Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fepade a informar a esta soberanía sobre el desahogo de la indagatoria del caso Chihuahua-PRI, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados federales de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos la República, sometemos a la consideración del pleno de la Comisión Permanente los siguientes puntos de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. Es público y conocido, como corresponde en el nuevo sistema penal, que recientemente se ha vinculado a proceso penal por parte de la fiscalía de Chihuahua al exsecretario del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez. En una primera imputación realizada el 21 de diciembre, dicha persona fue vinculada por peculado de 250 millones de pesos. En otra indagatoria, ya judicializada, se señaló a Gutiérrez como responsable del desvío de 1.7 millones de pesos. De lo trascendido y expresado en audiencias, dichos recursos formaron parte de una triangulación ilícita para financiar las campañas del Partido Revolucionario Institucional en el año 2015.

En efecto, de acuerdo a notas periodísticas, Jaime Herrera Corral, exsecretario de Hacienda de Chihuahua en el Gobierno de César Duarte, reveló que la Secretaría de Hacienda avaló la triangulación de recursos públicos a campañas estatales del PRI.

El exfuncionario dijo que el desvío de más de 250 millones de pesos en 2016 fue parte de un acuerdo del CEN del tricolor con la SHCP, encabezada en ese momento por Luis Videgaray.

Según Herrera, los gobiernos priistas de Duarte en Chihuahua; Javier Duarte, en Veracruz, y Egidio Torre en Tamaulipas, pactaron con el entonces líder del PRI, Manlio Fabio Beltrones, triangular recursos federales para las campañas priistas.

Según Herrera, el gobernador Duarte estuvo de acuerdo en apoyar al tricolor, porque había que “retribuirle” a Beltrones que le hubiera permitido postular como candidato del PRI a la gubernatura a Enrique Serrano.

La premura para operar el presunto desvío de 246 millones de pesos y destinarlos al PRI nacional hizo que los implicados dejaran huellas que fueron detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Herrera Corral declaró el pasado 1 de julio que el organismo fiscalizador detectó oficios de esta operación con fechas erróneas.

El dinero lo recibió la Secretaría de Educación estatal, que a su vez usó 246 millones para pagar contratos simulados con empresas que les indicó el hijo de Alejandro Gutiérrez, según el ex colaborador de Duarte.

Segunda. La metodología del desvío se hizo, como en otros casos, recurriendo a empresas fachada y a simulación de servicios, tales como cursos y otro tipo de actos fraudulentos como diseño de software que presuntamente no fue desarrollado.

En su declaración ante la Fiscalía de Chihuahua, Jaime Herrera Corral, exsecretario de Hacienda de Duarte reveló que fueron adjudicados 4 contratos a empresas fantasmas para desviar los recursos al PRI.

El contrato SH/AD/078/2016 fue por 55 millones de pesos para supuestos “talleres para padres de familia de nivel preescolar y primaria” y adjudicado a la empresa Servicios y Asesorías Samex, S.C.

Otro segundo contrato SH/AD/079/2016, también por 55 millones de pesos fue para “capacitación y actualización de docentes y evaluación de personalidades, motivaciones y áreas de oportunidad” y fue otorgado a la empresa Servicios y Asesorías Sinax, SA de CV.

Un tercer contrato, el SH/AD/080/2016 por 46 millones de pesos fue para un supuesto curso sobre medio ambiente y adjudicado a la empresa SISASS, SA de CV.

Finalmente la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte de Chihuahua, que encabezaba Ricardo Yáñez, actualmente preso por el desvío de 246 millones de pesos del erario del estado, destinó otros 90 millones de pesos a la empresa “Despacho de Profesionistas Futura” por la planeación, diseño e implementación del software denominado Sistema Integral de Trámites y Movimiento de Personal del Subsistema Estatal.

El exsecretario de Hacienda explicó ante el fiscal que Gerardo Villegas, exdirector de Adquisiciones, y Antonio Tarín, extitular de Administración del Gobierno estatal, definieron la ruta financiera para entregar más 250 millones al PRI

Tercero. Según reportes publicados por medios de comunicación, además del desvío de 250 millones de pesos hacia el PRI, la Administración de César Duarte envío otros 379 millones de pesos en efectivo, a través de un contrato de servicios, a las instalaciones de una constructora.

Según el testimonio de un testigo colaborador, los recursos pagados en un contrato simulado a Asesoría y Servicios Online, SA de CV, se concentraban en el local de Manzil Construcciones, en la ciudad de Chihuahua.

“El dinero se utilizó en campañas del PRI y fue entregado al propio exgobernador en sus oficinas de la Casa de Gobierno, en maletas”, asegura.

El contrato fue planeado en 2015 con miras a las elecciones de 2016.

Las declaraciones vertidas en medios son prolijas en detalles y movimientos, implicando a diversos exservidores públicos y dirigentes del Partido Revolucionario Institucional.

Cuarto. Al respecto de dichas acusaciones y procesos penales hemos escuchado al dirigente del PRI y a su ex dirigente, expresiones de soslayo, por la única e inválida razón de que los primeros señalamientos provienen de testigos colaboradores.

No obstante es importante mencionar que en la legislación mexicana, apoyada y aprobada por sendas legislaturas con el voto del PRI, los datos de prueba aportados por dichos testigos es material demostrativo suficiente para vincular a proceso a los implicados.

Justamente, lo que se solicita en este punto de acuerdo es que la misma información sea utilizada, conforme obliga la norma procesal mexicana para indagar y vincular a proceso a todos aquellos que hicieron posible el ingreso de recursos ilícitos a las arcas del PRI para financiar las campañas del 2015, incluyendo la posibilidad de incoar delitos electorales y sanciones administrativas para dicho partido.

Exigimos que el acervo yacente en las carpetas de investigación desde luego tenga un desglose en la Fepade, y que su nuevo titular, Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños, dé cuenta a esta comisión, sin vulnerar el secreto de la indagatoria, las acciones correspondientes a efecto de que se haga justicia pronta y expedita en la materia.

En tal sentido, el fiscal electoral federal deberá solicitar la información financiera a la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera y demás autoridades que seguramente cuentan con el trazo de la ruta del dinero sucio que sirvió presuntamente para cometer delitos electorales.

Quinta. Igualmente es urgente para la representación nacional el conocer el estatus que guarda el trámite de asistencia internacional para efectos de extraditar a territorio nacional al ex gobernador César Duarte, por lo que dirigimos solicitud y exhorto para expeditar la exigencia al gobierno de los Estados Unidos.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y a su titular, Héctor Díaz Santana, a informar a este órgano constitucional de manera urgente, respetando la secrecía de las indagatorias, sobre el desahogo de la indagatoria del caso Chihuahua-PRI. Se deberá incluir información relativa al agregado estadístico del número de personas llamadas a entrevistas al Ministerio Público, testigos, aportación de pruebas periciales y solicitudes de información financiera y bancaria.

Segundo. Dentro de la información que esta soberanía deberá recibir se deben incluir los agregados estadísticos y la prospectiva de judicialización. Considerando la temporalidad de los hechos, se deberá contar con un plazo estimado para estar en condiciones para la determinación de las indagatorias.

Tercero. Esta Comisión Permanente solicita a la Procuraduría General de la República que informe urgente sobre el estado que guarda la solicitud de extradición internacional respecto del ex gobernador César Duarte.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, Congreso de la Unión, a 4 de enero de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las instituciones encargadas del desarrollo de las manifestaciones culturales a promover la infraestructura física y aplicar recursos financieros y materiales para hacer efectivo el ejercicio de los derechos culturales de la población, a cargo de la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Olga Catalán Padilla, diputada del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXIII Legislatura, de la Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La cultura es un término difícil de definir, debido a que engloba un sinnúmero de aspectos. Para efecto de esta proposición, se definirá como el conjunto de valores, costumbres, creencias y prácticas que constituyen la forma de vida de un grupo específico.

México se caracteriza por ser un país pluricultural, tal como lo señala el artículo 2 de la Carta Magna, “la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.”

Si bien el país cuenta con una gran riqueza cultural y por ende con grandes eventos culturales como el equinoccio de primavera en Chichen Itzá, el Festival Internacional de las Luces en la Ciudad de México o el Festival Internacional de Cine de Morelia, la encuesta presentada el pasado mes de julio, por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), demuestra que sólo seis de cada diez mexicanos asiste a algún evento cultural, ya sea una obra de teatro, exposición, proyección de película, ida al cine, una presentación de danza o música en vivo, lo cual refleja la falta de políticas públicas eficientes que garanticen el acceso de los mexicanos a la cultura del país.

La falta de acceso y acercamiento a las artes se torna aún más lejana en algunas entidades del país, tal es el caso del estado de México, en donde los mexiquenses se encuentra sumamente afectados por los índices de inseguridad que persisten en la misma, siendo necesario acercar las artes a los jóvenes para con ello evitar que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes se sumen a las redes de delincuencia que laceran a miles de personas.

Los derechos culturales son derechos relacionados con el arte y la cultura, entendidos en una amplia dimensión. Son derechos promovidos para garantizar que las personas y las comunidades tengan acceso a la cultura y puedan participar en aquella que sea de su elección. Son fundamentalmente derechos humanos para asegurar el disfrute de la cultura y de sus componentes en condiciones de igualdad, dignidad humana y no discriminación. Son derechos relativos a cuestiones como la lengua; la producción cultural y artística; la participación en la cultura; el patrimonio cultural; los derechos de autor; las minorías y el acceso a la cultura, entre otros.

México ha ratificado una serie de acuerdos a nivel internacional que protege el derecho de los mexicanos al acceso a los bienes y servicios culturales, dentro de los que se encuentra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, quien en su artículo 27 menciona que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

Mientras que en México el derecho cultural de sus habitantes queda protegido en el párrafo nueve del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual a la letra dice:

“Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural”.

A partir de este mandato constitucional, el pasado mes de junio fue aprobada la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, mediante la cual se busca, entre otras cosas, reconocer los derechos culturales de las personas que habitan el territorio mexicano, así como establecer los mecanismos de acceso y participación de las personas y comunidades a las manifestaciones culturales; y garantizar el disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en materia cultural.

Para garantizar los derechos culturales de los mexicanos es necesario contar con espacios y servicios adecuados que permitan promover y difundir las expresiones y manifestaciones de la cultura, es decir, se requiere de infraestructura donde las personas puedan desarrollar su potencial en un arte visual, en cine, danza, literatura, artes escénicas o música.

De acuerdo con el Atlas de Infraestructura y Patrimonio Cultural, se menciona que existen 6 mil 610 bibliotecas públicas, 3 mil 797 salas de lectura, 2 mil 823 salas de cine, mil 592 casas de cultura y centros culturales, mil 146 librerías, mil 058 museos y 544 teatros.

El siguiente cuadro muestra la infraestructura cultural, el total y el promedio por municipio:

Como se muestra en el cuadro anterior, la infraestructura cultural del país se encuentra conformada por bibliotecas, salas de lectura, salas de cine, casas de cultura y centros culturales, librerías, museos y teatros, siendo las bibliotecas la infraestructura cultural que más hay, en promedio, en los municipios del país y el que menos existe son los teatros y museos, lo cual puede deberse a que en su mayoría se encuentran en las zonas metropolitanas.

Vale la pena resaltar que los espacios culturales donde las personas pueden desarrollar alguna habilidad cultural como la pintura, danza o música son escasos. Por lo general, este tipo de manifestaciones culturales se realiza en las casas de cultura, si se toman en cuenta los datos arrojados por la encuesta sobre infraestructura básica, se puede observar que en muchos municipios no se cuenta con este servicio, pues la cifra que arroja es de 0.65 casas de cultura por municipio.

Al no contar con espacios donde se puedan practicar y desarrollar algún tipo de arte, la cultura de los mexicanos y las manifestaciones que de ella emanan se van perdiendo, abriendo paso para que los derechos culturales de los habitantes del país no sean garantizados. No se puede fomentar en los niños, niñas y adolescentes una identidad con sus antepasados si no se les brinda la infraestructura mínima para que ellos puedan poner en práctica sus talentos.

La infraestructura cultural es, sin duda, una poderosa herramienta para promover el desarrollo económico y social y para integrar a las comunidades y generar su bienestar. La importancia de estos lugares radica en que las personas se los apropien, los hagan suyos, sólo de esta manera se logrará su mantenimiento y sostenibilidad, lo que dará lugar a un mejor aprovechamiento que permita proyectarlas como escenarios de investigación, creación, innovación y circulación cultural.

Si bien, en los últimos años la cultura ha ido ocupando un espacio más importante en la toma de decisiones de los servidores públicos creando políticas públicas en favor del desarrollo cultural de las comunidades, es evidente que la falta y desaparición de centros artísticos y culturales permean en el desarrollo de las potencialidades de los habitantes del país, por lo que resulta necesario que se promuevan y rescate la infraestructura física que propicie el desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión con pleno respeto a la división de poderes y la soberanía de las entidades federativas, exhorta a las instituciones encargadas de propiciar el desarrollo de las diferentes manifestaciones culturales, a promover la infraestructura física y aplicar recursos financieros y materiales para hacer efectivo el ejercicio de los derechos culturales de la población.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión con pleno respeto a la división de poderes y la soberanía de las entidades federativas, exhorta, a la Secretaría de Cultura del Estado de México a dotar de condiciones adecuadas de infraestructura física que permitan su cabal aprovechamiento para el desarrollo cultural de los mexiquenses.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 4 de enero de 2018.

Diputada Olga Catalán Padilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a intensificar la difusión o, en su caso, implanten campañas de reciclaje de árboles navideños naturales secos, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, senadores de la república integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los legisladores del PRI estamos comprometidos con el cuidado del ambiente. Esta convicción se encuentra en consonancia con lo dispuesto en el artículo 4o., párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto en la ley”.

Estimamos de vital importancia que los árboles de Navidad naturales utilizados durante las pasadas fechas decembrinas sean aprovechados de la mejor manera.

De acuerdo con la Comisión Nacional Forestal (Conafor), en México las especies más comunes de árboles de Navidad son Pinus ayacahuite (pino blanco o pino vikingo), Pseudotsuga menziesii (pinabete), Pinus greggii (pino prieto), Pinus cembroides (pino piñonero), Abies religiosa (oyamel), Picea sp. (picea), Cupressus lindleyii (cedro blanco), Chamaecyparis (Ciprés de Lawson) y Thuja (tuyas). Asimismo, señala que los principales productores son estado de México, Guanajuato, Puebla, Michoacán, Veracruz, Tlaxcala y Cuidad de México.

Para la temporada de 2017, los productores de todo el país señalaron que se tenía estimado comercializar 700 mil árboles de Navidad naturales producidos en México, lo que se podría derivar en una derrama económica de alrededor de 350 millones de pesos.1 Los costos de los árboles de Navidad oscilaron entre 250 y mil pesos, según la especie, la talla y el lugar donde se comercializó.

A finales de noviembre de 2017, la propia Conafor dio a conocer que había brindado apoyo a 5 mil 127 hectáreas ubicadas en 86 municipios de 19 entidades federativas. Aunado a lo anterior, precisó que de 848 productores registrados que se tienen en el país, 155 estaban en la posibilidad de comercializar sus árboles debido a que éstos contaban con la edad y talla adecuada para dichos fines.

En diciembre de 2017, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) dio a conocer que llevó a cabo la verificación de 494 mil 578 árboles de Navidad en los estados de Baja California, Sonora, Tamaulipas y Nuevo León. En consecuencia, fueron retornados 13 mil 10 ejemplares.2

Las plagas identificadas por la Profepa fueron la de los insectos conocidos como picudos y gorgojos (Cylindrocopturus furnissi, Otiorhynchus rugosostriatus, Sciopithes obscurus), mosquitas (Contarina constricta), avispas (Polistes dominula) y palomillas de la familia Pyralidae.

Además de dichas problemáticas, otra cuestión relacionada con los árboles de Navidad es la ausencia o mínima cultura para reciclarlos. En común que después de permanecer por semanas en los hogares mexicanos, miles de ellos terminen en basureros o en la vía pública, lo cual deriva en repercusiones de diversa índole, que afectan tanto al medio ambiente como a la salud de la población.

Ante este panorama, del que México no está exento, resulta de vital importancia contar con programas, planes y acciones encaminadas a fomentar el reciclaje para que los árboles de navidad naturales no terminen depositados en tiraderos y de esta manera, sea asequible su óptimo aprovechamiento.

México cuenta con una importante riqueza natural, así lo indica nuestra denominación como país megadiverso; es decir, formamos parte del grupo de naciones poseedoras de la mayor cantidad y diversidad de animales y plantas.

El objetivo del presente asunto radica en hacer asequible que los árboles de navidad sean utilizados de manera adecuada, aprovechándolos principalmente para llevar a cabo la elaboración de abono orgánico, compostas e insumos para trabajos de jardinería.

Por lo expuesto sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos de las 32 entidades federativas para que en el marco de sus atribuciones y observancia del derecho humano a un ambiente sano intensifiquen la difusión o, en su caso, implanten campañas de reciclaje de árboles navideños naturales secos, a fin de que éstos sean aprovechados como materia prima en la producción de abono orgánico y evitar que sean arrojados a las vías públicas.

Notas

1 https://www.gob.mx/conafor/prensa/estiman-productores-comercializar-700 -mil-arboles-de-navidad-naturales

2 https://www.gob.mx/profepa/prensa/verifica-profepa-casi-medio-millon-de-arboles
-de-navidad-en-programa-de-inspeccion-de-arboles-de-navidad-temporada-2017?idiom=es

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 4 de enero de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a fiscalizar la licitación de matrículas realizada por el gobierno de Yucatán con motivo del reemplacamiento vehicular de 2017; y a la PGR, a investigar la probable comisión de delitos, a cargo del senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 171, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 8 numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con las siguientes

Consideraciones

En virtud de múltiples quejas y denuncias ciudadanas de personas molestas e indignadas que solicitaron mi intervención, tuve conocimiento de posibles actos irregulares que violan la ley en el proceso de la Licitación Pública, presencial, número LIC-GEY-SSP-031/2016, convocada por la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Yucatán, para la Adquisición de 750 mil (setecientos cincuenta mil) placas metálicas de circulación, calcomanías de identificación, tarjetas de circulación y recibos oficiales para vehículos de transporte terrestre, para el reemplacamiento 2017 en el estado. Así como de posibles actos excesivos y abusivos por parte del gobierno de Yucatán, particularmente por la Secretaría de Finanzas y Administración, en el cobro del reemplacamiento a los ciudadanos.

Con base en lo anterior, realizamos una investigación que nos llevó a obtener los siguientes resultados:

El miércoles 30 de noviembre de 2016, la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Yucatán, publicó en el Diario Oficial del Estado y en un periódico de circulación local, la convocatoria número 032, para participar en la licitación pública, presencial, número LIC-GEY-SSP-031/2016, para la adquisición de 750 mil (setecientos cincuenta mil) placas metálicas de circulación, calcomanías de identificación, tarjetas de circulación y recibos oficiales para vehículos de transporte terrestre para el reemplacamiento 2017.

Para dicha adquisición se destinaron recursos públicos aprobados en el Presupuesto de Egresos del estado de Yucatán para el ejercicio de 2017, integrados, entre otros, con recursos públicos federales a través de las participaciones federales previstas en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos del estado de Yucatán para el Ejercicio Fiscal de 2017.

En otro hecho similar que se presentó en el estado de Nuevo León, el viernes 24 de febrero de 2017, la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Nuevo León, a través de la Dirección General de Adquisiciones y Servicios, publicó en el Diario Oficial del Estado la Convocatoria de Licitación Pública Nacional Presencial, número DGASG-DC-010/2017, para la Adquisición de 204,307 (doscientos cuatro mil trescientos siete) Placas y calcomanías de identificación, así como el servicio de administración de inventarios y trazabilidad de las mismas, solicitado por el Instituto de Control Vehicular, para el Reemplacamiento 2017.

Este proceso de licitación se vinculó con el de Yucatán debido a que la empresa ganadora de la licitación en Nuevo León, Vitro Fomento Industrial, SA DE CV, fue la misma que participó y ganó la licitación de placas en Yucatán, pero bajo condiciones diferentes y costos para el gobierno mucho mayores.

Al indagar más a fondo sobre el proceso de licitación de placas en Yucatán, se encontraron las siguientes irregulares:

Irregularidades en la convocatoria

1. La convocatoria de la licitación pública, presencial, número LIC-GEY-SSP-031/2016, de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Yucatán, señala que las bases para participar estarían disponibles a partir de su publicación en el edificio de la Secretaría de Seguridad Pública, las cuales se ubican en el Kilómetro 45 del Anillo Periférico, en la ciudad de Mérida, Yucatán, y los interesados deberían cumplir con ciertos requisitos, entre los cuales destacan: pagar el costo de las bases correspondiente a 3 mil pesos (tres mil pesos 00/100 MN) en efectivo, únicamente el día 30 de noviembre de 2016, es decir el mismo día de la publicación de la convocatoria, en un horario de las 8:00 a las 14:00 horas, en la caja general de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) situada en los altos del Bazar García Rejón, en la calle 60 entre 65 y 67 del centro de Mérida, Yucatán, o en la caja de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY) ubicada en la calle 60 número 299-E colonia Revolución (Centro de Convenciones Siglo XXI), en Mérida, Yucatán; presentarse a recoger las bases de la licitación únicamente el mismo día 30 de noviembre en un horario de 9:00 a 14:00 horas, en el edificio de la Secretaría de Seguridad Pública, con domicilio en el kilómetro 45 del Anillo Periférico, en la ciudad de Mérida, Yucatán, debiendo presentar copia del recibo oficial de pago y copia de identificación oficial.

2. Al analizar los requisitos establecidos en la convocatoria se aprecian diversos elementos de premura y limitantes de tiempo para realizar una verdadera difusión de la convocatoria entre la población, que permita una participación amplia de las empresas industriales del ramo interesadas, considerando que en Yucatán no existe un número significativo de éstas, lo que evidentemente resulta contrario al espíritu de la norma, consistente en lograr la participación amplia de proveedores; esto hace suponer que fue diseñada para impedir y limitar la libre participación de proveedores nacionales y locales interesados, y presume la simulación del proceso de licitación con la finalidad de justificar la realización de la misma, siendo que en los hechos las condiciones que establece solo permitirían la participación de algunas empresas en particular, que previamente habrían tenido conocimiento de la licitación, lo que les permitió prever las condiciones para garantizar su registro y participación.

Dentro de los principales elementos limitantes a la participación de proveedores nacionales y locales se destacan los siguientes: Se otorga un breve periodo de solamente 6 horas para adquirir las bases de la licitación, precisamente durante el mismo día en que se publica la convocatoria. Esto significa que los proveedores nacionales situados en otros estados de la república y los locales, interesados en participar, debieron conocer, mediante el Diario Oficial del Estado o de un periódico de circulación local, la convocatoria el día de la publicación y ese mismo día debieron realizar todas las gestiones para la adquisición de las bases, precisamente durante ese breve periodo de 6 horas.

Si se toma en cuenta que en Yucatán no existe un número significativo de industrias del ramo y con capacidad de producción de los insumos licitados, es evidente que resultaba necesaria la participación de proveedores nacionales.

Se obliga a los interesados a que, dentro de ese breve periodo de 6 horas, acudan a dos domicilios diferentes; en el primero a realizar el pago del costo de las bases, y en el segundo a recoger las mencionadas bases. Lo particularmente limitante es el hecho de que estos domicilios se encuentran separados por grandes distancias y uno de ellos es de difícil acceso por estar situado en el anillo periférico, donde además el transporte público es escaso. Además, se obliga a los interesados a fotocopiar dos documentos para ser entregados en el segundo domicilio, previo a la entrega de las mencionadas bases de licitación, esto significa un desplazamiento adicional, y menor tiempo disponible para realizar toda la gestión ya mencionada, es decir; se establecen periodos de tiempo muy cortos y lugares de trámite y entrega de documentos muy distantes uno de otro, sin considerar las filas que se hacen para cada trámite, y el tiempo que se lleva el servidor público con cada solicitante, lo que consume una parte importante de tiempo, todo lo que humanamente hace imposible realizar los trámites establecidos en tiempo y forma.

3. En un periodo menor a 48 horas, se realiza la junta de aclaraciones. Este tiempo resulta muy limitado para poder realizar las aclaraciones procedentes de una manera adecuada y profesional, en atención a la naturaleza de la licitación.

4. Para la apertura de las propuestas, se otorga un periodo de 4 días hábiles a partir de la junta de aclaraciones; eso quiere decir que, durante ese limitado tiempo, los licitantes debieron preparar y entregar de manera presencial sus propuestas técnicas y económicas, incluyendo la entrega de muestras físicas y la obtención de documentación de terceros proveedores de productos complementarios. Resulta obvio que este periodo es extremadamente limitado para poder realizar una propuesta de manera adecuada y profesional, por la naturaleza de los bienes que se licitaron.

5. Se establece como condición no negociable, que no se otorga un anticipo, disposición que también representa una limitación a la participación de proveedores interesados, ya que bajo dichas circunstancias algunos posibles licitantes ven estas condiciones como menos favorables y se auto descartan, no participan en la convocatoria. Esta condición, es un ejemplo claro de la intención de limitar la participación pública de más empresas, y un caso particular de incongruencia y transgresión a la propia convocatoria, ya que durante el proceso licitatorio se otorgó un 50% de anticipo a la empresa adjudicada.

Irregularidades en el proceso de licitación.

6. Derivado de lo anterior, dentro de la licitación de placas en Yucatán solo se registraron como participantes tres empresas, las cuales iniciaron y concluyeron en su totalidad el trámite de registro: Vitro Fomento Industrial, SA de CV; Talleres Unidos Mexicanos, SA de CV; y Placas Realizadas, SA de CV; las dos últimas quedaron descalificadas por ofertar un costo más elevado, y aunque la empresa ganadora ofertó el costo más bajo, éste era más alto que el costo promedio dentro del mercado, por lo que la licitación debió declararse desierta, sin embargo, no fue así, se declaró como ganadora a Vitro Fomento Industrial, SA de CV.

De acuerdo con estas consideraciones se determinó adjudicar a esta empresa la Adquisición de 750 mil (setecientos cincuenta mil) placas metálicas de circulación, calcomanías de identificación, tarjetas de circulación y recibos oficiales para vehículos de transporte terrestre los bienes objeto de la licitación a un costo promedio de $245.00 (dos cientos cuarenta y cinco pesos 00/100 MN), más IVA, lo que representó un costo total para el erario público de 182 millones 371 mil 520.48 pesos (ciento ochenta y dos millones trescientos setenta y un mil quinientos veinte pesos 48/100 MN).

Las irregularidades evidenciadas en este proceso de licitación derivan de la inusual y extraña participación de tan solo tres empresas que lograron registrarse para participar en la licitación de referencia, dentro de un periodo de tiempo sumamente breve, en el que solamente se encuentra justificación si éstas ya tenían conocimiento previo de la licitación y eso les permitió preparar todos los requisitos de la convocatoria, así como preparar la estrategia material para pagar las bases de la misma en un domicilio, sacar copias de los documentos solicitados necesarios y recoger las bases en otro domicilio muy distante del primero, dentro del mismo periodo de tiempo tan reducido al que se ha hecho referencia.

Todo lo anterior presume una red de complicidad conformada por unas cuantas empresas específicas, creadas en algunos casos por las mismas personas físicas, y un grupo de funcionarios de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Yucatán, directamente involucrados en los procesos de licitaciones de insumos, que en conjunto y de manera bien organizada generaron un proceso de participación y simulación a modo, con la finalidad de justificar legalmente los procedimientos de licitación y garantizar que solo las empresas que forman parte de su red de complicidad puedan participar en las licitaciones, y que sólo entre éstas se adjudiquen las licitaciones de contratos millonarios, a costos superiores a los que se pueden encontrar en el mercado para la adquisición de insumos que requiere la Secretaría de Seguridad Pública, de donde obtendrían jugosos beneficios económicos personales, de manera indebida.

Irregularidades en los costos adjudicados en Yucatán

Derivado de la revisión y comparación del proceso de licitación de Yucatán y de Nuevo León, se encontraron las siguientes irregularidades:

7. En la licitación del gobierno de Nuevo León, se otorgó un plazo amplio para convocar a las empresas interesadas, registrándose diez empresas proveedoras locales y nacionales, lo que claramente refleja el cumplimiento del objeto de una convocatoria, contar con la participación de un número considerable de empresas proveedoras de los bienes licitados, lo que sin duda alguna representa una competencia de mercado más justa y provechosa para quien está licitando, al tener mayores ofertas y opciones para adjudicar a quien oferte el mejor producto al precio más bajo dentro del mercado. Esto se debe naturalmente a lo amplio de los plazos establecidos en la convocatoria, lo que permite cumplir con el espíritu de la ley; lograr la participación de un amplio número de participantes.

Hecho que no pasó en la licitación realizada en Yucatán, en la que, por el contrario, debido a los tiempos tan reducidos establecidos en la convocatoria solo se registraron tres empresas, para las cuales solamente se encuentra justificación si éstas ya tenían conocimiento previo de la licitación. Todo esto hace suponer que la convocatoria fue diseñada para impedir y limitar la libre participación de proveedores nacionales y locales interesados, y presume la simulación indebida del proceso de licitación con la finalidad de justificar la realización de la misma, siendo que en los hechos las condiciones que establece solo permitirían la participación de alguna o algunas empresas en particular, que previamente tenían conocimiento de la licitación y previeron las condiciones para garantizar su registro y participación.

Por lo tanto, estos hechos constituyen claramente una irregularidad que transgrede las normas, por lo que deben ser investigados exhaustivamente.

8. Dentro de las diez empresas que atendieron la convocatoria de licitación del gobierno de Nuevo León, participaron las mismas tres empresas que atendieron la convocatoria de licitación en Yucatán, adjudicándose a la empresa Vitro Fomento Industrial, SA de CV, por haber presentado la propuesta de costos más baja, 156.75 pesos (ciento cincuenta y seis pesos 75/100 MN), más IVA por juego de placas metálicas de circulación.

De acuerdo con estas consideraciones se determinó adjudicar a dicha empresa la adquisición de 204 mil 307 (doscientos cuatro mil trescientas siete) placas metálicas de circulación y calcomanías de identificación, así como el servicio de administración de inventarios y trazabilidad de las mismas, solicitado por el Instituto de Control Vehicular, a un costo promedio de 156.75 pesos (ciento cincuenta y seis pesos 75/100 MN), más IVA, lo que representó un costo total para el erario público estatal de Nuevo León de 37 millones 150 mil 199.67 pesos (treinta y siete millones ciento cincuenta mil ciento noventa y nueve pesos 67/100 MN).

De lo anterior se aprecia claramente la diferencia en los costos ofertados por la empresa ganadora en ambas licitaciones, realizadas con un periodo de diferencia de tres meses, entre una y otra, fijándose para el caso de Yucatán el precio de 245 pesos (dos cientos cuarenta y cinco pesos 00/100 MN), más IVA, y en el caso de Nuevo León, el precio de 156.75 (ciento cincuenta y seis pesos 75/100 MN), más IVA, es decir, 88.25 (ochenta y ocho pesos 25/100 MN) menos que en el caso de Yucatán.

Todo esto, sin considerar que en Yucatán se adquirieron 750 mil (setecientos cincuenta mil) placas de circulación, y en Nuevo León se adquirieron sólo 204 mil 307 (doscientos cuatro mil trescientos siete) placas metálicas de circulación, es decir, en Yucatán se adquirió un monto mucho mayor que en Nuevo León, lo que conforme a las leyes del mercado significa que a mayores bienes adquiridos, menor costo, es decir, que el costo por cada juego de placas en Yucatán debió ser inferior al costo establecido en Nuevo León.

Lo anterior, sin tomar en cuenta los costos de traslado que representaron para la empresa yucateca adjudicada, para llevar desde Yucatán hasta Nuevo León los bienes licitados; costos que no existen en la entrega del material a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Yucatán, por estar establecida dentro del mismo estado.

Sin embargo, contrario a las leyes del mercado y de la lógica, esto no pasó en los hechos, lo que claramente evidencia un sobre cobro indebido con cargo al Presupuesto de Egresos de 2017 del estado de Yucatán y a las partidas federales, cuando menos de 66 millones 187 mil 500 pesos (sesenta y seis millones ciento ochenta y siete mil quinientos pesos 00/100 MN).

Todo lo anterior revela un conjunto de hechos indebidos cometidos por los servidores públicos de la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Yucatán, directamente responsables y encargados del proceso de licitación de referencia, en complicidad con un conjunto de personas físicas y morales, particularmente con la empresa a la que se adjudicó la licitación. Hechos notoriamente contrarios a las leyes que rigen la materia y a los principios constitucionales de honestidad, lealtad y honradez por parte de los servidores públicos, al utilizar recursos del presupuesto de egresos del estado, contraviniendo los principios de mayor eficacia, economía, eficiencia y beneficio de los recursos públicos, para la Secretaría de Seguridad Pública y para la población; por lo que deben ser revisados e investigados exhaustivamente para determinar y fincar responsabilidades y presentar las denuncias penales correspondientes, en caso de constituir delitos.

Irregularidades en los costos para la ciudadanía

La conducta que más han indignado a los ciudadanos yucatecos ha sido el cobro del gobierno de Yucatán, notoriamente abusivo, por el reemplacamiento vehicular, lo que marcó la pauta para revisar a detalle, con los siguientes resultados:

9. De acuerdo con el programa de reemplacamiento 2017, el costo por un juego de placas para vehículo se fijó en un promedio de 986 pesos (novecientos ochenta y seis pesos 00/100 MN), considerando un descuento de 3.24 por ciento, por pronto pago, además del pago de otros derechos e impuestos locales, que en suma generan al ciudadano un gasto por mil 446 pesos (mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 00/100 MN); gasto que no tiene justificación razonable ni justificación social alguna, considerando que el costo real de cada juego de placas que pagó la Secretaría fue por $245.00 (dos cientos cuarenta y cinco pesos 00/100 MN), más IVA. Es decir existe un sobre precio fijado por el Gobierno de Yucatán con cargo al ciudadano por $741.00 (setecientos cuarenta y un pesos 00/100 MN), lo que representa, por las 750,000 (setecientos cincuenta mil) Placas Metálicas de Circulación, un ingreso indebido de $ 555,750,000.00 (quinientos cincuenta y cinco millones setecientos cincuenta mil pesos 00/100 MN). Hecho sin justificación social razonable alguna, considerando además que la finalidad del gobierno es la regulación y control vehicular, y no el de un negocio mercantil.

Bajo estos hechos no se encuentra justificación razonable del gobierno de Yucatán y por el contrario se evidencia su incongruencia y abuso de sus acciones y políticas al establecer estos costos como una forma de obtener recursos adicionales para reemplazar los ingresos que dejó de percibir a partir de 2016, por 227 millones 690 mil pesos (dos cientos veintisiete millones seiscientos noventa mil pesos 00/100 MN) anuales, debido a la eliminación del impuesto sobre tenencia vehicular, derogado en 2016.

Al comparar el caso de Yucatán con los costos en otras entidades, se observó que: en el caso de Nuevo León, las autoridades compraron 204 mil 307 (doscientos cuatro mil trescientos siete) placas metálicas de circulación a un costo promedio de 156.75 pesos (ciento cincuenta y seis pesos 75/100 MN), más IVA, cada juego, y fijaron el costo para la ciudadanía en un monto de 396 pesos (trescientos noventa y seis pesos 00/100 MN). En el estado de México el costo por reemplacamiento es de 638 pesos (seiscientos treinta y ocho pesos 00/100 MN); en Veracruz, 800.50 pesos (ochocientos pesos 50/100 MN), en la Ciudad de México, 642 pesos (seiscientos cuarenta y dos pesos 00/100 MN); en Guerrero, 750 pesos (setecientos cincuenta pesos 00/100 MN), Morelos 755 pesos (setecientos cincuenta y cinco pesos 00/100 MN).

Lo anterior confirma la irracionalidad en la fijación del costo por el reemplacamiento, por parte del gobierno de Yucatán, el cual es muy superior al fijado por el resto de las entidades señaladas.

Por lo anterior, estos hechos deben ser investigados por parte de las diferentes Instituciones fiscalizadoras federales y estatales. De manera particular es primordial que la Auditoría Superior de la Federación, incluya en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, la revisión del proceso de la licitación pública, presencial, número LIC-GEY-SSP-031/2016, convocada por la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Yucatán, para la Adquisición de 750 mil (setecientos cincuenta mil) placas metálicas de circulación, calcomanías de identificación, tarjetas de circulación y recibos oficiales para vehículos de transporte terrestre, para el reemplacamiento de 2017 en el estado, desde la emisión de la convocatoria hasta la adjudicación, recepción del material y pago de éste, así como la venta de dichas placas a la ciudadanía, y en general se realicen las indagatorias necesarias para verificar que el proceso de licitación haya estado apegado a las normas que los rigen, y que los recursos públicos otorgados para tal efecto hayan tenido el uso adecuado, conforme a los principios de mayor eficacia, economía, eficiencia y beneficio para la Secretaría de Seguridad Pública y para la población, y de confirmarse la comisión de irregularidades administrativas y o delitos en perjuicio del Estado con detrimento de la hacienda pública, determinar y fincar las responsabilidades administrativas a los servidores públicos y o ex servidores públicos responsables, proceder a sancionarlos conforme a las leyes de la materia, y realizar las denuncias penales procedentes en contra de los presuntos responsables.

Al respecto y con la finalidad de que se fiscalice, el pasado 11 de septiembre presentamos, por conducto del suscrito senador Daniel Ávila, la denuncia formal de los hechos expuestos ante la Auditoría Superior de la Federación, así como ante la Comisión de Vigilancia Auditoría Superior de la Federación.

Asimismo, es fundamental la intervención de la Procuraduría General de la República para investigar estos hechos presumiblemente constitutivos de delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito.

Por lo expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación, para que incluya en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta, la revisión del proceso de la Licitación Pública, presencial, número LIC-GEY-SSP-031/2016, convocada por la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Yucatán, para la adquisición de 750 mil (setecientos cincuenta mil) placas metálicas de circulación, calcomanías de identificación, tarjetas de circulación y recibos oficiales para vehículos de transporte terrestre, para el reemplacamiento 2017.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que en el ámbito de sus atribuciones investigue los hechos cometidos durante el proceso de la licitación pública, presencial, número LIC-GEY-SSP-031/2016, convocada por la Dirección General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de Yucatán, para la adquisición de 750 mil (setecientos cincuenta mil) placas metálicas de circulación, calcomanías de identificación, tarjetas de circulación y recibos oficiales para vehículos de transporte terrestre, para el reemplacamiento 2017; presumiblemente constitutivos de delitos, y en su momento oportuno ejercite acción penal en contra de quienes resulten responsables.

Sede de la Comisión Permanente, a 4 de enero de 2018.

Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno y la Fiscalía General de Jalisco a agilizar la investigación del homicidio de Saúl Galindo Plazola y los recientes asesinatos políticos cometidos en la costa sur de la entidad, y que soliciten a la Semar un informe e investigación del comportamiento de sus elementos en la zona, a cargo del senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Isidro Pedraza Chávez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General; 8, fracción II del Reglamento del Senado, así como al artículo decimotercero del acuerdo relativo a las sesiones de la Comisión Permanente del primer receso de tercer año de ejercicio constitucional de la LXIII Legislatura, someto a consideración del honorable pleno de la Comisión Permanente el punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Primera. Asesinato de Saúl Galindo Plazola

El jueves 28 de diciembre de 2017, el diputado por el PRD Saúl Galindo Piazola fue agredido a balazos en el municipio de Tomatlán, Jalisco, mientras viajaba en compañía de su hijo en su camioneta.

Ambos se dirigían a Puerto Vallarta por la carretera federal del rancho El Coco, cuando fueron agredidos a la altura de las albercas El Mirador, donde fueron interceptados por una camioneta color blanco, de la cual bajaron seis sujetos con armas de fuego, con las que amagaron y agredieron al legislador, según informe de prensa de la Fiscalía de Jalisco.

Su hijo trasladó al diputado al hospital de Tomatlán donde falleció a causa de los dos impactos de escopeta que recibió en la cabeza y el tórax.

Saúl Galindo era diputado de la XVI Legislatura del Congreso del estado de Jalisco, presidente de la Comisión de Justicia y días atrás había solicitado licencia para competir por la alcaldía de Tomatlán en el proceso electoral del 2018.

Segunda. Asesinato de Salvador Magaña Martínez

El 24 de diciembre fue asesinado Salvador Magaña Martínez, líder social y del partido Movimiento Ciudadano.

Magaña Martínez, quien fuera un defensor de los derechos humanos, en la lucha por la preservación del ambiente y un crítico por los abusos de autoridad en torno a la privatización de las playas de la costa de Jalisco conocidas como Costalegre.

Magaña Martínez había denunciado días antes, a través de un video en internet, el desvío de recursos públicos y delito electoral por la entrega de despensas por parte de las autoridades del DIF municipal en las instalaciones del PRI en La Huerta.

Fue un líder social reconocido en la llamada Costalegre, el litoral central de Jalisco pletórico de playas semivírgenes, por su trabajo contra la presión inmobiliaria y hasta despojo de grandes empresarios turísticos a ejidatarios, palaperos y pequeños propietarios.

Diversas denuncias del activista fueron documentadas, como en abril de 2010, cuando se pretendía erigir el complejo turístico Zafiro en las playas de Chamela, una zona de altísima fragilidad ambiental, impulsado por capital del exdueño de Banamex, Roberto Hernández, a costa de los 200 habitantes del poblado.

La prensa ha señalado que este caso se suma al incremento de la violencia en la costa durante este año, atribuida a grupos delincuenciales pero también a la presencia de la Secretaría de la Marina Armada de México (Semar).

Es el segundo crimen contra aspirantes a presidentes municipales en la región en menos de un mes, luego que el 9 de diciembre fue asesinado en el municipio Casimiro Castillo -que dista unos 30 kilómetros de La Huerta–, el coordinador del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Miguel García González, también con un objeto punzocortante.

En ambos casos la Fiscalía General del estado de Jalisco ha evitado informar sobre los personajes asesinados pese a su actividad política, ni ha detallado avances o líneas de investigación.

Tercera. Asesinato de Miguel García González

El coordinador del partido Morena en el municipio de Casimiro Castillo, Miguel García González, fue asesinado con un objeto punzocortante, de acuerdo al informe de la Fiscalía General del estado de Jalisco. Era también director de servicios en el ayuntamiento y aspirante a la candidatura a presidente municipal por ese partido.

El cadáver del funcionario, quien tenía 65 años de edad , fue encontrado en una bodega en la colonia Obrera del citado municipio y según el reporte tenía una herida en el cuello hecha con un objeto punzocortante.

García González y al menos otro promotor de Morena en Casimiro Castillo, Jesús Plascencia, habían recibido amenazas en esa región del sur de Jalisco, entre los municipios de Autlán, Villa Purificación y La Huerta.

Plascencia, conocido como el profe Chuy, era entrenador de equipos de jóvenes futbolistas y a principios de noviembre del 2017 fue golpeado por la policía municipal y advertido de que dejara de hacer promoción en favor de Morena; dejó de trabajar políticamente en ese distrito, pero a pesar de ello fue asesinado por su labor política.

Cuarta. Riesgo al proceso electoral

Con el homicidio del diputado Saúl Galindo y del activista Salvador Magaña se pone en riesgo la seguridad del proceso electoral en Jalisco ello a pesar de que las autoridades locales desestiman el riesgo.

El secretario general de Gobierno del estado de Jalisco, Roberto López Lara, asegura que hay tres líneas de investigación en el caso del legislador y no se descartaría a ninguna. Incluso la de la delincuencia organizada.

“Hay tres líneas de investigación, que posteriormente el Fiscal dará a conocer. No quiero adelantar ningún tema., quiero que esas tres líneas se desarrollen, estamos a 24 horas del homicidio, estamos tomando algunos interrogatorios en estos momentos, se están llevando varias líneas que está haciendo la fiscalía, hay tres elementos que se cuidan”, tras lo cual se le cuestionó si había presencia del crimen organizado y señaló que “no lo descarto tampoco, ni lo afirmo ni lo descarto”.

Sin embargo, no existe ningún avance en la investigación de los asesinatos anteriores por lo que ante este nuevo caso la situación se pude ver desbordada ante la ineficiencia de la autoridad y los problemas de inseguridad acumulados en esa zona por décadas de desatención.

Quinta. Denuncia de los alcaldes de la región contra la Secretaría de Marina Armada de México

Tras el último homicidio, el de Galindo Plazola, ocurrido jueves 28 de diciembre, el alcalde de Tomatlán, Jorge Luis Tello García, atribuyó el aumento de la violencia a la presencia de la Semar, según informó Víctor Hugo Magaña, conductor y productor de MVS Jalisco. También lo hizo Milenio Diario y otros medios de comunicación.

Según lo declarado por el presidente municipal, el 26 de diciembre, los alcaldes de la región Costa Sur, Autlán de Navarro, Casimiro Castillo, Villa de Purificación, Cuautitlán de García Barragán, La Huerta, Cihuatlan y Tomatlán (casi un cuarta parte de la superficie del estado de Jalisco) se reunieron con autoridades estatales y federales para conformar un protocolo ante el incremento de quejas por violaciones a los derechos humanos por prácticas violatorias del personal de la Semar. En aquella reunión, añadió, el gran ausente fue personal de la Marina.

Se acusa a los elementos de la Marina de realizar operativos irregulares, unos vestidos de marinos y otros de civil, irrumpiendo en domicilios, utilizando drones.

Recientemente se acusó de realizar homicidios desde helicópteros y de la desaparición de personas.

Ello se estableció en la minuta de la sesión celebrada en el municipio de Autlán Jalisco el 26 de diciembre en la sesión de la comisión de seguridad región costa, a la que no es posible tener acceso. Los alcaldes dicen no saber de quién dependen esos elementos. Pero su involucramiento con el crimen organizado es evidente.

Según relató MVS Jalisco, el hijo de Galindo Plazola vio que los atacantes de su padre portaban trajes militares y, por esa razón, supuso, el legislador perredista se detuvo para luego ser amagado y muerto.

Asimismo, el primer edil de Tomatlán acusó a la Marina por la desaparición del expresidente del Comisariado Ejidal de José María Morelos, Jesús Larios Guzmán.

Sexta. La región en manos de la delincuencia organizada

El periodista Agustín del Castillo, de Milenio Jalisco, ha documentado en su artículo “Costa de Jalisco, de reinos injustos y bandas de ladrones”, publicado el 29 de diciembre en Milenio, que en la región Costa Sur la vida pública y privada está condicionada por los grupos criminales.

De acuerdo con el texto, los grupos criminales que operan en esta zona del estado tienen “el control territorial y todas las actividades económicas”.

El crimen organizado pretende instituirse como nuevo estado, pues, en gran medida “lo logran en regiones donde tienen superioridad militar”, puesto que en muchos municipios la población no puede ser defendida por las policías municipales ni estatales, “porque son muy débiles o porque trabajan para los delincuentes”.

“Aquí no se necesita un permiso de la Semarnat, aquí debes tomarle el parecer al jefe de plaza, se llama Agustín Hernández, y es el que decide en toda la zona de El Tuito (municipio de cabo Corrientes) centro de la actividad del cartel Jalisco Nueva Generación.

Por lo anteriormente expuesto, solicito que esta soberanía apruebe el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Jalisco y a la Fiscalía General del estado a que agilice la investigación del asesinato de Saúl Galindo Plazola y los recientes asesinatos políticos cometidos en la costa sur del estado, garantizando la seguridad del proceso electoral de 2018, y que de acuerdo a los protocolos institucionales regentes, solicite a la Secretaria de Marina un informe e investigación del comportamiento de sus elementos en dicha zona.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 4 de enero 2018.

Senador Isidro Pedraza Chávez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al precio de la tortilla, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La tortilla de maíz es el distintivo más representativo de la cultura gastronómica mexicana. Este alimento aporta energía al cuerpo humano por su alto contenido de carbohidratos, además de que también contiene ciertos elementos de calcio, potasio y fósforo.

Se tiene estimado que la tortilla es consumida por más de 90 por ciento de los mexicanos, por lo que la producción de este alimento rebasa los 20 millones de toneladas al año.

Al iniciar 2018 los mexicanos recibimos a través de los medios de comunicación, las declaraciones de la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillas (Unimtac), organización que se pronuncia a favor de un ajuste en el precio de la tortilla. La Unimtac asegura que los incrementos a diversos insumos como las gasolinas, afectan directamente la producción de la tortilla, y que por ende, se justifica revalorar el precio final de la tortilla.

Sobre este asunto, la Secretaría de Economía ya emitió un pronunciamiento el pasado 2 de enero en el que aclara que el precio de la tortilla se vino ajustando en 2017, de acuerdo al impacto proporcional en la variación del precio de algunos de sus insumos (principalmente energéticos). Por tanto, la declaración de la Umintac sobre el incremento en el precio de la tortilla carece de fundamento, ya que el precio de la tonelada de maíz blanco al inicio de 2018 está 11 por ciento por debajo de su precio hace un año, siendo éste el principal componente del costo de un kilogramo de tortilla.

En el pronunciamiento de la Secretaría de Economía también se establece que no es la primera vez que algún liderazgo de molineros se manifiesta por un incremento de precios de la tortilla. Ya la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) ha remitido cartas, en las que advierte que este tipo de declaraciones pueden llegar a constituir prácticas monopólicas absolutas, al tratarse de acuerdos entre competidores, tomados con el objetivo de manipular los precios. De hecho, en febrero del año pasado, la Secretaría de Economía solicitó a la Cofece una investigación por posibles prácticas monopólicas absolutas en el mercado de producción y comercialización de tortilla en Jalisco. En noviembre de 2017, la comisión sancionó a dos liderazgos regionales y a un funcionario público estatal por intentar coordinar incrementos en el precio de este producto.

Ante esta situación, el Estado mexicano se ha dotado de instituciones e instrumentos tanto para garantizar el derecho a la alimentación, como para contener aumentos injustificados a los precios de este y otros productos que conforman la dieta básica de los mexicanos.

En este sentido, es urgente y justificado el exhorto a las instancias correspondientes para que en el ámbito de su competencia implementen medidas para evitar o en su caso sancionar el alza injustificada de precios de la tortilla.

De acuerdo a la Ley Federal de Competencia Económica, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) no tiene facultades para establecer precios en los productos, por lo que sólo puede mediante operativos vigilar que éstos no se aumenten bajo la especulación y sancionar a los proveedores que no respeten los precios. De ahí que el artículo 8 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establezca que la Profeco verificará que se respeten los precios máximos establecidos en términos de la Ley Federal de Competencia Económica, así como los precios y tarifas que conforme a lo dispuesto por otras disposiciones sean determinados por las autoridades competentes. Los proveedores están obligados a respetar el precio máximo y las tarifas establecidas conforme al párrafo anterior.

En razón de lo anterior, la Profeco no puede fijar precios de bienes o servicios, pero sí puede tomar cartas contra quienes abusan y especulan sobre los costos de bienes o servicios.

Por otra parte, el artículo 12 de la Ley Federal de Competencia Económica establece que la Cofece cuenta, entre otras, con la atribución de garantizar la libre concurrencia y competencia económica; prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, e imponer las sanciones derivadas de dichas conductas.

Por lo expuesto, proponemos la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Competencia Económica a iniciar a la brevedad una investigación de oficio a fin de detener y sancionar las injustificadas acciones para concertar y elevar los precios de la tortilla que diversas asociaciones de productores están impulsando y llevando a cabo.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor para que continúe e incremente los operativos de verificación del precio de la tortilla para evitar y sancionar las alzas injustificadas de precio.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de enero de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a brindar garantías de seguridad en el país durante los procesos electorales de 2018, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PAN

Las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la Comisión Permanente el presente punto de acuerdo con base en las siguientes:

Consideraciones

Para México, el año 2017 representó el más alto en los índices de inseguridad que se haya reportado en la historia.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a nivel nacional hubo, de enero a noviembre, 23 mil 101 homicidios dolosos, se reportaron mil 57 secuestros, 5 mil 229 extorsiones, 57 mil 787 robos de vehículos con violencia y 113 mil 758 robos de vehículos sin violencia.

Se trata de cifras que deberían haber prendido las alarmas de los gobiernos estatales y, por supuesto, del gobierno federal; sin embargo, los mexicanos hemos sido testigos de la indolencia con que el tema ha sido tratado y abordado particularmente por quien tiene a su cargo la tarea de la seguridad pública en el país: el secretario de Gobernación.

Los diputados federales hemos visto como el titular de la Segob ha minimizado el tema de manera consuetudinaria; en las diversas comparecencias que el secretario ha atendido ante diputados y senadores, los cuestionamientos sobre la fallida estrategia de seguridad han sido muchos y han provenido de los distintos grupos parlamentarios.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, lejos de tomar en cuenta las voces vertidas por el Poder Legislativo sobre el tema, tomaba los cuestionamientos como ofensas y sus respuestas siempre quedaban como meros actos de confrontación.

Además de las cifras delincuenciales en términos absolutos, hay dos datos que son sumamente alarmantes para encarar el 2018: los nueve alcaldes asesinados en 2017, que se suman a once más asesinados en lo que va del presente sexenio, y los 12 periodistas que perdieron la vida a manos de la delincuencia organizada, con lo que suman 110 a lo largo de esta administración.

Se ha mencionado en reiteradas ocasiones que las elecciones de 2018 serán las más complejas que se hayan organizado en la historia del país; y es cierto. El Instituto Nacional Electoral tendrá que brindar todas las garantías para la elección de tres mil 406 cargos de elección popular, que serán decididos por alrededor de 90 millones de ciudadanos.

Se estima habrá un millón 392 mil 411 funcionarios de 156 mil 99 casillas, que elegirán al nuevo presidente de la república, a los 128 senadores y 500 diputados federales, nueve gobernadores y dos mil 768 diputados locales y presidentes municipales.

La inseguridad es un tema toral que puede poner en riesgo no sólo la concurrencia durante la jornada electoral, sino el proceso electoral en su conjunto. En un país donde se asesina a alcaldes, a periodistas, en donde se ha sabido de la intromisión de la delincuencia organizada en estructuras de gobierno, en candidaturas, la realidad es que la democracia puede sufrir un traspié inconmensurable.

El Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales ya han alertado sobre el riesgo que hay en varios estados del país, no sólo en los cuatro principales que se han manejado en la prensa y que son gobernados por diferentes fuerzas políticas.

Lo que más importa es que a lo largo y ancho del país se lleven a cabo procesos electorales y comicios en completo orden y en paz, sin eventualidades que manchen la naturaleza democrática de lo que está en juego y que es muy importante para el desarrollo y la estabilidad del país.

Es por ello que consideramos necesario y pertinente hacer un exhorto al secretario de Gobernación a que disponga lo que sea necesario para que las elecciones de 2018 se conduzcan bajo un clima de seguridad y se brinden todas las garantías para que los ciudadanos acudan a las urnas y los funcionarios de casilla cumplan con el cometido de dar certeza a los votos depositados.

Por lo anteriormente expuesto se presenta esta proposición con

Punto de acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, a que en pleno uso de sus atribuciones y en coordinación con los titulares de los gobiernos de los estados, otorgue el apoyo necesario por parte de las fuerzas de seguridad pública federales a todas las entidades federativas, con el objetivo de que en todo México haya las garantías suficientes de seguridad durante el proceso electoral de 2018.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, el 4 de enero de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a trabajar de manera coordinada para reforzar la seguridad en las entidades donde se celebrarán comicios y garantizar la vida e integridad de la ciudadanía en general, suscrita por el diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La violencia en México no tiene límites ni fronteras, como se ha demostrado durante la actual administración federal. En lo que va de este sexenio, el número de personas no localizadas rebasa los 32 mil casos. “Las entidades con mayor rezago en la clarificación del destino de miles de personas son Tamaulipas, estado de México, Jalisco, Sinaloa, Nuevo León y Chihuahua, los cuales suman 60 por ciento de todos los casos de responsabilidad local”.1

Durante mayo de 2017, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que “el número de muertos por causa de homicidios en México supera el promedio en el mundo: de acuerdo a esta fuente en el país son asesinadas 19 personas por cada cien mil habitantes, mientras que el promedio en el mundo son seis personas por cada cien mil habitantes.

Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública indicaron que tan sólo entre los meses de enero a julio de 2017, se documentaron 76 asesinatos al día. Recientemente, a finales de diciembre de 2017, en un lapso de 72 horas fueron asesinados tres perredistas, el alcalde de Petatlán, Guerrero, Arturo Gómez Pérez; el diputado local en Jalisco, Saúl Galindo Plazola y el regidor de Jalapa, Tabasco, Gabriel Hernández Arias. También fue asesinado el 24 de diciembre, Salvador Magaña Martínez, integrante de Movimiento Ciudadano.

En lo que va del sexenio, más de 20 compañeros perredistas fueron privados de sus vidas, sin que hasta el momento se hayan esclarecido los hechos, ni se haya detenido a los responsables de tan lamentables crímenes.

El asesinato de nuestros compañeros opositores y críticos al gobierno, es una muestra de la crisis que atraviesa el Estado mexicano, la violencia contra la militancia opositora, parece no parar.

En el marco previo a las elecciones que ocurrirán en julio de 2018, estos violentos actos son una muestra contundente de una estrategia para silenciar voces fuertes y críticas que representan una amenaza para la permanencia en el poder del PRI y sus gobiernos.

Por todo ello, someto a consideración la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena los asesinatos de Arturo Gómez Pérez, alcalde de Petatlán, Guerrero; Saúl Galindo Plazola, diputado local en el estado de Jalisco; Gabriel Hernández Arias, regidor en el Cabildo de Jalapa, Tabasco, y de Salvador Magaña Martínez, militante del Partido Movimiento Ciudadano.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los tres órdenes de gobierno a trabajar de manera coordinada para reforzar la seguridad en las entidades donde se celebrarán comicios electorales y garantizar la vida e integridad de todas las personas que se involucren en los procesos electorales.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación a que instrumente de manera urgente un operativo de vigilancia para el desarrollo de las campañas electorales con el propósito de brindar las condiciones mínimas de seguridad para las precandidatas y los precandidatos de los partidos políticos.

Cuarto. La Comisión Permanente exhorta a la Procuraduría General de la República a que atraiga los casos relacionados con violencia política-electoral cometidos en agravio de militantes, simpatizantes y ciudadanos en general.

Quinto. La Comisión Permanente exhorta a las fiscalías y/o procuradurías de las entidades federativas a investigar con celeridad los casos relacionados con situaciones de violencia político-electoral que se registren en sus jurisdicciones.

Nota

1 Martínez, F. “En los cinco años de Peña Nieto, 10 mil desaparecidos más que con Calderón”. Tomado en línea de: http://www.jornada.unam.mx/2017/12/03/politica/014n3pol. Consultado el 30 de diciembre de 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 4 de enero de 2018.

Diputado Omar Ortega Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profeco a llevar a cabo con sus homólogas locales campañas de verificación e inspección en las casas de empeño, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores de la república, integrantes del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A principios de enero de cada año se incrementa la demanda de los servicios en las casas de empeño en todo el país. Un importante número de familias mexicanas acuden a estos prestadores de servicio de mutuo interés y garantía prendaria a dejar diversos artículos electrónicos, relojes, entre otros objetos, a fin de obtener un financiamiento para solventar un imprevisto, cubrir el gasto de su hogar.

Las casas de empeño y las instituciones de asistencia privada son las dos instituciones que ofrecen el servicio de préstamo con garantía prendaria. Las primeras son fundaciones y asociaciones sin fines de lucro y las segundas son empresas privadas mercantiles.

La Ley Federal de Protección al Consumidor define a las casas de empeño como toda persona física o sociedades mercantiles no regulados por leyes financieras, que en forma habitual o profesional que realicen contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria. Los sujetos mencionados no podrán prestar servicios ni realizar operaciones de las reservadas por las leyes vigentes a las instituciones del sistema financiero nacional.1

Para ponderar la relevancia de esta magnitud, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en nuestro país existen más de 8 mil casas de empeño. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tiene registradas un total de 6 mil 861 casas de empeño.

De acuerdo con la Profeco, hay más de 5 mil 400 casas de empeño reguladas en el país, de las cuales 40 por ciento se sitúa en 5 entidades federativas: Sinaloa, Nuevo León, Jalisco, Veracruz y Guanajuato.2

Sin embargo, la Asociación Nacional de Casas de Empeño indica que entre formales e informales, hay más de 6 mil 500 establecimientos, de los cuales 50 por ciento es de asistencia privada.

Si bien estas instituciones son una opción para obtener un crédito rápido, pueden representar un financiamiento muy costoso. La Asociación Nacional de Casas de Empeño, señala que las tasas de interés anual pueden llegar a 372 por ciento.3

Las excesivas ganancias que generan estas instituciones han ocasionado una proliferación importante de las mismas, las cuales en algunas ocasiones, operan sin ningún tipo de control.

Es común observar en periódicos e inclusive en anuncios de radio, instituciones que prestan dinero con tasas de interés accesibles, que terminan siendo solamente el gancho para contraer deudas impagables, pues, poco a poco se van incrementando.

En México, de cada 100 personas que recurren a empeñar un bien para obtener un préstamo, 66 lo hacen en alguna de las instituciones de asistencia privada no lucrativas y 34 son clientes de negocios prendarios privados. La gran mayoría de los usuarios, 84.2 por ciento, empeña alhajas de oro. De los clientes de casas de empeño, 48.2 por ciento opinó que el dinero que les entregaron en préstamo fue poco para sus expectativas, y 37.6 por ciento de las personas destinaría el dinero del empeño para comprar alimentos.4

La Profeco informó que tan solo en 2016 se llevaron a cabo 534 visitas de verificación a casas de empeño a nivel nacional, de las cuales 91 fueron sujetas a procedimientos administrativos por infracción a la ley y a la normatividad, y suspendidas 82.

Entre los principales incumplimientos detectados se encuentran los siguientes: El no exhibir precios ni montos totales a pagar; no contar con contrato de adhesión registrado ante Profeco; no acreditar la inscripción en el Registro Público de Casas de Empeño; ostentar leyendas que inducen error o confusión al proveedor; no utilizar el contrato registrado en la prestación de los servicios, y no indicar el ramo de prendas aceptadas.

El creciente número de estos negocios obligó a regular las casas de empeño en la Ley Federal de Protección al Consumidor en el artículo 65 Bis, donde se define a estos establecimientos como “toda persona física o sociedades mercantiles no regulados por leyes financieras, que en forma habitual o profesional realicen contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria”.

Además, se emitió la Norma Oficial Mexicana NOM-179-SCFI-2007, “Servicios de mutuo con interés y garantía prendaria”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de noviembre de 2007, la cual tiene por objeto establecer los requisitos de información comercial que deben proporcionarse en los servicios de mutuo con interés y garantía prendaria, así como los elementos de información que debe contener el contrato que se utilice para formalizar la prestación de estos servicios.

Por lo anterior, es necesario que los usuarios de este tipo de financiamientos cuenten con la garantía que les otorga la ley y puedan acudir con toda la confianza a solicitar el crédito, sin temor a modificación de sus contratos, pérdida de sus valores depositados en prenda, cobro usurero de intereses, etcétera.

Es indispensable que la Procuraduría Federal del Consumidor lleve a cabo las acciones pertinentes para evitar abusos y engaños por parte de las casas de empeño a la población, principalmente en el inicio de año, en donde la demanda de estos servicios crece de manera sostenida.

Resulta fundamental que estas instituciones se sometan a lo establecido en el marco legal vigente y la norma oficial en la materia, y se fortalezcan las acciones de vigilancia y prevención por parte de las instancias competentes para evitar el abuso de las casas de empeño, que atentan contra los intereses y la economía de las familias mexicanas.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor para que, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas y en el ámbito de sus atribuciones, lleven a cabo campañas de verificación e inspección en las casas de empeño en todo el país, con el objeto de prevenir posibles prácticas de abusos y engaños a la población, ante el incremento en la demanda de crédito en el mes de enero.

Notas

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/113_260617.pdf

2 https://www.profeco.gob.mx/prensa/prensa15/febrero15/bol0 006.asp

3 http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comunicacion/Boletines/
2016/Febrero/21/0984-Informa-Profeco-a-diputados-que-91-casa

4 http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comunicacion/Boletines/
2016/Febrero/21/0984-Informa-Profeco-a-diputados-que-91-casas-de-empeno-han-sido
-objeto-de-procedimientos-administrativos-y-82-suspendidas

Dado en el salón de sesiones de la honorable Comisión Permanente, a 4 de enero de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SE y la Cofece a generar acciones que garanticen una competencia de mercado justa y brinden seguridad en el servicio a los usuarios de transporte marítimo mixto y de pasajeros en los puertos de Quintana Roo, a cargo del senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 171, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 8 numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con las siguientes

Consideraciones

El transporte marítimo históricamente ha sido uno de los medios más utilizados y más antiguos de la historia para transportar mercancías y pasajeros.

En nuestro país uno de los principales antecedentes de los que se tiene registro se remonta al siglo XVI, en el que se da cuenta del establecimiento de la ruta marítima entre La Nueva España y las Islas Filipinas, así como de la inauguración del puerto de Acapulco.

En otra etapa de la historia de México, en la época de Porfirio Díaz se tiene registro de importantes proyectos de navegación para los Puertos de Veracruz, Manzanillo y Salina Cruz. Esta etapa se dedicó específicamente a las construcciones marítimas, lo cual a su vez encausaba al país a aprovechar sus recursos marítimos, lo cual abriría la puerta al comercio, pero además al turismo ya que en las expediciones comerciales también se trasladaban personas tanto locales como extranjeras deseosas de conocer nuestro país.

La navegación ha ido evolucionando a la par de nuestra sociedad. La posición geoestratégica de México lo convierte en un país clave para el transporte marítimo tanto nacional como internacional. Hoy en día México cuenta con 16 puertos marítimos, distribuidos entre algunos Estados de la República, algunos de ellos, importantes en materia de turismo y de transporte local diario, se encuentran en los estados de Yucatán y Quintana Roo.

Al respecto, el transporte marítimo insular y peninsular se vuelve el medio único viable para el correcto desempeño económico y social de la comunidad, por lo que el costo del servicio se hace un elemento integral de los costos de la comunidad. Por poner un ejemplo, la Isla de Cozumel e Isla Mujeres mueven sólo de pasajeros en cabotaje más de 8.5 millones de pasajeros al año.

En otras palabras, el transporte marítimo mixto de pasajeros y de carga, y sólo pasajeros, representan hoy por hoy, un insumo esencial para el correcto desempeño de las actividades diarias de miles de personas; es un servicio de naturaleza pública y por lo tanto un asunto de interés social que debe ser atendido y regulado para garantizar su prestación dentro de las mejores condiciones en cuanto a costos accesibles, embarcaciones adecuadas y condiciones de seguridad necesarias.

En este contexto, durante los últimos años en algunos puertos de México que presentan esta modalidad de servicio se ha venido presentando un problema serio de regulación del transporte marítimo de pasajeros en cabotaje, tanto en la parte portuaria como en la navegacion, que afectan el desarrollo económico de la región y ponen en riesgo la seguridad de usuarios locales y de turistas nacionales como internacionales; es el caso de los puertos de Quintana Roo.

El afamado paraiso caribeño tiene a su tutela puertos que atienden embarcaciones y personas entre puertos internacionales y puertos locales.

Uno de los principales problemas que existe hoy en día se presenta en la inexistente regulación económica del transporte marítimo local por parte de las autoridades federales, principalmente en las rutas Cancún-Isla Mujeres, Holbox-Chiquila y Playa del Carmen-Cozumel, en las que todos los días se trasladan turistas nacionales como internacionales, además de la movilidad cotidiana de los habitantes de las islas a las ciudades de Cancún y Playa del Carmen.

El artículo 28 constitucional en su párrafo tercero indica que “Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses”

Lamentablemente, en los puertos de referencia no existe regulación algúna que garantice la disposición constitucional.

Un ejemplo representativo de esta ausencia de regulación es el caso de Isla Mujeres, en donde con un trafico de 4.3 millones de pasajeros al año, la Isla cuenta con un solo prestador del servicio, con múltiples y constantes quejas de la poblacion por los costos tan altos en el servicio público de transporte marítimo, y a pesar de eso, ni la Secretaría de Economía, ni la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ni la propia Comisión Federal de Competencia Económica han intervenido en este mercado.

La falta de regulación por parte del gobierno federal, para ordenar el transporte marítimo y brindar seguridad personal y comercial a prestadores del servicio y usuarios, ha ocasionado problemas como los siguientes:

a. La existencia de una incorrecta asignación de las instalaciones portuarias; en el caso de Isla Mujeres, la terminal Puerto Juárez se encuentra asignada de forma exclusiva a un solo operador, hoy llamado Ultramar, mañana con otro nombre.

b. Mercados Monopolicos y Oligopolicos sin competencia efectiva.

c. El servicio que prestan los ferries mixtos de carga y de pasajeros, hasta el 2016, en todos los mercados de Quintana Roo eran monopolio.

d. No existe una lógica económica en las asignaciones de los costos portuarios, lo que ocasiona sobre cobros en Cozumel, por parte de la administración portuaria, para subsidiar a los demás puertos.

e. La existencia de una venta discriminatoria del servicio de transporte marítimo, atendiendo al lugar en donde es vendido el boleto y al tipo de usuario: local, o turista nacional o extranjero.

f. La existencia de depredación de precios y subsidios cruzados entre competidores con el objeto de desplazar a sus actuales o posibles competidores.

g. Sobreprecios en ciertas rutas que no corresponden a la lógica de los precios cobrados en rutas similares, lo que evidencia que no hay una relación precio - costo en los operadores.

La falta de regulación federal del transporte marítimo en Quintana Roo a permitido que unos cuantos, con mayor poderío económico, en algunos casos de dudosa procedencia, impongan sus reglas convirtiendose en verdaderos depredadores del resto de los prestadores del servicio, y acaparadores de los usuarios a quienes imponen sus cuotas tarifarias de manera discriminatoria.

Lamentablemente hay empresas de transporte muy fuertes que con la finalidad de sacar del mercado a otras empresas más pequeñas, han impuesto tarifas bajas, contra las cuales las empresas pequeñas no han podido competir, y después de cierto tiempo han quebrado, dejando libre el mercado a las empresas fuertes que habían impuesto sus tarifas bajas. Una vez que estas se convierten en los únicos prestadores del servicio incrementan sus tarifas muy por encima de lo que estaban en el mercado, o se ponen de acuerdo entre competidores.

Por conductas monopólicas similares existen varios antecedentes registrados, en cuyos casos se han impuesto sanciones económicas, sin que ello haya detenido dichas prácticas, las cuales por el contrario han evolucionado a través de estrategias diferentes pero con el mismo fin.

En el 2011 el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) resolvió imponer multas que suman alrededor de 45 millones de pesos a las empresas Golfo Transportación, Naviera Ocean GM y a Naviera Magna, empresas que incurrieron en prácticas monopólicas absolutas en el mercado de transporte marítimo de pasajeros en los puertos de Quintana Roo, según consta en el expediente DE-002-2014.

En el 2016, las mismas empresas reincidieron en prácticas absolutas en el transporte marítimo de pasajeros en dos rutas principales: Cancún-Isla Mujeres y Playa del Carmen-Cozumel, por lo que la Cofece volvió a sancionar a dichas empresas imponiéndoles una sanción económica por un monto de 25 millones 750 mil pesos.

Sin embargo dichas sanciones económicas no han sido suficientes para evitar que continuen prestando el sevicio y para que dejen de tener practicas monopolicas.

Elproblema de orígen se encuentra en la estructura del mercado, el cual tiene altas barreras de entrada y salida, altos costos de operación, una estructura rígida de costos fijos que, ante la falta de regulación, ha permitido que se sobreoferte el mercado de forma tal que los operadores necesariamente llegan a un punto de pérdida en el cual eventualmente no compiten y deciden elevar y coordinar posturas, o en su caso la situación es aprovechada por alguna empresa depredadora para desplazar a sus competidores.

Al no existir las condiciones que permitan una competencia efectiva los operadores caen necesariamente en alguno de los supuestos de prácticas monopolicas relativas o absolutas referidas por la Cofece y por lo tanto la falta de regulación cobra gran relevancia, ya que al ser un mercado en el cual actualmente se puede invertir de forma indetectable y mantener las perdidas operativas por un periodo de tiempo para lograr la quiebra del competidor en turno, y de esa manera lograr un mercado sin controles de cobro en efectivo y sin factura, hace a este mercado altamente vulnerable al lavado de dinero y al ingreso de capital de dudosa procedencia.

Aunado a lo anterior existe otro problema grave, la falta de regulación de rutas marítimas. Cozumel es el ejemplo maestro del desorden que impera en ese rubro. La autorización abusiva y discriminada de rutas durante el día origina un problema grave de operatividad y de seguridad para los usuarios, ya que durante su marcha las embarcaciones invaden las trayectorias de otras, y entre sí pelean por los espacios en el muelle, el cual se sobre satura durante el ascenso y descenso de los pasajeros, generando un alto grado de inseguridad para éstos.

Igualmente el flujo de pasajeros en este muelle (casi 4 millones de pasajeros al año) y la falta de regulación ha generado que se vuelva un mercado de otros bienes y servicios en el cual se ha privilegiado el comercio por encima de la operación portuaria.

Es urgente la intervención de las autoridades federales para regular y ordenar el transporte marítimo insular y peninsular, tanto en el servicio mixto de carga y pasajeros, como de sólo pasajeros, en todo el país, pero principalmente en destinos de alta demanda de dicho servicio, como lo es en los puertos de Quintana Roo; es fundamental establecer reglas de mercado que permitan una sana competencia entre los prestadores del servicio y quienes aspiren al mismo, de tal manera que se impulse un verdadero desarrollo económico para los pobladores de la región y que estimule el turismo nacional y extranjero. En el caso de que el mercado no permita la competencia efectiva será necesario que la autoridad determine entonces los precios máximos y las condiciones de operación requeridas.

El procedimiento para determinar la existencia de insumos esenciales o barreras a la competencia se encuentra previsto en el artículo 94 de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) y las disposiciones regulatorias correspondientes. El artículo 60 de la LFCE señala los elementos que se deben considerar para determinar la existencia de un recurso esencial, y a la fecha las autoridades federales han sido omisas en su aplicación.

Sin duda alguna resulta urgente la intervención de las autoridades federales para regular el trasporte marítimo a fin de garantizar la seguridad de los usuarios, el cual a pasado a segundo termino para quienes hoy en día prestan el servicio.

En virtud de todo lo anterior, pongo a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía del gobierno federal para que en uso de sus facultades y atribuciones intervenga inmediatamente en la problemática del transporte marítimo mixto y de pasajeros que se presenta en los puertos del estado de Quintana Roo, realice las acciones necesarias para verificar las condiciones operativas del mercado de transporte marítimo de pasajeros y carga, y establezca las normas de regulación operativa y tarifaria que garanticen un correcto desempeño del servicio al costo adecuado, brinden seguridad a los usuarios, certeza jurídica a los operadores para funcionar a largo plazo, y fomenten la inversión.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía del gobierno federal para que, previo el desahogo del resolutivo primero, presente ante esta Soberanía un informe detallado de las acciones realizadas para resolver el problema expuesto.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Competencia Económica, a iniciar el proceso de investigación para determinar insumos esenciales o barreras a la competencia en el mercado de transporte marítimo en cabotaje de pasajeros, transporte marítimo en cabotaje mixto de carga y pasajeros e instalaciones portuarias para cabotaje de estos medios de transporte, de acuerdo con lo previsto en el artículo 94 de la Ley Federal de Competencia Económica.

Comisión Permanente, a 4 de enero de 2018.

Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de que se cite a comparecer al titular de la Fepade para que explique la situación de las investigaciones sobre el caso Odebrecht con ex funcionarios de Pemex y de la APF, a cargo del senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, senador Isidro Pedraza Chávez, integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de este honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 8, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del titular de la Fepade para informar sobre los avances de las investigaciones del caso Lozoya­Odebrecht , fundado de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El caso Odebrecht es una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicada el 21 de diciembre de 2016 sobre la constructora brasileña Odebrecht, en la que se detalla que la misma habría realizado aportaciones de dinero y sobornos a funcionarios públicos de los gobiernos de 12 países: Angola, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos de América, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, durante los últimos 20 años, para obtener beneficios en contrataciones públicas. La empresa en comento creó una partida llamada “Sector de relaciones estratégicas” a finales del año 2010, que utilizó para sobornar a funcionarios de alto nivel.

Esta empresa para los mexicanos es sinónimo de contratos asignados por parte de la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos a la empresa Odebrecht, particularmente los relacionados con obra pública, concesiones y demás involucrados, una red de corrupción financiera bajo la protección del más alto nivel que terminan pagando los contribuyentes.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en un periodo comprendido entre 2010 y 2014, Odebrecht estuvo vinculada a pagos por valor de 10.5 millones de dólares para ganar contratos de obras públicas mexicanas que le generaron beneficios por más de 39 millones de dólares. Odebrecht participó en la construcción de una refinería de Pemex. Existe registro de que el presidente de la compañía viajó a México en 2013 y participó en una reunión pública con el presidente Enrique Peña Nieto.

Los ejecutivos de Odebrecht hablaron con gobernadores en todo el país, que recibían sus favores y fuertes compensaciones económicas y materiales, incluyendo al ex gobernador Javier Duarte, de Veracruz, por los cuales obtuvieron citas al más alto nivel en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto; el crecimiento de Odebrecht en México en la última década tuvo el amparo de funcionarios y políticos a los que pagó decenas de millones de dólares en sobornos. Esta es una historia que se repite con otro tipo de empresas asociadas a este esquema de corrupción como la empresa OHL, de capital español, y que terminan rompiendo todo principio de equidad en el financiamiento de las campañas electorales de nuestro país.

El esquema de corrupción que se dio de 2001 a 2016, narrado en documentos de la Corte Federal de Nueva York, donde la acusación contra Odebrecht establece que de 2010 a 2014 la empresa pagó sobornos por más de 10 millones de dólares a funcionarios mexicanos para asegurar la contratación para obra pública, con lo cual obtuvo un beneficio de 300 por ciento con los contratos y obras complementarias en México.1

En 2013, Odebrecht aceptó haber pagado un soborno a un alto funcionario de Pemex, a cambio de ayudar a Odebrecht a ganar un proyecto, a finales de 2014. El conglomerado brasileño tiene un largo historial de negocios en México, junto con su filial en el campo de la petroquímica, Braskem, que también es acusada de sobornos a partidos políticos, funcionarios y legisladores en Brasil, en otras partes del mundo; las dos empresas tienen fuertes intereses en México en el sector energético.

En 2014, Odebrecht ganó la licitación de Pemex, a través de su filial Tag Pipelines, el tramo dos del colosal desarrollo del gasoducto Los Ramones, que recorre los estados de Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas. El contrato fue de 935 millones de dólares, por el cual se pagó un soborno de más de 10 millones de dólares. La relación de Odebrecht con esas dos empresas estatales era amplia, en 2011 se contrató para la construcción del Complejo Petroquímico Etileno XXI, en Coatzacoalcos, Veracruz, el más grande de su tipo en América Latina, y contó con todo el apoyo de los gobernadores Fidel Herrera y Javier Duarte.

Odebrecht y su filial Braskem usaron una unidad de negocios oculta pero completamente operativa, un Departamento de Sobornos que sistemáticamente pagó millones de dólares a funcionarios corruptos en México y otros países, dijo el asistente del procurador general, Sung-Hee Suh, responsable de la División Criminal; los ejecutivos de Odebrecht usaron el sistema bancario de Estados Unidos para disfrazar la fuente y el desembolso de dinero para pagar sobornos en México, con transferencias de dinero mediante empresas fantasma .

Es importante mencionar los alcances de dicha investigación; de acuerdo a la información, que proporcionó Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en plena contienda electoral en 2012, la constructora Odebrecht transfirió 3 millones 140 mil dólares a una empresa establecida en Islas Vírgenes, ligada a Emilio Lozoya Austin, quien en aquellos días fungía como coordinador de Vinculación Internacional en la campaña del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto. Las transferencias equivalen a 40 millones de pesos, al tipo de cambio de aquel entonces. El dinero fue enviado desde la cuenta 244006 del Meinl Bank, ubicado en la isla de Antigua, a nombre de la compañía “fachada” Innovation Research Engineering and Development Ud: (IRED) , que era utilizada por Odebrecht para ocultar el pago de sobornos a políticos latinoamericanos.

La misma cuenta había sido utilizada entre octubre de 2010 y febrero de 2011 para transferir casi un millón de dólares a una compañía fantasma establecida en Poza Rica, Veracruz, de nombre Blunderbuss Company, SA de CV, detrás de la cual opera una red de prestanombres vinculada al gobierno veracruzano cuando fue encabezado por Javier Duarte.

La investigación en México fue encabezada en su momento por el ex procurador Raúl Cervantes, quien renunció a su cargo el pasado 16 de octubre de 2017, y el pasado 20 de octubre, Alberto Elías Beltrán, en calidad de titular interino de la PGR removió a Santiago Nieto como fiscal electoral con el argumento de que había violado el código de ética de la institución al revelar datos a un medio de comunicación sobre la investigación que seguía al ex titular de Pemex, Emilio Lozoya, por supuestos sobornos recibidos de la empresa brasileña Odebrecht. Por meses, la Fepade quedó sin titular, hasta el pasado 15 de diciembre, el Senado de la República eligió al licenciado Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños, como nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), en sustitución de Santiago Nieto Castillo.

Mientras que el caso Odebrecht sigue siendo motivo de amplias investigaciones en el resto del continente, en México se mantiene un silencio por las implicaciones políticas que significa, y demostrará que existió financiamiento de dicha empresa a la campaña electoral de 2012.

Estamos en uno de los procesos electorales más importantes de la historia moderna de nuestra nación, y es inadmisible que hasta el momento no exista ninguna acción por parte de las autoridades sobre este importante asunto de relevancia internacional.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión está en la obligación de solicitar la inmediata presencia del nuevo titular de la Fepade, para que comparezca ante el pleno y rinda un informe a esta soberanía sobre la situación que guardan las investigaciones del caso Lozoya-Odebrecht, con el objeto de explicar la situación que guardan las investigaciones a ex funcionarios de Petróleos Mexicanos y de la presente administración pública federal.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente, el siguiente:

Punto de acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoca a comparecer ante el pleno al doctor Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, con el objeto de explicar la situación que guardan las investigaciones del caso Odebrecht con ex funcionarios de Petróleos Mexicanos y de la administración pública federal.

Nota

1 Tomado de https://es.wikipedia.org/wiki/Caso_Odebrecht

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los cuatro días del mes de enero de 2018.

Senador Isidro Pedraza Chávez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a instaurar con las 32 entidades federativas campañas para concienciar a la población, con especial atención en niños y adolescentes, sobre el uso responsable de las redes sociales, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, senadores de la república integrantes del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las redes sociales son los sitios de Internet preferidos por el sector más joven de la población, que les permite interactuar, compartir, crear comunidades sobre intereses similares como juegos, trabajo, relaciones amorosas y comerciales, principalmente.

Sin embargo, los contenidos que se consumen en redes sociales también pueden tener efectos negativos en los usuarios. Las cuales están enfocados a causar alguna afectación al internauta como el fraude cibernético, redes de prostitución y el robo de identidad.1

Para ponderar la magnitud de esta situación, la Asociación Mexicana de Internet señala que actualmente 65 millones de mexicanos tienen acceso a internet. De ellos, el mayor porcentaje de usuarios se halla entre el sector de la población menor de 18 años, que representa 34 por ciento del total, seguido del sector de entre 25 y 34 años, con 20 por ciento; 15 por ciento lo representan los usuarios de entre 35 y 44 años, mientras que el grupo de los 45 a los 55 es de 9; y finalmente los usuarios mayores de 55 años son alrededor de 5.2

Hoy, los mexicanos en promedio utilizan 7 horas y 14 minutos internet: 1 hora y 3 minutos más que en 2015. En cuanto al lugar de acceso a internet destaca el hogar (87 por ciento), seguido de cualquier lugar gracias a los dispositivos móviles (52). El método de conexión más popular es WIFI contratada (84 por ciento) a diferencia de otros medios como plan de datos (27) o WIFI en lugares públicos (26).

Tener acceso a Internet está cambiado los hábitos de tres de cada cuatro internautas: se utiliza la vía online sobre todo para escuchar música, ver películas, la formación y la gestión de las finanzas (en este último caso, tan sólo 9 por ciento la realizan de forma más presencial que online).

Entre los usos personales que los usuarios le dan al Internet destaca acceder a redes sociales (cerca de 80 por ciento), por encima de enviar/recibir mails o mensajes instantáneos; ver películas/series en streaming (96 por ciento) y jugar en línea (96 por ciento).

Sin embargo, Facebook es la red social líder en el país, seguida de WhatsApp, siendo las más usadas a diario, con un promedio de 5 horas y 15 minutos. En uso y preferencia les siguen YouTube, Instagram y Twitter.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía indica que los adolescentes el comportamiento es muy similar al de la población de 6 a 11 años, ya que los usos que el mayor porcentaje de población femenina y masculina hacen del Internet se registra en las actividades de entretenimiento con 89.4 y 82.6 por ciento, respectivamente; mientras que acceder a redes sociales resulta una actividad de mayor importancia para los jóvenes por encima de las actividades de apoyo a la educación con 83.3 por ciento de hombres y 84.7 de mujeres.3

Al menos uno de cada siete menores ha recibido solicitudes sexuales por parte de adultos, que se hacen pasar como amigos a través de perfiles falsos en redes sociales, en las cuales predomina el intercambio de fotografías con contenido sexual.

Sin duda, una de las principales problemáticas de las redes sociales es el grooming, la cual es definida como el acoso sexual a menores de edad por parte de adultos que se realiza a través de Internet, principalmente por medio del uso de redes sociales, caracterizado por el contacto inicial, el intercambio de mensajes y de imágenes con contenido sexual, el cual puede desembocar finalmente en un encuentro entre el adulto y el menor de edad que generalmente da pie a otros delitos como la trata de personas, abuso sexual o violación sexual.

El incremento de este tipo de casos en nuestro país va en aumento. En el último año, de acuerdo a cifras oficiales de la Federación de América Latina y el Caribe de Clubes, Centros y Asociaciones Unesco capítulo México, el grooming se triplicó debido en parte a que más de 35 millones de menores de edad, ya tienen acceso a internet y redes sociales.

Las escuelas de educación básica y media superior son los medios más importantes para concientizar a edad temprana a niñas, niños, adolescentes y jóvenes sobre los diferentes riesgos que resultan del uso inapropiado e irresponsable de las tecnologías y redes sociales.

Por lo anterior resulta urgente instaurar acciones oportunas para concientizar a la población, con especial atención a las niñas, niños y adolescentes, a fin de prevenir posibles delitos, como la pornografía infantil, el comercio sexual infantil, el maltrato infantil, el abuso sexual y el narcomenudeo.

De allí la necesidad de advertir a las familias para sensibilizar a los menores de edad sobre los riesgos de subir datos personales en las redes sociales y generar una cultura de prevención y concienciación del uso del Internet y redes sociales, con el objeto de que su uso sea seguro y responsable, y de esta manera salvaguardar la seguridad e integridad de este sector de la población.

Ante este panorama, es apremiante que la Secretaría de Gobernación para que, en coordinación con las 32 entidades federativas, instrumenten campañas para concientizar a la población, con especial atención a las niñas, niños y adolescentes, sobre el uso responsable de las redes sociales, con el objeto de prevenir y atender de manera oportuna posibles delitos en todo el país.

Por lo expuesto sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a instaurar con las 32 entidades federativas y en el ámbito de sus respectivas atribuciones campañas para concienciar a la población, con especial atención a las niñas, niños y adolescentes, sobre el uso responsable de las redes sociales, con el objeto de prevenir y atender de manera oportuna posibles delitos en todo el país.

Notas

1 https://www.entrepreneur.com/article/271620

2 http://imco.org.mx/banner_es/estudio-de-habitos-de-los-usuarios-de-inte rnet-en-mexico-via-amipci/

3 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/ni%C3 %B1o2017_Nal.pdf

Dado en el salón de sesiones de la H. Comisión Permanente, a los 04 días del mes de enero del 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y el Conacyt a establecer medios de coordinación y colaboración para promover la inclusión formal femenina en el área de ciencias, suscrita por la diputada Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Guadalupe González Suástegui, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo por el que exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a establecer mecanismos de coordinación y colaboración necesarios para promover y fomentar conjuntamente la inclusión formal de las mujeres al área de ciencias, tanto en las instituciones de educación superior (IES), como en la Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación, con base en las siguientes:

Consideraciones

La transversalización de la perspectiva de género es una estrategia que desde la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing se ha tratado de implementar, y el tema que hoy nos aborda es la mujer en el campo de la ciencia.

Los gobiernos que adoptaron la declaración coinciden en “garantizar el acceso de las mujeres en condiciones de igualdad a los recursos económicos, incluidos la tierra, el crédito, la ciencia y la tecnología , la capacitación profesional, la información, las comunicaciones y los mercados, como medio de promover el adelanto de las mujeres y las niñas y la potenciación de su papel, incluso mediante el aumento de su capacidad para disfrutar de los beneficios de la igualdad de acceso a esos recursos para lo que se recurrirá a, entre otras cosas, la cooperación internacional.”

Ahora bien, la Plataforma de Acción en su objetivo estratégico B. 3. Aumentar el acceso de las Mujeres a la formación profesional, la ciencia y la tecnología y la educación permanente, punto 82, inciso e), nos indica las medidas que han de adoptarse por parte de los gobiernos en cooperación con las instituciones educativas:

e) Diversificar la formación profesional y técnica y aumentar el acceso y la retención de niñas y mujeres en la enseñanza y la formación profesional en los campos de las ciencias, las matemáticas, la ingeniería, la ciencia y la tecnología ambientales, la tecnología de la información y la alta tecnología, así como la capacitación en materia de gestión;

Es importante que institucionalicemos la transversalización en todas las áreas, ya como lo consideró el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) es el “proceso de valorar las implicaciones que tiene para los hombres y para las mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o programas, en todas las áreas en todos los niveles... que tiene como objetivo final de la integración el conseguir la igualdad de los géneros.”

Debemos fortalecer la comunidad científica de mujeres, disminuir la brecha de género, si bien ha habido un incremento paulatino en la matrícula de mujeres que ingresan a la educación superior y posgrado, todavía contiene un sesgo hacía las áreas sociales. Por lo que es necesario romper paradigmas y estereotipos para que las mujeres ingresen a las áreas de las ciencias.

El Grupo Mujer y Ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se integró en el 2006, como una organización que agrupa investigadoras y académicas de diferentes áreas de la ciencia. Cuenta a la fecha con 180 integrantes de 19 estados. El grupo tiene como principal objetivo el generar políticas científicas con perspectiva de género que ofrezcan a las mujeres igualdad de oportunidades para el desarrollo científico.

Este grupo de mujeres científicas ha desarrollado diferentes eventos tanto a nivel nacional como internacional con el propósito de visibilizar y fomentar a la mujer en el área de la ciencia. En el 2015 realizaron en instalaciones de Ciudad Universitaria un taller: Superando la inequidad. Acciones para Impulsar y reconocer las investigaciones de ciencia y género en México .

Las memorias de dicho evento son sumamente valiosas, ya que nos proporcionan datos matriculares de la UNAM, UAM, así como del Sistema Nacional de Investigadores (SIN).

El documento indica que si bien la matrícula de las mujeres en educación superior aumentó de 1960 con un 17 por ciento al año 2000 casi al 50 por ciento, en posgrado solo alcanzo a 46 por ciento. Sin embargo un dato interesante es la segregación horizontal ya que la incorporación en carreras de ingenierías o afines representa tan solo el 25 por ciento de la matrícula mientras que en humanidades el 60 por ciento.

De igual forma, indican que persiste la segregación vertical sobre el número de profesoras titulares c que en la UNAM es del 27 por ciento, y en el Sistema Nacional de Investigadores (SIN) donde de cada 10 personas que alcanzan el nivel 3, solo 2.8 por ciento son mujeres. Y por lo que hace a eméritos de la UNAM, una de cada diez es mujer mientras que en la UAM dos de cada 10.

La doctora Martha Pérez, directora del Grupo Mujer y Ciencia de la UNAM, considera que es necesario que se reconozca y fomente el campo de la ciencia y género, considerando la inclusión de estudios con perspectiva de género desde todas las áreas de las ciencias, por ejemplo en las 7 áreas que considera el Sistema Nacional, ya que aún persisten ideas o grupos de que sólo deben basarse en las áreas sociales y humanidades, por lo que esta situación limita la participación de las mujeres, así como los avances de las mujeres para alcanzar la igualdad de género en el ámbito científico.

Ante lo expuesto se somete a la consideración de la asamblea la propuesta por la que se solicita a la Secretaría de Educación Pública y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología establecer mecanismos de coordinación y colaboración necesarios para promover y fomentar conjuntamente la inclusión formal de las mujeres al área de ciencias, que pueden ir desde campañas exhaustivas hasta la instauración de acciones afirmativas.

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) tiene la misión de promover y estimular el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país, además de elaborar políticas de ciencia y tecnología nacionales, por lo que la inclusión formal de las mujeres en el área es sumamente importante para el desarrollo del país y la disminución de las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres.

Por lo anterior, presento a esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a establecer mecanismos de coordinación y colaboración necesarios para promover y fomentar conjuntamente la inclusión formal de las mujeres al área de ciencias, tanto en las Instituciones de Educación Superior (IES), como en la Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los cuatro días del mes de enero de 2018.

Diputada Guadalupe González Suástegui (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades de los tres niveles de gobierno a garantizar atención y apoyo permanentes a 6 mil indígenas en situación de extrema urgencia tras ser desplazados de sus comunidades en Chiapas, suscrita por la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, María Luisa Beltrán Reyes, diputada del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

Primero. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el documento garante de los derechos de todas las personas. En su articulado, nuestra carta máxima consigna cada uno de los derechos fundamentales, que debemos salvaguardar mediante ordenamientos secundarios exclusivos de cada uno de estos derechos. En este sentido, el artículo 1 constitucional garantiza que “...todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse (...) Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley (...) Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas...”1

En su artículo 2, nuestro máximo ordenamiento especifica con claridad los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas, así como la responsabilidad que tienen los tres órdenes de gobierno para garantizar que éstos sean respetados.

Aunado a lo anterior, en cada una de las leyes sustanciales de cada derecho queda claro que, bajo el principio de igualdad como mexicanos, todos los habitantes de nuestro país pueden y deben acceder a la vida, educación, salud, tierra, vivienda, paz y respeto a su pensamiento y creencia, entre otros aspectos vitales en la dignidad de las personas, la convivencia y el desarrollo individual y colectivo.

Segundo. Durante el reciente mes de octubre, nuestro país y la comunidad internacional fueron testigos de una situación alarmante, por tratarse de la emergencia en los derechos humanos de más de seis mil personas indígenas del estado de Chiapas que se vieron forzadas a desplazarse de sus comunidades de origen, por motivos de seguridad, debido a conflictos agrarios cuyo origen data de más de cuatro décadas.

De acuerdo con información que, con la objetividad y oportunidad del caso, circuló en diversos medios de nuestro país, son entre cinco mil y siete mil seres humanos, integrantes de mil familias desplazadas; entre éstos hay adultos mayores y cientos de mujeres embarazadas, así como de mil 800 a tres mil niñas, niños y adolescentes. Originarios de las comunidades de Pom, Ch’enmut, Canalumtic, Emiliano Zapata, Tzomoltón y Cruztón, del municipio de Chalchihuitán; y de Yabteclum, Santo Ton y Las Limas, del municipio de Chenalhó, hoy viven a la intemperie, en lo alto de las montañas, sin techo ni comida, y con el riesgo latente de contraer enfermedades y sufrir los estragos de la desnutrición y el clima severo.

Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo un llamado a las autoridades de nuestro país para que intervengan inmediatamente, a fin de proteger la integridad física y la vida de los más de seis mil seres humanos que atraviesan por esta penosa situación de emergencia. Sobre el caso, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de su comisionado por los Derechos Humanos en nuestro país, Jan Jarab, advirtió que “la trágica situación actual es inadmisible y requiere una respuesta pronta y adecuada que provea a las personas afectadas de la seguridad necesaria, una ayuda humanitaria inmediata y culturalmente adecuada, así como la generación de todas las condiciones necesarias para garantizar un retorno seguro a sus hogares”.2

Alberto Solís Castro, director de Servicios y Asesoría para la Paz, AC (Serapaz), y Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), indican que el 82 por ciento de la población infantil y adolescente de Chiapas vive en condiciones de pobreza, de modo que situaciones de desplazamiento, como éstas, los vuelve todavía más vulnerables.

Solís Castro indica que “...el tema del paramilitarismo no es nuevo en Chiapas. Estamos hablando de los mismos grupos que siguen ahí y no se han desarmado. Estos grupos ya empoderados ahora se fueron en contra de quienes han estado en medio de una disputa histórica de territorio debido a un negligente trabajo de límites realizado por el gobierno...”3

En su ensayo Conflicto étnico y migraciones forzadas en Chiapas ,4 Germán Martínez Velasco, del Colegio de la Frontera Sur, señala que: “... Hablar de desplazados en el México contemporáneo conduce necesariamente al estado de Chiapas, ya que en las tres últimas décadas esta entidad ha llamado la atención nacional e internacional por el desencadenamiento de sucesos de diversa índole, que van desde los fuertes e interminables conflictos religiosos hasta las confrontaciones político-militares de reciente aparición, pasando por las pugnas por el control del territorio, en los planos intra e intercomunitario (...) Así, el problema del desplazamiento en Chiapas constituye una de tantas formas de migración que se presentan en la entidad, con la particularidad de ser forzada...”.

Tercero. A más de un mes de esta alerta nacional e internacional, las autoridades chiapaneca y federal informaron que ya habían tomado cartas en el asunto, desplegando operativos y sobrevuelos policiacos, y con la instalación de lo que denominan “Base de Operaciones Mixtas en la zona del conflicto”, con acciones como “...distribución de cuatro mil paquetes de víveres, cobertores, tres mil kits de aseo personal, tres mil 48 piezas de pañales, 15 mil 360 piezas de toallas femeninas y mil 240 pares de sandalias (...) acompañamiento vía terrestre a personal de la parroquia de Simojovel para la distribución de bultos de frijol, maíz, ropa y despensas (...) atención a familias afectadas en la cabecera municipal de Chalchihuitán, donde se dieron 65 consultas, además de la atención que se ofrece en el Hospital Básico Comunitario del municipio (...) en Las Limas, municipio de Chenalhó, se implementaron brigadas médicas a través de las cuales se brindaron 92 servicios a habitantes de la comunidad...“.5

En estas labores de auxilio, según informan las autoridades, interviene personal del Ejército, la Cruz Roja Mexicana, Secretaría de Protección Civil, Procuraduría General de la República, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y Secretaría de Salud.

Como se aprecia, el problema exige por lo menos un par de acciones: 1) El auxilio urgente y permanente a estos miles de hermanos connacionales; 2) La intervención de las autoridades de seguridad para erradicar el clima de violencia que provocó dicho desplazamiento, en tanto la autoridad judicial en materia agraria emite un nuevo resolutivo sobre este conflicto que, como se enunció líneas antes, lleva más de cuatro décadas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes y la soberanía de las entidades federativas, exhorta a las autoridades de los tres niveles de gobierno a que garanticen atención y apoyo permanente a las seis mil personas indígenas que se encuentran en situación de extrema urgencia, por haber sido desplazadas de sus comunidades ubicadas en los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, en el estado de Chiapas. Esta atención debe sostenerse hasta que se resuelvan los problemas de origen que provocaron dicho desplazamiento forzado.

Referencias

1. http://www.sct.gob.mx/JURE/doc/cpeum.pdf

2. http://www.animalpolitico.com/2017/11/indigenas-desplazados-chiapas-vio lencia/

3. http://www.jornada.unam.mx/2017/12/05/politica/015n1pol

4. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid= S0188-77422005000100012

5. http://www.proceso.com.mx/513331/llevan-ayuda-humanitaria-a-indigenas-d esplazados-en-chiapas-autoridades-instalan-base-en-zona-conflicto

Dado en el Palacio Legislativo, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 4 de enero de 2018.

Diputada María Luisa Beltrán Reyes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a garantizar en la prestación de los servicios de albergues condiciones de estancia digna, sanitarias, de esparcimiento y de seguridad, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El gobierno de la Ciudad de México dispone de diversos espacios para el resguardo y protección temporal de las personas que por alguna situación no cuentan con una vivienda. En estos espacios de acuerdo con las autoridades capitalinas, además de brindar un lugar para dormir, también se suministran alimentos y medicamentos a la ciudadanía que padece desnutrición y alguna enfermedad con el objeto de preservar su integridad y salud.

Entre el listado de albergues, se encuentra el ubicado en el deportivo Escuadrón 201 en la delegación Álvaro Obregón, el del deportivo Benito Juárez en la delegación Azcapotzalco y el de los deportivos Rosario Iglesias y Culhuacán en la delegación Coyoacán.

También se dispone de otros albergues en las delegaciones Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Tlalpan, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Tláhuac y Xochimilco.1

No obstante, a pesar de esta numerosa red, se han denunciado una serie de irregularidades, entre las que destacan las siguientes:

• A decir de diversos medios de comunicación, en las delegaciones Cuauhtémoc, Álvaro Obregón y Coyoacán se identificaron albergues que aparecieron en la lista publicada en páginas oficiales de las dependencias de la Ciudad de México y sus delegaciones, a pesar de ello, no fueron abiertos al público.

• En delegaciones como Benito Juárez, Tláhuac e Iztapalapa se encontraron espacios de alojamiento temporales que no cumplen con los estándares mínimos de salubridad, es decir, sus baños, cuartos y cocina estaban sucios e inapropiados para el descanso de las personas.

• Existieron quejas de las personas que normalmente hacen uso de los espacios deportivos y culturales, ya que sin una planeación y tomando en consideración accesos, vías de comunicación y tiempos en los traslados, se autorizaron su uso como albergues, situación que se tradujo en poca afluencia de las personas damnificadas.

• No existió una campaña eficiente de información que contemplara espacios alternativos que diera a conocer la ubicación y el número de personas que podían alojar cada uno de estos albergues, esto significa que por desconocimiento los afectados no asistieron.

• Se documentaron malos tratos, como el establecimiento autoritario de horarios estrictos de ingreso y egreso, periodos reducidos para la utilización de baños para el aseo y nulas actividades de recreación que coadyuven a la superior de las secuelas que dejaron por ejemplo los sismos del pasado mes de septiembre.

• Se limita y hasta se prohíbe el acceso a personas en situación de calle, ya que a decir de las propias autoridades de los albergues, son individuos con poca higiene y presentan algún cuadro de dependencias a sustancias prohibidas, lo cual da mal aspecto.

• La mayoría de los albergues de la Ciudad de México carecen de personal médico y psicológico que brinden los primeros auxilios a la población y coadyuven a superar la pérdida de un familiar, incluso de un bien material como su departamento o vivienda.

• Por su parte, organizaciones de la sociedad civil, también han hecho de manifiesto público que dichos albergues no cumplen con los estándares internacionales en la materia, sobre todo, porque no fomentan o permiten una rápida transición de un refugio de emergencia a un alojamiento temporal de las personas.2

Por si esto no fuera suficiente, existen indicios de presuntos desvíos de recursos públicos, esto se debe a que durante los fenómenos naturales, el gobierno de la Ciudad de México ha destinado fuertes cantidades de dinero, sin embargo, al parecer no se han utilizado para la adquisición de camas, colchones o cobijas, ya que dichos albergues carecen de estos insumos, estas denuncias deben ser investigadas por la Contraloría General y de detectar alguna irregularidad, actuar en consecuencia.

El conjunto de estas irregularidades vulneran el ejercicio de derechos humanos como el de la salud, la educación, el trabajo y la seguridad personal e incluso el de la integridad física de las personas, esta situación impide recuperar la tranquilidad y recobrar las actividades diarias de los damnificados y sus familias.

Pese a este panorama poco alentador, durante esta temporada invernal los albergues de la Ciudad de México son fundamentales e indispensables para la protección de las personas ante las inclemencias del frío, de ahí el interés del Grupo Parlamentario del PRI de que cuenten con los insumos necesarios para garantizar una estancia digna con respeto a los derechos humanos y se sancione a los servidores públicos que están lucrando con la necesidad de las personas.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta.

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno de la Ciudad de México para que, en el marco de sus atribuciones constitucionales, lleve a cabo las acciones necesarias para garantizar la prestación de los servicios en los albergues de la demarcación bajo condiciones de estancia digna, entre ellas sanitarias, de esparcimiento y seguridad, ante el incremento de denuncias públicas sobre presuntas extorsiones, poca higiene, y maltratos hacia damnificados de los sismos del pasado mes de septiembre, personas en situación de calle y otros grupos vulnerables.

Notas

1 Gobierno de la Ciudad de México. (2017). Listado de albergues. 19/12/2017, de CDMX Sitio web: http://www.comunicacion. cdmx.gob.mx/noticias/nota/listado-de-albergues-cdmx

2 Proceso. (2017). ONG denuncian pesadilla de damnificados en albergues de la CDMX. 19/12/2017. Sitio web: http://www.proceso.com.mx/512227/ong-denuncian-pesadilla-damnificados-e n-albergues-la-cdmx

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 4 de enero de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión envía condolencias a las familias de los fallecidos en el accidente de una avioneta en Guanacaste, Costa Rica, a cargo de la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Mariana Gómez Del Campo Gurza, integrante de la LXIII Legislatura en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 171, 175, 176 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión envía condolencias a las familias de las personas fallecidas en el accidente de una avioneta en la provincia de Guanacaste, República de Costa Rica, y exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a estrechar la cooperación en materia de seguridad en la aeronáutica civil con el hermano país centroamericano, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Una aeronave Cessna 208 se estrelló en Guanacaste el 31 de diciembre de 2017, con 10 tripulantes de origen estadounidense, entre quienes se encontraba una familia compuesta por 5 miembros, y 2 tripulantes de origen costarricense.

El gobierno de Costa Rica ha determinado tras las revisiones de los restos de la aeronave que no hubo sobrevivientes, dado que todos quienes abordaron en el avión fallecieron carbonizados.

La aerolínea Nature Air se ve involucrada por segunda ocasión con un accidente aéreo, siendo el primero en septiembre del año pasado, cuando un avión Cessna 206 se estrelló poco después de su despegue del aeropuerto Tobías Bolaños, en San José, Costa Rica. Este primer accidente tuvo un saldo de 5 víctimas.

Se ha declarado que uno de los pilotos fallecidos, Juan Manuel Retana, era primo de la ex presidenta Laura Chinchilla, como ha confirmado ella misma a través de su cuenta de Twitter.

Siguiendo relatos de testigos del accidente, se describe que el avión venía “demasiado abajo”; la nave, que había salido de Punta Islita con dirección hacia el aeropuerto Juan Santamaría, “ya traía problemas” antes del accidente, según testimonios de los lugareños que viven a 200 metros de lo ocurrido.

Consideraciones

1. Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

2. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en el artículo 89, fracción X, que es facultad del presidente de la República dirigir la política exterior observando los siguientes principios normativos: “la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”.

Por lo expuesto sometemos a consideración de esta soberanía el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión envía sus condolencias a las familias de las personas fallecidas en el accidente de una avioneta en la provincia de Guanacaste, República de Costa Rica, y exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a estrechar la cooperación en materia de seguridad en la aeronáutica civil con el hermano país centroamericano.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 4 de enero de 2018.

Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades de los tres niveles de gobierno a investigar sobre los recientes asesinatos de militantes y funcionarios del PRD, a cargo de la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, senadora Angélica de la Peña Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión Permanente, somete a la consideración de la Comisión Permanente, la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En las últimas semanas se registraron los asesinatos de alcaldes y legisladores del Partido de la Revolución Democrática. Y parece que la tendencia continúa: ahora, en Nayarit, fue ejecutado quien fuera director de Protección Civil del municipio de Ixcuintla, el perredista Sabino Mejía.

Con este homicidio, suman ya cinco perredistas asesinados en una semana, entre ellos: el diputado Saúl Galindo Plazola, de Jalisco, quien fue asesinado enfrente de su hijo en la carretera 200 y murió en el hospital debido a dos disparos de escopeta. El alcalde Arturo Gómez Pérez, de Guerrero, quien fue asesinado a balazos mientras cenaba con amigos; el regidor Gabriel Hernández Arias, quien fue hallado en su domicilio en Tabasco con huellas de tortura, y José Castro Crespo, de Mexicali, Baja California, ex candidato a diputado que fue asesinado a balazos el 30 de diciembre.

Por estas razones, condenamos los hechos y hacemos un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno a realizar una investigación de manera exhaustiva y expedita de los asesinatos cometidos en contra de diversos militantes y funcionarios del Partido de la Revolución Democrática, toda vez que son hechos inaceptables y reprobables que lastiman a la sociedad mexicana en su conjunto.

Asimismo, reiteramos la necesidad de que las investigaciones sean atendidas con oportunidad y de manera integral, al tiempo que refrendamos nuestra solidaridad con los deudos de las víctimas y con nuestra militancia. Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades correspondientes de los tres niveles de gobierno a que realicen investigaciones exhaustivas, expeditas e imparciales sobre los recientes asesinatos cometidos en contra de Saúl Galindo Plazola, Jalisco; Arturo Gómez Pérez, de Guerrero; Gabriel Hernández Arias, de Tabasco; Juan Antonio Castro Crespo, de Baja California, y Sabino Mejía Rodríguez, de Nayarit; todos militantes del Partido de la Revolución Democrática.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los cuatro días del mes de enero de 2018.

Senadora Angélica de la Peña Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Morelos a informar sobre los avances en la solventación de las observaciones de la ASF correspondientes a la Cuenta Pública de 2016, por diversas irregularidades en el ejercicio de las participaciones a entidades federativas que presumiblemente representaron un daño a la hacienda pública por casi 960 millones de pesos, suscrita por senadores del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, senadores de la República integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El Ramo General 28, Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, se refiere a los recursos que se transfieren a éstas, correspondientes a las participaciones en ingresos federales e incentivos económicos. Estos recursos no tienen un destino específico en el gasto de los gobiernos locales.

El Ramo General 28 se asigna de manera proporcional a la participación de las entidades en la actividad económica

El gobierno del estado de Morelos, lejos de ejercer estos recursos con eficacia, eficiencia y honradez tal como los señala el artículo 134 constitucional, incurrió en distintas irregularidades que podrían representar un daño al erario público por casi 960 millones de pesos.

De acuerdo a la Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-17000-02-1138, correspondiente a la Cuenta Pública 2016, el gobierno estatal realizó pago por “Servicios Personales” por más de mil 601 millones de pesos; no obstante, no presentó la información comprobatoria y justificativa del pago de más de 451 millones de pesos.

La Auditoría Superior de la Federación detectó que se realizaron pagos por más de 72 millones de pesos por “Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios”, sin embargo, la documentación comprobatoria no corresponde a las Participaciones Estatales.

En el ejercicio de los recursos transferidos al concepto 4100, “Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público”, el gobierno de Morelos no comprobó el gasto de más 249 millones de pesos.

La ASF señaló un probable daño al erario por más de 53 millones de pesos, porque el gobierno del estado no presentó la documentación comprobatoria del ejercicio de recursos del concepto 9200 “Intereses de la Deuda Pública”.

El gobierno de Morelos realizó transferencias indebidas de los recursos de Participaciones Estatales por un monto de más de 63 millones de pesos. La ASF identificó pagos por trabajos que no se concluyeron por un monto de más de 4 millones de pesos.

De igual forma realizó pagos en exceso respecto de la plantilla de personal autorizada en el Diario Oficial del Estado de Morelos, por lo que se presume un daño al erario por casi 12 millones de pesos. Asimismo, la ASF detectó que el gobierno estatal realizó pago por concepto de percepciones que no se encuentran autorizadas, por más de 50 millones de pesos.

La ASF concluyó que el estado de Morelos no cumplió con una gestión eficiente y transparente de los recursos de las Participaciones Estatales y estimó recuperaciones probables por 959 millones 651 mil pesos.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el presente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Morelos a informar esta soberanía sobre los avances en la solventación de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación correspondientes a la Cuenta Pública 2016, por diversas irregularidades en el ejercicio de las participaciones federales a entidades federativas que presumiblemente representaron millones de pesos.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, la Sedesol, la Ssa, la SE y la Sagarpa a incentivar los apoyos de producción, regulación, publicidad y competencia económica de la industria lechera de México, suscrita por el diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, Elías Octavio Iñiguez Mejía, diputado federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

a) Generalidades a nivel mundial

Primera. Datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (por sus siglas en inglés, FAO), determinan que la leche es uno de los productos agrícolas más producidos y valiosos del mundo, ya que se calcula que en el año de 2013 la producción mundial total de leche fue de 770 mil millones de litros, cantidad que valuada en moneda comercial asciende los 320 mil millones de dólares estadounidenses.1

La leche representa cerca de 14 por ciento del comercio agrícola mundial, pues este producto es producido en la mayoría de los países en diferentes modalidades de consumo, siendo las principales en su derivación en polvo y natural o entera pasteurizada.

El sector lechero se encuentra en un crecimiento exponencial futuro, ya que se calcula que la producción de leche incrementará su tasa en un estimado del 1.8 por ciento, es decir, se acentuarán 177 millones de toneladas para el año de 2025, beneficiando por su puesto al comercio, las economías nacionales e internacionales, el sustento de las personas y la salud pública.2

Segunda. Desde una respectiva en salud, la leche por sí sola no constituye únicamente un líquido, sino una fuente prima alimenticia, que si se ingiere conforme a las recomendaciones vigentes hechas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), trae aparejados beneficios importantes para la nutrición y el bienestar físico de los individuos.

La leche y demás productos lácteos son ricos en nutrientes, proporcionan energía y una gran cantidad de proteínas, entre las que se incluyen el calcio, el magnesio, selenio, riboflavina y vitaminas B5 y B12, que son fundamentales para reducir el hambre y la desnutrición entre las personas más vulnerables a estos padecimientos.

La leche para consumo humano es considerada como la quinta fuente de energía par excellence para el humano, ya que cuenta en promedio con 134 kilocalorías de energía por vaso de 250 mililitros, 8,3 gramos de proteína y 7,6 de grasas inocuas (si es que se toma en cuenta los procedimientos industriales de higiene y nutrición que enmarca la Norma del Codex Alimentarius-Leche y Productos Lácteos).3

Tercera. Aproximadamente 150 millones de ganaderos, de los 600 millones existentes en el mundo, poseen al menos un animal productor de leche por ejemplo: las vacas, búfalos, cabras y ovejas.

En especial, existen 133 millones de establecimientos que poseen ganado lechero donde los búfalos, las cabras, ovejas y las vacas son los principales animales productores de este líquido. Cabe señalar que las vacas son por mucho los animales lecheros más comunes, sin embargo, estos animales constituyen el menor porcentaje de leche extraída, contando con apenas un 0.3 por ciento de la granjas productoras de leche mundiales. Los animales más comunes para la extracción de leche en los establecimientos de ganado lechero son: los búfalos, seguidos de las cabras y ovejas, y teniendo como último lugar las vacas.

Es prudente señalar que si vemos la producción de leche de animales desde una perspectiva de incursión en otras materias, la producción agrícola resulta benefactora de esta actividad, ya que estos seres vivos productores de leche generan estiércol, que tiene un grandioso valor como fertilizante y combustible, además de que es un producto que es sometido al ámbito del comercio.

Cuarta. La producción de leche directa e indirectamente contribuye al sustento de 150 millones de ganaderos, entre los que se incluyen los más pobres, asimismo genera oportunidades de empleo en la industria ganadera y lechera, lo cual representa un camino importante para salir de la pobreza y así cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.4

b) Situación de la industria lechera en México

Quinta. En el periodo de 2003 a 2010 la producción nacional de leche pasó de 9 mil 784 millones de litros a 10 mil 677 millones de litros al año, lo que representó una tasa anual de incremento del 1.3 por ciento.

Sexta. Datos de la Secretaría de Economía determinan que, en México las entidades federativas más productoras de leche fueron cuatro, mismas que contribuyen con un 45 por ciento de la leche, estos estados son: Jalisco, Coahuila, Durango y Chihuahua.5

Séptima. El coordinador general de Ganadería de la Sagarpa, el doctor Francisco Gurría Treviño, ha indicado que la producción de leche llegó a casi 12 mil millones de litros con un valor de 71 mil 281 millones de pesos, teniendo como tasa neta del 1.87 por ciento con relación a las cifras bajas que se tuvieron en 2015.6

Asimismo, el presidente de la Cámara Nacional de Industriales de la Leche (Canilec), Miguel Ángel García Paredes, dijo que uno de los retos que enfrenta México es incrementar el consumo y producción de leche, ello debido a que en el país se consumen 130 litros leche y lácteos per cápita y, en tanto, la recomendación de la FAO es de un consumo mínimo de 180 litros al año.

De igual forma el presidente de Canilec dio a extenuar la importancia que tendrán las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el ámbito de la industria lechera.

c) Planteamiento del problema

Octava. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), instrumento jurídico internacional que desde finales del 2016 y a lo largo del año 2017 ha causado demasiada polémica, lo anterior por las posturas en contra del comercio internacional del ahora presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump.

En el mes de noviembre de 2017 concluyó la quinta ronda de renegociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Por su parte, la cancillería mexicana ha publicado fecha nueva para la sexta ronda de negociaciones, que se llevará a cabo en Montreal el mes de enero de 2018.

La industria lechera no es excluyente en el tema del comercio internacional, puesto que México en estos tiempos es el noveno productor de leche en el mundo y el quinto importador del mismo, por lo que las decisiones de las renegociaciones del TLCAN son sumamente imprescindibles ante la actual situación que sufren los productores de leche.

El problema radica en que los productores de leche no se sienten protegidos por las políticas públicas tomadas por el gobierno federal y de cómo éste se encuentra manejando la competitividad de la industria de los lácteos.

El presidente de Canilec se ha encontrado presente en las últimas tres rondas de negociación del TLCAN con el fin de proteger a la industria lechera mexicana ante el comercio internacional con Canadá y Estados Unidos. Asimismo, el tema de la leche se ha puesto en la discusión y análisis de la mesa de diálogo de la quinta reunión, sin embargo indica el presidente que aún no se han discutidos los puntos medulares sobre este asunto.7

Por el momento, en lo que concierne al tema de leches y lácteos en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se tiene la siguiente información:8

* Por parte del gobierno estadounidense: Eliminar la clase 7 de Canadá y propiciar la creación de un protocolo zoosanitario para el movimiento de leche cruda entre México y Estados Unidos.

* Por parte del gobierno canadiense: Pretende mantener el status quo , lo que significa, un acceso limitado de productos entre ese país con Estados Unidos y México. Es pertinente señalar que Canadá no prevé abrir su mercado lácteo.

* Por parte del gobierno mexicano: Revisión de la regularización estadounidense denominada “Grado A” para transparentar esa medida y facilitar lo posible el acceso de productos al mercado de los Estados Unidos de América.

Novena. A manera de conclusión, el hoy suscrito, considera de suma importancia el empleo de la presente proposición, debido a que la industria lechera y su correlativo a los lácteos en México se encuentra en una etapa de crecimiento comercial considerable, por lo que las dependencias centralizadas conducentes de la Administración Pública Federal deberán coadyuvar esfuerzos para brindar los mejores apoyos para el fomento y acrecentamiento de esta industria que tanto ha beneficiado al país desde el punto de vista nacional y supranacional.

Por los argumentos esgrimidos en las consideraciones antecesoras, el hoy suscrito somete a consideración de esta honorable asamblea legislativa de lo federal, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que, en el ámbito de sus facultades, incentiven los apoyos de producción, regulación, publicidad y de competencia económica de la industria lechera y de los lácteos en México.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Servicio Exterior Mexicano a que, en el ámbito de las posibilidades sobre el panorama de las rondas de renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 2018, velen por el mejoramiento comercial de la industria lechera mexicana.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Cámara Nacional de Industriales de la Leche (Canilec) a que, en el ámbito de las posibilidades de los calendarios de las rondas de renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 2018, coadyuve esfuerzos con las autoridades públicas nacionales involucradas, para velar por los intereses de la industria lechera mexicana.

Notas

1 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2017). “El sector lechero mundial: Datos”. Diciembre 20, 2017, de FAO Sitio web: http://www.dairydeclaration.org/ Portals/153/FAO-Global-Facts-SPANISH-F.PDF?v=1

2 Ibídem.

3 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2011). “Codex Alimentarius-Leche y Productos Lácteos”. Roma: FAO and WHO Publication.

4 ONU. (2016). Objetivos de Desarrollo Sostenible. Diciembre 20, 2017, de ONU Sitio web: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sos tenible/

5 Secretaría de Economía. (2012). “Análisis del sector lechero en México”. Diciembre 20, 2017, de Dirección General de Industrial Básicas Sitio web: http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/industria_comercio/ informacionSectorial/analisis_sector_lacteo.pdf

6 Sagarpa. (2017). “Refrenda Sagarpa apoyo a lecheros ante eventual renegociación del TLCAN”. Diciembre 20, 2017, de Unidad de Comunicación Social Delegación de Jalisco Sitio web: http://www.sagarpa.gob.mx/Delegaciones/jalisco/boletines/2017/marzo/Doc uments/2017B03022.pdf

7 Cámara Nacional de Industriales de la Leche. (2017, Octubre-Diciembre). Canilec, representante en la renegociación del TLCAN. Revista Lacticinios, 002382/97, pp. 5-7.

8 Grupo Expansión México. (2017). “México: esto esperan los lácteos mexicanos del TLCAN 2.0”. Diciembre 20, 2017, de INFOLECHE.COM Sitio web: http://fepale.org/infoleche/2017 /12/14/mexico-esto-esperan-los-lacteos-mexicanos-del-tlcan-2-0/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 4 de enero de 2018.

Diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para que se cite a comparecer al titular de la SHCP a fin de que explique las acciones económicas y fiscales para enfrentar las repercusiones inflacionarias a consecuencia del alza de la tasa de interés instaurada por el Banxico y exponga las medidas para enfrentar las eventuales consecuencias de la reforma fiscal en el ámbito de la inversión productiva, a cargo de Rafael Hernández Soriano y suscrita por Felipe Reyes Álvarez, diputados del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados Rafael Hernández Soriano y Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD, integrantes de la LXIII Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. Tras el incremento de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos en un rango de 1.25 y 1.5 por ciento el 13 de diciembre de 2017, Banco de México hizo lo propio, elevando la tasa de 7 a 7.25 por ciento el 14 del mismo mes -y dejando entrever la posibilidad de continuar con la racha alcista en 2018-.1 Ello, en aras de contener la salida de capitales del país manteniendo competitiva la tasa de interés nacional. Y con ello, cumplir con su mandato constitucional de mantener la estabilidad monetaria.

2. No sobra decir que la adopción de esta postura monetaria tiene como efecto directo incrementar el costo del dinero , con repercusiones directas en los precios para los millones de consumidores nacionales y, en general, para el financiamiento de los proyectos productivos del universo productivo del país. Y no se diga para las finanzas públicas, ya que aviva el riesgo de incrementar el monto total de la deuda pública del sector público, amenazando la meta de alcanzar el superávit primario previsto para 2018, en el ejercicio presupuestal para 2018.

3. Asimismo, el peso mexicano pasó en la última semana de diciembre de 2017 -del 21 al 29 de diciembre- de 19.03 a 19.74 pesos por dólar, como consecuencia, fundamentalmente, de la aprobación la reforma fiscal aprobada el mismo mes (20-12-2017) en la Cámara de Representantes y el Senado de EU, con vigencia a partir de enero de 2018.

4. No obstante lo anterior, cabe resaltar que, si bien se reduce la tasa del impuesto sobre la renta federal,2 existen impuestos estatales que mantendrían la tasa impositiva global en niveles cercanos a 30 por ciento ; lo que diversos analistas consensan es que México seguirá siendo competitivo.

5. Algunos puntos de la referida reforma fiscal que podrían implicar riesgos para el erario, según lo destacan algunos especialistas, son la potencial reducción de la recaudación tributaria nacional ante la pérdida de competitividad en materia fiscal, ante la rebaja a 15.5 por ciento el impuesto sobre la renta por concepto de repatriación de capitales o la deducción al 100 por ciento en inversiones en maquinaria y equipo (activos fijos).

6. De igual forma, teniendo en cuenta la profunda interdependencia de la economía mexicana respecto de la economía estadounidense, al importar entre el 28 y el 30 por ciento de los bienes y servicios (bienes de consumo, intermedios y de capital),3 particularmente el manufacturero y la industria maquiladora (Véase cuadro sobre Exportaciones e Importaciones), donde se concentran las ramas dinámicas, como son las de la industria automotriz, la de autopartes, entre otras.

Con base en lo anteriormente referido, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática considera necesario, sano y oportuno -por ello propone- un ejercicio democrático de intercambio y diálogo constructivo con el Poder Ejecutivo, en voz del secretario de Hacienda y Crédito Público con el fin de contar con la información y diagnóstico oportuno y fidedigno en aras de adoptar las políticas públicas que protejan a las grandes mayorías de las y los trabajadores nacionales ante la eventualidad de materialización de los riesgos que atenten en su contra, afectando su poder adquisitivo, inhibiendo la canalización de los proyectos productivos en la planta productiva nacional, y, para las finanzas públicas, el mayor costo financiero de la deuda del sector público, implica que consumirá mayores recursos, en detrimento dela inversión productiva nacional.

Por lo anteriormente expuesto y legalmente fundado, presentamos ante esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión cita al secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor José Antonio González Anaya, a una reunión de trabajo con la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para que explique las acciones económicas y fiscales para enfrentar las repercusiones inflacionarias a consecuencia del alza de la tasa de interés instrumentada por el Banco de México, para los consumidores nacionales, las actividades productivas del país, así como para las finanzas públicas, particularmente el costo financiero de la deuda del sector público y para que exponga las medidas para enfrentar las eventuales consecuencias de la reforma fiscal aprobada en Estados Unidos en el ámbito de la inversión productiva.

Notas

1 Comunicado de Política Monetaria del Banco de México (14-12-2017).

2 Se reduce la tasa impositiva del impuesto sobre la renta para empresas (federal), de 35 a 21 por ciento; a las personas físicas se reduce de 39.6 a 37 por ciento.

3 Romero, J. Evolución de la demanda de importaciones de México: 1940-2009. Centro de Estudios Económicos, El Colegio de México, México 2010. Pp. 38.

4 Ibíd., pág. 7.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 4 de enero de 2018.

Diputados: Felipe Reyes Álvarez y Rafael Hernández Soriano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se solidariza con el pueblo peruano, afectado por la caída de un autobús de pasajeros a un acantilado el 2 de enero, y envía condolencias a las familias de las víctimas, a cargo de la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, Mariana Gómez del Campo Gurza y Daniel Ávila Ruiz, senadores de la LXIII Legislatura en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 171, 175, 176 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se solidariza con el pueblo de la República del Perú, afectado por la caída de un autobús de pasajeros a un acantilado el pasado 2 de enero y envía sus condolencias a las familias de las víctimas mortales, al tenor de los siguientes

Antecedentes

El martes 2 de enero de 2018 ocurrió un accidente en la Curva del diablo , en Pasamayo, a la altura del kilómetro 48 de la Panamericana Norte de Perú. El saldo de este trágico evento ha sido de 48 muertos y seis heridos, dentro de los cuales se encuentran cuatro heridos de gravedad, después de que un autobús chocara con un camión y posteriormente cayera 100 metros por un acantilado.

El vehículo en cuestión es de la empresa San Martín Porres, el cual había salido el martes por la mañana desde Huaura rumbo a Lima, con 50 pasajeros y el chofer con otra tripulante. Los equipos de emergencias han determinado que hasta que no logren mover los restos del transporte colectivo, el cual se encuentra varado en una playa de muy difícil acceso, con una marea alta desde ayer por la noche, no se podrá saber el número exacto de víctimas.

El diario El Comercio indicó que el accidente fue ocasionado porque un camión de transporte invadió el carril contrario por un desperfecto en los neumáticos y acabó embistiendo al autobús.

El Ministerio de Salud reportó a través de su cuenta oficial de Twitter que para dicha contingencia 5 ambulancias Samu, coordinó distintos grupos de bomberos y 11 unidades adicionales.

El presidente Pedro Pablo Kuczynski dio sus condolencias a los familiares de las víctimas a través de su cuenta oficial de Twitter, estableciendo también que ha turnado instrucciones al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) del Perú para que inmediatamente inicie un acuerdo con el concesionario NorVial para ampliar la autopista existente a tres carriles de cada lado y así eliminar el uso de la antigua y muy peligrosa vía por Pasamayo.

Consideraciones

1. Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

2. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 89 fracción X, que es facultad del presidente de la República dirigir la política exterior observando los siguientes principios normativos: “la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía, el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se solidariza con el pueblo de la República del Perú afectado por la caída de un autobús de pasajeros a un acantilado el pasado dos de enero del año en curso, y envía sus condolencias a las familias de las víctimas mortales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 4 de enero de 2018.

Senadores: Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica), Daniel Ávila Ruiz

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa, el IMSS y el ISSSTE a crear campañas de salud para combatir la bulimia y la anorexia, suscrita por el diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Elías Octavio Íñiguez Mejía, diputado federal de Jalisco a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, de conformidad con lo establecido en los artículos 58, 60 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El trastorno alimentario se refiere en general a variaciones de conductas psicológicas que generan anomalías graves en el comportamiento de la ingesta, es decir, la base y el fundamento de estos trastornos se encuentra en una alteración psicológica. Se entiende, pues, que el síntoma externo podría ser una alteración de la conducta alimenticia (dietas prolongadas, pérdida de peso...) pero el origen de estos trastornos se tendría que explicar a partir de una alteración psicológica (elevado nivel de insatisfacción personal, miedo a madurar, elevados índices de autoexigencia, ideas distorsionadas sobre el peso o la comida). En este contexto, parte la premisa de dos conceptos médicos importantes, que es la anorexia y la bulimia, cuyas enfermedades son temas que se abordarán en este trabajo.

La bulimia nerviosa es un trastorno de la conducta alimentaria que consiste en una falta de control sobre la comida, con una ingesta de grandes cantidades de alimentos en un corto periodo de tiempo (atracones), acompañada por conductas compensatorias como consumo excesivo de laxantes o vómitos autoinducidos, lo que la diferencia de otros trastornos de la conducta alimentaria como la anorexia nerviosa. El enfermo mantiene estas conductas en secreto, por lo que a veces es difícil que las personas de su entorno detecten el problema.

La anorexia nerviosa es un desorden alimenticio y psicológico a la vez. Esta condición va más allá del control del peso: el enfermo inicia un régimen alimenticio para perder peso hasta que esto se convierte en un símbolo de poder y control. De esta forma, el individuo llega al borde de la inanición con el objetivo de sentir dominio sobre su propio cuerpo. Esta obsesión es similar a una adicción a cualquier tipo de droga o sustancia.

La Organización Mundial de la Salud, trabaja constantemente para implementar entre los países miembros medidas para combatir estos trastornos de la salud, que derivan de dos causas: los trastornos de la salud alimenticia afectan en gran parte a la población en el periodo de edad adolecente, sobre todo en las mujeres, y esta enfermedad afecta la conducta de las personas de forma psicológica, que pueden ser derivado de: elevado nivel de insatisfacción personal, miedo a madurar, elevados índices de autoexigencia, ideas distorsionadas sobre el peso o la comida, entre otros.

Los trastornos alimentarios afectan en todo el mundo a 7 de cada mil mujeres y a 1 de cada mil hombres. La bibliografía médica estima que a escala mundial padecen estos trastornos 2.8 por ciento de mujeres y 0.9 de hombres.

Esta organización, por medio de varios estudios, ha determinado que los trastornos de alimentación representan en la actualidad, el problema de salud más importante de la humanidad, tanto por el número de personas afectadas como por las muertes que ocasiona. En los países desarrollados y en vías de desarrollo: el sobrepeso, la obesidad, la anorexia y la bulimia, se han incrementado en las últimas décadas.

En México, el problema ha ido en aumento, Aunque parezca un tema poco relevante, las cifras de casos de anorexia en México, indican un tema preocupante, ya que, de acuerdo a la Secretaría de Salud, cada año se registran en nuestro país, cerca de 20 mil casos de anorexia y bulimia, siendo la población de entre 15 y 19 años de edad la más afectada.

Como se platea en anteriores párrafos, las personas adolecentes son las más afectadas por estos trastornos alimenticos, y en la que, de acuerdo a cifras oficiales, durante los últimos 20 años, en México, los trastornos alimenticios aumentaron 300 por ciento y un 90 por ciento son las mujeres quienes más sufren por trastornos como la anorexia y la bulimia.

De 2014 a 2016 se diagnosticó a 6 mil 432 mexicanos con algún tipo de trastorno de la conducta alimentaria –anorexia o bulimia–, de acuerdo con los datos del Anuario de Morbilidad de la Secretaría de Salud. Dos de cada cinco, es decir 2 mil 602, tenían entre 10 y 19 años. En ese periodo, los diagnósticos en personas en ese rango de edad pasaron de 737 a 939. Cada año, en promedio, 867 jóvenes medicaron sus hábitos alimentarios por sentir alguna clase de rechazo hacia su cuerpo.

Sin embargo, esta cifra podría ser una muestra mínima del verdadero panorama. Una de las barreras para conocer la estadística real es que la enfermedad fue reconocida legalmente hasta 2014, por lo que no hay registros de años anteriores. Se estima que anualmente hay 20 mil casos nuevos de anorexia o bulimia, de acuerdo con informes del Hospital General de México.

El mayor reto para solucionar estas enfermedades es que se tratan de manera tardía. Una persona de 50 años puede tener 25 años lidiando con la enfermedad y ser diagnosticada tiempo después. Además, Las estadísticas no son del todo precisas debido a que aproximadamente 70 por ciento de las personas que padecen ambas enfermedades de trastorno alimenticio no se diagnostican.

La enfermedad ha afectado a la población de Jalisco. De acuerdo con el Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud federal en 2016 Jalisco ocupó el segundo lugar nacional en anorexia y bulimia, con una tasa de incidencia de 4.10 casos por cada 100 mil habitantes. En comparación, en 2014 la Entidad se ubicó en el décimo peldaño. Debe señalarse que, la clínica de Consulta y Asesoría Integral para el Tratamiento de la Anorexia y Bulimia, AC, advirtieron que el incremento de los casos es de 200 por ciento en los 12 años de operación de la clínica en el estado.

Además, la directora del Instituto Jalisciense de Salud Mental (Salme), ha pronunciado que, en el estado de Jalisco, se ha detectado que la población en rango de edad de 12 a 14 años sufre de este problema. En efecto, el Centro de Estudios en el Comportamiento de la Universidad de Guadalajara, dio a conocer que a pesar de que los trastornos alimenticios han aumentado, no se combaten de forma adecuada. Adicionalmente, en las instituciones de salud del estado no se cuenta con un área especializada para atender las enfermedades de trastornos alimenticios.

El tratamiento de la enfermedad y las derivadas de él ronda entre 70 mil pesos mensuales en una clínica especializada en estos trastornos alimenticios. Además, en el estado, 329 casos de bulimia y anorexia se registraron en durante 2016. Esta cifra representa 13.8 por ciento de los 2 mil 375 que se reportaron en todo el país. La incidencia más alta en la Entidad se da entre los jóvenes que tienen entre 10 y 14 años.

En atención de lo expuesto, la mayoría de las personas que han presentado esta enfermedad, no acuden con un médico, esto es por falta de conocimiento acerca de los problemas que acompañan esta enfermedad a largo plazo;

• Anorexia: ansiedad, desnutrición, pérdida de cabello, erosión de piezas dentales, pérdida de calcio y daño a órganos vitales;

• Bulimia: problemas como depresión, obesidad, hipertensión y diabetes;

Adicionalmente, un error que cometen con frecuencia, las personas enfermas o sus familiares es que piensan que estas enfermedades se solucionan comiendo y en realidad se requiere de un tratamiento integral por tratarse de enfermedades mentales, aseguran los especialistas. Esto porque el porcentaje de recaída en pacientes que no se tratan de manera completa ronda 30 por ciento.

Es necesario que estas enfermedades sean tratadas lo más rápido posible. Asimismo, evitar más decesos, sobre todo en la población adolecente, por lo que es preciso fomentar campañas que informen y combatan estas enfermedades.

Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud, el IMSS e ISSSTE a crear campañas de salud para combatir la bulimia y la anorexia, y que informen en especial a las personas adolecentes de estas enfermedades y su tratamiento.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de enero de 2018.

Diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a continuar y reforzar las acciones contra la delincuencia e inseguridad en el Metro y el Metrobús, a cargo de la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Mariana Gómez del Campo Gurza, senadora de la LXIII Legislatura en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 171, 175, 176 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el siguiente punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de la Ciudad de México para que continúe y refuerce las acciones encaminadas a combatir la delincuencia e inseguridad dentro del Sistema de Trasporte Colectivo Metro y Metrobús, a fin de salvaguardar la seguridad y la integridad física de los usuarios al tenor de los siguientes

Antecedentes

La seguridad se ha convertido en uno de los temas con mayor resonancia social en la actualidad, ya que se ha vivido una ola de violencia en gran parte de los estados de la República. El panorama actual en materia de seguridad pública y justicia es complejo, la sociedad ha perdido credibilidad en las corporaciones policiacas, por la falta de capacidad y efectividad al momento de combatir la delincuencia; México está viviendo una crisis social, y la falta de identidad por parte del ciudadano que se ha ido desarrollando a través de los años, principalmente por la pésima impartición y calidad en educación escolar y familiar están rindiendo frutos. Tan sólo en el último año la percepción de vivir en una ciudad insegura creció 3 por ciento en comparación con el año pasado.

De enero a octubre de 2017 fueron denunciados un millón 515 mil 74 delitos en las 32 procuradurías del país; siendo un promedio de 4 mil 280 delitos por día y 175 por hora.

Lugares como Ecatepec en el estado de México; Villahermosa, Tabasco; Chilpancingo, Guerrero y la zona norte de la Ciudad de México fueron consideradas como las ciudades más inseguras del país, arrojando índices delictivos muy altos.

El mes de octubre pasado fue considerado como el más violento en los últimos 20 años, con un registro de poco más de 2 mil casos de homicidio denunciados. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2017; 74.3 por ciento de la población de 18 años y más cree que vivir en México es inseguro. Por cada 100 mil habitantes, 28 mil 788 han sido víctima de algún delito. En la tasa de delitos por tipo, el primer lugar lo ocupa el robo o asalto, en la calle o en el trasporte público con 25.9 por ciento del total de delitos cometidos.

De enero a octubre de 2016 se denunciaron en México 136 mil 295 robos con violencia, en sus distintas modalidades.

En este mismo lapso, pero en 2017, la cifra alcanza los 188 mil casos. Es un incremento, tan solo de un año a otro, de más de 50 mil casos, o lo que es lo mismo, un crecimiento de casi el 38 por ciento de este delito.

De acuerdo a la página Animal Político : “En el país, según los datos oficiales, se denunciaron 160 mil 802 robos de todo tipo, lo que equivale a una tasa 130 casos por cada cien mil habitantes. Pero en la Ciudad de México, se registraron 23 mil 304 robos que representan una tasa de 265 atracos por cien mil habitantes. Es decir, la probabilidad de sufrir un asalto en la Ciudad de México es dos veces mayor que en el resto del país. En comparación con el primer trimestre de 2016, el número de asaltos en la ciudad se disparó más de 27 por ciento. Esto se debe a que en los primeros tres meses del año pasado en la Ciudad de México se registraron cinco mil robos menos respecto a los reportados en el mismo periodo de 2017.”

Tan sólo las denuncias por robo en el primer trimestre de 2017 han llegado al nivel más alto en los últimos 5 años; casi 23 mil 400 asaltos, un promedio de 260 robos al día, y esto, sin contar la cifra negra; que sobrepasa 95 por ciento del total de los robos. Esta cifra suena alarmante ya que de cada 100 robos cometidos, 95 no son denunciados. Los datos oficiales de incidencia delictiva están en alerta roja en la capital, ya que los robos a usuarios en el Metro y los asaltos en bancos, se han disparado más de cien por ciento en el último año.

Las denuncias por robo a pasajeros del Metro que fueron las de mayor incremento en la Ciudad de México, pasaron de 102 denuncias en 2016, a 279 denuncias en 2017.

El subprocurador de Averiguaciones Previas, Guillermo Terán, señaló que tan sólo en los meses de junio y julio han llegado a tener hasta diez eventos de robo al día en el interior del Metro.

De acuerdo con la página de internet José Cárdenas ; “Trabajos operativos y de investigación de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría capitalina, revelaron que las líneas del sistema de Transporte Colectivo Metro más peligrosas durante octubre de 2017 fueron la 1, 2, 3, 9 y B”.

Las principales estaciones donde se ha notado un incremento en el índice de denuncias por robo, son principalmente las más concurridas tal es el caso de la estación Pantitlán de la Línea 1, Pino Suárez en la Línea 2 y Centro Médico en la Línea 3; y los objetos más robados son celulares, carteras y mochilas.

Los robos que se presentan en el Metro de la Ciudad de México, en su gran mayoría suelen ser sin violencia, en comparación con los robos que últimamente se han suscitado en el Metrobús ya que este tipo robos aunque se presentan en menor cantidad; vienen acompañados de amenazas con arma de fuego, violencia física y verbal.

La Línea 6 del Metrobús que corre de Villa Aragón a El Rosario, recientemente ha sufrido dos asaltos con violencia en los últimos meses; uno de ellos se llevó a cabo en la estación Norte 59, en donde cuatro tipos con armas de fuego amagaron a los pasajeros y huyeron antes de llegar a la siguiente estación; y a pesar que cada una de las estaciones cuenta con un policía y distintas formas de que el chofer de la unidad pueda informar a las autoridades en el caso de encontrarse en peligro, éstas resultan insuficientes para garantizar la seguridad de los usuarios.

De acuerdo al periódico El Universal , tan sólo de enero a octubre de 2017 se registraron 294 asaltos en el Metrobús, lo que representa 29.4 asaltos mensuales, superando los 237 casos registrados durante 2016.

Por lo anterior es urgente reforzar las acciones de seguridad con las que cuenta este tipo de transporte, ya que en la gran mayoría es el medio que se utiliza para trasladarse de casa al trabajo y viceversa de millones de personas.

Consideraciones

I. Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

II. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

III. Que con fundamento en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice: La investigación de delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.

“IX. La seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las perspectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.”

IV. Que de conformidad con el artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la seguridad pública es una función a cargo de la federación, las entidades federativas y municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la sanción de la infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del sentenciado, en términos de esta ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, el presente

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de la Ciudad de México, para que continúe y refuerce las acciones encaminadas a combatir la delincuencia e inseguridad mediante la implementación de videocámaras dentro de las unidades del Sistema de Transporte Colectivo Metro y Metrobús, así como la implementación de operativos con agentes policiacos encubiertos, a fin de salvaguardar la seguridad e integridad de los usuarios.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México para que investigue y, en su caso, desarticule a bandas delictivas que pudieran operar dentro de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro y Metrobús.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 4 de enero de 2018.

Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a intensificar las campañas de vacunación contra el virus del papiloma humano y de la realización de la prueba del Papanicolaou, suscrita por el diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Elías Octavio Íñiguez Mejía, diputado de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo establecido en los artículos 58 y 60 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Estadísticas de la Organización Mundial de Salud (OMS), refieren que en el mundo un aproximado de 1.5 millones de mujeres padecen cáncer cervicouterino y cada año fallecen 266 mil mujeres debido a este mal, asimismo se estima que la tasa de mortalidad por cáncer cervicouterino se incremente en casi un 25 por ciento durante los próximos 10 años.1

De igual manera este organismo internacional subraya que la tasa de mortalidad debido al cáncer cervicouterino es 3 veces mayor en América Latina y el Caribe, puesto que los servicios de salud femenina en los países que conforman dicha denominación geográfica, aún tienen sumas carencias en los servicios médicos para las mujeres.2

El cáncer cervicouterino es la séptima neoplasia más frecuente en la población mundial y la cuarta más frecuente en mujeres con un estimado de 528 mil casos nuevos diagnosticados anualmente.3

2. Datos y cifras de la Secretaría de Salud en México estiman que la segunda causa de mortalidad en mujeres es el cáncer cervicouterino (por debajo del cáncer de mama), y anualmente en el país ocurren 20 mil 444 casos en nuestras mujeres, con una incidencia nacional de 35 casos por cada 100 mil mujeres.4

Las entidades federativas que registraron la mayor incidencia de mortalidad por cáncer cervicouterino en el año 2013 fueron Morelos, Chiapas y Veracruz, lo anterior constando en el siguiente gráfico:

3. Es pertinente señalar dentro de esta proposición, la relación existente entre el virus del papiloma humano (VPH) y el cáncer cervicouterino, ello debido que una infección de VPH que no logro desaparecer del organismo puede causar cáncer de cuello uterino en algunas mujeres, siendo así, que en México cerca del 70 por ciento de los casos de cáncer cervicouterino registrados, fueron detonantes atribuibles a los tipos de Papiloma Humano.16 y 18.5

El VPH se transmite principalmente por vía sexual. Es una infección muy común y la mayoría de las personas se infectan poco después de iniciar su vida sexual. Sin embargo, el cáncer cervicouterino afecta a las mujeres infectadas y puede tardar décadas en desarrollarse. Los determinantes principales de la infección por el VPH, tanto en los varones como en las mujeres, están relacionados con el comportamiento sexual e incluyen la iniciación sexual a edad temprana y el número elevado de parejas sexuales.

No se han dilucidado por completo los cofactores que determinan que una infección por el VPH persista y progrese a cáncer, pero el uso del tabaco, la inmunosupresión, el número de embarazos y la presencia de otras infecciones genitales se consideran cofactores del VPH.6

4. La Sociedad Americana contra el Cáncer (American Cancer Society), basándose de las recomendaciones hechas por la OMS, sostienen que las pruebas idóneas de para la detección y tratamiento oportuno del cáncer cervicouterino es a través de la prueba Papanicolaou y la prueba de detección del Virus del Papiloma Humano, mismas que deben realizarse por las mujeres a los tres años después de haber comenzado su vida sexual.7

5. El cáncer cervicouterino es en gran medida prevenible, además, las lesiones precancerosas se pueden detectar con la aplicación de las pruebas mencionadas anteriormente, ello debido a que dichas pruebas no son sometidas a interpretación médica subjetiva, sino que, por su propia y especial naturaleza las muestras son procesadas de manera automatizada.8

Marco Jurídico Aplicable

6. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4o establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de la propia Constitución.

7. La Ley General de Salud, en cuanto a las áreas que adquieren el carácter de salubridad general, misma que aplica a este caso concreto, son las de: prevención y control de enfermedades transmisibles, así como las de transmisión sexual, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3º fracciones XV y XV Bis.

8. La Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA-1994, “Para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer cérvico uterino”, tiene como objetivo según el numeral 1.1, el uniformar los principios, políticas, estrategias y criterios de operación respecto del cáncer cérvico uterino.

9. A manera de conclusión, la Secretaría de Salud y todos sus organismos coadyuvantes deben intensificar las acciones pertinentes para reducir los índices de casos de cáncer cervicouterino, así como los de mortalidad de neoplasia en nuestras mujeres mexicanas ocasionadas por esta enfermedad.

El cáncer cervicouterino es uno de los problemas más grandes en salud pública que enfrenta el país en los últimos años, por lo que es necesario subrayar como estrategia principal, la coordinación de los sectores público, privado y social para afrontar este padecimiento con mayor compromiso, eficiencia y eficacia.

Por los argumentos que anteceden, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. - Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud federal para que en el ámbito de su competencia intensifique las campañas de vacunación contra el virus del papiloma humano y de la prueba del papanicolaou a mujeres, con la finalidad de prevenir y detectar de manera oportuna el cáncer cervicouterino.

Notas

1 Organización Mundial de la Salud. (2015). Control integral del cáncer Cervicouterino: Guía de prácticas esenciales. Noviembre 16, 2017, de Publicaciones Sitio web: http://www.who.int/reproductivehealth/publications/cancers/cervical-can cer-guide/es/

2 Organización Mundial de la Salud. (2015). Cáncer cervicouterino. Noviembre 16, 2017, de Programa de Cáncer Sitio web: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=5420%3A2011-cervical-cancer&Itemid=3637&lang=es

3 Secretaría de Salud. (2014). Estadísticas de Cáncer de Mama y Cáncer Cérvico Uterino. Noviembre 16, 2017, de Información Estadística Sitio web: https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/informacion-estadistica

4 Ibídem.

5 Secretaría de Salud. (2016). El Cáncer de Cuello Uterino. Noviembre 16, 2017, de Transparencia Sitio web: https://www.gob.mx/salud/articulos/semana-de-sensibilizacion-en-cancer- de-cuello-uterino-2016-con-el-lema-el-cancer-de-cuello-uterino-mascerca deloqueparece?idiom=es

6 Ibídem.

7 American Cancer Society (2016). ¿Se puede detectar el cáncer de cuello uterino en sus primeras etapas? Noviembre 16, 2017, de sobre el cáncer sitio web: https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-cuello-uterino/deteccion-dia gnostico-clasificacion-por-etapas/deteccion.html

8 Organización Panamericana de la Salud. (2016). Incorporación de la prueba del virus del papiloma humano en programas de prevención de cáncer cervicouterino. Washington, DC: CDC.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de enero de 2018

Diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fepade, la ASF, el INE y la SFP a investigar el probable desvío de 250 millones de pesos de la SHCP en 2016 al PRI, a cargo de la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 171, 175, 176 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el siguiente punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Fepade, a la Auditoría Superior de la Federación, al Instituto Nacional Electoral y a la Secretaría de la Función Pública, para que en sus respectivas competencias, investiguen el probable desvío de 250 millones de pesos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el año 2016 al Partido Revolucionario Institucional (PRI) al tenor de los siguientes

Antecedentes

El pasado 19 de diciembre, el diario “El Reforma” da a conocer la noticia de otra de las acciones aberrantes a las que nos tiene acostumbrados el Partido Revolucionario Institucional (PRI). En esta ocasión se da a conocer que en el año 2016, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), autorizó el desvío de aproximadamente 250 millones de pesos con la intención de que fueran aportadas a las campañas estatales de dicho partido.

Dentro de las tantas irregularidades en las que se dejó al Estado de Chihuahua por parte del ex Gobernador César Duarte, su entonces Secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral declaró que se realizaba una “triangulación” de dinero con el fin de evitar la auditoria federal para dichos recursos. Asimismo, declaró que no solamente el Gobierno del Estado de Chihuahua había pactado con el entonces dirigente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, sino que a su vez, los Gobernadores de Veracruz (Javier Duarte) y Tamaulipas (Egidio Torre) participarían en la triangulación de recursos federales.

Por su parte, en dicha declaración se señala a Alejandro Gutiérrez (ex secretario del CEN del PRI) como al principal operador para dichas transacciones, ya que se menciona existió un acuerdo con la SHCP para que a los tres estados antes mencionados se les apoyara en las campañas electorales que se aproximaban. Los recursos se recibieron por parte del Estado de Chihuahua y posteriormente se realizaron compras ficticias para posteriormente mandar los 250 millones de pesos directamente al PRI. Aunque de dichas operaciones la Auditoria Superior de la Federación, solicitó la sustitución de un oficio y corregir la irregularidad, eso no es suficiente para esclarecer el desvío de recursos de la federación, por lo que se necesitan acciones contundentes y ejemplares.

Posteriormente, un Juez ordeno la aprehensión de Alejandro Gutiérrez por el desvío de casi 250 millones de pesos.

Ante tales hechos, el Partido Acción Nacional, presento una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales por el presunto desvío de recursos públicos para las campañas electorales del PRI en el año 2016, sin embargo es preocupante que ante dichas investigaciones se tenga una postura apegada a derecho y de forma imparcial, que lleve al esclarecimiento de los hechos y que impongan las medidas justas que indique la ley.

Considerandos

I. Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

II. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

III. Que conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 102, se menciona que: El Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio….La Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el Fiscal General de la República…

IV. Que conforme al Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Federación, en su artículo 3, se menciona que la misma contara con una Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales para el cumplimiento de asuntos competentes de la Procuraduría.

V. Que conforme a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en su artículo 1, se menciona que: la Auditoría Superior de la Federación podrá fiscalizar las operaciones que involucren recursos públicos federales o participaciones federales a través de contrataciones, subsidios, transferencias, donativos, fideicomisos, fondos, mandatos, asociaciones público privadas o cualquier otra figura jurídica y el otorgamiento de garantías sobre empréstitos de Estados y Municipios, entre otras operaciones. Asimismo, el artículo 9 menciona que: Los servidores públicos, así como cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra figura jurídica, que reciban o ejerzan recursos públicos federales o participaciones federales, deberán proporcionar la información y documentación que solicite la Auditoría Superior de la Federación para efectos de sus auditorías e investigaciones, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.

De no proporcionar la información, los responsables serán sancionados en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y, en su caso, en términos de la legislación penal aplicable.

VI. Que conforme a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 4, se menciona que: El Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de su competencia, dispondrán lo necesario para asegurar el cumplimiento de esta Ley. Por su parte en el artículo 35 se menciona que: El Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas las actividades del Instituto.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía, el presente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la Republica, para que a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, se dé trámite a las denuncias presentadas por el desvío de recursos de la Federación para apoyar campañas electorales del PRI en el año 2016, e investigue a la brevedad dichos actos.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Auditoría Superior de la Federación, para que audite los recursos federales e investigue su probable desvío desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para apoyar a campañas electorales del PRI en el año 2016, esto con el propósito de esclarecer el destino de aproximadamente 250 millones de pesos.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral, para que vigile el cumplimiento de la Ley respecto a los recursos que reciben los partidos políticos, principalmente del Partido Revolucionario Institucional, para las próximas campañas electorales, a fin de evitar el desvío de recursos de la Federación.

Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública a que investigue, la probable participación y responsabilidad de servidores públicos, en el probable desvío de 250 millones de pesos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el año 2016.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión a los cuatro días del mes de enero del año dos mil dieciocho.

Senadores: Víctor Hermosillo Y Celada, Adriana Dávila Fernández, Mariana Gómez Del Campo Gurza, Sonia Mendoza Díaz, Daniel Gabriel Ávila Ruiz.

Diputados: Marko Antonio Cortés Mendoza, Federico Döring Casar, Nelly del Carmen Márquez Zapata, María Verónica Agundis Estrada.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a convocar a una mesa interinstitucional donde participen gobierno federal, sociedad civil y sector privado para definir una estrategia integral respecto al cáncer en México, suscrita por el diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Elías Octavio Íñiguez Mejía, diputado por Jalisco a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo establecido en los artículos 58 y 60 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Cada año, a nivel mundial, 63 por ciento de las muertes son causadas por enfermedades no transmisibles (ENT), siendo las principales las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias crónicas, la diabetes y el cáncer.1 De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta última es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en el mundo. Es la segunda causa de muerte en el mundo y la OMS estima que el número de nuevos casos aumentará aproximadamente en 70 por ciento en los próximos 20 años.2

• Cáncer en México

El cáncer está directamente relacionado con los determinantes socioeconómicos de la salud, pues 70 por ciento de las muertes por cáncer se registran en países de ingresos medios y bajos, en los que la falta de diagnóstico y tratamiento, así como la detección en fases avanzadas, son problemas frecuentes. De acuerdo con la OMS, la atención es notablemente dispar dependiendo el país: “en 2015, sólo 35 por ciento de los países de ingresos bajos informaron de que la sanidad pública contaba con servicios de patología para atender a la población en general. Más del 90 por ciento de los países de ingresos altos ofrecen tratamiento a los enfermos oncológicos, mientras que en los países de ingresos bajos este porcentaje es inferior a 30 por ciento”.3

En México, el cáncer es un importante problema de salud pública. De acuerdo con cifras del gobierno mexicano, el cáncer es la tercera causa de muerte en el país.4 Se estiman 148 mil nuevos casos de cáncer en México: aproximadamente 65.5 mil casos en hombres y 82.4 mil en mujeres. El cáncer de mama y el de próstata son los más comunes.

En los últimos años, se han hecho importantes esfuerzos para hacer frente al cáncer. Entre ellos el Programa Integral de Prevención y Control de Cáncer en México, creado para unificar planes de diagnóstico y tratamiento de los pacientes con cáncer en el país a través de la prevención primaria, tamizaje y detección oportuna de cáncer, tratamiento estandarizado, cuidados paliativos, rehabilitación, así como investigación y financiamiento. También se han creado programas específicos, como el Programa de Acción Específico Prevención y Control del Cáncer de la Mujer 2013-2018 y un marco normativo sólido, como la norma oficial mexicana NOM-041-SSA2-2002 para la Prevención, Diagnóstico, Tratamiento, Control y Vigilancia Epidemiológica del Cáncer de Mama y un Comité Nacional de Cáncer en la Mujer.

Sin embargo, pese a los avances, el manejo del cáncer en México aún presenta un rezago. Se estima que se presenten 164 mil 565 nuevos casos de cáncer al año en el país. Análogamente se estiman 87 mil 231 muertes anuales por cáncer. Esto implica una tasa anual de 53 muertes por cáncer por cada 100 nuevos casos.5 En contraste, en los países con un alto índice de desarrollo humano se estima una tasa anual de 45 muertes por cáncer por cada 100 nuevos casos. Esto implica que en México existe un rezago de 15 por ciento en la mortalidad por cáncer. Además, el cáncer es una enfermedad que afecta a todos los grupos poblacionales, impactando en métricas de desarrollo humano. Aproximadamente 21 mil 313 nuevos casos de cáncer son en adultos entre 20 y 39 años de edad.6 Los efectos sociales y económicos del cáncer en adultos jóvenes son altos dada la morbilidad y mortalidad prematura asociada.7

Debido a que sólo una tercera parte del riesgo de cáncer es atribuible a factores ambientales o predisposiciones, las estrategias de prevención tienen un impacto limitado.8 Actualmente se sabe que la política pública de mayor impacto para reducir la mortalidad por cáncer es el acceso a terapias oncológicas. El acceso a tratamientos oncológicos innovadores ayuda a disminuir las tasas de mortalidad. Por ejemplo, las mejoras en el tratamiento del cáncer de mama ayudaron a reducir la mortalidad en 34 por ciento en un lapso de 35 años en Estados Unidos de América.9

De acuerdo con la OMS, solo uno de cada cinco países de ingresos medianos o bajos dispone de los datos necesarios para impulsar políticas de lucha contra la enfermedad.10 El propio gobierno ha reconocido que “el principal reto para nuestro país es unificar los criterios, formas de manejo y presupuestos que en la actualidad son diferentes según la institución en que se trate el cáncer”. En este sentido, la creación del Registro Nacional de Cáncer adquiere particular relevancia, por lo que representa una de las acciones más relevantes de este sexenio en la materia. Desafortunadamente, aún no cuenta con recursos propios asignados ni con un Reglamento, lo cual dificultará su operación óptima en el mediano plazo.

Como se ha visto, dado que el fenómeno del cáncer está fuertemente relacionado con determinantes socioeconómicos, debe ser visto como un problema integral que involucre a todas las dependencias y niveles de gobierno para asegurar que estén atendidos todos los aspectos del control del cáncer. No sólo los directamente relacionados con el tratamiento (prevención, diagnóstico oportuno, tratamiento multidisciplinario de calidad, cuidados paliativos, rehabilitación e investigación), sino también los que tienen que ver con la sustentabilidad financiera.

En particular, hay algunos tipos de cáncer que son más alarmantes en nuestro país, como el cáncer de mama y el cáncer de mama mestatásico.

• Cáncer de mama y cáncer de mama metastásico

El cáncer de mama, constituye la segunda neoplasia más frecuente a nivel mundial y la más frecuente entre la población femenina. En México es la causa de muerte más frecuente entre las mujeres,11 se estima que al día ocurren 15 muertes relacionadas con el mismo. Para 2012 Globocan reportó 20 mil 444 casos de cáncer de mama en México.12

En México, la edad al momento del diagnóstico se aproxima a los 52.5 años, por lo que se desarrolla en una población diez años menor que en otros países. Se ha observado que el desarrollo de esta enfermedad puede estar influenciado por la edad. En las mujeres se incrementa el tiempo de exposición a los factores de riesgo ya sean exógenos (por ejemplo, los estrógenos) o endógenos (estilos de vida), y así, las probabilidades de padecerlo aumentan con la edad.13 Aunque su incidencia es mayor en países desarrollados, el nivel de mortalidad es más elevado en países de ingresos medios y bajos, como México.14

Lamentablemente, hablar de cáncer de mama en México es hablar de cáncer avanzado. En una muestra de 10 mil pacientes atendidas en el Instituto Nacional de Cancerología y la Fundación del Cáncer de Mama, Fucam (Ciudad de México), así como el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, se observó que 58 por ciento de las pacientes se encontraba en etapas avanzadas de la enfermedad al momento del diagnóstico.15 De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición sólo 21.2 por ciento de las mujeres del grupo de 40-69 años se habían realizado la mamografía en los 12 meses previos al levantamiento de la encuesta. Este porcentaje se redujo a 19.2 por ciento al considerar a las mujeres de 50 años en adelante.16

Es decir, el diagnóstico sigue siendo tardío y la necesidad de alternativas de tratamiento para pacientes con enfermedad metastásica es vigente. Lamentablemente, el cáncer de mama metastásico es una enfermedad tratable pero no curable.17 Además, está relacionado con afectaciones importantes en la calidad de vida, por ello los objetivos del tratamiento son incrementar el tiempo de supervivencia y mantener la calidad de vida con el objetivo de cronificar la enfermedad.18 La supervivencia libre de progresión y la calidad de vida resultan medidas relevantes para la decisión terapéutica altamente relacionadas con la supervivencia global.19

La preocupación que existe en torno al cáncer de mama y el cáncer de mama metastásico, así como la urgencia de generar acciones para atender las problemáticas que generan, no puede ser visto de manera aislada. Por el contrario, debe ser abordado desde un enfoque más amplio que se enmarque en un plan integral para el cáncer en México.

En este contexto, hay dos acciones fundamentales a seguir. Por un lado, es indispensable impulsar la implementación del Programa Integral de Prevención y Control de Cáncer en México. Por otro lado, y con fundamento en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículo 39; Ley General de Salud, artículos 16 Bis, 161 Bis, es imperante que la Secretaría de Salud, como autoridad que encabeza estos esfuerzos, realice trabajos de interlocución con otros sectores. Especialmente, tomando en cuenta que se acerca el fin de esta administración y es necesario plantear una estrategia y una postura transexenal que tenga un abordaje integral como eje transversal.

Por lo expuesto, me permito someter a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. El honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del gobierno federal a convocar a una mesa interinstitucional en la que participen dependencias del gobierno federal, sociedad civil y sector privado, con el fin de definir una estrategia integral respecto al problema del cáncer en México para impulsar la implementación del programa integral de prevención y control de cáncer en México, con especial atención en el cáncer de mama metastásico.

Notas

1 Inegi, “Estadísticas a propósito del Día Mundial contra el Cáncer”, 2 febrero 2016 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/cancer2016_0.pdf

2 World Health Organization, Cancer Fact Sheet, February 2017, en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/es/

3 World Health Organization, Cancer Fact Sheet, February 2017, en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/en/

4 Instituto Nacional de Cancerología Comunicado de prensa Ciudad de México, a 19 de agosto de 2016
https://www.gob.mx/insalud/articulos/
el-incan-encargado-de-ejecutar-el-programa-integral-de-prevencion-y-control-de-cancer-en-mexico?idiom=es

5 Globocan. (s.f.). Globocan 2012: Estimated Cancer Incidence Mortality and Prevalence Worldwide in 2012. Recuperado el 08 de Agosto de 2017, de http://globocan.iarc.fr

6 Fidler, M., Gupta, S., Soerjomataram, I., Ferlay, J., Steliarova-Foucher, E., & Bray, F. (2017). Cancer incidence and mortality among young adults aged 20–39 years worldwide in 2012: a population-based study. The Lancet

7 Fidler, M., Gupta, S., Soerjomataram, I., Ferlay, J., Steliarova-Foucher, E., & Bray, F. (2017). Cancer incidence and mortality among young adults aged 20–39 years worldwide in 2012: a population-based study. The Lancet

8 Tomasetti, C., & Vogelstein, B. (2015). Variation in cancer risk among tissues can be explained by the number of stem cell divisions. Science.

9 Narod, S., Iqbal, J., & Miller, A. (2015). Why have breast cancer mortality rates declined? Journal of Cancer Policy.

10 World Health Organization, Cancer Fact Sheet, February 2017, en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/en/

11 Secretaría de Salud, Información Estadística, Estadísticas de Cáncer de Mama y Cáncer Cervicouterino, 8 de septiembre de 2015.

https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/informacio n-estadistica

12 Globocan. (s.f.). Globocan 2012: Estimated Cancer Incidence Mortality and Prevalence Worldwide in 2012. Recuperado el 08 de Agosto de 2017, de http://globocan.iarc.fr

13 Inegi. (2016). Estadísticas a propósito del día mundial de la lucha contra el cáncer de mama.

14 Anderson B, C. E. (2011). Optimisation of breast cancer management in low-resource and middle-resource countries: executive summary of the Breast Health Global Initiative consensus, 2010. The Lancet Oncology, 12(4), 387-398

15 Cárdenas, J., Maffuz, A., Bargalló, J., Pérez, V., Bautista, V., Poitevin, A., y otros. (2017). Consenso Mexicano sobre diagnóstico y tratamiento del cáncer mamario. Ciudad de México: Masson Doyma México.

16 Agudelo Botero, 2013.

17 Cardoso, F., Costa, A., Senkus, E., Aapro, M., André, F., Barrios, C., y otros. (2017). 3rd ESO–ESMO international consensus guidelines for Advanced Breast Cancer (ABC 3). Annals of Oncology, 16-33.

18 Cardoso, y otros, 2017.

19 Cardoso, F., Costa, A., Senkus, E., Aapro, M., André, F., Barrios, C., y otros. (2017). 3rd ESO–ESMO international consensus guidelines for Advanced Breast Cancer (ABC 3). Annals of Oncology, 16-33.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de enero de 2018.

Diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se congratula por la elección del jurista mexicano Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot como presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyo periodo inició el 1 de enero de 2018, a cargo de la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Mariana Gómez del Campo Gurza, integrante de la LXIII Legislatura en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 171, 175, 176 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se congratula por la elección del jurista mexicano Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot como presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyo periodo inició el 1 de enero de 2018, y le desea el mayor de los éxitos en el encargo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

En noviembre de 1969 se celebró en San José de Costa Rica la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. En ella, los delegados de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos redactaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que entró en vigor el 18 de julio de 1978, al haber sido depositado el undécimo instrumento de ratificación por un Estado miembro de la OEA.

A la fecha, 25 naciones americanas han ratificado o se han adherido a la Convención: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Trinidad y Tobago denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por comunicación dirigida al secretario general de la OEA, el 26 de mayo de 1998. Venezuela denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por comunicación dirigida al secretario general de la OEA, el 10 de septiembre de 2012.

Este tratado regional es obligatorio para los Estados que lo ratifiquen o se adhieran a él y representa la culminación de un proceso que se inició a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando las naciones de América se reunieron en México y decidieron que una declaración sobre derechos humanos debería ser redactada, para que pudiese ser eventualmente adoptada como convención. Tal declaración, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes de la persona, fue aprobada por los Estados miembros de la OEA en Bogotá, Colombia, en mayo de 1948.

A fin de salvaguardar los derechos esenciales del hombre en el continente americano, la Convención instrumentó dos órganos competentes para conocer de las violaciones de los derechos humanos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La primera había sido creada en 1959 e inició sus funciones en 1960, cuando el Consejo de la OEA aprobó su Estatuto y eligió sus primeros miembros.

Sin embargo, el tribunal no pudo establecerse y organizarse hasta que entró en vigor la convención. El 22 de mayo de 1979, los Estados parte en la Convención Americana eligieron, durante el Séptimo Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA, a los juristas que en su capacidad personal, serían los primeros jueces que compondrían la Corte Interamericana. La primera reunión de la Corte se celebró el 29 y 30 de junio de 1979 en la sede de la OEA en Washington, DC.

La Asamblea General de la OEA, el 1 de julio de 1978, recomendó aprobar el ofrecimiento formal del gobierno de Costa Rica para que la sede de la corte se estableciera en ese país. Esta decisión fue ratificada después por los Estados parte en la convención durante el sexto periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General, celebrado en noviembre de 1978. La ceremonia de instalación de la corte se realizó en San José el 3 de septiembre de 1979.

Durante el noveno periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA fue aprobado el Estatuto de la Corte y, en agosto de 1980, la corte aprobó su reglamento, el cual incluye las normas de procedimiento. En noviembre de 2009 durante el LXXXV periodo ordinario de sesiones, entró en vigor un nuevo reglamento de la corte, el cual se aplica a todos los casos que se tramitan actualmente ante la corte.

El 10 de septiembre de 1981, el gobierno de Costa Rica y la corte firmaron un convenio de sede, aprobado mediante Ley Número 6889 del 9 de septiembre de 1983, que incluye el régimen de inmunidades y privilegios de la corte, de los jueces, del personal y de las personas que comparezcan ante ella. Este convenio de sede está destinado a facilitar el normal desenvolvimiento de las actividades de la corte, especialmente por la protección que da a todas las personas que intervengan en los procesos. Como parte del compromiso contraído por el gobierno de Costa Rica, en noviembre de 1993 éste donó a la corte la casa que hoy ocupa la sede del tribunal.

El 30 de julio de 1980, la Corte Interamericana y el gobierno de la República de Costa Rica firmaron un convenio, aprobado por la Asamblea Legislativa mediante la Ley Número 6528, del 28 de octubre de 1980, por la cual se creó el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Al amparo de este convenio se establece el instituto como una entidad internacional autónoma, de naturaleza académica, dedicado a la enseñanza, investigación y promoción de los derechos humanos, con un enfoque multidisciplinario y con énfasis en los problemas de América. El instituto, con sede también en San José, Costa Rica, trabaja en apoyo del sistema interamericano de protección internacional de los derechos humanos.

A partir del 1 de enero, el jurista mexicano Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot asumió la presidencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, convirtiéndose en el tercer juez de nacionalidad mexicana en ocupar el cargo, después de los juristas e investigadores eméritos del instituto Héctor Fix-Zamudio y Sergio García Ramírez.

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot es juez de la Corte Interamericana desde 2013, se desempeñaba como vicepresidente (2016-2017) y fue elegido presidente cabo durante el 120 periodo ordinario de sesiones de ese organismo.

Ferrer Mac-Gregor es un reconocido jurista mexicano de prestigio internacional que laboró en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México y ocupó distintos cargos en el Poder Judicial de la Federación. Además, es presidente de los Institutos Iberoamericano y Mexicano de Derecho Procesal Constitucional y miembro de más de 20 asociaciones académicas y científicas. Asimismo, es autor de numerosas publicaciones sobre derecho constitucional, procesal, amparo y derechos humanos y profesor visitante en destacadas universidades de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos.

Ferrer Mac Gregor Poisot es licenciado en derecho y doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Baja California, así como doctor en derecho por la Universidad de Navarra, España, con estudios en derechos humanos en el Institut International des Droits de l’Homme, en Estrasburgo, Francia.

Consideraciones

1. Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

2. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en el artículo 89, fracción X, que es facultad del presidente de la República dirigir la política exterior observando los siguientes principios normativos: “la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”.

Por lo expuesto sometemos a consideración de esta soberanía el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se congratula por la elección del jurista mexicano Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot como presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyo periodo inició el 1 de enero de 2018, y le desea el mayor de los éxitos en su encargo.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 4 de enero de 2018.

Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa, el IMSS y el ISSSTE a utilizar los remanentes de la compra consolidada en la adquisición de medicamentos innovadores y biotecnológicos para atender enfermedades curables, suscrita por el diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Elías Octavio Íñiguez Mejía, diputado de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo establecido en los artículos 58 y 60 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. El propósito de la Compra Consolidada es concentrar los requerimientos de bienes terapéuticos del Sector Público para, a través de un mayor poder de negociación y de estrategias de compra, obtener mejores precios y garantizar el abasto oportuno en beneficio de la población usuaria. Con esta compra realizada en 2017 se garantiza el suministro de los bienes para 2018.

2. En este esfuerzo de coordinación interinstitucional, participarán además del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y Petróleos Mexicanos, así como 21 entidades federativas y 23 institutos de la Secretaría de Salud. El monto consolidado a la fecha es del orden de 58,764 millones de pesos. (Corte al 31 de agosto)

3. El gobierno de la República, a través del IMSS, inició la licitación 2017-2018 para la compra consolidada de medicamentos más grande de la historia del país, por más de 55,000 millones de pesos.

En esta licitación participan 48 entidades públicas –8 más que en la anterior–, de las cuales 5 son dependencias federales, 20 gobiernos estatales y 23 institutos de salud.

4. La compra consolidada de este año, la quinta desde que se inició este mecanismo en 2013, tiene un crecimiento de 13 por ciento con respecto a la de 2016 y un incremento de 20 por ciento en el número de participantes. Su transparencia está garantizada con la intervención, durante todo el proceso, de representantes de organizaciones sociales nacionales e internacionales, así como actores externos del sector público.

En la licitación 2017 se invirtieron 48,883 millones de pesos con 40 participantes y en las cuatro anteriores se lograron ahorros totales por 14,215 millones de pesos. En esta licitación se incorporan 8 participantes y el monto creció 13 por ciento respecto del año pasado.

Los 55,326 millones de pesos que invertirán los 48 participantes en esta licitación, se aplicarán de la siguiente manera: 35,361 (64 por ciento) a medicamentos y vacunas; 15,039 (27 por ciento) a medicamentos de patente y fuente única; y 4,926 (9 por ciento) a material de curación, que beneficiarán a 80 por ciento de la población de país y el mayor volumen de la compra será para atender enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y cardiovasculares.

De ese gran total, 50,000 millones de pesos son recursos de las dependencias federales; 4,984 de los estados y 338 de los institutos de salud. Se espera un ahorro de 35 por ciento por cada peso que se invierta.

5. De lo anterior se señaló que los ahorros generados por esta operación se destinarán a la mejora y obras en infraestructura hospitalaria.

Por otra parte, es oportuno reiterar que la innovación farmacéutica tiene como finalidad brindar nuevos y cada vez más eficaces medicamentos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas que sufren enfermedades, particularmente crónico degenerativas que para su atención constituyen un impacto severo al gasto público de salud.

Cabe destacar que la finalidad última del desarrollo de nuevos productos, es lograr una mejora en la respuesta del organismo a los medicamentos para lograr una recuperación pronta y eficaz. Dicho objetivo no se alcanza si los institutos de salud pública brindan atención médica a sus derechohabientes con medicamentos que en muchas ocasiones no son los más adecuados y eficientes, por no ser resultado de los avances científicos en farmacología.

Por ello, resulta más conveniente que se le otorgue mayor preferencia a la adquisición de medicamentos innovadores, ya que aun cuando su costo es aparentemente mayor con relación a los que no poseen esta calidad, son más efectivos por tener mayores efectos curativos y producir menos daños secundarios.

Entendidos estos como aquellos que contiene un principio activo nuevo y con el que se ha realizado una investigación y desarrollo completo, desde su síntesis química hasta su utilización clínica, por lo que aporta datos propios de seguridad y eficacia terapéutica de la especialidad farmacéutica concreta.

6. El uso y consumo de estos medicamentos en el sector público de salud, representa menores costos con relación a los días-cama de pacientes en caso de hospitalización, además de que se logra una reincorporación más inmediata a la vida laboral de las personas, en un periodo mucho más corto.

Si bien es cierto que el precio es un factor determinante para la utilización de nuevos medicamentos, también lo es que hay posibilidad de acceder a los recursos necesarios utilizando los ahorros generados en la adquisición de otros medicamentos, como lo son los referidos innovadores.

7. La Ley General de Salud señala en su artículo 27, fracción VIII, el derecho a la protección de la salud, comprende servicios básicos de salud referentes a la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud.

Así el artículo 77 Bis 36 de la Ley General de Salud, dispone que los beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud, tienen derecho a recibir bajo ningún tipo de discriminación los servicios de salud, los medicamentos y los insumos esenciales requeridos para el diagnóstico y tratamiento de los padecimientos . De todo lo anterior, se desprende que uno de los objetivos primordiales de las instituciones de salud pública, es atender a la población derechohabiente con los mejores medicamentos disponibles en el mercado.

8. A fin de lograrlo, dichas instituciones precisan adquirir los medicamentos más avanzados y de la mejor calidad disponible para lograr reducir los efectos secundarios de los fármacos y/o conseguir una recuperación en un periodo de tiempo menor. Como consecuencia, la adquisición de medicamentos innovadores resulta prioritaria.

9. Conforme a información reciente de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), hoy en día existen en el mercado privado 150 medicamentos innovadores para el tratamiento de enfermedades crónicas y graves, causantes de la mayor parte de la mortalidad en nuestro país.

10. Dichos medicamentos constituyen una mejor alternativa respecto de los productos ya existentes, más efectivos y con menos efectos adversos y complicaciones, pero muy pocos o casi ninguno se encuentra incluido en los cuadros básicos de medicamentos de las instituciones públicas de salud debido a su aparente alto costo.

11. La propia Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), ha reconocido que mientras más medicamentos innovadores se pongan al alcance de los pacientes, se mejorará su calidad de vida al promoverse menor tiempo de hospitalización y con ello, se les brindará una mejor atención.

12. Es inevitable el envejecimiento de la población mexicana y, por tanto, la proliferación de enfermedades crónico degenerativas como la diabetes mellitus, las enfermedades isquémicas del corazón y cerebrovasculares, así como las crónicas del hígado, por lo que el sector salud debe orientar su actuación hacia una política de abasto de medicamentos innovadores o de última generación y su respectiva inclusión en los cuadros básicos de medicamentos.

13. En consecuencia, puede reafirmarse que la compra de medicamentos innovadores no debe ser vista como un mero gasto, sino como una inversión, ya que, si bien implica un desembolso inicial que puede considerarse aparentemente elevado comparado con el de aquéllos que no lo son, en el corto y mediano plazo es un auténtico ahorro para el sector salud.

14. Por lo que es necesario incluir como parte de esa política de consolidación, la aplicación del ahorro que se genere para la adquisición de medicamentos que tengan la calidad de innovadores, con el propósito de garantizar su asequibilidad para la población.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal, para que, a través de las Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, utilicen los remanentes que se generan del ahorro de la Compra Consolidada de Medicamentos en la compra de medicamentos innovadores y biotecnológicos, con el propósito de garantizar el acceso oportuno a la población a estos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 4 de enero de 2018.

Diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa, el IMSS, el ISSSTE y las 32 entidades federativas a poner en marcha la campaña de salud nacional Check Up para detectar y tratar a tiempo la diabetes, obesidad e hipertensión, suscrita por el diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Elías Octavio Iñiguez Mejía, diputado federal del estado de Jalisco a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, de conformidad con lo establecido en los artículos 58 y 60 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente exposición de motivos:

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de la propia Constitución.

En este sentido, la Ley General de Salud reglamenta el derecho a la protección de la salud que establece el artículo 4 de la Constitución; es de aplicación en toda la república y sus disposiciones son de orden público e interés social. En este sentido, la Ley General de Salud establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general.

Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) han colocado a nuestro país dentro de los primeros lugares de enfermedades crónico degenerativas, como la diabetes, o de otras, como la obesidad. De ahí que sea vital prevenir y detectar a tiempo problemas de salud a través de check-ups médicos periódicos, acordes a los antecedentes familiares, hábitos y características de sexo y edad de cada persona.

El check-up es un examen o grupo de pruebas médicas que tienen como finalidad la detección temprana de alguna enfermedad; con el objetivo de incrementar las posibilidades de cura a través de un tratamiento en las primeras etapas del padecimiento.

El examen médico incluye una gama de exámenes clínicos y procedimientos de tecnología, con los que el médico podrá conocer el estado de salud del paciente, y con ello tomar acciones de tratamiento que eviten o retarden la presencia de enfermedades que afectan la calidad de vida a corto, mediano o largo plazo.

La inicia con la valoración del doctor. En ella se describe la historia clínica del individuo: antecedentes familiares con respecto a enfermedades, hábitos y actividades de riesgo. De aquí parte la premisa de los diferentes tipos de check-up que necesite y se adecue a la necesidad del paciente:

Básico: En la mayoría de los casos va orientado a adultos jóvenes de 20 a 35 años. Y está compuesto por análisis que permiten ver los niveles de ácido úrico, calcio y fosforo, entre otros.

Completo o ejecutivo: Éste suele estar diseñado para personas mayores de 40 años. Está compuesto por valoraciones nutricionales, de odontología, oftalmología, y otros diagnósticos multidisciplinarios.

Las check-up en realidad tienen una infinidad de test para detectar ciertos estudios, por lo que es necesario recurrir a un médico especializado para determinar qué tipo de examen es el que necesita el paciente, y sea quien designe cuál es el que necesitas. La ventaja de estos es que en conjunto los exámenes pueden ser más baratos.

Los precios varían de acuerdo al tipo de examen que más se adecue al paciente, el rango de precios oscila entre los 300 y los 3 mil 500 pesos. Sin embargo, las personas que son derechohabientes cuentan con la disposición de este servicio, en las instituciones públicas. Pero en la gran mayoría de los casos la cobertura del sector salud en el ramo público son que en materia de check-up , en vez de realizar uno de carácter general, lo hacen más bien focalizado casi siempre para detectar alguna manifestación física derivada de alguna dolencia o padecimiento, es decir, en lugar de ser preventivo, es más bien reactivo, para ubicar el órgano que está generando un problema determinado.

Para afrontar esto se requiere que las instituciones de salud de cada estado se coordinen para implementar este servicio de manera adecuada, para que los médicos especialistas en la materia, revisen la condición de los pacientes y verifiquen que tipo de examen del tipo check-up es el que requiere. Todo con la finalidad de evitar gastos innecesarios que pueda contraer a futuro y que le imposibilite seguir con sus actividades normales.

De lo anterior se desprende que la necesidad de que las instituciones de salud pongan a disposición de la población diversos programas de revisiones y tratamientos médicos, se debe principalmente a que en el país existe un sin número de enfermedades que afectan a la población, entre ellas se tienen identificadas nueve las enfermedades crónico-degenerativas de mayor incidencia en la población mexicana, que además de cobrar el mayor número de vidas, demandan al Estado mayores recursos presupuestarios para su atención cada año. La diabetes, la obesidad y la hipertensión son los enemigos número uno de la salud pública en México.

Asimismo, y de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en la población mexicana, en unos años, habrá más adultos mayores de 60 años que niños menores de 14 años. Los que se traduce que para el año 2050 se estima a una cifra de 17.4 millones de niños de 0 a 14 años y 28 millones de personas de más de 65 años, quienes representarán una cuarta parte de la población. Con el tiempo, ese grueso sector de la población de tipo geriátrico demandará tratamientos que requerirán una mayor carga presupuestaria.

En relación con los datos anteriores, se busca que toda esa población que se avecina a la tercera edad no se vea obstaculizada su vida con alguna de las enfermedades que afectan alguna parte de su cuerpo, adicional de la búsqueda de una mejor esperanza de vida evitado y ofreciendo atenciones anticipadas a ciertas enfermedades antes de que su desarrollo afecte la condición de vida de las personas.

La propuesta dada tiene estrecha relación con los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y con los objetivos del Programa Sectorial de Salud 2013-2018, el cual tiene objetivos (estrategias y líneas de acción) a los que deberán apegarse las diferentes instituciones de la Administración Pública Federal para materializar el derecho a la protección de la salud y los cuales deberán ser congruentes por un lado con las metas nacionales establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018.

Con la finalidad de que el sector salud público tenga un avance en la disminución y mejor oferta de calidad en los servicios y tratamientos de las enfermedades que sean detectados durante la aplicación de los diferentes tipos de exámenes de check-up , así como el ahorro financiero que implicaría para la Secretaría de Salud.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud federal, al IMSS, ISSSTE y a las 32 entidades federativas a que a nivel nacional se ponga en circulación la campaña de salud check-up y se ponga en marcha la aplicación de los exámenes a la población con la finalidad de detectar y tratar a tiempo la diabetes, obesidad e hipertensión.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de enero de 2018.

Diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Secretarías de Movilidad, y de Salud de Jalisco a implantar acciones preventivas de accidentes de tránsito en niños, suscrita por el diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario del PAN

Que suscribe, Elías Octavio Iñiguez Mejía, diputado de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo establecido en los artículos 58 y 60 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes consideraciones:

Consideraciones

1. Cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) estiman que cada día alrededor de 3 mil 500 personas fallecen por accidentes de tránsito y cuestiones asociadas a sucesos de vehículos motor,1 siendo los niños las personas más afectadas y vulnerables en las vías públicas, ya que se estima en que cada año 186 mil 300 menores de 18 años fallecen por accidentes de tránsito.2

Este organismo internacional se encuentra colaborando con los Estados miembros, para prevenir los accidentes de tránsito y promover las buenas practicas al momento del manejo de vehículos motor, puesto que la mayoría de dichos sucesos transítales que derivan en accidentes son prevenibles.

2. México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en muertes por accidentes de tránsito, lo anterior recabado por el asesor de la Organización Panamericana de la Salud, Roy Rojas, en el año de 2013.3

A nivel nacional, en el año 2013 se registraron un total de 2 mil 479 muertes de menores en accidentes de tránsito, donde las lesiones ocasionadas por estos accidentes se encuentran entre las principales causas de muerte en niños y adolescentes de 0 a 19 años de edad y son la primera causa de muerte en niños entre 5 a 14 años de edad.

México registra 4.3 víctimas mortales por cada 10 mil unidades vehiculares.

De los accidentes registrados por el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (Conapra) se dilucidaron los siguientes porcentajes respecto de los fallecimientos por accidentes de tránsito:

* Un 47 por ciento de las muertes son peatones.

* Un 36 por ciento son pasajeros de vehículos motor.

* 16 por ciento son motociclistas.

* 1 por ciento son ciclistas.4

3. Estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sostienen que, en el año 2015, se registraron 378 mil 232 accidentes de tránsito en las zonas urbanas del país, de igual forma los accidentes que tuvieron por efecto resultados fatales aparejan un saldo de 4 mil 601 víctimas, siendo en este tenor de ideas que desde el año 2013 a 2015, las muertes por accidentes viales se han acrecentado en casi un 8 por ciento.5

4. Trasladándonos al ámbito estatal, en el año 2015 se registraron en el estado de Jalisco un total de 282 defunciones en accidentes de tránsito en el conglomerado de las zonas urbanas, siendo así la cuarta entidad federativa que registró mayor número de víctimas mortales debido a estas problemáticas, por debajo de estados como Chihuahua, Michoacán y Sinaloa.6

Asimismo, la Secretaría de Salud del estado Jalisco determina como primer causa de muerte a los accidentes de tránsito y de vehículo motor dentro del grupo etario de 5 a 9 años de edad, por encima de males como la leucemia, las anomalías congénitas y las infecciones respiratorias, lo anterior representado en el siguiente tabla:7

Marco Jurídico Aplicable

5. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de la propia Constitución.

6. La Ley General de Salud determina en su artículo 3, fracción XVI, que la prevención y el control de accidentes, adquiere el carácter de materia de salubridad general.

* Énfasis agregado en la hipótesis aplicable

Artículo 3. En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

I. a XV...

XVI. La prevención y el control de enfermedades no transmisibles y accidentes ;

De igual manera el artículo 27, fracción II, de la legislación en comento, indica que, para efectos del derecho de protección de la salud, se consideran servicios básicos de la salud el referente, a la prevención y control de enfermedades y de los accidentes.

* Énfasis agregado en la hipótesis aplicable

Artículo 22. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a:

I. La educación para la salud, la promoción del saneamiento básico y el mejoramiento de las condiciones sanitarias del ambiente;

II. La prevención y el control de las enfermedades transmisibles de atención prioritaria, de las no transmisibles más frecuentes y de los accidentes...

Por los argumentos que anteceden, someto a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las secretarías de Movilidad y de Salud, ambas del estado de Jalisco, a que, de manera conjunta, implementen las acciones necesarias de prevención de los accidentes de tránsito en niños jaliscienses, con el fin de dirimir la mortalidad infantil que sufre la entidad por dichas causas.

Notas

1 Organización Mundial de la Salud. (2015). Accidentes de tránsito. Noviembre 21, 2017, de Programas y Proyectos Sitio web: http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_traffic/es/

2 Organización Panamericana de la Salud. (2015). Las lesiones por accidentes de tránsito son la primera causa mundial de muerte en niños de 15 a 17 años. Noviembre 21, 2017, de Programas Sitio web: http://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view=article&id=921:las-lesiones-por-accidentes-de-transito-son-la-primera-causa- mundial-de-muerte-en-ninos-de-15-a-17-anos&Itemid=499

3 Rojas, Roy. (2014). “México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en muertes por accidentes de tránsito”. Noviembre 21, 2017, de Salud en Cifras, Organización Panamericana de la Salud Sitio web: http://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content& view=article&id=552:mexico-ocupa-septimo-lugar-nivel-mundial-muerte s-accidentes-transito-ops&Itemid=0

4 Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes. (2015). Diez estrategias para la seguridad de los niños en vialidades. Noviembre 21, 2017, de OPS Sitio web: http://www.paho.org/mex/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=technical-documentation&alias=1016-921savekidslive smex&Itemid=493

5 Inegi. (2016). Estadísticas a propósito del día mundial en recuerdo a las víctimas de los accidentes de tráfico. Noviembre 21, 2017, de Secretariado de Publicación Sitio web: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/trafico2016_0.pdf

6 Ibídem.

7 Secretaría de Salud de Jalisco. (2013). Principales causas de mortalidad en Jalisco. Noviembre 21, 2017, de Estadísticas e indicadores Sitio web: https://ssj.jalisco.gob.mx/sites/ssj.jalisco. gob.mx/files/principales_causas_de_mortalidad.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de enero de 2018.

Diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa de Jalisco a fomentar acciones para atender y reducir la problemática del suicidio en jóvenes y adultos en la entidad, suscrita por el diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, Elías Octavio Iñiguez Mejía, diputado federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo establecido en los artículos 58 y 60 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. El gran sociólogo francés Émile Durkheim en 1897 definió al suicidio de la siguiente manera: “Es un acto personal, propositivo y consciente, mediante el cual el sujeto que lo realiza busca terminar con su propia vida”.1

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el suicidio se define como un acto deliberadamente iniciado y realizado por una persona en pleno conocimiento o expectativa de su desenlace fatal.2

El suicidio es la segunda causa de defunción en el grupo etario de 15 a 29 años, siendo así que, en el mundo un aproximado de 800 mil personas se quitan la vida cada año.3

Cabe señalar que un 78 por ciento de los suicidios ocurridos y registrados en el mundo suceden en países de bajos y medianos ingresos, donde México no es la excepción en cuanto a esta consideración.4

2. Trasladándolos al ámbito nacional, México registró en el año 2014 un total de 6 mil 337 suicidios, problemática que se coloca como la décimo quinta causa de muerte a nivel nacional según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).5

Es importante subrayar que en el país ha existido una creciente incidencia de suicidios entre los años 2000 y 2014, aumentando de 3.5 a 5.2 por cada 100 mil habitantes a lo largo del territorio nacional.

La mayoría de los suicidios ocurridos en México son cometidos por hombres teniendo como estimado un 80.2 por ciento; en cuanto a las mujeres, estas representaron un 19.8 por ciento de los suicidios, lo que significa que se suicidan tres veces más los hombres que las mujeres.

De igual forma se deja en claro que a pesar de que las mujeres registraron un porcentaje menor de suicidios, cuando hablamos de niños del grupo etario de 10 a 19 años, la proporción de mujeres que comete suicidio es mayor.

Los principales métodos de autolesión ocupados por mujeres para cometer suicidio van desde el envenenamiento por fármacos hasta la ingesta de pesticidas. Para con los hombres los métodos por excelencia registrados fueron las lesiones con objetos punzo cortantes y por la ingesta de fármacos combinados con alcohol.

3. Datos de la Secretaría de Salud de Jalisco disponen que el suicidio es la tercera causa de mortalidad en personas de edad de 10 a 19 años, donde se registraron un aproximado de 80 suicidios por cada 100 mil habitantes de la edad referida.6

En 2014, el estado de Jalisco registró 10 suicidios por cada 100 mil habitantes del grupo etario de 15 a 29 años de edad, información que se fundamenta con el siguiente grafico del Inegi:

En este orden de ideas, se estima que en la entidad viven un estimado de 3 millones de jóvenes, por lo que podemos deducir que cerca de 180 jóvenes jaliscienses cometen suicidio.

Como se puede apreciar en el gráfico, Jalisco ocupa el décimo lugar en incidencia de suicidios en jóvenes y adultos de 15 a 29 años de edad, sin embargo, esto no quiere decir que no se cuente con un problema de salud pública en la entidad, puesto que estamos hablando de casi 200 suicidios cometidos por jóvenes jaliscienses.

4. Diversos organismos internacionales, como la mencionada Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y la Unicef, determinan como medidas de prevención del suicidio:

* Información responsable por parte de los medios de comunicación;

* La restricción del acceso a los medios del suicidio (plaguicidas, armas y medicamentos)

* Introducción de políticas orientadas a reducir el consumo nocivo de alcohol;

* Identificación temprana, tratamiento y atención de personas con problemas de salud mental y abuso de sustancias, dolores crónicos y trastorno emocional agudo;

* Capacitación de personal sanitario no especializado, en la evaluación y gestión de conductas suicidas;

* Seguimiento de la atención dispensada a personas que intentaron suicidarse y prestación de apoyo comunitario.

El suicidio es un problema complejo y, consiguientemente, las actividades de prevención exigen la coordinación y colaboración de múltiples sectores de la sociedad, incluidos los de salud, educación, trabajo, agricultura, comercio, justicia, derecho, defensa, política y medios de comunicación. Esas actividades deben ser amplias e integradas, dado que ningún enfoque individual por separado puede tener efecto en una cuestión tan compleja como el suicidio.

Marco Jurídico Aplicable

5. La Organización Mundial de la Salud, en el preámbulo de su Constitución, define a la salud como: “Un estado completo de bienestar, físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. 7

La salud, a la vez, es considerada como un derecho fundamental del ser humano, derecho que, dentro de nuestro marco normativo vigente, se encuentra estipulado en el artículo 4, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que a la letra de la norma indica lo siguiente:

“...Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”

6. La Ley General de Salud, en su artículo 2, fracción I, determina que el derecho a la protección de la salud tiene como finalidad: el bienestar físico y mental de la persona, para contribuir con el ejercicio pleno de sus capacidades.

Criterios de la Secretaría de Salud determinan que el 90 por ciento de las personas que cometen suicidio padece un trastorno mental, siendo el principal la “depresión”. Por consiguiente, el artículo 3, fracción VI, de la legislación en comento determina que se considera materia de salubridad general lo relativo a la salud mental de los individuos.

7. La Norma Oficial Mexicana NOM-047-SSA2-2015, Para la atención a la salud del grupo etario de 10 a 19 años de edad, tiene por objeto el establecer los criterios que deben seguirse para brindar la atención integral a la salud, la prevención y el control de las enfermedades prevalentes en las personas del grupo etario de 10 a 19 años de edad y la promoción de la salud, con perspectiva de género, pertinencia cultural y respeto a sus derechos fundamentales.

El numeral 6.9.3 obliga al personal médico y a los profesionales de la salud del sector público, privado y social a canalizar a las personas que se les detecten signos y síntomas que indiquen riesgos de suicidio, con las autoridades y servicios médicos integrales que correspondan para su debido tratamiento.

8. A manera de conclusión, el hoy suscrito considera pertinente que la Secretaría de Salud del estado de Jalisco implemente las acciones conducentes para atender el suicidio en jóvenes y adultos de la entidad, debido que por la incidencia del mismo se considera como un grave problema en salud pública.

Por los argumentos esgrimidos con anterioridad, someto a consideración de esta honorable asamblea legislativa el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud de Jalisco a que, en el ámbito de sus facultades, refuerce las acciones conducentes para atender y reducir la problemática del suicidio en jóvenes y adultos del estado.

Notas

1 Durkheim, Émile. (1897). El suicidio . México, Fontamara.

2 Unicef. (2017). Suicidio. Diciembre 14, 2017, de Red Argentina de Periodismo Científico Sitio web: https://www.unicef.org/argentina/spanish/COM-5_Suicidio_Interior_WEB.pd f

3 OMS. (2017). Suicidio. Diciembre 14, 2017, de Centro de Prensa Sitio web: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs398/es/

4 Ibídem,

5 Inegi. (2016). Estadísticas a propósito del día mundial para la prevención del suicidio. Diciembre 14, 2017, de inegi Sitio web: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/suicidio2016_0.pdf

6 Secretaría de Salud de Jalisco. (2014). Mortalidad en Jalisco. Diciembre 14, 2017, de Estadísticas SSJ Sitio web: https://ssj.jalisco.gob.mx/sites/ssj.jalisco.gob.mx/files/principales_c ausas_de_mortalidad.pdf

7 Organización Mundial de la Salud. (2012). Preguntas más frecuentes: Salud. Noviembre 28, 2017, de Temas de Salud Sitio web: http://www.who.int/suggestions/faq/es/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de enero de 2018.

Diputado Elías Octavio Iñiguez Mejía (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 4 de enero, Día del Periodista, a cargo de la senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario de PRI

El periodismo es una profesión que tiene como principios la verdad y la transparencia, de ahí que en el periodista recae la enorme responsabilidad de brindar información fidedigna a la sociedad con la finalidad de mantener un canal de comunicación con las personas.

Estos profesionales diariamente deben analizar y relatar los diferentes sucesos culturales, políticos, económicos, entro otros, de forma objetiva y comprensible, con la finalidad que la sociedad tenga conocimientos sobre la realidad y pueda tomar decisiones con base en lo informado para su beneficio.

Sin embargo, el periodismo no es una profesión sencilla, ya que depende del ámbito de investigación o la noticia a cubrir, en algunas ocasiones implica poner en riesgo su vida, como en el caso de los enviados especiales cuando ocurre algún desastre natural.

Por ello, el 4 de enero en México se conmemora el Día del Periodista, en el cual celebramos a periodistas y comunicadores.1

Este día fue establecido en honor al aniversario luctuoso del literato y periodista Manuel Caballero, ya que es considerado el iniciador del periodismo en México.2

Actualmente, los medios de comunicación han sido impactados de manera significativa debido al uso intensivo de internet por parte de miles de millones de personas alrededor del planeta, los periódicos que circulaban en formato impreso, han buscado reinventarse y para facilidad de los lectores ahora los encontramos también en formato electrónico.

El periodismo ha evolucionado con la tecnología y los medios de comunicación, ya que ahora las noticias fluyen de manera más rápida y en tiempo real. Por ello, este fenómeno representa un reto para los medios de comunicación convencionales: evolucionar.

Notas

1 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/54370/Efem_rides_Enero.p df

2 http://noticias.universia.net.mx/educacion/noticia/2016/01/04 /1135120/4-enero-dia-periodista-mexico.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de enero de 2018.

Senadora Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica)