Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el cual la Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresa preocupación por la actual ola de violencia en Chihuahua; y exhorta al gobernador a adoptar de modo urgente, en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales, medidas para garantizar la seguridad de la población, a cargo del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente proposición con puntos de acuerdo de urgente resolución, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La seguridad pública, una de las principales funciones de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, es indispensable para salvaguardar la integridad y el patrimonio de la ciudadanía. Sin embargo, desde 2016, el tema de la inseguridad se ha convertido en una de las principales problemáticas que enfrenta todos los días la ciudadanía en Chihuahua.

Diferentes medios de comunicación, locales y nacionales,1 han documentado un alarmante incremento en el índice de inseguridad, pues entre 2016 y 2017 los homicidios dolosos se incrementaron en 26.2 por ciento: pasaron de mil 232 a mil 556. En 2018, en sólo 7 horas, se registraron 31 asesinatos, de los cuales 21 tuvieron lugar en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Sumado a lo anterior, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública correspondoiente a 20172 estimó que la violencia y los delitos en los hogares del Estado de Chihuahua en 2016 no solamente provocaron pérdidas humanas, sino que, además, han ocasionado daños económicos por un total de 5 mil 165.1 millones de pesos.

De igual manera, durante la administración de Javier Corral, Chihuahua se ha posicionado como líder en narcomenudeo, pues las denuncias por ese delito aumentaron 110 por ciento en tan sólo 11 meses, es decir, pasaron a 7 mil 437 de enero a noviembre de 2017.3

No debemos soslayar el hecho de que en días recientes, distintos medios de comunicación señalaron que entre octubre de 2016 y septiembre de 2017 se robaron mil 237 vehículos asegurados en Chihuahua, cifra que representa un aumento de 25.2 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

El 8 de enero de 2018, a través de la prensa nacional,4 se dio cuenta de los hechos violentos acontecidos en diversos municipios del estado de Chihuahua, así como de la lamentable decisión local de privilegiar los recursos para eventos y espectáculos públicos frente a la seguridad pública; hecho que acredita la falta de interés del gobierno estatal por garantizar la seguridad de sus habitantes.

Diversos medios de comunicación5 han documentado la ola de violencia e impunidad que se vive en Chihuahua, colocándola entre los cinco estados con mayor índice de homicidios dolosos. Lo anterior se deriva en buena medida del incumplimiento de las obligaciones consagradas en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 93 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; que señalan:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 21. ...

...

La seguridad pública es una función a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

...

Constitución Política del Estado de Chihuahua

Artículo 93. Son facultades y obligaciones del gobernador

...

V. Velar por la conservacio?n del orden, tranquilidad y seguridad del estado y por la personal de sus habitantes, protegie?ndolos en el uso de sus derechos.

Es evidente que la violencia, la delincuencia y la impunidad en Chihuahua se encuentran fuera de control; dicha entidad vive altos índices de inseguridad. El Grupo Parlamentario del PRI exige a las autoridades estatales que cumplan con sus obligaciones y, en coordinación con los ayuntamientos de dicha entidad federativa, garanticen la seguridad de sus habitantes.

Por lo expuesto se someten a consideración de la asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresa su preocupación por la ola de violencia que vive Chihuahua; y exhorta al gobernador, Javier Corral Jurado, a adoptar urgentemente, en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales, medidas para garantizar la seguridad de la población.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno de Chihuahua a instaurar con las autoridades municipales una nueva estrategia de seguridad para hacer frente a los altos índices de homicidios dolosos y narcomenudeo.

Notas

1 Fuente:
https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/policiaca/hubo-m il-556-homicidios-en-el-2017-549960.html

http://www.milenio.com/policia/ola_violenta-chihuahua-muertos-horas-violencia
-crimen_organizado-homicidios-milenio_0_1098490152.html

2 Fuente:http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/reg ulares/envipe/2017/doc/envipe2017_chih.pdf

3 Fuente: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/01/07/chihuahua-lider-en-narcom enudeo-el-ano-pasado-sg-113.html

4 Fuente: https://www.razon.com.mx/chihuahua-les-pegan-homicidios-y-quitan-fondos -a-policia-no-a-fiestas/

5 Fuente: http://diario.mx/Estado/2017-10-25_0f8d404a/chihuahua-en-el-top-de-homi cidios/

http://www.milenio.com/policia/ola_violenta-chihuahua-muertos-horas-violencia
-crimen_organizado-homicidios-milenio_0_1098490152.html

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/01/05/noche-viol enta-en-chihuahua-20-homicidios-2072.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de enero de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a agilizar la extradición del ex gobernador de Chihuahua, suscrita por la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a agilizar el trámite de extradición de César Horacio Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, conforme a las siguientes

Consideraciones

Primera. La extradición es la entrega que hace un país de una persona a otro gobierno que la reclama, por estar implicada en algún tipo de delito. Es un procedimiento propio de la asistencia jurídica y de las relaciones entre países en el actual orden internacional.

La extradición, en este sentido, es también un proceso administrativo que tiene que seguir diferentes pautas.1

Segunda. La extradición se rige por los tratados internacionales, la legislación doméstica y la reciprocidad internacional.

Tercera . México y los Estados Unidos de América tienen una sólida relación bilateral y la asistencia jurídica que ambos países se prestan de manera genérica y para el tema de extradiciones es muestra de ello.2

Cuarta . Que los delitos que de acuerdo con dicho tratado darán lugar a la extradición, se relacionan con las conductas intencionales que encajando dentro de cualquiera de los incisos de su propio Apéndice,3 sean punibles conforme a las leyes de ambas partes contratantes, con una pena de privación de la libertad cuyo máximo no sea menor de un año.

Quinta . Que es menester destacar de manera adicional, que si la extradición se solicita para la ejecución de una sentencia, se requerirá además que la parte de la sentencia que aún falte por cumplir no sea menor de seis meses y que darán también lugar a la extradición las conductas intencionales que, sin estar incluidas en el Apéndice, sean punibles, conforme a las leyes federales de ambas partes contratantes, con una pena de privación de la libertad cuyo máximo no sea menor de un año.

Sexta. Que el actual gobernador de Chihuahua, el licenciado Javier Corral Jurado, que tomó posesión el 4 de octubre del 2017, ha destacado en diversas ocasiones la decidida labor y el interés de su administración, para que se logre la detención y se juzgue de manera rigurosa a los exfuncionarios implicados en el desfalco al erario de la entidad federativa, cometida durante el gobierno inmediato anterior al suyo.

Séptima . Que el 28 de marzo del 2017, la Fiscalía General de Chihuahua giró orden de aprehensión por presunto peculado en contra del ex mandatario César Duarte Jáquez y emprendió acciones legales por la presunta red de corrupción que funcionó en dicha gestión. Lo anterior ubica a Duarte como prófugo de la justicia por haber huido a la ciudad de El Paso, Texas en los Estados Unidos de América.

Octava. Que el actual gobernador de Chihuahua, el licenciado Javier Corral Jurado, informó en rueda de prensa al público en general a través de los medios, que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, hizo entrega -con las formalidades del caso- de 70 tomos y 50 discos compactos que contenían pruebas que fueron tomadas en cuenta por diversos jueces, para girar diez órdenes de aprehensión en contra de César Duarte Jáquez, por delitos del fuero común.

Con este acervo probatorio El gobierno de Chihuahua, solicitó así a la Procuraduría General de la República y por lo consiguiente al Poder Ejecutivo federal, que se realizara la solicitud al gobierno de los Estados Unidos de América, pretendiendo lograr la detención con fines de extradición del licenciado César Horacio Duarte Jáquez.

No se omite destacar, que esta solicitud fue acompañada por el anuncio del propio gobernador Corral, de que durante el tiempo que durara el proceso, resultaba muy probable que se fueran sumando más órdenes de aprehensión a las ya presentadas, toda vez que las indagatorias se estaban realizando de manera continua.

Novena . Que en este contexto, fue el 13 de septiembre del año 2017, cuando fue dado a conocer también por parte del entonces Fiscal Especializado para la Atención de los Delitos Electorales Santiago Nieto Castillo, que ya se había realizado la solicitud de detención con fines de extradición de César Duarte Jáquez a la PGR.

El miércoles 18 de Octubre del 2017, México llevó a cabo la formalización de la solicitud a los Estados Unidos de América, de la detención con fines de extradición del exgobernador en comento, según informó el propio Santiago Nieto de la Fepade.

Refirió también en esta oportunidad, que se esperó un lapso de tiempo razonable, porque los delitos electorales no son considerados graves y que bajo este supuesto se hubiera traído al ex mandatario solo por ese tipo de cargos y que de esa manera no habría sido sujeto a prisión; hecho que dio lugar al comentario de que de manera coordinada con la Fiscalía General de Chihuahua se realizaron las acciones necesarias para efectos de poder solicitar la extradición, cuando se hubieran acumulado las pruebas hubiera de delitos catalogados como graves.

Décima . Que las acciones de la Fiscalía de Chihuahua también incluyen mecanismos destinados a la recuperación de los activos que fueron desviados durante la anterior administración, y que en esa virtud las acciones de la Procuraduría General de la República deben comprender la asistencia jurídica internacional en materia patrimonial y financiera con los Estados Unidos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a esta soberanía de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, hace un atento exhorto a la Procuraduría General de la República para que se agilice la detención y extradición de César Horacio Duarte Jáquez, ex Gobernador del Estado de Chihuahua, acusado de diversos delitos durante su mandato, mismo que abarcó del 4 de octubre del 2010 al 3 de octubre del 2016.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Hacienda para que se desarrollen las acciones de Asistencia Jurídica Internacional tendentes a la recuperación de acervos patrimoniales derivadas de los desvíos denunciados y que se hubieran trasladado a la esfera patrimonial de personas residentes actualmente en los Estados Unidos de América, incluyendo al exgobernador César Duarte Jáquez.

Notas

1 Ibid.

2 Cfr. Tratado de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, firmado y ratificado en la Ciudad de México a los cuatro días del mes de mayo del año mil novecientos setenta y ocho, por Santiago Roel García, por parte del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos; y por Cyrus Vance por parte del Gobierno de los Estados Unidos de América. Consultado el 06 de Enero del 2018 en

https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/ARCHIVOS/EUA-EX TRADICION.pdf

3 Ibid.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de enero de 2018.

Diputada Martha Cristina Jiménez Márquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fepade y la PGR a proseguir las investigaciones contra el ex gobernador de Quintana Roo Roberto Borge Angulo por desvío de recursos públicos, a cargo de los diputados Rafael Hernández Soriano y Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes:

Consideraciones

El pasado 4 de enero del año en curso, el ex gobernador priista de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, fue finalmente extraditado a nuestro país desde Panamá, después de que fue una búsqueda por diferente países donde se presumía estaba refugiado y prófugo de la justicia.

Sin embargo, la Procuraduría General de la República, sólo lo acusó por presunto lavado de dinero y desfalco al erario estatal de aquel estado por 900 millones de pesos por la venta irregular de 22 predios que fueron parte del Instituto de Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo (Ipae), en la causa penal 381/2017.

A pesar de que existen otras denuncias y hechos que debieran ser investigados por la misma PGR, y no se sabe a ciencia cierta, si esto es así o se ha hecho caso omiso del asunto.

Por ejemplo, siguen pendientes de aclarar qué fue lo que pasó con el pago de 500 millones de pesos por la renta de aeronaves privadas o los mil 464 millones de pesos recaudados por el impuesto al hospedaje o las aclaraciones por mil millones de pesos sin aclarar de las auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación.

Otra línea de investigación tiene que ver con el seguimiento de la red de corrupción que se formó en torno a su persona, con familiares, amigos y colaboradores cercanos que fueron beneficiados por estas operaciones ilícitas, como fueron sus padres que se quedaron con los terrenos, así como los beneficiarios como el empresario gasolinero Santiago Jiménez, el abogado César Celso González Hermosillo y otros.

Y las empresas como Caveri servicios Inmobiliaria, Inmobiliaria Maguves, Posada Diving Ranch, Rancho La Posadita e Inmobiliaria Matics, entre otros.

Sin embargo, Borge Angulo se ha podido sustraer a la justicia estatal, ya que obtuvo la protección de la justicia federal, ya que goza de un amparo contra delitos del fuero estatal, por ello, lo más apremiante del caso.

No se le ha imputado algún delito electoral, por parte de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), a pesar de que existen elementos suficientes que obran en las constancias ministeriales desde agosto de 2017 para vincularlo a proceso así como a otras personas ligadas íntimamente a este caso, a saber contra Juan Pablo Guillermo Molina, quien fue el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) durante la administración de Roberto Borge y contra el ex dirigente del PRI estatal Raymundo King, por el presunto desvío de 201 millones de pesos en el ejercicio de 2016, que habrían sido destinados a la campaña del candidato priista Mauricio Góngora Escalante.

Cabe recordar que el PRD presentó en su momento una denuncia desde junio de 2016 ante la Fepade, por conducto del ex presidente, Agustín Basáve Benítez, por la utilización ilegal de fondos públicos para apoyar al candidato del PRI a la gubernatura del estado.

Esta denuncia fue acompañada de pruebas documentales fehacientes, que constan de recibos por un total de 201 millones de pesos, que fueron firmados por Eliezer Villanueva Lanz, quien fungía como secretario del Sefiplan y el candidato del PRI, como su receptor.

Es hora que ni la Fepade o la Procuraduría General de la República, han acusado a Roberto Borge por peculado electoral, por ello , existe una gran preocupación por el desarrollo del proceso penal que se sigue en su contra, ya que concurre una gran sospecha sobre una componenda con el gobierno federal, que se siente cada vez más arrinconado porque hay cada vez más pruebas de la operación de desvío de recursos que se hizo a nivel nacional por varios gobernadores del PRI con la dirección central del gobierno federal, por ello, el Grupo Parlamentario del PRD considera que es de la mayor importancia que se siga un verdadero proceso en contra de Roberto Borge Angulo, que se aclare toda la red de corrupción que lo cobijó y que se castigue a los responsables que deben regresar el dinero que se robaron a las arcas del erario de Quintana Roo.

Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a que atienda de manera pronta y expedita las denuncias presentadas en contra del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, por el desvío de recursos públicos para apoyar a los candidatos del PRI en el 2016 en esa entidad federativa, en particular, la presentada por el C. Agustín Basáve Benítez.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República que investigue la posible conexidad de la causa penal seguida en contra del ex gobernador Roberto Borge Ángulo con otros delitos, que se pudieran derivar del desvío de recursos públicos del erario de Quintana Roo, la creación de empresas fantasmas así como la complicidad de familiares y colaboradores que están señalados en las mismas indagatorias.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 10 de enero de 2018.

Diputados: Rafael Hernández Soriano (rúbrica) y Olga Catalán Padilla.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, la Sener y la SE a frenar el alza de la tortilla y reducir los precios de gas LP y gasolinas para apoyar la economía de las familias mexicanas, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

Norma Rocío Nahle García, diputada federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de lo siguiente

Consideraciones

En los primeros días de 2018, los consumidores nos encontramos con diversas notas periodísticas que testimoniaban aumentos en los precios de los bienes de la canasta básica, destacadamente en el precio del gas LP y en la tortilla.

De inmediato, funcionarios de Hacienda y de Energía rechazaron el riesgo de un gasolinazo, porque las alzas se “suavizarían” gracias a las medidas que adoptaron. Lo cierto es que el alza en los precios de las gasolinas no se ha detenido. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, entre diciembre de 2016 y noviembre de 2017 los precios de la gasolina Magna crecieron 16.5 por ciento, más del doble que la inflación; a su vez, el precio de la gasolina Premium creció 21.9 por ciento, tres veces la inflación anual. Así “suavizan” los gasolinazos los funcionarios de Hacienda y Energía.

A su vez, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer algunas acciones y advertencias para aquéllos que modificaran los precios injustificadamente. En el caso particular de la tortilla, Rogelio Cerda Pérez, titular de la Profeco, dijo que su intención no es que los productores de la masa y la tortilla pierdan dinero, sino que no haya utilidades impúdicas en la venta de este producto de primera necesidad1 y agregó que “el maíz blanco hoy vale 11 por ciento menos que el año pasado, entonces explíquenme cómo vamos a subir la tortilla cuando el insumo principal bajó 11 por ciento”.

En ese sentido, industriales de la tortilla coincidieron en señalar que las alzas al precio de ese producto no se revertirán, porque si bien el precio del maíz se contrajo, no fue así en el caso de la harina de maíz que controlan unas cuantas empresas. Explicaron que la opinión de la Profeco no considera que si bien el precio interno ha bajado, los grandes comercializadores operan con los precios a futuro de la bolsa de Chicago2 . Cabría agregar que esa baja que señala Profeco sí afecta a los pequeños productores nacionales, porque la política que imponen las Secretarías de Economía, y Agricultura les impiden recuperar su inversión y mejorar sus condiciones de vida y de trabajo.

Lo cierto es que la estrategia de “estabilización” aplicada en los últimos sexenios, en realidad ha sido un proceso de acumular desequilibrios y distorsiones que los equipos gubernamentales han podido sobrellevar porque, primero, disfrutaron de los excedentes petroleros; después, porque no les importó dejar de invertir, posteriormente, porque tuvieron acceso a deuda a bajo costo y, finalmente, porque capitalizaron anticipadamente los recursos que recibirían por las ventas del patrimonio nacional.

Hoy, esa secuencia de disposiciones de recursos por factores diversos, pero guiada siempre por una estrategia basada en una visión irresponsable de las necesidades del país, se acumula y complica la tan ansiada “estabilidad”; por cierto, ésta se utiliza más como una justificación de las decisiones de los funcionarios para debilitar a los sectores público y social y no como un objetivo conveniente y posible para el desarrollo nacional.

Al final, tenemos que los supuestos beneficios de la reforma energética no son tales y que los precios de los bienes básicos comienzan a moverse, a pesar de que la inflación internacional se mantiene todavía muy baja, lo mismo que la demanda interna.

Para promover la reforma energética los funcionarios gubernamentales hicieron creer a la población que los bajos precios del petróleo y gas serían permanentes. Fue por esa razón que la impulsaron “para terminar con los gasolinazos”. En realidad, el propósito fue malvender los recursos estratégicos del pueblo de México, que bien administrados habrían sido una palanca para el desarrollo e incluso para regular los mercados de esos bienes.

Lo que hicieron fue muy grave. Mediante la corrupción y administraciones sin compromiso con el país, propiciaron el debilitamiento de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad y, posteriormente, en medio de una enorme corrupción, las pasaron a manos de exfuncionarios y empresarios que buscan explotar la riqueza energética del país, más ahora que podrían aumentar sus ganancias.

Todo indica que el precio internacional del petróleo tiende a aumentar. Los productores mantienen el acuerdo de limitar la extracción, en tanto que los productores, incluso los que utilizan el fracking, buscan contener la producción, para elevar sus márgenes de utilidad. Lo mismo que van a hacer los “inversionistas” que buscan aprovechar la “reforma”, a quienes no les preocupa México ni los mexicanos.

Conviene señalar que, el precio de la mezcla mexicana de exportación pasó de 23.9 dólares por barril en enero de 2016, a 52.9 dólares por barril en noviembre de 20173 , casi 30 dólares por barril adicionales. Es de esperar que esa alza repercuta en los precios de las gasolinas pero no en mayores ingresos petroleros, como sí sucedía con Pemex, al que han desmantelado. Adicionalmente, la prisa con la que se impuso la “reforma” impidió crear los equipos de fiscalización necesarios para asegurar que lo que se extrae y lo que se declara por los “inversionistas” sea consistente. En esas condiciones, se prevé que en el país se recibirán menos divisas por el petróleo extraído y los beneficios de los altos precios del petróleo no llegarán a los mexicanos.

Lo más grave es que las administraciones del sector no han sido capaces –o no han tenido interés– para fortalecer a las refinerías y las plantas petroquímicas, donde se producen gasolinas y gas LP, lo que provoca escasez y obliga a importar, pero con un peso más débil.

Así, a pesar de que ha disminuido el consumo de gasolinas y gas LP, el volumen de importaciones de gasolinas pasó de representar 9.2 por ciento del total vendido en el país en 2003, a 70.2 por ciento hasta noviembre de 2017, cuando se vendió un volumen de 792 mil barriles diarios.

A eso se agrega el hecho de que el peso se ha devaluado más de 50 por ciento, de 12.9 pesos por dólar en diciembre de 2012, a 19.6 en diciembre de 2017, lo que repercute en mayores precios al consumidor, pero también en los costos de distribución comercial y de producción del campo. Por supuesto que seguirán las presiones inflacionarias y la decisión de frenarlas, conteniendo la demanda interna mediante altas tasas de interés, y ajustes al gasto público –exceptuando, por supuesto, el que se derrocha en las campañas del PRI–.

De hecho, en el caso de las gasolinas, los funcionarios de Hacienda han debido reestablecer los subsidios mediante una reducción del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), para proteger las utilidades de los distribuidores. A pesar de que habían argumentado que era necesario liberalizar los precios de las gasolinas para terminar con esos subsidios, ahora sí los aplican. En función de lo que se ha visto, se puede concluir que el origen del gasolinazo no fue la cuota fija del IEPS, sino la pésima administración y la “reforma” energética. Ese subsidio ya significó hasta septiembre de 2017, una disminución de 45 mil millones de pesos en la recaudación del IEPS por gasolinas y para no errarle, los funcionarios ya aceptaron una disminución en el monto esperado para 2018, proyectando ingresos inferiores en 25 mil millones de pesos a lo aprobado en 2017. ¿Por qué no informan cómo funcionan y a quién benefician los incentivos fiscales que no apoyan a la población?

Y lo mismo pasa en el caso del gas LP, que es utilizado por 75 por ciento de los hogares. En sólo cuatro meses su precio se disparó 27 por ciento, de 313 pesos el tanque de 20 litros en agosto de 2017, a 400 pesos en diciembre. En electricidad han logrado contener los incrementos a los hogares, mediante subsidios, pero eso no lo podrán hacer siempre.

Por lo que se refiere a la evolución de los precios de las mercancías y los servicios, el impacto de la devaluación y el incremento en el precio de las gasolinas seguirá trasladándose a los precios de los bienes y servicios finales. Por ejemplo, en el caso de los productores agropecuarios se les impone una fuerte contracción de precios, como se observa en el caso del maíz con importaciones de mala calidad, pero a los productores se les obliga a pagar mayores costos y tasas de interés.

Para estimar cuanto más puede crecer la inflación, no se puede perder de vista que parte de la estrategia de los últimos años fue sustituir la producción interna por importaciones que permitieran bajar los precios. Eso se agotó y ahora es de esperar que los precios internos compensen en mayor medida el efecto de la devaluación, porque mientras la inflación acumulada en lo que va del sexenio es de 21.26 por ciento, la devaluación es de 50 por ciento. En algunos casos esa diferencia terminará asimilándose mediante la reducción de costos, el sacrificio de utilidades o la sobrevivencia en el caso del campo. Sin embargo, siempre ocurre que cuando hay oportunidad, esos costos se repercuten en los precios al consumidor.

No se puede ignorar que además existe el riesgo de nuevas presiones sobre la paridad, provocadas por los términos de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la reforma fiscal de Estados Unidos, la normalización de la política monetaria en ese país y la posibilidad de un aumento de la inflación por la dificultad de reducir el exceso de liquidez internacional.

Por eso se propone este punto de acuerdo, por el cual se busca que las autoridades de Hacienda, Energía, y Economía asuman una mayor responsabilidad en las consecuencias de sus decisiones y reconozcan que el problema no se limita a la especulación de unos cuantos, sino a las distorsiones que han impuesto a la estructura económica del país. Se requieren correcciones y medidas de nuevo tipo.

Por lo expuesto, somete a consideración de este pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía, y de Economía a que presenten de manera urgente un programa mediante el fortalecimiento de la producción nacional y una distribución más eficiente de los productos, para evitar el alza de los precios de la tortilla, así como para reducir los precios del gas LP y de las gasolinas con objeto de apoyar a la economía de las familias mexicanas.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía para que publiquen las series del comportamiento promedio de los precios de las gasolinas, así como de su composición, que permitan a los ciudadanos conocer de la evolución de los costos y de los impuestos.

Notas

1 https://www.gob.mx/profeco/prensa/boletin-002-2018-profeco-actuara-con- rigor-en-caso-de-aumentos-injustificados-en-la-canasta-basica-particula rmente-en-el-de-la-tortilla

2 La Jornada, lunes 8 de enero de 2018, página 21.

3 Sistema de Información Energética, de la Secretaría de Energía

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a diez de enero de dos mil diez y ocho.

Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la implantación de acciones para reducir los suicidios en el país, suscrita por el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputado José Refugio Sandoval Rodríguez y diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 55, fracción II y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el suicidio se define como un acto deliberadamente iniciado y realizado por una persona en pleno conocimiento o expectativa de su desenlace fatal.1

La OMS considera el suicidio como un problema grave de salud pública, cada año, a nivel mundial, aproximadamente 800 mil personas se quitan la vida, lo que equivale a que ocurra una muerte cada 40 segundos; por si esto no fuera poco, se sabe que por cada persona que consigue suicidarse, existen al menos 20 que lo intentaron y no lo consiguieron.2

El número de muertes por suicidio es superior en un 57 por ciento al número total de muertes causadas por la guerra y los homicidios.

A nivel mundial, desde el 2015 el suicidio se ha colocado como la segunda causa más frecuente de muerte entre los jóvenes y la cuarta entre la población de adultos.

A nivel nacional, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2016 se registraron 6 mil 370 suicidios, lo cual representa una tasa de 5.2 fallecidos por cada 100 mil habitantes. Las entidades federativas que tuvieron mayores tasas de suicidio en relación con las muertes violentas fueron: en primer lugar el estado de Yucatán con un 26 por ciento, seguido por Aguascalientes y Campeche con un 20 por ciento, Quintan Roo con el 15 por ciento, mientras que Chiapas, Nuevo León, Guanajuato, San Luis Potosí y Coahuila registraron un porcentaje del 12 por ciento, los estados restantes oscilan entre un 11 y un 2 por ciento,3 sin que ninguno logre escapar a esta lamentable realidad.

La Secretaría de Salud estima que cada 24 horas, 16 jóvenes, de entre 12 y 24 años, terminan con su vida por diversas causas.

El suicidio es un fenómeno multicausal, pues no existe razón o explicación única por la cual una persona intente quitarse la vida.

Muchos suicidios se producen impulsivamente, sobre todo en momentos de crisis, cuando se reduce la capacidad de las personas para afrontar las tensiones de la vida. Las causas de suicido más destacadas son: enfermedades mentales, principalmente la depresión, además del trastorno bipolar; las adicciones; la violencia; las sensaciones de pérdida; aislamiento; salud precaria; baja autoestima; desesperanza; sentimientos de rechazo e incapacidad para resolver problemas financieros; las rupturas de relaciones; los dolores y enfermedades crónicos; así como los diversos factores biológicos, psicológicos, sociales, ambientales y culturales que influyen en cada persona.

Un registro importante y que se debe tener en cuenta es que los jóvenes con ideas suicidas generalmente hacen avisos verbales en frases como “esta vida ya no tiene sentido”, “ya no quiero estar aquí”, “quiero dejar de sentir”, mismas que se pueden traducir en una señal de alerta de que alguien está pidiendo ayuda. Quien emite este tipo de señales nos está diciendo “no estoy bien, algo me está pasando, préstenme atención porque yo solo no puedo.” Otros de los síntomas pueden ser: mantenerse aislado, dormir mucho o poco y presentar irritabilidad.

Como ya se mencionó se dice que en el mundo la depresión es la principal causa del suicidio ya que ésta conlleva a la falta de interés por vivir.

De acuerdo con el último reporte del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) correspondiente a la semana 51 del año 2017, la depresión reflejó un aumento del 16 por ciento respecto del 2016.4 Sobresalen los casos de Coahuila en donde entre el año 2016 y el 2017 hubo un incremento del 182 por ciento5 en casos de depresión, siendo en su mayoría las mujeres quienes lamentablemente se han visto más afectadas por crisis de este tipo que, en el peor de los casos, podrían desencadenar en un suicidio, situación que nos obliga a poner atención en el tema.

Por su parte, la Secretaría de Salud estima que en el 75 por ciento de los suicidios existe la presencia de uno o más trastornos mentales y del comportamiento.6

En el mundo los métodos más empleados para suicidarse son los plaguicidas, el ahorcamiento y las armas de fuego.

El suicidio es un tema complejo y, consiguientemente, las actividades de prevención exigen la coordinación y colaboración de múltiples sectores, incluidos el sector salud, el educativo, el laboral, el gubernamental, así como los medios de comunicación y la sociedad en general.

Además, cuando se presenta un suicidio las consecuencias impactan seriamente en el entorno familiar, el cual se enfrenta ante un duelo, por regla general, muy traumatizante y prolongado; se generan sentimientos de culpabilidad; se produce una frustrante vivencia de fracaso de rol, sobre todo en las madres; se generan muchas preguntas para las cuales no se tienen respuestas; hay un aumento de riesgo de suicidio en varias generaciones y se registra un incremento de patologías psiquiátricas en los miembros de la familia.

En este orden de ideas, resulta importante resaltar que la OMS fijó como uno de sus objetivos en el Plan de Acción de Salud Mental reducir en un 10 por ciento los índices de suicidio para el año 2020.

En este contexto, la OMS ha señalado que la clave para reducir este problema es adoptar un enfoque multisectorial integral, en donde cada país miembro establezca su estrategia nacional de prevención del suicidio, mediante la cual se diseñe toda una gama de acciones y estrategias encaminadas a la prevención de este problema de salud pública. Asimismo, señala que “una estrategia nacional enuncia el compromiso claro de un gobierno con relación al problema del suicidio. Las estrategias nacionales, de manera general, abarcan varias medidas de prevención como la vigilancia, la restricción de los medios utilizables para matarse, directrices para los medios de difusión, la reducción del estigma y la concientización del público, así como la capacitación de personal de salud, educadores, policías y otros guardianes. También suelen incluir servicios de intervención en crisis y servicios post-crisis”.7

Algunos elementos clave del desarrollo de una estrategia nacional de prevención del suicidio consisten en hacer de la prevención una prioridad multisectorial que incluya no solo al sector de la salud, sino también de la educación, el bienestar social, la justicia y la sociedad, entre otros.

En el caso de nuestro país se cuenta con el Programa de Acción Específico de Atención Psiquiátrica, el cual establece entre sus objetivos “Realizar acciones de prevención y educación de los trastornos mentales prioritarios relacionados con el suicidio y sus factores de riesgo”.8

Por todo lo aquí expuesto, consideramos que nuestro país debe trabajar en el perfeccionamiento de las estrategias de prevención del suicidio, mediante las cuales se diseñen acciones que permitan concientizar y sensibilizar a la sociedad respecto de este problema social, pero sobre todo que establezcan mecanismos efectivos encaminados a evitarlo. Además, se deben crear estrategias de capacitación para el personal docente y el sector salud mediante las cuales se brinde la información adecuada y precisa respecto de este tema, pues la intervención oportuna en cuanto respecta a la detección de los primeros síntomas es fundamental para evitar que la presencia de comportamientos autodestructivos termine en un caso de suicidio.

La intención de la presente propuesta es dimensionar la gravedad del problema y evitar que sigan aumentando los suicidios, ya que, si bien es cierto que se trata de un grave problema de salud pública, también lo es que éste es prevenible mediante intervenciones oportunas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Educación Pública, cada una en el ámbito de sus facultades y en la medida sus posibilidades presupuestarias, a que fortalezcan las estrategias y acciones para la prevención del suicidio, así como la educación en torno a los trastornos mentales relacionados con el mismo y sus factores de riesgo, a fin de dar cumplimiento al Plan de Acción de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud en el cual se estableció como meta reducir en un 10 por ciento los índices de suicidio para el año 2020.

Notas

1 Inegi (2016) “Estadísticas a propósito del día mundial para la prevención del suicidio (10 de septiembre)” consultado el 5 de diciembre en

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/sui cidio2016_0.pdf

2 OMS Datos y cifras sobre el suicidio: Infografía. Consultado el 5 de Diciembre en http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/suicide-infographic -es.pdf?ua=1

3 INEGI. Salud Mental: Suicidios registrados (2016)

http://www.beta.inegi.org.mx/temas/salud/

4 En el 2016 se registraron 101,049 en proporción con el 2017 que arroja un total de 117,220 casos de depresión a la semana 51. Dicha información puede ser consultada en El Boletín Epidemiológico Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica Sistema Único de Información, Semana 51, 2017, Visible en

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/284466/se m51.pdf

5 Coahuila registro en el 2016 640 casos de depresión en proporción con el 2017 que arrojó un total de 1806 (389 hombres y 1407 mujeres) casos de depresión a la semana 51. Dicha información puede ser consultada en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/284466/sem51.pdf

6 Programa de Acción Específico Atención Psiquiátrica, consultado el 8 de enero 2017,

http://www.sap.salud.gob.mx/media/267193/PAE_Atenci%C3%B 3n-Psiqui%C3%A1trica.pdf.

7 OMS Prevención del suicidio un imperativo global. Consultado el 8 de Diciembre del 2018. Visible en http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/exe_summary_spanish .pdf

8 Asociado a las Metas Nacionales y a las Estrategias Transversales del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y del Programa Sectorial de Salud 2013-2018. Consultado el 8 de diciembre 2017, visible en

http://www.sap.salud.gob.mx/media/267193/PAE_Atenci%C3%B 3n-Psiqui%C3%A1trica.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 10 de enero de 2018.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez, Samuel Rodríguez Torres, Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Sara Paola Gálico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Evelyng Soraya Flores Carranza, Emilio Enrique Salazar Farías, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Lorena Corona Valdés, Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semar a enviar un informe detallado sobre las solicitudes de compra de armamento al gobierno de EUA, suscrita por la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, senadora Dolores Padierna Luna, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el acuerdo décimo tercero del acuerdo relativo a las sesiones y al orden del día de fecha 20 de diciembre de 2017 emitido por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al secretario de Marina Armada de México a enviar un informe detallado sobre las solicitudes de compra de armamento al gobierno de Estados Unidos, remitir información detallada sobre la necesidad de dichas compras e informar de otras solicitudes semejantes y las condiciones en que será usado dicho armamento en caso de concretarse las compras que ha formulado el gobierno mexicano, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 5 de enero fue publicado en la página oficial de la Defense Security Cooperation Agency del gobierno de Estados Unidos un boletín de prensa donde se informaba que esa dependencia del Departamento de Estado de aquel país había autorizado la posible venta al gobierno mexicano de “6 misiles lanzados en superficie tierra-aire Harpoon Block II RGM-84L, 23 misiles tácticos tipo Rolling Airframe Block y 6 torpedos ligeros MK 54 Mod0. También se autorizaron 8 contenedores de envío y almacenamiento de paquetes triples de MK 825 Mod0 con cartuchos de memoria RAM modificados; 1 bloque de misiles guiados RAM Block 2 MK 44 Mod 4; 2 lanzadores de triple tubo MK 32 Tubos de Torpedo de Vasija de Superficie; 250 balas de AA98 munición de 25 mm de alto explosivo y semiblindaje; 750 rondas A976 25 mm objetivo de práctica y munición trazadora; 480 cartuchos de munición de espoleta programable de alto explosivo BA22 57 mm; 960 rondas de munición de práctica BA23 57mm; contenedores; repuestos y equipo de soporte y prueba”.

Así como publicaciones, documentación técnica, entrenamiento personal y equipo de entrenamiento táctico, así como asistencia técnica de representantes del gobierno estadounidense y contratistas militares para el personal de la Marina Armada de México, en donde se incluyeron también servicios de soporte de ingeniería y logística, servicios de instalación, productos electrónicos y hardware asociados para controlar el lanzamiento de los torpedos así como otros elementos relacionados con la logística y el soporte de programas informáticos relacionados con la operación de los misiles y los torpedos.

Para ser un país que no está en guerra con ninguna potencia extranjera y que no ha reconocido oficialmente un conflicto armado interno ni ninguna otra situación de violencia interna de conformidad con el derecho internacional humanitario, esta petición de nuestro gobierno a su contraparte estadounidense sólo puede interpretarse como una acción más para empoderar a las Fuerzas Armadas nacionales en su cada vez más cuestionada labor de seguridad pública y de combate a la delincuencia.

La misma instancia estadounidense que informó sobre esta autorización de venta, informó también que en caso de concretarse la transacción esto fortalecerá la capacidad en zonas críticas marítimas en donde actúa la Marina Armada de México y en las cuales actualmente no cuenta con equipo armamentístico de la capacidad y fuerza como la que el día de hoy pretende adquirir a Estados Unidos.

La posible venta está estimada en 94.8 millones de dólares, es decir, algo así como mil 750 millones de pesos de acuerdo con el tipo de cambio de hoy. No cabe duda de que el negocio de la mal llamada “guerra contra el narcotráfico” está dejando jugosas ganancias en ambos lados de la frontera, y no sólo se benefician de esas ganancias los grupos criminales sino también los contratistas internacionales y el propio gobierno estadounidense que siguen teniendo el papel más fácil en este conflicto mortal, pues mientras ellos siguen consumiendo toneladas de drogas y vendiendo sus armas en contratos millonarios, nosotros ponemos los muertos, las tragedias, las masacres y los miles de desaparecidos.

Ante la falta de transparencia que se cierne de nueva cuenta sobre un acto más de las Fuerzas Armadas, y dado que esa petición de compra formulada por el gobierno mexicano no es clasificada como de seguridad nacional pues el propio gobierno estadounidense ya ha hecho pública la oferta solicitada por su contraparte, resulta indispensable que el secretario de la Marina Armada de México rinda un informe puntual y detallado a esta soberanía en donde señale el presupuesto asignado para la compra de este armamento, si existen otras solicitudes semejantes de compra de armas hacia el gobierno de Estados Unidos, que explique la necesidad imperiosa por adquirir este tipo de armamento de guerra, las condiciones reales de su armamento actual así como la operación del mismo en aguas nacionales, entre otros datos relevantes que nos permitan conocer y entender las motivaciones reales que orillaron a que nuestro gobierno aprobara gastar casi mil 750 millones de pesos comprando armas que serán usadas en alta mar.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al secretario de Marina Armada de México a enviar un informe detallado sobre las solicitudes de compra de armamento al gobierno de Estados Unidos, remitir información detallada sobre la necesidad de dichas compras, e informar sobre otras solicitudes semejantes y las condiciones en que será usado dicho armamento en caso de concretarse las compras que ha formulado el gobierno mexicano.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 10 de enero de 2018.

Senadora Dolores Padierna Luna (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Profeco y la Cofepris a redoblar esfuerzos de coordinación dirigidos a prevenir, investigar e intervenir ante el comercio de productos milagro, a fin de evitar que se conviertan en un riesgo para la salud, suscrita por la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, María Elena Orantes López, integrante de la LXIII Legislatura en la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, numeral 1, los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) a redoblar esfuerzos de coordinación para la prevención, investigación e intervención ante el comercio de productos milagro para evitar que puedan convertirse en un riego a la salud de las mexicanas y mexicanos, con base en las siguientes

Consideraciones

En el proceso de desarrollo del ser humano, existen dinámicas cambiantes que tienden a describir rasgos del crecimiento físico y cognitivo de las personas sobre los cuales podemos llegar a establecer generalidades que permitirían, bajo ciertas circunstancias, adelantar tendencias de comportamiento social. En este sentido, construcciones del imaginario colectivo asociadas al desarrollo del individuo y fenómenos de la naturaleza como podría ser el cambio de estación o de año, tienden históricamente a establecer constructos sociales que se traducen en intenciones de cambio en tal o cual comportamiento que pueden derivar en oportunidades para distintos tipos de mercados.

En consecuencia, por ejemplo el inicio de un nuevo año, persistentemente conlleva intenciones individuales que, independientemente de las metas espirituales que se puedan establecer, pueden impactar en el comportamiento en el consumo de la gente a partir de objetivos como adquirir tecnología, bajar de peso, mejorar la figura, adquirir nuevos conocimientos, viajar, etcétera.

En este orden de ideas, el espacio comercial de bienes y servicios, legales e ilegales, encuentra oportunidades cíclicas para incrementar sus ventas. Ello, conlleva la posibilidad de impulsar el desarrollo económico en distintas áreas a partir de miles de empresas responsables que se encuentran dentro del marco de la legalidad. Sin embargo, también es un espacio de oportunidad para aquellas industrias que se desplazan en una zona gris en la que al amparo de espacios legales poco regulados, ámbitos administrativos poco cubiertos, ignorancia popular muy difundida, avances tecnológicos no comprendidos plenamente y una gran expectativa de cambio en el consumidor, ofrecen productos o servicios que no cubren las normas mínimas de seguridad, de calidad e incluso que pueden derivar en riegos para la salud de las personas.

En esta realidad comercial y humana, instituciones como la Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, son dos instancias que pueden coordinarse mejor para que esos espacios grises del comercio, disminuyan su presencia en los mercados nacionales. No obstante los esfuerzos difundidos por el Gobierno de la República en 2017, traducidos en varios operativos en los que se llegaron a incautar decenas de miles de productos milagros que ya no llegaron a dañar la salud de la gente,1 este tipo de engaños comerciales siguen entrando al país, presentándose en mercados y distintos espacios comerciales y hoy podemos adelantar que con el inicio del 2018 y las nuevas expectativas de consumo en las personas, habrán de llegar también nuevos espacios para que la falta de ética y compromiso social pretenda volver a hacer negocios a costa de la salud de las mexicanas y los mexicanos, intentando inundar mercados ambulantes y comercios establecidos.

Por tal motivo, propongo a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhortar a la Cofepris y a la Profeco a continuar fortaleciendo sus mecanismos de cooperación y redoblar los esfuerzos realizados en 2017 para evitar que en 2018 los productos milagro lleguen a los mercados mexicanos, poniendo en riesgo la salud de nuestra nación.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a redoblar esfuerzos de coordinación para la prevención, investigación e intervención ante el comercio de productos milagro para evitar que puedan convertirse en un riego a la salud de las mexicanas y mexicanos.

Nota

1 En sólo tres de los operativos conjuntos de Cofepris y Profeco, realizados en febrero, marzo y julio, se logró incautar mil 912 piezas de material publicitario de productos milagro y más de 61 mil 900 productos milagro. Véase: Boletín Profeco 018/2017, disponible en https://www.gob.mx/profeco/prensa/profeco-y-cofepris-aseguran-mas-de-37 -900-productos-milagro-en-tijuana-baja-california?idiom=es ; nota de Profeco disponible en

https://www.gob.mx/profeco/es/galerias/cofepris-y-profeco-aseguran-mas-de-24-mil
-piezas-de-productos-milagro-por-representar-riesgos-para-la-salud-100360,
y Boletín conjunto Profeco-Cofepris 091 disponible en

https://www.gob.mx/profeco/prensa/boletin-conjunto-091-cofepris-y-profeco
-aseguran-producto-milagro-para-bajar-de-peso-en-cinco-entidades-del-pais?idiom=es

Dado ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 10 de enero de 2018.

Diputada María Elena Orantes López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Inapam y el DIF a sumar esfuerzos a fin de crear albergues temporales para adultos mayores y menores de edad en la temporada invernal, suscrita por el diputado Luis Manuel Hernández León, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El suscrito, Luis Manuel Hernández León, diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, numeral 1, y 60, primer párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Comisión Nacional del Agua en sus comunicados alerta sobre el descenso de temperaturas en el noreste, el oriente y el centro de México, por lo que se exhorta a la población en general, así como las autoridades estatales y municipales, a estar atentos a los avisos que emite el Servicio Meteorológico Nacional, con la finalidad de estar al pendiente de los descensos climatológicos que seguiremos padeciendo en todo el país, con motivo de la entrada de frentes fríos y el descenso en general de la temperatura del país, al encontrarnos en un periodo invernal.

Estos boletines refieren que se mantendrán temperaturas bajas al norte y centro de México, por lo que se pronostican valores de -10 a -5 grados Celsius, con heladas en zonas montañosas.

Las bajas temperaturas que afectan y seguirán afectando a nuestro país tendrán efectos en la salud de la población en general, y de manera particular en personas enfermas, menores de edad y los adultos mayores que son de los grupos más vulnerables.

El Instituto Nacional de la Salud y de la Investigación Médica de París (Inserm), en su estudio realizado a personas mayores de 65 años comprobó que con la edad se producen cambios en los mecanismos que regulan la presión arterial, afectándolos y haciéndolos más sensibles a las temperaturas bajas.

En general, el frío por períodos prolongados puede causar daños en los tejidos e, incluso, la muerte en casos extremos. Año con año, los frentes fríos han tenido esos resultados por diversas circunstancias, entre ellas, la exposición al monóxido de carbono, como resultado de tratar de calentar el espacio en donde se encuentren habitando.

Estos frentes fríos y bajas temperaturas afectan a casi 13 millones de adultos mayores, cifra que de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), representó el 10.5 por ciento del total de la población en 2017.

Asimismo, es importante considerar que, del total de la población, no todos cuentan con un hogar y, otro tanto, se encuentra en situación de calle o de vulnerabilidad en todo el país; por lo que es importante emprender y reforzar las campañas de albergue temporal para adultos mayores, esfuerzos coordinados indiscutiblemente por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.

Aunado a ello, es importante señalar que los menores de edad también pueden ser afectados por estos descensos de temperatura; particularmente aquellos en situación de calle o de vulnerabilidad, mismos que puedan ser atendidos en albergues temporales.

Por lo anteriormente expuesto, presento a esta Comisión Permanente la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a los titulares del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia a sumar esfuerzos para la creación de albergues temporales a fin de recibir a adultos mayores y a menores de edad en la temporada invernal.

Dado en la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 10 de enero de 2018.

Diputado Luis Manuel Hernández León (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Ssa a establecer una NOM sobre el uso de dispositivos médicos y personales para prevenir la transmisión de infecciones nosocomiales, a cargo de la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del PES

La suscrita, Ana Guadalupe Perea Santos, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en lo que disponen los artículos 78, fracción III, de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; y 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a consideración de la Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Las infecciones nosocomiales son un problema importante en la salud pública en nuestro país, no sólo por el contagio contraído en el hospital por un paciente internado sino porque constituyen un desafío para las instituciones de salud pública, afectando de manera directa tanto la vida social como económica.

Sin embargo, este tipo de infecciones nosocomiales en su mayoría pueden ser susceptibles de prevención mediante la evaluación continua de las políticas y programas aplicables para el tratamiento integral hospitalario.

Si bien los cuidados de la salud tienen el propósito de beneficiar al paciente, una serie de fenómenos derivados de la atención sanitaria genera al paciente hospitalizado un daño mayor, como las maniobras realizadas por el personal que presta la atención médica o el mismo vestuario clínico del personal médico y enfermería, en específico el uso de la cofia, bata, estetoscopio y corbata.

El uniforme de los profesionales de la salud y algunos instrumentos de uso común son un vehículo para la transferencia de infecciones, por ejemplo, “las batas blancas están colonizadas en la mayoría de los casos con Staphylococcus aureus y por SARM, el cual es resistente a medicamentos”,1 con lo que se puede sustentar la presencia de bacterias en las batas y por ende, su potencial capacidad de transmisión.

En análisis microbiológicos se ha observado menor contaminación bacteriana en las batas de los médicos visitantes y en aquéllos que mantienen una constante asepsia en comparación a los médicos tratantes con permanente atención a pacientes y que en complemento a su labor integran expedientes, capturan información médica del paciente o elaboran recetas médicas como son los casos más comunes en nuestro sistema de salud.

Las corbatas de médicos y enfermeros son un foco de contaminación permanente ya que, si bien, esta prenda no está en contacto directo con el paciente, si está relacionada de manera indirecta en los procesos de atención o maniobra del mismo y en muy contadas ocasiones este artículo recibe limpieza o aseo.2

En estudios de microorganismos encontrados en diversos estetoscopios, como instrumento básico y común de los médicos y del servicio de enfermería, se determinó que el estafilococo es la bacteria contaminante más común después de la presencia de cepas SARM y en menor porcentaje de los casos se encontraron bacterias Gram-negativas, incluso se ha conocido la presencia de Acinetobacter baumannii presente en un estetoscopio de uso común; y en los utilizados en áreas de urgencias se ha logrado identificar SARM como contaminante principal antes de ser descontaminados.3

Respecto al uniforme que portan las enfermeras durante la prestación del servicio, si bien el uso de la cofia representa un símbolo que les da identidad, también es un artículo que se encuentra en exposición al medio hospitalario, transportando todo microorganismo capaz de crecer en ella, como bien se demostró en un estudio realizado a enfermeras del área de medicina interna y cirugía general del hospital civil Doctor Juan I Menchaca, en Guadalajara, Jalisco, donde se realizaron cultivos de los microorganismos en cofia, obteniendo una frecuencia de 89.6 por ciento de Micrococcus spp., seguido de 62 por ciento por Staphylococcus, hongos sp. 44.8, Staphylococcus coagulasa negativo 20.6 y, en menor frecuencia, 10.3 por ciento Bacillus spp.4 del total evaluado.

Sumado a estos datos que nos marcan un referencia debemos añadir las prácticas no reguladas en el uso de estos accesorios del personal médico y de enfermería, como es la bata, corbata y cofia, estos se colocan en la mayoría de las veces antes de iniciar sus actividades en cualquier parte del centro hospitalario o en su defecto en el tránsito de sus hogares al hospital pero no necesariamente dentro del servicio asignado, generalmente el contacto con estas prendas no es con una asepsia determinada o en el peor de los casos como lo marca la realidad mexicana, podemos observar a profesionales médicos y cuerpo de enfermería consumiendo alimentos en los alrededores de clínicas y hospitales, donde le dan un uso cotidiano a estas prendas muchas veces para cubrirse de las inclemencias del tiempo, cuando deben ser estrictamente para la atención y cuidado de los enfermos.

En países como Estados Unidos, Francia y Reino Unido, principalmente, se han centrado en dar solución a este problema por considerar que las mangas de las batas son el principal vector de enfermedades nosocomiales, por ello se utiliza la manga corta y aún más allá, se restringe el uso de la corbata y reloj por considerar objetos que pueden portar microorganismos. Sin embargo, en el país, pese a que hay normas oficiales para para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales todavía existen médicos y enfermeras que consideran que tanto la bata, corbata y cofia son distintivos de su profesión, por lo que defienden su uso.

Todos estos accesorios, entre otros dispositivos médicos y personales, si bien están contaminados con bacterias patógenas, es necesario modificar el comportamiento de los trabajadores de la salud para reducir las infecciones nosocomiales y se requiere para su control de acciones en conjunto con programas transversales que involucren a todas las instituciones médicas tanto del Estado como particulares.

Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a formar mediante el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades un grupo de trabajo que analice la creación de una norma oficial mexicana para el control de infecciones nosocomiales por el uso de bata, corbata, cofia y estetoscopio, así como de otros dispositivos médicos y personales.

Referencias

1. “Bacterial contamination of health care workers’ white coats”. A. M., Treakle, 2009, American Journal of Infection Control, páginas 37 (2): 101-105.

2. La corbata como formite nosocomial en personal de salud. C., Becerra-Torres E., y otros. Ciudad de México: http://www.medigraphic.com/pdfs/medintmex/mim-2013/mim131d.pdf 2013.

3. Prevalence of methicillin-resistan Staphylococcus aureus on the stethoscopes of emergency medical services providers. M. A., Merlin, 13(1):71-74, 2009, Vol. Prehosp Emergency Care.

4. “Microorganismos más comunes en las cofias de estudiantes de enfermería y su papel en la dinámica de las enfermedades nosocomiales”. Ramírez-Vera, M. T. y Macías-Hernández J. C., 2, Guadalajara, Jalisco: Revista Médico-Científica de la Secretaría de Salud de Jalisco, 2016, voluemen-año 3.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 10 de enero de 2018.

Diputada Ana Guadalupe Perea Santos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas dependencias y gobiernos estatales a fortalecer el fomento de los juguetes tradicionales, a cargo de la senadora María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, María Verónica Martínez Espinoza, senadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como en el artículo 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente

Exposición de Motivos

En México desde hace por lo menos una década los juguetes tradicionales se encuentran en una etapa de crisis por la aparición de nuevos dispositivos electrónicos y videojuegos que han desplazado al balero, el trompo, las matracas, los carritos de madera y las muñecas de trapo, entre otros.

Las nuevas tecnologías y el ingreso de juguetes importados provocan que los artesanos mexicanos enfrenten una difícil situación porque los niños, bombardeados por la publicidad, prefieren dispositivos electrónicos y juguetes importados en lugar los tradicionales que se elaboran con madera, latón, cartón, palma y otros materiales.

Sumado a ello desafortunadamente están ingresando al país réplicas o piratería de muñecas similares a las que elaboran artesanas mazahuas y lo más grave es que se están vendiendo en centros comerciales.

A nuestros artesanos les regateamos su esfuerzo, su creatividad, su trabajo pero cuando una copia falsa o piratería de una muñeca mazahua se vende en Liverpool o en otras tiendas departamentales estamos dispuestos a pagar hasta 350 pesos por una de esas piezas.

Ante ello es necesario y urgente frenar estas importaciones de origen chino porque afectan la economía de miles de familias de artesanos indígenas en el país y se debe establecer un programa a nivel nacional de fomento a la producción y enseñanza de los juguetes mexicanos como el balero, trompo, carros de madera y muñecas.

Se requiere el apoyo a cientos de miles de artesanos mexicanos para que sus juguetes se vendan en los centros comerciales y no en contados puestos de mercados o exhibidos como piezas de museos.

De acuerdo a los propios artesanos, se calcula que del total de la venta de juguetes en la temporada navideña y de Reyes en México, menos del uno por ciento son juguetes tradicionales mexicanos.

Es lamentable porque México cuenta con al menos 8 millones de artesanos, la mayoría de ellos indígenas que viven en situación de pobreza y que podrían aprovechar sus habilidades para elaborar y vender juguetes tradicionales en el país e incluso exportarlos, ello debido a la calidad de estos productos.

En la Ciudad de México sólo en sitios como el Mercado Sonora, es posible encontrar algunos juguetes mexicanos como camioncitos de madera y hojalata, matracas, carruseles, roperos, baleros, trompos, yoyos, entre otros.

En este contexto y ante la invasión de tabletas electrónicas, videojuegos y juguetes importados, se debe establecer una estrategia para fomentar la producción del juguete popular nacional que es parte de nuestra cultura, identidad y tradiciones.

Es necesario que en las escuelas, en las casas de la cultura, ludotecas, en plazas y en parques públicos se establezcan espacios, programas, jornadas, concursos para mostrar y enseñar a niños cómo divertirse y aprender con los juguetes tradicionales lo cual coadyuvaría al desarrollo físico y mental de los menores, así como combatir el sedentarismo y la obesidad.

Ante esta situación presento a este honorable pleno de la comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Fondo Nacional para las Artesanías (Fonart) y a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Conadepi) a crear un programa nacional de fomento del juguete tradicional mexicano que involucre y beneficie a los artesanos mexicanos.

Segundo: Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía a vigilar y prohibir la importación y comercialización de juguetes que son réplicas o copia los elaborados por artesanos mexicanos.

Tercero: Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y a las Secretarías del ramo de los Estados y la Ciudad de México a fomentar el uso de juguetes tradicionales en las escuelas, casas de la cultura y espacios públicos.

Ciudad de México, a 10 de enero de 2018.

Senadora María Verónica Martínez Espinoza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SRE, la SE y la Semarnat a presentar un informe de las estrategias con que México propone alcanzar la descarbonización de su economía en 2030 con trayectoria hacia 2050, así como los instrumentos o planes de contingencia que permitan garantizar el bienestar y desarrollo económico de las miles de familias de la región carbonífera dependientes de la extracción de combustible fósil, de conformidad con los acuerdos y las alianzas adoptados en las conferencias de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, a cargo de la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Silvia Guadalupe Garza Galván, senadora integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, numeral 1, fracción II; 95, numeral 1, y 108 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a presentar un informe de las estrategias con las que México propone alcanzar la descarbonización de su economía hacia el año 2030 con trayectoria hacia 2050, así como los respectivos mecanismos o planes de contingencia que permitan garantizar el bienestar y desarrollo económico de las miles de familias de la región carbonífera que dependen de la extracción de dicho combustible fósil, de conformidad con los acuerdos y alianzas adoptadas en las Conferencias de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático., al tenor de las siguientes

Consideraciones

Del 6 a 17 de noviembre de 2017 se llevó a cabo la vigésima tercera Conferencia de las Partes (COP 23) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en Bonn, Alemania.

En dicha reunión, diversos países anunciaron su intención de abandonar el uso de carbón en la próxima década. La iniciativa es liderada por Canadá y Reino Unido.1

La Conferencia de las Partes (COP) es la máxima autoridad de la CMNUCC, cuyo objetivo principal es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero e impulsar acciones de adaptación a los efectos del cambio climático. Otra labor fundamental de la COP consiste en examinar los informes presentados por las partes. Tomando como base esta información, la COP evalúa los efectos de las medidas adoptadas y los progresos realizados en el logro de los objetivos de la convención.

A pesar de que el carbón es la primera fuente de electricidad en el mundo (es decir, alrededor de 40 por ciento proviene de este combustible fósil), también genera afectaciones al medio ambiente.

Los firmantes de la nueva Alianza contra el Carbón incluyen a Angola, Austria, Bélgica, Costa Rica, Dinamarca, El Salvador, Finlandia, Fiji, Francia, Italia, Luxemburgo, Islas Marshall, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Niue, Portugal, Suiza y Reino Unido, así como los estados de Oregón y Washington (Estados Unidos de América, EUA) y Alberta, Columbia Británica, Quebec y Ontario (Canadá). No obstante, los mayores usuarios de carbón del mundo todavía no forman parte de la alianza, entre ellos China, India, Rusia, Alemania y EUA.

A pesar de lo anterior, los promotores de la alianza aseguran que harán lo posible para tener 50 países inscritos antes de la COP 24 que se celebrará en Polonia en diciembre de 2018.

Asimismo, en el marco de la COP 23 el sector del transporte mundial anunció la Alianza de Descarbonización del Transporte (ADT) con el fin de estimular un mayor liderazgo político en el sector2 . Dentro de las actividades del Día del Transporte de la COP 23, Francia, los Países Bajos, Portugal, Costa Rica y el Proceso de París sobre Movilidad y Clima (PPMC) manifestaron que se esforzarán por lograr una mayor coordinación entre la acción a nivel nacional, local y empresarial.

El transporte es responsable de una cuarta parte de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) relacionadas con la energía, y de entre 15 y 17 por ciento de las emisiones humanas totales. Si la situación no cambia, en 2050 las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con el transporte podrían haber pasado de 6-7 gigatoneladas a 16-18 gigatoneladas.3

Cabe señalar que en 2016 se estableció la Plataforma 2050, cuyo objetivo es impulsar a la iniciativa privada para que mueva sus activos hacia opciones neutras en emisiones. La Plataforma 2050 está integrada por 26 países comprometidos a descarbonizar su economía a mediados de siglo, lo que significará no generar más emisiones de las que pueden absorber sus ecosistemas por mecanismos naturales.

La Plataforma 2050 suma ya a 26 países, entre ellos Canadá, México, Italia, Costa Rica, Brasil, Reino Unido, Francia, Alemania, Noruega, Suiza, Suecia, China, India, Rusia. Estos países han señalado que una verdadera transición requiere acciones que nos lleven a un horizonte bajo en carbono, subrayando que hacen falta políticas públicas y marcos regulatorios claros que den una señal a los inversionistas para que empiecen a planificar sus negocios de cara a un cambio de estrategia hacia inversiones limpias y tecnologías bajas en carbono.4

En tal contexto, los objetivos del Acuerdo de París son ambiciosos y demandan medidas audaces para llegar a una transformación sistémica de la economía global. Por ello, México ha adoptado posturas innovadoras y se ha sumado firmemente a los acuerdos derivados de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

A la fecha México ha publicado tres Estrategias Nacionales de Cambio Climático, dos Programas Especiales de Cambio Climático y cinco Comunicaciones Nacionales con sus respectivos inventarios de emisiones. En marzo de 2015 México comunicó al Secretariado de la CMNUCC su entonces Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional (INDC, ahora NDC) con la cual estableció reducciones no condicionadas y condicionadas de emisiones.

Por parte de las no condicionadas se comprometió a reducir 25 por ciento de sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y de contaminantes climáticos de vida corta al año 2030. Este compromiso implica una reducción de 22 por ciento de GEI y una reducción de 51 por ciento de carbono negro, lo cual implica un pico de emisiones al 2026, desacoplando las emisiones de gases del crecimiento económico.5

La decisión de México de sumarse a las plataformas y alianzas por la descarbonización, representan un reto a nivel social, económico y ambiental, ya que nuestro país posee una región carbonífera que representa una importante fuente de empleo para miles de familias.

Por ello es necesario detallar los mecanismos, planes o estrategias con las que el gobierno mexicano propone alcanzar la descarbonización de su economía en 2030 con trayectoria hacia 2050, a la vez que se asegure el desarrollo económico de la región carbonífera del país y el bienestar de las familias que dependen de esta actividad extractiva.

Como senadora de la República por el estado de Coahuila de Zaragoza, siempre he defendido a las familias coahuilenses, además de sumarme a las causas ambientales de relevancia no sólo nacional, sino mundial, buscando que la protección del ambiente sea compatible con el desarrollo social y económico.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Economía, así como de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que en el ámbito de sus competencias, remitan a esta soberanía un informe de las estrategias con las que México propone alcanzar la descarbonización de su economía hacia el año 2030 con trayectoria hacia 2050, así como los respectivos mecanismos o planes de contingencia que permitan garantizar el bienestar y desarrollo económico de las miles de familias de la región carbonífera que dependen de la extracción de dicho combustible fósil, de conformidad con los acuerdos y alianzas adoptadas en las Conferencias de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Notas

1 Zócalo . 2017. Una veintena de países se comprometen a dejar el carbón. Consultado el 05 de enero de 2018. Disponible en:
http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/una-veintena-de-paises-se-comprometen-a-dejar-el-carbon.

2 United Nations Climate Change. 2017. Comunicado ONU: Nueva alianza para la descarbonización de los transportes. Consultado el 05 de enero de 2017. Disponible en:
https://cop23.unfccc.int/es/news/nueva-alianza-para-la-descarbonizacion-de-los-transportes.

3 Ibídem.

4 Arévalo Caty. Agencia EFE Verde. Madrid, España. 2017. España se suma a la plataforma 2050. Consultado el 05 de enero de 2018. Disponible en:
http://www.efeverde.com/noticias/espana-compromete-descarbonizacion-2050-cop23/.

5 Op. Cit. En P.1. Disponible en: http://www.zocalo.com.mx/seccion/opinion-articulo/cop-23-en-bonn.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 10 de enero de 2018.

Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fepade a investigar el presunto uso de recursos ilícitos para financiar campañas en el proceso electoral de 2016, a cargo de los senadores Luis Sánchez Jiménez y Celestino Cesáreo Guzmán, del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 176 y demás aplicables y relativas del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua lleva a cabo una serie de indagatorias que han dado como resultados, entre otras cosas, la liberación de órdenes de aprehensión contra el ex gobernador de la entidad, César Duarte Jáquez. Por este caso, también 15 personas han sido procesadas y condenadas por la comisión de diversos delitos, entre ellos el de fraude.

Entre los detenidos está Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, acusado de ser el coautor intelectual en el presunto desvío de más de 250 millones de pesos, que habría sucedido simulando la realización de servicios a través de empresas del centro del país que nunca cumplieron con los compromisos contratados y, en su lugar, se otorgaron pagos en efectivo que fueron destinados a la campaña electoral en favor del PRI en el proceso electoral del 2016.

En este sentido, es necesaria la intervención de la Fiscalía Especializada en la Atención a Delitos Electorales para que investigue y sancione cualquier delito en la materia ocurrido en 2016, en esa y otras entidades donde pudo replicarse este modus operandi .

De este modo, la Fepade debe no solamente esclarecer el uso de financiamiento ilegal en la campaña a la gubernatura de Chihuahua, también tiene que identificar los patrones de conducta de los actores involucrados. Esto último, con el fin de fortalecer las herramientas de la institución para prevenir y detectar la comisión de probables delitos durante los procesos electorales.

Se han imputado delitos a miembros del Partido Revolucionario Institucional, que indican la posibilidad de que no sólo la campaña que este partido desarrolló en Chihuahua recibió financiamiento ilícito, sino que pudo ser un mecanismo de operación extendido a otras contiendas. Ganar elecciones se ha convertido en un mecanismo de sobrevivencia para muchos políticos, que necesitan imponer un sucesor que sea omiso con los crímenes que han cometido. Por tales motivos, es urgente que la Fepade realice investigaciones objetivas, transparentes y tomando todos los elementos disponibles para la persecución de delitos en materia electoral en todas las entidades del país.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente, los siguientes

Puntos de acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a que investigue el presunto uso de recursos ilícitos para el financiamiento de campañas durante el proceso electoral de 2016, con relación a la causa por el que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua ha emitido diferentes órdenes de aprehensión contra miembros de la administración de César Duarte Jáquez y el ex secretario general del CEN del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a que investigue la probable replicación en otras entidades federativas del esquema por el que presuntamente se financiaron campañas locales durante el proceso electoral de 2016, señalado por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 10 de enero de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la detención de integrantes de la Policía Federal bajo la causa número 27/2015, radicada en el Juzgado Primero de Distrito en Procesos Penales Federales del Décimo Noveno Circuito, en Matamoros, Tamaulipas, suscrita por la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Maricela Contreras Julián, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes:

Considerandos

1. Siendo el día 12 de marzo de 2015, mediante un operativo coordinado por la División de Asuntos Internos de la Policía Federal, en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, sin presencia del Ministerio Público, a pesar de que ya existía una denuncia por parte del supuesto ofendido del día 11 de marzo de 2015, se realiza la detención de José Luis Tiscareño Tejeda, Juan Francisco Pichardo Tabares, Carlos Ortiz Hernández, José Manuel González Irra, Armando Barrios Díaz, Pablo Aquino del Ángel, Rubén Anastacio Pérez, quienes son elementos de la División de Fuerzas Federales de la Policía Federal, adscritos al 15 Agrupamiento; entre los hoy procesados se encuentra el comandante del agrupamiento, el maestro Juan Francisco Pichardo Tabares.

2. La detención se hace por una denuncia interpuesta por el ciudadano Saúl Hernández Bautista, quien dice que fue secuestrado y extorsionado por dichos elementos el día 10 de marzo de 2015, mientras platicaba con una menor junto a una escuela en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas.

3. El mencionado operativo se llevó a cabo aproximadamente a las 10 de la mañana, en el perímetro del aeropuerto de la ciudad de Matamoros, en el cual el supuesto ofendido le hace entrega de dinero a uno de los elementos de la Policía Federal, por lo que supuestamente el personal de Asuntos Internos, que iba a bordo de una camioneta tipo Cherokee, proporcionada por la supuesta víctima, se acerca a la patrulla en la que iban los policías federales y le marcan el alto diciendo que son personal de Asuntos Internos; los elementos de la Policía Federal hoy procesados no se detienen, puesto que como iban a bordo de un vehículo civil y armados hacen caso omiso, sin embargo por la insistencia del personal de Asuntos Internos los hoy procesados hacen el alto de la patrulla en la que viajaban; una vez que detienen ambos la marcha, el personal de Asuntos Internos sólo les dice que los tienen que acompañar al Ministerio Público, ya que había una denuncia en su contra y que tenía que aclarar su situación jurídica, por lo que el comandante acepta dicha situación, ya que no sabía de qué se trataba.

4. Cabe hacer mención que los elementos de Asuntos Internos de la Policía Federal, en su puesta a disposición del día 12 de marzo de 2015, dicen que el supuesto ofendido le entrega un paquete a uno de los elementos de la Policía Federal y una vez que el elemento regresó a la patrulla en la iban a bordo ellos, empiezan una persecución y durante ésta observan que avientan un bulto del lado de la ventana del copiloto, y que una vez que detienen a los elementos de fuerzas federales y al hacerles la revisión a la patrulla y no encontrar el supuesto dinero entregado retroceden en busca del mismo y casualmente encuentran el paquete intacto a pesar del viento y de la velocidad que llevaban en la patrulla; cabe destacar que al preguntarle al supuesto ofendido si iba sujetado el dinero entregado por alguna liga u otro objeto que pueda asegurar el dinero contestó que no; por lo que resulta totalmente inverosímil su versión, ya que resulta imposible que hubieran encontrado el dinero en un solo lugar; ya que simplemente por el viento y aunado a la velocidad que pudiera llevar la patrulla resultaría imposible; y aunado a eso los elementos sólo ponen a disposición un teléfono celular del que supuestamente se realizaron las llamadas para extorsionar, cuando fueron puestos siete elementos y que en la actualidad por lo menos cada elemento llevaba consigo su teléfono celular, resultando totalmente insidioso que sólo pusieran a disposición un equipo telefónico.

5. Asimismo los elementos aprehensores ponen a disposición a los hoy procesados hasta después de las 6 de la tarde del día 12 de marzo, cuando del lugar donde se llevó acabo la detención al lugar donde se encuentra la delegación de la PGR, con mucho tránsito, se hace máximo una hora de camino, cayendo en dilación, presentando una bolsa con cartuchos de uso exclusivo del ejército y un teléfono celular y seis mil doscientos pesos en billetes de doscientos, resultando irrisoria dicha cantidad, ya que el elemento de más bajo rango gana más que eso a la quincena, aún más un comandante de agrupamiento, aunado a que dicho numerario no se encontraba previamente fedatado, para que una vez que fueran detenidos con ese numerario se constatara que el número de serie de los billetes entregados fuera el mismo que se pone a disposición, sin embargo no existe; y a todo esto le agregamos que todos los indicios no se presentan debidamente embalados.

6. A las pocas horas de la puesta a disposición los hoy procesados fueron trasladados a Ciudad de México en avión de PGR, sin haber hecho ninguna declaración y sin haberles ofrecido acceso a una debida defensa, fueron presentados en la mañana del día 13 de marzo de 2015 en la oficina de PGR conocida como Camarones, con domicilio en Cerrada 1 Poniente 44 sin número, colonia Obrero Popular, Azcapotzalco, Ciudad de México, hasta que fueron presentados en esta oficina, se pusieron a disposición los cartuchos, el teléfono celular y el supuesto dinero entregado, y es hasta en ese momento que realizan la cadena de custodia y después de más de 24 horas cuando se les hace saber el motivo de su detención y se les permite realizar una llamada.

7. El mismo día 13 de marzo por la noche, realizaron sus declaraciones iniciales, declarando José Luis Tiscareño Tejeda, mientras los seis elementos restantes negaron los cargos reservándose su derecho a declarar.

8. El día 14 de marzo, a las 03:00 horas aproximadamente, se realizó el traslado por tierra de los procesados al Cefereso 4 Noroeste, ubicado en Tepic, Nayarit, donde hasta el día de hoy se encuentran privados de su libertad.

9. Los hoy procesados realizaron su declaración preparatoria el día 16 de marzo de 2015, siendo dictado el auto de sujeción a proceso el día 22 de marzo por los cargos de secuestro y extorsión para los siete procesados, y el cargo de posesión de cartuchos para los procesados Juan Francisco Pichardo Tabares, Carlos Ortiz Hernández y Armando Barrios Días, tomando en cuenta el radio de acción, ya que ellos eran quienes ocupaban la cabina de la patrulla.

10. Inmediatamente se presentó la apelación al auto de formal prisión siendo recibida por el Segundo Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito con sede en Matamoros, Tamaulipas, con el número de toca penal 262/2015, difiriéndose la audiencia de vista en una ocasión y finalmente llevándose a cabo el 11 de agosto de 2015, dictando resolución hasta el 3 de marzo de 2016, otorgando auto de libertad por el delito de secuestro y confirmando la sujeción a proceso por extorsión y posesión de cartuchos.

11. El día 1 de abril de 2016 fue presentada la demanda de amparo en contra de la resolución del 3 de marzo, siendo recibida y enviada al Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, con sede en la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, con número 39/2016, donde también se recibió del día 4 de abril de 2016 la demanda de amparo presentada por el supuesto ofendido Saúl Hernández Bautista en contra de la resolución de libertad por el delito de secuestro con número 40/2016 del mismo tribunal.

12. La audiencia constitucional del amparo 39/2016 presentado por los inculpados se llevó a cabo el día 26 de agosto de 2016, luego de ser diferida en cuatro ocasiones:

* El día 28 de agosto de 2017 se dicta resolución a la demanda de amparo, en conjunto con la demanda 40/2016, resolviendo reposición de procedimiento por no estar debidamente notificado Saúl Hernández Bautista del inicio del proceso penal, y sin entrar al estudio de fondo, por tanto, tampoco se estudiaron los conceptos de violación interpuestos por la defensa de los procesados, dejando sin validez el auto de sujeción a proceso dictado el día 22 de marzo de 2015, así como la resolución de la apelación 262/2015 dictada el día 3 de marzo de 2016.

* Se dicta el nuevo auto de formal prisión el día 27 de octubre de 2017, sujetando a proceso a los detenidos, por el delito de extorsión y posesión de cartuchos, confirmando la libertad por el delito de secuestro.

* Posteriormente se interpone el recurso de apelación al auto de formal prisión por el ofendido Saúl Hernández Bautista y por consiguiente por la defensa de los procesados, admitiéndose la misma con el número de expediente 256/2017 del Segundo Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, donde se conoció anteriormente del asunto encontrándonos actualmente en espera de que se lleva a cabo la audiencia de vista de dicho recurso, así como la resolución del mismo.

* De igual manera, en agosto de 2016 se interpuso el recurso del incidente de libertad en base al artículo quinto transitorio del Código Nacional Penal, por encontrarse en el supuesto de que llevan más de dos años de juicio sin obtener sentencia alguna y porque en el actual Código Nacional vigente el delito de extorsión ya no es grave, por lo que tendrían derecho a llevar su proceso en libertad; sin embargo fue desechado de plano.

13. Actualmente se interpuso nuevamente el recurso del incidente de libertad con base en el artículo quinto transitorio del Código Nacional Penal, esta vez sí se le dio trámite esperando sea señalada fecha para que se lleve a cabo la audiencia incidental. Cabe destacar que los hoy procesados llevan dos años nueve meses de proceso penal, cuando la pena por el delito al que se encuentras sujetos a proceso es de dos años a ocho años de prisión, habiendo ya rebasado la pena mínima y tal vez concediendo que fueran culpables a la que podrían acceder ya que los procesados no cuentan con ningún antecedente penal, ni siquiera administrativo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente:

Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes, exhorta respetuosamente al Juzgado Primero de Distrito en procesos penales federales del Décimo Noveno Circuito, radicado en Matamoros, Tamaulipas, para que en la causa penal 27/2015 se dicte una resolución con objetividad, imparcialidad, apegada a las normas y con estricto respeto a los derechos humanos que otorguen el mayor beneficio a las personas procesadas bajo los estándares del nuevo esquema de justicia penal en nuestro país.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 10 de enero de 2018.

Diputada Maricela Contreras Julián (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SEP a derogar el artículo décimo transitorio del acuerdo número 17/11/17, mediante el que se establecen los trámites y procedimientos relacionados con el reconocimiento de validez oficial de estudios del tipo superior, publicado en el DOF el 13 de noviembre de 2017, suscrita por el diputado Emilio Enrique Salazar Farías, del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, Emilio Enrique Salazar Farías, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXII1 Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en representación de los estados miembros, ha hecho explícito su interés en participar tanto para prevenir como para disminuir el impacto de la crítica situación educativa, ambiental, social, cultural y económica del mundo actual. Ese interés está materializado en las declaraciones de Río de Janeiro (1992), Johannesburgo (2002) y Río de Janeiro (2012), en las que se considera a los procesos de educación como prioritarios para la formación de sociedades más justas, sustentables y pacíficas.

En este sentido hay que remarcar la relevancia análoga en la generación de otras iniciativas relacionadas, como son: el Marco de Acción de Dakar. Educación para Todos: cumplir nuestros compromisos comunes, aprobado en el Foro Mundial sobre la Educación (2000); el Decenio de las Naciones Unidas de la Alfabetización (2003-2012); y la reciente Declaración resultado de la Conferencia Mundial sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible, que tuvo lugar en Nagoya, Japón (2014).

Estos esfuerzos mundiales son conducentes de una sociedad mejor preparada y con mayor competitividad, en este tenor de ideas el gobierno de México está comprometido al ciento por ciento, muestra de ello han sido las participaciones activas en la Conferencia Mundial sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible (2014), la continua actividad al interior de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la coparticipación con los estados miembros que definieron para la educación superior los siguientes dos objetivos:

1. Promover y afinar la perspectiva del desarrollo sustentable y la transición al mismo, por medio de todas las formas de educación, formación y sensibilización de la opinión pública.

2. En la construcción del desarrollo sustentable, poner de relieve la función esencial que desempeñan la educación y el aprendizaje.

Con esos antecedentes a la vista, México busca sumarse al esfuerzo internacional y por consecuencia se requiere que el país continúe con mayor firmeza la valoración y la conservación de acciones encaminadas a mejorar la educación, formación y construcción de instituciones educativas fuertes, a fin de enderezar el camino hacia la consecución de la calidad educativa de la población en general y de la educación superior en particular.

Sobre la base de esa lógica y de esa visión de trabajo, emerge como una necesidad ineludible el siguiente punto de acuerdo para generar sinergias y fortalecer los esfuerzos que la sociedad y el gobierno vienen emprendiendo en este sentido.

Considerando que:

• En nuestro nuevo marco constitucional es nuestra obligación respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, progresividad, indivisibilidad y progresividad.

• La educación superior, con un enfoque específico, exhibe rasgos y características, posibilidades y orientaciones, bastante propias que la llevan a realizar aportaciones valiosas en el tránsito hacia una sociedad más productiva y competitiva a nivel internacional.

• Se orienta a formar una ciudadanía crítica y autocrítica, con capacidad para gestar una sociedad democrática, apta para mejorar la calidad de vida del ser humano y dispuesta a contribuir a la consecución de la equidad social.

• Desarrolla un marco institucional adecuado para ubicar y mejorar capacidades y habilidades para la toma de decisiones como comunidad, sobre la base de la tolerancia, la gestión de los recursos ambientales, una fuerza laboral adaptable y la calidad de vida.

• La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 3, 4 y 25, así como su marco jurídico, otorgan certeza y viabilidad al compromiso establecido por el gobierno mexicano con el Programa de Acción Mundial de Educación.

La intención es solicitar a la Secretaría de Educación Pública (SEP) la derogación del artículo décimo transitorio del acuerdo número 17/11/17 por el que se establecen los trámites y procedimientos relacionados con el reconocimiento de validez oficial de estudios del tipo superior, publicado el lunes 13 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación. La causa es que el artículo transitorio en comento establece de manera expresa la pérdida de los beneficios obtenidos por el programa de simplificación administrativa o también llamado acuerdo 279 de la SEP. El nuevo acuerdo 17/11/17 no otorga los mismos privilegios, lo cual es causa de mucha molestia y recelo social, esto implica por ejemplo que el rector de la institución de educación superior no podrá firmar los títulos de grado, elemento que sucedía con la simplificación administrativa y lo cual era definitorio al momento de llevar procesos de titulación de manera correcta.

Es previsible que las instituciones privadas de México no puedan acceder a todos los beneficios en tiempo y forma, pues el plazo para su incorporación es un lapso muy pequeño de adaptación y modificación, por ello no dejamos de creer en un real compromiso de la ciudadanía y un gobierno que estén en posibilidades reales de asumir en forma amplia y participativa el acuerdo 17/11/17.

Por todo lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a que derogue el artículo décimo transitorio del acuerdo número 17/11/17 por el que se establecen los trámites y procedimientos relacionados con el reconocimiento de validez oficial de estudios del tipo superior, publicado el lunes 13 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 10 de enero de 2018.

Diputado Emilio Enrique Salazar Farías (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a los precios de las gasolinas y la inflación, suscrita por la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, senadora María de los Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y el acuerdo décimo tercero del acuerdo relativo a las sesiones y al orden del día de fecha veinte de diciembre de dos mil diecisiete emitido por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta honorable Comisión la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Energía y al Banco de México en materia de precio de las gasolinas e inflación, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Tanto el Banco de México como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público han insistido en que los fundamentos macroeconómicos están sólidos y que México está preparado para enfrentar los choques externos que se han presentado desde hace ya varios meses. El gobierno mexicano fundamenta su discurso en que se han implementado acciones de política monetaria para mantener ancladas las expectativas de inflación en el mediano y largo plazos y el compromiso del gobierno federal para cumplir con las metas fiscales para 2017 y 2018.1

Los datos que utilizan para sus conclusiones son principalmente:

a. La disponibilidad de reservas internacionales y de la línea de crédito flexible contratada con el Fondo Monetario Internacional, que en conjunto suman 260 mil millones de dólares, con lo que hay recursos suficientes para enfrentar posibles salidas de inversiones especulativas.

b. La decisión del gobierno federal de reducir el déficit presupuestal al 0.0 por ciento del PIB en 2018, con el propósito de mantener la calificación de la deuda soberana, aunque ello signifique importantes recortes al gasto público y en mayor medida a la inversión.

El Banco de México tiene como objetivo prioritario procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda y para ello se ha impuesto la meta de mantener la inflación en un rango de entre 2 y 4 por ciento anual. Cuando hay evidencias de que la inflación se ubica fuera de este rango, dispone de instrumentos de política monetaria para inducir que la inflación regrese al rango.

Dentro de dichos instrumentos destacan: (i) la tasa de interés y (ii) la intervención en el mercado cambiario. Respecto a la tasa de interés hay que señalar que el Banco de México tiene la facultad de establecer una “tasa de interés objetivo” que utiliza el sistema financiero para determinar el nivel de las distintas tasas de interés con las que realiza sus transacciones. Cuando la tasa de interés es relativamente baja se incentiva el crédito y cuando es alta constituye un freno, lo que a su vez tiene un impacto negativo en el consumo y la inversión, es decir, restringe la actividad económica. También hace más atractivas las inversiones especulativas en cartera tanto para los mexicanos como para los extranjeros.

Por su parte, el tipo de cambio tiene un doble efecto: (i) positivo, porque hace más competitivas a las exportaciones mexicanas e incrementa los ingresos en moneda nacional derivados del turismo extranjero y de las remesas familiares, (ii) negativo, porque incrementa el costo de los bienes y servicios importados, así como los pagos de la deuda externa. En el balance, los efectos negativos son mayores que los positivos, por lo que cuando hay devaluaciones significativas, la Comisión de Cambios, integrada por la SHCP y el Banco de México, toma medidas como la subasta de dólares y/o de coberturas cambiarias.

Durante los primeros cuatro años de la administración de Peña Nieto, la inflación se mantuvo dentro del rango establecido por el Banco de México, pero se empezó a acelerar a partir de septiembre de 2016, aunque todavía se mantuvo dentro del rango. En enero de 2017 ya se ubicó en 4.7 por ciento, por encima del límite superior del rango y se ha mantenido creciente durante todo el año.

A pesar de que el Banco de México ha incrementado la tasa de interés objetivo, la inflación no cedió al cierre de 2017 (6.59 por ciento) y para 2018 se espera que alcance 5.0 por ciento. Uno de los factores que explican el desbordamiento de la inflación es el inusitado aumento de los precios de los combustibles, en especial de las gasolinas y el gas LP, lo que es un resultado concreto de la reforma energética de 2014, ya que estableció la liberalización de los precios de estos combustibles para 2018 y que el gobierno adelantó para 2017.

A la primera quincena de diciembre, el precio del gas LP se ha incrementado 44.1 por ciento, respecto a diciembre de 2016. El de la gasolina magna en 17.1 por ciento. El importante aumento de los precios de los combustibles no es lo único que explica el desbordamiento de la inflación, ya que la subyacente, que excluye a los bienes y servicios con comportamiento estacional (agropecuarios) y a los administrados por el gobierno, también se empezó a acelerar a partir de septiembre de 2016 y en febrero de 2017 superó el límite máximo del rango establecido por el Banco de México y no ha cedido.

Ante la aceleración de la inflación, la Comisión de Cambios ha ido incrementando la tasa de interés objetivo, hasta alcanzar 7.25 por ciento en diciembre de 2017, sólo menor del 7.50 por ciento de 2009 durante la crisis financiera global.

Como puede verse, el importante incremento de la tasa de interés no ha sido suficiente para contener la inflación, pero si ha tenido un impacto negativo en el crecimiento económico, lo que se demuestra con los siguientes datos:2

a. En 2017, la cartera de crédito de la banca comercial aumentó 5.3 por ciento contra 11.2 por ciento en 2016.

b. El indicador global de la actividad económica (IGAE) creció 1.9 por ciento, menos del 2.5 por ciento que creció un año antes.

c. En ese mismo periodo, la actividad industrial cayó 0.6 por ciento contra 0.3 por ciento que creció en 2016.

d. La inversión cayó 1.6 por ciento contra el 1.3 por ciento que creció en 2016.

e. Las ventas en el comercio al por menor crecieron sólo 2.0 por ciento contra 8.4 por ciento en 2016.

Paradójicamente, el huracán Trump aún no hace tierra. El único determinante del crecimiento que se ha mantenido es el sector externo. Las exportaciones totales crecieron 9.7 por ciento contra una caída de 2.5 por ciento en 2016; las remesas familiares crecieron 7.1 por ciento sólo poco menos del 7.6 por ciento de 2016.

No se puede decir que la importante desaceleración económica sólo sea el efecto del alza de las tasas de interés ya que también han contribuido otros factores en el ámbito interno, como la caída del poder adquisitivo de la mayoría de la población, la inseguridad y en alguna medida los desastres naturales; sin embargo, no se puede negar que el encarecimiento del crédito ha contribuido a la desaceleración.

En México se tiene un régimen de tipo de cambio flexible, lo que significa que su nivel se establece por las fuerzas del mercado y no por las autoridades, como en el caso de la tasa de interés. Este régimen implica necesariamente que el nivel del tipo de cambio tenga un importante componente especulativo.

Para las comparaciones internacionales, el Banco Mundial utiliza un tipo de cambio que denomina paridad de poder de compra (PPC), que es el resultado de comparar el costo de una canasta de bienes y servicios en la moneda de un determinado país contra el costo de la misma canasta en Estados Unidos medido en dólares. En teoría esta paridad corresponde al tipo de cambio real.

En 2016, la paridad de poder de compra en México fue de $8.60 por dólar3 y el tipo de cambio en el mercado de $18.69,4 lo que indica que más de la mitad de este valor es producto de la especulación, que a su vez depende de diversos factores como las expectativas del comportamiento económico y financiero.

Es por ello por lo que cuando existen dudas respecto al impacto de ciertos eventos internos o externos, el tipo de cambio de mercado se mueve con mucha volatilidad.

Así, por ejemplo, entre 2010 y 2008, la relación entre el tipo de cambio de mercado y el de PPC, se mantuvo más o menos estable en alrededor de 1.5 veces, en 2009 aumentó a 1.8, por el efecto de la crisis financiera global. Entre 2010 y 2014, se ubicó en 1.6 y a partir de 2015 la brecha se ha venido ampliando: 1.9 en 2015 y 2.2 en 2016.

En 2016 y 2017, el tipo de cambio ha mostrado alta volatilidad, lo que se achaca principalmente a factores externos, como las amenazas de Trump sobre salirse del TLCAN y recientemente por la reducción de impuestos. Esto ha provocado que entre 2014 y 2017, la devaluación promedio fue de 42.2 por ciento contra sólo 5.2 por ciento entre 2010 y 2014.

También han influido en alguna medida las especulaciones que provocan las elecciones del próximo año, con lo que el panorama futuro es incierto y no se puede descartar que la volatilidad continúe por lo menos durante 2018.

Ante este panorama tampoco hay que descartar que el Banco de México continúe elevando la tasa de interés e interviniendo en el mercado cambiario con el programa de coberturas. Al respecto hay que señalar que este programa tiene efectos limitados ya que sólo recurren a él las empresas que tienen obligaciones de pago, pero no es utilizado por los especuladores que ven en el tipo de cambio un mecanismo para ganar dinero en el corto plazo.

Una muestra de ello es que el 26 de diciembre el dólar se cotizó en $19.72, por lo que el Banco de México decidió subastar 500 millones de dólares de coberturas cambiarias, a pesar de lo cual el dólar aumentó a $19.79 y en lo que va de la jornada de hoy ha seguido devaluándose.

Lo anterior pone en duda que las medidas monetarias sean efectivas para controlar la inflación.

De cualquier manera, los instrumentos de política monetaria, en el caso de ser exitosos, sólo pudieran mantener más o menos controlada la inflación, pero indudablemente tienen efectos restrictivos en la actividad económica, por lo que son insuficientes para afrontar los enormes retos presentes y futuros.

Lo más preocupante es que el gobierno de Peña Nieto muestre un optimismo sin sustento al decir que todo está bien: aunque sea muy poquito, pero crecemos; la desaceleración económica es producto de factores externos, al interior del país todo marcha sobre ruedas; tenemos sólidos fundamentos macroeconómicos; el crecimiento del empleo formal no tiene precedentes; las finanzas públicas están más sanas que nunca; las reformas estructurales aseguran un futuro luminoso. Todo este falso optimismo es controversial ya que hay evidencias de que no son ciertas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Reguladora de Energía, a garantizar el cumplimiento de los objetivos argumentados para la aprobación de la reforma energética de reducir los precios de las gasolinas y el diésel en beneficio de los mexicanos.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Banco de México a remitir un informe a esta soberanía sobre las acciones que deben implementarse para controlar el aumento de la inflación, y contener el aumento de los precios de los artículos de primera necesidad para las familias mexicanas.

Notas

1 Banco de México. Anuncio de Política Económica. 14 de diciembre de 2017. http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/politi ca-monetaria/boletines/%7B7409717A-E022-2FE2-27AE-CB88811A7CD6%7D.pdf

2 Los datos se refieren al periodo enero-octubre de 2017, comprado con el mismo periodo de 2016.

3 Base de datos del Banco Mundial

4 Banco de México. Tipo de cambio FIX

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente a los diez días del mes de enero de 2018.

Senadora María de los Dolores Padierna Luna (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción a emitir recomendaciones y lineamientos para garantizar un blindaje de los recursos públicos en el presente proceso electoral, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Germán Ernesto Ralis Cumplido, diputado del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, a que emita las recomendaciones y lineamientos que considere necesarios para asegurar un blindaje de todos los recursos públicos durante el actual proceso electoral, no sólo del gasto en los programas sociales; y al mismo tiempo que las dependencias federales transparenten quincenalmente el gasto público para que no manejen a conveniencia política el ejercicio presupuestal 2018 y no distorsionen lo que fue autorizado por la cámara de diputados, con base a la siguiente

Exposición de Motivos

Cada año que ocurre un proceso electoral, se observan dos prácticas frecuentes en el manejo de los recursos públicos, tanto financieros como humanos y materiales. Ambas prácticas hechas por las oficinas locales de las dependencias federales son muy cuestionadas por la falta de transparencia y de control presupuestal.

La primera práctica cuestionada se observa en la rapidez burocrática que se realiza para favorecer la autorización de proyectos con recursos públicos , en los lugares estratégicos de votación. Son tiempos donde debe desaparecer ya esa añeja práctica de las oficinas federales que maneja los recursos públicos ágilmente para los aliados políticos y todo el rigor de la regla de operación para los adversarios electorales.

La segunda práctica de dudosa es la reorientación del gasto público de los programas federales hacia esos lugares donde se realizan elecciones, especialmente muy competidas. Igualmente, son tiempos para erradicar ya la simulación de esa atribución legal de la autoridad hacendaria. La reorientación del gasto no es en sí la naturaleza presupuestaría, sólo es una medida preventiva, cuyo abuso práctico ha distorsionado el manejo de los recursos con el escudo de finanzas públicas sanas.

La distorsión de los recursos públicos se observa entonces en la asignación presupuestal, en la práctica de presión política por parte de servidores públicos a beneficiados de programas públicos, o con el uso de recursos materiales como vehículos, oficinas, personal, mobiliario, etcétera, para uso de alguna acción electoral, desde la promoción electoral, la difusión hasta representación en casilla.

La intención es evitar esas malas prácticas del uso de recursos públicos porque pueden salirse de control y caer en hechos lamentables, como es el caso en la Ciudad de México de las agresiones en eventos de Morena donde participaron servidores públicos de la delegación Coyoacán que de alguna u otra forma derivó en el fallecimiento de una persona.

Por ello, este punto de acuerdo plantea asegurar, por una parte, que los recursos públicos no se utilicen en lo electoral y, por otra, que los recursos del presupuesto de egresos de la federación autorizados, se gasten como se debe, donde fueron aprobados, sin excusas o cualquier tipo de justificación burocrática para modificaciones presupuestarias.

También se plantea que el nuevo sistema anticorrupción contribuya aquí para generar la confianza y la credibilidad que tanto hace falta con la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción que utilicen, de cualquier manera, los recursos públicos en hechos electorales.

México vive el proceso electoral más amplio que se haya registrado donde el cambio de gobierno inicia, como todos sabemos, con la competencia por la Presidencia de la República, continua con varias gubernaturas estatales y presidencias municipales; además de las diputaciones federales, senaduría y diputaciones locales. Lo importante para el país, de asegurar el blindaje de todos los recursos públicos, es que este amplio proceso electoral se desarrolle con mucha credibilidad institucional.

Este blindaje es un factor sustantivo en la agenda nacional que no debe ser opacado por otros problemas, igualmente importantes. Se observa que se anuncia el blindaje electoral, pero sólo de los programas sociales. Se reconoce la importancia de ello, como una medida preventiva para evitar el uso clientelar de los beneficios sociales de esos programas a cambio de votos condicionados, sin embargo, aun aplicando ese blindaje, se dan los casos en delegaciones federales por parte de funcionarios públicos. Más aún, también se realizan prácticas de simulación en el manejo de recursos en comunicación social que se desvían mañosamente hacia la imagen de candidatos o hacia el pago de la estructura de promotores, bajo el concepto de proyectos de empleo temporal o proyectos similares. Por ello, la necesidad de ampliar el alcance del blindaje hacia todos los recursos públicos.

Considerandos

Que el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina que el Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Para el cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas:

I. El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de la secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno; por el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; el presidente del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución; así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana;

Que el artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción determina entre otros objetivos:

I. Establecer mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de combate a la corrupción en la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México;

II. Establecer las bases mínimas para la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas;

III. Establecer las bases para la emisión de políticas públicas integrales en el combate a la corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos;

IV. Establecer las directrices básicas que definan la coordinación de las autoridades competentes para la generación de políticas públicas en materia de prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción;

VII. Establecer las bases y políticas para la promoción, fomento y difusión de la cultura de integridad en el servicio público, así como de la rendición de cuentas, de la transparencia, de la fiscalización y del control de los recursos públicos;

VIII. Establecer las acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los Servidores públicos, así como crear las bases mínimas para que todo órgano del Estado mexicano establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público;

Que el artículo 31 de la misma Ley General señala que una Comisión Ejecutiva tendrá a su cargo la generación de los insumos técnicos necesarios para que el Comité Coordinador realice sus funciones, por lo que elaborará entre otras propuestas para ser sometidas a la aprobación de dicho comité:

I. Las políticas integrales en materia de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como de fiscalización y control de recursos públicos;

II. La metodología para medir y dar seguimiento, con base en indicadores aceptados y confiables, a los fenómenos de corrupción, así como a las políticas integrales a que se refiere la fracción anterior;

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del Pleno de esta Soberanía, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, a que asegure un blindaje electoral de todos los recursos públicos durante el actual proceso electoral, no sólo del gasto en los programas sociales; y al mismo tiempo que las dependencias federales transparenten quincenalmente el gasto público para que no manejen a conveniencia política el ejercicio presupuestal 2018 y no distorsionen lo que fue autorizado por la Cámara de Diputados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de enero de 2018-

Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Baja California Sur a implantar acciones urgentes en materia de seguridad y justicia, y adoptar medidas para garantizar la seguridad de la población frente a la ola de violencia en la entidad, a cargo del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, con base en las siguientes:

Consideraciones

Como sabemos, la reforma constitucional de 2011 trajo múltiples cambios sustanciales, entre ellos, el reconocimiento a las personas de una protección más amplia de sus derechos. Además, fijó nuevas reglas de interpretación y parámetros de actuación para que todas las autoridades garanticen a las personas la máxima protección.

Sin embargo, como en toda sociedad humana, el riesgo de que un derecho fundamental sea vulnerado existe y en la realidad, lamentablemente, los derechos son transgredidos en diversas ocasiones, unas veces de manera silenciosa y en otras, de forma estrepitosa y brutal, como actualmente sucede en el estado de Baja California Sur. El ataque perpetrado en contra del ombudsman del estado, Silvestre de la Toba Camacho, y de su familia -quienes fueron agredidos a balazos en el auto en el que viajaban la noche del pasado 20 de noviembre, en el municipio de La Paz en esa entidad federativa, lo que acabó con las vidas del defensor de los derechos humanos en el estado y de su hijo Fernando de la Toba Lucero, además de ocasionar lesiones de gravedad a su esposa e hija-, ha sido uno de los casos más emblemáticos que ilustran los altos índices de inseguridad y violencia en el estado, sin embargo, lamentablemente no es el único caso.

Según cifras oficiales, entre enero y noviembre del pasado año 2017 se registraron 723 homicidios (650 de ellos dolosos) casi tres veces más que los asentados en 2016. Esta ola criminal que ha tenido por víctimas tanto a los habitantes del estado, como a turistas extranjeros y nacionales, ha ido en detrimento de uno de los sectores económicos más importantes para el país, como lo es el turismo; y, evidentemente, en un deterioro generalizado del tejido social y económico de la región.

La escalada de violencia suscitada en el estado de Baja California Sur se ha caracterizado por albergar cruentos sucesos que ejemplifican los altos niveles de inseguridad y violencia actual, generada en buena medida por grupos delictivos relacionados con el narcotráfico.

Datos obtenidos en la reciente publicación de resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2017 arrojan que el 60.3 por ciento de la población de 18 años o más considera la inseguridad de su entorno como el problema más importante de su estado, por delante de la corrupción y el narcotráfico. Estas cifras que dan cuenta sobre la percepción de la seguridad mantienen un estrecho vínculo con la realidad, puesto que Baja California Sur ha pasado a ser una de las entidades federativas más inseguras del país, sólo detrás de Colima y Guerrero.

Las lamentables condiciones de violencia parecen empeorar, ya que sólo en la primera semana de enero, se registraron 34 asesinatos, según información de la Procuraduría de Justicia del Estado.

La permisibilidad de atentados como los acaecidos en los últimos años en Baja California Sur no puede tener cabida en ningún Estado que aspire a consolidar una sociedad en la que la promoción, defensa y protección de los derechos humanos sea una realidad. Este atentado, de suma gravedad, se suma a las múltiples desapariciones forzadas e involuntarias, así como a los atentados contra periodistas y medios de comunicación que vienen acaeciendo en esa entidad federativa, respecto de los cuales, el gobierno estatal no ha emprendido las medidas necesarias para evitar la comisión de tales crímenes aberrantes que, en esta fecha, han cobrado la vida de familias, parejas, niñas, niños y adolescentes y hasta del ombudsman en el estado.

En múltiples ocasiones, este Congreso ha señalado y reiterado el transcendental papel que los defensores de derechos humanos desempeñan, reconociendo a aquellas personas, grupos y asociaciones que defienden los derechos humanos bajo el noble ideal de promoverlos y denunciar los actos que atentan contra la integridad humana. Sin embargo, el reconocimiento público a estas personas que, desde su trinchera, luchan día a día en la defensa de los derechos, no es suficiente, se debe también protegerlos.

En consonancia, ante este ataque vil, no podemos ni debemos dejar de señalar que, cuando los derechos fundamentales son transgredidos, y cuando las personas encargadas de velar directamente por su protección son agredidas, sea cual fuere el grado del ataque perpetrado, las consecuencias de tales atentados siempre conllevarán que una o varias personas sufran uno o más perjuicios en el ejercicio de sus derechos.

Si una entidad federativa como Baja California Sur no puede garantizar la seguridad de a quién corresponde defender y velar por la protección de los derechos fundamentales de quienes son víctimas de violaciones, de esa manera, se está negando también el derecho que asiste a las personas para defenderse frente a las arbitrariedades cometidas en su contra, cayendo así en un círculo vicioso donde se hace nugatorio el enfoque de protección de los derechos humanos que nuestro país asumió en junio de 2011 y que ha ratificado con la suscripción y adhesión a múltiples tratados e instrumentos internacionales.

Quienes participamos desde el gobierno en todos los poderes y ámbitos de actuación tenemos la obligación de implementar la mayor cantidad de medidas que sean necesarias para garantizar que los defensores de derechos humanos, así como los servidores públicos de las comisiones autónomas de protección de tales derechos, puedan desempeñar su labor en un contexto seguro, libre y democrático. No hacerlo, como en esta ocasión, implica contrarrestar el impacto positivo que tales actores generan en la sociedad.

Por ello, el gobierno del estado de Baja California Sur tiene el ineludible deber de proteger y estimular la defensa de los derechos humanos de su población, para lo cual debe incrementar y adoptar de manera seria y contundente, todas las medidas y políticas necesarias que permitan garantizar el pleno desarrollo de sus habitantes y las mínimas libertades que los ciudadanos requieren para vivir en una sociedad democrática.

El caso del asesinato del ombudsman es sólo la punta del iceberg de una realidad que expone el riesgo de la labor de protección de los derechos humanos; los múltiples casos de desapariciones denunciadas, los homicidios dolosos acaecidos, los expedientes de periodistas y defensores de derechos humanos presentados ante el Mecanismo de Protección de la Secretaría de Gobernación (Segob), entre otros no menos importantes.

Estas agresiones advierten inevitablemente que, si al encargado de proteger los derechos humanos en la entidad es asesinado, qué se puede esperar que le ocurra a la ciudadanía en general.

Para que en el Estado mexicano se pueda garantizar plenamente la importante contribución de las personas que defienden los derechos humanos, desde múltiples espacios y, en consecuencia, fortalecer al Estado democrático, es necesario que las entidades federativas se sumen a la serie de acciones impulsadas desde la federación, y no se limiten, simplemente, a tomar una actitud pasiva esperanzada en la actuación exclusiva y en la estructura institucional de la última. Para ello, es necesario que el gobierno del estado de Baja California Sur desarrolle reformas y cree un marco institucional que permita dar atención a las problemáticas presentes en su territorio, así como que designe servidores públicos capacitados para tales encomiendas.

Asimismo, al igual que como se ha hecho en el plano federal, las entidades federativas deben privilegiar el diálogo con los defensores de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil, en la creación de vínculos institucionales de comunicación que propicien la consolidación de sus derechos y la protección de aquellas personas que con motivo de sus labores se encuentren en riesgo.

Aún falta mucho por lograr, necesitamos mejorar la participación de los gobiernos estatales y municipales en el cumplimiento de su responsabilidad de proteger la labor de protección de los derechos humanos pues, desgraciadamente, como en esta ocasión ha quedado evidenciado una vez más, es en el ámbito local donde se perpetran los mayores abusos.

Un México de derechos, de libertades, de seguridad y de justicia comienza cuando todos, en el ámbito de nuestras funciones, cumplimos con nuestro deber. El gobierno de Baja California Sur debe dar respuesta a este lamentable crimen, investigar y hacer justicia al ombudsman estatal, pero también a todos los sudcalifornianos que sufren la inseguridad de dicha entidad federativa.

El Grupo Parlamentario del PRI exige al gobierno local del estado de Baja California Sur a cumplir sus obligaciones constitucionales.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, a que cumpla con sus obligaciones constitucionales y adopte urgentemente las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la población sudcaliforniana, particularmente de los defensores de derechos humanos, frente a la ola de violencia que vive esa entidad federativa.

Segundo. Se exhorta a las autoridades competentes del gobierno de Baja California Sur a que cumplan las medidas cautelares emitidas para garantizar la seguridad de los familiares de Silvestre de la Toba Camacho y del personal adscrito a la Comisión de Derechos Humanos de Baja California Sur.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de enero de 2018.

Diputado Armando Luna Canales (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sectur, la Secretaría de Cultura, la SE, los gobiernos estatales y los ayuntamientos a impulsar y difundir a escalas nacional e internacional el valor intrínseco de las artesanías mexicanas como obras únicas, y desarrollar y fortalecer el turismo artesanal en sus lugares de origen, a cargo de la diputada María Verónica Agundis Estrada, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, María Verónica Agundis Estrada, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Turismo, de Cultura, y de Economía así como a los gobiernos estatales y municipales, para impulsar y difundir a nivel nacional e internacional el valor intrínseco de las artesanías mexicanas como obras únicas, así como desarrollar y fortalecer el turismo artesanal en sus lugares de origen.

Exposición de Motivos

Hablar de los artesanos es hablar del arte popular mexicano, cada uno de ellos desempeña una función dinámica, lo encontramos en muchos de los objetos que rodean la vida diaria de nuestros pueblos; en su indumentaria tradicional: huipiles, blusas, gabanes, fajillas, sombreros, huaraches, rebozos, morrales y productos de lana; en sus hogares: artículos de latón y hoja de lata como espejos, vitrinas, cofres o loza, cazos, petates, muebles, sarapes, macetas, canastas; en los instrumentos de trabajo: telares, hornos, arados, sillas de montar; en sus ritos: decoración de altares, ofrendas a los muertos, adornos en las fiestas, mercados; en los cantos, danzas, música, teatro1 .

Hoy en día, México se encuentra en una debacle económica y la manufactura artesanal, que debería ser denominada obra artística, no es la excepción, las localidades dedicadas a la producción de artesanías necesitan el apoyo de las instituciones para detonar el desarrollo local y con ello, evitar la desaparición de los creadores que dan identidad y pertenencia a nuestro país.

Lamentablemente, las zonas productoras están abandonadas y cada día menos familias y principalmente jóvenes apuestan por el sector artesanal por el bajo nivel de ingreso que produce, y esto se debe a que los productos artesanales se han devaluado, los consumidores no apreciamos el talento, las formas y la belleza de los artículos menospreciándolos, dándoles un valor mínimo por ser creadas de manos humildes, “regateamos” con la falsa creencia que merecen por no ser artistas o diseñadores famosos cuando en realidad sí, los artesanos mexicanos tienen la imaginación para crear grandes obras dando ese toque especial en cada pieza como cualquier artista de renombre, otorgando un valor de autenticidad único, haciéndolo mucho más valioso que el precio que lo compramos; (#valemásdeloquecuesta). Como ejemplo bastaría mencionar los tejidos de Chiapas, la alfarería, la cerámica y el latón de Guanajuato o la piedra y talavera de Puebla. No llegamos a las tiendas departamentales y preguntamos “¿Cuánto es lo menos?”, dejemos esa mala práctica de regatear al que más lo necesita, dignifiquemos a los nuestros y enaltezcamos nuestras raíces.

Es evidente que las artesanías hablan de nuestras raíces culturales, aportan valor único a nuestra nación, los talentos de los mexicanos se ven reflejados en cada pieza hecha por sus propias manos, ninguna es igual y el valor que se le otorga es ínfimo, malbaratamos el gran trabajo que lleva realizar cualquier tipo de producto artesanal a comparación de cualquier artista reconocido.

Tan es así, que a lo largo y ancho de nuestro país, tenemos talentos anónimos que han logrado ganar terreno a nivel internacional y son reconocidos, puesto que sus productos manifiestan la diversidad cultural de una nación, de un pueblo con cultura y tradición ancestral que ha logrado penetrar en los niveles sociales más selectos de otras naciones, siendo apreciados en mercados internacionales.

Los principales países que han reconocido este valor real de las distintas artes populares producidas en México son: Australia, Alemania, Canadá, Colombia, España, Estados Unidos de América e Italia siendo los principales productos de consumo el ónix, el latón y hojalata, la lana, la plata, la madera, el barro, los textiles, la talavera, el cobre y el vidrio soplado tan sólo por mencionar algunos.

En este contexto podemos decir que las artesanías son más que alfarería, textiles, tejidos, cristalería o joyería son obras de arte popular, porque su elaboración es minuciosa con el toque personal que la hace ser una pieza única en el mundo.

Por su parte, el gobierno mexicano en aras de apoyar al sector artesanal creó el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), que es un fideicomiso público del gobierno federal, sectorizado en la Secretaría de Desarrollo Social, que surge como una respuesta a la necesidad de promover la actividad artesanal del país y contribuir a la generación de un mayor ingreso familiar de las y los artesanos, mediante su desarrollo humano, social y económico.

Se creó por mandato del gobierno federal el 28 de mayo de 1974, como una respuesta a la necesidad de promover la actividad artesanal del país y contribuir a la generación de un mayor ingreso familiar de las y los artesanos, mediante su desarrollo humano, social y económico.

Su antecedente se remonta al año de 1961 cuando se instituyó el Fideicomiso para el Fomento de las Artesanías, dentro del Banco de Fomento Cooperativo (Banfoco).

En el mismo tenor, el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, define a la artesanía como:

El objeto o el producto con identidad cultural comunitaria, hecho por procesos manuales continuos auxiliados por implementos rudimentarios o algunos de función mecánica que aligeran ciertas tareas. La materia prima básica transformada, que generalmente es obtenida en la región donde habita el artesano.

El dominio de las técnicas permite al artesano crear diferentes objetos de variada calidad y maestría imprimiéndoles, además, valores simbólicos e ideológicos de la cultura local.

Lo anterior nos señala que las artesanías mexicanas generalmente provienen de los habitantes de comunidades rurales o apartadas, que se valen de los recursos naturales según la región, utilizando el barro, la madera y las fibras entre otros para crear diseños que son sustraídos de la imaginación de cada individuo que vive en el anonimato, que la mayoría de las veces su inspiración radica en el entorno y la naturaleza que les rodea para lograr formas, estructuras y texturas que son originarias de mitos, leyendas, lenguajes, tradiciones y ritos de sus antepasados configurando su talento creativo.

En este sentido, podemos dar un ejemplo: en el caso del barro cada artesano posee sus propias fórmulas y métodos, pero no todo el barro tiene las mismas virtudes; su color, composición y maleabilidad dependen del lugar geográfico de su extracción; virtudes que pueden mejorarse a través de la amalgama, una vez preparado el amasijo, el alfarero interviene para modelar el barro con sus propias manos o con el apoyo de tornos mecánicos dotándolo, en todos los casos, de vida figurativa a través de adelgazamientos, inflexiones, requiebros, protuberancias, etcétera.

Posterior al modelado, las figuras entran a la etapa de cocimiento en el horno. Esta fase es común en todos los tipos de alfarería, determina la calidad de las piezas y les otorga atributos particulares, volviéndolas aptas para el empleo doméstico, la decoración o la exhibición artística.

En este contexto, el gobierno federal debe asumir el compromiso de preservar las artesanías mexicanas, así como otorgar el valor intrínseco que merece cada una de piezas consideradas como obras de arte popular, con identidad y como un transmisor eficiente de trascendencia mundial para la cultura mexicana.

Esta propuesta tiene por objeto reivindicar el trabajo artesanal a través del #valemásdeloquecuesta , que consumidor pague el valor justo por los artículos que compra sin tener que caer en el regateo, que se beneficie al productor con la difusión de las zonas de producción, así como traspasar las fronteras a través del apoyo de las secretarías referidas con anterioridad, para así influir en los mercados nacionales e internacionales, a través de acciones colectivas y públicas que impulsen el desarrollo económico de las regiones fabricantes de artesanías del país, que les permitan el acceso a opciones verdaderas que detonen y fortalezcan las comunidades, que mejoren la calidad de vida de los artistas artesanos y sus familias sin que tengan que emigrar a las capitales por necesidad económica.

Hagamos algo por México, mantengamos las tradiciones y oficios artesanales que tanto orgullo han dado a nuestro país, lamentablemente por la falta de oportunidades en los albores de la comercialización de artículos importados de producción en masa y la falta de sensibilidad cultural, con el paso del tiempo las artesanías están en peligro de extinción.

Por todo lo anterior, debemos decir que los artesanos son auténticos artistas que personifican la cultura mexicana, son autores de hermosas obras que son poesía para la mirada, son verdaderos forjadores de una parte de la historia de México.

Sin duda alguna, la breve estética de cada forma y en cada figura erige historias que llevan consigo el abolengo familiar de una persona, y es por ello que es menester construir la identidad de las artesanías mexicanas como artículos valiosos para el comprador, porque llevan en ellas el alma, el espíritu y la autenticidad única de las manos autoras.

Por lo anterior, la difusión (#valemásdeloquecuesta ) juega un papel fundamental para alcanzar resultados en cualquier sector, pero para el sector artesanal es fundamental, puesto que en los últimos tiempos se ha visto olvidado por algunas dependencias que tienen alto potencial como representantes de México en el mundo, tal como es la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Cultura, que si bien es cierto cuentan con algunos instrumentos de fomento no han sido suficientes, se considera que se puede hacer más con campañas estratégicas bien dirigidas.

Finalmente, se razona que para el sector artesanal hace falta una socialización mediática y publicitaria similar a la que se ha desarrollado por ejemplo para los pueblos mágicos, crear corredores artesanales y paseos turísticos, donde el visitante conozca el porqué de una pieza, como si fuera un cuadro de Picasso.

Es necesario dar a conocer dónde y cómo se produce, a qué región o etnia pertenece, que se muestre el trabajo que lleva en el proceso de elaboración y el gran valor agregado que representa la producción artesanal.

Para ello, también es necesaria la difusión a través del sector cultural en el que se promueva su historia, sus tradiciones ancestrales y una cultura de pertenencia, que invite al turista nacional y extranjero a dar el valor que merece cada pieza que va engarzada a la identidad de nuestro país.

Por último, es necesario aludir que este punto de acuerdo se elaboró a petición de una iniciativa de ciudadanos guanajuatenses comprometidos con el desarrollo del país y en apoyo de sector artesanal mexicano y tiene como su eslogan #valemásdeloquecuesta , concepto que debe ser valorado, porque es una realidad que el arte y la creatividad representada en las artesanías vale “más” de lo que cuesta por su detalle único, que enaltece el sentido de identidad y pertenencia como bastión del orgullo de ser mexicano que representan las tradiciones y el folklore de México como una gran nación.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo, a la Secretaría de Cultura, a la Secretaría de Economía, así como a los gobiernos estatales y municipales, para impulsar y difundir a nivel nacional e internacional, el valor intrínseco de las artesanías mexicanas como obras únicas, así como desarrollar y fortalecer el turismo artesanal en sus lugares de origen con el eslogan #valemásdeloquecuesta

Nota

1 https://www.forbes.com.mx/festejamos-los-artesanos/

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, 10 de enero de 2018.

Diputada María Verónica Agundis Estrada (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a intensificar las acciones tendentes a lograr la detención con fines de extradición del ex gobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez, a cargo de los diputados Cecilia Soto González, Rafael Hernández Soriano, Olga Catalán Padilla y José Guadalupe Hernández Alcalá, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Los suscritos, diputados Cecilia Soto González, Olga Catalán Padilla, Rafael Hernández Soriano y José Guadalupe Hernández Alcalá, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrantes de la LXIII Legislatura, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 4 de enero del presente año, diputados del PRD presentaron ante esta soberanía una proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), a que investigue de manera pronta y expedita las denuncias presentadas sobre el posible desvío de recursos públicos y la creación de empresas “fantasma”, para financiar las campañas electorales del PRI en el año 2016; al Instituto Nacional Electoral para que en el ámbito de sus atribuciones, investigue el posible desvío de recursos públicos federales y la creación de empresas falsas, para financiar las campañas electorales del PRI en el año 2016; y al gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado, para que informe a esta soberanía sobre las investigaciones realizadas en esa entidad respecto al posible desvío de recursos públicos federales y la creación de empresas falsas, para financiar las campañas electorales del PRI en el año 2016.

Asimismo, se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que, en el ámbito de sus atribuciones, investigue el posible desvío de recursos públicos federales y la creación de empresas falsas, para financiar las campañas electorales del PRI en el año 2016.

El pasado 8 de enero, el titular del Ejecutivo en el estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado, ofreció una conferencia de prensa en la Ciudad de México en la que recalcó que desde el inicio de su administración se ha dedicado a denunciar la corrupción generalizada en el gobierno del estado que le antecedió, que le dejó la hacienda pública estatal en condiciones de bancarrota.

Tal como lo ofreció como compromiso de campaña, el gobernador Corral inició acciones que han roto la manera de operar la corrupción política en México, de manera fehaciente y constatable.

Se iniciaron acciones legales para resarcir el daño a la hacienda pública del estado, y para procesar penalmente a los responsables del quebranto de las arcas del estado y del desvío de millones de pesos a favor del PRI.

Detalló que se han iniciado 39 procesos penales, se han librado 30 órdenes de aprehensión por los tribunales, de las cuales, 10 se han librado en contra del exgobernador César Duarte. Se han cumplimentado 16 órdenes de aprehensión, 23 vinculaciones a proceso dictados por los jueces y 5 sentencias condenatorias.

Afirmó también que las denuncias promovidas por su gobierno se han traducido en 15 personas entre procesadas y condenadas en diversas causas penales, entre ex funcionarios y empresarios que colaboraron con estos en la trama de simulación de operaciones, y que recientemente, el pasado 20 de diciembre de 2017 se dio a conocer la detención de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, como parte de las investigaciones contra la corrupción, por el delito de peculado agravado por 246 millones de pesos por su participación en un elaborado esquema de simulación de contratos de prestación de servicios profesionales, que nunca se realizaron, y que permitió la sustracción de recursos públicos de los chihuahuenses para emplearse con fines partidistas.

Es sabido también que Manlio Fabio Beltrones Rivera, presidente nacional del PRI cuando se instrumentó este esquema de complicidades, tramitó un amparo para evitar una posible detención derivada de los hechos que se investigan en las diversas carpetas de investigación aperturadas.

El gobernador Corral ha honrado su compromiso de campaña, rompiendo el pacto de impunidad que es transversal a actores políticos, económicos y sociales, de todos los partidos, poderes del Estado y niveles de gobierno, y asegura que “juntas, corrupción e ilegitimidad, son las precursoras seguras de la violencia política”.

Es necesario precisar que las diez órdenes de aprehensión libradas en contra del ex gobernador Duarte Jáquez, están sólidamente sustentadas en las carpetas de investigación integradas por la fiscalía del Estado por los delitos de peculado agravado y delitos electorales.

El ex gobernador está ubicado en El Paso, Texas, pero corresponde a la procuración de justicia federal solicitar la detención con fines de extradición. Desde septiembre de 2017, el gobernador Javier Corral entregó a la Procuraduría General de la República, las investigaciones en 70 tomos y 50 discos duros, en los que están contenidas las pruebas que implican directamente al ex gobernador como responsable del desvío de 10 mil millones de pesos.

Los diputados del PRD consideramos indispensable que se tomen las acciones legales pertinentes para dar certeza jurídica en el marco de los procesos electorales que se desarrollan actualmente en el país.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a intensificar las acciones tendientes a lograr la detención, con fines de extradición, del ex gobernador del estado de Chihuahua, César Duarte Jáquez.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 10 de enero de 2018.

Diputados: Cecilia Soto González, Rafael Hernández Soriano, José Guadalupe Hernández Alcalá, Olga Catalán Padilla (rúbricas)

Con punto de acuerdo, relativo a los resultados en la aplicación de recursos de programas de desarrollo rural sustentable durante los ejercicios fiscales de 2016 y 2017, suscrita por la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena

Natalia Karina Barón Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo a los resultados en la aplicación de recursos de programas de desarrollo rural sustentable durante el ejercicio fiscal de 2017 al tenor de las siguientes

Consideraciones

De conformidad con los objetivos del Desarrollo Rural Sustentable establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable, la entidad de la administración pública responsable de la aplicación de las políticas en la materia, es decir, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, tiene como meta fundamental contribuir a la construcción del campo involucrando a los productores, sin importar su condición social, económica, étnica, física o de cualquier otra índole. De esta manera se garantizan los derechos sociales para tener niveles de vida dignos generando capacidades, entornos e ingresos decorosos y la protección social en atención a los sectores más desprotegidos y vulnerables del campo mexicano.

Para lograr lo anterior, el artículo 4o. de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable garantiza la transformación social y económica del sector rural para mejorar las condiciones de vida de la población del sector orientándose a la diversificación de la actividad productiva en el campo y generar las condiciones de competitividad como se establece a continuación:

“Artículo 4o. Para lograr el desarrollo rural sustentable el Estado, con el concurso de los diversos agentes organizados, impulsará un proceso de transformación social y económica que reconozca la vulnerabilidad del sector y conduzca al mejoramiento sostenido y sustentable de las condiciones de vida de la población rural, a través del fomento de las actividades productivas y de desarrollo social que se realicen en el ámbito de las diversas regiones del medio rural, procurando el uso óptimo, la conservación y el mejoramiento de los recursos naturales y orientándose a la diversificación de la actividad productiva en el campo, incluida la no agrícola, a elevar la productividad, la rentabilidad, la competitividad, el ingreso y el empleo de la población rural.”

En 2016, la Cámara de Diputados realizó importantes reasignaciones y ampliaciones al proyecto de Presupuesto de Egresos para el año fiscal de 2017 presentado por el Poder Ejecutivo. Las mayores ampliaciones se aprobaron en los programas carreteros y de desarrollo agropecuario correspondiendo a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación un presupuesto de 8,439.1 millones de pesos particularmente beneficiando a los siguientes programas:

• Programa de Apoyos a Pequeños Productores: 2,480.0 millones de pesos.

• Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas: 2,000.0 millones de pesos.

• Programa de Apoyos a la Comercialización: 1,550.0 millones de pesos.

• Programa de Fomento a la Agricultura: 1,100.0 millones de pesos.

Sin embargo, estudios del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (CEFP) habían advertido de subejercicios e irregularidades en la aplicación de los recursos para los diversos programas ejercidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Por ejemplo, en la Nota informativa Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable al cuarto trimestre de 2016, refiere que en el Programa Especial Concurrente se dejaron de ejercer 9 mil 892.7 millones. Ese análisis indica que, en total, el Programa ejerció 93.4 por ciento de los recursos que le fueron aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016.

A junio de 2017, hubo variaciones significativas en tres ramos dándose subejercicios en el gasto. De acuerdo con el CEFP, estos fueron:

• Ramo 20 Desarrollo Social: -1,646.7 millones de pesos.

• Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación -298.3 millones de pesos

• Ramo 06 Hacienda y Crédito Público -208.4 millones de pesos.

En la nota informativa que analiza el rezago presupuestal en las prioridades de la política de gasto, del 27 de julio de 2017, el CEFP señala que “el segundo ajuste realizado al gasto en 2016 implicó una reducción por 31 mil 714.8 millones de pesos (mdp), de los cuales 64.8 por ciento se concentró en los sectores señalados como prioritarios (educación, salud, desarrollo social, agricultura y ciencia y tecnología). Lo anterior denotó que, dado el contexto económico adverso, incluso las prioridades de gasto contrajeron sus presupuestos originales aprobados por la honorable Cámara de Diputados. (p.4)

La nota informativa considera que en “2016 la honorable Cámara de Diputados aprobó un Gasto Programable que se conformaba por 61.9 por ciento de recursos para funciones de desarrollo social, y al término del año sólo 55.3 por ciento se ejerció en esas funciones. Las brechas entre lo aprobado y lo que finalmente se ejerce son mucho más evidentes si se analizan a nivel de Ramo Administrativo, para ello se muestran los casos de seis ramos, tres de ellos vinculados directamente con las prioridades de gasto: 12 “Salud”, 20 “Desarrollo Social” y 08 “Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación”; y los otros tres vinculados a funciones de gobierno: 02 “Presidencia de la República”, 04 “Gobernación” y 06 “Hacienda y Crédito Público”. (p.5)

El CEFP concluye que “en los ramos administrativos que se tomaron como ejemplo, es que en los sectores más vinculados a las prioridades de gasto, tales como salud, desarrollo social y agricultura, a lo largo de los últimos nueve años sus presupuestos ejercidos son inferiores a los que originalmente les aprobó la Cámara de Diputados; mientras que en los ramos vinculados a funciones de gobierno, el comportamiento observado es inverso, esto es que ejercen, normalmente, por encima de lo aprobado.

Indudablemente este comportamiento puede originarse por diversas razones, desde economías en la aplicación de los recursos hasta deficiencias en la programación y presupuestación de los mismos, sin embargo el fin de resaltar este comportamiento no es determinar las causas, sino mostrar que existe un comportamiento recurrente en el ejercicio de los recursos aprobados, que debe contrarrestarse, toda vez que en última instancia se refleja en la no consecución de los principales objetivos de la política de gasto en materia de desarrollo social y económico de los grupos más vulnerables”. Mientras los ramos administrativos tuvieron mayor gasto, Ramos 12 “Salud”, 08 “Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación” y 20 “Desarrollo Social” se dejaron de ejercer 16 mil 272.4 mdp según el análisis del CEFP”.

Estas variaciones generaron importantes rezagos en el desarrollo de los programas. La Nota citada indica que en el Ramo 08 “Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación” los más rezagados fueron el S258 “Programa de Productividad Rural”, S259 “Programa de Fomento a la Agricultura” y S262 “Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados”.

“Respecto a los programas del Ramo 08, destaca que la Cámara de Diputados en el PEF 2016 les aprobó ampliaciones presupuestales: S258 “Programa de Productividad Rural” un mil 200.0 mdp; S259 “Programa de Fomento a la Agricultura” 750.0 mdp; y S262 “Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados” un mil 800.0 mdp. De lo anterior se desprende que la brecha entre los recursos ejercidos y los aprobados, no sólo se registró en los Ramos vinculados a las prioridades de gasto social, sino que a su interior los programas presupuestales más castigados son precisamente los de subsidios, los cuales tienen como principal propósito coadyuvar a mitigar la pobreza en los grupos de población más vulnerable”. (Nota Informativa CEFP , op cit, p. 12-13)

De igual forma, otras irregularidades han sido detectadas por la Auditoría Superior de la Federación. En la revisión de la Cuenta Pública de 2015, en el Programa de Fomento a la Agricultura, Componente Procafé e Impulso Productivo al Café, se detectó la “falta de control y supervisión, respecto de la dictamen y asignación de apoyos a los beneficiarios, en los tres conceptos del componente Procafé e impulso Productivo del Café, toda vez que no se tiene la certeza de contar con una superficie para la siembra y el mantenimiento de la plantación de café, para poder considerarse como población objetivo del componente e inscribirse en el padrón, lo que trajo como consecuencia que los productores de café que están inscritos en el padrón no recibieran los beneficios de estos conceptos de apoyo del programa y, por consiguiente, adolecen de los recursos necesarios para la siembra y mantenimiento de sus plantas”. (p.8)

Según la ASF, durante la revisión de la Cuenta Pública de 2015 se presumió “un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 107,015,822.00 pesos (ciento siete millones quince mil ochocientos veintidós pesos 00/100 M.N.), toda vez que se apoyó con recursos de este programa a 48,147 personas que no estaban registradas en el padrón nacional cafetalero, en consecuencia, no se tiene la certeza de que los apoyados sean población objetivo del componente”. (p.8)

Igualmente, en el informe de resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 (octubre de 2017)1 la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer irregularidades en la aplicación de apoyos a beneficiarios en los diferentes padrones de programas al ser otorgados a personas diferentes o fallecidas, por duplicidad de apoyos o bien por el cambio en el objetivo de los proyectos sin la aprobación de la Secretaría. Un caso es el del Programa de Apoyos a Pequeños Productores: Componente Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora.

De acuerdo con el Informe de la ASF, “El Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora (Promete) tiene como objetivo específico incentivar la implementación de proyectos productivos para que las mujeres emprendedoras que habitan en núcleos agrarios incrementen su productividad para lo cual establece las consideraciones siguientes: I. Apoyar preferentemente a la población en condiciones de mayor marginación y vulnerabilidad; II. Otorgar incentivos para la implementación de proyectos productivos de ampliación o escalamiento; III. Incentivar la constitución legal de los beneficiarios”.

El mismo dictamen en el Informe señalado señala las siguientes irregularidades del programa al que se ha hecho referencia:

• Ausencia de mecanismos de control y operación de los apoyos que motivaron, entre otros aspectos, el pago de apoyos a un grupo beneficiario en el que uno de sus integrantes, al momento de presentar la solicitud de apoyo respectiva, fungía como servidor público adscrito a la Delegación Estatal de la Sagarpa en Chihuahua el cual estaba vinculado con la operación del programa y componente revisado, situación que prohíben las Reglas de Operación;

• 22 proyectos productivos no han presentado la documentación comprobatoria de la aplicación y destino de los recursos por un monto de 25,496.3 miles de pesos; además, para comprobar apoyos por 779.6 miles de pesos, los grupos beneficiarios presentaron 14 facturas que, de acuerdo con el Sistema de Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet del SAT, se encuentran canceladas;

• Se identificó que en 21 proyectos productivos apoyados por el Promete por un monto de 4,715.4 miles de pesos, hasta cinco integrantes de un mismo grupo beneficiario ya habían recibido apoyos de otros programas que otorga el gobierno federal y, al no haber presentado carta de desistimiento de los integrantes ya apoyados, debieron haberse cancelado los apoyos;

• En 7 proyectos productivos visitados no se localizaron bienes por 147.1 miles de pesos que presuntamente se habían adquirido con apoyos del Promete; tres proyectos, por un monto total apoyado de 604.8 miles de pesos, se ubicaron en un domicilio diferente del consignado en las solicitudes de apoyo, sin que se presentara la solicitud de autorización para cambio de domicilio ante la Sagarpa para su validación, por lo que procedía la cancelación de los apoyos;

• Se apoyó un proyecto con 201.6 miles de pesos para la implementación de una tienda de abarrotes de la cual se presentó su comprobación; no obstante, en la visita efectuada por personal auditor, se localizó en operación una farmacia, cambio que no fue solicitado ante la Sagarpa para su validación, por lo que el apoyo debió cancelarse.

Por lo expuesto, es necesario que la dependencia de la administración pública federal responsable dé puntual informe de resultados a fin de seguir las recomendaciones y subsanar las probables irregularidades en la aplicación de los recursos de los distintos programas de Desarrollo Rural Sustentable durante los ejercicios fiscales 2016-2017 de conformidad con los informes presentados por la Auditoría Superior de la Federación a fin de cumplir cabalmente con el principio de rendición de cuentas y saber cómo los recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 y 2017 fueron ejercidos correctamente.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que, en el ámbito de sus atribuciones, haga público el resultado de las evaluaciones relativas a los subejercicios de programas de desarrollo rural sustentable en sus diversas vertientes durante los ejercicios fiscales 2016-2017.

Segundo. Se exhorta al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que, en el ámbito de sus atribuciones, haga del conocimiento público cuáles han sido las medidas y acciones para subsanar las irregularidades en la aplicación de recursos de los Programas de Desarrollo Rural Sustentable en sus diversas vertientes durante los ejercicios fiscales 2016-2017 de conformidad con las observaciones presentadas por la Auditoría Superior de la Federación.

Nota

1 En: http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2016_0280_a.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 10 de enero de 2018.

Diputada Natalia Karina Barón Ortiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la reducción de la pobreza y el fortalecimiento del mercado y el consumo internos, suscrita por la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, senadora María de los Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y el acuerdo décimo tercero del acuerdo relativo a las sesiones y al orden del día de fecha veinte de diciembre de dos mil diecisiete emitido por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta honorable Comisión la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Desarrollo Social, en materia de reducción de la pobreza y fortalecimiento del mercado y consumo internos al tenor de las siguientes

Consideraciones

La administración de Peña Nieto heredará al próximo gobierno una situación muy compleja caracterizada entre otros factores por la inseguridad creciente, la ausencia de un estado efectivo de derecho, enormes índices de corrupción, un crecimiento económico mediocre, altas tasas de pobreza y desigualdad y un preocupante deterioro de las finanzas públicas.

En cuanto a la inseguridad, el reporte sobre delitos de alto impacto de octubre pasado, elaborado por Observatorio Nacional Ciudadano,i concluye que hay “evidencia de la debacle que ha sido, por lo menos durante los últimos años, el combate a la incidencia delictiva ”. Destaca que “En los primeros 10 meses del año, la tasa de homicidio doloso fue de 16.9 por cada 100 mil habitantes, cuando la de 2011 fue de 16.7 . Para comprenderlo de mejor manera, este dato corresponde a por lo menos 23 968 personas privadas de la vida. Asimismo sobresale que el periodo que va de enero a octubre de 2017 comparado contra el mismo lapso del año anterior muestra un crecimiento de 22.4 por ciento en los homicidios dolosos; 3.4 por ciento, en los homicidios culposos; 3.8 por ciento, en el secuestro del fuero común; 11.3 por ciento, en la extorsión; 36.7 por ciento, el robo total con violencia; 31.7 por ciento, el robo a negocio; 15.2 por ciento, el robo de vehículo; 1.4 por ciento, el robo a casa habitación; y, 29.9 por ciento, el robo a transeúnte.”

Conviene reproducir aquí el señalamiento del informe cuando afirma que “Una mirada más atenta hacia los procesos locales muestra que esta debacle se transforma en una situación inaceptable para la calidad de vida de los ciudadanos en las entidades federativas. La suma del agregado nacional de delitos evidencia las condiciones de franco fracaso en relación con el combate de la delincuencia tradicional y organizada en el ámbito local . Simplemente basta observar que 17 entidades ocupan los primeros cinco lugares de los delitos de alto impacto y en la mayor parte del país se aprecia un crecimiento marcado de su incidencia.”

Las enormes deficiencias del estado de derecho, las documenta, entre otros organismos, el Foro Económico Mundial,ii al señalar que México cayó del lugar del 92 al 123 de 137 países evaluados en la calificación del pilar denominado “instituciones ”, que toma en cuenta indicadores como: respeto a los derechos de propiedad, protección a la propiedad intelectual, independencia judicial, favoritismo en las decisiones de gobierno, costos para los negocios del crimen y la violencia, comportamiento ético de las empresas, confiabilidad de los servicios públicos, entre otros. Sin embargo, no sólo perdió 31 posiciones en el ranking mundial, sino que su calificación disminuyó de 3.6 a 3.2. Detrás de México en esta clasificación se encuentran países como: Algeria, Bosnia, Camboya, Camerún, Congo, República Dominicana, Haití, Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Nigeria y Paquistán.

Respecto a la corrupción es evidente que se trata de un grave problema que también heredará Peña Nieto a su sucesor. Según el índice de Percepción de la Corrupción 2016 que elabora Transparencia Internacional,iii México ocupa el lugar 123 de los 176 países evaluados y obtuvo una calificación reprobatoria de 30 sobre 100. También en este indicador México empeoró durante la administración de Peña Nieto, ya que en 2012 tuvo una calificación de 34.

En América Latina sólo Venezuela y Haití son más corruptas, igual que otros países como Rusia, Afganistán, Irán, Irak, Siria y varios países de África.

El reto es enorme, a pesar de que se diseñó un ambicioso Sistema Anticorrupción, no se ha logrado implementarlo, debido en buena medida a resistencias de los que se benefician con la corrupción.

En cuanto al crecimiento económico destaca que Peña Nieto entregará el país con un pobre crecimiento económico, que en el mejor de los escenarios promediará 2.5 por ciento anual, que restado el crecimiento de la población implicará sólo 1.4 por ciento en términos per cápita.iv

La pobreza no disminuyó durante la actual administración. Calderón dejó al país con 60.6 millones de personas que no tenían ingresos suficientes para adquirir la canasta básica. A 2016, Peña Nieto ya había logrado incrementarlos a 62.0 millones.v

Asimismo el país presenta enormes desigualdades regionales y entre grupos de población. Así, mientras en promedio nacional el 50.6 por ciento de la población es pobre, en Chiapas es el 79.8 por ciento, en Oaxaca el 72.7 por ciento y en Guerrero el 67.6 por ciento. En contraste, en Nuevo León sólo es el 19.5 por ciento, en Baja California Sur el 28.6 por ciento y en Baja California el 29.0 por ciento. El 74.6 por ciento de la población indígena es pobre mucho más del 48.1 por ciento de la población no indígena.

Crecimiento económico

Como ya se mencionó, el crecimiento económico durante la administración de Peña Nieto sólo será de 2.5 por ciento en promedio anual. Según la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, durante la próxima administración (2018-2024), el crecimiento sólo aumentará a 2.7 por ciento en promedio anual, lo que implicaría que los determinantes del crecimiento permanecerán prácticamente sin cambio, lo que no necesariamente ocurrirá.

Las estimaciones de la SHCP son más optimistas, ya que suponen un crecimiento de 3.8 por ciento en promedio durante el próximo sexenio.

En lo que respecta a los determinantes del crecimiento (consumo, inversión y comercio exterior) destaca que el consumo total (privado y del gobierno), representa el 79 por ciento del PIB y crecerá 2.4 por ciento en promedio anual entre 2013 y 2018.

Por su parte, la formación bruta de capital fijo (inversión) representa el 21.3 por ciento del PIB y creció sólo 1.0 por ciento en promedio anual. Tanto su dimensión como dinamismo es uno de los principales factores que impiden un crecimiento suficiente y sostenido tanto para el corto como para el largo plazo.

Aunque las exportaciones representan el 34.1 por ciento del PIB y tuvieron un crecimiento de 4.9 por ciento en promedio anual, al restarle las importaciones, la contribución de comercio exterior (exportaciones netas) fue 0.2 por ciento negativa y sólo creció 0.7 por ciento en promedio anual.

El gobierno federal ha señalado en varias ocasiones que el consumo interno se ha convertido en el principal motor de crecimiento; sin embargo, su crecimiento es insuficiente para impulsar al PIB. Por otro lado, la inversión ha tenido un comportamiento francamente decepcionante, ya que no ha alcanzado ni siquiera el 25 por ciento del PIB, lo que impacta negativamente no sólo al crecimiento de corto plazo, sino que es un freno para el crecimiento de largo plazo.

En cuanto al comercio exterior, es importante señalar que lo ideal sería tener una balanza comercial positiva, para que contribuyera en mayor medida al crecimiento.

Tanto la inversión como el saldo de la balanza comercial contribuyeron negativamente al crecimiento durante la administración de Peña Nieto.

Uno de los retos de la próxima administración será aumentar considerablemente la inversión, como el principal detonador del crecimiento y la generación de empleos, lo que a su vez tendría un impacto positivo en el consumo. En este sentido el reto es mayúsculo. Así, por ejemplo, para que la inversión llegue a representar el 25 por ciento del PIB en 2024, ante el escenario de un crecimiento del PIB del 2.7 por ciento en promedio anual, la inversión tendría que crecer 6.0 por ciento en promedio anual durante todo el sexenio, lo que implicaría casi triplicar el ritmo de crecimiento del sexenio de Peña Nieto.

Si el crecimiento fuera de 3.8 por ciento, como el estimado por la SHCP, la inversión tendría que crecer 7.3 por ciento en promedio anual.

La mayor parte de la inversión tendría que provenir del sector privado, ya que, según las estimaciones de la SHCP, durante la próxima administración, la inversión pública sólo aportará el 2.6 por ciento del PIB, por lo que el sector privado tendría que aportar el 3.4 por ciento o el 4.7 por ciento faltantes.

Por su parte, la inversión privada también estará sujeta a diversas presiones, dentro de las que destacan la posible salida de los Estados Unidos del TLCAN, que, en caso de darse, lo más probable es que ocurriera en la próxima administración, ya que todo hace suponer que la administración de Peña Nieto está haciendo todo lo posible por posponer las negociaciones.

Otro factor que pudiera limitar las inversiones privadas sería el impacto que tendrá la reducción de impuestos a las grandes corporaciones en los Estados Unidos que ya fue aprobada por el Congreso y que se concretaría a partir de 2019.

Hay que señalar que las tasas impositivas es sólo uno de los factores que toman en cuenta los inversionistas para decidir en donde colocan sus inversiones. Hay otros factores como el costo de la mano de obra, la disponibilidad de infraestructura, el estado de derecho, la seguridad pública y la corrupción. Lo grave para México es que, en todos estos factores, México no es competitivo, excepto en el costo de la mano de obra, lo que afecta el bienestar de los trabajadores y que de ninguna manera deberá seguir siendo el factor que determine la competitividad de México y que, entre otros ya es un tema que pusieron sobre la mesa los negociadores tanto de Estados Unidos como de Canadá en la revisión del TLCAN.

Finanzas públicas

La situación y perspectivas de las finanzas públicas son preocupantes, lo que limita al sector público para contribuir al crecimiento económico y al bienestar de la población. En 2004 se aprobó una reforma fiscal, que consistió fundamentalmente en aumentar algunos impuestos, lo que sirvió fundamentalmente para compensar la importante caída de los ingresos petroleros.

La administración de Peña Nieto dispuso de ingresos presupuestarios que en promedio anual equivalieron al 23.1 por ciento del PIB.vi Los ingresos petroleros del gobierno federal (sin los ingresos propios de Pemex) promediaron 2.9 por ciento del PIB, lo que demuestra que ni el gobierno de Peña Nieto estima que la reforma energética reestablecerá el nivel de ingresos que se tuvo en el pasado.

Es importante recordar que cuando se promovió la reforma se dijo que aportaría a las finanzas públicas por lo menos el 4.7 por ciento del PIB, aproximadamente lo mismo que aportó en 2014, antes de la reforma y que los excedentes sería colocados en una reserva para generar ahorro de largo plazo, reserva que nunca existirá.

En 2016, en México los ingresos por impuestos representaron el 17.2 por ciento del PIB, siendo el más bajo de los países de la OCDE que en promedio fue del 34.6 por ciento.vii Para la siguiente administración, la SHCP estima que los ingresos se mantendrán casi en el mismo nivel que en 2018.

En promedio, los ingresos presupuestarios equivaldrían al 20.8 por ciento del PIB, menos del 23.1 por ciento que durante la administración de Peña Nieto. Los ingresos tributarios aportarán el 62.9 por ciento del total. Los petroleros del gobierno federal sólo el 8.7 por ciento y los no tributarios el restante 28.4 por ciento.

Durante los primeros cuatro años de la administración de Peña Nieto se recurrió de manera irresponsable al endeudamiento para complementar el gasto público. La deuda se incrementó del 40.4 por ciento del PIB al 50.1 por ciento, llegando a un nivel insostenible y el gobierno decidió que ahora si sería responsable y disminuiría sus requerimientos financieros, lo que debería continuar durante la próxima administración y el endeudamiento ya no sería una opción para complementar los limitados ingresos presupuestarios.

A todas luces, los ingresos son insuficientes ni para mantener el nivel de gasto y mucho menos para incrementarlo. Durante la administración de Peña Nieto, el gasto total promedió el 25.6 por ciento del PIB y la próxima administración sólo dispondrá del 22.8 por ciento. Adicionalmente se presentará el problema de que algunos rubros ineludibles del gasto, como el costo financiero, las participaciones a entidades federativas y municipios y las pensiones, crecerán, dejando todavía menos recursos para el gasto programable, que sufrirá una importante reducción del 16.4 por ciento en la administración de Peña Nieto al 12.4 por ciento en la próxima administración.

Como ya se mencionó uno de los rubros más afectados será el de la inversión pública que disminuirá del 3.8 al 2.6 por ciento.

Es importante señalar que la administración de Peña Nieto dejará pendiente una profunda reforma que permita mejorar sustancialmente la eficacia, eficiencia y transparencia con que se utilizan los recursos públicos en todos los niveles de gobierno, lo que deberá ser una prioridad de la siguiente administración. Sin embargo, la disponibilidad de recursos seguirá siendo muy limitada para atender con suficiencia las enormes responsabilidades que corresponden al gobierno en materia de inversiones y de atención a la población, como educación, salud y asistencia social.

Como ya se mencionó, en 2016 el total de ingresos por impuestos, en los tres niveles de gobierno de México equivale al 17.2 por ciento de PIB, mientras que el promedio de los países de la OCDE es de casi el doble, 34.3 por ciento.

Para 2015, últimos datos disponibles, destaca que en México el 80.4 por ciento de los ingresos por impuestos provienen del gobierno federal, mientras que en el promedio de la OCDE es de 43.3 por ciento. Esto pone de manifiesto que, por una parte, existe una enorme centralización de la recaudación y por otra parte, que los gobiernos subnacionales han hecho muy pocos esfuerzos por incrementar sus recursos propios. Así, por ejemplo, en México, el impuesto a la propiedad (predial) que corresponde a los gobiernos municipales, aporta sólo el 0.3 por ciento del PIB, mientras que los países de la OCDE aporta el 1.9 por ciento, 6 veces más.

Por lo que se refiere al impuesto a los ingresos (ISR), en México se recauda el 6.8 por ciento en la OCDE el 11.5 por ciento. De este impuesto en México las empresas aportan la mitad y en la OCDE la tercera parte.

En relación con el impuesto a los ingresos vale la pena comentar que la baja recaudación en México no se corresponde con las tasas impositivas, ya que en el caso de las empresas la tasa promedio es de 25.5 por ciento, en Estados Unidos de 27.9 por cientoviii y en el promedio de la OCDE de 15.7 por ciento.ix Como ya se mencionó, en 2019, la tasa máxima en los Estados Unidos se reducirá del 30 al 20 por ciento; es decir 50 por ciento menos. Con ello la tasa promedio bajará al 14.0 por ciento, restando competitividad en materia de inversiones a México, lo que seguramente dificultaría lograr las metas de inversión que requiere del país.

En síntesis, el problema de la baja recaudación no es de tasas impositivas sino del bajo nivel de ingresos de la población y de la mayoría de las empresas, muchas de las cuales se encuentran en la informalidad.

El bajo nivel de recaudación hace muy difícil, sino que imposible, que las tasas del ISR a las empresas en México se reduzcan al nivel de Estados Unidos, ya que según la estimación que hace el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) implicaría un costo fiscal de 210 mil millones de pesos anuales, con lo que la recaudación disminuiría del 3.3 al 2.3 por ciento.

La reducción de la tasa del ISR sólo sería posible si se incrementan otros impuestos, como, por ejemplo, eliminado las tasas reducidas del IVA a alimentos y medicamentos, lo que tendrían impactos muy negativos en la población de menores ingresos.

Otro dato preocupante es el de la baja proporción del PIB que representan las contribuciones a la seguridad social. En México es del 2.3 por ciento mucho menos del 9.0 por ciento en el promedio de los países de la OCDE. Con este nivel no se puede asegurar un sistema de seguridad social suficiente y mucho menos universal. Esto explica la precaria situación de los pensionados y la insuficiencia y mala calidad de los servicios médicos.

Como se deduce de lo anterior, el margen para incrementar los ingresos públicos es muy limitado y la escasez de recursos será un problema muy serio para la próxima administración ya que cada vez será menor la posibilidad de que se promueva el crecimiento económico y el bienestar de la población con recursos públicos.

La solución a este problema requerirá de un replanteamiento integral del modelo de desarrollo y la atención urgente de los principales problemas que limitan el crecimiento como son la inseguridad, la ausencia de un estado de derecho efectivo, el ataque frontal a la corrupción, el incremento sustancial de los ingresos de la población y la reducción de las desigualdades.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a remitir a esta soberanía un informe detallado de la estrategia, acciones y programas que se llevan a cabo a fin de abatir la pobreza nacional, frente a las proyecciones económicas nacionales poco favorables.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Economía para que en el marco de sus atribuciones, implemente campañas de promoción y fortalecimiento, a fin de promover el desarrollo del mercado y consumo internos.

Notas

i http://onc.org.mx/2017/11/28/reporte-sobre-delitos-de-alto-impacto-octu bre-de-2017/

ii WEF. The Global Competitiveness Report 2012-2013 y 2017-2018.

iii https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_ 2016

iv Cálculos propios con base en INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales, BANXICO. Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado y CONAPO. Proyecciones de la Población 2010-2050

v Coneval. Medición de la Pobreza 2010-2016

vi Cálculos propios con base en SHCP. Estadísticas Oportunas de las Finanzas Pública y Criterios Generales de Política Económica 2018

vii OCDE. Ingresos por impuestos como porcentaje del PIB. Incluye el total de ingresos de los tres órdenes de gobierno.

viii Banco Mundial. Tasa de impuesto a las empresas

ix http://www.elfinanciero.com.mx/economia/costaria-210-mil-mdp-alinear-is r-a-empresas-con-eu.html

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente a los diez días del mes de enero de 2018.

Senadora María de los Dolores Padierna Luna (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Prodecon a implantar un programa de difusión y orientación sobre las prácticas de las empresas facturadoras de operaciones simuladas a fin de salvaguardar los derechos de los contribuyentes en Jalisco, suscrita por la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe Mirza Flores Gómez, diputada federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

No se encuentra a discusión el deber de los mexicanos, por mandato constitucional de contribuir al gasto público, si pagamos impuestos, la Federación, las Entidades Federativas y los municipios contarán con mayores recursos para dotar a la población de servicios públicos de calidad, claro, cuando los tomadores de decisiones destinen el gasto a áreas prioritarias para el desarrollo social y económico y no en gastos superfluos como publicidad gubernamental y privilegios para la clase política.

Cuando los gobiernos son austeros, honestos, transparentes y la ciudadanía ve reflejado el gasto del gobierno en inversión pública, aunado a una política fiscal adecuada se traduce en un aumento en la recaudación; las cifras oficiales muestran que en Jalisco la recaudación estatal directa creció en 23.06 por ciento en comparación a la obtenida en el 2015; al cierre del 2016, las arcas estatales obtuvieron por recaudación propia una bolsa total de 15 mil 826 millones de pesos, que significa 2 mil 966 millones de pesos más que lo obtenido en el 2015, año en el que se recaudó la suma de 12 mil 860 millones de pesos.

Este esfuerzo coordinado entre las autoridades estatales y municipales se traduce en mayores recursos del Gobierno de la República para el Estado a través de las Participaciones Federales, y por supuesto por las gestiones y negociaciones realizadas por los Diputados Federales de la Entidad en la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, por ejemplo, para el ejercicio fiscal 2016, Jalisco recibió 37 mil 673 millones de pesos por concepto de Participaciones federales, que representa 8.04 por ciento más que los 34 mil 868 millones de pesos que las arcas recibieron en el 2015.

A pesar de las buenas noticias en materia recaudatoria, el 01 de septiembre del 2017, el Servicio de Administración Tributaria dio a conocer la “lista negra” de empresas que no pudieron comprobar sus operaciones con activos, infraestructura o personal, conocidas como EFOS (empresas facturadoras de operaciones simuladas) o fantasmas, siendo Jalisco la segunda entidad con mayores empresas fantasmas registradas. El primer lugar por empresas simuladas en el listado definitivo del SAT lo tiene la Ciudad de México, con 434. Le sigue Jalisco con 264 firmas, Nuevo León con 244 y el Estado de México con 156.

Tan sólo entre 2008 y 2012, el SAT identificó al menos 316 facturadores que realizaron movimientos por más de 105 mil millones de pesos con más de 12 mil contribuyentes que hicieron operaciones simuladas; en contravención de los dispuesto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por lo que la autoridad tiene facultades para iniciar la investigación por el presunto delito de defraudación fiscal.1

Las EFOS y los EDOS (Empresas que Deducen Operaciones Simuladas) constituyen la erosión permanente y sistémica de la base de recaudación de los impuestos federales, principalmente del ISR e IVA. Estas entidades realizan actividades simuladas y trafican con comprobantes fiscales, fabricando actos jurídicos que no se celebraron con el fin de disminuir la base del impuesto sobre la renta por deducciones y generar saldos a favor del impuesto al valor agregado.

Al respecto, los contribuyentes aunque lleven su contabilidad en orden, paguen impuestos y cumplan con todas sus obligaciones fiscales, en caso de realizar algún negocio aún sin conocimiento con empresas facturadoras de operaciones simuladas (EFOS) o fantasma, complicaría su situación con Hacienda, las consecuencias serían desde no acreditar la deducción del IVA y el ISR y por lo tanto pagar el impuesto que resulte so pena de afrontar créditos fiscales hasta penas privativas de tres meses a seis años.

Atendiendo a que Jalisco es la segunda entidad federativa con mayor número de empresas facturadoras de operaciones simuladas, resulta necesario intensificar los esfuerzos por la autoridad competente, en este caso, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente a fin que los ciudadanos y ciudadanas tengan conocimiento de este tipo de prácticas de defraudación fiscal, la forma de no caer en manos de las EFOS y en su caso, cómo corregir su situación fiscal si por desconocimiento se actualizan los supuestos del artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación, por lo anterior, solicito su voto a favor de la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la licenciada Diana Bernal Ladrón de Guevara, titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente para que implemente un programa de difusión y orientación respecto de las prácticas de las empresas facturadoras de operaciones simuladas a fin de salvaguardar los derechos de los contribuyentes en el Estado de Jalisco.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de enero de 2018.

Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INE a realizar campañas promotoras del voto femenino para el proceso electoral 2017-2018, suscrita por la senadora Hilda Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del PRI

Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Rocío Pineda Gochi y Yolanda de la Torre Valdez, senadoras del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y María Elena Barrera Tapia, senadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 179 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En la configuración del Estado moderno, una de las innovaciones a los órganos de gobierno fue incluir el carácter representativo. Esto implica que las personas gobernadas eligen a quienes que les representen para la toma de decisiones públicas. En el siglo XVIII, con el auge de las democracias liberales, este modelo resultó ser muy adecuado para los Estados que abrevaban de la tradición ilustrada. El parlamento francés o el congreso estadounidense se consolidaron rápidamente debido al respaldo social que tuvo idea de la representatividad en los órganos de gobierno.

Sin embargo, la representatividad ha estado ligada a la noción de ciudadanía. Es decir, que las únicas personas que podrían ser representadas, eran aquellas que contaban con la ciudadanía. En un principio, en lugares como Estados Unidos, las personas que votaron sólo eran hombres blancos, propietarios. Con esto se excluyeron a las mujeres, afrodescendientes o migrantes.

El esquema democrático y representativo se replicó en la mayoría de los países latinoamericanos que obtuvieron su independencia en el siglo XIX, y en México, el voto también se vio limitado. El movimiento sufragista en México surgió a principios del siglo XX, dentro de un contexto global que exigía mayor participación de las mujeres en la vida pública.

Hasta 1955, las mujeres en México acudieron a las urnas a elegir a sus representantes. Con ello se dio un enorme paso en la consolidación democrática del país. Sin embargo, la posibilidad de votar no se tradujo en mejores condiciones de representatividad. Las leyes, que son el principal referente de las decisiones en las que está representada la sociedad, siguieron con un sesgo de género.

De esto siguió que no era suficiente con la posibilidad de elegir a los representantes, sino que era indispensable estar representadas en los órganos legislativos. Además, las condiciones en las que contienden hombres y mujeres son inequitativas, de tal manera que el impedimento de acceder a cargos de elección popular es una forma de discriminación basada en el género que debe erradicarse. Al respecto, los artículos 1o. y 4o. de la Constitución prohíben la discriminación en razón de género.

Y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación para la Mujer en el artículo 7, así como el artículo 4, j, de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer, indican que las mujeres tienen derecho a votar y a participar en igualdad de condiciones en las elecciones.

En México, a partir de la incorporación de acciones afirmativas se ha logrado avanzar en la representación de las mujeres en los órganos legislativas. Sin embargo, existen varios espacios donde debe reforzarse su participación, como en los ayuntamientos.

En elecciones recientes se ha verificado que la participación electoral de las mujeres es mayor que la de los hombres. Tan sólo en las federales de 2015, las mujeres votaron 50.89, respecto a los hombres, que participaron en 42.95; es decir, casi ocho 8 porcentuales arriba (Instituto Nacional Electoral, Estudio censal sobre la participación ciudadana en las elecciones federales de 2015, 2016, página 9).

Lamentablemente, esto no se reflejó como una sobrerrepresentación de las mujeres en la Cámara baja, aunque hubo un crecimiento notable.

Es indispensable reflexionar sobre la representación política de las mujeres y el peso de su voto para la conformación de los órganos de gobierno. Porque las acciones afirmativas son un camino para derribar la desigualdad estructural, pero no es un fin en sí mismo. Un parlamento en una democracia representativa ideal, sería aquel que reflejara fielmente la diversidad cultural, ideológica y de género. Donde las decisiones sean aquellas que beneficien a todas las personas y se antepongan los derechos humanos.

En este ideal de justicia y democracia, las mujeres tenemos un papel trascendente para aportar las alternativas a la solución de problemas concretos que exige la sociedad.

Por ello, y en armonía con el artículo 1o. constitucional, que obliga a todas las autoridades del Estado a promover los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte; es necesario realizar campañas para hacer consciencia de la importancia del voto femenino en México. No sólo por su trascendencia histórica, sino por su aportación social, democrática y cultural. Y para evitar algún sesgo partidista o gubernamental, se propone a esta Soberanía exhortar respetuosamente al Instituto Nacional Electoral a reforzar el voto femenino.

Con base en lo expuesto se solicita respetuosamente a esta asamblea que sea turnada la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral a realizar campañas de promoción del voto de las mujeres para el proceso electoral de 2017-2018.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 10 de enero de 2018.

Senadoras: Hilda Esthela Flores Escalera, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Diva Hadamira Gastélum Bajo, María Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, María Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Rocío Pineda Gochi, Yolanda de la Torre Valdez, María Elena Barrera Tapia. (Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a evaluar la viabilidad de ampliar las áreas y los espacios designados para el estacionamiento de motocicletas en las calles, con el propósito de atender el crecimiento del parque de estas unidades y garantizar orden en la vía pública, a cargo de la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Mariana Gómez del Campo Gurza, senadora de la LXIII Legislatura en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 171, 175, 176 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el siguiente punto de acuerdo que exhorta respetuosamente al gobierno de la Ciudad de México para que amplíe las áreas y espacios designados para el estacionamiento de motocicletas en las calles de la Ciudad de México, con el propósito de atender el crecimiento del parque de estas unidades y garantizar el orden en la vía pública, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Durante el 2013-2014 la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México designó zonas especiales de estacionamientos para motocicletas. Asimismo, con la reforma realizada al Reglamento para el Control de Estacionamiento en Vía Pública de la Ciudad de México, con fecha de 2 de agosto del 2017, además de lo dispuesto en la Ley de Movilidad del Distrito Federal, se entiende por sistema de control y cobro de estacionamiento en vía pública de la Ciudad de México: al conjunto de equipos, dispositivos, aplicaciones electrónicas, infraestructura y otros elementos necesarios para regular y registrar el uso de estacionamiento de la vía pública de la Ciudad de México por vehículos y motocicletas, mediante el pago de una tarifa previamente autorizada.

Es preciso señalar que la problemática vial en la Ciudad de México cada día se acentúa más, haciendo la vida cotidiana compleja y reflejándose en la salud de sus habitantes. Los factores que pueden atribuirse a los altos índices de tráfico en la capital son muy variados, peros sin duda alguna se deben de implementar políticas públicas para contrarrestar en la medida de lo posible, dicho fenómeno.

Lo anterior se ve reflejado en el “índice de trafico 2017” que realiza “TomTom”, donde se posicionó a nuestra capital como la Ciudad con más tráfico de 390 ciudades en 48 países. En dicho índice se ve reflejado el tiempo extra que pierde un capitalino en el tráfico, el cual es de 59 minutos diarios, traduciéndolo en 227 horas al año, es decir, pasamos 10 días al año de nuestra vida sentados en el tráfico, el 66 por ciento de nuestro tiempo es estar tras un volante. Posicionado por debajo de nuestra capital se encuentra Bangkok, seguido de Jakarta y en cuarto lugar a Chongqing.

En la Ciudad de México, la movilidad se complica cada día más, de acuerdo a datos proporcionados por el periódico El Economista el parque vehicular de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México se ha duplicado en tan solo 10 años, paso de 3.7 millones de unidades registradas en el año 2005 a 9.5 millones de autos en el año 2015. Del año 1995 al 2005 se incrementó en 45 por ciento en la megalópolis, sumando cada año 587 mil vehículos, o lo que es igual a 57 vehículos cada hora.

Derivado de lo anterior, los capitalinos buscan alternativas para la movilidad, sin embargo, el transporte público no resulta ser una gran opción, ya que se encuentra en las mismas condiciones, cada día tiene una saturación que crece y hace más difícil la movilidad del mimo. Sin embargo, parece ser que el uso de la motocicleta ha sido una vía que se ha preferido y ha crecido de forma exponencial. Conforme a datos del medio informativo “Animal Político” mencionan que en la última década ha crecido en 294 por ciento la cantidad de motos en México, siendo de 13 por ciento en la capital. Los estados con mayor número de motocicletas en el año 2016 fueron estado de México con 390 mil 378 unidades; Jalisco con 362 mil 303 unidades; Ciudad de México con 257 mil 535 unidades; Guanajuato con 254 mil 378 unidades y; Quintana Roo con 169 mil 592 unidades.

Ante este incremento en el parque de unidades en la Ciudad de México es importante que se atienda correctamente y que se brinden los espacios y áreas suficientes de estacionamiento, ya que están posicionándose como una gran alternativa de movilidad ante los altos índices de tránsito en la capital.

Consideraciones

I. Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía, el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México para que amplié las áreas y espacios designados para el estacionamiento de motocicletas en las calles de la Ciudad de México, particularmente en las zonas en las que opera el sistema de parquímetros, con el propósito de atender el crecimiento del parque de estas unidades, continuar brindando facilidades para la utilización de medios de transporte alternativos al automóvil y garantizar el orden en la vía pública.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión a diez de enero de dos mil dieciocho.

Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades federales y el gobierno de Chiapas a tomar medidas urgentes para la solución duradera e integral de la violencia y el desplazamiento forzado en Chalchihuitlán y Chenalhó, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 176 y demás aplicables y relativas del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Consideraciones

Desde el 17 octubre pasado, cuando un grupo paramilitar asesinó a Samuel Luna Girón en la comunidad de Canaluctín, municipio de Chalchihuitlán, Chiapas, se ha vivido una escalada de violencia por conflictos agrarios entre este municipio y el de Chenalhó. Habitantes de diversas comunidades en los límites de ambos municipios fueron desplazados por grupos armados que operan en Chenalhó.

Ante el temor de ser víctimas por los tiroteos indiscriminados, alrededor de cinco mil indígenas tzotziles, entre las que se cuentan personas de la tercera edad, mujeres embarazadas y alrededor de dos mil niños, huyeron. Los menos pudieron refugiarse en la cabecera municipal de Chalchihuitán, mientras que la mayor parte sólo pudo dirigirse hacia las montañas, sin ningún tipo de servicios ni condiciones para subsistir, instalándose en campamentos hechos con lonas de plástico, madera y cartón, donde han tenido que soportar el intenso frío, las lluvias y enfermedades.

Según organizaciones de la sociedad civil la situación de los desplazados puede calificarse de crisis humanitaria: personas enfermas; falta de medicamentos y de atención médica urgente y adecuada; carencia de alimentos apropiados a la cultura y a una alimentación sana, así como pésimas condiciones de salubridad en general. Dichas condiciones, aseguraron, “no solamente vulneran el derecho a una vida digna, sino que incluso ponen en riesgo la vida de las personas desplazadas, no sólo por el temor de ser asesinadas por los grupos armados, sino también por la ineficacia de las autoridades de Chiapas para atender la situación”.1

El sacerdote católico de Simojovel, Marcelo Pérez, ha expuesto como los desplazados de las comunidades de Ch’en Mut, Pom, Tzomolton, C’analumtic, Bejelton, Tulantic, Vololch’ojon, cruz c’ac’al y Cruzton, del municipio de Chalchihuitan, así como las comunidades de Majompepetintik , fracción Polhó, las limas, Yabteclum, Campo los toros y Tsabalhó del municipio de Chenalhó están atemorizadas por la presencia de grupos armados, que han quemado viviendas, robado cosechas y amenazan a la población de estas comunidades, por la disputa agraria.

Esos grupos emplearon maquinaria pesada para cortar y bloquear la carretera en el tramo Las Limas–Chalchihuitán, único tramo pavimentado para llegar a la cabecera municipal, con el propósito de sitiar y controlar a la población de las comunidades. Está documentado que la actuación de esos grupos en la zona, una de las de más bajo índice de desarrollo en el país, es solapada por las autoridades estatales y del gobierno federal.

La situación de violencia relativa al conflicto agrario entre los municipios mencionados data de hace más de 45 años, cuando en 1975, las comunidades de San Pablo Chalchihuitán obtuvieron el Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales, ejecutado en 1980, para beneficiar a mil 787 campesinos con 17 mil 948 hectáreas. En la ejecutoria se entregaron 17 mil 696 hectáreas y en 1981 se otorgaron 252 hectáreas más, como complemento de la resolución, lo que generó la inconformidad de los comuneros de Chenalhó.

Desde 2005 ha persistido una demanda de juicio vigente, con número de expediente 181/2005, en el Tribunal Unitario Agrario 03 de Tuxtla Gutiérrez, esperando la sentencia requerida. La indefinición jurídica, los años acumulados y la negligencia ante el conflicto, han sido fuente de la violencia, cuyas consecuencias podrían resultar impredecibles. Está latente el temor de un asesinado masivo como el ocurrido en Acteal en 1997.

El pasado 13 de diciembre el Tribunal Unitario Agrario falló a favor de los bienes comunales de Chenalhó, reconociéndole las más de 350 hectáreas de tierras que la desaparecida Secretaría de la Reforma Agraria había dado en 1973 a Chalchihuitán de manera errónea. Esto pretende poner fin a la disputa por los límites territoriales con Chalchihuitán.

Tras esta resolución, los gobiernos estatal y federal ofrecieron 300 casas y 15 millones de pesos para compensar a los cinco mil desplazados de Chalchihuitán. Previo a la audiencia se ratificó el convenio y solución definitiva del 23 de septiembre de 2015, que señala que fuere cual fuere el fallo, ambos grupos respetarían la decisión del Tribunal Unitario Agrario.

Tras más dos meses de permanecer refugiados en campamentos precarios, padeciendo hambre, frío y enfermedades, que sólo en el campamento Pom 2 cobraron la vida de 11 personas, algunas de las familias desplazadas han decidido regresar a sus comunidades a partir del 2 de enero, con miedo y sin certeza de que no sufrirán más vejaciones, pues tampoco quieren mantenerse en las precarias condiciones que padecen en los campamentos y necesitan labrar sus tierras y atender sus cultivos.

Por su parte, el 3 de enero la Comisión Nacional de Derechos Humanos urgió a las autoridades federales, estatales y municipales la implementación integral de las medidas cautelares solicitadas por el organismo, desde el 27 de noviembre, para las personas desplazadas, a quienes el organismo identificó en situaciones que ponen en riesgo su salud, vida e integridad personal.

Funcionarios de la Comisión encontraron versiones diferentes sobre el número de personas desplazadas que han vuelto a sus hogares, pues al entrevistarse con autoridades y representantes de las comunidades de Chalchihuitán, estos informaron que de las 5 mil 23 personas que se encontraban en situación de desplazamiento, al 2 de enero de 2018 habían retornado a sus viviendas 3 mil 858, y los mil 165 restantes todavía permanecían en los campamentos que habilitaron para su alojamiento.

La negativa a retornar se dio principalmente con todos los habitantes de las comunidades de Canalumtic y Tulantic, y en forma parcial con habitantes de Pom, Bejeltón, Cruzton y Tzomoltón, quienes decidieron no regresar a sus casas ante la inseguridad que aún persiste en esas localidades.

El personal de la CNDH desplegado en la zona pudo observar que había familias en sus viviendas en Canalumtic y Pom, pero al entrevistarlos, varios coincidieron en señalar que se encontraban verificando el estado de sus propiedades y que por la inseguridad que se vive, retornarían a los campamentos que tienen asignados.

Ese mismo 3 de enero se informó que el Subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, René Juárez Cisneros, sostuvo una reunión de trabajo con el Presidente Municipal de Chalchihuitán, Chiapas, Martín Gómez Pérez, autoridades comunitarias del municipio y funcionarios federales, en la que también estuvieron presentes Nicodemo Aguilar Sánchez, vocero de los bienes comunales; Jaime Martínez Veloz, Comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México y Miguel Álvarez Gándara, Representante de la Asociación Civil Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ). Ahí se escucharon los distintos planteamientos expuestos por la autoridad municipal y las autoridades comunitarias, estableciendo los siguientes acuerdos:

1. Continuar y reforzar la ayuda humanitaria a favor de las familias que ayer (2 de enero) regresaron de las montañas y que ya se encuentran en sus hogares.

2. Mantener una estrecha seguridad pública con la participación del gobierno federal y el Gobierno Estatal.

3. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano analizará las inquietudes planteadas para definir alternativas de solución.

El subsecretario de Gobierno recomendó dar seguimiento puntual a las mesas de trabajo que se establecieron desde el pasado 21 de diciembre, a través de las cuales busca atenderse la problemática integral de esa zona del estado de Chiapas.

Sin embargo, las resoluciones adoptadas y estos acuerdos resultan precarios si no se toman medidas urgentes para satisfacer las necesidades básicas de las comunidades, para atender los agravios sufridos por los miles de desplazados, para revertir el añejo clima de impunidad en la región y sobre todo, para consolidar una paz duradera entre los pobladores.

Por lo expuesto, se somete a esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y al Gobierno del estado de Chiapas, para que actúen de manera coordinada con las Organizaciones de la Sociedad civil, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México y las agencias de la Organización de las Naciones Unidas que han dado seguimiento a este conflicto territorial entre los municipios de Chalchihuitlán y Chenalhó en el estado de Chiapas, a fin de establecer bases para una paz duradera e integral entre las comunidades afectadas y en disputa, así como revertir las situaciones de violencia que han generado el desplazamiento forzado de pobladores.

Segundo . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Secretaría de Salud y al gobierno del estado de Chiapas, a tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad, salud y condiciones dignas para las poblaciones desplazadas de los municipios de Chalchihuitlán y Chenalhó, hasta en tanto se concreta el retorno a sus comunidades, o en su caso, su asentamiento en una nueva ubicación definitiva.

Tercero . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación para que se tomen medidas urgentes a fin de erradicar la presencia de grupos armados que constituyen una amenaza para las comunidades indígenas de Chalchihuitlán y Chenalhó, así como para fincar las responsabilidades contra quienes resulten responsables de promoverlos y solaparlos.

Nota

1 Proceso, “ONG exhiben el terror de los desplazados en Chiapas”, 13 de diciembre de 2017.

http://www.proceso.com.mx/514980/ong-exhibe-el-terror-de -los-desplazados-en-chiapas

Salón de sesiones de la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 10 de enero de 2018.

Senadores: Luis Sánchez Jiménez, Celestino Cesáreo Guzmán (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados a dictaminar la iniciativa de Ley para prevenir el Desperdicio de Alimentos, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

Norma Rocío Nahle García, diputada a la LXVIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en las demás disposiciones aplicables, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. Que en mi carácter de diputada federal perteneciente al Grupo Parlamentario de Morena de esta LXIII Legislatura, con fecha 10 de marzo de 2016, presenté ante el pleno de la Cámara de Diputados un proyecto de decreto que expide la Ley para prevenir el Desperdicio de Alimentos.

El decreto de Ley para prevenir el Desperdicio de Alimentos tiene como objetivo

Crear conciencia, prevenir y reducir el despilfarro de alimentos, así como fomentar la donación a la población más desprotegida, asimismo tiene como propósito movilizar a la sociedad para disminuir el hambre de millones de mexicanos.

Una solución al desperdicio de alimentos consiste en donarlos a bancos de alimentos o comedores públicos. Los bancos de alimentos recolectan y distribuyen alimentos que ya no son comercializables pero que pueden consumirse y los envían a instituciones de asistencia social y comunidades marginadas.

Importantes empresas locales y transnacionales apoyan a los bancos de alimentos. Sin embargo, un gran número de empresas no donan porque consideran que podría perjudicar sus ventas, a pesar de que la Ley del Impuesto sobre la Renta y en el Código Fiscal de la Federación establece beneficios fiscales a quienes donen bienes básicos para la subsistencia humana en materia de alimentación.

Enfrentar el desperdicio de alimentos nos ayudará a terminar con el hambre y la desnutrición que padecen millones de mexicanos y nos permitirá construir un futuro sustentable para la nación.

Segunda. Que en la sesión parlamentaria del 10 de marzo de 2016 la iniciativa de ley se turnó a la Comisión de Desarrollo Social con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados en términos del artículo 182 del Reglamento de la Cámara de Diputados, que a la letra establece:

Artículo 182.

1. Todo asunto turnado a comisión deberá ser resuelto por esta, dentro de un término máximo de cuarenta y cinco días, a partir de la recepción formal del asunto, con las salvedades que este Reglamento y la Constitución establecen.

Tercera. Que con fecha 31 de mayo se modificó el turno y pasó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Economía, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y con fundamento en el artículo 182, numeral 4, se le concedió una prórroga hasta el 30 de septiembre de 2016 con el propósito de proceder a dictaminarla.

Cuarta. La iniciativa de Ley para prevenir el Desperdicio de Alimentos fue presentada nuevamente con fecha 3 de mayo de 2017, ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Quinta. En la sesión parlamentaria del 3 de mayo de 2017 se turnó el decreto que expide la Ley para prevenir el Desperdicio de Alimentos a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados.

Sexta. La Comisión de Desarrollo Social solicitó una prórroga, otorgada el miércoles 12 de julio de 2017, con base en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sin embargo hasta la fecha la Comisión de Desarrollo Social no ha emitido el dictamen correspondiente.

Por las razones expresadas y con fundamento en las disposiciones invocadas, se propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados a discutir y dictaminar favorablemente la iniciativa de Ley para prevenir el Desperdicio de Alimentos, presentada por el Grupo Parlamentario de Morena el 3 de mayo de 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de enero de 2018.

Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cofece, la SE y la Profeco a realizar acciones para mantener sin incremento el precio de la tortilla y los demás productos de la canasta básica, suscrita por la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, senadora María de los Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y el acuerdo décimo tercero del acuerdo relativo a las sesiones y al orden del día de fecha veinte de diciembre de dos mil diecisiete emitido por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta honorable Comisión la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal de Competencia Económica, a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal del Consumidor para que, en el marco de sus atribuciones realicen las acciones conducentes a mantener el precio sin incremento de la tortilla y de los demás productos de la canasta básica de manera que no repercutan en la economía de las familias mexicanas; al tenor de las siguientes

Consideraciones

El año 2017 terminó con la inflación más alta en todo lo que va del siglo XXI. A la primera quincena de diciembre, alcanzó 6.69 por ciento por arriba del 6.37 por ciento de 2001 y del 5.30 por ciento en 2009, en plena crisis financiera global.

Los precios de la canasta básica han crecido 8.16 por ciento, cifra mayor a la de la inflación general y es la que afecta a la población y en especial a la de menores recursos. Los alimentos también aumentaron 7.91 por ciento por arriba de la inflación general.

Uno de los factores que dispararon la inflación en 2017 fue el aumento desmedido de los combustibles, derivado de la liberalización del mercado, producto de la reforma energética. El gas LP que utilizan la mayoría de las familias aumentó 44.1 por ciento y la gasolina de bajo octanaje (magna) 17.14 por ciento.

En abril de 2017, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) elaboró un estudio del que concluyó que el mercado de las gasolinas no tenía las condiciones para operar de manera eficiente en un mercado liberalizado.

Entre los factores que obstaculizan la libre competencia están la saturación y falta de infraestructura para el transporte, almacenamiento y distribución; la enorme dependencia del suministro de primera mano de Pemex, a partir de su producción y de sus importaciones; la baja densidad de estaciones de servicio por habitante.

No obstante, el gobierno de Peña Nieto no sólo mantuvo la decisión de liberarlo a partir de 2018, sino que lo adelantó a 2017, a pasar de que no se han superado los obstáculos al libre mercado.

En enero de 2017, implementó un programa para liberar el mercado de manera gradual por regiones, que incluyó una nueva política de precios. Para aquellas regiones en donde aún no se liberaba el mercado, la SHCP establecería precios máximos regionales, considerando los costos diferenciales de logística (transporte, almacenamiento y distribución). El primer efecto de esta política de precios fue de un incremento muy significativo. Así, el precio de la gasolina de bajo octanaje (la de mayor consumo) aumentó 14.4 por ciento al pasar de 13.98 pesos por litro a 15.99 pesos, en el promedio del país.

El precio máximo sería establecido mediante una fórmula revisada diariamente. En enero de 2017 y su comparación con diciembre de 2016, la integración del precio de la gasolina magna fue la siguiente:

El primer factor que se utilizaba era el precio de referencia, que es el precio vigente en Houston, Texas, por lo que fluctúa en función del precio en dólares y el tipo de cambio. Entre diciembre de 2016 y enero de 2017, aumentó 12.4 por ciento, lo que explica parte del aumento.

Otro de los factores que también aumentó fue el denominado margen, que incluye los costos de transporte, almacenamiento, distribución y comercialización. Dicho aumento se debió a la diferenciación regional de estos conceptos.

Un factor relevante que influye en el precio es el IEPS federal, que se establece en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el que es una cantidad fija por litro de combustible, que se actualiza anualmente por inflación. En noviembre de 2015, la SHCP emitió un decreto por el que se le permite aplicar un estímulo (subsidio) al IEPS, lo que ha utilizado como un “amortiguador” para que en teoría el precio de las gasolinas y el diésel no sufran incrementos desproporcionados.

Finalmente, el rubro “otros conceptos” incluye el IVA y el IEPS estatal.

De acuerdo con esta estructura, el 36.4 por ciento del precio de venta corresponde a impuestos, el 50.5 por ciento al costo del combustible y el 14.1 por ciento a los costos de logística, de lo que se desprende que el margen para que los expendedores establezcan precios diferenciados es muy reducido.

A partir de la liberalización generalizada que inició en 2018, ya no habrá precios máximos y cada expendedor podrá fijar los precios de manera discrecional, lo que implicará necesariamente que estructuren sus precios en función de sus costos reales.

Indudablemente que el factor más importante seguirá siendo el costo del combustible entregado por sus proveedores, al que deberán agregar su margen de ganancia y los impuestos.

Aunque a la fecha, la Secretaría de Energía ha otorgado 270 permisos a particulares para la importación de gasolinas, se desconoce cuántos de estos permisos de han utilizado, pero hay evidencias de que Pemex sigue siendo el principal proveedor y que lo seguirá siendo y por lo tanto es el que fijará el precio de venta a los expendedores.

Al respecto es muy importante señalar que, la información sobre el mercado de gasolinas no se ha adecuado a las nuevas circunstancias. Así, por ejemplo, las estadísticas que publica la Secretaria de Energía sobre importaciones y ventas siguen siendo las que le proporciona Pemex y por lo tanto no se conoce la participación de los permisionarios privados, lo que hace suponer que no han operado otros proveedores o que su participación es marginal.

Lo que sí es claro es que el país es cada vez más dependiente de las importaciones. En noviembre pasado, último dato disponible, el 78.3 por ciento de las ventas internas de gasolinas fueron importadas, por lo que el precio de venta de primera mano está determinado por el precio de importación. Por su parte, el precio de importación está correlacionado con el precio del petróleo. Después de que alcanzó el máximo histórico de 101.81 dólares por barril en 2012, inició un periodo de baja hasta alcanzar 34.22 dpb en 2016. En 2017 se recuperó a 46.41 y al inicio de 2018 aumentó a 56.72. Es difícil pronosticar el precio futuro; sin embargo, es probable que se mantenga alrededor de los 50 dólares durante el año, por lo que el precio de la gasolina pudiera ser mayor que en 2017. Si a ello se agrega la devaluación del peso, el precio en pesos será aún mayor.

De lo anterior se desprende que hay elementos para suponer que el precio al público de la gasolina aumente. Con el nuevo esquema en que cada expendedor establece el precio, se dificulta conocer el comportamiento de los precios a nivel local y mucho más a nivel nacional, por lo que el comportamiento real sólo se conocerá cuando se publiquen los datos del índice Nacional de Precios al Consumidor, que elabora el INEGI, ya que éste se calcula a partir de una muestra representativa.

La Comisión Reguladora de Energía señala que no ha habido incrementos importantes y que no hay razón para que ello ocurra. El 2 de enero, el precio promedio de la gasolina magna fue de 16.13 pesos por litro, sólo 1.6 por ciento mayor al de diciembre.1 Sin embargo hay evidencias de aumentos mayores en algunas estaciones de servicio.

La SHCP también ha dicho que no hay razones que justifiquen aumentos desproporcionados, ya que seguirá aplicando estímulos fiscales al IEPS federal. Mientras en la última semana de diciembre el IEPS fue de 2.82 pesos por litro, para la primera semana de enero disminuyó a 2.25 pesos, con lo que espera compensar el aumento del costo del combustible.

Aunque utilizar el IEPS como amortiguador para no afectar de manera importante a los consumidores, implicará una afectación a las finanzas públicas y, en consecuencia, posibles recortes adicionales al gasto.

En síntesis, el panorama para este año se ve muy complicado. Si los precios del petróleo y en consecuencia de las gasolinas se mantienen en los niveles actuales y la depreciación continua, indudablemente tendrá un impacto en los precios al público. La reducción del IEPS tendrá un límite, no sólo por su afectación a los ingresos públicos sino porque no es posible que sea negativo como antes de la reforma fiscal de 2014. Toda esta situación ha sido propiciada por el mal diseño e implementación de la reforma energética, que no tomó en cuenta las repercusiones en los consumidores y no fomentó la producción interna de petrolíferos para ser menos dependientes de las importaciones y considerar como costo de producción el de extracción de petróleo, en vez de su precio de exportación.

El precio de la tortilla

Los productores de tortilla estimaron que durante este año el precio se incrementaría de manera importante, principalmente por los aumentos en los costos de los combustibles. La Secretaría de Economía señaló que esto carecía de fundamento y pudiera ser violatorio de la Ley Federal de Competencia Económica, puesto que el precio del maíz blanco es 11 por ciento menor al de hace un año y durante 2017 el precio de la tortilla se ajustó por los incrementos de otros insumos. Efectivamente, a la primera quincena de diciembre, el precio de la tortilla aumentó 6.86 por ciento, a pesar de que el precio del maíz se redujo 11 por ciento.

De acuerdo con estos argumentos se consideró improcedente un aumento al precio de la tortilla que además de no justificarse tendría un serio impacto en los consumidores de menores ingresos. Sin embargo, hay que decir que subsisten serias deficiencias en el mercado de este producto básico que afectan los precios. De manera destacada se debe mencionar el oligopolio que representan los productores de harina de maíz, que son los que más lucran en la cadena productiva maíz-tortilla, en detrimento de los productores y de los consumidores, aspecto que debería ser atendido por las autoridades y no solo limitarse a sancionar a los productores de tortilla.

El día jueves cuatro de enero, la Secretaría de Economía se reunió con representantes del Consejo Nacional de la Tortilla en el que acordaron mantener los precios, bajo la promesa de que recibirán apoyos para reducir sus costos de operación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal de Competencia Económica a efecto de que ordene las medidas conducentes para evitar la especulación al alza del precio de la harina de maíz blanco.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Economía para que garantice que los precios de los productos de la canasta básica se mantengan estables y no repercutan de manera negativa en la economía de las familias mexicanas.

Tercero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a fin de que, en el marco de sus atribuciones continúe realizando acciones de verificación y sancione aquellos establecimientos que incrementen el precio de la tortilla y los demás productos de la canasta básica.

Nota

1 https://www.gob.mx/cre/prensa/la-cre-observa-estabilidad-en-precios-de- gasolinas

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión a los diez días del mes de enero de 2018

Senadora María de los Dolores Padierna Luna (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al ayuntamiento de Atlautla a transparentar el ejercicio del presupuesto correspondiente a 2017; y al Poder Legislativo del estado de México, a considerar necesario fiscalizar esa localidad, suscrita por la diputada Angie Dennisse Hauffen Torres, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Angie Dennisse Hauffen Torres, diputada federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Históricamente a los mexiquenses se nos han prometido gobiernos cercanos a la gente y que harían lo correcto.

La ciudadanía en general ha esperado que esas expresiones se materialicen y que sus gobernantes rindan cuentas para contrastar con sus promesas emitidas durante tiempos de campaña.

Pero en el estado de México, esas son expresiones que se las lleva el viento, y en esta entidad federativa, la deuda de aquellos que ostentan un cargo público es la de dar cuentas claras por sus actos de sus actos, principalmente de aquellos relacionados con la administración y uso de los recursos públicos.

Ellos olvidan que los días en que las noticias sólo llegaban a las comunidades de voz en voz han quedado en el pasado.

Hoy día, la ciudadanía está más al pendiente de las acciones de gobierno y espera que los servidores públicos cumplan por lo menos con el ejercicio de rendición de cuentas, que engloba su accionar, reconociendo así dicha responsabilidad.

En ese contexto, se encuentran ubicados muchos que honraron con su palabra la responsabilidad de llevar a buen puerto los destinos de los Ayuntamientos, no solo como gestores y sino como administradores de recursos públicos.

Es por Ley, que los anteriores tienen la obligación de informar, justificar y responsabilizarse de la actividad económico-financiera que han realizado durante el año.

En ese sentido, la rendición de cuentas parte de elaborar avances trimestrales y de forma anual a través de su cuenta pública, cifras y datos que permiten a la ciudadanía conocer como se ha desarrollado su encomienda en términos financiero-presupuestales.

Lo anterior, en particular, los informes trimestrales están normados por la ley de Contabilidad Gubernamental que señala que la “información financiera que generen los entes públicos en cumplimiento de esta Ley será organizada, sistematizada y difundida por cada uno de éstos, al menos, trimestralmente en sus respectivas páginas electrónicas de internet, a más tardar 30 días después del cierre del período que corresponda, en términos de las disposiciones en materia de transparencia que les sean aplicables y, en su caso, de los criterios que emita el consejo. La difusión de la información vía internet no exime los informes que deben presentarse ante el Congreso de la Unión y las legislaturas locales, según sea el caso”.1

En ese sentido, como diputada federal, mexiquense y habitante de la región de los volcanes deseo dar eco a las exigencias de los ciudadanos del Municipio de Atlautla, las cuales se relacionan con la transparencia y la rendición de cuentas.

De la revisión al portal electrónico del H. Ayuntamiento Constitucional de Atlautla 2016-2018,2 en específico, a sus obligaciones de transparencia, se identificaron publicados los informes trimestrales 2017 del municipio.

De su análisis, se conoció que el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos – Por Capítulo de Gasto sólo estaba actualizada al mes de junio de 2017, mismos que no contaba con firma autógrafas y del cual reportaba un subejercicio de 58,469,630.96 pesos de un total de 58,738,399.28 pesos que es la cifra a la que ascendió su presupuesto a esa fecha del ejercicio 2017.

Lo anterior, refleja que en 6 meses del año sólo habían ejercido 268,768.32 pesos, lo que representa el 0.5%, tal y como se muestra en la imagen siguiente:

Deseo hacer énfasis, que a esta fecha, la responsabilidad del Municipio corresponde en hacer público el informe con cifras acumuladas al mes de septiembre de este año.

Por igual, se revisó el Estado Analítico del Presupuesto de Egresos – Clasificación Administrativa del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017, identificando un presupuesto modificado por 89,750,216.16 de pesos y reporta un subejercicio de 88,738,867.78 pesos, como se demuestra a continuación:

Lo anterior, refleja que sólo ha devengado 1,011,348.38 pesos, y en cambio pagó 75,465,977.76 pesos sin haber recibido bienes y servicios.

Lo descrito, incumple lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley de Contabilidad Gubernamental que señala que “los estados financieros y la información emanada de la contabilidad deberán sujetarse a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa”1 .

En ese sentido, la información financiera reportada por el Municipio de Atlautla impide conocer el importe realmente pagado del presupuesto, su remanente y en consecuencia, es claro el incumplimiento de la rendición de cuentas a la población del municipio.

Por lo anterior, es tiempo que las autoridades competentes verifiquen si el Gobierno Municipal de Atlautla por los hechos aquí descritos, es acreedor a las sanciones descritas en el artículo 84 de la Ley multicitada, que señala que:

“Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a los preceptos establecidos en la presente Ley y demás disposiciones aplicables en la materia, serán sancionados de conformidad con lo previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; las leyes equivalentes de las entidades federativas, y las demás disposiciones aplicables en términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de las constituciones de los estados y del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

Las responsabilidades administrativas se fincarán, a quienes directamente hayan ejecutado los actos o incurran en las omisiones que las originaron y, subsidiariamente, a los que, por la naturaleza de sus funciones, hayan omitido la revisión o autorizado tales actos por causas que impliquen dolo, culpa, mala fe o negligencia por parte de los mismos”.1

Por lo expuesto compañeros diputadas y diputados, considero necesario exhortar respetuosamente a que el Gobierno Municipal de Atlautla, conforme a sus atribuciones, asuma su responsabilidad de transparentar el ejercicio del presupuesto 2017 y rendir cuentas a la ciudadanía de este municipio, bajo el apego estricto de lo dispuesto en la Ley de Contabilidad Gubernamental, y Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del estado de México, publicado este último en el Periódico Oficial – Gaceta del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México de fecha 8 de mayo de 2017.3

Asimismo, es conveniente exhortar al Poder Legislativo del Gobierno del estado de México, para que de acuerdo a sus atribuciones, considere necesaria la fiscalización al Gobierno Municipal de Atlautla a fin de verificar el cumplimiento puntual del ejercicio presupuestal 2017, al identificar en la información financiera emanada de la contabilidad omisiones que limitan su utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y comparabilidad.

Por lo expuesto, quiero dejar en claro que el gobierno municipal de Atlautla es omiso en rendición de cuentas y ha olvidado que este es un acto administrativo mediante el cual los responsables de la gestión de los recursos públicos informan, justifican y se responsabilizan de la aplicación de los recursos puestos a su disposición en un ejercicio económico.

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al gobierno municipal de Atlautla asumir su responsabilidad de transparentar el ejercicio del presupuesto 2017 y rendir cuentas a la ciudadanía de este municipio, bajo el estricto apego de lo dispuesto en la Ley de Contabilidad Gubernamental y Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del estado de México, publicado este último en el Periódico Oficial – Gaceta del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México de fecha 8 de mayo de 2017.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al Poder Legislativo del Gobierno del estado de México, para que de acuerdo a sus atribuciones, considere necesaria la fiscalización al gobierno municipal de Atlautla, a fin de verificar el cumplimiento puntual del ejercicio presupuestal 2017, debido a que la información financiera emanada de la contabilidad presenta omisiones que limitan su utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y comparabilidad.

Notas

1 Ley de Contabilidad Gubernamental, disponible en

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm, consultada el 4 de diciembre de 2017.

2 Portal electrónico del honorable ayuntamiento constitucional de Atlautla 2016-2018, disponible en

http://www.atlautla.gob.mx/Portal%20Ciudadano/index.html , consultado el 4 de diciembre de 2017.

3 Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del estado de México, publicado este último en el Periódico Oficial – Gaceta del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México de fecha 8 de mayo de 2017, disponible en

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edome x.gob.mx/files/files/pdf/gct/2017/may085.pdf, consultado el 4 de diciembre de 2017.

Oficinas de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, Ciudad de México, a 10 de enero de 2018.

Diputada Angie Dennisse Hauffen Torres (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a evaluar la viabilidad de solicitar la adición de una base de datos de usuarios en el sistema informático de los puntos de venta de las tiendas de autoservicio, departamentales y especializadas para emitir una representación impresa digital del comprobante de compra, suscrita por la diputada Paola Iveth Gárate Valenzuela, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Paola Iveth Gárate Valenzuela, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 78, fracción III; 58 y 59 de Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que evalúen la viabilidad de solicitar se adicione una base de datos de usuarios en el sistema informático de los puntos de venta de las tiendas de autoservicios, departamentales y especializadas para emitir una representación impresa digital del comprobante de compra, con el objeto de que las ciudadanas y los ciudadanos que lo requieran se les haga llegar de forma inmediata vía correo electrónico, con el fin de generar un ahorro en el uso de insumos de impresión y por ende permita un beneficio ambiental en el país.

Exposición de motivos

Una de las grandes preocupaciones en México, además del reciclaje de los objetos, es sobre el destino de los residuos y la vinculación que tienen en la calidad de vida de los ciudadanos y el medio ambiente. Uno de los principales componentes es el tóner, una tipo de tinta en forma de polvo cargado eléctricamente que se emplea para pigmentar el papel en las impresoras láser, fotocopiadoras y aparatos de fax; inicialmente este tóner se componía de polvo de carbono, posteriormente fue combinado con un tipo de polímero, básicamente está formado por carbón y hierro, y entre cuyos principales componentes se encuentran el cromo, el cobre, los cianuros inorgánicos, los acrílicos, el revelador y las partículas termoplásticos. Las partículas de tóner se funden por el calor del tambor, haciendo que se adhieran al papel este insumo. En las fotocopiadoras modernas, los cartuchos de tóner están diseñados y planeados de manera que no haya contacto humano con ellos. Acorde con información de Ríos Figueroa, existe un estudio reciente que pone de manifiesto que determinadas impresoras contaminan el aire de la habitación en la que se encuentran, de tal modo que la salud del ser humano que esté cerca se ve amenazada casi en la misma manera que si hubiera un fumador. Las partículas pequeñas son peligrosas porque se pueden respirar y pasar fácilmente a las regiones más pequeñas de los pulmones e incluso al riego sanguíneo. Potencialmente pueden causar problemas respiratorios y cardiovasculares. Varias sustancias que componen el tóner representan riesgos a la salud en la exposición directa de emisiones durante el proceso de impresión y/o fotocopiado. Los productos químicos típicos son: monóxido de carbono, óxido de nitrógeno y una gama de compuestos orgánicos volátiles, varios de cuales son cancerígenos (Rios, 2015).

Los productos consumibles de la impresión se componen de la tinta o el tóner, del papel y todo el conjunto de elementos que integran a los cartuchos. Para la industria de los consumibles el éxito de una impresión de calidad depende aproximadamente de un 70% del tipo de cartucho, ya que sus partes están diseñadas específicamente para el equipo que el usuario decide utilizar. Al hablar de medio ambiente, de residuos y de la calidad de vida que los seres humanos tenemos en el planeta, no pueden omitirse las repercusiones en el ambiente que toda la generación de desechos produce en la atmosfera, dañando la calidad del aire que se respira (Ramírez, Avila, & Gallardo, 2015).

Dentro del cálculo de la Huella Ecológica, se puede estimar de manera particular y específica, “el cálculo de la totalidad de los gases de efecto invernadero (GEI) emitidos por efecto directo o indirecto de un individuo, organización, evento o producto” (UK Carbon Trust, 2008). Esto es lo que se llama Huella de Carbono (HDC), concepto originado en el debate y análisis de la huella ecológica (QAEC, 2013). La Huella de Carbono (HDC) se refiere al impacto ambiental que se produce como consecuencia de la generación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Implica el cálcu lo de las emisiones de los GEI asociadas con una organización, actividad o ciclo de vida de un producto o servicio. Tal impacto se puede contabilizar gracias al inventario de emisiones GEI bajo normatividades internacionales reconocidas como ISO 14064, PAS 2050 o GHG Protocol, entre otras. La huella de carbono se mide en masa de CO2 equivalente, bajo la idea de que conociendo el tamaño de la huella, se puede buscar una solución contundente por medio de estrategias de reducción y compensación de emisiones.

En cuanto a los consumibles y la huella de carbono que producen, acorde a Ramírez & Ávila y la investigación de Hüdai Kara (2010) un análisis que separa por un lado a la industria que produce los OEM1 y por el otro, la industria que los remanufactura. Bajo esta visión, se analizaron algunos casos de empresas nacionales e internacionales productoras de OEM que están llevando a cabo acciones benéficas para el medio ambiente. El Programa de Recolección de Cartuchos Vacíos que promueve la empresa mexicana Ecocare, ha desarrollado un programa en conjunto con la Secretaría del Medio Ambiente del DF para así, garantizar la correcta disposición de los cartuchos de impresoras y desechos electrónicos. Es una empresa con más de 15 años de experiencia en la recolección de cartuchos vacíos y durante ese tiempo han logrado establecer sólidos convenios con “socios ecológicos” y diversos proveedores, que les brindan la posibilidad de recolectar un mayor porcentaje cada vez mayor todo tipo de desechos. Básicamente su meta es “reducir, reutilizar y reciclar” por lo que en el año 2009, Ecocare desarrolló su propia planta de remanufactura, cerrando el ciclo de vida de los cartuchos, al ofrecer a sus clientes nuevos cartuchos de tóner remanufacturados bajo los estándares establecidos por la industria. Como segundo caso, se tiene al Xerox Green World Alliance, un programa de la empresa internacional Xerox con el objetivo del reciclaje de suministros: “Hacemos más fácil el reciclaje de cartuchos vacíos para nuestros clientes, ¡nuestro programa es muy sencillo! Sólo siga los siguientes pasos y, sea parte del esfuerzo tecnológico en pro de la ecología mundial”. Si el usuario del producto cuenta con menos de 15 cartuchos usados, entonces puede llevarlos con el distribuidor autorizado de su marca. En tercer lugar, se encuentra la empresa norteamericana HP con el programa Planet Partners que representa el compromiso social de dicha empresa. Uno de sus componentes es el reciclaje de cartuchos, los cuales desde 1991 recogen en el domicilio de los consumidores. Dichos residuos son concentrados en una planta recicladora en Monterrey y ahí se transforman en objetos como bolígrafos. También cuentan con buzones ubicados en tiendas especializadas (Office Max, Best Buy, etcétera), que pueden consultarse (Ramírez, Avila, & Gallardo, 2015).

Existen casos de éxito de dejar de emitir la representación impresa digital del comprobante de compra. La cadena de supermercados SIDL en Suiza dejó de emitir en el año 2016 los tickets de compra en los 100 supermercados con los que cuenta, con el objetivo de reducir costos y contribuir al medio ambient; el sustento de la cadena de supermercados alemana alega que actualmente la mayoría de los clientes no coge el recibo, o que lo pierde antes de llegar a su vehículo, por lo que la iniciativa permite el ahorro de “mucho papel”. En concreto, la medida, que se implantó a finales de enero, permite a Lidl ahorrar anualmente cerca de 96.000 rollos de papel térmico y generar 30 toneladas de basura menos. “Además de esto, se emplea menos tiempo y esfuerzo en las operaciones de reabastecimiento y limpieza, respetando el medio ambiente; no obstante, la decisión de no imprimir el ticket es bajo voluntad expresa del cliente, ya que si éste lo solicita se procede a la entrega de un recibo o factura en estado físico. (El País, 2016).

Otro caso de éxito es la cadena de supermercados Carrefour que eliminó los tickets de comprobante de compra de las cajas de todos sus centros de España al poner en marcha la campaña Papel 0, que les permite reducir 70 por ciento del papel emitido en sus líneas de caja y la digitalización de los principales procesos en sus oficinas centrales. Para lograr lo anterior, los usuarios utilizan la aplicación Mi Carrefour donde seleccionan libremente la opción de “no recibir papel” y de esta forma se elimina el papel del “ChequeAhorro” y el de los cupones, que aparece automáticamente en la aplicación. En la actualidad, la compañía envía las notificaciones a los más de un millón de usuarios de su aplicación para que, de forma voluntaria, decidan si no quieren papel en línea de caja. Carrefour gestiona en la actualidad en España un total de 175 hipermercados, 114 supermercados Carrefour Market y 538 supermercados Carrefour Express. Al igual que la cadena Lidl, esto solo es a petición del cliente. Por lo anterior la Organización no Gubernamental (ONG) FACUA ha recordado que la sustitución de los tickets o facturas de compra en papel por documentos electrónicos anunciada por varias superficies comerciales es una medida que la ley sólo permite si el comprador lo acepta, valorando además reducir el negativo impacto medioambiental. Disponer de los comprobantes de compra en un archivo digital reduce el riesgo de no contar con sus versiones en papel cuando resulta necesario plantear una reclamación, ya que en muchos casos se tiran o pierden (Muñoz, 2017).

Por último, otra empresa que utiliza el mismo proceso es Apple, la cual tiene 11 tiendas en España y ofrece la posibilidad de recibir el ticket de compra escaneado a través de correo electrónico, y no en papel.

Cabe destacar que el consumidor siempre tendrá derecho a exigir la entrega de un ticket o factura en papel, al tratarse de un derecho reconocido en el texto refundido de la Ley Federal de Protección:

[...]

Artículo 12. Sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación fiscal, el proveedor, tiene obligación de entregar al consumidor factura, recibo o comprobante , en el que consten los datos específicos de la compraventa, servicio prestado u operación realizada.

Pero no podemos dejar de lado el impacto ambiental que lo anterior produce, por lo que en mi calidad de integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y por lo expuesto, someto a consideración de esta Soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, para que evalúen la viabilidad de solicitar se adicione una base de datos de usuarios en el sistema informático de los puntos de venta de las tiendas de autoservicios, departamentales y especializadas para emitir una representación impresa digital del comprobante de compra con el objeto de que las ciudadanas y los ciudadanos que lo requieran se les haga llegar de forma inmediata vía correo electrónico, con el fin de generar un ahorro en el uso de insumos de impresión.

Notas

1 Se denomina fabricante de equipos originales a la empresa que manufactura productos que luego son comprados por otra y vendidos al por menor bajo la marca de la empresa compradora. Fuente (Hewlett Packard, s.f.)

Trabajos citados

El País. (25 de Dic de 2016). Lidl dejará de imprimir el ticket de compra en sus supermercados de Suiza. El País.

Hewlett Packard. (s.f.). Hewlett Packard Enterprise. Recuperado el 08 de 12 de 2017, de https://www.hpe.com/es/es/what-is/oem.html

Muñoz, R. (03 de enero de 2017). Los supermercados comienzan a suprimir el ticket de compra. El País.

QAEC. (Abril de 2013). QAEC Asociación Española para la Calidad. Recuperado el 12 de 11 de 2017, de

https://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/huella- de-carbono

Ramírez, R., Avila, L., & Gallardo, M. (2015). Estudio sobre el impacto de contratación y uso de cartuchos de impresión y tóner no originales en instituciones públicas. México: Infotec Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación.

Rios, A. (07 de 07 de 2015). Gestiopolis. Recuperado el 15 de 11 de 2017, de https://www.gestiopolis.com/contaminacion-ambiental-por-toners-de-fotoc opiadoras-e-impresoras/

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 10 de enero de 2018.

Diputada Paola Iveth Gárate Valenzuela (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SHCP y la SE a realizar con el gobierno y la Secretaría de Planeación y Finanzas de Baja California un programa de regularización definitiva de vehículos usados de procedencia extranjera internados en el estado, a fin de prevenir que éstos se utilicen para delinquir, suscrita por la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada María Eloísa Talavera Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración el presente punto de acuerdo, con base en la siguientes

Consideraciones

De acuerdo con cifras de diversas organizaciones de la sociedad civil y de cifras oficiales de diferentes instituciones públicas del país, el año 2017 se convirtió en el año más violento dentro de la historia reciente de México. El mes de octubre, fue el mes donde se abrieron el mayor número de carpetas de investigación por homicidio doloso del cual se tenga registro en los últimos 20 años.

Datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del tercer trimestre del 2017 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señala que el 76% de mexicanos mayores de 18 años consideró que vivir en su ciudad es inseguro, 3% más respecto al primer trimestre del mismo año.

Al término de noviembre del 2017 datos de la Organización Ciudadana Semáforo Delictivo señalaron un incremento en relación al mismo periodo del 2016 en delitos como el homicidio con un 24 por ciento; secuestro 5 por ciento; extorsión 12 por ciento; lesiones dolosas 13 por ciento; robo a negocios 33 por ciento; y robo a vehículos 16 por ciento.

La violencia no sólo tiene impacto negativo en la forma de vivir de los ciudadanos, sino también repercute en el tema económico. Y es que datos del Índice de Paz México (IPM) 2017 elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz señalan que el impacto económico de la violencia en México, tan solo en el año 2016 alcanzó 3.07 billones de pesos. Cifra que equivale a 18 por ciento del PIB y representa 25,130 pesos por persona.

Respecto al robo de vehículos, cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública1 muestran que el año 2017 (sin contabilizar el mes de diciembre) se cometieron 171,545 robos de vehículos, cifra mayor en 6.04 por ciento respecto al 2016 en donde se cometieron 161,770.

Datos del “Reporte sobre delito de alto impacto” del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) señala que el estado de Baja California en el año 2017 se posicionó como primer lugar nacional en robo de vehículos.2 Para dicha entidad la tasa de robo de vehículos fue de 582.66 por cada 100 mil habitantes al mes de octubre del 2017, la más alta de todas las entidades federativas.

En el mes de mayo del 2016 el titular de la Subprocuraduría de Justicia en el Estado Baja California, Jorge Alberto Álvarez Mendoza, señaló que se reportaban al 066 aproximadamente entre 600 y 800 vehículos robados cada mes; refiriendo que de esa cantidad entre el 75 y 80 por ciento son unidades irregulares.3

Desgraciadamente la falta de una adecuada estrategia de registro de automóviles en el país está dejando abierta la posibilidad de que los automóviles se vuelvan parte de un arma más para los delincuentes, pues uno de cada cinco automóviles robados es utilizado para cometer otro delito, en su mayoría grave, como el secuestro u homicidio, esto según datos de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA).

Tan solo en el estado de Tamaulipas las autoridades estatales han señalado que ocho de cada 10 delitos que se cometen son de personas que se transportan a bordo de unidades de origen extranjero sin registro alguno, entidad donde se calcula que hay alrededor de poco más de 400 mil autos irregulares de procedencia extranjera.

Derivado de lo anterior, no resultaría extraño que la premisa anterior se esté replicando de manera diaria en el estado de Baja California, donde se calcula que hay poco más de un millón de autos chocolates. Y es que la entidad ocupó a nivel nacional durante el 2017, el segundo lugar en robo a negocio; tercer lugar en robo con violencia, en robo a casa habitación y en robo a transeúnte; cuarto lugar en homicidio doloso.

Por otro lado, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado por los países de México, Canadá y Estados Unidos el 17 de diciembre de 1992, mismo que entró en vigor el 1 de enero de 1994, logró eliminar obstáculos al comercio y facilitó la circulación transfronteriza de bienes y de servicios entre los países partes, entre ellos permitió la importación de vehículos usados.

Según datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) en su reporte de Mercado Interno Automotor del 2016, se calcula que hay cerca de 7.5 millones de vehículos usados importados provenientes del extranjero internados en México, donde la mayor parte de dichos vehículos se concentra en estados que conforman de la zona fronteriza del norte del país.

Sin embargo, no se ha podido conjuntar una política adecuada para prevenir que los vehículos con procedencia del extranjero no sean armas para delinquir y lesionar a la sociedad.

Derivado de lo anterior es urgente que los Titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Economía (SE) en coordinación con el Titular del Ejecutivo de Baja California y de la Secretaría de Planeación y Finanzas de la entidad, realicen un programa de regularización definitiva de vehículos usados de procedencia extranjera internados en el estado de Baja California, con la finalidad de prevenir que dichos vehículos sean utilizados para realizar actos delictivos.

Por otra parte, con la implementación un programa de regularización definitiva de vehículos usados de procedencia extranjera en el estado de Baja California se protegería a las personas y la seguridad jurídica de sus bienes, además dicha acción permitiría la inscripción de los vehículos al padrón vehicular correspondiente mediante el pago de impuestos y derechos que corresponda y respetándose el TLCAN, acciones que además protegerían la infraestructura carretera y el medio ambiente.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a los Titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Economía para qué, en coordinación con el titular del Ejecutivo de Baja California y de la Secretaría de Planeación y Finanzas de la entidad, realicen un programa de regularización definitiva de vehículos usados de procedencia extranjera internados en el estado de Baja California, con la finalidad de prevenir que dichos vehículos sean utilizados para realizar actos delictivos.

Notas

1 Incidencia delictiva del fuero común mes de diciembre del 2017; Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; disponible en la pág. Web.-

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadistic as%20del%20fuero%20comun/Cieisp2017_112017.pdf; consultado el día 4-01-18.

2 Reporte sobre delito de alto impacto”, Octubre del 2017 del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC); disponible en la pág. Web.-

http://onc.org.mx/wp-content/uploads/2017/11/Rep_oct17_f inal.pdf consultado el día 3-01-18.

3 Fuente: http://zetatijuana.com/2016/05/23/en-tijuana-hay-5-asaltos-y-19-robos-d e-autos-al-dia/.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los diez días del mes de enero del año 2018.

Diputada María Eloísa Talavera Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SHCP un informe detallado sobre el incumplimiento del convenio de fortalecimiento financiero suscrito el 14 de diciembre de 2017 con el gobierno de Chihuahua, a cargo de los diputados Cecilia Soto González, Rafael Hernández Soriano, Olga Catalán Padilla y José Guadalupe Hernández Alcalá, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados Cecilia Soto González, Olga Catalán Padilla, Rafael Hernández Soriano y José Guadalupe Hernández Alcalá, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrantes de la LXIII Legislatura, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 4 de enero del presente año, diputados del PRD presentaron ante esta soberanía una proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), que investigue de manera pronta y expedita las denuncias presentadas sobre el posible desvío de recursos públicos y la creación de empresas “fantasma”, para financiar las campañas electorales del PRI en el año 2016; al Instituto Nacional Electoral que en el ámbito de sus atribuciones, investigue el posible desvío de recursos públicos federales y la creación de empresas falsas, para financiar las campañas electorales del PRI en el año 2016; y al gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado, informe a esta soberanía sobre las investigaciones realizadas en esa entidad respecto al posible desvío de recursos públicos federales y la creación de empresas falsas, para financiar las campañas electorales del PRI en el año 2016. Asimismo, se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que, en el ámbito de sus atribuciones, investigue el posible desvío de recursos públicos federales y la creación de empresas falsas, para financiar las campañas electorales del PRI en el año 2016.

En la proposición de referencia se expone la presunta red de corrupción en la que se encontrarían implicados los ex gobernadores de Chihuahua, César Duarte Jáquez, que cuenta con 10 órdenes de aprehensión giradas en su contra; de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, actualmente detenido, y de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú, también se involucra al ex secretario de Hacienda del gobierno federal y ahora canciller, Luis Videgaray Caso, y a otros funcionarios de esa dependencia federal, y a Manlio Fabio Beltrones, entonces presidente nacional del PRI, quienes desviaron recursos federales para financiar las campañas del PRI en el año 2016.

El pasado 8 de enero, el titular del Ejecutivo en el estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado, ofreció una conferencia de prensa en la Ciudad de México en la que reconoció que desde el inicio de su administración se ha dedicado a denunciar la corrupción generalizada en el gobierno del estado que le antecedió, que le dejó la hacienda pública estatal en condiciones de bancarrota.

Afirmó también que las denuncias promovidas por el gobierno del estado se han traducido en 15 personas entre procesadas y condenadas en diversas causas penales, entre ex funcionarios y empresarios que colaboraron con estos en la trama de simulación de operaciones.

El 20 de diciembre de 2017 pasado se dio a conocer la detención de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, como parte de las investigaciones contra la corrupción, por el delito de peculado agravado por 246 millones de pesos por su participación en la red delictiva que simuló contratos de prestación de servicios profesionales, que nunca se realizaron, y por la que se sustrajeron recursos públicos de los chihuahuenses para emplearse con fines partidistas.

Hoy se sabe que en la misma fecha en que el gobernador Corral emitió el comunicado de prensa, Manlio Fabio Beltrones Rivera, quien fuera presidente nacional del PRI cuando se instrumentó este esquema de complicidades, tramitó un amparo para evitar una posible detención derivada de los hechos que se investigan en las diversas carpetas de investigación aperturadas.

La situación económica crítica en que recibió el estado ha implicado para el gobierno de Chihuahua esfuerzos serios para sanear las finanzas estatales a través medidas de austeridad, ahorro, aumento de la recaudación y una mejor fiscalización. También se recurrió al gobierno federal, de manera que el 14 de diciembre se suscribieron con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público varios convenios por los que la secretaría entregaría al gobierno del estado recursos para varios programas: de Desarrollo Regional por 44 millones 777 mil pesos, de Fortalecimiento para Obras Diversas, de Gestión Legislativa por 35 millones 334 mil pesos y, un convenio de fortalecimiento financiero que implica la transferencia de 700 millones de pesos a fin de que el Estado contara con recursos suficientes para concluir el Ejercicio Fiscal de 2017.

La detención del ex secretario general adjunto del PRI nacional, provocó una reacción desproporcionada y fuera de lugar del gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se determinó incumplir los convenios celebrados, omitiendo la transferencia de los recursos al estado.

El gobernador del estado de Chihuahua dio a conocer que, en reunión sostenida el pasado 4 de enero, entre equipos encabezados por él mismo y por el secretario de Hacienda y Crédito Público, fue informado que la investigación por peculado que la Fiscalía de Chihuahua lleva a cabo, ponía en entredicho el mecanismo de transferencia de recursos, por lo que en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se tomó la determinación de incumplir de modo unilateral la entrega de los recursos establecidos en los convenios. Determinación que sólo afectó al gobierno de Chihuahua.

Por su parte el secretario de Hacienda y Crédito Público dijo que al cierre del año había caído la recaudación y en consecuencia no hubo disponibilidad de recursos para poder entregar los montos convenidos a varias entidades.

Resulta altamente preocupante que el gobierno federal recurra a actitudes altamente discrecionales para ahorcar financieramente a una entidad que se encuentra en alto grado de vulnerabilidad económica, resultado de las prácticas ilegales del gobierno local anterior. La represalia de la Secretaría de Hacienda parece querer doblegar al gobierno de Chihuahua por haber tenido la osadía de atentar contra el pacto de impunidad y la red de corrupción que se extiende transversalmente en todos los niveles de gobierno, en todos los poderes del estados, en todos los partidos, en organizaciones sindicales de trabajadores y empresarios, y otras organizaciones civiles que se relacionan con el estado.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, solicita al secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya, rinda un informe detallado en el que explique las razones que llevaron a tomar la decisión unilateral de incumplir el Convenio de Fortalecimiento Financiero, suscrito el 14 de diciembre de 2017 con el gobierno del estado de Chihuahua por el que se entregarían los 700 millones de pesos convenidos, y que precise si esas razones afectaron los convenios suscritos con otras entidades federativas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 10 de enero de 2018.

Diputados: Cecilia Soto González, Rafael Hernández Soriano, José Guadalupe Hernández Alcalá, Olga Catalán Padilla (rúbricas)

Con punto de acuerdo, relativo a la designación de las magistraturas pendientes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, suscrita por el diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena

Juan Romero Tenorio, en mi calidad de diputado federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Primero. Que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México es uno de los poderes en que se divide para su ejercicio el poder público. En términos delos dispuesto el inciso A) fracciones I y IV del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el cual señala:

“Artículo 122 . La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa.

A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en los términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a las bases siguientes:

I. La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático y laico. El poder público de la Ciudad de México se dividirá para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial . No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas y las garantías para el goce y la protección de los derechos humanos en los ámbitos de su competencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 1o. de esta Constitución.

IV. El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura y los juzgados y tribunales que establezca la Constitución Política de la Ciudad de México, la que garantizará la independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones . Las leyes locales establecerán las condiciones para el ingreso, formación, permanencia y especialización de quienes integren el poder Judicial.

Los magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México deberán reunir como mínimo los requisitos establecidos en las fracciones I a V del artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser magistrados las personas que hayan ocupado en el Gobierno de la Ciudad de México el cargo de Secretario o equivalente o de Procurador General de Justicia, o de integrante del Poder Legislativo local, durante el año previo al día de la designación.

Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que establezca la Constitución Política de la Ciudad de México; podrán ser reelectos y, si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que establecen esta Constitución, así como la Constitución y las leyes de la Ciudad de México. Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo”.

Segundo . Es atribución del Jefe de Gobierno del Distrito Federal proponer a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y someter dichas propuestas para su ratificación a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,1 quien deberá resolver en un plazo de quince días, por el voto de la mayoría de sus miembros presentes, respecto de los nombramientos de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia que haya realizado el Jefe de Gobierno. Si nada se resolviese dentro de ese plazo, se tendrán por aprobados los nombramientos y el o los designados entrarán a desempeñar sus funciones.2

Los magistrados durarán seis años en el ejercicio de su cargo, podrán ser ratificados, y si lo fuesen, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la ley federal de la materia. En la ratificación de magistrados intervendrán las mismas autoridades y se seguirán las mismas formalidades que para su designación.3

Tercero . Con la finalidad de garantizar la independencia, capacidad profesional y técnica en la integración del Tribunal Superior de Justicia el Jefe de Gobierno debe privilegiar a aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica al momento de que proponga, ante la Asamblea Legislativa, a los magistrados que la habrán de integrarla, en términos de lo establecido por la Constitución Federal, el Estatuto de Gobierno y la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia.

En este sentido, el artículo 95 de Código Político Fundamental establece que:

Artículo 95 . Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se necesita:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.

II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;

III. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello;

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.

V. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación; y

VI. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal, ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, durante el año previo al día de su nombramiento.

Los nombramientos de los Ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica .

Y que el Estatuto de Gobierno indica:

Artículo 80 . Para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia se deberán reunir los mismos requisitos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige para los Ministros de la Suprema Corte de Justicia. Se requerirá, además, haberse distinguido en el ejercicio profesional o en el ramo judicial, preferentemente en el Distrito Federal . En igualdad de circunstancias, se preferirá a los originarios o vecinos del Distrito Federal en la forma que determine la ley. El Tribunal Superior de Justicia se integrará con el número de magistrados que señale la ley orgánica respectiva.

...

Para cubrir las vacantes de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal someterá la propuesta respectiva a la decisión de la Asamblea Legislativa.

Artículo 83...

(Párrafo 6)

El Consejo, actuando en Pleno, opinará sobre la designación y ratificación de magistrados; resolverá sobre la adscripción y remoción de magistrados; y designará, adscribirá y removerá a los jueces del Distrito Federal; todo ello en los términos que la ley prevea en materia de carrera judicial . También determinará el número y especialización por materia de las salas del tribunal y juzgados que integran el Poder Judicial del Distrito Federal, de conformidad con lo que establezca el propio Consejo.

Por su parte, la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia señala:

“Capítulo II
De los Requisitos

Artículo 16. Para ser nombrado Magistrado se requiere:

I. Ser mexicano por nacimiento, no haber adquirido otra nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad cumplidos al día de la designación;

III. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título profesional de Licenciado en Derecho y cédula profesional expedidos por la autoridad o institución legalmente facultada para ello;

IV. Gozar de buena reputación;

V. No haber sido condenado por delito doloso que amerite pena de prisión de más de un año, pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena;

VI. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación, y

VII. No haber ocupado el cargo de Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Secretario General, Procurador General de Justicia o Diputado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, durante el año previo al día de la designación.

Los nombramientos de los Magistrados serán hechos preferentemente, de entre aquellas personas que se hayan desempeñado como Jueces o que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la impartición o procuración de justicia, o en su caso, que por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica se consideren aptos para impartirla . En igualdad de circunstancias, se preferirá a los originarios o vecinos del Distrito Federal.

Cuarto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe denominado Garantías para la Independencia de las y los Operadores de Justicia - Hacia el Fortalecimiento del Acceso a la Justicia y el Estado de Derecho en las Américas ha reiterado que “las juezas y los jueces son los principales actores para lograr la protección judicial de los derechos humanos en un Estado democrático , así como del debido proceso que debe observarse cuando el Estado puede establecer una sanción. Las juezas y los jueces fungen en un sistema democrático como contralores de la convencionalidad, constitucionalidad y legalidad de los actos de otros poderes del Estado y funcionarios del Estado en general, así como impartidores de justicia en relación con las controversias generadas por actos de particulares que puedan afectar los derechos de las personas ”.4

Para poder desarrollar esta función existen, una serie de condiciones y requisitos y condiciones con los que debe contar el Poder Judicial para su desempaño, entre otros: Independencia .

El principio de independencia del Poder judicial ha sido reconocido como “costumbre internacional y principio general de derecho”5 y ha sido consagrado en numerosos instrumentos internacionales y regionales.6

La independencia de todo órgano que realice funciones de carácter jurisdiccional es un presupuesto indispensable para el cumplimiento de las normas del debido proceso en tanto derecho humano y su ausencia afecta el ejercicio del derecho de acceder a la justicia, aparte de generar desconfianza y hasta temor, que orille a las personas a no recurrir a la los tribunales.

En este sentido, la Comisión Interamericana insiste en que la independencia del Poder judicial y su clara separación respecto de los otros poderes debe ser respetada y garantizada tanto por el Poder ejecutivo como por el Poder Legislativo,7 lo cual parte por el reconocimiento normativo de su independencia y la no injerencia de otros poderes.

Para la CIDH esta garantía, además de estar establecida en el marco normativo a través del reconocimiento del principio de separación de poderes, debe manifestarse en la práctica, entre otras formas, en “evitar la dependencia financiera en las asignaciones presupuestales realizadas por el parlamento; en la designación oportuna, en propiedad, y con el respeto de un adecuado y transparente proceso de elección y nombramiento de los magistrados y magistradas de las Altas Cortes, así como en el respeto de la independencia de magistrados y magistradas en sus procesos de deliberación, decisión y funcionamiento en general del Poder judicial, y en procesos disciplinarios que ofrezcan las debidas garantías”.8

El Relator Especial de Naciones Unidas ha recomendado que los Estados introduzcan un sistema por el que los jueces y las juezas elijan a los presidentes o presidentas de sus respectivos tribunales a fin de evitar que la “jerarquía judicial interna” vaya en contra de su desempeño independiente.9

La Comisión advierte que la selección de la presidenta o presidente por otros poderes u órganos públicos puede traducirse en interferencias a los tribunales afectando la independencia en el desempeño de jueces y juezas, en la medida en que se deja en manos de un representante elegido por otros poderes tomar las decisiones que afectarán la organización y funcionamiento interno de los tribunales. Dichos riesgos, que en sí mismos son peligrosos para la independencia del poder judicial, se incrementan todavía más cuando la selección del presidente o presidenta es adoptada de manera discrecional y en ausencia de criterios objetivos y preestablecidos por un órgano ajeno al propio tribunal.

Un procedimiento establecido en ley10 para el sistema de ascensos de las y los operadores de justicia que valore aspectos objetivos como la capacidad profesional, la integridad y la experiencia11 es de suma importancia para garantizar su actuar independiente.

El requisito de la competencia, independencia e imparcialidad de un tribunal en el sentido del párrafo 1 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es un derecho absoluto que no puede ser objeto de excepción alguna:

“El requisito de independencia se refiere, en particular, al procedimiento y las cualificaciones para el nombramiento de los jueces , y las garantías en relación con su seguridad en el cargo hasta la edad de jubilación obligatoria o la expiración de su mandato, en los casos en que exista, las condiciones que rigen los ascensos , traslados, la suspensión y la cesación en sus funciones y la independencia efectiva del poder judicial respecto de la injerencia política por los poderes ejecutivo y legislativo. Los Estados deben adoptar medidas concretas que garanticen la independencia del poder judicial, y proteger a los jueces de toda forma de influencia política en la adopción de decisiones por medio de la Constitución o la aprobación de leyes que establezcan procedimientos claros y criterios objetivos para el nombramiento, la remuneración, el mandato, la promoción, la suspensión y la destitución, y las sanciones disciplinarias en relación con los miembros de la judicatura. Toda situación en que las funciones y competencias del poder judicial y del poder ejecutivo no sean claramente distinguibles o en la que este último pueda controlar o dirigir al primero es incompatible con el concepto de un tribunal independiente.

Es necesario proteger a los jueces contra los conflictos de intereses y la intimidación. Para salvaguardar su independencia, la ley deberá· garantizar la condición jurídica de los jueces, incluida su permanencia en el cargo por los períodos establecidos, su independencia y su seguridad, así como una remuneración, condiciones de servicio, pensiones y una edad de jubilación adecuadas”.

Si un juez, fiscal o defensor público cuenta con criterios específicos y objetivos para conocer las condiciones de ascenso , se libera de la necesidad de conducirse en el manejo de los casos con el objetivo de complacer a las autoridades de las cuales pudiera depender el mismo, eliminándose así los riesgos relacionados con la corrupción en los procesos internos que ofrecen sistemas en los cuales la decisión de ascensos es discrecional.

En este orden de ideas lo que debiera imperar es una selección con base en el mérito y capacidades. El objetivo de todo proceso de selección y nombramiento de las y los operadores de justicia debe ser seleccionar a los candidatos y candidatas con base al mérito personal y su capacidad profesional, así como la singularidad y especificidad de las funciones que van a desempeñar de tal manera que se asegure la igualdad de oportunidades, sin privilegios o ventajas irrazonables.

La Comisión ha considerado en cuanto al mérito personal que se debe elegir personas que sean íntegras, idóneas, que cuenten con la formación o calificaciones jurídicas apropiadas. Asimismo, en cuanto a la capacidad profesional, la CIDH ha insistido en que cada uno de los aspectos a valorar debe hacerse con base en criterios objetivos.

Al respecto, la Comisión Interamericana considera que los concursos públicos de oposición y de mérito pueden ser un medio adecuado para la designación de operadores de justicia con base al mérito y capacidades profesionales. En tales concursos pueden incluirse aspectos como la formación profesional y los años de experiencia requeridos para el cargo, los resultados derivados de la aplicación de exámenes donde se respete el carácter anónimo de las pruebas, de tal forma que no sean seleccionados ni nombrados operadores de justicia de modo discrecional y puedan acceder todas las personas que estén interesadas y reúnan los requisitos. Respecto de este punto, por ejemplo, la Corte Europea se ha referido a la práctica de pruebas especiales de competencia a candidatos y candidatas como una garantía de su independencia.

La Comisión Interamericana observa con preocupación que algunos procesos de selección y nombramiento de las y los operadores de justicia no están dirigidos a garantizar que obtengan los puestos quienes tengan mérito o mejores capacidades profesionales, y pueden llegar a estar motivados por cuestiones de carácter político.

La Comisión es de la opinión que a efecto de garantizar que tanto el mérito personal como la capacidad profesional sean adecuadamente valoradas y en condiciones de igualdad dentro de los procesos de selección y nombramiento, resulta sumamente conveniente que se establezcan criterios objetivos para determinar con precisión su contenido.

Para garantizar la igualdad de condiciones en el acceso a los cargos de las y los operadores de justicia, la CIDH considera que es prioritario brindar una oportunidad abierta e igualitaria a través del señalamiento ampliamente público, claro y transparente de los requisitos exigidos para el desempeño del cargo. De allí, que los Estados deben emitir de manera previa y públicamente las convocatorias y procedimientos con los requisitos, criterios y plazos para que cualquier persona que considere satisfechos los requerimientos pueda acceder a los puestos de fiscal, juez o jueza.

Quinto . A pesar de todas estas obligaciones Constitucionales, convencionales y legales establecidas en nuestra legislación para el nombramiento de los magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, esto no ha ocurrido así, lo que ha llevado a un abierto deterioro de la calidad de la impartición de Justica en la Ciudad Capital y su aprovechamiento para fines partidistas, de grupo o individuales, en demerito de la confianza institucional y la imagen del Tribunal.

Por ejemplo, la designación que la Asamblea Legislativa realizó, a finales de febrero de 2017 para el nombramiento de 18 magistrados al Tribunal Superior de Justicia local (TSJ) propuestos por el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, aunque al menos cuatro tienen antecedentes de inhabilitación, querellas penales, salarios excesivos y nexos políticos con diputados y funcionarios del gobierno central, lo que rompe la imparcialidad e independencia del órgano jurisdiccional.

Además, previo a la votación, jueces del propio Tribunal señalaron –de acuerdo con reportes en la prensa capitalina–12 que algunos candidatos no cumplían el requisito legal de tener experiencia probada en el servicio de la procuración de la justicia, sino sólo con trayectoria administrativa. Así mismo advirtieron que no tenían carrera judicial, como lo ordena el artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en la capital.

El Pleno de la ALDF ratificó a 11 magistrados y designó a siete más –todos propuestos por Mancera Espinosa–, para ocupar el cargo en el TSJ local.

Los siete designados fueron:

1) Yohana Ayala Villegas, quien era directora general de Administración de la delegación Venustiano Carranza y exdirectora general Jurídica y de Gobierno de la misma. Es identificada con la corriente Nueva Izquierda del PRD . Cuando fue secretaria del extesorero de la Asamblea Legislativa, Manuel Ballesteros, –actual diputado local, quien votó a favor de su designación– se reveló que ganaba 104 mil 294 pesos mensuales, cantidad superior al sueldo no sólo de su jefe, sino hasta del propio jefe de gobierno.

2) Rubén Alberto García Cuevas, que hasta antes del nombramiento era director Jurídico y Regulación de la Secretaría de Movilidad, dirigida por Héctor Serrano –uno de los funcionarios de más confianza del jefe de gobierno–, de quien ha sido colaborador en cargos como la Secretaría de Gobierno y la Subsecretaría de Programas Delegacionales y Reordenamiento del Comercio en la Vía Pública, donde fue jefe de Departamento.

No obstante, en su trayectoria pública destaca que en 2002 fue detenido por la policía por atropellar, en completo estado de ebriedad, a tres personas. Entonces era subdirector de Área de la Fiscalía Desconcentrada en la delegación Álvaro Obregón y manejaba un vehículo oficial de la Procuraduría General de Justicia local.

3) Miguel Ángel Mesa Carrillo, es doctor en derechos humanos y maestro en derecho electoral, aunque carece de experiencia en juicios electorales ; más aún, tiene antecedentes de presunto abuso de autoridad, pues fue acusado de ordenar a personal oficial que realizara trabajos de remodelación en su propia casa. Incluso, de acuerdo con reportes periodísticos, en 2013, cuando era contralor del Instituto Electoral del DF, exoneró a siete exconsejeros que fueron acusados de recibir un “megabono” de dos millones de pesos, y fue acusado de desviar recursos.

En su equipo trabajaba Nelson Toledo, exhibido en un video mientras contaba dinero presuntamente producto del cobro de “moches” a trabajadores de la delegación Coyoacán, de donde fue delegado su hermano, el actual diputado Mauricio Toledo, quien hoy votó a favor de su designación como magistrado del TSJ.

4) Carlos Vargas Martínez, ex coordinador de asesores del presidente del Tribunal, Elías Azar, y ex oficial Mayor del TSJ capitalino, cargo que desempeñó, pese a que años atrás fue inhabilitado para ejercer en el servicio público durante 10 años.

5) Ernesto Herrera Tovar, académico en la UNAM, exdiputado local y federal por el PAN, del que es uno de sus principales líderes a nivel local.

Estos tres últimos son miembros del Consejo de la Judicatura de la capital, órgano del propio TSJ que se encarga de la administración, vigilancia y disciplina de los jueces, juzgados y demás órganos judiciales.

Para este 2018, existen siete vacantes de Magistrados que deberán ser cubiertas conforme al procedimiento señalado en la Constitución, el Estatuto y la Ley. En sus manos estará la supervisión de las resoluciones emitidas por los jueces en las materias penal, familiar, civil, mercantil y de justicia para adolescentes.

En estos nuevos nombramientos, la sociedad debe expresarse.

La Asamblea Legislativa tiene el imperativo jurídico y ético de implementar prácticas de parlamento abierto, utilizadas ampliamente por la Asamblea Constituyente, a fin de abrir espacios de tiempo suficientes en los que deberá escuchar a los Colegios y Barras de Abogados, académicos, sociedad civil organizada. Debe considerarse prioritario brindar una oportunidad abierta e igualitaria a través del señalamiento ampliamente público, claro y transparente de los requisitos exigidos para el desempeño del cargo.

De allí, la necesidad para emitir de manera previa y pública la convocatoria y procedimientos con los requisitos, criterios y plazos para que cualquier persona que considere satisfechos los requerimientos pueda acceder a los puestos de Magistrado, se inscriban y sean tomados en consideración por el Jefe de Gobierno para ser propuestas ante la Asamblea Legislativa.

En razón de las consideraciones, argumentos y preceptos legales arriba invocados es que se propone ante esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero . La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México para que en cumplimiento de los principios de certeza, legalidad y máxima publicidad en la designación de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, publique la convocatoria a ocupar las magistraturas vacantes, y privilegie la carrera judicial de aquellas personas que hayan servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica;

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al jefe de Gobierno para que al momento de enviar sus propuestas para ocupar las vacantes de magistrados en el Tribunal Superior de Justicia, cumplan con lo establecido por los artículos 95 y 122, inciso A, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a fin de garantizar la independencia e imparcialidad de los mismos.

Notas

1 Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, artículo 67 fracción VIII.

2 Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, artículo 78.

3 Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Artículo 88.

4 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 44 5 diciembre 2013 Original: Español. https://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/operadores-de-justicia- 2013.pdf

5 Naciones Unidas. Asamblea General. Consejo de Derechos Humanos. Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Leandro Despouy, A/HRC/11/41, 24 de marzo de 2009, párr. 14.

6 La Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo10); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Artículo 14); Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993 (Párrafo 27); Convención Americana sobre Derechos Humanos (Artículo 8.1); Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Artículo 6.1); y la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (Artículo 7.1). Asimismo, algunos otros tratados internacionales más específicos que también refieren disposiciones relativas a la independencia e imparcialidad de los tribunales son: Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (Artículo 18.1); Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (Artículo 11.3); Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra (Artículo 75.4) y Protocolo Adicional relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II) (Artículo 6.2).

7 CIDH. Informe Anual 2012. Capítulo IV. Cuba. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 34, 5 de marzo de 2013, párr. 111. En el mismo sentido, Consejo de Europa. Comité de Ministros. Recomendación No. R (94) 12, sobre la independencia, eficiencia y rol de los jueces. Adoptada por el Comité de Ministros el 13 de octubre de 1994 en la 51ª reunión de Ministros, principio I. 2.b).

8 Garantías para la Independencia de las y los Operadores de Justicia. Hacia el Fortalecimiento del Acceso a la Justicia y el Estado de Derecho en las Américas. Ob. cit. punto 34, página 16.

9 Naciones Unidas. Asamblea General. Consejo de Derechos Humanos. Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Leandro Despouy, A/HRC/11/41, 24 de marzo de 2009, párr. 49.

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/11se ssion/A.HRC.11.41.Add.3_sp.pdf

10 Naciones Unidas. Comité de Derechos Humanos. Observación General No. 32, CCPR/C/GC/32, 23 de agosto de 2007, párr. 19.

http://hrlibrary.umn.edu/hrcommittee/S-gencom32.pdf

11 Naciones Unidas. Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, adoptados por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán el 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985, principio 13.

12 ALDF designa a magistrados del TSJ propuestos por Mancera con polémico pasado: 23 febrero 2017.

http://www.proceso.com.mx/475616/aldf-designa-a-magistra dos-del-tsj-propuestos-mancera-polemico-pasado

Recinto de la Comisión Permanente, a 10 de enero de 2018.

Diputado Juan Romero Tenorio (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al diseño, la ejecución, la implantación y la evaluación de políticas públicas, programas sociales o acciones que tengan como objetivo erradicar el trabajo infantil en el país, a cargo del senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT

Senador David Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado dela República, presento ante esta Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La situación de pobreza en México históricamente ha sido un tema preocupante, puesto que, como lo apuntan las Naciones Unidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), “va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar unos medios de vida sostenibles. La pobreza es un problema de derechos humanos. Entre las distintas manifestaciones de la pobreza figuran el hambre, la malnutrición, la falta de una vivienda digna y el acceso limitado a otros servicios básicos como la educación o la salud. También se encuentran la discriminación y la exclusión social, que incluye la ausencia de la participación de los pobres en la adopción de decisiones, especialmente de aquellas que les afectan”.1

Factores como los referidos con antelación aquejan desde hace décadas a la población del país, dejando en estado de vulnerabilidad a sus diversos sectores. Cabe apuntar que la pobreza puede ser analizada como causa, o bien, como consecuencia, aunque desde cualquier perspectiva lo cierto es que debe ser atendida con urgencia, pues su incremento afecta de manera más aguda a uno de los grupos poblacionales más vulnerables: las niñas, niños y adolescentes.

Entre las tantas problemáticas causadas por la situación de pobreza del país se encuentra el trabajo infantil, el cual pone en riesgo la efectiva observancia del interés superior de la niñez. Mediante el trabajo infantil niñas, niños y adolescentes de entre 5 a 17 años de edad, en gran parte de los casos, son obligados a cumplir con labores de alto riesgo, a fin de generar ingresos que sirvan para solventar los gastos familiares o para la obtención de alimentos (no necesariamente nutritivos), privándoseles de sus derechos más básicos: educación, bienestar, salud y seguridad social, desarrollo, descanso y esparcimiento, a vivir en familia, entre otros.

Tanto a nivel nacional como internacional, existen las disposiciones, directrices, principios y lineamientos encaminados a la protección de los infantes sometidos al trabajo infantil y de los adolescentes trabajadores en edad permitida, para salvaguardar sus derechos y establecer las garantías respectivas, así como las obligaciones de quienes están a su cargo y las responsabilidades del Estado.

La voluntad de los países ha logrado crear diversos instrumentos fundamentales para el sistema universal de protección de derechos humanos; en cuanto al trabajo infantil, resulta obligado en primer lugar hacer mención de la Convención sobre los Derechos del Niño, documento que en su artículo 32.1 textualmente dispone que:

Artículo 32

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.

Aunado a la protección que la Convención referida insta a los Estados, existen diversos convenios internacionales promovidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establecen límites jurídicos al trabajo infantil:

• Convenio sobre la edad mínima de admisión al empleo (número 138): 2 se trata de un documento cuyo objetivo se circunscribe a asegurar la abolición efectiva del trabajo de los niños y se eleve progresivamente la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo a un nivel que haga posible el más completo desarrollo físico y mental de los menores.

• Convenio sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación (número 182): 3 Instrumento complementario al referido con antelación, que establece las formas de trabajo infantil que no pueden ser toleradas, y que por tanto, requieren ser erradicadas de forma progresiva.

• Convenio sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos (número 189): 4 En términos generales se protege a los menores de edad en el trabajo doméstico, garantizando específicamente que los jóvenes trabajadores puedan hacerlo sin que ello menoscabe sus posibilidades de completar su educación.

Como se infiere de lo anterior, no se ha hecho esperar la preocupación internacional en la materia, la cual se ha reflejado a través de diversos instrumentos que los Estados deben tomar en cuenta.

En este punto, cabe destacar que la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT), hace una distinción entre las actividades laborales que benefician a los menores y el trabajo infantil. Por un lado, las actividades laborales, permiten a las niñas y niños desarrollarse íntegramente, les generan experiencia, además de que no afectan su formación escolar ni atentan contra su salud. Este tipo de actividades incluye las colaboraciones en el hogar o en los negocios familiares. Por otro lado, el trabajo infantil abarca las actividades o labores que realizan niños y niñas menores de 14 años por una remuneración económica; además del trabajo no remunerado que realizan los menores para ayudar a adultos que sí reciben un salario.5

Se hace hincapié en que el trabajo infantil “es una violación de los derechos humanos fundamentales, que entorpece el desarrollo de las niñas y niños, que potencialmente les produce daños físicos, psicológicos y emocionales para toda la vida. Existe un fuerte vínculo entre la pobreza de los hogares y el trabajo infantil, que perpetúa la pobreza durante generaciones, dejando a los hijos de los pobres fuera de la escuela y limitando sus posibilidades de ascender en la escala social. Este reducido capital humano ha sido relacionado con el bajo crecimiento económico y con el escaso desarrollo social”.6 Se caracteriza y queda prohibido en el derecho internacional en dos categorías, a saber:

1. Las peores formas de trabajo infantil, que internacionalmente se definen como esclavitud, trata de personas, servidumbre por deudas y otras formas de trabajo forzoso, reclutamiento forzoso de niños para utilizarlos en conflictos armados, prostitución y pornografía, y otras actividades ilícitas.

2. Un trabajo realizado por una niña o niño que no alcanza la edad mínima especificada para ese tipo de trabajo (según determine la legislación nacional, de acuerdo con normas internacionalmente aceptadas), y que, por consiguiente, impida probablemente la educación y el pleno desarrollo del niño.

A nivel nacional la protección a los menores de edad encuentra sus bases en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Desde el artículo 1°, que en general reconoce que todas las personas gozaran de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales en los que el país es parte; el artículo 3°, que puntualiza el derecho de todo individuo a recibir educación: el artículo 4°, referente a que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Las niñas y los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), determina que la mayoría de las niñas y niños no tienen edad ni la capacidad suficiente para realizar actos de labor; sin embargo, desempeñan labores de alto riesgo exponiéndose a cualquier tipo de circunstancia, violentando en todo caso los principios y garantías que la Constitución les otorga.

Los datos expuestos además de lamentables, preocupan en exceso, puesto que se fomenta el abuso de trabajo en contra de los menores, que no tienen edad, conocimiento, capacidad y no cuentan con equipo adecuado para llevarlos a cabo. Es una pena que a pesar de las campañas llevadas a cabo para erradicar tal abuso y del marco legal protector, no se lleve una buena implementación de manera eficaz y eficiente.

Un porcentaje considerable de menores trabajadores, son obligados particularmente a contribuir con requisitos indispensables de aportaciones económicas a sus hogares, debido a que las necesidades los rebasan y los ingresos no son suficientes. Aunado a ello, otro factor particular son los bajos salarios y la constante inflación en el mercado, no obstante, ello no justifica que algún menor realice actividades de trabajo, poniendo en peligro su integridad y desarrollo.

Otro problema pendiente por atender se da respecto a los niños en situación de calle, quienes por tal circunstancia se ven en la necesidad de trabajar para poder sobrevivir. En este último caso, hay una falta total de protección a sus derechos, lo cual conlleva a que se encuentren vulnerables a los altos índices de violencia y delincuencia.

Aun cuando las diversas autoridades del Estado deben trabajar en su conjunto, es indispensable mencionar que la Secretaria de Educación Pública tiene un papel fundamental para erradicar el trabajo infantil, toda vez que, por medio de la educación, los infantes pueden conocer sus derechos y obligaciones, así como los mecanismos para hacerlos exigibles. De tal suerte, tener un sistema de educación para toda la población si excepción, evitaría el incremento de problemáticas como el trabajo infantil, la desigualdad social, la pobreza, entre otras.

Los argumentos en contra del trabajo infantil se han fortalecido y cobran sentido a la luz del marco de protección de los derechos humanos. Por ejemplo, se sostiene que “el trabajo infantil perpetúa el círculo vicioso de la pobreza e impide que los niños adquieran las calificaciones y la educación necesarias para asegurarse de un futuro mejor. Asimismo, las consecuencias de ese nocivo fenómeno van mucho más allá de la niñez: recaen también sobre la economía de un país pues éste pierde competitividad, productividad e ingresos potenciales”.7

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), los índices de inasistencia escolar se relacionan intrínsecamente con la condición de ocupación de los menores de edad, es decir, prevalece una fuerte tendencia a que los menores de 5 a 17 años de edad ocupados representan un porcentaje importante.

Por las consideraciones vertidas, la presente proposición con punto de acuerdo tiene como finalidad exhortar a las Secretarías de Educación Pública, de Trabajo y Previsión Social; a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, para que en coordinación con los gobiernos estatales diseñen, ejecuten, implementen y evalúen, o en su caso, refuercen las políticas públicas, programas sociales, o acciones que tengan como objetivo erradicar el trabajo infantil en el país.

Es necesario que el Estado atienda la situación previamente descrita, pues resulta alarmante que el trabajo infantil no disminuya, y que en general se siga agudizando la pobreza en todo territorio nacional. A la par de todas aquellas acciones tendientes a erradicar la desigualdad y marginación social en México, es imprescindible velar en todo momento por los derechos de las niñas, niños y adolescentes, bajo una perspectiva de derechos humanos y en atenta observancia al principio del interés superior de la niñez, pues como se ha reiterado, ellos son el motor del presente y futuro nacional.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de Educación Pública, de Trabajo y Previsión Social; a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, para que en coordinación con los gobiernos estatales diseñen, ejecuten, implementen y evalúen, o en su caso, refuercen las políticas públicas, programas sociales o acciones que tengan como objetivo erradicar el trabajo infantil en el país.

Notas

1 Organización de las Naciones Unidas. Objetivos de Desarrollo Sostenible, “Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo”, consultado el 8 de diciembre de 2017 [en línea], disponible en:

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/

2 Organización Internacional del Trabajo (OIT). Convenio sobre la edad mínima de admisión al empleo, adoptado en Ginebra, durante la 58ª Reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, el 26 de junio de 1973, disponible en: http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_IL O_CODE:C138

3 Organización Internacional del Trabajo (OIT). Convenio sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, adoptado en Ginebra, durante la 87ª Reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, el 17 de junio de 1999, disponible en: http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_IN STRUMENT_ID:312327

4 Organización Internacional del Trabajo (OIT). Convenio sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, adoptado en Ginebra, durante la 100ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, el 16 de junio de 2011, disponible en: http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_IN STRUMENT_ID:2551460

5 García, Laura. “Trabajo Infantil, la realidad de millones de niños”, Dirección General de Divulgación de la Ciencia (DGDC), UNAM, 2 de agosto de 2017, consultado el 20 de diciembre de 2017 [en línea], disponible en:

http://ciencia.unam.mx/leer/637/trabajo-infantil-la-real idad-de-millones-de-ninos-

6 Organización Internacional del Trabajo (OIT). “Trabajo Infantil”, consultado el 8 de diciembre de 2017 [en línea], disponible en:

http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by- international-labour-standards/child-labour/lang—es/index.htm

7 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). “Estadísticas a propósito del Día Mundial contra el Trabajo Infantil (12 de junio)”, 8 de junio de 2017, consultado el 8 de diciembre de 2017 [en línea], disponible en:

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/inf antil2017_Nal.pdf

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 10 días de enero de 2018.

Senador David Monreal Ávila (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las entidades federativas a certificar a integrantes de las instituciones de seguridad publica bajo su mando, conforme al transitorio tercero de los lineamientos para emitir el certificado único policial, suscrita por la senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, senadora Yolanda de la Torre Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, y el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de este honorable Congreso de la Unión, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas para certificar a los integrantes de las instituciones de seguridad pública bajo su mando, de conformidad con el transitorio tercero de los Lineamientos para la Emisión del Certificado Único Policial, con la finalidad de profesionalizar la seguridad pública en los estados del país al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El 9 de septiembre de 2016 fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos para la emisión del Certificado Único Policial, en el marco de los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública de fecha 30 de agosto de 2016.

Dichos Lineamientos fueron expedidos de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que mandata que los aspirantes e integrantes deberán presentar y aprobar las evaluaciones de control de confianza, de habilidades y del desempeño, así como obtener y mantener actualizado el Certificado que expedirá el Centro de Evaluación y Control de Confianza respectivo, para ingresar y permanecer en las instituciones policiales de las entidades federativas.

En este sentido, de acuerdo al Transitorio Tercero de los referidos Lineamientos, las instituciones de Seguridad Pública a nivel federal, local y municipal, de procuración de justicia y del sistema penitenciario, deberán certificar a todos sus integrantes con el Certificado Único Policial, a más tardar el 9 de septiembre de 2019, al tenor de lo siguiente:

Tercero. Las instituciones de seguridad pública, en un plazo de tres años, contados a partir de la entrada en vigor de los presentes Lineamientos, deberán cumplir los requisitos para que sus integrantes obtengan el CUP, por parte de los CECC.

Dicha certificación, así como la aprobación de las evaluaciones de control de confianza, de habilidades y del desempeño, resulta indispensable y urgente, más allá del mandato de los referidos Lineamientos, si tomamos en consideración que a partir del año 2008, por medio de la reforma constitucional en materia de seguridad pública, existe un mandato constitucional en el artículo 21 para que todos aquellos personas que ingresen a las instituciones de seguridad pública, cuenten con un certificado para tal efecto, bajo las siguientes consideraciones:

En 2008 se acordó no permitir servidores sin certificación. En 2009 se determinó que en cuatro años todos los elementos deberán contar con su documento o serían separados del cargo. Los gobiernos estatales siguen utilizando policías no certificados.

Desde 2008, año en el que se fraguó la reforma constitucional más importante en la materia, se determinó que “ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificada” en su formación en academia policial, su capacitación y controles de confianza (pruebas de polígrafo, por ejemplo); sólo así los elementos recibirían el Certificado Único Policial.

Un año después de aquella reforma constitucional, el 2 de enero de 2009, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública fue promulgada y se determinó que “de manera progresiva y en un plazo de cuatro años” todos los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública deberán contar con el certificado a que se refiere el Artículo 21 de la Constitución, “quienes no obtengan el certificado serán separados del servicio”. Esto quiere decir que en 2013 la separación de policías que no tuvieran el Certificado Único debía iniciar... pero en lugar de ello se emitió una ampliación de 12 meses, a partir de una reforma legal solicitada de emergencia al Congreso.

Después de esos doce meses, ya no hubo ni ampliación del plazo legal, sencillamente se llegó a la situación actual: Las policías estatales a la fecha cuentan con cero certificaciones.

En algunas entidades existen agrupamientos a cuyos agentes se aplicó unja prueba de polígrafo, se completó la formación académica policial o participaron en algunos cursos, sin embargo, en ningún caso se cumplen los requisitos que mandata la constitución.

Entre las corporaciones uniformadas (las que antes se llamaban preventivas) sólo la Policía Federal mantiene los tres puntos señalados como requisito de ingreso al trabajo activo. A consulta expresa de Crónica, la Federal remitió información en el sentido de que todos sus elementos pasan por formación inicial, pasa por controles de confianza y están sometidos a capacitación.

La Policía Federal lleva el registro y control de su personal a partir de su Sistema de Desarrollo Policial... pero los estados son algo muy diferente.

La certificación. La certificación para un policía se determinó en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se entregaría a una persona que:

1) Hubiese estado (estudiado) en academia policial,

2) Comprobara que su capacitación para realizar el trabajo policial está actualizada,

3) Pasara exámenes de control de confianza (pruebas destinadas a determinar si la persona vive respetando la ley en su vida privada y en el ejercicio de sus funciones).

El resultado sería un Certificado Único Policial, una constancia de que la persona es capaz como elemento policial y es fiable. Ese certificado podría ser utilizado por el policía incluso para cambiar de una corporación a otra si así le convenía. Una suerte de gran bolsa de policías certificados sería la fuente habitual de contrataciones de las corporaciones del país.

A diez años de las reforma legales que alcanzaron la Constitución, el número de certificados emitidos en el país es cero; ningún estado del país cumple esta premisa constitucional y, de acuerdo a lo comentado durante una presentación decembrina de datos estadísticos por Álvaro Vizcaíno, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, será hasta este año cuando los policías empiecen a contar con los certificados y hasta 2019 cuando se tenga a todos los policías en regla.

Estas fechas ya ni siquiera están en las disposiciones de la Ley General (ya no se solicitó otra reforma de emergencia al Congreso cuando se agotaron los 12 meses adicionales que se concedieron en 2013); las nuevas fechas están en normas de menor envergadura, en lineamientos aprobados en reuniones en las que participan los estados del país en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

“La certificación de policías está contenida en el artículo 21 constitucional”, señala al respecto el maestro Álvaro Vizcaíno Zamora, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, “y es una de las bases mínimas del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por mucho tiempo se entendió que la certificación era exclusivamente la evaluación de control de confianza. Al revisar la ley, ésta es clara al señalar que un policía sea evaluado en cuanto a sus competencias y su desempeño y que compruebe que tiene formación inicial de academia. Esto implicó generar un modelo para generar evaluadores en todo el país, herramientas, manuales, y avanzar en la certificación.

Vizcaíno señala que es un tema que se lleva constantemente a los foros en los que federación y estados toman decisiones sobre cómo mejorar a las policías y la seguridad pública en general.

El último intento. A partir de este año, inicia un nuevo intento de llegar al Certificado Único Policial. La implantación de este último intento lleva más de un año y, si todo va bien, logrará cubrir a la totalidad de policías de los estados hasta 2019.

La inscripción de competencias iniciará en 2018, esto porque el Certificado Único Policial debe no sólo generarse a partir de pruebas a los policías y seguimiento a su capacitación, sino que además debe quedar registro electrónico a efecto de que cada contratación puede realizarse previa verificación de que la persona cuenta con el requisito constitucional.

“Implica que el certificado esté vinculado como clave alfanumérica al registro del personal, y está en una fase de pruebas piloto en los últimos meses para verificar que la información tenga la calidad necesaria”, señala Vizcaíno, “terminaron de manera muy reciente, de forma que quedará lista la posibilidad de tener registrada la certificación durante el mes de enero para que los Centro Estatales de Control de Confianza emitan los certificados”.

- ¿La respuesta corta es que se tienen cero certificados únicos policiales en el país? –se le pregunta a Vizcaíno sobre el número de policías estatales que cumplen el requisito diez años después de la reforma legal.

- La respuesta es un largo trabajo, no es una improvisación. Los proyectos llevan una gran metodología –defiende Vizcaíno al proceso que tiene una década en marcha y no ha podido generar un solo certificado que corresponda a lo establecido en la Constitución.

“Debo subrayar que si esto ocurrirá en 2018”, añade Vizcaíno, “no implica ningún incumplimiento (de las corporaciones) toda vez que existen lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación que establecen tres años para que se emitan los certificados”.

Por lo pronto, añade Vizcaíno, uno de los indicadores indispensables para que las policías del país mejoren es que cada uno de sus elementos cuente con el certificado, “es uno de los diez indicadores para el funcionamiento óptimo de las policías estatales, la meta a alcanzar es que el 50 por ciento tenga el certificado durante 2018 y 100 por ciento en 2019”.

Quiénes deben integrar las policías según la Constitución

- La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, las entidades federativas y los Municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

- Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas.

- Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema”1 .

Aunado a lo anterior, estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reportan la deficiente capacitación de las policías estatales y municipales del país, al tenor de lo siguiente:

A partir de 2018 los 128 mil 922 policías estatales de todo el país deberán acreditar que cuentan con competencias básicas para desempeñarse en labores de seguridad...

En 2017, cerca de nueve mil policías estatales reprobaron las evaluaciones de control de confianza en todo el país; de ellos, cuatro de cada 10 de Sinaloa y tres de cada 10 de Baja California Sur y Nayarit fracasaron y tendrán que ser sustituidos.

En su Diagnóstico Nacional sobre las Policías Preventivas de las Entidades Federativas, publicado en diciembre pasado, la Secretaría de Gobernación señaló que los estados deberán “depurar” a los ocho mil 921 elementos que reprobaron las evaluaciones.2

Fuente: http://www.milenio.com/politica/Situacion-Solo-entidades-policias-habit antes_MILIMA20171226_0013_1.jpg

En razón de lo anterior, es preciso hacer un respetuoso llamado a los gobiernos de las entidades federativas del país para que capaciten, certifiquen y, en su caso, depuren, a los integrantes de las instituciones de seguridad pública, bajo su cargo, de conformidad con el transitorio tercero de los Lineamientos del Certificado Único Policial del Consejo de Seguridad Pública.

Por lo tanto, someto a consideración de esta honorable Comisión Permanente el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas para certificar a los integrantes de las instituciones de seguridad pública bajo su mando, de conformidad con el transitorio tercero de Los Lineamientos para la Emisión del Certificado Único Policial, con la finalidad de profesionalizar la seguridad pública en los estados del país.

Notas

1 https://www.cronica.com.mx/notas/2018/1058839.html

2 http://www.proceso.com.mx/516975/casi-9-mil-policias-estatales-reprobar on-examenes-de-confianza-en-2017-dice-segob

Dado en el pleno de la Comisión Permanente, el 10 de enero de 2018.

Senadora Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a esclarecer la distribución de recursos fiscales para Chihuahua e informar sobre las investigaciones relacionadas con el supuesto desvío de 250 millones de pesos para la triangulación de recursos públicos a campañas estatales de un partido político, a cargo del senador Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del PAN

Francisco Salvador López Brito, s enador de la República de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a la consideración del pleno de esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo a través del cual se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal y a Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a esclarecer la supuesta injusta parcialidad en la distribución de recursos fiscales para el estado de Chihuahua en apoyos extraordinarios adicionales para un saneamiento financiero, así como también a informar sobre las investigaciones relacionadas con el supuesto desvío de 250 millones de pesos para la triangulación de recursos públicos a campañas estatales de un partido político a través de la simulación de contratos , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Desde su llegada al Gobierno Estatal, el gobernador del estado de Chihuahua, evidenció las graves condiciones de bancarrota en las que la administración anterior, producto entre otras cosas, de una corrupción generalizada e indignante, había dejado la hacienda pública.

Asimismo, en días pasados, el mandatario chihuahuense Javier Corral Jurado, ha denunciado diversas irregularidades relacionadas con la retención de recursos federales en represalia por las investigaciones contra la red de corrupción en el estado presuntamente encabezadas por César Duarte.

De esta manera, en una conferencia realizada en la Ciudad de México el pasado 8 de enero, el mandatario estatal indicó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no depositó 700 millones de pesos con los que se concluiría el ejercicio fiscal 2017, los cuales estaban destinados principalmente para el pago de salarios, aguinaldos, proveedores, entre otros.

En respuesta a estas declaraciones, el presidente Enrique Peña Nieto, indicó que lo dicho por el gobernador Corral fue “un acto político”, y que todas las entidades reciben el mismo apoyo del gobierno y rechazó los señalamientos sobre una represalia presupuestal del gobierno federal ante las investigaciones a políticos del PRI. Asimismo, agregó: “Creo que el gobierno de la república no puede ni merece ser descalificado y menos señalado por no estar respaldando al gobierno de Chihuahua”, ante lo cual, le pidió a Javier Corral si como representante del gobierno de Chihuahua “aduce tener derechos adquiridos frente a apoyos recibidos” que acuda ante las instancias correspondientes para hacer valer esos derechos.

Por su parte, la SHCP señaló que la programación, presupuestación y ejecución del gasto público se realiza bajo el principio de imparcialidad, “por lo que no atiende en ningún momento a situaciones electorales, ni está sujeta a partido u organización política alguna”.

Ante lo cual, Javier Corral Jurado, solicitó públicamente al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que rectifique de inmediato esta determinación en el marco de la relación institucional que debe caracterizar el manejo de la hacienda pública y los principios de convivencia democrática al que todos los mexicanos aspiran.

Asimismo, el gobernador estableció contacto entre el coordinador ejecutivo de Gabinete, Gustavo Madero y el secretario de hacienda, José Antonio González, para conocer los auténticos motivos del incumplimiento del convenio, obteniendo como resultado que esta situación se debe a que la Justicia en Chihuahua ha vinculado a proceso a un alto funcionario de la dirigencia nacional del PRI cuyo ámbito de actuación también era nacional.

Por lo cual, destacó que en el esfuerzo de combate a la corrupción que lleva a cabo el Gobierno de Chihuahua ya hay 15 personas entre procesadas y condenadas en diversas causas penales, considerando a exfuncionarios y empresarios que colaboraron con estos en la trama de simulación de operaciones y que existen 39 procesos penales iniciados y 30 órdenes de aprehensión libradas por los tribunales, 10 de las cuales son contra el exgobernador César Duarte.

Se destacó que en julio de 2016 el pueblo de Chihuahua se manifestó en forma inequívoca en contra de la corrupción, por lo que el Gobierno no solamente no modificará esta línea, sino que avanzará en la investigación y documentación de casos como el referido, que dan cuenta del saqueo que llevó a cabo la administración de César Duarte Jáquez. Asimismo, se indicó que las indagatorias nunca se han personalizado ni tienen fines político electorales, pues la facultad exclusiva de ampliar el universo de responsables es del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.1

De esta manera, el gobernador argumentó que el 4 de octubre de 2016 recibió la administración estatal de Chihuahua con apenas 21.8 millones de pesos de saldo disponible en tesorería, una deuda por más de 50 mil millones de pesos y un déficit cercano a los 8 mil millones de pesos.

En este marco, el pasado 14 de diciembre de 2017, el Gobierno del Estado de Chihuahua y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público suscribieron varios convenios por los que la Secretaría entregaría al Gobierno del Estado recursos para varios programas:

-de Desarrollo Regional por 44 millones 777 mil pesos,

-de Fortalecimiento para obras diversas, de Gestión Legislativa por 35 millones 334 mil pesos y,

-un convenio de Fortalecimiento Financiero que implica la transferencia de 700 millones

Regulamente este tipo de convenios se realizan entre el Gobierno Federal y las entidades federativas que enfrentan una compleja situación financiera y Chihuahua recibió, por este concepto, apoyos de $1,000 millones de pesos en 2014; $1,183 millones en 2015, transferidos a la anterior administración y $770 millones en 2016, y para el cierre de 2017, convenimos una transferencia de 700 millones, la cual no se ha realizado.

El gobernador destaca que el “Gobierno de Chihuahua ha actuado contra la corrupción y que el Gobierno de Peña Nieto actúa contra el pueblo de Chihuahua. No quieren detener a César Duarte, pero nos detienen los recursos que necesitamos para seguir saneando las finanzas del Estado y poder satisfacer las necesidades de la gente.”

Por otra parte, a la fecha no se ha concluido la investigación relacionada con el desvió de cerca de 250 millones de pesos de las arcas del gobierno del exmandatario César Duarte, acción avalada por la Secretaría de Hacienda, cuando era encabezada por Luis Videgaray en 2016, lo anterior, según la declaración de Jaime Herrera Corral, exsecretario de Hacienda de Chihuahua en el gobierno de César Duarte, quien reveló que en 2016 la SHCP permitió la triangulación de recursos públicos a campañas estatales del PRI, a través de la simulación de contratos.

Si bien, es cierto que uno de los mayores retos para nuestro país sigue radicando en la corrupción, es momento de generar las estrategias necesarias para que la falta de transparencia en el ejercicio de los recursos desaparezca, motivo por el cual, respaldar la propuesta del gobernador de Chihuahua Javier Corral Jurado, creará un precedente para que los gobiernos estatales exijan la información correspondiente y con ello se garanticen finanzas locales estables más allá de los problemas de índole político; razón por la cual, el Senado de la República se solidariza con el gobernador del Estado de Chihuahua a fin de obtener una respuesta confiable a las interrogantes presentadas.

Puntos de Acuerdo

Primero. El Senado de la República de solidariza con el estado de Chihuahua a fin de esclarecer la supuesta injusta parcialidad en el manejo de los recursos fiscales del 2017 para este estado.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal y al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar un informe detallado donde se indiquen las causas por las cuáles supuestamente no se otorgaron los recursos fiscales comprometidos al Estado de Chihuahua en apoyos extraordinarios adicionales para un saneamiento financiero para el final del ejercicio del año 2017.

Tercero. El Senado de la República exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal , ha informar sobre los avances en la investigación relacionada con el supuesto desvió de cerca de 250 millones de pesos de las arcas del gobierno del estado de Chihuahua durante la administración de César Duarte en el año 2016, que permitió la supuesta triangulación de recursos públicos a campañas estatales de un partido político a través de la simulación de contratos.

Ciudad de México a 10 de enero de 2018.

Senador Francisco Salvador López Brito (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la fiscalización de recursos para la reconstrucción y la atención de damnificados por los fenómenos naturales de septiembre pasado, a cargo del senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, senador Isidro Pedraza Chávez, integrante de la LXIII Legislatura del honorable Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 8, fracción II, del Reglamento del Senado de la República somete a consideración de esta representación soberana, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde el mes de septiembre de 2014, donde el estado de Guerrero fue azotado por dos huracanes, la nación no vivía una emergencia nacional. Los acontecimientos del mes de septiembre han puesto a prueba la solidaridad de la nación, y ante los acontecimientos meteorológicos y sísmicos, solo la pérdida de vidas humanas supera la realidad de la reconstrucción que tenemos que emprender en los próximos años. La crisis en la que viven miles de familias en varios estados de la república, exige de las instituciones del Estado, la sociedad civil y el sector privado, de un ejercicio responsable y transparente de cada acción con una visión de largo plazo, que asuma con amplia responsabilidad los errores que en otros desastres naturales no hemos podido superar desde el Congreso ni por parte del Ejecutivo Federal, la opacidad con la cuales pocos se aprovechan de la necesidad de muchos.

La presentación de este punto de acuerdo, tiene por objeto advertir de los riesgos inherentes del Fondo de Desastres y de la creación de fideicomisos para la atención de la reconstrucción.

La administración de los recursos del Fondo de Desastres no ha superado las constantes observaciones de discrecionalidad y opacidad de su operación por el Gobierno Federal y de las entidades federativas en cuanto a la administración y ejecución de recursos públicos.

a) De los recursos destinados a la reconstrucción en Chiapas por los huracanes de 2010 y 2011, que fueron alrededor de 3,500 millones de pesos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011, en el apartado “Fonden. Recursos Autorizados para la Atención de Desastres Naturales en el estado de Chiapas”,1 llego a la conclusión de que tanto como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del estado de Chiapas no cumplieron con las disposiciones normativas aplicables, el Gobierno del estado de Chiapas omitió aportar su coparticipación a que estaba obligado por 44,075.6 miles de pesos, además de que las aportaciones por 1,943,893.9 miles de pesos se realizaron entre 83 y 139 días hábiles después del plazo establecido, lo cual afectó los avances de los programas de obras y acciones de las instancias ejecutoras, ocasionando que 37 obras canceladas por 199,533.5 miles de pesos, de los cuales 99,730.2 miles de pesos corresponden a recursos federales, sin que al término de la auditoría se reintegraran al patrimonio del Fideicomiso 2003 Fonden; 30 contratos, por 220,337.6 miles de pesos, se encuentran en proceso de rescisión y a la fecha no se han reintegrado los recursos por 116,778.8 miles de pesos de recursos federales que no fueron aplicados; en 26 contratos, por 352,737.7 miles de pesos, se determinaron atrasos de 112 hasta 446 en la entrega de las obras, sin que se proporcionaran los elementos para determinar las penas convencionales correspondientes y no se suscribieron convenios modificatorios por las reprogramaciones de 20 contratos de obra pública, por 284,859.2 miles de pesos.

A la fecha de publicación del Informe de Cuenta Pública, los avances en la ejecución de 781 obras, por 800,567.5 miles de pesos, fue nulo y en otras los avances no son congruentes con la urgencia de rehabilitar la infraestructura afectada por los desastres naturales, por lo que no se aseguró en todo momento el principio de inmediatez como elemento fundamental en la respuesta que se debe dar en caso de desastre natural.

La ASF revisó 99 contratos de obra pública con particulares por mil millones 712 mil pesos que se adjudicaron en forma directa (sin licitaciones). Lo cual es grave si tomamos en cuenta que no se encontró evidencia de la documentación que acreditara que las empresas contratistas contaban con la capacidad técnica, así como con los recursos materiales y humanos para realizar las obras adjudicadas . Tampoco contaban con el currículum en donde se acreditara la experiencia de las empresas, su especialidad, experiencia y capacidad. Además, en 47 casos no se integró la información y documentación que acreditara la existencia legal de las empresas contratadas, el nombre de sus apoderados legales o su personalidad jurídica.

De las irregularidades que constan en el informe resaltan obras inconclusas o de mala calidad, falta de datos, cancelación de obras, falta de informes, atrasos hasta por 730 días naturales, así como cuentas ociosas que no se aplicaron para mitigar los daños ocasionados.

b) La Secretaría de la Función Pública en 2005 destituyo, multó e inhabilitó a la Coordinadora General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Carmen Segura Rangel , junto con un par de subalternos de la Dirección General del Fonden, por no aplicar los controles en el ejercicio de los recursos.2

c) La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha detectado, desde el 2010, presuntas irregularidades en el uso de los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) por parte de autoridades que ejecutan dicho fideicomiso. Dentro de los informes de la ASF explica que el Comité Técnico del Fideicomiso 2003 Fonden destinó 1,883 millones 078,500 pesos para la atención de desastres naturales ocurridos en el periodo del 2010 al 2015 en el estado de Veracruz, de los cuales fueron revisados 647 millones 385,800 miles de pesos (34.4%) correspondientes a la Conagua, Sedatu y la SCT.

En el caso de Conagua, los dictámenes de adjudicación directa no acreditaron los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez ni transparencia. La evidencia de entrega al Órgano Interno de Control refleja que ocho obras se reportaron con desfase de entre tres y ocho meses. En el caso de la SCT, un contrato se formalizó ocho meses después de la ejecución de la obra y no se reportó su ejecución. Por intervención de la ASF, se aplicaron penas convencionales a dos contratistas por 261,100 pesos correspondientes a los atrasos.

De los recursos ejercidos por la Sedatu en Veracruz, destaca que la dependencia no realizó la reconstrucción de viviendas con recursos autorizados en abril del 2015 por 14 millones 448,400 pesos.

De acuerdo a la ASF en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, la ASF auditó el Fondo para la Atención de Emergencias en 20 entidades federativas donde hubo desastres naturales provocados por lluvias, nevadas y heladas severas, inundaciones, granizadas, vientos fuertes, huracán, tormenta tropical, tornado, onda cálida y sismos. De los 2,721 millones 416,400 pesos destinados para atender emergencias naturales en Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, la autoridad fiscalizadora revisó 1,486 millones 003,400 pesos, es decir, 54.6 por ciento. De entre las alteraciones, destacan deficiencias en el seguimiento de la emisión de los recibos de pago de los proveedores, toda vez que 10 recibos por 30 millones 474,200 pesos no contenían el domicilio fiscal del proveedor, y ninguno de los recibos se emitió a nombre de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda. Tampoco se proporcionó la documentación que acredite la entrega a la población afectada de 1,200 colchonetas por 289,700 pesos correspondientes a una declaratoria de emergencia en el estado de Michoacán.

En tanto, el estado de Baja California Sur no proporcionó evidencia de la distribución a la población afectada de 32,043 materiales de curación e insumos para el control de vectores por 25 millones 916,000 pesos.

d) De acuerdo a la Secretaría de la Función Pública en su informe “Control y seguimiento del Fonden (2006-2012)”3 relata cómo dentro de las anomalías más comunes son la presentación de documentación comprobatoria improcedente, incumplimiento de contrato y saldos no ejercidos, anomalías como la comprobación deficiente de viáticos, retraso en la liberación de pagos de estimaciones, deficiencias en la integración de expedientes, falta de propuestas de los contratistas a quienes se les adjudicó la obra, incumplimiento de contrato, saldos no ejercidos, entre otros rubros. Por ejemplo, mediante la auditoría a los Recursos Autorizados para la Atención de Desastres Naturales en el estado de Veracruz de la Cuenta Pública 2015, la ASF detectó deficiencias en la operación de las instancias ejecutoras revisadas que incluye a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), así como el mismo estado de Veracruz.

e) En septiembre de 2013 dos fenómenos naturales simultáneos, “Ingrid” y “Manuel”, impactaron el territorio nacional, afectando a dos terceras partes del país; siendo Guerrero el más afectado por estos hechos. Las lluvias en dicho Estado afectaron 81 municipios, 25 ríos sufrieron desbordamientos y la red carretera del estado sufrió severos daños. En total, se estima que resultaron afectadas 13,701 viviendas (66% del total de viviendas), 315 mil personas, 161 vialidades primarias, y cerca de 40 mil turistas quedaron inmovilizados de manera inmediata. Para atender esta contingencia, el Gobierno de la República llevó a cabo diversas acciones para atender a toda la población afectada de manera inmediata. También, implementó acciones complementarias, como el Programa de Reactivación Económica para la Micro y Pequeñas Empresas en las Zonas Afectadas por Desastres Naturales para la reactivación de dichos sectores.4 La devastación derivada de los fenómenos meteorológicos generó bajos niveles de productividad; lo que limitó no sólo el potencial económico de las personas que se encuentran laborando en tal situación, sino del Estado, la región y del país en general. Reconociendo este rezago histórico, el 7 de noviembre de 2013, el Ejecutivo Federal anunció un nuevo programa para la reconstrucción total de la entidad: el ‘Plan Nuevo Guerrero’ . Este Plan no se limitaba a la reconstrucción de la infraestructura dañada; sino buscaba fomentar el crecimiento económico y el desarrollo social incluyente, dentro de un marco de participación ciudadana, disminución del riesgo y de transparencia y rendición de cuentas.5 El Plan Nuevo Guerrero fue constituido como el acuerdo político nacional de amplio beneficio para la entidad, diseñado para fomentar el crecimiento económico y el desarrollo social incluyente en un marco de transparencia y participación ciudadana. Este Plan consideró proyectos de alcance municipal, estatal y regional para detonar inversiones hasta por 61 mil millones de pesos, a partir de cuatro grandes ejes: Inversión en infraestructura; Proyectos sociales para la productividad; Financiamiento y coordinación de políticas públicas y Ordenamiento Territorial urbano y ecológico.6 En abril de 2014 el Gobierno de la República anunció que estaba autorizada una inversión por un monto de 67 mil 800 millones de pesos para el Plan Nuevo Guerrero , a ejercerse en los próximos cinco años en la reconstrucción y proyectos sociales para la productividad, a fin de generar una nueva etapa de desarrollo para la entidad. Se dijo también, que en ese año se ejercerían 37 mil 425 millones de pesos, y del 2015 al 2018 se pagarían los otros 30 mil 410 millones de pesos.7 Sin embargo a finales de 2014, el monto autorizado para el plan se redujo a 35 mil millones de pesos y se pagaron sólo 26,368 mdp en ese año. Para 2015 fueron invertidos 10,238 mdp y finalmente, en 2016 fueron pagados 3,640 mdp. Alcanzando un monto total de 40,247 mdp destinados al Plan Nuevo Guerrero, lo que significa que fue pagado solamente el 59% del monto que fue anunciado por el Gobierno de la República inicialmente.

En septiembre de 2017, nuevamente una ola de desastres naturales siembra la destrucción a lo largo y ancho del país. El huracán Katia que tocó tierra en Veracruz la noche del 8 de septiembre, evolucionó a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson sobre el occidente del Golfo de México.8 El 15 de septiembre Protección Civil de la Secretaría de Gobernación declaró en emergencia a 11 municipios del estado de Veracruz, por la ocurrencia del huracán del 8 al 11 de septiembre de 2017. De forma que el estado de Veracruz pudiera acceder a los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias Fonden.9 En cuanto a los daños el gobierno del estado de Veracruz informó que tras el paso del huracán quedaron 225 viviendas afectadas y 763 personas cuentan con la ayuda de las autoridades federales. Se registraron 20 derrumbes, 6 desbordamientos en arroyos, 2 hundimientos y 4 árboles caídos.10 Además, en un comunicado del ayuntamiento de Xalapa, se lamenta el fallecimiento de dos personas a causa del deslizamiento de tierra y en su reporte preliminar se detectaron 52 viviendas inundadas, 14 árboles caídos, 15 deslizamientos de tierra, una barda caída y ramas desgajadas.11

El jueves 14 de septiembre, el huracán Max, categoría 1, impactó en las costas de Guerrero. A su paso dejó lluvias torrenciales, vientos fuertes y oleaje elevado en Guerrero, Oaxaca y Michoacán. Ante lo cual, Astudillo Flores gobernador del estado señaló que en Guerrero los datos preliminares contabilizan hasta el momento más de 4 mil viviendas con afectaciones, pero reconoció que la cifra podría ascender a 5 mil ya que continúa la evaluación de daños, estimando que la reparación podría ascender a 300 millones de pesos.12 La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) fue nombrada como la encargada de todo el proceso de levantamiento de información para que al concluir se determine una cifra real y precisa de las viviendas dañadas y el tipo de afectación, por lo que cualquier otra información que surja de alguna otra institución diferente a esta Secretaría carece de validez. A pesar de que aún continúa su labor del recuento se han dado a conocer algunas estimaciones, como efecto de los sismos y se estima que más de 250 mil mexicanos perdieron su vivienda y hoy están en una situación de pobreza patrimonial.13

A las 23:49 horas del jueves 7 de septiembre, el sur de México fue epicentro de un movimiento telúrico magnitud 8.2, el más poderoso del último siglo. El cual afectó severamente los Estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco, ocasionando la lamentable pérdida de la vida de 78 personas, cientos de heridos y muy significativos daños materiales.14 Entre Oaxaca y Chiapas, se estima un poco más de 110 mil familias que sufrieron alguna afectación en su vivienda, ya sea parcial o ya sea un daño total.15

Y finalmente a las 13:14 horas del 19 de septiembre, un sismo magnitud 7.1 remeció el centro del país, ocasionando el derrumbe de edificaciones en Puebla, Morelos y la Ciudad de México. Como datos preliminares para el 21 de septiembre, se reportaron 273 fallecidos, 137 en la Ciudad de México, 73 en Morelos, 43 en Puebla, 13 en el estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca. La cifra está en constante modificación, ya que la labor de rescate y remoción de escombros continúa. Se brindó atención médica y prehospitalaria a mil 372 personas lesionadas. En la Ciudad de México se reportaron 209 escuelas afectadas, 165 de ellas con daños mayores y siete fugas de agua detectadas en el Ramal Tláhuac.16 En cuanto a infraestructura carretera, se informó que no se registraron usuarios lesionados en el momento del sismo. Pero en la autopista México-Acapulco, tramo Cuernavaca-Chilpancingo 109+000, el puente colapsó. Hay un puente fracturado en la carretera Oaxtepec-Cuautla. Afectaciones por caídos en el límite Puebla/Oaxaca y en la carretera Huajuapan de León-Huajuapan. Las Autopistas con destino a Cuernavaca, Lechería, Puebla, Pachuca y Toluca se encuentran temporalmente libres de peaje.17 A nivel nacional el número de escuelas dañadas asciende a 12 mil 931 que tienen algún tipo de daño.

En una primera estimación, el Presidente de la República anunció que la primera estimación de la reconstrucción era un monto de 38 mil millones de pesos. Donde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) diseñó un plan de acción en apoyo a las familias que resultaron damnificadas por los sismos del 7 y del 19 de septiembre que afectaron a diversas entidades del país. De acuerdo con información de su informe semanal, “en una primera etapa se le dará? prioridad a la reconstrucción de las zonas dañadas con recursos del Fonden, principalmente en la vivienda de cientos de familias que la perdieron, y para ello, se contara? con el apoyo de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), dependencia que presentara? un diagnóstico y un censo en esta materia.”18

La Banca de Desarrollo a través de diversas instituciones, entre ellas Banobras, Bansefi, etc., están desarrollando un mecanismo para que los apoyos a las familias que perdieron total o parcialmente sus viviendas sean aplicados de manera efectiva. Además del Fondo Nacional de Desastres se prevé el uso de al menos cinco programas (o fondos) más para las tareas de reconstrucción y ayuda a los damnificados. Entre ellos se mencionan:

Fondo de Reconstrucción: Las entidades pueden acceder a estos recursos mediante la adquisición de un Bonos Cupón Cero emitido por Banobras con autorización del Congreso Local.

Fovissste: Programa de Créditos para mejora o reconstrucción de vivienda para derechohabientes o sus familiares, financiados por la Banca de Desarrollo.

FAIS Municipal: Los municipios pueden hacer uso de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) para la reconstrucción y rehabilitación de viviendas, caminos rurales, pavimentación, revestimiento, calles, guarniciones, banquetas y carreteras.

Créditos hipotecarios del Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda, Fovi-SHF: Con estos créditos el acreditado solo paga intereses, el pago del capital es con cargo a un fondo semilla que aportan los estados, potenciado por el Bono Cupón Cero a cargo de Banobras.

Bono catastrófico: El pasado 4 de agosto, el Gobierno de la República en alianza con el Banco Mundial, (BM) renovó la cobertura financiera de los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden). Con esta renovación, el Bono Catastrófico, “inyectara? hasta 360 millones de dólares adicionales al Fonden, en caso de activarse, derivado de eventos naturales catastróficos como huracanes en el Océano Pacífico y Atlántico, así? como terremotos que afecten el territorio nacional. La cobertura que ofrece este Bono estará? vigente durante los próximos tres años y se activara? de manera directa mediante verificación de los parámetros de intensidad de los eventos.”19

Con estos antecedentes y ante la magnitud de los daños, la sociedad se ha volcado y ha dado un ejemplo de solidaridad y corresponsabilidad con las familias damnificadas por los daños, sin embargo, con la experiencia de otros desastres y con las observaciones en el mal manejo de los recursos públicos, el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal, estamos en la obligación de transparentar y fiscalizar de manera adecuada junto con la sociedad civil y el sector privado, toda acción relacionada con la planificación, presupuestación y donaciones relacionadas con reconstrucción, incluyendo los incentivos fiscales que pueden ser utilizados para eludir el pago de impuestos.

La última estimación del gobierno federal de la reconstrucción por los sismos del 7 y 19 de septiembre, que golpearon el centro y sur del país afectando a más de 12 millones de personas, costará unos 48 mil millones de pesos, donde sobresalen 13 mil planteles educativos que registraron afectaciones graves.

El GPPRD en septiembre insistió en la necesidad de crear un fondo de reconstrucción con reglas específicas para acelerar el proceso de reconstrucción de viviendas, mejorar la fiscalización junto con la sociedad civil y particularmente, la creación de un padrón único de damnificados, que diera certidumbre jurídica a la población damnificada, de los apoyos que recibirían por parte del gobierno federal. Lamentablemente, en el marco de la discusión del Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2018, se optó por un esquema donde los recursos e incentivos fiscales se encuentran de manera dispersa y fragmentada, lo que dificulta la supervisión por parte del Congreso de la Unión y de la sociedad civil.

Es fundamental que como Comisión Permanente, reactivemos la colaboración con el Ejecutivo Federal, particularmente con el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para agilizar la entrega de recursos, pero particularmente, la creación de un padrón único de damnificados que facilite la fiscalización de los recursos destinados para esta población.

Estoy convencido que la sociedad demanda la mayor de la certidumbre y transparencia, con el objeto de evitar cualquier abuso tanto de funcionarios públicos como de personas físicas o morales frente al flujo de recursos para la atención de damnificados, para solicitar:

a) A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una actualización del informe de los daños totales, recursos ejercidos y acciones de fiscalización del Gobierno Federal para atender a los damnificados e iniciar la reconstrucción en las distintas entidades federativas que presentan daños por los fenómenos naturales del mes de septiembre.

b) Solicitar a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano la concentración y publicación de un padrón único de damnificados de los desastres naturales del mes de septiembre de 2017 y a los candidatos a recibir los apoyos del Estado mexicano para la reconstrucción de sus viviendas.

El Congreso de la Unión no puede permitir bajo ninguna consideración que se utilicen los recursos de la reconstrucción para otro objetivo que no sea la reconstrucción de las viviendas de familias que fueron afectadas por los sismos del mes de septiembre de 2017. Más aún con la ausencia de un titular de la Auditoria Superior de la Federación, es nuestra obligación como Comisión Permanente iniciar un proceso de dialogo y de supervisión para evitar a toda costa el desvió o el uso de dichos recursos públicos para las campañas electorales, como ha sucedido en otros desastres naturales y que se hace constar en la presente exposición de motivos.

Por lo anteriormente fundado y motivado someto a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una actualización del informe de los daños totales, recursos ejercidos y acciones de fiscalización del Gobierno Federal para atender a los damnificados e iniciar la reconstrucción en las distintas entidades federativas que presentan daños por los fenómenos naturales del mes de septiembre.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano la concentración y publicación de un padrón único de damnificados de los desastres naturales del mes de septiembre de 2017 y a los candidatos a recibir los apoyos del Estado mexicano para la reconstrucción de sus viviendas.

Notas

1 Sitio en internet:

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2011i/Grupos/Gobi erno/2011_0035_a.pdf

2 Sitio en internet: http://www.jornada.unam.mx/2005/11/26/index.php?section=politica&ar ticle=003n1pol . Aunque en 200, después de varios años de litigio, la exfuncionaria Segura Rangel adjudicó las irregularidades a dos de sus subordinados, la SFP emitió el cumplimiento de sentencia de jueces y magistrados donde declararon que “María del Carmen Segura Rangel no es administrativamente responsable de los hechos que se le atribuyeron en este procedimiento, conforme a lo argumentando en el considerando III y IV, por lo cual no ha lugar a imponerle sanción administrativa alguna.” Sitio en internet:

http://www.jornada.unam.mx/2009/03/19/politica/018n1pol

3 Control y seguimiento del Fonden, Secretaría de la Función Pública. Sitio en internet:

http://2006-2012.funcionpublica.gob.mx/images/doctos/ACE RCA/UORCS/coordina_con_esta_y_muni/logros_y_resultados/D_G_Adjunta_OPR/ presentacion_fonden_en_merida_2008.pdf

4 SHCP (Nov-2013) Informe Semanal del Vocero. “Plan Nuevo Guerrero: Acciones para un nuevo Estado”. Nota Informativa. Disponible en: http://www.shcp.gob.mx/SALAPRENSA/doc_informe_vocero/2013/vocero_45_201 3.pdf

5 Ibíd.

6 Presidencia de la República (Enero-2014) ¿Qué es el Plan nuevo Guerrero? Disponible en: https://www.gob.mx/presidencia/articulos/que-es-el-plan-nuevo-guerrero

7 Presidencia de la República (Abril-2014) 67 mil 835 MDP de inversión para el Plan Nuevo Guerrero. Disponible en:

https://www.gob.mx/presidencia/articulos/67-mil-835-mdp- de-inversion-para-el-plan-nuevo-guerrero

8 Conagua (08-SEP-2017) Aviso Meteorológico No. 037-17. Disponible en: http://smn.cna.gob.mx/files/pdfs/comunicados-de-prensa/Aviso037-17.pdf

9 DOF (15-SEP-2017) DECLARATORIA de Emergencia por la ocurrencia del huracán Katia en 11 municipios del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave del 8 al 11 de septiembre de 2017. Disponible en:

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5497459&fe cha=15/09/2017

10 Gobierno de Veracruz (SEP-2017) COMUNICADO DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017, 21:00 HRS HURACÁN “KATIA”. Disponible en: http://www.veracruz.gob.mx/blog/2017/09/07/comunicado-del-07-de-septiem bre-de-2017-2100-hrs-huracan-katia/

11 Honorable ayuntamiento de Xalapa (SEP-2017) Comunicado N° 1585: Disponible en:

http://xalapa.gob.mx/blog/2017/09/09/atiende-sistema-mun icipal-de-pc-afectaciones-por-huracan-katia-en-xalapa/

12 Gobierno del estado de Guerrero (19-SEP-2017) Instala Astudillo comité de evaluación de daños por huracán Max. Disponible en: http://guerrero.gob.mx/2017/09/instala-astudillo-comite-de-evaluacion-d e-danos-por-huracan-max/

13 Sedatu (14-SEP-2017) Comunicado 221. Disponible en: https://www.gob.mx/sedatu/prensa/es-la-sedatu-la-unica-instancia-que-da -cifras-oficiales-del-censo-sobre-viviendas-afectadas-por-el-sismo?idio m=es

14 Sedatu (16-SEP-2017) Mensajes de la Titular de la SEDATU, Rosario Robles Berlanga, en el marco de conferencia de prensa. Disponible en: https://www.gob.mx/sedatu/prensa/mensajes-de-la-titular-de-la-sedatu-ro sario-robles-berlanga-en-el-marco-de-conferencia-de-prensa?idiom=es

15 Sedatu (25-SEP-2017) Entrevista a la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga. Disponible en: https://www.gob.mx/sedatu/prensa/entrevista-concedida-por-la-titular-de -la-sedatu-rosario-robles-berlanga-a-jose-cardenas-radio-formula?idiom= es

16 Segob (21-SEP-2017) Corte informativo con datos preliminares tras sismo. Disponible en: https://www.gob.mx/segob/prensa/corte-informativo-con-datos-preliminare s-tras-sismo?idiom=es

17 SCT (19-SEP-2017) Reporte sistema carretero, transporte y telecomunicaciones. Disponible en: https://www.gob.mx/sct/articulos/ultimo-reporte-20-55-hrs-sistemas-carr etero-transporte-y-telecomunicaciones

18 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informe semanal del vocero 18-22 de septiembre de 2017. Disponible en

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/257850/vo cero_38_2017.pdf. Consultado el 2 de octubre de 2017.

19 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Informe semanal del vocero 18-22 de septiembre de 2017. Disponible en

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/257850/vo cero_38_2017.pdf. Consultado el 2 de octubre de 2017.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los diez días de enero de 2018.

Senador Isidro Pedraza Chávez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INE a investigar y, en su caso, aplicar sanciones por las agresiones perpetradas durante las reuniones en que Morena ha convocado a la ciudadanía en el periodo de precampaña a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, a cargo del diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena

Virgilio Dante Caballero Pedraza, diputado federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento de para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Es de todos conocido la constante en los eventos realizados por Morena dirigidos a sus simpatizantes y ciudadanos en general. Me refiero a las agresiones cometidas como las que se suscitaron en la delegación Coyoacán el 15 de diciembre del 2017 en el Jardín Hidalgo y dos más el 3 de enero del año en curso en la misma demarcación.

En el evento del 15 de diciembre, simpatizantes de Morena fueron amedrentados físicamente por un grupo de choque plenamente identificado. También fueron víctimas de esta agresión, el reportero Jorge Chaparro y el camarógrafo Pablo Conde de Efekto noticias .

Ya se han interpuesto denuncias y quejas ante las instancias de procuración de justicia y de Derechos Humanos de la Ciudad de México, pero no hay indicios de que cesen las agresiones.

El gobierno de la ciudad, ha convocado a la firma de un documento denominado pacto de civilidad, al que han acudido algunos políticos, quienes posaron ante las cámaras como parte de la precampaña electoral. Las fuerzas políticas que representamos no acudimos a este montaje porque consideramos que hay leyes, normas y disposiciones que han emanado tanto del Congreso de la Unión como del pleno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral para regular los procesos electorales, por lo que firmar acuerdos ante las cámaras y reporteros, es un evento inocuo si no se acatan las leyes.

Los grupos que han atacado la democracia de este país violentando los actos de Morena, han utilizado los recursos propios de su calidad moral golpeando personas, destrozando materiales publicitarios y mobiliario; han aventado a los oradores huevos, vísceras de pollo y verduras, lastimando tanto a militantes como los trabajadores de medios de comunicación, como el caso del reportero de La Jornada Ángel Bolaños, quien resultó con heridas graves el pasado tres de enero en la Colonia Villa Quietud.

Son grupos de choque identificados por habitantes de la propia delegación como el de “Los Buitres”, presumiblemente ligados a representantes del gobierno de la delegación Coyoacán y, de acuerdo con algunos asistentes a los eventos, siguen respondiendo a las órdenes del ex delegado y actual diputado local del PRD Mauricio Toledo.

En las denuncias y quejas presentadas, se ha señalado a los agresores que violentaron el acto político, identificados por habitantes de la Demarcación, a servidores públicos de la delegación Coyoacán, tales como Luis Ernesto Escalona Ruan, subdirector de mercados y vía pública, y ex director de desarrollo personal y política laboral de la delegación Coyoacán; Yolanda Antúnez Reynosa, JUD en desarrollo tecnológico de la delegación Coyoacán; Claudia Ivette Muñoz, JUD de grupos vulnerables de la delegación Coyoacán; Leticia Burgos González, JUD de servicios generales y cargos logísticos de la delegación Coyoacán; Luis Fernando García Enríquez, quien labora con un contrato de honorarios asimilables a salarios, además de Juan Luis López Zamora y Georgina Zúñiga, quienes se encuentran en la nómina 8 de la delegación Coyoacán.

También se ha identificado a Karina Flores Delgado, jefa de departamento de edecanía adscrita a la Oficialía Mayor de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y que anteriormente colaboró en la zona de Culhuacán de la delegación Coyoacán como JUD de participación y desarrollo social en el periodo de Mauricio Toledo.

Estos nombres y descripciones de los hechos, están integrados en los autos legales y también forman de los contenidos de diversos medios de comunicación, tanto en reportajes como en artículos de fondo y editoriales.

No es posible que en un país de leyes, que debe regirse bajo el Estado de Derecho, las instituciones no hagan valer la Constitución y las leyes que de ella emanan, tal como lo manifestaron en su toma de protesta los funcionarios que están al frente de la titularidad.

Por lo aquí expuesto, pongo a consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional Electoral a que a que investigue y, en su caso, aplique las sanciones correspondientes por las agresiones que se han llevado a cabo durante las reuniones que el partido morena ha convocado a la ciudadanía en el periodo de precampaña a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 10 de enero de 2018.

Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a analizar la viabilidad de atraer el caso ocurrido el pasado 7 de enero en La Concepción, Acapulco, Guerrero, a cargo del senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT

Senador David Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable soberanía, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 del gobierno de la República, y de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre 2007 y 2012, el total anual de denuncias por homicidio doloso aumentó de 10 mil 253 a 20 mil 548. Para erradicar dicho problemática, la administración federal en el Plan Nacional de Desarrollo planteó el rubro México en Paz, en el cual se fijaron una serie de objetivos como son: Promover y fortalecer la gobernabilidad democrática; garantizar la seguridad nacional; mejorar las condiciones de seguridad pública; garantizar un sistema de justicia penal eficaz, expedito, imparcial y transparente; garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación, y salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno ante un desastre de origen natural o humano.1

Sin embargo, lo anterior sólo fue una carta de buenas intenciones, pues de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 2014 a noviembre de 2017 se han registrado 85 mil 857 homicidios dolosos; en 2014 se registraron 17 mil 336; en 2015, 18 mil 707; en 2016, 22 mil 962 y para finales de 2017, 26 mil 573 muertes;2 dichos datos revelan que la estrategia en materia de seguridad no ha alcanzado los objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo.

Las cifras del Secretariado Ejecutivo, también revelan que Guerrero es una de las entidades federativas con más homicidios dolosos registrados, tan sólo en 2017 registró 2 mil 288 decesos; en 2016 fueron 2 mil 213; en 2015, 2 mil 16 y en 2014, mil 514, lo que da un total de 8 mil 31 casos en 4 años; es lamentable que en dicho estado, al igual que en otros, no se logre garantizar la paz, la seguridad, pero sobre todo, la vida de las personas; en este sentido se podría mencionar que el Estado ha fallado en una de las más primordiales tareas.

Guerrero ha sido durante los últimos años tema de debate por eventos que han lastimado a la sociedad y que vinculan la inseguridad, corrupción y simbiosis entre crimen organizado y el Estado; mismos eventos que no han podido ser esclarecidos, lo que ha hecho de la impunidad el tema constante.

En los primeros días de 2018, en Guerrero se vivió una jornada violenta con un saldo de 22 muertos en 10 municipios de la entidad, de los cuales 9 fueron en Acapulco, sobresaliendo el hallazgo de una fosa clandestina en ese municipio, donde se localizaron 6 cuerpos.3

Por los lamentables hechos, reafirman los datos del Institute for Economics and Peace que Guerrero registró el mayor número de ataques a periodistas, con 53 casos. Igualmente, la violencia que ejerce el crimen organizado se ha manifestado en contra de la clase política de la entidad, de acuerdo a una investigación del periódico El Universal, de 2005 a 2016 han sido asesinados 3 alcaldes, 4 familiares directos de servidores públicos en funciones, 1 candidato a presidente municipal y 7 ex alcaldes.4

Tan sólo en 2017 fueron asesinados 18 funcionarios municipales de diferentes partidos políticos,5 estos datos muestran que la violencia ejercida por el crimen organizado ha alcanzado niveles inmanejables. El estado de derecho es nulo en la entidad; por tal razón, el año pasado tiene el record con los mayores niveles de violencia e inseguridad, y al inicio de 2018 con la ejecución de 22 personas en un fin de semana, muestra la necesidad de replantear la estrategia de seguridad en la región, de lo contrario, 2018 será un año más de luto para la población guerrerense.

Otro dato preocupante que se vincula con la violencia actual de Guerrero es la cifra de desplazamiento forzoso, en México existen 35 mil 433 víctimas directas por este fenómeno, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por autoridades estatales y municipales, de la cuales en la entidad del suroeste del país, se tiene una cifra de 2 mil 165 desplazados sólo por detrás de Tamaulipas.6

Dentro de todos los factores que se han mencionado anteriormente, el tema que ha llamado la atención y preocupado a los pobladores de Guerrero, fue el enfrentamiento suscitado el domingo 7 de enero de 2018 en la comunidad La Concepción, municipio de Acapulco, Guerrero donde un total de 11 personas murieron, una resultó herida, y hubo 38 detenidos,7 situación que se relata a continuación:

Según información recabada por el medio de información Sin Embargo y El Sur , el primer enfrentamiento ocurrió a las 3 de la madrugada del domingo 7 de enero, donde murieron seis hombres, entre ellos un menor de 16 años, además de dos policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).

En un segundo enfrentamiento, a las 11:20 de la mañana, participaron policías federales, ministeriales y el Ejército, se presume que fueron asesinados tres policías comunitarios, además de otros detenidos. Dicho operativo realizado en la comunidad de La Concepción dista mucho del hecho ocurrido el 9 de junio de 2017, cuando supuestamente policías de la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero asesinaron a siete integrantes de una familia, entre ellos niños y un bebé, en la localidad de San Pedro Cacahuatepec.8

En una de las versiones por parte del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), Suástegui Muñoz explicó que momentos antes del primer enfrentamiento, el joven de 16 “fue hasta la comandancia y en forma de agresión se orinó afuera del inmueble, por lo que fue detenido por los policías comunitarios; sin embargo, logró escapar por una puerta trasera para después correr hacia la comisaría municipal. En ese lugar se encontraban el comisario municipal de La Concepción, Florentino Melchor, además de su hermano Alejandro, y el hijo de éste, de 16 años de edad, así como otras cuatro víctimas”.9

Según el vocero, los policías comunitarios llegaron hasta el lugar donde fueron recibidos a tiros por los civiles, matando a los dos comunitarios que tenían impactos de bala en la espalda y el pecho, y en respuesta los comunitarios repelieron la agresión.

No hay versión de los familiares de las víctimas que estaban en la comisaría, ya que se negaron a hablar y sólo exigieron justicia y la salida de la Policía Comunitaria de La Concepción. Para las 9:45 de la mañana, un grupo de 30 policías estatales llegaron a la entrada de la comunidad, donde según testigos sólo hubo un enfrentamiento verbal con integrantes de la CRAC.

Hasta las 10 de la mañana, el número de patrullas de estatales y ministeriales fue de 35, mismos que se apostaron en la carretera con dirección a Aguascalientes, además llegaron una patrulla de policías federales de la Gendarmería y otra de militares, media hora después, un grupo de familiares de las seis víctimas llegaron hasta donde se encontraban los mandos de la Policía Ministerial y hubo un enfrentamiento verbal con los integrantes del Cecop, donde mutuamente se recriminaron los hechos.

Sin embargo, mientras integrantes de la Cecop y familiares de las víctimas se reparten culpas, no hay una versión oficial sobre lo sucedido en La Concepción, ni indicios de que el estado haya empezado una investigación en forma sobre los posibles responsables. En este sentido, se hace necesaria la intervención de las autoridades federales para que atraigan el caso y se esclarezca lo sucedido, revirtiendo la constante impunidad que se vive por la violencia en Guerrero; asimismo, es necesaria la supervisión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por actos y omisiones de las autoridades federales, así como la participación de particulares o algún otro agente social en la comisión de ilícitos con la tolerancia o anuencia de algún servidor público o autoridad.

Es por ello que se hace la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a analizar la viabilidad de atraer el caso de la comunidad La Concepción, a fin de investigar y esclarecer los hechos y, en su caso, fincar o deslindar las responsabilidades derivadas de las acciones u omisiones constitutivas de delitos desplegadas por particulares y autoridades.

Además, se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que conozca e investigue presuntas violaciones de derechos humanos por actos u omisiones de autoridades administrativas de carácter federal y la participación de particulares con la anuencia de algún servidor público o autoridad, en la participación de un ilícito.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a analizar la viabilidad de atraer el caso ocurrido el 7 de enero de 2018 en la comunidad La Concepción, municipio de Acapulco, Guerrero, a fin de investigar y esclarecer los hechos y, en su caso, fincar o deslindar las responsabilidades derivadas de las acciones u omisiones constitutivas de delitos desplegadas por particulares y autoridades.

Segundo. - La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que conozca e investigue presuntas violaciones de derechos humanos por actos u omisiones de autoridades en el caso ocurrido el 7 de enero de 2018 en la comunidad La Concepción, municipio de Acapulco, Guerrero.

Tercero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Guerrero a reforzar las estrategias de seguridad que permitan erradicar la crisis de inseguridad y violencia que vive la entidad.

Notas

1 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Gobierno de la República, páginas 27 y 105.

2 Datos abiertos de incidencia delictiva en Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (en línea), consultado el 8 de enero de 2018. Disponible en: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-del ictiva-datos-abiertos.php

3 Rolando Aguilar. “En dos días hallan 22 muertos en Guerrero; 9, en Acapulco”, Excélsior, 2018, [en línea], consultado: 08 de enero de 2017, disponible en: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/10/23/1196561

4 Esteban David Rodríguez. “Ediles bajo las ráfagas”, El Universal, 2016, (en línea), consultado: 8 de enero de 2018, disponible en. http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-investigacion/2016 /01/16/ediles-bajo-las-rafagas

5 Editorial. “La violencia en 2017 toca a políticos y funcionarios; se registran 18 asesinatos y cuatro desapariciones”, El Sur de Acapulco, 2017, (en línea), consultado el 8 de enero de 2018, disponible en: http://suracapulco.mx/wptest/index.php/2017/12/23/la-violencia-en-2017- toca-a-politicos-y-funcionarios-se-registran-18-asesinatos-y-cuatro-des aparicion

6 Hercilia Castro. “Guerrero: el desplazamiento forzoso que no se ve”, 2017, Grieta, (en línea), consultado: 8 de enero de 2018, disponible en:

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:htt p://www.grieta.org.mx/index.php/2017/08/08/guerrero-el-desplazamiento-f orzoso-que-no-se-ve/&gws_rd=cr&dcr=0&ei=nb9TWti6Ao_WzwKi0pD YCw

7 “Enfrentamiento en Guerrero dejan once muertos, un herido y 38 detenidos”, Sin Embargo, (en línea), consultado el 8 de enero de 2018, disponible en:

http://www.sinembargo.mx/07-01-2018/3371041

8 Ídem.

9 Ídem.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 10 días de enero de 2018.

Senador David Monreal Ávila (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la CRE a instaurar y difundir las aplicaciones móviles que propicien la adecuada prestación de los servicios con actividades sujetas a su regulación, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, María Gloria Hernández Madrid, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

El uso de las tecnologías debe cubrir todos los sectores, facilita la comunicación, la información y la vida cotidiana. Valernos de este inmenso recurso que es la internet, permite una consulta y una interacción inmediata, posibilita visualizar diferentes opciones, genera un mayor rendimiento y un mayor aprovechamiento de los recursos.

En un contexto, en el que la economía familiar es impactada por los vaivenes de precios en gas, gasolina y electricidad, lo menos que se debe hacer, es propiciar escenarios de certeza e involucramiento de la ciudadanía; y esto no es nada nuevo, se viene realizando en diferentes latitudes, y en nuestro país, se empieza a consolidar también, el uso de las tecnologías en las áreas de gobierno.

El propósito del presente acuerdo es el de apoyar e impulsar el uso de aplicaciones móviles, programas que se descargan e instalan en un dispositivo, a fin de vincular al ciudadano con los diferentes escenarios de precios, presentación de denuncias y funcionamiento en general de los servicios que están bajo la tutela de la Comisión Reguladora de Energía.

Con fundamento en el Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía, este órgano tiene a su cargo “El ejercicio de las atribuciones y el despacho de los asuntos que le encomiendan la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, la Ley de Hidrocarburos, la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley de Transición Energética, la Ley General de Cambio Climático y las demás disposiciones jurídicas aplicables”. El objetivo fundamental, se establece en su primer artículo, es el de “proteger los intereses de los usuarios”, y es precisamente lo que se debe procurar con la implementación y socialización de aplicaciones móviles, para fortalecer la confianza y certeza en el suministro y la prestación de los servicios.

Debemos reconocer los esfuerzos realizados por la Comisión Reguladora de Energía para avanzar en la implementación de aplicaciones móviles, incluso apenas el 5 de enero del año en curso, anunció el lanzamiento de una aplicación móvil para el tema del gas, sin que a la fecha se tenga mayor información de la fecha en la que estará disponible, aun cuando se asegura que será este año.

Nosotros confiamos en que así sea, y por ello queremos darle mayor impulso a estas herramientas que protejan con mayor efectividad los intereses de los usuarios; que puedan comparar precios de los distintos distribuidores, calificar y evaluar el servicio, e inclusive auxiliar en el combate al comercio ilegal de gas LP, verificando si el vehículo que lleva gas LP cuenta con permiso de la comisión.

Las reformas aprobadas en su momento por el Poder Legislativo, deben consolidarse y propiciar una mejor economía a las familias; para nadie es un secreto que el entorno económico global ha impactado e impedido una rápida y exitosa consolidación de las reformas. Confiamos en que se puede avanzar, y sobre todo, se pueda garantizar una mejor prestación de servicios a través de estas aplicaciones móviles, ante la liberalización de precios que se registró desde hace un año.

En el tema de la gasolina, una de las aplicaciones que se han puesto en marcha es la “Gasoapp”, una app oficial de la Comisión Reguladora de Energía, que permite ubicar la gasolinera más cercana, la más barata o ambas, así como el tipo de combustible. Además, si se detecta alguna anomalía, cuenta con una función que permite denunciar y enviar un reporte a la Comisión Reguladora de Energía.

Tenemos la plena convicción de que las tecnologías deben facilitar la vida cotidiana, y en este caso deben servir para brindar mayor certeza y confianza en la prestación de los servicios; implementar y socializar las aplicaciones móviles debe ser un punto primordial en la agenda pública; aun cuando reconocemos los avances en esta materia por parte de la Comisión Reguladora de Energía, consideramos que debe darse celeridad a la implementación de aplicaciones en todos los servicios que están bajo su regulación, al perfeccionamiento de las existentes, y a una amplia difusión para el uso de esta herramienta, que empodere al ciudadano con información e interacción, para tomar decisiones, fortalecer su economía y denunciar anomalías.

En virtud de lo anteriormente fundado y motivado, ponemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Reguladora de Energía, para que en cumplimiento de su obligación, de proteger los intereses de los usuarios, instrumente y difunda las aplicaciones móviles, que propicien una adecuada prestación de los servicios cuyas actividades están sujetas a su regulación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de enero de 2018.

Diputada María Gloria Hernández Madrid (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a atender con medidas urgentes el conflicto socio-agrario entre Chalchihuitlán y Chenalhó, Chiapas, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Rafael Hernández Soriano, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y al gobierno del estado de Chiapas, para que en el marco de su competencia intervengan para garantizar y proteger la vida e integridad de las personas y familias desplazadas y reubicadas en los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó del estado de Chiapas, investigar y castigar a los grupos civiles armados responsables de hechos delictivos, así como buscar una solución de fondo al conflicto agrario entre los bienes comunales de ambos pueblos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los hechos lamentables de violencia social ocurridos por un añejo conflicto agrario entre las poblaciones indígenas de los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, en los Altos de Chiapas, y que han provocado el desplazamiento de más de 5 mil personas de 9 comunidades del municipio de Chalchihuitán y la muerte de 11 de ellas, siguen preocupando a la opinión pública nacional, a la sociedad civil y a los diputados del Grupo Parlamentario del PRD.

Si bien a la fecha han retornado a sus comunidades y parajes de origen más de 3 mil pobladores, lo hacen en condiciones precarias y de inseguridad, dado que las bandas de grupos armados que provocaron su desplazamiento siguen activos y no se ha castigado a los responsables de las diversas acciones criminales que se cometieron contra dicha población, como lo fueron los muertos y heridos por armas de fuego, quema de viviendas, hostigamiento permanente y bloqueo carretero durante más de un mes al municipio de Chalchihuitán, entre otras.

Además de lo anterior, al menos mil 160 personas continúan en campamentos en condiciones de desplazamiento forzado, expuestos a las condiciones adversas del clima y carencia de alimentos y medicina, al decidir no retornar ante el estado de incertidumbre que prevalece en la zona del conflicto.

Este contexto extremadamente delicado motivó, el 4 de enero pasado, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos urgiera de nueva cuenta a los gobiernos federal, estatal y municipales, a implementar las acciones que sean necesarias para garantizar alimentación, salud y seguridad adecuadas a la población desplazada y para las personas que decidieron retornar, toda vez que en opinión de dicha comisión las autoridades han hecho caso omiso a la solicitud de medidas cautelares que hiciera desde noviembre pasado, por lo que la salud y la integridad física de estos pobladores se encuentra en situación de riesgo.

Junto a esta vulnerabilidad e incertidumbre en que se encuentra la población de la región, debemos considerar que el conflicto de fondo sigue sin resolverse. Como se sabe, el motivo que desencadenó la confrontación en noviembre pasado es la controversia por límites agrarios que fue provocada desde hace más de 4 décadas, cuando la entonces Secretaría de la Reforma Agraria (hoy Sedatu) ejecutó la resolución presidencial a favor de los bienes comunales de Chalchihuitán, sin respetar las colindancias territoriales que de manera ancestral existían entre los bienes comunales de ambos poblados, y por lo cual Chenalhó se inconformó al considerar que fue despojado de 365 hectáreas.

Dada esta naturaleza de la disputa, los gobiernos federal y local han apostado mucho a forzar una solución a través de la simple y llana aplicación de la justicia agraria por vía jurisdiccional, dejando de lado factores culturales, sociales y políticos que son también fundamentales para una solución de fondo.

Presionado por los niveles que alcanzó la confrontación entre ambos poblados y por los organismos de la sociedad civil y la opinión pública nacional, el pasado 13 de diciembre el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 3 emitió resolución sobre la controversia, la cual en su parte medular anula el acta de posesión y deslinde del poblado de Chalchihuitán y condena al mismo tiempo a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) a reponer el procedimiento , con lo cual hipotéticamente Chenalhó recuperaría las 365 hectáreas que reclama.

Sin embargo y como era de esperarse, este resolutivo del Tribunal Agrario no ha resuelto el problema. Si bien es cierto que el gobierno del estado de Chiapas, a la par del resolutivo del Tribunal Agrario, intentó imponer un acuerdo entre las partes mediante el cual se comprometía a construir 300 viviendas para los pobladores de Chalchihuitán y entregarles 15 millones de pesos adicionales a manera de indemnización; también lo es que las autoridades de este municipio se negaron a firmar dicho acuerdo y a reconocer el resolutivo del tribunal, acusando a las autoridades de parcialidad y anunciando que impondrán un recurso de revisión y de ser necesario recurrirán a la Suprema Corte para hacer valer sus derechos.

Sin negar los esfuerzos realizados a través de las diversas mesas de diálogo establecidas por las autoridades de los tres niveles de gobierno, así como la labor de apoyo y mediación de la iglesia y sus parroquias en la región, de organismos de la sociedad civil, de la Cruz Roja y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, nos parece relevante el exhorto de este máximo órgano legislativo a favor de una solución consensuada entre las partes, que además de ser legal, sin vencedores ni vencidos abone a la paz y a una convivencia duradera entre ambas poblaciones.

Por lo anterior, me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

De urgente u obvia resolución.

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y al gobierno del estado de Chiapas, para que se implementen de manera urgente las medidas cautelares pertinentes a fin de respetar, garantizar y proteger la vida e integridad de las personas y familias en los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó del estado de Chiapas, desarmar a los grupos de civiles que vienen actuando en la zona, garantizar el libre tránsito y la paz social en las comunidades de dichos municipios y, en general, garantizar los derechos humanos a las familias y personas retornadas y desplazadas.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal y al gobierno del estado de Chiapas para que, en el marco de sus respectivas competencias, investiguen y castiguen a los responsables materiales e intelectuales del hostigamiento a los pobladores de San Pablo Chalchihuitán y de quienes causaron el desplazamiento de más de 5 mil comuneros y la muerte de 11 de ellos.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y al gobierno del estado de Chiapas, para que en el marco de la ley, respetando los usos y costumbres de los pueblos indígenas y mediante el diálogo, se restablezca la armonía entre las comunidades de Chalchihuitán y Chenalhó y se busque una pronta solución al conflicto agrario entre los bienes comunales de ambos pueblos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 10 de enero 2018.

Diputado Rafael Hernández Soriano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se condena cualquier tipo de agresión contra la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación, a cargo del senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT

Senador David Monreal Ávila , integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado dela República, presento ante esta Comisión Permanente, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En México, el tema de inseguridad que viven los ciudadanos en su día a día es una de las tantas problemáticas sociales que lastiman en mayor medida a la población. Por tal razón, es preocupante que la estrategia en materia de seguridad, la cual ha demostrado ser ineficaz para detener el incremento del índice delincuencial y genera inconformidad en los habitantes de las entidades federativas, debido a que estas acciones lastiman a la ciudadanía de las diferentes regiones del país.

De acuerdo con la información proporcionada en el Quinto Informe de Gobierno del Ejecutivo federal, en el apartado correspondiente a los resultados en la erradicación de la incidencia delictiva del fuero común 2012-2017, durante el año 2016 el país presentó un avance del 6.6 por ciento con respecto a 2012, los homicidios dolosos registraron una baja del 5.5 por ciento, los secuestros un 20.5 por ciento, la extorsión 28 por ciento y los robos 19.3 por ciento.1

En el mismo informe se hace mención que durante 2016, los homicidios dolosos presentaron una disminución del 3.6 por ciento con respecto a 2012, y tan solo en el periodo comprendido por los meses de enero a junio de 2017 dicho tipo de delitos bajó 2.4 por ciento, con respecto al mismo periodo del 2012 y un 0.6 por ciento con respecto a 2016.2

Asimismo, se informó que durante el periodo comprendido del año 2013 al 2016, se destinaron 8 mil 283 millones de pesos al Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred), el cual tiene como principal objetivo brindar la correcta atención a los factores de riesgo y protección vinculados a los delitos del fuero común, a través de la aplicación de 13 mil acciones en las 32 entidades federativas del país, además de haberse destinado recursos para la construcción de 370 inmuebles, rehabilitación de los espacio públicos mediante 810 acciones y equipamiento de más de 350 espacios e inmuebles.3

Aunado a esto, en los datos registrados en el informe publicado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad sobre Incidencia Delictiva del Fuero Común, durante el periodo comprendido por los meses de enero a noviembre de 2017 se registraron 26 mil 573 homicidios dolosos en el país.4

Las cifras expuestas con anterioridad demuestran que las estrategias y acciones en materia de seguridad, implementadas por los tres órdenes de gobierno en todo el territorio nacional, no han dado los resultados esperados, a pesar de que en el Quinto Informe se reportan disminuciones en estas acciones, por el contrario los ilícitos cada año van incrementándose, poniendo en duda los recursos invertidos para la erradicación de dicha problemática social que viven los mexicanos.

Las constantes olas de violencia en los diferentes estados han puesto en duda la efectividad de las estrategias diseñadas e implementadas por el gobierno de la república en materia de seguridad, además la interminable batalla del Estado en contra del narcotráfico ha cobrado miles de vidas de ciudadanos que desempeñan diversas profesiones en el país.

Claros ejemplos de lo anterior son los ataques en contra de periodistas, quienes en el ejercicio de su profesión son víctimas de amenazas, agresiones, o en el peor de los casos, se les priva de la vida.

Tan sólo en 2017, de acuerdo con datos publicados por parte de la asociación Reporteros Sin Fronteras (RSF), en México fueron ejecutados 11 periodistas5 , convirtiéndolo en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Por otra parte, un diario de circulación nacional reportó que en 2017 fueron 14 los periodistas asesinados en el país, situación equiparable a Siria, que registra una cifra de 12 homicidios de periodistas.6

En la misma publicación se hace mención que en 2017 los 14 periodistas que fueron asesinados son:7

* Cecilio Pineda: Reportero del diario La voz de la Tierra Caliente y colaborador de El Universal , fue asesinado el 2 de marzo en Ciudad Altamirano Guerrero.

* Ricardo Monlui Cabrera: Director del diario El Político y dueño del portal digital elpolitico.com.mx, fue asesinado el 19 de marzo en el municipio de Yanga, Veracruz, era presidente de la Asociación de Periodistas y Reporteros Gráficos de Córdoba y la Región, fue jefe de prensa de la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar (CNC), era escritor de la columna “El crisol”, hasta el momento no hay detenidos por el caso.

* Miroslava Breach Velducea: Corresponsal de La Jornada y colaboradora del periódico El Norte, de Chihuahua, y ex directora editorial de El Norte , de Ciudad Juárez, fue asesinada el 23 de marzo en Chihuahua, en sus publicaciones trataba temas sobre corrupción política, violación a derechos humanos, agresiones a comunidades indígenas y la narcoguerra.

* Maximino Rodríguez Palacios: Asesinado el 14 de abril en la Paz, Baja California Sur, tenía dos años laborando para un portal de denuncia ciudadana sobre corrupción, discriminación y abusos, fue privado de la vida por dos sujetos cuando arribaba a un centro comercial, hasta el momento no hay detenidos por esta acción.

* Filiberto Álvarez Landeros: Asesinado en Tlaquiltenango, Morelos el 29 de abril, trabajaba para la estación de radio La señal , fue interceptado al salir de su programa para dirigirse a su casa, no hay acusados por el crimen y su caso fue poco difundido en medios de comunicación.

* Javier Valdez Cárdenas: Asesinado el 15 de mayo en Culiacán, Sinaloa, era corresponsal del periódico La Jornada y de la agencia AFT, fue especialista en temas de narcotráfico y crimen organizado, en el año 2016 publicó el libro titulado Narcoperiodismo , no hay ninguna persona procesada por este delito.

* Jonathan Rodríguez: Asesinado el 15 de mayo en Jalisco, era reportero del diario El Costeño , municipio de Autlán, Jalisco e hijo del director del mismo medio, fue emboscado por un comando cuando viajaba con su madre, su automóvil recibió 25 impactos de bala y él falleció en el lugar, días antes de este acto el medio de comunicación recibió amenazas.

* Salvador Adame: Desapareció en Nueva Italia, Michoacán, el 18 de mayo, era director del Canal 6tv, este suceso fue publicado al día siguiente y el 26 de junio la Procuraduría de Michoacán confirmó el hallazgo de sus restos en estado de calcinación en la barranca del diablo en el municipio de Gabriel Zamora de dicha entidad.

* Edwin Rivera: Camarógrafo hondureño refugiado en México, fue asesinado el 10 de julio en Acayucan, Veracruz, recibió cinco impactos de bala.

* Luciano Rivera: Asesinado a balazos la madrugada del 31 de julio en un bar de Playas de Rosarito, Baja California, dirigía la revista Dictamen y era accionista del Canal CNR, días antes de su muerte publicó información relacionada con el narcotráfico.

* Cándido Ríos: Fue privado de la vida el 22 de agosto en Hueyapan de Ocampo, Veracruz, era reportero del Diario de Acayucan y de manera constante denunciaba casos de corrupción en el gobierno y desvíos de recursos por parte de funcionarios locales, se encontraba bajo la protección del gobierno federal dentro del mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

* Edgar Esqueda: Colaborador de los portales digitales Metrópoli SLP y VoxPópuliSLP, desapareció el 5 de octubre cuando fue sacado de su domicilio por sujetos identificados como policías, su cuerpo fue encontrado cerca del aeropuerto de San Luis Potosí.

* Gumaro Pérez Aguilando: Fundador del portal de noticias La voz del sur , y trabajador del ayuntamiento de Acayucan, Veracruz, fue asesinado el 19 de diciembre en presencia de padres de familia.

* Luis Abraham González Contreras: Reportado como desaparecido desde el 19 de diciembre, fue encontrado muerto en un tiradero en la comunidad de Chelem, Yucatán.

El último homicidio de periodistas es el de José Gerardo Martínez quien fue asesinado en un asalto la noche del día 5 de enero del presente año, en la colonia Ajusco, delegación Coyoacán, recibió un impacto de bala en abdomen perdiendo la vida minutos más tarde en un hospital; se desempeñaba como editor del Servicio Universal de Noticias de El Universal .

Para combatir e investigar los delitos perpetrados contra periodistas en el país, la Procuraduría General de la República cuenta con la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), como autoridad encargada de dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones de estos homicidios y en su caso, perseguir los delitos cometidos en contra de quienes ejercen la actividad periodística.8

La FEADLE también es la encargada de:

* Brindar atención a las víctimas del delito.

* Realizar una sistematización de la información contenida en las averiguaciones previas y procesos.

* Promover una cultura de prevención del delito, de respeto y difusión de los derechos relacionados con la libertad de expresión y el derecho a la información.

* Proteger la seguridad de los comunicadores y otorgar medidas cautelares o de protección, así como gestionarlas ante las autoridades locales competentes.9

Por otra parte, de acuerdo con datos de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), en su Informe Estadístico de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos Contra la Libertad de Expresión, publicado en el mes de noviembre de 2017, en el periodo comprendido de 2000 a 2017, en el país han sido asesinados 104 periodistas10 como se muestra en la siguiente tabla:

Pese a que la Procuraduría General de la República cuenta con una fiscalía especializada para atender estos delitos, al consultar los datos expuestos con anterioridad en la gráfica obtenida del reporte de dicha dependencia, puede observarse que no se encuentran actualizados, ya que desde el año 2016 la FEADLE inició actividades en el sistema de justicia penal acusatorio, por lo que dejaron de integrarse averiguaciones previas, para dar inicio a la integración de carpetas de investigación, pero aun así continúa la impunidad en los homicidios en contra de los periodistas en el país.

En la comparecencia del titular de dicha fiscalía, el maestro Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, ante el Senado de la República, el año pasado expuso que la dependencia a su cargo elaboró un plan de trabajo, el cual incluía coordinación efectiva y transversal con los tres niveles de gobierno, con la finalidad de garantizar la reacción ante las agresiones a periodistas, que la atención de victimas sea de manera inmediata y el impulso de un liderazgo entre las diversas fiscalías por parte de la Procuraduría General de la República, a fin de garantizar el combate efectivo de agresiones.11

Dentro del mismo plan de trabajo se hace mención del fortalecimiento de la procuraduría en el mecanismo de protección a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas de manera coordinada con la Secretaría de Gobernación, también la creación de protocolos de investigación y atención a dichas víctimas, tomando en cuenta la opinión de la sociedad civil y del gremio periodístico, además de la especialización de los ministerios públicos, policías y peritos especialistas que investigan los delitos en contra de los periodistas y contra la libertad de expresión y por último, el fortalecimiento de la realización de los análisis en las investigaciones, que permita determinar en la carpeta de investigación el entorno en el que se desarrollaba la víctima, su trabajo periodístico y los presuntos grupos criminales implicados en los hechos.12

A pesar de haber diseñado e implementado un plan de trabajo por parte de esta dependencia, no han logrado cumplir con los objetivos establecidos debido a que continúan con las agresiones y homicidios hacia estas personas, y en la mayoría de los casos quedan impunes y sin aplicar la justicia a los responsables de tales actos.

Condenar de forma discursiva toda acción criminal perpetrada contra las personas dedicadas al periodismo no es suficiente, por ello, es preciso que se lleven a cabo las investigaciones conducentes a fin de esclarecer los hechos y sancionar conforme a derecho a los responsables. México aún tiene retos que enfrentar en materia de seguridad, por lo que el reforzamiento de las estrategias de seguridad es indispensable, así como la debida capacitación de los elementos que integran los cuerpos de seguridad y los operadores del sistema de justicia en cada entidad del país.

En ese sentido, a través de la presente proposición con punto de acuerdo se exhorta a la Secretaría de Gobernación a que en el marco de sus facultades y atribuciones y de manera coordinada con sus homólogas de las entidades federativas, refuerce las acciones encaminadas a garantizar la integridad y seguridad de los periodistas en el ejercicio de su profesión en todo el país.

Asimismo, se exhorta a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión a que inicie o fortalezca las investigaciones de manera pronta, completa e imparcial y finque las responsabilidades correspondientes a quien o quienes resulten responsables por los delitos cometidos en contra de quienes ejercen la actividad periodística.

Para finalizar, es necesario que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión condene y rechace cualquier tipo de agresión en contra de la libertad de expresión ejercida por periodistas y medios de comunicación, al mismo tiempo de pronunciarse a favor de dicho derecho como elemento esencial para el fortalecimiento de la democracia.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión condena y rechaza enérgicamente cualquier tipo de agresión en contra de la libertad de expresión ejercida por periodistas y medios de comunicación, al mismo tiempo de pronunciarse a favor de dicho derecho como elemento esencial para el fortalecimiento de la democracia.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a que, en el marco de sus facultades y atribuciones y de manera coordinada con sus homólogas de las entidades federativas, refuerce las acciones encaminadas a garantizar la integridad y seguridad de los periodistas en el ejercicio de su profesión en todo el país, así como a rendir un informe detallado a esta soberanía, sobre las acciones emprendidas para la protección de los mismos.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión a que inicie o fortalezca las investigaciones de manera pronta, completa e imparcial, y finque las responsabilidades correspondientes a quien o quienes resulten responsables por los delitos cometidos en contra de quienes ejercen la actividad periodística y a los medios de comunicación.

Notas

1 Gobierno de la República. Quinto Informe de Gobierno, México en paz [en línea] consultado el 21 de diciembre de 2017, p. 91, disponible en:

http://cdn.presidencia.gob.mx/quintoinforme/Quinto_Infor me_de_Gobierno_2017.pdf

2 Ibíd. P. 102

3 Ibíd. P. 91

4 Datos Abiertos de Incidencia Delictiva en Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública [en línea], consultado el 8 de enero de 2018. Disponible en

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva /incidencia-delictiva-datos-abiertos.php

5 Reporteros Sin Fronteras Por la Libertad de Información. “Periodistas asesinados”. [En línea] consultado el 2 de enero de 2018, disponible en:

https://rsf.org/es/periodistas-asesinados

6 Regeneración. “Ellos son los periodistas asesinados en 2017 en México”. [En línea] consultado el 8 de enero de 2018, disponible en:

https://regeneracion.mx/ellos-son-los-periodistas-asesin ados-en-2017-en-mexico/

7 Ibíd.

8 Procuraduría General de la República. Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, [en línea] consultado el 8 de enero de 2018, disponible en:

https://www.gob.mx/pgr/acciones-y-programas/fiscalia-esp ecial-para-la-atencion-de-delitos-cometidos-contra-la-libertad-de-expre sion-18894

9 Ibíd.

10 Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE). Informe Estadístico De la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos Contra la Libertad de Expresión. [En línea], consultado el 5 de enero de 2018 P. 2, disponible en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/279560/ES TADISTICAS_Noviembre2017.pdf

11 Senado de la República. Versión estenográfica de la reunión de trabajo de la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia”. [En línea] consultado el 8 de enero de 2018, disponible en:

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/ comision-permanente/versiones-permanente/36831-version-estenografica-de -la-reunion-de-trabajo-de-la-primera-comision-gobernacion-puntos-consti tucionales-y-justicia-primera-parte.html

12 Ibíd.

Dado en el salón de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 10 de enero de 2018.

Senador David Monreal Ávila (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa y sus 32 homólogas locales a reforzar las campañas y acciones dirigidas a la prevención, el diagnóstico y el seguimiento de las enfermedades raras en México, suscrita por los senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, senadores de la república integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las enfermedades raras o huérfanas son aquellos padecimientos que tienen poca incidencia o se presentan con baja frecuencia entre la población, por esta misma razón, es difícil establecer un diagnóstico claro o un tratamiento específico que combata el padecimiento.

La forma en que se define una enfermedad rara cambia de país a país, en Estados Unidos, por ejemplo, se consideran enfermedades raras a aquellas que afectan a menos de 200 mil personas, mientras que en la Unión Europea y en México se definen como aquellos padecimientos que afectan a menos de 5 personas por cada 10 mil habitantes.

Se estima que a nivel mundial existen cerca de 7 mil enfermedades raras registradas, entre las cuales se encuentran los síndromes adrenogenital, de Kocher, de Prended, el hipoadrenalismo congénito y así como la hemofilia A y B, síndrome de Bernard Soulier, enfermedad de Gaucher, la galactosemia, enfermedad de Fabry, síndromes de Pompe, Brugada y Timothy, entre otras.

La mayoría de las enfermedades raras tienen un origen genético, ya que se estima que 80 por ciento está relacionada con alguna alteración en los genes, otras son producto de infecciones bacterianas o virales, alergias o tienen causas degenerativas o teratológicas por exposición a productos químicos, radiación o factores medioambientales.1

Los efectos de las enfermedades raras son diversos, la mayoría de ellas son crónicas y degenerativas y pueden causar discapacidad, muchas de ellas con peligro de muerte. También afectan el sistema neurológico, gastrointestinal, cardiaco, renal, huesos y sangre o pueden causar el deterioro de las funciones vitales del cuerpo y el desarrollo. A menudo afectan a menores de edad y causan muerte prematura, aunque también se presentan durante la edad adulta. Pueden ser parecidas en sus síntomas a otras mucho más conocidas, lo que a veces provoca que los pacientes reciban un diagnóstico equivocado.

México ocupa el sexto lugar en Latinoamérica en atención de enfermos con enfermedades raras y 7 de cada 10 pacientes dependen sólo del cuidado de las madres de familia.2

En nuestro país no existen datos oficiales del número de pacientes con enfermedades raras, aunque se estima que existen entre 7 y 8 millones de mexicanos con alguna de las más de 6 mil enfermedades raras de las que se tienen registro. Además, se estima que el 80% son genéticas y el resto son cánceres o enfermedades infecciosas, por lo que es importante generar registros confiables y cuantificables de los casos presentados.

Las personas que padecen enfermedades raras se enfrentan a diversas dificultades como la desigualdad en el acceso a un tratamiento adecuado debido a que el personal médico carece de la información para tratarlo y, en diversos casos, el tratamiento es costoso.

En el país se han tomado diversas acciones para el tratamiento de las enfermedades raras, basta mencionar la creación de la Comisión para el Análisis, Evaluación, Registro y Seguimiento de las Enfermedades Raras, dependiente del Consejo de Salubridad General, en enero de 2017. Además, desde 2008 se conmemora, el último día de febrero, el Día Mundial de las Enfermedades Raras en las que participan 63 países, a fin de actualizar la información sobre este tipo de padecimientos.

Entre 2012 y 2017, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios fortaleció el mercado farmacéutico, ya que llevó a cabo la autorización del registro de 54 medicamentos innovadores para la atención de las enfermedades raras, en favor de la salud de la población.

No obstante, pese a los esfuerzos realizados es importante reforzar las acciones. Las enfermedades raras deben ser estudiadas y tratadas de manera oportuna, por ello, es indispensable que se refuercen las campañas y acciones dirigidas a su prevención, diagnóstico y seguimiento, así como en la elaboración de políticas públicas que garanticen la atención pertinente y calidad de vida de las personas que las padecen.

Se trata de enfermedades complejas y poco habituales y que, en ocasiones, no logran diagnosticarse correctamente, ya que no existe la información suficiente o los tratamientos disponibles no son lo suficientemente eficaces.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades federativas, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones y de manera coordinada, refuercen las campañas y acciones dirigidas a la prevención, diagnóstico y seguimiento de las enfermedades raras en México, así como en la elaboración de políticas públicas que garanticen la atención pertinente y calidad de vida de las personas que las padecen.

Notas

1 Secretaría de Salud, ¿Qué son las enfermedades raras? n Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, 19 de noviembre, Disponible en [en línea:] https://www.gob.mx/salud/articulos/que-son-las-enfermedades-raras?idiom =es

2 Cámara de Diputados, Siete millones de mexicanos padecen enfermedades raras, Disponible en [en línea:] http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2014/ Marzo/26/3268-Siete-millones-de-mexicanos-padecen-enfermedades-raras

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 10 de enero de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita una reunión con la autoridad federal para el desarrollo de las zonas económicas especiales a fin de dar cuenta del proceso de instalación de la zona económica de Lázaro Cárdenas-La Unión, así como de los trabajos, retos y avances en la elaboración del programa de desarrollo, a cargo del senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, senador Isidro Pedraza Chávez, integrante de la LXIII Legislatura del honorable Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República someto a la consideración de esta representación soberana, la proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

En vista de que el año que inicia será uno de tremendos desafíos para la economía de las familias mexicanas el Estado mexicano debería proteger el ingreso de los trabajadores, la fortaleza del mercado interno y el bienestar de las familias. Este es un caso particularmente apremiante para el estado de Guerrero, que represento frente a esta soberanía, habida cuenta de que el desempeño de su economía se encuentra intrínsecamente vinculado al turismo y a la producción agrícola, la coyuntura económica es tal que tan solo en el segundo trimestre de 2017 la producción en Guerrero ha tenido una disminución de 0.8 por ciento, la quinta mayor caída a nivel nacional.

El desempeño de la economía se explica sobre todo por su perfil productivo, donde las principales fuentes de riqueza externa se derivan del alcohol etílico por 405 millones de dólares al año, representando el 49.3 por ciento de las exportaciones. Los productos agrícolas representan el 88 por ciento de las exportaciones, generan 724 millones de dólares al año.

Tabla 1. Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal durante el primer semestre de 2017

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Comunicado de prensa número 440/17. Indicador trimestral de la actividad económica estatal durante el segundo trimestre de 2017.

Consultado el 7 de enero de 2018 en http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/itaee/itaee2017_10. pdf

Durante el primer semestre del año 2017 Tabasco recibió un total de 233 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED), representando el 1.1 por ciento de la IED total del país. En 2016 el estado recibió 173 millones de dólares, desde el valle de 2015 la IED ha venido creciendo, particularmente en la primera mitad del año pasado.1 (Véase gráfica 1)

Gráfica 1. Inversión Extranjera Directa Guerrero(Millones de dólares)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras Enero-Marzo 2017.

No obstante la dinámica reciente de la economía guerrerense, también se presenta una deuda histórica en término de desarrollo desde hace décadas. Según los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) la evolución de la pobreza en la entidad deja mucho que desear, en 2010 el 67 por ciento de la población vivía en situación de pobreza y para el 2016 había disminuido marginalmente a 64.4 por ciento, implicando que en 6 años de política social han logrado sacar solo a 15 mil 300 personas de la situación de pobreza en la entidad.2

Atendiendo a lo anterior, el primerio de junio de 2016 se publicó la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (ZEE) que tiene como objeto impulsar el crecimiento y desarrollo económico de los estados más rezagados del país, a través de la planeación, establecimiento y operación de ZEE, que permitan en el mediano y largo plazo reducir las brechas de desigualdad y pobreza regionales. La Ley creó la figura de ZEE, definida como un área geográfica del territorio nacional, sujeta a un régimen especial, en la cual se podrán realizar actividades de manufactura, procesamiento, transformación y almacenamiento; la prestación de servicios de soporte a dichas actividades y otras requeridas conforme a los propósitos de la Ley, así como la introducción de mercancías para tales efectos. Adicionalmente, una ZEE sólo podrá instalarse en las diez entidades federativas con mayor incidencia de pobreza extrema (según Coneval), siempre y cuando presente una ubicación estratégica para el desarrollo de actividades productivas (ventajas logísticas y acceso a mercados nacionales e internacionales).

El 29 de septiembre pasado el Ejecutivo Federal, según lo establecido en la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, emitió la declaratoria de zona para Veracruz, Michoacán/Guerrero y Chiapas. La declaratoria es el banderazo de salida para la operación, construcción e implementación de las ZEE como política de desarrollo. Cabe mencionar que en la discusión del proyecto de ley en 2015 y 2016 se planteó como prioridad la instalación en la frontera entre Michoacán y Guerrero.

Por otra parte, el Gobierno Federal presentó el pasado 8 de septiembre su proyecto de Presupuesto de Egresos 2018, donde se da a conocer dentro del Ramo 06 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la creación de la partida presupuestaria (Pp) P005 Diseño y aplicación de la política pública para el desarrollo de Zonas Económicas Especiales, por un monto de 164 millones 133 mil pesos y la F036 Fomento y promoción para el desarrollo de Zonas Económicas Especiales, por un monto de 141 millones 605 mil pesos. Para la operación de la autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales se asignaron en total 321 millones 830 mil pesos, todo a ser ejercido en la Ciudad de México.3

La economía de Guerrero es una economía típica del sur-sureste mexicano, los niveles de pobreza y desarrollo de la entidad responden a la prevalencia de una economía de exportación de recursos naturales y con un campo prácticamente de autoconsumo. Es necesario aprovechar las ventajas de incorporarnos a la cadena global de suministros así como los instrumentos de desarrollo que lo permitan, como las ZEE. Esta estrategia de desarrollo nos permitirá beneficiarnos de la industrialización4 sin tener que pasar décadas construyendo una base industrial, así pues, el nuevo papel económico de Guerrero en el concierto de las naciones estará dentro de la cadena global de suministros.5

Para las entidades del Sur-Sureste que han depositado su confianza en la estrategia de las Zonas Económicas Especiales como una opción de desarrollo regional en el marco de las grandes cadenas globales de producción, y como legislador del Estado de Guerrero, es primordial tener una claridad en los trabajos para la instalación de la zona y el avance de los instrumentos de planeación y desarrollo de las áreas de influencia.

En vista de todo lo anterior, considero absolutamente necesario se dé cuenta al Congreso de la Unión de los trabajos de la puesta en marcha de la Zona Económica Especial de Lázaro Cárdenas – La Unión y del Programa de Desarrollo, instrumento de planeación primordial de la zona, toda vez que se requiere detonar crecimiento y desarrollo económico en la entidad de forma inmediata atendiendo el pobre desempeño económico y a la deuda histórica en materia de pobreza que se tiene con la entidad.

Por lo anteriormente fundado y motivado someto a la consideración del pleno de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita una reunión de trabajo con la autoridad federal para el desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, Gerardo Gutiérrez Candiani, para dar cuenta del proceso de instalación de la Zona Económica de Lázaro Cárdenas-La Unión así como de los trabajos, retos y avances en la elaboración del Programa de Desarrollo.

Notas

1 Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras enero-marzo de 2017.

2 Coneval (2017). Estadísticas de pobreza en Guerrero. Consultado el 3 de enero de 2018 en http://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Guerrero/Paginas/princ ipal.aspx

3 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018. Consultado el 29 de octubre de 2017 en

http://www.ppef.hacienda.gob.mx/es/PPEF2018/analiticos_p resupuestarios

4 Huerta, C. F. (2016) El ascenso industrial en las cadenas globales de suministros y el vínculo con el crecimiento de la economía mexicana, 1994-2012. Universidad de Sonora. Consultado el 15 de noviembre de 2017 en

http://www.integracioneconomica.uson.mx/wp-content/uploa ds/2016/05/Carlos-Huerta-Version.-El-ascenso-industrial-en-las-cadenas- globales-de-suminitros-y-el-vinculo-con-el-crecimiento-de-la-economica- mexic-ana-1994-2012.pdf

5 Baldwin, R., & López-González, J. (2013). Supply-chain trade: a portrait of global patterns and several testable hypotheses. National bureau of economic research , Working Paper 18957, Consultado en http://www.nber.org/papers/w18957. Fecha de consulta: 15 de noviembre de 2017.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a diez de enero de 2018.

Senador Isidro Pedraza Chávez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR y la Fepade a proseguir las investigaciones sobre la canalización de recursos ilícitos de la compañía Odebrecht en las elecciones presidenciales de 2012 y los sobornos para obtener contratos públicos, así como a presentar los resultados y a los presuntos responsables, suscrita por el senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito senador Mario Delgado Carrillo, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, fracción III del numeral 1; numeral 2 del artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, con el debido respeto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, en razón de las siguientes

Consideraciones

1. Que en agosto de 2017, a través de la Cámara de Senadores, se promovió un punto de acuerdo donde solicitamos al Sistema Nacional Anticorrupción iniciar las investigaciones por sobornos y corrupción en las contrataciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), con la empresa brasileña Odebrecht. En las investigaciones realizadas por el Poder Judicial en Brasil sobre la compañía Odebrecht, resaltó en varias ocasiones el nombre del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin. El 13 de agosto de 2017 se hicieron públicas las declaraciones de tres altos ex ejecutivos de Odebrecht que declararon, bajo juramento, que Emilio Lozoya habría recibido una serie de transferencias de recursos por medio de empresas en paraísos fiscales. Las transferencias iniciaron en 2012, en medio de las campañas presidenciales. Una vez que Enrique Peña Nieto asumió el gobierno, los pagos continuaron para la facilitación de contratos entre Odebrecht y Pemex1 .

Según la declaración de Luis Alberto de Meneses, en marzo de 2012 Lozoya le proporcionó una cuenta en las Islas Vírgenes Británicas donde se le depositaran los pagos. Las primeras transacciones sucederían en abril del mismo año. La colaboración se volvería más estrecha tras el nombramiento de Lozoya al frente de Pemex, con lo cual Odebrecht obtendría la licitación para remodelar una refinería, contrato valuado en 115 millones de dólares.2

2. De acuerdo con documentos revelados en octubre pasado por Mexicanos contra la Corrupción (MCCI), Braskem, la empresa filial de la brasileña Odebrecht, intervino durante los días de la campaña presidencial de 2012 del entonces candidato Enrique Peña Nieto, con tres transferencias por 1.5 millones de dólares a la empresa Latin America Asia Capital, afincada en Islas Vírgenes, que ha sido vinculada por delatores o testigos protegidos en Brasil con Emilio Lozoya Austin, quien se desempeñaba como coordinador de Vinculación Internacional del candidato del PRI. Los documentos revelados por MCCI –que incluyen estados de cuenta de transferencias desde el Meinl Bank– fueron integrados a la carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAI-CDMX/0001139/2017 que tiene abierta la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).3

3. Que el pasado 5 de diciembre de 2017, se publicó en medios de comunicación el video de la declaración de Luis Alberto de Meneses Weyll, ex director de la empresa brasileña. En la declaración se acusa al ex director de Pemex de haber recibido 4 millones de dólares para la campaña del entonces candidato Enrique Peña Nieto.

4. Que recientemente, entre el 12 y 16 de diciembre del presente, la Secretaría de la Función Pública anunció que inhabilitó a la empresa Odebrecht y filiales por cuatro años y que sancionó al primer funcionario público por el caso Odebretch, el señor Marco Antonio Sierra Martínez, quien fue inhabilitado por 10 años.

5. Que el pasado 15 de diciembre de 2017, fue electo para ocupar la titularidad de la Fepade en esta Cámara el señor Héctor Marcos Díaz Santana, avalado con votos 92 a favor, 7 en contra y cuatro nulos, quien sustituyó a Santiago Nieto, destituido en octubre. La destitución de Santiago Nieto se dio un día después de que éste señalara al diario Reforma que el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, le envió una carta en la que le pedía que no lo inculpara en el caso de desvío de recursos a favor del Partido Revolucionario Institucional durante la campaña presidencial de 2012.

6. Al anunciar su salida de la Procuraduría General de la República, Raúl Cervantes Andrade informó que se habían concluido las indagatorias sobre el mayor esquema de corrupción internacional que en América Latina y en México se haya visto. Sin embargo, desde su salida en octubre de 2017 el encargado de despacho de la Procuraduría no ha presentado los resultados de las investigaciones y, mucho menos, iniciado los procedimientos persecutorios en contra de los funcionarios de primer nivel involucrados en los sobornos de la magnitud del caso Odebrecht.

Por lo anteriormente expuesto, se someten a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales a continuar y concluir las acciones persecutorias en contra de los presuntos responsables por la canalización de recursos ilegales de la empresa Odebrecht en la campaña presidencial del Partido Revolucionario Institucional del año 2012, violando la normatividad electoral en México.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al encargado de despacho de la Procuraduría General de la República a presentar los resultados de las indagatorias sobre el caso Odebrecht en México, cuya conclusión fue anunciada por el extitular de la Procuraduría General de la República al momento de presentar su renuncia al cargo. Asimismo, se exhorta respetuosamente promover las acciones para sancionar a los funcionarios públicos de primer nivel y a todos los involucrados en este caso de sobornos y manejo de recursos ilegales relacionados con la empresa brasileña.

Notas

1 La investigación que expone estos datos fue llevada a cabo por los integrantes de Quinto Elemento Lab: Alejandra Xanic e Ignacio Ramírez Reyna, Proceso , 13 de agosto del 2017, Fuente: http://www.proceso.com.mx/498716/odebrecht-lozoya-austin-nombres-vincul ados-en-investigacion-sobornos

2 Ibíd.

3 Fuente: http://www.animalpolitico.com/2017/10/odebrecht-campana-pena-nieto-pri/

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 10 de enero de 2018.

Senador Mario Delgado Carrillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a publicar los sistemas de control e información de los permisionarios del autotransporte federal y la lista de los sancionados por incumplir la normativa en materia de arrastre, arrastre y salvamento, y depósito de vehículos, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Xitlalic Ceja García, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

La escasa difusión de información en torno a los costos de las grúas genera desconcierto en los usuarios, cuando se le hace indispensable hacer uso de este servicio.

Las irregularidades en los excesivos cobros han quedado documentadas en diversas recomendaciones y acciones que ha emprendido La Profeco; empero, no ha sido suficiente para desterrar las prácticas indebidas que suelen derivarse de la opacidad institucional y la ausencia de opciones del usuario.

¿Ante la ausencia de opciones o pleno conocimiento de las empresas que estén facultadas para prestar los servicios, pueden los usuarios elegir a una empresa de su preferencia?

La historia de abusos por los altos cobros solamente puede contenerse y erradicarse con la socialización de la información y la actuación oportuna de las autoridades.

En el ámbito legislativo hemos realizado las reformas atinentes para dotar a las instituciones de herramientas eficaces en materia de regulación y sanción a quienes se aparten de los lineamientos establecidos; también se legisló para que los permisionarios informaran a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el listado de unidades que reciban, así como las que sean susceptibles de considerarse en abandono a favor del gobierno.

La obligación vigente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para automatizar los sistemas de control e información de los permisionarios del autotransporte federal es una obligación fundamental que consideramos debe ser ampliamente difundida para fortalecer los derechos de los usuarios y el conocimiento pleno de las distintas opciones ante un requerimiento del servicio.

El 28 de febrero de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la base tarifaria de los servicios de arrastre, arrastre y salvamento y depósito de vehículos, en el autotransporte federal; la última base tarifaria que se tenía era del año 2000, autorizada mediante oficio 120.415.2419 del 21 de septiembre del citado año, por lo que la actualización era indispensable.

Ahora bien, a casi un año de haberse publicado esta base tarifaria, ¿Estas tarifas, están debidamente desagregadas para cada uno de los servicios, tomando en consideración el tipo de grúa y los tramos federales y locales de carretera recorridos? ¿Es justo para el usuario un costo elevado por banderazo de salida? ¿Cuántas quejas ha documentado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto de los servicios de depósito de vehículos, donde el permisionario abusa en los cobros?

Hacemos el llamado a la Secretaría, para que garantice la obligación de los permisionarios de publicitar las tarifas legalmente autorizadas para los servicios de arrastre, arrastre y salvamento y depósito de vehículos; con el propósito de que el público usuario tenga la certeza y la confianza en cada uno de los cobros.

Mientras el usuario pueda consultar fácil y rápido una tarifa y tener la certeza de lo que debe pagar por un traslado o maniobra, se disminuirán notablemente los abusos de permisionarios.

En virtud de lo anteriormente fundado y motivado, ponemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que publique los sistemas de control e información de los permisionarios del autotransporte federal, así como el listado de permisionarios sancionados por incumplimiento de la normatividad, en materia de arrastre, arrastre y salvamento, y depósito de vehículos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de enero de 2018.

Diputada Xitlalic Ceja García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNS a erradicar la violencia contra niños y adolescentes, en el marco de la firma de la Alianza Global para poner Fin a Todo Tipo de Violencia, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Rafael Hernández Soriano, diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. La Alianza Global para Poner Fin a Todo Tipo de Violencia es una iniciativa que promueven distintos países, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil para que en un esfuerzo de sinergias, los gobiernos asuman que poner fin a la violencia contra la niñez y la adolescencia es fundamental; asimismo, que se comprometan a implementar de manera prioritaria y urgente acciones concretas que atiendan dicha problemática.

El compromiso derivado de la firma de la Alianza, está dirigido a todos los sectores de la sociedad, pero principalmente a las personas del servicio público y a quienes toman decisiones, por ser ésta una oportunidad para visibilizar, sensibilizar y tomar conciencia sobre la realidad mundial en la que se estima que cada 5 minutos un menor muere a causa de violencia.1 También, para comprometerse, poner en acción el compromiso y articular a todos los sectores de la sociedad para actuar contra la violencia.

Segunda. El 12 de julio de 2016, en la máxima tribuna de la sede de las Naciones Unidas, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong en representación del gobierno mexicano, formalizó la participación de México como país pionero –junto con Suecia, Tanzania e Indonesia– en la Alianza Global para Poner Fin a Todo Tipo de Violencia contra la Niñez.

En ese acto y en el marco de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como de los Objetivos Nacionales de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a 2005 y los Objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, estableció de primera instancia cuatro estrategias a seguir: I. El fortalecimiento del Sistema Nacional y los Sistemas Estatales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes; II. El fortalecimiento de la Procuraduría Federal y las Procuradurías Estatales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en cada entidad federativa; III. La elaboración de datos, estadísticas e indicadores sobre violencia contra la infancia, a efecto de sustentar objetivamente las acciones en la materia; IV. Fomentar entornos seguros con estrategias de atención y prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes tanto en el ámbito público como en el privado.

Tercera. Al tenor de lo señalado y con el objetivo de dar cumplimiento a los compromisos asumidos en la alianza, se estableció una metodología de trabajo que implicó las siguientes fases: 1. La convocatoria de diferentes sectores de la administración pública federal, instituciones y organizaciones de la sociedad civil para dar pie a la creación e instalación de la Comisión para Poner Fin a todo tipo de Violencia (Comprevnna), que estaría encabezada por el comisionado nacional de Seguridad y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y que, a su vez, sería la encargada de articular los trabajos para dar cumplimiento a los compromisos de la alianza; 2. Elaboración del Plan de Acción de México para poner fin a todo tipo de Violencia; y 3. Ejecución e implementación a través de proyectos piloto en Baja California Sur, Guerrero y Tamaulipas a fin de generar la información necesaria para la implantación del plan en el resto de los estados del país.

Cuarta. El 28 de junio de 2017 se convocó a la primera sesión ordinaria de la Comprevnna. El tema principal fue la aprobación del Plan de Acción de México en el que participaron 24 OSC, 31 instancias de gobierno federal, organismos autónomos, el poder legislativo y dos investigadoras adscritas a universidades.

Posteriormente, el 2 de agosto del mismo año se lanzó del Plan de Acción de México en el que a través de siete áreas estratégicas para la prevención y atención de la violencia, 1. La implantación y vigilancia del cumplimiento de las leyes; 2. Normas y valores; 3. Seguridad en el entorno; 4. Padres, madres y cuidadores reciben apoyo e ingresos y fortalecimiento económico; 5. Respuesta a los servicios de atención y apoyo; 6. Educación y aptitudes para la vida; y 7. Estrategias transversales, se buscó delimitar prioridades y establecer acciones para cada uno de los actores, que pusieran fin a cualquier forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes.

Sin embargo y a casi dos años de la firma de la alianza, el seguimiento e impulso de los trabajos de la alianza a través de la Comprevnna han sido escasos y desconcertantes ante la realidad que viven niñas, niños y adolescentes en un país como México en el que 6 de cada 10 niños y adolescentes han experimentado al menos un método de disciplina violenta –agresión psicológica o castigo físico;2 uno en donde aún 3 estados de la república permiten el matrimonio infantil o uno donde se estima que al menos 3 menores son asesinados cada día.

Quinta. La necesidad de conferir prioridad al tema de la violencia contra la niñez y la adolescencia, se debe no sólo a que México y de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, se posiciona en los primeros lugares a nivel mundial en abuso sexual infantil, turismo sexual infantil, difusión de pornografía infantil y en embarazo en adolescentes, sino a que se trata de un tema que está afectando a todos los sectores de la sociedad, ricas y pobres y que está propiciando un quebrantamiento social que se ve traducido en el entorno de violencia generalizada a lo largo del país.

Resulta alarmante que hoy, la familia represente a menudo, el principal entorno de inseguridad para los menores ya que 60 por ciento de los casos3 de violencia que se registran contra niñas, niños o adolescentes son cometidos por algún miembro de la familia.

Es inevitable mantenerse inerte ante el sin número de casos que día con día exhiben la incapacidad del Estado por priorizar en la agenda nacional la seguridad e integridad de la niñez y la adolescencia en México y en cambio, la de la persecución del narcotráfico o la militarización del país. No se debe ser tan indiferente ante casos como

• El de Valeria, la niña de 11 años quien tras ser enviada por su padre en transporte público para protegerla de lluvia, fue secuestrada, violada y asesinada en Nezahualcóyotl.

• La niña de las calcetas rojas, de 5 años de edad, violada y asesinada a golpes en Nezahualcóyotl.

• La casa hogar Domingo Sabio, en Puebla, donde la autoridades rescataron a 33 niños y 10 jóvenes que eran víctimas de abuso sexual de su director, el sacerdote Tomás Armando Durán Martínez, quien a su vez tenía orden de aprehensión en Yucatán por corrupción de menores y violación equiparada.

• Mara, la joven que fue violada por el conductor de un servicio de taxis privados de Cabify y posteriormente hallada sin vida, por mencionar algunos.

O el sinnúmero de casos que a diario llegan a las instancias del Ministerio Público para activar los protocolos de búsqueda como la Alerta Amber, pero que debido a la excesiva burocracia o falta de sensibilidad del personal para atender los casos, dejan transcurrir las horas poniendo en peligro la integridad de los menores bajo el argumento de que si se trata de alguna niña u adolescente, seguramente “se fue de pinta” o “está con el novio”, ya sin mencionar la limitada disposición de las autoridades para abrir una carpeta de investigación. Hechos que han generado que se estime que cada hora desaparecen de tres a cuatro menores para ser víctimas de delitos como la trata.4

Sexta. Es menester recordar que aunque la erradicación de la violencia contra este sector de la población fue una de las prioridades delimitadas en el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan de Acción nacional en alineación con la iniciativa del gobierno federal 25 al 25 y los Objetivos Nacionales de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los hechos lo contravienen y esto también se ve materializado con la falta de presupuesto para la ejecución de las políticas públicas que atiendan a la niñez; no sólo en materia de erradicación de la violencia, tema para el cual, el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018 presentó recortes de hasta 64 por ciento, sino en otros tantos como lo son los programas para la atención y prevención de enfermedades o los relacionados con la calidad en la educación, mismos que forman parte del grupo de los 23 programas presupuestarios del anexo 18 que tuvieron decrementos. Los esfuerzos fallidos del gobierno en materia de niñez, como la falta de presupuesto para atender esta problemática, también representa violencia institucional contra este sector de la población.

Finalmente y ante el gran ausente –atención de la violencia contra niñas niños y adolescentes– en los avances presentados en la tercera sesión del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del pasado mes de diciembre y tomando en cuenta que México se comprometió a dar evidencia y ejemplo de que su voluntad política se traduce en acciones públicas, concretas, medibles y que a corto plazo contribuyan a identificar, prevenir, atender y dar respuesta a la violencia contra la niñez y la adolescencia, resulta imperante dar continuidad a uno de los grandes esfuerzos como lo son los trabajos de la Alianza Global para poner fin a todo tipo de Violencia, a través de la Comisión para Poner Fin a todo tipo de Violencia y así implantar y ampliar a todo el país, los programas que contribuyan a poner fin a la violencia contra niñas, niños y adolescentes.

Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Comisión Nacional de Seguridad a urgir y priorizar las sesiones ordinarias y avances de la Comisión para Poner Fin a toda Forma de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes, en el marco de la firma de la Alianza Global para Poner Fin a Todo Tipo de Violencia.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al secretario de Gobernación información relativa a las acciones para erradicar todas las formas de violencia contra la niñez y la adolescencia y de sus resultados actualizados al mes inmediato anterior.

Notas

1 Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, 2016.

2 ENIM: 2015

3 Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (2016). [Electrónico. Recopilado de http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/salud/CartillaCEAV.pdf]

4 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2015).

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 10 de enero de 2018.

Diputado Rafael Hernández Soriano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SEP y el Consejo Nacional de Protección Civil, en coordinación con sus homólogas de las 32 entidades federativas, a actualizar y diseñar un nuevo plan de protección civil escolar para prevenir contingencias que pongan en peligro a alumnos, docentes y personal administrativo, suscrita por los senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los fenómenos naturales se han vuelto cada vez más frecuentes y violentos en el mundo, en gran medida por la influencia negativa de la actividad humana al medio ambiente, ya sea por el constante crecimiento de la población y de las ciudades, por la expansión industrial que está arrasando con todos los recursos naturales, como por la ausencia de políticas ecológicas contundentes que contrarresten los efectos de la contaminación.

En este contexto, para mediar todos aquellos efectos colaterales causados por desastres naturales o por la mano del hombre, se han implementado planes de protección civil, los cuales se han con la finalidad de proteger la integridad y patrimonio de las personas.

Para comprender con mayor amplitud el concepto de Protección Civil es conveniente mencionar que surge a raíz de la Primera Guerra Mundial, mediante la firma realizada por la Organización de Naciones Unidas en 1949 del Protocolo 1, adicional al Tratado de Ginebra, que establece: “Se entiende por Protección Civil el cumplimiento de algunas o todas las tareas humanitarias destinadas a proteger la población contra los peligros de las hostilidades y de las catástrofes y a ayudarla a recuperarse de sus efectos inmediatos, así como facilitar las condiciones necesarias para su supervivencia”.1

Dicho plan contempla diversas tareas encaminadas a reducir el número de pérdidas humanas por algún acontecimiento que ponga en peligro la vida como la implementación de servicios de alarma, estrategias de evacuación y salvamento, habilitación y organización de refugios, lucha contra incendios, detección y señalamientos de zonas peligrosas, solo por mencionar algunas.

Los grupos de Protección Civil se encuentran conformados por la participación de la ciudadana que con antelación son preparados para actuar ante una catástrofe, con la finalidad de brindar apoyo a los servicios de emergencia y sirvan en la organización de la ciudadana antes, durante y después de cualquier contingencia.

En México, desastres como la erupción del volcán Chichonal en Chiapas (1982), la explosión de tanques de almacenamiento de gas en San Juan Ixhuatepec, Estado de México (1984) y los sismos del 19 y 20 de septiembre en la Ciudad de México (1985), son el antecedente inmediato de la creación del Sistema Nacional de Protección Civil (1986), creado con el objeto de dar una respuesta civil a emergencias de esta índole y desarrollar la cultura necesaria de prevención y autoprotección en toda la población.

La mayoría de muertes a causa de desastres naturales se deben a eventos meteorológicos, en especial, inundaciones, tormentas y olas de calor, pero otra parte significativa se presentan por eventos geofísicos extremos, como terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas.2

Asimismo, la Asamblea General de la ONU designó el 13 de octubre como “Día Internacional para la Reducción de los Desastres”, con el propósito de crear conciencia a los gobiernos y a la población en general para que tomen medidas encaminadas a minimizar los riesgos.

Es importante mencionar que de acuerdo con el Centro Británico de Geociencia, todos los años ocurren un promedio de 15 terremotos de magnitud superior a 7 y la Facultad de Ciencias Naturales de Imperial College, en Londres, indica que el promedio de huracanes en el Atlántico es de 6.2.3

Ante el alcance que tienen los desastres naturales, es indispensable que en todo lugar exista un plan de contingencia que brinde cierta seguridad a la integridad de las personas, ya sea desde los centros de trabajo (lugar donde la mayoría de las personas converge todo el día), las instituciones educativas (especialmente los niveles básicos y medio superior), así como en los distintos establecimientos donde exista una gran afluencia de gente.

En este sentido y derivado de los terremotos del 7 y 19 de septiembre de 2017, que afectaron a los estados en Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala, surgieron varios estudios sobre el nivel de afectaciones y las medidas que deben ser adoptadas frente a futuras eventualidades que pongan en peligro la vida de las personas.

El Instituto Belisario Domínguez del Senado de la Republica, elaboró un estudio llamado “El sistema escolar ante los sismos de septiembre de 2017”, que indica que de acuerdo con el último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2013, de los edificios construidos con fines educativos el 23% no cumple con las especificaciones técnicas de construcción y de materiales para techos.4

El Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de la Educación Básica y Especial (CEMABE) de 2013, detectó que poco más del 52% de los inmuebles no cuenta con un plan de protección civil; el 33.8% de las escuelas no cuentan con Comité de Protección Civil y Emergencia Escolar (en promedio); y solo el 43.1% de los inmuebles escolares del país tienen rutas de evacuación.

Para dimensionar la importancia de este asunto, basta señalar que el total de alumnos que estudian la educación básica asciende a casi 26 millones, mientras que en educación media superior suman poco más de 5 millones de estudiantes.

Ante este panorama, resulta urgente que la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con el Consejo Nacional de Protección Civil, actualicen e implementen en los casos que se requiera, los planes de Protección Civil en todas las instituciones educativas de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) y nivel medio superior, con el fin de preparar a la comunidad estudiantil, contra contingencias de gran magnitud, como las ocurridas en el pasado mes de septiembre.

Por lo anteriormente expuesto, es que acudimos a esta honorable asamblea a proponer el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y al Consejo Nacional de Protección Civil para que, en coordinación con sus homólogas en las 32 entidades federativas y en el ámbito de sus atribuciones, actualicen y, en su caso, diseñen un nuevo plan de protección civil escolar, con el objeto de prevenir contingencias futuras que pongan en peligro a los alumnos, docentes y personal administrativo.

Notas

1 http://www.proteccioncivil.bellasartes.gob.mx/quienes-somos/historia-de -la-proteccion-civil.html

2 http://www.un.org/es/events/disasterreductionday/index.shtml

3 http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/desastres-naturales-mas-frecuentes -en-2017.html

4 http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/3764/
reporte_50_221117_web%20%282%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Dado en el salón de sesiones de la H. Comisión Permanente, a los 10 días del mes de enero del año dos mil dieciocho.

(rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la comparecencia de los titulares de la SHCP y la SE sobre las acciones y previsiones del Estado mexicano ante la posible de salida de EUA del TLCAN, a cargo del senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, senador Isidro Pedraza Chávez, integrante de la LXIII Legislatura del honorable Senado de la República, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 8, fracción II del Reglamento del Senado de la República somete a la consideración de esta representación soberana la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Toda vez que esta por dar inicio la sexta ronda de negociaciones con miras a la renovación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y en vista de que el año que inicia será uno de tremendos desafíos para la economía de las familias mexicanas el Estado mexicano debe brindar claridad sobre las acciones que se lleven a cabo para proteger los flujos de capitales, la inversión, el crecimiento y el ingreso de las familias.

En la coyuntura actual se identifican tres fuentes de incertidumbre económica: la volatilidad del tipo de cambio, el proceso electoral de 2018 y la renegación del TLCAN. En este contexto, la propiedad para la política económica mexicana debe estar definida por salvaguardar la competitividad y la estabilidad.

El principal motivo para insertar a la economía mexicana en TLCAN fue aumentar el nivel de vida de la sociedad mexicana que, como consecuencia de los periodos de elevada inflación, deterioró de la balanza comercial, depreciación del tipo de cambio y la crisis de deuda, había empeorado. Así en 1994 entra en vigor el citado tratado, que pretendía dejar atrás el modelo de desarrollo proteccionista con fuerte intervención del Estado, para ser sustituido por uno donde se minimizaban las restricciones al comercio internacional y se reducía la injerencia estatal al mínimo necesario. El TLCAN representó la promesa generacional de un futuro donde la apertura comercial con el principal mercado del mundo significaría un mayor crecimiento, productividad y generación de empleos, de haberse cumplido lo anterior México ya estaría consolidado dentro del selecto grupo de países desarrollados con niveles de ingreso y de bienestar similares a nuestros socios comerciales dentro de este tratado. La idea detrás del TLCAN fue que el crecimiento y el desarrollo económico a la vuelta del siglo XXI no se podía entender sin considerar al comercio internacional ni la integración económica, sobre todo después de que la segunda mitad del siglo XX que presenció la reconstrucción y repunte de Europa cimentada en las instituciones regionales y los tratados comerciales que a lo largo de medio siglo dieron como resultado la Unión Europea, la más exitosa experiencia de integración económica y de incremento de prosperidad en la historia de la humanidad.

El saldo del TLCAN, actualmente, para México es haberse consolidado como el tercer socio comercial de los Estados Unidos de América (EUA), solamente durante el año 2015, el comercio entre ambos países ascendió a casi los 533,876 millones de dólares, cifra que es equivalente a casi un millón de dólares por minuto; de manera ininterrumpida desde la entrada en vigor del TLCAN, las economías de ambos países han crecido y prosperado. Actualmente la región económica de Norteamérica es la primera economía del mundo, por encima de la Unión Europea o China1 . Esta situación es latente entre los ciudadanos que se han beneficiado, ejemplo de ello, son 14 millones de empleos estadounidenses que dependen directamente de este tratado comercial. La frontera entre ambos países es el corredor más importante del mundo con 350 millones de cruces fronterizos documentados en 330 puntos de entrada. Hay 36.9 millones de mexicanos y mexicoamericanos en EUA (equivalente a la población entera de nuestro tercer socio, Canadá), de los cuales casi 80 por ciento o son ciudadanos estadounidenses o inmigrantes documentados.

En promedio el crecimiento promedio anual del comercio ha sido de 8.8 por ciento, desde 1994 y hasta 2015 el comercio bilateral ha aumentado 4.8 veces, aunque el crecimiento por periodos fue mayor al inicio, de 1996-2000, el ritmo se recuperó de 2011 a 2015. (Véase Tabla 1).

Tabla 1. Crecimiento del Comercio de México a Estados Unidos por promedios de cinco años

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial. World Development Indicators. Consultado el 20 de diciembre de 2017 en http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators

Además, en el periodo el comercio ha sido superavitario para México desde la entrada en vigor del TLCAN (Gráfico 1).

Gráfico 1. Importaciones y exportaciones mexicanas desde/hacia EUA como porcentaje del producto interno bruto (PIB)

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial. World Development Indicators. Consultado el 20 de diciembre de 2017 en http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators

No obstante, el incremento del comercio y la relevancia global de la región norteamericana es necesario reconocer que no todas las expectativas del TLCAN se cumplieron, en lugar de presentarse la convergencia entre los niveles de vida entre los países se fortaleció la divergencia que ha mermado el potencial de crecimiento de la región norteamericana.

El tratado consolidó la implementación del modelo de liberalización comercial y constituyó un elemento central en el proceso de transformación para la implementación de una economía de mercado. Fue visto como un instrumento de crecimiento económico y el vehículo para generar un mayor número de empleos.2 Desde el enfoque tradicional para evaluar la integración, el estático, y dentro del marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) los países firmantes han presenciado cambios cualitativos y cuantitativos en su patrón de comercio. Hasta la fecha, se encuentra evidencia de un incremento del comercio entre los tres países, una concentración de los productos comerciados y de los mercados a los que se comercian (lo anterior cierto para México y Canadá, pero no para los EUA)3 . En este sentido, se puede afirmar que el

“...TLCAN no se trató solamente de una herramienta económica y jurídica de corto plazo para crear empleos, fomentar el comercio y atraer la inversión, sino que además representó un factor importante para su modernización e inserción en las economías desarrolladas” (Gracia-Hernández, 2010: 128).

La quinta ronda de negociaciones del TLCAN se llevó a cabo del 15 al 21 de noviembre en la Ciudad de México. Los negociadores han intentado disminuir la tensión al ampliar el plazo de la renegociación hasta el mes de marzo, sin embargo, al finalizar la quinta ronda y en vista de que no se han tratado los temas medulares, las tensiones no se han disipado. México y Canadá culpan a EUA de hacer poco por hacer progresar la negociación, este último les reprocha falta de interés por incluir las provisiones necesarias para el buen término de los trabajos.

Se lograron avances en materia de telecomunicaciones, la cláusula de terminación, procedimientos aduanales, medidas sanitarias y fitosanitarias, empresas de propiedad estatal y comercio electrónico.

México y Canadá han rechazado las propuestas estadounidenses en los temas centrales: mecanismo de solución de controversias, lácteos, aranceles agrícolas mensuales, proveeduría gubernamental y los contenidos regionales del sector automotriz. Según palabras del representante comercial de EUA, Robert Lighthizer, “Hasta el momento, no hemos visto evidencia de que Canadá o México estén dispuestos a comprometerse seriamente con disposiciones que conduzcan a un acuerdo equilibrado...” y cito que el impacto de la actualización del TLCAN “... promoverá mayor prosperidad para los trabajadores estadounidenses, granjeros, rancheros y empresarios, y fortalecerá la región norteamericana en su conjunto”.

Las constantes amenazas del presidente Trump por finalizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) parecen estar más cerca de concretarse que nunca. La estrategia es vender la escisión como una victoria y transferir el costo político a México y Canadá.

La cuestión radica en la capacidad del presidente Trump para dar por terminado el tratado. Aunque el artículo 2205 del TLCAN señala que cualquier miembro puede decidir salirse del tratado previo aviso con 6 meses de antelación, en materia de acuerdos comerciales el congreso estadounidense tiene la última palabra. Debido a esto es posible que el congreso estadounidense se niegue a formalizar la salida de los EUA del TLCAN.

El estado de la negociación por temas es el siguiente:

Reglas de origen en el sector automotriz. La propuesta estadounidense para aumentar los contenidos norteamericanos (62.5 por ciento actualmente) pasa por un incremento del contenido estadounidense (50 por ciento), implica que el comercio automotriz puede quedar excluido de los aranceles a tasa cero del TLCAN toda vez que las empresas decidirían no preocuparse por tratar de cumplir con estos contenidos sino ajustarse a las tasas del país más favorecido. Los contenidos regionales son una necesidad para la economía global, los contenidos nacionales van contra la naturaleza del tratado.

Proveeduría gubernamental. La apertura de la proveeduría gubernamental ha sido una parte medular de la liberalización comercial. EUA pretenden dar marcha atrás a esta política al proponer que los montos de los contratos asignados a los empresarios de México y Canadá estén en función de la proporción de sus economías en la región. México presentó contrapropuesta para vincular los contratos gubernamentales al tamaño de los contratos que las empresas mexicanas cierran en EUA.

Capítulo 19 y 20 de solución de controversias. El mayor problema es el proceso de selección del panel de solución de controversias, aparentemente EUA pretenden “suavizar” el proceso. No se conocen los detalles, pero es difícil imaginar que esta medida sea beneficiosa toda vez que las propuestas para fortalecer el mecanismo van en el sentido contrario buscando evitar la discrecionalidad.

La sexta ronda de negociaciones se llevará a cabo del 23 al 28 de enero en Montreal, Canadá y al mismo tiempo y como una estrategia de negociación, Canadá y México están buscando concretar acuerdos comerciales con otros países y bloques, el gobierno mexicano debe tener un plan de acción en materia de política económica ante la posible terminación del tratado.

La emergencia de la terminación se empalma con el presupuesto de EUA presentado y aprobado por la administración de Trump donde se propone una serie de deducciones impositivas basadas en la premisa de que menores impuestos generaran mayor crecimiento económico. Esperan reducir los ingresos por impuestos en 1.5 billones de dólares a lo largo de diez años y reducir el déficit, esto será muy difícil de lograr. Para 2018 se esperan ingresos por 3 mil 654 billones de dólares y egresos por 4 mil 94 billones, con un déficit pronosticado de 440 billones de dólares. Los aspectos centrales en materia de ingresos y de mayor relevancia para la economía mexicana son:

• Se crea una nueva estructura fiscal para pequeñas empresas. Se limita la tasa impositiva a 25 por ciento.

• Se disminuye la tasa impositiva corporativa. Con el fin de crear empleos y promover la competitividad se reduce la tasa a 20 por ciento, menor que 22.5 por ciento promedio del mundo industrializado.

• Se permite considerar el gasto de capital como deducible por lo menos durante 5 años.

• Se pretende crear un modelo de competitividad que permita terminar con los incentivos a la subcontratación internacional. Nivela el campo impositivo de las compañías estadounidense y trabajadores.

• Disminuir las tasas impositivas para individuos y familias. Se reducirán los grupos impositivos de 7 a 3. Con tasas de 12 por ciento, 25 por ciento y 35. Actualmente la tasa más alta es de 39.6 por ciento y la menor de 10 por ciento.

• Duplica la deducción y mejora el crédito fiscal por infante.

• Elimina cuellos de botella para los más acaudalados y protege las provisiones fundamentales para la clase media. Buscando proveer simplicidad y justicia, se eliminan deducciones específicas que utilizan principalmente los más acaudalados, pero se mantienen los incentivos fiscales para los intereses por hipotecas, contribuciones caritativas, trabajo, educación superior y seguridad en el retiro.

Por lo anteriormente expuesto, y reconociendo que el libre comercio es beneficioso para el país, es necesario que desde el Senado de la República se salvaguarden los éxitos de la integración norteamericana con las previsiones necesarias ante los golpes externos como el paquete fiscal de la administración Trump. En vista de esto, considero absolutamente necesario se dé cuenta al Congreso de la Unión de las acciones y previsiones del Estado mexicano ante la posible terminación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, así como la propuesta fiscal potencial para hacer frente al paquete fiscal estadounidense que permita mitigar el impacto sobre los flujos de capitales, inversión y crecimiento de la economía.

Esto es una oportunidad para el Estado mexicano para impulsar una política industrial y comercial y agropecuaria, más concentrada en el mercado interno sin descuidar la diversificación de nuestras exportaciones al resto del mundo. Como estado estamos en la obligación de defender el interés nacional y los avances alcanzados en la relación comercial con EUA y Canadá, esta es la postura que debemos asumir en el proceso de renegociación del TLCAN. Independientemente de los tiempos electorales, es el momento de empezar a evaluar escenarios alternativos, somos una país rico en recursos naturales y capital humano, y no podemos esperar que el destino de la nación dependa de otros, mucho menos una negociación bajo condiciones no favorables para nuestra economía y nuestra nación, que vive en la región del TLCAN.

Por lo anteriormente fundado y motivado someto a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Economía para dar cuenta de las acciones y previsiones del Estado mexicano ante la posibilidad de salida de Estados Unidos de América del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, así como las acciones de una política fiscal alternativa para hacer frente al paquete fiscal estadounidense que permita mitigar la salida de capitales y reactivar el crecimiento interno de nuestra economía.

Notas

1 El área del TLCAN en 2015 tuvo un producto de 21,700,023 millones de dólares, el de China fue de 19,524,348 y la Unión Europea de 19,137,699. Banco Mundial (2015)

2 Cruz, J. y Herrera, P. (2011). El empleo en México. Del modelo de sustitución de importaciones (ISI) al modelo de libre mercado. En Economía y Sociedad, 17(27), 49-63. Consultado en: http://www.redalyc.org/pdf/510/51021186004.pdf Fecha de consulta: 05 de abril de 2017.

3 World Bank. (2016). World development indicators 2015. Washington, DC: World Bank.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 10 de enero de 2018.

Senador Isidro Pedraza Chávez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Inmujeres y sus homólogos en las 32 entidades federativas a instaurar protocolos para prevenir y sancionar el hostigamiento, acoso sexual y todo tipo de violencia hacia las mujeres, suscrita por los senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, Senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El acoso y hostigamiento sexual hacia las mujeres es una forma de violencia que prevalece tanto en la esfera pública como privada. Es un fenómeno social, histórico y universal que tiene una conceptualización fuertemente enraizada en la cultura imperante y que aumenta debido a la falta de conocimiento o información y de actitudes como el secretismo, la vergüenza y la ausencia de denuncias.

En todo el mundo, entre 50 por ciento y 100 por ciento de las mujeres y niñas sufren acoso sexual y otras formas de violencia sexual en los espacios públicos, incluyendo las calles, la escuela, lugares de trabajo, parques y espacios abiertos, entre otros

Tanto la mujer como el hombre pueden ser víctimas de acoso u hostigamiento; sin embargo, es más frecuente que estas prácticas predominen entre las mujeres. Puede definirse al acoso sexual como “una forma de violencia con connotación lasciva en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos”.

El hostigamiento sexual, por su parte, implica una agresión ejercida a través de las relaciones laborales y se asocia con un premio o con un castigo. Ocurre cuando una persona con jerarquía superior a otra solicita favores sexuales a cambio de beneficios en el trabajo, ascensos o aumentos de salario y de cuya negación se originan represalias o despido.

Es una práctica que impide y obstaculiza el pleno desarrollo de las mujeres en la sociedad y, en particular, en el ámbito laboral implica una transgresión a los derechos humanos que niega el principio de la igualdad de trato y de oportunidades en el trabajo. Además, es uno de los tipos de violencia contra las mujeres más difíciles de combatir, ya que en muchos casos no existe un delito evidente que perseguir ni evidencias palpables que sirvan para iniciar un procedimiento jurídico.

Los efectos negativos del hostigamiento y acosos sexual son diversos, atentan contra la integridad física, psicológica y aun económica de las personas; limitan su derecho a trabajar en un ambiente sano, digno y seguro, y sus oportunidades de desarrollo profesional; socava su confianza y autoestima al generarles un estado de permanente tensión emocional; además de que disminuye su rendimiento y aumenta los riesgos de accidentes laborales.

Con base en fuentes periodísticas, en la última década se han presentado 780 denuncias por acoso, hostigamiento sexual y laboral, las cuales, en su mayoría concluyen con sanciones mínimas, como suspensión de días de trabajo, amonestaciones verbales en privado, reubicaciones o disculpas a la persona agredida.

Las denuncias por acoso sexual van en aumento ya que en 2013 hubo 24 quejas, en 2014 se registraron 84, cifra que subió en 2015 al sumar 237 acusaciones y en 2016 disminuyó de manera ligera, al tener 230. Hasta octubre del año pasado se habían registrado 131 casos.

Con base en los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las relaciones en los Hogares 2016, de las mujeres que han trabajado, 27 de cada 100 ha experimentado algún acto violento, principalmente de tipo sexual y de discriminación por razones de género o por embarazo. Las agresiones ocurridas en las instalaciones del trabajo, los últimos 12 meses fueron: 48.4 por ciento emocionales, 47.9 por ciento agresiones sexuales y 3.7 por ciento agresiones físicas.

En México se han implementado diversos mecanismos con la finalidad de atender esta problemática que atenta contra los derechos hacia las mujeres. Destaca el Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual, publicado en el Diario Oficial el 31 de agosto del 2016, el cual establece una serie de obligaciones y medidas a ejecutar en las instituciones de la Administración Pública Federal. Establece también los lineamientos de atención y prevención, así como mecanismos para la denuncia segura y atención especializada a las víctimas durante el proceso.

No obstante, aún es necesario trabajar en la materia, sobre todo, ante el aumento de los índices en materia de acoso. Es fundamental que organismos como el Instituto Nacional de las Mujeres, en coordinación con las dependencias de la administración pública federal y local, fortalezcan y, en su caso, instrumenten los protocolos para prevenir y sancionar el hostigamiento y acoso sexual y todo tipo de violencia hacia las mujeres.

La prevención es el mejor enfoque de este problema, por ello se requiere que se tomen medidas en los diferentes niveles de gobierno, así como a nivel institucional, sindical y social para trabajar en la erradicación del hostigamiento y acoso sexual que puede afectar tanto a hombres como a mujeres.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el presente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional de las Mujeres, a sus homólogas en las 32 entidades federativas, para que, en coordinación con las dependencias de la administración pública federal y local, fortalezcan y, en su caso, instrumenten los protocolos para prevenir y sancionar el hostigamiento y acoso sexual y todo tipo de violencia hacia las mujeres.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a las dependencias y entidades públicas de los tres órdenes de Gobierno, a fortalecer y, en su caso, instrumentar los protocolos para prevenir y sancionar el acoso sexual y todo tipo de violencia hacia las mujeres.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 10 días del mes de enero del año dos mil dieciocho.

(rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al INE a tomar medidas para que las personas con discapacidad voten en las elecciones de 2018, y garantizar el pleno goce de sus derechos políticos, suscrita por la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, María Luisa Beltrán Reyes, diputada del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXIII Legislatura, de la Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición, con base en los siguientes

Considerandos

De acuerdo con la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, presentada en el año 2001, las personas con discapacidad “son aquellas que tienen una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales y que al interactuar con distintos ambientes del entorno social pueden impedir su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones a las demás”.1

Por otro lado, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad define, en su fracción XXI, del artículo 2, a las personas con discapacidad como aquellas que, por razón congénita o adquirida, presentan una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal y que, al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás.

Según la Organización Mundial de la Salud, más de mil millones de personas, o sea, un 15% de la población mundial, padece alguna forma de discapacidad.2

En México, de acuerdo con datos del Inegi, la prevalencia de personas con algún tipo de discapacidad, hasta el 2014, fue de alrededor de un 6%, es decir, 7.2 millones de mexicanos son discapacitados; siendo las dificultades para caminar y para ver, los casos más reportados.

En la actualidad, la discapacidad ha cobrado importancia, por múltiples factores; entre ellos destacan: evitar la discriminación y reconocer que la población que vive con esta condición también goza de los mismos derechos que el resto.3

Los derechos político-electorales forman parte de los derechos fundamentales de los que las personas con discapacidad deben tener acceso y, por ende, se les debe garantizar.

Tal como lo señala el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los derechos político-electorales se pueden entender como “el derecho de toda persona a participar en el gobierno de su país, sea directamente o por medio de representantes libremente elegidos, y a tener acceso en igualdad a las funciones públicas, siendo la voluntad del pueblo, expresada en elecciones auténticas y periódicas por sufragio universal, igualitario y secreto, la base de la autoridad del poder público”.4

Los derechos políticos de los ciudadanos mexicanos se encuentran establecidos en las fracciones I, II y III del artículo 35, así como en el párrafo segundo de la base I del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se enuncia el derecho a votar, ser votados, de asociación y de afiliación política.

Tal como se mencionó anteriormente, las personas con discapacidad cuentan con los mismos derechos que una persona que no tiene alguna deficiencia a nivel físico o intelectual; lamentablemente, el escenario al que se enfrentan miles de ciudadanos con discapacidad resalta por el grado de desigualdad en el que se ven inmersos, pues históricamente han sido excluidos de su derecho a votar y ser votadas; a pesar de los esfuerzos realizados por el INE y las modificaciones a las legislaciones vigentes, el nivel de participación en el proceso electoral por parte de este grupo de la población es casi nulo.

Una obligación que adquirió nuestro país, y que se encuentra plasmada en el artículo 29 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es:

“[...] garantizar a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones, así como:

a) Asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente o a través de representantes libremente elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser elegidas, entre otras formas, mediante:

i. La garantía de que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar;

ii. La protección del derecho de las personas con discapacidad a emitir su voto en secreto en elecciones y referéndum públicos sin intimidación, y a presentarse efectivamente como candidatas en las elecciones, ejercer cargos y desempeñar cualquier función pública a todos los niveles de gobierno, facilitando el uso de nuevas tecnologías y tecnologías de apoyo cuando proceda;

iii. La garantía de la libre expresión de la voluntad de las personas con discapacidad como electores y a este fin, cuando sea necesario y a petición de ellas, permitir que una persona de su elección les preste asistencia para votar; 5

Por su parte la Ley nacional en la materia menciona, en la fracción IX del artículo 6 que dentro de las facultades del Titular del Poder Ejecutivo Federal en la materia se encuentra:

IX. Fomentar la integración social de las personas con discapacidad, a través del ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

El 2018 es un año decisivo en materia política, pues se elegirá a 128 senadores, 500 diputados, al Presidente de la República y, en algunas entidades, serán renovadas gubernaturas, congresos locales y presidencias municipales. El proceso electoral ya inició, hoy día diversos precandidatos se encuentran realizando precampañas para ser elegidos por los militantes de sus partidos, a fin de competir por un cargo público el próximo 1 de julio.

En México viven 5 millones 739 mil 270 personas con discapacidad, lo que equivale a 5.1% de la población, de acuerdo con datos del Inegi; aunado a lo anterior, 81 de cada 100 personas con alguna discapacidad no cuentan con algún tipo de impedimento, dentro de su propia discapacidad, que no les permita ejercer sus derechos político electorales, de acuerdo con lo que establece la Constitución.

Resulta imperioso que en la próxima jornada electoral se aliente la participación electoral de las personas con discapacidad a través de campañas de promoción y de la garantía de accesibilidad plena, tanto en el ejercicio del voto activo como del pasivo, con el objetivo de que exista una mayor participación de este sector poblacional que forma parte de los sectores más vulnerables del país y que, en muchos escenarios, son víctimas de discriminación.

El ejercicio del voto es un derecho y un deber dentro del sistema democrático de nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes, exhorta, respetuosamente, al Instituto Nacional Electoral, a que tome las medidas pertinentes que permitan a las personas con algún tipo de discapacidad emitir su voto el día de la jornada electoral de este año 2018, y garanticen el pleno goce de sus derechos políticos en dicho proceso.

Referencias

1 Cámara de Diputados. (2015). Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 3/01/2018, de Cámara de Diputados Sitio web:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD_171215 .pdf

2 Organización de las Naciones Unidas. (2006). Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad . 4/01/2018, de Organización de las Naciones Unidas Sitio web:

http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.p df

3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2010). Discapacidad. 5/01/2017, de Inegi Sitio web:

http://www.beta.inegi.org.mx/temas/discapacidad/

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 10 de enero del 2018.

Diputada María Luisa Beltrán Reyes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a investigar y auditar los recursos ejercidos por la administración de Graco Luis Ramírez Abreu en el proceso de reconstrucción de viviendas e infraestructura carretera, educativa y de telecomunicaciones por las afectaciones derivadas de los sismos, suscrita por los senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Derivado de los sismos del pasado mes de septiembre de 2017, por lo menos 15 mil 704 viviendas presentaron daños severos en el estado de Morelos, entre los municipios más afectados se encuentran Cuernavaca, Tetecala, Miacatlán, Yecapixtla, Jiutepec, Cuautla, Xochitepec, Axochiapan, Yautepec, Tlayacapan, Jojutla y Zacatepec.

En Jojutla se ha reportado el desplazamiento forzado de personas, debido a que no ha sido posible la reactivación de las actividades económicas y son nulos los apoyos por parte del gobierno del estado para superar los daños económicos, físicos y emocionales de la población. No obstante, las medidas emprendidas por el estado no han sido eficientes.

Desde un inicio se documentó la retención de víveres, su uso con presuntos fines electorales y la nula transparencia en su entrega a las personas y a las comunidades más necesitadas.

Diversos medios de comunicación documentaron como trabajadores de la policía y de transito de la entidad, obligaban a los choferes de tráileres, camionetas y autos particulares a descargar las despensas y otros víveres como agua embotellada, comida enlatada, cobijas y ropa etcétera, enviados por parte de la población en general y organizaciones de la sociedad civil en las bodegas del DIF estatal.1

Además se denunciaron amenazas y actos de amedrentamiento hacia los empresarios que apoyaran a los damnificados de manera directa, obligándoles a dar su apoyo al gobierno estatal para que fueran ellos quienes lo entregaran. Por estas anomalías la Comisión Nacional de los Derechos Humanos inició una serie de averiguaciones para deslindar responsabilidades en la obstrucción de ayuda y arrebato de víveres.

Existen indicios de que se condicionó la ayuda, ya que para recibir alguna dispensa se solicitaba la entrega de la credencial de elector, este requisito además de ser violatorio a nuestro entrado jurídico electoral, representa una limitante en el acceso de los apoyos, debido a que muchas personas perdieron sus documentos de identidad y debido a ello no pudieron ser acreedores de estos beneficios.2

El proceso de reconstrucción no ha estado exento de irregularidades y señalamientos de corrupción, peculado, uso electoral y conflicto de interés, ejemplo de esta situación, es que han sido nombrados “coordinadores de la reconstrucción” personas vinculadas con negocios de Rodrigo Gayosso Cepeda, ex dirigente del PRD en el estado.

A decir de diversos empresarios, este proceso para reactivar y dinamizar la economía, recobrar el patrimonio y restablecer la infraestructura productiva está viciado, pues solo se buscan beneficios políticos y electorales ya que el titular de la administración pública estatal y el aspirante a la gubernatura por el PRD, Rodrigo Gayosso Cepeda son quienes asignan los trabajos y la realización de obra pública.

No debemos dejar pasar por desapercibido que tanto Sergio Arturo Beltrán Toto y Francisco Velázquez Adán han estado relacionados con empresas fantasmas, a las cuales se les han asignado recursos públicos, sin embargo, no realizan los trabajos para los que fueron contratados, asimismo, han sido señalados por la asignación de obras indebidas para beneficio personal.3

Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, consideramos necesario que ante estas irregularidades, la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos, audite los recursos ejercidos por la administración estatal para el proceso de reconstrucción a consecuencia de las afectaciones generadas por los sismos a las viviendas y a la infraestructura carretera, educativa y de telecomunicaciones.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Congreso del estado de Morelos para que, a través de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, audite e investigue los recursos ejercidos por la administración del gobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abreu para el proceso de reconstrucción a consecuencia de las afectaciones generadas por los sismos a las viviendas y a la infraestructura carretera, educativa y de telecomunicaciones, debido a posibles actos de corrupción, peculado y conflictos de intereses en la asignación, ejecución y comprobación de estos presupuestos.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al gobierno del estado de Morelos para que, en el marco de sus atribuciones, presente ante esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, un informe pormenorizado de las acciones emprendidas y sus resultados, así como de las políticas a desarrollar en el marco del proceso de reconstrucción derivado de los sismos del pasado mes de septiembre de 2017 en la entidad, precisando montos, población beneficiaria, origen de los recursos, temporalidad, contratos signados y procesos realizados para su asignación.

Notas

1 Rubicela Morelos Cruz. (2017). La esposa de Graco se apropia de víveres para damnificados. 08/01/2018, de La Jornada Sitio web: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/09/23/la-esposa-de-graco-se-apr opia-de-viveres-para-damnificados-3786.html

2 Jaime Luis Brito. (2017). Denuncian que el gobierno de Graco Ramírez condiciona ayuda en Morelos. 09/012018, de Proceso Sitio web: http://www.proceso.com.mx/504396/denuncian-gobierno-graco-ramirez-condi ciona-ayuda-en-morelos

3 Jaime Luis Brito. (2017). Cercanos a hijastro de Graco Ramírez son nombrados “coordinadores” de la reconstrucción en Morelos. 09/01/2018, de Proceso Sitio web:

http://www.proceso.com.mx/506368/cercanos-a-hijastro
-graco-ramirez-nombrados-coordinadores-la-reconstruccion-en-morelos

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, al día 10 del mes de enero del año dos mil dieciocho.

(rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados buscar acuerdos para considerar la construcción de rutas de evacuación inmediata en los edificios de su sede, suscrita por la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, María Luisa Beltrán Reyes, diputada del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXIII Legislatura, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición, con base en los siguientes

Considerandos

El edificio que alberga actualmente la Cámara de Diputados fue inaugurado en 1981, debido a que el número de diputados cambió de 186 a 400, con motivo de la reforma política de 1977. El diseño de este nuevo inmueble corrió a cargo del prestigiado arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, y de sus homólogos Jorge Campuzano y David Suárez.

En la descripción que Ramírez Vázquez hace, de esta obra arquitectónica, expone sobre algunas modificaciones al proyecto original, contemplada para ser sede de ambas cámaras, la de senadores y la de diputados: “El edificio del Congreso de la Unión fue planeado para integrar las Cámaras de Diputados y Senadores unidas por un patio. La Cámara de Diputados consta de un cuerpo central, donde se reúne el Congreso en pleno, y dos alas –hacia el norte y hacia el sur-, para alojar los servicios generales, las oficinas de los diputados y las áreas para las comisiones plenarias. La disposición es muy clara y sencilla. Los edificios laterales albergan oficinas al servicio de los legisladores, tanto para el uso exclusivo de un diputado (con su área de apoyo secretarial) como para las comisiones que analizan propuestas de ley.

El criterio general, es, insisto, muy simple: hacia las fachadas, las oficinas para los diputados, con servicios comunes; al centro, circulaciones verticales en los extremos y servicios sanitarios. Este es el esquema que privó para ambas Cámaras. Las áreas necesarias para las oficinas y servicios generales laterales se ubicaron en una planta sótano, una planta principal y cuatro niveles propiamente de oficinas. A consecuencia de la crisis económica de principios de los ochenta, hubo necesidad de disminuir el ritmo e incluso suspender parte de la construcción. Se continuó la obra en el área de la Cámara de Diputados; por diversas razones, el edificio que corresponde a la Cámara de Senadores nunca se concretó.

En el conjunto se presenta una serie de simbolismos. Se eligieron materiales utilizados desde la época prehispánica, si bien se adaptaron a nuestro tiempo. Materiales sencillos, naturales, como el tezontle, pero trabajados con herramientas modernas y sistemas constructivos contemporáneos. Predominan la madera y la cantera. Lo que se busca es que sean de fácil mantenimiento y adecuados al servicio que habrán de prestar. Nuestros colores nacionales se muestran también con estos materiales: el verde, a través del bronce, con el que se forjaron el Escudo y el gran mural que realizó Chávez Morado a la entrada; el blanco, por medio de franjas de mármol; y el rojo, con el cálido tezontle de los muros.”1

El propio Ramírez Vázquez, en esta descripción de su obra, publicada en el 2003, asienta como “agentes contaminantes”, desde una perspectiva de desarrollo urbano, entre otros, “...que tenía un desarrollo muy precario con relación a la calidad y satisfactores de la vida urbana de otras zonas, porque en sus inmediaciones había, y hay, varios agentes contaminantes. A un lado del actual Archivo General de la Nación, y del nuevo Palacio Legislativo, se encontraban las bombas del canal del desagüe, que fueron sustituidas por el drenaje profundo, y posteriormente se construiría la avenida del canal del desagüe...”2

Finalmente, en el documento precitado, el prestigiado arquitecto mexicano va detallando con precisión de lenguaje, una a una, la ruta de su construcción, así como cada rincón de San Lázaro, tanto en su valor artístico y en su utilidad y constitución de materiales sencillos pero emblemáticos de nuestra identidad mexicana.

En la historia de esta obra arquitectónica donde nos ubicamos para el servicio correspondiente a nuestro país han quedado registrados no menos de tres episodios que, por fortuna, y a pesar de su intensidad, este inmueble se ha sostenido firme: el sismo del 19 de septiembre de 1985, una de las peores adversidades naturales que afectaron severamente a nuestro país, principalmente a esta Ciudad de México; el incendio del 5 de mayo de 1989, que obligó a un proceso de restauración, a cargo del arquitecto Manuel de Santiago-De Borbón González Bravo, hasta que el 1 de noviembre de 1992 se reanudaron labores con normalidad; y los sismos recientes de septiembre, de los cuales, coincidentemente con el de 1985, el del 19 tuvo una magnitud de 7.1 grados en la escala de Richter, que propició que aún se esté interviniendo en trabajos de reparación, sobre todo en el edificio H.

Cabe destacar la oportunidad con la que los órganos de Protección Civil y la Junta de Coordinación Política de este poder público se hicieron cargo de la situación, durante y en los días posteriores al siniestro natural, para evaluar el impacto del mismo sobre este inmueble. Al respecto, la información difundida en los interiores de este edificio, el día 25 del mes en curso, con relación a la habitabilidad, fundamentada en los peritajes correspondientes, abonó a la tranquilidad y la certidumbre en la dinámica de la reanudación de labores.

Una lección, sin embargo, bien ha debido dejarnos la naturaleza, con el incidente sísmico del 19 de septiembre último: analizar y ponderar las medidas en materia de protección civil, considerando prioridad la seguridad de las vidas de las personas que prestamos servicio en este edificio.

Con base en la reflexión anterior, es pertinente advertir que, por su arquitectura, este edificio de San Lázaro requiere de un análisis con relación a su estructura, que permita contemplar las rutas de salidas de emergencia que expertos en el área consideren necesarias, sin afectar la esencia de esta obra arquitectónica de considerable valía artística.

Los muros, con sus cuatro plantas y sus columnas exteriores de soporte no permiten, hasta ahora que, quienes laboramos en oficinas y salas de trabajo, accedamos a salidas emergentes en caso de nuevas manifestaciones sísmicas.

Es necesario reiterar que un plan de protección de la vida no necesariamente tendría que afectar en esencia el diseño arquitectónico de este edificio con 35 años de haber sido edificado; pero un gesto de solidaridad obliga a considerar prioritaria la vida de seres humanos y la nueva cultura de protección civil que a todos invita a valorar.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes y a las atribuciones de ambas cámaras legislativas, solicita, respetuosamente, a la Junta de Coordinación Política de la honorable Cámara de Diputados buscar los acuerdos necesarios para que considere la construcción de rutas de evacuación inmediata en los edificios de la sede de San Lázaro.

Referencias:

1 y 2.

http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/virtual/conocer /sanlaz_aniv/06_paleg.pdf

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 10 de enero de 2018.

Diputada María Luisa Beltrán Reyes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Quintana Roo a fortalecer las acciones en materia de seguridad pública ante el incremento sostenido de robos contra negocios, suscrita por los senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores de la República, integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

A más de un año del inicio de la actual administración del gobernador del estado de Quintana Roo, la entidad enfrenta una situación de inseguridad creciente, en perjuicio de la paz y la tranquilidad de la población.

El Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, establece que para lograr acciones y estrategias articuladas que ayuden a reducir los índices de inseguridad en la entidad es necesario instrumentar estrategias cercanas a la población en el marco del respeto a los derechos humanos, así como esquemas de corresponsabilidad ciudadana que permiten diseñar políticas públicas integrales para una eficaz gobernanza, así como para la prevención y el combate a los delitos, a fin de salvaguardar la integridad y el patrimonio de toda la población.1

Dentro de las principales acciones del plan en la materia, destacan las siguientes: Fortalecer los cuerpos policiales para proteger a los ciudadanos y consolidar un estado seguro y eficiente, generar esquemas de especialización al estado de fuerza, para focalizar la implementación de estrategias en materia de seguridad e instrumentar un programa de homologación para fortalecer a las instituciones de seguridad pública de todos los municipios.

No obstante lo anterior, en los últimos meses del 2017 y primeros días del 2018 se ha enlistado como una de las entidades federativas con mayor número de delitos del país. Para ponderar la gravedad de esta problemática, cabe mencionar que de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), tan solo entre enero-noviembre del año pasado se registró un total de 23 mil 875 delitos, de los cuales mil 861 fueron lesiones, 7 mil 960 robos sin violencia y 443 homicidios, este último tuvo un aumento de 70 por ciento en comparación con el mismo periodo del 2016.2

En el mismo periodo se contabilizaron un total de mil 345 robos a negocio con violencia por lo que en comparación con el mismo periodo del 2016, éste se incrementó en un 184 por ciento. Asimismo, los robos a negocio sin violencia alcanzaron mil 64 casos, cifra que representó un aumento de 56 por ciento.3

En general, el total de robos a negocio sumó 2 mil 409 en dicho periodo, lo que significa tres robos diarios, en promedio.

En el mes de noviembre pasado se cometieron un total de 215 robos a negocios con violencia, por lo que comparación con el mismo mes del 2016, tuvo un aumento de más de 155 por ciento.

En este mismo orden de ideas, de acuerdo con el Semáforo Delictivo, en noviembre pasado, se cometieron 303 robos a negocio, por lo que en comparación al mismo mes del 2015, tuvo un aumento de 167 casos, lo que representa 10 robos cada día.4

Los municipios con mayores incrementos de robos a negocios fueron: Solidaridad y Cozumel con respecto a igual mes del 2016.

Diversos medios periodísticos señalan que el pasado 7 de enero, en Playa del Carmen, se reportó el hallazgo de un cuerpo en el interior de un taller electromecánico.

La Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que dos personas murieron a consecuencia de las heridas de bala que sufrieron durante un asalto a una tienda de abarrotes, en la región de Cancún. El Observatorio Quintanarroense de Seguridad Ciudadana (OQSC) expuso que los robos a negocios con violencia aumentaron a finales del año pasado.

Por otra parte, el 5 de enero, un menor de 17 años fue baleado en la colonia irregular Valle Verde por oponerse a que le robaran su teléfono celular, fue trasladado al hospital.5

En este contexto, resulta preocupante la falta de resultados por parte del gobierno del estado de Quintana Roo en materia de la erradicación de los delitos, pese a que se estableció como una estrategia gubernamental prioritaria.

Los anteriores datos revelan que las acciones hasta ahora implementadas han resultado insuficientes e ineficientes para atender la inseguridad que prevalece la entidad y que afecta a la mayoría de los quintanarroenses.

La protección de la vida y salvaguardar el patrimonio de los habitantes es una función ineludible. Nuestra Ley Fundamental, en su artículo 21, establece que la seguridad es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas.6

Por otro lado, la Ley de Seguridad Publica para el Estado de Quintana Roo, expresa en su artículo 16, que el Gobernador del Estado a través de la Secretaría de Seguridad Pública, velará por la conservación del orden, tranquilidad y seguridad del estado.7

El gobernador de la entidad no puede ser omiso ante sus obligaciones fundamentales, como la de brindar las condiciones de seguridad que contribuyan a tranquilidad, estabilidad y bienestar de la población.

Ante este panorama, resulta urgente que el gobierno del estado refuerce las acciones para garantizar la seguridad en los municipios de la entidad, con el objeto de salvaguardar la integridad y el patrimonio de las familias quintanarroenses.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta.

Punto de acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Quintana Roo para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezca las acciones en materia de seguridad pública, ante el incremento sostenido de robos a negocio en diferentes municipios de la entidad, con el objeto de restituir el orden y la paz, así como salvaguardar la tranquilidad, integridad y el patrimonio de los habitantes.

Notas

1 http://transparencia.utrivieramaya.edu.mx/wp-content/uploads/2017/02/Pl an-estatal-de-desarrollo-2016-2022.pdf

2http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisti cas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2017_112017.pdf

3http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisti cas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2017_112017.pdf

4 http://qroo.semaforo.com.mx/Semaforo/Incidencia

5 http://www.yucatan.com.mx/mexico/balaceras-quintana-roo

6 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf

7http://cedoc.inmujeres.gob.mx/ftpg/QRoo/QROO_MA8_SP_INI CIATIVA_2012.pdf

Dado en el salón de sesiones de la honorable Comisión Permanente, a los 10 días del mes de enero del 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al gobierno de Chihuahua a fortalecer la estrategia de combate del homicidio doloso, que ha aumentado de manera sistemática desde el inicio de la actual administración, suscrita por los senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores de la república integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La seguridad pública constituye un tópico medular y prioritario de las agendas gubernamentales de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad en general.

Es un derecho fundamental de las personas, en la medida que permite salvaguardar su integridad, seguridad y patrimonio, a la vez que representa importantes beneficios para la sociedad en su conjunto al garantizar el orden, la paz y sentar las bases para las inversiones, el crecimiento económico y el progreso.

Ello demanda la estrecha coordinación de los tres ámbitos de gobierno, como lo establece el artículo 21 de nuestra Constitución Política.

Pese a lo anterior, el estado de Chihuahua ha registrado un aumento sostenido en el número de homicidios dolosos desde el inicio de la administración estatal, ubicando a la entidad en los primeros lugares en el contexto nacional.

Se trata del delito de alto impacto más importante por sus consecuencias para la integridad de las personas y sus familias, por lo que constituye un indicador clave para entender y analizar los niveles de violencia, la falta de seguridad e incidencia delictiva, aunque no hay que perder de vista la dinámica de los demás delitos de esta naturaleza.

El Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno del estado de Chihuahua 2017-2021, establece a la Justicia y Seguridad como uno de sus cinco ejes rectores, cuyo objetivo 1 plantea “Mejorar las condiciones de seguridad pública y procuración de justicia para contribuir a la seguridad humana y al desarrollo integral y equitativo de todas las regiones del estado.1

No obstante, el número de delitos total y de los homicidios se ha incrementado de manera sostenida durante el presente gobierno estatal. Para poner en su justa dimensión la magnitud de esta problemática, basta señalar que de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y noviembre de 2017, se registraron un total de mil 739 homicidios, de los cuales mil 425 dolosos, es decir, 83 por ciento del total.

Ello significa que diariamente se han cometido dos de estos homicidios, en promedio. Cabe destacar durante los primeros once meses del año, se tuvieron 860 homicidios con arma de fuero, cifra mayor a la observada en todo el año de 2016 con 791.

Tan sólo en el mes de noviembre pasado, se registraron 137 homicidios, cifra superior a los 106 cometidos en igual mes de 2016. De esta manera, la tasa de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes se incrementó de 32.89 al cierre del 2016 a 37.68 al mes de noviembre del año pasado, la cual duplica el promedio nacional.

En este mismo sentido, según datos del Semáforo Delictivo, el estado de Chihuahua se ubica en el lugar 6 a nivel nacional por el número de delitos cometidos.2

Pero, los hechos ocurridos en los primeros días de 2018, revelan un alza preocupante de dicho delito. Según diversos medios periodísticos, el 5 de enero se registraron en la entidad 31 homicidios en únicamente 7 horas, de los cuales 21 ocurrieron en Ciudad Juárez, cifra que empata con la del 19 de diciembre pasado, niveles que no se habían visto en años.

Pocos son los delitos cuyas consecuencias sean tan severas como las provocadas por un homicidio, que van desde la pérdida de un ser querido hasta la atención psicológica requerida por las familias. Se trata de la privación de uno de los derechos humanos fundamentales, como es el derecho a la vida, el cual no puede ser suspendido en ningún caso ni circunstancia de acuerdo con el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,3 así como el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.4

Es indudable que gobierno estatal ha sido incapaz de garantizar la tranquilidad e integridad de los chihuahuenses, pese a los diversos exhortos realizados por el Senado de la República para fortalecer la estrategia de combate a la inseguridad en toda la entidad.

La Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del estado de Chihuahua, señala en su artículo 2 que la seguridad pública es una función a cargo del estado y los municipios, en su respectivo ámbito de competencia, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo.5

Establece que el estado combatirá las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales y desarrollará políticas, programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos que induzcan el respeto a la legalidad.

Asimismo –menciona– que el estado garantizará la seguridad pública a través de un diseño transversal de políticas de prevención y su implementación efectiva, que permita garantizar los factores de riesgo que originan la delincuencia, para erradicarlos, así como establecer los mecanismos necesarios para la reinserción social.

Debido a la crítica situación por la que atraviesa la entidad en materia de seguridad pública, es necesario reforzar la estrategia de combate a la comisión de delitos del alto impacto, principalmente, de homicidio doloso, con la finalidad de restituir la paz, el orden y la tranquilidad en todo el territorio estatal

La seguridad pública es parte esencial del bienestar de una sociedad. El estado de derecho genera las condiciones que posibilitan a las personas realizar sus actividades cotidianas con la certeza de que su vida, su patrimonio y otros bienes jurídicos tutelados están exentos de todo peligro, daño y riesgo.

En general, se trata de una de las exigencias más sentidas de la población, que reclama de una visión integral y de una solución pronta y eficaz en beneficio de las familias mexicanas.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno de Chihuahua para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezca su estrategia de combate al homicidio doloso, delito que ha aumentado de manera sistemática desde el inicio de la actual administración estatal, en perjuicio de la paz, tranquilidad e integridad de la población.

Notas

1 http://www.chihuahua.gob.mx/planestatal/

2 http://www.semaforo.mx/content/semaforo-de-chihuahua

3 http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx

4 https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_de rechos_humanos.htm

5 http://www.municipiochihuahua.gob.mx/TransparenciaArchivos/2do%20Trimestre%202017/
Fraccion%20I%20El%20marco%20normativo%20aplicable%20al%20sujeto%20obligado,%20en%20el%20que%20
deber%C3%A1%20incluirse%20leyes,%20c%C3%B3digos,%20reglamentos,%20decretos%20de%20creaci%C3%B3n,
%20manuales%20administrativos,%20reglas%20de%20operaci%C3%B3n/Ley%20del%20Sistema%20Estatal%20de%20Seguridad%20P%C3%BAblica.pdf

Dado en el salón de sesiones de la honorable Comisión Permanente, a 10 de enero de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la ASF a fiscalizar distintas obras asignadas por el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública de Sonora en el periodo 2013-2015, que habrían sido utilizadas para financiar la candidatura de Damián Zepeda Vidales a la alcaldía de Hermosillo en 2015, suscrita por los senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, senadores de la república integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En días recientes, distintos medios de comunicación han documentado una presunta red de corrupción que presumiblemente habría desviado recursos públicos por un monto de 700 millones de pesos, para financiar la campaña de Damián Zepeda Vidales a la presidencia municipal de Hermosillo en el año 2015.

En dicha red habrían participado Ricardo Anaya Cortés, precandidato de la coalición “Por México al Frente” y Damián Zepeda cuando desempeñaron el cargo de diputados federales en la LXII Legislatura (2012 -2015).

Durante la LXII Legislatura, Damián Zepeda se habría desempeñado en posiciones estratégicas para la asignación de recursos económicos, en virtud de que presidió la presidencia de la Comisión de Hacienda y Crédito Público y ocupó la secretaría de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Su modus operandi, consistía en gestionar desde la Cámara de Diputados recursos que eran canalizados al municipio de Hermosillo a través del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP).

Posteriormente, el entonces coordinador de dicha instancia, Francisco Arnaldo Monge Araiza, se encargaba de asignar las obras a dos empresas. Los medios de comunicación identificaron 9 obras que beneficiaron a Desarrollo y Servicios OLBAP SA de CV y HAW Desarrollos, SA de CV, la primera representada por Manuel Abaláis Hopkins, persona cercana a Damián Zepeda y Guillermo Padrés Elías, hijo del exgobernador de Sonora.1

La parte final de dicha operación, se daba cuando se recaudaba las aportaciones de los proveedores beneficiados, para posteriormente destinarlos a financiar la campaña a la presidencia municipal de Damián Zepeda, durante el año 2015.2

Las operaciones realizadas a través de este esquema, se realizaron entre el año 2013 y 2015 y habrían ascendido a un desvío de recursos por 700 millones de pesos. Cabe señalar, que tan sólo en el ejercicio correspondiente al 2014, la CECOP habría asignado 19 obras a 10 empresas relacionas con el ahora presidente nacional del PAN, Damián Zepeda.3

Los desvíos de Fondos Federales para financiar proyectos políticos por parte de Damián Zepeda, no es un hechos aislado, cabe recordar que Ricardo Anaya, institucionalizó dentro del Partido Acción Nacional, los llamados moches, es decir, la solicitud de una comisión de entre 17 y 20 por ciento a alcaldes y gobernadores por parte de la dirigencia nacional del PAN, para que le sean asignados recursos para obras desde la Cámara de Diputados y los cuales son otorgados a los contratistas que la presidencia de ese instituto determina.4

Los hechos son contundentes y dan cuenta de la práctica sistemática de la dirigencia nacional del PAN para desviar recursos públicos con el propósito de financiar proyectos políticos, en este sentido, los legisladores del PRI, consideramos apremiante que la Auditoría Superior de la Federación, lleve a cabo una revisión de los contratos asignados por el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública de Sonora, durante el período comprendido en el año 2013 – 2015, a fin de verificar que estos se hayan otorgado conforme a la normatividad aplicable.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, para que lleve a cabo la fiscalización de distintas obras asignadas por el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública de Sonora, durante el periodo 2013 -2015, que presumiblemente habrían sido utilizadas para financiar las candidatura de Damián Zepeda Vidales a la presidencia de la alcaldía de Hermosillo en el año 2015 y que habría significado un desvío de recursos por más de 700 millones de pesos. Asimismo, para que en su caso promueva las acciones que conforme a derecho procedan.

Notas

1 “Líder del PAN desvió recursos de Sonora para financiar campañas en Hermosillo”, SDP noticias, ;

https://www.sdpnoticias.com/local/sonora/2017/12/21/
lider-del-pan-desvio-recursos-de-sonora-para-financiar-campana-en-hermosillo; Consultado el 8 de enero de 2017.

2 Ibíd.

3 Ibíd.

4 “Los moche de Anaya a través del Ramo 23”, Milenio http://www.milenio.com/firmas/ricardo_aleman/ricardo_anaya-pan-pres idente_nacionl_pan_18_843695658.html Consultado el 9 de enero de 2018

Dado en el salón de sesiones de la honorable Comisión Permanente, a 10 de enero de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México a fiscalizar los recursos ejercidos por las delegaciones gobernadas por Morena, a fin de garantizar que éstos no sean desviados para financiar la precampaña y campaña de Claudia Sheinbaum Pardo y Andrés Manuel López Obrador, suscrita por los senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 8 de septiembre de 2017, dio inicio el proceso electoral 2017-2018, en el cual se elegirá, entre otros, al Presidente de la República, se renovará la totalidad del Congreso de la Unión (500 Diputados y 128 Senadores), se elegirá al jefe de gobierno de la Ciudad de México, además de diversas gubernaturas, presidencias municipales y congresos estatales.

Del 14 de diciembre al 11 de febrero, están programadas las precampañas electorales al interior de los partidos políticos o de las coaliciones que hayan sido registradas y aprobadas ante los institutos electorales.

Desafortunadamente, se presentan prácticas antidemocráticas y violatorias del marco regulatorio que rige el proceso electoral, como la utilización de recursos públicos en apoyo a ciertos candidatos.

Basta mencionar que durante la realización de un evento político de la precandidata Claudia Sheinbaum Pardo, en la Delegación Coyoacán, fueron detectadas la presencia de vehículos oficiales y de personal, en pleno horario laboral, de la delegación Tlalpan, trasladando equipo de logística para la realización de dicho evento.

Esta situación representa por sí misma la comisión de un delito electoral, el cual es definido por la Fiscalía Especializada para la Atención a los Delitos Electorales, como aquellas acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atentan contra las características del voto que debe ser universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible.1

Al respecto, el artículo 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales establece que se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público que:

• Destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado;

• Proporcione apoyo o preste algún servicio a un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sea que lo haga por sí mismo o a través de sus subordinados, en sus horarios de labores;

• Solicite a sus subordinados, por cualquier medio, aportaciones de dinero o en especie para apoyar a un precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política,...”2

Cabe destacar que en materia de transparencia, las delegaciones de Xochimilco y Azcapotzalco tienen una baja calificación, según la Primera Evaluación Diagnóstica a los portales de internet de los Sujetos Obligados de la CDMX 2017, elaborada por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.3

Por estas razones, es necesario hacer una revisión puntual a los recursos públicos que ejercen las delegaciones gobernadas por el partido MORENA, a fin dar cumplimiento, con eficiencia y transparencia, a los objetivos y metas contenidos en los programas, tal como lo establece el marco normativo.

En la Ciudad de México, según la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, la Contraloría General es la encargada del control y la evaluación de la gestión pública de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades paraestatales del gobierno de la Ciudad.

Entre algunas de sus funciones específicas podemos mencionar las siguientes:

Fiscalizar e inspeccionar los ingresos del Gobierno y verificar que cumplan con lo establecido en el Código Financiero para el DF; supervisar el ejercicio del Gasto Público para que corresponda con lo señalado en el presupuesto de egresos, para lo cual emite normas que regulen el funcionamiento de los instrumentos y procedimientos de Control de la Administración Pública, y desarrollar una labor preventiva con base en la asesoría de las dependencias y en el diseño de un mejor Marco Normativo.4

Por su parte, las contralorías internas en las delegaciones, tienen entre sus objetivos asegurar el cumplimiento de los requisitos de calidad y eficiencia en la ejecución trimestral de auditorías, revisiones y seguimientos contemplados en el Programa Anual de Auditoría; y establecer de manera periódica mecanismos de control a efecto de garantizar la participación del Órgano Interno de Control Interno en los procedimientos de licitación pública e invitación restringida, de enajenación de bienes, levantamiento de inventarios, comités, subcomités, entre otros.5

Estas facultades obligan a la Contraloría a revisar en que están siendo utilizados los recursos públicos de las Delegaciones Políticas, y en caso de que su uso sea para fines diferentes a los establecidos en los lineamientos jurídicos, sancionar a los responsables conforme lo marca la Ley.

Asimismo, el artículo 134 párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que: “Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.”6

Es por tanto, que los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Contraloría General de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones, fiscalicen de manera integral los recursos ejercidos por las Delegaciones Gobernadas por el Partido Morena en la Capital del país, a fin garantizar que éstos no sean desviados para financiar la precampaña y campaña de Claudia Sheinbaum Pardo y Andrés Manuel López Obrador.

Notas

1 http://www.fepade.gob.mx/delitos.html

2http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDE_27061 4.pdf

3 http://www.infodf.org.mx/index.php/5638

4 http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/pcontraloria/atribuciones.php

5 http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/mAdmin/#

6 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf

Dado en el salón de sesiones de la H. Comisión Permanente, a los 10 días del mes de enero del año dos mil dieciocho.

(rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Auditoría Superior de Guanajuato a presentar a esta soberanía un informe relativo a la suscripción por el gobierno de convenios de intermediación sobre servicios periodísticos con presunta empresa “fantasma”, suscrita por los senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, constituyen elementos fundamentales para consolidar la gobernabilidad democrática y el Estado de Derecho, en beneficio de la población.

El artículo 134 de nuestra Constitución Política, establece que “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados.

El párrafo séptimo del mismo artículo señala que “Los servidores públicos de la Federación, las Entidades Federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia de los partidos políticos”.

Pese a estos principios constitucionales, el Gobierno del Estado de Guanajuato ha registrado durante la presente administración diversas irregularidades que atentan contra el manejo eficaz, eficiente y transparente en el ejercicio de los recursos públicos.

Diversos medios periodísticos, señalan que el gobierno estatal ha celebrado convenios de intermediación para adquirir servicios periodísticos con una empresa, que tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción tienen enlistada como sospechosa de operaciones inexistentes, es decir, “fantasma”.1

Se señala que el gobernador de la entidad, Miguel Márquez Márquez, ha otorgado por lo menos siete contratos por 4.6 millones de pesos a una empresa, señalada por la Secretaría de Hacienda el pasado mes de julio, por presunción de actividades inexistentes.

Se trata de F.B.M. Comercializadora SA de CV, enlistada por la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, en el Diario Oficial de la Federación el 17 de agosto del presente año, como una de las 156 empresas de las que se detectó que “emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes”.2

Aunque con anterioridad se informó a la empresa que regularizara su situación dentro de un plazo de 15 días hábiles, aún no se registra evidencia que de que hayan presentado elementos para aclarar su estatus.

Asimismo, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, incluyó a F.B.M. Comercializadora SA de CV, el 8 de noviembre, en su lista de empresas fantasma, de las cuales requirió vía acceso a la información, la existencia de posibles contratos sostenidos con dependencias y entidades de todo el gobierno federal.3

Dicha empresa ha sido contratada como un intermediario para que a su vez convenga espacios de publicidad en las páginas web de los siguientes diarios durante el año de 2016: El Sol de Irapuato, El Sol de Salamanca, Sol de Bajío y Noticias Vespertinas.

En dicho año, el contrato se extendió a “encartes e inserciones en las ediciones en los periódicos El Sol de León, El Sol de Irapuato, El Sol de Salamanca, Noticias Vespertinas o Esto del Bajío”.

Cabe destacar que la empresa F.B.M. Comercializadora SA de CV, apareció entre los proveedores de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Guanajuato en 2015, con una contratación de únicamente 183 mil pesos. Pero, un año después registró un aumento exponencial de sus montos de contratación: con un millón 430 mil pesos, en tanto que entre enero y octubre de 2016, ha facturado tres millones 43 mil pesos. Esta información aparece para su consulta en la página de Transparencia del Gobierno del Estado de Guanajuato, de acuerdo a la ley vigente.4

El mecanismo de la intermediación resulta sorprendente, ya que la Coordinación de Comunicación Social del gobierno estatal, de forma directa, tiene convenios con los periódicos de la Organización Editorial Mexicana (OEM), para los cuales F.B.M. aparece como bróker o intermediario.

Al respecto, cabe mencionar que tan solo en 2016, la dependencia contrató directamente 10.9 millones de pesos a dichos diarios; mientras que en 2017, la asignación a la comercializadora aumentó a 2.8 millones de pesos, por lo que los contratos directos a los rotativos de la OEM en la entidad se incrementaron a poco más de 13.6 millones.

Estos hechos revelan que a cinco años de la administración del actual gobernador estatal, continúan presentándose diversas irregularidades en el manejo de los recursos públicos, en detrimento de la implementación y/o fortalecimiento de otros programas sociales y económicos prioritarios.

El ejercicio de los recursos públicos debe realizarse con transparencia, eficiencia y eficacia, con el objeto de recuperar la credibilidad en las instituciones y las autoridades en sus diferentes niveles, en beneficio de todos los guanajuatenses.

La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato es un órgano del Congreso del Estado, que ejerce la función de fiscalización conforme a los principios de objetividad, definitividad, confiabilidad, imparcialidad, independencia, transparencia, legalidad y profesionalismo, reguladas por la Constitución Política del Estado y por la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato.5

El artículo 66 de la Constitución Política estatal,6 así como la Ley de Fiscalización Superior,7 otorgan a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato atribuciones para fiscalizar la recaudación, manejo, custodia, control y aplicación de los recursos públicos de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los ayuntamientos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal y los Organismos Autónomos y en general los recursos públicos que se destinen y ejerzan por cualquier entidad, persona física o jurídico colectiva, pública o privada, los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos, comités, patronatos, consejos o cualquier otra figura.

El aumento sostenido de los gastos en publicidad del Gobierno del Estado de Guanajuato son inadmisibles, sobre todo, si consideramos la serie de problemáticas y rezagos que aún persisten en la entidad y que impiden garantizar de manera plena derechos fundamentales de la población como la seguridad pública, educación y salud, principalmente.

En este tenor, resulta apremiante que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, informe sobre las sanciones administrativas y penales por las posibles irregularidades en el manejo de los recursos públicos en el caso de dicha empresa “fantasma”.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato para que, en el marco de sus atribuciones, presente un informe pormenorizado a esta soberanía sobre la contratación del gobierno estatal de convenios de intermediación para adquirir servicios periodísticos con presunta empresa “fantasma”; asimismo, sobre las sanciones administrativas y penales por las posibles irregularidades en el manejo de los recursos públicos.

Notas

1 http://www.animalpolitico.com/2017/12/guanajuato-empresa-fantasma-contr atos/

2 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5494187&fecha=17/08/2 017

3 http://cpc.org.mx/wp-content/uploads/2017/11/Anexo-del-Comunicado.-List ado-de-empresas-fantasma.pdf

4 https://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publi ca_porrubro.php?rubro=23

5 http://www.aseg.gob.mx/

6 http://www.congresogto.gob.mx/leyes?utf8=%E2%9C%93&query=
Constituci%C3%B3n+Pol%C3%ADtica+del+Estado+de+Guanajuato

7http://www.congresogto.gob.mx/uploads/ley/pdf/143/
Ley_de_Fiscalizacion_Sup_del_Edo_Gto_REF_P.O._28Oct2016_FedeE_02dic2016.pdf

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a los 10 días del mes de enero de dos mil dieciocho.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Puebla a fiscalizar por la Auditoría Superior local el ejercicio, el destino y la comprobación de los recursos públicos destinados a la construcción de las ciclovías, suscrita por los senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Durante las últimas dos administraciones en el estado de Puebla, se han construido diversas ciclovías con el objetivo de contener y prevenir problemas como la congestión vial, así como agilizar los recorridos por la ciudad y disminuir los índices de contaminación en la atmosfera.

Para estos fines, se han edificado entre otras vías las siguientes: “Ciclovía Bulevar Hermanos Serdán”, “Angelópolis o Vía Atlixcáyotl”, “Periférico Ecológico”, “Ciudad Universitaria” y “Paseo del Río Atoyac”. Además en los últimos meses, se habilitó la de la “Avenida Juárez”, el de la “Avenida la Libertad”, el de la “calle Carmelitas” y el de la “31 poniente”.

No obstante, lejos de cumplir con los objetivos prometidos, las ciclovías se han convertido en focos de inseguridad, espacios adecuados para delinquir y áreas gubernamentales para concretar presuntos actos de corrupción, peculado y desvío de recursos públicos que generan agravios a las arcas de la entidad.

Para tener una idea general de lo que sucede en el estado de Puebla y sus municipios conurbados, basta señalar lo siguiente:

• El ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, en diversos actos e informes señaló la construcción de 32.8 kilómetros entre las ciclovías Bulevar Hermanos Serdán y el Corredor Puebla-Cholula, sin embargo, recientemente la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes refutó estos datos, al constatar que solo se edificaron 21. 68 kilómetros.

En particular a la del Bulevar Hermanos Serdán, en su momento se dio a conocer que tenía una longitud de 14.5 kilómetros, a pesar de ello, se comprobó que su extensión es de solo de 5.7 kilómetros, es decir, existe una discrepancia de al menos 8.5 kilómetros. Lo mismo, sucedió con la del Corredor Puebla-Cholula, en el que primero se dijo que medía 11.5 kilómetros, pero se construyeron solo 8.88 kilómetros.

Esta situación, no solo deja de manifiesto la utilización de estadísticas que no corresponden con la verdad, sino que también la posibilidad de actos de corrupción, ya que se pagó y justificó obras que no cumplen con las especificaciones comprometidas.1

• Desde su inauguración, se ha denunciado la falta de estrategias de seguridad, como la nula presencia o rondines de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, asimismo se ha externado la preocupación por el deficiente funcionamiento de las luminarias, ya que muchas de ellas no sirven. En este sentido, agrupaciones vecinales y organizaciones de la sociedad civil han solicitado la instrumentación de esquemas de mantenimiento y cuidado de la infraestructura, ya que han vandalizado los barandales y se han robado las lámparas a nivel de piso.2

• Además de ser una opción poco funcional para la movilidad de las personas, las ciclovías resultaron ser de las más caras del país, debido a que el metro cuadrado de construcción superó lo ejercido en otras entidades. Ejemplo de esta situación, es que solo durante el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas se gastó en promedio 20.3 millones de pesos por cada kilómetro construido, equivalente a 5 veces de los 4 millones que costó la misma distancia en la Ciudad de México.3

• Existe nula planeación, mala conectividad y la utilización de materiales de dudosa calidad, debido a ello, han presentado desgastes prematuros, fracturas en la carpeta asfáltica, inundaciones y desprendimientos de la señalética. Por si esto no fuera suficiente, ciclovías como la ubicada en el Periférico Ecológico fue edificada sobre alcantarillas y ductos de desagüe o de drenaje, las cuales han generado accidentes.

Pese a estos inconvenientes, por su parte el presidente municipal de Puebla dio a conocer que este año se construirán otras ciclovías, ya que cuenta con por lo menos 10 millones de pesos para estos fines. Estos nuevos proyectos deben ser observados para prevenir actos de corrupción y el ejercicio eficiente de los recursos públicos.4

Bajo este cumulo de anomalías, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI consideramos necesario que los gobiernos de las entidades federativas del país, sean responsables y honestos con la información que hacen de conocimiento público relativo a las obras construidas y los resultados de los programas desarrollados.

Por tal motivo, es de vital importancia que la Auditoría Superior del estado de Puebla y la Secretaría de la Contraloría del Gobierno de la demarcación, emprendan una investigación objetiva, expedita e integral, para esclarecer diversas denuncias de presuntos sobrecostos, desvíos de recursos públicos y diferencias importantes entre los metros declarados o justificados como concluidos y los realmente construidos.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Congreso del estado de Puebla para que, a través de la Auditoría Superior de la entidad, audite el ejercicio, destino y comprobación de los recursos públicos destinados para la construcción de las ciclovías, a fin de esclarecer diversas denuncias sobre presuntas irregularidades como sobrecostos, pagos injustificados y diferencias entre los metros declarados y justificados como concluidos y los construidos.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del estado de Puebla para que, realice las indagatorias necesarias y en su caso, establezca las sanciones que conforme a derecho procedan contra los servidores que, por acción u omisión, incurrieron en diversas irregularidades, particularmente en la comprobación de los recursos ejercidos en la edificación de las ciclovías y las diferencias entre los metros declarados y justificados como concluidos y los construidos.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al gobierno del estado de Puebla para que, en coordinación con los gobiernos municipales de Puebla de Zaragoza y Cholula, fortalezcan y amplíen sus medidas de seguridad pública para garantizar la tranquilidad, integridad de los usuarios y sus bienes durante sus recorridos por la red de ciclovías, debido a que por el alto número de robos y asaltos con violencia, se han posicionado como las más inseguras del país.

Notas

1 Francisco Rivas. (2017). Esfuman 11 kilómetros de ciclopista. 29/11/2017, de El Reforma Sitio web:

http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/
default.aspx?id=1259392&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1259392

2 Yadira Llaven Anzures. (2017). Las ciclovías de Puebla, las más inseguras de México: Consejo Ciclista Poblano. 29/11/2017, de La Jornada de Oriente Sitio web:

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2017/04/18/las-cicl ovias-de-puebla/

3 Francisco Rivas. (2017). Pagó Puebla 863 mdp por ciclopistas. 30/06/2017, de El Reforma Sitio web:

http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/
default.aspx?id=1149876&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1149876

4 Elvia García. (2018). Puebla privilegiará construcción de ciclovías en 2018. 09/01/2018, de Milenio Sitio web: http://www.milenio.com/puebla/Puebla-privilegiara-construccion-ciclovia s-puebla-milenio-noticia_0_1096090623.html

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, al día 10 del mes de enero del año dos mil dieciocho.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a acordar en el primer receso del tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura la creación de la comisión especial para dar seguimiento a los casos de tortura, que atentan contra los derechos humanos, en Chihuahua, suscrita por los senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En enero de 2003, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, aprobó el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, mediante resolución 57/199.

El llamado Protocolo de Estambul, parte de la definición de tortura recogido en la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 1984: “Se entenderá por el término ‘tortura’ todo acto por el cual se inflijan intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas.”

Este instrumento internacional permitió la conformación de un mecanismo nacional que consiste en la realización de visitas periódicas a distintas localidades del país con el objeto observar y evaluar las condiciones de detención en que se encuentran las personas privadas de su libertad.

En los últimos años en el Congreso de la Unión hemos fortalecido nuestro marco institucional y jurídico para garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos. Prueba de ello, lo representa la aprobación de la Ley General para Prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 26 de junio de 2017.

Con la publicación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o degradantes, contamos con mayores mecanismos jurídicos para proteger la integridad, dignidad y bienestar de la población.

Establece el marco para homologar las diversas legislaciones estatales, a fin de que se ajusten a los lineamientos constitucionales establecidos en el artículo primero, para asegurar que en toda la república mexicana se atienda el principio pro persona y el marco jurídico internacional del que México es parte.

Para una sanción efectiva de los delitos de tortura, se establece mayor claridad en los tipos penales de este tipo de conductas y las normas aplicables ante la comisión de otros delitos vinculados.

La reparación de los daños de las víctimas es una prioridad de este ordenamiento legal, por ello establece medidas específicas de atención, ayuda, asistencia, protección integral y reparación para garantizar los derechos de las víctimas de este tipo de ilícitos.

En sentido contrario a estos esfuerzos institucionales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ha recibido quejas de tortura, así como casos de desaparición forzada, una situación que no solo vulnera el ejercicio pleno de las libertades, sino que pone en peligro el respeto a los derechos humanos de la población.

Prueba de ello lo representa la recomendación No 29 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del 14 de agosto de 2017, en el que se le solicita, entre otros asuntos, que el gobernador Javier Corral Jurado tome las medidas necesarias a efecto de evitar el utilizar instalaciones “acondicionadas” o “habilitadas”, para llevar a cabo medidas privativas de libertad que no sean en los centros de reinserción social establecidos para tal efecto, informando correctamente del total de las personas privadas de la libertad para su registro al Archivo Nacional de Sentenciados y Estadística Penitenciaria, y se envíen a esta Comisión Nacional las constancias con las que se acredite su cumplimiento.

Asimismo se la CNDH le solicitó que se giren instrucciones a la Fiscalía General del Estado a efecto de que se tomen las medidas necesarias para que se instrumenten manuales y protocolos acordes a lo que señala el Código Nacional de Procedimientos Penales y se envíen a esta Comisión Nacional las constancias con las que se acredite su cumplimiento.

Contar con una Comisión Especial de seguimiento permitirá fortalecer las acciones para identificar, sancionar y prevenir los casos de tortura en el estado de Chihuahua, que vulneran nuestra legislación y los convenios internacionales de los que nuestro país forma parte.

Debemos actuar en favor de los derechos humanos y conformar marcos jurídicos capaces de atender las transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales del país. Combatir la impunidad y garantizar la efectiva investigación, persecución y sanción de la tortura, tratos crueles, degradantes o inhumanos.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión del primer receso del tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, crea la Comisión Especial para dar seguimiento a los casos de tortura que atentan contra los derechos humanos en el estado de Chihuahua.

Dado en el recinto de San Lázaro, a los 10 días del mes de enero de 2017.

(Rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 13 de enero, Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, suscrita por el senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del PRI

“La depresión es una prisión en la que eres tanto el prisionero como el cruel carcelero”

Doctora Dorothy Rowe, psicóloga Australiana

La depresión es definida como la enfermedad o trastrono mental que se caracteriza por una profunda tristeza, decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida del interés por todo y disminución de las funciones psíquicas.

Todos podemos sentirnos tristes o decaídos en algún momento de nuestra vida, pero estos periodos suelen ser cortos y pasar en poco tiempo, pero si se alargan demasiado y causan sufrimiento e interfieren en la vida diaria, podría tratarse de una depresión.

Un mal que puede iniciarse de manera silenciosa y sutil, que es necesario reconocer y tratar, pues el desconsuelo y la amargura que infieren pueden ser fatales. Puede ocasionar estados de ánimo tan lamentables, como para llegar a pensar en el suicidio. Se trata de un dolor psicológico extremo que llega a hacer sentir a alguien, como que si ese fuese el único recurso o la última puerta de escape.

De acuedo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la depresión afecta a 350 millones de personas en todo el mundo.

Por ello, es necesario reconocer la enfermedad y sobretodo, su presencia en una vida tan agitada como la del siglo XXI. Las múltiples ocupaciones, el estrés y las nuevas dinámicas familiares pueden ocasionar tristeza y recaer en depresión.

Es imprescindible brindar apoyo y comprensión a personas vulnerables, principalmente con riesgo de suicidio, promover su detección, atención y coadyuvar con las personas y organizaciones especializadas en esta tarea.

Por ello, es muy importante que el 13 de enero de cada año se conmemore el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Una fecha que pretende hacernos reflexionar sobre la necesidad de tratar y apoyar a las personas mediante procesos médicos y la solidaridad que proporcione consuelo y recuperación anímica.

Vale la pena, es propicio que esta fecha y todos los días del año reflexionemos sobre la necesidad de preocuparnos por nuestro prójimo, tenderle la mano, escucharlo, apoyarlo y trabajar por evitar una de las enfermedades más silenciosas y presentes en nuestra era: la depresión.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 10 de enero de 2018.

Senador Jesús Casillas Romero (rúbrica)

Con motivo del 103 aniversario de la promulgación de la Ley Agraria de 1915, a cargo del senador Jorge Toledo Luis, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, senador Jorge Toledo Luis, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 87, numeral 3, del Reglamento del Senado de la República, para la programación de efeméride con motivo del CIII Aniversario de la Promulgación de la Ley Agraria de 1915.

El pasado 6 de enero se cumplió el CIII aniversario de que el presidente don Venustiano Carranza tuvo a bien promulgar una de las leyes más importantes en nuestro país, la Ley Agraria. Este cuerpo normativo se dio en el estado de Veracruz, dando la oportunidad a los pueblos y comunidades de México el poder gozar de las tierras y aguas que con tanta añoranza deseaban los mexicanos, que con una sed de justicia les tocó vivir y finalmente ser beneficiarios desde esa generación y hasta nuestros días, fruto de este reclamo social.

La Ley Agraria fue redactada por Luis Cabrera, después de que en la Convención de Aguascalientes fracasó la intención de lograr acuerdos entre carrancistas y villistas en diciembre de 1914, Carranza dio a conocer las adiciones al Plan de Guadalupe, en cuyo artículo segundo, estaba la promesa de “emitir leyes agrarias que favorezcan la formación de la pequeña propiedad, disolviendo los latifundios y restituyendo a los pueblos las tierras de que fueron injustamente privados”.1

En la historia del derecho agrario mexicano, esta ley es considerada como la primera Ley Agraria del país, iniciándose el proceso de reforma agraria o reparto de la tierra. Destacando el hecho que de 1915 a 1992, la doctrina ubica a este periodo como la fase del derecho agrario revolucionario, posteriormente se ubica la configuración al artículo 27 constitucional reformado el día 6 de enero de 1992 con su debida reglamentación en la Ley Agraria vigente.

Es así como este derecho social soluciona una gran necesidad y un requerimiento imperioso del pueblo mexicano, resolviendo el problema de justicia con los pueblos despojados de sus tierras desde en el virreinato, hasta el México independiente, teniendo como propósito el reivindicar las demandas agrarias de la clase campesina, aunado a la restitución de las tierras, incluidas las comunidades indígenas y la expropiación de haciendas.

Para hacer posible esta ley y contar con una institución que se encargara de vigilar la expropiación y dotación de propiedades, se creó la Comisión Nacional Agraria, presidida por el ingeniero Pastor Rouaix,2 secretario de Fomento. De esta misma forma se crearon comisiones agrarias y comités particulares ejecutivos, suscritos a la comisión nacional, encargadas de conducir a los trámites iniciados en sus localidades.

En esta reivindicación, expropiación y justicia social que ha beneficiado a millones de mexicanos es necesario tener presente la promulgación de la Ley Agraria en nuestro país.

Notas

1 http://www.memoriapoliticademexico.org/Efemerides/1/06011915.html Consultado el 8 de enero de 2018.

2 http://www.cultura.gob.mx/centenario-constitucion/?numero=342 Consultado el 8 de enero de 2018.

Senador Jorge Toledo Luis (rúbrica)

Con motivo del 14 de enero, aniversario de la fundación del Conservatorio Nacional de Música, suscrita por la senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

México es muy rico en historia musical por sus aportes a esta forma de arte universal. La música es parte de la vida cotidiana de nuestro país; de hecho, nuestra cultura no se concibe sin la presencia de ella.1

La historia de la música comienza desde los ritos de los antiguos mexicanos, pasando por las fiestas populares de los pueblos indígenas que luchan por mantener vivas sus tradiciones, hasta los ritmos de vanguardia que ubican a nuestro país entre las corrientes destacadas en esta manifestación artística.

Obedeciendo a este folclore, nace el Conservatorio Nacional de Música, que se ha consolidado como una universidad en esta materia. De acuerdo con datos de la Secretaría de Cultura, “fue fundado el 14 de enero de 1866, un inmueble del arquitecto Mario Pani, ubicado en la zona de Polanco, en la ciudad de México”.2

Se trata de una escuela prácticamente gratuita, eso significa que cualquier persona tiene acceso a esta institución, sea mexicano o extranjero; si no es como estudiante o como maestro, es como público.

Uno de los grandes retos de esta academia en la actualidad es atender las nuevas necesidades de la sociedad, que demanda la constante actualización de los planes de estudio ante el desarrollo de la tecnología; como resultado han surgido nuevos campos como el de la música para cine.3

Otra gran labor de esta institución es el constante mantenimiento del inmueble con sus asombrosos auditorios y salas que poseen una acústica imponente.

A sus 152 años, el Conservatorio ha dejado una enorme huella y hoy por hoy sigue siendo un referente de la tradición del desarrollo artístico y educativo musical en México.

Es importante mencionar que en estos últimos años el rescate, la defensa, divulgación y enseñanza de la música han resurgido con mucha fuerza de la mano de mexicanos preocupados por mantener viva nuestra cultura y nuestras tradiciones; por tal motivo debemos destacar la gran labor del Conservatorio Nacional de Música en su aniversario de fundación.

Notas

1 http://www.elportaldemexico.com/arte/musica/panoramadelamusicaenmexico. htm

2 https://www.gob.mx/cultura/prensa/el-conservatorio-nacional-de-musica-i nstitucion-clave-en-el-desarrollo-artistico-de-mexico

3 Para consultar sus planes de estudios y carreras, consultar: http://www.conservatorio.bellasartes.gob.mx/

Sala de juntas de la Comisión Permanente, a 10 de enero de 2018.

Senadora Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica)