Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y sus homólogas a cumplir y difundir el manual de seguridad escolar, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Xitlalic Ceja García, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

El riesgo de violencia ha sido una constante en los planteles educativos, ante esa circunstancia se han adoptado protocolos que se plasman en manuales de seguridad escolar, sin embargo, su difusión es escasa, no se socializa y su cumplimiento es aislado y endeble.

Ante la proximidad del regreso a clases, e incluso, ante el cierre de escuelas por razones vinculadas a la violencia o a la inseguridad en planteles afectados por sismos, consideramos que es oportuno e importante, socializar la información, e involucrar al mayor número de personas (padres de familia, autoridades, ciudadanía en general) en los procesos delineados en los manuales.

Ante una situación de riesgo se desprenden diversas interrogantes:

¿Cómo prevenir y cómo estar preparados?

¿Qué hacer cuando sucede?

¿Qué hacer después?

¿Quién nos puede orientar y apoyar?

¿Cómo convertir esta situación en una experiencia de aprendizaje?

La seguridad de nuestros niños debe ser nuestra prioridad.

La seguridad va asociada al riesgo, y es una respuesta inmediata ante la inminencia o consecuencia de un daño; en nuestro país se empezó a hablar recurrentemente de Seguridad Escolar, después del sismo ocurrido en la Ciudad de México en 1985.

La escuela, el segundo hogar de millones de niños, de pronto se vio en la incertidumbre; después de diversas inspecciones en las estructuras, miles fueron reubicados; y es en esos momentos cuando se comienza a hablar de riesgo en los centros escolares.

A partir de este suceso que marcó a la nación, vinieron diversas respuestas institucionales, como la creación en 1986 del Sistema Nacional de Protección Civil. Y se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 6 de mayo de 1986, el Programa de Protección Civil, del que se desprendió el Programa Nacional de Seguridad y Emergencia Escolar, un ordenamiento que debía ser implementado en todas las escuelas del país.

Las tragedias continuaron, y se agudizaron con los sismos de 2017; aunado a ello, la violencia tocó las puertas de los centros escolares, por lo que se hizo indispensable profundizar en el tema de la seguridad escolar, como una política de Estado.

Aparejado a los protocolos de seguridad en las escuelas, debemos plantear alternativas que coadyuven a erradicar los factores de riesgos sociales y mejorar la convivencia.

En este sentido debemos reconocer la labor y el compromiso del gobierno federal, que ha promovido diversas acciones para impulsar el desarrollo social y prevenir conductas delictivas.

En un contexto de inseguridad que enfrenta el país, la coordinación con los gobiernos estatales y municipales es un tema que debe reforzarse; las escuelas, deben seguir siendo los espacios más seguros y confiables en nuestra sociedad; donde nuestras niñas y niños, se desarrollen física e intelectualmente, en un ambiente de armonía y seguridad

El propósito del presente acuerdo es dar una mayor dimensión e importancia al cumplimiento del manual de seguridad para reforzar la cultura de la prevención con la participación decidida de las autoridades gubernamentales, del personal directivo, docente, alumnos, madres y padres de familia.

Como es sabido, el manual de seguridad escolar brinda lineamientos para realizar acciones pertinentes ante situaciones críticas, originadas por riesgos que eventualmente podrían suceder en planteles escolares o en sus entornos.

Con este esquema se ha pretendido generar un esquema de corresponsabilidad en los que se involucre a los organismos de educación y a los de seguridad pública de los tres ámbitos de gobierno.

En este documento rector que debe ser socializado y cumplido a cabalidad, se destaca la importancia de la participación social en la gestión de la seguridad escolar a través de los Consejos Escolares de Participación Social y de sus Comités.

Es compromiso de todos garantizar que las escuelas sean espacios seguros, confiables y propicios para la formación integral de los alumnos.

El manual contiene lineamientos básicos para comprender, prevenir, enfrentar y superar emergencias derivadas de situaciones de riesgo; desde rumores de hechos de violencia en el entorno escolar, hasta enfrentamiento con armas de fuego, presencia de armas en la escuela, amenaza, extorsión, riesgo de explosivos, fallas estructurales en planteles escolares y demás.

Es menester difundir y cumplir con el manual de seguridad escolar para enfrentar y superar juntos los problemas de inseguridad y para devolver la tranquilidad a las escuelas de México.

Para ello es fundamental la socialización de la información y la colaboración y coordinación institucional.

En virtud de lo anteriormente fundado y motivado, ponemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Púbica y a sus homólogas, a efecto de que cumplan y difundan el manual de seguridad escolar.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de enero de 2018.

Diputada Xitlalic Ceja García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión resuelve nominar para el Nobel de la Paz de 2018 a la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes en México, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PAN

Las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en los siguientes

Considerandos

Cada año y desde 1901 la Fundación Alfred Nobel distingue a quienes se hayan destacado por sus aportaciones en los áreas de la física, la química, la medicina, la literatura, las ciencias económicas y entrega el Premio Nobel de la Paz. Al día de hoy se han entregado en todas las disciplinas 585 premios a 923 hombres, mujeres y organizaciones sociales. De ellos, 17 latinoamericanos han sido galardonados con el Nobel, dentro de los cuales destacan tres mexicanos. Alfonso García Robles originario de Michoacán fue Premio Nobel de la Paz en 1982 por promover el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe evitando que la carrera armamentista se apoderara del continente americano apoyando también el desarme nuclear. Octavio Paz nacido en la Ciudad de México fue el segundo mexicano en recibir el Premio Nobel en 1990 en el campo de la Literatura. Mario Molina recibió el Premio Nobel de Química en 1995 por sus contribuciones en la investigación sobre la capa de ozono y los daños irreversibles que ciertos químicos le producen.

El prestigio y la popularidad que tiene el Premio Nobel de la Paz sobresale dado que es considerado el Premio más importante a nivel internacional que reconoce la preservación de la paz en el mundo. Desde el año 1960 el Comité del Premio Nobel de la Paz ha incrementado el número de galardonados a favor de los derechos humanos dentro de los que destacan: Martin Luther King Jr. (1964), Andrei Sakharov (1975), Adolfo Pérez Esquivel (1980), Aung San Suu Kyi (1991), y Rigoberta Menchú (1992).

Esta categoría del Nobel es la única nominada por externos al Comité Noruego de la Paz, quienes con base en las nominaciones emitidas por externos realizan una preselección para finalmente emitir su resolución.

En noviembre pasado, Olaf Njølstad, secretario del Comité Noruego del Nobel hizo la invitación escrita al Congreso de la Unión de México para nominar candidatos al Premio Nobel de la Paz 2018 fijando la fecha límite el día 31 de enero próximo, misma que tendrá que realizarse vía electrónica en el formato de propuesta de nominación.

Considerando la realidad migratoria en México como país expulsor, de tránsito, de retorno y de acogida de personas migrantes, conscientes de la necesidad de hacer visible la situación que enfrentan quienes acumulan vulnerabilidades, atentos a la grave crisis de derechos humanos que ello significa y claros en la necesidad de reconocer a las organizaciones sociales mexicanas que trabajan para atenuar el sufrimiento y dolor de los hombres, mujeres, niñas, niños y ancianos de cualquier nacionalidad es que proponemos que la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem) sea nominada por este honorable Congreso de la Unión para recibir el Premio Nobel de la Paz 2018.

La Redodem, surge como propuesta en 2009 por el Servicio Jesuita a Migrantes México, en conjunto con algunos albergues y casas de migrantes que operan desde hace más de dos décadas en México, cuyo objetivo es la conformación de una Red integradora a lo largo del país que registra y documenta de manera sistemática el tránsito de las personas migrantes por México, haciendo énfasis en las agresiones y violaciones a sus derechos humanos.

La Redodem se define apartidista, sin fines de lucro y religiosamente imparcial; no contempla la inclusión de actores nacionales de índole gubernamental o empresarial, ni de organismos internacionales.

El trabajo estadístico de la Redodem da cuenta del comportamiento y variación de la migración a través de informes anuales (2014, 2015 y 2016) con información cualitativa de la realidad de agresiones, xenofobia, vulnerabilidad y violaciones a los derechos humanos en tránsito por México, visibilizando la realidad social resultado de la implementación de estrategias del Estado mexicano.

La Redodem registra y documenta la situación de las personas migrantes que transitan por el país, con datos sociodemográficos de las personas migrantes que acudieron a alguno de los albergues, casas, comedores y estancias que integran la Red. Se estima que 400 mil personas migrantes en situación irregular atraviesan el país cada año. La Redodem busca visibilizar y dar nombre a quienes integran este número.

La Redodem está integrada por 24 socios que comprenden casas, albergues, comedores, estancias y organizaciones en todo México, que brindan asistencia y atención directa a personas migrantes en tránsito por México.

Integrantes:

1. Centro Comunitario Interdenominacional de Acompañamiento a Personas Migrantes (ABBA AC, Ccipm), Celaya, Guanajuato. 2015.

2. Albergue Hermanos en el Camino, Ixtepec, Oaxaca. 2007.

3. Albergue y Dormitorio San José, Frontera Comalapa, Chiapas. 2016.

4. Casa de la Caridad Hogar del Migrante, San Luis Potosí, San Luis Potosí. 2000.

5. Casa de la Esperanza San José, Tepic, Nayarit. 2015.

6. Casa del Caminante Jtatic Samuel Ruiz García, Palenque, Chiapas. 2012.

7. Casa del Migrante Casa-Nicolás, Guadalupe, Nuevo León.

8. Casa del Migrante de San Juan de Dios, Irapuato, Guanajuato. 2010.

9. Casa del Migrante El Samaritano, Atitalaquia, Hidalgo. 2012.

10. Casa de Migrante Hogar de la Misericordia, Arriaga, Chiapas. 2004.

11. Casa del Migrante Monseñor Guillermo Ranzahuer González, Oluta, Veracruz. 1999.

12. Casa del Migrante San Carlos Borromeo, Salamanca, Guanajuato. 2008.

13. Casa del Peregrino Migrante, Huichapan, Hidalgo. 2011.

14. Casa Tochán, Ciudad de México. 2011.

15. Centro de Acogida y Formación para Mujeres Migrantes y sus Familias (Cafemin), Ciudad de México. 2012.

16. Centro de Apoyo Marista al Migrante (Cammi), Querétaro, Querétaro. 2014.

17. Centro de Día para Migrantes Jesús Torres, Torreón, Coahuila. 2011.

18. Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, AC, Torreón, Coahuila. 1999.

19. Centro de Orientación del Migrante de Oaxaca (Comi), Oaxaca, Oaxaca. 2003.

20. Dignidad y Justicia en el Camino, AC. FM4 Paso Libre, Guadalajara, Jalisco. 2007.

21. Oasis Providencial, AC. Albergue Decanal Guadalupano, Tierra Blanca, Veracruz. 2010.

22. Programa Casa Refugiados A.C. Ciudad de México. 1995.

23. Servicio Jesuita a Migrantes México, Ciudad de México. 2001.

24. Uno de Siete Migrando, AC, Chihuahua, Chihuahua. 2016.

La nominación de la Redodem significa también reconocer a los defensores de derechos humanos que día con día trabajan por la paz, los derechos humanos y la integridad de las personas migrantes así como a los miles de voluntarios que apoyan el trabajo de las organizaciones defensoras de los migrantes en territorio nacional y más allá de nuestras fronteras.

Es también una forma de darle nombre y rostro a los millones de personas migrantes en el mundo que sueñan y anhelan mejores oportunidades pero que año con año se ven obligadas a abandonar sus hogares por razones de violencia, inseguridad, pobreza, falta de empleo y espacios de educación, reunificación familiar, entre otras.

Resolutivos

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión propone nominar a la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes en México para recibir el Premio Nobel de la Paz 2018.

Segundo. Se instruye al Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República realizar su registro digital ante el Comité Noruego del Premio Nobel.

Dado en el pleno de la Comisión Permanente, a 4 de enero de 2018.

(rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades de los tres órdenes de gobierno a garantizar el pacífico desarrollo del proceso electoral de 2018, a cargo de los diputados Rafael Hernández Soriano y Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, diputado federal a la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a diversas autoridades de los tres órdenes de gobierno para garantizar el pacífico desarrollo del proceso electoral en curso, bajo las siguientes

Consideraciones

El 28 de diciembre pasado, en la Costa Grande del estado de Guerrero, fue asesinado el presidente municipal de Petatlán, el perredista Arturo Gómez Pérez, en un restaurante, producto de un ataque realizado por hombres armados, mientras cenaba.

El propio jueves 28 se informó que el diputado local perredista Saúl Galindo Plazola había sido asesinado en el municipio de Tomatlán, en la Costa Norte del estado de Jalisco. La Fiscalía General del Estado informó que los hechos sucedieron en la carretera federal 200, en donde fue interceptado su vehículo; junto con su hijo, fue amagado y recibió dos disparos de bala de una escopeta.

El viernes 29 de diciembre, el regidor del PRD del ayuntamiento de Jalapa, en el estado de Tabasco, Gabriel Hernández Arias, fue asesinado a puñaladas, en su propio domicilio. Tratándose presuntamente de un robo, el joven activista del PRD participaba intensamente de la vida partidaria interna y habría decidido no acompañar a su familia debido al proceso electoral interno que se lleva a cabo en estos días.

El sábado siguiente, el 30 de diciembre, Juan José Castro Crespo, abogado y ex candidato a diputado por el PRD, fue asesinado en Mexicali, Baja California. Los hechos se sucedieron en la comunidad de Islas Agrarias, en donde fue ultimado a balazos, después de ser interceptado por un grupo de sujetos armados, quienes le dispararon al menos en tres ocasiones.

Adicionalmente, el 2 de enero de 2018, en Santiago Ixcuintla, Nayarit, fue asesinado el director de Protección Civil, Sabino Mejía Rodríguez. Fue acribillado a quemarropa, después de ser sustraído de su domicilio.

Todos estos casos se producen en un clima generalizado de violencia en el que se vuelve particularmente preocupante el desarrollo pacífico de las elecciones, ya que la seguridad de los ciudadanos y el clima creciente de intimidación afectan, de manera decisiva, la normalidad democrática y la consolidación de una ciudadanía participativa. Todos estos hechos de violencia tienen un común denominador: la militancia en el Partido de la Revolución Democrática y la participación política de las víctimas.

Nos encontramos convencidos de que resulta indispensable que, además de las investigaciones que los órganos de procuración de justicia locales realicen, la Procuraduría General de la República realice un análisis exhaustivo respecto a la persecución política que representan estos cinco asesinatos de políticos perredistas, con el único objetivo de encausar las correspondientes responsabilidades y garantizar, de esta manera, el derecho de acceso a la justicia de las víctimas y sus familias. No soslayamos, sin embargo, la importancia que adquieren al momento del diseño e implementación de políticas públicas que generen una adecuada coordinación entre los tres órdenes de gobierno, en beneficio de las y los ciudadanos mexicanos y del proceso de construcción de una democracia activa y de la participación política.

Asimismo, como perredistas exigimos el establecimiento de acciones preventivas que coadyuven a la realización pacífica del proceso electoral que nos encontramos desarrollando y es por ello que hacemos un contundente llamado tanto a las autoridades electorales, a través del Instituto Nacional Electoral, así como a quienes se encuentran obligados a garantizar la gobernabilidad interna y la seguridad de nuestro país, a través de la Secretaría de Gobernación, para que, en el ámbito de sus atribuciones, lleven a cabo las tareas que garanticen el desarrollo del proceso electoral en curso.

Es por lo anterior que sometemos a la consideración de esta honorable Comisión Permanente, bajo el supuesto de urgente u obvia resolución, el siguiente punto de

Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena los homicidios de los militantes perredistas Arturo Gómez Pérez, Saúl Galindo Plazola, Gabriel Hernández Arias, Juan José Castro Crespo y Sabino Mejía Rodríguez, acaecidos entre el 28 de diciembre de 2017 y el 2 de enero de 2018 y expresa su solidaridad con sus familias y correligionarios.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional Electoral, a la Secretaría de Gobernación y a los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, a garantizar el pacífico desarrollo del proceso electoral en curso.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a que colabore con las investigaciones correspondientes.

Dado en la Sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los cuatro días del mes de enero de 2018.

Diputado Rafael Hernández Soriano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la delegación Cuajimalpa a implantar acciones para incrementar la seguridad de los habitantes y evitar que continúen haciéndose justicia por propia mano, suscrita por la diputada Sara Paola Galico Félix Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena

Las suscrita, Sara Paola Gálico Félix Díaz, diputada federales de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos así como las demás disposiciones aplicables, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión lo siguiente

Consideraciones

Las vecinas y los vecinos de la delegación Cuajimalpa de Morelos, cada vez más, forman parte de las estadísticas delictivas, siendo víctimas de diversos actos de violencia, como son: asaltos, robos y extorsiones que se cometen a plena luz del día, todos los días. Estos hechos, han generado el hartazgo en la sociedad por la falta de seguridad que prevalece en las calles de la demarcación.

La delegación Cuajimalpa de Morelos, está muy lejos de ser una delegación pacífica, amigable, habitable y segura.

El hartazgo de la sociedad deja ver a un gobierno socavado por la pérdida de autoridad (en todos los sentidos), reflejo de su ineficiente e ineficaz intervención, incapaces de poner orden en la demarcación ante la presencia de los delincuentes, genera que las y los pobladores de dicha delegación tomen la justicia por propia mano.

Cuando las autoridades no pueden cumplir con su función de salvaguardar, preservar y proteger el orden público, así como, cuidar la integridad personal y los bienes de las personas, los pobladores pasan por encima de las mismas. Situación que trae consigo diversos problemas, siendo uno de ellos, los linchamientos.

De acuerdo con especialistas, linchar es un actuar colectivo, que pretende restituir el orden frente a una omisión o por desconfianza hacia las autoridades.1

Estos actos de justicia por propia mano de las y los pobladores, reflejan el hastió, la inconformidad y el descontento de la sociedad, llevándolos a actuar en contra de los delincuentes de forma violenta, lo que muchas veces llega al grado de intentar lincharlos. El último de este tipo de hechos, se suscitó en el pueblo de San Lorenzo Acopilco de la delegación Cuajimalpa de Morelos, el pasado 23 de noviembre del presente año.

El intento de linchamiento de uno de los tres presuntos asaltantes (dos lograron huir) que despojaron del dinero de la cuenta a los tripulantes de un camión repartidor de gas, se inició cuando pobladores del pueblo de San Lorenzo Acopilco se percataron de los hechos, cercando la camioneta en la que intentaban darse a la fuga los agresores, causándole daños al vehículo y amagando al sujeto que se encontraba en el interior, al grito de que estaban cansados de tanta delincuencia y que las autoridades no hicieran nada. A base de fuerza, los uniformados rodearon la camioneta y lograron sacar al ladrón.2

El hecho de violencia, terminó en una confrontación entre habitantes de San Lorenzo Acopilco, delegación Cuajimalpa de Morelos, y granaderos, quienes ante la multitud enardecida tuvieron que arrojar gas lacrimógeno para tratar de controlar la situación.3

Los intentos de linchamiento, son una clara señal de la ineficiencia del combate a la delincuencia, resultado de la indiferencia de las autoridades delegacionales, quienes se preocupan más por otros temas que por brindar seguridad a los vecinos de Cuajimalpa de Morelos.

No se puede permitir que la delincuencia continúe creciendo, que tengan que ser los mismos pobladores quienes se cuiden entre ellos, aplicando su propia ley y ejerciendo justicia por propia mano.

Se deben procurar acciones de participación ciudadana, profesionalización de las instituciones policiales, asimismo, aprovechar las tecnologías en materia de seguridad pública, que contribuyan a prevenir la comisión de delitos en la demarcación, permitiendo bajar los índices de delincuencia en la delegación Cuajimalpa de Morelos.

Es necesario que la población se sienta tranquila, por lo que las autoridades competentes deben de hacer lo necesario para mantener el orden público, garantizar la seguridad de las y los vecinos de Cuajimalpa de Morelos. Es tiempo de que el jefe delegacional, Miguel Ángel Salazar, atienda con responsabilidad y de manera frontal, el problema de la delincuencia que es cada vez mayor en la demarcación.

No podemos dar la espalda a las y los ciudadanos, ni hacer oídos sordos a sus demandas.

Desde el ámbito de nuestra competencia, es necesario visibilizar su problemática, y hacer lo conducente para que sus voces sean escuchadas. No sólo por un asunto de elemental justicia, sino también, porque es nuestra responsabilidad ética como representantes populares.

Por lo expuesto y debido a la gravedad del problema, ponemos a consideración de esta asamblea, la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta al jefe delegacional de Cuajimalpa de Morelos, Miguel Ángel Salazar, para que implemente las políticas, programas, estrategias y acciones necesarias, a efecto de garantizar la seguridad de los habitantes de dicha demarcación, y evitar así que, continúen haciéndose justicia por propia mano, ante el clima de violencia e inseguridad que están padeciendo.

Notas

1 https://www.maspormas.com/especiales/justicia-propia-o-venganza/

2 Ídem.

3 http://www.jornada.unam.mx/2017/11/24/capital/039n1cap

Dado en la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 4 de enero de 2018.

Diputada Sara Paola Gálico Félix Díaz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la instalación de un parque industrial en Quintana Roo, suscrita por el diputado Enrique Zamora Morlet e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputado Enrique Zamora Morlet y diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Se conoce como comercio exterior al intercambio de bienes y servicios que se realiza entre las naciones para satisfacer las necesidades tanto del mercado internacional como del mercado interno; en el caso de México, para exponer la importancia que tiene el comercio exterior, se resalta que en el primer trimestre del 2017 las exportaciones de bienes y servicios fueron la principal fuente de crecimiento económico, aportando un 3 por ciento del producto interno bruto, superando las cifras del año 2015, mismas que habían sido las más favorables.1

En México, las actividades relacionadas al comercio exterior son reguladas por las aduanas, las cuales son oficinas públicas gubernamentales que dependen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se encargan de vigilar todas las entradas y salidas de personas, mercancías y capitales de un país; para ello se necesita de los recintos fiscales y fiscalizados , es decir, los lugares en los que se maneja, almacena, custodia, cargan y descarga mercancía.

Las importaciones y exportaciones de las mercancías deben cumplir con ciertas normas ante las aduanas, principalmente con el régimen aduanero, el cual es el destino aduanero específico de la mercancía, en concordancia con la información que es presentada ante las autoridades aduaneras.

Toda mercancía que entra y sale del país debe destinarse a uno de los seis regímenes aduaneros, los cuales son:

* Definitivos

* Temporales

* Depósito fiscal

* Tránsito de mercancías

* Elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado

* Recinto fiscalizado estratégico

Siendo este último de gran relevancia, ya que consiste en la producción de mercancías extranjeras, nacionales o nacionalizadas por tiempo limitado, para ser objeto de manejo, almacenaje, custodia, venta, distribución, elaboración, transformación o reparación, teniendo como beneficio la eliminación del pago de impuestos relacionados al comercio exterior, además de la anulación de cuotas compensatorias.

Hay que señalar que el inmueble a donde llega la mercancía recibe el mismo nombre y está compuesto por una o varias naves industriales, oficinas, estacionamientos y espacios para maniobras; ubicados dentro de la circunscripción de cualquier aduana, el cual se habilita para la introducción de mercancías.2

Los recintos fiscalizados estratégicos (RFE) tienen como antecedente las denominadas “zonas francas”, éstas son un espacio de territorio nacional donde la legislación aduanera no es plenamente aplicable, ya que las mercancías que ingresan no están sujetas a un régimen tributario del Estado al que llegan, ni sujetas al control habitual del servicio de aduanas, ni están gravadas con el pago de impuesto o tributo alguno.

Estas zonas sirvieron como modelo para el establecimiento de recintos fiscalizados estratégicos, los cuales se fundamentan en la Ley Aduanera reformada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2002, en la cual se describen las actividades de este tipo de recintos en relación con el comercio exterior.

De 2006 a 2016, la implementación de los recintos fiscalizados estratégicos solía ser muy difícil, ya que los requisitos para la infraestructura, administración y justificación para la viabilidad de este inmueble eran muy rígidos, teniendo como resultados los pocos recintos habilitados en ese tiempo.

Actualmente los RFE cuentan con los siguientes beneficios:

Beneficios fiscales

* Certificación inmediata de IVA/IEPS, al demostrar que se cuenta con la autorización de operador del RFE.

* Se aplicará derecho de trámite aduanal, DTA, de 1.76 al millar para activo fijo y una cuota fija para el resto de la mercancía.

* Se podrá introducir al RFE mercancía nacional o importada en definitiva para almacenaje, exhibición, venta y distribución, sin que estas se destinen al régimen de RFE, las cuales no se considerarán exportadas.

Beneficios operativos

* Se podrá obtener de manera automática, la prórroga de vigencia, previa solicitud.

* Inscripción inmediata en el padrón de importadores de sectores específicos, una vez que acredite que cuenta con la autorización de operador del RFE.

* Se podrá realizar el despacho de mercancías para su introducción al régimen de RFE, y la extracción del mismo, ante cualquier aduana, incluso en día y hora inhábil.

* El plazo de permanencia de las mercancías será de 60 meses para mercancía en general y por la vigencia de la autorización para maquinaria y equipo.

* Se permitirá el establecimiento de IMMEX dentro de un RFE.

* Se podrá rectificar el origen de las mercancías dentro de los tres meses siguientes al despacho de las mismas, siempre que no se hayan ejercido facultades de comprobación.

* Se podrá extraer del RFE mercancía nacional o nacionalizada para reincorporarse a mercado nacional sin que se considere que existe importación, siempre que no excedan los 60 meses y no sufra modificaciones.

* De ubicarse colindante con un recinto fiscal ubicado en la franja fronteriza del país, podrán realizar el despacho conjunto.

Beneficios administrativos

* No se requiere superficie mínima para obtener autorización.

* No se requiere presentar estudio que demuestre la viabilidad económica y financiera del proyecto de RFE, con opinión favorable emitida por Banobras.

* Se podrá obtener de manera automática, la prórroga de vigencia, previa solicitud.

* Se elimina el requisito de presentar copias certificadas del acta constitutiva y sus modificaciones.

* No se requiere presentar opinión positiva sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales.

* Se elimina el requisito de presentar copia simple del título de concesión de la Administración Portuaria Integral.

* No se requiere presentar escrito en que la Dirección General de Fomento y Administración Portuaria Integral de la SCT manifieste su visto bueno.

* Se podrá proyectar la construcción del proyecto por módulos.3

Por otro lado, “en 1982 fue fundado el primer parque industrial en Chetumal, Quintana Roo, producto del esfuerzo de los gobiernos estatal y federal; éste inició sus operaciones hasta 1985; posteriormente en la administración del doctor Miguel Borge Martín (1987-1993) se realizaron gestiones e inversiones para detonar el primer parque industrial existente, urbanizando la zona para el establecimiento de un mayor número empresas; fue así que se establecieron alrededor de 19, las cuales tienen giros diversos como: procesadora de leche, de agua purificada y hielo, procesadora de madera, procesadora de carne, bloquera, empaquetadora y procesadora de chiles jalapeños, emulsiones asfálticas, entre otras; actualmente, este parque se encuentra limitado puesto que no cuenta con más espacio para su expansión”.4

Como se ha señalado, el comercio exterior y la habilitación de un recinto fiscalizado estratégico contribuyen al desarrollo de la economía nacional, asimismo, con la puesta en marcha de dicho RFE se contribuiría a mejorar las condiciones económicas del estado, ya que se impulsa, por un lado, la urbanización de las regiones colindantes y, por otro, se genera un área de oportunidad para los habitantes de la zona sur de Quintana Roo, al ser este espacio una fuente de empleos. Cabe resaltar que la implementación de un parque industrial con recinto fiscalizado estratégico (PIRFE) resulta ser un instrumento para incrementar la competitividad ya que con éste se da impulso a las empresas mexicanas.

Asimismo, la implementación de un RFE dentro de un parque industrial en Quintana Roo sería de gran importancia, puesto que éste se ocuparía para reactivar y diversificar la economía de dicho estado, ya que, al encontrarse en la frontera sur, tiene la oportunidad de conectarse con redes y cadenas de valor con Centroamérica y el Caribe, además, al ofrecer una infraestructura idónea para las empresas, se atraería mayor comercio internacional.

La siguiente imagen ilustra la ubicación estratégica del parque industrial en el estado de Quintana Roo. Este estado cuenta con una red troncal de carreteras que lo conecta con los estados de Campeche y Yucatán, de igual manera está conectado con Centroamérica por el puente internacional Chactemal. Cabe indicar que se realizarán las gestiones que correspondan para este parque industrial cuente con una infraestructura de bajo impacto ambiental, así como actividades logísticas y empresas tecnológicas; la presentación de este parque es un proyecto con crecimiento aproximado a seis años, el cual incluye áreas industriales y comerciales, ofreciendo un recinto con la infraestructura adecuada para su utilización.

Destaca también que la construcción del parque industrial con recinto fiscalizado estratégico lleva algunos avances, mismos que se han impulsado gracias al apoyo del gobierno del estado de Quintana Roo. Entre los realizados se cuenta la realización de un Plan Maestro en el que se detalla su construcción en cuatro etapas, así como las colindancias y distribución, en un área de 300 hectáreas; asimismo, la realización de los caminos y calles de acceso a éste, además de contar con más de 10 empresas que están interesadas en participar en la ejecución y operación del sitio, así como a establecerse en el parque industrial.

Por otro lado, debe resaltarse que la implementación del multicitado PIRFE representaría un detonante para el desarrollo industrial, científico, logístico, tecnológico y de servicios del país; con ello se contribuiría a mejorar la calidad de vida de los mexicanos, coadyuvando a concretar la estrategia que se delinea en el Plan Nacional de Desarrollo, respecto a lograr un México más justo. Con la expedición de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y la expedición de su reglamento, además de la creación de la Autoridad Federal de Zonas Económicas Especiales, se pretende reducir la brecha de rezago entre los estados de las diferentes zonas del país, integrándolos a todos en una misma dinámica de crecimiento y desarrollo industrial.

La estrategia nacional de las Zonas Económicas Especiales representa una posibilidad en el futuro para el establecimiento de una Zona Económica Especial en el estado de Quintana Roo, ya que con la implementación y puesta en marcha del PIRFE, dicha entidad estaría en condiciones de generar un ambiente económico favorable que impacte en la vida de sus habitantes, favoreciendo con ello a la disminución de la desigualdad social.

Lo anterior, aunado al funcionamiento de las Zonas Económicas Especiales ya previstas en los estados de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Veracruz, detonará el desarrollo económico de la región sur del país contribuyendo al crecimiento de la economía de nacional.

En virtud de lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Comisión Permanente el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que brinde todas las facilidades necesarias al gobierno del estado de Quintana Roo para que se establezca en la entidad un parque industrial con recinto fiscalizado estratégico, con el propósito de impulsar el desarrollo económico de la región sur-sureste del país.

Notas

1 http://www.elfinanciero.com.mx/economia/comercio-exterior-principal-fue nte-de-crecimiento-para-mexico.html

2 http://www.sat.gob.mx/RFE/Paginas/01_queesrfe.htm

3 Información proporcionada por la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDE) del estado de Quintana Roo.

4 Ibídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los cuatro días del mes de enero del año 2018.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Enrique Zamora Morlet, Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, José de Jesús Galindo Rosas, Daniela García Treviño, Edna González Evia, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Lía Limón García, Uberly López Roblero, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Samuel Rodríguez Torres, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Francisco Alberto Torres Rivas y Claudia Villanueva Huerta.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los órganos directivos de la LXIII Legislatura del Senado a efecto de que la información difundida por el área de comunicación social sobre la Ley de Seguridad Interior se ajuste a los principios de imparcialidad, objetividad, veracidad y accesibilidad, y recoja las opiniones a favor y en contra de la normativa, a cargo del senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT

Senador David Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, presenta ante esta Comisión Permanente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

En la actual dinámica del flujo informativo, es necesario entender qué significa informar y cuáles son las funciones que debe tener el área administrativa encargada de difundir la información oficial de las instituciones púbicas, misma que debe apegarse a los principios éticos de la información donde se incluyen los derechos a la libertad de expresión, el acceso universal a la información, y a la educación.

Para hacer más amplio este marco conceptual sobre la “infoética” (concepto acuñado por la Organización de la Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura, UNESCO),1 el Código de Ética para la Sociedad de la Información, propuesto por el Consejo Intergubernamental del Programa Información para Todos (PIPT), enuncia un conjunto de valores, derechos fundamentales y obligaciones en la sociedad de la información que deberán orientar las acciones de sus miembros y que éstos deberán respetar,2 entre las que destacan:

• Internet en particular y las tecnologías de la información y comunicación (TIC), en general deben reconocerse como un servicio público esencial para la construcción de una sociedad de la información centrada en la persona, inclusiva y orientada al desarrollo, siendo fundamentales para promover el ejercicio y el disfrute de los derechos humanos y las libertades reconocidas universalmente.

• Los estados miembros deben favorecer y ampliar la existencia de información de dominio público, reconocer y promulgar el derecho de acceso universal en línea a los archivos públicos o que obran en poder de administraciones públicas, incluida la información de interés para los ciudadanos. La información de interés público debe pasar al dominio público y difundirse en línea de un modo fácilmente accesible utilizando formatos compatibles y abiertos.

• Los estados miembros deben fomentar el uso de internet y otras TIC para reforzar la eficiencia de la democracia y de sus instituciones, ofreciendo a los ciudadanos la posibilidad de mantener un verdadero debate público y de participar en el proceso democrático, y promoviendo la transparencia, la responsabilidad, la capacidad de respuesta, el compromiso, el principio de inclusión, la accesibilidad, la participación, la subsidiariedad y la cohesión social.

Bajo este marco, se puede entender que la información que se pueda difundir en los medios digitales de las instituciones públicas, deben cumplir con los principios de imparcialidad, veracidad, inclusión y que permitan el debate público; tratándose del Senado de la República, que se compone por distintas expresiones políticas, la comunicación que pueda emitir debe, por principio democrático, entrar en una dinámica de imparcialidad, donde los comunicados, publicaciones y la información en general que difunda, recoja las distintas expresiones que la componen.

En primer lugar, es oportuno precisar que de acuerdo al Reglamento del Senado de la República, en el capítulo segundo, De la Comunicación Social, la Gaceta del Senado y el Diario de los Debates, artículo 303, señala que el área de comunicación social es responsable de difundir la información oficial sobre las actividades desarrolladas por el pleno, los órganos directivos, las comisiones y los comités del Senado, así como por los senadores, en los términos de dicho reglamento.

En esta tesitura, en noviembre y diciembre de 2017 el Congreso de la Unión aprobó el dictamen por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, esto sucedió a pesar de que varias organizaciones nacionales e internacionales manifestaron su rechazo hacia dicha legislación, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen (en lo general y en lo particular los artículos no reservados), el 30 de noviembre de 2017 con 248 votos a favor; 115 en contra y 48 abstenciones.

Por su parte, el Senado de la República lo aprobó el 14 de diciembre de 2017 (en lo general y en lo particular los artículos no reservados) con 75 votos a favor; 44 en contra y 3 abstenciones. Entonces se puede afirmar que de 628 legisladores que integran el Congreso de la Unión, 323 validaron la Ley de Seguridad Interior, mientras que 305 votaron en contra, en abstención o no votaron.

Mientras tanto, en el marco de la discusión y aprobación de la Ley de Seguridad Interior, en el Senado de la República, desde las cuentas oficiales de las plataformas digitales, Facebook y Twitter, el área de comunicación social de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, difundido desde el 15 de diciembre, una campaña informativa en relación con la Ley de Seguridad Interior.

Dicha campaña se ha compuesto por infografías que, de manera tendenciosa, justifican la ley en comento, dejando a un lado las expresiones del sector opositor, mismas que tienen el derecho de ser difundidas de manera amplia, en los medios digitales con los que cuenta el Senado de la República.

Dicho lo anterior, Comunicación Social ha emitido información para legitimar la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, la cual se dio de manera dividida y con opiniones encontradas, como se constató anteriormente; sin embargo, exclusivamente se ha dado a conocer un lado del debate, sin tomar en cuenta la crítica legítima y sana hacia dicha ley; por ejemplo, a continuación se enlistan los mensajes emitidos por las cuentas oficiales del Senado:3

• “¿Qué es la Ley de Seguridad Interior?

Es una ley que regula las acciones de las autoridades federales y locales para intervenir en un estado o municipio, ante una amenaza específica que ponga en riesgo al país.”

• “¿Para qué sirve la Ley de Seguridad Interior?

Para que las autoridades federales tengan reglas claras, ante las amenazas que representan riesgos en el país.

Para que los gobiernos de los estados justifiquen la petición de ayuda a la federación y se comprometan a corregir sus fallas y atender sus obligaciones.

Para que no sea discrecional el uso de las autoridades federales en los estados.”

• “¿Cómo se hará?

A través de una declaración de protección a la seguridad interior, que incluirá las amenazas identificadas, qué autoridades intervendrán, tiempo, lugar, acciones y obligaciones para frenar las amenazas en un sitio determinado.

La declaratoria será dada a conocer a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que actúe en la protección y defensa.

La declaración no podrá exceder de un año y podrá prorrogase si la amenaza persiste.”

• “¿Quién se beneficia con la ley?

Los ciudadanos porque podrán saber dónde están las Fuerzas Armadas, y qué están haciendo.

Se atacará las amenazas con inteligencia, precisión y coordinación entre autoridades federales, locales y defensores de los derechos humanos.

Los gobiernos estatales porque no estarán solos ante amenazas graves y tendrán objetivos y plazos para mejorar la seguridad dentro de su territorio.

Las autoridades federales porque harán las tareas que les corresponden sin distraerse en otras y tendrán tiempos y lugares establecidos para llevarlas a cabo.”

• “Mitos de la Ley de Seguridad Interior.

Se militarizará el país.

Se atentará contra la protesta social.

Se violentan y restringen los derechos de los mexicanos.

Se intervendrán las comunicaciones de manera ilícita.

Las Fuerzas harán tareas de seguridad pública.”

Asimismo se presentan 8 infografías que han circulado por los medios digitales de la Cámara:

Mediante estos mensajes, el área administrativa, encargada de la comunicación social del Senado de la República ha posicionado en sus medios de comunicación, información referente a la Ley de Seguridad Interior, atentando contra la imparcialidad de la información de interés público y su democratización, obstruyendo la oportunidad de los ciudadanos de mantener un verdadero debate público y de participar en un proceso democrático responsable.

Contrario a lo anterior, la aprobación de dicha ley, tan controversial, no tuvo el consenso de todos los grupos parlamentarios y legisladores sin grupo parlamentario, no se llevó a cabo un análisis, mucho menos mesas de trabajo, foros o coloquios; es decir, únicamente, en el Senado de la República, se escuchó a las organizaciones, quienes en su mayoría estaban en contra de la Ley de Seguridad Interior. Sin embargo, no atendieron las recomendaciones que realizaron, si bien le hicieron algunos cambios al dictamen, estos fueron mínimos.

Es de destacar que del 6 al 11 de diciembre pasado, en el Senado de la República se llevaron a cabo reuniones de organizaciones civiles, gubernamentales, académicos, alcaldes y gobernadores con integrantes de la Junta de Coordinación Política, y Comisiones Unidas de Gobernación; de Defensa Nacional; de Marina y de Estudios Legislativos, Segunda.

6 de diciembre de 2017

• Jan Jarab y Alan García de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.

• Maestro Rubén Francisco Pérez Sánchez y Guillermo Silva de la CNDH.

• General Alejandro Ramos, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

7 de diciembre de 2017

• Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

• General Alejandro Ramos, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena.

11 de diciembre de 2017

Gobernadores

• Héctor Astudillo, Guerrero.

• José Ignacio Peralta, Colima.

• Juan Carreras, San Luis Potosí.

• Marco Morena, Tlaxcala.

• José Rosas Aispuro, Durango.

• Francisco Domínguez, Querétaro.

• Miguel Ángel Mancera, Ciudad de México.

Presidentes municipales y organizaciones civiles

• Héctor Armando Cabada, alcalde de Ciudad Juárez, Chihuahua.

• Adrián de la Garza Santos, alcalde de Monterrey, Nuevo León.

• Ana Bertha Haro Sánchez, presidenta municipal de Tetela del Volcán, Morelos.

• José Jorge Amador Amador, director de Seguridad Ciudadana en el municipio de Nezahualcóyotl, estado de México.

• Francisco Cienfuegos Martínez, Alcalde de Guadalupe, Nuevo León,

• Isabel Miranda de Wallace, Alto al Secuestro.

• Juan Ibarrola.

• Orlando Camacho, Director General de México SOS.

• Samuel García, González Ruiz, académico de la UNAM.

• José Francisco de Villa Soto, organización Causa en Común

• Ana Laura Magaloni, académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

• Alejandro Madrazo Lajous, académico del CIDE.

• Tania Reneaum Panszi, Amnistía Internacional.

De dichas reuniones, se puede retomar las realizadas por la Organización de las Naciones Unidas, quienes mencionaron que les preocupa la ambigüedad de conceptos, pues la ley utiliza de manera reiterada conceptos ambiguos, laxos, que favorecen una aplicación extensiva, discrecional y arbitraria. Incluso hay conceptos que no se definen, como por ejemplo actos de resistencia, en 14 rubros clasificaron los puntos que le preocupan; mismos que se pueden leer en el comunicado de prensa Observaciones preliminares de la ONU-DH al proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior .4

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en voz de Guillermo Silva aseveró que: “la ley, en los términos en los que está formulada, no contribuye a dar esa certidumbre jurídica a nuestras Fuerzas Armadas en su participación para contener la violencia y la inseguridad, debido a que en temas que se formulan existe una amplia discrecionalidad y (...) en la actuación, en tareas que deben ser excepción, no regla general, como la ley lo está estableciendo”.5

El general Alejandro Ramos se manifestó abiertamente a favor de la Ley de Seguridad Interior, mientras que el comisionado presidente del INAI, manifestó su preocupación por el artículo 9 de la ley en comento, expresó que “El fraseo que utilizamos es que esta redacción podría generar una interpretación desfavorable en la máxima publicidad, tratándose de que al ser estas instituciones las que ofrecen los servicios públicos que hacen posible la custodia de la seguridad nacional, pudiera interpretarse laxamente, es decir, en amplio, y volver a dos prácticas que, entendemos, están ahora erradicadas, que son: la reserva automática de la información, una vez que es construida, que antes ocurría, antes de la reforma de 2014, las instituciones de seguridad pública y algunas otras también por otras causales”.6

A excepción del jefe del gobierno de la Ciudad de México, todos los demás mandatarios estatales estuvieron a favor de la Ley de Seguridad Interior, concordaron que es necesario contar con un marco jurídico que regule el actuar de las Fuerzas Armadas en las entidades federativas. Empero, Miguel Ángel Mancera, hizo hincapié que con la ley “se colocaría en jaque y en un grave riesgo a la seguridad nacional”; advirtió excesos y que algunos artículos rebasan lo que incluso han solicitado las Fuerzas Armadas.

Por su parte, presidentes municipales, solicitaron que exista un mando mixto policial, mayor coordinación con los municipios y se evite una subordinación de las fuerzas civiles ante las fuerzas armadas. Alejandro Madrazo del CIDE, llamó a tener un diálogo más robusto, también advirtió que la ley es muy laxa en los controles para el uso del ejército, es menos responsable con las facultades que tiene el Congreso de la Unión para tener algún tipo de regulación sobre la discrecionalidad del Poder Ejecutivo.

Lamentablemente, en Cámara de Diputados no se llevó a cabo ningún diálogo, el mismo día que aprobaron el dictamen en comisiones, fue aprobado por el pleno; es decir; difícilmente los legisladores leyeron la ley, mucho menos la analizaron. En este sentido resulta primordial que la población conozca las observaciones que realizaron las instituciones sobre dicha norma.

Como se hace constar con la anterior información, lo difundido por el Senado de la República en sus redes sociales, no se apega a un debate plural, ni retoma las distintas expresiones que criticaron la Ley de Seguridad Interior, por lo tanto, se hace la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los órganos directivos del Senado de la República a que la información difundida por Comunicación Social, sobre la Ley de Seguridad Interior, se apegue a los principios de imparcialidad, objetividad, veracidad, accesibilidad y recoja las opiniones a favor y en contra, de dicha ley.

Es importante destacar que un Congreso está conformado por distintas ideologías, las cuales actúan como pesos y contrapesos en el debate parlamentario, ese mismo espíritu democrático debe reflejarse en la comunicación hacia los ciudadanos, los cuales tienen el derecho de obtener un panorama completo sobre los trabajos realizados por el Poder Legislativo.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los órganos directivos de la LXIII Legislatura del Senado de la República a que la información difundida por el área de Comunicación Social, sobre la Ley de Seguridad Interior, se apegue a los principios de imparcialidad, objetividad, veracidad, accesibilidad y recoja las opiniones a favor y en contra, de dicha ley.

Notas

1 “Ética de la información”, UNESCO,

(en línea), consultado el 21 de diciembre de 2017, disponible en: https://es.unesco.org/themes/etica-informacion

2 “Código de Ética para la Sociedad de la Información, propuesto por el Consejo Intergubernamental del Programa Información para Todos (PIPT)”, UNESCO, (en línea), consultado el 21 de diciembre de 2017, disponible en: http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002126/212696s.pdf

3 “Resumen de la Ley de Seguridad Interior”, Senado de la República, (en línea), consultado el 21 de diciembre de 2017, disponible en: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/multimedia/infografias/info grafias-2/39814-resumen-de-la-sesion-el-14-de-diciembre-de-2017.html

4 Disponible en: http://hchr.org.mx/images/doc_pub/Anexo_ObservacionesONU-DH_LeydeSeguri dadInterior.pdf

5 Versión Estenográfica de la reunión de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República con Organizaciones de la Sociedad Civil, celebrada el 06 de diciembre de 2017 (en línea). Consultado el 21 de diciembre de 2017. Disponible en http://www.senado.gob.mx/comisiones/gobernacion/docs/civil_111217.pdf

6 Versión Estenográfica de la Reunión con el Comisionado Presidente del INAI, Dr. Francisco Javier Acuña, celebrada el 07 de diciembre de 2017 [en línea]. Consultado el 21 de diciembre de 2017. Disponible en http://www.senado.gob.mx/comisiones/gobernacion/docs/presidenteINAI_111 217

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de laComisión Permanente, a 4 de enero de 2018.

Senador David Monreal Ávila (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IMPI a iniciar de oficio el procedimiento para emitir la declaración de denominación de origen del nopal, suscrita por la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe Mirza Flores Gómez, diputada federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual para que reconozca y declare la denominación de origen del nopal al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El cultivo del nopal en México es una de las principales actividades agrícolas que se ha desarrollado a lo largo de la historia; aunque hay poca información actualizada respecto a la ubicación geográfica de las plantaciones de nopal por los nuevos usos en el campo de la medicina y la renovación de la cocina tradicional mexicana, la producción de nopal en México ha aumentado, aunado a lo anterior, es una planta silvestre que puede proliferar en diferentes regiones de nuestro país.

Los nopales silvestres tienen su centro de distribución en los estados de San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes, sin embargo se han extendido hacia el norte y sur de México. En estas nopaleras se aprovechan los brotes o nopalitos durante algunos meses, cuando las condiciones climáticas son propicias; sin embargo, existen especies que son preferidas por los pobladores de estas regiones. Así tenemos el nopal tapón (Opuntia robusta ) y sus diferentes variedades, el nopal cardón (O. Streptacantha ), el nopal rastrero (O. Rastrera ), el nopal duraznillo (O. Leucotricha ) y el nopal chaveño (O. Hyptiacantha ). Como cultivo, el nopal verdura se encuentra en los estados de San Luis Potosí, Oaxaca, Jalisco, Puebla, Michoacán, Aguascalientes, Baja California, Distrito Federal y Zacatecas.1

En México hay cerca de 12 mil hectáreas destinadas para el cultivo de este producto, las cuales se distribuyen en 23 estados de la república siendo Ciudad de México el lugar con mayor producción a nivel nacional, con más del 60 por ciento del volumen total; seguida del estado de Morelos, con 328 mil 750 toneladas; del estado de México, con 81 mil 94; Jalisco, con 25 mil 162; Baja California, con 23 mil 345, y Puebla, que produce 16 mil 842.

Es importante mencionar que este producto permite elaborar una gran cantidad de elementos, inclusive se puede emplear para la construcción de viviendas, como forraje para complementar la dieta del ganado y para fabricar fertilizantes orgánicos ideales para cultivar diferentes tipos de hortalizas. Otro uso que se le da a esta planta es como hospedera para la crianza de un insecto conocido como grana cochinilla, del cual se extrae el carmín, colorante natural de gran relevancia en la industria cosmética, farmacéutica y alimenticia.

Respecto a sus propiedades medicinales, aparte de las que tradicionalmente se le atribuyen, en años recientes se inició la comercialización de fibra deshidratada de nopal como auxiliar en trastornos digestivos. Por otra parte estudios recientes demostraron las características del nopal como hipoglucemiante, es decir, como controlador de los niveles excesivos de azúcar en el cuerpo.

Gracias a estas características, el nopal es un producto muy demandado tanto a nivel nacional como internacional con un consumo de cinco kilos por persona al año, donde países como Estado Unidos, Francia y Japón son los principales compradores con un volumen aproximado de exportación de 34 mil toneladas anuales, las cuales generan una derrama económica de 9.4 millones de dólares al año y un total de 11 mil empleos directos e indirectos en diferentes estados de la república.

Finalmente, cabe señalar que a pesar de que México encabeza la lista de los productores más importantes de nopal a nivel mundial, en la actualidad países como China y Brasil se encuentran posicionados como competidores directos del país, ya que por un lado el país asiático destina más de 400 hectáreas para su producción, con lo cual ha podido fabricar diferentes productos destinados principalmente para la industria cosmética y farmacéutica; mientras que Brasil está ganando terreno en el cultivo de nopal forrajero con más de 600 mil hectáreas.2

En este sentido, en la actualidad existe una preocupación por los productores de nopal en México, al no contar con un reconocimiento jurídico que avale una situación de hecho: México es el principal productor de nopal a nivel mundial y de aproximadamente 200 especies de nopales, 101 (93 de Opuntia y ocho de Nopalea ) viven en México. De las 93 especies de Opuntia , 62 son endémicas del país y de las ocho especies de Nopalea , seis son endémicas.3

No obstante, debido a la carencia de figuras jurídica que protejan a las diferentes especies de nopal que son endémicas y se producen en nuestro país, durante el foro campesino (octubre de 2017) que se celebró en la Universidad Autónoma de Chapingo, los productores denunciaron el saqueo de especies de cactus propias de México por chinos, japoneses y tailandeses. Por lo anterior, académicos y productores hicieron un llamado al gobierno federal para otorgar la denominación de origen al nopal y evitar con ello, el saqueo de las cactáceas propias de la región, además de impulsar la investigación y producción sostenible de ésta planta.4

Aunado a la importancia económica que reviste la producción, el nopal aparece en el centro de nuestro escudo nacional junto con el águila real, la serpiente de cascabel y los caracoles ornados con una rama de encino y otra de olivo, siendo uno de los símbolos que dan identidad a nuestra nación, por lo que resulta necesario que el gobierno federal tome cartas en el asunto y otorgue una mayor protección jurídica a través de la declaración de la denominación de origen y así el nopal, orgullo de México, se sume a la lista de los 14 productos con DO: ámbar de Chiapas, arroz del estado de Morelos, bacanora, café Chiapas, café Veracruz, charanda, chile habanero de la península de Yucatán, mango Ataulfo del Soconusco de Chiapas, mezcal, Olinalá, sotol, talavera, tequila y vainilla de Papantla. Por lo anterior, solicito su voto a favor de la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual a que inicie de oficio el procedimiento para emitir la declaratoria de denominación de origen al nopal.

Notas

1 INECC, Nopal-Verdura http://www.inecc.gob.mx/descargas/publicaciones/71.pdf

2 Conoce Hidroponia, producción de nopal en méxico, ¿por qué es tan relevante?, 27 de junio de 2017. http://hidroponia.mx/produccion-de-nopal-en-mexico-por-que-es-tan-relev ante/ consulta: 27 de diciembre de 2017.

3 Semarnat, “Nopal, planta que documenta la historia de México”; 24 de febrero de 2017, https://www.gob.mx/semarnat/articulos/nopales-previo?idiom=es consulta: 27 de diciembre de 2017.

4 Salinas Javier, “Piden garantizar denominación de origen del nopal”, La Jornada , 12 de octubre de 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 4 de enero de 2018.

Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a incorporar en el Reglamento en materia de Control Sanitario de la Cannabis y sus Derivados disposiciones para el uso terapéutico garantizando el derecho a la salud de los mexicanos, suscrita por la senadora Martha Angélica Tagle Martínez

La suscrita Martha Angélica Tagle Martínez, senadora de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal,1 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2017, que adicionó a la fracción IV.

Las que tienen amplios usos terapéuticos y constituyen un problema menor para la salud pública el Tetrahidrocannabinol, las que sean o contengan concentraciones iguales o menores al 1%, isómeros y variantes estereoquímicas. Además del 235 bis, que mandata la regulación de los derivados farmacológicos de la cannabis sativa, índica y americana o marihuana.

En el mismo artículo se estipula que los productos que contengan derivados de cannabis en concentraciones de 1 por ciento o menores de THC y que tengan amplios usos industriales, podrán comercializarse, exportarse e importarse cumpliendo los requisitos establecidos en la regulación sanitaria.

Por su parte, el artículo 290 establece que la Secretaría de Salud otorgará autorización para importar estupefacientes, substancias psicotrópicas, productos o preparados que los contengan, incluyendo los derivados farmacológicos de la cannabis sativa, índica y americana o marihuana, entre los que se encuentra el tetrahidrocannabinol, sus isómeros y variantes estereoquímicas.

Asimismo, se adicionó un párrafo al artículo 198 del Código Penal Federal: la siembra, cultivo o cosecha de plantas de marihuana no será punible cuando estas actividades se lleven a cabo con fines médicos y científicos en los términos y condiciones de la autorización que para tal efecto emita el Ejecutivo federal.

Como parte de los transitorios en dicho Decreto, se estipuló que el Consejo de Salubridad General, a partir de los resultados de la investigación nacional, deberá conocer el valor terapéutico o medicinal que lleve a la producción de los fármacos que se deriven de la cannabis sativa, Indica y americana o marihuana y sus derivados, para garantizar la salud de las y los pacientes.

De igual forma la Secretaría de Salud deberá emitir el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Control Sanitario de la Cannabis y derivados de la misma (en adelante Reglamento), a la fecha la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) cuenta con un proyecto de reglamento que estipula la regulación en materia de control sanitario de la Cannabis y sus Derivados Farmacológicos, con fines médicos y científicos; así como los requisitos sanitarios para la comercialización, exportación e importación de productos con amplios Usos Industriales, que contengan derivados de la Cannabis en concentraciones del 1 % o menores de THC.

Al respecto, cabe destacar que en días pasados, Julio Sánchez Tépoz, titular de la COFEPRIS, expresó en conferencia de prensa que los medicamentos con THC comenzarán a ser vendidos en el primer trimestre de 2018 en el mercado de fármacos,2 a la par de que “la reglamentación está hecha para que cualquier persona tanto física o una persona moral pueda realizar investigación, una vez que explique brevemente, la metodología científica, no está dedicada a empresas nada más”.3

Sin embargo, al hacer una revisión del proyecto del Reglamento, se observan algunos riesgos que deben ser considerados antes de su publicación y eventual aplicación. Por ejemplo, en cuanto a la investigación para fines médicos y científicos, sobre todo en lo relacionado con la autorización de los Protocolos de Investigación, estos “se emitirán a organismos o instituciones de los sectores público, social y privado, que se encuentren debidamente registrados en el Inventario Nacional de Investigación en Materia de Cannabis; hecho que parece contrario a lo expresado por Sánchez Tépoz, pues en el articulado del proyecto de Reglamento refiere a organismos o instituciones, excluyendo la posibilidad de que particulares, a título individual, puedan cumplir con la numerosa cantidad de requisitos que se estipulan, no. únicamente en lo que refiere a la investigación sino a diversas acciones como la importación de medicamentos o materia prima, por citar algunas.

La gran ausencia es la regulación del THC en concentraciones iguales o menores al 1 % que corresponde a la adición de la fracción IV del artículo 245 en el grupo de sustancias con amplios usos terapéuticos y un menor impacto a la salud pública, así lo ha observado también la Comisión Federal para la Mejora Regulatoria, ya que considera que el contenido del proyecto de reglamento “restringe la posibilidad de que cualquier persona que presente un padecimiento susceptible de ser tratado con algún derivado de la cannabis pueda sembrar, cultivar o cosechar la planta”.4

Víctor Gutiérrez, coordinador de proyectos de México Unido Contra la Delincuencia, sostuvo que la COFEPRIS incumple el mandato del artículo 198 del Código Penal “al no permitir el autocultivo a las pacientes, además de violar su derecho a la salud. Diversas organizaciones civiles buscan que las autoridades permitan el autocultivo de mariguana para tratar enfermedades.”5

En suma, el proyecto de reglamento podrfé1rept~seatar una limitante para que las y los pacientes que necesitan derivados de cannabis para uso terapéutico pueda tener fácil acceso a dichos productos, negando con ello el ejercicio de diversos derechos) particularmente su derecho a la salud.

La COFEPRIS realizó un análisis costo-beneficio para conocer los pormenores de la futura aplicación del Reglamento, dicho análisis considera algunos costos que las partes interesadas deberán cubrir, montos que se suman al, ya de por sí oneroso proceso que las familias o personas afectadas deben transitar para poder acceder a este tipo de productos; no sólo en términos económicos sino también sorteando los prejuicios y estigmas sociales en torno al tema.

El Reglamento en cuestión debe prever todos los escenarios posibles que puedan representar obstáculos para el ejercicio de los derechos de las y los mexicanos; en particular su derecho a la salud, por lo anterior someto a consideración de esta Comisión Permanente la proposición con el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a que incorpore al Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Control Sanitario de la Cannabis y derivados de la misma, las disposiciones necesarias para el uso terapéutico garantizando el derecho a la salud de las y los mexicanos.

Notas

1 Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Fe.dera/, México, 2017, Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo=5487335&fecha-19/06f2017

2 Animal Político, En el primer trimestre de 2018 llegarán los fármacos con marihuana a México:

COFEPRIS, México, 2017. Disponible en: http://www.animalpolitico.com/2017/12/trimestre-2018- farmacos-marihuanal

3 Idem.

4 Regularán autocultivo de cannabis. 17 de diciembre de 2017. Reforma Nacional, en URL: https:llgoo.gl!haNfGt, última consulta: 02 de enero de 2018.

5 ibídem.

Dado en la hororable Comisión Permanente, el 4 de enero de 2018.

Senadora Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México y el Metro a implantar una campaña de verificación sanitaria de los comercios expendedores de alimentos y bebidas en el interior y los alrededores de las estaciones del sistema, suscrita por la senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, senadora Yolanda de la Torre Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 8, numeral 1, fracción II, y el artículo 276 ambos del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de este Senado de la República, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al gobierno de la Ciudad de México y al Sistema de Transporte Colectivo Metro para implementar una campaña de verificación sanitaria de los comercios expendedores de alimentos y bebidas localizados al interior y en los alrededores de las estaciones del Metro de la Ciudad de México, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo a las cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de 2016, “más de nueve millones de personas ocupadas no cuentan con un lugar fijo de trabajo, es decir, laboran en casa de patrones o clientes, de puerta en puerta, en vehículos, en la vía pública o en puestos semifijos”1

En este sentido, “el trabajo en las calles o comercio informal, que en la Ciudad de México data de 1885, involucra actualmente a 1.9 millones de personas, que representan 21.2 por ciento del total de la población ocupada”2

Bajo estas consideraciones, podemos afirmar que en nuestro país existen 9 millones de personas dedicadas al comercio informal en nuestro país, de las cuales, 1.9 millones de ellas labora en las calles de la Ciudad de México.

El aumento este tipo de comerciantes ambulantes en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México (en adelante “STC-Metro”) es simplemente alarmante, frente a la pasividad de las autoridades correspondientes, quienes se ven superadas por la circulación de estos comerciantes en las instalaciones de este sistema de transporte:

“ En andenes, pasillos, salidas y entradas a diferentes estaciones del Metro, vendedores ambulantes se instalan sin permiso y ninguna restricción.

Dentro de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC), estos tianguis son improvisados, en su mayoría por la tarde y entre semana, para ofrecer productos como huevo, empanadas, globos inflados, plantas, pan, dulces o accesorios para celular, entre otros.

La vendimia se registra pese a la presencia de policías de Seguridad Pública o de autoridades del transporte masivo.

Los informales se colocan en cualquier zona: lo hacen frente a taquillas, en medio de pasillos o en el comienzo y fin de escaleras.

En recorridos que realizó Reforma en las terminales Indios Verdes, Pantitlán y Tacubaya o en estaciones de correspondencia como Guerrero, Chilpancingo y Chabacano se observó que los usuarios deben esquivar la mercancía.

De acuerdo con vendedores, logran comercializar siempre y cuando sobornen a las autoridades.

Por ejemplo, un comerciante informal instalado adentro del Metro Pantitlán, explicó que el soborno es pagado mediante líderes, pero aclaró que pagar no significa estar exentos de operativos para retirarlos.

En tres minutos, dicho vendedor ganó unos 150 pesos luego de que dos mujeres le compraron un par de bolsas de mano.

“Está bien canijo ahorita por los operativos que ha habido, ahorita están los que aguantaron el operativo. No le están dando chance ni a familiares y, para entrar, se necesita una feria, se necesitan de 10 a 15 mil, más mil pesos por semana y 100 pesos que se pagan diario.”

“(El dinero) eso es para los líderes y para darle las mordidas a los dueños y a los PBI. Todo eso se reparte con los de adentro para que dejen, aquí es puro bisne , puro negocio”, aseguró el vendedor.

El ambulantaje también persiste en los vagones, donde se comercializan herramientas de ferretería, discos, pomadas medicinales o libros.

“Se ve fácil, pero no lo está. Aquí se quedan sólo los que aguantan el operativo, como a mí que el año pasado me quitaron 10 telas de mercancía, carnal, y somos de los más aferrados”, insistió el vendedor.

En Pantitlán, en los entronques de las Líneas 9, A y 1, se observaron aproximadamente 50 vendedores.

En Tacubaya, en la Línea 9 unos 20 ambulantes ocupaban escaleras y andenes, la misma cantidad de comerciantes se encontraban en Chabacano, en el transbordo de las Líneas 9 y 8.

Mientras que en las escaleras de Chilpancingo había 10 informales y en las escaleras para ingresar a Indios Verdes había cerca de 30 vendedores.

Un ambulante ubicado en los pasillos de Indios Verdes, detalló que si un interesado paga una tarifa al líder de vendedores, podía vender en el lugar.

“Pregunta por la señora Martha, pagas una comisión y te dejan”, aseguró3

Aunado a ello, adicionalmente al comercio ambulante que opera en los interiores y alrededores de las instalaciones del Metro, se encuentra el comercio formal que opera con autorización del propio STC-Metro, mismos locales que de manera mayoritaria se dedican a la comercialización de alimentos y bebidas, sin contar con el debido control sanitario por parte de las autoridades y con ello generando olores fétidos y focos de infección de enfermedades gastrointestinales para los usuarios de dicho sistema de transporte.

Por ejemplo, en las estaciones del STC-Metro localizadas en avenida Calzada Tlalpan, dicha situación es típica, al tenor de lo siguiente:

“De los 32 cruces, 28 carecen de vigilancia y, al menos, la mitad está grafiteado y en mal estado.

En la mayoría hay máquinas tragamonedas que están prohibidas; quienes las utilizan son menores de edad.

Los pasajes subterráneos ubicados en la calzada de Tlalpan, entre las estaciones del Metro Ermita y Viaducto, son ocupados de manera indebida para la venta de piratería, operación de máquinas tragamonedas (las cuales están prohibidas), son hogar de indigentes y por la noche guarida de ladrones.

De los 32 que hay en este tramo, 28 carecen de vigilancia y al menos la mitad de estos están grafiteados y en mal estado.

En un recorrido hecho por Crónica se constató la falta de mantenimiento y resguardo de estos espacios, cuya administración compete a la delegación Benito Juárez.

Debido a la falta de seguridad, los locatarios se las han tenido que arreglar colocando cartulinas que indican que en el lugar hay cámaras de vigilancia, las cuales graban las 24 horas del día, y con ello evitar que los amantes de lo ajeno hagan de las suyas, sin embargo, dichos dispositivos no existen.

Los 32 pasajes se encuentran de avenida Río Churubusco hasta Lorenzo Bouturini; todos abren de las 6:00 a las 22:00 horas de lunes a viernes; 21 de estos le pertenecen a la delegación Benito Juárez y en la mayoría se pueden encontrar las mismas cosas: máquinas tragamonedas como si se tratara de pasillos destinados para el vicio, comerciantes ambulantes que venden ropa, mochilas, accesorios para celulares, etcétera.

A falta de personal de la Secretaría de Seguridad Pública que vigile estos desniveles, cada uno cuenta con la mejor protección, según a consideración de los locatarios: desde cámaras falsas hasta imágenes de la virgen de Guadalupe.

Los comerciantes que laboran en estos lugares aseguran que es rara la vez que algún elemento policiaco pasa para vigilar que todo esté bien; esta casa editorial pudo confirmar estas versiones ya que en ninguno de los pasajes se observaron uniformados haciendo rondines.

Al llegar las 20:00 horas, los negocios comienzan a cerrar. Por lo que cruzar por estos desniveles después de este horario es responsabilidad de quien decide utilizarlos. La soledad y oscuridad de los pasillos los convierten en el lugar idóneo para cometer atracos.

Hay quienes a diario tienen que caminar por estos pasillos para atravesar Tlalpan, sin embargo, algunos prefieren pagar los cinco pesos que cuesta la entrada del Metro para poder cruzar de manera segura.

Afluencia. La gente que transita por estos pasajes varía dependiendo la zona; son más utilizados los que están entre las estaciones del Metro Portales y Nativitas.

En estos pasajes se encuentran la mayoría de máquinas tragamonedas, que son muy solicitadas y provocan que estos sitios tengan la mayor presencia de personas durante el día.

No obstante, el reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, en el artículo 12, establece que: “quedan prohibidas las máquinas tragamonedas en cualquiera de sus modalidades. Se entiende por máquina tragamonedas todo dispositivo, a través del cual el usuario, sujeto a la destreza, realiza una apuesta, mediante la inserción de dinero, ficha, dispositivo electrónico o cualquier objeto de pago, con la finalidad de obtener un premio no determinado de antemano”.

En la visita realizada a cada uno de estos desniveles se observó la gran cantidad de personas, incluyendo menores de edad, que usan estas máquinas vigiladas al menos por tres personas en cada cruce. Hay quienes, incluso mientras se divierten, están consumiendo bebidas alcohólicas.

Según la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México las sanciones por pintar de manera ilegal en espacios públicos son equivalentes de 11 a 20 días de salario mínimo –entre 880 pesos y mil 600– o con arresto de 13 a 24 horas, esto según el artículo 26, fracción V.

En cuanto a la iluminación, ésta mejoró ya que hace medio año personal de la Comisión Federal de Electricidad acudió a instalar lámparas, no obstante, hay varias que ya no funcionan en estos 21 desniveles en Benito Juárez.

Dentro de los desniveles hay poca basura acumulada pero los desechos tirados en la parte de afuera provocan un olor fétido, lo que genera focos de infección pues en los pasajes hay establecimientos dedicados a la venta de alimentos.”4

Es por ello que es indispensable y urgente que las autoridades de la Ciudad de México realicen una campaña de verificación sanitaria de los comercios expendedores de alimentos y bebidas localizados al interior y en los alrededores de las estaciones del metro de la ciudad.

Por lo tanto, someto a consideración de esta honorable Comisión Permanente, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de la Ciudad de México y al Sistema de Transporte Colectivo Metro para implementar una campaña de verificación sanitaria de los comercios expendedores de alimentos y bebidas localizados al interior y en los alrededores de las estaciones del Metro de la Ciudad de México.

Notas

1 http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/11/24/1202952

2 http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/11/24/1202952

3 http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/
default.aspx?id=1056259&md5=5c82ad3eb995dce39c82144740914fc2&ta=0dfdbac
11765226904c16cb9ad1b2efe&lcmd5=c6ccab7344bb0df 2a97249c6b91302fb

4 http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1053807.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de laComisión Permanente, a 4 de enero 2018.

Senadora Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo General del INE a destituir al titular de la Unidad Técnica de Fiscalización por evidente conflicto de intereses, a cargo del senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Daniel Gabriel Ávila Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, con base a las siguientes

Consideraciones

Señoras y señores legisladores:

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó ayer la designación de Lizandro Núñez Picazo como nuevo titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, quien será el encargado de revisar los ingresos y los gastos de los partidos políticos en los comicios del próximo año.

Núñez Picazo presentó ayer mismo su renuncia al cargo de administrador general de recaudación del Servicio de Administración Tributaria, el SAT, con efectos a partir del 1 de enero de 2018.

De acuerdo con sus antecedentes laborales, el nuevo responsable de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE es una persona cercana al precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, cuando fue secretario de Hacienda.

En Acción Nacional consideramos que este nombramiento tiene un fin claro: proteger los intereses del PRI y su candidato presidencial relacionados con los gastos de la campaña presidencial, y actuar contra los partidos y candidatos de oposición.

La decisión del INE es desafortunada y no podemos permitir que esto se consolide, si queremos que haya equidad e imparcialidad en las elecciones del próximo año.

Por esa razón solicitamos al Consejo General del INE la inmediata destitución de Lizandro Núñez Picazo como nuevo titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, pues hay un claro conflicto de interés en su nombramiento.

Si de profesionalismo y experiencia técnica se trata, muchas mexicanas y mexicanos reúnen los requisitos para ocupar ese cargo tan importante en el INE.

Sólo es cuestión de voluntad política del PRI. Caso contrario, desde hoy podemos afirmar que se siembran fundadas sospechas sobre la imparcialidad de la fiscalización de los recursos de la elección de 2018.

Por lo expuesto, ante esta soberanía presento la siguiente proposición, de urgente y obvia resolución, con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta muy respetuosamente al Consejo General del Instituto Nacional Electoral la destitución inmediata de Lizandro Núñez Picazo como titular de la Unidad Técnica de Fiscalización por encontrarse en un evidente conflicto de interés que puede afectar la equidad y la imparcialidad del proceso electoral de 2018.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 4 de enero de 2018.

Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a acelerar las investigaciones de desvío de recursos públicos en el INE, a cargo del senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Isidro Pedraza Chávez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 58 a 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicano y 8, fracción II, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo por los cuales se solicita acelerar las investigaciones de desvío de recursos públicos actualmente en proceso en el Instituto Nacional Electoral, fundado de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 22 de diciembre de 2017, el periódico Reforma publicó que el Instituto Nacional Electoral (INE) revisa al menos 19 casos por posible financiamiento ilícito de campañas y el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, tanto por gobiernos estatales como por Odebrecht, es una noticia recurrente pero sin consecuencias, como fue el proceso electoral del estado de México.

El INE cuenta con la Unidad Técnica de Fiscalización, de acuerdo con el artículo 199 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales cuenta con la facultad de auditar con plena independencia técnica la documentación, así como la contabilidad que presenten los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes en cada uno de los informes que están obligados a presentar, particularmente que dichos recursos tengan origen lícito y se apliquen exclusivamente para el cumplimiento de los objetivos de los partidos políticos.

Esa unidad tiene la obligación de presentar a la Comisión de Fiscalización los informes de resultados, dictámenes consolidados y proyectos de resolución sobre las auditorías y verificaciones practicadas a los partidos políticos. En los informes se especificarán, en su caso, las irregularidades en que hubiesen incurrido los partidos políticos en la administración de sus recursos, el incumplimiento de la obligación de informar sobre su aplicación y propondrán las sanciones que procedan conforme a la normatividad aplicable, particularmente verificar las operaciones de los partidos políticos con los proveedores.

Lo anterior aplica en los mismos términos para las candidaturas independientes de acuerdo con el artículo 72, párrafo octavo, del Reglamento Interior del INE.

Aunque actualmente la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales realiza una investigación sobre un posible financiamiento ilícito de sus campañas tanto por gobiernos locales como por la empresa brasileña Odebrecht, en el proceso de campaña presidencial del actual gobierno federal. El INE como autoridad electoral también investiga las denuncias por financiamiento ilegal de Odebrecht relacionado con el ex director de Pemex Emilio Lozoya y el supuesto financiamiento a la campaña de Peña.

La Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral tiene al menos 19 casos en los que investigan recursos recibidos y ejercidos por el PRI de cuyo origen y destino no se tiene certeza. La última actualización de estas indagatorias es del 7 de diciembre de 2017, a esto se suman los desvíos en Chihuahua, se investigan gastos del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI y financiamientos de campañas y de los comités en el estado de México, Zacatecas, Veracruz, Colima, Coahuila y Baja California.

Entre las indagatorias en Chihuahua se encuentra el presunto desvío de 250 millones de pesos al CEN del PRI y el gasto de 31.5 millones de pesos que el tricolor de esa entidad pagó el 31 de diciembre de 2015 a una empresa constructora que no se encuentra registrada en el padrón de proveedores electorales.

De acuerdo con el diario Reforma, otra de las investigaciones es la retención de cuotas de 800 empleados estatales por cerca de 100 millones de pesos que fueron entregados al PRI. En otro expediente relacionado con Pedro Mauli Romero, ex tesorero del PRI de Chihuahua, actualmente preso por peculado electoral, se indagan contratos de supuestas obras de remodelación y construcción de edificios del PRI.

Además, el INE investiga la celebración de un convenio realizado entre el PRI y el proveedor Servicios Integrales de Aviación que ampara erogaciones por 10.7 millones de pesos y la condonación de un monto de 28.8 millones y de 17.2 millones de pesos intereses moratorios.

También están en la mira 52 cuentas bancarias no registradas por el PRI y que fueron reportadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como 9.7 millones de pesos presuntamente ilícito que recibió el PRI en Baja California.

El INE tiene abiertos cinco procedimientos oficiosos para revisar posibles irregularidades financieras y transferencias bancarias realizadas por la Fundación Colosio.

Además, se investigan transferencias de dependencias de Zacatecas al tricolor, depósitos a empleados estatales en Veracruz y retenciones de nómina a trabajadores de Frontera, en Coahuila, para “donarlos” al PRI.1 Pero esta práctica recae no sólo en el PRI sino en todos los partidos, incluso líderes ciudadanos de Nuevo León compendian un expediente para documentar anomalías en la recolección de firmas en favor del gobernador Jaime Rodríguez Calderón en su búsqueda por la Presidencia de la República.2

Integrantes de la sociedad civil presentarán en próximos días recursos jurídicos para que haya castigos por tales faltas de la ley, pues sostienen que es muy posible que haya desvío de recursos públicos para tales fines; es decir, peculado.

No son desconocidos para el Congreso de la Unión los mecanismos de desvío de recursos públicos que se realizan en la administración pública en proceso electoral. Como legisladores, es muy difícil pensar que las autoridades hacendarias federales o locales no identifiquen los mecanismos por los cuales se realizan prácticas antidemocráticas, como fue el caso del gobierno de Javier Duarte.

El tema de desvío de recursos públicos no puede quedar como una noticia para la opinión pública.

El Congreso de la Unión está en la obligación de redoblar esfuerzos para garantizar que los recursos de los contribuyentes sean destinados, de manera eficiente y correcta para los proyectos y servicios públicos que autorizo la Cámara de Diputados.

Es vital salvaguardar el proceso electoral de una práctica que se ha vuelto tradición para los partidos políticos que se encuentran en el poder: el uso electoral de programas sociales o simplemente desviar por distintos mecanismos de alquimia contable, los recursos para la compra y coerción del voto.

Particularmente, el Grupo Parlamentario del PRD demanda y exige a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la sociedad civil establecer una estricta vigilancia sobre todos los recursos públicos aprobados para la reconstrucción. Esos recursos no son una dádiva sino un derecho por la situación de emergencia que viven miles de familias al perder su vivienda en los sismos de septiembre pasado.

Las instituciones del Estado, particularmente el Congreso de la Unión como órgano de fiscalizador, están en la obligación de separar las funciones del servicio público de las actividades electorales de los partidos; violar este principio es llevar la contienda electoral a un espacio de confrontación y polarización innecesario. Si ya es inaceptable el desvío de los recursos de los contribuyentes a través de estos mecanismos de alquimia contable, más aun lucrar con la necesidad de los damnificados que esperan desesperadamente los recursos federales para reconstruir sus viviendas.

Por lo expuesto, la Comisión Permanente debe pronunciarse sobre cuatro temas de protección de los recursos públicos en tiempos electorales:

a) El Consejo General del INE debe acelerar las investigaciones en torno a los desvíos de recursos públicos dirigidos para el proceso electoral de 2018 y establecer inmediatamente medidas administrativas y penales contra los servidores públicos y partidos políticos responsables de este delito;

b) El Ejecutivo federal debe instruir al titular de la SHCP para realizar una ampliación presupuestal a fin de fortalecer las capacidades de fiscalización del INE y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, con objeto de prevenir y actuar contra servidores públicos que cometan delitos electorales como el desvío de recursos públicos para las campañas electorales en mejores condiciones de las que actualmente operan;

c) La Comisión Permanente del Congreso de la Unión debe llamar a comparecer al subsecretario de Egresos de la SHCP y al titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas para informar de las acciones que implantará el gobierno federal a fin de blindar el desvío de recursos federales a los procesos electorales, independientemente de si éstos se entregan a las entidades federativas; y

d) El Consejo General del INE debe instruir a la Comisión de Fiscalización la máxima publicidad de los registros y movimientos contables y contratación de servicios de los partidos políticos y candidatos independientes, así como, en el ámbito de sus facultades, establecer un mecanismo de cooperación con el Sistema Nacional Anticorrupción para acelerar las investigaciones de las denuncias de corrupción relacionados con el desvío de recursos públicos para las campañas electorales.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta en pleno respeto de la autonomía del Consejo General del Instituto Nacional Electoral para que instruya a su Unidad Técnica de Fiscalización, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, a fin de acelerar las investigaciones en torno a los desvíos de recursos públicos dirigidos para el proceso electoral de 2018, con objeto de establecer inmediatamente las sanciones administrativas y penales contra los servidores públicos y partidos políticos responsables de este tipo de delitos.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo federal que instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para realizar una ampliación presupuestal a fin de fortalecer las capacidades de fiscalización del Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, con objeto de prevenir y actuar contra servidores públicos que cometan delitos electorales como el desvío de recursos públicos para las campañas electorales.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión llama a comparecer ante el pleno al subsecretario de Egresos de la Federación y al titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas para informar de las acciones que implantará el gobierno federal para blindar el desvío de recursos federales a los procesos electorales.

Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente en pleno respeto de la autonomía del Consejo General del Instituto Nacional Electoral para que instruya a la Comisión de Fiscalización la máxima publicidad de los registros, movimientos contables y contratación de servicios de los partidos políticos y candidatos independientes, así como, en el ámbito de sus facultades, establecer un mecanismo de cooperación con el Sistema Nacional Anticorrupción para acelerar las investigaciones de las denuncias de corrupción relacionados con el desvío de recursos públicos para las campañas electorales.

Notas

1 Fuente: Cita textual del artículo “Llueven indagatorias al PRI”, publicado por el diario Reforma el 22 de diciembre de 2017. Sitio en internet: https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx

2 Sitio en internet: http://www.elhorizonte.mx/local /denunciaran-a-el-bronco-por-firmas/2039982

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 4 de enero de 2018.

Senador Isidro Pedraza Chávez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la vigilancia de recursos destinados a la reconstrucción en las entidades afectadas por el sismo del 7 de septiembre pasado, suscrita por el diputado Enrique Zamora Morlet e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputado Enrique Zamora Morlet y diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) de la Secretaría de Gobernación (Segob), define a los sismos como aquellas vibraciones de la tierra ocasionadas por la propagación en el interior o en la superficie de ésta, de varios tipos de ondas. Cabe mencionar que la palabra sismo es sinónimo de los términos terremoto o temblor.

La tierra está cubierta por una capa rocosa conocida como litosfera, con espesor hasta de 100 km, la cual está fragmentada en grandes porciones llamadas placas tectónicas. La movilidad de éstas ocasiona que, en los bordes, donde las placas hacen contacto, se generen esfuerzos de fricción que impiden el desplazamiento de una respecto a la otra; si dichos esfuerzos sobrepasan la resistencia de las rocas o se vencen las fuerzas friccionantes, ocurre una ruptura violenta que desencadena la liberación repentina de la energía acumulada, 1 dando lugar a los sismos.

Asimismo, debe mencionarse que posteriormente al acaecimiento de un sismo, se presentan réplicas, es decir, movimientos de las rocas que se encuentran cerca de la zona de ruptura, mismas que sufren un reacomodo; el número de las réplicas puede variar desde unos cuantos hasta cientos de eventos en los próximos días o semanas de ocurrido el temblor principal.2

Por lo anterior, cabe precisar que México se encuentra en una zona de alta sismicidad debido a la interacción de 5 placas tectónicas: La placa de Norteamérica, la de Cocos, la del Pacífico, la de Rivera y la placa del Caribe. Por esta razón no es rara la ocurrencia de sismos en nuestro país, a consecuencia de ello, el Servicio Sismológico Nacional reporta en promedio la ocurrencia de 40 sismos por día.

Guerrero, Chiapas y Oaxaca son de los estados con mayor sismicidad en la República Mexicana; el origen de esta sismicidad se debe al contacto convergente entre dos importantes placas tectónicas: la Placa de Cocos y la Placa de Norteamérica; la interacción entre estas dos placas tiene lugar en la costa del Pacífico, frente a dichos estados.

El pasado 7 de septiembre de 2017 el Servicio Sismológico Nacional reportoì un sismo con magnitud 8.2 grados localizado en el Golfo de Tehuantepec, a 133 km al suroeste de Pijijiapan, Chiapas. El sismo, ocurrido a las 23:49:18 horas (04:49 UTM), fue sentido en el sur y centro del país.3

Por otro lado, el 19 de septiembre pasado el mismo Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo con magnitud 7.1 grados, localizado en el límite estatal entre los estados de Puebla y Morelos, a 12 km al sureste de Axochiapan, Morelos y a 120 km de la Ciudad de México.

Debe tomarse en cuenta que varias entidades de la República resultaron severamente dañadas por ambos sismos, por ello se presentan más adelante datos aproximados sobre viviendas afectadas contabilizadas después del sismo del 19 de septiembre; cabe aclarar que son cifras estimadas que revelan el nivel de desastre y a la vez la urgente necesidad de verificar que los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), mismo al que le fue asignado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para ejercerse en el 2018 la cantidad de $24,644,000,000.00 (veinticuatro mil seiscientos cuarentaicuatro millones de pesos), así como los del Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas, al cual fueron asignados $2,500,000,000.00, (dos mil quinientos millones de pesos), sean correctamente aplicados.4

Las viviendas afectadas representan más de 150 mil, lo anterior lo dio a conocer la Maestra Rosario Robles, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), una cifra similar a la cantidad de hogares que fueron construidos en el país durante 2016; asimismo, explicó que si se considera la pérdida total, son más de 250 mil mexicanos que se quedaron sin su vivienda y hoy están en situación de pobreza patrimonial; además, detalló que en Oaxaca son 33 mil casas en pérdida total, 16 mil 803 en Chiapas, 349 en Morelos, 3 mil 319 en Puebla y mil 695 en el Estado de México, que suman más de 55 mil casas destruidas por completo.5

En lo que respecta específicamente a los daños presentados en la Ciudad de México, el Infonavit reportó 980 viviendas con pérdidas totales y 7 mil 500 con daños parciales, la mayoría de viviendas con pérdidas totales están localizadas en las colonias Centro, Roma, Cuauhtémoc e Hipódromo Condesa, en la delegación Cuauhtémoc; Del Valle, Narvarte, Nápoles y Portales Norte, en Benito Juárez; Lomas Estrella, en Iztapalapa, y en la delegación Coyoacán,6 asimismo, en la delegación Xochimilco se reportaron 2 mil 326 casas habitación que registraron afectaciones en distintos niveles de gravedad.

Como puede observarse, los estados de la región Sur-Sureste del país, así como la Ciudad de México, fueron severamente afectados por los sismos del mes de diciembre del 2017, por ello es importante la participación de los diputados que integran la Comisión Asuntos Frontera Sur-Sureste y de las organizaciones de la sociedad civil, en la vigilancia de la aplicación de los recursos del Fonden y del Fondo de Reconstrucción para Entidades Federativas, lo anterior, para asegurar que la recuperación de las familias afectadas sea mayormente ágil, justa y que en el ejercicio de los recursos exista plena transparencia.

Cabe destacar que se entiende por organizaciones de la sociedad civil a las organizaciones conformadas por personas que se organizan en grupos estructurados en base a normas, intereses, objetivos y fines particulares, que tienden a dar respuestas a necesidades sociales, grupales o colectivas,7 y que, en este caso, la participación de las mismas en el proceso de reconstrucción de las viviendas afectadas, contribuiría, junto con la participación de quienes integran la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur-Sureste, a concretar la demanda social derivada del acaecimiento de los sismos del mes de septiembre y, a su vez, coadyuvaría en el ejercicio de la eficaz y correcta aplicación de recursos asignados en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018.

En virtud de lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que establezca dentro de los lineamientos que regulan el Fondo de Desastres Naturales y del Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas para el ejercicio fiscal 2018 que los integrantes de la Comisión de Asuntos Frontera Sur-Sureste de la Cámara de Diputados y organizaciones de la sociedad civil participen en las tareas de vigilancia respecto de la aplicación de los recursos de estos fondos en los estados afectados por el sismo del 07 de septiembre de 2017.

Notas

1 http://www.cenapred.gob.mx/es/PreguntasFrecuentes/faqpopo2.html#preg2

2 http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/reportes-especiales/2017 /SSNMX_rep_esp_20170919_Puebla-Morelos_M71.pdf

3 http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/reportesespeciales/2017/SSNMX_rep_esp _20170907_Tehuantepec_M82.pdf

4 http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2017/nov/20171109-B.pdf

5 http://www.animalpolitico.com/2017/09/sismos-destruyeron-casas-150-mil- construidas-2016/

6 https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2017/09/26/estima-infonavit-980-viviendas-perdidas-totales-tras-segundo-sismo.html

7 http://www.fusda.org/Revista16/Revista16-LASORGANIZACIONESDELASOCIEDADC IVIL.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 4 de enero de 2018.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Enrique Zamora Morlet, Samuel Rodríguez Torres, Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Sara Paola Gálico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Evelyng Soraya Flores Carranza, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Lorena Corona Valdés.

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Segob y la Sagarpa a enviar a esta soberanía en un plazo no mayor de 10 días hábiles un informe respecto a la inseguridad de las familias dependientes del campo mexicano y las principales afectaciones al sector por el crimen organizado, a cargo del senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del PT

Senador David Monreal Ávila , integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable soberanía, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Históricamente, el campo mexicano ha sido el sustento de millones de familias y una de las actividades fundamentales para la economía nacional. La diversidad de ecosistemas, regiones y climas le han permitido tener una gran variedad de productos agrícolas, convirtiéndolo en uno de los sectores más importantes para el país. Es una herencia milenaria de las culturas prehispánicas, que forma parte de la identidad nacional, ya que muchas costumbres y tradiciones se fusionan con los productos del campo. Los trabajadores agrícolas son aquellos hombres y mujeres que siembran y cultivan el campo y cosechan sus productos, quienes dan sustento a sus familias y alimentan a un sector importante de la población.

Datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), señalan que la participación de la agricultura en el producto interno bruto (PIB) nacional “es de 4 por ciento, pero su incidencia en el desarrollo económico y social del país es mayor, pues prácticamente toda la producción de alimentos se origina en este sector (incluyendo la pesca), siendo fundamental en la seguridad alimentaria, el costo de vida y el ingreso real del conjunto de la población”.1 Sin embargo, existe evidencia de que la aportación del campo en la economía nacional, en términos reales, es mucho mayor; Sagarpa ha señalado que los productos agrícolas son la base de un gran número de actividades comerciales e industriales, en razón de ello, su contribución sectorial al PIB se estima supera el nueve por ciento.

Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2015, señalan que:2

* En México la población mayor de 15 años de edad ocupada como trabajador agrícola es de 5 millones 538 mil 979 personas. De éstas, 56 por ciento son agricultores y 44 por ciento trabajadores agrícolas de apoyo (peones o jornaleros).

* Entre los trabajadores agrícolas, 89 por ciento son hombres y 11 por ciento mujeres: en los agricultores es mayor la población masculina, pues son 91 hombres y nueve mujeres por cada 100 de estos ocupados. Entre los trabajadores agrícolas de apoyo, 15 de cada 100 son mujeres.

* La edad promedio de los trabajadores agrícolas es de 41.7 años; en los hombres es de 41.9 y en las mujeres de 39.8 años.

* Los trabajadores agrícolas se distribuyen por toda la geografía nacional, especialmente en las entidades de Veracruz de Ignacio de la Llave (12.1 por ciento), Chiapas (11.9 por ciento), Puebla (11.1 por ciento), Oaxaca (9.1 por ciento), Guerrero (7.4 por ciento) y Michoacán de Ocampo (7.1 por ciento), que en conjunto concentran 58.7 por ciento de estos ocupados en el país.

* Respecto del total de ocupados, la proporción de trabajadores agricultores a nivel nacional es de 10.7 por ciento.

* Los trabajadores agrícolas cuentan con 5.9 años de escolaridad en promedio, lo que equivale a tener casi terminada la primaria. Las mujeres trabajadoras agrícolas están ligeramente por debajo del promedio con 5.5 años de escolaridad y en los hombres este promedio es de 5.9 años.

* La distribución por niveles educativos muestra que de cada 100 trabajadores agrícolas, 50 cuentan con estudios de primaria, 26 de secundaria, nueve de nivel medio superior, dos más con estudios superiores y los restantes no tienen escolaridad.

* Entre los trabajadores agrícolas, predominan los que son subordinados y remunerados con 42 por ciento, seguidos por los que trabajan por su cuenta con 36.9 por ciento y los que no reciben remuneración con 16.2 por ciento; sólo 4.9 de ellos emplean a otros trabajadores.

* Las personas ocupadas como trabajadores agrícolas laboran en promedio 37 horas a la semana; los hombres promedian 38 y las mujeres 30 horas, lo que indica que estas laboran en promedio tiempo parcial, en tanto que los primeros lo hacen por tiempo completo

* El trabajador agrícola gana en promedio 18.5 pesos por hora trabajada. Los empleadores son los que perciben más por hora con 36.1 pesos; por el contrario, los que trabajan por su cuenta son los que tienen el ingreso promedio más bajo con 11 pesos.

* De cada 100 agricultores, 36 reciben hasta un salario mínimo, 17 más de uno hasta dos salarios mínimos, 12 más de dos o hasta más de cinco salarios mínimos, y 35 los que no reciben ingresos.

Estas cifras permiten comprender la importancia que tiene el campo para la economía nacional, la dependencia de miles de mexicanas y mexicanos a esta actividad económica es tal, que de ello depende sus ingresos, su salud, alimentación y en general, el bienestar propio y de los integrantes de sus familias.

Lamentablemente, el clima de inseguridad y violencia que mantiene a México bajo una crisis social y que inicialmente se reflejó dentro de ciertas regiones del país, y de manera particular en zonas urbanas o semi rurales, en donde delitos como la extorsión, el secuestro y el robo, incidían en la actividad económica y en la tranquilidad de ciudadanos de clase alta y media, así como a comercios y grandes empresas. Sin embargo, la falta de una estrategia de seguridad eficaz, ha ocasionado que estas problemáticas se hayan extendido a otros sectores de la economía y a otras regiones del país, tal es el caso del campo mexicano.

Desde hace varios años los trabajadores del campo han denunciado el asedio por parte de integrantes del crimen organizado. Líderes de agrupaciones y asociaciones de campesinos han hecho público que “sin financiamiento y asolados por la extorsión del crimen organizado, muchos productores sólo cultivan para el autoconsumo, porque no están en riesgo la cosecha y la tierra, sino la vida”.3 Los grupos criminales han impuesto el pago de cuotas y han controlado el precio de diversos productos, el pago de cosechas e incluso manipulan toda su comercialización. En el mismo sentido, desde hace años han denunciado que el pago de cuotas lo han impuesto “a toda la producción agrícola. Los jornaleros deben entregar 20 de los 80 pesos de su salario diario. Los dueños de la tierra pagan 120 pesos por cada hectárea de cultivo al mes, además de un mínimo de mil pesos por hectárea de maíz, y las bodegas deben entregar al menos 100 pesos por cada tonelada de este grano”.4

El escenario se repite en varias entidades federativas y en todas las regiones de cultivo de diversos productos, al grado que “comunidades enteras se están desbaratando por la violencia. Es una realidad que está afectando, quizá todavía más que los desastres naturales en términos de su impacto a largo plazo; se hace mención de Michoacán, pero cuando uno va a Guerrero y a zonas de Oaxaca, son estados paradigmáticos de la crisis del tejido local social”.5

Recientemente, el presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) dio a conocer que “anualmente el campo mexicano sufre de un quebranto de más de dos mil 220 millones pesos en granos, maquinaria, equipos, fertilizantes, camiones y otros insumos, obra del crimen organizado”.6 Dichas pérdidas representan el 0.5 por ciento de la producción nacional, aunque no existen cifras exactas de la afectación de las actividades del crimen organizado sobre el campo mexicano.

Lamentablemente, la falta de instrumentos confiables impide conocer la situación real de la afectación del crimen organizado al campo mexicano. La situación de los campesinos en sí misma es difícil en razón de la falta de apoyos gubernamentales para la producción y comercialización de sus productos, aunado a esto, la presión del crimen organizado empeora las condiciones de vida de los trabajadores del campo y sus familias.

En este sentido, el presente punto de acuerdo tiene por objeto exhortar a las secretarías de Gobernación y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que, de manera coordinada envíen a esta soberanía, en un plazo no mayor a diez días naturales, un informe respecto de la situación de inseguridad en que se encuentran las familias que dependen del campo mexicano; asimismo, para que refuercen las acciones en materia de seguridad en zonas de cultivo de todo el país, a fin de garantizar el bienestar de los trabajadores del campo y sus familias.

La situación del campo mexicano por sí misma es complicada, si bien no existe la voluntad política para sacar de la pobreza a este sector de la economía, lo mínimo que el gobierno federal puede hacer es garantizarles las condiciones necesarias que les brinden seguridad y tranquilidad, para que al menos, puedan vivir en paz.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las secretarías de Gobernación y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que, de manera coordinada:

a) Envíen a esta soberanía, en un plazo no mayor a diez días hábiles, un informe respecto de la situación de inseguridad en que se encuentran las familias que dependen del campo mexicano y las principales afectaciones por parte del crimen organizado al sector.

b) Refuercen las acciones y estrategias de combate a la delincuencia organizada a fin de garantizar la seguridad y la integridad de los trabajadores del campo y sus familias.

Notas

1 “Estadísticas a propósito del Día del Trabajador Agrícola (15 de mayo)”, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, [en línea], consultado 22/12/2017, disponible en http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/agricola2016_0.pdf

2 Ídem.

3 Poy, Laura. “El campo michoacano, postrado por el narco y efectos del TLC”, La Jornada, [en línea], consultado 22/12/2017, disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2014/01/26/politica/004n1pol

4 Ídem.

5 Martínez, David. “El crimen organizado es la peor plaga del campo mexicano, y el gobierno no tiene respuestas: ONG y diputados”, Sin Embargo, [en línea], consultado 22/12/17, disponible en: http://www.sinembargo.mx/22-10-2013/788194

6 “El crimen arrebata 2,200 mdp al campo”. El Heraldo de México, [en línea], consultado 22/12/17, disponible en: https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/el-crimen-arrebata-2200-mdp-al-c ampo/

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los 4 días de enero de 2018.

Senador David Monreal Ávila (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a dar máxima publicidad a las acciones emprendidas en el marco de la política nacional de inclusión financiera en temas de educación financiera en los diversos niveles educativos, suscrita por la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Rosa Alba Ramírez Nachis, diputada federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de motivos

En México, con información de la encuesta Intercensal 20151 del Inegi se conoció que el 96 por ciento de las niñas y niños de 6 a 14 años asisten a la escuela y por igual se conoció que los habitantes de 15 años y más tienen 9.1 grados de escolaridad en promedio, lo que significa un poco más de la secundaria, lo que refleja mucho por hacer en temas de nivel educativo.

Como se puede apreciar si bien muchos niños van a la escuela, no todos concluyen y nuestro nivel educativo es bajo.

La realidad es que con educación o sin ella, los 119 millones 530 mil 753 mexicanos2 que habitamos nuestro país, requeriremos en algún momento conocer el manejo del dinero y así cubrir las necesidades básicas.

No obstante, es una realidad que en nuestro México no existe la formación en el rubro financiero, lo que denota que este tipo de conocimientos serán aprendidos conforme pasen los años, como se dice, de boca en boca.

Son tristes las cifras que se nos reportan en la octava edición del Reporte Nacional de Inclusión Financiera (Reporte o RNIF) con datos actualizados al segundo trimestre de 20163 elaborado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el cual se incluye que en México se han registrado avances en materia de educación financiera, reflejados en el porcentaje de adultos que lleva un registro de sus gastos (20 por ciento en 2012 contra 37 por ciento en 2015). Asimismo, dos de cada tres adultos recibió alguna forma de educación para el ahorro durante su niñez de acuerdo a la ENIF.

La afirmación anterior es un tanto engañosa, ya que podría pensarse que todo mexicano habría sido capacitado sobre temas del manejo del dinero, pero la realidad es que, sin bases sólidas en lo educativo, la información sobre su manejo, del ahorro o de la inversión en los mexicanos no llega desde las aulas.

Hasta aquí, para todos debe ser claro que a la población mexicana, al no contar con herramientas formativas en el transcurso de sus primeros 18 años de vida, no se le garantiza que sepa conservar sus recursos financieros, maximizarlos o defenderse de abusos, principalmente de instituciones bancarias o crediticias.

En el documento denominado “Diagnóstico Programa Presupuestario F035 Programa de Inclusión Financiera”4 elaborado por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo en julio de 2015, se comparten los datos siguientes:

* Contenidos insuficientes en los planes de estudio de nivel básico, y

* Desinterés en la atención por parte de Instituciones financieras a la población infantil.

Lo anterior confirma que los mexicanos tendrán a lo largo de sus primeros años de vida un insuficiente desarrollo de habilidades económicas y financieras que lo ponen en vulnerabilidad ante algo que toda su vida ocupará que es el uso del dinero.

Ante estos antecedentes, el gobierno de México, el pasado junio de 2016 emitió la Política Nacional de Inclusión Financiera,5 destacando el eje que señala la necesidad del desarrollo de conocimientos para el uso eficiente y responsable del sistema financiero de toda la población, donde su objetivo se describe como el de contribuir a que toda la población, incluyendo niños, jóvenes y adultos, tenga los conocimientos necesarios para hacer un uso eficiente y responsable de los productos y servicios financieros, a través de programas de educación financiera, en coordinación con las autoridades del sector educativo y el Comité de Educación Financiera.

Para lograr dicho eje, se diseñó el elemento: 1.1. Coordinación con la Secretaría de Educación Pública y los sindicatos de maestros, a través del Comité de Educación Financiera para integrar contenidos que busquen formar hábitos y comportamientos de temas financieros en el currículo de educación obligatoria, así como para brindar programas de educación financiera para maestros.

No obstante, en el quinto informe labores de la Secretaría de Educación Pública6 no fue posible identificar avances en este tema.

Fue el pasado 7 de septiembre de 2017, que se dio a conocer la Estrategia Nacional de Educación Financiera,7 en la que se señaló que en temas de educación financiera: “En relación con las capacidades financieras de los adultos mexicanos, según los datos oficiales, existen carencias importantes con respecto a las dimensiones fundamentales de la educación financiera”.

En ese sentido, la estrategia planteó entre sus objetivos que la población: comprenda y sepa aplicar los conceptos económicos-financieros básicos que le permitan entender y aprovechar los beneficios del sistema financiero formal, y que ayuden a promover y cimentar la confianza de la población en las instituciones financieras, con base en los mecanismos existentes para la protección al consumidor.

Ante ese reto se propuso diseñar una línea de acción que buscara fomentar el desarrollo de competencias financieras en la educación obligatoria, desde edades tempranas, con la cual se buscaría coordinar con la SEP (SEB y SEMS), la detección —en el plan y programas de estudio de la educación básica y en el marco curricular de la educación media superior— de los contenidos educativos que fomenten las capacidades financieras de niños y jóvenes que cursan la educación obligatoria.

De lo anterior, la principal duda que surge es que si en México carecemos de formación de educación básica, ¿de qué forma se vinculará la SEP con la SHCP a fin de que se compartan conocimientos financieros en las aulas? ¿De qué recursos se dispone para lograrlo? ¿Qué avances se esperan entregar al concluir este sexenio y de qué forma se harán públicos?

Los cuestionamientos anteriores nos llevan a considerar, compañeras y compañeros legisladores, la necesidad de que la Secretaría de Educación Pública dé máxima publicidad a las acciones que ha emprendido en el marco de la Política Nacional de Inclusión Financiera en temas de educación financiera en los diversos niveles educativos, donde se incluyan acciones, logros y retos, así como los recursos presupuestales que se han dispuesto en este cometido desde la fecha de su creación hasta el día de hoy; y, por igual, haga público el plan de trabajo que establecerá en los próximos seis meses en relación a los trabajos que se realizarán en la implementación de la Estrategia Nacional de Educación Financiera que encabeza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de la Comisión Permanente la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a que, de acuerdo a sus atribuciones, dé máxima publicidad a las acciones que ha emprendido en el marco de la Política Nacional de Inclusión Financiera en temas de educación financiera en los diversos niveles educativos, donde se incluyan acciones, logros y retos, así como los recursos presupuestales que se han dispuesto en este cometido desde la fecha de su creación hasta el día de hoy, y, por igual, haga público el plan de trabajo que establecerá en los próximos seis meses en relación a los trabajos que se realizarán en la implementación de la Estrategia Nacional de Educación Financiera que encabeza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Notas

1 Educación en México–Inegi, disponible en http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/escolaridad.aspx?tema=P , consultado el 2 de enero de 2018.

2 Número de habitantes en México–Inegi, disponible en http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/habitantes.aspx?tema=P , consultado el 2 de enero de 2018.

3 46/2017 Reporte Nacional de Inclusión Financiera 8 - La octava edición del Reporte Nacional de Inclusión Financiera (Reporte o RNIF) con datos actualizados al segundo trimestre de 2016–CNBV, disponible en https://www.gob.mx/cnbv/prensa/46-2017-reporte-nacional-de-inclusion-fi nanciera-8?idiom=es, consultado el 2 de enero de 2018.

4 Diagnostico Programa Presupuestario F035 Programa de Inclusión Financiera–Bansefi, disponible en http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Reingenieria_ Gasto/imagenes/Ventanas/Ramo_6/06F035.pdf, consultado el 2 de enero de 2018.

5 Política Nacional de Inclusión Financiera, disponible en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/109126/PNIF.pdf, consultada el 2 de enero de 2018.

6 Quinto Informe labores de la Secretaría de Educación Pública, disponible en http://www.transparencia.hacienda.gob.mx/work/models/transparencia/docs /Documents/5o_informe_de_Labores_SHCP.pdf, consultado el 2 de enero de 2018.

7 Estrategia Nacional de Educación Financiera, disponible en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/254432/Estrategia_Nacion al_de_Educaci_n_Financiera.pdf, consultado el 2 de enero de 2018.

Sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, Ciudad de México, a 4 de enero de 2018.

Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a realizar un trabajo interinstitucional para impulsar la producción y el reciclaje de árboles navideños a través de la Conafor, a cargo de la diputada María Gloria Hernández Madrid, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, María Gloria Hernández Madrid, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:

Considerandos

Han concluido las fiestas decembrinas, sin embargo, en el tema de los árboles de Navidad, los trabajos comienzan, porque debe venir una etapa de promoción de reciclaje y los preparativos de lo que debe ser una fuente de ingresos para miles de familias y un detonador de la reforestación y el desarrollo económico de nuestras regiones.

Más allá de filias o fobias, el árbol navideño es una parte esencial y simbólica en millones de hogares en el país; es un referente y un motivo de unión familiar; y, cada vez más, crece la conciencia ecológica respecto de su uso y reciclaje; podemos señalar que entre los pinos naturales, incluimos a los de maceta, que pueden ser replantados, o los que provienen de un vivero, que pueden ser reusados como composta.

En este punto de acuerdo nos referimos a un esfuerzo interinstitucional, porque implica la participación de varias dependencias para desarrollar al máximo esta fuente de ingresos, que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y también con alternativas turísticas que marquen nuevas rutas en nuestras localidades.

Lo ideal es que en México se usen los árboles producidos aquí y para ello es menester el apoyo a productores en su comercialización.

Las dependencias encabezadas por la Comisión Nacional Forestal, Conafor, deben involucrarse en todos los procesos, para reforestar y plantar de nueva cuenta los pinos en buen estado o los de macetas.

Fomentar plantaciones forestales comerciales de árboles de Navidad es la mejor alternativa para producir lo que demanda el mercado nacional, preservando nuestros bosques y contribuyendo al aprovechamiento sustentable de los recursos;

en un contexto en el que la generación de empleos es prioridad y en el que el fortalecimiento del campo es fundamental para el desarrollo nacional, la promoción de estas plantaciones genera empleos directos e ingresos para miles de familias que garantizan el recurso forestal, al ser ellos mismos los que realizan las siembras de manera permanente; reusando los árboles, plantando nuevos o usando los rebrotes para formar uno nuevo.

Se requiere de un esfuerzo interinstitucional, porque con el involucramiento de las dependencias en materia económica por ejemplo, se puede lograr el objetivo de llegar a cubrir toda la demanda con la producción nacional; porque estos agronegocios requieren una apoyo e inversión financiera de mediano plazo, en razón de que las plantas utilizadas pueden empezar a ser comercializadas después de que culminen una óptima etapa de crecimiento, acorde con la demanda del mercado.

De acuerdo con datos de la Conafor, cada año, en México se comercializan alrededor de un millón de árboles de Navidad, de los cuales, solamente 40 por ciento se produce en México y el resto se importa de Estados Unidos y Canadá.

Las especies más comunes de pinos que se producen en México son: Pinus ayacahuite (pino blanco o pino vikingo); Pseudotsuga menziesii (pinabete); Pinus greggi (pino prieto); Pinus cembroides (pino piñonero); Abies religiosa (oyamel); Picea sp. (picea); Cupressus lindleyii (cedro blanco) y Chamaecyparis (ciprés de Lawson), Thuja (tuyas), y de todas los más requerido son el pinabete y el pino blanco.

La Conafor ha informado que existen 848 productores registrados, y que las plantaciones están ubicadas en 86 municipios, comprendiendo 11 mil 335 hectáreas.

Es importante destacar que con el fomento a la producción de pinos se desalienta la extracción clandestina de árboles pequeños y se recuperan terrenos deforestados; en el aspecto turístico implica una alternativa diferente el recorrido por las plantaciones y en el ámbito económico, al tratarse de un cultivo permanente impulsa el empleo y activa la economía.

También hablamos de un esfuerzo interinstitucional, porque en estas épocas especialmente, faltan cetros de acopio para recibir los árboles y puedan ser reciclados para la elaboración de composta. Una vez concluidas las fiestas decembrinas, los árboles de Navidad naturales deben formar parte de un ciclo virtuoso que ayude al medio ambiente.

En el caso de mi tierra, Hidalgo, tenemos un enorme potencial para la plantación de árboles, ya que contamos con zonas boscosas ubicadas a 2 mil metros de altitud sobre el nivel del mar. Es tiempo de brindar un mayor impulso a este sector de la economía.

En virtud de lo anteriormente fundado y motivado, ponemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal a realizar un trabajo interinstitucional para promover e impulsar la producción y el reciclaje de árboles de Navidad, a través de la Comisión Nacional Forestal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 4 de enero de 2018.

Diputada María Gloria Hernández Madrid (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para que la Mesa Directiva del Senado solicite que se dictamine la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 79, 83 y 425 de la Ley General de Salud, en materia de medicina estética, suscrita por el diputado Jesús Antonio López Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Jesús Antonio López Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59, 60 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esa honorable asamblea, como de urgente u obvia resolución, la presente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Mesa Directiva del Senado de la República para que solicite a las Comisiones de Salud y de Estudios Legislativos de dicha Cámara que dictaminen a la brevedad, la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 79, 83 y 425 de la Ley General de Salud, en materia de medicina estética, misma que les fue enviada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2016, con base en las siguientes

Consideraciones

El 24 de noviembre de 2016, es decir hace más de un año, el pleno de la Cámara de Diputados, aprobó por unanimidad el dictamen de la Comisión de Salud con proyecto de decreto que reforma los artículos 79, 83 y 425 de la Ley General de Salud, en materia de medicina estética, por considerar imperioso regular dicha rama de la medicina que actualmente no se menciona en la Ley General de Salud que data de 1984.

Si bien es cierto que dicha ley regula una variedad muy extensa de rubros que van desde derechos subjetivos de pacientes, el Sistema Nacional de Salud, competencias de autoridades, prestación y prestadores de los servicios de salud, atención médica, prevención de trastornos mentales y físicos, protección social en salud, recursos humanos para los servicios de salud, investigación para la salud, genoma humano, prevención y control de enfermedades y accidentes, derechos de enfermos en situación terminal, programas contra adicciones, control sanitario de productos y servicios, ejercicio especializado de la cirugía, productos biotecnológicos, donaciones de órganos, trasplantes, hasta sanidad internacional, no contempla la regulación de la medicina estética.

Ante la necesidad de actualizar la Ley General de Salud para incluir mejores mecanismos de protección a la salud de las personas, es que el pleno de la Cámara de Diputados consideró necesario incluir en dicha legislación diversas exigencias para que las personas que ejerzan, realicen actos, tratamientos, técnicas y apliquen productos relacionados con la medicina estética, así como aquellas que realicen actos de cirugía plástica y reconstructiva, así como de cirugía estética, se les requiera que cuenten con los títulos profesionales o certificados de especialización legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes, incluyéndose dichas prácticas de la medicina al listado de actividades profesionales a que se refiere el artículo 79 de la mencionada ley.

De igual manera, se consideró necesario para fortalecer este mecanismo de protección para las personas que desean sujetarse a tratamientos y productos de medicina estética y de actos quirúrgicos de cirugía plástica y reconstructiva, así como de cirugía estética, que quienes ejerzan dichos actos médicos no puedan publicitarse bajo la leyenda de “registro en trámite” o cualquier otra leyenda similar, y en los establecimientos en donde se realicen estos actos, cuenten con personal profesional a cargo que tenga títulos profesionales o diplomas de especialización en dichas ramas de la medicina y en caso de que no cumplan con dichas obligaciones se les aplicarán sanciones como la clausura del establecimiento, ya que con dichas medidas se evita que personas que no sean médicos con los estudios necesarios puedan realizar actos relacionados con dichas ramas de la medicina.

La necesidad de que se integren en la ley los mecanismos de protección que han quedado mencionados, es urgente, toda vez que de no hacerlo, más personas sin escrúpulos, charlatanes y sobre todo, sin la preparación médica necesaria, seguirán aprovechándose de este vacío legislativo para ejercer actos de medicina estética y actos quirúrgicos de cirugía plástica y reconstructiva y de cirugía estética, sin que tengan los conocimientos y pericia necesarios, lo que sin duda pone en riesgo la salud e incluso la vida de las personas que recurren a tratamientos estéticos para mejorar su apariencia.

Sin duda, todos nos hemos enterado de miles de casos de personas que se han sujetado a tratamientos de medicina estética y de actos quirúrgicos estéticos, así como plásticos y reconstructivos, que han sufrido lesiones, reacciones alérgicas, infecciones y hasta han perdido la vida, porque les practicaron dichos actos personas que la mayoría de las veces no son médicos o si lo son, no tienen la suficiente preparación en dichas ramas de la medicina o porque hubo complicaciones y en los establecimientos en donde se los realizaron no contaban con la infraestructura, aditamentos, aparatos e instrumental necesarios para realizar de manera correcta dichos tratamientos que sólo deben realizar médicos capacitados.

Por información contenida en registros de la Dirección General de Profesiones, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, se puede afirmar que la medicina estética en México existe en programas de estudio que cuentan con reconocimiento de validez oficial por autoridades educativas y en la formación, capacitación de recursos humanos de salud, desde el 2006 y el requisito para que las personas pueden cursarla, es que sean médicos, por lo menos en los posgrados con grado de maestría y de especialidad que la Dirección General de Profesiones dependiente de la Secretaría de Educación Pública expide cedulas profesionales con efectos de patente, es decir que desde hace más de cinco años, en México ya hay médicos con conocimientos específicos en medicina estética que la ejercen y dicho ejercicio se ve afectado por aquellas personas que ejercen dicha medicina sin ser médicos y sin tener la preparación y conocimientos necesarios que son los que provocan las lesiones, que ponen en peligro la vida y salud de las personas que recurren a tratamientos estéticos y que son un riesgo sanitario latente.

Por ello, no hay razón para que este importante proyecto de reforma no sea aprobado a la brevedad, pero también es preocupante que hemos detectado que hay algunas personas que han pedido el apoyo de algunos legisladores porque se oponen a que se incluyan en la ley, las medidas de protección anteriormente descritas, para seguir tolerando y protegiendo a todas aquellas personas sin escrúpulos y sin conocimientos médicos necesarios, en pocas palabras a los “charlatanes” que aprovechando que actualmente la Ley General de Salud no regula la medicina estética, realizan tratamientos y aplican productos relacionados con dicha rama de la medicina y ganan millones de pesos poniendo a diario en riesgo la vida, integridad y salud de las personas que recurren a estos tratamientos, por ello, es que se solicita a las Comisiones de Salud y de Estudios Legislativos del Senado de la República que a la brevedad aprueben la minuta que reforma los artículos 79, 83 y 425 de la Ley General de Salud, lo que sin duda generará una mejor práctica en los tratamientos y ejercicio relacionado con la medicina estética y la práctica de las cirugías en materia de plástica y reconstructiva y en materia de estética.

Ante los argumentos expuestos, someto a la consideración de esta honorable asamblea, de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta, de manera respetuosa, a la Mesa Directiva del Senado de la República para que solicite a las Comisiones de Salud y de Estudios Legislativos de dicha Cámara que dictaminen a la brevedad la minuta con proyecto de decreto que reforma los artículos 79, 83 y 425 de la Ley General de Salud, en materia de medicina estética, misma que les fue enviada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2016, por incluir importantes mecanismos que protegen la salud y la vida de las personas que recurren a tratamientos de esta rama de la medicina.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 4 de enero de 2018.

Diputado Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversos gobiernos locales a publicar la información general y estadística sobre los casos de violencia, incluida la feminicida, para la integración y transparencia de sus bancos estatales de datos e información, a cargo de la diputada Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Olga Catalán Padilla, diputada del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXIII Legislatura, de la Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La situación de los derechos humanos en México enfrenta contradicciones: por un lado, avanzó en el reconocimiento de los mismos, pero por otro se observa un crecimiento en los altos índices de violencia que día con día cobran la vida de cientos de mexicanos.

En el caso de las mujeres, la violencia forma parte de una tradición cultural/histórica basada en la desigualdad y la indiferencia, dicha tradición se continua transmitiendo de generación en generación por medio de la familia, la escuela e incluso los medios de comunicación donde se ven reflejados estereotipos, actitudes y prácticas que fomentan la discriminación y la violencia contra las mujeres.

Desde hace muchos años se observa que las conductas misóginas y machistas han evitado que la problemática existente se vea como un fenómeno que involucra a todos los ámbitos (social, económico y político) e incluso se cree que son las mujeres las responsables de su victimización, ocasionando que la sociedad y el Estado se desvincule del fenómeno.

Actualmente existen diversas asociaciones e instituciones que se encargan de llevar un registro sobre violencia hacia las mujeres, tal es el caso del Inegi por medio de la Encuesta Nacional sobre Dinámicas de las Relaciones en los Hogares, herramienta que en 2003 dio la pauta para dimensionar el fenómeno a nivel nacional y por entidad federativa.

Con base en datos de dicha encuesta en 2011,1 en México 47 por ciento de las mujeres de 15 años en adelante sufrió algún incidente de violencia por parte de su pareja; el 43 por ciento de las mujeres sufrió violencia emocional; el 24.5 por ciento violencia económica, el 14 por ciento violencia física y un 7.3 por ciento violencia sexual.2

Aunado a los tipos de violencia mencionados y que se encuentran definidos dentro de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, existe la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres y de niñas ,3 es decir, la violencia feminicida.

Una propuesta para enfrentar a los feminicidios fue la creación de la Alerta de Violencia de Género, la cual se encuentra definida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia4 y en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado de México,5 en su artículo 22, respectivamente, donde señalan que:

Alerta de Violencia de Género: Es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.

Desde hace algunos años el estado de México se focalizó por ser una de las entidades federativas con el mayor número de homicidios dolosos en mujeres y tener la mayor cantidad de feminicidios a nivel nacional.

En diciembre de 2010, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos solicitaron al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, emitiera la Declaratoria de Alerta de Género en el estado de México, dicha solicitud fue negada.

Fue hasta el 9 de julio de 2015, cuando el gobernador Eruviel Ávila Villegas, después de una serie de acontecimientos que evidenciaron la gravedad del problema en la entidad, solicitó al Sistema Nacional que decretara la Alerta de Género en 11 municipios del estado de México: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Toluca, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Cuautitlán Izcalli y Chalco de Solidaridad. El 28 de julio de ese mismo año fue decretada la Alerta de Violencia de Género en los 11 municipios señalados.

La violencia feminicida, aun con la importancia que representa para la sociedad y las autoridades, no ha sido incluida en las encuestas oficiales, debido a ello la mayoría de los datos existentes proviene de organismos de la sociedad civil.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y el Observatorio Ciudadano Contra la Violencia de Género, Desaparición y Feminicidios en el Estado de México han advertido que no existe claridad en las cifras y que los datos oficiales recolectados por los distintos órganos estatales no coinciden con los manejados por las organizaciones de mujeres y de defensa de derechos humanos.

En el siguiente cuadro se muestra la cifra oficial presentada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México en comparación con la información recolectada por el Observatorio Ciudadano Contra la Violencia de Género, Desaparición y Feminicidios en el Estado de México de solo el año 2016.

6

Como puede observarse, existe una gran diferencia entre las cifras oficiales y las de la organización civil.

Aunado a las cifras de los municipios ya mencionados, también el Observatorio Ciudadano Contra la Violencia de Género, Desaparición y Feminicidios en el Estado de México declaró en su primer informe de actividades que el municipio de Nicolás Romero ha tenido la misma cantidad de homicidios hacia mujeres que Ixtapaluca y Tlalnepantla, siendo nueve en el 2016, pero cabe resaltar que dicho municipio no se encuentra declarado en Alerta de Violencia de Género.

Se debe resaltar que en un 44.8 por ciento de los municipios mexiquenses ha existido al menos un caso de feminicidio. Las cifras que dicha organización anunció son resultado de una investigación preliminar basada en el seguimiento de posibles casos de feminicidios y el acceso a algunos expedientes judiciales.

Según datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el año pasado existieron 275 casos de homicidios dolosos a mujeres. Con esta cifra suman un total de 727 las mujeres asesinadas y 217 casos de feminicidios en la administración de Ávila.

El periódico El Universal contradice la cifra, en una nota publicada el 23 de febrero del presente año menciona que las muertes de mujeres en 2016 fue de 340 casos, es decir un suceso más que en 2015, además de que con esta cifra se suma un total de mil 658 mujeres asesinadas en la administración de Ávila, lo que representa más de 70 por ciento de incremento respecto al sexenio anterior de Enrique Peña Nieto.7

La siguiente gráfica muestra la evolución de los feminicidios desde 2011 hasta 2016 en los municipios con Alerta de Género, según datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México:

Es importante tener en cuenta que, a pesar de que existen algunas cifras, a la fecha no se cuenta con mecanismos oficiales de registro, es decir, existe una deficiente implementación de los mecanismos establecidos por la Ley, tal es el caso del Banco De Datos e Información del Estado de México sobre Casos de Violencia Contra las Mujeres (BADAEMVIM), el cual se encuentra establecido en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México en su Capítulo II, artículo 37, fracción X:

Artículo 37 ....

I...

[...]

IX...

X. Publicar semestralmente la información general y estadística sobre los casos de violencia contra las mujeres y las niñas para integrar el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres;

En dicha fracción se expresa la publicidad de la información para la integración de los datos, pero en la actualidad no se encuentra la plataforma virtual en funcionamiento.

Por otro lado, la misma ley menciona, en su artículo 51, fracción XIV, que el Banco de datos es responsabilidad de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México:

XIV. Integrar en el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia los informes sobre la violencia contra las mujeres;

A pesar de que la Ley General y la Ley de orden estatal abordan la creación de un banco de información, se puede observar que hasta el momento no ha sido integrado aun cuando se cuentan con los recursos suficientes, así como con los lineamientos de operación para su elaboración e implementación.8

La situación en la que se encuentra el estado de México es similar a la que reflejan las once entidades declaradas con Alerta de Género, pues de acuerdo con datos obtenidos de sus portales de internet, cuatro entidades no cuentan con un banco estatal de datos e información sobre casos de violencia y el Banco Nacional de Datos no cuenta con información sobre feminicidios en el país, siendo este un tipo de violencia considerado en la Ley de la materia.

Es necesario contar con información veraz sobre la situación en la que se encuentran las mujeres víctimas de violencia, es por ello que, de conformidad con lo establecido en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México en su artículo 37, fracción X, y el artículo 51, fracción XIV, las entidades deben rediseñar e implementar un Banco Estatal de Datos e Información con la finalidad de tener un sistema efectivo sobre la situación feminicida dentro de la entidad y con base en datos reales se generen políticas que contribuyan a disminuir, o en su caso, erradicar la violencia contra las mujeres, en especial la violencia feminicida.

Con base en lo anterior, se somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con:

Punto de acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes y la soberanía de las entidades federativas, exhorta respetuosamente a los gobiernos de Nuevo León, estado de México, Chiapas y Jalisco a publicar la información general y estadística sobre los casos de violencia, incluida la violencia feminicida, contra las mujeres y niñas, para la integración y transparencia de sus Bancos Estatales de Datos e Información sobre Casos de Violencia.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación a emitir recomendaciones a las entidades federativas que tienen Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para que generen y reporten datos sobre la violencia feminicida que prevalece en sus entidades.

Notas

1 Cabe resaltar que dicha encuesta lleva seis años sin ser aplicada.

2 Inmujeres con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2011. Bases de datos publicadas el 29 de julio de 2013, ajustadas a las Proyecciones de la Población en México que el Consejo Nacional de Población actualizó el 16 de abril de 2013.

3 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_ 171215.pdf

4 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_ 171215.pdf

5 http://www.secretariadeasuntosparlamentarios.gob.mx/leyes_y_ codigos.html

6 http://edomexinforma.com/seguridadyjusticia/wp-content/uploads/2017/02/
CIFRAS-FEMINICIDIO-Y-HOM-DOL-MUJ_enero-2017xx.pdf

7 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/edomex/ 2017/02/23/aumentan-feminicidios-en-el-edomex

8 http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob. mx/files/files/pdf/gct/2015/ago202.PDF

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 4 de enero de 2017.

Diputada Olga Catalán Padilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SHCP a realizar un análisis sobre el plan fiscal aprobado por el gobierno de EUA para 2018 y establecer las acciones dirigidas a controlar la inflación y fomentar la productividad y competitividad de las empresas mexicanas, suscrita por la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y el acuerdo décimo tercero del acuerdo relativo a las sesiones y al orden del día de fecha veinte de diciembre de dos mil diecisiete emitido por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión somete a consideración de esta honorable Comisión la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que realice un análisis sobre el plan fiscal aprobado por el gobierno de los Estados Unidos de América (EUA) para el año 2018, y establezca las acciones que tengan como resultado el control de la inflación, el fomento a la productividad y competitividad de las empresas mexicanas, generar bases sanas y estables para el empleo en nuestro país; al tenor de las siguientes

Consideraciones

La mayoría republicana del Congreso de los Estados Unidos de América aprobó la reforma fiscal promovida por Trump que aplicará a partir de 2018 y no cómo se había planteado en 2019. De acuerdo con lo que ha trascendido, las principales modificaciones son:

1. La reducción del 35 al 21 por ciento a la tasa máxima del impuesto sobre la renta (ISR) aplicado a las empresas.

2. Se establece una tasa de 15.5 por ciento a las utilidades repatriadas hacia EUA si son en dinero líquido y de 8.0 por ciento si son en activos no líquidos.

3. Se permite la deducción del cien por ciento de las inversiones en maquinaria y equipo y en otros activos.

4. Se reduce la tasa máxima del ISR a las personas físicas del 39.6 al 37.0 por ciento.

5. Se eleva la exención de impuestos para los trabajadores que ganan 6 mil 500 dólares anuales a 12 mil.

6. Aumenta a 10 mil dólares la deducción de impuestos estatales y locales.

Como se puede apreciar, se trata de un plan fiscal que reduce los impuestos federales, principalmente para las grandes empresas, de lo que se puede deducir que tiene por objeto hacer más atractiva para estas empresas realizar sus actividades en EUA que en otros países.

No se puede decir que esta reducción de impuestos federales vaya a tener un impacto de la misma magnitud en la carga tributaria de los contribuyentes, ya que en EUA existe un sistema fiscal federalizado, lo que permite a las entidades federativas imponer gravámenes adicionales a los de la federación, los que representan en promedio una tasa adicional de 6 al 35 por ciento federal, con lo que la tasa total aumenta a 41 por ciento. La reducción a 21 por ciento de la tasa federal implicaría reducir la tasa total a 27 por ciento, que comparada con 30 por ciento en México parecería que no tendría un impacto significativo.

Sin embargo, la comparación de la carga impositiva con otros países no sólo se debe hacer a partir de las tasas máximas impositivas, ya que ésta se aplica a las utilidades menos las deducciones permitidas. Así, por ejemplo, la tasa máxima para las empresas en EUA que es de 41 por ciento (35 por ciento federal más 6 por ciento estatal), después de restar las deducciones resulta de una tasa efectiva de 27.9 por ciento sobre la utilidad bruta (sin deducciones). De este porcentaje, 23.9 por ciento corresponde al impuesto federal y 4.0 por ciento a impuestos estatales. En México, la tasa máxima es de 30 por ciento y la tasa efectiva de 25.5 por ciento y corresponde en su totalidad al impuesto federal, ya que las entidades federativas no tienen facultades para imponer otros impuestos sobre los ingresos.1

Por otra parte, el impuesto a las utilidades no es la única carga fiscal que tienen las empresas ya que adicionalmente tienen que pagar impuestos y otras contribuciones laborales, así como otros impuestos, como por ejemplo a la producción y predial.

En 2017, la carga fiscal total en México fue de 52.0 por ciento y en EUA de 43.8 por ciento. Aunque el impuesto a las utilidades y otros impuestos son superiores en EUA, los impuestos y contribuciones laborales son sensiblemente mayores en México ya que en el caso de nuestro país incluyen las contribuciones a la seguridad social, el impuesto a la nómina y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas (PTU), gravámenes que no se aplican en EUA.

Al respecto es importante señalar que a pesar de que los impuestos laborales son mucho mayores en México que en EUA, esta carga fiscal se ve ampliamente compensada por las enormes diferencias salariales que existen entre los dos países, por lo que no es un factor que merme la competitividad de México en materia impositiva. Sólo baste señalar que en 2017, el salario mínimo en México es 80.04 pesos diarios, que equivalen a 1.16 dólares por hora.2 En EUA el salario mínimo es de 7.25 dólares por hora, 6.3 veces mayor que en México. Aún aplicando una carga laboral mayor, el salario en México sigue siendo muy inferior al de EUA.

La importante reducción de 60 por ciento a la tasa máxima en EUA indudablemente que pude reducir la competitividad impositiva de México. Sin embargo, habría que analizar con mucho mayor detalle el plan fiscal para determinar el efecto que tendrá en la tasa efectiva, ya que dicho plan pudiera contener disposiciones adicionales en materia de deducciones, como por ejemplo la ya anunciada deducción inmediata de cien por ciento de las inversiones.

Por otra parte, hay que señalar que el impuesto a las utilidades no es el único factor que toman en cuenta las empresas para decidir en qué país les conviene más realizar sus actividades. Como se ha demostrado en los años que lleva vigente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el costo de la mano de obra ha sido mucho más importante.

En conclusión, no es posible pronosticar con precisión el impacto que la reforma fiscal de EUA tendrá en México, pero definitivamente si lo habrá, lo que obligará tarde o temprano a revisar el esquema fiscal.

Según el proyecto Doing Business del Banco Mundial, en 2017, México ocupó el lugar 31 de 34 países evaluados por la mayor tasa de impuestos a las utilidades de las empresas, lo que significa que sólo 3 países tienen mayores tasas (Australia, EUA y Nueva Zelanda). Con la reducción impositiva en EUA, sólo Australia y Nueva Zelanda tendrán mayores tasas.

El problema es que México tiene poco margen para reducir las cargas impositivas ya que los ingresos presupuestarios son muy limitados para financiar el gasto público, a pesar de que las tasas impositivas a las empresas son mayores que en EUA.

La recaudación total en México representa el 16.8 por ciento del producto interno bruto (PIB), mientras que en EUA es de 26.0 por ciento. Una reducción de impuestos a las empresas similar a la de EUA tendría un impacto muy significativo en los ingresos públicos, a menos que se compensara con el incremento de otros impuestos como el ISR a las personas físicas o al IVA, lo que tendría consecuencias muy desfavorables para la población.

Por ello es muy importante que las autoridades mexicanas no reaccionen de manera improvisada ante el plan fiscal de EUA, tal y como lo propone la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) que está aprovechando esta circunstancia para reiterar las solicitudes que ha planteado desde que se concretó la reforma fiscal de 2014, dentro de las que destacan la deducción de todas las prestaciones laborales y del cien por ciento de las inversiones y para compensar la baja de ingresos públicos sólo propone dar continuidad al programa de repatriación de capitales,3 sin analizar el limitado impacto que este programa ha tenido, ya que a julio de 2017 sólo se habían repatriado 3 millones de dólares de los 233 millones de inversiones de mexicanos en el exterior.

El problema es tan complejo que requiere de un análisis integral que no sólo incluya los aspectos fiscales sino otros que limitan la competitividad del país. En el estudio titulado Impulsando la renegociación del TLCAN , la Comisión Económica para América Latina (Cepal) dice que “México tiene una necesidad urgente de una nueva agenda de desarrollo basada en el fortalecimiento del mercado interno para combatir la desigualdad, concretar la transformación estructural y una reforma fiscal”.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que realice un análisis sobre el plan fiscal aprobado por el gobierno de los Estados Unidos de América para el año 2018, y establezca las acciones que tengan como resultado el control de la inflación, el fomento a la productividad y competitividad de las empresas mexicanas, generar bases sanas y estables para el empleo en nuestro país.

Notas

1 Banco Mundial. Proyecto Doing Business

2 Calculado con la paridad de poder de compra (PPP) de $8.60 por dólar, que se calcula a partir del costo de una canasta de bienes y servicios en México y en Estados Unidos.

3 www.elfinanciero.com.mx/economia/
coparmex-plantea-medidas-fiscales-urgentes-que-deberian-aplicar-a-partir-de-2018.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 4 de enero de 2018.

Senadora Dolores Padierna Luna (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Inegi a continuar y fortalecer la realización de censos, conteos, estudios y otros instrumentos estadísticos destinados a hacer visible a la población con discapacidad, a cargo de la senadora María Verónica Martínez Espinoza, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, senadora María Verónica Martínez Espinoza, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, 108 y 276, numeral 1, fracción I, todos del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno de esta honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente punto de acuerdo para exhortar al Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática a fortalecer y ampliar los censos, conteos y estadísticas en torno a la población con discapacidad en México.

Exposición de Motivos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales.

Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive.

Un reciente informe de la OMS indica que más de mil millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma de discapacidad; de ellas, casi 200 millones experimentan dificultades considerables en su funcionamiento.

Agrega que en los años futuros, la discapacidad será un motivo de preocupación aún mayor, pues su prevalencia está aumentando. Ello se debe a que la población está envejeciendo y el riesgo de discapacidad es superior entre los adultos mayores, y también al aumento mundial de enfermedades crónicas tales como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los trastornos de la salud mental.

El organismo internacional subraya que en todo el mundo, las personas con discapacidad tienen peores resultados sanitarios, peores resultados académicos, una menor participación económica y unas tasas de pobreza más altas que las personas sin discapacidad.

“En parte, ello es consecuencia de los obstáculos que entorpecen el acceso de las personas con discapacidad a servicios que muchos de nosotros consideramos obvios, en particular la salud, la educación, el empleo, el transporte, o la información. Esas dificultades se exacerban en las comunidades menos favorecidas”, añade la OMS en “El Informe mundial sobre la discapacidad”.

En México el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática (Inegi) desde 2010 y hasta 2014 ha implantado una serie de metodologías, encuestas, censos, conteos y otros instrumentos demográficos para tener una radiografía lo más cercana a la realidad respecto a la población mexicana con algún tipo de discapacidad.

El Inegi presentó en 2014 la publicación “Las personas con discapacidad en México” cuyo objetivo es proporcionar a la sociedad, y a los organismos de los sectores público y privado encargados del análisis y la promoción de la participación de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida social, información que contribuya a la comprensión de la situación en la que se encuentra este grupo de población.

Las fuentes de información de este producto fueron la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2014 y la Encuesta Nacional de los Hogares (ENH) 2014. Con ellas se analizaron analizan las principales características sociodemográficas y algunas relativas a sus condiciones de vida esta población.

Para 2014 en México residían en aproximadamente 120 millones de personas. 61.5 son mujeres y 58.5 hombres, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica.

La prevalencia de la discapacidad en México para 2014 es de 6 por ciento, según los datos de la ENADID 2014. Esto significa que 7.1 millones de habitantes del país no pueden o tienen mucha dificultad para hacer alguna de las ocho actividades evaluadas: caminar, subir o bajar usando sus piernas; ver (aunque use lentes); mover o usar sus brazos o manos; aprender, recordar o concentrarse; escuchar (aunque use aparato auditivo); bañarse, vestirse o comer; hablar o comunicarse; y problemas emocionales o mentales.

El Inegi añade que son estas personas quienes enfrentan múltiples obstáculos para gozar “de todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico, nacional, género, edad, condición social, económica o de salud, religión, opiniones, estado civil, preferencias sexuales, embarazo, identidad política, lengua, situación migratoria o cualquier otra característica propia de la condición humana o que atente contra su dignidad”.

Asimismo añade que la estructura por edad de la población con discapacidad muestra la estrecha relación de esta condición con el proceso de envejecimiento demográfico. Casi la mitad de las personas con discapacidad (47.3 por ciento) son adultas mayores (60 años y más) y 34.8 por ciento tienen entre 30 y 59 años de edad. Ello contrasta con la estructura etaria de la población sin discapacidad ni limitación, en la cual 60 por ciento tienen menos de 30 años de edad.

Un dato importante es que el número de mujeres con discapacidad en México supera al de su contraparte masculina (3.8 millones frente a 3.3 millones de los varones); de igual forma, la discapacidad al interior de cada sexo tiene mayor presencia entre la población femenina: 6.2 por ciento de las mujeres del país viven con esta condición y en el caso de los hombres, representan 5.7 por ciento.

Una de cada dos mujeres con discapacidad tiene 60 años o más; y entre el total de adultos mayores con discapacidad del país, son mujeres 6 de cada 10.

Otro aspecto importante de lo revelado por dicho instituto es que hasta 2014 prácticamente la mitad de la población con discapacidad en el país (49.6 por ciento) se concentra en siete entidades federativas: México (14.6 por ciento), Jalisco (8.1 por ciento), Veracruz (7.5 por ciento), Ciudad de México (5.8 por ciento), Guanajuato (4.6 por ciento), Puebla (4.5 por ciento) y Michoacán (4.4 por ciento).

Casi un tercio (31.7 por ciento) habita en once entidades: Nuevo León (3.8 por ciento), Oaxaca (3.6 por ciento), Chihuahua (3.4 por ciento), Chiapas y Guerrero (3 por ciento en cada una), Baja California (2.8 por ciento), Sinaloa (2.7 por ciento), San Luis Potosí y Tamaulipas (2.5 por ciento en cada una) e Hidalgo y Sonora (2.2 por ciento en cada una).

Además, por primera vez en 2014 el Inegi, a través de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica en su versión de 2014, incluyó un apartado sobre discapacidad con el set completo de preguntas del Grupo de Washington (WP, por sus siglas en inglés) y, por ende, basado en la metodología de este grupo.

En dicho apartado se incluyeron dos preguntas más, independientemente de las que contempla el WG. Una que hace referencia a usar las extremidades superiores (mover o usar sus brazos o manos) y la otra relacionada con el aspecto mental. Para esta última se incluyó una pregunta con la finalidad de captar limitación en la actividad a partir de lo relacionado con problemas emocionales o mentales.

Es decir, el Inegi ha impulsado la realización de encuestas, conteos y estadísticas cada vez más especializadas en lo concerniente a la población mexicana con algún tipo de discapacidad, ello en concordancia con la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entró en vigor en mayo de 2008.

En México hay avances importantes en la estadística de este sector de la población que es muy importante no dejar de contabilizar, de visibilizar, pero sobre todo de atender con políticas públicas, con presupuestos, con programas que permitan que estos más de 7 millones de mexicanas y mexicanos no queden al margen de la salud, la educación, el empleo y una vida digna.

La Organización Mundial de la Salud advierte que en “todo el mundo, las personas con discapacidad tienen peores resultados sanitarios, peores resultados académicos, una menor participación económica y unas tasas de pobreza más altas que las personas sin discapacidad”.

Se subraya que en parte, ello es consecuencia de los obstáculos que entorpecen el acceso de las personas con discapacidad a servicios que muchos de nosotros consideramos obvios, en particular la salud, la educación, el empleo, el transporte, o la información. Esas dificultades se exacerban en las comunidades menos favorecidas, es decir zonas urbano marginales, rurales o más alejadas de las ciudades.

En el caso específico de México, algunos reportes indican que hay cerca de un millón de personas con alguna discapacidad en posibilidades de trabajar, pero sólo 30 por ciento de ellas se encuentra activa en el mercado laboral.

En este contexto es muy importante reconocer la labor que ha realizado el Inegi para contabilizar y visibilizar a esta población, pero también es necesario fortalecer los mecanismos estadísticos hasta ahora implementados para lograr censos, conteos y estudios que permitan al Congreso de la Unión contar con los elementos para impulsar reformas y presupuestos en favor de esta población, así como al Poder Ejecutivo implantar campañas y programas en el mismo sentido.

Un país en plena transformación, con diversas reformas estructurales en marcha, con uno de los sistemas de seguridad social y salud más avanzados de América Latina, debe tener un diagnóstico muy preciso en el tema de la discapacidad para evitar casos de menores que están encerrados en sus hogares porque carecen de atención médica o de educación.

México, desde 2006, fue el principal impulsor internacional de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, en el país aún subsisten rezagos, retos, deudas con este sector de la población.

El gobierno mexicano ha reiterado su compromiso con la promoción y la protección de los derechos de las personas con discapacidad y de trabajar para mejorar las condiciones para que el personal de la dependencia con hijos con discapacidad pueda acceder a las condiciones que contribuyan a una mejor atención para su desarrollo e inclusión.

Ante esta situación propongo a esta honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión reconoce y felicita el trabajo y esfuerzo realizados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en los censos, conteos y estudios realizados en los últimos años en el tema de la población con discapacidad en México.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Inegi a continuar y fortalecer la realización de censos, conteos, estudios y otros instrumentos estadísticos dedicados a visibilizar a la población con algún tipo de discapacidad en México para con ello contribuir a generar políticas públicas, presupuestos y programas que permitan su inclusión social, educativa, laboral, turística y el acceso a servicios médicos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de enero de 2018.

Senadora María Verónica Martínez Espinoza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a informar sobre las acciones y los avances en la reconstrucción de las viviendas afectadas por los sismos de septiembre de 2017, a cargo de la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Mariana Gómez del Campo Gurza, senadora de la LXIII Legislatura en el Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 171, 175, 176 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el siguiente punto de acuerdo que exhorta respetuosamente al gobierno de la Ciudad de México para que informe de manera detallada los avances que se han logrado en la reconstrucción de las viviendas afectadas por el sismo ocurrido en septiembre de 2017, al tenor de los siguientes

Antecedentes

En la Ciudad de México, después de las lamentables consecuencias de los sismos ocurridos en el pasado septiembre de 2017, ha habido algunos avances y acciones en cuanto a la reconstrucción se refiere, de acuerdo con información del gobierno de la Ciudad de México, de un total de 329 inmuebles que ya han sido evaluados por el Instituto de Seguridad de las Construcciones, 102 deben ser demolidos, 160 son considerados de alto riesgo, 57 dictaminados como riesgo medio y 10 catalogados en bajo riesgo. Asimismo, se atendió a unas 54 mil personas en albergues y comedores. En el caso de las escuelas, se registraron daños en mil 484 inmuebles, pero sólo nueve requieren reconstrucción total; 267 con obras de reconstrucción mayor parcial, 178 con recursos ya asignados, 89 con espera de presupuesto y 422 que están en el trámite de asignación. También se ha señalado que el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (Invi) han erogado aproximadamente 139.3 millones de pesos para el apoyo de renta, beneficiando a 22 mil 403 familias.

Por otra parte, de acuerdo con el “Balance a Tres Meses del 19S” realizado por la Comisión de Vivienda de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, aún hay damnificados viviendo en albergues o en campamentos, en espera de algún tipo de apoyo. De igual forma se señaló que se requiere de un sistema que oriente y coordine los esfuerzos de la reconstrucción, en términos de transparencia, eficacia.

Asimismo, el pasado 23 de diciembre el pleno de la Asamblea Legislativa aprobó, por mayoría, el Presupuesto de Egresos para 2018, el cual contempla recursos para la reconstrucción de la Ciudad de México luego del sismo del 19 de septiembre. El dictamen avalado canaliza ocho mil 792 millones de pesos para las diversas acciones en favor de damnificados, así como a reconstrucción y adquisición de vivienda de quienes fueron afectados por el desastre natural. Entre las acciones que se contemplan en favor de la reconstrucción de la Ciudad de México y los afectados por el sismo se encuentra el destino de 400 millones de pesos para el Instituto de Vivienda. Debido a que algunas delegaciones políticas fueron notoriamente afectadas, los diputados locales aprobaron que para Xochimilco y Tláhuac se canalicen 35 millones de pesos al rescate de la zona ejidal y chinampera. Para el proyecto de desarrollo rural en los pueblos de Santa Rosa Axochiac y San Bartolo Ameyalco se destinarán siete millones 200 mil pesos.

No obstante, las soluciones o acciones en favor de los damnificados no han sido muy claras ni precisas, debido a esa inconformidad fueron instalados algunos plantones, frente la Asamblea Legislativa de la capital. Aunado a ello, existe aún la gran problemática de los multifamiliares de Tlalpan, donde los damnificados están en el limbo y aun con la zozobra del futuro que esperan para contar con una vivienda digna, sin que ello implique el que tengan que atarse a un crédito o que al menos este sea accesible con un esquema preferencial de acuerdo a sus posibilidades.

Consideraciones

I. Que con fundamento en el numeral 1 del artículo 117 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, los senadores y los grupos parlamentarios presentan proposiciones con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen iniciativas de ley o decreto.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía, el presente

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México para que informe de manera detallada los avances que se han logrado en la reconstrucción de las viviendas afectadas por el sismo ocurrido en septiembre de 2017.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de la Ciudad de México para que emita un informe sobre los créditos que se han otorgado a los damnificados que han decidido acceder a alguno para obtener una vivienda, así como sobre las causas que han impedido que un mayor número de damnificados cuenten con apoyo.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de la Ciudad de México para que transparente y remita un informe acerca de los montos, destino y ejercicio de los recursos del Fondo de Desastres Naturales, así como de los recursos públicos, donativos y aportaciones que hayan realizado organizaciones de la sociedad civil, empresas y personas, que provengan del interior o exterior del país, destinados a la atención de las necesidades de la población afectada por el sismo ocurrido en septiembre de 2017.

Cuarto. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de la Ciudad de México para que informe de manera detallada el plan de acción para la atención de los damnificados del Multifamiliar Tlalpan, el proyecto de reconstrucción y sus licitaciones, así como para la pronta atención de las familias que se encuentran pernoctando en casas provisionales de lámina y lonas.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión a los cuatro días del mes de enero del año dos mil dieciocho.

Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para que se cite a comparecer al titular de la SHCP a fin de que dé cuenta del alza de las gasolinas y el IEPS; y se exhorta a la Cofece a llevar a cabo acciones a efecto de disuadir la colusión entre empresas gasolineras, a cargo del senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, senador Isidro Pedraza Chávez, integrante de la LXIII Legislatura del honorable Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta representación soberana, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público comparecer ante el Congreso de la Unión para dar cuenta del incremento de los precios de la gasolina y el Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios (IEPS), y a la Comisión Federal de Competencia Económica realizar acciones para disuadir la colusión entre empresas gasolineras, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En vista de que el año que inicia será uno de tremendos desafíos para la economía de las familias mexicanas el Estado mexicano debería proteger el ingreso de los trabajadores, la fortaleza del mercado interno y el bienestar de la familias, en su lugar ha decidido en un acto de miopía tecnocrática incrementar el Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios (IEPS) por la venta de combustibles y los rangos de Impuesto sobre la Renta (ISR) lo que se traducirá evidentemente en inflación, menor ingreso real disponible e incertidumbre económica para las familias mexicanas. De acuerdo a la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 2017 finalizó con una inflación1 de 6.69 por ciento, la mayor en 18 años, que evidentemente se traduce en la disminución del poder de compra real de la familias mexicanas y, por si fuera poco, al cierre de 2018 se espera en 4.05 por ciento2 monto superior al objetivo de 3 por ciento del Banco de México y a los criterios generales de política económica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Es bien sabido que las principales fuentes del incremento de precios en 2017 han sido la liberalización anticipada del mercado de combustibles y, en menor medida, la volatilidad del tipo de cambio anidada en la autonomía del Banco de México, ante esta realidad es necesario preguntar por los éxitos de la supuesta reforma energética.

La reforma energética, impulsada por el gobierno federal en 2013, tenía como objetivos, entre otros, aumentar la producción petrolera y hacer más competitivo el mercado nacional de combustibles.

Con la liberalización del mercado de los combustibles los costos de producción, comercialización y transporte, así como la política tributaria, son los que determinan el precio final de las gasolinas, en este sentido, son 5 factores los que lo fijan:

1. El precio internacional del petróleo.

2. El tipo de cambio.

3. El costo de transportación y almacenamiento.

4. La política impositiva sobre la venta de combustible.

5. El poder de mercado de las comercializadoras de combustible.

Cabe mencionar que dentro de virtudes de la reforma energética se esperaba mayor producción nacional de petróleo y un mejor mercado nacional de combustibles, con mejores precios como consecuencias de los menores costos de producción y consecuentemente un mercado más competitivo. No obstante la realidad ha demostrado que la gasolina y el gas son más caros hoy que nunca. La tabla 1 muestra la evolución del precio de los combustibles hasta diciembre de 2016, entre 2012 y 2017 el salario real aumentó 6.2 por ciento muy por debajo del incremento real del precio de la gasolina Magna 25.5 por ciento o Premium 33.4 por ciento.

Así pues, se muestra que el precio real de la gasolina ha aumentado entre 4 y 5.5 veces más que el salario real en lo que va de la administración federal. Si la reforma energética hubiese sido exitosa la brecha del crecimiento entre precio de combustibles y salarios mínimos debería ser menor.

La liberalización del precio de la gasolina depende de las limitaciones tecnológicas y de costos, pero también de las condiciones institucionales como la política tributaria y la concentración del mercado. El control del tipo de cambio es una facultad exclusiva de la autoridad monetaria. Los resultados sobre precio del barril de petróleo y los costos de transporte y almacenamiento son consecuencia directa de la trunca implementación de la reforma energética. Finalmente quedan dos factores donde el Estado mexicano puede intervenir para salvaguardar la estabilidad de precios y el bienestar de las familias mexicanas, la política tributaria y el poder de mercado.

El pasado 29 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación los montos que se impondrán por concepto de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) donde se señala un incremento de entre 24 y hasta 31 centavos por litro de combustible. La tabla 2, muestra los montos que se cobraran por litro durante 2018 respecto a 2017.

Cabe mencionar que esta decisión la tomó la Secretaria de Hacienda de forma unilateral y dejando al margen al Congreso de la Unión, además los ingresos excedentes que se generaran abrirán espacio a la discrecionalidad en el ejercicio del gasto público toda vez que estos montos recaudados no fueron considerados en la discusión del paquete económico para el ejercicio fiscal 2018.

En esta coyuntura el pasado 2 de enero la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, AC, (Amegas) emitió un comunicado donde señala que los precios de las gasolinas y diésel subirán con la actualización de las cuotas del IEPS de forma que los incrementos irán de 37 centavos por litro de magna, 32 centavos por litro de Premium y 39 centavos por litro de diésel.3 En vista de esto, Petróleos Mexicanos (Pemex), emitió el mismo 2 de enero un boletín de prensa donde señala que “... se va a mantener la política de precios graduales de combustibles que se aplica exitosamente desde hace un año en nuestro país y rechaza categóricamente cualquier comentario especulativo al respecto de supuestos incrementos en los mismos... por lo que no existe ningún fundamento para estimar un aumento brusco en dichos precios, lo que no ha ocurrido”.4

Esta declaración debe leerse con cuidado, por una parte, como consecuencia de la reforma energética, Pemex es un participante más del mercado de combustibles y no el único participante; los comercializadores de gasolina pueden fijar sus propios precios y consecuentemente sus márgenes de ganancia, esto dependerá del poder de mercado de cada empresa o grupo y aunque PEMEX cite que AMEGAS solo representa el 5 por ciento del sector esto no permite desestimar la posible colusión entre las empresas del ramo ni la ausencia en la reducción de los precios como consecuencia de una supuesta mayor competencia.

Otra ausencia de la reforma energética es el incremento de la producción de gasolina, como muestra el Gráfico 2 y 3 desde el inicio de la presente administración la producción de gasolina ha disminuido desde un máximo de 159 millones de barriles en 2013 a 119 millones al cierre de 2016, lo que representa una caída del 25 por ciento en 4 años.

El gráfico 3 muestra que el 2017, año insignia de la reforma energética, la producción ha sido menor en todos los meses del año para los que hay información.

Por si fuera poco, no solo existe presión por el lado de los combustibles, en su último informe, el Banco de México (Banxico) compartió que la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno señaló que el panorama para la inflación en México “se ha tornado más complejo”, lo cual atribuyen al fortalecimiento del dólar por la incertidumbre ante golpes externos y los incrementos de los energéticos.

También el Gas LP sufre el incremento desmedido de precios, luego de su liberación al mercado desde enero de 2017, se nota que registra variaciones anuales superiores al 40 por ciento, en parte asociado al comportamiento de los precios internacionales, los cuales han sido afectados por los recientes desastres naturales en la costa de Texas... este enero, un tanque de 20 kilogramos ya cuesta 406 pesos frente a los 280 pesos que costó el mismo mes del año pasado. Respecto al tanque estacionario, para llenar uno de 200 kilogramos, en el primer mes del año pasado una persona se gastaba mil 400 pesos y ahora 2 mil 100 pesos”.5

Aunado a los precios desmedidos de la gasolina y del gas LP, “... la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillas (UNIMTAC) prevé aumentar el precio de la tortilla de 1.50 a tres pesos por kilogramo dado que el incremento en los insumos como el gas, energía eléctrica y maíz elevó los costos de producción... los primeros días de este año se venderá un kilo a 17 pesos en algunas zonas del país y en otras regiones en 11.50 pesos”.6

Adicionalmente, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) hizo público el aumento del salario mínimo a 88.36 pesos por día, con efectos a diciembre pasado, es a todas luces insuficiente para cumplir con las necesidades más básicas de las familias mexicanas. El Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana7 en su Informe de 2017 ha calculado el salario mínimo remunerador garante de derechos8 El salario mínimo ideal obtenido que cumpla con lo mandatado en la Constitución, para una familia promedio fue de 17 mil 647 pesos, dejando claro la insuficiencia del salario mínimo para cubrir las necesidades de las familias con la presión adicional de mayores precios en gasolina, gas LP o tortillas.

Toda vez que se ha presentado la liberalización de los precios de combustibles, parte esencial de la reforma energética impulsada por la saliente administración federal, los resultados son en el mejor de los casos magros. El Estado mexicano debe salvaguardar el bienestar de las familias mexicanas y ante la inflación más alta en 18 años, la inminencia del incremento de precios de la gasolina y el gas LP. Se debe reconocer las ausencias de la reforma energética y hacer uso de los instrumentos, que sin atentar contra la soberanía del consumidor, permitan suavizar el impacto adverso de un mercado de combustible liberalizado. En esta tesitura considero irresponsable incrementar el IEPS a gasolinas y diésel, y necesario llevar a cabo a la estudios técnicos regionales para disuadir la colusión entre gasolineros en detrimento de los consumidores.

Por lo fundado y motivado someto a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita la comparecencia del Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para dar cuenta del incremento en el impuesto especial sobre producción y servicios y del precio final de las gasolinas, así como la implementación inmediata de acciones para disminuirlo.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Comisión Federal de Competencia Económica lleve a cabo acciones, estudios técnicos y un seguimiento permanente en las áreas urbanas de más de 100 mil habitantes, para disuadir prácticas monopólicas relativas, concentraciones ilícitas o colusiones entre las empresas comercializadoras de gasolina.

Notas

1 Inegi (2017). Índice nacional de precios al consumidor, primera quincena de diciembre de 2017. Consultado el 2 de enero de 2018 en http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2017/inp c_1q/inpc_1q2017_12.pdf

2 El Financiero (19 de diciembre de 2017). Inflación en 2018 también superaría pronóstico del Banco de México. Consultado el 1 de enero de 2018 en http://www.elfinanciero.com.mx/economia/inflacion-en-2018- seguiria-fuera-del-rango-de-banxico.html

3 http://www.amegas.com.mx/noticias/
AMEGAS%20ANALISIS%20DEL%20IEPS%20EN%20GASOLINAS%20Y%20DIES EL%20EN%202018.pdf

4 Pemex (2 de enero de 2018). Se mantiene política de precios graduales en combustibles; la fórmula garantiza estabilidad. Consultado el 3 de enero de 2018 en: http://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_nacionales/Paginas/2018_1-n acional.aspx

5 Sin Embargo (2018) Aumentan tortillas, electricidad, gasolina, diésel, gas. Pero guarde recalentado, que viene aún peor. Consultado el 3 de enero de 2017 en http://www.sinembargo.mx/03-01-2018/3368934

6 Ídem.

7 Observatorio de Salarios (2017). Los salarios y la desigualdad en México. Universidad Iberoamericana Puebla. Consultado el 24 de noviembre de 2017 en http://redsalarios.org/informes/leer/presentacion_del_informe_2017_del_ observatorio_de_salarios_de_la_ibero_puebla/658 El salario mínimo que sea garante de los derechos establecidos en el artículo 123 de la Constitución Mexicana, que en su fracción VI mandata que los salarios mínimos generales “... deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.”

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 4 de enero de 2018.

Senador Isidro Pedraza Chávez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a convocar a un periodo extraordinario para impulsar una reforma hacendaria, suscrita por el senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, senador Benjamín Robles Montoya integrante de la LXIII Legislatura del Senado de la República, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para convocar a un periodo extraordinario para impulsar una reforma hacendaria, al tenor de los siguientes

Consideraciones

La reforma fiscal de Donald Trump obliga al Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo a convocar a las fuerzas económica y sociales del país, para responder de manera coordinada con acciones para ajustar nuestro marco tributario, la pérdida de competitividad fiscal impactará en la captación de inversiones estratégicas para el crecimiento económico de sectores estratégicos y la generación de empleo.

La reforma fiscal de 2013 y el Acuerdo de Certidumbre Tributaria1 que marcaron el inicio de este sexenio han cumplido su ciclo de vida. Los beneficios de la despetrolización de las finanzas públicas y el ajuste del Impuesto sobre la Renta, entre otros cambios en su momento representaron un cambio importante a nuestro sistema tributario mexicano. El gobierno federal con el fin de dar certidumbre jurídica al sector empresarial de manera unilateral se comprometió a no realizar cambios a la estructura tributaria aplicable en el periodo de 2014 a 2018. Ambos son insuficientes frente a la reducción de impuestos de Estados Unidos de América.

Es importante mencionar que para quienes participamos y asumimos la responsabilidad de la discusión y aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, advertimos en su momento que el futuro de las finanzas públicas dependía del resultado de la discusión fiscal en los pasillos del Congreso Norteamericano, que hoy es una realidad. Incluso en sesión del Senado del nueve de noviembre de 2017,2 presenté un punto de acuerdo donde solicitaba al “ al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como al titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales para realizar los estudios de impacto en materia de competitividad fiscal, ante la posibilidad de reducción del impuesto empresarial en por parte del Congreso de los Estados Unidos de América, y en su momento ajustar los incentivos fiscales de las zonas económicas especiales, a fin de garantizar el flujo de inversiones extranjeras y nacionales para detonar el crecimiento económico de la región Sur-Sureste.”

La reforma fiscal aprobada por el Congreso estadounidense complicará aún más las negociaciones del TLCAN, donde la posición norteamericana tienen por objetivo reducir el déficit comercial con México, donde la política fiscal genera todas las condiciones para forzar a las empresas norteamericanas y transnacionales a domiciliarse en territorio americano, para gozar de esta reducción de impuestos federales.

La reforma fiscal que promulgo el presidente Donald Trump,3 y que entrará en vigor en enero de 2018, significa una carga tributaria efectiva de las empresas se aproxima al 30 por ciento sobre sus ganancias (21 por ciento por tasa corporativa, más entre 8 y 10 por ciento por impuestos estatales), mientras que en México la tasa efectiva tributaria para las empresas, aún es más alta que en Estados Unidos, pues se aproxima al 37 por ciento.

La reducción de impuestos de 35 por ciento a 21 por ciento (sin incluir los impuestos locales), elimina el Impuesto Alternativo Mínimo y establece deducciones a pequeños negocios o de un solo propietario. Para las multinacionales es muy atractivo porque además no tendrán que enfrentar un impuesto mínimo, el cual era una protección del fisco estadounidense contra las estrategias de evasión agresivas. En general, pone en desventaja al sistema fiscal mexicano para atracción de inversiones.

El gobierno de Donald Trump busca a través de la reforma elevar la inversión privada, así como incentivar la repatriación de capitales del extranjero que se estiman por la calificadora Standard & Poor’s en casi un billón de dólares en efectivo. La reforma ofrece a dueños de negocios una nueva exención fiscal de 20 por ciento sobre sus utilidades y renueva la forma en que se cobran tributos a las multinacionales al exentar dividendos de subsidiarias extranjeras, a través del Sistema de Exención por Participación sobre Rentas Mundiales.

Se establece un impuesto atractivo para que las empresas de Estados Unidos regresen a su país las ganancias que tienen en el extranjero. Aplicará una tasa de 8 por ciento sobre activos no líquidos, por ejemplo equipo, y 15.5 por ciento sobre activos líquidos, como efectivo. Está dirigido, sobre todo, a las inversiones off shore y podría crear un gran flujo de capitales hacia los Estados Unidos y mover los mercados financieros. El primer efecto se observaría en los mercados cambiarios con una apreciación del dólar frente a otras monedas, lo que afectaría al peso mexicano.

Los efectos en el mediano plazo para la industria manufacturera y maquiladora instalada –e inversiones futuras– será uno de los sectores más afectados por estas reducciones tributarias en Estados Unidos, por lo que es importante es iniciar la evaluación de incentivos fiscales para garantizar mantener la industria en México, de lo contrario los efectos sobre el crecimiento y el empleo serán irreversibles.

El desafío que enfrentaremos en el largo plazo, además de un ajuste en los pronósticos de crecimiento de nuestra economía para 2018, es como el Estado mexicano pueda mantener la competitividad fiscal para atraer inversiones futuras a nuestro país.

El Consejo Coordinador Empresarial en su pronunciamiento del 21 de diciembre de 20174 ya inicio platicas con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público5 para discutir una nueva reforma fiscal con la participación conjunta de todos los sectores, para analizar los posibles escenarios y respuestas ante un cambio fiscal de tal dimensión en política fiscal de nuestro principal socio comercial. Un entorno fiscal competitivo sin que se desequilibre nuestro balance fiscal. Para tal efecto, consideramos necesario dividir las medidas fiscales en distintos ejes:

“Medidas que fomenten el empleo a través de la inversión con énfasis en Pyme, que promuevan la reinversión de utilidades, disminución paulatina del Impuesto sobre la Renta con balance fiscal, incentivos direccionados a cadenas de valor hacia la exportación, entre otros aspectos.

La nueva reforma fiscal incluyente y promotora de la generación de valor añadido a través del esfuerzo de las personas y mayor participación en la contribución fiscal, analizando impuestos al consumo e impuestos regionales, de acuerdo a las mejores prácticas internacionales.

La Secretaría de Economía y gobiernos locales deben aligerar la carga administrativa de las empresas ante el cúmulo de trámites e inspecciones regulatorias a nivel municipal, estatal y federal.”

Para no perder atractivo frente a inversiones futuras, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ha expuesto que es necesario reducir la carga tributaria a las empresas paulatinamente. En este sentido, se debe incentivar la inversión productiva a través de una reducción en el ISR, a los impuestos a las utilidades, a las reinversiones para invertir más en la parte de innovación y tecnología, y desarrollo de talento, explicó.

Ante el cambio en las tasas de impuestos corporativas de nuestro principal socio comercial la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) reiteró su llamado al Poder Ejecutivo6 y al Congreso de la Unión para discutir sus propuestas para una reforma hacendaria integral en un periodo extraordinario de sesiones para enero de 2018, sobre la base de seis puntos:

1.- La deducción plena de prestaciones laborales al 100 por ciento en materia de previsión social, como las que obliga la Ley Federal del Trabajo, y que a su vez constituyan ingresos exentos para los trabajadores. El tope a la deducibilidad de prestaciones que entró en vigor en 2014 ha generado un incremento en el costo de la nómina que oscila entre 3 y 8 por ciento.7

2.- Restablecer la deducción plena al 100 por ciento de las aportaciones efectuadas para la creación o incremento de reservas para fondos de pensiones o jubilaciones del personal, complementarias a las que establece la Ley del Seguro Social.

3.- Eliminación de los efectos negativos de la retención definitiva de Impuesto sobre la Renta (ISR) del 10 por ciento por pago de dividendos a personas físicas, para que inversionistas puedan acreditar esa retención en su declaración fiscal donde se reflejan todos sus ingresos.

4.- La deducción inmediata de inversiones a través de la implementación de nuevos esquemas de deducción acelerada de inversiones, sin límite de ingresos para acceder al beneficio, a efecto de lograr promover la inversión, moderando su efecto recaudatorio por la aplicación del estímulo.

5.- Acotación de facultades discrecionales de las autoridades fiscales, la que califica una de las demandas más constantes de los contribuyentes. Esto, agregó, fortalecerá una conducta objetiva en la aplicación de las disposiciones fiscales.

6.- Mantener el programa de repatriación fiscal, ya que contribuirá a un doble propósito: estimular la inversión en el país e incrementar la recaudación a través de la regularización de contribuyentes.

La reforma fiscal del gobierno de Trump resta competitividad fiscal a nuestra economía nacional, y adicionalmente mejora su margen de negociación en la siguiente ronda de renegociación del TLCAN en Montreal, Canadá. Nuestra economía ya vivía una fuerte competencia para atraer inversión extranjera y por ofrecer las mejores condiciones fiscales a las empresas nacionales y transnacionales, y con esta reforma, una parte importante de países alentará los ajustes a la baja de las tasas impositivas para el sector empresarial.

Por otra parte, a pesar de los pronunciamientos del sector privado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estudia si es necesario hacer modificaciones al marco tributario sin endeudarse, porque de lo contrario, una reducción en la tasa del Impuesto sobre la Renta (ISR) tendría que ir acompañado de medidas compensatorias similares a las impuestas por Estados Unidos para limitar deducciones, para la Secretaría no existe margen para incrementar la deuda pública para fondear una reducción del ISR para personas morales. Además ha enfatizado que la tasa promedio que pagará una empresa en Estados Unidos no será del 21 por ciento como se presenta en la reforma de Trump, porque falta sumarle el gravamen local; considerando esto, la tasa estatutaria promedio será de 27 por ciento.

Con estos antecedentes los grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión estamos obligados con el sector empresarial y sindical para convocar a un periodo extraordinario, para impulsar una reforma hacendaria que compense los efectos de la reforma fiscal norteamericana sobre las finanzas públicas y la competitividad fiscal de México.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión con fundamento en el artículo 25 Constitucional en materia de competitividad; de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional y de conformidad con el numeral sexto del Acuerdo de Certidumbre Tributaria, que establece como una excepción que si “... en el periodo que abarca desde el día de hoy hasta el 30 de noviembre de 2018, el Ejecutivo federal sólo propondrá modificaciones en respuesta a eventos macroeconómicos sustanciales ante los cuales sea imperante realizar ajustes al marco tributario. De no presentarse este tipo de eventos, el gobierno federal no propondrá al honorable Congreso de la Unión cambios al marco tributario”, con esta fundamentación estamos en la obligación de convocar a una reunión de trabajo extraordinaria con los presidentes de los Comisiones de Hacienda Pública, Presupuesto y Estudios Legislativos del Congreso de la Unión con el secretario de Hacienda y Crédito Público para acordar los contenidos de una reforma hacendaria integral que eleve la competitividad fiscal del país.

Una vez acordado el contenido de la reforma hacendaria entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión debe solicitar a las Juntas de Coordinación Política de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados convocar a un periodo extraordinario del Congreso de la Unión en el mes de enero de 2018, para discutirla y aprobarla, con el objeto de mantener la sostenibilidad de las finanzas públicas y la competitividad de la economía nacional, frente a los cambios del sistema tributario de Estados Unidos de América.

Y así como esta reforma hacendaria tiene como un elemento generar mejores condiciones de inversión, es la oportunidad para utilizar la política fiscal y de gasto como verdaderos instrumentos de promoción del crecimiento económico interno y combate a la desigualdad del ingreso de nuestro país.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de este pleno los puntos de acuerdo en los siguientes términos

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoca a una reunión de trabajo extraordinaria con los presidentes de los Comisiones de Hacienda Pública, Presupuesto y Estudios Legislativos del Congreso de la Unión con el secretario de Hacienda y Crédito Público para acordar los contenidos de una reforma hacendaria integral que eleve la competitividad fiscal del país.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a las Juntas de Coordinación Política de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados convocar a un periodo extraordinario del Congreso de la Unión en el mes de enero de 2018, para discutir y aprobar una reforma hacendaria que garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas y la competitividad de la economía nacional, frente a los cambios del sistema tributario de los Estados Unidos de América.

Notas

1 Tomado de http://www.shcp.gob.mx/Biblioteca_noticias_home/acuerdo_gabinete_mexico _prospero_27022014.pdf

2 Sitio en internet: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-11-14-1/assets/
documentos/PA _PT_ZEE_Oaxaca_V2.pdf

3 Tomado de https://www.voanoticias.com/a/trump-firma-reforma-tributaria-extension- presupuesto/4175382.html

4 Tomado de http://www.cce.org.mx/posicion-ante-la-reforma-fiscal-de-estados-unidos /

5 Cúpula empresarial discute con Hacienda acciones por reforma fiscal de Trump, tomado de http://www.proceso.com.mx/515985/ cupula-empresarial-discute-con-hacienda-acciones-por-reforma-fiscal-de- trump

6 Coparmex plantea 6 medidas fiscales ante reforma de EU tomado de https://www.forbes.com.mx/coparmex-plantea-6-medidas-fiscales-ante-refo rma-de-eu/

7 De acuerdo con la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores (AMAC).

Salón de sesiones de la Comisión Permanente,a 4 de enero de 2018.

Senador Benjamín Robles Montoya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo y la Profeco a investigar respecto al servicio de Desarrollos Hidráulicos de Cancún, SA de CV, suscrita por el diputado José Luis Toledo Medina, del Grupo Parlamentario del PRI

José Luis Toledo Medina, diputado de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como las demás disposiciones aplicables, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, así como a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que en el ámbito de sus atribuciones realicen las investigaciones necesarias con respecto al servicio brindado por Desarrollos Hidráulicos de Cancún, SA de CV, lo anterior para atender las quejas ciudadanas en los municipios del estado, en los que brinda sus servicios.

Consideraciones

El agua es esencial para la vida, la cantidad de agua dulce existente en la tierra es limitada y su calidad está sometida a una presión constante. La conservación de la calidad del agua dulce es importante para el suministro de agua de bebida, la producción de alimentos y el uso recreativo.1

En 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al abastecimiento de agua y al saneamiento. Todas las personas tienen derecho a disponer de forma continuada de agua: suficiente, salubre, físicamente accesible, asequible y de una calidad aceptable, para uso personal y doméstico.2

En nuestro país se tiene reconocido el derecho al acceso al agua en el artículo 4o. de nuestra Carta Magna, el cual la letra menciona:

“...Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.”3

El agua potable y alcantarillado en Quintana Roo

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo en su artículo 5o., corresponde al Ejecutivo del estado en coordinación con la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, con las autoridades municipales correspondientes, y en su caso, con las autoridades o dependencias federales relativas, establecer la forma de realizar el servicio público de agua potable y alcantarillado en cada municipio de acuerdo con las características demográficas del lugar, de la necesidad de los servicios y de los problemas urbanos.4

El gobierno del estado de Quintana Roo y los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres otorgaron a favor de la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún SA de CV, la concesión integral para la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales, así como las ampliaciones, dotación de servicios y su mejoramiento por las técnicas más avanzadas durante un plazo de 30 años; esto se encuentra contenido en el decreto número 28, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo con fecha 20 de octubre de 1993.5

Asimismo, el 11 de diciembre de 2014, la honorable XIV Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, aprobó el dictamen con minuta de decreto, en el cual se prorroga anticipadamente a su vencimiento la vigencia de la concesión integral otorgada a Desarrollos Hidráulicos de Cancún, SA de CV, para la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales, así como las inversiones, ampliaciones, dotación de servicios y su mejoramiento por las técnicas más avanzadas, de igual forma, se agregó al municipio de Solidaridad para que dicha concesionaria brindara sus servicios en dicha localidad.6

Es importante destacar que en dicho decreto se estipula que la concesionaria se obliga a prestar el servicio público, realizar ampliaciones, dotar de servicios y realizar mejoramientos, lo cual, de acuerdo a lo expresado por la ciudadanía, no se ha cumplido. Adicionalmente, se ha registrado un cobro excesivo por la prestación en el suministro de este vital recurso, como se ha hecho constar de acuerdo a lo expresado por la subdirectora de difusión de la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en la entidad, la cual informó que a nivel municipal, la concesionaria Desarrollos Hidrológicos de Cancún (DHC), mejor conocida como Aguakan, será por tercer año consecutivo “la reina de las quejas”, con un incremento de 10 por ciento anual, en promedio.

Es decir que en 2015 tuvo medio millar; en 2016, 550 denuncias y las denuncias van para sumar más de 600, al finalizar el año.

En la mayoría de los casos, más de 70 por ciento, las quejas de los consumidores van encaminadas a cobros excesivos, en tanto que 30 por ciento por mal servicio.

Expuso que la mayoría de las inconformidades son en Playa del Carmen, lo mismo que en el municipio de Puerto Morelos, en relación a la falta de los servicios, tanto de agua potable como de alcantarillado, mientras que en Benito Juárez, es por cobros indebidos y embargos de bienes muebles.7

De acuerdo a la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, se estipula que los concesionarios estarán obligados a capacitar y adiestrar al personal de los organismos operadores o, en su caso, de los sistemas operadores rurales domiciliarios, en los términos del título de concesión, en la administración, operación, conservación y mantenimiento de los servicios, obras y bienes concesionados.

En la misma legislación se menciona que se podrá rescindir o declarar la caducidad de cualquier concesión de bienes y para la explotación de un servicio, por violaciones a los términos de la concesión o a la ley, así como por deficiencia o irregularidades notorias en la prestación del servicio, para lo cual deberá oírse previamente al concesionario.

Por lo anterior expuesto someto a la consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado para que haga público el estado que guarda la infraestructura hidráulica. De igual forma, informe a la ciudadanía sobre las mejoras tecnológicas realizadas por la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún, SA de CV que pudieran eficientar o desfavorecer la prestación de un servicio de calidad.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor a llevar a cabo, en el ámbito de sus atribuciones, una revisión de los servicios prestados por la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún, SA de CV y, en su caso, emitir las recomendaciones necesarias para atender las quejas ciudadanas.

Notas

1 Organización Mundial de la Salud, Agua. Disponible en: http://www.who.int/topics/water/es/ (Fecha de consulta: 24 de octubre de 2017).

2 Organización Mundial de la Salud, Centro de prensa agua. Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs391/es/ (Fecha de consulta: 24 de octubre de 2017).

3 Cámara de Diputados, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf (Fecha de consulta: 24 de octubre de 2017).

4 Congreso del Estado de Quintana Roo, Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, disponible en: http://documentos.congresoqroo.gob.mx/leyes/administrativo/ley014/L1520 170615079.pdf (Fecha de consulta: 24 de octubre de 2017)

5 Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, Periódico Oficial número 20, extraordinario, Disponible en: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/PeriodicoOficial_EXTRAORDINARIO_1993 -10-20.pdf (Fecha de consulta: 24 de Octubre de 2017.

6 Congreso del Estado de Quintana Roo, Dictamen con minuta de decreto Por el que la Honorable XIV Legislatura aprueba prorrogar anticipadamente a su vencimiento la vigencia del título de concesión integral otorgado a Desarrollos Hidráulicos de Cancún, SA de CV, contenida en el decreto número 28, publicado en el periódico oficial del gobierno del estado de quintana roo de fecha 20 de octubre de 1993, para la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales, así como las inversiones, ampliaciones, dotación de servicios y su mejoramiento por las técnicas más avanzadas, para tener una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2053, y que a dicho título de concesión se le incorpore la concesión del servicio público de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales del municipio de solidaridad, del estado de quintana roo, bajo las mismas condiciones y vigencia establecidas, disponible en: http://documentos.congresoqroo.gob.mx/historial/14_legislatura/decretos /2anio/1PO/dec250/D1420141211250.pdf (Fecha de Consulta: 24 de octubre de 2017)

7 La verdad, Aguakan, la reina de las quejas por cobros excesivos. Disponible en: https://laverdadnoticias.com/aguakan-la-reina-de-las-quejas-por-cobros- excesivos/

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 4 de noviembre de 2018.

Diputado José Luis Toledo Medina (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita la comparecencia del presidente de la Junta Directiva del Comité Normativo Nacional de Consejeros de Especialidades Médicas para que detalle las acciones de esa instancia, suscrita por el diputado Jesús Antonio López Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Jesús Antonio López Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59, 60 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esa honorable asamblea, como de urgente u obvia resolución, la presente proposición con punto de acuerdo por la que se llama a comparecer al presidente de la Junta Directiva del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (Conacem), doctor Onofre Muñoz Hernández, para que detalle las acciones que dicho comité realiza como órgano auxiliar de dicha secretaría, así como cuantas opiniones y en qué términos las ha emitido, de acuerdo a lo previsto en el artículo 81 de la Ley General de Salud, así como todo lo relacionado al ejercicio de las aportaciones o recursos económicos que el organismo auxiliar de dicha dependencia pública recibe de manera directa o indirecta por el ejercicio de sus atribuciones desde el año 2011 hasta la fecha en que tenga lugar dicha comparecencia

Consideraciones

La actual Ley General de Salud fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984, dicha ley regula una variedad muy extensa de rubros que van desde derechos subjetivos de pacientes, el Sistema Nacional de Salud, competencias de autoridades aplicadores de estas normas, prestación y prestadores de los servicios de salud, atención médica, salud aplicada a prevenir y atender diversos trastornos mentales y físicos, protección social en salud, recursos humanos para los servicios de salud, investigación para la salud, genoma humano, prevención y control de enfermedades y accidentes, derechos de enfermos en situación terminal, programas contra adicciones, control sanitario de productos y servicios, ejercicio especializado de la cirugía, productos biotecnológicos, donaciones de órganos, trasplantes, perdida de la vida, hasta sanidad internacional.

Sin duda uno de los rubros más importantes que regula dicha legislación es el que se encuentra integrado al capítulo I del título cuarto denominado de los Recursos Humanos para los Servicios de Salud, ya que en dicho capítulo se incluye el ejercicio de las profesiones, actividades técnicas y auxiliares de las especialidades para la salud.

Mediante el decreto por el que se reforman los artículos 81, 83, 271 y se adiciona el artículo 272 Bis, 272 Bis 1, 272 Bis 2, 272 Bis 3 de la Ley General de Salud que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de septiembre de 2011, se establece que los diplomas de especialidades médicas sólo podrán ser emitidos por las instituciones de educación superior y de salud reconocidas ante las autoridades correspondientes, en donde se entrenaran a los médicos en procedimientos médicos-quirúrgicos de la especialidad correspondiente.

También se crea la figura del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (Conacem) como organismo auxiliar de la administración pública federal para supervisar y certificar-recertificar el entrenamiento, habilidades, destrezas y calificación de la pericia que deben de tener los médicos especialistas en medicina, dicho comité está integrado por miembros de la Academia Nacional de Medicina y la Academia Mexicana de Cirugía.

De igual manera, se facultó a Conacem para emitir su opinión a la Dirección General de Profesiones, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, para expedir las cédulas de médicos especialistas, sin duda las funciones que realiza dicho organismo son importantísimas, toda vez que derivado de sus decisiones y opiniones, se encuentra en juego la posibilidad de que un médico especialista pueda o no obtener su certificación, recertificación y sobre todo, su cédula profesional para el ejercicio de una especialidad médica.

La emisión de dichos actos por parte de Conacem, deben de ser transparentados, toda vez que además que el materializar sus facultades puede influir positiva o negativamente en el ejercicio profesional de una especialidad médica y sobre todo, porque reciben recursos económicos públicos y de los particulares, ya que las certificaciones y recertificaciones tienen un costo que va de los trece mil a los diecisiete mil pesos, dependiendo del precio fijado por los consejos de las especialidades médicas autorizadas mediante el reconocimiento de idoneidad que el mismo Conacem otorga a las asociaciones civiles que fungen como los mencionados consejos.

Diversos médicos han externado que el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (Conacem) realiza sus funciones en total opacidad, hermetismo y hasta de manera arbitraria, toda vez que cuando han solicitado de manera directa información sobre el estado en que se encuentra la opinión que debe remitir a las autoridades educativas o para solicitar audiencia para tratar algún tema relacionado con certificaciones o recertificaciones con el presidente de dicho comité o con personal técnico del organismo auxiliar de la administración pública federal, no les han dado respuesta de manera debida, incluso se tiene conocimiento de solicitudes de audiencia formuladas al presidente del Conacem que jamás han recibido respuesta.

Resulta desafortunado que a una asociación civil, como lo es el Conacem, cuente con atribuciones tan trascendentales para la formación profesional de un médico, ya que si dicho comité al ser una persona moral particular puede excederse en sus atribuciones y hasta negar arbitrariamente la certificación o recertificación a un egresado de una especialidad médica, con la consecuencia violatoria de garantías y derechos constitucionales de que no podrá ejercerla, como es el caso de los cirujanos plásticos y reconstructivos, que si no cuentan con dicha certificación, no podrán realizar actos quirúrgicos de especialidad, esa tan importante labor de avalar, certificar, recertificar y emitir opinión para que un especialista pueda obtener su cédula profesional son acciones que deben ser realizadas por una institución o ente público del Estado mexicano que obre de manera imparcial y respetando el libre ejercicio y el derecho a la transparencia en los procesos evaluativos de conocimientos de la ciencia médica.

De igual manera, se estima que el Conacem debe cumplir a cabalidad con las disposiciones de la Ley General y de la Ley Federal en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que regulan el derecho humano de acceso a la información y que implica que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados, como lo es el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas y los respectivos consejos, es pública y debe ser accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establecen en dichas legislaciones, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en las leyes de las entidades federativas y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias.

El Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, tiene el carácter de organismo auxiliar de la administración pública federal, cuyo objetivo más importante es garantizarle a la sociedad, cuando los ciudadanos requieran ser atendidos por un especialista, que este último cuenta con los conocimientos, las destrezas y aptitudes necesarias para su ejercicio y, al mismo tiempo, reconocerle al médico especialista sus capacidades profesionales.

Por ello, el Conacem debería acatar con sumo apego a la ley, el hacer accesible y publicitar sus actividades sustantivas como son la asignación de la declaratoria de idoneidad y del reconocimiento de consejos de especialidades médicas para la certificación y recertificación de especialidades médicas; la supervisión para que los consejos cumplan con la normatividad establecida para la expedición de certificados de especialidad y de la recertificación; la atención de inconformidades presentadas por los consejos y los médicos especialistas, y para emitir la opinión a que se refiere el quinto párrafo del artículo 81, para que los autoridades educativas puedan expedir la cédula de médico especialista, situación que afecta la transparencia y la rendición de cuentas.

El término “transparencia” es utilizado para caracterizar la accesibilidad a toda la información vinculada, que concierne e interese a la opinión pública, o a un sector de la misma, o incluso a un solo individuo que debería traducirse en la preocupación por dar a conocer praxis, abrir archivos, apuntes y acuerdos, así como todo tipo de información relacionada con el ejercicio de facultades contenidas en la ley, por ello, la transparencia tiene como objetivo principal establecer una relación de confianza entre quien pide o exige la transparencia y quien la da, y se opone al concepto de corrupción u opacidad.

La transparencia es el resultado de una forma de gobernar, de administrar y de gestionar al estado, de lo cual se deduce que este concepto es un valor de la democracia y tiene que ver con el desempeño de la comunidad política o del servicio público, de sus representantes, así como también de toda autoridad o auxiliar de la autoridad quienes tienen que aclarar sus acciones para fortalecer al gobierno.

La transparencia se ha vuelto necesaria para el ejercicio de un buen gobierno en el cual exista disposición y clasificación adecuada, actualización, calidad, claridad y utilidad de la información que se encuentra sujeta a la vigilancia y al escrutinio de la sociedad en su conjunto.

Si bien es cierto que la transparencia es un derecho ciudadano, democrático por excelencia, éste involucra a las instituciones, organismos públicos y privados, asociaciones, sindicatos, institutos políticos, entre otros.

En días pasados, el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, emitió el criterio por el que considera que la Secretaría de Salud federal si bien no interviene directamente en el proceso para emitir la llamada “declaratoria de idoneidad” de los médicos especialistas, sí puede tener información, toda vez que la dependencia debe vigilar que el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas cumpla las normas que lo rigen y verificar que se cumplan los artículos 81 y 272 Bis de la Ley General de Salud, por lo tanto, le corresponde a la Dirección General de Calidad y Educación en Salud de dicha secretaría de estado, conducir la política nacional para elevar la calidad de los servicios de atención médica, así como para la capacitación y actualización de los recursos humanos en salud.1

En ese sentido se considera de la mayor importancia que se lleve a cabo a la brevedad una comparecencia ante la Comisión Permanente del titular de la Secretaría de Salud, y del presidente del órgano auxiliar denominado Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, Conacem, toda vez que dicha dependencia pública y la citada asociación civil son corresponsables respecto a las acciones y ejercicio de atribuciones que dicho comité realiza.

Ante los argumentos expuestos, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, llama a comparecer al presidente de la Junta Directiva del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, doctor Onofre Muñoz Hernández, para que detalle las acciones que dicho comité realiza como órgano auxiliar de dicha secretaría, así como cuántas opiniones y en qué términos las ha emitido, de acuerdo a lo previsto en el artículo 81 de la Ley General de Salud, así como todo lo relacionado al ejercicio de las aportaciones o recursos económicos que el organismo auxiliar de dicha dependencia pública recibe de manera directa o indirecta por el ejercicio de sus atribuciones desde el año 2011 hasta la fecha en que tenga lugar dicha comparecencia.

Nota

1 El criterio emitido por el pleno de INAI fue publicado en el diario electrónico El Pulso Laboral , en su sección de Seguridad Social y Salud, que se puede consultar en el siguiente link: http://www.elpulsolaboral.com.mx/seguridad-social-y-salud/10142/salud-d ebera-ubicar-informacion-sobre-certificados-de-especialidades-medicas

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 4 de enero de 2018.

Diputado Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fepade, el INE y la ASF a investigar el posible desvío de recursos públicos y la creación de empresas fantasma para financiar las campañas electorales del PRI en 2016; y al gobierno de Chihuahua, a informar sobre el asunto, a cargo de los diputados Rafael Hernández Soriano y Olga Catalán Padilla, del Grupo Parlamentario del PRD

Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Según investigaciones periodísticas realizadas por diversos medios de comunicación, principalmente por los periódicos Reforma, el Heraldo de Chihuahua, el New York Times, el semanario Proceso y por Aristegui Noticias , con base en las declaraciones ministeriales tomadas por la Fiscalía del estado de Chihuahua a exservidores públicos de la administración del exgobernador del estado César Duarte Jáquez, señalados, indiciados y procesados por la comisión de diversos delitos de corrupción, se habrían desviado millonarias cantidades de recursos públicos para financiar las campañas electorales del PRI en el año 2016.

Esta situación es verdaderamente grave ya que se descubrió una presunta red de corrupción que involucraría no solamente al exgobernador César Duarte que tiene una larga lista de pendientes con la justicia, y a colaboradores cercanos de su administración, sino también al exsecretario de Hacienda del gobierno federal y ahora canciller, Luis Videgaray Caso, a funcionarios de esa misma dependencia federal y al entonces presidente del PRI, Manlio Fabio Beltrones, quienes fraguaron un esquema de triangulación de recursos federales para dirigirlas a las campañas del PRI del año 2016.

En esta red de corrupción, según el testigo de nombre Jaime Herrera Corral, exsecretario de Hacienda de Chihuahua, y tomando en cuenta las indagatorias de la Fiscalía de Chihuahua, se involucra directamente a los gobiernos priistas de Duarte de Chihuahua, Javier Duarte de Ochoa, en Veracruz, y a Egidio Torre Cantú de Tamaulipas, quienes tuvieron no solamente conocimiento de estos hechos sino que participaron de la toma de esta decisión delictiva.

En la investigación ministerial se señala directamente que con el apoyo del titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaria de Hacienda se elaboró un convenio de fortalecimiento “financiero” por un monto de 275 millones de pesos, que se firmó el 15 de enero de 2016, un instrumento que sirvió para simular la prestación de servicios que nunca fueron prestados, principalmente en el sector educativo estatal.

De igual forma se señala como operador financiero del PRI a Alejandro Gutiérrez, quien era secretario adjunto del CEN de ese partido, y que orquesto el desvío de recursos a través de los gobiernos de los estados de Veracruz, Tamaulipas y Chihuahua para apoyar la operación electoral a nivel nacional del año 2016.

Solo en el caso de Chihuahua, siguiendo la declaración ministerial, explicó que los recursos fueron recibidos por el secretario de Educación estatal, Ricardo Yáñez, por Gerardo Villegas, director de Administración y Antonio Tarín García, director de Adquisiciones, actualmente en prisión, quienes simularon un esquema de compras para mandar 250 millones al PRI.

Para agravar más el caso, se detectó un segundo paquete de recursos desviados por 379 millones de pesos en efectivo, esta vez valiéndose de un contrato simulado de servicios a Asesoría y Servicios Online, SA de CV, que se entregaban inicialmente en el domicilio de la constructora Manzil Construcciones, de la capital de ese estado.

Estos recursos habrían sido manejados por Antonio Tarín García, entonces director de Adquisiciones del gobierno estatal, y por el director de Administración de Hacienda, Gerardo Villegas, y entregados al propio exgobernador Duarte, en sus oficinas de la Casa de Gobierno, según declaró el testigo con clave 1101-XF1PG810LS/2017, para destinarlos una vez más a las campañas del PRI de 2016, pagar sobornos de diputados locales que votaron a favor de bursatilizar 6 mil millones de pesos en julio de 2016, así como el pago de deudas del gobierno y servicios legales no especificados.

Estos hechos constituyen una serie de conductas delictivas gravísimas que ejemplifican una forma corrupta de concebir a la política y de conducir las campañas electorales. Esto es una muestra más de cómo procede el gobierno federal, el PRI y los gobiernos estatales emanados de él, para apropiarse del poder político y anular toda posible contienda verdaderamente democrática y a la oposición que se les enfrente.

Una vez más, tanto las autoridades electorales y el ministerio público federal deben demostrar que son imparciales y actuar contundentemente para esclarecer estos hechos y castigar a los responsables, de no hacerlo así esto pondría en duda su credibilidad y su papel como autoridad competente.

Por ello, el Grupo Parlamentario del PRD considera de la más alta prioridad que se profundice en las investigaciones sobre este caso y los que tengan que ver con la corrupción electoral denunciados previamente, como condición irrestricta para restituir las condiciones mínimas de legalidad, democracia y de estado de derecho, como conditio sine qua non para poder transitar en este proceso electoral que está en curso, sin lugar a dudas el más complejo de la historia reciente de nuestro país, y que de no hacerlo así, con todas las consecuencias políticas que tendría su omisión, se pondrá en jaque y en tela de juicio sus resultados.

Por todo lo expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), que investigue de manera pronta y expedita las denuncias presentadas sobre el posible desvío de recursos públicos y la creación de empresas “fantasma”, para financiar las campañas electorales del PRI en el año 2016.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la Auditoria Superior de la Federación que en el ámbito de sus atribuciones, investigue el posible desvío de recursos públicos federales y la creación de empresas falsas, para financiar las campañas electorales del PRI en el año 2016.

Tercero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral que en el ámbito de sus atribuciones, investigue el posible desvío de recursos públicos federales y la creación de empresas falsas, para financiar las campañas electorales del PRI en el año 2016.

Cuarto. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado, informe a esta Soberanía sobre las investigaciones realizadas en esa entidad respecto al posible desvío de recursos públicos federales y la creación de empresas falsas, para financiar las campañas electorales del PRI en el año 2016.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 4 de enero de 2018.

Diputados: Rafael Hernández Soriano (rúbrica), Olga Catalán Padilla.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a investigar los actos encabezados por el PRD contra simpatizantes de Morena en Coyoacán y brindar garantías de protección y seguridad durante todos los actos públicos del proceso electoral de 2017-2018, suscrita por el senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, Mario Delgado Carrillo, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; fracción III del numeral 1, y numeral 2 del artículo 276 del Reglamento del Senado de la República, con el debido respeto, somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, en razón de las siguientes

Consideraciones

El viernes 15 de diciembre de 2017, a las 16:30 horas, se registró una agresión de supuestos representantes del gobierno de la delegación Coyoacán contra simpatizantes de Morena. Dicho enfrentamiento sucedió en el jardín Hidalgo, a unos minutos de iniciar un encuentro de ciudadanos con Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum en esa demarcación territorial.

Pese a que Morena, a través de su secretaria general, Bertha Luján, cumplió todos los requerimientos administrativos correspondientes para realizar el acto en el espacio público, la delegación decidió de último momento instalar un festival a fin de evitar el encuentro entre los dirigentes de Morena y sus simpatizantes.

Bertha Luján mostró que en los primeros días de diciembre enviaron un documento a las autoridades delegacionales para solicitar les permitieran el espacio para realizar el mitin. Sin embargo, las autoridades delegacionales, mostraron un documento fechado el 11 de septiembre donde les negaban el espacio porque ya tenían apartado el Jardín Hidalgo para eventos, documento suscrito por Ramón Felipe Moreno Carrasco, director de Gobierno de la delegación.

Con independencia de revisar el actuar de los servidores públicos de la delegación, al tratar de manera discriminatoria y discrecional las solicitudes, queda clara la vinculación entre autoridades de la delegación Coyoacán y dirigentes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), coordinados con el fin de evitar el evento de precampaña de la alianza “Juntos Haremos Historia”.

En la pasada elección, la competencia entre Morena y PRD fue intensa, con una diferencia arriba de 2 puntos porcentuales, entre el segundo y el primer lugar. Por ello, el PRD hará lo necesario, ejerciendo violencia inclusive, para retener a como dé lugar la nueva alcaldía.

La delegación no solamente montó un festival de manera repentina para evitar el acto de reunión de ciudadanos, violando posiblemente el derecho de reunión consagrado en la constitución política, sino amedrentó físicamente a los simpatizantes de Morena mediante un grupo de choque que inclusive agredió a representantes de los medios de comunicación.

Un par de reporteros tuvieron heridas graves, como se pudo apreciar en diversos medios de comunicación. Incluso, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitió un comunicado para condenar las agresiones las agresiones contra el reportero Jorge Chaparro y el camarógrafo Pablo Conde de la compañía Efekto Noticias.

Pese a que el gobierno de la ciudad reconoció lo grave de lo sucedido, es indispensable que las autoridades de gobierno y las autoridades electorales intervengan para que el proceso electoral de desarrolle de manera pacífica, brindado condiciones para que todas las fuerzas políticas lleven a cabo una precampaña y una campaña electoral dentro de la ley, con respeto mutuo y con la fuerza de la palabra, no de la violencia.

Por lo expuesto, el suscrito somete a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión condena enérgicamente cualquier tipo de violencia, incluida la violencia política que se presentó en Coyoacán, y exhorta respetuosamente al gobierno de la Ciudad de México a realizar una investigación profunda de lo acontecido en días pasados en la plaza central de esa demarcación, con el fin de deslindar las responsabilidades a que haya lugar, en especial, la participación de servidores públicos de la delegación que violen el principio de imparcialidad y neutralidad.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de la ciudad y a las autoridades electorales, para que en el ámbito de su competencia, brinden garantías especiales de protección y seguridad en actos públicos donde haya participación ciudadana para que esas jornadas de reunión de vecinos y ciudadanos se desarrollen en paz y hechos como los que se denuncian no se repitan.

Ciudad de México, a 4 de enero de 2018.

Senador Mario Delgado Carrillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa, el IMSS y el ISSSTE a impulsar y fortalecer acciones para combatir la automedicación, suscrita por la senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Yolanda de la Torre Valdez, María Cristina Díaz Salazar e Hilda Esthela Flores Escalera, senadoras de la República, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones, impulsen, fortalezcan y promuevan acciones para combatir la automedicación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La conservación y preservación de la salud de los mexicanos es una constante preocupación del gobierno federal y del sector salud a través de las diferentes instituciones de seguridad social quienes se esfuerzan en todo momento por atender como prioridad la salud de la sociedad mexicana.

En razón de ello, debemos recordar que en el año de 1983 el derecho a la protección de la salud quedó previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la reforma al artículo cuarto, mismo que menciona:

“...Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general...”1

El derecho a la salud previsto en la Ley General de Salud, artículos 1o. y 1o. Bis, establece las modalidades y las bases para el acceso a la salud.2

Por otra parte, el artículo 2o. prevé:

“El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades:

• El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades;

• La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana;

• La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social;

• La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud;

• El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población;

• El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud, y

• El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud”3

En razón de ello, el Programa Sectorial de Salud que tiene por objetivos:

“...Consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades; asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad; reducir los riesgos que afectan la salud de la población en cualquier actividad de su vida; cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del país; asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud; avanzar en la construcción del Sistema Nacional de Salud Universal bajo la rectora de la Secretaría de Salud.”4

Y así encontramos que el artículo 32 y 33 de la Ley General de Salud refiere la atención médica como “el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud...” y menciona que las actividades de atención médica pueden ser preventivas, curativas, de rehabilitación y paliativas, esta última es en relación a la preservación de la calidad de vida del paciente, usando como medio la prevención, tratamiento y control del dolor.5

En razón de ello se atiende la consideración prevista por el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que expresa el derecho al acceso pleno a la salud como un medio para un nivel de vida adecuado.6

Y es así que el elemento principal para tener óptima calidad de vida y ejercicio pleno de la participación en la sociedad es la salud.

En este sentido, todos los esfuerzos que conlleven a contar con buena salud deben considerarse prioridades en las obligaciones del estado de la sociedad.

Sin embargo, un grave problema al que se enfrenta el sector salud y la sociedad en su conjunto es la automedicación y las consecuencias que ésta produce, al agravarse los padecimientos que se tenían antes de la ingesta, así como pueden producir otras crisis que no se tenían e incluso puedan atraer el deceso.

El consumo de medicamentos por decisión personal o bien, atendiendo la sugerencia de un tercero que, sin ser profesional de la medicina, ni estar capacitado para ello, da por consecuencia diagnósticos erróneos y que el padecimiento original pueda verse afectado por la sombra que produce el haber ingerido un medicamento no adecuado y la generación de efectos secundarios que pueden ir desde reacción alérgicas, intoxicación y otras que pueden derivar en la muerte de quien ingiere los medicamentos farmacéuticos o herbolaria.

Los médicos refieren a este tipo de eventos, que los padecimientos originales se enmascaran y para ellos implica una problemática de atención, toda vez que requieren atender la ingesta de un medicamento inadecuado y descubrir la razón del padecimiento original.

Un gran esfuerzo del honorable Congreso de la Unión en conjunto con el sector salud, fue evitar la venta libre de antibióticos, hoy no se venden en la industria farmacéutica si no es por prescripción previa receta.

Sin embargo, esto no es impedimento para que los medicamentos que previamente fueron prescritos y no utilizados, puedan pasar de mano a un tercero y que éste los ingiera sin tomar en cuenta las graves consecuencias que puedan ocasionar a su organismo.

La automedicación representa entonces un grave problema de salud que tiende a provocar reacciones diversas y se reitera, una consecuencia fatal es el deceso como el ocurrido el pasado 7 de diciembre de 2017, en el que se tuvo conocimiento del fallecimiento de una niña de 11 años de edad en el estado de Coahuila, al haber ingerido medicamentos proporcionados por sus padres quienes intentaron curarle el cuadro de vómito y diarrea que presentaba.7

Los fármacos que le fueron proporcionados tal y como refiere la nota periodística que dio conocimiento del hecho, fueron paracetamol que es un analgésico para el dolor; naproxeno, empleado también para atender el dolor, inflamaciones y la fiebre, sulfatiazol que es un antibiótico para atender heridas, así como trimetropina, empleado por los profesionales de la salud para combatir infecciones urinarias y gastrointestinales, en el caso de los dos últimos medicamentos referidos, al ser antibióticos éstos sólo se deben surtir con receta médica.

Estudio realizado por el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México (UVM), refiere que aproximadamente 74 por ciento de los mexicanos recurren a la automedicación como una costumbre.

Los medicamentos mayormente utilizados por los mexicanos en la automedicación son para atender padecimientos de gripa, infecciones, dolor de cabeza o estomacal y señala en la estadística que:

• 58 por ciento de quien se automedica, consume analgésicos.

• 51 por ciento ingiere antigripales o antiestaminicos.

• 11 por ciento ingiere antibióticos, antiinflamatorios, antidiarreicos, digestivos y antiácidos.

Deben resaltarse las consecuencias que igualmente generan para el sector salud los problemas de la automedicación.

El mismo estudio realizado por el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México, refiere que el Instituto Mexicano del Seguro Social, reportó pérdidas por más de 800 millones de pesos anuales derivadas de la práctica de la automedicación, que ocasionó aproximadamente 84 mil consultas médicas anuales.8

Por lo antes expuesto, a esta soberanía presentamos para su aprobación, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones, impulsen, fortalezcan y promuevan acciones para combatir la automedicación.

Notas

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4°, DOF 03-02-1983, Pp 8

2 Artículo 1o. La presente ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del Artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social.

Artículo 1o. Bis. Se entiende por salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

3 Ley General de Salud, artículo 1o., 1 Bis y 2o., DOF 12-11-2015, Pp 1-2

4 Secretaría de Salud, Programa Sectorial de Salud, DOF 12-12-2013, disponible en: http://portal.salud.gob.mx/contenidos/conoce_salud/prosesa/prosesa.html

5 Ley General de Salud, artículo 32 y 33, DOF 12-11-2015, Pp 14

6 Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

Declaración Universal de los Derechos Humanos, ONU, 1948, disponible en: http://www.un.org/es/ documents/udhr/

7 http://www.animalpolitico.com/2017/12/nina-automedicada-muere/

8 https://blog.byprice.com/2016/06/16/automedicacion-causa-de-muerte/

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 4 de enero de 2018.

Senadoras: Yolanda de la Torre Valdez (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar, Hilda Esthela Flores Escalera.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y la SRE a aplicar en México la lista del Programa de Exención de Visado de EU, a cargo del senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 58, 171, 175, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 8 numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Considerandos

El contexto económico mundial actual y la inminente desaceleración económica de los países asiáticos así como la expectativa de una alza en las taza de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos de América, obliga a nuestro país a buscar alternativas que nos ayuden a aminorar los efectos negativos de estos eventos económicos en nuestra economía. Uno de los principales retos es la generación de empleos, que permitan reactivar nuestra economía, y que se refleje en una mejor calidad de vida de la población mexicana.

Una ventana de oportunidad para fortalecer nuestra economía es el turismo; fuente generadora de millones de empleos.

Actualmente el turismo es uno de los sectores económicos que más empleos generan en el país, este rubro genera cerca de 7.5 millones de empleos (contabilizando los directos e indirectos), en términos generales, y representa la tercera actividad que más captación de divisas obtiene para el país, después de los ingresos petroleros y las remesas que envían nuestros connacionales. Este sector representa una verdadera oportunidad para reactivar la economía nacional y para disminuir nuestra dependencia del petróleo. Actualmente el turismo genera cerca de 10 puntos porcentuales del PIB.

El turismo, además, tiene el potencial de aumentar el efecto multiplicador en la generación de empleos, debido a que produce un efecto en cadena que impacta positivamente en otros sectores como: el agrícola, la construcción, el textil, el pesquero, el transporte, por mencionar algunos.

En materia de turismo, con una riqueza natural excepcional México representa una gran opción como destino turístico a nivel mundial, al ofrecer una gran cantidad de opciones, como:

– Turismo de descanso o convencional: Quintana Roo, Guerrero y, Baja California Sur.

– Turismo Científico: Puebla y, Veracruz.

– Ecoturismo: Chiapas y Yucatán.

– Turismo Cultural: Ciudad de México y Oaxaca.

– Turismo Histórico: Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes, y Ciudad de México.

– Turismo Gastronómico: Yucatán, Veracruz, y Oaxaca.

– Turismo de Aventura: Chiapas, Morelos, y Estado de México.

Por todo lo anterior, presento esta proposición con punto de acuerdo, la cual tiene como finalidad plantearle este tipo de alternativas al gobierno federal, y hacer un llamado de manera particular a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que se consideren bajo la óptica de impulsar y fomentar eficazmente el turismo en México, hacia el exterior; de manera especial se hace un llamado para que se eliminen las barreras de visado que actualmente existen para ciudadanos de países que representan para México un área de oportunidad en su desarrollo, como destino turístico. Países que lejos de representar un riesgo para México, constituyen una valiosa oportunidad para un mayor desarrollo turístico, de intercambio comercial y de crecimiento económico y cultural.

Los países a los que hago referencia son, por ejemplo, todos aquellos que forman parte de la lista del programa de exención de visado de los Estados Unidos de América conocida como “ESTA”; lista integrada con países de distintos continentes, que para formar parte de la misma fueron evaluados por el país del norte bajo sus estrictos criterios de control de seguridad y confianza. Referente que nos permite tomar las mismas consideraciones para facilitar la entrada y salida de ciudadanos de cada uno de los países que forman parte de aquélla, máxime si México mantiene actualmente una relación comercial con los países que la integran.

Para que un país pueda formar parte de la lista del programa de exención de visado de los Estados Unidos de América, no debe presentar conflictos económicos, sociales, migratorios, entre otros más, no menos importantes. Además, los países que son incluidos deben cumplir con un Índice de Desarrollo Humano (IDH) elevado y un ingreso per cápita alto.

En resumen, los países que conforman la lista “ESTA” representan, hoy por hoy, un mercado potencial para el desarrollo del turismo no solo en México, sino en todo el mundo. Pero en el caso de nuestra nación representan, particularmente, una gran oportunidad de desarrollo económico.

Para mayor referencia y ejemplificación, a continuación cito los países que forman parte de la lista de exención de visado de los Estados Unidos de América (ESTA), indicando su producto interno bruto per cápita, así como su Índice de Desarrollo Humano.

Más aún, actualmente México mantiene relaciones comerciales con distintos países que integran la lista “ESTA”; relaciones que se pueden incrementarse para beneficio de nuestro país, con acciones que favorezcan una relación más estrecha, sin pedimentos de visado de entrada y salida para los ciudadanos de cada nación que forme parte.

Algunos países que están incluidos en la “ESTA”, con fuertes lazos comerciales con México son: Chile, Japón, Liechtenstein, Noruega, Taiwán, Islandia, Suiza, Países bajos, Reino Unido y Alemania.

Las transacciones comerciales promedio, entre México y aquellas naciones, ascienden a:

En estas relaciones comerciales destacan, por ejemplo, tres principales inversionistas del continente Asiático en México: China, Japón y Taiwán.

En este contexto, sin lugar a dudas resulta trascendental abrir las puertas de nuestro país a las naciones que integran la lista de exención de visado de los Estados Unidos de América (ESTA), con el objetivo de propiciar un mayor intercambio turístico y económico; debemos de mostrarnos como una nación competitiva, y atraer mayor inversión extranjera directa, de tal manera que se reactive y potencialice el crecimiento económico de México.

En el pasado hemos llamado al gobierno federal a reflexionar sobre esta petición, sin embargo a la fecha no se ha realizado ninguna acción efectiva al respecto.

Por todo lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para aplicar en México la lista del Programa de Exención de Visado de los Estados Unidos (ESTA), para los extranjeros provenientes de los países que la integran, y para que mediamente las acciones y los mecanismos diplomáticos conducentes promueva la supresión de visas para los mexicanos en cada una de aquellas naciones, bajo las consideraciones expuestas en el presente instrumento, y con el propósito de fortalecer las relaciones diplomáticas y comerciales entre México y los países de referencia.

Comisión Permanente, a 4 de enero de 2018.

Senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para que se cite a comparecer a los titulares de la Segob y la PGR sobre la violencia en los procesos políticos locales, a cargo de la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 58, 176 y demás aplicables y relativas del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Datos del “Ejecutómetro” del Grupo Reforma reportan que 2017 ha sido el más violento del gobierno de Peña Nieto, con 9 mil 829 ejecuciones, 59 por ciento más que en 2016 (que contabilizó 6 mil 120) y prácticamente el doble que las de 2015 (que contabilizó 4 mil 789).1

Sin embargo, el 24 de octubre de 2017 la organización “Semáforo Delictivo” 2 reportaba que entre enero y septiembre de ese año ocurrieron 13 mil 513 ejecuciones vinculadas con el crimen organizado, un 53 por ciento más que en el mismo periodo en el año 2016. La estimación de esta organización era que las ejecuciones llegarían a 18 mil al final del año.

Por su parte, la organización Observatorio Nacional Ciudadano reportó, con base en la estadística oficial del número de carpeta de investigación y las tasas por cada 100 mil habitantes de los delitos cometidos a lo largo del país, que 2017 cerró como el año de mayor violencia en términos de incidencia delictiva y de distribución territorial de ésta, es decir, mayor número de delitos en más estados y municipios del país.3

Al comparar los primeros 10 meses de 2017 contra el mismo periodo del año anterior, se observó un aumento de la tasa de homicidios en 22.43 por ciento, de los robos con violencia en 36.72 por ciento; de los robos a negocio en 31.66 por ciento; de los robos a transeúntes en 29.87 por ciento; de los robos de vehículo en 15.23 por ciento, de las extorsiones en 11.23 por ciento; de los robos a casa habitación en 1.43 por ciento.

Resulta muy delicado que la respuesta institucional consiste en escalar y reproducir las acciones que nos han llevado a esta grave crisis, tal como se demuestra con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, sin aceptar un verdadero debate para atacar a fondo las causas estructurales de la violencia criminal.

En esta ruta, advierte el Observatorio Nacional Ciudadano, el escenario apunta a que 2018 también presentará graves incrementos de incidencia delictiva a nivel nacional y local. Conforme a las tendencias observadas es previsible que en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua; Ciudad de México, Colima, Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas seguirán creciendo de manera sostenida en la incidencia delictiva.

Es un hecho que este 2017 la violencia se ha disparado, y amenaza con afectar directamente los procesos políticos locales, a menos que tomemos medidas efectivas para evitarlo.

El citado recuento de ejecuciones de Grupo Reforma informó que entre los muertos están ocho presidentes municipales en funciones: de Tepexco y Huitzilán, Puebla; Ixhuatlán de Madero, Veracruz; Ixtlahuacán, Colima; Paracho, Michoacán; San Pedro Pochutla, Oaxaca; Bochil, Chiapas, y apenas el jueves 29 de diciembre, de Petatlán, en la Costa Grande de Guerrero. Agrega que también fue asesinado el alcalde electo de Hidalgotitlán, Veracruz.

Además de esos alcaldes, la misma fuente señala que fueron asesinadas otras 40 personas involucradas en actividades políticas entre ellos candidatos, exalcaldes, dirigentes partidistas, regidores, síndicos o activistas en organizaciones no gubernamentales.

Otro recuento de los políticos locales asesinados en 2017, contabiliza 34, distribuidos en 8 entidades.4 Ahí se mencionan los sucesos de Jalisco, donde el diputado local Saúl Galindo (PRD) fue ultimado; Guerrero, donde el edil de Petatlaìn, Arturo Gómez Pérez (PRD) fue ejecutado y el excandidato a alcalde en Tenochtitlaìn, Veracruz, Marco Antonio Muñoz (PRI), fue también asesinado a manos de un grupo armado.

A ese reporte hay que agregar los casos del regidor perredista de Jalapa, Tabasco, Gabriel Hernández Arias, del abogado Juan José Castro Crespo, en Mexicali, aspirante a diputado local, asesinados el 30 de diciembre, y el de Adolfo Serna Nogueda, aspirante del PRI a la alcaldía de Atoyac de Álvarez, Guerrero, al que mataron el 31 de diciembre.

Estos seis casos son los más recientes en la larga lista de asesinatos ocurridos en 2017 y que, sumando estos tres últimos casos mencionados, asciende a al menos 37 políticos ejecutados en ámbitos municipales, de los cuales 22 eran alcaldes y exalcaldes, además de tres funcionarios estatales de Guerrero desaparecidos.

Para abrir 2018, la noche del 2 de enero en Nayarit, Sabino Mejia Rodríguez, director de Protección Civil, en Santiago Ixcuintla, fue asesinado por un grupo de hombres armados que lo sacaron de su domicilio y lo acribillaron frente a su familia.

Es en Guerrero donde se dio la mayor cantidad de casos de violencia contra políticos, con 19 muertos, ya sea dirigentes o funcionarios municipales en diferentes actos de violencia. El más reciente fue Arturo Gómez Pérez, presidente municipal de Petatlán, pero la lista incluye a Roger Arellano, exalcalde de general Canuto; Catalino Duarte, exdiputado federal; Demetrio Saldívar, secretario general del PRD; Eliì Camacho, exalcalde de Coyuca de Catalán; Francisco Tecuchillo, edil de Zitlala; Ranferi Hernández, exdirigente estatal del PRD.

En este estado se registraron también los homicidios de Miguel Aìngel Solorio, ex regidor del PRD; Armando Arturo, dirigente del partido Movimiento Ciudadano y ex candidato a alcalde de Quechultenango.

Además, el subsecretario del Migrante y Asuntos Internacionales, Adolfo Vergara de la Paz, su medio hermano Juan Salgado de la Paz, delegado de Transportes en aquella región, y el jefe regional de la Preparatorias Abiertas, Tomás Flores Castillo, no son localizados desde el pasado 16 de septiembre, cuando un grupo armado los privoì de su libertad en la cabecera municipal de Arcelia.

En Puebla, los políticos asesinados son Antolín Vital Jiménez, de Tepexco; Guadalupe González Saíno, regidora suplente de Jopala; Jaime Rodríguez González, regidor de Educación de Jopala; Manuel Hernández Pasión, alcalde de Huitzilan de Serdán; Jorge Hernández Jiménez, regidor en Quecholac; Joaquín Miranda, regidor en Chietla; y Víctor Amador Jerónimo, ex candidato a la presidencia municipal de Jalpan.

En Veracruz fueron asesinados este 2017 Santana Cruz Bahena, alcalde electo de Hidalgotitlaìn; Víctor Manuel Espinoza, alcalde de Ixhuatlaìn de Madero y Antonio Arroyo, candidato a la alcaldía de Tenochtitlán.

Chiapas registroì tres políticos muertos: Sergio Antonio Zenteno, alcalde de Bochil; Domingo López, alcalde de San Juan Chamula y Luis Hernández Cruz, líder de la CIOAC en el estado.

En Colima, Jalisco, Michoacán y Oaxaca se registró un asesinato por entidad en 2017.

El ambiente político se encuentra enrarecido por el ascenso de la violencia criminal que ahora apunta contra servidores de gobiernos estatales y municipales, sin distinción de su filiación partidista, representantes populares, dirigentes, activistas sociales y aspirantes a contender por cargos de elección. Ninguna organización social ni ningún partido político están a salvo de esta amenaza, por lo que todos tenemos la responsabilidad de evitar que sea esa violencia criminal la que establezca la pauta de las contiendas políticas.

Más que privilegiar un marco jurídico ambiguo y poco transparente para legitimar la intervención de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad interior, es indispensable recuperar las acciones de prevención del delito y la violencia. En este sentido, también resulta imperativo blindar a los partidos y dar toda la transparencia necesaria a nuestros procesos de selección de candidatos y de financiamiento de las actividades proselitistas, para no quedar a expensas de los grupos criminales que pretenden afianzar sus cotos de poder. No podemos permitir que haya más sangre en nuestros procesos políticos, pues ello sólo minará la confianza de la ciudadanía, y así, pondrá en riesgo a toda nuestra institucionalidad democrática.

Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía, con carácter de urgente, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la comparecencia del titular de la Secretaría de Gobernación, con el fin de que exponga las medidas que se tomarán para fortalecer la prevención de la violencia y el delito, así como los mecanismos para evitar que las acciones del crimen organizado impacten en la adecuada marcha de los procesos políticos locales.

Segundo . La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión solicita a la comparecencia del titular de la Procuraduría General de la República, con el fin de que informe sobre las investigaciones abiertas por la probable intervención del crimen organizado en asesinatos contra servidores y ex servidores públicos municipales y estatales, representantes populares en las entidades, líderes partidistas y de organizaciones sociales.

Notas

1 Consultada en https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/ 1418740.termina-otro-ano-violento-para-mexico.html

2 https://www.sdpnoticias.com/nacional/2017/10/24/mas-de-13-mil-500-ejecuciones-en-2017-semaforo-delictivo,
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/2017-el-peor-ano-en-inseguridad-en-la-historia-reciente
-semaforo-delictivo, http://www.proceso.com.mx/516811/mexico-en-estado-de-guerra

3 http://expansion.mx/opinion/2017/12/27/opinion-2017-el-ano-mas-violento -2018-dificilmente-sera-mejor

4 https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/justicia/en-2017-fueron-asesina dos-34-politicos-guerrero-la-entidad-con-mas-casos-549416.html

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 4 de enero de 2018.

Senadora Angélica de la Peña Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita el deslinde de responsabilidades de dirigentes partidistas del PRI y funcionarios federales por su posible participación en el desvío de 250 millones de pesos para las elecciones de Chihuahua en 2016, suscrita por el senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, senador Mario Delgado Carrillo, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; fracción III del numeral 1; numeral 2 del artículo 276 del reglamento del Senado de la República; con el debido respeto, someto a la consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo en razón de las siguientes:

Consideraciones

1. Que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua reveló en diciembre de 2017 una trama de corrupción electoral y malversación de recursos públicos, cuya red implica dirigentes y ex dirigentes del Partido Revolucionario (PRI) a nivel nacional y estatal. Por la forma de operar la triangulación de recursos es probable que esta misma trama de corrupción se haya extendido a otros estados cuyos procesos electorales tuvieron lugar en el año 2016, como Aguascalientes, Baja California, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

2. Que el pasado 20 de diciembre se detuvo a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, quien fuera secretario general adjunto del PRI en el momento en el que se operó la triangulación de recursos. A Gutiérrez Gutiérrez se le acusa de desviar cerca de 250 millones de pesos de las finanzas públicas de Chihuahua a las campañas electorales de candidatos de su partido en 2016, en coordinación con el ex gobernador César Duarte Jáquez, quien se encuentra prófugo de la justicia.

3. Que el 27 de marzo de 2017, Ricardo Yáñez Herrera, quien fuera secretario de Educación en el gobierno de César Duarte, fue detenido y el pasado noviembre sentenciado a cuatro años de cárcel al admitir su participación en el desvío de cerca de 250 millones de pesos mediante la simulación de cuatro contratos de servicios que nunca fueron prestados.

4. Que de acuerdo con la declaración de sentencia de Yáñez Herrera, diversos dirigentes partidistas del PRI y funcionarios locales de alto nivel como el ex gobernador Duarte, fraguaron el plan para desviar cerca de 250 millones de pesos de las finanzas públicas de Chihuahua hacia el PRI mediante contratos con cuatro empresas que supuestamente prestarían servicios al sistema educativo. De acuerdo con investigaciones periodísticas, las empresas señaladas se encuentran en la lista negra del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y son: Servicios y Asesorías SAMES, SC; Servicios y Asesorías Sinnax, SA de CV; Servicios y Asesorías Sissas, SA de CV, y Despacho de Profesionistas Futura, SA de CV.

5. Que ante las evidencias y declaraciones de estos dos detenidos y otros funcionarios, la Fiscalía General de Chihuahua podría llamar a declarar a los dirigentes del PRI involucrados y los funcionarios federales de alto nivel durante el periodo en que se operó el desvío de recursos, entre los personajes que deben aclaran sus vínculos y la participación en el desvío de recursos públicos están el ex presidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y el extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal, Luis Videgaray Caso, éste último por su responsabilidad en el manejo de las finanzas federales, pues debió aprobar la transferencia de 250 millones de pesos que solicitó el gobierno de César Duarte para realizar la triangulación de recursos federalizados hacia las arcas públicas estatales y luego a las empresas mencionadas.

6. Que la revelación del modus operandi de los gobiernos federal y local para intervenir en las elecciones, obliga a investigar y fiscalizar el manejo de los recursos públicos federales en los estados en los que ha habido elecciones desde 2016. Estados como Aguascalientes, Baja California, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, que tuvieron elecciones en el mismo año que Chihuahua, deben ser investigados. Asimismo, las finanzas de los estados de México, Nayarit, Coahuila y Veracruz donde hubo elecciones en el año 2017.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía los siguientes puntos resolutivos:

Punto de acuerdo

Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) investigue y resuelva sobre la probable comisión de delitos en materia electoral por parte de los exdirigentes partidistas del PRI, funcionarios federales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y demás servidores públicos locales y federales, por su participación en la triangulación de recursos públicos y su desvío con fines electorales en los comicios locales del estado de Chihuahua en el año 2016.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de la Función Pública iniciar los procesos administrativos para sancionar la responsabilidad administrativa y, en su caso, dar vista a la Procuraduría General de la República por la participación de servidores públicos y particulares involucrados en el caso de desvío de recursos con fines electorales en los comicios del estado de Chihuahua del año 2016.

Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que, con base en las facultades derivadas el Sistema Nacional Anticorrupción, reabra los expedientes de fiscalización del ejercicio de recursos en el año 2016 para indagar el gasto del gobierno federal en los estados donde hubo elecciones y se realicen auditorías exhaustivas en el ejercicio de recursos federalizados por convenios, reasignaciones y ampliaciones presupuestarias, transferencias y subsidios en los estados que en 2016 tuvieron procesos electorales. Al mismo tiempo, se solicita a la ASF remitir a esta soberanía un informe actualizado del estado que guardan las observaciones, recomendaciones, pliegos de observación y denuncias promovidas por las auditorías relacionadas con la revisión de la Cuenta Pública 2016 en el estado de Chihuahua y el ejercicio de recursos federalizados en los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

En la Ciudad de México, a los 4 días del mes de enero de 2018.

Senador Mario Delgado Carrillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a las entidades federativas a impulsar acciones y políticas públicas que permitan destinar mayores recursos a las escuelas primarias y secundarias rurales en los municipios, con miras a lograr el acceso universal a la educación primaria y secundaria obligatoria, suscrita por el diputado Ramón Villagómez Guerrero, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Ramón Villagómez Guerrero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las 32 entidades federativas a impulsar acciones y políticas públicas que permitan destinar mayores recursos a las escuelas primarias y secundarias rurales en sus municipios, con miras a lograr el acceso universal a la educación primaria y secundaria obligatoria, bajo las siguientes:

Consideraciones

Acorde con un informe presentado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi),1 los hombres y las mujeres del país en situación de rezago educativo residen en los diferentes tamaños de localidad, guardan un comportamiento semejante al total de la población que se encuentra en la misma situación de atraso escolar; además, en todos los centros de población es mayor la proporción de mujeres que de hombres que no concluyeron la secundaria. En el año 2000, 77.5 por ciento de la población masculina de 15 años y más, residente en las localidades pequeñas, no había terminado su educación básica, mientras que 38.8 por ciento de los mismos que habitan en las grandes ciudades estaban en la misma situación; por su parte, 80.4 por ciento de las mujeres que viven en centros de población rurales no concluyeron sus estudios básicos, contra 43.7 por ciento de las que habitan en las grandes urbes.

Asimismo, el Inegi señaló que un tercio de la población del país en rezago educativo, residía en las localidades rurales de menos de 2 mil 500 habitantes, dejando en claro que el mayor rezago educativo del país se encuentra fuera de las ciudades.

Lo anterior lo puntualizó asentando que el rezago educativo adquiere particular relevancia a nivel municipal, por ser en este nivel donde se manifiesta con mayor intensidad, mostrando que la problemática del rezago tiende a ser mayor en las unidades geográficas y localidades más pequeñas del país, por lo regular, comunidades aisladas, con mayor marginación económica, fuerte migración poblacional y de carácter rural.

Otro dato preocupante es que en las comunidades rurales de menos de 2 mil 500 habitantes, 66 de cada 100 personas de 15 años y más no cuentan con la educación básica completa; esta proporción disminuye en las grandes ciudades a 34 de cada 100 personas.

Al respecto el académico, Juan Luis Ordaz2 ha señalado que el medio rural de México es en el que se manifiestan los mayores niveles de desigualdad y donde la situación de la pobreza es más aguda. A pesar de haberse logrado algunos avances en los últimos años, un porcentaje muy alto de la población de este sector sigue siendo afectado por la pobreza; en 2006 cerca de 55 por ciento de la población rural (poco más de 12 millones de personas) estaban en pobreza de patrimonio.

Asimismo, Ordaz ha señalado que en términos de cobertura educativa, el sector rural está rezagado con respecto al resto del país. Al 2005 la escolaridad promedio, medida en años, era de 8.9 para el sector urbano y de 5.6 para el sector rural. Además, en ese año en el medio rural no se alcanzaban en promedio todavía los años de escolaridad que el sector urbano había logrado más de una década antes.

Los niveles de escolaridad de las personas del medio rural son en general inferiores a los del medio urbano. Según las cifras del segundo Conteo de Población y Vivienda 2005, 72.2 por ciento de la población rural o no tiene instrucción o sólo alcanza la primaria como máximo nivel de escolaridad. En contraste, 55 por ciento de la población urbana tiene un nivel de instrucción de al menos la secundaria. Así, como se puede apreciar en el gráfico 4, entre más elevado es el nivel educativo, mayor tiende a ser la diferencia entre las proporciones de personas del medio rural y el urbano que se cuentan con un determinado nivel de escolaridad.

La cobertura educativa es importante, pero también la calidad. Al respecto, el desempeño del sector rural también es pobre. Un indicador de ello son los resultados del Examen de Calidad y el Logro Educativo (Excale) 2006, aplicado a alumnos de primaria y de secundaria. De acuerdo con los resultados del Excale 2006, 25.8 por ciento de los estudiantes de sexto de primaria de las escuelas públicas rurales se ubicaban por debajo del nivel básico de logro en el aprendizaje del idioma español, frente a 13.2 por ciento de los alumnos del mismo grado académico en las escuelas urbanas públicas.

Únicamente 2.2 por ciento de estos alumnos en el sector rural presentan un logro educativo avanzado, en comparación con 6.6 por ciento en el medio urbano. Una situación semejante sucede en el caso del aprendizaje de las matemáticas para los alumnos de primaria.

Con los alumnos de secundaria, las diferencias crecen. En las escuelas rurales (Telesecundarias) no más de 1.2 por ciento de los alumnos de tercero de secundaria tiene niveles avanzados en español o matemáticas. Por su parte, la proporción de alumnos de las escuelas secundarias privadas (ubicadas principalmente en el medio urbano) que presenta niveles avanzados es de 22.2 por ciento en español y 7.3 por ciento en matemáticas.

Es posible aseverar que si el nivel educativo de la población mexicana es mayor, menor es su condición de pobreza. En 2005, la población que no había concluido la primaria presentaba mayores incidencias de pobreza. De los que poseían este nivel escolar en el sector urbano, 18.8 por ciento se encontraba en pobreza alimentaria, 28.6 por ciento en pobreza de capacidades y 57.6 por ciento en pobreza de patrimonio, mientras que en el área rural las proporciones eran de 47 por ciento, 55.8 por ciento y 76 por ciento, respectivamente. Por el contrario, los menores niveles de pobreza se ubicaban en la población con más estudios (preparatoria y licenciatura).

Tan sólo 1.2 por ciento de los que tenían educación superior en el sector urbano se encontraba por debajo de la línea de pobreza alimentaria, mientras que 4.3 por ciento en el sector rural. Así, al parecer, en el sector rural se requieren más años de escolaridad para asegurar una baja probabilidad de estar en situación de pobreza, lo que puede explicarse en cierta medida por la menor calidad educativa de ese sector.

Datos preocupantes como los anteriores, se suman a reclamos hechos por organismos internacionales de las Naciones Unidas hacia México. En el año 2006 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) expresó su preocupación por la falta de educadores en las escuelas de enseñanza primarias y secundarias, en particular, en las zonas rurales y pobladas por personas indígenas, la reducida tasa de frecuentación escolar de los niños y niñas indígenas, sus resultados escolares comparativamente deficientes, la elevada tasa de analfabetismo de la población rural y el limitado acceso a la educación, en particular, de los niños indígenas, migrantes, trabajadores agrícolas menores y en general habitantes de comunidades rurales, quienes no han cumplido la educación básica obligatoria.

Otro aspecto señalado como preocupante por el Comité DESC en su informe a México fue la alarmante reducción del presupuesto asignado a la educación intercultural y bilingüe, especialmente en las zonas rurales del país.

En tal sentido, dicho Comité de Naciones Unidas elaboró una serie de recomendaciones para que el Estado mexicano llevara a cabo, entre estas instó a México a que:

“(...) aumente el número de docentes en las escuelas primarias y secundarias, sobre todo en las regiones apartadas y habitadas por indígenas, así como el presupuesto para la educación, en particular la educación intercultural y bilingüe, a que refuerce y mejore los programas de escolarización para los niños indígenas y migrantes, los niños que trabajan y los niños pertenecientes a otros grupos desfavorecidos y marginados, especialmente las niñas, y a que comunique en su próximo informe los progresos realizados para lograr el acceso universal a la educación primaria y secundaria obligatoria.”

Es preocupante el contexto educativo que se vive en las zonas rurales del país, por eso sensible a los problemas de México, es que presento esta proposición con punto de acuerdo, con la finalidad de que todos los estados en México lleven a cabo acciones concretas para inyectar recursos a las escuelas rurales que tanto lo necesitan.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las 32 entidades federativas a impulsar acciones y políticas públicas que permitan destinar mayores recursos a las escuelas primarias y secundarias rurales en sus municipios, con miras a lograr el acceso universal a la educación primaria y secundaria obligatoria.

Notas

1 Inegi, El rezago educativo en la población mexicana, 2004.

2 México: impacto de la educación en la pobreza rural, 2009, disponible en línea en: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4883/S2009326_es.pd f?sequence=1&isAllowed=y

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 4 de enero de 2018.

Diputado Ramón Villagómez Guerrero (rúbrica)