las siguientes

Consideraciones

México es conocido por su diversidad cultural, por su flora y fauna abundante, además de sus múltiples atractivos turísticos de clase mundial. Anualmente el país recibe a millones de turistas de todas partes del mundo a disfrutar de lo que nuestro país nos ofrece.

El turismo es uno de pilares más fuertes en la economía nacional, en 2017 representó ingresos por 17 mil 372 millones de dólares y Baja California Sur fungió como uno de los principales lugares de arribo de turistas de origen nacional o extranjero, debido a que el Estado posee un clima cálido y múltiples escenarios naturales y actividades que pueden ser disfrutados con fines recreativos y de relajación.

Entre dichas actividades se encuentra el avistamiento de ballenas en las costas, es tal la importancia de esta actividad que la Semarnat emitió la Norma Oficial Mexicana NOM-131-SEMARNAT-2010, que establece lineamientos y especificaciones para el desarrollo de actividades de observación de ballenas, relativas a su protección y la conservación de su hábitat, principalmente de las especies: ballenas jorobadas (Megaptera novaeangliae), ballena azul (Balaenoptera musculus), ballena de aleta (Balaenoptera physalus), ballena gris (Eschrichtius robustus) y cachalote (Physeter macrocephalus).

Entre las determinaciones que contiene dicha norma el artículo 4.5 establece:

“4.5 La Secretaría, a más tardar el último día hábil del mes de septiembre, publicará en el Diario Oficial de la Federación un aviso con base en la información y estudios disponibles, mediante el cual comunicará a los interesados lo siguiente:

a) Las áreas de observación de ballenas y las zonas restringidas,

b) La duración de la temporada por área donde se realizarán actividades de aprovechamiento no extractivo para la observación de ballenas.”1

Por lo que en cumplimiento de esta disposición la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales dio a conocer los períodos para actividades de observación de ballenas, para la temporada 2017-2018, mediante un aviso publicado el día 22 de septiembre de 2017 en el que se estableció que para el caso del Estado de Baja California Sur los periodos serían los siguientes:

“Se informa al público en general que, para los efectos precisados en el apartado 4.5 de la Norma Oficial Mexicana NOM-131-SEMARNAT-2010, Que establece lineamientos y especificaciones para el desarrollo de actividades de observación de ballenas, relativas a su protección y conservación de su hábitat y tomando en consideración la época y zona de arribo de dichos ejemplares a nuestro país, se han determinado las áreas de observación de ballenas y las zonas restringidas, así como la duración de la temporada por área donde se podrán realizar actividades de aprovechamiento no extractivo para la observación de ballenas en predios propiedad federal, en los términos que a continuación se indican:

II. Baja California Sur, en las siguientes áreas:

a) Puerto Adolfo López Mateos y Puerto San Carlos, Bahía Magdalena, Bahía Santa María e Isla Magdalena, Municipio de Comondú, del 1 de enero al 30 de abril de 2018.

b) Puerto Chale, Bahía Magdalena en el Municipio de La Paz, del 1 de enero al 30 de abril de 2018.

c) Parque Nacional Bahía de Loreto, Municipio de Loreto, del 1 de enero al 30 de mayo de 2018.

d) Reserva de la Biosfera el Vizcaíno, Laguna Ojo de Liebre, Laguna de San Ignacio y Punta Eugenia, Municipio de Mulegé, del 15 de diciembre de 2017 al 30 de abril de 2018.

e) Área de Protección de Flora y Fauna Cabo San Lucas, Parque Nacional Cabo Pulmo, Los Frailes-Cabo Pulmo y San José del Cabo, municipio de Los Cabos, del 15 de diciembre de 2017 al 15 de abril de 2018.”2

Podemos observar que la temporada de avistamiento en todas las áreas establecidas por la autoridad medio ambiental ya inició, y lo ideal sería que se llevara a cabo una coordinación por parte de las autoridades encargadas de la seguridad pública para que realicen principalmente tareas de fortalecimiento en vigilancia costera y carretera, principalmente en la Carretera Federal 1 también conocida como Transpeninsular Benito Juárez.

Debido a que es la principal ruta de movilidad en el Estado es necesario que se fortalezca la presencia de autoridades policiales, y al ser una carretera Federal la facultad de realización de esto le corresponde a la Policía Federal, por lo que se solicita el fortalecimiento de la vigilancia en la carretera transpeninsular con motivo de la temporada de avistamiento de ballenas.

Todo esto para fomentar un ambiente de certidumbre y tranquilidad a fin de seguir atrayendo a personas a disfrutar de nuestra diversidad natural y continuar siendo una potencia turística a nivel internacional.

Por otro lado, se considera necesario que la Secretaría de Turismo realice una campaña de difusión de la temporada de avistamiento de ballenas con especial énfasis en el estado de Baja California Sur, como una de las medidas de fomento al turismo en dicha entidad.

Asimismo, el aumento de turistas que visitan el estado de Baja California Sur y por tanto el aumento en los bienes, servicios y uso de vías de transporte, entre ellas la terrestre, implica el crecimiento de la cantidad de visitantes, y por consecuencia se elevan los riesgos de que en las carreteras de la entidad suceda algún tipo de accidente, falla mecánica o requieran de cualquier otro tipo de apoyo, por lo que se necesita de personal y equipo a fin de poder hacer frente a estos posibles obstáculos para los turistas.

Ante esto, y debido al importante papel que juegan los Ángeles Verdes en la atención de los turistas es que consideramos pertinente que se refuerce la presencia de cuerpos de esta corporación en las carreteras de Baja California Sur con la finalidad de garantizar la seguridad y la experiencia del turista, logrando así mantener al estado como un punto receptor importante del turismo nacional e internacional.

Por último, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes ante el aumento de accidentes viales en temporadas vacacionales, implementó un operativo denominado “30 Delta” que tiene la finalidad de garantizar un mejor servicio y seguridad a los usuarios de las autopistas y de la red carretera federal, durante los periodos de vacaciones, a través de evaluar el estado de salud de quienes conducen y operan las unidades del servicio público federal en sus modalidades de carga, pasaje y turismo, quienes serán sometidos a un examen médico, a fin de determinar si están en óptimas condiciones de salud para manejar sus vehículos y con ello coadyuvar a la seguridad de los viajeros.

El examen médico que se realiza consiste en una inspección general, interrogatorio intencionado, valoración de la presión arterial, del equilibrio, de reflejos oculares, exploración cardiaca y detección de bebidas alcohólicas a través del aliento. Además aleatoriamente se aplican reactivos para determinación de glucosa así como recolección de muestra de orina para detección de drogas prohibidas en el servicio público federal, entre otros.

Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a través de un documento estadístico emitido a propósito del día mundial en recuerdo de las víctimas de los accidentes de tránsito, dio a conocer que en Baja California Sur durante el año 2015 se registraron 4,198 accidentes de tránsito en las zonas urbanas y suburbanas del estado, de los cuales 90 por ciento de los accidentes viales son provocados por el hombre, mientras que 5 por ciento se debe a condiciones ambientales, tales como niebla, granizo, lluvia u obscuridad; 4 por ciento se asocia a la falta de respeto hacia los señalamientos viales, y sólo 1 por ciento por fallas mecánicas, sobre todo en las llantas.

Además el Instituto dio a conocer que el 0.7 por ciento de los casos de accidentes de tránsito de ese año, corresponde a accidentes fatales; de éstos, 32 víctimas perdieron la vida; el 68.8 por ciento de las víctimas mortales corresponden a los conductores y pasajeros de los vehículos involucrados.

Sin duda es una gran cantidad de accidentes viales y aunque no hay cifras exactas de cuántos de ellos fueron provocados por conductores en estado de ebriedad, debemos de reconocer que éste es uno de los principales factores por los que suelen suceder este tipo de siniestros.

La función del Estado debe ir dirigida a la vigilancia y prevención de todas estas cuestiones ya que es el encargado de la seguridad pública, por ello y debido a la efectividad del programa “30 Delta” consideramos que es prudente solicitar que se aplique dicho programa a las siguientes carreteras, como se ha hecho anteriormente, y el ejemplo más cercano es el verano de 2017: la carretera Transpeninsular “Benito Juárez García” tramo La Paz-El Cien (ejido Chametla); La Paz-Ciudad Insurgentes y el ramal a San Carlos, Cabo San Lucas-La Paz, Ciudad Constitución-Insurgentes, Insurgentes-Loreto, Loreto-Santa Rosalía, Santa Rosalía-Paralelo 28, San Pedro-Cabo San Lucas-Todos Santos y Cabo San Lucas-La Paz.

Por todo lo anteriormente expuesto, respetuosamente someto a su consideración los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaria de Turismo a realizar una campaña de difusión de la temporada de avistamiento de ballenas así como a implementar medidas que fortalezcan la presencia de elementos de la Corporación Ángeles Verdes, con motivo del aumento del turismo en esta época en el estado de Baja California Sur.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes a implementar el operativo “30 Delta” y verificar el estado de salud de choferes a fin de evitar cualquier tipo de accidente en carretera, con motivo del aumento del turismo debido a la época de avistamiento de ballenas en el estado de Baja California Sur.

Tercero. Se exhorta respetuosamente al titular de la Policía Federal a implementar medidas de fortalecimiento a la vigilancia en la carretera transpeninsular, con motivo del aumento del turismo debido a la etapa de avistamiento de ballenas en el estado de Baja California Sur.

Notas

1 Norma publicada en:

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2018.

Senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la restauración y preservación del arrecife mesoamericano, y la implantación de estrategias innovadoras en favor de la protección y restauración del patrimonio natural de nuestros mares, suscrita por la senadora Luz María Beristáin Navarrete, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, Luz María Beristain Navarrete, senadora de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 109, 110 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La importancia de los arrecifes es de gran trascendencia para nuestro país y para el mundo, por lo tanto se requiere un impulso adicional en las estrategias que se emplean actualmente, para poder originar beneficios tangibles al ambiente de los mexicanos y así propiciar un correcto aprovechamiento y equilibrio ecológico.

El compromiso por el cuidado al medio ambiente desde hace muchos años en nuestro país ha sido notable, al ratificar diversos acuerdos internacionales en la materia como lo es el “Acuerdo de París” o el acuerdo de Cancún en la COP 13 sobre biodiversidad, en donde además Quintana Roo firmó el Acuerdo para la Sustentabilidad de la Península de Yucatán, ASPY 2030, como resultado de la COP 13 sobre biodiversidad en Cancún.

En el mismo sentido México amplió 65 millones de hectáreas de su área natural protegida y se firmó nueve decretos, cuatro de ellos para declarar nuevas reservas de la biosfera y cinco para incorporar zonas de salvaguarda.

No obstante los esfuerzos actuales en la protección al medio ambiente es importante recordar que los compromisos y acuerdos celebrados con anterioridad como por ejemplo la “Declaración de Tulum” por el Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, donde los Presidentes de México, Guatemala y Honduras y el Primer Ministro de Belice, reunidos en la Ciudad de Tulum, Quintana Roo, el 5 de junio de 1997, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente”1 en donde además se adoptó la “Iniciativa de los Sistemas Arrecifales del Caribe Mesoamericano” que incluye Belice, Guatemala, Honduras y México. Así como el “Acuerdo de renovación en torno al Sistema Arrecifal Mesoamericano, en el marco de la Declaración de Tulum” por el Presidente Vicente Fox Quesada.

El Arrecife Mesoamericano se extiende 1000 kilómetros desde la Península de Yucatán en México, incluyendo Belice, Guatemala y parte de Honduras. Es el sistema arrecifal coralino más grande del Hemisferio Occidental y uno de los ecosistemas más diversos de la tierra.

El Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM) no sólo representa una biodiversidad única que merece protección, sino que también presta servicios ecosistémicos que son esenciales para las comunidades. Más de dos millones de personas dependen directamente de los recursos marinos del SAM para su supervivencia. El arrecife tiene funciones ecosistémicas que son esenciales para las comunidades costeras, como la protección de las costas cuando azotan fuertes tormentas y el apoyo que brindan a las pesquerías comerciales y locales, al consumo local y al turismo.

Debemos estar conscientes de las funciones naturales de los arrecifes como hábitat de 2.5 millones de especies, barrera natural de tormentas y huracanes así como la barrera natural contra la erosión de la costa, su contribución a captura de CO2 y producción de Oxigeno y el sustento económico y de alimento en las comunidades costeras, es por ello que las acciones de los gobiernos federales anteriores y actuales han sido un acierto, sin embargo aún falta realizar un impulso en conjunto con la sociedad civil, ya que se puede seguir impulsando la colaboración entre autoridades y sociedad civil.

Es por ello que hay que resaltar las labores que realiza el proyecto perteneciente a la sociedad civil #RestoreCoral en materia de innovación social, implementación de tecnologías emergentes a favor del medio ambiente, sus alcances internacionales en foros especializados, las granjas de coral activas desde hace 3 años en Cozumel, así como ser los responsables de incidir en la creación del actual programa Federal de restauración del arrecife en Quintana Roo que ejecutan el Inapesca y la Conanp a través de la iniciativa “1 Voto = 1 Coral”.

Es una asociación que sirve de claro ejemplo para demostrar que sí hay asociaciones que se están preocupando por el medio ambiente y que además están realizando grandes acciones en beneficios de este, por lo tanto si autoridades y sociedad civil trabajan juntos podrían multiplicar los resultados positivos en nuestro país.

Restore Coral es también un enlace estratégico para los programas Blue Carbon Initiative, Global Island Partnership y el Objetivo 14 del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, por otro lado es conocido por usar tecnologías de Realidad Virtual y Aumentada, Smart data y Blockchain, para generar estrategias de protección al arrecife, de tal manera que es indispensable que se utilice su experiencia en conjunto con las autoridades para seguir propiciando una conservación del arrecife más importante de nuestro país y el sistema arrecifal coralino más grande del Hemisferio Occidental

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El Senado de la República, exhorta respetuosamente a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, académicos y sociedad civil, contribuyan a la restauración y preservación del arrecife mesoamericano, asimismo implementen estrategias innovadoras a favor de la protección y restauración del patrimonio natural de nuestros mares.

Notas

1 http://www.inecc.gob.mx/descargas/ai/doc_32.pdf

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a los 17 días del mes de enero de 2018.

Senadora Luz María Beristain Navarrete (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cofece y la Profeco a realizar acciones por los altos precios de la canasta básica alimentaria, los cuales afectan directamente la capacidad adquisitiva de los consumidores, suscrita por el diputado Jesús Serrano Lora, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Jesús Serrano Lora, diputado de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 21, fracción XVI, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos la República, se somete a la consideración del pleno de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Sin duda alguna, los incrementos en el precio de la gasolina, el gas LPi y la electricidad está impactando de manera negativa a la población de nuestro país, al provocar la pérdida del poder adquisitivo por el aumento de los productos de la canasta básica.

Desde el pasado mes de diciembre, el huevo se encareció entre nueve y catorce pesos llegando a tener un costo de 30 y 35 pesos en las tiendas de abarrotes, lo que contrasta con los 21 pesos que se registraron a principios de enero de 2017, de acuerdo al Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM).ii

En promedio una persona come 24 kilogramos de huevo al año, lo que lo convierte en uno de los productos de la canasta básica más indispensables en la dieta del mexicano.

El limón y papa obtuvieron un aumento de dos y tres pesos respectivamente, pasando el limón de 16 a 18 pesos, mientras que el precio de la papa, pasó de 15 a 18 pesos.

Respecto a la carne de res, pasó en la Central de Abasto de 120 a 125 pesos, sin embargo, en el mercado directamente al consumidor el precio final es de 155 pesos.

Es cierto que la Procuraduría Federal del Consumidor se encuentra limitada legalmente para la fijación de precios, sin embargo, lo que sí puede y debe hacer es tomar medidas severas contra quienes abusan y especulan sobre los costos de los productos básicos para la alimentación de los mexicanos e informar de manera oportuna a la población de aquellos establecimientos que especulan continuamente con los precios, de tal forma que tenga la oportunidad de decidir dónde adquirir sus productos.

Con las reformas a los artículos 4 y 27 se eleva el derecho alimentario a rango constitucional considerando que toda persona tenga acceso a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Pero también con ello, se obliga al Estado a tomar las medidas necesarias que garanticen el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos.

Uno de los mayores problemas para que las y los ciudadanos puedan acceder a los alimentos es precisamente por el precio elevado en el que se encuentran.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea los siguientes:

Puntos de Acuerdo de urgente u obvia resolución

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Economía a efecto de que establezca acciones emergentes y efectivas para reconducir la política de precios, y con ello combatir el alza de precios en los productos y servicios básicos de consumo, que integran la canasta básica como efecto del alza de precio.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor a que sancione y suspenda a nivel nacional a los establecimientos que de manera injustificada han aumentado el precio de los productos básicos de la canasta alimentaria, factor que afecta la economía de millones de mexicanos.

Notas

i http://www.milenio.com/negocios/precio-gasolina-gas-lp-cuanto-costo-2018-nuevo-ano
-liberalizacion-gasolinazo-cre_0_1093690714.html

ii http://www.economia-sniim.gob.mx/2010prueba/SNIIMproductoPec.asp?prodC= 40001&gpo=100&tip=Pec

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de enero de 2017.

Diputados: Jesús Serrano Lora (rúbrica) y Norma Rocío Nahle García

Con punto de acuerdo, relativo a los aeropuertos, los grupos aeroportuarios y sus concesiones en “materia de servicios y atención al público usuario”, suscrita por los senadores del Grupo Parlamentario del PVEM

De los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en el Senado de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 de la Ley del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo a los aeropuertos, grupos aeroportuarios y sus concesiones en materia de servicios y atención al público usuario, con base en los siguientes:

Consideraciones

De acuerdo con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dentro de la estadística operacional de aeropuertos nacional e internacional, de 2006 a 2017 ha existido aproximadamente un incremento de casi 60 millones de flujo de personas en los aeropuertos de nuestro país, con una evolución año con año, bajo el esquema siguiente:

De lo anterior se puede observar la constancia del uso de los servicios aeroportuarios y por ende el aumento en las necesidades de los usuarios de este servicio apegado a los estándares internacionales, tanto de servicio al cliente como de seguridad de la ciudadanía.

Los aeropuertos son una generadora de servicios de transporte que permite el desarrollo de la infraestructura y el crecimiento del país.

En nuestro país existen 76 comandancias de aeropuertos y regionales, 58 corresponden a internacionales y 18 nacionales.

Como vimos anteriormente, el mercado es de aproximadamente 100 millones de pasajeros al año en 61 aeropuertos administrados por Aeropuerto y Servicios Auxiliares (ASA) y por diversos grupos, sociedades o gobiernos estatales.

De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se concesionan a diversas empresas privadas la conservación, modernización y ampliación de la infraestructura aeroportuaria con el objeto de elevar los niveles de seguridad, así como mejorar la calidad, acceso y eficiencia de los servicios aeroportuarios del país.

Los principales grupos son: Ciudad de México, que opera el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), concentrando 34 por ciento del mercado, seguido del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) con 24 por ciento, Aeropuertos del Sureste (ASUR) con 23 por ciento, Centro Norte (OMA) con 14 por ciento y ASA con 4 por ciento, considerando la sociedades con gobiernos estatales e iniciativa privada1 .

Es de destacar que Ley de Aeropuertos en la fracción III del artículo 6, establece que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es la encargada de otorgar concesiones y permisos.

A fin de que la aviación civil internacional pueda llevarse a cabo de manera segura y ordenada, se han realizado múltiples esfuerzos entre los que destaca el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, también llamado Convenio de Chicago, firmado en 1944. Adicionalmente, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) es un organismo especializado de las Naciones Unidas, encargado de la administración y gobernanza de dicho convenio, su objetivo fundamental es desarrollar los principios y técnicas de la navegación aérea internacional, a fin de garantizar el desarrollo seguro y ordenado de la aviación civil internacional, además de definir las políticas para que el sector sea operacionalmente seguro, eficiente, protegido, económicamente sostenible y ambientalmente responsable1 .

La OACI trabaja con los 191 países miembros y con grupos de la industria aeronáutica para alcanzar consensos sobre los estándares, prácticas recomendadas y políticas para que la aviación civil sea segura, eficiente, económicamente sostenible y ambientalmente responsable. Dichos estándares y políticas permiten asegurar que las operaciones y normas locales de la aviación civil sean seguras y confiables en cualquier región del mundo.2

El convenio está organizado en cuatro partes y 19 anexos, que contienen normas, definiciones y prácticas recomendadas acerca de temas como operación de aeronaves, protección del ambiente y sistemas de comunicación, entre otros. Cabe destacar que el Anexo 17 aborda el tema “Seguridad-Protección de la aviación civil internacional contra los actos de interferencia ilícita”.

A pesar de que existe normatividad tanto nacional como internacional, se han observado deficiencias en el servicio aeroportuario, que van desde el maltrato a los usuarios como a la demora en el servicio.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha tenido a bien instalar módulos de vigilancia, en las que se busca brindarles mayor certidumbre a los ciudadanos que utilizan el servicio de aerolíneas. Tan sólo en el Aeropuerto de la Ciudad de México, de marzo a mayo de 2013, se atendieron 354 denuncias, remitiendo 164 quejas a delegaciones y logrado mil 163 conciliaciones3 de las inconformidades que tuvieron los usuarios.

Parte de las recomendaciones que realiza al consumidor, está enfocada a la colaboración del usuario en que “todo pasajero, junto con su equipaje, se debe documentar con la anticipación que la aerolínea indique, esto para ser objeto de revisión antes del abordaje (en caso de que el pasajero se niegue, se puede solicitar la intervención de las autoridades competentes y, de ser necesario, negar el acceso a la aeronave). También, el usuario debe considerar que no puede transportar artículos que puedan poner en riesgo la seguridad de los pasajeros o del avión, como explosivos (municiones, fuegos artificiales, luces de bengala), líquidos y cargas de gas (gasolina, pinturas, encendedores), productos industriales o artículos domésticos (blanqueadores, aerosoles y otros solventes), armas de fuego, etcétera”4 .

Por ello, en el Congreso de la Unión, se llevaron a cabo reformas a la Ley de Aviación Civil publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 2017, en las cuales se establecieron los derechos y obligaciones de los pasajeros, con la finalidad de que el concesionario o permisionario se obligue a proporcionar un servicio de calidad y eficiente a todos sus pasajeros.

Los derechos al viajar en avión de acuerdo con la Profeco, son:

1. Precios y tarifas

• El costo del boleto debe incluir todos los conceptos e impuestos. Te deben informar y respetar tarifas y restricciones.

2. Servicios adicionales

• La aerolínea podrá ofrecer servicios adicionales al momento de la compra, sin embargo, no podrá realizar cargos que pretendan condicionar la compra del boleto a la contratación obligatoria de servicios adicionales, por ejemplo, seguros, renta de auto, servicios de asistencia o donaciones.

3. Información y publicidad

Deben ser exactas, veraces, comprobables y claras, sin inducir a error o confusión.

4. Cambio de itinerario

• Te lo deberán informar por teléfono, mensaje de texto o correo electrónico 24 horas antes de la salida o tan pronto ocurra.

5. Retraso/demora

• En los casos que sea responsabilidad de la aerolínea, deberá compensarte dependiendo del retraso en el vuelo

6. Cancelación

• En cancelación atribuible a la aerolínea.

7. Aterrizaje en lugar distinto

• Deberán trasladarte por los medios de transporte más rápidos, al destino contratado.

8. Pago de indemnizaciones

• Será en los diez días naturales siguientes a la reclamación, excepto alimentos y hospedaje.

9. Módulos de atención

• Estarán en las terminales donde operen las aerolíneas.

10. Animales domésticos

• Se transportan con medidas que disminuyan su tensión, sufrimiento, dolor y traumatismo.

11. Sobreventa

• Se solicitarán voluntarios que renuncien al embarque a cambio de beneficios por cancelación. Tendrán preferencia para abordar las personas con discapacidad, adultos mayores, menores no acompañados y mujeres embarazadas.

12. Indemnización por pérdida o avería de equipaje

• Destrucción o avería de equipaje de mano : 6,039 pesos*

• Pérdida o avería de equipaje facturado: 11,323 pesos*

*Equivalen a 80 y 150 Unidades de Medida y Actualización (UMA) respectivamente.

13. Información de retraso/demora

• Te informarán por medios electrónicos y/o módulos de atención, las causas o razones por las que se demoró el vuelo.

14. Quejas y denuncias

• La información necesaria para presentarlas estará disponible en todas las terminales aéreas.

15. Información de términos y condiciones

• Tienes derecho a conocer términos, condiciones, políticas de compensación y derechos contenidos en la Ley de Aviación Civil. www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/25_260617.pdf

16. Publicidad de los derechos de los pasajeros

• Tus derechos estarán publicados en sitios web, agencias de viajes, o a través de un vínculo, enlace o ventana especial.

17. Obligatoriedad de los derechos de los pasajeros

• Tus derechos son obligatorios para aerolíneas, su personal y agencia de viajes.

18. Personas con discapacidad

Los pasajeros con alguna discapacidad podrán transportar sillas de ruedas, andadores, prótesis, muletas, bastones o cualquier otro instrumento, siempre y cuando la persona que viaja haga uso de ésta de manera personal y se encuentre directamente asociado con la discapacidad que presenta.

19. Infantes menores de 2 años

El pasajero mayor de edad puede llevar a un infante menor de dos años, al que se le expedirá un boleto y pasaje de abordar sin pago de tarifa adicional, sin derecho a asiento ni equipaje, excepto una carriola.

20. Devolución del costo el boleto

• Puedes solicitarla sin cargo alguno dentro de las 24 horas siguientes a la compra.

De acuerdo con la Dirección General de Aeronáutica Civil pone a disposición del público en general, una alternativa de comunicación electrónica con las líneas aéreas, por medio de un formato en el cual se podrán extender las inconformidades y/o quejas hacia las empresas.

Las quejas y abordajes registrados durante 2016 por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), señala a las aerolíneas de Aeromar, Interjet, Magnicharters, Aeromexico, Viva Aerobús y Volaris. Las quejas se refieren a reclamos de equipaje y abordajes denegados, las cifras son las siguientes:

En lo referente al esquema de seguridad en los aeropuertos en México son diferentes en cada uno de ellos. Prueba de ello es la discordancia de información de seguridad que se ofrece en las páginas electrónicas de los diversos concesionarios que operan los aeropuertos del país:

5, 6, 7, 8

Aunado a lo anterior, al no existir criterios de seguridad homogéneos se propician ineficiencias por parte de las personas encargadas de su implementación, así como confusiones por parte de los usuarios que son sometidos a medidas diversas en cada aeropuerto del país, lo cual genera largas filas en los aeropuertos, tanto en los accesos como en los diferentes filtros de seguridad.

Por ejemplo, al pasar por el filtro de seguridad, algunos aeropuertos solicitan a los pasajeros medidas como quitarse el cinturón y/o los zapatos, así como colocar las computadoras portátiles o incluso todos los aparatos electrónicos en una charola, mientras que en otros aeropuertos no son necesarias algunas de estas medidas. La situación puede cambiar dentro del mismo aeropuerto, dependiendo del día y la hora, y del criterio de los distintos agentes de seguridad.

Estas y otras diferencias son debidas a que los servicios de seguridad dentro de los aeropuertos son operados por distintas empresas, contratadas por los distintos grupos aeroportuarios. Al respecto, la SCT informa que hasta julio de 2015 se encontraban vigentes los contratos con 66 empresas de seguridad privada acreditadas técnicamente para la prestación de servicios aeroportuarios y complementarios dentro del Sistema Aeroportuario Nacional.

El servicio aeroportuario prestado por los concesionarios no es el adecuado, pues hace falta un compromiso ante los títulos de concesión otorgados por el gobierno y a la atención que merecemos los usuarios de servicios aeroportuarios.

En atención a lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía, el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a vigilar y sancionar el cumplimiento de la normatividad a los grupos concesionarios aeroportuarios, para brindar un servicio eficiente y de calidad al público usuario.

Notas

1 https://www.gob.mx/sct/prensa/mexico-sede-de-la-segunda-conferencia-de-la-oaci-sobre
-aviacion-y-combustibles-alternativos-caaf-2?idiom=es

2 International Civil Aviation Organization – ICAO (Consultado en diciembre de 2015) http://www.icao.int/about-icao/Pages/default.aspx

3 Procuraduría Federal del Consumidor. Comunicado 109 Defiende Profeco Derechos de Turistas en el Aeropuerto. http://www.profeco.gob.mx/prensa/prensa13/mayo13/bol109.asp

4 Procuraduría Federal del Consumidor. Derecho de los viajeros. http://www.profeco.gob.mx/revista/publicaciones/adelantos_04/derechovia jero_dic04.pdf

5 AICM. Emergencias http://www.aicm.com.mx/pasajeros/emergencias

6 AICM. Contratación de Seguridad y Vigilancia
http://www.aicm.com.mx/contratacion-seguridad-y-vigilancia/i-antecedentes-y-justificacion

7 ASA. Normas de seguridad
http://www.asa.gob.mx/es/ASA/Normas_de_seguridad

8 ASUR. Seguridad http://www.asur.com.mx/es/aeropuertos/cancun/pasajeros-cancun/antes-de- abordar/seguridad.html

9 GAP. Seguridad https://www.aeropuertosgap.com.mx/es/passenger/183-info-util-para-viaja r/seguridad-gap.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2018.

Senadores del PVEM (rúbricas)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SHCP y la Consar a crear una campaña nacional informativa sobre la aplicación móvil Millas para el Retiro, a cargo del senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT

Senador David Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado dela República, presento ante esta Comisión Permanente, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) de 1917, que es el ordenamiento jurídico actual que rige el accionar del Estado mexicano, fue la primera constitución a nivel mundial en incluir los derechos sociales, con lo cual se le reconoce como la primera Carta Magna Social del Siglo XX.

Entre los principales logros plasmados, se encuentran los referentes al sector laboral, otorgándoles más garantías a los trabajadores; por ejemplo, las pensiones fueron un parteaguas en materia de seguridad social, convirtiéndose en un antecedente fundamental para que otros países reconocieran y plasmaran en sus constituciones derechos a los trabajadores.

Pero la realidad social ha cambiado y por ende se han hecho reformas a la Constitución Federal para que esta sea vigente a la coyuntura social, política y cultural del país. Por ejemplo, el sistema de pensiones, al que se hace referencia en el párrafo anterior, igualmente ha evolucionado enfrentando nuevos retos en función de factores socioeconómicos y demográficos coyunturales.

Los cambios que han modificado el sistema de pensiones desde su creación en 1917, tiene que ver con el incremento de la esperanza de vida, la cual es más longeva a las décadas anteriores y resulta en una mayor duración de las pensiones; asimismo, la baja tasa de natalidad y la desproporción entre los trabajadores activos y los retirados.

Estos cambios originaron que se replanteara el sistema de pensiones, lo cual dio origen a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 1996. Esta Ley dio paso a un nuevo esquema de pensiones adaptándose a la realidad social, por ende se dejó a un lado el régimen de reparto y de beneficio definido (plural), para adoptar una forma de contribución definida (singular), el cual se basa en la capitalización de cuentas individuales, donde se concentran las aportaciones tripartitas (trabajador, patrón y gobierno) manejadas por sistemas financieros privados, conocidas como Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore).

En la actualidad las Afores administran 3 billones de pesos, monto equivalente al 15 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), de esta cifra la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), dio a conocer que un billón 669 mil 372 millones, el 55 por ciento de los 3 billones, corresponden a las aportaciones tripartitas que se han realizado en un periodo de 20 años. El otro 45 por ciento, un billón 346 mil 193 millones, son las ganancias de los intereses netos de comisiones, que se han generado en las inversiones que las Afores han realizado.1

Hoy en día el sistema de pensiones actual está diseñado para que se ahorre voluntariamente, a diferencia de décadas pasadas donde el trabajador no se preocupaba por ahorrar para su retiro, ya que al final era candidato de recibir una pensión que le serviría para su vejez.

La realidad social ha modificado el sistema de pensiones, hoy el ahorro voluntario para el retiro es una práctica fundamental para que los trabajadores asalariados tengan acceso a una pensión más redituable para su vejez. Asimismo, es una forma de dar acceso a una pensión a los trabajadores independientes.

Ante esto el estudio del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública “Pensiones y Jubilaciones en México: Situación actual, retos y perspectivas”, de la Cámara de Diputados, se manifestó a favor de un cambio en el sistema de pensiones, según datos del mismo en 2013 había 8 trabajadores por cada jubilado, y según las condiciones demográficas se estima que para 2030 habrá 5 por cada persona pensionada.2

En este sentido el impacto de las aportaciones voluntarias, a partir de la operación de las Afores para la pensión de los trabajadores, tiene grandes ventajas para la economía nacional, ya que funciona como sustento para el ahorro interno del país; y para los trabajadores representa tener acceso a una pensión que les garantice financiar sus gastos para la vejez, viviendo dignamente.

Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su informe “Evaluación de la Política Pública de Pensiones y Jubilaciones”, manifestó: “de no haberse generado cambios en la Ley del Seguro Social y en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, las obligaciones de pago por beneficio habrían ascendido a 36.9 billones de pesos, lo que significa 2.8 veces el PIB de 2013, esto demuestra la pertinencia de haber migrado de un régimen de beneficio definido a uno de contribución definida.”3

Por tal motivo, la importancia de fomentar el ahorro voluntario por parte de los trabajadores recae en que los mismos tengan acceso a una pensión que sea equivalente al salario que percibían, con el fin de tener una vejez digna. Atendiendo esta situación, en noviembre pasado, el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en coordinación con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, pusieron en marcha la aplicación móvil “Millas para el Retiro”.

Millas para el Retiro, es un esquema financiero que busca facilitar el ahorro voluntario en las Afore a través del gasto diario que realicen los trabajadores por medio de sus tarjetas de crédito o débito. Esta aplicación se suma a las ya existentes, como Afore Móvil y domiciliación vía e-sar.com.mx, pero a diferencia de ellas esta nueva aplicación es una alternativa innovadora que vincula los patrones de gatos y consumo a un nuevo hábito de ahorro para el retiro, por ejemplo, si gasta 1000 pesos, la aplicación le da la opción de ahorrar 100 de su cuenta que pasa a la Afore.4

La subsecretaria de la SHCP, Vanessa Rubio Márquez, informó que la nueva aplicación busca aprovechar las nuevas tecnologías para fortalecer la cultura del ahorro entre los mexicanos, también dio a conocer que estas herramientas han fortalecido el sistema de ahorro para pensiones, ya que en 2012 se registraban 13 mil millones de pesos con el modelo antiguo, y a partir de la implementación de estos métodos tecnológico se ha registrado un aumento del 26 por ciento, pues tan sólo en 2016 se sumaron 55 mil millones de pesos.5

Pero el problema, que es el objetivo de la presente proposición, es que la aplicación no es conocida por la mayoría de la población laboral, por ende se debe crear una campaña nacional informativa, con el objetivo de dar a conocer la aplicación “Millas para el retiro”, en la cual se integren las funciones y beneficios que conlleva; asimismo, se deben redoblar esfuerzos por parte de las Instituciones pertinentes para que la población tenga mayor conocimiento de los privilegios y rendimientos de ahorrar para la vejez.

En la coyuntura económica actual, es importante fortalecer la cultura del ahorro y la educación financiera, ya que a partir de estas prácticas los trabajadores jubilados podrán hacer frente a la volatilidad de la economía que impide que el Estado pueda garantizar una pensión justa a todos los trabajadores para su retiro, y que a través del ahorro voluntario por medio de plataformas como “Millas para el retiro”, facilitan el hábito de ahorrar para que los trabajadores puedan acceder a una pensión que sea igual al salario que percibían cuando laboraban.

En este sentido el objetivo de la proposición con Punto de Acuerdo, es exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, a crear una campaña nacional informativa sobre la aplicación “Millas para el retiro”, donde se explique su función y beneficios que otorga para el ahorro del trabajador, que a su vez se traduce en la construcción del patrimonio para una vejez digna.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro deben crear los mecanismos que fomenten la cultura del ahorro y la educación financiera, en este sentido, la aplicación móvil “Millas para el retiro” es un instrumento que ayuda para la formación financiera del ciudadano, pero no sólo termina la obligación Institucional con la creación de la misma, sino que se debe difundir con alcance nacional para que toda la población laboralmente activa tenga conocimiento de ella y pueda cumplir con su objetivo.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, a crear una campaña informativa nacional de la aplicación móvil “Millas para el retiro”, con el objetivo de que todas las personas tengan conocimiento sobre su función y beneficio.

Notas

1 Redacción. “Recursos en las Afore alcanzan monto histórico de 3 billones de pesos”, El Financiero, julio 2017, [en línea], consultado: el 03 de enero de 2018, disponible en: http://www.elfinanciero.com.mx/economia/recursos-en-las-afores-alcanzan -monto-historico-de-billones-de-pesos.html

2 Grupo Interdisciplinario de Investigaciones Sistémico-Interpretativas, S.C. “Pensiones y jubilaciones en México: Situación actual, retos y perspectivas”, CESOP, 2017, [en línea], consultado: 4 de enero de 2017, disponible en

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/CESOP/
Estudios-e-Investigaciones/Estudios/Pensiones-y-jubilaciones-en-Mexico-Situacion
-actual-retos-y-perspectivas-Estudio-Enero-2017

3 Evaluación Número 1203 “Evaluación de la Política Pública de Pensiones y Jubilaciones”. ASF, 2013, [en línea], consultado: 04 de enero de 2017, disponible http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2013i/Documentos/Auditorias/2013 _1203_a.pdf

4 Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. ““Millas para el Retiro”, nuevo esquema para el ahorro voluntario”, Portal gob.mx, 2017, [en línea], consultado: 4 de enero de 2017, disponible en https://www.gob.mx/consar/articulos/millas-para-el-retiro-nuevo-esquema -para-el-ahorro-voluntario-134123

5 Antonio Hernández. “Millas para el Retiro; ahorra mientras gastas”, El Universal, 2017, [en línea], consultado: 05 de enero de 2017, disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/millas-para-el-retiro-ah orra-mientras-gastas

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 17 de enero de 2018.

Senador David Monreal Ávila (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Profeco a fortalecer la vigilancia en operaciones vinculadas con la venta de gasolinas y prevenir el uso de prácticas predatorias surgidas a partir del proceso de liberalización de los precios de esos combustibles, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Germán Ernesto Ralis Cumplido, diputado del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someto a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a fortalecer la vigilancia en operaciones vinculadas con la venta de gasolinas y prevenir el uso de prácticas predatorias que puedan surgir a partir del proceso de liberalización de los precios de las gasolinas, con base en lo siguiente

Exposición de Motivos

El presente año comenzó con registros de incrementos substanciales en los precios de la gasolina en diversos puntos del país. No concentrados en una sola demarcación geográfica, se encontraron reportes de aumentos considerables en las entidades de Puebla,1 Baja California,2 Ciudad de México y Estado de México,3 por mencionar solo algunos. El incremento de los precios, argumentan los proveedores de combustibles, proviene del incremento del Impuesto Especial de Producción y Servicios (IEPS) considerado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el ejercicio fiscal de 2018.4 Petróleos Mexicanos (Pemex), en tanto, argumenta que no existen motivos que justifiquen un incremento “brusco” de los combustibles, puesto que las fórmulas que determinan los precios de gasolinas al mayoreo contemplan mecanismos propios que reducen su volatilidad.5 La realidad, independiente de las razones que motivaron los aumentos, recae sobre los consumidores mexicanos, quienes son obligados a llevar la carga de los aumentos a través de su consumo.

La liberalización de los precios de las gasolinas fue un elemento contemplado en el proceso de reforma constitucional que se llevó a cabo en 2014 con el fin de dar apertura al sector energético mexicano.6 El proceso que surgió a raíz de la llamada “Reforma Energética” tomó en consideración un periodo de tres años que, finalizando en 2017, marcaría el inicio de la libre flotación en los precios de combustible a lo largo del país. Durante los ejercicios fiscales de 2016 y 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estableció mensualmente una banda con valores mínimos y máximos para los precios de la gasolina de menos de 92 octanos, para la de 92 octanos o más y para el diésel, con referencia en los valores internacionales de estos activos.7 Para 2018, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene contemplada una política de libre flotación, donde todo proveedor autorizado podrá fijar sus propios precios a partir de los costos reales de su operación. Desde el 2018, las instituciones gubernamentales no podrán fijar los precios de las gasolinas, al tiempo que tampoco podrán establecer máximos que permitan brindar certidumbre a los consumidores respecto de un producto esencial para sus propias actividades.

Integrantes de la principal agrupación de la industria de provisión de combustibles, la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, han llegado a argumentar que los precios que antes mantenía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público eran virtualmente artificiales, pues respondían más a una lógica política que al verdadero costo de los combustibles adquiridos en el mercado internacional.8 Con la liberalización, el principal factor en los precios establecidos será, precisamente, el costo de la gasolina en el extranjero, pues una proporción considerable de la oferta nacional proviene actualmente del exterior. Este hecho, incontrolable para la administración pública, tendría que motivar la búsqueda de vías alternativas con el fin de proveer a la ciudadanía el mejor servicio y costo posible.

De acuerdo con Rafael Gómez Ramón, director general de Quejas y Conciliación de la Procuraduría Federal del Consumidor, desde inicios del año sólo es posible establecer denuncias (en lo que a precios se refiere) en función de que el proveedor o gasolinera no haya surtido litros completos o correspondientes al precio indicado al momento de la transacción.9 La vigilancia que actualmente sostiene la Profeco, por tanto, se encuentra orientada a la revisión periódica de bombas de servicio y la resolución de conflictos surgidos por errores en el precio. Mayores consideraciones son necesarias para lograr obtener una protección más integral del consumidor y hacer frente a los incrementos aislados que puedan encontrarse con proveedores locales.

Es necesario que se empiecen a considerar esfuerzos que permitan reducir y castigar el uso de prácticas predatorias que puedan generarse a partir de la coyuntura. Haciendo énfasis en el presente desenvolvimiento de los hechos, es necesario que la Procuraduría Federal del Consumidor desarrolle estrategias de vigilancia que puedan detectar, por ejemplo, el alza acordada de los precios entre distribuidores y proveedores locales. La apertura de la industria de provisión de combustibles no solo permite la existencia de precios ajustados a la oferta internacional sino también de nuevos espacios en los cuales pueden generarse prácticas desleales que perjudiquen al consumidor. Es necesario, por lo tanto, que la Procuraduría Federal del Consumidor esté al tanto de las más recientes denuncias sobre este tipo de prácticas.

Justificado en lo anterior, propongo se exhorte a la Procuraduría Federal del Consumidor a fortalecer su vigilancia sobre operaciones vinculadas con la venta de gasolinas y prevenir el uso de prácticas predatorias que pueden llegar a surgir a partir de la reciente apertura del sector y el nuevo modelo de precios . La protección de los consumidores mexicanos debe de ser integral y especialmente rigurosa en el contexto en el que nos encontramos.

Considerandos

La Procuraduría Federal del Consumidor fundamenta sus funciones en La Ley Federal de Protección al Consumidor, que fundamenta las funciones de la Procuraduría Federal del Consumidor, establece, en su artículo 1º, que “el objeto de esta ley es promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores”.10

Adicionalmente, la misma normatividad establece, en su artículo 7º, que “todo proveedor está obligado a informar y respetar los precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones conforme a las cuales se hubiera ofrecido, obligado o convenido con el consumidor la entrega del bien o prestación del servicio, y bajo ninguna circunstancia serán negados estos bienes o servicios a persona alguna”.11

Respecto del funcionamiento de la Procuraduría, la legislación determina, en su artículo 20, que esta “tiene funciones de autoridad administrativa y está encargada de promover y proteger los derechos e intereses del consumidor y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores”.12

Finalmente, respecto de las atribuciones de la Procuraduría, la LFPC establece que esta debe “promover y proteger los derechos del consumidor, así como aplicar las medidas necesarias para propiciar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores”; “realizar y apoyar análisis, estudios e investigaciones en materia de protección al consumidor” y “requerir a los proveedores o a las autoridades competentes a que tomen medidas adecuadas para combatir, detener, modificar o evitar todo género de prácticas que lesionen los intereses de los consumidores, y cuando lo considere pertinente publicar dicho requerimiento”.13

Por lo antes descrito, someto a consideración lo siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a fortalecer la vigilancia en operaciones vinculadas con la venta de gasolinas y prevenir el uso de prácticas predatorias que puedan surgir a partir del proceso de liberalización de los precios de las gasolinas.

Notas

1 Fernández, Ana. Gasolineros justifican alza en precios por aumentos de Pemex . Puebla. E-Consulta. 2018. Consultado en: http://www.e-consulta.com/nota/2017-12-26/economia/gasolineros-justific an-alza-en-precios-por-aumentos-de-pemex.

2 Ávalos, Eliud. Baja California reporta “gasolinazo” . México. El Financiero. 2018. Consultado en:
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/baja-california-reporta-gasolinazo.html.

3 Cruz Serrano, Noé. A Inicio del Año, Sube Precio de la Gasolina . México. El Universal. 2018. Consultado en: http://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/sube-precio-de-la-gasoli na-con-inicio-de-ano.

4 Redacción. Pemex pide “prudencia” a gasolineros . México. El Financiero. 2018. Consultado en:
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/pemex-pide-prudencia-a-gasolineros.html.

5 Ibídem.

6 Muciño, Francisco. Los 18 puntos que debes saber de la reforma energética. México . Forbes México. 2014. Consultado en: https://www.forbes.com.mx/los-18-puntos-que-debes-saber-de-la-reforma-e nergetica/.

7 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Evolución de los precios de las gasolinas en México, 2016-2017 . México. H. Cámara de Diputados – LXIII Legislatura. 2017. Consultado en: http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2017/notacefp0012017.pdf.

8 Cruz Serrano, Noé. “Amagan con gasolinazo: llegaría hasta $20 para 2018”. México. El Universal. 2017. Consultado en:
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/amagan-con-gasolinazo-de-hasta-20-para-2018.

9 Reyes Soto, César. Acompañará Profeco a consumidores ante cualquier abuso en gasolinas . México. El Universal. 2018. Consultado en: http://www.eluniversal.com.mx/cartera/finanzas/acompanara-profeco-consu midores-ante-cualquier-abuso-en-gasolinas.

10 Ley Federal de Protección al Consumidor. Artículo 1º. Párrafo Segundo. (Última Reforma: DOF 26-06-2017)

11 LFPC. Artículo 7º. (Última Reforma: DOF 26-06-2017)

12 LFPC. Artículo 20. (Última Reforma: DOF 26-06-2017)

13 LFPC. Artículo 24. Fracciones I, VII y XX. (Última Reforma: DOF 26-06-2017)

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de enero de 2018.

Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a las autoridades educativas federales y locales a vigilar y cumplir el debido proceso en los recursos de revisión interpuestos por docentes, a fin de dar la certeza y seguridad de una clara, imparcial y expedita respuesta a los requerimientos y las actuaciones correspondientes, a cargo del diputado Luis Manuel Hernández León, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El suscrito, Luis Manuel Hernández León, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, numeral 1 y 60, primer párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y la Educación (UNESCO) “es un derecho humano fundamental, esencial para poder ejercitar todos los demás derechos. La educación promueve la libertad y la autonomía personal y genera importantes beneficios para el desarrollo”.1

Por ello, y con la finalidad de ofrecer un sentido de progresión hacia la calidad del Sistema Educativo Nacional en diciembre de 2013, se aprobaron diversas reformas constitucionales, a la Ley General de Educación y se promulgó la Ley General del Servicio Profesional Docente.

El nuevo marco normativo modificó las relaciones laborales entre los trabajadores de la educación y el Estado implantando nuevos derechos y obligaciones en sentido bidireccional, prosiguiéndose éstas, bajo el marco de regulación establecido en el artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo y del señalado en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado.

De tal forma, y a partir de lo que señala la Ley General del Servicio Profesional Docente, al personal docente y al personal con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior le fueron creadas diversas obligaciones, según lo señalado en artículo 69, y que a continuación se citan: I. “Cumplir con los procesos establecidos para las evaluaciones con fines de ingreso, promoción, permanencia y, en su caso, reconocimiento, en términos de lo prescrito por esta ley.”. II. Cumplir con el periodo de inducción al servicio y sujetarse a la evaluación que para dichos efectos refiere esta ley. III. Prestar los servicios docentes en la escuela en la que se encuentre adscrito y abstenerse de cualquier cambio de adscripción, sin previa autorización, conforme a lo previsto en esta ley. IV. Abstenerse de prestar el servicio docente sin haber cumplido los requisitos y procesos a que se refiere esta ley y demás disposiciones aplicables. V. Presentar documentación fidedigna dentro de los procesos a que se refiere esta ley. VI. Sujetarse a los procesos de evaluación a que se refiere esta ley de manera personal. VII. Atender los programas de regularización; así como aquéllos que sean obligatorios de formación continua, capacitación y actualización y VIII. Las demás que señale esta ley y otras disposiciones aplicables.

Ante las responsabilidades señaladas, el magisterio nacional ha cumplido de forma generalizada y con un gran sentido de responsabilidad social para la construcción de una educación pública, laica gratuita, de calidad, equitativa e inclusiva, con las responsabilidades y mecanismos de evaluación referidos en la fracción I del artículo 69 antes referido.

Para salvaguardar los derechos laborales de los docentes que incurran en el posible incumplimiento de las obligaciones planteadas en el artículo 69, la Ley General del Servicio Profesional Docente, estableció en los artículos 74 y 75, el derecho del conocimiento de la sanción, de la impugnación, así como de la presentación de pruebas. De igual forma, en los artículos 80, 81, 82 y 83 se especificaron el procedimiento y características para el ejercicio del recurso de revisión ante sanciones impuestas por la autoridad educativa u organismos descentralizados, siendo refrendado en el segundo párrafo del artículo 83, el derecho de los docentes para para impugnar la resolución respectiva ante los órganos jurisdiccionales competentes en materia laboral.

Sin embargo, es de reconocer que los ejercicios de evaluación hasta la fecha realizados, han carecido de la instrumentación eficaz y eficiente que permita una asertiva evaluación del desempeño docente, de forma generalizada, el magisterio nacional una vez presentados diversos ejercicios de evaluación refiere un indebido reconocimiento del contexto, ausencias de pertinencia de entre las pruebas y el trabajo curricular, deficiente instrumentación y disponibilidad tecnológica, así como deficiencias en la planeación y falta de información sobre las sedes de aplicación, circunstancias que han sido determinantes en los resultados obtenidos por los docentes y en el extremo de la circunstancia, causales para la imposición de sanciones.

La Organización de las Naciones Unidas ha referido que “La educación es una vía obligada para el crecimiento equitativo, el desarrollo democrático, la consolidación de la ciudanía y el desarrollo personal. Sin embargo, este conjunto de relaciones virtuosas no debe ocultar el hecho de que, en una sociedad segmentada, la educación es también un instrumento de segmentación social...”2

Por tales circunstancias, y siendo vigentes y claros los mecanismos para la salvaguarda de los derechos laborales del magisterio nacional, quienes cotidianamente cumplen su labor en la tarea educativa más allá de las responsabilidades conferidas en la Ley General del Servicio Profesional Docente y con ello hace progresivo el bien público nacional más preciado por los mexicanos para la construcción presente y futura de una sociedad más justa y equilibrada, se exhorta a las autoridades educativas federal y locales, a vigilar y dar cumplimiento al debido proceso en los recursos de revisión que los docentes interponen, dando la certeza y seguridad de una clara, imparcial, pronta y expedita respuesta a los requerimientos y actuaciones que les correspondan a fin de dar garantía a los derechos laborales de los docentes mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, presento a esta Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto a las autoridades educativas federal y locales, a vigilar y dar cumplimiento al debido proceso en los recursos de revisión que los docentes interponen, dando la certeza y seguridad de una clara, imparcial, pronta y expedita respuesta a los requerimientos y actuaciones que les correspondan, a fin de dar garantía a los derechos laborales de los docentes mexicanos.

Notas

1 UNESCO (2016) Derecho a la educación. Recuperado el 10 de enero de 2018, desde:
http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/right-to-education/

2 Capital social y reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe: en busca de un nuevo paradigma (Vol. 71). United Nations Publications. 2003, Recuperado el 10 de enero de 2018, desde:

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2324/S029693_es.pdf;
jsessionid=728A6B0F84729E6D67D0ED8480C1BB87?sequence=1

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2018.

Diputado Luis Manuel Hernández León (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a establecer con la SCT y las cámaras empresariales correspondientes protocolos de actuación dirigidos a compañías dedicadas al transporte de pasajeros, a efecto de identificar casos de trata de personas, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, María Gloria Hernández Madrid, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:

Considerandos

Una de las conductas delictivas que más causa indignación es sin duda la trata de personas, pues la misma se encuentra asentada en la idea de que es posible transmitir la propiedad de seres humanos como si se tratara de mercancías carentes de dignidad, sentimientos y prerrogativas. Tal concepción, inhumana hasta el extremo, constituye un resabio de épocas que creíamos superadas, atavismos que describen nuestra fallida inserción en la modernidad, pues no se puede hablar de ésta, mientras la libertad de algunas personas dependa de una voluntad externa modulada por la codicia, la crueldad y la falta de respeto a uno de los derechos más fundamentales: el de la libertad.

La idea de la apropiación de personas no es nueva en nuestro país, sino que encuentra profundas raíces en nuestra historia. Entre los pueblos precolombinos, la pérdida de la libertad podía ser consecuencia de la guerra, de la comisión de un delito, de incurrir en vicios o como medio para saldar deudas. Con la llegada de los conquistadores españoles, si bien es cierto la condición de los indígenas resultó penosa, no lo es menos que a éstos no se les dio el trato formal de esclavos, a diferencia de los africanos, a quienes se les trajo por fuerza al virreinato para que desempeñaran trabajos rudos en las plantaciones de azúcar y algodón, siendo objeto de comercio sancionado por las leyes civiles.

Más tarde, y a pesar de la abolición de la esclavitud tras la consumación de la Independencia, las autoridades prefirieron voltear hacia otro lado mientras en los territorios de Texas los colonizadores anglosajones continuaban con el infame comercio de personas. Durante la Guerra de Castas en Yucatán, los indígenas que eran capturados tenían como destino cierto su venta en Cuba, donde los españoles los empleaban en tareas agrícolas.

A lo largo del Porfiriato, la apropiación de personas adquirió un matiz rayando en la servidumbre, pues los peones no eran objeto de compraventa, pero sí estaban sujetos a la tierra y a la sumisión frente a un hacendado, dadas las deudas impagables que adquirían, las cuales se heredaban de generación en generación. Frecuentes eran los castigos corporales propinados por capataces y caporales, quienes hacían del látigo un instrumento odioso de mando y temor.

Recordemos también que, durante la dictadura de Porfirio Díaz, los levantamientos indígenas fueron sofocados a sangre y fuego y los protagonistas de éstos encontraron en la pérdida arbitraria de la libertad el castigo por oponerse a un estado injusto de cosas. Célebres son las deportaciones de indios yaquis organizadas desde Sonora hacia las haciendas henequeneras y tabacaleras de Yucatán y Valle Nacional, ésta última inmortalizada por el periodista norteamericano John Kenneth Turner en la imperdible obra México Bárbaro .

Pareciera que, tras la conclusión de la lucha revolucionaria y la promulgación de la Constitución de 1917, un instrumento jurídico pródigo en el reconocimiento de libertades individuales, la apropiación de seres humanos pasaría a ser una cuestión histórica, más digna de la investigación historiográfica que de pesquisas criminales, pero esto no ha ocurrido así. Periodistas, como Héctor de Mauleón, han documentado con suficiencia y rigor las atrocidades que son cometidas diariamente en contra de mujeres que, violentadas de forma extrema, son obligadas a prostituirse en las calles de Ciudad de México, trátese de Sullivan, Tlalpan, San Pablo o La Soledad, éstos últimos dos sitios ubicados a unos cuantos metros de este recinto legislativo.

Hablamos de pueblos enteros dedicados al enganchamiento de mujeres, donde el oficio de proxeneta otorga riqueza económica y “reconocimiento social”. Nos referimos a los garitos de la frontera con Guatemala, en los que jóvenes centroamericanas ofrecen servicios sexuales no a cambio de dinero, sino de su sobrevivencia, pues resulta sabido por todos que una negativa frente a un padrote puede ser causa de una muerte cruel e impune.

La existencia de tales redes de comercio de personas nos demuestra el divorcio que prevalece entre lo preceptuado en las leyes y la realidad, la falta de cumplimiento a normas básicas de convivencia que reconozcan las libertades individuales por encima del lucro indebido, de la acción delincuencial organizada. Aunado a lo anterior, hablamos de un fenómeno que muestra uno de los rostros más oscuros de la globalización, pues implica el desplazamiento forzada de personas entre países, sin que para ello valgan fronteras o convenciones internacionales.

De acuerdo con cifras contenidas en el Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 2014–2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2014, miles de víctimas de trata son utilizadas con fines de explotación sexual y trabajos forzados, lo que afecta a 21 millones de personas, sobre todo mujeres, niñas y niños, y genera ganancias para la delincuencia de 32 mil millones de dólares. Sobre este particular, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que la trata es el tercer crimen en la lista de delitos de las autoridades internacionales, sólo después del tráfico de armas y drogas. En el caso de México, éste ocupa el segundo lugar.1

En el mismo programa se refiere que, de acuerdo con un estudio realizado en 2012 por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), las víctimas de trata de personas de origen extranjero que se encuentran en México provienen de Chile, Brasil, Colombia, Ecuador, Argentina, Cuba, Rumania, Bulgaria, Polonia, República Checa, Rusia, China y los países de América Central, mientras que el Fondo de Población de las Naciones Unidas señala que México ocupa el lugar número tres respecto a América Latina y el Caribe en el tema de trata de personas. Por su parte, la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) identifica a 16 estados del país como destinos de la explotación de personas extranjeras, lo cual representa el 50 por ciento del territorio nacional. En 2012 el Sistema de Alerta Roja refirió que los principales estados de la República Mexicana de destino de trata interna son Ciudad de México, Chiapas, Puebla, Morelos, estado de México, Oaxaca, Baja California, Hidalgo y Tabasco.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha señalado que, en México, en términos absolutos, las estimaciones más conservadoras ubicaban el número de niños y niñas sometidos a esclavitud sexual entre 16 mil y 20 mil. El organismo garante de los derechos humanos también señala que, de acuerdo con otros estudios, la cifra de niños y niñas sujetos a explotación sexual en México asciende a 70 mil, de los cuales 50 mil son explotados en las zonas fronterizas y 20 mil en el resto del país. Respecto del total de las víctimas, hay estimaciones que oscilan de los 50 mil a 500 mil casos.2

La situación en México se agrava de manera particular, dada nuestra posición geográfica, pues constituimos un país de tránsito hacia los Estados Unidos, que es hacia donde se dirigen muchas de las personas víctimas de trata, pero también como lugar de destino, lo que da lugar a innumerables atrocidades, muchas de las cuales quedan impunes dada la vulnerabilidad e indefensión de las víctimas.

Pese a la existencia de un marco normativo tendiente a prevenir y sancionar la trata de personas, el gobierno federal reconoció al principio de la presente administración que son cuatro los factores que inciden en la prevalencia del fenómeno, a saber: i) la prevención insuficiente que se ha realizado para combatir este delito, ii) la inconsistente atención, protección y asistencia a las víctimas de este flagelo, iii) la deficiente investigación y persecución de los delitos por las autoridades facultadas para ello, y iv) la escasa rendición de cuentas y acceso a la información, resultan en su conjunto elementos que constituyen la problemática de la trata de personas.

El propósito del presente acuerdo, es darle cauce al primero de los rubros antes señalados, apuntando de antemano diversas medidas dirigidas a la prevención del delito de trata:

* La realización de campañas de información y difusión;

* El diseño y puesta en marcha de iniciativas sociales y económicas;

* La cooperación con organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y otros sectores de la sociedad;

* La implementación de medidas legislativas, educativas, sociales y culturales, a fin de desalentar la demanda que propicia cualquier forma de explotación que provoque la trata de personas;

* La supervisión de negocios que puedan ser propicios para la comisión del delito, realizando inspecciones en agencias de modelaje o artísticas, salas de masajes, bares, cantinas, hoteles, cines, servicio de Internet, baños públicos u otros;

* La inspección de las agencias de colocación, a fin de impedir que las personas que buscan trabajo, en especial las mujeres, niñas, niños y adolescentes se expongan al peligro de la trata de personas;

* La búsqueda inmediata de cualquier mujer, niña, niño o adolescente o cualquier persona que sea reportada como extraviado, sustraído o ausente, librando una alerta general a todas las instancias de procuración de justicia y policiales en todo el territorio nacional y fuera de éste, así como al Instituto Nacional de Migración y a la Secretaría de Relaciones Exteriores para impedir que la persona reportada pueda ser sacada del país;

* La prohibición de toda publicidad o inserciones pagadas en los medios de comunicación masiva de cualquier índole, que incluya en sus publicaciones anuncios de contacto sexual o que promueva la prostitución y la pornografía que pueda propiciar la trata de personas;

* La adopción de medidas para proteger a los inmigrantes o emigrantes, y en particular a las mujeres, niñas, niños y adolescentes, en el lugar de partida, durante el viaje y en el lugar de destino, y

* La adopción de medidas para garantizar la vigilancia en las estaciones de ferrocarril, en los aeropuertos, en los puertos marítimos, en las garitas y puntos fronterizos y en otros lugares públicos, a fin de impedir la comisión del delito de trata de personas.

Con relación a estos dos últimos puntos, resulta de especial importancia la vigilancia de aquellos lugares de tránsito por donde circulan las víctimas de la trata de personas, puesto que, como señalamos con anterioridad, este delito para su configuración, requiere de movimientos migratorios para su comisión, y es el caso que en muchas ocasiones, el personal de las empresas dedicadas a la transportación se enfrenta a casos de esta naturaleza sin poder identificarlos o carentes de herramientas de actuación que les permitan tomar acciones adecuadas para enfrentarlas y así poder colaborar en la liberación de las víctimas.

Es por ello que, partiendo de la coadyuvancia que debe existir entre autoridades, permisionarios y concesionarios del transporte público, se propone que la Secretaría de Gobernación, en coordinación con su par de Comunicaciones y Transportes y las cámaras empresariales correspondientes, establezcan protocolos de actuación dirigidos a empresas dedicadas a la transportación de personas, a efecto de identificar casos de trata de personas.

En virtud de lo anteriormente fundado y motivado, ponemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación a que, en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y las cámaras empresariales correspondientes, establezcan protocolos de actuación dirigidos a empresas dedicadas a la transportación de personas, a efecto de identificar casos de trata de personas.

Notas

1 Fuente:
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343079&fe cha=30/04/2014 Consultada el 9 de enero de 2018 a las 19:49 horas.

2 Fuente: http://200.33.14.34:1033/archivos/pdfs/diagnosticoTrataPersonas.pdf Consultada el 9 de enero de 2017 a las 20:03 horas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de enero de 2018.

Diputada María Gloria Hernández Madrid (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a cumplir el Convenio de Reestructuración de la Deuda Estatal y rendir a la Cámara de Diputados un informe sobre el cumplimiento de las obligaciones presupuestales con Chihuahua, suscrita por el diputado Luis Fernando Mesta Soulé, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Luis Fernando Mesta Soulé, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal para que de cabal cumplimiento al Convenio de Restructuración de la Deuda Estatal y rinda un informe a la Cámara de Diputados sobre el cumplimiento de las obligaciones presupuestales con el estado de Chihuahua.

Exposición de motivos

Derivado de las investigaciones ministeriales de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua sobre los actos de corrupción de César Duarte, ex gobernador del estado y hoy prófugo de la justicia, la sociedad mexicana ha podido conocer el modus operandi de la corrupción político-electoral que caracteriza al partido político del presidente de la república.

Al asumir el cargo como gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral hizo pública la desastrosa situación financiera de la hacienda estatal, derivada del saqueo de la administración anterior; hoy sabemos que esos recursos públicos terminaron financiando campañas políticas.

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, ha sostenido una actividad constante con la intención de desmantelar el pacto de impunidad, que carcome las bases mismas de la democracia y por ello ha emprendido un conjunto de acciones tendiente a llevar ante la justicia a los saqueadores del estado, bajo la administración de César Duarte.

Asimismo, el gobierno del estado de Chihuahua ha realizado una investigación sólida que ha culminado con la liberación de órdenes de aprehensión en contra de los responsables de peculado y desvío de recursos públicos, entre ellos del propio ex gobernador del estado César Duarte, las cuales no se han cumplido por la inacción del gobierno federal de tramitar las órdenes de extradición.

Las autoridades de Chihuahua han solicitado reiteradamente al gobierno federal que dé inicio a los trámites de extradición del prófugo de la justicia César Duarte, lo que ha resultado incómodo, por las críticas públicas.

La respuesta del gobierno federal ha sido la represalia consistente en despojar al pueblo de Chihuahua de más de 800 millones de pesos, una asignación presupuestal dirigida al saneamiento de las finanzas públicas para atender proyectos de salud, educación, empleo y seguridad.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público no ha desmentido esta situación, antes bien su titular, José Antonio González Anaya, ha confirmado que no se han realizado las transferencias, indicando absurdos pretextos: que no se cuenta con disponibilidad financiera derivado de la caída de la recaudación; que el gobierno de Chihuahua no señaló correctamente la cuenta bancaria; incluso que no se ha transferido la asignación porque el gobierno del estado han puesto en duda la legalidad de los convenios.

Lo cierto es que la investigación que descubrió la red de corrupción, que habría desviado 250 millones de pesos de la Secretaría de Hacienda a través de gobiernos locales para para financiar las campañas del PRI en 2016, ha molestado e incomodado al gobierno de Enrique Peña Nieto, quienes ahora intenta estrangular al pueblo de Chihuahua.

La transferencia de las participaciones federales se encuentra regulada en la Ley de Coordinación Fiscal, no es resultado de la buena disposición de las autoridades federales y corresponde al ejercicio de un derecho. En ese sentido, el gobierno federal tiene la obligación de dar cumplimiento al marco jurídico.

La indebida retención de las participaciones genera una afectación directa a la población, ya que se dejará de invertir en salud, educación, empleo o seguridad pública. Es urgente, que el gobierno federal asuma una postura responsable.

Por las razones señaladas anteriormente, sometemos a la consideración de la Comisión Permanente, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo federal a que dé cabal cumplimiento a los convenios y rinda un informe a la Cámara de Diputados sobre el cumplimiento de las obligaciones presupuestales con el estado de Chihuahua.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a diecisiete de enero del año dos mil dieciocho.

Diputado Luis Fernando Mesta Soulé (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Asamblea de Representantes y el Senado de EUA a dar solución definitiva al problema de los jóvenes migrantes indocumentados llegados ahí en la infancia, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Rafael Hernández Soriano, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta a la Asamblea de Representantes y al Senado de los Estados Unidos de América a dar una solución definitiva al problema de los jóvenes migrantes indocumentados que llegaron a esa nación en la infancia, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 4 de septiembre, la administración del presidente Donald Trump en Estados Unidos de América (EUA), anuncio a través del procurador general de ese país la desaparición paulatina del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).

El DACA fue establecido en noviembre de 2012 mediante una orden ejecutiva emitida por el entonces presidente Barack Obama. Su objeto principal es permitir que aquellos inmigrantes indocumentados que arribaron a EUA siendo niños, puedan permanecer en ese país, sin ser deportados, y obtener permisos de trabajo por dos años, renovables, cumpliendo ciertos requisitos.

Así, el DACA otorga protección legal a cuando menos 800 mil jóvenes migrantes indocumentados que residen actualmente en EUA, de los cuales aproximadamente 600 mil serían de origen mexicano.

Con esta medida nociva y regresiva, los también llamados dreamers perderán el derecho de trabajar o estudiar legalmente en la Unión Americana, y estarán en inminente riesgo de ser deportados.

Es preciso destacar que con esta acción la economía estadounidense dejaría de percibir las aportaciones de los dreamers , las cuales se calculan en 460 mil 300 millones del producto interno bruto (PIB) y de 24 mil 600 millones en contribuciones al Seguro Social. Por ello, compañías como Microsoft, Google, Facebook o Amazon, han solicitado reiteradamente al presidente Trump no dar la espalda a los jóvenes “soñadores”.

Debemos recordar que al anunciar la desaparición paulatina del programa DACA, el presidente Trump pasó la responsabilidad al Congreso para construir y votar un acuerdo y promulgar una ley que pudiera suplir adecuadamente dicho programa antes del 5 de marzo de 2018, cuando los permisos de trabajo comenzarán a expirar. Si el Congreso no llega a un acuerdo en esa fecha, cientos de miles de inmigrantes indocumentados correrán el riesgo de ser deportados. Los beneficiarios de DACA comenzarán a perder permisos en mayor número en marzo, aunque los activistas en defensa de los derechos de los migrantes estiman que ya los están perdiendo a razón de 122 por día.

La decisión de Trump de terminar con el programa DACA en septiembre pasado provocó una batalla política en el Congreso de Estados Unidos que enfrenta a Demócratas y Republicanos para encontrar una solución bipartidista al problema de los llamados dreamers que pueda ser promulgada por el presidente Trump antes de principios de marzo.

Ya en días pasados, el presidente Trump rechazó una propuesta bipartidista de algunos senadores, a pesar que en su momento el propio primer mandatario había señalado que firmaría cualquier proyecto de ley que le fuera presentada siempre y cuando ésta contara con el apoyo bipartidista en el Congreso. No obstante, después se desistió mencionando que el acuerdo tendría que satisfacerlo.

Así, la realidad es que existen diversos obstáculos en este momento para llegar a un acuerdo.

Como recordamos, en días recientes Trump redujo las posibilidades de alcanzar un acuerdo sobre migración con los demócratas al llamar a algunas naciones latinoamericanas y africanas “países de mierda”, lo que ha provocado críticas internacionales. Las declaraciones calentaron los ánimos después de una reunión previa de la Casa Blanca en la que Trump señaló la voluntad de trabajar con los Demócratas.

Los Demócratas están utilizando los comentarios de Trump para endurecer sus posturas además de que existe una creciente presión sobre el liderazgo demócrata al negociar un acuerdo DACA, pues rechazan incluir cambios al programa de visas de diversidad o de inmigración familiar, argumentando que esos dos asuntos deben abordarse en un acuerdo más amplio sobre la inmigración “integral” y no en el pacto sobre los dreamers .

La discusión en el Senado se ha centrado sobre qué protecciones legales recibirán los beneficiarios de DACA. Se espera que la iniciativa del Senado incluya la llamada Dream Act , que incluye un camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes llevados como indocumentados a EUA cuando eran niños y que se expandiría más allá de los aproximadamente 800 mil de esos inmigrantes actualmente afectados por el programa DACA. No obstante, esta medida puede enfrentar a la base electoral de Trump, por representar un camino a la obtención de la ciudadanía para potencialmente millones de inmigrantes indocumentados.

Así, las divisiones políticas internas entre los Legisladores republicanos sobre los detalles de cualquier posible acuerdo complican también las posibilidades de alcanzarlo.

Como es sabido, el plan de la administración Trump para hacer transitable una solución sobre los dreamers incluye diversas medidas como duplicar la cantidad de área cercada en la frontera, contratar a miles de agentes adicionales de la patrulla fronteriza, castigos a las llamadas “ciudades santuario”, restricciones a los ciudadanos y residentes legales que patrocinan visas para miembros de la familia, y políticas que facilitan la detención y la deportación de inmigrantes indocumentados. Pero algunos Legisladores republicanos han demandado además medidas más agresivas de cumplimiento interno. La Casa Blanca está buscando además cambios a la “migración en cadena”, que permite a los ciudadanos y residentes legales patrocinar a miembros de la familia, ir más allá de la población de DACA y sus familiares, en contraste con la propuesta del Senado.

El revés para un acuerdo de DACA se produce cuando los legisladores se están quedando sin tiempo para llegar a un acuerdo a través de ambas Cámaras para llevar al escritorio de Trump. La primera fecha límite es el 19 de enero, cuando el Congreso debe al menos aprobar una medida a corto plazo para evitar el cierre del gobierno. Ambas partes han minimizado el impacto de una decisión judicial que requiere que la administración Trump mantenga DACA en su lugar mientras se desarrolla el litigio, y han señalado que un tribunal superior podría revocar la decisión. En cambio, los demócratas están exigiendo un acuerdo antes del 19 de enero, ya que creen que tienen influencia debido a la posibilidad de un cierre. Los coordinadores republicanos han advertido que un acuerdo sobre DACA no se incluirá como parte de un proyecto de ley de financiación, argumentando que los demócratas están tratando de crear una fecha límite falsa.

En este contexto, varios legisladores demócratas han reiterado que no votarán para financiar el gobierno a menos que los legisladores lleguen a un acuerdo que proteja a los inmigrantes traídos ilegalmente a EUA cuando eran niños. Vale la pena destacar que una encuesta nacional publicada hace apenas un par de días por la cadena de noticias CBS muestra que 70 por ciento de los estadounidenses está a favor de permitir que los llamados dreamers permanezcan en el país.

Además, como es sabido, Trump ha insistido que no firmará ninguna iniciativa de ley que extienda las protecciones para los beneficiarios del programa DACA a menos que la iniciativa incluya el otorgamiento de fondos para la construcción del muro en la frontera norte.

No obstante, los legisladores más progresistas han demandado que cualquier iniciativa de ley que pudiera aprobarse sobre la materia debe estar “limpia”, esto es, no debe condicionar o combinar su aval con otras disposiciones para fortalecer la seguridad fronteriza, como la construcción de un muro en dicha región, o con nuevas reformas a las leyes de inmigración estadounidense.

De la misma manera, como se ha dicho, algunos senadores han buscado condicionar la inclusión del programa DACA para aprobar el proyecto de Ley de Financiamiento Gubernamental provisional (el Presupuesto de Egresos de EUA) y amenazan con paralizar el gobierno al no aprobar dicho decreto.

Adicionalmente, el pasado viernes el presidente Trump reiteró una vez más que México pagará el muro propuesto en la frontera entre ambos países, después de informar que solicitará al Congreso de su país 18 mil millones de dólares para financiar su construcción.

A lo largo de estos meses Trump ha hecho amplios pronunciamientos en comentarios y tuits públicos, enfocados principalmente en construir un muro, terminar la lotería de visas de diversidad y eliminar los llamados “inmigración en cadena”, término preferido por quienes buscan restringir la migración para las visas de reunificación familiar.

Así, la principal promesa de la campaña del presidente Trump de construir un muro en la frontera con México se ha vuelto uno de los mayores obstáculos en las complicadas negociaciones con el Congreso para evitar el llamado “cierre del gobierno”.

Los legisladores demócratas tendrán mucha influencia en la lucha, con el poder de la obstrucción en la Cámara alta, donde los Líderes republicanos necesitarán al menos nueve votos demócratas para aprobar un proyecto de ley general que financie al gobierno.

Esos conservadores ya están haciendo sonar las alarmas de que se opondrán a un proyecto de ley de financiación del gobierno que aumenta los déficits o proporciona protecciones DACA sin las duras medidas de imposición de inmigración impulsadas por Trump.

Más recientemente, el presidente Trump culpó a los demócratas de desperdiciar “la gran oportunidad” de lograr un acuerdo en las negociaciones del DACA y sostuvo en un tuit que la oposición no quería un acuerdo que superara las políticas de Barack Obama.

“No creo que los demócratas realmente quieran ver un acuerdo sobre DACA. Todos hablan y no hacen nada. Este es el momento, pero, día tras día, están desperdiciando la gran oportunidad que tienen. ¡Qué lástima!”, escribió el presidente en su cuenta de Twitter.

“Los demócratas son pura plática y no hay acción. No están haciendo nada para arreglar el DACA. Gran oportunidad perdida. ¡Demasiado!”, apuntó en otro tuit.

Como se ha dicho, el mismo Trump rechazó una propuesta que le presentaron el jueves anterior los legisladores republicanos y demócratas, a pesar que unos días antes afirmó que firmaría cualquier acuerdo que le presentaran.

Trump indicó la víspera en Twitter que la propuesta era “un gran paso atrás. No tenía suficiente financiación para el muro, la migración en cadena y la lotería de visas se presentaban de una manera aun peor y EUA se veía obligado a aceptar un gran número de personas de países con alta criminalidad”.

Además, subrayó sus condiciones para un acuerdo: que incluye “un sistema migratorio basado en los méritos y gente que va a ayudar a llevar a nuestro país a un nuevo nivel. Seguridad y protección para nuestra gente”, y que ataque “el masivo flujo de drogas”.

En este contexto tan complicado, las y los legisladores del Grupo Parlamentario del PRD hemos condenado enérgicamente la decisión de desaparecer el programa DACA y de abrir el camino para la deportación de EUA de jóvenes inocentes. Hemos dicho que se trata de una medida equivocada, cruel y contraproducente.

En este sentido, es deseable que el Congreso de la Unión haga un llamado respetuoso a la Asamblea de Representantes y al Senado de Estados Unidos de América a dar una solución definitiva al problema de los jóvenes inmigrantes indocumentados que llegaron a EUA en la infancia, ya sea mediante la aprobación de la iniciativa de ley bipartidista conocida como Dream Act , o mediante un nuevo ordenamiento que proteja a los jóvenes afectados por la desaparición del programa DACA.

Sostenemos también que el Ejecutivo federal mexicano debe actuar con inteligencia y firmeza y levantar la voz en favor de nuestros connacionales en EUA, particularmente de los jóvenes dreamers , a través de la instrumentación de acciones que en materia de cabildeo y apoyo y acompañamiento jurídico debido, ante el discurso de odio y acciones de discriminación, racismo y xenofobia que ha prevalecido desde el arribo de Donald Trump a la presidencia de ese país.

Finalmente, las y los legisladores del PRD reiteramos nuestra más amplia solidaridad con los dreamers mexicanos en EUA.

Por lo expuesto, presento ante esta soberanía la siguiente proposición, de urgente y obvia resolución, con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Asamblea de Representantes y al Senado de Estados Unidos de América a dar una solución definitiva al problema de los jóvenes inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos de América en la infancia; de la misma manera, le solicita atentamente que dicho arreglo no sea condicionado a la aprobación de fondos para la construcción de un muro en la frontera norte de nuestro país.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a informar sobre las acciones diplomáticas y de cabildeo que ha llevado a cabo en Estados Unidos de América, incluidas reuniones con miembros del Congreso federal y con funcionarios de la administración federal, para contribuir a dar una solución definitiva al problema de los jóvenes inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos en la infancia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 17 de enero 2018.

Diputado Rafael Hernández Soriano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a dar una pronta solución a los habitantes de Coyotepec, México, respecto al acuífero Cuautitlán-Pachuca, suscrita por la diputada Delfina Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Delfina Gómez Álvarez, diputada a la LXIII Legislatura, del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, someto a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

A mediados del siglo pasado, en varios municipios estado de México, los pueblos originarios se organizaron para el suministro del agua potable, por medio del trabajo comunitario y aportaciones monetarias lograron crear la infraestructura necesaria para llevar el vital líquido a sus comunidades, siendo el servicio administrado de forma ciudadana por medio de usos y costumbres, como ejemplo de lo anterior se pueden mencionar los municipios de Coyotepec, Tecámac y Chalco, en los que los mismos usuarios son los que constituyen el ente administrador del servicio.

Estos casos, en el que son los propios habitantes los que se organizan en torno a la gestión local del agua son frecuentes en el México rural, a decir de Ángela Ixkic Bastian Duarte y Sergio Vargas Velázquez: “Existe una larga tradición en las comunidades campesinas e indígenas de gestión y manejo del agua potable y para riego. La incapacidad de los gobiernos para satisfacer la totalidad de la demanda del líquido ha llevado a que las comunidades se responsabilicen de su propio abastecimiento, muchas veces, recurriendo a sus formas de organización comunitaria tradicional, que rigen también el trabajo y la distribución de derechos y obligaciones.

Estas formas de organización comunitarias para el abasto y suministro del agua están reconocidas en algunas leyes estatales, como es el caso de la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios, misma que reconoce la administración comunitaria del servicio de agua bajo la figura de grupos organizados de usuarios, los cuales se definen en la fracción XLI del artículo 6 de esta ley como “conjunto de ciudadanos, constituidos o no bajo una figura jurídica determinada, diferentes de los prestadores de los servicios, que prestan el servicio de agua potable;”1

En el caso particular del municipio de Coyotepec, en cuanto a recursos hídricos, éste es uno de los más importantes en la zona norte del estado de México, en él existen manantiales de uso común, ubicados en los ejidos Cerril, La Noria, de la Hacienda Nueva y en la barranca de El Zopilote.

En cuanto al agua potable, la mayor parte proviene del acuífero Cuautitlán-Pachuca y se obtiene de tres pozos artesianos de tipo profundo, pero, pese a la riqueza en recursos hídricos de la zona el agua no sobra y el mencionado acuífero se encuentra sobreexplotado, como consta en “acuerdo por el que se da a conocer el resultado de los estudios técnicos de las aguas nacionales subterráneas del acuífero Cuautitlán-Pachuca, clave 1508, en el estado de México, Región Hidrológico-Administrativa Aguas del Valle de México”, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 14 de septiembre de 2016.

En dicho acuerdo queda expuesto de forma clara que el acuífero está sobreexplotado y que no se debe de extraer mayores volúmenes de agua del mismo con respecto a los que ya se extraen actualmente, de hecho, lo conducente sería que se sustrajeran volúmenes menores, en dicho acuerdo se puede leer:

“En el acuífero Cuautitlán-Pachuca, clave 1508, la extracción de agua subterránea es de 751.3 millones de metros cúbicos anuales, mientras que la recarga que recibe el acuífero está cuantificada en 356.7 millones de metros cúbicos anuales. El acuífero se encuentra en condición de sobreexplotación desde hace varias décadas, al ser el volumen de extracción superior al valor de la recarga, situación que compromete el desarrollo sostenible de los sectores productivos. ... el acuífero Cuautitlán-Pachuca, clave 1508, se observa abatimiento del nivel estático, por lo que persiste el riesgo de que el incremento de la demanda de agua, agrave los efectos perjudiciales causados por la explotación intensiva, tales como el abatimiento del nivel del agua subterránea, con la consecuente inutilización de pozos, el incremento de los costos de bombeo, la disminución e incluso desaparición de los manantiales, los hundimientos diferenciales del terreno con el consecuente daño a la infraestructura urbana, así como el deterioro de la calidad del agua subterránea.”

En otro orden de ideas, en municipios del estado de México, como por ejemplo, Naucalpan, Tlalnepantla y Atizapán de Zaragoza, se tiene un número importante de industrias instaladas o por instalarse, que son altamente demandantes del vital líquido agua. Aunado a esto, los desarrollos inmobiliarios y proyectos como el de Ciudad Bicentenario, crearán más presión sobre los recursos hídricos.

La escases de agua en la región, provocada por la industria y las inmobiliarias, han hecho que los recursos hídricos de Coyotepec sean codiciados. Desde hace décadas las diferentes administraciones municipales de Coyotepec han tratado de hacerse del control del suministro del agua y en últimos años estos intentos se han dado con el apoyo del gobierno estatal, con miras a poder llevar el agua a otros municipios.

De hecho, en Coyotepec, el servicio se suministraba hasta mediados de 2013 sin que se dieran incidentes de importancia, hasta el 9 de junio de 2013, día en que la administración municipal de ese momento pretendió hacerse de forma autoritaria del control del sistema de agua potable, ocasionándose enfrentamientos contra los vecinos, con el funesto saldo de un muerto y decenas de lesionados, por lo que el gobierno municipal por el momento desistió. A raíz de este suceso se crea el Frente Popular 9 de Junio en Defensa de los Recursos Naturales Coyotepec, Estado de México, AC, y paralelamente a este la Asociación de Ciudadanos Usuarios del Sistema de Agua Potable de Coyotepec, AC (ACUSAPC)

Posteriormente se han dado distintos acontecimientos para presionar a los habitantes de Coyotepec y en especial a los integrantes del ACUSAPC, por ejemplo, el 1 de julio de 2013, muere asesinado Alfredo Cruz Luna, el 5 de septiembre del mismo año se atenta contra la vida de Vicente Moreno Domínguez, en diciembre también del 2013 es el señor José Isabel, conocido por sus vecinos como el Chapito, pierde la vida en las oficinas de la Administración del Agua. En fechas más recientes, el 26 de mayo de 2016, policías federales, estatales y municipales sitian el pueblo de Coyotepec como medida de presión contra el ACUSAPC, sin que hasta la fecha se hayan aclarecido estos crímenes, mucho menos llevado ante la justicia a los implicados.

La situación reinante en Coyotepec derivada de la necedad de la autoridad por apoderarse del agua ya ha trascendido a nivel mundial, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), se ha pronunciado al respecto.

A decir de esta prestigiada organización: El Observatorio ha recibido información de fuentes fidedignas sobre ataques físicos y amenazas en contra del Sr. Juan Refugio Contreras Alcibar y el señor Agustín Rodríguez García, dos miembros de la Administración Autónoma de Agua Potable del pueblo indígena de Coyotepec, en el estado de México, en represalia a su trabajo en defensa del derecho al agua... El Observatorio expresa su grave preocupación frente al aumento de agresiones en contra de miembros de la AAPCOY y personas defensoras, en represalia a su trabajo de defensa del agua, así como al preocupante deterioro del clima en el que las personas defensoras de los recursos naturales y de los derechos de los pueblos indígenas trabajan en México.2 De hecho, actualmente integrantes del ACUSAPC están considerados dentro del Mecanismo de Defensa para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Además, es de resaltar que como medida de presión, el municipio dejó de efectuar los pagos correspondientes por el alumbrado público, electricidad empleada en los edificios del gobierno municipal e instalaciones para el bobeo del agua, a la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro, por lo anterior, la Comisión Federal de Electricidad, requiere el pago de alrededor de $60 millones de pesos.

Al presente, el suministro de agua está a cargo de la “Asociación de Ciudadanos Usuarios del Sistema de Agua Potable de Coyotepec A.C.”, pero, los propios habitantes del municipio cuestionan su representatividad actual, ya que surgió de una comisión para restablecer la administración del agua, pero, en vez de cumplir el mandato de restablecer el servicio y convocar a una reunión para que la asamblea del pueblo, según usos y costumbres designara a los funcionarios que continuaran con la administración del agua, los actuales funcionarios se posesionaron, por lo que el pueblo los considera usurpadores.

Es de tenerse en cuenta la presencia de comunidades indígenas en el municipio de Coyotepec, por ejemplo, el Barrio Chautonco es habitado por una comunidad de origen náhuatl, de hecho, en el Catalogo de localidades indígenas, que elabora la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se encuentran cuatro comunidades del municipio de Coyotepec, y para estas se deben de respetar los preceptos contenidos en el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre estos, los establecidos en las fracciones II y VI del apartado A, de dicho artículo, mismas que a la letra señalan:

“Artículo 2o. La nación mexicana es única e indivisible.

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos , sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes.

VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley.”

A la vez, en todos los casos en que se vayan a llevar acabo medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar directamente a las comunidades indígenas, como es el caso de la administración del agua en Coyotepec, se debe de establecer previamente una consulta a estas comunidades, como lo estipula el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Convenio 169 de la OIT), publicado en el Diario Oficial de la Federación del 24 de enero de 1991.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos al respecto ha señalado que para que sea válida dicha consulta, esta debe de ser previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada, ya que es un derecho humano colectivo de los indígenas que previene el que se vulneren otros derechos. A la par, la consulta se sustenta en principios internacionales como la libre determinación, la igualdad, la identidad cultural, el pluralismo, respeto a la tierra, territorio, recursos naturales, entre otros.3

Entonces, a raíz de lo expuesto no queda más que instar a las autoridades competentes para que en el ámbito de sus atribuciones, con la participación de los habitantes del municipio de Coyotepec, respetando los derechos humanos de las comunidades indígenas y de la población en general, se aboquen a la solución de la problemática de la administración del agua potable en dicho municipio

Con base en lo anteriormente expuesto y, con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, me permito proponer los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, coadyuven con los habitantes del municipio de Coyotepec, estado de México, para que se realice una reunión de la asamblea del pueblo, y según usos y costumbres se designe a los funcionarios del grupo organizado de usuarios que lleven a cabo la administración del agua para dicho municipio.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de México, a la Secretaría de Obra Pública del estado de México, a la Comisión del Agua del estado de México y al Ayuntamiento de Coyotepec, estado de México, a que respeten la decisión que tome la asamblea del pueblo, que según usos y costumbres designe a los funcionarios del Grupo organizado de usuarios que lleven a cabo la administración del agua para dicho municipio.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de México, al ayuntamiento de Coyotepec, estado de México y a la Comisión de Derechos Humanos del estado de México, a que en el ámbito de sus respectivas atribuciones de inmediato velen por el cese de intimidaciones y agresiones de que son víctimas los integrantes de la “Asociación de Ciudadanos Usuarios del Sistema de Agua Potable de Coyotepec, AC”.

Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional del Agua a que en el ámbito de sus atribuciones evite el otorgar nuevas concesiones o asignaciones para el aprovechamiento de aguas del acuífero Cuautitlán-Pachuca, clave 1508, mismo que se encuentra sobreexplotado.

Quinto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a que en el ámbito de sus atribuciones inicie un proceso de dialogo con los funcionarios designados según usos y costumbres del grupo organizado de usuarios para el suministro del agua del municipio de Coyotepec, estado de México, a fin de darle una solución viable al adeudo que se tiene por el suministro de electricidad.

Notas

1 Bastian Duarte, Ángela Ixkic; Vargas Velázquez, Sergio. “Entre la ley y la costumbre. Sistemas normativos y gestión comunitaria del agua en Tetela del Volcán, Morelos”, Entre Diversidades. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, número 5, 2015, páginas 45-73, Universidad Autónoma de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, México.

2 https://www.fidh.org/es/temas/defensores-de-derechos-humanos/mexico-ata ques-y-amenazas-en-contra-de-dos-miembros-de-la

3 Robleda Sánchez Gavito, Isabel. “La consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada: pueblos indígenas, derechos humanos y el papel de las empresas”, CNDH, Primera edición: noviembre, 2016.

Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 17 de enero de 2018.

Diputada Delfina Gómez Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al impulso de la campaña Confíe, Créales y Comuníqueles, dirigida a evitar el abuso sexual de niños y jóvenes, a cargo del diputado José Refugio Sandoval Rodríguez e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, José Refugio Sandoval Rodríguez y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El abuso sexual infantil trae graves consecuencias en la vida de las víctimas. Entre ellas destacan daños físicos y psicológicos, sobre todo si tenemos en cuenta que la mayoría de los casos son realizados por familiares o personas cercanas a los niños que sufren violencia sexual.

De acuerdo con el Unicef, el abuso sexual de un menor es un proceso que consta generalmente de seis etapas:

1. Fase de seducción. En esta etapa el acosador incita la participación del niño o adolescente por medio de regalos o juegos.

2. Fase de interacción sexual abusiva: es un proceso gradual y progresivo, que puede incluir comportamientos de exhibicionismo con intenciones eróticas, tocamientos; precisamente en esa fase se reconoce que hay un abuso sexual.

3. Instauración del secreto: el agresor, generalmente por medio de amenazas, impone el silencio en el menor, a quien no queda más remedio que adaptarse.

4. Fase de divulgación: esta fase puede o no llegar, esto último ocurre por cuestiones sociales, pues un alto índice de abusos sexuales se comete por familiares. Por ejemplo, el incesto implica una quiebra en el sistema familiar, hasta ese momento en equilibrio.

5. Fase represiva: generalmente, después de la divulgación, en el caso del incesto la familia busca desesperadamente un reequilibrio para mantener a cualquier precio la cohesión familiar, por lo que tiende a negar, a restar importancia o a justificar el abuso, en un intento por seguir como si nada hubiese sucedido.

6. El abuso sexual infantil suele ser un fenómeno cíclico y repetitivo.

El problema que presenta la falta de denuncia en contra de los agresores sexuales de las niñas y niños es que entre el 65 y el 85 por ciento de los abusadores pertenecen al círculo social de la víctima, como la escuela o la familia, mientras que la cuarta parte de los casos son ejecutados por desconocidos que en su mayoría son menores adolescentes que también sufrieron abuso en su infancia.

En cuanto a la incidencia por género, las niñas pequeñas de entre 3 y 7 años son sometidas a tocamientos, exhibicionismo, estimulación sexual inadecuada y penetración genital. Por su parte, en los niños el rango de edad en el cual sufren una agresión sexual va de 4 a 13 años y generalmente se les obliga a ver películas, revistas o fotos, así como a exhibirse o tocar los genitales del abusador.

Si bien a escala internacional existen grandes esfuerzos normativos para sancionar estas actividades, lo cierto es que la falta de confianza hacia los menores cuando informan a sus padres, cuidadores, educadores y tutores acerca de lo que les ocurre impide que se dé una mayor cantidad de denuncias. No se puede olvidar que los responsables de los niños siempre deben estar alerta a cualquier cambio de conducta.

Lamentablemente, el país ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, destacando que alrededor de 4.5 millones de niños y niñas mexicanos son víctimas de este tipo de delitos de abuso sexual y lo peor del caso es que se da a conocer sólo 2 por ciento.

En el caso de la trata de personas con fines de explotación sexual, estimaciones del Unicef señalan que cada año 4 millones de niñas, niños y mujeres son víctimas de este delito en el país.

Ante este panorama, diversas instituciones nacionales como el DIF nacional y el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes iniciaron la campaña “Las tres ‘C’ de protección a niñas y niños respecto al abuso sexual”.

Las “tres C” consisten en confianza en el menor, para que hablen con libertad y eviten regañarlos o acosarlos; creerles, es decir, hacerles saber que siempre dicen la verdad respecto al abuso sexual; y comunicación, para que los infantes sepan que ellas y ellos no han tenido la culpa de lo sucedido y asegurarles que los adultos no permitirán que se repita el abuso.

Ante este actuar de las autoridades, como legisladores debemos trabajar por dar a conocer este trabajo en nuestros Distritos y Estados y a la vez sumar a las autoridades municipales y estatales para que se sumen a esta campaña de prevención del abuso sexual y de denuncia infantil y así sea magnificada y replicada en todo el territorio nacional.

Para quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, es fundamental trabajar en mecanismos que permitan a nuestra infancia tener los estándares de seguridad en su integridad y salud física y psicológica, pues el abuso sexual no distingue clases sociales, educación, raza o religión.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades estatales y municipales de las 32 entidades federativas para que, en el ámbito de sus competencias y en la medida de sus posibilidades presupuestarias, implementen todas las medidas necesarias para ejecutar acciones con padres y madres de familia, así como docentes que ayuden a dar un mayor impulso a la campaña de las tres “C”, confíe, créales y comuníqueles, a fin de evitar el abuso sexual en las niñas, niños y jóvenes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 17 de enero de 2018.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, José Alberto Couttolenc Buentello, Lorena Corona Valdés, Sharon María Cuenca Ayala, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, José de Jesús Galindo Rosas, Daniela García Treviño, Edna González Evia, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Lía Limón García, Uberly López Roblero, Mario Machuca Sánchez, Virgilio Mendoza Amezcua, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Cándido Ochoa Rojas, Samuel Rodríguez Torres, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Francisco Alberto Torres Rivas, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a rendir un informe pormenorizado sobre las acciones comprendidas en el programa para reconstruir la ciudad, suscrita por la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y el acuerdo décimo tercero del acuerdo relativo a las sesiones y al orden del día de fecha veinte de diciembre de dos mil diecisiete emitido por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión someto a la consideración de esta honorable comisión la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al jefe del Gobierno de la Ciudad de México para que rinda un informe pormenorizado sobre las acciones que comprende el programa para la reconstrucción de la Ciudad de México así como, la ruta crítica para su implementación; al tenor de las siguientes

Consideraciones

A partir de los sismos que afectaron a la Ciudad de México el 19 de septiembre de 2017, el Gobierno de la Ciudad, además de atender la emergencia, implementó una serie de programas para apoyar a los damnificados, que serían financiados con recursos de la Ciudad de México, de la Federación, de donativos nacionales e internacionales y de los propios damnificados. La limitación de estos programas fue que no partieron de un diagnóstico integral de las necesidades y características de los afectados, por lo que su impacto ha sido cuestionado y no suficientemente evaluado.

Es importante señalar que los programas se enfocan a la atención de la emergencia y a la reconstrucción de la infraestructura dañada, dentro de la que incluye la vivienda.

En 2014, se incluyó en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México una disposición que ordena que como mínimo un 30 por ciento de los remanentes presupuestarios se destinaran a un fondo para estabilizar los recursos fiscales que puede utilizarse para la atención de contingencias y emergencias epidemiológicas, desastres naturales y mejorar el balance fiscal. El 70 por ciento de los recursos del fondo sólo se pueden utilizar para mejora del balance fiscal y el 30 por ciento para atender contingencias epidemiológicas y desastres naturales, a través del Fondo de Atención a los Desastres Naturales de la Ciudad de México (Fonaden CDMX).

Al 30 de agosto de 2017, el Fondo de Estabilización contaba con 9,550 millones de pesos (mmp).1 Ante la declaratoria de emergencia por los sismos del 19 de septiembre, se asignaron 3,000 mmp (aproximadamente el 30 por ciento) al Fonaden.

En el portal Plataforma CDMX,2 se reporta que la fecha, de los 3,000 mmp disponibles se tienen comprometidos 1,616 mmp, por lo cual se dispone de 1,384 mmp pendientes de ejercer.

Los recursos comprometidos, son para los siguientes programas:

Programa Millones

de pesos

Créditos hipotecarios 800

Gratuidad de servicios 256

Apoyo para rentas 100

Mejoramiento de la vivienda 100

Demolición y retiro de escombros 260

Atención a daños menores 50

Créditos NAFIN 40

Contratación de ingenieros 10

Comprometido 1,616

Por ejercer 1,384

Disponibilidad total 3,000

Adicionalmente, el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), reporta que en 2017 asignó a la Ciudad de México 3,266 mmp, de los cuales 2,569 mmp fueron aportados por la Federación y 689 mmp por el Gobierno de la Ciudad de México.3 No se informa si estos recursos ya fueron ejercicios o no.

Infraestructura Millones

de pesos

Cultural 23.6

Deportiva 162.8

Educativa 1,321.9

Forestal 12.6

Hidráulica 745.4

Militar 27.8

Monumentos 20.5

Naval 333.7

Salud 269.4

Vivienda 348.6

Total 3,266.3

Del total de recursos del Fonden, sólo 349 mmp, el 10.7 por ciento, se destinaron a reconstrucción de vivienda.

Para 2018, el presupuesto del Fonden es de 24,644 mmp, cuatro veces mayor a los 6,035 millones aprobados para 2017. Adicionalmente el Congreso autorizó 2,500 millones para un fondo de reconstrucción de las entidades federativas. Aún no se publican los montos que corresponderán a cada entidad federativa.

En noviembre de 2017, se publicó la Ley para la Reconstrucción de la Ciudad de México, en donde se establecen los siguientes principios básicos:

1. El apoyo gubernamental a los afectados debe distinguir, diferenciar y ubicar las distintas necesidades y capacidades de cada grupo de afectados.

2. En la Ley se establecen los criterios para diferenciar a los afectados.

3. El tipo de ayuda dependerá de un censo de personas que incluya condición social y económica, el tipo de vivienda afectada y el tipo de afectación.

4. Una vez que se defina la condición de la persona y que se constate su situación patrimonial, entrarán en acción una batería de medidas públicas de auxilio, protección y recuperación, desde el otorgamiento a fondo perdido de una nueva vivienda, hasta una solución blanda de créditos.

Con base en la Ley, el Jefe de Gobierno presentó las directrices generales para elaborar el Programa para la Reconstrucción de la Ciudad de México, que incluye 45 programas. Aún falta mucho para que este instrumento se convierta en un programa real, que incluya metas de resultados, tiempos de ejecución, responsables y fuentes de financiamiento, de lo que se desprende que la reconstrucción de la Ciudad de México está en sus fases iniciales.

En la introducción del documento se detallan algunas acciones que ya se han llevado a cabo, dentro de las que destacan, además de las aplicadas para atender la emergencia, las siguientes:

1. Otorgamiento de 639 créditos por un monto de 41.4 mmp para negocios afectados por los sismos.

2. Apoyos para renta por 139.4 mmp en beneficio de 24,403 familias. El apoyo es de $3,000 mensuales.

3. Entrega de 346 apoyos para reparación de viviendas por un monto de 46.0 mmp.

Como se desprende de lo anterior, a la fecha, los apoyos otorgados a los afectados han sido mínimos y aún falta mucho para contar con un programa de reconstrucción efectivo y que atienda a cabalidad las enormes necesidades de la población.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México para que rinda un informe cuantitativo y cualitativo sobre los recursos destinados a la Ciudad de México para la atención de damnificados por los sismos ocurridos en septiembre de 2017 que incluya: recursos de la Ciudad de México, de la Federación, donativos nacionales e internacionales así como, los proporcionados por los propios damnificados toda vez que, el sitio web denominado “Plataforma CDMX” no reporta con claridad el destino y ejercicio de los montos asignados.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México para que de manera inmediata entregue el censo concluido de los inmuebles afectados a consecuencia de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 así como, se haga pública dicha información.

Tercero.- La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México para que de manera inmediata entregue la clasificación de la totalidad de los inmuebles afectados.

Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México para que de manera inmediata entregue la ruta crítica para llevar a cabo el censo económico llevado a cabo por la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México.

Quinto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México para que remita un informe que contenga la ruta crítica de la implementación de los 45 programas a que se refiere el Programa para la Reconstrucción de la Ciudad de México.

Notas

1 Scotiabank. Fideicomiso 11039245. Informe Trimestral de Saldos y Movimientos. Tercer Trimestre de 2017

2 https://www.plataforma.cdmx.gob.mx/sig

3 http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/Resource/36/25/
images/DGGR-F2003Fonden-RA2017.pdf

Dado en el salón de Sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión a los diecisiete días del mes de enero de 2018.

Senadora Dolores Padierna Luna (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR, el INE y la Fepade a investigar posibles vínculos entre la llamada “estafa maestra” y la precampaña del ciudadano José Antonio Meade Kuribreña, precandidato a la Presidencia de la República, suscrita por el diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito diputado Jorge Álvarez Máynez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presenta ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente punto de acuerdo:

El 4 de septiembre de 2017, una investigación periodística realizada en conjunto por el sitio de noticias Animal Político y la asociación civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, dio a conocer, tras revisar las cuentas públicas de 2013 y 2014, la existencia de contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos, que el gobierno federal entregó a 186 empresas, a través de 11 dependencias y 8 universidades públicas. De dicha cifra, no se sabe cuál fue el destino de 3 mil 433 millones, ya que terminaron en empresas fantasmas.

Cabe destacar que de las 186 empresas, 128 no debían recibir recursos públicos, ya que no contaban con la infraestructura ni con la personalidad jurídica para brindar los servicios para los que fueron contratadas, o simplemente porque no existían.

Posteriormente, el 10 de enero de 2018, se dio a conocer que la Auditoría Superior de la Federación detectó malos manejos de, por lo menos, 540 millones de pesos por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, al entregar, mediante convenios, dichos recursos a tres universidades (Universidad Intercultural del estado de México, Universidad Politécnica de Chiapas y Universidad Tecnológica Nezahualcóyotl) en 2015, año en el que tanto María del Rosario Robles Berlanga, como José Antonio Meade Kuribreña, fungieron como Titulares de la referida Secretaría, la primera de diciembre de 2012 al 27 de agosto de 2015, y el segundo, del 27 de agosto de 2015 al 6 de septiembre de 2016.

En ese sentido, la Auditoría Superior de la Federación identificó que la Universidad Intercultural del Estado de México, la Universidad Politécnica de Chiapas y la Universidad Tecnológica Nezahualcóyotl, recibieron, en conjunto, alrededor de 540 millones de pesos con la finalidad de que fueran destinados a, entre otras cosas, identificar a personas en condiciones de pobreza extrema alimentaria.

Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación detectó (según consta en el informe de resultados de la auditoría financiera y de cumplimiento 15-0-20100-02-0277 277-DS) que buena parte de los recursos desaparecieron (alrededor de 200 millones de pesos, que simplemente desaparecieron); que la propia Secretaría de Desarrollo Social negó la existencia de algunos convenios -a pesar de haberlos firmado, como consta en copias de los mismos, que hallaron los auditores-; y, que la comprobación los servicios convenidos es sospechosa.

a. Sobre la Universidad Intercultural del Estado de México, la Auditoría Superior de la Federación indica que la Secretaría de Desarrollo Social le adjudicó de manera directa un total de 124 millones de pesos, para que aplicara Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica (CUIS) en zonas rurales y semiurbanas, a fin de localizar e identificar a personas que pudieran estar en condiciones de pobreza extrema alimentaria en las 32 entidades federativas del país.

Para ello, la adjudicación se efectuó mediante la firma del convenio UCD/33901/010/2015, cuya vigencia corrió del 5 de marzo de 2015 al 31 de julio de 2015.

Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación detectó las siguientes irregularidades:

- La Secretaría de Desarrollo Social no proporcionó prueba de las supuestas cotizaciones que realizó con distintas universidades para aplicar los cuestionarios, y elegir, por ende, a la Universidad Intercultural del Estado de México como la mejor opción.

- La Universidad subcontrató la totalidad de los servicios con dos empresas externas, incumpliendo lo convenido con la referida Secretaría, que la Universidad pudiera realizar los servicios.

- La Universidad pagó a dos empresas subcontratadas un total de 61.2 millones de pesos, para la aplicación de los cuestionarios, sin que quedara rastro o prueba alguna de dónde quedaron los otros 62.8 millones de pesos que la Secretaría en mención le entregó a la universidad.

En consecuencia, se presume que el dinero simplemente desapareció, acto que apunta a un fraude a la hacienda pública.

b. Respecto de la Universidad Politécnica de Chiapas, la Secretaría de Desarrollo Social le entregó 400 millones de pesos, con la finalidad de que aquella llevará a cabo la supervisión, control, mejora y monitoreo de los comedores comunitarios en el estado de México.

Así, la Secretaría firmó dos convenios con la universidad en comento, cada uno por 200 millones de pesos, mediante los diversos 710.33901.13/2015, con vigencia del 14 de abril al 31 de diciembre de 2015, y 710.33901.14/2015, con vigencia del 6 de mayo al 31 de diciembre de 2015.

Sobre este caso, la Auditoría Superior de la Federación descubrió las siguientes irregularidades:

- La Secretaría de Desarrollo Social entregó el dinero sin ningún tipo de confrontación con otras propuestas, con la excusa de, que al ser la Universidad una institución pública, sólo se necesitaba acreditar la capacidad técnica para realizar el servicio, con la única garantía consistente en una promesa escrita, sin que constara verificación alguna al respecto.

- La Secretaría no proporcionó evidencia a la Auditoría Superior de la Federación que acreditara que recibió en tiempo y forma los servicios contratados con la Universidad.

- Posteriormente, la Secretaría desconoció haber suscrito los convenios señalados. Sin embargo, los auditores concluyen que dicha negativa es incongruente, dado que la documentación en la que se da cuenta de los convenios firmados, fue entregada a la Auditoría Superior de la Federación en la visita domiciliaria que se efectuó a la Universidad Politécnica de Chiapas.

- No obstante lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación detectó que la Universidad subcontrató a un tercero, sin que mediara licitación o competencia alguna, por un total de 278.4 millones de pesos y tampoco se acreditó justificación alguna, acerca del destino del resto del dinero transferido por la Secretaría a la universidad.

Consecuentemente, la Auditoría Superior de la Federación presume un fraude al erario por un monto que asciende a los 121.6 millones de pesos.

c. Finalmente, sobre la Universidad Tecnológica Nezahualcóyotl, a dicha institución educativa le fueron entregados 15 millones 658 mil pesos por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, a fin de que coordinara diversos proyectos vinculados con la Cruzada Nacional contra el Hambre.

La secretaría y la universidad firmaron un convenio, sin número de identificación, con vigencia del 16 de febrero al 31 de diciembre de 2015, es decir, durante las gestiones tanto de Rosario Robles Berlanga, como de José Antonio Meade Kuribreña en la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Social.

La Auditoría Superior de la Federación descubrió diversas irregularidades en el convenio, entre ellas:

- La universidad tenía que haber realizado trabajos como la conformación y consolidación de comités comunitarios, autodiagnósticos comunitarios, planes de desarrollo comunitario, la gestión e implementación de acciones y proyectos específicos y asambleas implementadas para el fomento al desarrollo comunitario. Sin embargo, cuando se le pidió entregar elementos probatorios de dichas actividades, sólo se entregaron documentos en los que se aseguraba que se realizaron 5,001 asambleas de seguimiento.

- Respecto de los documentos en los que se pretendía probar que las asambleas se llevaron a cabo, se hallaron incongruencias como fechas correspondientes al año 2014 o promotores que no tenían el perfil para serlo. Es decir, no se presentó ninguna evidencia concreta que acredite que esas asambleas se llevaron a cabo.

- Por ello, la Auditoría Superior de la Federación determinó que se realizó un menoscabo al erario por 15 millones 658 mil pesos.

Así, la Auditoría Superior de la Federación, en el dictamen emitido el 16 de diciembre de 2016, determina que la Secretaría de Desarrollo Social no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables a la materia, toda vez que los servicios contratados con la Universidad Intercultural del estado de México, la Universidad Politécnica de Chiapas, la Universidad Autónoma de Chiapas, y con la Radio y Televisión Hidalgo, que fueron registrados con cargo en las partidas presupuestales 33901 “Subcontratación de servicios con terceros”, 44101 “Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria”, y 43101 “Subsidios a la producción” (de las cuales, por la naturaleza del servicio pagado por 116 millones 995 mil pesos, no se debieron afectar las partidas presupuestales 43101 y 44101, de acuerdo con la normativa).

En el referido dictamen, también, da cuenta de deficiencias en la adjudicación y contratación de los servicios, y en la comprobación de la solicitud y recepción de los correspondientes al arrendamiento de vehículos terrestres y aéreos, pues no se acreditó la solicitud y recepción de los referidos servicios para la transportación de personal y de servicios turísticos por 26 millones 747 mil pesos, de los cuales, 8 millones 265 mil pesos no se respaldaron en facturas que ampararan el gasto; además, se pagaron cancelaciones de vuelos por 703 mil pesos, sin que se contara con el instrumento jurídico en el que se establecieran las condiciones de los servicios, tampoco se acreditó la selección del prestador de servicios, ni la solicitud y justificación de dichas cancelaciones. Por último, se detectó que se formalizó un nuevo contrato de arrendamiento cuando el anterior se encontraba aún vigente, por el mismo concepto, sin que se justificara la nueva adjudicación.

De igual manera, respecto de los servicios de Difusión de Mensajes sobre programas gubernamentales, no se contó con la evidencia de la adjudicación de 6 contratos y 8 pedidos; de 6 contratos no se acreditó la adjudicación bajo los supuestos señalados; y, 24 contratos, y 3 pedidos, no se registraron en el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (CompraNet).

Por último, recientemente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores detectó –como consta en el expediente 122.111.12 (001597) 2017<6>– irregularidades en el programa de tarjetas para los damnificados de los sismos de septiembre pasado, según la cual el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros expidió un total de “4 mil 574 tarjetas de [débito] para 1,495 beneficiarios; es decir, se hicieron 3 mil 79 plásticos de más. En esas tarjetas de débito, la CNBV encontró que Bansefi “dispersó recursos en efectivo” que ascienden a 68.8 millones de pesos; es decir poco más de 3.6 millones de dólares”, de las cuales, entre 34 y 10 tarjetas, supuestamente se repartieron a once damnificados, todas con fondos; a otras mil 484 personas, supuestamente, se les entregaron entre dos y hasta ocho tarjetas de débito “cuando, de acuerdo con el programa de apoyo a los damnificados, solo les correspondería una, pues son las que se emiten para disponer de efectivo” . Sin embargo, –y de acuerdo con una investigación paralela, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad– en algunos casos, las tarjetas no han sido entregadas a los beneficiarios.

De lo antes descrito, se advierte que, tanto los Titulares de la Secretaría de Desarrollo Social, como los funcionarios que resultaran responsables, pudieron haber incurrido en diversas faltas administrativas o cometido diversos delitos. Lo anterior, es así, pues, como bien señaló en su momento el otrora auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, en entrevista para el portal Animal Político, se trata de un fraude, pues todo tiene las características propias del fraude, es decir, se trata “un claro acto de corrupción”, pues una secretaría del gobierno federal otorgó contratos ilegales en complicidad con universidades públicas, situación de la que ya había advertido la propia Auditoría Superior de la Federación desde 2013, señalando que las dependencias violaban la ley al contratar a las universidades para hacer servicios que no pueden cumplir y para los que debían subcontratar a diferentes empresas.

El entonces auditor ha indicado que “ese es un modus operandi. Empresas que se prestaron igual para recibir parte del dinero y facturar; emitir los recibos correspondientes y ya. Pero sin evidencia de que tuvieran el conocimiento ni la experiencia para llevar a cabo servicios”. “Es una simulación de servicios muy burda no solo para el desvío de dinero, sino para la desaparición de recursos públicos”, y que, la responsabilidad recae tanto en los servidores públicos involucrados en la firma de dichos convenios, como en los propios titulares de las dependencias vinculadas, ya que son estos últimos “los responsables de los recursos públicos que se” les confían.

Es importante tener en consideración que, en el contexto del proceso electoral federal 2017-2018, y dados los indicios que han arrojado diversas investigaciones respecto de desvíos de recursos públicos hacia campañas electorales de candidatos a cargos de elección popular , así como lo reportado por el Instituto Nacional Electoral , según lo cual, José Antonio Meade Kuribreña, precandidato a la Presidencia de la República del Partido Revolucionario Institucional, ha gastado –tras veintitrés días de precampaña– un total de 3.6 millones de pesos en actos de campaña, sin que se haya comprobado, ante el Sistema Integral de Fiscalización de dicho Instituto, el origen de los recursos. Es necesario que nuestras instituciones garanticen que todos los actores políticos compitan en igualdad de condiciones, y que la contienda electoral se desarrolle conforme a derecho.

Para ello, resulta prioritario asegurar que el origen de los recursos utilizados por los partidos políticos y sus candidatos sea lícito y que se apliquen exclusivamente para el cumplimiento de los objetivos de los partidos, como lo mandata la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Nuestras autoridades electorales y de procuración de justicia están obligadas a investigar y sancionar con todo el rigor de la Ley a los partidos políticos y servidores públicos que utilicen de manera indebida recursos públicos para financiar las campañas de candidatos. Sólo de esa manera, el proceso electoral 2017-2018 podrá desarrollarse correctamente, abonando a la consolidación y fortalecimiento de la democracia en nuestro país.

Por lo expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta Cámara de Diputados, la aprobación de los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda exhortar al titular de la Procuraduría General de la República para que, conforme a sus atribuciones, investigue de manera exhaustiva y expedita el desvío de recursos públicos, documentado por la Auditoría Superior de la Federación en el informe de resultados de la auditoría financiera y de cumplimiento 15-0-20100-02-0277 277-DS, y su destino, especialmente, si existe algún vínculo y/o beneficio para la precampaña del precandidato a la Presidencia de la República del Partido Revolucionario Institucional.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda exhortar al Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para que investigue de manera exhaustiva y expedita, si alguno de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional, especialmente su precandidato a la Presidencia de la República, el ciudadano José Antonio Meade Kuribreña, ha sido beneficiado o guarda alguna relación con los recursos desviados por diversos funcionarios, documentados por la Auditoría Superior de la Federación en el informe de resultados de la auditoría financiera y de cumplimiento 15-0-20100-02-0277 277-DS, y determine si se han cometido delitos electorales por parte de los involucrados.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda exhortar al Instituto Nacional Electoral para que, conforme a sus atribuciones, audite de manera exhaustiva el origen y destino de los recursos utilizados por el ciudadano José Antonio Meade Kuribreña, precandidato a la Presidencia de la República del Partido Revolucionario Institucional, durante el transcurso del período de precampaña correspondiente al proceso electoral federal 2017-2018, y determine si el origen de dichos recursos es lícito. Lo anterior, a la luz del informe de resultados de la auditoría financiera y de cumplimiento 15-0-20100-02-0277 277-DS de la Auditoría Superior de la Federación.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a los 17 días de enero de 2018.

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profeco a verificar que se respeten los precios máximos establecidos en términos de la Ley Federal de Competencia Económica, a cargo del diputado Luis Manuel Hernández León, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El suscrito, Luis Manuel Hernández León, diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, numeral 1, y 60, primer párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En lo que va del presente año, los precios de la canasta básica han sufrido un incremento de 20 a 50 por ciento, lo que ha significado un duro golpe a los bolsillos de las familias mexicanas a la hora de comprar productos de primera necesidad, como los alimentos, entre otros.

Al respecto, existen diversos factores que influyen de manera directa en el aumento de precios; entre éstos, la inflación del 6.77 por ciento con la que México cerró el año pasado, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la más alta en los últimos 17 años, que ya se está reflejando en el aumento generalizado de precios.i

Si bien es cierto que desde 2016 la inflación había manifestado una tendencia al alza, derivada principalmente del entorno externo, asociado al proceso electoral en los Estados Unidos de América, el cual generó un aumento de la volatilidad en los mercados financieros internacionales y nacionales, así como una depreciación adicional de la moneda mexicana, el alza inflacionaria se agravó en 2017, principalmente por el efecto de la liberalización en los precios de los energéticos en el país.

Para el presente año, el aumento en los hidrocarburos se ha visto reflejado en los costos de los alimentos de la canasta básica, los cuales están presentando incrementos que van de 56 centavos, dos y hasta cuatro pesos, en algunas entidades del país.

Asimismo, líderes del sector agrícola han expuesto que los principales productos de la canasta básica sufrirán diversos incrementos de precios durante este 2018, en comparación con el cierre de 2017, debido al aumento del costo de fertilizantes y semillas, así como por una combinación especulativa en los mercados nacionales e internacionales, debido al resultado de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y otras variables, además de las fluctuaciones de la paridad del peso, respecto del dólar.

En este sentido, es posible observar que, de acuerdo con el registro de precios que lleva a cabo la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para lo que va del presenta año, se pueden encontrar productos de la canasta básica que registran aumentos significativos en su precio final, respecto al inicio del año pasado, entre los que podemos encontrar como ejemplos el huevo, el jitomate y el gas licuado de petróleo (LP), entre otros.

Así, mientras que en enero de 2017, el precio máximo del kilogramo de huevo era de 24 pesos, actualmente se comercializa en Ciudad de México y su zona metropolitana en un promedio de 34 pesos, lo que significa un incremento de un 34 por ciento; mientras que la docena empaquetada se comercializó en alrededor en 26.88 pesos.ii

En este mismo tenor, el jitomate bola se vendió, en promedio y en el mismo periodo, en 41.53 pesos el kilogramo y el saladet en 35.79, con precio mínimo de 20 pesos y el máximo de 43.50, de acuerdo con el sondeo realizado por la Profeco del 29 de diciembre al 3 de enero.iii

Sin embargo, los mayores incrementos se registraron en los precios del gas LP, toda vez que, a principios del año pasado, el tanque de 20 kilogramos se vendía en 315.5 pesos, en promedio y para el presente mes presentó una escalada de más de 24 por ciento, llegando a los 391 pesos por unidad.iv

La inflación que sufre nuestro país ha propiciado la existencia de incrementos excesivos en los precios de los productos de la canasta básica, y es que cualquier proveedor puede aumentar el valor final de los productos, principalmente aquellos con mayor porcentaje de necesidad en la dieta, sin ningún freno, toda vez que, en muchas ocasiones, no son controlados por la autoridad.

En razón de lo anterior, sometemos a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo, a efecto de que la Procuraduría Federal del Consumidor, en el ámbito de sus atribuciones y facultades, verifique que se respeten los precios máximos establecidos en términos de la Ley Federal de Competencia Económica, así como los precios y tarifas que, conforme a lo dispuesto por otras disposiciones, sean determinados por las autoridades competentes, con respecto a los últimos incrementos en productos de la canasta básica en lo que va del presente año.

En Nueva Alianza, conscientes de la importancia de este tema tan sensible para la población, velaremos para que las autoridades vigilen los precios de los 52 productos que conforman la canasta básica, a efecto de que los mismos no presentes aumentos arbitrarios, de tal modo que los mexicanos no sufran una carga injusta a su economía y que, al mismo tiempo, sean respetados sus derechos como consumidores

Por lo anteriormente expuesto, presento a esta Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de acuerdo

Primero. la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor a que, en el ámbito de sus atribuciones y funciones, verifique que se respeten los precios máximos establecidos en términos de la Ley Federal de Competencia Económica, así como los precios y tarifas que, conforme a otras disposiciones, sean determinados por las autoridades competentes, con respecto a los últimos incrementos en productos de la canasta básica en lo que va del presente año.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor a que, en el ámbito de sus atribuciones y funciones, elabore, procese y divulgue información objetiva que guíe a los consumidores sobre las variaciones de precios que se registran en la canasta básica y así evitar abusos por parte de sus comercializadores.

Notas

i Díaz, H. (09 de enero de 2018). “Inflación de 2017, la más alta en 17 años”. El Financiero . Recuperado de

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/inflacion-de-201 7-llega-a-un-nivel-de-77.html

ii Saldaña, I. (6 de enero de 2018). “Golpe a familia; se encarece canasta básica en enero”. El Universal . Recuperado de

http://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/inicia-20 18-con-alzas-en-la-canasta-basica

iii Ibídem.

iv Ibídem.

Dado en la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 17 días del mes de enero de 2018.

Diputado Luis Manuel Hernández León (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Segob a realizar en 2018 por la Subsecretaría de Normatividad de Medios una campaña a través de radio, televisión, cine y espacios oficiales, donde se den a conocer frases de cortesía en lenguas indígenas, como una forma de que todos los mexicanos conozcamos éstas, a cargo del senador Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, senador Jorge Toledo Luis, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos mexicanos somete a consideración del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que a través de la Subsecretaría de Normatividad de Medios realice durante 2018 una campaña a través de los medios masivos de comunicación, radio, televisión, cine, en los espacios oficiales, y se den a conocer frases de cortesía en lenguas indígenas, como una forma de que todos los mexicanos conozcamos nuestras lenguas: asimismo, se exhorta a la Secretaría de Cultura, para que a través del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, elaboren los programas respectivos para ser proyectados en los medios masivos de comunicación, con base en las siguientes

Consideraciones

Los tiempos oficiales son los espacios con los que cuenta el Estado mexicano en radio y televisión para difundir sus mensajes a la población. Los tiempos de Estado son 30 minutos diarios de transmisión gratuita ya sea en todas las estaciones de radio o en los canales de televisión abierta.1

Tienen acceso a los tiempos oficiales los organismos federales de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; Banco de México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos e Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión2 establece en su artículo 251:

“Los concesionarios de uso comercial, público y social que presten el servicio de radiodifusión deberán efectuar transmisiones gratuitas diarias en cada estación y por cada canal de programación, con una duración de hasta treinta minutos continuos o discontinuos, dedicados a difundir temas educativos, culturales y de interés social. Los tiempos de transmisión serán administrados por la Secretaría de Gobernación, la que oirá previamente al concesionario y de acuerdo con ellos fijará los horarios a lo largo de sus horas de transmisión.

El Ejecutivo Federal señalará las dependencias que deberán proporcionar el material para el uso de dicho tiempo y las emisiones serán coordinadas por la Secretaría de Gobernación.”

México es conocido por una rica cultura, contando con 112 millones de mexicanos, el 10% de ellos son indígenas, el cual lo componen más de medio centenar de etnias, cada una con lenguas distintas. A pesar de lo comentado solo 10 son las más populares o utilizadas en el país, y se estima que poco más de 40 están a punto de desaparecer.3

El INEGI, afirma que dentro de la población indígena es muy poco el número de niños y jóvenes que hablan el dialecto, por lo que se va perdiendo el mismo, ya que se acostumbran a hablar el castellano, más que su dialecto.

El 19 de diciembre de 2016 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó su resolución A/RES/71/178, por la cual proclama “el año que comenzará el 1 de enero de 2019 Año Internacional de las Lenguas Indígenas”

El objetivo es llamar la atención sobre la grave pérdida de lenguas indígenas y la necesidad apremiante de conservarlas, revitalizarlas y promoverlas, al estar muchas en peligro de extinción.4

En nuestro país, el 29 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre ellos, el artículo 2° Apartado B, párrafo primero, señalando:

“...B. La Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.”5

El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas ha señalado que todas las lenguas indígenas nacionales son susceptibles de desaparecer por diferentes factores, tales como la falta de transmisión intergeneracional de la lengua, la proporción de personas monolingües que no hablan el español, la cohesión interna de la comunidad lingüística y la falta de presencia política local, regional y nacional.6

En este contexto, podemos señalar que la mayoría de los mexicanos, no conocemos nuestras lenguas nacionales, no estamos familiarizados con su pronunciación, son para nosotros, un total enigma.

En el entorno en el que vivimos, es más recurrente ver frases en inglés, francés, y cualquier otro idioma; y difícilmente, vemos frases o nombres que son orgullosamente parte de nuestras lenguas originarias.

Independientemente de que a diario utilizamos nombres indígenas, como Xóchitl, chocolate, ate, Atlixco, atole, ayocote, entre otras; los mexicanos debemos familiarizarnos más con nuestras lenguas nacionales, y la mejor forma, es a través de la difusión cotidiana, que permita que vayamos conociéndolas.

La repetición, en medios masivos de comunicación, nos permitiría familiarizarnos con sus sonidos y el reconocimiento, de su significado, mediante la difusión cotidiana, permitiría, que todos participáramos en lograr que nuestras lenguas nacionales, se integraran como parte de lo que son nuestro legado cultural.

Derivado de lo anterior, es necesario que en medios masivos de comunicación, radio, televisión, cine, en los espacios oficiales, cuenten con un tiempo para promover spots donde miembros de comunidades indígenas den a conocer palabras, frases de cortesía y significados de nuestras lenguas indígenas.

Es por ello que, me permito presentar ante este pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, para que a través de la Subsecretaría de Normatividad de Medios, realice durante 2018, una campaña a través de los medios masivos de comunicación, radio, televisión, cine, en los espacios oficiales, y se den a conocer frases de cortesía en lenguas indígenas, como una forma de que todos los mexicanos conozcamos nuestras lenguas.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Cultura, para que a través del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, se elaboren los programas respectivos para ser proyectados en los medios masivos de comunicación.

Notas

1 http://www.rtc.gob.mx/NuevoSitio/tiempos_oficiales.php (consultado 21/11/2017)

2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTR_311017.pdf, (consultada 16-01-18)

3 http://www.comunidadesindigenasenmovimiento.mx/proyectocomunidad.htm (consultado 21/11/2017)

4 http://www.fondoindigena.org/drupal/es/node/633 (consultado 21/11/2017)

5 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5424043&fecha=29/01/2016 (consultado 21/11/2017)

6 http://www.mirnacunningham.org/site/?q=node/73 (consultado 21/11/2017)

Dado en el Salón de Comisión Permanente el 17 de enero de 2018.

Senador Jorge Toledo Luis (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a investigar por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros el probable desvío de recursos en la duplicación de tarjetas emitidas por el Bansefi destinadas a apoyar a los damnificados por los sismos de septiembre, suscrita por senadores y diputados del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 171, 175, 176 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el siguiente punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, investigue el probable desvío de recursos en la duplicación de tarjetas emitidas por Bansefi destinadas para el apoyo a los damnificados por los sismos ocurridos en septiembre del año pasado al tenor de los siguientes:

Antecedentes

Después de los sismos ocurridos en septiembre del año pasado, se activaron los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) y de los estados para ser destinados a las personas que sufrieron daños en sus viviendas. La entrega de recursos por afectación se llevó a cabo en dos modalidades: daño parcial y daño total.

La definición de la clasificación de daños y el número de viviendas afectadas está a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), dependencia responsable del levantamiento de censos, así como de las preverificaciones y verificaciones.

En ese sentido, para las familias cuyas casas resultaron afectadas con daño parcial, se determinó la entrega de una tarjeta del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) para disposición de efectivo.

No obstante, a raíz de reclamos de damnificados que detectaron dinero faltante en las tarjetas que recibieron, Bansefi presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República, para que se investigara la posible clonación de los plásticos. Según se publicó entonces, las tarjetas distribuidas en Oaxaca y Chiapas.

Al respecto, el pasado 16 de noviembre, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores inició una investigación a Bansefi por las tarjetas repartidas entre las personas afectadas por los sismos ocurridos en septiembre del año pasado. El 20 de diciembre pasado, la Comisión concluyó la primera etapa de su investigación, la cual forma parte del expediente, de lo cual se hicieron observaciones dirigidas a Virgilio Andrade, director general de Bansefi.

Aunado a ello, recientemente, de acuerdo con información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se encontraron irregularidades en el programa de tarjetas para los damnificados de los sismos ocurridos en septiembre del año pasado. Señala que Bansefi emitió múltiples tarjetas a nombres de mil 495 beneficiarios en los cuales se depositaron 68.8 millones de pesos.

Asimismo, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) contactó a damnificados cuyos nombres aparecen con más de 34, 26, 18 y hasta 14 tarjetas, de los cuales hay casos que no recibieron ninguna tarjeta.

También cabe señalar que, de acuerdo a la información publicada Bansefi emitió 4 mil 574 tarjetas para mil 495 beneficiarios, se hicieron 3 mil 79 plásticos de más. Se mencionan los once nombres de los damnificados a quienes supuestamente se les emitieron el mayor número de tarjetas, entre 34 y 10 para cada uno. Aunado a ello, mil 484 personas están registradas con dos y hasta ocho tarjetas de débito. De los cuales cinco personas fueron localizadas en comunidades marginadas de Chiapas, señalan que ninguno recibió tarjetas de más. Incluso, a dos de ellos no se les ha entregado ningún tipo de apoyo federal.

Consideraciones

I. Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

II. Que de acuerdo con los lineamientos de Operación Específicos del Fondo de Desastres Naturales, señala que para la atención a vivienda deberán realizarse por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), quien evalúan las condiciones de la vivienda a reconstruir (definiendo si se requiere rehabilitación de daños menores, reconstrucción de daños parciales, construcción de daño total de la vivienda o reubicación y construcción de viviendas), y genera el padrón de beneficiarios; sin embargo actualmente la dependencia encargada de atender los problemas referentes a vivienda en el ámbito federal es la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, el presente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a que, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, investigue el probable desvío de recursos en la duplicación de tarjetas emitidas por Bansefi destinadas para el apoyo a los damnificados por los sismos ocurridos en septiembre del año pasado; recursos particularmente orientados a la reconstrucción de viviendas afectadas.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a que, a través de la Fepade, investigue la duplicación de tarjetas emitidas por Bansefi destinadas para el apoyo a los damnificados por los sismos ocurridos en septiembre del año pasado con la finalidad de determinar si dicha acción tuvo un propósito político-electoral y se prevenga cualquier acción de compra o coacción del voto relacionada con los programas de apoyo a la reconstrucción.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal a que vigile y verifique la correcta entrega de tarjetas y recursos a fin de que todas las personas damnificadas por los sismos ocurridos en septiembre del año pasado, puedan acceder a los recursos destinados a la reconstrucción de sus viviendas afectadas y evitar incurrir en algún agravio o vulneración a sus derechos.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los diecisiete días del mes de enero del año dos mil dieciocho.

Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Adriana Dávila Fernández, Mariana Gómez del Campo Gurza, Sonia Mendoza Díaz y Daniel Gabriel Ávila Ruiz

Diputados Marko Antonio Cortés Mendoza, Federico Döring Casar, Nelly del Carmen Márquez Zapata y María Verónica Agundis Estrada

Con punto de acuerdo, para que se cite a comparecer a los titulares de la CNBV y el Bansefi a fin de exponer las razones de la multiplicidad de homónimos registrados como beneficiarios de los fondos para reconstruir viviendas afectadas por los sismos de septiembre de 2017, suscrita por los senadores Celestino Cesáreo Guzmán e Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 176 y demás aplicables y relativas del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición al tenor de las siguientes

Consideraciones

Derivado de los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre de 2017, con las respectivas réplicas y secuelas de los mismos, se realizaron diversas declaratorias de emergencia en municipios de los estados de Chiapas, Oaxaca, Morelos, Puebla, México y en la Ciudad de México. El gobierno federal estableció un plan de contingencia inmediata que consistió, entre otras cosas, en levantar un padrón de viviendas y, en el caso, comercios afectados total o parcialmente por los sismos a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y para la dispersión de los recursos se le encomendó la tarea al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi).

Desde noviembre de 2017 se reportó que Bansefi presentó una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR), contra quien resulte responsable, por la clonación de tarjetas que fueron entregadas a los damnificados de los sismos de septiembre en Chiapas y Oaxaca, para la reconstrucción de sus hogares.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) presumió que la clonación pudo ocurrir en cuando se fabricó la tarjeta, o bien cuando se activaron los plásticos, previamente a su entrega.

En aquella ocasión, distintas personas que habían recibido recursos federales por la pérdida total de su vivienda durante el sismo encontraron que el saldo no correspondía al total depositado, pues aparecían cargos por diversos montos correspondientes a adquisiciones realizadas en entidades alejadas de las localidades donde se entregaron las tarjetas. Por su parte, Bansefi informó que quien presentara reclamo por irregularidades en su tarjeta, ya fuera por falta de depósito o por clonación, recibirían los recursos correspondientes en 48 horas.

Ante esa situación, periodistas y especialistas cuestionaron que Bansefi haya decidido que las tarjetas repartidas en Oaxaca y Chiapas fueran de banda magnética y no de chip, pues éstas últimas son menos vulnerables a sufrir clonación. Al optar por la tarjeta sin chip, Bansefi contravino disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y del Banco de México, que desde 2012 advirtieron a los bancos para migrar a tarjetas con chip o atenerse a la consecuencia de tener que cubrir eventuales desfalcos.

El 14 de noviembre, a partir de los reclamos de damnificados que detectaron dinero faltante en las tarjetas que recibieron, Virgilio Andrade, director general de Bansefi, presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), para que se investigara la posible clonación de los plásticos.

El 16 de noviembre pasado la CNBV inició una investigación a Bansefi por las tarjetas repartidas entre las personas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, mediante el oficio 122-2/4208/2017. Además solicitó a esta institución una justificación detallada del motivo por el que no utilizó tarjetas con circuito integrado, para la operación de esos recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).1

En el mismo oficio, la CNBV también solicita a Bansefi que informe sobre contratos que ampara la compra de tarjetas con chip, vigente al mes de noviembre de 2017, contratos que ampara la compra de tarjetas sin chip vigente al mes de noviembre de 2017, proceso de adjudicación del contrato de tarjeta sin chip, por el cual se adquirieron las tarjetas emitidas para el programa Fonden, políticas y criterios para la selección de los proveedores de servicios, base de datos del total de tarjetas emitidas para el programa Fonden, detalle de transacciones realizadas por cada una de las tarjetas, detalle de aplicación a cuentas de tarjetahabientes de dispersión del programa Fonden y operaciones de compra y retiros de efectivo.

Este 15 de enero se publicó una investigación de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad donde, con base en un informe de la CNBV sobre la primera etapa de su investigación, se reporta que Bansefi emitió 4 mil 574 tarjetas para mil 495 beneficiarios; es decir, 3 mil 79 plásticos de más. En esas tarjetas de débito Bansefi dispersó recursos que ascienden a 68.8 millones de pesos.

De esos mil 495 beneficiarios del programa para la reconstrucción de viviendas de damnificados por los sismos del pasado mes de septiembre, hay once nombres que se repiten desde 10 y hasta 34 veces, y a todas las tarjetas emitidas se les dispersaron fondos. Sin embargo, cuando la organización mencionada visitó a cinco de esos once beneficiarios, encontró que tres sólo han recibido una tarjeta, y los otros dos, ni siquiera han recibido una.

El informe de la CNBV señala que otras mil 484 personas están registradas con dos y hasta ocho tarjetas de débito cuando, de acuerdo con el programa de apoyo a los damnificados, sólo les correspondería una.

En las observaciones dirigidas a Virgilio Andrade, director general de Bansefi, la CNBV menciona el hallazgo de los beneficiarios cuyos nombres aparecen con más tarjetas de débito de las que les correspondían: “Bansefi presentó deficiencias en la instrumentación de mecanismos que garanticen la adecuada ejecución de las operaciones bancarias, en virtud de que en mil 495 casos la entidad dispersó recursos en efectivo en más de una tarjeta a la que tenían derecho (ya que la segunda tarjeta está reservada para la compra directa de materiales, sin que pueda disponerse de efectivo). El total de los recursos destinados a los mil 495 beneficiarios ascendió a 68.8 millones de pesos”.2

La organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ha reportado que solicitó entrevistas con funcionarios de la CNBV y Bansefi, obteniendo como respuesta que al tratarse de una investigación en curso, no les es posible proporcionar información sobre ella. Por parte de Bansefi, se señaló también que la institución cuenta con 20 días hábiles, después de haber recibido las observaciones de la CNBV, para responder a ellas, plazo que vence el 2 de febrero próximo.

Todo este asunto resulta delicado, pues forma parte de un esquema reiterado de opacidad y manejos irregulares en la aplicación de los recursos destinados a la atención de familias de las comunidades más aisladas y pobres del país, azotadas por los sismos de septiembre de 2017. Medrar con los recursos destinados a atender las necesidades de reconstrucción de las viviendas de esas familias demuestra insensibilidad social e ineficiencia, pero sobre todo, puede constituir responsabilidades administrativas y penales de los servidores públicos involucrados, por acciones u omisiones en la aplicación de esos recursos destinados a la reconstrucción de las viviendas de damnificados por los sismos de septiembre de 2017 en Chiapas y Oaxaca.

Por lo expuesto, se somete a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita la comparecencia del presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que exponga los detalles de los avances en la investigación sobre la dispersión de recursos del Fonden para la reconstrucción de las viviendas afectadas por los sismos del pasado mes de septiembre, particularmente sobre la investigación iniciada mediante oficio 122-2/4208/2017, dirigido al titular del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita la comparecencia del director general del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, para que explique los motivos por los que se registraron múltiples tarjetas a nombre de los mismos beneficiarios para recibir recursos del Fonden destinados a la reconstrucción de viviendas afectadas por los sismos de septiembre, así como los avances en la respuesta al oficio 122-2/4208/2017, que le dirigió la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Notas

1 http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/la-cnbv-investiga-a-bansefi-por- sismos.html

2 http://www.animalpolitico.com/2018/01/tarjetas-bansefi-damnificados-ter remoto/

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2018.

Senadores: Celestino Cesáreo Guzmán, Isidro Pedraza Chávez (rúbricas).

Con punto de acuerdo, relativo a los trabajadores migratorios ex braceros del periodo 1942-1964, suscrita por la diputada Modesta Fuentes Alonso, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Modesta Fuentes Alonso, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en esta LXIII Legislatura federal, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:

Antecedentes y consideraciones

1. El 21 de agosto de 1942 los gobiernos de Estados Unidos y México suscribieron un Convenio Internacional de Trabajadores Temporales que tenía como finalidad hacer posible la entrada a los Estados Unidos de trabajadores mexicanos, para cubrir el déficit de mano de obra originado a raíz de la participación de este país en la Segunda Guerra Mundial. Dicho convenio estuvo vigente en términos formales hasta 1964, aunque existen documentos que prueban que se los siguió contratando hasta 1967. En todo este periodo, fueron más de 4.6 millones de trabajadores mexicanos los que trabajaron como braceros en los Estados Unidos, en la construcción de vías férreas y en la producción de alimentos en los campos agrícolas; es decir, en dos de los sectores que fueron clave para mantener en pie la economía de guerra estadounidense.

2. En la cláusula quinta del Convenio de Trabajadores Temporales, suscrito por Estados Unidos de América y México, se acordó que se haría una deducción de un 10 por ciento en los salarios de los trabajadores mexicanos braceros, para la constitución del llamado Fondo de Ahorro Campesino, y que dicho ahorro les sería devuelto una vez que hubiesen regresado a su país y a sus comunidades de origen.

3. Aun cuando el gobierno estadounidense envió esos recursos con toda puntualidad al gobierno mexicano, éste nunca se los entregó a los trabajadores ex braceros, originándose así el que quizá haya sido el segundo robo más grande de nuestra historia, sólo superado por el saqueo que la corona española llevó a cabo a lo largo de los 300 años que duró la dominación colonial. Si se considera: a) que ese descuento se hizo a todos y cada uno de los trabajadores braceros mexicanos; b) que era una deducción en dólares ; c) que en todo el período sumaron más de 4 millones 600 mil braceros; y d) que fue un período de por lo menos 22 años, de 1942 a 1964; no puede concluirse otra cosa, sino que fue un robo enorme, colosal, de dimensiones realmente históricas. Más aún, a ese robo inicial hay que agregarle los intereses bancarios y las actualizaciones por la inflación que correspondan por los 75 años que ya han transcurrido desde que inició el Programa Bracero en 1942.

El Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía de la UNAM estimó en 2008 que el monto de la deuda del Estado mexicano con los trabajadores ex braceros ascendía a más de 5 billones de pesos.

4. A partir de 1998 comenzaron a constituirse por diferentes rumbos del país organizaciones de lucha de los trabajadores ex braceros para exigir al gobierno federal la restitución de sus fondos de ahorro, más los accesorios legales respectivos. Desde ese año y hasta aproximadamente 2004, su lucha fue en ascenso: demandas legales en Estados Unidos, marchas, plantones, cierres de carreteras y de líneas fronterizas, tomas de edificios públicos, etcétera, hasta culminar con la irrupción de varios miles de braceros en el rancho de Vicente Fox en 2004, en San Francisco del Rincón, Guanajuato.

5. Ante el empuje del movimiento, dos de los tres poderes del Estado mexicano: el Ejecutivo y el Legislativo federales, fraguaron una supuesta solución, que más bien iba encaminada a mediatizar y minimizar la lucha de los trabajadores ex braceros. En ese sentido, se aprobó la llamada Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos , publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2005, mediante la cual se creó un fideicomiso (2106, hoy 10230) a efecto de otorgar a los trabajadores ex braceros que laboraron en Estados Unidos en el período señalado o a sus beneficiarios, un Apoyo Social por 38 mil pesos por única ocasión. De 2005 a la fecha, se ha pagado ese apoyo a un poco más de 190 mil beneficiarios, que representan apenas un 6.1 por ciento del total de los ex braceros o sus beneficiarios existentes;1 y a pesar de que estas cifras significan un avance mínimo en relación con el objetivo del fideicomiso, en el sexenio actual no se ha asignado un solo centavo en el Presupuesto de Egresos de la Federación para dar continuidad a este programa.

6. Afortunadamente un buen número de organizaciones y de trabajadores ex braceros no se han dejado confundir y se han mantenido firmes en la lucha por la restitución íntegra del 10 por ciento, Fondo de Ahorro Campesino, más sus accesorios legales respectivos; y al cabo de una lucha de más de 18 años, el 29 de febrero de 2016 obtuvieron un triunfo importantísimo, cuando el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, a cargo de la licenciada Paula María García Villegas Sánchez Cordero , les concedió, en el expediente 1558/2015, el amparo y la protección de la justicia federal para los efectos de que, una vez que dicha sentencia cause ejecutoria:

a) “...se emita un nuevo oficio, congruente, debidamente fundado y motivado, donde resuelva favorablemente respecto de la solicitud de pago de las cantidades que por concepto de fondo de ahorro campesino, descuento semanal a razón de un 10 por ciento del salario de los quejosos, durante el tiempo que laboraron en Estados Unidos de América, bajo el «Programa Bracero», entre 1942 y 1964 [...]; asimismo, deberán devolverles la cantidad de numerario que les corresponde de dicho fondo”;

b) “Se cree un banco de datos «censo» con todos los datos y nombres de los ex braceros y beneficiarios de éstos, a efecto de determinar qué personas tienen derecho al pago del fondo de ahorro, creado a través del «Programa Bracero», entre 1942 y 1964”;

c) “Se otorgue el certificado de identidad correspondiente, para lo cual se instruye a las autoridades responsables que proporcionen todas las facilidades a todos los ex braceros y sus beneficiarios para poder obtener la documentación que necesitan a efecto de acreditar el derecho al pago de tal ahorro...”;

d) “Que las autoridades responsables realicen una investigación exhaustiva con el gobierno de los Estados Unidos de América, a efecto de determinar los nombres, cuentas, y cantidades que ahorró cada uno de los migrantes mexicanos llamados «braceros», entre 1942 y 1964, debiendo rendir cuentas exactas y transparentes respecto del destino de sus ahorros con la colaboración de los bancos norteamericanos a efecto de evitar pretextar el cumplimiento de este punto bajo el argumento de que derivado de los sismos de septiembre [de] 1985 se destruyó la documentación correspondiente”;

e) “El gobierno federal deberá gestionar a través de las autoridades del Servicio Exterior Mexicano, la posibilidad de que a través de los consulados, todos los connacionales que residan en los Estados Unidos de América, y que tengan la calidad de ex braceros o beneficiarios, puedan acceder al beneficio del pago del fondo de ahorro, creado a través del «Programa Bracero», entre 1942 y 1964, a través del consulado mexicano”.2

Es decir, la juzgadora dictó una sentencia ejemplar, que va hasta la raíz de esta gran injusticia histórica, y ordena al titular del Ejecutivo federal pagar a los quejosos el 10 por ciento histórico, más los accesorios legales correspondientes. En las fojas 146 y 147 de la mencionada sentencia, hace referencia al estudio realizado en el CAM de la Facultad de Economía de la UNAM en 2008; dice:

“De acuerdo con sus cálculos, el dinero retenido, más los intereses ganados en 65 años, da un total de 5 billones 90 mil 231 millones, 275 mil pesos. Los estudiosos estiman que considerando este monto y dividiéndolo entre el número de contratos, a cada trabajador le correspondería en promedio un millón 96 mil pesos ” (las cursivas son propias).

7. La Presidencia de la República interpuso un recurso de revisión en virtud del cual el caso fue turnado al Décimo Primer Tribunal Colegiado de la Ciudad de México; y cuando éste estaba a punto de resolver, la Procuraduría General de la República, a nombre del Ejecutivo federal, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), atraer el caso.

Aunado a lo anterior, el 26 de octubre de 2016, la Segunda Sala de la Suprema Corte acordó por unanimidad, ejercer la facultad de atracción respecto al mismo.

En enero del presente año fue nombrado como ponente el ministro Javier Laynez Potisek, por lo que es probable que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación esté en condiciones de sesionar para dictar su resolución final sobre este asunto, en el expediente de amparo en revisión 1152/2016.

8. En el caso de que la Corte ratifique la sentencia que ya fue dictada por la jueza de distrito, ello significaría prácticamente el inicio del triunfo definitivo de la lucha de los trabajadores ex braceros; en caso de que la revocase, dicha resolución sería un revés para dicho movimiento social.

Por otro lado, la Corte tiene también la posibilidad de modificar los términos de la sentencia que ya fue dictada por el Juzgado de Distrito citado. Pero sin duda alguna, en cualquiera de estas posibles hipótesis, la resolución que dicte la Suprema Corte será de trascendencia histórica, y afectará, para bien o para mal, a todos los trabajadores ex braceros, a sus familias, sus organizaciones, y el futuro del movimiento.

9. Nuestra Carta Magna establece varios principios que, sin duda alguna, permitirían caracterizar como ilícita la apropiación que el Estado mexicano hizo de los fondos de ahorro de los trabajadores ex braceros, entre ellos:

a) el artículo quinto constitucional dice textualmente que “nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial”; y a pesar de ello, más de 4 millones 600 mil trabajadores braceros fueron privados del 10 por ciento de sus salarios sin que mediara resolución judicial alguna;

b) por otra parte, en su artículo 14, nuestra Constitución establece que “nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio...”; esto es, la única forma en que el Estado mexicano podría apropiarse legalmente de los fondos de ahorro de los trabajadores ex braceros, sería, previa demanda, venciéndolos en juicio, cosa que desde luego no ha sucedido, ni hay forma alguna de que suceda; y

c) en su artículo primero, nuestra Constitución señala que “en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección [...]”, y que “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos [...] En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley” (las cursivas son propias).

Con base en lo anteriormente expuesto y, con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, nos permitimos proponer el siguiente:

Punto de acuerdo

Primero. Esta Comisión Permanente exhorta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver conforme a derecho el expediente de Amparo en Revisión 1252/2016, promovido por varios miles de trabajadores mexicanos ex braceros o sus beneficiarios, esto es, que ratifique en todos y cada uno de sus términos la sentencia emitida por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México el pasado 29 de febrero de 2016, y en consecuencia ordene al Ejecutivo federal restituya a los quejosos el equivalente del 10 por ciento de sus salarios que les fue retenido mientras trabajaron en los Estados Unidos de América, más los accesorios legales correspondientes por todos los años que han transcurrido desde el inicio del llamado Programa Bracero.

Segundo. Esta soberanía exhorta a la Secretaría de Gobernación a que realice un censo y elabore la base de datos respectiva con todos los datos y nombres de los ex braceros y beneficiarios de éstos, a efecto de determinar qué personas tienen derecho al pago del fondo de ahorro, creado con el Programa Bracero, entre 1942 y 1964.

Tercero. Esta soberanía exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que realice una investigación exhaustiva con el gobierno de los Estados Unidos de América, a efecto de determinar los nombres, cuentas, y cantidades que ahorró cada uno de los migrantes mexicanos llamados ‘braceros’, entre 1942 y 1964, debiendo rendir cuentas exactas y transparentes respecto del destino de sus ahorros con la colaboración de los bancos norteamericanos.

Cuarto. Esta Comisión exhorta a la Secretaría de Gobernación a que se otorgue a los trabajadores ex braceros que hoy día ya no tienen documentos probatorios originales el Certificado de Identidad respectivo, ello con el objetivo de que los ex braceros y sus beneficiarios puedan obtener la documentación que necesitan a efecto de acreditar el derecho al pago de tal ahorro. Lo anterior en virtud de que existe un documento que fue expedido en 1944 y 1945, titulado “Instrucciones para cobrar el diez por ciento”, emitido por la War Food Administration (Oficina de Administración de Alimentos de Guerra) del gobierno de los Estados Unidos, en el cual se establecía con toda claridad que sería la Secretaría de Gobernación quién expediría dichos Certificados de Identidad.

Notas

1 Según un estudio de impacto presupuestal realizado en 2008 por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, se estimaba que existían 3 millones 233 mil 755 ex braceros o beneficiarios de ellos en condiciones de reclamar legalmente el pago de ese apoyo social. Véase CEFP, “Impacto Presupuestario ‘Programa Bracero’ 1942-1964”, México, Palacio Legislativo de San Lázaro, marzo de 2008, p. 12.

2 Sentencia de veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, dictada en el Juicio de Amparo número 1558/2015, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.

Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, 17 de enero del 2018.

Diputada Modesta Fuentes Alonso (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversos funcionarios del Ejecutivo federal a comparecer ante la Comisión Permanente a fin de establecer el tema de la clonación de tarjetas para beneficiarios afectados por los sismos de septiembre de 2017, suscrita por el senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, senador Zoé Robledo Aburto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en esta LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, someto a la consideración del pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a diversos funcionarios del Fjecutivo federal a comparecer ante la Comisión Permanente para esclarecer el tema de la clonación de tarjetas para beneficiarios afectados por los sismos de septiembre de 2017 , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Derivado del sismo acontecido el pasado 7 de septiembre de 2017, con epicentro en el golfo de Tehuantepec y magnitud de 8.2, el gobierno federal obtuvo el reporte final de 110 mil inmuebles dañados en los estados afectados, Oaxaca y Chiapas. Del total de propiedades perjudicadas, según datos de la Sedatu, 58 mil 366 viviendas afectadas corresponden al estado de Chiapas (aunque cálculos independientes estiman que hubo más de 80 mil viviendas dañadas), de las que 22 mil 340 sufrieron pérdida total.

A consecuencia de esto el presidente Enrique Peña Nieto informó que el gobierno federal apoyaría con un monedero electrónico para la compra de material y el pago de mano de obra, el cual será entregado a partir de la semana del 11 de septiembre del año pasado, expedidas mediante el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi).

El pasado 14 de noviembre, Bansefi presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la Republica, en su Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, la cual versaba sobre la clonación de 57 tarjetas de apoyo a los afectados por el mencionado sismo, fundamentada con base en el artículo 112 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito, el cual establece una conducta típica, antijurídica e imputable, consistente en el uso indebido de la información de los clientes, la copia y reproducción de la información contenida en la banda magnética de las tarjetas. Esta conducta fue principalmente realizada en el municipio de Ixtepec, Oaxaca, así como en los de Tapachula, Cintalapa y Tonalá, Chiapas.

Virgilio Andrade Martínez, director general de Bansefi, imputó que las operaciones de clonación desviaron cerca de medio millón de pesos, de los 2 mil 411 millones de pesos que ya se han en este momento entregado. Asimismo, este funcionario informó que en los 57 casos acreditados, se devolvió y reembolsó íntegramente el dinero, aunque la pérdida monetaria sigue afectando a las personas físicas y morales que han apoyado esta causa.

A medida que el número de tarjetas clonadas fue aumentando, Bansefi se vio obligado a ampliar su denuncia, llegando así hasta por lo menos 275 tarjetas, principalmente en Ixtepec y una gran parte en Tapachula y Cintalapa, en el estado de Chiapas. Los daños se estiman en 2 millones y medio de pesos, ya que, de cada cargo no reconocido, Bansefi ha regresado los recursos a los afectados.

No obstante, a los problemas derivados de la clonación de tarjetas, nos enfrentamos también a un problema institucional: la corrupción y el desvío de fondos.

Según un reporte de Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), basado en una investigación realizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Bansefi emitió 4 mil 574 tarjetas a nombre de mil 495 beneficiarios, lo que indica que hubo 3 mil 79 plásticos de más, a los que fueron depositados 68.8 millones de pesos.

Asimismo, se expone que, a 11 damnificados, principalmente de Chiapas, se les emitió el mayor número de tarjetas, entre 34 y 10 para cada uno, mientras que las restantes mil 484 fueron registradas con dos hasta ocho tarjetas, aunque en realidad, entre los damnificados hay quien no recibió una sola tarjeta.

Cabe aclarar que el programa de Bansefi sí permitía la entrega de máximo dos tarjetas, con las condiciones siguientes: si un inmueble obtenía el dictamen de daño parcial, se le entregaría solo una tarjeta de débito, en caso de ser dictaminadas como pérdida total, se le entregarían dos plásticos: uno de débito y un monedero electrónico destinado a la compra de materiales de construcción.

El monto de apoyo en efectivo al que pueden tener derecho los beneficiarios va de 15 mil pesos por daño parcial, a 120 mil en varias ministraciones de hasta 25 mil pesos por pérdida total. Cabe señalar que en el caso de las más de 22 mil viviendas dictaminadas como pérdida total, estas fueron derribadas y se les entregó a los propietarios una tarjeta con solo 15 mil pesos. Sin embargo, muchas comunidades no recibieron el recurso, incluso hay afectados que cuentan con folio pero no están en la relación de Sedatu. Asimismo, los afectados señalan que no hubo asesoría de Sedatu para el uso de las tarjetas, en los casos que fueron entregadas, ni para las mejores técnicas de reconstrucción de las viviendas.

Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad consultó a chiapanecos que aparecen en el padrón de apoyos en reiteradas ocasiones, pero que han recibido menos apoyo, o incluso nada, como les sucediera a los siguientes ciudadanos: Reynaldo Molina Espinoza que aparece 34 veces con un apoyo de 510 mil pesos, pero que sólo ha recibido una tarjeta con 15 mil pesos. Manuel de Jesús Hernández aparece 26 veces con un apoyo de 390 mil pesos, no ha recibido un solo peso. Martha Rubenia Ramírez Montoya aparece con 18 tarjetas con 270 mil pesos, recibió dos tarjetas con 60 mil pesos. Wilian Cruz Sambrano aparece 16 veces con un apoyo de 240 mil pesos, no ha recibido nada. Josefa Abarca Guillén aparece con 14 tarjetas equivalentes a 210 mil pesos, ha recibido dos tarjetas con 60 mil pesos.

Las víctimas no son solo un numero estadístico más, representan una cruda realidad social, en la que las personas esperan que el Estado, por medio de sus instituciones gubernamentales proteja sus derechos cuando se vean violentados, pero solamente obtienen más inseguridad y vejación de derechos fundamentales, como lo es la vivienda, cuando acuden a dichas instituciones.

El día 14 de noviembre de 2017, durante la comparecencia del entonces secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda Nava, ante la Comisión de Desarrollo Social del Senado de la República, le pregunté al secretario qué acciones se tomarían para blindar los programas sociales y para apoyar en las investigaciones de los hechos señalados.

El atropello de derechos de los gobernados por la autoridad y otros gobernados, así como el desvío de recursos, son conductas que no deben quedar impunes, ya que representan un crimen en la concepción romanista: un acto ilícito lesivo del interés de la comunidad.

Por las razones anteriormente expuestas, se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con:

Puntos de acuerdo

Primero. La honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer ante el pleno de la misma a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Procuraduría General de la Republica, para que informen a esta soberanía acerca las acciones e investigaciones para esclarecer la clonación de tarjetas para beneficiarios afectados por los sismos de septiembre de 2017 en Chiapas.

Segundo. La honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer ante el pleno de la misma a los ex titulares de la Secretaría de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava y, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, para que informen ante esta soberanía sobre las acciones e investigaciones para esclarecer la clonación de tarjetas para beneficiarios afectados por los sismos de septiembre de 2017 en Chiapas, realizadas durante su gestión al frente de la dependencias referidas.

Tercero. La honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la Republica, a través de su Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Auditoría Superior de la Federación, así como al gobierno del estado de Chiapas, para que de manera conjunta y coordinada lleven a cabo las investigaciones correspondientes, con carácter de urgente, para deslindar responsabilidades por la clonación de tarjetas para beneficiarios afectados por los sismos de septiembre de 2017 y sancionarlos, así como para resarcir los daños causados a las víctimas y, para mejorar las estrategias para prevenir este tipo de delito.

Cuarto. La honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social a regularizar el padrón de beneficiarios y la entrega de los apoyos, para la reconstrucción de sus respectivas viviendas.

Quinto. Se solicita a esta honorable soberanía que tenga a bien considerar esta proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 17 de enero de 2018.

Senador Zoé Robledo Aburto (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a investigar el posible desvío de recursos destinados a las víctimas de los sismos de septiembre de 2017 y a la destitución de Virgilio Andrade Martínez, titular del Bansefi, suscrita por el diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito diputado Jorge Álvarez Máynez , integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presenta ante esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente:

Punto de acuerdo

El 7 de septiembre de 2017 se registró un sismo de magnitud 8.2, mismo que, de acuerdo con un reporte del gobierno federal, provocó el daño de 110 mil inmuebles, 57 mil en Oaxaca, y 53 mil 395 en Chiapas, mismos que deberán ser reconstruidos o reparados.1 Posteriormente, el 19 de septiembre de 2017, se suscitó otro temblor, uno de magnitud 7.1 en la Ciudad de México, con un número de 339 víctimas mortales, 5 mil viviendas dañadas, tan sólo en la Ciudad de México, 16 mil planteles educativos dañados y 53 centros de salud con daños mayores.2

En síntesis, de los dos sismos registrados en el mes de septiembre, el gobierno federal reportó que estima 180 mil 731 viviendas con daños, y un aproximado de 12 millones de afectados en más de 400 municipios de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Morelos y Guerrero.3

Consecuencia de ello, el gobierno federal se comprometió a entregar 6 mil 844 millones de pesos, derivados del Fonden, mediante el programa Apoyos Parciales Inmediatos, mismos que se distribuiría de la siguiente manera: Oaxaca y Chiapas recibirían el 59 por ciento de los apoyos; la Ciudad de México y Morelos, el 20 por ciento; Puebla el 8.3 por ciento; el estado de México el 5.6 por ciento; Guerrero el 4.5 por ciento; Tlaxcala el 1.03 por ciento; y Veracruz el 0.3 por ciento.4

No obstante lo anterior, recientemente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores detectó5 -como consta en el expediente 122.111.12 (001597)”2017”<6>- irregularidades en el programa de tarjetas para los damnificados de los sismos de septiembre pasado, según la cual el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros expidió un total de “4 mil 574 tarjetas de [débito] para mil 495 beneficiarios; es decir, se hicieron 3 mil 79 plásticos de más. En esas tarjetas de débito, la CNBV encontró que Bansefi “dispersó recursos en efectivo” que ascienden a 68.8 millones de pesos; es decir poco más de 3.6 millones de dólares”,6 de las cuales, entre 34 y 10 tarjetas, supuestamente se repartieron a once damnificados, todas con fondos; a otras mil 484 personas, supuestamente, se les entregaron entre dos y hasta ocho tarjetas de débito7 “cuando, de acuerdo con el programa de apoyo a los damnificados, solo les correspondería una, pues son las que se emiten para disponer de efectivo”.8

Sin embargo, -y de acuerdo con una investigación paralela de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad- en algunos casos, las tarjetas no han sido entregadas a los beneficiarios.9 De igual manera, la investigación de la CNBV indica que “258 damnificados han denunciado que las tarjetas entregadas por Bansefi registraban cargos que ellos no reconocían”;10 además que 96.5 por ciento de las tarjetas fueron hackeadas, de las cuales se extrajeron 2 millones de pesos;11 y al menos 81 fueron clonadas antes de ser entregadas,12 situación que derivó en que los recursos fueran retirados en ciudades del país distintas a las zonas donde se debían repartir los apoyos del Fonden.13

Por tanto, y ante la cuestionable respuesta del director general de Bansefi,14 y a la luz de otras denuncias respecto del desvío de recursos públicos,15 así como la falta de sensibilidad ante una situación que ha podido mover lo más profundo de los mexicanos, que es la solidaridad, es que se hace necesaria una investigación exhaustiva y expedita, que permita conocer el destino de los recursos, y dé con los responsables -independientemente del cargo que ocupen en el gobierno federal-, y sean sancionados. Además, es necesario que sea destituido Virgilio Andrade Martínez, director general del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, SNC, en tanto la investigación se lleva a cabo, y se restituya el daño ocasionado a los damnificados.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta Comisión Permanente, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda exhortar al titular de la Procuraduría General de la República para que, conforme a sus atribuciones, investigue de manera exhaustiva y expedita el desvío de recursos públicos, documentado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como consta en el expediente 122.111.12 (001597)”2017”<6>.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda exhortar al titular del Ejecutivo federal a que, por conducto del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, destituya a Virgilio Andrade Martínez como director general del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, SNC.

Notas

1 “Sismo de 8.2, del pasado 7 de septiembre, dejó 110 mil inmuebles dañados en Oaxaca y Chiapas”, Animal Político, México, 24 de septiembre de 2017, sección nacional. Disponible en:

http://www.animalpolitico.com/2017/09/sismo-7-septiembre -110-mil-inmuebles-oaxaca-chiapas/ (consultado el 15 de enero de 2018, a las 12:00).

2 “Lo que el #19S nos dejó: las víctimas, daños y damnificados en México”, Animal Político, México, 19 de octubre de 2017, sección Animal Político. Disponible en:

http://www.animalpolitico.com/2017/10/cifras-oficiales-s ismo-19s/ (consultado el 15 de enero de 2018, a las 13:00).

3 Ídem.

4 Ídem.

5 “La multiplicación de las tarjetas: Bansefi clona damnificados del terremoto”, Animal Político, México, 15 de enero de 2018, sección nacional. Disponible en:

http://www.animalpolitico.com/2018/01/tarjetas-bansefi-d amnificados-terremoto/ (consultado el 15 de enero de 2018, a las 13:00).

6 Ídem.

7 Ídem.

8 Ídem.

9 Ídem.

10 “Cobran en Veracruz apoyo a chiapanecos”, Reforma, México, 16 de enero de 2018, sección Nacional. Disponible en: http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1300388&v=5 (consultado el 16 de enero de 2018, a las 07:00).

11 Ídem.

12 Ídem.

13 Ídem.

14 Ídem.

15 “La Estafa Maestra. Graduados en desaparecer dinero públicos”, Animal Político. Disponible en: https://www.animalpolitico.com/estafa-maestra/ (consultado el 16 de enero de 2018, a las 8:00).

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 17 de enero de 2018.

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Guanajuato, la Secretaría de Trasparencia y Rendición de Cuentas de la entidad y el Comité Anticorrupción a investigar e informar sobre la adjudicación de contratos por el gobierno estatal a la empresa FBM Comercializadora, SA de CV, a cargo de la diputada Yulma Rocha Aguilar, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Yulma Rocha Aguilar, diputada de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con puntos de acuerdo mediante el cual se exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Guanajuato y a la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado para que informe detalladamente respecto a las investigaciones y los avances en las mismas respecto al caso “FBM Comercializadora, SA de CV”, así como proceda conforme a sus facultades contra quien o quienes resulten responsables por las conductas jurídicamente reprochables que resulten y al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción para dar un puntual seguimiento la investigación del caso “FBM Comercializadora S.A. de C.V” relatado en el cuerpo del presente exhorto

Exposición de Motivos

Cada vez se hace más presente la exigencia ciudadana para con los Gobiernos de los tres niveles de trasparencia y la rendición de cuentas en su actuación y en la aplicación de los recursos públicos, no solo es un requerimiento totalmente valido y una obligación de los servidores públicos el atender dicho clamor social para que su actuar sea cristalino y libre de suspicacias.

Para efecto de dar cumplimiento al combate contra la corrupción es que se han realizado esfuerzos a nivel federal y en las entidades federativas, como lo es la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas estatales.

Así pues en Guanajuato también se ha puesto en marcha el Sistema Estatal Anticorrupción, generando en la entidad la obligación de dar respuestas favorables al combate a la corrupción es por ello la imperiosa necesidad de que comience a dar resultados y que atiendan con la ética, formalidad y firmeza que los casos que ameritan.

Sin embargo ha sido a través de los medios de comunicación que ha salido a la luz pública una serie de actuaciones por parte del gobierno del estado de Guanajuato que pudieran ser constitutivos de actos de corrupción, pues ha otorgado contratos a una presunta empresa “fantasma” denominada “FBM Comercializadora, SA de CV, la cual aparece en la lista de proveedores de la Coordinación de Comunicación Social del desde 2015 y con ella se han realizado convenios de intermediación para adquirir servicios periodísticos. Dicha empresa se encuentra señalada tanto por la Secretaría de Hacienda como por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción como sospechosa de operaciones inexistentes, es decir, es una empresa “fantasma”.

También la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, el pasado 17 de agosto en el Diario Oficial de la Federación la enlistó como una de 156 empresas de las que se detectó que “emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes”.

Ahora bien, el gobierno del estado de Guanajuato ha otorgado en 3 años por lo menos siete contratos por 4.6 millones de pesos a la empresa “FBM Comercializadora, SA de CV”, por fungir como un intermediario y que por su conducto se adquieran espacios de publicidad en las páginas web de diversos medios de comunicación, siendo esta su actividad en original al contratarla, pero en 2017, el contrato se amplió a “encartes e inserciones en las ediciones de la periódicos de la entidad.

Es relevante destacar que la empresa “FBM Comercializadora, SA de CV”, apareció entre los proveedores de la Coordinación de Comunicación Social en 2015, con una contratación de apenas 183 mil pesos, siendo que al año siguiente la empresa registró un aumento exponencial de sus montos de contratación, puesto que en 2016 fue beneficiada con un millón 430 mil pesos, mientras que en el año 2017, de enero a octubre, había facturado tres millones 43 mil pesos.

Es importante señalar que la participación de un tercero en este tipo de contrataciones resulta extraño e innecesario puesto que la Coordinación de Comunicación Social tiene convenios con todos los periódicos para los cuales “FBM” aparece como intermediario.

Atendiendo a la opinión de un experto en el tema, tal como señalan las investigaciones periodísticas “Parece que se trata de una empresa enfocada a manejar estrategias fiscales y no una entidad productiva. De ello también habla el extenso rango de operaciones enlistadas en su objeto social y el hecho de que este se modifique a lo largo del tiempo”; y para finalizar, una irregularidad más es notoria a simple vista, no se requiere más que asistir al domicilio señalado como el perteneciente a la empresa “FBM Comercializadora, SA de CV,” y verificar los datos de contacto registrados ante el gobierno estatal, lo cual da como resultado encontrar un despacho cerrado, el directorio del edificio da una razón social diferente y al intentar contactar vía telefónica existen evasivas, información nula respecto de la empresa y deja en evidencia las inconsistencias respecto al domicilio fiscal de “FBM Comercializadora, SA de CV”.

Todas estas inconsistencias, falta de claridad en la contratación y obscuridad en las declaraciones de los responsables por parte del gobierno del estado dejan una evidente estela de dudas, suspicacias y enojo ciudadano, quienes exigen se esclarezca y se sancione a quien resulte responsable de ser descubierta una falacia en estos convenios realizados entre “FBM Comercializadora, SA de CV”, y el gobierno estatal de Guanajuato.

Es por todo lo acontecido, la inconsistencias, los indicios de actos de corrupción, la complicidad y opacidad al momento de realizar las contrataciones señaladas que se hace primordial un debido proceso de investigación y seguimiento al caso y de resultar verdaderas las irregularidades tal como todo apunta, se ejerza acción sancionatoria contra quien o quienes resulten responsables de ello, esta es una prueba para el Sistema Anticorrupción Estatal que sería uno de los primeros casos de posibles actos de corrupción dentro de su ámbito de acción después de su instalación, esto es un parte aguas y será un muy claro indicador de la real aplicación del sistema y de su objetividad, eliminando la idea de estar bajo las ordenes de algunos y cuidando los intereses de quienes ostentan el poder; no debe prevalecer la impunidad en este caso ni en ningún otro y es aquí donde la exigencia ciudadana debe ser mayormente escuchada.

Por esta reflexión me permito someter a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Por el que se exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Guanajuato y a la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del estado para que informen detalladamente respecto a las investigaciones y los avances en las mismas respecto al caso “FBM Comercializadora, SA de CV”, así como proceda conforme a sus facultades contra quien o quienes resulten responsables por las conductas jurídicamente reprochables que resulten.

Segundo. Por el que se exhorta respetuosamente al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción para dar un puntual seguimiento la investigación del caso “FBM Comercializadora, SA de CV”, relatado en el cuerpo del presente exhorto

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a los 17 de enero de 2018.

Diputada Yulma Rocha Aguilar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y el gobernador interino de Nuevo León a tomar medidas contundentes y expeditas para detener las muertes prematuras en la zona metropolitana de Monterrey causadas por la emisión de contaminantes en el aire, así como a hacer públicos los avances y el efecto del programa ProAire Nuevo León 2016-2025 a escala municipal, por ciudad y zona metropolitana, suscrita por el diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Juan Carlos Ruiz García, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El estado de Nuevo León tiene grandes virtudes y fortalezas en su gente, sus recursos y su gran empuje y arrojo para salir adelante y destacar como una de las entidades más productivas del país y punta de lanza en diversos campos. Lamentablemente, no todos estos campos son positivos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha ubicado a Monterrey, la capital de Nuevo León, como la ciudad más contaminada de México y ni el gobierno federal, ni el estatal han reaccionado a la altura de tal emergencia.

En este sentido, es oportuno recordar que la propia OMS ha señalado que la contaminación atmosférica es el principal riesgo ambiental para la salud en América Latina, siendo los contaminantes atmosféricos más relevantes para la salud las PM con un diámetro de 10 micras o menos, (incluidas las PM2.5 y PM10), mismas que pueden penetrar profundamente en los pulmones e inducir la reacción de la superficie y las células de defensa. Cabe destacar que la mayoría de estos contaminantes son producto de la quema desmedida de combustibles fósiles, es decir, la quema de todos los productos derivados del petróleo.

Las características geográficas de la entidad y la suma de diversos factores se han conjuntado para que la concentración de partículas PM2.5 y PM10 sea ya nociva para la salud y provoque cinco mil muertes prematuras en Monterrey, según informó Guillermo Martínez Berlanga, director del Comité Ecológico Pro Bienestar, que es una organización de la sociedad civil dedicada al monitoreo de la calidad del aire. Vale agregar que, en el país hay anualmente 20 mil muertes relacionadas con la contaminación anualmente.

La contaminación atmosférica en Monterrey ha alcanzado límites que representan un peligro para todos sus habitantes, 86 PM10 y 36 PM2.5, los cuales están más allá de los márgenes que el ser humano puede soportar. Las directrices de la OMS sobre la calidad del aire recomiendan a este respecto una exposición máxima de 20 puntos para las PM10 y una exposición máxima de 10 puntos para las PM2.5, con base en las evidencias de los efectos sobre la salud de la exposición a la contaminación atmosférica.

Es oportuno asentar que si bien existe el Programa ProAire Nuevo León 2016-20251 , en el que participan el gobierno federal, del estado y autoridades municipales, éste no ha arrojado resultados satisfactorios, como lo evidencian las cinco mil muertes que ha causado la mala calidad del aire.

La situación antes descrita ya había sido acusada por el que suscribe, solicitando a través de una iniciativa la intervención de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático con base en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para apuntalar el mejoramiento de la calidad del aire mediante su difusión para todos los mexicanos.

De igual forma, presenté una iniciativa a fin de instalar una comisión interinstitucional de trabajo que vigilara y pugnara por el cuidado de la calidad del aire, misma que no fue bien recibida por la autoridad federal so pretexto del costo que representaría, dejando de lado el beneficio que acarrearía en materia de salud pública, ya que mejorando la calidad del aire disminuirían enfermedades asociadas, aumentaría la productividad y se ahorrarían recursos en tratar padecimientos en hospitales públicos.

Dicha preocupación fue manifestada con base en la garantía constitucional que tenemos los habitantes del país, que dice: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho”, (Artículo 4). Adicionalmente, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a través del Objetivo para el Desarrollo Sostenible 3 mandata “Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades”.

Adicionalmente, a este respecto, está dispuesta la meta 12.9 “Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo”. Hoy, en Nuevo León y en Monterrey no se está velando por el cumplimiento de dicha meta, que más allá de ser un compromiso para México, es un deber ineludible del gobierno estatal ya que está en función de la salud de los ciudadanos.

Es por ello que el presente documento pretende reiterar el llamado que he venido haciendo a las autoridades federales para que se encarguen del cuidado de la salud de los mexicanos desde lo más primordial, que es el aire que todos respiramos. De igual forma, es necesario que se estreche la vigilancia de las fuentes que más contaminación causan y se tomen medidas en consecuencia, por ejemplo, fortalecer el transporte público de calidad y endurecer las normas que permitan bajas emisiones de contaminantes de la industria.

Por lo antes expuesto y con el ánimo de velar por la salud de los neoleoneses, someto a consideración de la Comisión Permanente, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano Alamán y al gobernador interino del estado de Nuevo León, Manuel González Flores, a que en el ámbito de sus respectivas facultades, tomen medidas contundentes y expeditas para detener las muertes prematuras en la zona metropolitana de Monterrey causadas por la emisión de contaminantes en el aire; así como a hacer públicos los avances y el impacto del Programa ProAire Nuevo León 2016-2025 a nivel municipal, por ciudad y zona metropolitana.

Nota

1 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/250974/ProAire_Nuevo_Leo n.pdf (consultado el 11 de enero del 2018)

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2018.

Diputado Juan Carlos Ruiz García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y la SHCP a informar sobre los fondos, las donaciones y el destino de los recursos asignados a la reconstrucción de viviendas tras los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Rafael Hernández Soriano, diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Antecedentes

I. El pasado 7 de septiembre de 2017 se registró un sismo de magnitud 8.2 con epicentro en Tonalá Chiapas,1 el cual ocasionó grandes afectaciones principalmente en los estados de Oaxaca y Chiapas, en los que, de acuerdo a los reportes del gobierno federal, alrededor de 110 mil inmuebles resultaron con daños.

II. Posteriormente, el 19 de septiembre del mismo año, se registró otro sismo de magnitud 7.1 con epicentro en el sureste de Axochiapan, Morelos,2 mismo que generó afectaciones en Puebla, Morelos, estado de México, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Tlaxcala, pero principalmente a la Ciudad de México.

III. Derivado de lo anterior, el 14 de septiembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Declaratoria de Desastre Natural para 283 municipios del estado de Oaxaca y para 97 municipios del estado de Chiapas por el sismo del 7 de septiembre de 2017.

IV. De igual manera, el 27 de septiembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Declaratoria de Desastre Natural para las 16 delegaciones políticas de la Ciudad de México por el sismo del 19 de septiembre.

Consideraciones

Primera. El Fondo de Desastres Naturales (Fonden) es el instrumento financiero mediante el cual, dentro del Sistema Nacional de Protección Civil, a través de las Reglas de Operación del Fondo y de los procedimientos derivados de las mismas, tiene como finalidad atender los efectos de desastres naturales imprevisibles, cuya magnitud supere la capacidad financiera de respuesta de las dependencias y entidades paraestatales, así como de las entidades federativas.

Para ello, en una primera etapa los recursos del Fonden sirven para responder a necesidades básicas de damnificados, como comida, vestido, calzado, cobijas, artículos para limpieza personal. Tomando en cuenta que este gasto se aminora gracias a las aportaciones y donaciones de los ciudadanos y otros órganos como el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

Durante la segunda etapa, los recursos del Fonden se usan para la recuperación de infraestructura. En ese sentido, la entrega de apoyos depende del grado de afectación de viviendas y de la población, el cual se determina a través del censo de daños elaborado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y que puede traducirse en recursos materiales para que la reconstrucción corra a cuenta del beneficiario o recursos para su total construcción si se trata de una damnificación completa.

Cabe destacar que la evaluación para liberar estos recursos es realizada por un comité técnico conformado por la (SHCP, la Segob y la Sedatu) y posteriormente son liberados una vez emitida la declaratoria de desastre, misma que, para el caso de Oaxaca, Chiapas y la Ciudad de México, fue publicada conforme a la norma.

Derivado de lo anterior, el gobierno federal anunció que se apoyaría la reconstrucción de las casas de los damnificados con recursos del Fonden, los cuales entregaría Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) a través de tarjetas de débito y monederos electrónicos. En el que, de acuerdo con este programa, a todos los damnificados se les entregaría una tarjeta de débito para disponer de efectivo, y sólo a quienes presentaron “pérdida total” les corresponderían dos plásticos: uno de débito y el monedero electrónico.

Segunda. En ese contexto, se recibieron diversas aportaciones por parte de la comunidad internacional para contribuir con la reconstrucción, tal es el caso de: Facebook (1 millón dólares); Google (1 millón de dólares); Apple (1 millón de dólares); Uber (5 millones de pesos) o Samsung (20 millones de pesos), etcétera. Hasta recursos como los de diversos jefes de Estado, como los del papa Francisco o los mismos que la Cámara de Diputados (60 millones de pesos) y diversos legisladores aportaron.

Tercera. Al tenor de lo señalado y con el objetivo de transparentar el destino de los recursos, se presentaron diversas propuestas en el pleno de la Cámara de Diputados y el Senado de la República, además de los diversos llamados para la creación de un nuevo fondo que se alejara de los vicios y discrecionalidad que siempre ha caracterizado al Fonden.

Sin embargo, a casi cuatro meses de haber emitido las declaratorias de desastres naturales, la población damnificada, principalmente de los estados de Oaxaca, Chiapas y la Ciudad de México, en la mayoría de los casos no ha recibido recursos financieros para la reconstrucción de sus casas, poniendo en riesgo su salud ante los cambios extremos de temperatura, su seguridad y el bienestar de miles de familias afectadas, además de dejarlos en estado de indefensión al haber perdido en muchos de los casos, todo su patrimonio.

Cuarta. Por otra parte, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se dieron a conocer las irregularidades que se detectaron durante la investigación que realizó al programa de tarjetas para los damnificados de los sismos de septiembre de 2017, pues se tiene constancia de que el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) emitió 4 mil 574 tarjetas para mil 495 beneficiarios, es decir, se emitieron 3 mil 79 plásticos de más, en los que la CNBV encontró la dispersión de recursos que ascienden a 68.8 millones de pesos, es decir, poco más de 3.6 millones de dólares. Al mismo tiempo que se detectaron a cinco damnificados a cuyo nombre se emitieron entre 34 y 14 tarjetas a las que se depositaron alrededor de 510 mil pesos.

En virtud de lo anterior, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), al tener acceso a la investigación de la CNBV se dio a la tarea de localizar a algunos de los damnificados cuyos nombres fueron reproducidos en diversos plásticos, tal fue el caso del señor Reynaldo Molina Espinoza, campesino que vive del cultivo de maíz y frijol y que perdió su vivienda durante el sismo del pasado 7 de septiembre de 2017; mismo a quien el personal de Bansefi le entregó una tarjeta con el monto de 15 mil pesos y nada más. Otro caso fue el del señor Manuel de Jesús Hernández Camacho, del Ejido 30 de noviembre, Chiapas, quien aparece con 26 tarjetas emitidas a su nombre y en las cuales se depositaron alrededor de 390 mil pesos, siendo éste un damnificado que al día de hoy sigue en espera de su tarjeta.3

Aunado a lo anterior y de acuerdo a diversos medios periodísticos,4 en la investigación realizada por la autoridad bancaria, se mencionaron otros once nombres de damnificados, a quienes se les emitieron el mayor número de tarjetas – entre 34 y 10 – para cada uno y todas con fondos, además de ocho tarjetas de débito, cuando de acuerdo con el programa de apoyo a los damnificados, sólo tienen derecho a una. Además de detectar que éstos se concentran en el estado de Chiapas: seis que viven en el municipio de Villaflores, otros en Arriaga, Tonalá y la Concordia.

Finalmente, el 20 de diciembre de 2017, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores concluyó la primera etapa de su investigación, la cual forma parte del expediente 122.111.12(001597)/2017 y cuyas observaciones están dirigidas al titular de Bansefi.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de:

Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a remitir a esta soberanía informe sobre los fondos, donaciones y destinos de los recursos destinados a la reconstrucción de viviendas y ayuda a damnificados de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación a informar sobre los fondos, donaciones y destinos de los recursos, así como de las acciones implementadas destinadas a la reconstrucción de viviendas y ayuda a damnificados de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, implementados a partir del Sistema Nacional de Protección Civil.

Notas

1 Servicio Sismológico Nacional. (2017). (Recopilado de World Wide Web el 14 de enero de 2018.

2 Servicio Sismológico Nacional. (2017). (Recopilado de World Wide Web el 14 de enero de 2018.

3 El Financiero . (15/09/2018). ). [Electrónico]. (Recopilado de World Wide Web el 15 de enero de 2018 de

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/bansefi-clona-a- damnificados-por-sismos-acusa-cnbv-y-mcci.html)

4 “Bansefi hace transa con tarjetas”. (15/09/2018). [Electrónico]. (Recopilado de World Wide Web el 15 de enero de 2018

https://aristeguinoticias.com/1501/mexico/bansefi-hace-transa-con
-tarjetas-para-damnificados-por-sismo-mcci/?utm_source=hootsuite&utm_
medium=redes&utm_campaign=aristeguinoticiasredes

Dado en la Sede de la Comisión Permanente, el día 17 del mes de enero de 2018.

Diputado Rafael Hernández Soriano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y el gobierno de Morelos a implantar medidas para garantizar la absoluta transparencia y legalidad de los recursos y apoyos destinados a favor de la población afectada tras el sismo de septiembre, suscrita por la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Lucía Virginia Meza Guzmán, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y décimo tercero del acuerdo relativo a las sesiones y el orden del día de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión correspondiente al primer receso del tercer año de la LXIII Legislatura, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo de urgente resolución, donde se exhorta a los gobiernos federal y de Morelos a implantar medidas que garanticen una absoluta transparencia y legalidad de los recursos y apoyos destinados a favor de toda la población de Morelos afectada a consecuencia del sismo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Compañeras y compañeros legisladores, no podemos ser indolentes ante las tragedias que enfrentan millones de familias. Me uno al duelo de los comerciantes, trabajadores, amas de casa, maestros, alumnos, campesinos, obreros, hijos, padres, jóvenes, adultos, organizaciones, asociaciones, fundaciones, empresas, población en general, que se han visto lastimadas debido a los sismos que sucedieron en el mes de septiembre del año pasado, los cuales lamentablemente causaron daños irreparables de vidas humanas, viviendas, escuelas, hospitales, negocios, iglesias y caminos.

Como ustedes saben, el país fue vulnerado por dos sismos de gran magnitud, los cuales ya todos nosotros conocemos y sabemos de las graves consecuencias que estos ocasionaron en distintas partes del territorio nacional, siendo uno de los más afectados Morelos y de donde la suscrita me honro en representar en la Cámara de Diputados, entidad federativa donde resultaron afectados los 33 municipios que la forman, de acuerdo con la declaratoria de desastre natural, publicada por la Secretaría de Gobernación el 28 de septiembre del año 2017, en el Diario Oficial de la Federación.

No obstante lo anterior, las supuestas estrategias de los distintos gobiernos, no han sido suficientes para poder atender todas las necesidades que se tienen y a la fecha a pesar de existir recursos públicos para este tipo de desastres naturales, vemos que existe un descontento inusitado por parte de la ciudadanía, quienes constantemente señalan una total desconfianza y opacidad de las acciones que se viene realizando tanto por parte del gobierno federal como del gobierno del estado, situación que ha permeado constantemente desde los hechos ocurridos y que ha generado que los afectados no tengan certeza de saber si serán apoyados con los daños ocasionados por el sismo en sus inmuebles y comercios, en donde lamentablemente en muchos de los casos fueron pérdidas totales.

El gobierno de Morelos, mediante decreto publicado en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, de fecha 3 de octubre de 2017, el Ejecutivo del estado crea el órgano desconcentrado Unidos por Morelos, con objeto de implantar las acciones necesarias para la reconstrucción de las zonas afectadas por el citado sismo, a través de la autoconstrucción, la participación ciudadana y la atención prioritaria, vinculando las necesidades de la población afectada con los sectores público, privado y social, y con el cual el gobierno del estado pretende empadronar a las personas afectadas y los daños ocasionados a su entorno por el sismo de 19 de septiembre de 2017, determinando la estrategia estatal a seguir para ejecutar las acciones necesarias para su atención, así como vincular las necesidades sociales con los programas y proyectos a cargo de las distintas instituciones públicas y privadas.

Los gobiernos federal y de Morelos tienen la obligación legal y moral de propiciar y asegurar que cada una de las viviendas y comercios que resultaron afectados estén considerados dentro de los censos que recibirán el apoyo para su reconstrucción, sin embargo, debido a la crisis de desconfianza que se ha venido dando desde el 19 de septiembre de 2017 y que se ha sostenido a la fecha en los principales medios de comunicación tanto nacionales como estatales y redes sociales, donde el descontento de la ciudadanía respecto a la forma en que el gobierno federal y estatal ha venido respondiendo ante esta contingencia, se considera necesario y oportuno ante tales hechos que los fondos federales como estatales con los que se cuentan y los que están en reciente creación en Morelos, sean sometidos a una vigilancia estrecha por parte del Órgano Superior de Fiscalización de la Federación, con la finalidad de transparentar el manejo de estos recursos y dar mayor certeza, transparencia y confianza a la ciudadanía en la aplicación de los mismo, en este orden de ideas, resulta necesario e indispensable hacer un exhorto al Órgano Superior de Fiscalización, para que en el ámbito de su competencia se implementen las medidas necesarias que garanticen tanto por parte del gobierno federal como del de Morelos, una absoluta transparencia y legalidad en el manejo y aplicación de los recursos que están siendo destinados a la población que fue afectada en Morelos, a fin de llevar a cabo la reestructuración de los bienes inmuebles de todas las personas que fueron afectadas, sin importar el grado de afectación de sus bienes y con ello garantizar su derecho a una vivienda digna.

A cuatro meses del terremoto que sacudió a Morelos y que dejó miles de familias damnificadas y sus viviendas destrozadas, el proceso de reconstrucción en las zonas más dañadas del sur de Morelos ni siquiera ha comenzado.

Habitantes de Jojutla, uno de los municipios más afectados por el sismo del 19 de septiembre del año anterior, aseguran que los errores cometidos por el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales en el reparto de las tarjetas con los recursos económicos aún no han llegado, a pesar de que el gobierno federal y estatal se comprometieron a entregarlos a más tardar el mes de diciembre del año pasado.

Es tiempo de unirnos, es tiempo ya de México, por el bien de nuestras familias morelenses.

Por lo expuesto y fundado solicito a la Comisión Permanente que someta a consideración, con carácter de urgente resolución, la presente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal a hacer efectivos todos los apoyos y programas sociales en beneficio de la población de Morelos afectada por el sismo y, al mismo tiempo, tener a bien difundir el avance y la operación de los programas implantados.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de Morelos a hacer efectivos por el órgano desconcentrado Unidos por Morelos todos los apoyos y programas sociales en beneficio de la población del estado afectada por el sismo y, al mismo tiempo, tener a bien difundir el avance y la operación del programa.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación a implantar en el ámbito de sus respectivas competencias las acciones necesarias que garanticen la fiscalización y absoluta transparencia en el manejo y la aplicación de los recursos destinados para reconstrucción en Morelos.

Cuarto. Por último, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión integrará una comisión plural de legisladores que dé seguimiento a las investigaciones que emprendan las autoridades correspondientes.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de enero de 2018.

Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de realizar acciones para dictaminar la ley que reglamente el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de propaganda gubernamental, suscrita por el senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, senador Zoé Robledo Aburto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, somete a consideración del pleno proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta a realizar acciones para dictaminar la ley que reglamente el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de propaganda gubernamental, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde hace varios años es necesario que los recursos designados al poder Ejecutivo federal en materia de comunicación social tengan un límite y sean designaos conforme a una normatividad, debido a que se han detectado gastos excesivos, pero sobre todo discrecionales de los recursos públicos, es por ello que se ha buscado de manera constante que una ley reglamentaria dé certeza del gasto público invertido en la propaganda gubernamental.

La reforma constitucional electoral de 2007 incluyó la adición de los párrafos octavo y noveno al artículo 134, mismos que establecieron la pauta para regular la propaganda gubernamental.

En el párrafo octavo del artículo 134 se dispuso:

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

En el párrafo noveno se estableció:

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.

En el decreto de reforma constitucional de 2007 que se ha mencionado se ordenó en el régimen transitorio lo siguiente:

Artículo Tercero. El Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes federales en un plazo máximo de treinta días naturales contados a partir del inicio de la vigencia de este decreto.

Han transcurrido más de 10 años desde la publicación y entrada en vigor de aquella reforma constitucional sin que el Congreso haya comenzado siquiera a discutir la legislación secundaria sobre la propaganda oficial, pese a que en el Congreso de la Unión se han presentado diversas iniciativas que, de manera directa o indirecta, tienen relación con la materia. Lo único que ha hecho el Congreso fue, en otro decreto de reformas constitucionales también en materia política, establecer un segundo plazo para la expedición de la ley reglamentaria en materia de publicidad oficial.

Derivado de la reforma constitucional en materia político-electoral del 10 de febrero de 2014, que establece en su artículo tercero transitorio la obligación del Congreso de la Unión para expedir durante el segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura una ley reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual deberá establecer las normas a las que se sujetarán los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública o cualquier otro ente del gobierno para garantizar que el gasto que se realiza en comunicación social se lleve a cabo conforme a criterios tales como la eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, además de obligarlos a respetar los topes presupuestales, los límites y las condiciones de ejercicio que se establezcan en el Presupuesto de Egresos anual.

Debido a que una vez más no se respetó el plazo que el propio Congreso se dio para emitir esta Ley reglamentaria, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras analizar una impugnación en la materia, resolvió que el Congreso de la Unión ha cometido una omisión legislativa y estableció en su sentencia que el Congreso tiene como plazo máximo el día 30 de abril de 2018 para emitir dicha norma reglamentaria, ya que de no hacerlo, estaría trasgrediendo derechos humanos tales como la libertad de expresión, de información y de prensa, pues utilizaría de forma arbitraria los recursos que son designados a la comunicación social.

Ésta es una oportunidad para abandonar el modelo de discrecionalidad política con que se contrata y paga la propaganda gubernamental que solo favorece intereses económicos específicos, en condiciones de opacidad y arbitrariedad, a la vez que se fomentan las líneas editoriales complacientes y se castigan las que de manera independiente realizan ejercicios de crítica periodística o editorial a la actuación gubernamental, por un modelo donde la propaganda que difundan las instituciones públicas tenga fines informativos y un carácter institucional.

Por las razones expuestas se somete a consideración del pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a presentar ante el Senado de la República una iniciativa preferente de la Ley Reglamentaria del Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Propaganda Gubernamental, o adoptar con ese carácter alguna de las iniciativas en la materia presentadas en el Senado.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Comisiones Unidas de Gobernación, Radio, Televisión y Cinematografía y Estudios Legislativos, Primera, de la Cámara de Senadores a convocar a sus integrantes para el análisis, la discusión y el dictamen de las iniciativas con proyectos para emitir la Ley Reglamentaria del Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Propaganda Gubernamental.

Tercero. Se solicita a esta soberanía que tenga a bien considerar esta proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 17 de enero de 2018.

Senador Zoé Robledo Aburto (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a aplicar el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres a fin de garantizar la participación política y erradicar la violencia en su contra durante el proceso electoral de 2017-2018, suscrita por la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Mirza Flores Gómez, diputada federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de motivos

1. Las mujeres en este país hemos tenido que judicializar nuestros derechos, debemos acudir a los tribunales para que tengan que notificar a los partidos políticos y las instituciones nos permitan ejercer los derechos políticos que se encuentran consagrados en la Constitución.

Los derechos políticos de las mujeres son el producto y resultado de una lucha histórica de nosotras por participar en la vida pública, no hemos dado tregua para conquistar el derecho a votar y ser votadas en condiciones de igualdad que los hombres, no solo en el marco normativo, sino materialmente.

La presencia de la mujer en la esfera pública viene emparejada con el movimiento feminista-sufragista al inicio del siglo XX. Bajo la consigna “lo personal es político” las inquietudes y demandas de la mitad de la población (las mujeres) se empiezan a visualizar en debate público.

La exigencia de la participación de las mujeres en la vida pública a mediados del siglo XX se caracteriza por la congruencia del discurso público apelando al sentido de la igualdad, contraria a la construcción patriarcal que defendía “el ideal femenino”, como refiere la doctora Julia Tuñón, que se mantiene como un horizonte a lo largo de los siglos, y que determina las conductas humanas en forma de código moral pretendiendo haber sido dictado por la naturaleza o por Dios, o por los dioses y que obliga a las mujeres a negociar entre ese constante deber ser y sus posibilidades concretas de vida.

Cuando hablamos de violencia política en razón de género, lo que debemos tener en claro es que la violencia no significa que las mujeres somos sensibles y que si nos hablan fuerte nos están violentando. ¡No!

Las mujeres en la política son víctimas de sus propios compañeros o ajenos, de violencia sexual, verbal, emocional. Todas las formas de violencia contra las mujeres se transversalizan en la violencia política. La violencia política en razón de género no es solo que los partidos políticos y las instituciones no tomen en cuenta a las mujeres para la toma de decisiones, que nos bajen de las candidaturas, que no nos otorguen los mismos recursos para campañas, o que los medios de comunicación desacrediten la capacidad de las mujeres para ocupar cargos públicos basados en estereotipos de género.

2. En este contexto, durante la semana pasada se viralizó en redes sociales y diversos medios de comunicación contenido que resaltan la apariencia física de Patricia Azcargorta, aspirante por Movimiento Ciudadano a la alcaldía del municipio de Caborca, Sonora, incluyendo un video falso con contenido sexual.

De 2012 a 2016, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) detectó 156 casos de violencia política contra las mujeres. De éstos, tres fueron en 2012; uno en 2013, ninguno en 2014, y después ha venido el repunte: 92 se registraron en 2015 y 60 en 2016. Ciudad de México, Tlaxcala, Chiapas y Oaxaca son las entidades que concentran mayor número de denuncias en el nuevo Sistema Penal Acusatorio.

Es inaceptable que en una democracia moderna se siga perpetuando los estereotipos de género y se siga juzgando a las mujeres, no por su competencia, sino por su físico sin tomar en cuenta la capacidad para asumir el cargo, como sí se enaltece en el caso de los hombres, por lo que Movimiento Ciudadano, a través de Mujeres en Movimiento, condenó la violencia ejercida contra Patricia Azcargorta y demandó la aplicación del Protocolo para Atender la violencia política contra las mujeres.

3. En México, las normas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política en razón de género aún están pendientes; el 14 de diciembre del año pasado, en la Cámara de Diputados se aprobó con modificaciones el dictamen con proyecto de decreto que contiene las disposiciones regulatorias del tema en concreto y fue devuelto al Senado de la República para los efectos constitucionales del artículo 72 numeral e).

No obstante, con las reformas constitucionales del 2011 y en una interpretación integral del sistema jurídico mexicano el respeto a los derechos políticos de las mujeres debe ser tutelado por el Estado.

En este sentido, la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará) señalan que las mujeres tienen derecho al acceso igualitario a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, según su artículo 25, y la Convención Americana sobre Derechos Humano, en el artículo 23, reconocen, además del principio de igualdad, el derecho de las y los ciudadanos a participar en la dirección de los asuntos públicos, a votar y ser votados, así como el derecho a tener acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. Para dar cumplimiento al mandato anterior, la Recomendación General número 23 de la CEDAW reconoce la importancia de que los Estados Partes implementen acciones afirmativas para garantizar la participación de las mujeres en la vida política en condiciones de igualdad; por su parte, la recomendación 19 reconoce que los estereotipos de género, al considerar a la mujer subordinada, limita el acceso y goce de los derechos incluyendo los políticos.

En lo que respecta a la legislación interna, en tanto no se dictamine y promulguen las modificaciones a los diversos cuerpos normativos para tipificar la violencia en razón de género, el artículo1, 2 , 4, y 35 constitucionales, el artículo 5 de la LEGIPE que reconoce derecho de las y los ciudadanos, así como una obligación de los partidos políticos, la igualdad de oportunidades y la paridad para el acceso a cargos de elección popular y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre Violencia, son el fundamento legal y las herramientas jurídicas de las mujeres para denunciar y buscar del Estado en contra de actos que menoscaben el goce de los derechos políticos.

4. En noviembre de 2017 se publicó el Protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, Tercera edición, a cargo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para su elaboración y actualización se contó con la participación del Instituto Nacional Electoral, Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, Instituto Nacional de las Mujeres, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

El objetivo del protocolo consiste en orientar a las instituciones ante situaciones de violencia política contra las mujeres en razón de género, facilitar la implementación de las obligaciones internacionales, nacionales y locales, así como dar cumplimiento al deber de debida diligencia. De igual manera, los objetivos de este instrumento son:

* Facilitar la identificación de la violencia política contra las mujeres en razón de género;

* Servir de guía para las autoridades en la atención de esta modalidad de la violencia, en el ámbito federal, de conformidad con sus atribuciones;

* Favorecer una adecuada coordinación entre las instituciones federales, para hacer frente a los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género; y

* Orientar a las mujeres víctimas de violencia política en razón de género en el ámbito federal y local (estatal y municipal) acerca de lo que es y no es dicha violencia, así como de las autoridades a las que pueden acudir para ser atendidas.1

La igualdad ciudadana no resuelve el problema de desigualdad sustantiva, mientras la política siga siendo masculinizada y el poder de decisión se concentre en manos de los varones, la democracia seguirá siendo una falacia: no se toma en consideración la demanda de más del 50 por ciento de la población y, por lo tanto, la promesa de votar y ser votadas se vuelve una promesa incumplida.

Considerando que el contexto político electoral del 2018 exige a las instituciones los más altos estándares de profesionalización y coordinación para prevenir y erradicar la violencia política en razón de género puesto que violencia política es la materialización de todas las formas de violencia contra las mujeres que deciden participar en la esfera pública, pongo a consideración de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de

Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión condena la violencia política en razón de género ejercida contra la aspirante a la alcaldía de Caborca, Sonora, licenciada Patricia Azcargorta.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía de Delitos Electorales del Estado de Sonora a que abra una carpeta de investigación respecto de los hechos de violencia política en razón de género ejercida contra la aspirante a la alcaldía de Caborca, Sonora, licenciada Patricia Azcargorta.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Senado de la República a que dictamine de forma prioritaria el “Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Igualdad de Género, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral” devuelto al Senado para los efectos constitucionales del artículo 72 inciso e).

Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, al Instituto Nacional de las Mujeres Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a que, en el ámbito de su respectivas competencias, apliquen el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres con el fin de garantizar la participación política y erradicar la violencia contra las mujeres durante el proceso electoral 2018, y, bajo el principio de máxima publicidad, informen a la ciudadanía y al Congreso de la Unión, las medidas concretas tomadas para tal fin.

Nota

1 Protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, Tercera edición, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de enero de 2018.

Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta respetuosamente a la Semarnat a fortalecer e implantar en los casos requeridos con sus homólogas en las 32 entidades federativas programas y estrategias promotores del correcto manejo y reciclaje de materiales que constituyan la generación de basura electrónica, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La contaminación es un fenómeno global que va en aumento, en perjuicio de la calidad de los suelos, el agua, el aire, el bienestar de las miles de especies de flora y fauna, así como de la calidad de vida de millones de personas. Dicha problemática ha sido provocada, entre otros factores, por el incremento de la actividad industrial, la expansión de las grandes urbes y la ineficacia de programas gubernamentales.

La plataforma Waste Atlas desarrollada por D-Waste, es un recurso cartográfico que ofrece diversos indicadores de gestión de residuos de una gran cantidad de países, relacionándolos con sus datos socioeconómicos que indica que durante los últimos cinco años se han generado poco más de nueve mil millones de toneladas de residuos, de los cuales casi el 50 por ciento no han sido sometidos a algún tipo de proceso de reciclaje o recolección.1

Asimismo, indica que anualmente en promedio se genera en el mundo un aproximado de 1,900 millones de toneladas de basura y que alrededor de 3,500 millones de personas carecen de acceso a servicios elementales de gestión de residuos, por lo que de continuar con la tendencia y no atacar con medidas y recursos, el fenómeno podría alcanzar límites alarmantes.

Uno de los tipos de contaminantes que crecen a nivel acelerado son los relacionados con la basura electrónica, constituidos en su gran mayoría por circuitos eléctricos, plásticos, diversos metales y otros componentes que son difíciles de degradar para el medio ambiente donde son arrojados.

El estudio Global E-waste Monitor 2017, elaborado por la Universidad de las Naciones Unidas (UNU), la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Asociación Internacional de Residuos Sólidos (ISWA), indica que para el año 2016 el número de desechos electrónicos se elevó a 44.7 millones de toneladas, una cantidad 8 por ciento superior a la de 2014.2

Desde refrigeradores y televisores, hasta paneles solares, teléfonos móviles y ordenadores, son el gran catálogo de aparatos que figuran en los grandes tiradores de basura y que tienen un peso equivalente a casi nueve Grandes Pirámides de Giza, cuatro mil 500 Torres Eiffel o 1.23 millones de camiones de 40 toneladas cargados por completo.

Del total registrado en el informe, solo el 20 por ciento de los desechos electrónicos fue recolectado y reciclado, a pesar de contener oro, plata, cobre, platino, paladio y otros materiales recuperables de alto valor y se estima que el costo de los materiales recuperables en los desechos fue de 55 mil millones de dólares, que es más que el Producto Interno Bruto (PIB) de la mayoría de los países del mundo.

Se estima que alrededor del 4 por ciento de los desechos electrónicos de 2016 pudieron ser arrojados a vertederos, mientras que el 76 por ciento probablemente terminaron incinerados, reciclados en los patios de las casas o simplemente permanecen almacenados en los hogares.

Los países generadores de desechos electrónicos más altos son Australia, Nueva Zelanda y las otras naciones de Oceanía con 17.3 kilogramos por habitante, de los cuales solo el 6 por ciento es formalmente recolectado y reciclado, mientras que en el Continente Americano se estima la generación de 11.6 kilogramos por habitante y solo se recolecta el 17 por ciento.

Es importante mencionar que en la actualidad existen alrededor de 7,700 millones de suscripciones de teléfonos móviles, y más de ocho de cada 10 personas tienen cobertura por una señal de banda ancha móvil, con lo que la adquisición de teléfonos celulares, tabletas y todos los aparatos de bolsillo, van en constante aumento.

Nuestro país no es ajeno a esta grave problemática, ya que produce más de 358 mil toneladas de basura electrónica en forma de aparatos y electrodomésticos, lo equivalente a 3.2 kilogramos de residuos por cada mexicano, según información presentada por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).3

Sólo el 10 por ciento de los residuos se recicla, mientras que el 40 por ciento permanece almacenado en los hogares y el otro 50 por ciento se deshecha en estaciones de transferencia, chatarreros, rellenos sanitarios o tiraderos de basura no controlados, lo que representa un riesgo para el medio ambiente y, por ende, para la salud humana.

Tan sólo en la Ciudad de México, se generan anualmente más de 13 millones de aparatos considerados como basura entre los que se encuentran televisores, aparatos de sonido, de telefonía, computadoras y electrodomésticos.

Especialistas médicos explican que los dispositivos electrónicos contienen contaminantes tóxicos que son un peligro para el medio ambiente y la salud de la población en general, ya que diversos materiales de los que están compuestos, como el plástico, que al ser quemado liberan dioxinas altamente tóxicas que viajan a través del aire.

Asimismo, contienen metales pesados que contaminan el suelo y el agua, como es el caso del plomo, el cadmio, el mercurio, el cromo o el arsénico, por lo que es necesario que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en estrecha coordinación con sus homólogas en las 32 entidades federativas, redoblen sus esfuerzos para con la implementación de programas de acopio y manejo adecuado de la basura electrónica.

Es indispensable fortalecer las políticas públicas tendientes a garantizar un medio ambiente sustentable, por lo que es necesario que los residuos electrónicos y eléctricos cuenten con un plan de manejo especial para acopiarlos y transportarlos, con la finalidad de aprovechar su valor y así contribuir a reducir los problemas ambientales y con ello los ocasionados en la salud de la población.

Por lo anteriormente expuesto, es que acudimos a esta honorable asamblea a proponer el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en coordinación con sus homólogas en las 32 entidades federativas y en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan e implementen en los casos que se requiera, programas y estrategias que fomenten el correcto manejo y reciclaje de materiales que constituyan la generación de basura electrónica, causante de graves daños al medio ambiente y la salud de la población.

Notas

1 https://www.infobae.com/economia/rse/2017/05/01/el-atlas-de-los-desperd icios-los-paises-que-mas-basura-producen/

2 http://www.excelsior.com.mx/global/2017/12/13/1207617

3 https://www.elmundodecordoba.com/index.php/pais/pais-conten-der/
64977-Cada-mexicano-genera-anualmente-m%C3%A1s-de-tres-kilogramos-de-basura-electr%C3%B3nica

Dado en el salón de sesiones de la honorable Comisión Permanente, a los 17 días del mes de enero del año dos mil dieciocho.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se invita al director general de Pemex, los consejeros independientes, su auditor interno y el encargado de despacho de la PGR a asistir a una reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión Permanente a fin de informar cuál ha sido su desempeño ante diversos hechos graves de presunta corrupción, uso indebido de recursos públicos y otros delitos presuntamente cometidos en la administración de esa empresa, suscrita por los senadores Víctor Hermosillo y Celada, Juan Carlos Romero Hicks, Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel y Francisco Búrquez Valenzuela, del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, Víctor Hermosillo y Celada, Juan Carlos Romero Hicks, Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo Appel y Francisco Búrquez Valenzuela, senadores de la República a la LXIII Legislatura e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se invita al director general de Pemex, a los consejeros independientes, al auditor interno de la Empresa Productiva del Estado Petróleos Mexicanos y al encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, a que asistan a una reunión de trabajo con los legisladores integrantes de la Comisión Permanente a fin de informar cuál ha sido su desempeño ante diversos hechos que son del conocimiento público y que han sido publicados en diversos medios de comunicación, en relación a hechos graves de presunta corrupción, uso indebido de recursos públicos y otros delitos presuntamente cometidos en la administración de esa empresa. Lo anterior con base en las siguientes:

Consideraciones

En los medios internacionales se ha comentado que el caso Odebrecht ha ocasionado que diferentes mandatarios en América del Sur hayan sido encarcelados.

Hace unos meses, la actual administración volvió a ser noticia en diversos medios de comunicación nacionales e internacionales, en dichas publicaciones se sostiene, vergonzosamente, que el ex director de Pemex recibió sobornos por al menos 10 millones de dólares a cambio de beneficiar a la empresa Odebrecht para obtener contratos, lo anterior de acuerdo a declaraciones realizadas por altos ex ejecutivos de la empresa ante la justicia brasileña.

Aunado a lo anterior, es preciso señalar que previo a la renuncia del ex titular de la Procuraduría General de la República, Raúl Cervantes Andrade, manifestó que había concluido la investigación del caso de Odebrecht y que al momento de hacer el acta de entrega recepción se entregó entre otros asuntos el documento que versa sobre esta investigación al actual encargado de despacho, sin que al fecha, este último haya dado a conocer las conclusiones y menos consignado a los responsables.

Además, existe un cúmulo de información detallada en diversos medios de comunicación, que pone en evidencia que la administración del señor Emilio Lozoya Austin al frente de Petróleos Mexicanos, durante el periodo diciembre 2012 a febrero 2016, estuvo plagada de irregularidades.

Al respecto, conviene señalar que de los diversos señalamientos realizados por organizaciones civiles y medios de comunicación, varios asuntos han sido denunciados desde el Senado de la República, que entre otros destacan: la fallida adquisición de dos plantas de fertilizantes de urea, la falta de control interno en la institución, el incremento notable en el robo de combustible, la asignación de contratos a la empresa Odebrecht, Ingeniería y Construcción, el posible uso ilegal de recursos de la empresa a través del uso del helicóptero de la empresa, y así, un sinfín de irregularidades señaladas y sin respuesta satisfactoria, consideramos que los consejeros independientes y el contralor interno están obligados a rendir un informe de su actuación ante tantas irregularidades.

Dado lo anterior, no se tiene conocimiento de alguna acción, denuncia, investigación que sugiera que los consejeros independientes o el auditor que fue designado por el Consejo de Administración hayan iniciado auditoría alguna a la administración de Lozoya Austin, lo cual resulta escandaloso y lamentable, ¿Que están haciendo los consejeros independientes?, ¿Qué hace el auditor interno de Pemex? ¿Para qué está el presidente del Consejo de Administración?

Ante el escándalo internacional que representa Odebrecht, resulta crucial se investigue y se castigue a quien resulte responsable, además de ello, deberá aclararse el destino de los recursos utilizados en sobornos para funcionarios mexicanos para obtener contratos de obra pública y evitar a toda costa un caso más de impunidad.

El actual encargado de la Procuraduría General de la República está obligado a informar al país de la razón de su silencio, lentitud, indiferencia o encubrimiento de los responsables.

De la misma manera, los consejeros independientes y el contralor interno de la empresa productiva del Estado, deben rendir un informe de la compra de las plantas productoras de fertilizantes; una detenida y sin capacidad alguna para producir y; la otra prácticamente convertida en chatarra. Cabe señalar que al momento de su adquisición, se levantaron fuertes sospechas de actos de corrupción para favorecer a los anteriores propietarios de las plantas de urea.

Se suma a los señalamientos anteriores, el uso excesivo e injustificado de aeronaves para el traslado del ex director de Pemex, ¿dónde se encuentra el avión que usaba para sus traslados? Y qué decir del boicot del sindicato de Pemex para la distribución de las gasolinas; entre otros.

De acuerdo a una investigación realizada por la organización civil Mexicanos en Contra de la Corrupción y la Impunidad, Pemex compró el avión Cessna Citation Sovereign 2009 y el helicóptero EC-145 201 “para vigilar su red de ductos” y “evitar el robo de combustible”.

Estas compras las hizo a través del proyecto de inversión: “Fortalecimiento de las Capacidades Operativas de Pemex”, para hacer dichas adquisiciones firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional, pero en la bitácora del avión se registraron viajes que, de ninguna forma, ni en apariencia, dan sustento de que hayan sido para realizar el patrullaje o vigilancia de las instalaciones de Pemex.

Lo que sí pudieron complementar con el avión Cessna Citation Sovereign 2009, fue trasladar a Emilio Lozoya a Cancún, Zihuatanejo, Acapulco y Huatulco; en el caso del helicóptero Eurocopter EC-145201 fue utilizado al parecer para trasladar de su domicilio particular a una torre de aterrizaje cercana a Pemex, a la torre IUSA, a Atizapán, a Valle de Bravo, al hotel Hilton, a Los Ángeles, California; Houston y San Antonio, Texas; Whesthampton, Westchester, Maine, New Jersey; tan solo en el helicóptero realizó 193 horas de vuelo en 727 traslados (dos viajes por día a la Ciudad de México) ¿Cómo se justifica el exceso de viajes? ¿Con quién o quiénes viajaba? ¿Cómo justifica este aparente despilfarro de recursos públicos? ¿Acaso no da ni para una investigación, una justificación, por parte del auditor? Aun y cuando la información estuviera reservada, que al parecer lo está, estos hechos de sobra denunciados y conocidos públicamente son materia de hechos presuntamente constitutivos de delitos para que los investigara el auditor y son materia para una intervención por parte de los consejeros, si no del Estado, que se entiende, no lo van hacer, sí por parte de los consejeros independientes.

Resulta por demás injustificable, absurdo, no creíble y hasta infantil pensar que Pemex no haya registrado los vuelos ni el nombre de los pasajeros, no es posible que no haya responsables de esta omisión, no se puede permitir tanta impunidad. Tampoco es permisible que un convenio de este tipo con la Sedena se pueda reservar.

Pero aún más grave es que el avión Cessna no aparezca, se haya esfumado, desaparecido o se haya apropiado alguien de ese bien de la nación. Es inadmisible que no haya registro del mismo en los activos fijos de Pemex.

En este orden de ideas, no se puede dejar de señalar que Odebrecht obtuvo diversos contratos durante la gestión de Emilio Lozoya Austin como director general de Pemex, tales como la realización de diversas obras en la refinería Miguel Hidalgo en Tula, así como en la refinería de Salamanca, siendo la más importante la obtención de la licitación del gasoducto Los Ramones II, un proyecto de infraestructura para el transporte de gas natural con un valor estimado de 935 millones de dólares.

Coincide con la confesión de diversos funcionarios de la empresa constructora, de acuerdo con la información citada en la sentencia de la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York, en la cual reconoce haber sobornado a “altos funcionarios” de Pemex.

Los innumerables escándalos de corrupción vinculados con la empresa Odebrecht, han cimbrado al mundo entero, en más de 15 países se han iniciado investigaciones respecto a presuntos sobornos de la empresa a altos funcionarios.

Respecto a nuestro país, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que la empresa Odebrecht sobornó con más de 10 millones de dólares a altos funcionarios con el fin de obtener contratos de manera ilícita. A pesar de que la reacción inmediata de Pemex fue presentar una denuncia, en contra de quien resulte responsable, ante la Procuraduría General de la República por posibles actos delictivos en su contra, sin que a la fecha los mexicanos tengamos información suficiente para saber qué funcionarios públicos incurrieron directamente en actos de corrupción.

En el informe de la Cuenta Pública 2015, la Auditoría Superior de la Federación afirma que se encontraron irregularidades en al menos dos contratos celebrados entre Pemex y Odebrecht. El órgano fiscalizador expuso que, tras revisar uno de los contratos que tuvo por objeto el desarrollo de la primera fase del proyecto Conversión de Residuales de una refinería en Salamanca, Guanajuato, se encontró que la contratista consideró 75 salarios mensuales para el desarrollo de las actividades por un monto, que, a juicio de la ASF, representa un cargo injustificado por 822 mil 200 dólares. “Toda vez que dichos salarios no cuentan con el soporte documental para determinar su razonabilidad”, se detalla en la auditoría.

En otra de las auditorías, la 523, el órgano fiscalizador consideró injustificado un gasto por 120,8 millones de pesos (unos 6 millones de dólares) en la construcción del proyecto de aprovechamiento de residuales en la refinería de Tula, en el estado de Hidalgo. En el informe se expone que durante una visita de verificación realizada el 8 de junio de 2016, se constató la subutilización del 95 por ciento del inmueble construido para la residencia de obra del proyecto en Tula.

En este sentido, la Ley de Petróleos Mexicanos contempla que el Consejo de Administración tendrá las siguientes funciones:

Capítulo II Consejo de Administración

Sección Primera Funciones

Artículo 13. El Consejo de Administración, órgano supremo de administración de Petróleos Mexicanos, será responsable de definir las políticas, lineamientos y visión estratégica de Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y sus empresas filiales. Al efecto, tendrá las funciones siguientes:

I. a XVII. ....

XVIII. Vigilar y evaluar el desempeño de Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales y sus directivos;

XIX. Emitir, a propuesta del Comité de Auditoría, los lineamientos en materia de auditoría y evaluación del desempeño, aplicables a Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales;

XX. Emitir, a propuesta del Comité de Auditoría, los lineamientos que regulen el sistema de control interno aplicable a Petróleos Mexicanos, sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, mismo que incluirá la administración de riesgos, y vigilar su implementación, con base en la información presentada por el propio Comité, el director general, la auditoría interna o el auditor externo, dando especial atención a los principales riesgos estratégicos;

XXI. Evaluar y dar seguimiento a los sistemas de contabilidad, control, seguridad y auditoría, registro, archivo e información y su divulgación al público;

XXII. a XXVII. ...

XXVIII. Establecer mecanismos de coordinación entre la Unidad de Responsabilidades y la Auditoría Interna, y

XXIX. ...

Asimismo, la Ley de Petróleos Mexicanos, contempla que el Consejo de Administración será integrado de la siguiente manera:

Artículo 15. El Consejo de Administración estará integrado por diez consejeros, conforme a lo siguiente:

I. El titular de la Secretaría de Energía, quien lo presidirá y tendrá voto de calidad y el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

II. Tres consejeros del Gobierno Federal designados por el Ejecutivo Federal, y

III. Cinco consejeros independientes, designados por el Ejecutivo federal y ratificados por el Senado de la República , quienes ejercerán sus funciones de tiempo parcial y no tendrán el carácter de servidores públicos.

....

Así por lo anteriormente fundado y motivado, y bajo el contexto de falta de transparencia e inocultable corrupción en que se desempeña la administración de Enrique Peña Nieto, sometemos a la consideración de esta soberanía, con tratamiento de urgente resolución, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión invita al encargado del despacho de la Procuraduría General de la República a que asista a una reunión de trabajo con legisladores integrantes de esta Comisión a fin de informar cuál es la razón de su silencio en relación a la investigación del asunto Odebrecht, por el posible soborno a funcionarios de Pemex y otros posibles delitos en la asignación de contratos para esta empresa.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión invita al director general de Petróleos Mexicanos, empresa productiva del Estado, a los consejeros independientes de Pemex y al contralor designado por el Consejo de Administración, a que asistan a una reunión de trabajo con legisladores integrantes de esta Comisión, a fin de informar cuál ha sido su desempeño desde su nombramiento, ante diversos temas de posible corrupción, señalados en este documento, mismos que comprenden el posible uso indebido de recursos públicos y otros delitos que pudieron haber sido cometidos durante la administración de Emilio Lozoya Austin.

Tercero. El Senado de la República invita al presidente del Consejo de Administración de Pemex, representado por el titular de la Secretaría de Energía, a que asistan a una reunión de trabajo con legisladores integrantes de esta Comisión a fin de informar bajo protesta de decir verdad, sus acciones como presidente del Consejo de Administración de Pemex ante el cúmulo de acusaciones por el posible desvío y malversación de recursos públicos durante la administración de Emilio Lozoya Austin al frente de Pemex.

Cuarto. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular de la Auditoría Superior de la Federación, a fin de que informe a esta soberanía, en un plazo no mayor a 15 días, cuáles son las auditorías en proceso sobre la gestión de Emilio Lozoya Austin al frente de Pemex, de no existir investigación alguna; se le exhorta a iniciar las auditorías respectivas a la gestión de Emilio Lozoya Austin.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, Ciudad de México, a 17 de enero de 2018.

Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Juan Carlos Romero Hicks (rúbrica), Francisco Búrquez Valenzuela, Marcela Torres Peimbert y Ernesto Ruffo Appel

Con punto de acuerdo, para que se cite a comparecer al jefe del gobierno de la Ciudad de México para que informe de la presunta violación de la resolución del amparo indirecto número 841/2017, dictado por el juez octavo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, respecto a la utilización de un modelo distinto de paraderos en la línea 7 del Metrobús, a cargo del senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Isidro Pedraza Chávez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General; 8, fracción II, del Reglamento del Senado, así como al artículo décimo tercero del acuerdo relativo a la sesiones de la Comisión Permanente del primer receso de tercer año de ejercicio constitucional de la LXIII Legislatura, someto a consideración del honorable pleno de la Comisión Permanente, con base en las siguientes

Consideraciones

Primera. El anuncio de la construcción de la línea 7 del Metrobús en el Corredor Reforma.

El gobierno de la CDMX anunció en junio de 2015 la construcción de la línea 7 del Metrobús, que correría de Indios Verdes a la Fuente de Petróleos, la cuál requeriría una inversión de mil 300 millones de pesos en infraestructura y mil millones más en adquisición de 90 autobuses de dos pisos. La obra constaría de 31 estaciones, en alrededor de 15 kilómetros de carril confinado dentro de una primera etapa. El jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera dijo en conferencia de prensa que en la segunda etapa del proyecto, el trazo de la línea 7 llegaría hasta Santa Fe.

Segunda. El inicio de la obra

El 23 de enero de 2017 la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) del gobierno de la CDMX comenzó la construcción del carril exclusivo para la línea 7, sobre Paseo de la Reforma. El tramo confinado que se construyó fue de 100 metros del carril derecho sobre Reforma a partir del cruce con Eje 2 Norte, según la dependencia.

Tercera. Denuncian tala por MB

El 14 de febrero la senadora del PAN Mariana Gómez del Campo presentó un punto de acuerdo que reconocía los beneficios de la obra pero llamó a evitar la tala de árboles en su ejecución, tras señalar que 685 árboles habían sido talados para la construcción del carril confinado. Para entonces, la obra llevaba un 20 por ciento de avance y se preveía ser concluida para el último trimestre del año.

La fracción parlamentaria del PAN indicó que el gobierno de la Ciudad de México había sido omiso en el impacto al medio ambiente que tendrá el derribo de casi 685 árboles. Además, indicaba que la autoridad tampoco había atendido su obligación de que toda obra que tenga un impacto importante, además de hacer público el proyecto, y tomar en cuenta la opinión de los vecinos que afectaría de manera directa la construcción de la Línea 7.

Cuarta. Piden la suspensión

En mayo, organizaciones vecinales de Polanco y la Academia Mexicana de Derecho Ambiental (AMDA), exigieron a la Sobse modificar la ruta o suspender las obras sobre el Paseo de la Reforma, para que la línea 7 no corriera sobre dicha vialidad, sino por Chapultepec y Constituyentes. María Ignacia Morán, del comité de la colonia Polanco Reforma; Eduardo Farah, de Chapultepec Polanco; Ernesto Sainz, de Los Morales; Leopoldo Vargas, de Los Morales sección Palmas; Artemisa Negrón, de Rincón del Bosque, y representantes de las colonias Chapultepec Morales y Los Morales Alameda, entregaron una carta a la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, y a la jefa delegacional de Miguel Hidalgo, Xóchtil Gálvez, en la que exigieron modificar el trazo.

“Se bloqueará la entrada y salida a Polanco y eventualmente a Las Lomas, por lo que estas colonias quedarán asfixiadas por una ruta innecesaria de Metrobús”, advirtieron.

Diana Ponce, integrante de la AMDA, agregó entonces que el gobierno capitalino no tenía facultades parea aprobar la construcción del corredor, por tratarse de un bien de dominio público federal, con base en la ley de bienes nacionales.La obra, indicaron los inconformes, impactaría negativamente a unos 100 monumentos históricos y artísticos ubicados sobre Reforma y Calzada de Los Misterios, para lo cual no se contaban con las autorizaciones requeridas.1

Quinta. La línea 7 del Sistema de Metrobús resulta un servicio innecesario

Toda vez que no cubre las necesidades de movilidad, dicho corredor de La Villa a Santa Fe consta de 27.5 kilómetros, que hoy el sistema M1 –entidad de transporte de la ciudad– atiende eficazmente con 2 rutas y 6 servicios diferenciados con tarifas por viaje entre $2 y $5 y que también atiende muy bien el servicio concesionado a la empresa Reforma Bicentenario, con tarifa de $6 a $7.50. El sistema MB L7 sólo cubre 15 kilómetros con una tarifa oficial no determinada pero que se anunció a partir de $6 de La Villa al Auditorio. El sistema además arriesga al usuario en horas de oscuridad con una transferencia innecesaria en la zona Auditorio para continuar viaje a Santa Fe o a La Villa, transferencia hoy inexistente.

Sexta . Servicio sin beneficio ecológico

El sistema MB L7 a diferencia de lo declarado por el jefe de gobierno, no sustituye 130 autobuses ‘obsoletos’ que hoy cubren la ruta de la Villa a Santa Fe y de regreso, al contrario añade en la ruta 90 autobuses doble piso diésel (el combustible más contaminante) rechazados en Europa, que sólo recorren una parte de la ruta, lo que obliga a utilizar los 130 autobuses actuales o una parte de tal parque vehicular actual, a partir del Auditorio hacia Santa Fe y de vuelta; el resultado neto es mayor contaminación por la operación de 150 a 220 unidades de transporte público colectivo. No existe reducción alguna de emisiones corrobórale fidedignamente. Más aún, las unidades de saldo adquiridas a sobreprecio no cumplen la norma EURO VI que aseveró el jefe de gobierno, pues son un saldo destinado a ciudades de Canadá y EUA que tiene motores norteamericanos fuera de tal certificación.

Ninguna de las entidades que miden emisiones de gases de efecto invernadero en EUA o México ha realizado pruebas a los autobuses doble piso, para conocer su nivel de contaminación al nivel de la Ciudad de México. Por las mediciones realizadas en el centro de Estudios de la Atmósfera de la UNAM en autobuses similares a los que hoy operan M1 y Reforma Bicentenario, se puede colegir que los dobles pisos adquiridos de saldo, por su peso, dimensiones y motor insuficiente tienen la misma o mayor emisión que los autobuses actualmente en servicio. La tala de árboles inmoderada e innecesaria en Calzada de los Misterios es un ecocidio que se cubre con autorizaciones internas del gobierno de la ciudad sin consultar a la instancia federal correspondiente: Semarnat.

Séptima. Servicio conperjuicio a las finanzas de la Ciudad

El sistema MB L7 tiene como fondo la concesión presuntamente ilegal de un permiso administrativo temporal revocable a favor de una empresa privada para la explotación comercial publicitaria en estaciones y terminales a instalar que representa un ingreso potencial entre 390 y 520 millones de pesos al año para el particular, a cambio de una contraprestación de 11.5 millones de pesos anuales como pago de la concesión. Mediante la colocación de 898 espacios publicitarios en toda la ruta que hoy tiene un máximo de 110 espacios comerciales publicitarios. Adicionalmente, no se ha rendido cuentas puntuales de cómo se han adquirido los autobuses doble piso, el costo de repavimentar y confinar innecesariamente carriles a lo largo del tramo La Villa-Auditorio, así como el costo de la continuación del servicio de Auditorio a Santa Fe y de regreso, incluyendo instalación de paraderos, adquisición de autobuses y demás.

Octava. Obra violatoria de la Ley de Movilidad.

El sistema MB L7 se aprobó por SEMOVI en Gaceta Oficial el 28 de Junio de 2015, sin la Encuesta y Consulta Pública previas obligadas por el artículo 46 de la Ley de Movilidad de CDMX, ni la declaratoria de necesidad previa, que se publicó a modo 51 semanas después, el 21 de junio de 2016. La obra carece del proyecto ejecutivo obligatorio que se ha solicitado muchas veces.

Novena. Afectación grave directa al Paseo de la Reforma y afectación casi irreversible a Calzada de los Misterios.

La construcción del sistema MB L7 viola flagrantemente tanto la autorización del INAH (Como lo manifiesta en oficio del 5 de diciembre el INAH al gobierno de la Ciudad de México) como la resolución vigente de un juez federal en el juicio de amparo 841/2017 al afectar los amplios paseos peatonales y áreas verdes del Paseo de la Reforma, con estaciones sobredimensionadas que bloquean todas las visuales protegidas por Ley Federal para preservar la integridad urbana monumental de la emblemática avenida, en lugar de instalar kioscos ligeros autorizados. En Misterios se destruyó la traza procesional, demoliendo camellones y destruyendo las bancas de contemplación frente a cada Misterio y convirtiendo en vialidad permanente la vía peatonal a lo largo de todos los Misterios instalados en la Calzada.

Décima. Violación a Ley de Bienes Nacionales y de Monumentos

El sistema MB L7 inició construcción y afectación en Reforma y Misterios, sin permiso federal alguno, en violación al artículo 148 del estatuto de gobierno del DF que establece al Paseo de la Reforma y a la Calzada de Los Misterios como bienes federales que sólo pueden ser rehabilitados y mantenidos por el gobierno local. Tras una suspensión definitiva resuelta dentro del amparo 841/2017 el 12 de junio de 2017, el INAH emitió una autorización para realizar la obra con parámetros concretos de protección al Paseo de la Reforma, autorización que sirvió de base a la resolución del Juez octavo federal para modificar parcialmente la suspensión el 28 de junio de 2017, permitiendo concluir la repavimentación y señalización e instalar kioscos ligeros de ascenso y descenso que no obstaculizan las visuales de la integridad monumental urbana del Paseo de la Reforma en lugar de estaciones y terminales propuestas en el programa original

Undécima. Resolución dictada en el incidente de modificación y/o revocación a la suspensión definitiva.

El juez octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, con fecha del 28 de junio de 2017, en atención al Amparo Indirecto 841/2017, resolvió que deberán de modificar las paradas de los autobuses en atención a lo establecido por el INAH, sin perjudicar las áreas verdes naturales, la estructura urbana esencial de Reforma y los monumentos que se encuentran en dichas zonas, sin embargo, la construcción de las paradas de autobuses no cumplen con las exigencias autorizadas por el Juez, en su modificación, pues aún hay puntos estructurales que afectan ampliamente los pasos peatonales y áreas verdes. De ahí la necesidad de que el jefe de gobierno pueda comparecer ante esta soberanía y rendir un informe pormenorizado del grado de cumplimiento por parte de su administración a los lineamientos emitidos por las autoridades judiciales para continuar con la construcción de la línea 7 del Metrobús en la Ciudad de México.

Por lo anteriormente expuesto solicito que esta soberanía apruebe la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al jefe de gobierno de la Ciudad de México a comparecer para que informe de la presunta violación a la resolución del amparo indirecto 841/2017 dictada por el juez octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, respecto de la utilización de un modelo distinto de paraderos en la línea 7 de Metrobús.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia a comparecer para que informe sobre el motivo por el cual no se han tomado medidas respecto al posible incumplimiento de la autorización para la instalación de paraderos de la línea 7 del metrobús al gobierno de la CDMX.

Nota

1 Extracto retomado de “5 puntos para entender la suspensión de las obras de línea 7 de Metrobús” consultado en class="Firmas" http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/suspension-de-la-linea-el-recuento.html

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente, a 17 de enero 2017.

Senador Isidro Pedraza Chávez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, la SCT, y el gobierno y la Secretaría de Movilidad del estado de México a reducir la tarifa mínima en el transporte público de la entidad, suscrita por la diputada Sandra Luz Falcón Venegas, del Grupo Parlamentario de Morena

Las suscrita, Sandra Luz Falcón Venegas, de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos así como las demás disposiciones aplicables, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión lo siguiente:

Consideraciones

Infraestructura, tarifas irregulares e inseguridad son los principales problemas del transporte público en el Estado de México, es inseguro, caro, lento y muy desordenado, rutas irregulares, unidades de transporte obsoletas, sin placas ni permisos de circulación.

Hay recorridos de más de dos horas con un costo aproximado de 60 pesos aunado a ello, uno de cada diez usuarios es asaltado, el transporte en la entidad ha dejado mucho que desear durante los últimos años, contaminación y saturación que sin duda aumenta.

En la pasada campaña electoral, el actual gobernador del Estado se comprometía con los líderes transportistas no así con la ciudadanía, porque además destaca que la entidad mexiquense si bien no figura entre los Estados más pobres, tampoco se ubica en la lista de los más ricos pero si ocupa primeros lugares en desigualdad, inseguridad, en desorden urbano y vial. No se viven en situación de pobreza porque no se habitan casas con pisos de tierra pero las fuentes de empleo no son suficientes para permitirles adquirir una canasta básica de bienes razón por la cual, más de 5 millones de mexiquenses se traslada principalmente a la Ciudad de México para realizar sus actividades donde dejan de cuatro a seis horas diarias de su vida en el transporte público, un trayecto similar sí se viaja de la Ciudad de México a Guadalajara.

Su trayecto les cuesta de $25 pesos a $80 pesos diarios y a los usuarios les resulta necesario pagar como necesario desplazarse, sus limitaciones laborales y de oportunidades aún se ven limitadas en sus localidades como para dejar de moverse y salir.

Se requieren de acciones y mecanismos que garanticen sobre todo la seguridad de su desplazamiento, y con ello nace una interrogante a cambio del incremento en las tarifas del transporte público estos, ¿que ofrecen? inseguridad, actitudes negativas de los conductores, en caso de algún siniestro, ¿un seguro? ¿O más compañías de transporte fantasma?

El siguiente exhorto se dirige principalmente a la solicitud de una reducción de este citado aumento porque no solo es una cuestión electoral es un estilo de vida el tener que viajar para cubrir necesidades, subir la tarifa no reduce el conflicto, subir la tarifa empeora el bolsillo de las y los mexiquenses. Resulta complicado entender el estudio que realizan para determinar el aumento de cuota, sí por el aumento en los combustibles se basan, porque no pensar en el salario mínimo que si bien es cierto tiene efecto positivo el porcentaje no es equitativo. El actual salario minino no cubre el monto necesario para costear el valor total de la canasta alimentaria este si es proporcional al gasto que realiza un ciudadano en viáticos para trasladarse a su centro de trabajo.

Po otro lado, si se evaluará al transporte público del Estado de México, se evidenciaría que no solo es obsoleto sino que además, no cumple siquiera con el ordenamiento jurídico aplicable en la materia. No respetan señalamientos, ni normas de conducta para pasajeros porque tampoco existe un buen funcionamiento de circulación de tránsito, que aunque se ha trabajado en coordinación con otras entidades como la Ciudad de México sus acciones son realmente mínimas. A la fecha no se han establecido políticas para contrarrestar este gran conflicto.

Finalmente en la entidad convergen diversas rutas de combis, microbuses, autobuses, taxis, porque las otras unidades de transporte como el Mexibús, metro, o tren suburbano no se encuentran en todos los municipios situación desigual que ha propiciado al desorden, a los asaltos a mano armada, a miles de accidentes que cobra vida de los usuarios. Y es así que pensar en subir tarifa de pasaje como el precio que el usuario deberá pagar por la utilización de los servicios públicos regulados realmente es incongruente con el servicio que ofrecen.

La legislación debe encaminar rutas y proyectos encaminados a la movilidad urbana porque no existe ni propuesta de ello tanto en el estado de México como en el país.

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se elabore un proyecto encaminado a la movilidad urbana.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al gobierno del estado de México y a la Secretaría de Movilidad a reducir las cuotas de pasaje en el trasporte público del estado de México dado que es incongruente con el servicio que ofrecen, con inseguridad y con el tiempo de traslado.

Dado en la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 17 de enero de 2018.

Diputada Sandra Luz Falcón Venegas (rúbrica)