Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SEP a analizar la posibilidad de dar becas también a estudiantes de educación superior de instituciones privadas y con ingreso igual o inferior a cuatro salarios mínimos, a cargo de los diputados César Camacho y Miguel Ángel Sulub Caamal, Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados César Camacho Quiroz y Miguel Ángel Sulub Caamal, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión por el estado de México y de Campeche, respectivamente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 58, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a analizar la posibilidad de que las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el Ejercicio Fiscal de 2018 consideren a estudiantes de educación superior de instituciones privadas cuyo ingreso sea igual o menor a cuatro salarios mínimos, al tenor de lo siguiente:

Exposición de Motivos

El artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a recibir educación .

Por su parte, la fracción VIII del mismo artículo señala que: “El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios...”

Ahora bien, la Ley General de Educación en su capítulo III, De la Equidad en la Educación, establece en su artículo 32 que: “Las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.

Se define además que las citadas medidas se encontrarán dirigidas, de manera preferente, a los grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrentan condiciones económicas y sociales de desventaja.

Es así, que en el artículo 33, fracción VIII, del mismo ordenamiento, se establece que las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias: “Desarrollarán programas (...) para otorgar becas y demás apoyos económicos preferentemente a los estudiantes que enfrenten condiciones económicas y sociales que les impidan ejercer su derecho a la educación...”

Respetable asamblea:

De acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Educación Pública, para el periodo escolar 2014-2015, se encontraron matriculados casi 26 millones de educandos en la educación básica del sistema educativo nacional.

4 millones 800 mil para la educación media superior; 3 millones 550 mil para la educación superior; y 1 millón 790 mil en capacitación para el trabajo.

Con lo que tenemos aproximadamente 36 millones de mexicanos inscritos y recibiendo educación en nuestro país.

De los anteriores, casi 5 millones, es decir 14 por ciento, se encuentran en instituciones privadas.

Para los fines del presente acuerdo, profundicemos en la composición general anteriormente expuesta: la mitad de estos 5 millones, es decir 2 millones 500 mil niños se encuentran inscritos en escuelas privadas de educación básica; 955 mil en el nivel medio superior; 1 millón 70 mil en el nivel superior y 360 mil en capacitación para el trabajo.

Lo que se presenta nos indica el comportamiento del número de educandos fuera del sistema público, donde dicho proceder se resume a dos razones: las familias mexicanas determinan inscribir a sus hijos en esquemas privados de educación, porque en cierto momento es una opción viable dado que pueden solventarlo; o bien, porque no les quedó otra opción al no ser aceptados sus hijos en los esquemas públicos.

Tenemos así que de los 26 millones de alumnos en la educación básica, alrededor de 10 por ciento se encuentran inscritos en la educación básica privada; de los 4 millones 800 mil alumnos en la educación media, 20 por ciento se encuentran inscritos en la educación media superior privada; y de los 3 millones 550 mil alumnos en la educación superior, 30 por ciento se encuentran inscritos en la educación superior privada.

Sobresale por supuesto el entorno en la educación superior, donde la educación pública que comprende la federal transferida, la estatal y la autónoma, se ha mantenido más o menos en estos rangos durante los últimos 15 años.

Es decir, alrededor de 1 de cada 3 estudiantes de la educación superior en el país, se encuentra cursando sus estudios en una escuela privada. Es decir, que posee un costo no subsidiado por el sector público y que debe ser cubierto por el educando y/o sus familias o por algún otro medio.

Si bien el entorno socioeconómico de algunas familias puede solventar el gasto en la educación universitaria privada de los hijos:

¿Qué pasa cuando los hijos de familias de bajos ingresos son rechazados en la educación pública universitaria?

¿Qué sucede cuando quienes no tuvieron en su momento la oportunidad de estudiar, desean o deciden continuar sus estudios profesionales en los sistemas semi-escolarizados o sabatinos, haciendo un gran esfuerzo porque en la semana trabajan para poder solventar los gastos de su familia y procurar tener también recursos para estudiar y superarse, siendo su única opción las instituciones privadas?

¿Qué pasa cuando no pueden hacerlo por su condición socioeconómica vulnerable?

Para no quedarse sin esta formación, las familias tienen que explorar casi siempre esquemas privados de educación.

En Campeche por ejemplo –así como en las demás entidades federativas del país– las instituciones de nivel superior privadas que existen, hoy en día se encuentra otorgando educación universitaria a segmentos poblacionales que no son en absoluto de altos ingresos, por lo ya expuesto en el párrafo anterior y por un tema de horarios que los esquemas públicos locales de educación universitaria no ofrecen para quienes tienen que trabajar y hacer el esfuerzo de cubrir sus gastos escolares.

Esta circunstancia hace que exista la necesidad y que no quede otra opción para sufragar los gastos educativos de nivel superior, más que la búsqueda de lo que la propia Ley General de Educación reconoce como becas de manutención.

Sin embargo, cuando las familias no consiguen becas para sus hijos, la educación comienza a posponerse con lo que se incrementa el riesgo de que se abandone el precepto educacional como prioridad formativa, tendiendo los jóvenes por la incorporación temprana al mercado laboral, y lamentablemente a veces en la informalidad.

Para atraer y retener a los jóvenes de los segmentos de menores ingresos, la ley otorga facultades tanto al gobierno federal, con el concurso de los gobiernos de los estados y de las instituciones educativas, para impulsar diversos programas de becas.

Las becas son una herramienta esencial para impedir que el origen social condicione el destino educativo de las personas.

Asimismo, la propia ley establece que las becas deberán existir tanto en los esquemas públicos como en los privados.

Las becas en la educación privada son definidas, en términos del artículo 57, fracción III, de la Ley General de Educación y por el acuerdo número 279 de la Secretaría de Educación Pública publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de julio del 2000, en un número mínimo de becas equivalente al cinco por ciento del total de alumnos inscritos que cada institución debe otorgar. No obstante lo anterior, casi siempre son insuficientes y por cierto, casi todas son del tipo beca-crédito; en otras palabras, es una deuda que el educando adquiere y que en algún momento tendrá que saldar ya sea con trabajo o de manera pecuniaria.

Respecto de las becas en la educación pública, suelen ser subsidios determinados por un monto aprobado en el presupuesto federal y en los presupuestos de los estados a través del Programa Nacional de Becas o programas estatales respectivamente. Asimismo, todas ellas se basan en formatos a fondo perdido, es decir, no implican en la mayoría de los casos situaciones resarcitorias pecuniarias para quienes las reciben.

Si bien las diversas becas en ambos esquemas educativos tienen principios comunes para ser otorgadas, como el nivel socioeconómico de los educandos, el promedio de calificaciones, entre muchos otros, que varían de acuerdo con el o los otorgantes, el presente punto de acuerdo pretende abonar en el cabal cumplimento del postulado constitucional que señala la universalidad en el acceso a la educación; así como lo establecido en norma secundaria relacionado con una mayor equidad educativa y con el principio de que las becas y demás apoyos debieran otorgarse preferentemente a los estudiantes que enfrenten condiciones económicas y sociales que les impidan ejercer su derecho a la educación y que demuestran además un eficiente desempeño escolar.

Entonces ¿por qué las becas de manutención que se otorgan a través del Programa Nacional de Becas específicamente para estudiantes del nivel educación superior no respetan estos elementos fundamentales?, becas que se otorgan con recursos públicos.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, para el periodo escolar 2014-2015 se otorgaron 7 millones 817 mil becas en el país.

De las cuales 66 por ciento se repartieron entre estudiantes de nivel básico; 25 por ciento en nivel medio-superior; y 8.7 por ciento en nivel superior (que incluye becas de postgrado).

Estimados compañeras y compañeros legisladores:

Las becas que se otorgan a través del Programa Nacional de Becas específicamente para estudiantes del nivel educación superior atienden a estudiantes inscritos en escuelas públicas; no se ofrecen a los estudiantes que –por las circunstancias ya expuestas con antelación– pudieran necesitarlas y que se encuentran inscritos y cursando sus estudios, con gran esfuerzo personal y familiar, en instituciones privadas, y que forman parte de la población en condiciones económicas vulnerable y en desventaja.

Esto se debe a que uno de los requisitos establecidos en las reglas de operación para obtener becas de manutención gubernamentales, es que el solicitante se encuentre inscrito en alguna institución pública de educación superior (IPES) 1; quedando negada la posibilidad de solicitarlo y de acceder como beneficiario de las becas cuando los solicitantes se encuentren inscritos en una institución probada, bajo la errónea suposición de que todos estos educandos y sus familias pertenecen a deciles de ingresos superiores.

Tenemos entonces la situación de que cuando estos jóvenes solicitan alguna beca pública, son rechazados categóricamente.

Lo anterior es sin duda discriminatorio y el programa o los programas en cuestión podrían ser sujetos de algún recurso de inconstitucionalidad.

La política pública en la materia suele pasar por alto y no considera que muchos de esos solicitantes tuvieron que acudir a esas instituciones privadas al ser rechazados por esquemas públicos de educación, es decir, la educación privada nunca fue su primera opción educativa; o bien, porque en sus lugares de origen, no existe una cobertura pública educativa suficiente y las funciones educacionales tienen que ser absorbidas por entes privados.

Además, se olvida que la fracción VIII del artículo 33 de la Ley General de Educación, en ninguna manera establece un criterio o parámetro diferenciado para quien estudia en una escuela pública o privada, sino que expresamente señala “....a los estudiantes que enfrenten condiciones económicas y sociales que les impidan ejercer su derecho a la educación”. En consecuencia, “Donde la ley no distingue no hay porque distinguir”, de tal forma que no existe argumento legal que impida que la solicitud para el acceso a las becas puedan realizarlo tanto por estudiantes que cursen sus estudios en escuelas públicas como por aquellos que lo hagan en instituciones privadas ; no obstante a lo anterior queda claro, de igual forma, que para ser beneficiario de una beca se tendrá que acreditar que se enfrentan condiciones económicas y sociales vulnerables, lo cual se encuentra establecido en el marco normativo, se reconoce en la presente propuesta y, desde luego, dentro de los criterios de priorización del programa nacional de becas.

Asimismo, se pasa por alto, de forma específica para las becas de manutención del nivel de educación superior, que las propias Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el Ejercicio Fiscal de 2017 en su apartado 2. Objetivo, 2.1 general expresa “Favorecer el acceso, la permanencia, egreso y/o la superación académica e investigación de los estudiantes, recién egresados/as y/o docentes, personal académico y profesores/as investigadores/as, investigadores/as y personal con funciones de dirección (directores/as) que participan en el Sistema Educativo Nacional mediante una beca y/o apoyo económico”, siendo que en el glosario de esas mismas reglas de operación se encuentra la siguiente definición “Sistema Educativo Nacional: está constituido, entre otros, por las instituciones educativas del Estado y de sus organismos descentralizados, las instituciones de los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, y las instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía”.

Bajo ese orden de ideas, la presente propuesta, en lo relativo a las becas de manutención que se otorguen a estudiantes del nivel de educación superior, pretende:

a) Que prevalezca la situación socioeconómica del solicitante y/o beneficiario de una beca2 , por sobre si se encuentra inscrito en una institución de educación pública o no.

b) Ser sensibles y responder a la necesidad de la población que, aún en condiciones socioeconómicas vulnerables, realiza todos los días un gran esfuerzo para acceder a la educación superior.

Conviene aclarar además:

a) La propuesta que se realiza no conlleva el generar impacto presupuestal, sino establecer un mejor criterio para que los estudiantes de educación superior pueda solicitar su acceso a los programas de becas públicos, acorde con los principios establecidos en nuestras normas vigentes.

Se propone que estudiantes de educación superior, tanto de instituciones públicas como privadas, puedan participar en el concurso de asignación del programa nacional de becas ; y solamente cuando acrediten los criterios de priorización (por su circunstancia de vulnerabilidad y condición socioeconómica, así como su eficiente desempeño académico) para su elegibilidad, pueden ser beneficiarios.

Cabe señalar además que las propias reglas de operación establecen que el otorgamiento de la beca está sujeta a la suficiencia presupuestaria del ejercicio fiscal 2017.

b) Estamos en contra de la privatización de la educación, pero a favor del espíritu contenido en el artículo 32 de la Ley General de Educación y que alude a la equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.

No olvidemos además que como bien se infiere de las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas, la beca es una opción que tienen los estudiantes en contextos y situación de vulnerabilidad para ingresar, permanecer y concluir sus estudios de educación superior.

Es por lo anteriormente expuesto que se pone a consideración de la asamblea la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que analice la posibilidad de que las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el Ejercicio Fiscal de 2018, considere que las becas puedan ser otorgadas también a estudiantes de educación superior de instituciones privadas cuyo ingreso sea igual o menor a cuatro salarios mínimos per cápita vigentes al momento de solicitar la beca.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas y al jefe del gobierno de la Ciudad de México, para que, por su conducto, las dependencias o entidades locales encargadas del otorgamiento de becas escolares, tomen también en consideración a los estudiantes de educación superior de instituciones privadas cuyo ingreso sea igual o menor a cuatro salarios mínimos per cápita vigentes al momento de solicitar la beca.

Notas

1 Ver Acuerdo número 25/12/16 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el ejercicio fiscal de 2017 (Anexo 2: Beca de Manutención, II. Apartados: 1. Población Objetivo, Primer Párrafo) publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 31 de diciembre de 2016).

2 Como lo dispone el Acuerdo número 25/12/16 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el ejercicio fiscal de 2017 (Anexo 2: Beca de Manutención, II. Apartados: 1. Población Objetivo, Primer Párrafo) publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 31 de diciembre de 2016): “....cuyo ingreso sea igual o menor a cuatro salarios mínimos per cápita vigentes al momento de solicitar la beca,”

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de diciembre de 2017.

Diputados: César Camacho Quiroz, Miguel Ángel Sulub Caamal (rúbricas)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los partidos políticos nacionales y locales a incluir a un mexicano migrante o binacional en los 10 primeros espacios de las listas de candidatos de representación proporcional a escala federal y de las entidades federativas, suscrita por la diputada Cecilia Soto González, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Cecilia Soto González, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo relativo a la participación de migrantes mexicanos en las elecciones federales y locales en el proceso electoral de 2018, con base en los siguientes

Considerandos

Que tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como la Ley de Migración reconocen que el libre tránsito “es un derecho de toda persona y es deber de cualquier autoridad promoverlo y respetarlo.”

Que la migración es un movimiento voluntario o involuntario de residencia de manera temporal o permanente entre comunidades, estados o países. Cuando ocurre de manera voluntaria es, en la mayoría de los casos, motivada por el deseo de encontrar mejores oportunidades de vida; sin embargo, en los casos en que las condiciones de vida en el lugar de origen limitan el desarrollo personal y el de las familias, este movimiento es, aunque voluntario, impulsado por una necesidad de mejorar esas condiciones.

Que, de acuerdo con la Organización Internacional de las Migraciones, el motivo recurrente entre los migrantes es la búsqueda de oportunidades laborales. Los flujos son principalmente de países subdesarrollados a los desarrollados: los migrantes adultos que se desplazan del sur al norte son el 40 por ciento, los que se desplazan entre países del sur es el 33 por ciento, el 22 por ciento entre países del norte y 5 por ciento de norte a sur.

Que son Estados Unidos de América el país con mayor número de migrantes, 46 millones de personas, seguido de Rusia con 11 millones, Alemania con 10 millones, Gran Bretaña 8 millones, entre otros.

Que en Estados Unidos de América hay 12 millones de personas originarias de México, principalmente en los estados de California, Arizona, Georgia, Carolina del Norte, Illinois, Nueva York y Texas.

Que el Anuario de migrantes y remesas, México 2017, destaca que nuestro país ocupa el segundo lugar de emigrantes en el mundo con cerca de 12.4 millones de personas, de éstos más del 97 por ciento viven en Estados Unidos que, junto con los descendientes de segunda y tercera generación, hacen cerca de 35 millones de personas de origen mexicano viviendo en ese país.

Que el 67 por ciento de los migrantes mexicanos en Estados Unidos forman parte de la población económicamente activa, dentro de esta el 95 por ciento está ocupada, principalmente en el sector terciario y secundario de la economía.

Que México es el cuarto país a escala mundial receptor de remesas por un monto de 28 mil 143 millones de dólares para 2016, de estos 26 mil 970 millones son remesas familiares a México, de las cuales el 95.4 por ciento proviene de Estados Unidos.

Que dentro de las entidades federativas que reciben un porcentaje mayor de estas remesas, al menos cinco de ellas renovarán sus gubernaturas y en todas sus representantes en el Congreso de la Unión.

Que en varias legislaciones locales se garantiza la participación de migrantes mexicanos en los procesos de elección popular y su representación en los congresos. Para el caso de Zacatecas la ley define la figura de diputado migrante para el congreso de esa entidad y establece que, de los 12 diputados electos por representación proporcional, dos deberán “tener al momento de la elección, la calidad de migrantes o binacionales”.

Que derivado de lo anterior resulta imprescindible que los grupos de migrantes mexicanos en el exterior tengan un representante en las Cámaras federales y los congresos locales que defiendan sus intereses.

Que a pesar de no existir un mandato expreso en la legislación federal y en la mayoría de las legislaciones locales que permita su participación en los procesos electorales, los partidos políticos que participarán en este proceso deben ser sensibles a las necesidades de la comunidad mexicana migrantes mediante su integración en las listas plurinominales.

Por lo anteriormente expuesto, somete a consideración de este pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto a los partidos políticos nacionales y locales a incluir a una persona mexicana migrante o binacional, dentro de los primeros 10 espacios de las listas de candidatos de representación proporcional a nivel federal y de las entidades federativas.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a veinte de diciembre de dos mil diecisiete.

Diputada Cecilia Soto González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a evitar cualquier medida que eleve los índices de contaminación y viole los derechos humanos de los habitantes de la megalópolis, a cargo de Virgilio Dante Caballero Pedraza y suscrita por Juan Romero Tenorio y María Chávez García, diputados del Grupo Parlamentario de Morena

Juan Romero Tenorio, Virgilio Caballero Pedraza y María Chávez García, diputados federales de la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de lo siguiente:

Consideraciones

Primero. El Programa de Verificación Vehicular nació en 1996 y su objetivo consiste en revisar cada semestre los niveles de emisión de contaminantes de los vehículos particulares, de carga, de transporte de pasajeros y taxis, matriculados o que circulan en la Ciudad de México.

Este programa es relevante porque facilita la operación del Programa Hoy No Circula que, a su vez, se hizo de carácter obligatorio y permanente en 1990, fecha en que sólo se restringía la circulación a 20% del parque vehicular particular y al transporte público durante un día laboral y a un horario específico. Así operó hasta 1997, toda vez que el 30 de diciembre de 1996 se publicó una actualización al acuerdo establecido en 1990 y ahí fue cuando se definieron las condiciones para exentar la restricción a la circulación.

De esta forma, los vehículos a gasolina modelo 1993 y posteriores así como los automotores pesados a diésel modelos 1998 y posteriores podían circular todos los días siempre y cuando presentaran bajos niveles de emisión, los cuales eran fiscalizados a través de la aplicación del Programa de Verificación Vehicular;1 así se han ido modificando los parámetros con que opera, siendo su actualización más reciente la anunciada el 30 de Junio de 2017.

Es así que el programa Hoy No Circula adquirió una doble función, por un parte evitaba la emisión de contaminantes provenientes del parque vehicular que debía descansar un día a la semana y por otro lado permitía reducir la tasa de emisión de contaminantes de los vehículos que entraban en los distintos programas para exentar la restricción a la circulación.

Las acciones que se impulsaron utilizando como incentivo la exención al programa Hoy No Circula fueron: la utilización en vehículos de gas licuado de petróleo y gas natural en sustitución de la gasolina y diésel, la autorregulación de unidades a diésel pertenecientes a flotillas de transporte de pasajeros y mercancías, la sustitución de convertidores catalíticos en mal estado, el cumplimiento acelerado de estrictas normas ambientales, e incluso el mejorar el programa de verificación de emisiones vehiculares de algunos Estados de la zona centro del país.

La aplicación de las medidas mencionadas en el párrafo anterior permitió abatir con gran éxito las emisiones vehiculares, pero al mismo tiempo propiciaron que el programa Hoy No Circula perdiera cobertura afectando paulatinamente la eficiencia del mismo y poniendo, hacia finales de la década pasada, en riesgo la continuidad de éste.

En el año 2003 se estimó en 3.2 millones el número de vehículos que conformaban a la flota vehicular matriculada en las dos entidades que integran la Zona Metropolitana del Valle de México. De esta flota vehicular, 1.8 millones de unidades estaban exentos del programa Hoy No Circula, lo que significa que diariamente dejaban de circular el 8.6% de la flota vehicular (276 mil vehículos), en lugar del 20% originalmente planteado.

La pérdida de cobertura del programa Hoy No Circula se debió al gran número de vehículos nuevos que anualmente se vendían en la ZMVM (cerca de 300,000 unidades), mismos que por sus emisiones vehiculares quedaban exentos de la restricción a la circulación.

Ello impacta negativamente en las condiciones de tránsito y en la velocidad de desplazamiento. La separación física entre los lugares de residencia y los denominados destinos funcionales –como los empleos, las escuelas o los servicios de salud– también son un factor importante, pues obligan a las personas a pasar más tiempo transportándose.2

A ello se suman los desplazamientos internos, que en conjunto generan embotellamientos y consumo ineficaz de combustible. De acuerdo con el Índice de Tráfico TomTom, la Ciudad de México es la más congestionada del mundo, pues en relación con una situación de flujo libre, los tiempos de viaje se incrementan hasta 59%.3 Esto es, la velocidad promedio en horas pico oscila entre 8 y 11 km/h.4

Segundo . Los Centros de Verificación Vehicular son los responsables de prestar el servicio de verificación y están obligados a contar con la infraestructura necesaria para evaluar las emisiones vehiculares de los vehículos que utilizan gasolina, gas natural, gas licuado de petróleo y otros combustibles alternos, de acuerdo a lo que establece en las Normas Oficiales Mexicanas y el Programa de Verificación Vehicular.

En el año del 2009, la Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, creo el diseño de los Nuevos Equipos de verificación Vehicular denominado equipo GDF-2009, con Nuevos prototipos de analizadores, nuevos proveedores de equipo, obligando a los 83 verificentros existentes a cambiar línea por línea. Así como en el año de 2010 la Secretaria del Medio Ambiente, a su vez, realizó el Software con el que trabajan actualmente los verificentros de esta Ciudad, que es propiedad del Gobierno de la Ciudad de México.

Asimismo, en el año de 2014, se crea el (CIVAR) Centro de Inspección y Vigilancia Ambiental remota, desde donde en tiempo real, se vigila segundo a segundo las instalaciones y la operación de los verificentros de la Ciudad de México.

Con lo que se demuestra que los verificentros de la Ciudad de México que actualmente han actualizado semestre a semestre, con actualización en sus equipos de verificación vehicular, y NO tienen una antigüedad de veinte años como lo señala la Secretaria del Medio Ambiente.

Sin embargo, por una mala decisión en materia de política ambiental se está poniendo en riesgo la continuidad del Programa de Verificación Vehicular y con ello la salud de millones de habitantes de la Ciudad de México y la Zona Metropolitana del Valle de México.

Esto en razón que a partir de enero, los 74 verificentros que actualmente operan en la Ciudad de México se verán obligados a cerrar sus puertas , según informó la Secretaría de Medio Ambiente de la ciudad (Sedema) y en su lugar entrarán en operación 55 nuevos verificentros, que tendrán tecnología de punta, aunque aún no están listos y se desconoce cuál es el Plan y/o Nuevo Programa, así como la Nueva Tecnología, ya que las Bases para autorizar a estos nuevos verificentros, el equipo de verificación vehicular es el mismo. Solo se agrega la inspección físico mecánica “Revista” que es competencia de la Secretaria de Movilidad, misma que no debe ser aplicada en los verificentros de la Ciudad de México.

Por esta razón, el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, planteó la posibilidad de dar una prórroga para verificar vehículos a partir de enero. Esta prórroga aplicaría hasta que los 55 nuevos verificentros estén completamente listos.

“O sea, no podemos arrancar por arrancar ni mucho menos causarles molestia a las personas de que verifiquen y luego vuelvan a verificar. Hay que darle certeza, certidumbre y eso lo está trabajando la Secretaría de Medio Ambiente. Una opción puede ser que se hiciera una prórroga de verificación hasta el tanto no esté perfectamente establecido el sistema”.5

Debido a que los nuevos verificentros, que sustituirán a los 74 en operación, aún no están equipados, Mancera dijo que se valora prórroga a verificación.

“Una opción puede ser esa, que se hiciera una prórroga de verificación hasta el tanto no esté perfectamente establecido el sistema”.6

Mancera expuso que los nuevos verificentros no entrarán en operaciones si no se tiene certeza de que están al 100 por ciento para ofrecer el servicio.

“Decirle a la ciudadanía que vamos a cuidar que no tengan ningún problema, ninguna molestia eso es lo primero, segundo tenemos que ser muy responsables con la implementación”.7

“Se está hablando con la CAME (Comisión Ambiental de la Megalópolis), ahora la Ciudad de México ha venido dando y sobre todo si nosotros homologamos, imagínate homologamos verificaciones con Michoacán, homologamos verificaciones con Guanajuato, estamos en la homologación de verificaciones con Querétaro, entonces debemos ser muy puntuales y muy responsables de los equipos y de los procedimientos”.8

En tanto, la Secretaria de Medio Ambiente, Tanya Müller, agregó que se está revisando el tema y se mantiene en comunicación permanente con la CAME.

La Sedema aclaró que el 31 de diciembre vencen las autorizaciones para operar los 74 verificentros que hay en la ciudad. Explicó que esto lo contempla la Convocatoria para Obtener Autorizaciones para Establecer y Operar nuevos Centros de Verificación Vehicular en el Distrito Federal, que en 1995 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la entonces Dirección de Ecología de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal. Esta convocatoria estableció que el permiso para operar verificentros vence el último día de este año, según la Secretaria de Medio Ambiente.

Es totalmente falso que la Convocatoria del año 1995, establezca que se vencen los permisos al 31 de diciembre del año 2017. En virtud, de que dicha convocatoria NO tiene vencimiento, al contrario establece que los verificentros que sean aprobados deberán revalidar sus concesiones por periodo de cinco (5) años. Revalidaciones que los gobiernos de la Ciudad de México, respetaron hasta el año de 2015. Que fue cuando Sedema, tomo la determinación de Revalidar la Autorizaciones de los verificentros actuales solo por dos (2) años. Con lo que se demuestra que el vencimiento al 31 de diciembre del año 2017 lo impuso Sedema y No la Convocatoria de 1995.

Por tal motivo, el 14 de marzo de 2017, la Sedema publicó en la Gaceta Oficial9 el Aviso por el cual se da a conocer la Convocatoria Pública para obtener la Autorización para Establecer y Operar Centros de Verificación Vehicular en la Ciudad de México

La convocatoria tuvo como propósito principal otorgar 55 autorizaciones para establecer y operar verificentros con una vigencia de 10 años, prorrogable por un periodo igual

Sin embargo los propietarios de los Centros de Verificación Vehicular en la Ciudad de México (verificentros) señalan que lo que se busco era beneficiar a un grupo de empresarios ligados al Gobierno de la Ciudad y dejarlos fuera mediante la emisión amañada de la convocatoria respectiva y de manuales de operación infralegales, que en los hechos les impiden refrendar su concesión a pesar de que cuentan con la tecnología de punta más avanzada del país, personal capacitado, gozan de derechos adquiridos y han realizado inversiones cuantiosas en todos y cada uno de los verificentros.

Señalan que se viola la Ley al otorgarles concesiones a quienes no cumplían con los requisitos, desde no contar con los inmuebles apropiados, hasta no contar con las líneas de verificación, lo que se constata con el hecho de que no son operativos a la fecha y que solo podrán estarlo dentro de 6 meses.

Señalan que no se les ha notificado formalmente la resolución y que carece de publicidad las empresas ganadoras, por lo que han recurrido la Justica Federal en busca de protección en vista de que el pasado 19 de octubre del presente año, la Sema, público

“Acuerdo por el que se modifica el aviso por el que se da a conocer el manual para la operación y funcionamiento de los equipos, instrumentos, instalaciones, y demás elementos necesarios para la adecuada operación y funcionamiento de los equipos y sistemas de verificación vehicular, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 7 de agosto 2015.

Único. Se dejan sin efectos los numerales 6.2 y 6.3 del apartado 6. Operación y mantenimiento de los Centros de Verificación Vehicular del manual para la Operación y Funcionamiento de los Equipos, Instrumentos, Instalaciones y demás Elementos necesarios para la adecuada Operación y Funcionamiento de los Equipos y Sistemas de verificación vehicular, para quedar como sigue;

Contenido...

6....

6.1...

6.2. Se deja sin efectos.

6.3. Se deja sin efectos.

Transitorios

Primero. Publíquese el presente acuerdo en la gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Segundo. El presente acuerdo entra vigor al día siguiente de su publicación.

Tercero. El presente acuerdo no surtirá efecto respecto del quejoso del juicio de Amparo 589/2017, tramitado ente el Juzgado Octavo de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México, con motivo de la suspensión definitiva que le fue concedida, hasta en tanto quede sin efecto dicha medida cautelar.

Dado en la Ciudad de México, el día 18 de octubre del 2017.”(SIC).

En donde Sedema deja sin efectos el procedimiento de Revalidación 6.2, y Ratificación 6.3 del Manual de Operación, con la finalidad de no revalidar a los verificentros existentes,

Motivos por los que, se interpusieron Amparos y se han obtenido al menos 3 Suspensiones Definitivas en Juicios de Amparo en los expedientes 1358/2017, interpuesto ene l juzgado Quinto de Distrito En Materia Administrativa de la Ciudad de México, 1557/2017 y 1558/2017, interpuestos en el Juzgado Novenos de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México, así como la suspensión definitiva en contra de la “ Convocatoria Pública para las personas físicas y morales que se interesen en el procedimiento para obtener 55 Autorizaciones para Establecer y Operar Centros de Verificación Vehicular en la Ciudad de México. Publicada el 14 de marzo del 2017, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Convocada y emitida ilegalmente por la Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire de la Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México.”, en el amparo l 589/2017 en el juzgado Octavo de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México, contra de la violación al derecho a Revalidar sus autorizaciones, siendo la intención de impedirles continuar prestando el servicio, y además en los otros 71 casos se encuentran Sub Iúdice ,10 es decir pendiente de resolución judicial.

Incluso acusan a funcionarios del gobierno de la ciudad de extorsión abierta al imponerles un pago de $20.00 pesos (veinte pesos 00/100 M.N.) por cada vehículo que era sometido a revisión y lo que da un total de al menos $80,000,000.00 (ochenta millones de pesos 00/100 M.N) al año.

En este orden de ideas, el día 5 de diciembre, unos dos mil empleados de los centros de medición ambiental protestaron por el inminente cierre de sus centros de trabajo y demandaron extender la autorización y continuar en operación durante el primer semestre de 2018.11

Ante ello, la Secretaria de Medio Ambiente dela Ciudad de México se vio obligada a publicar un comunicado12 en el que, en otros puntos, señala:

Con relación a la inconformidad que públicamente han expresado trabajadores de los Centros de Verificación Vehicular de la Ciudad de México, quienes manifiestan que el gobierno local les negó permiso para operar a partir de enero, la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) aclara que:

Dicho argumento es inexacto. Lo que realmente ocurre es que el 31 de diciembre de 2017 vencen las autorizaciones para Operar verificentros en la CDMX.

Así lo contempla la Convocatoria para obtener Autorizaciones para establecer y operar nuevos Centros de Verificación Vehicular en el Distrito Federal que en 1995 publicó en el Diario Oficial de la Federación la entonces Dirección de Ecología de la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal.

Por tal motivo, el 14 de marzo de este año, la SEDEMA publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Aviso por el cual se da a conocer la convocatoria pública para obtener la autorización para establecer y operar centros de Verificación Vehicular en la Ciudad de México.

...

El aviso hace hincapié en que únicamente se otorgaría autorización a los participantes que reunieran todos y cada uno de los requisitos establecidos tanto en la convocatoria como en las Bases de Participación.

Una vez analizadas las propuestas de los participantes, el 12 de mayo la SEDEMA notificó los resultados, mismos que pueden ser consultados en el enlace: http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/convocatoria-verificentros/resultado s.html

...”

Cabe señalar que la “Convocatoria”, resulta ilegal en vista de las siguientes consideraciones.

1. No existe la declaratoria previa del jefe de Gobierno ante el cambio de los verificentros de la Ciudad de México, ante la necesidad de nueva tecnología y/o la necesidad de implementar nuevos verificentros en la Ciudad de México. Violando el estatuto de Gobierno artículo 93.

2. La convocatoria fue lanzada, emitida y pública por la Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire, quien carece de facultades legales para convocar una nueva licitación de verificentros Nuevos. Tal facultad es de la Secretaria del Medio Ambiente.

3. Resulta ilegal que se establezcan procedimientos en los nuevos verificentros de la competencia de la Secretaria de Movilidad como lo es establecer la “Revista” a particulares.

Es importante señalar que los resultados de la convocatoria no están fundados ni motivados, no se describe la idoneidad de su propuesta, la capacidad técnica de los nuevos concesionarios, la ubicación física delos inmuebles donde se prestara él servicio de verificación, en suma cuales son las razones técnicas para considerarlos como ganadores de este concurso público, y en cambio y solamente contiene un listado de los ganadores, sin que medie acuerdo alguno.

Tercero . El párrafo cuarto del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina el derecho a un medio ambiente sano.

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de Salubridad General, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos”.

El párrafo quinto del mismo ordenamiento señala:

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.

Es así que en consideración a lo establecido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el que se señala que “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, tiene la obligación de garantizar el respeto a este derecho.

Al suspender el servicio de verificación vehicular por el período de seis meses en el “Programa de Verificación Vehicular para el primer Semestre del Año 2018”, la Secretaria del Medio Ambiente, generará un daño y deterioro al Medio Ambiente, lo que dará motivo a un daño irreparable y grave en la Salud Pública de los habitantes de esta Ciudad.

El artículo 1° fracción I de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, establece como parte de su objeto el “garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar”.

Asimismo, el artículo 131 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, señala como criterios para la protección a la atmósfera las políticas y programas de las autoridades ambientales, las cuales deben de estar dirigidas a garantizar que la calidad del aire sea satisfactoria en la Ciudad de México , y que las emisiones de todo tipo de contaminantes a la atmósfera, sean de fuentes fijas o móviles, deben ser prevenidas, reguladas, reducidas y controladas , para asegurar una calidad del aire satisfactoria para la salud y bienestar de la población y el mantenimiento del equilibrio ecológico.

Motivos por los que, fue creado el “Programa de Verificación Vehicular Hoy No Circula”, el cual, se ha tenido a lo largo de los años como la medida adoptada por el Gobierno de la Ciudad de México, para prevenir, combatir, mitigar la contaminación ambiental, derivada de la medición de los máximos permisibles de emisiones contaminantes de los vehículos automotores que circulan en la Ciudad de México.

La aplicación del Programa de verificación vehicular, ha generado enormes beneficios a la población que reside en esta Ciudad, y el mismo es actualizado semestre a semestre, en coordinación con los Estados Aledaños, por lo que resulta ser un programa metropolitano, de interés general.

Siendo que, de suspender la verificación vehicular por un periodo de seis meses en la Ciudad de México, el “Programa de verificación Vehicular para el Primer Semestre del 2018”, en época invernal, donde el incremento de emisiones de los gases de efecto invernadero, aumenta, de forma considerable, viola en perjuicio de la población en general lo establecido en los artículos, 25 y 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia la salud y el bienestar.

Es evidente que, al No existir la Fundamentación y Motivación, de los argumentos válidos para la suspensión de la verificación vehicular por un periodo de seis meses determinado el “Programa de Verificación” aludido, se está en presencia de una afectación grave a la Salud de las personas, y de su bienestar.

Así como el actuar, sin consultar y sin dar a conocer las medidas preventivas y/o alternativas, o propuestas ambientales para la justificación de la Suspensión del Servicio de Verificación Vehicular por un periodo de seis meses, otorgando una “prorroga en la verificación vehicular”, situación que el jefe de Gobierno, manifestó en declaraciones a los medios de comunicación, implica estar frente a un actuar a discrecionalidad y de poder, sin importar el daño al Medio Ambiente de la Ciudad de México, al caos vial que esto implica y el daño grave e irreparable a la Salud de los habitantes de la Ciudad de México.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México en protección a la Secretaria del Medio Ambiente, anteponen intereses muy personales, en vista de existir la violación al artículo 93 del Estatuto de Gobierno de la Ciudad de México, al permitir como ejecutivo de esta Ciudad se realice un Nueva “Convocatoria Pública para verificentros de la Ciudad de México”, sin la Declaratoria Previa de la Necesidad del aumento y/o cambio de tecnologías en la verificación vehicular, y así autorizar establecer a 55 (cincuenta y cinco) nuevos verificentros que solo son un proyecto ficticio que No existe, anteponiendo una “Convocatoria fallida” a la Salud Pública y del Medio Ambiente.

Motivos por los que, se pretende suspender la verificación vehicular por el término de seis meses, para la instalación de los verificentros Nuevos. Aunado a la falta de un “Proyecto Real” en materia de verificación vehicular y mitigación de la contaminación ambiental en la Ciudad de México.

Al establecer una “prorroga” de seis meses sin la aplicación del servicio de verificación vehicular en el primer semestre del año 2018, implica que los propietarios o poseedores de vehículos automotores en circulación matriculados en la Ciudad de México NO sometan sus unidades a la verificación de emisiones contaminantes, en los Centros de Verificación vehicular denominados “verificentros”, autorizados por la Secretaría del Medio Ambiente dentro del periodo que les corresponda, en su caso, reparar los sistemas de emisión de contaminantes y sustituir los equipos y dispositivos que no funcionen adecuadamente, así como NO reparar las fallas que hubiesen propiciado la no aprobación de las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes en lo relacionado a la emisión de gases en el escape, gases volátiles, en los términos que determine el Programa de Verificación correspondiente.

Es evidente, que al no ser verificados por el periodo de seis meses, resulta muy grave y violatorio a lo establecido en el artículo 140 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, y el artículo 5 del Reglamento de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, en Materia de Verificación Vehicular.

Siendo que, los propietarios No someterán a revisión y mantenimiento los vehículos automotores que circulan en la Ciudad de México, lo que generara un incremento en los niveles de Contaminantes de compuestos orgánicos volátiles y los óxidos de nitrógeno , que son precursores de ozono, ambos contaminantes de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud tienen impactos graves en la salud de la población y el Medio Ambiente de la Ciudad.

El ozono es un contaminante de extremo peligro en la Ciudad de México, de acuerdo a registros del propio Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, de la Secretaria del Medio Ambiente, el cual rebasa los estándares de Buena Calidad del Aire definidos en la NOM-020-SSA1-2014. Motivos por los que, para reducir los niveles de ozono y de partículas finas, es necesario reducir las emisiones de los contaminantes en los vehículos automotores como principal fuente de emisión de óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles.

En este orden de ideas, no debe suspenderse el servicio de la verificación vehicular, el cual se encarga de la medición de las partículas suspendidas y de medir los máximos permisibles de emisiones contaminantes.

Tal situación resulta muy grave, al ser de interés primordial para la sociedad, proteger el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de la población, la salud y la calidad de vida, a través de la prevención, control y minimización de la emisión de contaminantes, por lo que resulta evidente que la colectividad en su conjunto se encuentra interesada en la implementación de las acciones que contribuyan al objetivo de ese interés público de preservar la salud de los habitantes de la Ciudad de México colectivo .

Cuarto. El derecho a la salud se refiere a un estado completo de bienestar que abarca factores determinantes entre los que figura el disfrute de un medio ambiente sano13 en sí mismo, es decir, propicio para la vida y libre de enfermedades que impidan su sostenibilidad y equilibrio.14

Por el contrario, la contaminación del medio ambiente sería la introducción por el hombre de sustancias o energía que producen efectos perjudiciales.15

En este contexto, el derecho a la salud implica una protección viable contra los peligros naturales y la ausencia de contaminación.

Así pues, los Estados deben adoptar medidas para mejorar todos los aspectos del medio ambiente,16 particularmente formular y aplicar políticas para reducir y suprimir la contaminación del aire, incluida aquélla causada por metales pesados.17

Por el contrario, siempre que omita hacerlas cumplir, estaría faltando a su obligación de protección. Por ello, se considera que la protección del medio ambiente es una condición sine qua non para numerosos derechos humanos, entre ellos los derechos a la vida y a la salud (véase cuadro 5). En opinión de Antonio Cancado, el derecho a un medio ambiente sano es una extensión natural de ambos derechos, en tanto protege no sólo la existencia física de las personas sino las condiciones y calidad en que ésta se da.18

A la fecha, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se ha pronunciado en dos ocasiones sobre la calidad del aire. En la primera de ellas, la Comisión examinó la información que se otorga a la población sobre la calidad del aire, los parámetros para medir e informar sobre el tema y las acciones adoptadas para enfrentarla.

En una segunda oportunidad se pronunció sobre la persistencia de las condiciones de contaminación atmosférica, considerada una violación continua a los derechos humanos, y sobre la omisión de las autoridades para implementar acciones para prevenirla, así como para aplicar sanciones a las empresas que las incumplieran.

La CNDH pasó de considerar el medio ambiente como una condición para el disfrute del derecho a la vida y la salud, a valorar el derecho a un medio ambiente sano de forma autónoma.

En el Informe especial sobre el derecho a un medio ambiente sano y la calidad del aire en la ciudad de México, la CDHDF advirtió que las personas perciben como afectaciones a la calidad del aire, las actividades de los talleres y las fábricas que generan humo; la falta de planificación de obras viales; la deficiencia en el mantenimiento de vehículos de transporte público, y las actividades de los particulares que generan malos olores y contaminantes. 19

Doctrinalmente ha quedado establecido que el ser humano es parte del medio ambiente y que por ello debe ser salvaguardado. Esta idea surgió el reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano, que puede definirse como la existencia de un entorno favorable para el desarrollo de las personas, que les asegure salud, bienestar y una vida digna.

En un inicio se partió de la visión que concebía la protección del ambiente como medio para garantizar los derechos a la vida y la salud, pero luego se reconoció que éste merece protección por su propio valor y no sólo porque las personas puedan disfrutar de él.

A la par de este cambio de paradigma, la comunidad mundial consolidó avances en torno a la definición de las formas en que debe darse tal protección. En un inicio solamente se consideraron acciones para reducir los impactos de las actividades humanas en el medio ambiente, sin embargo, después se entendió que para lograrlo deben observarse otros derechos humanos.

Con base en esta concepción son obligaciones del Estado, entre otras: el diseño de una estrategia o plan de acción para preservar la calidad del aire ; la evaluación de las afectaciones que las actividades públicas y privadas puedan acarrear al aire, antes de su implementación; la definición y actualización de normas sobre la calidad del aire que se apeguen a los parámetros internacionales; la generación y difusión de información sobre la calidad del aire, y la creación de condiciones y mecanismos para la participación en materia ambiental.

Quinto . El Programa para mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México 2011-2020 (Proaire III) elaborado con la colaboración de los gobiernos del entonces Distrito Federal y del Estado de México, así como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Salud, miembros de la todavía Comisión Ambiental Metropolitana, organizaciones de la sociedad civil (OSC) y la academia, partió de la consideración que la ZMVM es un ecosistema complejo en el que el desarrollo urbano determina la emisión de contaminantes y, al mismo tiempo, influyen los horarios laborales, escolares y de servicios; las normas formales e informales de las empresas; las tecnologías de la información; la productividad y la competitividad.20

Baste señalar que las acciones contenidas en el PROAIRE III, en materia de Movilidad se encuentran, entre otros puntos: 1) Modernizar equipos en centros de verificación vehicular; 2) Homologar los procedimientos y criterios de verificación de los vehículos con placas federales y locales; 3) Actualizar el Programa Hoy No Circula ., 4) Poner en operación una red de monitoreo que informe en tiempo real sobre la situación de los flujos vehiculares; 5) Actualizar la información ambiental de calidad del aire que se ofrece a los medios de comunicación. 6) Fomentar la participación ciudadana en la gestión de la calidad del aire.

Por su parte, el 1 de marzo de 2017 el gobierno federal, a través de la Semarnat, presentó la Estrategia Nacional de Calidad del Aire (ENCA) la cual establece el l nuevo marco rector para la gestión de la calidad del aire, en donde se enumeran las acciones anunciadas por la propia secretaría, en el contexto de la crisis ambiental del primer semestre de 2016.

La Estrategia Nacional de Calidad del Aire (ENCA) es importante porque se trata del instrumento rector, con proyección a 2030, para la planificación de las acciones orientadas a controlar, mitigar y prevenir la emisión y concentración de contaminantes; y cuyo propósito es proteger la salud de la población , la flora y la fauna de los ecosistemas, así como contribuir al desarrollo económico sostenible.21

Los cinco ejes que estructuran dicha estrategia pueden resumirse así: i) gestión integral, que contempla la coordinación entre las instituciones que inciden en la calidad del aire; ii) instituciones eficientes, es decir, que dispongan de capital humano para instrumentar políticas, presupuestos para gestionarlas e indicadores para evaluarlas; iii) empresas comprometidas con la calidad del aire, que establece el impulso a procesos productivos amigables con el ambiente y el desarrollo de un mercado de bienes y servicios sustentables; iv) producción de datos comparables sobre calidad del aire y el fortalecimiento de la investigación para la fundamentación de las políticas públicas, y v) divulgación de información para que las personas evalúen el impacto de la contaminación en su salud y los ecosistemas, con el propósito de incentivar su participación.22 La Estrategia Nacional de Calidad del Aire (ENCA) viene a ser la nueva hoja de ruta para la gestión de la calidad del aire, anuncia acciones destacables en términos de derechos humanos , entre ellas:

1. La intención de divulgar las obligaciones y los derechos exigibles en materia de salud y medio ambiente, y las responsabilidades de las autoridades que inciden en la calidad del aire;

2. El fortalecimiento del sistema de denuncias de derechos humanos en tanto mecanismo de justiciabilidad para asuntos relacionados con la calidad del aire;

3. El diseño de una metodología para la implementación y evaluación de los Proaire;

4. La constitución de un mecanismo permanente para su coordinación, seguimiento y evaluación, con la participación de la ciudadanía.

Sexto . El pasado 18 de diciembre de 201y7, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México informo el que durante el primer semestre de 2018 todos los automóviles de la Ciudad de México, estará exento de verificación .

La decisión se debe a que los 55 nuevos verificentros que se abrirán en la capital entrarán en operación hasta el próximo 30 de junio.

De esta manera, mediante un acuerdo meramente administrativo, sin tomar en cuenta ninguna política pública o acciones de gobierno alternativas para el cuidado del medio ambiente y la protección dela salud delos habitantes de la Ciudad de México y la megalópolis, las constancias de verificación vehicular 00, 0, 1 y 2 obtenidas durante el segundo semestre de 2017, continuarán siendo válidas durante los siguientes seis meses.

La Sedema detalló que la medida entrará en vigor desde el 1 de enero de 2018 y contemplan termine el 30 de junio, fecha en la que los nuevos centros de verificación deberán haber entrado en servicio. Todo de acuerdo con lo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México23 en donde se publica Aviso por el que se dan a conocer los criterios en materia de Verificación Vehicular Obligatoria para el Primer Semestre del Año 2018.

Ante la subida de los índices de contaminación atmosférica, Tanya Müller García, titular de la Sedema aclaró que en caso de que se presente alguna contingencia ambiental durante el próximo semestre, los automovilistas deberán ingresar a la página: http://verificentro.sedema.cdmx.gob.mx donde les indicarán las restricciones que se acatarán ante la falta de engomados.

Por tanto, de enero a junio, los automóviles respetarán el programa Hoy No Circula conforme a la calcomanía obtenida en el segundo periodo de 2017. Las unidades que seguirán circulando a diario son: los vehículos híbridos, aquellos que tengan placas de automóvil antiguo, automotores con placas de demostración, motocicletas y la maquinaria dedicada a la construcción y minería.

En consecuencia, con los argumentos y razones arriba señalados, es que presento ante este pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión considera que la protección, preservación y mejora de la calidad del aire en la Ciudad de México afecta los Derechos Humanos de los habitantes de la Ciudad de México, que en consecuencia las medidas que se adopten en la materia por el Gobierno de la Ciudad deben observar y cumplir con las obligaciones constitucionales, legales y convencionales que garanticen los derechos a un medio ambiente sano, a la salud, a un nivel de vida adecuado y a la movilidad de los mismos.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, a evitar cualquier medida que traiga como consecuencia la elevación de los índices de contaminación y la consecuente violación a los derechos humanos de los habitantes dela Ciudad de México y la megalópolis.

Tercero . La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, para que en ejercicio de sus atribuciones, jerarquía y competencia administrativa NO suspenda el servicio de verificación vehicular por el periodo de seis meses, comprendidos entre el primero de enero al 31 de junio del 2018.

Notas

1 Secretaría del Medio Ambiente, Gestión ambiental del aire en el Distrito Federal. Avances y propuestas 2000-2006. http://www.aire.cdmx.gob.mx/descargas/publicaciones/gestion-ambiental-a ire-memoria-documental-2001-2006/descargas/gaa_avances_propuestas_2000_ 2006.pdf

2 Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, “Movilidad”

http://es.unhabitat.org/temas-urbanos/movilidad/

3 TomTom Traffic Index, “Measuring congestion worldwide”. http://www.tomtom.com/es_mx/traffi cindex/

4 Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos/Grupo de Parlamentarios Mexicanos para el Hábitat y Senado de la República, Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-2015, México, ONU Hábitat/Grupo de Parlamentarios Mexicanos para el Hábitat, p. 42.

5 Evalúan suspender temporalmente verificación vehicular. El Asertivo, 6 de diciembre de 2017.

http://www.elasertivo.com/cdmx/evaluan-suspender-tempora lmente-verificacion-vehicular/

6 Evalúa CDMX dar prórroga en verificación. Zócalo 6 de diciembre de 2017. http://wap.zocalo.com.mx/reforma/detail/evalua-cdmx-dar-prorroga-en-ver ificacion

7 Ídem.

8 Ibídem.

9 Gaceta Oficial Ciudad de México. 14 de Marzo 2017. Aviso por el cual se da a conocer la Convocatoria Pública para obtener la Autorización para Establecer y Operar Centros de Verificación Vehicular en la Ciudad de México.

http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/ga cetas/d8bb85bea68508e8a12f1cd32c334b99.pdf

10 Real Academia Española. Sub iúdice. Loc. lat. (pron. corriente [sub-yúdise, sub-yúdize]; pron. latinizante [sub-yúdike]) que significa literalmente ‘bajo el juez’. Se usa con el sentido de ‘pendiente de resolución judicial’: «El tema se encuentra sub iúdice» (País [Esp.] 1.12.88). También puede escribirse con la grafía sub júdice: «Un Consejo de Ministros en el que tiene asiento un funcionario sub júdice» (Tiempo [Col.] 31.10.96).

http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=HSwdK8CYmD6GoR53ig

11 Evalúa CDMX dar prórroga en verificación. Zócalo 6 de diciembre de 2017. Ob cit.

12 El 31 de diciembre vencen las autorizaciones otorgadas en 1995 para operar verificentros en el entonces DF.

http://www.sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/
el-31-de-diciembre-vencen-las-autorizaciones-otorgadas-en-1995-para-operar-verificentros-en-el-entonces-df

13 Comité desc, Observación General núm. 14. El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, E/C.12/2000/4, aprobada en el 22º periodo de sesiones, 2000, párr. 4.

14 Comisión de Derechos Humanos, Los derechos humanos y el medio ambiente. Informe final de la Relatora Especial, señora Fatma Zohra Ksentini, doc. cit., párr. 180.

15 Ibídem, párr. 183.

16 Véase artículo 12.2, inciso b, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 2200 A (XXI), 16 de diciembre de 1966.

17 Comité desc, Observación General núm. 14. El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, doc. cit., párr. 36.

18 Antonio Cancado Trindade, Medio ambiente y desarrollo: formulación e implementación del derecho al desarrollo como un derecho humano, San José, iidh (serie Para ong, núm. 8), 1993, p. 43.

19 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Los derechos humanos y el medio ambiente. Informe final de la Relatora Especial, Sra. Fatma Zohra Ksentini, op. cit., pp. 8 y 9.

20 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales et al., Programa para mejorar la calidad del aire de la zona metropolitana del valle de México 2011-2020, op. cit., pp. 157 y 158.

21 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Estrategia Nacional de Calidad del Aire. Visión 2017-2030, op. cit., p. 15. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/195809/Estrategia_Nacion al_Calidad_del_Aire.pdf

22 Ídem, página 25 y 26.

23 Gaceta Oficial dela Ciudad de México 18 de diciembre de 2017. Aviso por el que se dan a conocer los criterios en materia de Verificación Vehicular Obligatoria para el Primer Semestre del Año 2018

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Recinto de la Comisión Permanente, a 20 de diciembre de 2017.

Diputados: Juan Romero Tenorio, María Chávez García, Virgilio Caballero Pedraza (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS a reforzar y reencauzar con el gobierno de Zacatecas las políticas públicas relativas a la creación y promoción de empleos de calidad, a cargo del senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT

Senador David Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado dela República, presenta ante esta Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), sostiene que “la generación de empleo productivo es una condición necesaria para reducir la elevada desigualdad, con base en ingresos crecientes y de manera sostenida”.1 Es decir, sin una generación de empleo productivo sostenible, la fuerza de trabajo sólo podría tener acceso a empleos de baja productividad o, en el peor de los casos, quedaría completamente sin ingresos; en consecuencia, no sólo se aumentaría la pobreza, sino tendería a empeorar la distribución de los ingresos laborales.

Situaciones como la de México, ejemplifican lo que se dijo anteriormente, reportes como Perspectivas para el empleo 2016 e igualdad de género en la Alianza del Pacífico , elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), muestran que en el país se vive una situación complicada en materia laboral, debido a que los salarios han caído uno por ciento en promedio, entre 2007 y 2015, en tanto que el desempleo no ha recuperado los niveles promedios previos a la crisis de 2008.2

Por otro lado, el poder adquisitivo del salario en México es menor, según el reporte México: más miseria y precarización del trabajo , desarrollado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en su Centro de Análisis Multidisciplinario, se detalla que de diciembre de 1987 a abril de 2016, la pérdida acumulada del poder adquisitivo del salario mínimo fue de 79.11 por ciento.3 En tanto que, como consecuencia del insuficiente ingreso para adquirir la canasta básica recomendada, millones de trabajadores sobreviven en diferentes niveles de pobreza.

Esta imposibilidad del empleo para surtir de capacidad adquisitiva a las personas ha incrementado los números de informalidad en el mercado laboral. El fenómeno se ha convertido en un lastre para el desempeño de cualquier economía donde el mediocre crecimiento, la falta de incentivos y oportunidades, ausencia de reformas, debilidad de las instituciones y un pobre estado de derecho son las principales razones por las que muchas personas y negocios prefieren encontrar ingresos en el sector informal.

En esta misma tesitura, indicadores de ocupación y empleo, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante agosto de 2017, señalan:4

• La Tasa de Informalidad Laboral 1 (proporción de la población ocupada que es laboralmente vulnerable por la naturaleza de la unidad económica para la que trabaja, con aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocida por su fuente de trabajo) fue de 57 por ciento en agosto de 2017.

• Asimismo, la Tasa de Ocupación en el Sector Informal 1 (que se refiere a la proporción de la población ocupada en unidades económicas no agropecuarias operadas sin registro contable y que funcionan a partir de los recursos del hogar o de la persona que encabeza la actividad sin que se constituya como empresa), representó 26.7 por ciento en el octavo mes de 2017, cifra superior a la observada en el mes anterior que cerró en 26.5 por ciento.

• En agosto de 2017; 58.8 por ciento de la población de 15 años y más en el país se ubicó como económicamente activa (Tasa de Participación). Dicha tasa es menor a la registrada en el mes inmediato anterior cuando se ubicó en 59.1 por ciento.

Por otro lado, la población ocupada alcanzó 96.5 por ciento de la población económica activa (PEA) en agosto de 2017. Del total de ocupados, 68.9 por ciento opera como trabajador subordinado y remunerado, ocupando una plaza o puesto de trabajo; 22.3 por ciento trabaja de manera independiente o por su cuenta sin contratar empleados; 4.5 por ciento se desempeña en los negocios o en las parcelas familiares, contribuyendo de manera directa a los procesos productivos pero sin un acuerdo de remuneración monetaria, y finalmente 4.3 por ciento como patrones o empleadores.5

Lo anterior hace notar un reto que tiene México en materia económica, respecto a la creación de empleos formales y bien remunerados, de manera que la población se incorpore a la fuerza laboral, derribando las barreras del rezago que se tienen con la informalidad y los empleos poco remunerados.

Siguiendo con los datos obtenidos del Inegi, del total de personas ocupadas, 398.580 mil se encontraban en condiciones de subocupación, lo que indica que estaban en busca de trabajo adicional, por lo que puede concluirse que el rezago en valores absolutos en materia de empleo era de poco más de 2.3 millones de empleos; otra de las características del empleo en México es que del total de ocupados, aproximadamente 32.448 millones no tienen acceso a las instituciones de salud, lo que puede indicar los niveles de informalidad laboral en el país. Tomando como base el indicador del acceso a la salud, tenemos que la informalidad en México representa 62.25 por ciento del empleo total.6

Por otra parte, se ha dicho que el gobierno de la República ha obtenido avances importantes en el registro de empleos formales. Durante los primeros 60 meses de la administración federal, se han registrado 2 millones 461 mil 055 empleos registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Es decir, 2.2 veces los empleos formales generados durante el mismo periodo de Felipe Calderón, 6.3 veces los de Vicente Fox y 1.9 veces los de Ernesto Zedillo7 ; sin embargo, la organización civil, México ¿Cómo vamos?, estiman que deben generarse 1.2 millones de empleos formales cada año, para darle cabida a la población que se incorpora al mercado laboral. Bajo este escenario, a la fecha se debieron generar al menos 6 millones de empleos durante la presente administración, por lo que no se ha cumplido la meta.

Asimismo, en el ámbito local, el estado de Zacatecas también ha incumplido con las metas propuestas para la generación de empleos, tal y como se muestra en la siguiente tabla:

Fuente: STPS, IMSS y “México ¿Cómo vamos?”

Como puede observarse, Zacatecas durante 2017 en sus tres primeros trimestres, no cumplió con la meta de generación de empleos necesarios. Durante el primer trimestre se generaron un total de 2 mil 439 empleos; mil 161 empleos menos que la meta establecida para ese trimestre; el segundo trimestre la meta era de 7 mil 200 empleos, de los cuales sólo se generaron 3 mil 997, lo que representa 3 mil 203 menos, para el tercer trimestre se dejaron de generar 4 mil 878 empleos en diferencia con la meta.

Estos datos permiten concluir que el estado de Zacatecas ha incumplido con las metas fijadas para la generación de empleos y que fluye de manera contraria a la dinámica nacional que ha anunciado el gobierno de la República, por lo que es prioritario que un estado con 49 por ciento de su población en condición de pobreza y 17.7 por ciento con rezago en educación,8 deba reforzar sus estrategias para la generación de empleos y así incrementar su productividad y el desarrollo económico del estado.

Es de suma importancia que el gobierno estatal entienda que una buena política laboral beneficia la actividad productiva del estado y las condiciones de vida de los zacatecanos. Desafortunadamente la incapacidad del Ejecutivo estatal para cumplir con las metas laborales que se fijaron para este año ha quedado evidenciada y que, sin dudarlo, debería representar un reto alcanzarlas para 2018.

Por tal razón, es pertinente hacer la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que en coordinación con el gobierno del estado de Zacatecas refuercen y reencausen las políticas públicas relacionadas con la creación y promoción de empleos de calidad que permita alcanzar las metas establecidas en la materia.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que, en coordinación con el gobierno Ejecutivo del estado de Zacatecas, refuercen y reencausen las políticas públicas relacionadas con la creación y promoción de empleos de calidad en la entidad.

Notas

1 “Crecimiento, empleo y distribución de ingresos en América Latina”, CEPAL, [en línea], consultado el 18 de diciembre de 2017, disponible en:

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5355 /1/S1200557_es.pdf

2 “Perspectivas para el empleo 2016 e igualdad de género en la alianza del pacífico”, OCDE, [en línea], consultado el 18 de diciembre de 2017, disponible en: https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/PPT-GR-OECD%20EMO2016-%20Gén ero%20Alianza%20del%20Pacifico5Jul2016_FINAL.pdf

3 “Reporte de investigación 123. México: más miseria y precarización del trabajo”, UNAM, [en línea], consultado el 18 de diciembre de 2017, disponible en: http://cam.economia.unam.mx/reporte-investigacion-123-mexico-mas-miseri a-precarizacion-del-trabajo/

4 “Indicadores de ocupación y empleo”, INEGI, [en línea], consultado el 18 de diciembre de 2017

5 Ídem.

6 Ídem.

7 “#Semáforoeconómico”, México ¿cómo vamos?, [en línea], consultado el 18 de diciembre de 2017, disponible en: http://mexicocomovamos.mx/?s=contenido&id=933

8 “Porcentaje, número de personas y carencias promedio por indicador de pobreza, Zacatecas”, Coneval, [en línea], consultado el 18 de diciembre de 2017, disponible en:

http://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Zacatec as/PublishingImages/Zacatecas_cuadro1.JPG

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de diciembre de 2017.

Senador David Monreal Ávila (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Cenapred a realizar una campaña nacional sobre las medidas de protección en casos de desastre o urgencia, donde se dé prioridad a lo referente a sismos, a la desmitificación del “triángulo de la vida” y otras acciones sin fundamento técnico que pueden ocasionar perjuicio a quienes las practican, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Germán Ernesto Ralis Cumplido, diputado del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo por la cual exhorta al Centro Nacional de Prevención de Desastres, de acuerdo con lo fundamentado en el artículo 3; artículo 7, en sus fracciones II y III, artículo 19, fracciones VI y XVII; y el artículo 23 de la Ley General de Protección Civil, a realizar una campaña nacional de prevención que informe a la sociedad en su conjunto sobre las diversas medidas de protección en casos de desastre o emergencia, dando prioridad, en lo referente a sismos, a la desmitificación del “triángulo de la vida” y otras acciones sin fundamento técnico que pueden ocasionar perjuicio a quienes las practican, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La gran riqueza territorial de México es un elemento que distingue a nuestro país. Pocos países gozan de albergar la misma diversidad de ecosistemas, especies y geografía. La posición privilegiada que ocupa el país es un activo indispensable en el desarrollo nacional y un elemento identitario de extensa tradición. Sin embargo, esta evidente fortaleza no es ajena a retos considerables.

Los riesgos presentes en nuestro territorio forman obstáculos al bienestar de la población, complejizan el aprovechamiento de nuestros recursos y posicionan un reto a las instancias gubernamentales encargadas de hacerles frente. El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) incluye entre sus consideraciones para la prevención y el estudio a los siguientes riesgos: inundaciones, sequías, tormentas eléctricas, granizo, ondas cálidas, ciclones tropicales, bajas temperaturas, nevadas, sismos, susceptibilidad de laderas, tsunami, sustancias inflamables, sustancias toxicas y residuos mineros.1 Cada región, entidad federativa y municipio es más susceptible a experimentar uno sobre otro, algunos de forma conjunta, o en distintas periodicidades. Los riesgos potenciales son tan diversos como lo es el territorio.

A pesar de lo presente que pueden ser percibidos, tanto el gobierno como la sociedad civil cuentan con herramientas conocidas para hacerles frente. La prevención, pilar de nuestras prácticas en materia de protección civil,2 ha sido por décadas la guía con la cual se han construido las políticas públicas en la materia. La actual administración federal ha hecho avances considerables en materia de prevención,3 pero lo cierto es que aún quedan grandes espacios en los cuales progresar.4

De acuerdo a estudios recientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México ha experimentado un incremento de desastres naturales (precedidos por riesgos naturales identificados) cuatro veces mayor que el resto de los países en la OCDE.5 El sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre, en tanto, ha pasado a convertirse en el desastre más mortífero que México ha experimentado en lo que va del siglo.6 En su conjunto, desde el año 2000, el Cenapred ha registrado más de 8 mil defunciones y casi 28 millones de damnificados a causa de desastres naturales ocurridos en territorio nacional.7

Este panorama pudiese parecer desolador, especialmente si se considera que los desastres naturales no pueden ser controlados. Sin embargo, la prevención sí puede ser impulsada a través de políticas inteligentes, empoderando a la población y permitiéndole ser más resiliente de frente a un nuevo desastre natural o humano.

El reporte presentado por la OCDE en 2013 no solo realizó un análisis de la condición actual del sistema de protección civil, también aventuró posibles soluciones para aquellas áreas donde fueron encontradas deficiencias. Yves Leterme, adjunto del secretario general del organismo hizo un llamado a que México incrementara sus capacidades preventivas y las situase al mismo nivel de los esfuerzos más recientes de coordinación intergubernamental.8 Adicionalmente, mencionó que era necesario que las autoridades reforzaran los esfuerzos por controlar el crecimiento urbano sin control y el uso inapropiado de suelos que presentasen riesgos potenciales.9

Estudios sobre el control de riesgos han arrojado que, frente a la incertidumbre inherente a los desastres naturales, el mejor método para la prevención y la reducción de variables no controlables son las campañas de prevención.10 La finalidad de estas campañas son el informar a la población en general sobre las acciones que deben emprender en caso de un desastre. Estas campañas deben de ser directas, de amplio alcance en la población y didácticas. El contenido dentro de ellas debe de ser sencillo y preferentemente ilustrado.11

Una campaña de prevención también debe de procurar, como complemento a las acciones recomendadas, un contenido donde se desmitifique a las acciones potencialmente nocivas que la población puede haber adoptado desde la desinformación. Un ejemplo claro, al menos en el caso mexicano, ha sido la adopción generalizada del llamado “triángulo de la vida”.

Recientemente, el Cenapred ha iniciado mayores esfuerzos de desmitificación sobre esta y otras “técnicas” a raíz de los sismos del 19 de septiembre.12 Carlos Valdés González, director del Cenapred, enfatizó en entrevista con El Universal que el llamado “triángulo de la vida” no solo no funciona en México, sino que tiene el potencial de ser letal en caso de ser usado durante un verdadero sismo. Las construcciones mexicanas son demasiado pesadas, construidas con materiales como ladrillo y concreto, como para que dicha técnica pudiese funcionar. La práctica, aun así, ha perdurado en la población como “sabiduría” popular, situación verdaderamente riesgosa para quienes decidan seguir el consejo.

Si bien esta práctica no ha sido impulsada por el Cenapred, lo cierto es que muestra una de las debilidades de las campañas de prevención que frecuentemente son impulsadas a lo largo del país. Desmitificar es tan importante como informar de prácticas y técnicas correctas. Cualquier campaña de prevención tendría, bajo la evidencia expuesta, que llevar un componente adicional que buscase eliminar este elemento de desinformación.

Fundamentado en esto, propongo que esta soberanía exhorte al Centro Nacional de Prevención de Desastres, de acuerdo con lo fundamentado en el artículo 3; artículo 7, en sus fracciones II y III, artículo 19, fracciones VI y XVII; y el artículo 23 de la Ley General de Protección Civil, a realizar una campaña nacional de prevención que informe a la sociedad en su conjunto sobre las diversas medidas de protección en casos de desastre o emergencia, dando prioridad, en lo referente a sismos, a la desmitificación del “triángulo de la vida” y otras acciones sin fundamento técnico que pueden ocasionar perjuicio a quienes las practican.

Considerandos

El artículo 3o. de la Ley General de Protección Civil establece que “los tres niveles de gobierno tratarán en todo momento que los programas y estrategias dirigidas al fortalecimiento de los instrumentos de organización y funcionamiento de las instituciones de protección civil se sustenten en un enfoque de gestión integral del riesgo”.13

El artículo 7o. de esta misma legislación, en tanto, define en sus fracciones II y III, que el Poder Ejecutivo federal es responsable (en materia de protección civil) de “promover la incorporación de la Gestión Integral de Riesgos en el desarrollo local y regional, estableciendo estrategias y políticas basadas en el análisis de los riesgos, a fin de evitar la construcción de riesgos futuros y la realización de acciones de intervención para reducir los riesgos existentes”;14 y de “contemplar, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal, recursos para el óptimo funcionamiento y operación de los Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos a que se refiere la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a fin de promover y apoyar la realización de acciones de orden preventivo; así como las orientadas tanto al auxilio de la población en situación de emergencia, como la atención de los daños provocados por los desastres de origen natural”.15

Adicionalmente, su artículo 19o. otorga a la coordinación ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Civil la atribución de “difundir entre las autoridades correspondientes y la población en general los resultados de los trabajos que realice, así como toda aquella información pública que tienda a la generación, desarrollo y consolidación de una cultura nacional en la materia, con las reservas que correspondan en materia de transparencia y de seguridad nacional”;16 y de “fomentar en la población una cultura de protección civil que le brinde herramientas que en un momento dado le permitan salvaguardar su vida, sus posesiones y su entorno frente a los riesgos derivados de fenómenos naturales y humanos. Para esta tarea, debe considerarse el apoyo de las instituciones y organizaciones de la sociedad civil que cuenten con una certificación de competencia y que esté capacitada para esta actividad”.17

Finalmente, el artículo 23o. define que “el Centro Nacional [de Prevención de Desastres] es la institución técnica-científica de la Coordinación Nacional de Protección Civil encargada de crear, gestionar y promover políticas públicas en materia de prevención de desastres y reducción de riesgos a través de la investigación, el monitoreo, la capacitación y la difusión. [...]”.18

Por lo antes descrito, someto a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Centro Nacional de Prevención de Desastres, de acuerdo con lo fundamentado en el artículo 3; artículo 7, en sus fracciones II y III, artículo 19, fracciones VI y XVII; y el artículo 23 de la Ley General de Protección Civil, a realizar una campaña nacional de prevención que informe a la sociedad en su conjunto sobre las diversas medidas de protección en casos de desastre o emergencia, dando prioridad, en lo referente a sismos, a la desmitificación del “triángulo de la vida” y otras acciones sin fundamento técnico que pueden ocasionar perjuicio a quienes las practican.

Notas

1 Cenapred. Atlas Nacional de Riesgos . México. Gobierno de la República. 2017. Consultado en http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/.

2 Cenapred. Guía de prevención de desastres . México. Gobierno de la República 2017. Consultado en
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/163074/18—ilovepdf-compressed__1_.pdf.

3 Presidencia de la República. 6 Medidas en materia de prevención de desastres . México. Gobierno de la República. 2017. Consultado en https://www.gob.mx/presidencia/artículos/6-medidas-en-materia-de-preven cion-de-desastres.

4 OCDE. Review of the Mexican National Civil Protection System . Paris. OCDE. 2013. Consultado en
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/
review-of-the-mexican-national-civil-protection-system_9789264192294-en#.WiB52FXibIU#page32.

5 Ibid. Página 30.

6 Ángel, Arturo. Los sismos de septiembre son los desastres con más víctimas en lo que va del siglo en México . México. Animal Político. 2017. Consultado en
http://www.animalpolitico.com/2017/11/sismos-septiembre-desastres-letales-siglo/.

7 Ángel, Arturo. Epidemias, Huracanes, Frio Extremo, Explosiones: Los 25 desastres más mortíferos en México. México. Animal Político. 2017. Consultado en
http://www.animalpolitico.com/2017/06/desastres-mortiferos-mexico-epidemias/.

8 OCDE. México Must Invest More in Disaster Risk Prevention to Support Sustainable Development . Paris. OCDE. 2013. Consultado en:
http://www.oecd.org/gov/risk/mexicomustinvestmoreindisasterriskpreventiontosupportsustainabledevelopment.htm.

9 Íbid.

10 OCDE. Disaster Risk Assessment and Risk Financing . Paris. OCDE. 2012. Pág. 41. Consultado en:
https://www.oecd.org/gov/risk/G20disasterriskmanagement.pdf.

11 Íbid.

12 Redacción. “Triángulo de la Vida, no funciona en México: Cenapred. México”. El Universal. 2017. Consultado en
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/triangulo-de-la-vida-no-funciona-en-mexico-Cenapred.

13 Ley General de Protección Civil. Artículo 3o. (última reforma: DOF 23-06-2017).

14 LGPC. Artículo 7o., fracción II (última reforma: DOF 23-06-2017).

15 LGPC. Artículo 7o., fracción III (última reforma: DOF 23-06-2017).

16 LGPC. Artículo 19o., fracción VI (última reforma: DOF 23-06-2017).

17 LGPC. Artículo 19o., fracción XVII (última reforma: DOF 23-06-2017).

18 LGPC. Artículo 23o., (última reforma: DOF 23-06-2017).

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de diciembre de 2017.

Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al gobierno de Durango a solicitar ante la Segob declaratoria de emergencia por las fuertes nevadas y bajas temperaturas que han afectado 27 de sus municipios, suscrita por la senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Yolanda de la Torre Valdez, senadora de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Durango a efecto de solicitar ante la Secretaría de Gobernación, declaratoria de emergencia por las fuertes nevadas y bajas temperaturas que han afectado hasta el momento a 27 de sus 39 municipios al tenor de las siguientes consideraciones

Exposición de Motivos

La temporada invernal del año que termina ha generado afectación a por lo menos 27 de los 39 municipios del estado de Durango, derivado de las nevadas que han ocasionado un descenso en las temperaturas.

Los municipios afectados hasta el momento son:

Gómez Palacio, El Oro, Mapimí, Indé, San Bernardo, Hidalgo, Rodeo, Tlahualillo, Guanaceví, Peñón Blanco, Tepehuanes, Cuencamé, Ocampo, Coneto de Comonfort, San Luis del Cordero, Nazas, San Juan del Río, Nuevo Ideal, San Juan de Guadalupe, Lerdo, Canatlán, Santiago Papasquiaro, Nuevo Ideal, Pánuco de Coronado, Santa Clara, San Pedro del Gallo, Simón Bolívar y Guadalupe Victoria1 .

En Mapimí se tuvo un registro de menos 3.5 grados, que posteriormente descendió a menos 6.0.

En Canacatlán se tuvo un primer registro de menos 3.0 y posteriormente pasó a menos 4.0 grados.

Mientras que en la Rosilla, Guanceví se presentó una temperatura de menos 12 grados centígrados y tuvo un posterior descenso a menos 15 grados centígrados2 .

Posterior a las nevadas la presencia de frío intenso es el paso posterior tal y como ya lo hemos vivido los duranguenses en eventos similares ocurridos en el pasado.

Es así que las nevadas que han llegado al estado de Durango en las dos primeras semanas del mes de diciembre del año que termina, representan afectación a 80 por ciento del total de sus municipios.

La Coordinación Nacional de Protección Civil dependiente de la Secretaría de Gobernación, en conjunto con el Servicio Meteorológico Nacional informaron a través del boletín 406/17, la llegada de la segunda tormenta invernal que vendría acompañada del frente frío número 16, ocasionando por lo que respecta al estado de Durango:

• Alta probabilidad de caída de nieve en la Sierra del estado.

• Potencial de lluvias.

• Vientos con rachas superiores a 60 kilómetros (km) por hora así como tolvaneras.

• Temperaturas mínimas menores a menos 5 grados centígrados en las zonas montañosas.

Derivado de este pronóstico, se emiten en el comunicado, entre otras, las siguientes recomendaciones.

• Mantener una ventilación adecuada en caso de usar algún calefactor, horno, chimenea o calentones, para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono, no encender anafres o braseros dentro de lugares cerrados o con mala ventilación, procurando que los niños no se acerquen para evitar accidentes.

• Evitar conducir o transitar por carreteras resbaladizas ante la presencia de nieve, aguanieve o congelamiento de éstas, si se hace, respetar las señales y notificaciones que las autoridades indiquen y procurar extremar precauciones.

• Extremar precauciones al transitar con baja visibilidad por niebla, neblina o bruma, asimismo, recordar que por las mañanas las operaciones aéreas suelen demorarse ante la presencia de estas.

• Abrigarse adecuadamente, cubriendo boca y nariz para evitar aspirar el aire frio.

• No permanecer por periodos prolongados de tiempo dentro de un vehículo encendido, sin ventilación natural y sin estar en movimiento, ya que podría inhalar monóxido de carbono.

• En caso de que su vivienda se encuentre en peligro ante las bajas temperaturas o efectos de la temporada invernal, mantenga ubicados los refugios temporales y/o acuda a su unidad de protección civil más cercana, ante la presencia de algún agente perturbador.

• Extremar precauciones ante presencia de vientos fuertes y ponga especial atención a construcciones de material endeble, así como posibles afectaciones en espectaculares y tendido eléctrico.

• Extremar precauciones al tránsito vehicular en carreteras y caminos rurales , vados y puentes serranos, así como zonas urbanas, si es necesario buscar rutas alternas.

• En caso de estar transitando por la calle, extreme precauciones ya que las ráfagas de viento pueden arrastrar o convertir objetos en proyectiles, busque refugio en casas y edificios de construcción sólida.

• En su domicilio mantenga abiertas algunas de las ventanas (preferentemente a sotavento), y evite permanecer en habitaciones enfrentadas a la dirección de donde sopla el viento que tenga ventanales. Permanezca alejado de las ventanas y en caso de ser necesario puede protegerse debajo de muebles sólidos y pesados o escaleras interiores3 .

La presencia de nieve, aguanieve o el congelamiento de pavimento, es generador de un alto riesgo de accidentes, por ello, las recomendaciones de la Coordinación Nacional de Protección Civil, deben ser tomadas en cuenta y deben extremarse precauciones, correspondiendo a las autoridades del estado mantener debidamente informada a la ciudadanía de las acciones que deban seguirse para evitar accidentes que puedan ser de causas fatales.

En años anteriores sin que haya existido una afectación tan severa como la que representa la de este año, se han emitido declaratoria de emergencia y se cita la del año 2016, en donde la afectación era únicamente a 11 de sus municipios4 .

El presente año rebasa en exceso la afectación de municipios y considerando el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional, emitido a las 18:00 horas del 17 de diciembre del año en curso, que informa la llegada de la tercera tormenta invernal de la temporada que traerá consigo, nevadas, vientos fríos y bajas temperaturas para las entidades del norte del país entre los que destaca el estado de Durango, debe gestionarse por parte del gobierno del estado Declaratoria de Emergencia5 .

Por lo antes expuesto, a esta soberanía presentamos para su aprobación, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Durango con el fin de que solicite la emisión de la declaratoria del Fondo para la Atención de Emergencias, ante la Coordinación General de Protección Civil, para los municipios afectados por las nevadas y bajas temperaturas de la temporada invernal en el estado de Durango.

Notas

1 https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/925188.suman-27-municipios- nevados-en-durango.html

2 https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/925188.suman-27-municipios- nevados-en-durango.html

3 https://www.gob.mx/segob/prensa/se-desarrolla-la-segunda-tormenta-inver nal-y-el-frente-frio-numero-16

4 https://www.unotv.com/noticias/estados/durango/detalle/
por-nevadas-declaratoria-de-emergencia-en-8-municipios-de-dgo-846546/

5 https://www.elmanana.com/llega-tercera-tormenta-invernal-traera-intensa s-nevadas-tormenta-invernal-intensas-nevadas-descenso-temperatura/42207 87

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de diciembre de 2017.

Senadora Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a los hechos de violencia electoral en la Ciudad de México, a cargo del senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe el Isidro Pedraza Chávez, integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, de la LXIII Legislatura de este honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano y el artículo 8, fracción II ,del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo en relación con los hechos de violencia electoral en la Ciudad de México, fundado de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El primer domingo de julio del próximo año, casi 90 millones de mexicanos podrán ejercer su derecho a elegir al nuevo presidente de México, para el periodo 2018-2024, pero también se renovará el Congreso en sus dos Cámaras, de Diputados y de Senadores, además de nueve gubernaturas –Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán–, 2 mil 697 cargos en 30 elecciones locales, para dar un total de 3 mil 326 cargos de elección popular.

Será un proceso electoral histórico y es fundamental, además de contar con las condiciones de equidad en la contienda entre las fuerzas políticas, de que la discusión de las ideas y los actos de proselitismo se den en el marco del respeto de la militancia, a fin de evitar polarizar el proceso electoral.

Desde mi punto de vista es una condición fundamental mantener la civilidad política basada en la comprensión, así como la urbanidad al respetar las leyes que permiten convivir como sociedad, para garantizar la comunicación de nuestras propuestas electorales. En la medida que mantengamos la dignidad, como partidos y como ciudadanos podremos contribuir a una cultura de paz y de respeto entre nosotros.

El uso de la violencia no puede ser la forma de resolver las contradicciones por más insignificantes que resulten, como legisladores y miembros de algún partido político estamos en la obligación de velar en todo momento por garantizar la paz y el respeto, así como un lenguaje incluyente que permita una apropiada comunicación entre candidatos y ciudadanos.

Sin embargo, el pasado viernes 15 de diciembre en la delegación de Coyoacán, en la Ciudad de México, simpatizantes de Morena y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se confrontaron en el Jardín Hidalgo, donde el candidato Andrés Manuel López Obrador planeó un mitin, sin embargo las autoridades locales, del PRD, instalaron una carpa con música junto al evento, lo que provocó tensión entre ambos grupos, el enfrentamiento incluyó agresiones con sillas y piedras. En medio del enfrentamiento, reporteros de Efekto Tv y Diario Capital denunciaron agresiones mientras grababan los hechos.

La Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal condenó los hechos a través de la misma red social y llamó a las autoridades capitalinas a garantizar las condiciones adecuadas para el ejercicio periodístico.

Tras la violencia que se vivió en la delegación Coyoacán, el gobierno de la Ciudad de México condenó estos actos y llamó a respetar el proceso electoral. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, exhortó a las personas a participar de manera pacífica durante el proceso electoral de 2018.

Luego de que dos reporteros resultaran lesionados en la trifulca, la administración capitalina llamó a privilegiar el diálogo y desterrar la violencia física y verbal de las campañas electorales en todas las etapas de la elección. En comunicado para la prensa el gobierno de la Ciudad de México reitera que la solución no radica en incrementar la presencia de elementos de seguridad pública, sino en propiciar el debate de las ideas y respetar el derecho de todas las personas al uso del espacio público.1

La delegación responsabilizó a Bertha Luján y Ariadna Montiel, de Morena, “toda vez que tenían conocimiento de que el viernes 15 de diciembre este órgano político administrativo llevaría a cabo un evento artístico cultural en dicho lugar”, explicaron las autoridades en un comunicado.

De acuerdo con el documento, se le negó “en tiempo y forma” a Morena la solicitud para programar el evento de Andrés Manuel López Obrador, por las festividades que ya estaban programadas.

“Sin embargo, integrantes del partido político Morena, no respetando las normas administrativas, intentaron instalar carpas y sillas, pese al aviso de que no habría espacio para su evento”, detalló la delegación de Coyoacán.2

Por otro lado, en comunicado de la dirigencia del PRD en la Ciudad de México condenó las agresiones sufridas por reporteros por parte de individuos no identificados en Coyoacán. La dirigencia del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México condena enérgicamente las agresiones físicas y verbales sufridas por un grupo de reporteros por parte de personas no identificadas durante la cobertura del denominado “Festival Navidad en Coyoacán 2017”3 .

Es importante mencionar que dicho evento cultural fue organizado por la delegación Coyoacán en la explanada del Jardín Hidalgo. El PRD no organizó ningún acto político en el lugar como ha trascendido y como partido nos ajustamos a las reglas de la precampaña electoral.

Hasta donde se tiene conocimiento, la agencia de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México con sede en Coyoacán ya ha comenzado a recibir las denuncias de los afectados, entre ellos Jorge Chaparro y Pablo Conde, de Efekto Tv , y Karina Martínez, de la agencia Pronews.

No omitimos señalar que en varios videos ha trascendido cómo la diputada federal Ariadna Montiel, de Morena, con actitud prepotente y autoritaria, y abusando de su fuero, provocó en todo momento la confrontación para victimizarse e impedir la convivencia de los actos que ahí se desarrollaban.

Por lo expuesto, es fundamental un pronunciamiento de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, sobre los lamentables hechos del pasado 15 de diciembre en la delegación de Coyoacán en la Ciudad de México, a fin de convocar a los partidos políticos y a la militancia para realizar sus actos de proselitismo en el marco de la civilidad y legalidad durante el proceso electoral, y evitar todo acto de confrontación que ponga en riesgo el orden público en la Ciudad de México y el resto del territorio nacional.

Por lo fundado y motivado de urgente resolución someto a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoca a los partidos políticos a realizar sus actos de proselitismo en el marco de la civilidad y respeto a la legalidad durante el proceso electoral de 2018, y evitar todo acto de confrontación que ponga en riesgo el orden público en la Ciudad de México y el resto del territorio nacional.

Notas

1 https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/cdmx-reprueba-agresion- a-periodistas-en-coyoacan-y-pide-respeto-a-proceso-electoral-537026.htm l

2 http://www.animalpolitico.com/2017/12/enfrentan-morena-prd-coyoacan/

3 https://www.sdpnoticias.com/local/ciudad-de-mexico/2017/12/16/prd-cdmx- condena-agresiones-sufridas-por-reporteros-en-coyoacan.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los veinte días del mes de diciembre de 2017.

Senador Isidro Pedraza Chávez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades de la Ciudad de México a realizar y difundir auditorías de contratos, licitaciones y adjudicaciones relacionados con la empresa Veolia, suscrita por la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal Norma Xóchitl Hernández Colín, integrante del Grupo Parlamentario de Morena a la XLIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 y 129 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y artículos 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182 y 183 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades de la ciudad de México a realizar y difundir auditorias de contratos, licitaciones y adjudicaciones relacionadas con la empresa francesa Veolia.

Lo anterior, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. El doce de julio de dos mil dieciséis presenté proposición con punto de acuerdo por medio del cual se exhortó al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a la Secretaría del Medio Ambiente, al Secretario de Obras de la Ciudad de México y al Director del Transporte Colectivo Metro, a efecto de que dieran cumplimiento a las obras de amortiguamiento ambiental descritas en la Manifestación de Impacto Ambiental y las subsecuentes resoluciones administrativas relativas a la construcción de la Línea 12 del Metro en el predio conocido como “El Triángulo” de la delegación Tláhuac, así como detener el proyecto de instalación de una planta incineradora de basura en el citado predio, y realizar una Consulta Ciudadana a los habitantes de la demarcación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, fracción V, de la ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.

Misma proposición con punto de acuerdo que fue aprobada en votación económica en fecha 13 de julio de 2016 por la Primera Comisión de la Comisión Permanente, resaltando en dicho documento que la Línea 12 del Metro fue inaugurada en octubre de 2012, con una extensión de 24.6 kilómetros de vías dobles y una afluencia esperada de poco más de 435 mil usuarios de siete delegaciones por día, con la intención de solucionar la problemática de movilidad de los habitantes de la zona, en momentos cuestionada por el retraso de casi un año para su conclusión y el incremento de los costos que rebasaron los cálculos presupuestales; puesto que originalmente el costo sería de 17,500 millones de pesos, sin embargo, al final la obra costó 26,000 millones de pesos, más 744.5 millones para obras complementarias.

A pesar de ello, el 11 de marzo de 2014 las autoridades de la Ciudad de México suspendieron el servicio en 11 de sus 20 estaciones por “fallas en la estructura”, afectando a cientos de miles de usuarios.

Debido a ello, la Auditoría Superior de la Federación intervino y mediante la Auditoría de Inversiones Físicas con número 09-A-09000-04-0554 dictaminó una serie de observaciones negativas; se determinó que, en términos generales, el Gobierno de la Ciudad de México no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la autorización, planeación, programación, presupuestación, licitación, contratación y ejecución de los recursos canalizados al proyecto; no se realizó el costo-beneficio del proyecto de inversión ya autorizado, ni se elaboró el Dictamen de Factibilidad Técnica, Económica y Ambiental para las modificaciones al trazo original; los estudios y los proyectos ejecutivos no se ajustaron a las condiciones físicas del terreno urbano; así como un inadecuado seguimiento al resolutivo administrativo del Impacto Ambiental.

Este inadecuado seguimiento a las medidas de protección y mitigación ambiental incluyen obras y aportaciones económicas establecidas en los contratos con los corporativos constructores que incluyen aportaciones al fondo ambiental, construcción de un sistema de captación e infiltración de agua pluvial, restitución de árboles y creación de áreas verdes, y la creación de área verde y lagunar como zona de amortiguamiento en el perímetro de la terminal Tláhuac.

Éste último punto la creación de un Parque Ecológico Lacustre, que hasta el momento no se ha cumplido, cuenta con un proyecto maestro y diseño arquitectónico que incluye, además de un lago artificial con área verde, un museo, pista de patinaje, zona de comida, chinampas, un centro cultural cibernético, así como un gimnasio al aire libre y un embarcadero. Para todo lo anterior, se destinaron 65 millones de pesos.

Dicho proyecto maestro, indica que podría atender hasta dos mil visitantes por día, y al encontrarse en las inmediaciones de la estación terminal Tláhuac, será el propio Metro quien los traslade o a través de bicicletas, se mencionó que es importante que nueva área de esparcimiento se integre a la zona de humedales y de conservación patrimonio de la humanidad de la zona sur-oriente de la ciudad, el sitio RAMSAR 1363 “Sistema Lacustre Ejidos de Xochimilco y de San Gregorio Atlapulco” , incluido en la lista de los humedales más representativos a nivel mundial, misma que reporta grandes beneficios al resto de la Ciudad.

Es de mencionar que para este proyecto se cuenta con un predio de aproximadamente 10 hectáreas, de las cuales el lago ocuparía 2.5 del predio conocido como “El Triángulo”. Este parque lagunar es un cumplimiento del resolutivo 1.5 de la Manifestación de Impacto Ambiental de la “línea dorada” y sus funciones de amortiguamiento son claras, ya que incluye la instalación de una planta de tratamiento de agua, y un biofiltro para el lago, vivero, además de instalaciones de servicios generales para los visitantes, descritas en el punto 1.5 de la Resolución Administrativa SMA/DGRA/DEIA/005417/2008 y ratificada en el Acuerdo Resolutivo SMA/DGRA/DEIA/003839/2009.

Entre las autoridades que intervinieron en el desarrollo del proyecto están la Secretaría de Medio Ambiente, el Metro, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, mismo que se debió concluir en su totalidad en 2012, ya que en el proyecto original se plantea que su desarrollo se llevaría a la par del último año de construcción, como sabemos, esto no ocurrió.

Todos tenemos presente la saturación de elementos contaminantes en la Ciudad de México, sabemos los riesgos que para la salud implica y asumimos con responsabilidad algunas de las medidas para reducir las emisiones tóxicas como el descanso obligado a los vehículos. Existe un consenso en la sociedad de la Zona Metropolitana en el sentido de que el Hoy No Circula es pertinente pero no la solución para recuperar una calidad del aire que garantice nuestra salud. Es urgente controlar también a las fuentes fijas que contribuyen importantemente al deterioro de la atmósfera.

En este contexto, ya en el año 2016, hay informaciones diversas de que en el citado predio “El Triángulo”, la Secretaría de Obras está “impulsando” la instalación de una planta incineradora que a su vez genere energía para abastecer al Sistema de Transporte Colectivo Metro. Informaciones proporcionadas por el investigador y periodista en temas de sustentabilidad Luis Manuel Guerra se trata de un incinerador obsoleto que está en proceso de reconversión y que fue retirado de servicio en los Estados Unidos, éste proyecto contempla la incineración de 4,500 toneladas de basura por día y que en promedio producirán un 10 por ciento de cenizas o sea 450 toneladas (más los contaminantes aéreos) cuyo traslado y confinamiento no es sencillo y que crea una nueva problemática este proceso pretende generar 95 gigawatts, para servicio del Metro.

Cabe mencionar que en la actualidad existen tecnologías generadoras con cero emisiones y que pueden instalarse en los propios centros de transferencia como el de “Pellets” de Conversión de Basura, eliminando 100 por ciento la basura y disminuyendo los costos de generación de la energía. Los Pellets pueden alimentar plantas termoeléctricas con generadores a vapor para producir energía. Este proceso es un sistema cerrado de vitrificación (no incineración), que no presenta emisiones o la liberación de sustancias tóxicas, y por lo tanto no necesita de filtros. Estudios socioeconómicos, y de costo beneficio que el mismo Gobierno de la Ciudad de México posee desde 2011.

No obstante, contemplando el impacto negativo ambiental, que generaría el establecimiento de dicho incinerador en el predio denominado “El Triángulo”, las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México están acelerando el proceso para montar el primer Centro Integral de Reciclaje y Energía, en dicho predio perteneciente a la demarcación de Tláhuac.

Resulta grave que las autoridades de la Ciudad de México pretendan construir una obra, consistente en un incinerador, transgrediendo con ello dos derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos, como el derecho a un ambiente sano y el derecho a la salud , puesto que el incinerador de basura que se pretende construir, quemaría tal número de toneladas de basura que expondría de tal forma a los habitantes de dicha zona, a respirar y comer diariamente contaminantes, como las dioxinas, furanos (compuestos químicos) , metales como plomo, cadmio, gases de efecto invernadero, gases ácidos y partículas ultrafinas (humo negro) , causantes de malformaciones congénitas, desarrollo anormal del feto, retraso en el desarrollo infantil, cáncer, problemas en riñones, y cardiacos por mencionar algunos.

Segunda. A raíz del citado Punto de Acuerdo, el Gobierno de la Ciudad de México decidió cambiar la ubicación del incinerador de basura, sin embargo, no importando su ubicación causaría los mismos problemas ambientales, por ello, el veinticinco de julio de dos mil diecisiete presenté un Punto de Acuerdo por medio del cual se conmina al Jefe de Gobierno a cancelar definitivamente la construcción de la planta de termovalorización de basura. Mismo que fue aprobado en votación económica por la Primera Comisión de la Comisión Permanente el día 26 de julio de 2017.

Manifestando dentro del cuerpo de dicho documento, el grave problema que representa la disposición de los residuos sólidos, que elimina cerca de 12,000 toneladas de basura por día y, gran parte de ella, al no eliminarse a través del sistema de recolección domiciliaria, se tira en sitios clandestinos o en la vía pública. Provocando que los lixiviados de los antiguos tiradores, y los rellenos sanitarios, estén contaminando en muchos casos, los acuíferos subterráneos.

Resaltando en este orden de ideas, que la omisión por parte de las autoridades, al no consultar el impacto ambiental que trae aparejado consigo cualquier proyecto, ha llevado con frecuencia a graves errores, ya que los vecinos y las organizaciones comunales muchas veces tienen un conocimiento muy claro de los problemas ambientales más importantes de su colonia. Sin embargo, este conocimiento, en la práctica, no es utilizado debido a que no existen órganos de consulta ciudadana.

Siendo necesario fomentar y cambiar la concepción de lo que son los residuos, así como promover procesos de fabricación de productos con materiales específicos, de tal manera que se eliminen tóxicos y se utilicen envases y materiales cuya reutilización sea más accesible.

En 2004 se calculaba que cada mexicano producía casi 900 gramos de basura al día, lo que significaba un total de 83 mil 300 toneladas diarias de desechos en toda la República. Hoy, generamos anualmente 41 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos, de las cuales, aproximadamente se recolecta el 86 por ciento, pero queda disperso un 14 por ciento que se deposita en tiraderos clandestinos, en lotes baldíos o áreas verdes, ocasionando problemas de contaminación del agua, aire y suelo, y riesgos en materia de salud pública provocados por la fauna nociva y gases tóxicos que la mezcla de residuos genera.

La infraestructura para el manejo de los residuos sólidos en la Ciudad de México comprende 13 estaciones de transferencia distribuida, las cuales concentran los residuos sólidos de los servicios de recolección pública y privada. Además, existen tres plantas de selección y 10 plantas de composta para el procesamiento de residuos orgánicos. Según el Inventario de Residuos Sólidos, en la Ciudad se cuenta con dos mil 552 unidades de recolección con una cobertura de mil 753 colonias.

Bajo el subtítulo “Hacia Una Política Integral Para Una Megalópolis Sustentable” están los planteamientos con la mirada puesta en el futuro de la Zona Metropolitana del Valle de México. No hay buenos augurios, sino advertencias de impacto ambiental por un inadecuado ordenamiento territorial. Además “la deficiente gestión de los recursos hídricos y de los residuos sólidos solo pueden empeorar de mantenerse el status quo. De acuerdo a la Comisión Metropolitana de Asentamientos Humanos, la dinámica de la Megalópolis es característica de un proceso de integración de una “Corona Regional de Ciudades”, conformada por las 16 delegaciones de la Ciudad de México y 189 municipios colindantes, de los cuales 91 son del Estado de México, 37 de Tlaxcala, 29 de Puebla, 16 de Morelos y 16 de Hidalgo.

Como resultado de lo anterior, desde finales de 2014, el medio ambiente y por ende, la calidad de vida de las personas habitantes de la Delegación Tláhuac, se han visto gravemente deterioradas por políticas gubernamentales que no atienden a la preservación de un medio ambiente sano, particularmente en una de las zonas con mayor grado de vulnerabilidad en la capital del país.

En primera instancia, me refiero a la zona denominada “Paraje Tempiluli”, misma que se ha convertido en un tiradero donde diariamente se vierten decenas de metros cúbicos de residuos de la construcción, a pesar de que, en diciembre de 1987, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la declarara Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, por lo cual, el Estado Mexicano se comprometió a protegerlo en beneficio de la humanidad.

En contraposición al ecocidio, las y los vecinos organizados han implementado operativos de vigilancia con la intención de evitar el ingreso de los camiones contenedores, han interpuesto denuncias y solicitado la intervención del Gobierno de la Ciudad de México, sin que a la fecha haya una respuesta, por lo que se continúa destruyendo el hábitat natural que brinda importantes servicios ambientales para la Ciudad, como la captura y filtración de agua y la regulación del clima.

De acuerdo con lo dispuesto en las normas ambientales, se encuentra prohibido el manejo de residuos de construcción y demolición, la descarga, depósito o disposición de la construcción y demolición en lugares distintos a los centros de acopio, centros de reciclaje o sitios de disposición final autorizados, pero a pesar de ello, la práctica se continúa llevando a cabo con la complacencia de las autoridades, a pesar de que el paraje se encuentra justo detrás de las oficinas de la Comisión de Recursos Naturales, quienes junto con la Secretaría del Medio Ambiente, han hecho caso omiso a las denuncias que se han interpuesto.

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, derivado de cuando menos cuatro quejas presentadas, realizó un dictamen donde expresa que el depósito del material contaminante promueve el cambio de uso del suelo y alienta el crecimiento del asentamiento humano irregular; menciona que la contaminación altera las propiedades químicas del suelo, elimina la capacidad biológica para la reproducción y crecimiento de microorganismos; propicia la pérdida de la microflora y fauna del suelo, disminuye la biodiversidad nativa, al mismo tiempo que disminuye la capacidad productiva del suelo con vocación agroecológica.

A través de la resolución PAOT-05-300/200-6580-2014, demostró que el predio se encuentra registrado como Asentamiento Humano Irregular, a pesar de que se trata de suelo de conservación con zonificación normativa para producción rural agroindustrial. Además, constató la acumulación de aproximadamente 174,000 metros cúbicos de residuos sólidos en diversos puntos de la Ciénega de Tláhuac; y que la disposición de los materiales de la construcción ha significado la eliminación de la capacidad biológica para las propiedades naturales del suelo y la afectación de sus propiedades químicas, contraviniendo lo establecido en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra y la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal.

A la luz de lo anterior, fue presentada una denuncia ante la Fiscalía Desconcentrada de Investigaciones de Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana, sin embargo, no se tomaron las medidas precautorias necesarias para evitar que se sigan vertiendo los materiales y como resultado de ello, el volumen de residuos se ha incrementado de 250,000 a 270,000 metros cúbicos, afectando a la fecha una superficie superior a las 13 hectáreas.

Aunado a lo mencionado con antelación, se suma otro atentado al medio ambiente promovido por el Gobierno de la Ciudad, que impulsa un proyecto para la instalación de un incinerador de basura, un aparato obsoleto que ya había sido retirado de operar en Estados Unidos y que tiene como objetivo la incineración de cuatro mil quinientas toneladas de residuos sólidos urbanos diariamente.

El proceso de incineración propuesto emite grandes cantidades de contaminantes al aire, además de generar cincuenta toneladas de cenizas por día, mismas que deben ser trasladadas a un relleno sanitario, lo que, paradójicamente contaminaría más que la propia basura sin incinerar.

La instalación del incinerador, además de poner en riesgo la salud de las personas, va en contra del acuerdo SMA/DEIA/003830/2009, por medio del cual se estableció que en el predio habría de construirse un parque urbano para compensar las afectaciones producidas durante la construcción de la Línea 12 del Metro. Es decir, lejos de favorecer la mejora en las condiciones de vida, se plantean mecanismos anticuados para el manejo de la basura además de generar más contaminación ambiental.

Dicha instalación no sólo preocupa a las y los habitantes de la demarcación, sino también a especialistas, quienes aseguran que este proyecto aumentaría los niveles de contaminación en la zona oriente de la capital, lo que habla de una falta de sensibilidad y de compromiso de las autoridades, que ponen en peligro la integridad física de las personas haciendo tóxico el aire que respiran.

Resaltando que recientemente, la capital del país ha entrado en una crisis ambiental debido al exceso de contaminantes en la atmósfera, por lo cual ha sido activada en varias ocasiones la Fase 1 de Contingencia Ambiental, por lo que resulta absurda la idea de incinerar basura puesto que no se toma en cuenta el impacto ambiental que esto conlleva, además de las afectaciones a la salud que produce.

Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, aseveraron que esta zona se vería sumamente afectada, mencionan que “este proyecto habla de la falta de legalidad que existe en la ciudad. La idea de un incinerador es absurda, no están respetando los estudios de impacto ambiental. Esto es un negocio que intenta solucionar el tema de la basura; el gobierno de la Ciudad busca soluciones rápidas ante la problemática ambiental, no realiza proyectos a largo plazo que beneficien a la ciudadanía”.

Se sabe que la Agencia de Gestión Urbana capitalina otorgó a Proactiva Medio Ambiente, del grupo francés Violía, una licitación para que construya una planta de termovalorización que producirá electricidad para las 12 líneas del Metro, a partir de la quema de 4 mil 500 de las casi 13 mil toneladas de basura que genera la urbe.

Marisa Jacott, directora de la Organización Fronteras Comunes, declaro que México firmó el Convenio de Estocolmo para frenar la incineración, entonces no puede aceptar tecnologías que generan sustancias altamente tóxicas, persistentes y bioacumulables como las dioxinas y los furanos, porque no hay manera de contenerlas. A través del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, en vigor en México desde 2004, los países se comprometen a “poner fin a la incineración de desechos a cielo abierto y otras formas controladas de incineración”, incluida la de vertederos.

Según Veolia, que opera 63 plantas de este tipo en todo el mundo, la termovalorización es un proceso que reduce los gases de efecto invernadero, controla las emisiones de dioxinas y furanos y es reconocido en Europa por su eficiencia energética.

En enero de 2017 un documento de la Unión Europea advirtió que “la eliminación, ya sea en vertederos o mediante incineración con escasa o nula recuperación de energía, es habitualmente la opción menos favorable para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero”.

Ramón Ojeda Mestre, experto en derecho ambiental internacional, denunció además que no hubo proceso de saneamiento del Bordo Poniente, que recibió 76 millones de toneladas de basura en el tiempo que operó, como estipula la norma sobre tratamiento de residuos sólidos urbanos.

Además, Greenpeace, identificó varios focos rojos, uno de ellos es que en el apartado de riesgos se acepta, sin especificar, “que las emisiones al ambiente se encuentren por encima del rango estipulado por la norma”. Carlos Samayoa, abogado de Greenpeace, advierte que “esto puede incluir no sólo gases de efecto invernadero sino sustancias cancerígenas como dioxinas y furanos que se emiten por la combustión de basura y se acumulan en el cuerpo y el ambiente”.

De acuerdo con el abogado, “habría que aplicar los principios de prevención y precaución establecidos en convenios internacionales como la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992), la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (1994) y el Convenio de Diversidad Biológica (1992)”.

El principio precautorio de la Declaración de Río indica que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medioambiente”. El principio de prevención supone que el riesgo puede ser conocido anticipadamente y que pueden adoptarse medidas para neutralizarlo.

Pese a lo enunciado con anterioridad, así se construiría la primer planta de este tipo en América Latina y que empezará a operar en 2020, violando además la norma sobre residuos peligrosos, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos e incluso el Acuerdo de París, que fija las metas para reducir la emisión de gases de efecto invernadero.

Asimismo, la instalación de dicha planta genera inseguridad jurídica al establecer que se pagará anualmente a Veolia, 2 mil 350 millones de pesos por la eliminación de 4 mil 500 toneladas de basura al día, alrededor de 70 mil 500 millones de pesos (4 mil 028.6 millones de dólares) en 30 años, representando una inversión altísima para una medida que ni siquiera tiene a prioridad más alta en la jerarquía de disposición de residuos.

Cabe mencionar que Magdalena Dionisio, de la Alianza Global para Alternativas a la Incineración, comentó que de acuerdo con la Asociación Internacional de Residuos Sólidos, la incineración representa “un bajísimo valor calorífico, apoyo financiero deficiente, opciones tecnológicas inapropiadas y contextos institucionales inadecuados”.

A todo ello, se debe sumar que una planta de incineración también tiene diversos impactos, entre ellos sociales, porque representa la pérdida de trabajo de los pepenadores hasta la privatización de los servicios de limpia, impactos en la salud ambiental y humana generada por las sustancias químicas tóxicas.

Tercera. Relacionado con lo anterior, el Director de la Agencia de Gestión Urbana, afirmó que el consorcio ganador de la licitación de la planta de termovalorización y biodigestión que se instalará en el Bordo Poniente de la Ciudad de México, Veolia, construirá un Parque Ecológico en Tláhuac.

Con una inversión público-privada por 120 millones de pesos, el Gobierno de la Ciudad pretende iniciar la construcción del Parque Ecológico Laguna, Veolia, aportará alrededor de 60 millones de pesos como medida de mitigación por la instalación de la planta de termovalorización.

Sin embargo, al tratarse de una empresa a la que se le pagarán 70,500 millones de pesos en 30 años, la mitigación pactada por el Gobierno de la Ciudad de México es absurda, por lo que se tiene el fundado temor de que se trate de actos de corrupción o conflicto de intereses que tal empresa participe en la construcción de un parque tan necesario para los habitantes de Tláhuac.

Es de destacar que, en la Ciudad de México, la legislación ambiental no se aplica con rigor sobre las industrias privadas, ni sobre las empresas del gobierno. Además, los empresarios no asumen su responsabilidad como contaminadores y la actuación del Estado sobre las contaminantes no se aplica con suficiente firmeza.

Este proyecto de igual manera trae consigo la opacidad y falta de transparencia de los recursos que se comprometieron para la construcción y operación de la misma.

Pues cabe recordar que en fecha 14 de septiembre del dos mil diecisiete el periódico Reforma dio a conocer el contrato que firmó la Agencia de Gestión Urbana con las empresas que construirán la planta de termovalorización resaltando en este orden de ideas que obtuvo dicho contrato generando una solicitud de información, desprendiéndose de dicho contrato que los recursos públicos y estimaciones financieras no son públicos de conformidad con la Ley General de la Transparencia y acceso a la Información Pública.

Derivado de lo anterior, con fundamento en el siguiente numeral de la citada ley que a la letra dice:

Artículo 4. El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la Ley Federal, las leyes de las Entidades Federativas y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos dispuestos por esta Ley.

Con relación a los siguientes numerales del mismo ordenamiento que prevén lo siguiente:

Artículo 6. El Estado garantizará el efectivo acceso de toda persona a la información en posesión de cualquier entidad, autoridad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos; así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito de la Federación, de las Entidades Federativas y los municipios.

Artículo 11. Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática.

Artículo 12. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley Federal y las correspondientes de las Entidades Federativas, así como demás normas aplicables.

De los preceptos legales citados anteriormente, se fundamenta el derecho de las y los ciudadanos de estar informados respecto al financiamiento de dicho proyecto y qué impacto tendrá tanto en su esfera económica como de salud, es imperioso que la autoridad competente en su calidad de sujeto obligado de cabal cumplimiento a lo establecido en multicitado ordenamiento.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a hacer públicos todos y cada uno de los procesos de licitación, contratación y adjudicación de obras llevados a cabo en la entidad con la empresa Veolia, en especial los relativos a la construcción, instalación y operación de la planta de termovalorización de basura y de la construcción y operación del Parque Ecológico de Tláhuac.

Segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México a realizar una auditoría a todos y cada uno de los procesos de licitación, contratación y adjudicación de obras llevados a cabo entre el Gobierno de la Ciudad de México y la empresa Veolia, en especial los relativos a la construcción, instalación y operación de la planta de termovalorización de basura y de la construcción y operación del Parque Ecológico de Tláhuac.

Palacio Legislativo, a 20 de diciembre de 2017.

Diputada Norma Xóchitl Hernández Colín (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a rendir un informe detallado sobre la auditoría financiera y de cumplimiento número 16-0-09100-02-0313 313-DE, realizada por la ASF, y supervisar y evaluar periódicamente las áreas encargadas de la gestión y operación del programa de caminos rurales, a cargo del senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT

Senador David Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado dela República, presento ante esta Comisión Permanente, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, fracción XXII, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) es la dependencia encargada de:

XXII. Construir y conservar caminos y puentes, en cooperación con los gobiernos de las entidades federativas, con los municipios y los particulares

Además de construir y conservar los caminos y puentes en las entidades federativas del país, ésta debe cerciorarse de la adecuada construcción de las obras carreteras, con la finalidad de garantizar una mayor seguridad a los diferentes tipos de transporte, tanto comerciales como de personas.

La SCT es una de las secretarías que cuentan con un amplio techo presupuestario para su correcta operatividad, recursos asignados a la dependencia que deben implementarse para atender las múltiples necesidades de infraestructura carretera y con ello coadyuvar al desarrollo de diferentes regiones de las entidades federativas.

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, presentado por el Gobierno de la República, hace mención de los principales objetivos de la dicha Secretaría, los cuales son:1

• Apoyar e impulsar el desarrollo de la infraestructura carretera del país mejorando la seguridad vial.

• Garantizar en todo momento las mejores condiciones de la red de infraestructura carretera.

Para 2017 se le asignó un presupuesto de $77,723.32 millones de pesos para la infraestructura carretera, caminos rurales, mantenimiento de la red carretera nacional, así como para el programa de empleo temporal implementado por dicha Secretaría.

La adecuada implementación de los recursos asignados para la dependencia, así como el transparente manejo de los mismos y supervisión de obra, han sido temas complejos, debido a los diferentes problemas que se han presentado en la estructura carretera del país y en las inversiones realizadas durante los últimos 2 años.

Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación en su Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-09100-02-0313 313-DE, menciona que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte ha presentado muchas irregularidades en la supervisión adecuada de las diferentes obras de infraestructura carretera, como son:3

• La SCT no cuenta con una metodología de administración de riesgos institucional.

• En 2016, la Matriz de Administración de Riesgos Institucional (MARI) de la SCT sólo consideró un riesgo relacionado con el PCRA, consistente en “Metas físicas y presupuestales incumplidas en los programas de construcción, modernización y conservación de carreteras, caminos, alimentadoras y rurales que hayan generado un subejercicio de los recursos del PEF”.

• La SCT no tiene formalizados los criterios para la priorización de las obras del PCRA.

• No se cuenta con la capacidad operativa para supervisar periódicamente en los Centros SCT los avances de las obras del PCRA, ésta sólo se realiza con base en los reportes de avances físicos y reportes fotográficos proporcionados por los centros SCT.

• La SCT no tiene lineamientos para la integración de expedientes de obra; se revisaron 32 expedientes de obra del PCRA contratada en 2016, en los que se constató la falta de controles para supervisar la integración y homologación de su contenido, ya que se identificaron, entre otras deficiencias, que carecían de las firmas de los funcionarios responsables de elaborar y aprobar las bases de licitación (21 casos); falta de firmas en los avances físicos financieros (32 casos); falta de justificación del supuesto de excepción a la licitación pública (6 casos); Invitación a cuando menos tres personas, que exceden el importe establecido para utilizar este procedimiento de contratación (2 casos), y falta de Bitácora de obra en los expedientes (15 casos).

Un claro ejemplo de estos actos de corrupción y falta de profesionalismo por parte de esta dependencia, fue lo acontecido en el “Paso express Tlahuica” construido en la ciudad de Cuernavaca, estado de Morelos, en donde se generó un socavón a tan sólo 3 meses de haber sido terminada e inaugurada la obra por el Ejecutivo Federal y Estatal, provocando la muerte de 2 ciudadanos que transitaban por esa vía, además de causar diversos daños estructurales a las casas y calles aledañas.

La obra de infraestructura carretera tenía un costo inicial de más de mil millones de pesos con un tiempo de construcción de 18 meses; sin embargo fue aplazada su fecha de entrega y la cifra de inversión se duplicó, terminando en un costo final de más de 2 mil millones de pesos en poco más de 2 años.

Por otra parte, recientemente un diario nacional hizo público un reportaje en el que menciona la existencia de irregularidades señaladas por la Auditoria Superior de la Federación (ASF), en la revisión del programa “Control Interno del Programa de Caminos Rurales y Alimentadores”. En dicho programa el universo de análisis corresponde al presupuesto ejercido en el Programa de Caminos Rurales y Alimentadores en el ejercicio fiscal 2016, la muestra auditada corresponde a 32 contratos relacionados con obra pública por los centros SCT de los estados de Jalisco, Campeche, Nuevo León y Veracruz.4

El Programa de Caminos Rurales y Alimentadores (PCRA), tiene como objetivo atender la demanda de construcción y la modernización de los diferentes caminos en las zonas de mayor marginación del país, además de las diferentes obras de importancia regional de manera coordinada con los Gobiernos Estatales.5

En tanto la Dirección General Adjunta de Caminos Rurales y Alimentadores (DGACRA), “encargada de operar el programa, no contrató supervisores adicionales para revisar las obras físicamente”,6 para realizar la supervisión de manera física, y solamente recibió los reportes fotográficos y financieros que entregaron los diferentes residentes de obra en los centros estatales de la SCT.

Derivado de esto, la ASF solicitó informar el estado que guardan los diferentes trabajos de obra de 4 expedientes del Centro SCT del estado de Veracruz, debido a que se detectó que estos, no contaban con varios requerimientos como el acta de entrega recepción, extinción de derechos y obligaciones, entre otros. Por lo anterior se pueden presumir probable daño a la Hacienda Pública Federal por una cantidad de 4,108.3 y 4,615.4 miles de pesos,7 ya que no remitieron a la Tesorería de la Federación las garantías de cumplimiento de los contratos.

El presupuesto destinado para PCRA se ejerce mediante los Programas presupuestarios (Pp.), K031 “Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales”, K037 “Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras, y K039 “Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras”, los cuales en conjunto sumaron un total de $16, 644,333.5 miles de pesos, de los cuales solamente se ejercieron $12, 971,703.7 miles de pesos.8

A pesar de que la SCT contó con un amplio presupuesto para diversos proyectos de infraestructura carretera, éste se vio reducido debido a que la dependencia no realizó los análisis correspondientes, trámites de permisos para poder ejecutar la obra, lo cual afectó el techo presupuestario por 4 mil millones de pesos.

Los constantes señalamientos de actos de corrupción por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como la falta de personal altamente capacitado para darle seguimiento a las obras de infraestructura carretera, han provocado un malestar en la sociedad, debido a que esto ha presentado diversos accidentes en las vías de comunicación terrestre, lo cual ha ocasionado la pérdida de vidas humanas en diferentes entidades federativas.

México aún tiene retos pendientes para combatir la corrupción que se encuentra en las diferentes dependencias gubernamentales de los tres órdenes de gobierno, misma que a través de los años ha lastimado a la sociedad mexicana, debido a que la SCT no ha cumplido con los objetivos establecidos. Las obras de infraestructura carretera construidas durante este sexenio, han representado un peligro para las vidas de los mexicanos que transitan por las mismas, por las diversas deficiencias en la construcción y la implementación de materiales de baja calidad.

En ese sentido, a través de la presente proposición con Punto de Acuerdo se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones rinda un informe detallado a esta soberanía sobre el estado en el que se encuentran las obras realizadas en los estados de Jalisco, Campeche, Nuevo León y Veracruz con relación a la auditoría financiera y de cumplimiento 16-0-09100-02-0313 313-DE realizada por la Auditoria Superior de la Federación y a su vez supervise y evalué de manera periódica las diversas áreas encargadas de la gestión y operación del Programa de Caminos Rurales con la finalidad de evitar una inadecuada aplicación de los recursos destinados para su operatividad.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones:

a) Rinda un informe detallado a esta Soberanía, en un plazo no mayor a 10 días hábiles sobre el estado en el que se encuentran las obras realizadas en los estados de Jalisco, Campeche, Nuevo León y Veracruz con relación a la Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-09100-02-0313 313-DE, realizada por la Auditoria Superior de la Federación.

b) Supervise y evalúe periódicamente las áreas encargadas de gestión y operación del Programa de Caminos Rurales, con la finalidad de evitar una inadecuada aplicación de los recursos destinados para su operatividad.

Notas

1 Gobierno de la República. “Plan Nacional de Desarrollo 2013- - 2018”. [En línea], consultado el 11 de diciembre de 2017, P.23 disponible en: http://www.sct.gob.mx/fileadmin/banners/Programa_Sectorial_de_Comunicac iones_y_Transportes.pdf

2 Cámara de Diputados. “Presupuesto de Egresos de la Federación 2017”. [En línea], consultado el 11 de diciembre de 2017 P.198 disponible en:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2017.pdf

3 Auditoria Superior de la Federación. “Control Interno del Programa de Caminos Rurales y Alimentadores.” [En línea], consultado el 11 de diciembre de 2017 P. 33, disponible en: http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2016_0313_a.pdf

4 Roldán Nayeli. “La SCT olvida verificar la construcción de carreteras rurales y combatir la corrupción”. [En línea] consultado el 12 de diciembre de 2017, disponible en: http://www.animalpolitico.com/2017/11/sct-verificar-carreteras-corrupci on/

5 Auditoría Superior de la Federación, Op. Cit. p.3

6 Roldán, Op. Cit.

7 Auditoría Superior de la Federación, Op. Cit. p.3

8 Cámara de Diputados. “Presupuesto de egresos de la Federación 2016.” [En línea], consultado el 11 de diciembre de 2017, disponible en:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/pef_2016/PE F_2016_abro.pdf

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 20 días de diciembre de 2017.

Senador David Monreal Ávila (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a realizar un estudio diagnóstico de cobertura nacional para determinar la salud poblacional de los principales recursos pesqueros en costas mexicanas, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Germán Ernesto Ralis Cumplido, diputado del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someto a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación , a realizar un estudio diagnóstico de cobertura nacional en el que se determine la presente salud poblacional de los principales recursos pesqueros en costas mexicanas , con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La sobrepesca es, posiblemente, la más importante amenaza que sufre la pesquería mexicana en la actualidad. Por sobre otro tipo de problemáticas, la sobrepesca representa el mayor peligro para los mares y océanos mexicanos, en tanto que sus consecuencias pueden destruir los cimientos propios de la industria: los bancos pesqueros.

Una costa, mar u océano sobre-explotado, significa un posible colapso del ecosistema que alberga, un desastre que va mucho más allá de las posibles consecuencias económicas para quienes hacen de la pesca su modo de vida.

En un reciente estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el que se analizaron 54 pesquerías del país,1 se encontró que 20 por ciento trabajaban sobre-explotando los recursos pesqueros, mientras que otro 63 por ciento se encontraban ya en su máxima capacidad . Sólo en el 17 por ciento se encontró que hubiese potencial de desarrollo para aumentar la actividad presente.

La sobreexplotación es un fenómeno particularmente perjudicial en una industria como la pesquera, donde la actividad productiva en cuestión es dependiente de la capacidad propia del ecosistema para reabastecerse y recuperarse, con mínimo o nulo esfuerzo humano. Como bien lo define un reciente estudio del Environmental Defense Fund de México (EDF) y el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), la pesca es una actividad que depende de un servicio ambiental que no podemos controlar , pero sobre el que tenemos un gran impacto.2

En México, algunas de las principales especies pesqueras se encuentran sobreexplotadas o en camino a ello. Especies como el robalo, el huachinango y el atún aleta amarilla han sido reportadas con altos índices de explotación. De continuar la política actual, se pronostica que en 20 años la actividad pesquera producirá menos de la mitad de lo que obtiene hoy en día , destruyendo prácticamente todas las ganancias que hoy pueden obtenerse y reduciendo el número de peces en el mar en casi 40 por ciento .3

La sobrepesca y la extinción de una especie no siempre van de la mano, aunque ha sido comprobado que la primera incide de forma considerable en incrementar las posibilidades de encontrar la segunda. Las especies comerciales frecuentemente cuentan con rangos bastante más extensos que aquellos de los litorales nacionales, lo cual permite que las poblaciones sobreexplotadas en un determinado territorio no signifiquen la extinción inmediata de la especie. Sin embargo, resultaría irresponsable pensar que México tenga que olvidar su responsabilidad con el ambiente y con el ámbito internacional. Si la sobrepesca de un país no significa la extinción definitiva de una especie aun así puede formar parte del proceso en su conjunto.

De acuerdo al Anuario estadístico de acuacultura y pesca 2016 , elaborado por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, en México la producción pesquera se situó en 332 mil 377 toneladas para 2015 .4 De este total, las especies mejor representadas fueron la sardina, el camarón, el atún, la jaiba y la mojarra (todas, en su diversidad de especies). En algunos de estos casos, como el del camarón, la International Union for Conservation of Nature (IUCN) ha clasificado la especie como no vulnerable debido a su amplia presencia mundial y/o por el desarrollo de la acuacultura en relación a dicha especie. En otros, como el atún, la IUCN ha lanzado múltiples alertas e informes que indican que las distintas sub-especies del grupo, como el atún de aleta amarilla, se encuentran ya en un proceso inicial de extinción.5

Si bien el caso mexicano es uno claramente definido, no puede adjudicársele un carácter excepcional, diferenciado en magnitud frente a decenas de países. La sobrepesca es un fenómeno bien documentado en prácticamente todas las pesquerías del planeta. De acuerdo a cifras del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), aproximadamente 85 por ciento de las pesquerías del mundo se encuentran operando por encima del límite biológico, siendo ya necesarios programas de control y planes de restauración de ecosistemas .6

La creciente demanda mundial de recursos pesqueros ha incrementado al grado de ser insostenible, incluso para el futuro cercano. La globalización de la actividad pesquera y la creciente demanda por este tipo de recursos ha llevado a muchos países a aumentar sus capacidades acuícolas, en un esfuerzo generalizado que ha buscado traspasar la presión sobre los recursos naturales a instalaciones controladas. Como lo describe un artículo reciente de la revista Expansión, en el salmón se encuentra un ejemplo concreto de esta dinámica, pues la hueva se obtiene en Noruega, el salmón crece en Escocia, el ahumado se realiza en fábricas polacas y el fileteado se practica en China.7 Este método podría parecer a simple vista como una acertada solución a la problemática de la sobrepesca y, sin embargo, aún resulta una alternativa limitada en sus alcances. El incremento de la acuicultura no ha detenido la sobreexplotación, por el contrario, ha funcionado como una suerte de válvula de escape complementaria a ésta.

Las consecuencias futuras de las políticas de sobrepesca actuales serán resentidas de forma considerable en México. El país es uno de los mayores productores de recursos pesqueros en el mundo y sólo por debajo de Chile y Perú en Latinoamérica. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) estima que en México más de dos millones de personas trabajan directa o indirectamente en la industria, sin tomar en consideración a quienes se desempeñan en la acuicultura .8 No controlar la sobrepesca inevitablemente afectará el modo de vida de estas personas, sin mencionar los efectos que el desequilibrio ecológico tendrá sobre la población en general.

Apoyándome de lo anteriormente expuesto, propongo se exhorte a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a realizar un estudio diagnóstico de cobertura nacional en el que se logre determinar la presente salud poblacional de los principales recursos pesqueros en costas mexicanas. La información obtenida a partir de este estudio no solo permitirá la actualización de indicadores clave, sino que abrirá la puerta al desarrollo de mejores estrategias en el combate al problema de la sobrepesca , ofreciendo tanto al gobierno mexicano como a la sociedad civil las herramientas necesarias para disminuir la incertidumbre y aumentar la efectividad de sus esfuerzos . Las mejores políticas públicas surgen, pues, únicamente con la mejor información.

Considerandos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4o., párrafo quinto, que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho”.9

El artículo 5o. de la Constitución, establece, adicionalmente, que “a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos”.10

La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables determina como uno de sus objetivos el “establecer y definir los principios para ordenar, fomentar y regular el manejo integral y el aprovechamiento sustentable de la pesca y la acuacultura, considerando los aspectos sociales, tecnológicos, productivos, biológicos y ambientales ”.11

El artículo 8 de esta misma legislación define las facultades y responsabilidades que tiene la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, dentro de las que se encuentran:

a) El “promover y apoyar la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico de la pesca y la acuacultura, así como el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la planta productiva nacional.”12

b) El “determinar, con la participación de las instituciones de investigación, sectores productivos y Consejos Estatales de Pesca y Acuacultura, zonas de repoblación de especies”; y13

c) El “promover, regular, dirigir e implementar la ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático en materia de pesca y acuacultura sustentables, en concordancia con la Política Nacional de Pesca y Acuacultura Sustentables.”14

Por lo antes descrito, someto a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a realizar un estudio diagnóstico de cobertura nacional en el que se determine la presente salud poblacional de los principales recursos pesqueros en costas mexicanas.

Notas

1 Costello, Christopher; Kinlan, Brian; Lester, Sarah; Gaines, Steven. “The Economic Value of Rebuilding Fisheries”. En OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers . Núm. 55. Paris. OECD Publishing. 2012. Consultado en:

http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5k9bfqnm ptd2-en.pdf?expires=1510948432&id=id&accname=guest&checksum =BFA74A67DDBED8A0110DD96C984B6C71.

2 Environmental Defense Fund. La Pesca Ilegal e Irregular en México: Una Barrera a la Competitividad . México. EDF México - IMCO. 2013. Consultado en: http://mexico.edf.org/sites/mexico.edf.org/files/pescailegalfinal-07-06 -17.pdf.

3 Ibíd.

4 Conapesca. Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2016 . México. SAGARPA. 2016. Consultado en:
https://www.gob.mx/conapesca/documentos/anuario-estadistico-de-acuacultura-y-pesca.

5 World Wildlife Fund. Tuna . Washington. WWF. 2017. Consultado en:
https://www.worldwildlife.org/species/tuna.

6 World Wildlife Fund. Overfishing . Washington. WWF. 2017. Consultado en:
https://www.worldwildlife.org/threats/overfishing.

7 Expansión. La globalización del pescado: El océano se vacía, pero los mercados se llenan . México. CNN. 2017. Consultado en: http://expansion.mx/economia/2017/01/17/la-globalizacion-del-pescado-el -oceano-se-vacia-pero-los-mercados-se-llenan.

8 Narváez, Marytere. Incentivan pesca sustentable en México . Mérida. Conacyt. 2017. Consultado en: http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/ambiente/13063-incentivan-pes ca-sustentable-en-mexico.

9 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 4o., Párrafo Quinto. (Última Reforma: DOF 15-09-2017)

10 CPEUM. Artículo 5o. (Última Reforma: DOF 15-09-2017)

11 Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Artículo 2o. Fracción I. (Última Reforma: DOF 19-06-2017)

12 LGPAS. Artículo 8o. Fracción XXVIII. (Última Reforma: DOF 19-06-2017)

13 LGPAS. Artículo 8o. Fracción XXXVI. (Última Reforma: DOF 19-06-2017)

14 LGPAS. Artículo 8o. Fracción XL. (Última Reforma: DOF 19-06-2017)

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de diciembre de 2017.

Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Quintana Roo a adecuar su legislación vigente, considerar el Cuerpo de Bomberos en la Ley de Protección Civil local y expedir, en su caso, una normativa dirigida a regular el sector, suscrita por el diputado José Luis Toledo Medina, del Grupo Parlamentario del PRI

José Luis Toledo Medina, diputado federal de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos así como las demás disposiciones aplicables, someto a consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del Estado de Quintana Roo para que, en el ámbito de sus atribuciones, se realicen adecuaciones a su legislación vigente y se contemple al Heroico Cuerpo de Bomberos en la Ley de Protección Civil del Estado de Quintana Roo, y en su caso se expida una ley dirigida a regular este sector tan importante para la sociedad, lo anterior para dar certeza jurídica e identidad a los quintanarroenses que desempeñan esta gran labor.

Consideraciones

De acuerdo con la Real Academia Española, un bombero es una persona que tiene por oficio extinguir incendios y prestar ayuda en otros siniestros,1 como pueden ser inundaciones, derrames de sustancias peligrosas, fugas de gas, así como salvar vidas humanas y de animales.

El 22 de agosto de 1873, en Veracruz fue creado el primer cuerpo de bomberos del país,2 en la ciudad de México en enero de 1922 se expidió el primer reglamento que regulaba a esta institución y fue hasta 1951 que se le otorgo el carácter de “Heroico” por decreto presidencial.3

De acuerdo con el Consejo Nacional de Protección contra Incendios, en México los incendios aumentan significativamente a una tasa del 10 por ciento anual, siendo uno de los más altos en los últimos años.4

Tan solo en las tres ciudades más pobladas del país: México, Guadalajara y Monterrey, en 2016 se registraron arriba de 30 mil incendios, lo cual provocó la muerte de más de 3 mil personas y daños por 4.8 billones de pesos, lo anterior de acuerdo a la Asociación Mexicana de Jefes de Bomberos (AMJB) y a las instituciones de seguros.5

Los cuerpos de bomberos en el país se han organizado y actuado en algunas ocasiones con los recursos que obtienen administrativamente de los ayuntamientos, donaciones de patronatos o asociaciones civiles y excepcionalmente en el caso de la Ciudad de México en el que se encuentra reconocido como un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonios propios de acuerdo a la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal.6

Ante la situación antes expuesta es necesario que los diferentes niveles de gobierno doten de las herramientas necesarias a este sector que se encuentra tan vulnerable. Es fundamental que mujeres y hombres que se desempeñan como bomberos cuenten con el equipamiento y la capacitación necesaria para el mejor desempeño de las tareas que realizan.

Uno de los principales problemas con los que se topan los bomberos es que actualmente no existe una Legislación especializada a nivel nacional, la cual les brinde certeza jurídica, si bien es cierto existe la Ley General de Protección Civil7 esta no abunda ni especifica claramente el funcionamiento del caso particular.

En la entidad federativa que represento el problema es más evidente toda vez que la Ley de Protección Civil del Estado de Quintana Roo8 no tiene contemplado en su articulado al cuerpo de bomberos ni hace mención de ellos, actualmente los municipios cuentan con un reglamento que ayuda a regular a este organismo de manera local, sin embargo es de gran importancia que exista un marco jurídico que brinde certeza y seguridad a los quintanarroenses que arriesgan su vida como bomberos.

Dado lo anteriormente expuesto, se propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Congreso del Estado de Quintana Roo para que, en el ámbito de sus atribuciones realicen adecuaciones a su legislación vigente y se contemple al Heroico Cuerpo de Bomberos en la Ley de Protección Civil del Estado de Quintana Roo, y en su caso se expida una Ley dirigida a regular este sector tan importante para la sociedad, lo anterior para dar certeza jurídica e identidad a los Quintanarroenses que desempeñan esta gran labor.

Notas

1 Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, disponible en: http://dle.rae.es/?id=5pfRKTI (Fecha de consulta: 11 de diciembre de 2017).

2 Excélsior, Hace 141 se fundó el primer Cuerpo de Bomberos en México, disponible en: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/08/21/977440 (Fecha de consulta: 11 de diciembre de 2017)

3 Ídem.

4 Excélsior, Incendios en México aumentan un 10 por ciento anual: CONAPC I, disponible en:
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/08/02/1179334 (Fecha de consulta: 11 de diciembre de 2017).

5 Ídem.

6 Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Marco Normativo, disponible en:

http://www.bomberos.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/58a/36a/aa7/
58a36aaa79753535863402.pdf (Fecha de consulta: 11 de diciembre de 2017)

7 Cámara de Diputados, Ley General de Protección Civil, disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPC_230617.pdf (Fecha de consulta: 11 de diciembre de 2017)

7 Congreso del Estado de Quintana Roo, Ley de Protección Civil del Estado de Quintana Roo, disponible en:

http://documentos.congresoqroo.gob.mx/leyes/social/ley04 6/L1320130430268.pdf (Fecha de consulta: 11 de diciembre de 2017)

Palacio del Poder Legislativo de San Lázaro, a 20 de diciembre de 2017.

Diputado José Luis Toledo Medina (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a formular en uso de las atribuciones previstas en el artículo 72 de la CPEUM observaciones sobre toda la Ley de Seguridad Interior que permita aplazar su publicación y entrada en vigor, a cargo de la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, Angélica de la Peña Gómez, senadora de la República en la LXIII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, vigente por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, presenta a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que en el uso de sus atribuciones previstas en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, realice observaciones a la totalidad de la Ley de Seguridad Interior que permita aplazar su publicación y su entrada en vigor, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. El pasado viernes 15 de diciembre se dio por concluido el proceso legislativo en torno de la Ley de Seguridad Interior. De tal manera que corresponde al presidente de la República hacer publicar dicha reforma en el Diario Oficial de la Federación.

2. Como fue del conocimiento público el proceso legislativo en torno a la Ley de Seguridad Interior, no fue ajeno a cuestionamientos de la sociedad civil, académicos, defensoras y defensores de derechos humanos, así como organismos internacionales debido a su alta afectación a los derechos humanos, se militariza la seguridad pública, es inconstitucional e inconvencional, pero además no resuelve los problemas de violencia e inseguridad, no hay controles para el despliegue de las Fuerzas Armadas y somete el poder civil al mando castrense.

Las mayorías que integran las Cámaras del Congreso de la Unión fueron omisas, para hacer un debate amplio y convocar a una consulta a todos los sectores de la sociedad que requiere una reforma de esta magnitud. Lo más grave aún es que el llamado que hiciera el presidente de la República al Senado “para ampliar los espacios de diálogo, de acercamiento, con las distintas organizaciones de la sociedad civil para poder escuchar todas las voces y poder realmente enriquecer lo que eventualmente el Senado esté resolviendo en alcance a esta iniciativa presentada”.

Las audiencias realizadas en el Senado de la República fueron un diálogo de sordos con las organizaciones de la sociedad civil, no hubo un debate real sobre el contenido de la ley, los cambios realizados a nueve artículos y un transitorio no modificaron sustancialmente aquellos aspectos que tienen que ver con su inconstitucionalidad y violaciones a diversos tratados en materia de derechos humanos.

De nada sirvieron tampoco los llamados y observaciones el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; los relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); los rectores de las más connotadas universidades nacionales; organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch; especialistas en derecho y en seguridad; víctimas de violaciones a derechos humanos; artistas; organización y civiles; y más de 250 mil 500 personas que enviaron comunicaciones externando su preocupación. Pocas veces en la historia reciente una pieza legislativa había despertado tan amplio consenso en cuanto a su rechazo y, sin embargo, el Congreso de la Unión procedió con premura e indiferencia. Peor aún, no fueron pocos las y los legisladores que incurrieron en expresiones denostativas respecto de los mecanismos internacionales de derechos humanos, propias de las más rancias visiones autoritarias1 .

3. Frente al rechazo a esta ley, el domingo 17 de diciembre diversas organizaciones de la sociedad civil se manifestaron en contra de estas reformas y solicitaron que el presidente de la República ejerza su facultad de veto para detener la entrada en vigor de una norma que ha generado un rechazo unánime. Las organizaciones que se manifestaron señalan que esto debería ocurrir dado que empeñó su palabra en la realización de un diálogo que no ocurrió.

4. De acuerdo con la doctrina constitucional “el veto es la facultad que tienen los jefes de Estado para oponerse a una ley o decreto que el Congreso le envía para su promulgación. Esta facultad forma parte del sistema de contrapesos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo; así, mientras el presidente puede vetar la legislación, el Congreso puede superar ese veto con un voto de dos tercios de ambas Cámaras. Al respecto existen tres tipos de vetos: el veto total que es cuando el presidente rechaza expresamente firmar la totalidad del decreto de ley y lo devuelve al Congreso con una explicación detallada de las razones por las que se opone a dicha legislación; el veto parcial, también llamado veto por párrafos o artículos, que permite al presidente modificar una ley eliminando parte de ella o modificando disposiciones individuales; y el veto de bolsillo, que es aquél que sencillamente permite a un presidente negarse a firmar una ley”2 .

En México, si bien la Constitución no hace referencia al término “veto” sino al de observaciones que el titular del Ejecutivo hace a los proyectos de ley que las Cámaras del Congreso le envían para su promulgación. En ese sentido el artículo 72 constitucional señala:

“A. Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente .

B. Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen dentro de los treinta días naturales siguientes a su recepción; vencido este plazo el Ejecutivo dispondrá de diez días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto. Transcurrido este segundo plazo, la ley o decreto será considerado promulgado y el presidente de la Cámara de origen ordenará dentro de los diez días naturales siguientes su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin que se requiera refrendo. Los plazos a que se refiere esta fracción no se interrumpirán si el Congreso cierra o suspende sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse a la Comisión Permanente.

C. El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, será devuelto, con sus observaciones, a la Cámara de su origen. Deberá ser discutido de nuevo por ésta, y si fuese confirmado por las dos terceras partes del número total de votos, pasará otra vez a la Cámara revisora. Si por esta fuese sancionado por la misma mayoría, el proyecto será ley o decreto y volverá al Ejecutivo para su promulgación.”

Como podemos observar la Constitución le otorga al presidente de la República la facultad de hacer observaciones, las cuales sólo son suspensivas debido a que pueden ser superadas mediante las dos terceras partes del número total de votos de las Cámaras del Congreso. Ante esta situación, el Ejecutivo tendrá necesariamente que publicar la ley.

Por tanto y en mérito de lo expuesto, se somete a la consideración del pleno de urgente resolución la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con absoluto respeto a la división de poderes, exhorta al titular del Ejecutivo federal para que en el uso de sus atribuciones previstas en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, realice las observaciones a la totalidad de la Ley de Seguridad Interior que permita aplazar su publicación y su entrada en vigor.

Notas

1 Frente a la Imposición de La Ley de Seguridad Interior, Indispensable Activar Controles Extraordinarios. Comunicado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez del Viernes, 15 de diciembre de 2017.

2 http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.ph p?ID=241

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de diciembre de 2017.

Senadora Angélica de la Peña Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profepa a cancelar la construcción de la planta de termovalorización de basura en el Bordo Poniente, debido a los daños ambientales y de salud, suscrita por la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal, Norma Xóchitl Hernández Colín, integrante del Grupo Parlamentario de Morena a la XLIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 y 129 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y artículos 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182 y 183 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a promover una acción colectiva para cancelar la construcción de la planta de termovalorización de basura en el Bordo Poniente de la Ciudad de México.

Lo anterior, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera. A principios de septiembre de este año, el jefe de gobierno de Ciudad de México presentó el proyecto de construcción de la planta de termovalorización “El Sarape” que, presuntivamente transformará cuatro mil quinientas toneladas de basura diarias en energía para alimentar al Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Con una inversión cercana a los 12 mil millones de pesos, la construcción, operación y mantenimiento estará a cargo del consorcio privado Proactiva Medio Ambiente SA de CV (filial de la francesa Veolia), para el procesamiento de los residuos sólidos urbanos durante los próximos treinta y tres años.

Al terminar su construcción y comenzar a operar, será la primera planta de su tipo en México y América Latina; con 30 por ciento más de capacidad que la de Los Ángeles, California, convirtiéndola en una de las más grandes del mundo.

El jefe de gobierno aseguró que este proyecto es el cambio “más importante de toda la administración en materia de gestión de residuos sólidos”, informó que, con esta planta, junto con las compactadoras y la de biodigestión, se podrá realizar el tratamiento de las más de 13 mil toneladas de desechos que genera a diario se generan en la ciudad.

Cabe recordar que actualmente 8 mil 600 toneladas de estos residuos son llevadas a un relleno sanitario, pero sólo son aprovechadas 4 mil 100 mediante diferentes procesos, por ejemplo, mil 900 toneladas para reciclaje, mil 400 para composta y 800 para combustible alterno.

En la presentación de la planta, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales respaldó el proyecto y lo puso como ejemplo para que presidentes municipales y gobernadores del país aprendan “de esta gran lección”; recordó que México genera en promedio unas 117 mil toneladas de basura al día, lo que representa, aproximadamente, un kilo de basura por habitante. De ese total, 70 por ciento se va a ríos, bosques y barrancas.

Asimismo, recordó que la Ley General de Cambio Climático establece que las localidades de más de cincuenta mil habitantes deben desarrollar infraestructura que evite emisiones de metano a la atmósfera, gas con alto potencial de calentamiento global, cuya mitigación es un compromiso de México ante la comunidad internacional.

Con la instalación de la planta, el gobierno de la ciudad supuestamente rompe un mito muy importante de que estos proyectos son costosos, de que no podían ser accesibles a las diferentes autoridades municipales y estatales. Actualmente, el gobierno gasta dos millones de pesos anuales para el traslado y disposición final de 8 mil 500 toneladas de basura a rellenos sanitarios del estado de México y Morelos.

Con la implantación de esta tecnología, de manera presuntiva, serán aprovechadas 11 mil 400 toneladas de basura inorgánica, 2 mil toneladas serán recicladas, mil 500 utilizadas para composta, mil 400 se enviarán a cementeras como combustible alterno, 2 mil irán a la planta de biodigestión y 4 mil a la de termovalorización.

Segunda. La Alianza Global por Alternativas a la Incineración menciona que se está promoviendo en todo el mundo una nueva generación de incineradores de desechos que promueven la idea de poder convertir desechos urbanos, médicos, industriales y de otro tipo en electricidad y combustible de manera segura y rentable. Muchas empresas van incluso un poco más lejos y sostienen que su tecnología es “verde”, “libre de contaminación” y produce “energía renovable”.

Sin embargo, estas tecnologías están clasificadas como incineradores por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y por la Unión Europea. Todas estas tecnologías utilizan un proceso de múltiples etapas en el que se combinan altas temperaturas seguidas de combustión. Los incineradores por etapas, donde se procesan los desechos sólidos urbanos, liberan al aire, suelo y agua dioxinas, metales pesados, dióxido de carbono y otros contaminantes nocivos. Muchos municipios de todo el mundo han rechazado propuestas para instalar estas tecnologías debido a que los beneficios que alegan los representantes de la industria no se fundamentan en datos reales.

Diversos estudios que han analizado exhaustivamente a los incineradores han encontrado que éstos ofrecen pocos o ningún beneficio en comparación con los hornos convencionales de incineración en masa, y que incluso representan una inversión más riesgosa aún. Por ejemplo, el informe “La Viabilidad del Tratamiento Térmico Avanzado en el Reino Unido”, de Fichtner Consulting Engineers, encargado por el United Kingdom Environmental Services Training, en 2004 establece que “muchos de los supuestos beneficios de la gasificación y la pirólisis en comparación con la tecnología de combustión han probado ser infundados. Estas percepciones han surgido principalmente de comparaciones inconsistentes realizadas en ausencia de información de calidad.”

Del mismo modo, el informe, “Evaluación de opciones para el manejo de materiales para la revisión del plan maestro de desechos sólidos de Massachusetts” del Tellus Institute, encargado por el Departamento de Protección Ambiental de Massachusetts, en 2008, concluye que: “para el año 2020, es poco probable que las plantas de gasificación y pirólisis tengan un papel fundamental en la gestión de los desechos sólidos urbanos” debido a la falta de experiencia en el país con plantas de gran escala con tecnologías alternativas que procesen los desechos sólidos mezclados y generen energía a partir de ello de modo exitoso; los largos plazos que transcurren hasta la planificación, emplazamiento, construcción y habilitación de este tipo de plantas; los importantes costos de capital requeridos y la falta de flexibilidad en el manejo de los desechos sólidos impuesta por las disposiciones contractuales a largo plazo y el beneficio relativamente reducido en lo que se refiere a emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con el desvío de los desechos para otros usos o su disposición en rellenos.

De hecho, el estudio realizado por el Tellus Institute descubrió que “por tonelada, con el reciclaje se ahorra más de siete veces la cantidad de CO2 emitida en los rellenos, y se reduce casi en dieciocho veces la cantidad que se emite en las plantas de gasificación/pirólisis”.

Los principales efectos negativos de los incineradores, en todas sus variedades, son los mismos, son tóxicos para la salud pública, son dañinos para la economía, el ambiente y el clima, y van en desmedro de los programas de reciclaje y reducción de desechos.

Tercera. La propia Alianza Global por Alternativas a la Incineración, en la publicación “Una Industria que Vende Humo”, establece diez razones por las cuales los incineradores no son soluciones para el tratamiento de los residuos:

1. los incineradores emiten una cantidad de tóxicos similar a los hornos convencionales de incineración en masa

El documento de referencia sobre mejores técnicas disponibles para la incineración de residuos de la prevención y el control integrados de la contaminación de la Comisión Europea encontró que: “los niveles de emisión al aire en la etapa de combustión de tales instalaciones (gasificación y pirolisis) son los mismos que aquellos establecidos para las instalaciones de incineración.”

Las emisiones identificadas de los incineradores son material particulado, compuestos orgánicos volátiles (COV), metales pesados, dioxinas, dióxido de azufre, monóxido de carbono, mercurio, dióxido de carbono y furanos, entre otras. Algunos de estos tóxicos pueden ser dañinos para la salud humana y el ambiente aun en bajas dosis.

El mercurio, por ejemplo, es un neurotóxico potente y muy expandido que altera las funciones motoras, sensoriales y cognitivas. La más tóxica de las dioxinas es el cancerígeno más potente conocido por la humanidad, para la cual no hay un nivel de exposición seguro. Los impactos de las dioxinas sobre la salud incluyen cáncer, alteraciones en el desarrollo sexual, malformaciones congénitas, daños en el sistema inmunológico, desórdenes en el comportamiento y alteraciones en la relación de masculinidad.

La incineración de desechos sólidos es una de las principales fuentes antropogénicas de emisión de dioxinas. Los trabajadores de las plantas de incineración y las personas que viven cerca de incineradores tienen un riesgo particularmente alto de exposición a las dioxinas y otros contaminantes, pero los impactos tóxicos de la incineración llegan mucho más lejos, los compuestos orgánicos persistentes (COP), tales como las dioxinas y los furanos, se trasladan cientos de kilómetros y se acumulan en animales y en humanos. Los contaminantes también se distribuyen cuando los alimentos que se producen cerca de plantas de incineración son transportados a otras comunidades.

2. Los límites de emisión fijados para los incineradores no garantizan que las emisiones sean seguras

Las emisiones de los incineradores no se miden de forma suficiente y, por ende, los niveles totales de emisión que se reportan pueden ser falaces. Además, los límites no siempre se hacen cumplir.

Los límites de emisión no suelen basarse en lo que científicamente se considera como seguro para la salud pública, sino en lo que se determina que es tecnológicamente factible para una fuente dada de contaminación. Como lo ha escrito la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, “considerando que la Agencia no ha podido definir claramente un nivel de exposición segura a estos contaminantes cancerígenos, se hizo casi imposible elaborar una normativa.”

En consecuencia, los límites de emisión de la Agencia se crearon únicamente para exigir a los “emisores que utilicen las mejores tecnologías de control probadas en fuentes industriales.” Como resultado, estos límites permiten liberar contaminantes tóxicos como las dioxinas, el mercurio y el plomo en niveles inseguros. Además, estos límites inadecuados sólo regulan a un puñado de los miles de contaminantes que se conocen, y no toman en cuenta la exposición a varios químicos al mismo tiempo.

Las emisiones de los incineradores no se miden lo suficiente, tal es el caso de los contaminantes más peligrosos que se conocen, como las dioxinas y el mercurio, cuyas emisiones en los incineradores raramente se monitorean de forma continua o precisa. En consecuencia, los niveles totales de emisión reportados pueden ser falaces.

Por último, los límites de emisión que sí existen no siempre se cumplen, a veces se permite seguir operando a los incineradores a pesar de violar los límites de emisión.

3. Los incineradores tienen antecedentes nefastos, plagados de problemas operativos, explosiones y clausuras

La cantidad problemas operativos que se han registrado en distintos incineradores ha probado que estas plantas son costosas y peligrosas para las comunidades en donde están instaladas. Por ejemplo, el incinerador de Thermoselect en Karlsruhe , Alemania (uno de los incineradores por gasificación de desechos sólidos urbanos más grandes del mundo), se vio obligado a cerrar definitivamente en 2004 tras haber sufrido durante años reiterados problemas operativos y pérdidas financieras que sumaron más de 400 millones de euros.

Entre los problemas operativos sufridos se registraron una explosión, roturas en el recubrimiento del reactor a causa de las temperaturas y la corrosión, filtraciones en una pileta con líquidos residuales, filtraciones en una pileta de sedimentación que contenía líquidos residuales contaminados con cianuro, y finalmente se vio obligado a cerrar tras descubrirse emisiones descontroladas de gases tóxicos.

Del mismo modo, en 1998, un horno pirolítico de “alta tecnología” instalado en Furth, Alemania, que procesaba desechos sólidos urbanos, tuvo una falla importante que provocó la liberación de gas de pirólisis al aire; un barrio entero tuvo que ser evacuado, y algunos ciudadanos de la comunidad aledaña tuvieron que ser llevados al hospital en observación.

En muchos países, incluyendo Canadá, Francia, India, Estados Unidos y el Reino Unido, los municipios han rechazado propuestas de instalación de tecnologías de gasificación, pirólisis y plasma debido a que los datos que presentaron los representantes de la industria sobre las emisiones, las finanzas y los beneficios energéticos resultaron ser infundados. Como informó el periódico Palm Beach Post sobre la propuesta de instalación de un horno de arco de plasma de la empresa Geoplasma en St. Lucie , Florida, “los números eran bastante impresionantes, declaró el comisionado Coward. Pidió pruebas, la empresa no las pudo entregar por lo que el condado contrató los servicios de un consultor, quien dijo que las pruebas no existían.”

4. La incineración es incompatible con el reciclaje

La incineración también atenta contra los esfuerzos orientados a minimizar la producción de materiales tóxicos y no reciclables. Para poder sobrevivir financieramente, las tecnologías de incineración necesitan un suministro constante tanto de desechos como de dinero público en la forma de contratos de “poner o pagar”.

Con este tipo de contratos, los municipios se ven obligados a pagar una tarifa mensual predeterminada a la planta incineradora durante décadas, independientemente de si resulta coherente en términos económicos o ecológicos seguir pagando esta suma en el futuro. En consecuencia, estos contratos echan por tierra los incentivos financieros que puede tener una localidad para reducir y separar sus desechos en origen, y reutilizar, reciclar o compostar.

Los datos de la Agencia muestran que aproximadamente el 90 por ciento de los materiales que se disponen en incineradores y rellenos en Estados Unidos son reciclables o compostables. De forma similar, aun tras haber logrado un porcentaje de reciclaje de más de 70 por ciento, el Estudio de Caracterización de la Basura de 2006 del Departamento de Ambiente de San Francisco, California, detectó que dos tercios de los materiales que se están enterrando son fácilmente reciclables o compostables.

Los contratos con empresas de incineración, además de ser costosos y a largo plazo, atentan contra los esfuerzos destinados a minimizar la producción de materiales tóxicos y no reciclables. El pequeño porcentaje de desechos que queda tras llegar al máximo nivel de reciclaje, reutilización y compostaje (llamados materiales residuales) está compuesto por materiales que generalmente son tóxicos, complejos y tienen un bajo valor energético. La incineración no es una estrategia apropiada para tratar esta fracción de desechos, genera emisiones nocivas; puede disparar problemas operativos; ofrece muy poco valor energético y atenta contra los esfuerzos por minimizar los desechos.

Una estrategia más práctica es contener de modo económicamente factible y seguro el pequeño porcentaje de materiales no reciclables que hay en los desechos, estudiarlo y aplicar políticas de responsabilidad extendida del productor y otras normativas e incentivos para que se dejen de fabricar estos productos y materiales y sean reemplazados por alternativas sustentables.

5. Los incineradores suelen ser más costosos y tienden a implicar un mayor riesgo financiero

La gente carga con el costo financiero que acarrea cualquier tipo de incineración. Los gastos que implican para los gobiernos locales son altos, y las comunidades terminan pagándolos con dinero público y gastos en salud pública. En cambio, desde un punto de vista económico, el reciclaje y el compostaje son métodos mucho más sensatos que la incineración y la disposición en rellenos sanitarios.

A menudo, la incineración es incluso más cara e implica un riesgo financiero mayor que los incineradores convencionales, ya de por sí costosos. El informe de Fitchtner Consulting Engineers , “La Viabilidad del Tratamiento Térmico Avanzado”, encontró que “no hay razón para creer que estas tecnologías sean más baratas que la combustión y es probable, de acuerdo con la información disponible, que, a medida que los procesos sean más complejos, se vuelvan más costosos”.

Un ejemplo del incremento de costos que implican son las tasas por el tratamiento de los desechos que solicitaron las empresas de incineración al condado de Los Ángeles, California, en 2005. El monto de las tasas estimado era de dos a cuatro veces más alto que el promedio que se abona a los incineradores en Estados Unidos.

Los incineradores también representan riesgos financieros, teniendo en cuenta que tienen un historial operativo plagado de fallas, incapacidad de producir electricidad de forma confiable, clausuras y explosiones regulares. Como concluye el informe de la Comisión Europea de 2006: “el riesgo tecnológico adicional asociado con la gasificación y la pirólisis para muchos desechos sigue siendo significativamente mayor que el que tienen los tratamientos térmicos de incineración, mejor probados.”

6. Los incineradores capturan una baja cantidad de energía de forma ineficiente

Los incineradores por gasificación, pirólisis y plasma son incluso menos eficientes para generar electricidad que los incineradores convencionales. Las centrales de energía por incineración generan electricidad de forma ineficiente mediante la combustión de desechos y/o gases derivados de los desechos. En relación al beneficio energético total, siempre es preferible reciclar materiales en lugar de incinerarlos. El reciclaje ahorra de tres a cinco veces la cantidad de energía que se genera en las centrales de energía por incineración.

Como explica el informe “Evaluación de opciones de manejo de materiales para la revisión del plan maestro de desechos sólidos de Massachusetts” del Tellus Institute, encargado por el Departamento de Protección Ambiental de Massachusetts, el reciclaje ahorra energía, reduce la extracción de materia prima, y provoca impactos positivos sobre el clima al reducir la emisión de CO2 y otros gases de efecto invernadero. Por tonelada de desechos, la energía que se ahorra reciclando supera la que se genera con los gases de los rellenos sanitarios o la que pueden recuperar las tecnologías de conversión térmica.

Quienes promueven las tecnologías de incineración sostienen que éstas tienen índices de eficiencia energética más altos que los incineradores convencionales, pero dichas afirmaciones son infundadas. De hecho, el informe de Fitchtner Consulting Engineers , “La Viabilidad del Tratamiento Térmico Avanzado”, encontró que “la eficiencia de conversión de las tecnologías de gasificación y pirólisis revisadas resultó ser generalmente menor que la que se alcanza en un proceso de combustión moderno de incineración en masa”.

Otros investigadores y periodistas encontraron que algunas plantas de incineración no han logrado producir más electricidad que la que consume el propio proceso. La cuestión de la eficiencia energética está ligada a la propia naturaleza de las tecnologías de incineración. Primero, los incineradores por gasificación, pirólisis y plasma a menudo requieren un proceso de pre tratamiento de los desechos, como la trituración y secado; estos procesos pueden consumir una cantidad importante de energía. Segundo, a diferencia de los incineradores convencionales, que dependen del oxígeno para mantener el fuego ardiendo, los ambientes que usan estas tecnologías que involucran una presencia reducida de oxígeno, requieren un suministro adicional de energía para mantener el proceso funcionando.

7. Incinerar materiales desechados conduce al agotamiento de recursos y daña el ambiente

No es sustentable disponer en rellenos e incineradores la cantidad de desechos que estamos llevando a esos sitios en todo el mundo. Tan sólo en las últimas tres décadas, se ha consumido un tercio de los recursos naturales del planeta.

Los incineradores contribuyen a la crisis ambiental al destinar gran cantidad de dinero público a la disposición definitiva de recursos naturales cada vez más escasos. Para resolver la crisis ambiental es necesario que los municipios inviertan en prevenir la generación de desechos y reutilizar, reciclar y compostar los materiales que actualmente se disponen en incineradores y en rellenos. Es clave que, de forma inmediata, los materiales biodegradables (biomasa) dejen de disponerse en rellenos, donde se descomponen en condiciones que generan emisiones de potentes gases de efecto invernadero.

Del mismo modo, incinerar materiales biodegradables y de otro tipo aumenta las emisiones de gases de efecto invernadero y la degradación ambiental. Por la salud del clima y el suelo, es mucho mejor prevenir la generación de desechos y compostar, tratar mediante la digestión anaeróbica o reciclar los materiales biodegradables, que incinerarlos o enterrarlos.

Una tecnología emergente llamada digestión anaeróbica muestra señales prometedoras para procesar de forma segura y sustentable materiales biodegradables separados en origen y generar energía al mismo tiempo. Como concluye el informe “Evaluación de Opciones de Manejo de Materiales para la Revisión del Plan Maestro de Desechos Sólidos de Massachusetts” del Tellus Institute, encargado por el Departamento de Protección Ambiental de Massachusetts, las perspectivas para las plantas de digestión anaeróbica parecen más favorables en vista de la extensa experiencia acumulada con esas plantas en Estados Unidos para procesar barros cloacales y desechos agrícolas y el hecho que no se registran en la literatura impactos significativos sobre la salud humana y el ambiente.

8. Las tecnologías de incineración contribuyen al cambio climático

Tomando en cuenta las emisiones de gases de efecto invernadero por tonelada de desechos procesada, el reciclaje es una estrategia mucho mejor que la incineración por etapas. Como revelan las conclusiones del informe del Tellus Institute, por tonelada, con el reciclaje se ahorra más de siete veces la cantidad de CO2 emitida en los rellenos, y se reduce casi en 18 veces la cantidad que se emite en las plantas de gasificación/pirólisis.

Los incineradores convencionales emiten más CO2 por unidad de electricidad generada que las centrales térmicas que operan con carbón. Los incineradores también generan emisiones de gases de efecto invernadero tales como monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM) y dióxido de azufre (SO2) de forma indirecta.

Los incineradores generan electricidad de un modo aún más ineficiente que los incineradores convencionales, y necesitan un suministro adicional de combustibles derivados de fuentes fósiles y/o electricidad para operar, y energía para el preprocesamiento de los materiales. En consecuencia, estos incineradores pueden tener una huella de carbono aún más alta que los hornos convencionales de incineración en masa.

En Estados Unidos, los incineradores figuran entre las 15 fuentes principales de emisión directa de gases de efecto invernadero a la atmósfera, según el último inventario de emisiones de gases de efecto invernadero que publicó la Agencia. Un impacto mucho mayor sobre el clima que el que tienen las emisiones de gases de efecto invernadero de los incineradores es el que tiene, durante todo el ciclo de vida, el hecho de incinerar desechos en lugar de prevenir su generación y reutilizar, reciclar o compostar materiales. Por cada elemento que se incinera o se entierra, se debe fabricar uno nuevo a partir de materia prima en lugar de hacerlo con materiales reutilizados.

Para los materiales biodegradables, la separación en origen seguida del compostaje y o la digestión anaeróbica supone liberaciones de metano fugitivas, insignificantes y, en total, emite una cantidad de gases de efecto invernadero mucho menor que los rellenos y los incineradores. Con frecuencia, las empresas de incineración no cuentan las emisiones de CO2 asociadas a la combustión de biomasa y sostienen que estas emisiones son “neutrales en carbono”. Sostienen que esto es consistente con el protocolo establecido por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático.

Esto no es así, el panel establece claramente que la quema de biomasa para generar energía no puede ser considerada automáticamente neutral en carbono ni siquiera en el caso en que la biomasa se coseche de forma sustentable. El panel también dice claramente que incinerar biomasa no es “neutral en CO2 ” o “neutral en carbono ”. Si se ignoran las emisiones derivadas de la incineración de biomasa, se están omitiendo las liberaciones de CO2 que se producen durante el ciclo de vida de estos materiales, generadas cuando los mismos son incinerados en lugar de ser conservados, reutilizados, reciclados o compostados.

9. Los incineradores tienen altos costos de inversión, pero generan pocos empleos en comparación con los programas de reciclaje y compostaje

En términos laborales, la industria del reciclaje ofrece muchos más beneficios que los incineradores de desechos y los rellenos. Según la Agencia, “por cada 100 puestos de trabajo que se crean a partir del reciclaje, se pierden sólo 10 empleos en la industria de tratamiento de los desechos sólidos, y se pierden tres empleos en la industria forestal ”. No hay datos laborales específicos sobre las tecnologías de incineración, pero es probable que las perspectivas de generación de empleos de estas plantas sean similares a las de los incineradores convencionales. Dado que los incineradores compiten con los programas de reciclaje por el mismo financiamiento y por los mismos materiales, instalar un incinerador puede mermar las oportunidades de generar puestos de trabajo.

El Estudio de Información Económica sobre Reciclaje en Estados Unidos de la Agencia de Protección Ambiental, reportó que la industria de reciclaje genera más de 1.1 millón de empleos, cifra comparable a la que genera la industria automotriz y la de fabricación de maquinarias.

Las industrias de reciclaje tienen una nómina de pago anual de cerca de 37 mil millones de dólares y un bruto de 236 mil millones en ganancias por año, con un magro índice de reciclaje nacional de 34 por ciento, tiene un gran potencial para lo que pueden alcanzar las y los trabajadores y la economía si hubiera una mayor reutilización de materiales.

Las regiones que se han comprometido a aumentar el reciclaje en lugar de la disposición están viendo beneficios tangibles en sus economías. Por ejemplo, a razón de que el estado de California obliga a alcanzar objetivos de reciclaje y reutilización de todos los desechos sólidos urbanos de 50 por ciento, el reciclaje sostiene 85 mil empleos y cubre 4 mil millones en salarios. Del mismo modo, de acuerdo con un informe del gobierno de la ciudad de Detroit, si la ciudad llegara a reciclar el 50 por ciento de sus desechos, se generarían más de mil puestos de trabajo nuevos.

10. Desperdiciar recursos naturales valiosos en incineradores y rellenos es evitable e innecesario

La vasta mayoría de los recursos que desechamos se puede reutilizar, reciclar o compostar. Y en cuanto a los materiales residuales que son o demasiado tóxicos o demasiado complejos como para reciclarse, podría y debería obligarse a fabricarlos para que sean reciclables, no tóxicos y diseñados para durar. Para esto es necesario un compromiso para trabajar por lo que se conoce como Basura Cero, que significa adoptar un objetivo y un plan para invertir en infraestructura, fuerzas laborales y estrategias locales para poner fin a nuestra dependencia respecto a los incineradores y rellenos.

Diversas ciudades en el mundo, entre ellas Buenos Aires (Argentina), Canberra (Australia), Oakland (Estados Unidos), Nueva Escocia (Canadá) y Seattle (Estados Unidos), están encaminadas hacia Basura Cero y muchas ya han avanzado mucho en ese camino. Estas ciudades están construyendo parques de reciclaje y compostaje, implementando innovadores sistemas de recolección, requiriendo que los productos sean fabricados de forma segura para las personas en el planeta, y creando puestos de trabajo locales y “verdes”.

Hay una variedad de políticas que han probado ser efectivas para reducir y eliminar materiales problemáticos en diferentes lugares, tales como políticas de Responsabilidad Extendida del Productor, Producción Limpia, impuestos sobre envases y prohibiciones sobre materiales específicos.

Apoyar Basura Cero implica no dar más subsidios a proyectos de manejo de desechos tales como la incineración, que contaminan al ambiente y a las personas que viven en él, e invertir, en cambio, en programas innovadores para reducir, reutilizar y reciclar los desechos. Aparte de ahorrar recursos y dinero, y crear más trabajo para las comunidades locales, Basura Cero produce mucha menos contaminación que las tecnologías de disposición de desechos, y muchas menos emisiones que contribuyen al calentamiento global.

Cuarta. Greenpeace menciona que instalar un incinerador en la ciudad pone en riesgo la salud de las personas en la zona metropolitana del Valle de México y aumentaría contaminación atmosférica con metales pesados, perturbadores endocrinos y contaminantes orgánicos persistentes.

Asimismo, organizaciones ambientalistas y de derechos humanos exigieron al gobierno de Ciudad de México echar atrás el contrato de la planta de termovalorización de la basura en el Bordo Poniente, debido a que empeorará la calidad del aire, poniendo en riesgo el derecho a la salud y a un medio ambiente sano de sus habitantes.

Señalaron que no permitirán que la actual administración deje un gravísimo problema ambiental y para la salud humana de la población de la zona metropolitana, así como a las siguientes administraciones, las cuales deberán lidiar con la empresa asignada para este proyecto, que ha enfrentado demandas ante tribunales internacionales y nacionales por incumplimiento en sus contratos como en el caso de Egipto, Lituania, Marruecos, entre otros, y Chiapas, donde organizaciones ambientalistas la han acusado de la contaminación de mantos freáticos por escurrimientos de lixiviados del basurero a su cargo. También han sido demandados por ocultar la contaminación del agua con plomo en Flint, Michigan.

Comentan que “sería irresponsable por parte del gobierno de Miguel Ángel Mancera firmar un contrato por 33 años sin dar a conocer los términos de éste y transparentar el tipo de tecnología que se utilizará, las especificaciones técnicas, financieras, protocolos de emisiones y monitoreo tal como se comprometió la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México sin que hasta ahora lo haya cumplido”.

Gustavo Ampugnani, director ejecutivo de Greenpeace México, apuntó que la “Ciudad de México tuvo seis años desde que se cerró el Bordo Poniente en 2011 para buscar alternativas para el buen manejo de los residuos sólidos urbanos pero no lo hizo y hoy quiere imponer la incineración pese a ser una tecnología que genera contaminantes altamente tóxicos, cancerígenos y perturbadores endocrinos como los contaminantes orgánico persistentes entre los que se encuentran las dioxinas y los furanos, metales pesados y otros, que empeorarían la calidad del aire en la zona metropolitana poniendo en riesgo la salud de las personas”.

Por su parte, Marisa Jacott, directora de Fronteras Comunes, señaló que “es una obligación del gobierno de la ciudad informar a sus habitantes, que una de las tantas consecuencias de la incineración de basura es la reducción de la fecundidad y el aumento en la prevalencia de algunas enfermedades como endometriosis y ciertas clases de cáncer. La exposición del lactante y del feto a los perturbadores endocrinos puede afectar el desarrollo del aparato reproductivo, del sistema nervioso y de varios órganos”.

La Organización Mundial de la Salud considera la contaminación del aire como uno de los mayores riesgos ambientales para la salud de la población y en México existe información que asocia los altos índices de contaminación atmosférica que se vivieron en los últimos años con enfermedades respiratorias.

Magdalena Donoso, coordinadora de la Alianza Global por Alternativas a la Incineración, comentó que “actualmente, siete mil toneladas de residuos al día ya se envían a la empresa cementera Cemex en Atotonilco de Tula, Hidalgo, y a Tepeaca, Puebla, para su incineración, producto de un convenio entre la empresa y el gobierno, lo que está afectando severamente a las comunidades aledañas”. Por su parte, Jorge Tadeo Vargas, del Laboratorio de Investigación en Desarrollo Comunitario y Sustentabilidad, menciona que “entre los riesgos principales de instalar incineradores en la región que señala un documento de la Asociación Internacional de Residuos Sólidos, se encuentran cantidades variables de residuos destinados al incinerador, bajísimo valor calorífico, apoyo financiero deficiente, opciones tecnológicas inapropiadas y contextos institucionales inadecuados. A los impactos económicos por el costo de una planta de este tipo, debemos sumar los impactos sociales que se presentan por la pérdida de trabajo para los pepenadores hasta la privatización de los servicios de limpia, impactos en la salud ambiental y humana generados por las sustancias químicas tóxicas”.

Las organizaciones concluyeron que el proyecto además de poner en riesgo la salud ambiental y humana de las poblaciones cercanas a la planta y de la zona metropolitana, viola derechos constitucionales como el de vivir en un medio ambiente sano, el derecho a la consulta previa e informada, así como el de acceso a la información, incumpliendo también convenios internacionales como el de Estocolmo, por lo que el gobierno de Ciudad de México debe cancelar el proyecto.

De igual forma, Greenpeace advierte que la construcción y puesta en marcha de la planta de termovalorización sepulta la posibilidad de minimizar las altas cantidades de basura que se generan diariamente, y de reducir la contaminación del aire.

La decisión de realizar este proyecto ancla a la capital del país (por lo menos durante los siguientes 30 años) a un modelo de gestión de residuos que se enfoca en suministrar a la planta grandes tonelajes de basura para que esta pueda operar y generar energía eléctrica suficiente para abastecer a las 12 líneas del Metro, lo cual coloca en entredicho las políticas de separación y reducción del gobierno de la ciudad.

De acuerdo con un análisis realizado por la organización ambientalista, el contrato para la prestación de servicios de la planta de aprovechamiento de poder calorífico de los residuos sólidos urbanos de la Ciudad de México, presenta diversos focos rojos:

1. El fin último del contrato no es la disposición o tratamiento de los residuos sólidos urbanos, sino la generación de 965 mil mega vatios de energía eléctrica para abastecer al Sistema de Transporte Colectivo Metro. Para cumplir dicho objeto, la Agencia de Gestión Urbana se compromete a entregar al prestador del servicio los residuos sólidos urbanos en el estado en que le son entregados en las estaciones de transferencia y/o en plantas de selección, sin ningún pretratamiento o modificación alguna de sus características de humedad, porcentaje de orgánicos e inorgánicos y/o poder calorífico.

El hecho de que la Agencia se comprometa a entregar los residuos de manera indiscriminada, sin importar si se trata de residuos orgánicos o inorgánicos, deja en entredicho la retórica del gobierno de la ciudad en el tema de la reducción, separación selectiva, acopio y reciclaje de residuos, a través del programa Basura Cero.

2. La planta de termovalorización requerirá 4 mil 500 toneladas de residuos diariamente, si la planta deja de recibir dicho tonelaje, entonces no podría operar al nivel de capacidad para el que estará diseñada. El contrato plantea la responsabilidad de la Agencia de incrementar la cantidad de residuos, en el caso de que las características de humedad, porcentaje de orgánicos e inorgánicos y/o poder calorífico de los residuos impliquen la imposibilidad de que la empresa cumpla su obligación de generar la cantidad de energía eléctrica acordada.

Se establece que incluso puede darse una terminación anticipada del contrato por insuficiencia de poder calorífico, con las debidas sanciones económicas a cargo de la Agencia, es decir, de los impuestos que pagan las y los mexicanos.

3. La empresa será responsable del proceso de disposición final de los residuos rechazados, así como de las cenizas y escorias de la planta. En el contrato no se aclara la forma en que la empresa realizará la disposición final de los residuos que no sean viables para ser termovalorizados.

4. En el documento se señala como riesgo que las emisiones al medio ambiente se encuentren por encima del rango estipulado en la norma. Esto quiere decir que no hay una certeza absoluta de que la operación de la planta sea amigable con el medio ambiente, como lo han señalado continuamente en sus comunicaciones oficiales tanto el gobierno de la ciudad como la empresa.

Quinta. Greenpeace publicó un artículo donde relaciona la incineración de basura con el cambio climático; en él, menciona que no resulta extraño que, ante la urgencia de adoptar medidas de lucha contra el cambio climático, aparezcan falsas soluciones. Ante este panorama, la industria y algunas administraciones parecen haber encontrado lo que consideran la respuesta definitiva a los problemas que los residuos suponen.

La propuesta consiste en la construcción de plantas incineradoras y la quema indiscriminada de recursos, aunque esta opción se encuentre en la cuarta posición en la jerarquía de residuos establecida por la Directiva Marco de Residuos (las tres anteriores, por orden de prioridad son: prevención, reutilización y reciclaje, y la única que se encuentra después de la incineración, que malamente se denomina como valorización energética, es la eliminación en vertedero).

El hecho de que exista una recuperación parcial y simbólica de la energía contenida en los residuos, incluso a costa de la pérdida de recursos materiales, ha llevado a este sector a ensalzar la quema de residuos como la solución al cambio climático. Nada más lejos de la realidad, incluso dejando al margen los problemas asociados a la emisión de sustancias tóxicas y los residuos peligrosos que no se destruyen, la incineración impide que se lleven a cabo las medidas que podrían contribuir a la lucha contra el cambio climático de manera efectiva. Uno de los problemas reside en que con la quema de residuos orgánicos (sus emisiones en el cómputo global se consideran cero ), se están incinerando otros residuos que no lo son.

Las emisiones de estos otros residuos no orgánicos si deberían contabilizarse en el cómputo de emisión de CO2 (tanto por su contribución al consumo de energía como por sus efectos en el cambio climático ) y, sin embargo, no se toman en cuenta. Actualmente, las incineradoras son clasificadas como plantas de valorización energética de residuos, pero es imposible esconder la realidad de estas instalaciones como fábricas de cambio climático y destructoras de recursos. También se intenta disfrazar bajo otras denominaciones a la incineración, y los nuevos proyectos se disfrazan bajo el nombre de termólisis, gasificación, pirólisis, arco de plasma. Todas ellas, además, contaminan gravemente aire, suelo y agua con decenas de sustancias tóxicas y peligrosas.

Algunos de estos compuestos no tienen límites tolerables o recomendables como en el caso de las dioxinas y furanos, incluidos en el Convenio de Estocolmo como una de las doce sustancias prioritarias a eliminar. Actualmente se establece 0,0001 kg/año como umbral de emisión a la atmósfera para estos compuestos, sin embargo, las dioxinas se han caracterizado como uno de los tóxicos químicos “artificiales y más potentes” jamás estudiados.

Los modernos sistemas de reducción de emisiones atmosféricas no hacen desaparecer las dioxinas ni los furanos, sino que reducen su emisión a la atmósfera y desplazan las restantes a otros flujos de residuos de la incineradora. Es decir, se concentran en las cenizas volantes y las escorias.

Desde el punto de vista económico las plantas incineradoras son muy caras de construir, mantener y suponen conceder contratos por décadas a las empresas que construyeron y/o gestionan estas instalaciones. Por ello, difícilmente una ciudad o municipio podrá invertir recursos en medidas de prevención, reducción y reciclaje de residuos, ya que la incineradora necesita de estos insumos para seguir funcionando y buena parte de los presupuestos municipales son consumidos en ello. Además, las empresas tienen contratos que les aseguran la entrada de residuos, de lo contrario la administración correspondiente tienen que sufragar la diferencia.

Esto hace que sean un negocio redondo para las empresas que incineran. Las cifras hablan por sí solas, las diferentes administraciones involucradas en la gestión de los residuos pagan unos sesenta euros por tonelada tratada a la empresa. Según los datos oficiales, se queman al año en España, cerca de dos millones de toneladas de basuras, esto supone más de 120 millones de euros (y cada planta tiene una concesión de 25 a 30 años). A todo ello hay que sumar los ingresos por la venta de la electricidad producida (energía cuyos kilovatios están primados) y de las escorias (tóxicas) que en algunas plantas se envían a las cementeras para hacer cemento o emplearlas en materiales de construcción.

En España la inversión total en incineración de residuos, según los datos del sector, asciende a 664.46 millones de euros. A partir de estos datos puede calcularse la inversión necesaria por tonelada de capacidad total, y estimar que si finalmente se llevarán a cabo los ocho nuevos proyectos y ampliaciones que tienen planeados las diferentes Comunidades Autónomas, habría que invertir al menos otros 1,113,47 millones de euros. En total, y con la actual inversión, habríamos gastado 1.777,93 millones de euros en quemar recursos naturales no renovables, contaminar el agua y el aire, afectando gravemente la salud de las personas y el medio ambiente y producir más cambio climático.

Estamos ante un incesante crecimiento en nuestra generación de basuras, en 1995, cada ciudadano europeo generó 460 kilogramos de residuos urbanos por término medio. Esta cantidad aumentó hasta 520 kilogramos por persona en 2004 y se prevé que alcance los 680 kilogramos por persona en 2020. En total, esto supondrá un incremento de casi el 50 por ciento en 25 años. Estos hechos no hacen más que dar argumentos a administraciones poco concienciadas con el problema de la gestión sostenible de las basuras y a una industria incineradora voraz de lograr beneficios económicos, aunque para ello hipotequen nuestra salud y medio ambiente.

Si dejamos de ceñirnos a los impactos de la incineración sobre el cambio climático y el medio ambiente, vemos que también existen otras razones de peso para abandonar esta tecnología tan peligrosa, por ejemplo, la salud, todas las incineradoras son fuentes de contaminación ambiental, ya que emiten sustancias de elevada toxicidad, como metales pesados (cadmio, plomo, mercurio, cromo o cobre ) y compuestos orgánicos, entre los que destacan las dioxinas y furanos, retardantes de llama bromados, los PCB y los PAH. Es además de especial preocupación la exposición a este tipo de sustancias para las que no existen límites que aseguren protección total, de los grupos más vulnerables, como la infancia o las personas adultas mayores.

Por tanto, Greenpeace concluye mencionando que se opone a la incineración de residuos urbanos, incluso la que conlleva una recuperación energética. Actualmente, el valor calorífico de los residuos urbanos se debe en gran medida a los plásticos, o en menor grado, al papel y a la madera, todos fácilmente reciclables, y muchos de ellos prescindibles. Las incineradoras son ineficientes y se ha demostrado que, en general, no son eficaces para recuperar cantidades significativas de energía en comparación con una adecuada política de reciclaje de materiales.

El potencial de ahorro de energía del reciclaje de los residuos sólidos urbanos es muy superior al potencial de obtención de energía mediante incineración. Además, estas instalaciones emiten a la atmósfera sustancias químicas persistentes, tóxicas y bioacumulativas, como las dioxinas y los furanos.

Las incineradoras generan enormes cantidades de escorias y cenizas volantes (22.5 por ciento de los residuos quemados, según los datos más conservadores), estas últimas pueden contaminar el entorno y deberían ser tratadas como residuos peligrosos. Por tanto, la incineración de residuos urbanos no puede considerarse como una fuente renovable y limpia de energía.

La gestión de los residuos sólidos urbanos genera cambio climático. Ya que produce gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global del planeta. Si se actúa de forma coherente sobre este sector se podría lograr en 2050 una reducción mundial de las emisiones de gases de efecto invernadero equivalente al 3 por ciento del total de 1990. Para ello, es imprescindible que se aplique un modelo que potencie la recuperación de materiales, el reciclado y la reutilización; lo que se denomina modelo de Residuo Cero.

La incineración de residuos no es una solución, sino todo lo contrario. Aunque el sector presenta las incineradoras como fuentes de energía verde, rara vez se menciona que son importantes emisoras de gases de efecto invernadero y un problema para el calentamiento global. La eficiencia energética de las incineradoras es baja y deben emplear combustibles auxiliares como el gas natural, el gasóleo o los aceites desclasificados. De hecho, en términos de emisiones de CO2 por kilovatio hora generado, emiten más que una planta térmica de gas o carbón.

La gestión de residuos no sabe combatir el cambio climático. El sector del tratamiento y eliminación de residuos es el que ha experimentado el mayor aumento de sus emisiones de gases de efecto invernadero, en el periodo 1990-2007: un 83 por ciento frente al 62 por ciento del sector de procesado de la energía.

Sexta. El párrafo primero del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece ”, por su parte, el párrafo tercero del mismo precepto dispone que “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.”

De igual forma, los párrafos cuarto y quinto del artículo 4 de la Constitución estipulan que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud” y que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar”.

Con relación a lo anterior y en aras de salvaguardar los derechos ambientales y de la salud (entre otros), el constituyente permanente introdujo en el orden jurídico nacional la Acción Colectiva que, en palabras de Jeanett Trad Naciff, son los litigios que pueden ser promovidos por un determinado grupo de personas en países del sistema Common Law , como se suscita con frecuencia en Estados Unidos.

Debido al gran auge que han tenido este tipo de litigios, diversos países han ido adoptando este mecanismo dentro de sus sistemas legales aun y cuando se trata de países de tradición civilista, debido a la eficiencia y alcance que pueden llegar a tener determinados tipos de litigios en donde más de una persona o grupos de personas resulten restablecidos en sus derechos mermados.

Las acciones colectivas han sido muestra clara de la representación de intereses comunes de grupos determinados de personas, que al unir estrategias legales sobre un mismo supuesto legal y hecho concreto, pueden acudir a los tribunales a demandar la reparación de un daño y/o la indemnización correspondiente.

En Estados Unidos y Canadá, las Class Actions ambientales son litigadas ante los tribunales civiles, por medio de los cuales se argumenta que el aire, el agua, el ruido o la contaminación en particular, ha impactado de manera adversa a un grupo de personas y/o sus bienes, ocasionando con ello, daños ya sea por negligencia, por actos de molestia, responsabilidad civil por daños o cualquier daño en los bienes de cierto grupo de personas de conformidad con las disposiciones ambientales aplicables en ambos países.

En México, con la reforma al artículo 17 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de julio de 2010, se elevó a categoría de derecho humano el reconocimiento a la legitimación para llevar a cabo una Acción Colectiva, sujetándola a la condición de que el Congreso de la Unión expidiera las leyes que regulen dichas acciones, mediante las cuales se determinaran las reglas específicas para dichos procedimientos judiciales, así como los mecanismos de reparación del daño.

Aunado a lo anterior, el 28 de enero de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto mediante el cual se reformó y adicionó el artículo 180 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, así como la reforma de la fracción I del artículo 8 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

La reforma resultó ser el parteaguas para que en la materia ambiental se reconociera la legitimación para poder acudir a los recursos administrativos correspondientes, y combatir aquellos proyectos que originaren o puedan originar un daño ambiental o a la salud pública.

Para ello, fue necesario que la ley de protección al ambiente incluyera la forma de reconocer la legitimación de personas físicas o morales para acudir a cualquiera de dichas vías, es decir, el interés legítimo sobre el asunto en concreto.

Lo más relevante e incluso necesario respecto a la regulación sobre Acciones Colectivas y su forma de substanciación, fue la publicación del decreto del 8 de septiembre de 2011, donde se incluyeron las reformas sobre acciones colectivas mediante las cuales se puede substanciar un procedimiento judicial en caso de que exista un interés o derecho difuso, colectivo o individual de incidencia colectiva.

Entre las principales normas destacan:

1. La competencia de los Tribunales de la Federación en sus diversas modalidades para substanciar acciones colectivas, a través de los Juzgados de Distrito Civiles Federales;

2. La procedencia de la Acción Colectiva para la tutela de las pretensiones cuya titularidad corresponde a una colectividad de personas, así como para el ejercicio de las pretensiones individuales cuya titularidad corresponde a un grupo de personas;

3. La clasificación de las Acciones Colectivas en: acción difusa, acción colectiva en sentido estricto y acción individual homogénea, cuyo objeto podrá tener pretensiones declarativas, constitutivas o de condena;

4. Indicar sobre quién o quienes cuentan con legitimación activa para ejercitar Acciones Colectivas, en la materia ambiental, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, el representante común de la colectividad formada por al menos treinta miembros, las asociaciones civiles sin fines de lucro legalmente constituidas al menos un año previo al momento de presentar la acción y cuyo objeto social incluya la defensa de los intereses de la materia de que se trate, y la Procuraduría General de la República;

5. Las disposiciones adjetivas sobre las cuáles debe substanciarse el procedimiento;

6. Los efectos de las sentencias, donde el juez podrá condenar al demandado a la reparación del daño, consistente en la realización de una o más acciones o abstenerse de realizarlas, así como a cubrir los daños en forma individual a los miembros del grupo; y

7. La creación de un Fondo administrado por el Consejo de la Judicatura Federal, en donde se manejarán los recursos provenientes de las sentencias que deriven de las Acciones Colectivas difusas, para ser utilizados exclusivamente para el pago de honorarios de los representantes de la parte actora, cuando exista un interés social que lo justifique y así lo determine el juez, la preparación de pruebas y la notificación de la sentencia correspondiente.

De igual forma, se incluyó la reforma al artículo 202 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, mediante la cual se otorgó la facultad de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de cualquier legitimado de ejercitar la acción colectiva conforme las reformas mencionadas, cuando un hecho u omisión vulnere derechos o intereses de una colectividad. El artículo 202 establece textualmente lo siguiente:

Artículo 202. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en el ámbito de sus atribuciones, está facultada para iniciar las acciones que procedan, ante las autoridades competentes, cuando conozca de actos, hechos u omisiones que constituyan violaciones a la legislación administrativa o penal.

Cuando se realicen actos, hechos u omisiones que vulneren derechos e intereses de una colectividad, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como cualquier legitimado a que se refiere el artículo 585 del Código Federal de Procedimientos Civiles, podrán ejercitar la acción colectiva de conformidad con lo dispuesto en el Libro Quinto de dicho Código.

Con el paquete de reformas y nuevas disposiciones en materia de Acciones Colectivas se evidencia una muestra clara sobre la prioridad que se está dando a la materia ambiental desde el punto de vista litigioso pero, sobre todo, a la forma en que diferentes actores pueden acudir ante las instancias civiles o administrativas a litigar intereses comunes en materia de preservación ambiental y sustentabilidad.

Es así que conforme a la reforma se introducen diversos conceptos clave que pueden llevar a una impugnación del tipo “colectivo” sobre determinado proyecto, de tal suerte que se logre salvaguardar el interés común o colectivo, con relación a los bienes jurídicos tutelados en ésta ámbito, es decir, el medio ambiente, los recursos naturales, la vida silvestre o la salud pública.8

En esta materia existe un precedente a cargo de la Procuraduría, se trata de la Acción Colectiva promovida ante el Juzgado Tercero de Distrito en Tlaxcala en contra de los municipios que descargan sus aguas residuales sobre “Cuenca del alto Balsas, río Zahuapan-Atoyac”.

Dentro del marco de esta Acción, los presidentes municipales deberán instruir a los servidores públicos adscritos a sus municipios para realizar un análisis actualizado de las sustancias que se encuentran presentes en las descargas de aguas residuales provenientes de los sistemas de drenaje y alcantarillado que desemboquen en los afluentes del río Atoyac.

Detectar las tomas de descargas de los sistemas de drenaje y alcantarillado; instalar y operar en óptimas condiciones las plantas tratadoras con las que cuente y en caso de no contar con ellas, construirlas.

Realizar los muestreos y análisis periódicos de la calidad de las aguas residuales provenientes de los sistemas de drenaje y alcantarillado y, realizar las denuncias correspondientes a las descargas que se realicen a los cuerpos de agua federal o estatal, que no cuenten con autorización de la autoridad competente.

Séptima. Dada la intención del gobierno de Ciudad de México de construir y operar la planta de termovalorización de basura que pondrá en grave riesgo el medio ambiente y la salud de las personas habitantes de la zona metropolitana; que este tratamiento de residuos sólidos no ha demostrado ser mejor opción que algún otro que no cause perjuicio, que la empresa contratada tiene demandas por incumplimiento en diversos países; y que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente se encuentra facultada para interponer Acciones Colectivas, se considera prudente exhortarla a efecto de que la promueva, con la intención de salvaguardar los derechos humanos de las personas.

En este orden de ideas, es preciso citar el siguiente criterio jurisprudencial, a efecto de robustecer lo esgrimido:

Tesis: I.4o.A. J/2 (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXV, tomo 3, octubre de 2013, página 1627 Tribunales Colegiados de Derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar. Aspectos en que se desarrolla. El derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de las personas, que como derecho fundamental y garantía individual consagra el artículo 4o., párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desarrolla en dos aspectos: a) en un poder de exigencia y un deber de respeto erga omnes a preservar la sustentabilidad del entorno ambiental, que implica la no afectación ni lesión a éste; y b) en la obligación correlativa de las autoridades de vigilancia, conservación y garantía de que sean atendidas las regulaciones pertinentes.

Insistiendo que la planta de termovalorización es una instalación donde habrá incineración de basura, incluidos residuos inorgánicos no reciclables, como unicel y bolsas de plástico que emiten gases contaminantes al ambiente.

Resaltando que la basura al no tener mucho valor energético, provocara que los hornos se alimenten masivamente e incineren residuos que son tóxicos, y lo más crítico es que en el país se carece de una educación respecto a la clasificación de la basura, generando el temor fundado de una violación al derecho humano de la salud, de un ambiente sano y del derecho a la información.

Aunado a lo anterior, es imperioso precisar que es obligación del gobierno de la Ciudad de México informar a sus habitantes que una de las tantas consecuencias de la incineración de basura es la reducción de la fecundidad y el aumento en algunas enfermedades como endometriosis y ciertas clases de cáncer. Pues uno de los varios ejemplos que existen del daño que causa la planta de termovalorización es la contaminación del agua con plomo en Flint, Michigan, causal por la cual se ha instaurado una demanda en su contra.

Información que a todas luces se ha ocultado, transgrediendo el derecho a la información al no hacer públicas las consecuencias negativas que repercuten en la salud de las y los mexicanos y su impacto ambiental.

Por las consideraciones vertidas, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a promover una acción colectiva, a efecto de cancelar la construcción de la planta de termovalorización de basura en el Bordo Poniente de la Ciudad de México, debido a los daños al ambiente y a la salud que generará en las personas habitantes de la zona metropolitana del valle de México.

Palacio Legislativo, a 20 de diciembre de 2017.

Diputada Norma Xóchitl Hernández Colín (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a implantar campañas de educación y detección oportuna del cáncer testicular en jóvenes, suscrita por la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, María Victoria Mercado Sánchez, diputada de esta LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el siguiente:

Consideraciones

En nuestro país, se estima que cada año se diagnostican al menos cinco mil casos de varones con cáncer testicular, mientras que en Estados Unidos la incidencia es mayor, con ocho mil casos anuales.

Referente al caso de este tipo de cáncer, es indispensable la autoexploración, ya que un diagnóstico oportuno puede prevenir esta enfermedad, misma que afecta a la población masculina entre los 15 y 35 años. Cabe mencionar, que este padecimiento no genera molestias ni síntomas en sus etapas iniciales, por lo que se recomienda que los adolescentes y jóvenes se revisen cuando menos una vez al mes después de la ducha.1

“El tiempo que se pierde para que sea detectado el mal difiere mucho entre ambos países: mientras que en el vecino del norte se identifica en un lapso de cinco meses, en nuestro país pueden pasar entre un año o dos para ser diagnosticado, por lo que se llega con el especialista en fases avanzadas”, advierte Alejandro Arce Alcázar, urólogo y oncólogo del Servicio de Urología del Hospital General de México. 2

Arce Alcázar, menciona que:

“Es triste encontrarse casos avanzados en niños, donde vemos tumores de 20 a 30 centímetros y que pueden llegar a pesar de 500 gramos a un kilo; cuando un menor se enferma y es atendido oportunamente la curación es altísima, y es casi de 100 por ciento. Por desgracia, no genera dolor, porque de esta forma acudirían al médico. La prevención es la palabra más importante”. 3

Entre los factores para presentar cáncer testicular se encuentran los siguientes:

* “El cual sólo se registra en uno de los órganos, es que un testículo no haya descendido en la infancia,

* Antes de los 24 meses de vida, y se le llama criptorquidia;

* Cuando exista un antecedente familiar o genético o infección por VIH, principalmente, por ello, desde los primeros meses de vida es necesario revisar al bebé constatar que los testículos hayan descendido.

* Cuando el feto humano se desarrolla en el vientre materno, sus testículos se ubican dentro de su abdomen.

* Posteriormente, antes o justo después de nacer, el par de órganos de forma ovoidea bajarán al escroto. De no suceder así, el niño corre el riesgo de que en la edad adulta sufra de cáncer en alguno de los testículos.

* Los hombres que presentaron criptorquidia en la infancia tienen 40 veces más riesgo de desarrollar cáncer en las edades juveniles, incluso después de que ese testículo ya fue operado y colocado en su lugar.

* De ahí que exhorta a los varones que tuvieron este incidente a asistir a un médico urólogo para una revisión y atención temprana.

* El testículo tiene células germinales, las cuales darán origen a los espermatozoides a partir de la adolescencia, pero cuando un paciente desarrolla la enfermedad el tumor se genera a partir de estas células, por lo que a la neoplasia también se le conoce como tumor de células germinales y son 95 por ciento de los casos, mientras que el restante 5 por ciento se origina en otras células”.4

Entre las manifestaciones principales en el cáncer de testículo son:

* “El crecimiento indoloro del testículo, el niño, adolescente o joven empieza a sentir una bolita o una induración,

* El crecimiento anormal de un testículo en comparación con el colateral.

* Ese es el momento para acudir al médico, no hay que esperar a recibir antiinflamatorios, ni esperar a ver si desaparece; por supuesto, puede ser una enfermedad benigna, pero eso lo tiene que decidir el especialista.

* Es importante educar al niño, adolescente y joven sobre el autoexamen para la detección oportuna”.5

Después del diagnóstico clínico hay una serie de estudios para su confirmación y son estudios como:

* “Un ultrasonido,

* Una tomografía,

* Estudios de laboratorio,

* Perfil hormonal para conocer qué tipo de tumor, saber el pronóstico y la etapa en la que se encuentra”.6

En relación con el tratamiento el oncólogo expone que siempre es quirúrgico:

* “Todos los testículos que llegan a enfermarse con cáncer tienen que extirparse.

* Hay casos muy específicos donde no se puede extirpar y esto es cuando el paciente solo tiene un testículo.

* Es raro que el daño se presente en ambos, lo más común es que sea en uno solo,

* Además de la cirugía se aplica quimioterapia y radioterapia.

* También se recomienda el apoyo sicológico para los pacientes y en caso de que existan planes para formar una familia, antes del tratamiento se informa sobre la posibilidad de preservar el esperma.

* Después de la cirugía se les sugiere el uso de prótesis en el testículo, para que el escroto no esté vacío y esto ayude a la autoestima y confianza del paciente”.7

Es por ello, que solicito respetuosamente a la Secretaría de Salud fomentar campañas educativas en aulas escolares, ya que es sumamente importante eliminar los tabúes relacionados en torno a la revisión de los testículos, así como el recomendar y orientar a nuestros jóvenes sobre en qué momento es importante adoptar este hábito que puede salvarles la vida, la detección oportuna facilita un tratamiento adecuado y la prevención de una futura extirpación.

Asimismo, cabe hacer mención que las personas que no cuentan con seguro médico, pueden acudir al Seguro Popular, donde les brindarán la atención médica y tratamiento. Es decir, no hay pretextos para que esta enfermedad avance y genere un mayor número de mortandad entre los jóvenes mexicanos, varones.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a efecto de implementar campañas de educación y detección oportuna del cáncer testicular en jóvenes.

Notas

1 “Cáncer testicular, afecta a 5,000 jóvenes mexicanos al año”. http://www.vertigopolitico.com/articulo/34106/Cancer-testicular-afecta- a-5-mil-jovenes-mexicanos-cada-ano

2 Ibidem

3 Ibidem

4 Ibidem

5 Ibidem

6 Ibidem

7 Ibidem

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 20 días del mes de diciembre de 2017.

Diputada María Victoria Mercado Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conafor a implantar acciones prioritarias en el sureste del país, particularmente en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, para detener la pérdida de cobertura forestal, suscrita por la senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, senadora Yolanda de la Torre Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 8 numeral 1 fracción II y el artículo 276 ambos del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a la Comisión Nacional Forestal con el objeto de implementar acciones prioritarias en el sureste del país, particularmente, en los estados de Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, para detener la pérdida de cobertura forestal en dichas entidades federativas , al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Los bosques son una de las prioridades estratégicas en la preservación de las áreas naturales de todo el mundo. Por su importancia en el ciclo de generación de oxígeno y como fuente de energía alternativa, son vitales para mantener la vida en el planeta, así como, su importancia para la sustentabilidad de los ecosistemas para los seres vivientes que habitan en dichas áreas forestales.

Desafortunadamente, la pérdida de áreas forestales en todo el mundo alcanzó en 2016 un nivel récord de “29,7 millones de hectáreas, equivalente a la superficie de Nueva Zelanda”, según estimaciones publicadas por Global Forest Watch (en adelante “GFW”).

De acuerdo con la información publicada en su sitio de internet, GFW es una organización internacional dedicada al monitoreo forestal en todo el mundo, al tenor de lo siguiente:

“Global Forest Watch primero comenzó en 1997 como una iniciativa para establecer una red de monitoreo forestal en el mundo, convocada por World Resources Institute y asociados. Comenzó como una parte de la Iniciativa de Fronteras Forestales. El GFW original logró muchos resultados para la conservación de grandes áreas forestales intactas.

WRI ha continuado el trabajo que Global Forest Watch empezó, trabajando para mejorar la información de bosques, mezclando la última tecnología con colaboración en el suelo. En los países de la Cuenca del Congo, WRI ha publicado Atlases de Bosques que ayudan a los que deciden lograr un manejo sostenible de los recursos de bosques a través de un planeamiento y monitoreo de uso del suelo fortalecido. Ahora están disponibles para Camerún, República Centro Africana, República del Congo, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial y Gabón. El proyecto de Los Bosques y Paisajes de Indonesia trabaja para apoyar las acciones del gobierno y la sociedad civil para un uso del suelo efectivo y equitativo en ese país. Este trabajo ahora sigue siendo parte del trabajo de WRI en bosques y está integrado en Global Forest Watch. Además de estos países listados arriba, GFW publicó informes de estado de los bosques para Canadá, Chile, Rusia y Venezuela e informes relacionados con la política para la Guyana y Suriname.

La red GFW también desarrolló métodos para generar mapas de paisajes de bosques intactos mediante la prueba piloto en Rusia y Canadá y su posterior expansión a nivel global para el año 2000. El monitoreo de estas áreas continúa, con una actualización para el año 2013 publicada recientemente.

Aprovechando la llegada de las nuevas tecnologías y el aumento de la conectividad global, el trabajo en la próxima generación Global Forest Watch comenzó en 2011 con un grupo ampliado de socios y potentes capacidades de supervisión nuevas. Ayude a ser parte del futuro de GFW participando y contribuyendo al sistema de GFW”.1

En el caso de México, la situación resulta preocupante toda vez que la pérdida de cobertura forestal alcanza las 235 mil hectáreas de bosque y selva, concentrados en el sureste del país, de acuerdo a la información publicada en las referidas estimaciones

“México perdió en el 2016, 253 mil hectáreas de bosque y selva, la mayoría en Chiapas y la Península de Yucatán, lo que representa un incremento de 36 por ciento en la deforestación (...)

En tanto, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se perdieron el año pasado 95 mil hectáreas de selva, y en Chiapas la deforestación creció en 114 por ciento, al pasar de 30 mil a más de 65 mil hectáreas”2

En nuestro país, en términos del artículo 17 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, corresponde a la Comisión Nacional Forestal, organismo público descentralizado, el desarrollo de la protección conservación y de restauración en materia forestal, en los siguientes términos:

“Articulo 17. La Comisión Nacional Forestal, es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios. La coordinación sectorial de la Comisión corresponde a la Secretaría, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

El objeto de la Comisión será desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de protección, conservación y de restauración en materia forestal, que conforme a la presente Ley se declaran como una área prioritaria del desarrollo, así como participar en la formulación de los planes y programas y en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable y sus instrumentos.”

Por tal motivo, es indispensable que el Estado mexicano tome cartas en el asunto para detener la pérdida de cobertura forestal en diversos estados de nuestro país, particularmente, los localizados en el sureste de México: Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con el objeto de revertir las causas que lo ocasionan como lo es la deforestación y los incendios forestales provocados.

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración del Senado de la República, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional Forestal con objeto de implementar acciones prioritarias en el sureste del país, particularmente, en los estados de Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, para detener la pérdida de cobertura forestal en dichas entidades federativas.

Notas

1 http://www.globalforestwatch.org/about

2 http://adnsureste.info/mexico-perdio-en-el-2016-253-mil-hectareas-de-bo sque-y-selva-1000-h/

Ciudad de México, a 20 de diciembre de 2017.

Senadora Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a atraer el caso relativo al homicidio del ombudsman de Baja California Sur, suscrita por la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal, Norma Xóchitl Hernández Colín, integrante del Grupo Parlamentario del partido Morena a la XLIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 y 129 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182 y 183 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente:

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a atraer el caso relativo al homicidio del ombudsman de Baja California Sur

Lo anterior, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, el analista de seguridad Alejandro Hope publicó en El Universal que, en los últimos meses, Baja California Sur ha experimentado una enorme oleada de violencia. En enero, 55 personas fueron asesinadas en la entidad, lo que equivale a un incremento de 685 por ciento respecto al mismo mes de 2016. Es decir, el número de homicidios se multiplicó por ocho de un año a otro.

La escalada inició en agosto de 2016, cuando el número de víctimas de homicidio pasó de 12 a 34 en un sólo mes. La causa, según fuentes locales, es una disputa entre una facción del Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco. Las amenazas públicas de uno y otro grupo han proliferado en semanas recientes, hace unos días, una narcomanta apareció en Cabo San Lucas, en la cual un grupo se atribuyó el homicidio de dos policías ministeriales y amenazó al resto de autoridades estatales y federales.

Los actos de violencia y atentados en contra de autoridades han sido, entre otros estados y otros contextos, señales de guerra amplia y prolongada entre bandas criminales. Y eso parece estar sucediendo en Baja California Sur. Enero bien podría ser el primero de muchos meses muy sangrientos en la entidad.

Hay además dos agravantes. La primera, el estado tiene relativamente pocos recursos para hacer frente a una escalada de violencia de esta magnitud. Entre corporaciones estatales y municipales, cuenta con menos de dos mil policías, la mayoría de los cuales están mal pagados, mal equipados, mal entrenados y mal capacitados. La segunda, Baja California Sur es tan lejano y tan pequeño que no genera suficiente atención para detonar una respuesta federal vigorosa.

Saira Gómez menciona que arrancamos el 2017 con un número alto de ejecuciones en México, tan sólo en enero se rompieron todos los récords, fue el mes más violento del año actual, con mil 387, relacionadas con el crimen organizado, basándome en los datos de la consultora Lantia, especializada en seguridad.

Baja California Sur y Veracruz tienen algo en común, están lejos geográficamente, pero cerca en niveles de inseguridad; en cuanto a la distribución regional de la violencia, las entidades con mayor número de ejecutados en enero fueron Guerrero, con 164; Guanajuato con 125; Michoacán con 112; Baja California, 98; Veracruz, 84 y Colima, 74.

Aterrizando a nivel municipal, las ejecuciones han regresado con fuerza a Tijuana, que superó a Acapulco como el municipio más violento de México en enero, con un total de 79. El municipio del estado de Guerrero quedó en segundo lugar, con 62; seguido de García, Nuevo León, con 57; Culiacán, 34; Chihuahua, 33, y Los Cabos, 30.

De acuerdo a una nota publicada en Reforma, en el reporte de inteligencia federal en Baja California Sur, la confrontación la protagonizan grupos de narcomenudistas alineados a la organización Pacífico, y células afines a la alianza Arellano Félix, cuyos integrantes se disputan el control de los municipios de Los Cabos, La Paz y Mulegé.

El aumento de los homicidios se vincula a las confrontaciones territoriales entre estos grupos. El Cártel Jalisco Nueva Generación está tratando de arrebatarle el control de Baja California Sur a la organización Pacífico. Haciendo contacto con los municipios se han llegado a manejar hasta toques de queda, la gente no confía en la policía, y por más que ha salido el subsecretario de Seguridad Pública de Baja California Sur a decir que hagan caso omiso a esos mensajes, la población no es lo que necesariamente quiere escuchar.

La cabecera municipal es San José del Cabo, pero la ciudad más importante es Cabo San Lucas, a 33 kilómetros de la cabecera. Este municipio es uno de los destinos turísticos más importantes de México.

La redacción de Reporte Nivel 1 publica que el gobernador de Baja California Sur admitió que su estado pasa por una oleada de violencia que se ha visto recrudecida por la batalla entre grupos del crimen organizado que se están disputando plazas.

Las declaraciones del mandatario vienen luego de que Estados Unidos emitiera una alerta de viaje a destinos del país como Los Cabos y La Paz, en dicho estado. En su alerta, el Departamento de Estado advierte que, según cifras oficiales, Baja California Sur ha presentado un alza en las tasas de homicidio durante el último año.

En Excélsior se publicó que, en comparación con el primer trimestre de 2016, los homicidios dolosos, las extorsiones, el secuestro y el robo a negocio presentan un aumento durante los tres primeros meses de 2017, según datos de Semáforo Delictivo.

Los homicidios dolosos aumentaron 29 por ciento, las extorsiones 30 por ciento, secuestro 18 por ciento, y el robo a negocio 47 por ciento.

Los datos de la organización muestran que en el caso del homicidio se ha presentado un incremento constante desde enero. En el primer mes del año se reportaron mil 930 crímenes; en febrero, mil 825 y en marzo, dos mil 20, para sumar cinco mil 775 asesinatos, cifra superior a los cuatro mil 460 registrados en el primer trimestre de 2016.

Los estados con más muertes dolosas en los tres primeros meses del año son Guerrero, 550; estado de México, 478; Baja California, 409; Chihuahua, 384; Veracruz, 372; Sinaloa, 344; Michoacán, 338; Jalisco, 291 y Guanajuato, 262.

El director del Semáforo Delictivo mencionó que “el 60 por ciento de los homicidios que se han cometido en estos tres meses están concentrados en nueve estados Guerrero, estado de México, Baja California, Chihuahua, Veracruz, Sinaloa, Michoacán, Jalisco y Guanajuato”.

Según las cifras, el 75 por ciento de los homicidios en el primer trimestre del año fueron cometidos por el crimen organizado en las 32 entidades federativas del país. En Baja California Sur los homicidios relacionados con el crimen organizado representan un aumento del 682 por ciento. Le siguen Colima, Guerrero, Baja California, Sinaloa y Chihuahua.

El director del Semáforo Delictivo, Santiago Roel, aseguró que el aumento de la inseguridad en el país puede ser mayor a los niveles registrados en 2011, año donde se presentó más incidencia delictiva del país en los últimos años.

Según la organización, uno de los factores que ha originado el incremento es que la política del gobierno se ha centrado en la captura de líderes de grupos criminales, lo que ha llevado a una atomización de los cárteles; mencionó que “es la misma estrategia y peligrosa que desde 2006 estamos viviendo.” En el país no sólo existe un grave deterioro en los niveles de seguridad, sino que este 2017 será el peor año, comparado con 2011, afirmó el director de la organización no gubernamental.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio , afirmó que “si 2016 fue malo, éste va a ser pésimo, vamos a acercarnos al peor año que tuvimos que fue el 2011” en materia de violencia e inseguridad; indicó que la estrategia de seguridad “ha sido un fracaso rotundo” y afirmó que “es muy peligroso insistir en más de lo mismo, porque es una estrategia fallida”.

Por su parte, La Jornada menciona que la capital de Baja California Sur, La Paz, fue una de las ciudades más seguras y tranquilas del país, ahora ocupa el lugar 25 entre las más violentas, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación. En este municipio se cometió la gran mayoría de los 201 asesinatos reportados en Baja California Sur de enero a noviembre de 2016.

En 2011 se integraron 38 averiguaciones previas por homicidio doloso en el estado; en 2012 sumaron 35, y en 2013, 56. La escalada de asesinatos vinculados al crimen organizado comenzó el 31 de julio de 2014, cuando fueron hallados los cuerpos de tres personas en la carretera a Los Planes, municipio de La Paz.

A partir de esa fecha y hasta el 21 de noviembre de ese año se documentaron 43 ejecuciones, y en dos años el acumulado fue de 364, según la Procuraduría General de Justicia del Estado.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó 84 crímenes dolosos en 2014; 175 en 2015, y 201 entre enero y noviembre de 2016. En los primeros siete meses de 2016, el número de homicidios disminuyó en comparación con el mismo periodo del 2015, pero a partir de agosto repuntó.

De acuerdo con el portal Crimen en México, que difunde estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Consejo Nacional de Población, en noviembre pasado se perpetraron 35 homicidios en Baja California Sur; en el mismo periodo, en todo el país se cometieron poco más de 2 mil.

Sin embargo, debido a la escasa población de la entidad (796 mil 434 habitantes), la tasa de estos delitos por cada 100 mil habitantes fue de 52.7 por ciento, contra la nacional, de 19.7. En los primeros 11 meses de 2016 se abrieron 116 averiguaciones previas por asesinatos dolosos, más del doble de las registradas en 2013, según Crimen en México.

En noviembre pasado, el secretario de Gobernación dijo que entre los problemas de seguridad de Baja California Sur destacan el trasiego de drogas por mar y tierra, narcomenudeo y otras actividades del crimen organizado.

El gobernador del estado, que asumió el cargo en septiembre del 2015, reconoció que la inseguridad es uno de los mayores problemas de su gobierno, y en su primer informe de labores afirmó que la violencia generalizada en el país golpeó a Baja California Sur, donde “lamentablemente ha arrebatado vidas inocentes”.

El aumento de los homicidios en La Paz provocó que el Departamento de Estado de Estados Unidos emitiera una alerta de viaje para esa ciudad, pero la medida no disminuyó el número de visitantes, informó el secretario de Turismo, Genaro Ruiz.

El empresario Eduardo Sánchez Navarro, director del grupo Questro, consideró que la seguridad es fundamental para mantener de pie al sector turístico y señaló que tanto el gobernador como los presidentes municipales de La Paz, Armando Martínez Vega, y Los Cabos, Arturo de la Rosa Escalante, han reconocido el problema de violencia.

Desde que se inició la escalada de inseguridad en La Paz, elementos de las fuerzas armadas y corporaciones policiacas de la Federación y el estado recorren la capital del estado. Aunque según las autoridades se han desarticulado bandas criminales, y se han decomisado armas y drogas, los ajustes de cuentas entre grupos rivales no cesan.

El Mundo Digital de Baja California Sur menciona que entre 2011 y 2017, en la entidad los homicidios aumentaron 295 por ciento, lo que la coloca entre las cuatro entidades más violentas de México.

De acuerdo a un estudio del Instituto de Economía de La Paz, en Baja California Sur, sufrió un deterioro particular en la tasa de crímenes de la delincuencia organizada. Las extorsiones casi se duplicaron entre 2011 y 2016, y las tasas de secuestros y delitos relacionados con narcóticos aumentaron 83 por ciento y 32 por ciento, respectivamente.

Baja California Sur se ha consolidado como el cuarto estado más violento en el país, sólo superado por Colima, Zacatecas y Michoacán, principalmente en delitos de alto impacto como el homicidio, secuestro, robo con violencia, entre otros que tienen en un vilo a la sociedad sudcaliforniana.

De acuerdo a un estudio del Instituto de Economía de La Paz, que monitorea las estadísticas que generan los tres niveles de gobierno, destaca hasta antes del 2011, Baja California Sur ocupaba el sitio once en el ranking del estado menos pacifico del país.

Lamentablemente del 2011 al 2017 ha sufrido, revela el estudio, un deterioro de 60 por ciento en el nivel de paz; la segunda mayor reducción en el índice. La tasa de homicidio registró el mayor aumento relativo de los cinco estados con mayores deterioros, al aumentar más de cuatro veces, llegando a 295 por ciento.

Baja California Sur bajó de la cuarta menor tasa de homicidio a ocupar el sitio 24 en este indicador. El estado sufrió un deterioro particular en la tasa de crímenes de la delincuencia organizada. Las extorsiones casi se duplicaron entre 2011 y 2016, y las tasas de secuestros y delitos relacionados con narcóticos aumentaron 83 por ciento y 32 por ciento, respectivamente.

La tasa de delitos con violencia de Baja California Sur subió 18 por ciento entre 2011 y 2016, con aumentos en los tres componentes. La tasa de asaltos se elevó 41 por ciento en 2016, y los robos y violaciones aumentaron 14 por ciento y 8 por ciento, respectivamente.

Peninsular Digital menciona que se dieron a conocer los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre violencia, y estos no son nada buenos para Baja California Sur. La media península presenta en la que fue recabada, incrementos importantes al comparar de enero de 2016 al mismo mes de este año, un 685 por ciento más de víctimas de homicidios de lo que se había vivido en ese periodo, y también, más grave aún, que haya un aumento considerable en víctimas de homicidios dolosos.

Otro tema que preocupa es el referente a la desaparición de personas, ya que es uno de los métodos de una violencia extrema y está asociada con otras conductas delictivas, esto para zafarse de una sanción se desaparece a la víctima. Y se indica que en la entidad este ilícito ha estado al alza.

Se acusa en los datos del Sistema de Seguridad Pública que el estado no se está buscando correctamente a los desaparecidos, y que se está permitiendo que los familiares que no tienen idea de qué sucedió con su ser querido, lo busquen para subsanarlo a través de otras formas, pues por un lado se han integrado unidades ciudadanas que hacen que la autoridad se desentienda del problema y quieran investigar, para después echarle la culpa a esos grupos porque dicen “que no hubo un adecuado resguardo de la evidencia, entonces no podemos investigar”.

Esto, que se marca en el estudio realizado por el Sistema de Seguridad Pública es un fenómeno que tiene que ver con la alta presencia de la delincuencia organizada, y Baja california Sur es ejemplo nacional de ello, sentencia un párrafo del mismo.

El incremento exponencial de la violencia devino en que, por primera vez en la historia, un ombudsman fue asesinado en México. Así, la noche del lunes 20 de noviembre murió Silvestre de la Toba Camacho, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California Sur. De acuerdo con la Procuraduría General del Estado, un grupo de personas armadas disparó contra el auto donde viajaba el ombudsman y su familia.

El crimen ocurrió en La Paz, capital del estado. No se conocen las razones del atentado. Silvestre de la Toba murió en el sitio del ataque, una céntrica avenida de la ciudad, junto con su hijo Fernando. La esposa e hija del presidente de la Comisión quedaron heridas de gravedad.

Cierto es que en los últimos años han ocurrido ataques y homicidios de activistas de derechos humanos en México. Sin embargo, es la primera vez desde que se creó la figura de ombudsman, en 1990, que un responsable institucional de proteger los derechos humanos es asesinado.

De acuerdo con El Universal , el homicidio ocurrió alrededor de las 19 horas mientras circulaba en su camioneta, cuando dos sujetos a bordo de otro vehículo se le acercaron y dispararon varias ráfagas de fuego.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos manifestó su más amplia y enérgica condena al artero asesinato del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur y de su joven hijo Fernando de la Toba Lucero; así como del estado grave en el que se encuentran su esposa y su hija.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos exige a las autoridades estatales y federales realizar una investigación inmediata y a fondo que ubique a los asesinos y los ponga ante la autoridad correspondiente para que este crimen no quede impune.

El ombudsman nacional envió su más sentido pésame, condolencias y solidaridad a los familiares y compañeros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur, así como a los amigos del licenciado Silvestre de la Toba Camacho.

Además, informó que se han emitido medidas cautelares para garantizar la seguridad de los familiares del licenciado de la Toba Camacho y de todo el personal de ese organismo local, previo acuerdo con la persona que sea designada para hacerse cargo del despacho del ombudsman de Baja California Sur.

Es de insistir que la violencia que enfrenta ese estado se cimbró con el asesinato del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y es de suma preocupación que pese a que los homicidios dolosos en el mes de noviembre del presente año superaron los acaecidos en el mes de octubre el gobierno no considera que es una situación de alarma.

Cabe mencionar que el procurador de Justicia de Baja California Sur, Erasmo Palemón Alamilla, menciona en una nota publicada por Noticieros Televisa de fecha 7 de diciembre de 2017, que el estado atraviesa una situación preocupante pero no de alarma ya que los altos índices de homicidios no son exclusivos de ese estado.

Asimismo, la presidenta del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública de Baja California Sur señala que le da mucha tristeza que pareciera que los habitantes de ese estado se están acostumbrando a este tipo de violencia, no se ve la estrategia gubernamental, así como tampoco se ven tiempos perentorios para combatir este delito.

El relator especial de las Naciones Unidas, Michel Forst Wiki, condenó el homicidio del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur, y pidió al gobierno mexicano que establezca medidas de protección para los defensores de derechos humanos en situación de riesgo, incluyendo al personal de instituciones de derechos humanos nacionales.

E instó de manera enérgica a que el estado y las autoridades federales lleven a cabo una investigación exhaustiva para que se sancione a los culpables, pues mencionó que la mejor forma de garantizar la seguridad de los defensores de derechos humanos es sometiendo a un procedimiento judicial a aquellos que ponen en peligro o menoscaban la integridad física de los defensores de derechos humanos.

Haciendo mención que las instituciones nacionales de derechos humanos representan un papel esencial en la protección de los mismos, en virtud de ello el gobierno debe de establecer mecanismos y medidas de protección para garantizar su seguridad y que los mismos puedan realizar sus funciones de forma segura, integra y autónoma.

En este orden de ideas, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos condenó el crimen perpetrado en contra del licenciado Silvestre de la Toba Camacho, exigiendo a las autoridades que ningún defensor o defensora de los derechos humanos, ni sus colaboradores o familiares sean agredidos por su labor de defensa.

Con relación a lo mencionado con antelación, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, licenciado Luis Raúl González Pérez, de igual manera exige a las autoridades brinden garantías para que la ciudadanía no se vea afectada a partir de las agresiones a los defensores de derechos humanos.

Por las consideraciones anteriormente vertidas, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República a atraer el caso del homicidio del ombudsman de Baja California Sur, debido a la incapacidad del gobernador derivado del incremento de la violencia en la entidad federativa.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 20 de diciembre de 2017.

Diputada Norma Xóchitl Hernández Colín (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Veracruz a esclarecer e impulsar las investigaciones sobre la desaparición de 50 mujeres en la entidad en noviembre de 2011, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, María Candelaria Ochoa Ávalos, diputada federal del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, integrante de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

En noviembre de 2011, en medio de la mayor crisis de violencia que nuestro país ha vivido en su historia reciente, y en un rango de 3 noches, desaparecieron –por lo menos- 50 mujeres en Xalapa, la capital de Veracruz.

Según una investigación de The Guardian, 1 la mayoría de las mujeres desaparecidas esos tres días tenían alrededor de 20 años y eran de origen humilde. Se encontraban algunas madres solteras, algunas trabajadoras sexuales, algunas estudiantes e incluso algunas aspirantes a reinas de belleza. La mayoría trabajaba como escorts en eventos políticos y fiestas a las que iban miembros del gobierno y líderes del cartel de los Zetas.

Nadie sabe qué les pasó, pero se cree que fueron desaparecidas forzadamente por saber mucho sobre la relación entre políticos mexicanos y líderes de carteles de drogas. El padre de una de las desaparecidas, Karla Saldaña, ha reportado la ubicación precisa de donde se localizó su celular la última vez (coincidentemente donde uno de los líderes de los Zetas tenía nexos), pero nunca se ha investigado el área y la investigación de su desaparición no ha arrojado nada.

Una de las expresiones de la desigualdad de género en nuestro país es el hecho de que las desapariciones de mujeres, producto de la guerra contra las drogas iniciada por Felipe Calderón, han pasado prácticamente desapercibidas. Las cifras oficiales hablan de 7 mil mujeres y niñas desaparecidas, pero las cifras no oficiales son mucho más altas. Tan solo en Veracruz los datos oficiales hablan de 164 mujeres desaparecidas, mientras que organizaciones locales dicen que son cerca de 500.

Resulta inaceptable que los efectos de esta guerra contra el narco estén tan normalizados y tan presentes en todos los ambientes de nuestra vida; pero es doblemente intolerable que aunado a esto se sume el poco valor que otorga la procuración de justicia a la vida de las mujeres. Rupert Knox, quien hasta 2015 fuera jefe de investigaciones de Amnistía Internacional en México, declaró al hablar del clima de violencia en nuestro país que “las oportunidades de desaparecer, violentar o matar mujeres y niñas están vinculadas con la certeza de que nadie hará nada serio para protegerlas”.

Es completamente intolerable que un hecho de tan graves dimensiones como la desaparición de 50 mujeres no solo pase inadvertido en los medios sino que no se haga nada por investigarlo. Si, como plantea la investigación previamente citada, tanto las desapariciones de esas mujeres como la falta de procuración de justicia responden a nexos entre políticos mexicanos y a narcotraficantes, el hecho es mucho peor. Urge una inmediata investigación y las consecuentes medidas al respecto.

Por lo anterior propongo los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero: Se exhorta al gobernador del estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, a investigar y –en su caso- castigar los actos de corrupción e intimidación en las investigaciones relativas a las desapariciones de 50 mujeres en noviembre de 2011, así como a garantizar la procuración de justicia en estos casos.

Segundo: Se exhorta a la PGR a presentar el informe de las investigaciones sobre la desaparición de aproximadamente 50 mujeres en Xalapa, en noviembre de 2011.

Tercero: Se exhorta al gobierno del estado a fortalecer las acciones, políticas públicas e instituciones estatales en materia de lucha contra la violencia de género y protección a las mujeres.

Nota

1 Lakhani, Nina (2017). Impunituy has consequences: the women lost to Mexico’s drug war. Disponible en: https://www.theguardian.com/world/2016/dec/08/mexico-drug-war-cartels-w omen-killed

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de diciembre de 2017.

Diputada María Candelaria Ochoa Ávalos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la Lotenal que considere la viabilidad de emitir en abril de 2018 un billete conmemorativo por los 400 años de la fundación de Córdoba, Veracruz, suscrita por el diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito diputado Marco Antonio Aguilar Yunes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta a este pleno de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública a considerar la viabilidad de emitir un billete conmemorativo en abril de 2018, con motivo de la celebración de los cuatrocientos años de la fundación del municipio de Córdoba, Veracruz al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Es importante resaltar que en abril de 2018 se conmemoran cuatrocientos años de la fundación de municipio de Córdoba, Veracruz, por ello, es indispensable que se celebre sesión solemne con motivo de la celebración de tal acontecimiento histórico de gran envergadura.

El municipio de Córdoba, Veracruz, fue fundado el 26 de abril de 1618, como la Villa de Córdoba, este acontecimiento se realizó durante el reinado de Felipe III, quien la honro con su propio escudo “Infignia Regis Villae De Corduva Nobiliffimun Dectis Quia Concupivit Rex Decore Fuu” “Porque el rey deseo su honra; el nobilísimo blasón de la Villa de Córdoba son las armas del rey”1

La región donde se fundó la villa en el siglo XVII perteneció al partido de Santiago Huatusco, en la época precolombina fue una zona indígena considerable, integrada por estados nahuas: Teohzaltpatlan, Tlatchtelco, Totollan y Tucizonco, con una población aproximadamente de veinte mil casas tan sólo en Tlatchtelco. Para 1521, la zona fue sometida por tropas de los conquistadores Gonzalo de Sandoval y Juan López de Ximena, vecino de Veracruz, a quien el rey le dio tierras e indios en recompensa por sus servicios.2

Es preciso recordar que en el siglo XVII eran frecuentes los asaltos a caravanas y viajeros que transitaban del puerto de Veracruz a Orizaba y viceversa. Por lo que, en el gobierno de don Diego Fernández de Córdoba, marqués de Guadalcázar y XIII virrey de la Nueva España, se consideró la necesidad de fundar un poblado que contara con una guarnición permanente destinada a proteger el trayecto. Don Juan de Miranda, don García de Arévalo, don Andrés Núñez de Illescas y don Diego Rodríguez, terratenientes avecindados en San Antonio Huatusco, presentaron esa petición ante la corte en la capital. Satisfechos los trámites concernientes, don Diego Fernández de Córdoba, en nombre del entonces monarca español Felipe III, otorgó la licencia para la fundación de la Villa el 29 de Noviembre de 1617. Por la expresa orden del rey, la población había de tener por nombre “Villa de Córdoba” tomando el apellido del virrey.3

El 26 de abril de 1618 se congregaron las primeras familias en el pueblo de Amatlán, donde después de oír misa se dirigieron a una choza, habilitada como Sala Capitular, en sesión presidida por el Alcalde Mayor de Huatusco, don Francisco Soto Calderón. Cumplidas las formalidades y lecturas preliminares de ley, nombraron a los cuatro primeros regidores, honroso cargo adjudicado a don Alonso de Galván, don García de Arévalo, don Diego Rodríguez y don Manuel Fernández, quienes a su vez, designaron a don Cristóbal de Miranda y a don Andrés Núñez de Illescas como alcaldes ordinarios. Al día siguiente, los 17 fundadores y sus familias se trasladaron al lomerío de Huilango a realizar el trazo de la nueva villa, que se hizo a cordel, asimismo, se eligió el sitio de la plaza mayor reservando un espacio para la iglesia y enfrente de ella, el de las Casas Reales para las autoridades y dejando los lados para los portales de los tianguis. Trazaron además, las calles en forma reticular, tal como se planeaban y se hacían las poblaciones de España: de facto, la Villa se fundó el 27 de abril de 1618.4 A los fundadores de la villa se les otorgó el título de hijosdalgos, sinónimo de nobleza y honor.

Con dicha fundación se obtuvo la independencia administrativa y económica, así como una considerable dotación de extensión de tierra, lo que ocasiono avances agrícolas y económicos en la región.

El municipio de Córdoba ha sido de relevancia en la historia de nuestro país, es oportuno recordar que a finales del movimiento de independencia, el 30 de marzo de 1821, las fuerzas insurgentes al mando del teniente coronel José Joaquín de Herrera tomaron sin mucho esfuerzo a Orizaba y de inmediato se aprestaron a hacer lo propio con Córdoba. La guarnición realista de esta última, sin fuerza suficiente y legitimidad alguna para convocar a la población en la defensa de la villa, decidió entregar la plaza sin entablar combate. El 1 de abril de 1821, Córdoba se encontró por primera vez en una larga década de guerra civil en manos de la insurgencia. En un intento por retomar el control de la ruta al altiplano, el temido Francisco Hevia regresó a la región con la encomienda de retomar la villa cordobesa.5

Al mando de más de mil hombres, contando con cien caballos y numerosa artillería, el apodado León ibérico se aprestó a volver por sus fueros aplastando una vez más a los insurgentes, sin embargo, la historia fue diferente. El vecindario cordobés se ofreció masivamente para la defensa, así como contingentes de poblaciones vecinas, entre los que se destacaron los indígenas de Amatlán. Herrera aportó 200 hombres regularmente pertrechados y cien caballos. La población fortificó en lo posible las entradas a la villa y se dispuso a enfrentar al temido realista. El 15 de mayo iniciaron las hostilidades, los realistas lograron ingresar hasta la plaza de San Sebastián donde emplazaron su mayor cañón; los defensores improvisaron trincheras con numerosos tercios de tabaco. Se dice que Hevia, enojado porque sus artilleros se mostraban incapaces de atinar sus proyectiles en la llamada casa de la Botica, intentó él mismo apuntar la pieza; en eso estaba cuando un indígena de Amatlán lo mató de certero balazo en la cabeza. El desaliento de los atacantes fue notorio al ver caído a su comandante.6

El 21 de mayo de 1821, se retiraron, dando como resultado que el último intento español por controlar militarmente al Veracruz central constituyó prácticamente el fin de la larga guerra civil y abrió paso a la firma de la independencia nacional.

Ante tal escenario, y una vez que el recién nombrado virrey Juan O’Donojú arribó al puerto de Veracruz,7 solicito al general Santa Anna que gestionara ante Agustín de Iturbide la posibilidad de trasladarse a un lugar con clima más benigno; al tiempo envió cartas en las que proponía la negociación final del conflicto de guerra civil. Iturbide aceptó de inmediato y propuso la villa de Córdoba como lugar de encuentro. Antonio López de Santa Anna escoltó al virrey hasta allí y después de formalidades, cortesías y asistencia a misas, se firmaron el 24 de agosto de 1821,8 en la Casa de los Condes de Ceballos, los célebres Tratados de Córdoba9 que pusieron fin a 300 años de dominación colonial, abrieron la etapa del México independiente.

Otros datos de suma relevancia a expresar son que en 1880 la legislatura del estado expidió decreto declarando heroica a la ciudad de Córdoba, y en 1916, se declaró a Córdoba como capital del estado de Veracruz.

Ante tal situación histórica, el municipio de Córdoba se convirtió en el lugar donde se plasmaron los cimientos de la nacionalidad mexicana. Desde su fundación el municipio ha ocupado un lugar protagónico entre las poblaciones y los asentamientos del territorio nacional y del estado de Veracruz, al constituirse en un espacio productor de riqueza cultural e histórica siendo un lugar singular de nuestro México.

Por todo lo anterior, presento al pleno de esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, a considerar la viabilidad de emitir un billete conmemorativo en el mes de abril de 2018, con motivo de la celebración de los cuatrocientos años de la Fundación del municipio de Córdoba, Veracruz.

Notas

1 Escudo de Cuarteles. En el primer cuartel de la derecha las armas de Castilla y de León; en el segundo a la izquierda, las Barras de Aragón, con dos águilas coronadas; escusón con las armas de Portugal y abajo las armas de Granada. En el tercer cuartel a la derecha, en la parte superior, campo de gules y banda de plata; en la inferior dos bandas de oro en azul con gules; en los últimos dos lises de Borgoña, el León español; por lambrequín el collar de la orden del Toisón de Oro y la corona real arriba del escudo, para un abigarrado barroquismo. Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal, Enciclopedia de los municipios y delegaciones de México, estado de Veracruz-Llave

http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM30veracruz/mu nicipios/30044a.html

2 Naveda Chavez-Hita, Adriana, “De las Lomas de Huilango a la Villa de Córdoba,” en Florescano, Enrique, Historia General de Córdoba y su Región, Universidad Veracruzana, 2013, página 13.

3 De la Mora Herrera, Rafael, Fundación de la Villa de Córdoba, Crónicas de Córdoba, Segunda época, número 4, abril 2017, páginas 4-5.

4 Varios personajes de poder que habitaban en la región en los inicios del siglo XVII pidieron al virrey la fundación de una villa señalando para ello el paraje denominado Zacatepeque en las lomas de Quilango. Domínguez Loyo, Miguel, “Rebeliones negras y la fundación de Córdoba,” en Lecturas Históricas Mexicanas , tomo IV, UNAM, México, 1990, página 102.

5 González Sierra, José, “Córdoba en el México Independiente, 1821-1870,” en Florescano, Enrique, Historia General de Córdoba y su Región, Universidad Veracruzana, 2013, páginas 63-64

6 Ibídem.

7 Al percatarse O’Donojú de que prácticamente todas las tropas en México se habían adherido al Plan de Iguala, no vio sentido en resistir, pero tampoco quiso regresar a su patria como un fracasado. Se la permitio quedarse en México y disfrutar de una generosa pensión vitalicia, que jamás recibió, pues murió al poco tiempo. Crespo, José Antonio, “Contra la historia oficial”, De bolsillo, México, 2010, página 109.

8 A los pocos días de haber llegado de España Juan O’Donojú, con el cargo de virrey; acepto negociar con Iturbide y puso su firma, el 24 de Agosto de 1821, en el Tratado de Córdoba, que ratifica en lo esencial el Plan de Iguala. González, Luis, “El periodo formativo”, en Historia Mínima de México , El Colegio de México, México, 1994, página 94.

9 Tena Ramírez, Felipe, Leyes fundamentales de México (1808-1975), Porrúa, México, 1975, páginas 116-119.

México, DF, a 20 diciembre de 2017.

Diputado Marco Antonio Aguilar Yunes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Sonora a instruir a su secretario de Educación y Cultura para reinstalar de inmediato a 53 profesores cesados injustamente, a cargo de Virgilio Dante Caballero Pedraza y suscrita por Delfina Gómez Álvarez, diputados del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, Delfina Gómez Álvarez y Virgilio Caballero Pedraza, diputados integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La reforma al artículo 3o. constitucional y la aprobación de la Ley General del Servicio Profesional Docente dieron inicio a una lucha por la defensa de los derechos laborales de los maestros misma que se ha prolongado durante cinco años. En todas las entidades de la República los profesores han suspendido labores, realizado marchas y plantones, mesas de negociación con autoridades, foros de análisis, eventos culturales, conferencias de prensa y ocupado edificios públicos, puentes fronterizos y vialidades.

En todas sus actividades, los profesores exigen la derogación de la reforma educativa y sus leyes secundarias, por considerarlas violatorias de sus derechos laborales.

El estado de Sonora no ha sido la excepción. De acuerdo con el testimonio y las notas informativas de la profesora Marcela Zazueta, vocera de los maestros cesados y del periodista Luis Hernández Navarro, el movimiento magisterial en el estado de Sonora se ha distinguido por su resistencia y firmeza.

Desde el momento de su aprobación, en diciembre de 2012, los trabajadores de la educación se dieron a la tarea de analizar en foros, conferencias y diversas actividades académicas las implicaciones que el nuevo marco legal tendría en sus derechos laborales y en su vida profesional.

Las consecuencias que tendría la reforma educativa sobre la estabilidad en el empleo se difundieron en reuniones y asambleas, en todas las regiones del estado. Al mismo tiempo, por medio de las redes sociales, se daba a conocer la lucha de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación en contra de las reformas estructurales.

La lucha magisterial de Sonora fue creciendo y el descontento iba en aumento. El 1° de mayo de 2015 los maestros se reunieron en Hermosillo, para participar en la marcha del día del trabajo, mientras los dirigentes de la sección 28 del SNTE convocaron a un desayuno, en el estadio de béisbol.

En octubre de 2015, los supervisores se encargaron de notificar a los profesores que serían evaluados. No todos los maestros fueron informados oportunamente a pesar de que la Ley General del Servicio Profesional Docente establece que las notificaciones deberán realizarse tres meses antes de la evaluación. Los funcionarios de la Secretaría de Educación del estado acosan y hostigan a los profesores en sus escuelas, en sus casas y con sus familiares para obligarlos a evaluarse.

Los maestros se han organizado para acudir a las sedes de evaluación e informar a sus compañeros de los derechos laborales que se perderían al aceptar el examen de desempeño docente.

En noviembre de 2015, centenares de profesores y padres de familia bloquearon, desde las cuatro de la madrugada, las sedes de aplicación del examen en las principales ciudades del Estado, enarbolando la bandera nacional y entonando el Himno Nacional, ocuparon las puertas de entrada. Los responsables de la evaluación estaban desesperados, pedían que se quitaran de las puertas; la decisión de los profesores fue firme y no lo hicieron. A las sedes de Hermosillo, Guaymas, Cd. Obregón, Navojoa y Nogales llegaron granaderos con perros de ataque y golpearon a los maestros. A pesar de la represión, fue un fin de semana exitoso para el movimiento, pues sólo se evaluaron unos cuantos docentes. Furioso por el descalabro, el Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, cesó al delegado de esta institución en Sonora.

Como represalia, los dos fines de semana posteriores a las acciones de protesta, la casa de la maestra Marcela Zazueta y la de otros 4 profesores amanecieron encadenadas con el fin de amedrentarlos.

El 7 de marzo de 2016, se notificó el cese de 84 docentes y se les emplazó para que en un término de 15 días informaran la razón por la cual no acudieron a la evaluación. Lejos de intimidarlos, la inconformidad docente se extendió en toda la entidad. Un día después del aviso de despido los profesores de Huatabampo, Guaymas, Ciudad Obregón, Navojoa y Puerto Peñasco realizaron una marcha al Congreso del Estado y tres días más tarde iniciaron un plantón frente al Palacio de Gobierno, en Hermosillo. La sociedad se solidarizó con casas de campaña, alimento y agua, ahí se concentraron profesores de todas las regiones del estado, luchando por su trabajo. El 21 de marzo, alrededor de las 11 de la noche la gendarmería los rodeó y policías vestidos de civil, los desalojaron y les robaron todas sus pertenencias.

El 15 de abril de 2016, 44 maestros de nivel básico y 2 de educación media superior fueron cesados, tiempo después serían separados de sus trabajos otros 7 maestros en Navojoa, una ciudad ubicada al sur del estado. Los padres de familia tomaron las escuelas en solidaridad. El gobierno contraatacó y el 20 de ese mes, elementos de la Policía Estatal Investigadora detuvieron a tres docentes y dos padres de familia en diferentes municipios de la entidad, acusándolos de diversos delitos, todos falsos. Los arrestos se realizaron con violencia, frente a sus alumnos.

La indignación y la inconformidad alcanzaron tal nivel que los maestros decidieron, en sus asambleas escolares, participar en el paro nacional de una semana convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, a partir del 15 de mayo.

Cuando en junio los dirigentes magisteriales de Oaxaca, Rubén Núñez y Francisco Villalobos, fueron trasladados a Hermosillo, al Centro Federal de Readaptación Social 11, maestros sonorenses, académicos de varias universidades y sindicalistas marcharon, bajo un sol infernal, para exigir su liberación. El apoyo de la sociedad fue sorprendente. En las movilizaciones se corearon consignas como: Gobernadora: Sonora no acepta maestros encarcelados y Oaxaca aguanta, Sonora se levanta.

La violenta represión en Nochixtlán, Oaxaca que tuvo como resultado ocho muertos, más de 100 lesionados y 21 detenidos, conmovió a todo el país y detuvo la ofensiva del secretario de Educación Aurelio Nuño, obligándolo a negociar una solución al conflicto magisterial.

En julio de 2016 los profesores se trasladaron en autobús a la Ciudad de México. Después de 48 horas de viaje, se integran al plantón magisterial en la ciudadela y a las mesas de diálogo nacional.

La represión no se detuvo, el 19 de septiembre cesaron de la guardería a la hija de la profesora Marcela Zazueta afectando su derecho a la educación. De igual manera cesaron a la niña Selene Ceberos, hija de un matrimonio de maestros cesados de Cd. Obregón.

A dieciocho meses de su despido los profesores mantienen vivo su movimiento, han sostenido reuniones con el Secretario de Educación del Estado de Sonora, Ernesto de Lucas Hopkins y ante la falta de soluciones han tomado en dos ocasiones las instalaciones de la Secretaría, han recorrido las principales poblaciones del estado y de las entidades vecinas e incluso presentaron una demanda laboral en Washington denunciando que la reforma educativa pretende acabar con sus derechos como trabajadores de la educación.

El despido de los profesores que se oponen a la reforma educativa se ha realizado en forma arbitraria y discrecional en los diferentes estados de la República.

Durante la presentación de los Resultados de la Evaluación 2015-2016, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño dio a conocer que de los 150 mil 86 docentes y directivos que fueron convocados a evaluarse, 15 mil 946 no lo hicieron.

En Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero estados donde la CNTE tiene mayor presencia se concedió a 12 mil 586 profesores una “nueva oportunidad” para evaluarse y no fueron despedidos.

De la misma forma, mediante una negociación política el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) obtuvo la reinstalación de más de 600 docentes, argumentando que su inasistencia a la evaluación no fue atribuible a ellos, por lo que se presentarán cuando se “abra otra oportunidad”.

Incluso, funcionarios de la propia SEP informaron que en varios estados se suspendió el proceso de despido, establecido en el artículo 76 de la Ley del Servicio Profesional Docente, para evitar que aumentara la crispación magisterial a nivel nacional.

En el estado de Sonora la gobernadora Claudia Artemiza Pavlovich decidió mantener cesados a los maestros inconformes con la reforma educativa.

Como una medida de castigo la Secretaría de Educación y Cultura del estado de Sonora ha decidido prolongar el juicio por la reinstalación de los maestros cesados; promoviendo un incidente de incompetencia ante el Tribunal Contencioso Administrativo, por lo que la audiencia programada para realizarse el 5 de diciembre del presente año, en donde debían presentarse las pruebas y los alegatos, se difirió hasta el mes de febrero de 2018.

Es conveniente señalar que los profesores cesados por la SEP, son excelentes profesionistas, comprometidos con su trabajo, queridos por sus alumnos y por los padres de familia. La solidaridad con que se les ha cobijado así lo demuestra. Esos maestros son reconocidos como parte de los mejores y más dignos docentes que integran el sistema educativo estatal, por lo que deben ser reinstalados.

La decisión de reinstalar a los 46 docentes cesados la tiene la gobernadora, Claudia Pavlovich.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar a esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la gobernadora del estado de Sonora, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, para que instruya al secretario de Educación y Cultura la reinstalación inmediata de los 53 maestros cesados injustamente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de diciembre de 2017.

Diputados: Virgilio Dante Caballero Pedraza (rúbrica), Delfina Gómez Álvarez.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profeco y la Cofece a fortalecer los operativos para prevenir e inhibir alzas indebidas de los materiales para construcción en las entidades gravemente afectadas por los recientes sismos, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores de la República, integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 7 y 19 de septiembre se registraron dos fuertes sismos con una magnitud de 8.1 y 7.1 grados Richter, respectivamente, dejando afectaciones materiales y la lamentable pérdida de decenas de vidas en los estados de Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala.

Los daños más severos se observaron en los estados de Oaxaca y Chiapas, dando como resultado viviendas inhabitables, techos colapsados y bardas caídas, las cuales dejaron a miles de personas sin patrimonio.

De esta manera, el gobierno federal instrumentó diversas acciones para atender la situación de emergencia y realizar el censo de los inmuebles dañados, se inició la fase de reconstrucción y los esquemas diseñados para reconstruir viviendas, apoyar los comercios dañados y reparar los espacios públicos.

El presidente de la República junto con los gobiernos de Chiapas y Oaxaca, destinaron recursos para la reconstrucción de viviendas en estas dos entidades, más de 7 mil millones de pesos1 .

Se entregaron tarjetas bancarias a las familias afectadas, con las que pudieron disponer de recursos para la reconstrucción de sus viviendas. Se entregaron apoyos a los damnificados en monederos electrónicos. En el caso de daño parcial, se proporcionó una tarjeta bancaria por 15 mil pesos para usarlos en la reparación (materiales, mano de obra o autoempleo).

En los casos de daños totales, es decir, que perdieron sus viviendas, el apoyo fue de 120 mil pesos por vivienda. En estos casos, se entregaron dos tarjetas: una exclusivamente para adquisición de materiales y otra para cubrir otros gastos de reparación.

Ante estas emergencias, la atención del gobierno federal ha sido oportuna y, a través de un trabajo coordinado con distintas secretarías de la administración pública, se trabajó para atender a los damnificados y se comenzó los trabajos de reconstrucción en las zonas más afectadas, a fin de restablecer la normalidad lo más pronto posible.

Sin embargo, una de las principales problemáticas que enfrentan los beneficiarios son los incrementos injustificados en los precios de los materiales de construcción, así como el acaparamiento en su venta.

Así, por ejemplo, en Oaxaca en donde los precios de los materiales para construcción, arena y grava se han disparado. Diversas familias damnificadas han denunciado el abuso de los distribuidores, pues desde hace un par de semanas el material pétreo subió en promedio cien por ciento, hecho que hará más difícil construir con los pocos recursos que el gobierno federal está otorgando para las viviendas dañadas2 .

En las cribadoras instaladas en el municipio de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, aseguran que la arena se encareció hasta 500 a mil pesos; mientras que la grava lo hizo de 600 a mil 200 pesos el viaje o el camión.

Tan sólo en el mes de octubre se recibieron 81 quejas por alza de precios en productos básicos en las entidades federativas que fueron afectadas por los sismos, incrementando el costo. La más alta fue la Ciudad de México donde se reportaron 60 inconformidades3 .

Otra de las acciones que debe de realizar la Procuraduría Federal del Consumidor es vigilar que los paquetes de construcción para zonas de Oaxaca y Chiapas se vendan sin un sobrecosto.

Lo anterior demanda reforzar las medidas de vigilancia e inspección en los mercados, hoteles, centros de materiales, tiendas de autoservicio, principalmente, para vigilar que se respeten los derechos de los consumidores.

Ante este panorama, es una prioridad la atención de los consumidores en una de las temporadas de mayor consumo del año, con el objetivo de realizar acciones preventivas, de orientación y atención de quejas.

Resulta indispensable evitar prácticas irregulares en detrimento de los consumidores siendo una oportunidad para incrementar la derrama económica de establecimientos y no un mecanismo de abuso.

Asimismo se requiere promover los derechos de los consumidores, garantizando relaciones comerciales justas que fortalezcan la cultura de consumo responsable y el acceso en mejores condiciones de mercado a productos y servicios, a fin de evitar que se presenten irregularidades durante los próximos meses.

Después de los desastres naturales, el Estado mexicano debe continuar implementando acciones permanentes en las entidades federativas afectadas, con el propósito de proteger los intereses la población damnificada.

Resulta apremiante fortalecer los operativos para prevenir e inhibir incrementos indebidos en los precios de los materiales para construcción, en las entidades que resultaron severamente afectadas por los recientes sismos que se registraron en el país. Asimismo, para que investiguen y, en su caso, sancionen posibles prácticas de acaparamiento de tales productos.

En este panorama, consideramos apremiante reforzar las acciones institucionales que contribuyan a salvaguardar la economía familiar y evitar que la población sea objeto de abusos y aumentos injustificados.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión Federal de Competencia Económica para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan los operativos para prevenir e inhibir incrementos indebidos en los precios de los materiales para construcción, en las entidades que resultaron severamente afectadas por los recientes sismos registrados en el país. Asimismo, para que investiguen y, en su caso, sancionen posibles prácticas de acaparamiento de estos productos.

Notas

1 https://www.gob.mx/presidencia/prensa/informa-presidente-epn-que-los-go biernos-de-la-republica-de-chiapas-y-oaxaca-destinaran-mas-de-7-mil-mdp -para-reconstruccion-de-viviendas

2 http://www.nvinoticias.com/nota/74490/se-disparan-precios-de-materiales -de-construccion-en-el-istmo-oaxaca

3 http://www.diarioaxaca.com/negocios/1-dinero/119665-productos-basicos-s uben-de-precio-por-sismos

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de diciembre de 2017.

Rúbrica

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IMSS a desistirse de denegar pensiones por viudez a parejas del mismo sexo, pues viola los derechos humanos de acceso a la seguridad social, igualdad, no discriminación, legalidad y seguridad jurídica, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena

Araceli Damián González, en mi calidad de diputada federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

El 17 de noviembre de 2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 53/2017 al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) debido a que este último declaró improcedente el otorgamiento de la pensión por viudez a tres concubinarios respectivamente (expedientes CNDH/6/2016/7504/Q, CNDH/6/2016/4875/Q y CNDH/6/2016/2408/Q) con el argumento de que esta prestación sólo se otorga a parejas homosexuales que hayan contraído matrimonio.

La CNDH acreditó que las funcionarias y los funcionarios del IMSS violaron la protección y garantía de los derechos humanos a la seguridad social, igualdad, no discriminación, legalidad y seguridad jurídica sin bases normativas. Lo anterior implica abiertamente una acción de discriminación y vulneración de la dignidad humana, puesto que la misma prestación es accesible a las personas en relaciones heterosexuales de concubinato. En ese sentido, es importante señalar que el artículo 1 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación define que

Se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo.

Como la CNDH cita en su recomendación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sostuvo en la resolución de la acción de inconstitucionalidad 2/2010 que la protección de la familia que ordena la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos debe cubrir todas sus formas y manifestaciones sin restricción alguna. La misma SCJN argumenta en la tesis derivada del amparo en revisión 263/2014 que

Negar a las parejas homosexuales los beneficios tangibles e intangibles que son accesibles a las personas heterosexuales a través del concubinato, implica tratarlas como si fueran “ciudadanos de segunda clase”, porque no existe justificación racional alguna para no reconocerles los derechos fundamentales que les corresponden como individuos y, simultáneamente, un conjunto incompleto de derechos cuando se conducen siguiendo su orientación sexual y se vinculan en relaciones estables de pareja; además, la exclusión de las parejas del mismo sexo de la figura de concubinato perpetúa la noción de que son menos merecedoras de reconocimiento que las heterosexuales, con lo que se ofende su dignidad como personas y su integridad.

De tal forma, además de solicitar al IMSS otorgar la pensión por viudez a las tres personas cuyos derechos violó, la CNDH pide en su recomendación adoptar las medidas necesarias para reparar el daño ocasionado bajo el marco de la Ley General de Víctimas, dar vista al Órgano Interno de Control del IMSS por probables responsabilidades administrativas de su personal, proponer modificaciones a las normas pertinentes en la materia de la recomendación y realizar un programa integral de capacitación en temas de igualdad y no discriminación, libertad sexual, seguridad social y atención al público.

Por lo aquí expuesto, pongo a consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social a desistir en la negación de pensiones por viudez a parejas del mismo sexo, puesto que lo anterior viola los derechos humanos de acceso a la seguridad social, igualdad, no discriminación, legalidad y seguridad jurídica.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 20 de diciembre de 2017.

Diputada Araceli Damián González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Cultura y el INAH a emitir una imagen simbólica de la antigua ciudad maya y bosques protegidos de Calakmul, Campeche, presentándola como “patrimonio mixto, cultural y natural de la humanidad”, a cargo del diputado Miguel Ángel Sulub Caamal, del Grupo Parlamentario del PRI

El diputado Miguel Ángel Sulub Caamal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión por el estado de Campeche, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 58, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo se exhorta a la Secretaría de Cultural y al Instituto Nacional de Antropología e Historia a difundir en la boletería impresa y electrónica para el acceso a los diferentes sitios culturales y arqueológicos, a la antigua ciudad maya y bosques tropicales protegidos de Calakmul, Campeche, único bien Mixto de la Humanidad en México.

Exposición de Motivos

El nombre Calakmul es de origen maya y su significado es “La ciudad de los montículos adyacentes” ; bien cultural y natural que se encuentra ubicado en el sureste del Estado de Campeche.

El Comité de Patrimonio Mundial, en su 38 edición celebrada en Doha, inscribió a la Antigua Ciudad Maya y los Bosques Tropicales Protegidos de Calakmul, en Campeche, como el primer Bien Mixto (cultural y natural) de México, la cuarta de América y la trigésima primera en el mundo.

La UNESCO le había concedido ya a la antigua ciudad maya de Calakmul una Declaratoria de Patrimonio Cultural en 2002 por contar con uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de la cultura maya y ahora concedía una extensión como Patrimonio Natural, al poseer bosques tropicales protegidos desde 1989 con el decreto de la Reserva de la Biosfera de Calakmul que la definía como área natural protegida.

Esta inscripción realizada por el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, como “Antigua Ciudad Maya y Bosques Tropicales Protegidos de Calakmul, Campeche” fue un reconocimiento que confirma su valor universal excepcional, y la ubica dentro de los pocos sitios en el mundo con una rica dualidad que la posiciona como ejemplo global de conservación y de desarrollo sustentable.

Calakmul es sin lugar a dudas, digna de esfuerzos públicos y privados continuos y crecientes para convertirla en detonante de crecimiento alternativo, más allá de las tradicionales vocaciones económicas de las regiones del estado de Campeche.

La combinación de una antigua ciudad maya y de bosques tropicales hoy protegidos en Calakmul, es una sorprendente evidencia de la interacción entre el hombre y la naturaleza, que dio como resultado un complejo mosaico de interacciones a lo largo de los siglos.

La UNESCO posee 10 criterios para determinar cuándo un bien puede ser Patrimonio Cultural o Patrimonio Natural de la Humanidad, para el primer caso son seis de ellos, y para el segundo los otros cuatro. Con que un bien apruebe uno solo de estos criterios es suficiente para que la UNESCO decida inscribirlos como patrimonio.

En el caso de la antigua ciudad maya de Calakmul, yacimiento arqueológico prehispánico, aprobó cuatro de seis criterios por lo que fue razón más que suficiente para su inscripción en el año 2002 como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Entre los criterios culturales considerados sobresalen los referidos a la conservación de vestigios arqueológicos intactos del desarrollo de la civilización maya, por más de doce siglos en un entorno natural de bosque tropical; la combinación creativa de diferentes tradiciones que dieron lugar a estilos arquitectónicos únicos, piezas arqueológicas únicas y modificaciones ingeniosas del entorno natural; y por ser testigo del extraordinario desarrollo de la civilización maya, al ser una ciudad que desempeñó un papel esencial en la historia de la región y de esta cultura milenaria, orgullo de nuestra nación.

El sitio abarca aproximadamente 70 kilómetros cuadrados y posee cerca de siete mil estructuras, donde sus imponentes construcciones y trazado global característico se encuentran en un estado de conservación admirable y permiten vívidamente observar lo que era la vida en una antigua ciudad y capital maya.

Calakmul llegó a ser la capital de un estado regional de aproximadamente 13 mil kilómetros cuadrados, convirtiéndose en uno de los grandes poderes regionales junto con Tikal (con quién además sostuvo por siglos, animosa belicosidad), Palenque y el Mirador, durante el período clásico de la cultura maya; desempeñando en general un papel de primer plano en la historia de la región durante más de doce siglos.

La ciudad maya se encuentra incrustada además en la reserva natural de bosque tropical más grande de México, y la última gran extensión de bosque tropical protegido y en buen estado de conservación de América.

De acuerdo con el programa de manejo de la Reserva de la Biosfera, publicado el año 2000, se identifican 250 mil hectáreas en dos zonas núcleo y 475 mil en sus zonas de amortiguamiento, lo que da un total de 725 mil hectáreas.

Adicionalmente sobresale la reciente donación de 279 mil hectáreas que realizó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) del Gobierno de la República, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), por indicaciones del presidente Enrique Peña Nieto y que servirían para la conservación, con lo que tendríamos una extensión territorial de la reserva del orden un millón de hectáreas destinadas a la preservación.

Importante santuario de la biodiversidad de Mesoamérica, conjugando todos los ecosistemas tropicales y subtropicales existentes desde el centro de México, hasta el Canal de Panamá.

Hoy por hoy, los ecosistemas de Calakmul son considerados entre los más resistentes por sus adaptaciones y características relevantes para la conservación de la biodiversidad en el contexto del cambio climático; cuentan con abundancia de especies de flora y fauna, y con la mayor diversidad de mamíferos de la región.

En la reserva habita el 44 por ciento de las especies de aves registradas en México; el 23 por ciento de mariposas; cinco de seis especies de felinos que existen en nuestro país, incluyendo la mayor cantidad censada de Jaguar; incluyendo a dos de las tres especies de primates.

Por su ubicación, el sitio aumenta su importancia como centro de la conectividad de la selva maya, con corredores que dan continuidad ecológica a bosques de México, Guatemala y Belice, permitiendo preservar la biodiversidad y el desarrollo de la dinámica ecológica y procesos evolutivos de las especies.

Calakmul además, es el corazón forestal de ocho reservas naturales de México, tiene por tanto una ubicación especialmente estratégica.

Respecto de los cuatro criterios para ser considerado Patrimonio Natural, este reservorio posee dos que lo hicieron elegible para la más reciente declaratoria; uno relacionado con la adecuada interacción entre hombre y naturaleza desde la época prehispánica hasta nuestros días; y otra con la rica biodiversidad de la reserva, ambos ya detallados previamente.

Finalmente, se debe reconocer que la protección de la propiedad está garantizada y la gestión de todo el inmueble y de su zona de amortiguamiento corresponde al Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales

Protegidas (Conanp) para el Patrimonio Natural; y en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) como responsable del Patrimonio Cultural.

Asimismo, casi el 90 por ciento de la superficie terrestre de la propiedad es federal y todos los monumentos arqueológicos ahí existentes se encuentran legalmente protegidos por la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas; considerando que para la gestión de la propiedad, los elementos culturales y naturales coinciden en la misma área.

Calakmul es el mejor ejemplo de la política sustentable en materia de desarrollo social, de desarrollo ambiental y seguramente lo será cada vez más en materia de desarrollo económico, a través del turismo, del Gobierno de la República, vocación que sin duda debe detonar crecimiento en todo el estado de Campeche, por lo cual que debemos aprovechar y publicitar.

La declaratoria mixta debe entenderse además, no solo como un reconocimiento a México por la existencia de la riqueza cultural y natural que posee Calakmul, sino por la voluntad de población y Gobierno de cuidarlas y conservarlas.

Reconocimiento que abona dentro y fuera de las fronteras de nuestro país, propiciando que se le conozca más en el mundo y se le reconozca mejor.

Calakmul tiene un valor excepcional universal, por lo que proponemos aplicar el principio de máxima publicidad sobre la importancia de Calakmul no solo para Campeche, sino para todo el país, concientizando a la población sobre su existencia y lo que representa para México y para la humanidad.

Con lo anterior abriremos una discusión que nos llevara a mejorar la imagen y difusión de nuestro único patrimonio mixto que para algunos casos, como el que hoy presentamos ya no solo es nacional, sino de la humanidad.

En el sector turismo, no es menor el entorno planteado. Durante el año 2016 el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) reportó 16 millones de visitantes a los sitios por él administrados, mientras que la Secretaría de Turismo Federal reportó 35 millones de turistas a las zonas relacionadas; no obstante, los datos anteriores no representan el potencial turístico-cultural de nuestro país.

México son muchas regiones, más allá de lo que sabemos o alcanzamos a ver. Sabemos bien que fomentar un destino toma varios años, y si no conocemos o difundimos las más emblemáticas e importantes, difícilmente seremos conscientes de que nuestro país posee 189 zonas arqueológicas abiertas al público que abren todos los días del año, además de 114 museos, sin contar museos y galerías privadas y manejadas por fundaciones, estados y municipios, siendo que en Campeche el estado que orgullosamente represento tiene más de 14 zonas arqueológicas abiertas al público y seis museos que a lo largo de 30 años se han venido fomentando.

Calakmul puede y debe convertirse, entonces, en un ariete que nos introduzca a la diversidad comentada; sin duda con una difusión adecuada este patrimonio mixto de la humanidad podría hacer más fácil introducir y concientizar que México es más.

Ante este escenario, debemos buscar esquemas que cambien con fuerza el conocimiento y aprovechamiento limitado de nuestra riqueza, con un nuevo enfoque en la mercadotecnia institucional pero con el mismo gasto. No se trata de afectar en absoluto ningún presupuesto, sino de insertar la difusión de Calakmul como punta de lanza de todo nuestro patrimonio nacional, como uno de los mejores ejemplos a los ojos del mundo en materia de identidad, preservación y conservación de nuestro rico legado histórico.

Creemos que si comenzamos con cierta publicidad oficial puede ser un inicio para la difusión e importancia de nuestro único bien mixto de la humanidad que tenemos en nuestro país, Calakmul.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) al día de hoy produce más de cinco millones de boletos, y la Antigua Ciudad Maya y Bosques Protegidos de Calakmul, Campeche, único Patrimonio Mixto de la Humanidad en México debe ser una imagen a difundir en dichos boletos, ya sea impresos o electrónicos, de tal forma que con independencia del sitio que visite un turista, familia o grupo, nacional o extranjeros, tengan la oportunidad de conocer de la existencia de este bien, cultural y natural, orgullo de todos los mexicanos, y así despertar su interés para visitarlo.

Compañeras y compañeros legisladores, como diputado federal, representante del Distrito Electoral 01 que comprende el municipio de Calakmul, Campeche, y en cuyo territorio se encuentra la Antigua Ciudad Maya y Bosques Protegidos declarada por la UNESCO Patrimonio Mixto de la Humanidad, agradezco a todos ustedes el respaldo que hoy otorguen a la justa petición en el sentido anterior y que realizo ante ustedes utilizando la máxima tribuna de la Nación.

Es por lo anteriormente expuesto, que se pone a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria de Cultura y al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para que difunda en la boletería impresa y electrónica que se emita para el acceso a los diferentes sitios culturales y arqueológicos, una imagen simbólica de la Antigua Ciudad Maya y Bosques Protegidos de Calakmul, Campeche, presentándola como “Patrimonio Mixto, Cultural y Natural de la Humanidad”.

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro.- Ciudad de México, a 20 de diciembre de 2017.

Diputado Miguel Ángel Sulub Caamal (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a respetar el principio de presunción de inocencia y valorar de inmediato las pruebas de inocencia aportadas por la defensa de Laura Carranza Leal, acusada de delitos contra la salud por el envío de un medicamento controlado para su madre, paciente con esquizofrenia, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena

Araceli Damián González, diputada a la LXIII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes

Consideraciones

Laura Carranza Leal es una profesional de la psicología especialista en educación. Durante 2014, ella albergó en su domicilio de Guadalajara, Jalisco, a su madre, Blanca Alicia, quien padece de esquizofrenia desde hace cinco décadas. A finales de ese año, la madre se trasladó a Brownsville, Texas, donde vive otra de sus hijas.

Al término de 2015, durante un proceso de una mudanza, Laura descubrió que su madre había olvidado medicamentos, por lo que en enero de 2016 envió a su hermana hacia Matamoros, Tamaulipas, 30 pastillas y un frasco de 2.5 mililitros del medicamento clonazepam, equivalente a menos de un mes del tratamiento de su madre.

La Policía Federal detuvo el paquete y desde el 28 de octubre de 2016 la Procuraduría General de la República tiene una orden de aprehensión contra Laura, emitida por el juez penal Édgar Israel Flores del Toro, del Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en Jalisco, por presuntos delitos contra la salud en la modalidad de transporte. Al tratarse de un delito clasificado como grave, no hay derecho a libertad bajo fianza. Esto ha provocado que desde noviembre de 2016 Laura viva escondida.

Desde su primera visita a la Agencia Décimo Primera del Ministerio Público, Laura y su abogado defensor han seguido los procedimientos legales para que las autoridades valoren las pruebas que ella presentó desde el inicio, mismas que demuestran que Laura realizó el envío sin intención alguna de delinquir: la evidencia demuestra que su madre está enferma, que estuvo en Guadalajara, que el medicamento fue prescrito por un profesional de la psiquiatría con cédula profesional y que al escribir en el paquete sus datos reales no había dolo. A esto se debe sumar que el valor del medicamento enviado no supera los mil pesos. Con todo, la acusación sigue vigente y los jueces penal y de amparo no han respetado el principio de presunción de inocencia que debe regir el nuevo sistema de justicia en el país. Al respecto, Javier Reyes, esposo de Laura, comenta que “pensamos que esas pruebas las iba a tomar en cuenta el agente del Ministerio Público para plantear la acusación en otros términos, pero no fue así”.1

De obstinarse en ignorar la defensa presentada por Laura Carranza, el delito que se le imputa podría llevarla a prisión entre 7 y 25 años. Este sinsentido atenta contra la justicia y el respeto a los derechos humanos. Por lo anterior, es necesario que las autoridades judiciales valoren las pruebas aportadas para entender la intención del referido envío de medicamentos. Esto permitiría desistir de la acusación y reconocer la inocencia de Laura Carranza para que ella pueda retomar su vida con tranquilidad.

La misma Laura lo ha dicho: “Puedo aceptar que cometí un error al mandar el medicamento sin la receta correspondiente, pero cuando uno tiene 50 años de sufrir la esquizofrenia de una madre, uno le da prioridad a que ella tenga a la mano los medicamentos adquiridos para que mantenga su equilibrio mental. No pasa por la imaginación en ese momento que un envío con esa cantidad de pastillas y con esa intención va a ser interpretado por las autoridades como un hecho delictivo grave que acarreará una persecución por policías judiciales y jueces federales... En la lógica de las autoridades yo me jugué la posibilidad de años de cárcel para traficar psicotrópicos pretendiendo que mi hermana y yo ganáramos poco más de mil pesos”.2

Por lo aquí expuesto, pongo a consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República a respetar el principio de presunción de inocencia y valorar de inmediato las pruebas de inocencia aportadas por la defensa de Laura Carranza Leal, a quien se le acusa de delitos contra la salud por el envío de un medicamento controlado para su madre, paciente de esquizofrenia.

Notas

1 https://elpais.com/internacional/2017/11/09/mexico/1510186720_357238.ht ml

2 http://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=82244

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de diciembre de 2017.

Diputada Araceli Damián González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa y sus homólogas en las 32 entidades federativas a fortalecer las estrategias y acciones encaminadas a promover la buena alimentación en toda la población para disminuir el número de casos de enfermedades crónicas, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de esta Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La alimentación es parte fundamental para el correcto desarrollo biológico y mental de todas las personas, cada producto que se ingiere aporta cierta cantidad de nutrientes y grasas que el cuerpo necesita para realizar sus procesos naturales y mantener una vida saludable.

La Organización Mundial para la Salud (OMS) indica que el término “malnutrición” se refiere a las carencias, los excesos y los desequilibrios de la ingesta diaria calórica y de nutrientes de una persona. Estima que alrededor de mil 900 millones de adultos tienen sobrepeso u obesidad, mientras que 462 millones de personas tienen insuficiencia ponderal (las personas que pesan menos de lo que corresponde a su edad).1

El sobrepeso y la obesidad pueden ser consecuencia de un desequilibrio entre las calorías consumidas (demasiadas) y las calorías gastadas (insuficientes). A escala mundial, las personas cada vez consumen alimentos y bebidas más calóricos (con alto contenido en azúcares y grasas), y tienen una actividad física más reducida.

Estos padecimientos pueden estar acompañados de enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación como las cardiovasculares (el infarto de miocardio, accidentes cerebrovasculares, hipertensión arterial) algunos cánceres y la diabetes.

Las personas en condición de pobreza multiplican el riesgo de sufrir malnutrición y sus consecuencias, lo que afecta directamente en la economía de este sector, puesto que las enfermedades crónicas derivadas de una mala alimentación tienen un gran costo medico de tratamiento.

El excesivo consumo de alimentos llenos de energía, ciertas grasas, colesterol, alcohol y sodio (sobre todo la sal) y un consumo bajo de frutas, hortalizas y fibras, junto con estilos de vida sedentarios, contribuyen en forma importante al aumento en la incidencia de enfermedades crónicas como las enfermedades cardíacas, la hipertensión o presión arterial elevada, diabetes mellitus, cáncer, colesterol alto, entre otras más.2

Aproximadamente 30 por ciento de las muertes en el mundo por cáncer se deben a cinco factores de riesgo de costumbres alimentarias, como un índice de masa corporal elevado, consumo insuficiente de frutas y verduras, falta de actividad física y consumo de tabaco y alcohol, situaciones que pueden prevenirse.

Para 2014, 8.5 por ciento de los adultos de 18 años en adelante padecía diabetes. En 2015 fallecieron 1.6 millones de personas como consecuencia directa de la enfermedad y los niveles altos de glucemia fueron la causa de otros 2.2 millones de muertes en 2012. Asimismo, es un padecimiento que puede causar ceguera, insuficiencia renal, infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares y amputación de miembros inferiores.

El Instituto Nacional de Salud Pública establece que en México aproximadamente 14 por ciento de los adultos tiene diabetes, siendo considerada una de las principales causas de muerte en el país. Se estima que podrían ser 80 mil muertes por año.3

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las enfermedades cardiacas representaron casi 20 por ciento de las defunciones totales en el país en 2015, siendo las enfermedades isquémicas (infartos) las que ocupan el primer lugar como causas de estas defunciones con 68.5 por ciento.4

Durante el Congreso Nacional de Cardiología 2017, especialistas médicos indicaron que 20 por ciento de los adultos mexicanos padece de colesterol malo elevado y sólo uno de cada cinco mexicanos conoce hoy su nivel de colesterol. El sector de la población más afectado es de 50 a 79 años de edad.5

Con base en los datos anteriores, el consumo de alimentos grasos o muy calóricos son un factor muy importante para que la población tenga una vida saludable, así como la realización de actividades que ayuden a ejercitarse y evitar una vida sedentaria que sólo aumente los riesgos de sufrir alguna enfermedad.

Uno de los grandes problemas es la creciente industria alimentaria, puesto que la gran calidad de los alimentos que se ingieren están constituidos de productos químicos y de las transformaciones industriales que ayudan a prolongar las condiciones de los alimentos para que puedan ser consumidos días o meses después de haberse fabricado.

En este entendido, es importante que la Secretaría de Salud fortalezca sus acciones frente a los padecimientos derivados de una mala alimentación, a través de seguir impulsando campañas para promover los buenos hábitos alimenticios con el objeto de reducir los casos de enfermedades crónicas.

En el Grupo Parlamentario del PRI, creemos que es indispensable el seguir fortaleciendo políticas públicas en materia de salud, puesto que enfermedades como la diabetes o el cáncer se han convertido en un grave problema para todos los sectores de la población, especialmente aquellos con escasos recursos económicos, puesto que más allá de afectar la condición emocional, también influye en su economía personal y familiar.

Por lo anteriormente expuesto es que acudimos a esta honorable asamblea a proponer el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades federativas para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezcan las estrategias y acciones encaminadas a promover la buena alimentación en toda la población para disminuir el número de casos de enfermedades crónicas.

Notas

1 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/malnutrition/es/

2 http://www.fao.org/docrep/006/w0073s/w0073s0r.htm

3 https://www.insp.mx/presencia-insp/3877-presencia-insp.html

4 https://www.gob.mx/profeco/documentos/no-rompas-mas-tu-corazon-salud-ca rdiovascular?state=published

5 http://www.milenio.com/region/
riesgo_cardiovascular-colesterol-obesidad-sobrepeso-milenio_noticias_jalisco_0_1060693995.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de diciembre de 2017.

Rúbrica

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y la Profepa a investigar, inspeccionar y sancionar a quien resulte responsable por la contaminación del manantial de El Cubo, Guanajuato, a cargo de Virgilio Dante Caballero Pedraza y suscrita por Mario Ariel Juárez Rodríguez, diputados del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben, Virgilio Dante Caballero Pedraza y Mario Ariel Juárez Rodríguez, diputados federales de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena , con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El acceso al agua es considerado un derecho humano fundamental. Es así que diversos ordenamientos internacionales la han consagrado como un máximo derecho de la humanidad.

En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas adoptó su Observación General número 15 sobre el derecho al agua, estableciendo que “el derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”. El acceso universal al saneamiento “no solo reviste una importancia fundamental para la dignidad humana y la vida privada, sino que constituye uno de los principales mecanismos para proteger la calidad” de los recursos hídricos. Además, en abril de 2011, el Consejo de Derechos Humanos reconoce, mediante su Resolución 16/2, el acceso seguro al agua potable y al saneamiento como un derecho humano: un derecho a la vida y a la dignidad humana.

El Programa de ONU-Agua para la Promoción y la Comunicación en el marco del Decenio y Consejo de Colaboración para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento surgió a partir del establecimiento al derecho humano al agua y al saneamiento, reconocido por la Asamblea General de la ONU en julio de 2010, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos y exhorta a los Estados-parte a hacer todo lo necesario para dar a toda la población agua potable y saneamiento de manera suficiente, físicamente accesible y económicamente asequible. En México, el derecho humano al agua se reconoció en febrero de 2012 y está plasmado en el artículo cuarto de nuestra Constitución.

Este derecho es una oportunidad para avanzar hacia una sociedad incluyente, equitativa y justa. Para hacerlo realidad, es importante reconocer que la disponibilidad de agua depende de la salud de los ecosistemas y de factores como el aumento poblacional, la contaminación de los cuerpos de agua y la sobreexplotación de las aguas subterráneas.

Todas las personas tienen derecho a los servicios de agua y saneamiento físicamente accesibles; que se encuentren dentro o en las inmediaciones de su hogar, su lugar de trabajo o las instituciones educativas o de salud. Unos ajustes relativamente pequeños a los servicios de agua y saneamiento pueden garantizar que las necesidades de las personas con discapacidad, los ancianos, las mujeres y los niños sean tomadas en cuenta, mejorando así la dignidad, la salud y sobre todo, su calidad de vida.

Nuestra Constitución política en su artículo 4, párrafo 6 señala:

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.”

Es importante mencionar que el Estado viola dicho derecho cuando no todos sus habitantes tienen acceso a agua potable y saneamiento, ya que dicho derecho exige garantizar una asignación mínima de recursos que permita hacer realidad el derecho de forma progresiva.

Lamentablemente en la localidad de Mineral del Cubo (El Cubo) ubicado en el municipio de Guanajuato es visible que este derecho no es ejercido plenamente por la ciudadanía. Los habitantes de dicha comunidad, medios locales y pobladores de lugares aledaños, han hecho la denuncia pública de la presente afectación cometida por parte de la minera canadiense Endeavour Silver, una empresa de minería de plata de capitalización media.

La empresa ha contaminado el pozo que surte de agua potable a la comunidad del mineral en Guanajuato como consecuencia de sus actividades de extracción, por el polvo de los jales y deshechos del proceso de separación de metales. La situación ha sido documentada y denunciada por los habitantes de la comunidad, activistas y medios locales, quienes han solicitado la intervención de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y autoridades de los tres niveles de gobierno para que conozcan de la problemática y procedan conforme a derecho para evitar el deterioro al ecosistema y a la salud.

Posterior a dicha exigencia por parte de los actores involucrados, la Conagua procedió a realizar muestras para el análisis de la calidad del agua misma. Del presente análisis se encontró que el pozo que abastece de agua potable a la comunidad no se encontraba con los estándares de calidad para consumo humano, por lo cual se debería de buscar otra fuente de suministro.

El director estatal de la Conagua, Humberto Navarro de Alba informó que dichas muestras arrojaron que el agua no puede seguir siendo usada ya que en 14 de 124 indicadores está por debajo de la norma. Asimismo, especificó que esta fuente de abastecimiento de la comunidad de El Cubo no es un pozo sino un manantial por lo que el tema era competencia de la Conagua. No obstante, se procedió a verificar la calidad del agua.

En cuanto a si el agua está contaminada por la actividad de la minera “Endevour Silver”, dijo que existe la presencia de aluminio y fierro, además de coliformes fecales por lo cual hay posibilidad de que este siendo contaminada por los polvos de la presa de jales que hay en la zona.

El delegado de la Conagua señaló que se tuvo comunicación con la minera canadiense a la cual pidió que realizara el análisis, cuyos estudios arrojaron que el agua no es apta para el consumo humano. Aunque no se informó el nombre del laboratorio que hizo el estudio, se mencionó que era un laboratorio reconocido por la Conagua y que el trabajo está garantizado, pues el laboratorio está certificado.1

Retomando las denuncias públicas y el análisis de la Conagua, el caso fue atraído por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). José Isaac González Calderón delegado de dicha Procuraduría mencionó que se impuso una multa de 800 mil pesos a la minera Endeavour Silver y hay cinco procedimientos administrativos abiertos, por los trabajos que realiza en la zona de la comunidad de El Cubo.

Con relación a la denuncia de vecinos de la comunidad, que afirman que la minera está contaminando el pozo del que se surte de agua al pueblo, por los polvos que se levantan de la presa de desecho de la separación de los metales, conocida como presa de jales, el funcionario federal dijo que es una situación que se está revisando y que se permitió a la minera que rieguen la presa de jales, para que esté húmeda y no se levante polvo.

El delegado señaló que la Profepa no ha tomado muestra del agua para saber el grado de contaminación que tiene, pero sabe que la Conagua ya tomó las muestras, como ya se comentó, de manera que se solicitarían. Asimismo, informó que se ha clausurado una presa de jales, y como no hay humedad en esa presa, eso está generando polvos, por eso se autorizó a la minera que la moje, para que no se generen polvos.

Se cuestionó a González Calderón sobre el hecho de que haya presas de jales en las inmediaciones de asentamientos humanos, a partir de la generación de problemas como lo que está sucediendo en El Cubo, pero justificó que eso no lo determina la Profepa, sino que es competencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Semarnat. Por lo cual dentro su competencia es sólo inspeccionar que se cumpla con los requisitos de los permisos que otorga la Semarnat o en su caso, interponer sanciones administrativas e incluso penales.

De acuerdo a los datos de la misma minera canadiense, la riqueza que queda por extraer en la mina El Cubo está valorada en miles de millones de dólares, por lo que la inversión que se está haciendo es muy importante y se presume que aún habrá actividad en la zona durante muchos años. Los beneficios para la gente de la zona son mínimos, dejando en indefensión a los habitantes de la comunidad. Es claro que las multas que se han impuestos son insignificantes a lado de las ganancias en contra del daño y vulneración al derecho humano al agua.2

Los activistas señalan que no sólo se ha contaminado el manantial que funciona como pozo para surtir agua a la comunidad El Cubo. También se ha contaminado el río causando problemas de salud como conjuntivitis, sinusitis y pulmonares sin que las autoridades hayan tomado medidas para evitar estas situaciones.

Mencionan que otro de los daños al río es que los deshechos que se generan del quebrantamiento de las rocas donde hay mineral, son piedra molida con agua y todos los elementos químicos que usan para separar el oro y la plata de la piedra se han tirado indiscriminadamente, lo cual ha provocado que el rio se azolve, creando así una afectación en tiempos de lluvias con el riesgo de que la presa de jales se desborde y contamine el río. Es necesario que las autoridades competentes tomen acciones para prevenir estas situaciones.

Es lamentable que un pueblo, que a pesar de generar tanta riqueza, sea un pueblo olvidado y muestre altos índices de pobreza y desempleo ya que los habitantes tienen que salir en busca de oportunidades a otros estados.

Nuestra carta magna estipula en su artículo 4 que:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”

Es a partir de la demanda del cumplimiento del precepto Constitucional, que el Estado no debe ser indiferente ante una problemática de violación de derechos fundamentales de este nivel.

Por lo anteriormente expuesto, presentamos ante esta Comisión Permanente la presente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Semarnat para que en el ámbito de sus atribuciones investigue, inspeccione la presunta afectación por contaminación al manantial de la comunidad de El Cubo por parte de la minera Endeavour Silver.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Profepa para que investigue, vigile y sancione administrativamente y penalmente a los responsables de la contaminación del manantial de la comunidad de El Cubo.

Notas

1 http://zonafranca.mx/agua-de-el-cubo-no-es-apta-para-consumo-determina- conagua-detecta-presencia-de-dos-minerales/

2 http://zonafranca.mx/tibia-multa-de-profepa-a-minera-canadiense-que-con tamina-pozo-de-agua-potable-en-guanajuato/

Sede de la Comisión Permanente, a 20 de diciembre de 2017.

Diputados: Virgilio Dante Caballero Pedraza (rúbrica), Mario Ariel Juárez Rodríguez.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a reforzar con las entidades federativas las acciones destinadas a prevenir y reducir la violencia escolar, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, María Gloria Hernández Madrid, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

A lo largo de los últimos años la violencia se ha destacado como uno de los principales temas de preocupación a nivel nacional. De acuerdo con cifras derivadas de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública desarrollada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la percepción de inseguridad de la población de 18 años y más, en las entidades federativas al momento del levantamiento de la encuesta (marzo – abril 2016), se ubicó en 72.4 por ciento, manteniéndose en niveles similares a los estimados de 2013 a 2015. Sin embargo, la sensación de inseguridad en los ámbitos más próximos a las personas se ha incrementado en 2016, llegando a 65.1 por ciento y 45.4 por ciento de la población de 18 años y más que se siente insegura en su municipio o delegación y en su colonia o localidad, respectivamente. Esto nos lleva a establecer que los niños y adolescentes se están desarrollando en un ambiente violento, sin importar el contexto en el que se encuentren, sea el hogar, el barrio o la escuela, ello sin dejar de lado los constantes mensajes violentos provenientes de los medios de comunicación tradicionales y de las redes sociales. Tal situación lleva a reproducir la violencia y, en el peor de los casos a normalizarla, lo que incide negativamente en la formación de ciudadanía, el fortalecimiento del Estado de Derecho y la convivencia entre los mexicanos.

La reproducción de conductas violentas se explica a partir del contacto de niños y adolescentes con aquellos actores que con su actitud orientan la conducta de los menores, ya sea que se trate de amigos, profesores, padres u otros personajes cuyos modelos de comportamiento vienen determinados por antivalores que privilegian la resolución de la conflictiva social mediante el uso de la fuerza, por encima del diálogo y el acuerdo.

Si bien es cierto los estudiosos de la conducta han admitido que la violencia constituye una herramienta primaria de sobrevivencia, no lo es menos que también estamos hablando de una construcción cultural forjada a lo largo de siglos, un bagaje que es transmitido de generación en generación y que responde a las relaciones de poder existentes. La violencia también es un mecanismo de coerción que puede ser utilizado para garantizar determinado orden social. En este sentido, la violencia se manifiesta de forma física o simbólica, como la incapacidad que los seres humanos tienen de resolver sus conflictos a través de soluciones constructivas.

A pesar de lo anterior, no podemos aceptar una postura determinista que establezca a la violencia como parte de un ciclo interminable y fatal, como una conducta consubstancial e irrefrenable por parte del ser humano. Nos negamos a suponer que ésta sea la única forma aceptable de socialización, la mejor manera de resolver la compleja conflictiva cotidiana, toda vez que la experiencia histórica nos demuestra que ésta puede ser desterrada, y a partir de ello, construir nuevas relaciones sociales que privilegian valores como el diálogo, la solidaridad, la colaboración y la paz.

Aunado a lo anterior, también creemos que el uso de la violencia como instrumento decisivo en la interacción entre personas surge a partir de una decisión personal, aunque no siempre consciente de las consecuencias que ésta genera. Sin deseos de acudir a anécdotas para ilustrar la gravedad de la problemática que estamos exponiendo, debemos aceptar que no es cosa rara leer en los diarios que un conflicto de tránsito vehicular puede llegar a degenerar en la muerte de uno de los participantes. Lo que se vuelve indispensable es concientizar a los individuos sobre tales consecuencias, pero también acerca de la creación de nuevas formas de entendimiento mucho más armoniosas.

La conclusión señalada en el párrafo precedente es real, no una entelequia, ya que es dado a los seres humanos transformar su realidad, pero no de manera automática, sino a partir de la concientización, primero, y la modificación de sus conductas, después. Sociedades que durante la primera mitad del siglo XX se distinguieron por su ánimo belicoso y mal talante hacia sus vecinos, como la alemana y la japonesa, ahora son ejemplo de desarrollo pacífico, colaboración y liderazgo sustentado en el intercambio comercial y lo que algunos estudiosos conocen como el “soft power” o “poder blando”, es decir, la capacidad de influir en los demás a partir de la propagación no violenta de sus valores.

Si hemos de aceptar entonces que la violencia puede ser desterrada de las relaciones humanas, lo que se necesita entonces es la adopción de una serie de medidas dirigidas a domesticar impulsos primitivos y violentos, privilegiar la propagación de valores tendientes a construir una convivencia mucho más armoniosa, apelando para ello a la racionalidad del ser humano, esa capacidad de entendimiento que le distingue de los animales y que lo ha convertido en la especie dominante en el planeta.

Dejar de normalizar la violencia constituye un paso decisivo hacia la dirección planteada en el párrafo precedente, sobre todo en los ambientes escolares. Hasta ahora, existe la creencia en el sentido de que la violencia en los espacios educativos constituye una suerte de paso hacia la maduración, un destino inevitable en el que la víctima de agresiones debe responder con la fuerza física a cualquier agresión que tienda a disminuir su identidad y valor frente a los demás, sobre todo entre los alumnos del sexo masculino. Se llega a pensar que un ataque puede ser una forma de juego, una broma que debe ser respondida con otra de mayor talante, a fin de obtener respeto.

Nada de esto es cierto. La violencia entre alumnos es causa de depresión y ansiedad, motivo de lesiones graves o de la muerte de niños y jóvenes, sea por la agresión sufrida o a causa de suicidios. Se trata de humillaciones que marcan para siempre a las víctimas y las predisponen en sus relaciones. Además, las escuelas, son reflejo de la dinámica social, no importando si se trata de planteles públicos o privados. Constituyen un termómetro que nos ayuda a comprender el ánimo de la población. Es por eso que, para lograr la pacificación del país, se vuelve necesario erradicar la violencia de las instituciones educativas.

Empero, la construcción de nuevas formas de convivencia para los menores y adolescentes debe abarcar también otros espacios como la familia, los medios de comunicación o los barrios y colonias, pues justamente ahí también se reproducen conductas antisociales que perpetúan la mala interacción que existe entre los mexicanos.

El acoso entre pares escolares se ha transformado de una cuestión disciplinaria a un problema social. De acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), un 20 por ciento de los estudiantes en México declaró sufrir acoso escolar al menos unas pocas veces al mes (un punto por encima de la media de la OCDE que es del 19 por ciento), y el 13 por ciento que otros se burlaban de ellos (media OCDE: 11 por ciento). Los estudiantes en el decil inferior de rendimiento en ciencias son casi dos veces más propensos que los estudiantes en el decil superior a declarar que son frecuentemente golpeados o empujados, y casi tres veces más propensos a ser objeto de rumores desagradables. En México, como ocurre en la media de los países de la OCDE, las escuelas con altos niveles de acoso escolar obtienen un promedio menor en la puntuación en ciencias de sus estudiantes que las escuelas con bajos niveles, incluso controlando por el estatus socioeconómico de los alumnos.

Otros datos que ofrece la OCDE sobre el tema que nos atañe son los siguientes:

• Los niños mexicanos son más propensos (un 5 por ciento más) que las niñas a expresar que son víctimas de algún tipo de acoso escolar al menos alguna vez al mes (media OCDE: 2 por ciento).

• Los estudiantes en el decil inferior de rendimiento en ciencias son casi dos veces más propensos que los estudiantes en el decil superior a declarar que son frecuentemente golpeados o empujados, y casi tres veces más propensos a ser objeto de rumores desagradables.

• En México, las escuelas con altos niveles de acoso escolar (donde más del 10 por ciento de los estudiantes son frecuentemente víctimas de intimidación) obtienen un promedio de 34 puntos menos en ciencias que en las escuelas con bajos niveles (donde menos del 5 por ciento es frecuentemente intimidado). Esta diferencia se reduce a 22 puntos al considerar las diferencias en la composición socioeconómica de las escuelas.

• Alrededor del 14 por ciento de los estudiantes en México que declaran haber sido víctimas de acoso frecuentemente, por el 5 por ciento de los estudiantes que no lo son, informaron que no están satisfechos con su vida, siendo ésta la menor diferencia observada entre los países de la OCDE. En México, el 41 por ciento de los estudiantes que son frecuentemente víctimas de acoso, frente al 23 por ciento de los alumnos que no son frecuentemente víctimas de malos tratos, informaron sentirse sin sentido de pertenencia a la escuela.

• En México, como en la mayor parte de los países participantes en PISA, la exposición frecuente a cualquier tipo de acoso es mayor entre los estudiantes que no sienten que sus padres les ayudan con sus dificultades en la escuela que entre los estudiantes que perciben este tipo de apoyo parental.

• En México, alrededor del 44 por ciento de los padres de niños que son víctimas frecuentes de acoso, y el 39 por ciento de los padres de niños que no lo son, informan haber intercambiado ideas con los maestros sobre cómo criar a los hijos.

• Este diálogo entre padres y profesores es menos común en México que en la media de países de PISA que recogieron datos de los padres (un 20 por ciento más).

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha señalado que 7 de cada 10 niños han sido víctimas de violencia escolar. Los jóvenes afectados sufren reitera autoestima y bajo rendimiento escolar, deserción, así como problemas de sueño y terrores nocturnos; muchos dejan de comer, bajan de peso, están ansiosos e irritables y/o padecen de lesiones que llegan, en ciertos casos, a ser mortales; presentan severos conflictos emocionales y depresión que incluso los lleva al suicido.

Las formas de violencia escolar pueden ser de naturaleza física, verbal, social, económica y sicológica o adquirir formas novedosas como el ciberbullying. Dicha conducta es ejercida no sólo entre pares, sino que puede provenir de maestros, padres de familia y personal administrativo o de intendencia.

Los órganos del Estado mexicano no han permanecido indiferentes hacia esta problemática. El tema ha sido motivo de innumerables iniciativas y puntos de acuerdo en el Congreso de la Unión, mientras que las autoridades educativas federales han desarrollado estrategias tendientes a combatir el acoso escolar, en coordinación con las Entidades Federativas. También se han llevado Acciones para Mejorar la Convivencia Escolar en el marco del Programa Nacional para la Prevención Socia y la Delincuencia. Dentro de dicho programa se promueve la capacitación a niños y jóvenes para prevenir la violencia escolar, se llevan a cabo talleres y acciones que involucren a los estudiantes como agentes mediadores en los planteles escolares, y finalmente, se prevén acciones contra el acoso escolar.

Asimismo, el tema fue incluido como parte de la discusión llevada a cabo en las Mesas de Diálogo de Justicia Cotidiana, con la finalidad de establecer un diagnóstico del problema, identificar las causas y los actores.

A pesar de los esfuerzos desplegados, lo cierto es que el problema está lejos de ser erradicado. De acuerdo con el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, durante el ciclo escolar 2016 – 2017 se incrementó 182 por ciento el número de denuncias de varones por casos de violencia y acoso escolar. Dicha organización detalló que las que más se repitieron fueron los casos de ciber acoso, sexting (envío de contenidos de tipo sexual, principalmente fotografías y/o videos) y packs (paquetes de fotografías eróticas y comprometedoras de menores enviadas a otros adolescentes). Según el organismo, las quejas fueron captadas por la línea telefónica ciudadana 5533 5533, sobre todo de estudiantes y padres de familia de escuelas de primaria y secundaria, aunque también se dan casos, en menor cantidad, de centros de educación media superior. El Consejo Ciudadano remarcó que, en ese ciclo escolar, que concluyó en julio pasado, “se presentó un fenómeno de incremento de denuncias de varones (por violencia y acoso escolar), principalmente padres de familia, que pasó de 17 por ciento de llamadas en el ciclo 2015-2016, a 48 por ciento”.

En el estado de Hidalgo, la Secretaría de Educación Pública local trabaja con la plataforma en línea denominada Registro Estatal de Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia Escolar (REPAEVE), a través de la cual se busca tener un registro puntual de casos de violencia escolar y así contribuir en la solución de esta problemática. A decir de los funcionarios encargados de este registro, dicha herramienta tiene dos funciones específicas: tener un registro de casos de abuso escolar que genere cifras oficiales para su estudio y aplicación de políticas públicas efectivas para su prevención y erradicación y darle seguimiento a los casos de violencia escolar, ya que se busca que esta plataforma sirva como una ventanilla de acercamiento de padres de familia y alumnos inmersos en acoso escolar, tanto de la parte agredida como los agresores, para que se les canalice con la instancia que les brinde atención.

Cabe señalar que durante el presente año, en el REPAEVE se recibieron 210 quejas que engloban la violencia psicológica, sexual, física, verbal, cibernética y exclusión social, mismas que ya han sido atendidas de manera puntual por un equipo multidisciplinario.

Cierto es que a partir de cifras emanadas de dos entidades federativas no se puede establecer una tendencia nacional, pero por la densidad poblacional de ambas, lo que ocurre en éstas no puede ser obviado por lo que se vuelve necesario establecer la necesidad de llamar la atención de los tres niveles de gobierno a efecto que continúen desplegando todos sus esfuerzos a fin de poner un alto al acoso escolar.

El éxito de una cruzada como la que se ha propuesto, en contra de la violencia escolar, constituiría un paso importante hacia la recuperación de la paz pública, pues podría impactar más allá de los planteles escolares y proyectarse en la cotidianidad de nuestro país. Asimismo, contribuiría a generar ciudadanos, es decir, personas con derechos frente al Estado, pero con responsabilidades hacia sus semejantes.

En virtud de lo anteriormente fundado y motivado, ponemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a efecto de que, en coordinación con las entidades federativas, refuerce las acciones destinadas a prevenir y reducir la violencia escolar.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de diciembre de 2017.

Diputada María Gloria Hernández Madrid (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Chihuahua a fortalecer la estrategia de seguridad ante el incremento sostenido de los delitos de alto impacto, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, senadores de la república, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La seguridad pública constituye una de las principales funciones de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, por lo que su cumplimiento es medular para hacer asequible la salvaguarda de la integridad y patrimonio de la ciudadanía. En contravención a ello, durante el año en curso una de las preocupaciones más latentes que se han observado en el estado de Chihuahua es la relativa al incremento sostenido de la incidencia delictiva.

El panorama de violencia e inseguridad que prevalece en Chihuahua se puede observar en el desarrollo de múltiples jornadas de violencia ocurridas en diferentes zonas y regiones de la entidad, así como el aumento en la comisión de delitos.

El aumento en la comisión de conductas antijurídicas, va desde aquellas relacionadas con ilícitos como lesiones, daño en propiedad ajena, fraudes, robo a casa habitación o robo de vehículos, hasta aquellos denominados de alto impacto como son secuestro, extorsión, robo con violencia, homicidio doloso o violación. Al efecto, una de las conductas que presenta un aumento considerable en detrimento de la esfera jurídica de la población es el robo de vehículos, cuestión que tiene repercusiones de diversa índole para las familias mexicanas.

En un panorama general, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mientras que en todo el 2016 se presentaron 57 mil 902 denuncias, de enero a octubre de 2017 la cifra es de 58 mil 41.1 Lo anterior se torna aún más grave si tenemos en cuenta que de continuar con la tendencia observada en el año en curso, el número podría estar en alrededor de 70 mil.

En el mismo tenor están las denuncias presentadas ante las agencias del Ministerio Público por la comisión del delito de robo, debido a que mientras en todo el año 2016 hubo 13 mil 436 casos, de enero a octubre de 2017 la cifra es de 14 mil 320; y los homicidios con 1 mil 546 en todo el 2016 y 1 mil 583 durante los primeros diez meses del año en curso.

Por lo que respecta al aumento en la comisión robo de un automóvil, cabe destacar que dichas conductas derivan en afectaciones para el desarrollo de actividades cotidianas como son las laborales, personales o académicas debido a que implica pérdidas económicas pero también de tiempo, lo que a su vez hace imperativa la reformulación de las actividades de la víctimas del delito.

Bajo esta tesitura, no podemos ser omisos ante el hecho de que en días recientes, en diversos medios de comunicación se dio a conocer que entre octubre de 2016 y septiembre de 2017 en el estado de Chihuahua se robaron 1 mil 237 vehículos asegurados, cifra que representa un aumento del 25.2 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, donde se reportaron 988 ilícitos de esta naturaleza (con base a información del reporte “robo y recuperación de automóviles asegurados” elaborado por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).2

Sobre el particular, cabe destacar que del total de robos de automóviles que ocurren en el estado de Chihuahua, 30 por ciento fueron cometidos con uso de violencia y el 70 por ciento restante fueron efectuados cuando la unidad se encontraba estacionada. Igual de importante es precisar que el 65 por ciento de las unidades robadas corresponde a automóviles particulares; el 30 por ciento a camionetas y pickups; el 2 por ciento a motocicletas; y el 3 por ciento a equipo pesado.

Por si esto no fuera suficiente, vemos que de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mientras que en todo el año 2016 se presentaron 518 denuncias por robo de vehículos en las Agencias del Ministerio Público del estado de Chihuahua, hasta el mes de octubre de 2017, el número asciende a 477. De continuar con esta incidencia, la comisión de este tipo de ilícitos será mayor en el año en curso, en relación al inmediato anterior.3

Las consideraciones vertidas dan muestra del clima de violencia e inseguridad que impera en la entidad, por ello, es de suma trascendencia que se realicen las acciones formuladas en el presente punto de acuerdo.

Para ponderar la pertinencia del presente punto de acuerdo, es oportuno referir que en términos del artículo 2, párrafo primero de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del estado de Chihuahua, la seguridad pública consiste en una función a cargo del Estado y los municipios, en su respectivo ámbito de competencia, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo.

Lo anterior, se encuentra en consonancia con lo dispuesto en el artículo 21, párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precepto jurídico que en su última porción normativa precisa que: La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos (...).

Al efecto, el artículo 93, fracción XIII de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, al gobernador de la entidad le corresponde organizar conforme a la ley las fuerzas de seguridad pública estatales. Por otro lado, el artículo 4, fracción XVIII de la propia Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del estado de Chihuahua dispone que la Fiscalía General integra al Ministerio Público, los Servicios Periciales, las Instituciones Policiales del Estado y demás auxiliares de aquél.

A partir de las consideraciones vertidas, los legisladores del PRI consideramos de la máxima relevancia que se lleven a cabo las acciones solicitadas en el presente punto de acuerdo, cuyo objetivo radica en ampliar la protección del patrimonio de la población del estado de Chihuahua y por supuesto de su tranquilidad e integridad.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Chihuahua para que, en el marco de sus atribuciones y en coordinación con los Ayuntamientos, fortalezcan la estrategia de seguridad, ante el incremento sostenido de los delitos de alto impacto en la entidad durante el año 2017.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Chihuahua para que en el marco de sus atribuciones constitucionales y legales, a través de la Fiscalía General estatal, instrumente operativos en materia de prevención y combate de robo de automóviles asegurados, ante el incremento sostenido de este tipo de ilícitos que se registra en la entidad.

Notas

1http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisti cas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2017_102017.pdf

2 http://eldiariodechihuahua.mx/Economia/2017/12/12/aumenta-25-robo-de-au tos-asegurados-en-chihuahua/

3 http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-del ictiva-fuero-comun.php

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 20 de diciembre de 2017.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a exponer ante la opinión pública los motivos del “aviso por el que se dan a conocer los criterios en materia de verificación vehicular obligatoria para el primer semestre de 2018”, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, María Gloría Hernández Madrid, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 18 de diciembre del año en curso fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el “Aviso por el que se dan a conocer los criterios en materia de verificación vehicular obligatoria para el primer semestre del año 2018”. Por medio de dicho instrumento normativo se reconoce la vigencia de las Constancias de Verificación Vehicular tipo “0”, “1” o “2” otorgadas durante el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria del Segundo Semestre del año 2017, por única ocasión para el primer semestre de 2018.

De igual forma, se reconoce por única ocasión para el primer semestre de 2018, la vigencia de las Constancias de Verificación Vehicular tipo “00” que venzan durante el primer semestre del año 2018, debiendo realizar la verificación vehicular en el periodo que les corresponda en el segundo semestre de 2018.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, la medida obedece a que actualmente se están equipando los 55 Centros de Verificación Vehicular autorizados el 12 de mayo de 2017, mismos que serán instalados durante el primer semestre de 2018, a fin de mejorar y ampliar “la infraestructura de equipos de verificación vehicular de acuerdo con los avances científicos y tecnológicos, así como la excelencia en el servicio, el análisis integral de contaminantes, y la nueva regulación y normatividad vigente”.

Al anunciar la insólita medida, la secretaria del Medio Ambiente, Tanya Müller, expresó que no hay evidencia científica que indique que la suspensión durante seis meses del Programa de Verificación Vehicular pueda empeorar la calidad del aire. Incluso, se aventuró a decir que la contaminación vehicular estará controlada a través del programa Hoy No Circula.

Resulta imposible negar que la medida gozará de enorme popularidad entre la población de la Ciudad de México, pues librará durante medio año a los automovilistas de la pesada carga consistente en pagar derechos, agendar citas, hacer filas interminables y, en no pocos casos, padecer la extorsión de los empleados de los verificentros. Sin embargo, que la medida sea popular no implica que sea racional.

Por principio de cuentas, cabe resaltar que los propietarios de vehículos deberán presentarse a verificar nuevamente a partir del 1 de julio de 2018, situación que llama poderosamente la atención, toda vez que la tregua verificativa coincide con el periodo de las campañas electorales y la celebración de los comicios en los cuales se elegirá a un nuevo Jefe de Gobierno, dieciséis alcaldes, sesenta y seis diputados al Congreso de la Ciudad de México, tres senadores, veinticuatro diputados federales y decenas de concejales para cada una de las demarcaciones territoriales. Tanta coincidencia resulta sumamente sospechosa, si tomamos en consideración que diversos estudios demoscópicos apuntan en el sentido de que la posibilidad de una alternancia en el gobierno capitalino es una posibilidad sumamente real. De resultar fundado este recelo, estaríamos frente a un desafortunado caso en el que se sacrifica la salud de los capitalinos y la protección al medio ambiente, en aras de una popularidad pasajera.

Con la medida antes referida, los propietarios de vehículos automotores pierden incentivos para mantener en buen estado sus unidades, pues ante la ausencia de verificaciones, las afinaciones, cambios de aceites y filtros se volverán ociosos, afectando así a los propietarios de talleres mecánicos, quienes verán disminuidos sus ingresos.

Igualmente, muchas personas que pensaban prescindir de sus vehículos viejos dejarán de hacerlo al menos por otro medio año, lo que incidirá negativamente en la edad promedio del parque vehicular.

La suspensión en las verificaciones también priva a las arcas de la ciudad de aquellos recursos que se generan como consecuencia del pago de hologramas, los cuales, sin importar su monto, bien podrían dedicarse a la satisfacción de necesidades públicas.

Por si no fuera suficiente lo anterior, la medida deviene en discriminatoria, toda vez que mientras los vehículos con placas de la Ciudad de México quedan exentos de la verificación, los emplacados en los estados de México, Morelos, Hidalgo, Querétaro, Puebla, Tlaxcala, Guanajuato y Michoacán siguen sujetos a dicho requisito, lo cual resulta inaceptable si tomamos en consideración que, salvo las dos últimas entidades, el resto forma parte de una megalópolis que se rige bajo lineamientos homogéneos en materia de calidad del aire.

Ahora bien, la afirmación de la titular del Medio Ambiente capitalina en el sentido de que la contaminación está controlada, choca con la realidad, pues apenas el pasado 14 de diciembre tuvo lugar una contingencia que abarcó a la delegación Gustavo A. Madero.

Si la ruta por la que opte el mandatario capitalino es la de liberar de obligaciones a la población a cambio de votos para su partido, queda esperar para los próximos meses la falta de cobro de impuestos o la omisión en la aplicación de multas de tránsito, aun cuando éstas sean justificadas, camino que, advertimos, no contribuye a generar ciudadanía, sino que no redunda a favor de la ingobernabilidad y de la falta de respeto al Estado de Derecho.

Dados los alcances de la medida adoptada, queda por esperar una aclaración ante esta Comisión Permanente por parte del Jefe de Gobierno sobre el particular, ya que, una de dos, o se ha engañado durante años a los automovilistas con la aplicación semestral de las verificaciones, dado que se puede prescindir de dicha medida sin perjuicios para la ciudad, o se está haciendo campaña de forma irresponsable y demagógica a costa de la calidad del aire.

En virtud de lo anteriormente fundado y motivado, ponemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al ciudadano jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a efecto de que exponga a la opinión pública los motivos por los cuales se realizó el “Aviso por el que se dan a conocer los criterios en materia de verificación vehicular obligatoria para el primer semestre del año 2018”.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de diciembre de 2017.

Diputada María Gloria Hernández Madrid (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Auditoría Superior de Guanajuato y el SAT a realizar una investigación sobre la suscripción por el gobierno estatal de convenios en materia de servicios periodísticos con presuntas empresas fantasma; y a informar respecto a las sanciones administrativas y penales impuestas a los servidores públicos involucrados, suscrita por senadores integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores de la República integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, son aspectos fundamentales para avanzar en la consolidación democrática, el fortalecimiento de las instituciones y la credibilidad en las instituciones, autoridades y los servidores públicos.

Se trata de componentes sustanciales para una gestión pública eficaz y eficiente, que contribuya al mejoramiento del bienestar de los ciudadanos.

El artículo 134 de la Constitución Política, establece a la letra que “los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados”.

Por su parte, el párrafo séptimo del mismo artículo menciona que “los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia de los partidos políticos”.

Pese a ello, a lo largo de la actual administración del gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, se han observado diversas irregularidades que atentan contra el manejo eficaz, eficiente, responsable y transparente en el ejercicio de los recursos públicos, en perjuicio de los habitantes.

Según diversos medios periodísticos, el gobierno de la entidad ha efectuado convenios de intermediación para adquirir servicios periodísticos con una empresa, que tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción tienen enlistada como sospechosa de operaciones inexistentes, es decir, “fantasma”.1

Al respecto, se cita que el gobernador estatal ha otorgado por lo menos siete contratos por 4.6 millones de pesos, a una empresa señalada por la Secretaría de Hacienda, por presunción de actividades inexistentes.

Se trata de la empresa FBM Comercializadora, enlistada por la administración general de Auditoría Fiscal Federal, en el Diario Oficial de la Federación el pasado 17 de agosto, como una de las 156 empresas de las que se detectó que “emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes”.2

Aunque con anterioridad se informó a la empresa que regularizara su situación, dentro de un plazo de 15 días hábiles, no se registra a la fecha evidencia que de que hayan presentado elementos para aclarar su estatus.

Asimismo, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, incluyó a FBM Comercializadora el 8 de noviembre en su lista de empresas fantasma, de las cuales requirió, vía acceso a la información, la existencia de posibles contratos sostenidos con dependencias y en entidades de todo el gobierno federal.3

Esta empresa ha sido contratada como un intermediario para que a su vez convenga espacios de publicidad en las páginas web de los siguientes diarios durante 2016: El Sol de Irapuato, El Sol de Salamanca, Sol de Bajío y Noticias Vespertinas y apareció entre los proveedores de la Coordinación de Comunicación Social del gobierno del estado de Guanajuato en 2015, con una contratación de sólo 183 mil pesos.

Pero, un año después registró un aumento exponencial de sus montos de contratación: con un millón 430 mil pesos, en tanto que entre enero y octubre de este año, ha facturado tres millones 43 mil pesos. Esta información aparece para su consulta en la página de Transparencia del Gobierno del estado de Guanajuato, de acuerdo a la ley vigente.4

Llama la atención el mecanismo de la intermediación ya que la Coordinación de Comunicación Social, de forma directa, tiene convenios con los periódicos de la Organización Editorial Mexicana (OEM), para los cuales F.B.M. aparece como bróker o intermediario.

Al respecto, cabe mencionar que tan solo el año pasado, dicha dependencia contrató directamente 10.9 millones de pesos a dichos diarios; mientras que en 2017, la asignación a la comercializadora aumenta a 2.8 millones de pesos, los contratos directos a los rotativos de la OEM en la entidad se incrementaron a 13.6 millones.

Pese a esta situación –de acuerdo con medios periodísticos– el vocero de gobernador estatal oculta expedientes de dicha empresa calificada de “fantasma” por el SAT, bajo el argumento de que la revisión de los expedientes de los contratos celebrados entre el gobierno estatal y la empresa, así como los productos entregables de los mismos, violaría la Ley de Transparencia, negándose a acceder al material prometido.5

Lo anterior es solo un ejemplo que da cuenta de la opacidad y poca transparencia en el manejo de los recursos público en el gobierno del estado de Guanajuato, en detrimento de la implementación o fortalecimiento de proyectos económicos y programas sociales prioritarios.

La Auditoría Superior del estado de Guanajuato, es un órgano del Congreso del estado, que ejerce la función de fiscalización conforme a los principios de objetividad, definitividad, confiabilidad, imparcialidad, independencia, transparencia, legalidad y profesionalismo, reguladas por la Constitución Política del estado y por la Ley de Fiscalización Superior del estado de Guanajuato.6

El artículo 66 de la Constitución Política estatal7 , así como la Ley de Fiscalización Superior8 , otorgan a la Auditoría Superior del estado de Guanajuato, atribuciones para fiscalizar la recaudación, manejo, custodia, control y aplicación de los recursos públicos de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los ayuntamientos, las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal y los organismos autónomos y en general los recursos públicos que se destinen y ejerzan por cualquier entidad, persona física o jurídico colectiva, pública o privada, los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos, comités, patronatos, consejos o cualquier otra figura.

Por su parte, la Ley de Servicio de Administración Tributaria plantea en su artículo 2o. que “El Servicio de Administración Tributaria tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público, de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras, de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario de dichas disposiciones, y de generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y la evaluación de la política tributaria”9

La falta de transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos, es inadmisible en una entidad, como Guanajuato, donde persisten problemas y rezagos sociales que impiden garantizar de manera plena los derechos fundamentales de la población como la seguridad pública, y el acceso a la educación y la salud, principalmente.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior del estado de Guanajuato para que, en el marco de sus atribuciones, realice una investigación sobre la contratación de convenios en materia de medios periodísticos por parte del gobierno estatal con presuntas empresas “fantasma”. Asimismo, informe sobre las sanciones administrativas y penales impuestas a los servidores públicos involucrados.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetosamente al Servicio de Administración Tributaria para que, en el marco de sus atribuciones, investigue presuntas irregularidades fiscales en la contratación de convenios con empresas “fantasma” por parte del gobierno del estado de Guanajuato.

Notas

1 http://www.animalpolitico.com/2017/12/guanajuato-empresa-fantasma-contr atos/

2 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5494187&fecha=17/08/2 017

3 http://cpc.org.mx/wp-content/uploads/2017/11/Anexo-del-Comunicado.-List ado-de-empresas-fantasma.pdf

4 https://transparencia.guanajuato.gob.mx/transparencia/informacion_publi ca_porrubro.php?rubro=23

5 http://zonafranca.mx/se-cae-promesa-publica-de-transparencia-de-enrique -aviles-omite-entregar-expedientes-de-empresa-fantasma/

6 http://www.aseg.gob.mx/

7 http://www.congresogto.gob.mx/
leyes?utf8=%E2%9C%93&query=Constituci%C3%B3n+Pol%C3%ADtica+del+Estado+de+Guanajuato

8http://www.congresogto.gob.mx/uploads/ley/pdf/143/
Ley_de_Fiscalizacion_Sup_del_Edo_Gto_REF_P.O._28Oct2016_FedeE_02dic2016.pdf

9 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/93_171215.pdf

Dado en el salón de sesiones de la honorable Comisión Permanente, a los 20 días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a estrategias en materia de contención, programas preventivos y acciones de política pública encaminados a fortalecer las medidas de seguridad del Metrobús ante el incremento de asaltos y robos con violencia en la red, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, senadores de la república, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Metrobús es un sistema de transporte de la Ciudad de México que cuenta con 568 unidades para atender las 6 Líneas de servicio. De acuerdo con información del organismo, entre sus beneficios destaca la reducción en los tiempos de recorridos, la cobertura de la red por la capital del país y la accesibilidad de sus servicios para grupos vulnerables como personas con alguna discapacidad.

Para su operación, cuenta con un organismo público descentralizado, el cual se encarga de administrar, planear y tener el control del sistema. En los últimos meses, se anunció la apertura de una nueva Línea que recorrerá de “Indios Verdes a Campo Marte” que pretende beneficiar a por lo menos 130 mil personas diariamente.

No obstante, se ha convertido en un medio de transporte inseguro e ineficiente por el alto número de asaltos y robos con violencia que se han documentado en los últimos meses. Este panorama no solo vulnera la seguridad de los usuarios, sino que pone en riesgo su integridad física.

Para tener un contexto general de esta problemática, basta señalar los siguientes acontecimientos.

• El pasado 16 diciembre, al menos dos personas asaltaron a los usuarios de un autobús articulado en la colonia “Industrial Vallejo” en la delegación Azcapotzalco. Conforme a los primeros reportes, el comando armado obligó al conductor a alejarse de la estación Norte 59 para poder descender y huir con las pertenencias de los usuarios.1

• Según denuncias de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en lo que va del 2017 se ha reportado un incremento de hasta 300 por ciento en los robos en el transporte público Metrobús. En promedio, cada mes se roban siete teléfonos celulares, siendo la más afectada la Línea 1 que recorre de Indios Verdes al Caminero.2

• El robo a transeúntes se ha denunciado repetidamente, sin que las autoridades capitalinas amplíen y fortalezcan sus medidas para proteger la integridad y bienes de la población, entre los objetos más robados se encuentran teléfonos celulares, tabletas, carteras, bolsos de mano, cadenas de oro, relojes y otros objetos de valor.

• De acuerdo con las víctimas, los delincuentes aprovechan las horas pico para sustraer las pertenencias de los usuarios, incluso denunciado la posible colusión de los policías con estas bandas delictivas debido a que son nulas las personas retenidas y canalizadas al Ministerio Público.3

• A decir de organizaciones de la Sociedad Civil, el Metrobús no cuenta con los accesos y mecanismos suficientes para favorecer la movilidad a personas con dificultades motrices, auditivas o visuales, es decir, no asegura una accesibilidad universal. La Línea 1 presenta el 61 por ciento de accesibilidad, la Línea 2 y 3 tienen el 73 por ciento y la Línea 5 el 83 por ciento.

Además de esta inseguridad, la construcción de la Línea 7 ha mostrado diversas anomalías como nula transparencia, posibles repercusiones negativas al patrimonio cultural y carencia de los estudios de impacto ambiental.

En el caso específico de esta Línea, se pronostica que lejos de agilizar la circulación y disminuir el tráfico vehicular, el tránsito de las unidades del Metrobús provocará el incremento de las índices de contaminación y la concentración de unidades de motor, ya que se eliminará un carril sobre esta importante vialidad, esto significa que tendrán menos espacios para circular.

Para la autorización de esta Línea por Paseo de la Reforma, no se informó con oportunidad si se contaban con los estudios de transporte y movilidad que arrojarían los efectos secundarios provocados, como el tráfico generado en vías aledañas, los costos de los cambios de trayectos y las emisiones que se generarán con la entrada en circulación de las nuevas unidades.

Este panorama vulnera la tranquilidad e integridad de los usuarios del Metrobús, ante ello, el Grupo Parlamentario del PRI considera necesario que se amplíen las estrategias y acciones de política pública encaminadas a garantizar un clima de seguridad en la red del transporte público y respeto a los derechos humanos.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta.

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al gobierno de la Ciudad de México para que, a través de la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con la Dirección General del Metrobús, fortalezcan sus estrategias en materia de contención, programas preventivos y acciones de política pública encaminadas a fortalecer sus medidas de seguridad, ante el incremento de asaltados y robos con violencia en la red del sistema de transporte, situación que vulnera la integridad de los transeúntes y sus bienes.

Notas

1 Eduardo Hernández. (2017). Sujetos armados suben a Metrobús y asaltan a pasajeros. 18/12/2017, de El Universal Sitio web: http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/sujetos-armados-suben-metr obus-y-asaltan-pasajeros

2 David Fuentes. (2017). Roban hasta siete celulares al mes en el Metrobús: PGJ. 18/12/2017, de El Universal Sitio web: http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/roban-hasta-siete-celulare s-al-mes-en-el-metrobus-pgj

3 David Fuentes. (2017). También en Metrobús se dispara robo a usuarios. 18/12/2017, de El Universal Sitio web: http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/tambien-en-metrobus-se-dis para-robo-usuarios

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 20 de diciembre de 2017.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al ayuntamiento de La Paz, Baja California Sur, a informar a esta soberanía sobre los avances en la solventación de las observaciones de la ASF respecto a la Cuenta Pública de 2016, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los recursos del Ramo 33, son aportaciones que la Federación transfiere a las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para la ejecución de actividades relacionadas con áreas prioritarias para el desarrollo nacional, tales como: la educación básica y normal, salud, combate a la pobreza, asistencia social, infraestructura educativa, fortalecimiento de las entidades federativas y para los municipios y demarcaciones territoriales de la capital del país, seguridad pública, educación tecnológica y de adultos.

En el caso del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamundf), tiene como prioridad el cumplimiento de sus obligaciones financieras, el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.

En el municipio de La Paz, Baja California Sur, los recursos del Fortamundf son de gran importancia para solventar los gastos destinados a la seguridad pública, prueba de ello, es que durante el año 2016, el gasto ejercido del Fondo representó el 91.1 por ciento del monto total que este municipio destinó a este rubro.1

A pesar de trascendencia de este Fondo para garantizar la seguridad, el patrimonio y la tranquilidad de los habitantes de municipio de La Paz, la Auditoría Superior de la Federación detectó que el gobierno municipal incurrió en distintas irregularidades en el ejercicio del Fortamundf, que podrían significar un probable daño al erario público por cerca de 50 millones de pesos:

• Se efectuaron pagos por más de 2 millones 612 mil pesos, de los cuales no presentó la documentación justificativa y comprobatoria del gasto.

• El municipio realizó retenciones por más de 40 millones a personal pagado con los recursos del Fondo, para llevar a cabo sus respectivas aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), mismas que no fueron entregadas a dicha instancia.

• Se llevaron a cabo retenciones del Impuesto Sobre la Renta por casi 6 millones 400 mil pesos, que no fueron entregados al Sistema de Administración Tributaria.

• Se realizaron anticipos por casi 300 mil pesos por trabajos que no han sido amortizados.

Por otra parte, se adjudicaron de manera directa adquisiciones por poco más de 6 millones 300 mil pesos, sin que exista la justificación para no realizar el proceso de licitación pública correspondiente:

De acuerdo a datos del Semáforo Delictivo, los homicidios dolosos se han incrementado de manera preocupante, tan sólo en el mes de octubre de 2017 se presentó un aumento de 25 por ciento respecto al mismo período del año anterior. A pesar de ello, el municipio incurrió en un subejercicio por más de 30 millones 140 mil pesos.

La Auditoría Superior de la Federación concluyó que, el municipio de “no ejerció con eficiencia y eficacia los recursos del Fortamundf durante el ejercicio 2016.”

El municipio de La Paz tiene una plantilla de personal policial de 876 elementos, es decir, 0.0035 policías por cada mil habitantes, cifra muy por debajo al 2.9 por ciento que recomienda la ONU, por ello, resulta preocupante que dicha administración haya utilizado de forma ineficiente más de 80 millones de pesos destinados al fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al municipio de La Paz, Baja California Sur, a informar esta soberanía sobre los avances en la solventación de las Observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación correspondientes a la Cuenta Pública 2016, por realizar pagos indebidos, retenciones a los trabajadores de aportaciones al ISSSTE y del Impuesto sobre la Renta que no fueron entregadas a la instancias correspondientes. Todas estas irregularidades representan un presunto daño al erario público por casi 50 millones de pesos.

Nota

1 Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 16-D-03003-14-0585 585-DS-GF, <

http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2016_058 5_a.pdf> Consultado el 18 de noviembre de 2018.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Comisión Permanente, a los 20 días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al INE a fiscalizar los recursos asignados a Morena para conocer si su uso y destino se ajustan a la normativa en la materia, en virtud de los señalamientos de medios de comunicación que indican que se habrían utilizado para financiar las aspiraciones políticas de su presidente nacional, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los partidos políticos constituyen uno de los pilares fundamentales para el funcionamiento de las instituciones democráticas, porque además de ser uno de los canales para acceder al poder político a través de las elecciones, también contribuyen a agregar las principales demandas de la población y traducirlas en el diseño de políticas públicas.

Los partidos políticos son entidades de interés público y “...tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales.”1

Al recibir principalmente financiamiento público para su funcionamiento, los partidos políticos son sujetos obligados a transparentar el uso y destino de los recursos de origen público que reciben.2

En sentido contrario a estos principios, la opacidad y el uso discrecional de los recursos públicos que recibe el partido Morena ha sido el sello distintivo de los presidentes nacionales de este instituto político.

En noviembre del año 2015, Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia nacional de Morena, durante el año 2016, al partido se le asignó un presupuesto de 406 millones 877 mil pesos, mientras que para este año tiene asignados recursos por 400 millones 849 mil 652 pesos, lo que significa que el dirigente ha tenido a su disposición recursos por casi 808 millones de pesos, sin que hasta la fecha se conozca la manera en que se han ejercido dichos recursos, en virtud, de que dicha información no se encuentra disponible en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia.

Entre las omisiones en materia de transparencia en las que ha incurrido Morena podemos destacar las siguientes:

• La información con relación a la remuneraciones que el partido ha realizado no se encuentran actualizados, sólo existe información informal que se presentó durante la dirigencia de Martí Batres.

• No es posible conocer quiénes integran el Comité Ejecutivo Nacional de Morena.

• No ha difundido los montos de los viáticos otorgados.

• El partido no ha transparentado sus procesos de honor y justicia.3

Hace unos meses, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, presentó los resultados de verificación de Sujetos Obligados, en los que se encuentran los partidos políticos nacionales. El Partido Revolucionario Institucional fue el mejor evaluado con 86.5 puntos de 100 posibles; mientras que Morena fue el peor evaluado con una puntuación de 8.94 puntos.

Estos resultados no son una sorpresa, sino por el contrario confirman los señalamientos que distintos medios de comunicación realizaron en su momento y que hoy ratifican la falta de compromiso de este Morena con la transparencia.

Morena reconoció a través de una solicitud de información que su Comité de Transparencia aún está en proceso de conformación, argumentado que es un instituto político “de reciente creación”. Además, dicho instituto político señaló que su Unidad de Transparencia está conformada únicamente por el titular de la oficina de información pública.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, indicó en el expediente RRA 2464/16 que Morena no ha elaborado el reglamento para regular la creación y operación de su órgano de transparencia.

Ante estas presuntas omisiones, el dirigente nacional del partido morena, Andrés Manuel López Obrador, escribió en su cuenta de twitter lo siguiente:

“A los del INAI: dejen de estar volteando solo hacia nosotros. No somos corruptos. Pidan cuentas a la mafia del poder. No se hagan guajes.”

Estas declaraciones contrastan con los hechos, basta recordar que en diversas ocasiones Morena ha sido cuestionada, por no transparentar las aportaciones de sus militantes, en las que se encuentran los casos de Eva Cadena quien recibió 500 mil pesos para la campaña de López Obrador, sin importarle el origen de los mismos; Delfina Gómez fue señalada por desviar recursos del municipio de Texcoco y de parte del sueldo de los trabajadores para financiar sus actividades políticas; Rigoberto Salgado, recibió recursos en especie que no reportó y que posteriormente pagó mediante el otorgamiento de obras.

En virtud de las omisiones de transparencia del partido Morena, resulta necesario que el Instituto Nacional Electoral lleve a cabo sus atribuciones en materia de fiscalización, a fin de conocer que los recursos que ha ejercido dicho instituto político se hayan ejercido conforme a la normatividad aplicable.

La Ley General de Partidos, en su artículo 7, inciso d, señala que corresponde al INE la fiscalización de ingresos y egresos de los partidos políticos, sus coaliciones, las agrupaciones políticas nacionales y de los candidatos a cargos de elección popular federal y local.

Por otra parte, los partidos políticos tienen la obligación de permitir la práctica de auditorías y verificaciones por los órganos del Instituto facultados para ello, o de los Organismos Públicos Locales cuando se deleguen en éstos las facultades de fiscalización, así como entregar la documentación que dichos órganos les requieran respecto a sus ingresos y egresos.4

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional Electoral para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice una fiscalización integral de los recursos asignados al partido Morena, a fin de conocer si el uso y destino de los mismos es aplicado conforme a la normatividad en la materia, en virtud de los señalamientos de diversos medios de comunicación que indican que podrían haber sido utilizados para financiar las aspiraciones políticas de Andrés Manuel López Obrador.

Segundo . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para que en el ámbito de sus atribuciones, informe a esta Soberanía sobre las acciones que ha instrumentado para que el partido Morena cumpla con sus obligaciones de transparencia, a fin de conocer la manera en que Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de dicho instituto político ha ejercido más de 800 millones de pesos.

Notas

1 Párrafo segundo de la fracción I, del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2 Artículo 23, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

3“Morena: `honestidad sin datos`”, Proceso, 9 de diciembre de 2017, p.13.

4 Ley General de Partidos Políticos, artículo 25, inciso K.

Dado en el recinto San Lázaro, a los 20 días del mes de diciembre de 2017.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Morelos a presentar un informe sobre el avance de los trabajos de reparación, mantenimiento y reconstrucción de obras públicas realizadas durante la actual administración a cuyo respecto fueron denunciadas presuntas irregularidades en costos, planeación y licitaciones en la construcción a mediados de 2017, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La actual administración del estado de Morelos se ha caracterizado por la ineficacia de sus estrategias en materia de seguridad pública, violación a los derechos humanos de distintos sectores de la población, persecuciones en contra de sus adversarios políticos y nula trasparencia en el ejercicio de los recursos públicos.

Asimismo, ha sido evidenciada por la comisión de conductas de nepotismo en diversos temas, entre ellos, los relativos a la asignación de obras sin licitaciones y actos de corrupción, así como actos de corrupción relacionados a personas vinculadas con el titular del Ejecutivo estatal.

Sobre el particular, en junio de 2017 diversos medios de comunicación dieron a conocer que en diferentes zonas y regiones de Morelos había obras que a tan sólo uno, dos o tres años de ser construidas, restauradas o remodeladas mostraban deterioros, fracturas, hundimientos, daños o abandono. Al efecto, especialistas señalaron que el tiempo de duración de las obras afectadas debería ser superior, lo que permite advertir construcciones que no cumplen con la normatividad ni estándares de calidad requeridos. Algunas de las obras que fueron evidenciadas a mediados del año en curso, son las que a continuación se refieren:

Parque de los Patrios de la Estación. Inaugurado en abril de 2015 y que muestra un evidente deterioro y abandono. Representó una inversión de 9 millones de pesos, con los que se colocaron juegos infantiles, gimnasio al aire libre, comedores, áreas verdes, de lectura y deportivas, donde los vecinos indican que el mantenimiento y limpieza es mínimo o nulo.

Plaza de Armas de Cuernavaca. Reinaugurada en septiembre de 2016 después de llevar a cabo una inversión de 49 millones de pesos. Las reparaciones básicamente consistieron en la colocación de piso recinto negro, remodelación de jardineras, limpieza, alineación de escaleras y cambio del asta bandera.

Los callejones de Correos y El Cubo, en el Centro Histórico de Cuernavaca. La rehabilitación se realizó en 2014 y representó una inversión de casi 7 millones de pesos. Las remodelaciones fueron colocación de piso recinto negro, liso y rayado, aplicación de pintura vinílica, mantenimiento, reparación y limpieza de superficie de cancelería de puertas y ventanas, instalación eléctrica subterránea y luminarias en el piso, así como sustitución de cabinas telefónicas, reposición de tomas domiciliarias y descargas sanitarias, suministro y colocación de vegetación.

Calle Ricardo Linares. Esta obra que fue entregada en diciembre de 2014 y representó un costo de casi 11 millones de pesos. Entre otras cuestiones, en el proyecto señalado se anunció la instalación de elementos que brindan seguridad al peatón (como esferas de color negro) y que facilitan el tránsito de automovilistas; además, se construyeron tomas de agua potable y descargas sanitarias domiciliarias.

Debido a la forma prematura e irregular en la que dichas obras comenzaron a presentar marcadas afectaciones, por un lado, es vital tener claridad sobre los costos, planeación y licitaciones relacionadas con la construcción, restauración o remodelación de las obras públicas realizadas en la actual administración en Morelos. Por otro lado, es fundamental que dichos espacios estén en condiciones óptimas para que sean aprovechadas por la población de la entidad.

Al respecto, es oportuno hacer énfasis en que especialistas también han manifestado que el deterioro, mal estado o abandono de diversas obras en el estado de Morelos obedece a múltiples factores, tales como una mala planeación, contratación de funcionarios sin experiencia o bien, la contratación de empresas foráneas que no cumplen con lo dispuesto en la legislación estatal.

Bajo esta tesitura, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI estamos a favor de la legalidad y la rendición de cuentas, principios torales en el uso, destino y ejercicio de recursos públicos. Sobre el particular, el primer párrafo del artículo 134 de la Constitución federal, precepto jurídico que dispone lo siguiente: Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Aunado a lo anterior, es propicio referir que conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Obra y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Morelos,1 la planeación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, se deben sujetar a los objetivos y prioridades de los planes estatal y municipales de desarrollo, programas de ordenamiento ecológico, territorial, sectoriales, institucionales y especiales que correspondan, así como a las previsiones contenidas en sus programas anuales; los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en los presupuestos anuales de egresos del estado o municipios; y las disposiciones legales y reglamentarias del estado o municipios.

En este orden de ideas, vemos que el artículo 26 del cuerpo normativo referido establece que en el estado de Morelos, los contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, por regla general se adjudicarán a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública y privilegiando las mejores condiciones posibles. Los elementos referidos, en complemento a otros dispuestos en la propia Ley, así como en la legislación estatal y federal aplicable, están encaminados esencialmente a garantizar que las obras que se construyen, remodelan o restauran deriven en beneficios para la población, situación que no ocurre en el caso que motiva el presente asunto.

En consecuencia, estimamos de la máxima relevancia que el gobierno del estado de Morelos, presente ante esta soberanía un informe pormenorizado sobre el avance en los trabajos de reparación, mantenimiento y reconstrucción de diversas obras públicas realizadas durante la actual administración, en las que fueron denunciadas presuntas irregularidades en los costos, planeación y licitaciones en la construcción a mediados del año 2017.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta.

Punto de acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Morelos para que, en el marco de sus funciones y en atención al principio de máxima publicidad, presente un informe pormenorizado sobre el avance en los trabajos de reparación, mantenimiento y reconstrucción de diversas obras públicas realizadas durante la actual administración, en las que fueron denunciadas presuntas irregularidades en los costos, planeación y licitaciones en la construcción a mediados del año 2017.

Nota

1 http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/leyes/pdf/LOBRAPUBEM.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 20 de diciembre de 2017.

(Rúbrica)