Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a implantar de manera coordinada la estrategia Crezcamos Juntos para difundir ampliamente sus beneficios entre los pequeños y medianos comerciantes del país, a cargo del diputado José Luis Cardoso Estévez, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, José Luis Cardoso Estévez , diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracciones III, IV y VI y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente: proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El sector informal podría definirse como aquellos comerciantes (empresas o personas físicas) que no están registradas ante las autoridades correspondientes y no contribuyen al pago de impuestos. Así, son unidades que no están contabilizadas en los registros de establecimientos económicos de cada país y que, por lo tanto, no tienen los derechos y obligaciones de un establecimiento registrado.

En esa tesitura, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su afán de definir el término, hace especial hincapié en las condiciones laborales de la población. Es de especial relevancia resaltar que el tema de informalidad tiene una vertiente relativa a que existe un déficit de trabajo decente, esto es, en condiciones aceptables que puede asemejarse a lo que se llama empleo protegido.

Según la OIT, en México el empleo informal como porcentaje del empleo no agrícola es de 55 por ciento, en la India es de 83 por ciento y en Brasil de 60 por ciento. Por su parte, es de señalarse que el conocido autoempleo es la forma más común de empleo en el sector informal.

Dicho lo anterior, se subraya que alrededor de 28.6 millones de mexicanos se encuentran laborando en el sector informal de la economía, lo que conlleva no solo al freno y disminución de la productividad económica de la nación, si no que produce graves estragos en el bienestar de los trabajadores y sus familiares.

Las causas por las que un pequeño comerciante no se incorpora al sector formal de la economía puede variar pero afirmamos que, a grandes rasgos, los más grandes ahuyentadores son: el temor a la reducción de sus ganancias y el pago de impuestos, que consideran que poco o nada les beneficia; por lo que, deciden permanecer en el sector informal.

Actualmente, dicho sector representa alrededor del 57 por ciento de la población económicamente activa de nuestro país, la cual genera una cuarta parte del producto interno bruto (PIB) del país; por lo que, su incorporación a la formalidad, además de representar un mayor número de aportaciones y capital que abonaría a la recaudación fiscal y por ende a nuestro crecimiento nacional, les permitiría acceder a los esquemas de seguridad social tanto al dueño del negocio como a empleados y familiares, a las pensiones, y a créditos hipotecarios y económicos para hacer crecer sus negocios; contrario a lo que se piensa, es decir, disminución de sus ganancias, la formalidad representa seguridad y crecimiento de la riqueza.

Dicho lo anterior, me es toral señalar que como representante de los mexicanos y dada mi cercanía con los pequeños y medianos comerciantes del distrito de Cuautitlán, estado de México, he sido testigo a lo largo de los años, que en mercados y tianguis existe una clara dificultad de los comerciantes informales para acceder a los servicios de salud o para acceder a créditos hipotecarios o apoyos económicos, para empezar o hacer crecer un negocio.

Ahora bien, el gobierno federal, en aras de disminuir el comercio informal y como parte de la consolidación de la reforma hacendaria, presentó, el 8 de septiembre de 2014, la Estrategia “Crezcamos Juntos”, que tiene como finalidad hacer atractiva la formalidad, partiendo de tres principios fundamentales, mismos que se detallan a continuación:

I. Combatir la informalidad , a través de diversas dependencias e instituciones de manera coordinada, para que incentiven a las personas que se encuentran en la informalidad a trasladarse hacia la formalidad;

II. Innovación , eliminando requisitos que diluyen el proceso y creando mecanismos como los de: Régimen de Incorporación Fiscal y el Régimen de Incorporación a la Seguridad Social; y

III. Comunicación , en todos los niveles de gobierno, para que se conozcan los beneficios de la formalidad, y a su vez, poder asesorar a quienes lo requieran.

Corolario a lo anterior, debemos hacer notar los beneficios que se desprenden de la Estrategia en comento, los cuales pueden resumirse en los siguientes:

1. Acceso a la salud y seguridad social para el dueño del negocio, familiares y empleados , garantiza la atención médica en el IMSS y seguros de invalidez y vida, retiro, vejez y riesgos de trabajo, con descuentos de cotización durante los primeros diez años;

2. Pensión para el retiro , permitirá a todo aquel trabajador afiliado contar con un ahorro al llegar a la edad de su retiro;

3. Acceso a créditos hipotecarios , con descuentos del 50 por ciento en las cuotas;

4. Descuentos en el pago del ISR , durante 10 años, el primero al 100 por ciento, y subsecuentemente se reducirá un 10 por ciento por cada uno;

5. Apoyos económicos para los pequeños empresarios , para adquirir mercancía o equipo;

6. Acceso al crédito para empresas y empleados , hasta por 300 mil pesos, con tasas preferenciales para la adquisición de bienes de consumo o pago de servicios; y

7. Acceso a programas de capacitación y productividad , para aumentar la especialización y productividad.

Ahora bien, si bien es cierto que la multicitada estrategia es un gran avance que solidifica la reforma hacendaria y un fuerte mecanismo de inclusión social a la formalidad, es necesario brindarle la difusión necesaria para que sea ampliamente conocida por más comerciantes informales, ya que en la actualidad muchos de ellos tienen un total desconocimiento de ella y, por ende, no cumple con los objetivos que motivaron su implementación.

En consecuencia, considero menester dirigirnos a todos aquellos pequeños comerciantes, artesanos, trabajadores individuales, amas de casas y en general a todo trabajador no asalariado que se encuentra en el sector informal, para que los conozca de manera ampliada y podamos resarcir la pobreza que nos aqueja.

Máxime que incorporarse al sector formal de la economía, si bien representa el pago de las tributaciones y aportaciones correspondientes, ellas también garantizan la estabilidad y el derecho a la vida digna de las personas.

En ese sentido, al unirte a Crezcamos Juntos te haces formal ante el Servicio de Administración Tributaria sin pagar impuestos durante tu primer año, y con importantes descuentos durante nueve años más. Además, puedes inscribirte a los servicios médicos y de seguridad social; comenzar a ahorrar para tener un crédito hipotecario del Infonavit; solicitar créditos para tu negocio con Nacional Financiera; tener acceso a créditos al consumo de Infonacot y contar con apoyos para crecer.

Por todo lo anteriormente expuesto, presento ante esta honorable asamblea legislativa, la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y demás instituciones que coordinadamente implementan la estrategia Crezcamos Juntos, a fin de que difundan ampliamente los beneficios de dicha estrategia a los pequeños y medianos comerciantes del país.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Economía, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores y al Instituto del Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores a que, de acuerdo a su viabilidad financiera, analicen la implementación de medidas adicionales que permitan que la estrategia Crezcamos Juntos cumpla con los objetivos para los que fue creada.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 24 días del mes abril del año 2018.

Diputado José Luis Cardoso Estévez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a realizar por Capufe acciones para retirar la concesión de la caseta Cuyutlán, en el tramo Armería-Manzanillo, Colima; o, en su caso, disminuir las tarifas, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, diputada María Luisa Beltrán Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, con base en los siguientes

Considerandos

México es uno de los países con una de las redes carreteras más utilizada, la cual se ha construido a lo largo de varias décadas, permitiendo la comunicación, por vía terrestre, de casi todas las regiones y comunidades del país.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Red Nacional de Carreteras cuenta con 378,633.591 kilómetros, de los cuales 180,606 kilómetros son carreteras pavimentadas, 47,269 kilómetros vialidades urbanas e infraestructura de enlace y 150,758 kilómetros caminos no pavimentados. De las carreteras pavimentadas 61,709 kilómetros son carreteras federales y 9,819 kilómetros carreteras de cuota.

Toda esta red permite la conectividad entre prácticamente todas las poblaciones del país, con independencia del número de habitantes, con que cuentan, y su relevancia económica.

La creación de infraestructura de comunicaciones y transportes, moderna y suficiente, que responda a las expectativas de la ciudadanía y a las tendencias de la globalización, es responsabilidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y sus homólogas locales, cuando sea el caso.

En el ámbito federal, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, es de jurisdicción federal todo lo relacionado con los caminos y puentes, así como el tránsito y los servicios de autotransporte federal.

En el mismo artículo, en la fracción III, se menciona que le corresponde a la Secretaría otorgar las concesiones y permisos para la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de los caminos y puentes.

Para efectos del párrafo anterior, en el artículo 6 de la citada ley, se menciona que las concesiones se otorgarán a mexicanos o sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, en los términos que establezcan esta ley y los reglamentos respectivos.

Hasta el 27 de febrero del presente año, el número de títulos de concesiones otorgadas a diferentes concesionarios ronda en los 75. Cabe resaltar que muchos de ellos han sido renovados por medio de prórrogas, tal como lo establece la legislación, en su párrafo tercero del artículo 6.

Recientemente se ha suscitado una serie de denuncias en las redes sociales, sobre el abuso por parte de las concesionarias en el cobro de las tarifas de peaje; en tanto ciudadanos realizan tomas de casetas, con base en el uso del artículo 11 constitucional, relacionado con el libre tránsito en todo el territorio nacional.

Una de las casetas que ha sido tomada por parte de diferentes organizaciones e incluso por habitantes aledaños al área donde está ubicada dicha caseta, es la de Cuyutlán, estado de Colima, en el tramo comprendido entre Armería y Manzanillo.

De acuerdo con datos del periódico El Universal , hasta el 29 de enero del presente año, las casetas más caras en el país son la Marquesa-Ciudad de México, en la cual los viajeros pagan 3 pesos con 61 centavos por cada kilómetro recorrido; Guadalajara-Tepic, con dos pesos por kilómetro; el Arco Norte, con un peso 81 centavos por kilómetro; la Durango-Mazatlán, con 2.5 pesos; Guadalajara-Jalostotitlán, en la cual se pagan dos pesos con 20 centavos; y el Macrotúnel de Acapulco, en el que se pagan ocho pesos con 50 centavos.

Si se considera que el precio por kilómetro se calcula dividiendo la tarifa entre el número de kilómetros, en el caso de Armería-Manzanillo, de acuerdo con datos de VIAPASS, dicho tramo carretero mide 47 kilómetros y su tarifa es de 130 pesos, lo que da como resultado el cobro de poco más de dos pesos con 76 centavos1 por kilómetro recorrido, volviendo a la caseta de Cuyutlán como una de las más caras en el país , lo que ha dado lugar a una serie de manifestaciones que se han desencadenado en los últimos meses.

Medios de comunicación locales han evidenciado la situación en la que se encuentra actualmente dicha caseta, siendo una de las constantes demandas la revocación de la cuarta modificación al título de concesión autorizada el 19 noviembre de 2010 a la concesionaria Promotora de Autopistas del Pacífico, SA de CV (La Concesionaria), en la cual se evidencia que quienes hagan uso del tramo Armería-Manzanillo deberán cubrir las cuotas correspondientes, para subsanar la inversión realizada por la concesionaria, y el monto adicional.

Éste último hace referencia al monto entregado por parte de la concesionaria a Autopistas Concesionadas del Altiplano, SA de CV, como una contraprestación por las cesiones de la Concesión San Martín Texmelucan-Tlaxcala, que se encuentra en los estados de Puebla y Tlaxcala. En dicha modificación, en su considerando I, se argumenta que “los ingresos esperados a partir de su explotación por el plazo remanente de esa concesión resultan insuficientes para que La Concesionaria recupere el monto entregado a Autopistas Concesionadas del Altiplano, SA de CV”2

En el ya mencionado documento, la SCT continúa argumentando las razones por las cuales considera viable que sea del tramo Armería-Manzanillo de donde se recupere el monto entregado, pues mencionan que, de acuerdo con los estudios de aforo vehicular y proyecciones financieras, realizadas sobre este tramo, los ingresos esperados a partir de su explotación por el plazo remanente resultan insuficientes.

Para subsanar lo anterior, en la quinta modificación al título de concesión se le otorgó una prórroga por el tiempo que resulte necesario a fin de que la concesionaria pueda recuperar su inversión pendiente y el monto adicional, siendo éste hasta el 9 de abril de 2030, sumando, así cuarenta años.

En esta última modificación se reformó el último párrafo del rubro concesión, el cual quedó como sigue:

“Segunda. El plazo de vigencia del presente título de concesión será de 30 años contados a partir del 9 de noviembre de 1990, plazo que se prorrogará a partir de su vencimiento hasta por 30 años más siempre por el plazo que sea necesario para que la concesionaria recupere junto con el rendimiento correspondiente: (i) las inversiones realizadas pendientes de recuperar; (ii) el Monto Adicional; y (iii) las nuevas inversiones que realicen en el futuro con cargo a la concesión”.3

Cabe resaltar que la vigencia del título de concesión fue inicialmente de nueve años tres meses; posteriormente, en 1992 se otorgó una prórroga para que fueran 14 años contados a partir de 1990. En 1994 se otorgó una segunda modificación para que se extendiera el plazo a 24 años 7 meses contados a partir de la fecha de otorgamiento de la misma. En 2006 se vuelve a modificar y se otorga una vigencia de 30 años, igualmente, contados a partir de 1990. Todas estas modificaciones se dieron con el argumento de que la concesionaria no había recuperado la inversión realizada con la tasa de rendimiento a que tienen derecho la concesionaria de acuerdo con el propio título de concesión.

Lo anterior da cuenta de las múltiples modificaciones realizadas al título de concesión, buscando, siempre, que la concesionaria recupere su inversión en el tramo carretero Armería-Manzanillo. Lamentablemente, en la cuarta y quinta modificación se le generó un monto adicional a este título, derivado de la cesión de derechos de la autopista ubicada en San Martín Texmelucan, lo que generó inconformidad y una serie de enfrentamientos entre la concesionaria y los pobladores.

Ahora bien, el siguiente mapa muestra el croquis del tramo carretero Armería-Manzanillo:

Como puede observarse, muchos de los residentes de los municipios de la región hacen uso de la caseta Manzanillo-Armería, para llegar a la capital a realizar una serie de papeleos que sólo se pueden elaborar en Colima; además, un gran número de productores transportan su mercancía por esta vía, siendo, la misma, paso para trabajadores y estudiantes. El incremento en el cobro de la cuota genera en los pobladores una descompensación económica que afecta de manera directa su economía familiar.

Manzanillo y Armería son dos de los municipios de Colima que, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), concentran un mayor número de personas en pobreza, teniendo Manzanillo 53 mil 634 personas y Armería 13 mil 510 personas, respectivamente, en esta situación. Aunado a lo anterior, por esta caseta tienen que transitar los pobladores de Tecomán, otro de los municipios que cuenta con 48 mil 864 personas en pobreza.

La mayor parte de la población que se ubica tan sólo en el municipio de Manzanillo vive del turismo que llega a sus playas, por lo que, al elevar el costo de la misma, incide directamente en la economía familiar de los manzanillenses. El vicepresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Óscar Jiménez, comenta ante medios de comunicación que “la caseta de peaje vehicular de Cuyutlán afecta al turismo, al puerto y a la población”4 ; por ello pide que “se revisen los contratos con la concesionaria ya que afecta al turismo y el comercio, pues si bien no es ilegal como tal, sí es inmoral el cobro para los ciudadanos”.5

Otro ejemplo claro es la caseta Atlacomulco-Toluca, en el estado de México, donde los pobladores de la región no pagan peaje en ésta, con sólo mostrar la credencial de elector que los acredita como residentes de alguno de los municipios de la región, siendo ésta una opción viable para los pobladores de los municipios circunvecinos que se ven afectados por la caseta ubicada en Cuyutlán.

Por otro lado, la falta de información clara y entendible para los habitantes del estado de Colima, por parte del gobierno, sobre la situación en la que se encuentra la caseta Cuyutlán, ha contribuido a una serie de manifestaciones y enfrentamientos entre los usuarios, pobladores y la concesionaria. Por tanto, es necesario que se genere una campaña informativa en la que se exponga claramente las razones por las cuales la caseta de Cuyutlán debe subsanar la inversión faltante de la caseta de San Martín Texmelucan, ubicada en otro estado.

Es imprescindible realizar una serie de acciones para retirar la concesión de la caseta de cobro Cuyutlán, ubicada en el tramo Armería-Manzanillo, en el estado de Colima o, en su caso, disminuir las tarifas de cobro.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, quien suscribe somete a consideración de este honorable pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes y la soberanía de las entidades federativas, exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que, a través de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, realice las acciones necesarias para retirar la concesión de la caseta de cobro Cuyutlán, ubicada en el tramo Armería-Manzanillo, en el estado de Colima o, en su caso, disminuya las tarifas de cobro.

Segundo . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes y la soberanía de las entidades federativas, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Dirección de Caminos, de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del estado de Colima, a que valoren otorgar paso libre a los residentes de los municipios de la región que hacen uso de la caseta Manzanillo-Armería.

Tercero . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes y la soberanía de las entidades federativas, exhorta respetuosamente a la Dirección de Caminos de gobierno del estado de Colima, a haga una campaña informativa sobre la situación que guarda la caseta Cuyutlán, ubicada en el tramo Armería-Manzanillo, en el estado de Colima.

Notas

1 En la página oficial de la SCT, la tarifa marcada para esta caseta es de 142 pesos, lo cual puede verificarse en el siguiente link: http://app.sct.gob.mx/sibuac_internet/ControllerUI?action=cmdDatosOperR epDet&idVia=1

2 Secretaría de Comunicaciones y Transporte. (2018). Títulos de Concesión. 02/04/2018, de SCT Sitio web:

http://www.sct.gob.mx/carreteras/direccion-general-de-de sarrollo-carretero/titulos-de-concesion/

3 Ibídem.

4 Velázquez, H. (2018). Daña a turismo caseta de Cuyutlán. 4/04/2018, de Diario de Colima Sitio web: http://www.diariodecolima.com/nota/2018-04-04-dana-a-turismo-caseta-de- cuyutlan

5 Cervantes, O. (2018). Piden empresarios a candidatos entrarle al tema de la caseta de Cuyutlán y buscar revocar concesión. 4/04/2018, de Colima Noticias Sitio web: http://www.colimanoticias.com/piden-empresarios-a-candidatos-entrarle-a l-tema-de-la-caseta-de-cuyutlan-y-buscar-revocar-concesion/

Fuentes

Cámara de Diputados. (2017). Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 02/04/2017, de Cámara de Diputados Sitio web:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/27_301117.pd f

Coneval. (2012). Informe de pobreza y evaluación en el Estado de Colima. 02/04/2018, de Coneval Sitio web: https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Documents/Colima/prin cipal/06informe2012.pdf

Dávila, I. (Sin fecha). Paso libre en casetas a habitantes de Edomex. 02/04/2018, de La Jornada Sitio web:

http://www.jornada.unam.mx/2008/01/23/index.php?section= estados&article=036n3est

Secretaria de Comunicaciones y Transporte. (2018). Quienes somos. 02/04/2018, de SCT Sitio web: http://www.sct.gob.mx/

Secretaría de Comunicaciones y Transporte. (2018). Títulos de Concesión. 02/04/2018, de SCT Sitio web:

http://www.sct.gob.mx/carreteras/direccion-general-de-de sarrollo-carretero/titulos-de-concesion/

Sin Autor. (2018). Las autopistas más caras de México. 02/04/2018, de El Universal Sitio web:

http://www.eluniversal.com.mx/autopistas/las-autopistas- mas-caras-de-mexico.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2018.

Diputada María Luisa Beltrán Reyes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Yucatán a actuar con imparcialidad en los comicios ordinarios; y al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado, a garantizar un proceso libre y pacífico, a cargo del diputado Mario David Mex Albornoz, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Mario David Mex Albornoz, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Que, el martes 19 de diciembre de 2017 el gobernador del estado de Yucatán, Rolando Zapata Bello, se reunió en Mérida en un mitin privado con integrantes de su partido político y el hoy candidato a la Presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña. En esa reunión, el jefe del Ejecutivo estatal declaró que haría todo lo que estuviera a su alcance para que su partido político ganara la Presidencia.

En un video filtrado por diversos medios de comunicación expresó: “Mi compromiso este año será hacer todo, todo, todo lo que me corresponda, para que gane el PRI (Partido Revolucionario Institucional) en el año 2018. ¡Ese es mi compromiso! (22 de diciembre 2017).

Además, en esa misma reunión, afirmó que el Presidente Enrique Peña Nieto ha transformado al país y dado grandes apoyos al Estado de Yucatán.

2. Que, en el mes de febrero de 2018, el gobernador Rolando Zapata Bello, a través de un programa radiofónico sostuvo que los programas sociales responden a una lógica partidaria y a una visión propia de Estado, razón por la que no son los mismos al cambiar el sexenio, atendiendo a una nueva dinámica y forma de concebir los problemas.

Con estas declaraciones, supone que los programas sociales estarían en riesgo y se frenarían los logros alcanzados por su administración que inició en 2012. A lo que los precandidatos de la oposición, notaron signos de preocupación pues su intervención es notoriamente activista a favor de su propio partido, como muestra, el gobernador concluyó su participación afirmando: “El pueblo de Yucatán con su sabiduría maya sabrá tomar sus decisiones”. (16 febrero 2018).

3. Que, el 20 de marzo del año en curso, los 31 gobernadores de las Entidades Federativas, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre otros actores, firmaron la declaración por la democracia y la legalidad para el proceso electoral 2018 con la finalidad de unir fuerzas y evitar acciones que alteren la equidad e imparcialidad en el proceso electoral, respetando las reglas en la materia.

4. Que, a principios de este mes, fue detenido el candidato a la alcaldía de Río Lagartos por el Partido Morena, Manuel Gerardo Rodríguez Mendoza, por portar un arma y más de dos millones de pesos. El candidato, militar retirado, acreditó tales permisos y la procedencia del dinero por lo que fue liberado en unas horas.

Días después, denunció en rueda de prensa que fue torturado e incomunicado por elementos de la policía estatal afirmando que esto obedece a una política de amedrentar a empresarios que son competencia para sectores económicos vinculados al actual gobierno estatal, responsabilizando al gobierno del Estado de lo que pudiera sucederle por ello.

5. Que, el 15 de abril de 2018, entregó a los integrantes de la cooperativa “Manuel Cepeda Peraza”, de manera pública, los recursos que le fueron confiscados y que formaban parte del pago por su trabajo. (15 abril 2018).

6. Que, las contiendas electorales representan un elemento activo de la democracia. Las reformas a las leyes electorales significan un avance en comparación al sistema de partido único que imperaba en nuestro país hace unas décadas. La posibilidad del pluralismo político y la credibilidad en las figuras institucionales responden a una lucha permanente de legitimidad que solo es posible con el apoyo de cada uno de los actores políticos que le conforman y con la ciudadanía informada y participativa.

En este sentido, el actuar arbitrario o en beneficio de grupos partidistas de figuras como lo son los gobernadores de los Estados, lo hacen en detrimento de la democracia y las reglas electorales que rigen los procesos de cambio en el gobierno y en los Congresos. Con este punto de acuerdo, se busca exhortar a refrendar el compromiso de respeto a los procesos electorales en curso y no a favorecer posturas partidistas, el caso particular del Estado de Yucatán.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, en el ámbito de sus respectivas competencias, al gobierno del estado de Yucatán a que actúe con imparcialidad durante el proceso electoral ordinario 2017-2018.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente, en el ámbito de sus respectivas competencias, al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán a que garantice elecciones libres y pacíficas en el Estado.

Referencias

1. Cárdenas, I. (16 de febrero de 2018), Otra visión de Estado acarrea impacto social, Milenio , recuperado de https://sipse.com/milenio/rolando-zapata-apoyos-sociales-elecciones-par tidos-politicos-285581.html

2. Juárez, M. (20 de marzo de 2018), Gobernadores garantizan imparcialidad en comicios, El financiero , recuperado de http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/gobernadores-garantizan-imparci alidad-en-comicios

3. Rodríguez, O. (22 de diciembre de 2017). El gobierno de Yucatán promete ante Meade hacer “todo” para que gane el PRI, La jornada , recuperado de http://www.jornada.unam.mx/2017/12/22/estados/032n1est

4. Rodríguez, O. (15 de abril de 2018) Capitán Morena cumple su palabra con pescadores, recuperado de http://www.rompecabeza.mx/index.php/politica/item/1338-capitan-morena-c umple-su-palabra-con-pescadores

5. Polémica intervención del gobernador de Yucatán en proceso electoral: rolando zapata dice que si gana el pan se cancelarían programas sociales; “qué pena que tengas que salir a hacerle campaña a tu candidato que no levanta”, le reviran, (16 de febrero de 2018), Noticaribe , recuperado de

http://noticaribe.com.mx/2018/02/16/polemica-intervencio n-del-gobernador-de-yucatan-en-proceso-electoral-rolando-zapata-dice-qu e-si-gana-el-pan-se-cancelarian-programas-sociales-que-pena-que-tengas- que-salir-a-hacerle-campana-a-tu-c/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2018.

Diputado Mario David Mex Albornoz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion para que, resuelva el juicio de amparo promovido con motivo del proceso de convocatoria y designación de los titulares de los órganos internos de control de los Organismos Constitucionales Autónomos que ejercen recursos del PEF; Asimismo, y en su caso, una vez resuelto el juicio referido, se cite y convoque a un periodo extraordinario de sesiones, para llevar a cabo la designación pendiente de los titulares del INAI; IFT; y Cofece, a cargo del diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo, e integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, diputado integrante y coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, y numeral 2. Fracciones IV, V y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, someto a consideración la siguiente Proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución mediante el cual Respetuosamente se exhorta al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion para que en aras del interes social y en términos del Artículo 4 Fracción IV de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Articulos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resuelva el Juicio de Amparo promovido con motivo del Propceso de convocatoria y designación de los titulares de los órganos internos de control de los Organismos Constitucionales Autónomos que ejercen recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación; Asimismo, y en su caso, una vez resuelto el juicio referido, se cite y convoque a un periodo extraordinario de sesiones con la finalidad de dar cumplimiento al mandato Constitucional establecido en los artículos 28 párrafo vigésimo, fracción XII, y 74 fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para llevar a cabo la designación pendiente de los titulares de los órganos internos de control de los siguientes Organismos Constitucionales Autónomos que ejercen recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y protección de Datos Personales (INAI); Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); y Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. La Reforma Constitucional en materia de combate a la corrupción publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, buscó fortalecer las funciones y atribuciones de los órganos internos de control de los entes públicos federales, estatales y municipales, para prevenir e investigar con mayores atribuciones actos u omisiones constitutivas de responsabilidades administrativas u hechos de corrupción, así como para presentar las promociones de responsabilidades por faltas graves ante los Tribunales de Justicia Administrativa competentes y, en su caso, presentar las denuncias por hechos constitutivos de delito ante la fiscalías especializadas en combate a la corrupción.

La reforma anticorrupción tambien planteo fortalecer la independencia de los órganos internos de control de los Organismos Constitucionales Autónomos, facultando a la Cámara de Diputados para designar, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, a los titulares de los órganos internos de control de dichos organismos.

II. Respecto a los nombramientos de los titulares de los Órganos Internos de Control como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, la reforma Constitucional en materia anticorrupción, en su artículo 28, párrafo vigésimo, fracción XII, estableció:

Artículo 28. …

La Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, serán independientes en sus decisiones y funcionamiento, profesionales en su desempeño e imparciales en sus actuaciones, y se regirán conforme a lo siguiente:

XII. Cada órgano contará con un órgano interno de control, cuyo titular será designado por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, en los términos que disponga la ley.

Asimismo el artículo 74 Constitucional en su fracción VIII, estableció:

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: …

VIII. Designar, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, a los titulares de los órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación.

A su vez, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 57 Bis, faculta a la Cámara de Diputados de conformidad a la fracción VIII del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a designar con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes a los titulares de los Órganos Internos de Control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación.

III. El 28 de abril de 2017, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se establece el “Proceso y la Convocatoria para la designación de los Titulares de los Órganos Internos de Control de los Organismos con Autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación”, mismo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2017, conteniendo las etapas a seguir y que a continuación se describen:

Del 17 al 19 de mayo de 2017 la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados llevó a cabo la inscripción y el registro de aspirantes para ocupar los cargos de Titulares de los Órganos Internos de Control de los organismos a los que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les otorga autonomía ya citados.

El 22 de mayo de 2017 la Mesa Directiva entregó a las Comisiones Unidas 68 expedientes, correspondientes a cada uno de las y los aspirantes que presentaron su documentación.

El 24 de mayo de 2017 se aprobó el Acuerdo de las Juntas Directivas de las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción, y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, relativo a la transparencia, parlamento abierto y a la protección de datos personales de las y los aspirantes a Titulares de los órganos Internos de Control, en el cual se establecieron los criterios generales para la revisión, acceso, transparencia y resguardo de los expedientes de las y los aspirantes.

El 08 de junio de 2017, las Comisiones Unidas aprobaron el Acuerdo de las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción, y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, por el que emiten la lista de aspirantes que cumplen con los requisitos señalados en las leyes y formato de las comparecencias para designar a los titulares de los órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, el cual fue publicado el 09 de junio de 2017 en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados y en el Diario Oficial de la Federación.

Entre el 12 y 23 de junio de 2017 ante las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción, y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, se verificaron las Comparecencias de los aspirantes a Titulares de los Órganos Internos de Control.

El 27 de junio de 2017 las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción, y de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación, presentaron y remitieron a la Junta de Coordinación Politica de la Cámara de Diútados el listado y expedientes de 42 candidatas y candidatos considerados como aptos para ocupar la titularidad de los Órganos Internos de Control.

Recibido el dictamen antes referido la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados impulsará y privilegiará la construcción de acuerdos entre los Grupos Parlamentarios para seleccionar, por el mayor consenso posible, a los candidatos aptos para ocupar los cargos de titulares de los órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, materia del presente Acuerdo.1

IV. En la misma convocatoria se estableció que el 5 de julio de 2017, la Junta de Coordinación Política debía votar las propuestas de candidatos y el 6 de julio de 2017 debía notificar su acuerdo a la Mesa Directiva para la designación de los titulares de los Órganos Internos de Control del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); y de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE).

Asimismo, el propio Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se propuso al Pleno el proceso y la convocatoria para la designación de los titulares de los órganos internos de control de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución Política, establecía como fecha limite para llevar a cabo la votación por parte del Pleno de la Cámara de Diputados y tomar la protesta de los titulares designados, el día 12 de septiembre de 2017.

El 16 de noviembre del 2018, el entonces Presidente de las Junta de Coordinación Política, informó que el procedimiento se había detenido por la interposición de un juicio de amparo promovido por un aspirante en contra del procedimiento de selección de los candidatos considerados aptos.

Nombramiento de contralores está detenido por un juicio de amparo2

México, 16 Nov (Notimex).- El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Marko Cortés Mendoza, informó que el proceso para nombrar a los contralores del INAI, el IFT y la Cofece está detenido debido a un juicio de amparo.

El 12 de septiembre era la fecha límite para que el Pleno de la Cámara de Diputados designara a los titulares de los órganos internos de control del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

Al respecto el artículo 4 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que ne aras del interés social se pueda atender prioritariamente un determinado juicio de amparo, en los términos siguientes:

Artículo 4o. De manera excepcional, y sólo cuando exista urgencia atendiendo al interés social o al orden público, las Cámaras del Congreso de la Unión, a través de sus presidentes, o el Ejecutivo Federal, por conducto de su Consejero Jurídico, podrán solicitar al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que un juicio de amparo, incluidos los recursos o procedimientos derivados de éste, se substancien y resuelvan de manera prioritaria, sin modificar de ningún modo los plazos previstos en la ley.

La urgencia en los términos de este artículo se justificará cuando:

I. Se trate de amparos promovidos para la defensa de grupos vulnerables en los términos de la ley.

II. Se trate del cumplimiento de decretos, resoluciones o actos de autoridad en materia de competencia económica, monopolios y libre concurrencia.

III. Se trate de prevenir daños irreversibles al equilibrio ecológico.

IV. En aquellos casos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estime procedentes.

Recibida la solicitud, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la someterá a consideración del Pleno, que resolverá de forma definitiva por mayoría simple. La resolución incluirá las providencias que resulten necesarias, las que se notificarán, cuando proceda, al Consejo de la Judicatura Federal.

Para la admisión, trámite y resolución de las solicitudes, así como las previsiones a que hace referencia este artículo, deberán observarse los acuerdos generales que al efecto emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

A la fecha, han transcurrido más de siete meses del plazo que la Cámara de Diputados se puso así misma, sin que aún se haya designado a los titulares de los órganos constitucionales autonomos señalados, que sumados, con base al Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, ejercen más de 3,714 millones de pesos y que y no cuentan con un titular de sus órganos internos de control, lo que sin duda demerita la función de prevención, vigilancia e investigación que corresponde cumplir a dichas instancias.

La Cámara de Diputados para cumplir con su obligación constitucional requiere la resolución del juicio de amparo referido, para a partir de ello y hasta antes del 31 de agosto del presente año este en aptitud de convocar a un periodo extraordinario que permita a la presente legislatura cumplir con el mandato constitucional que en materia de combate a la corrupción la propia Constitución nos impone.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Respetuosamente se exhorta al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, Ministro Luis María Aguilar Morales, para que en aras del interes social y en términos del Artículo 4 Fracción IV de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Articulos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resuelva el Juicio de Amparo promovido con motivo del Propceso de convocatoria y designación de los titulares de los órganos internos de control de los Organismos Constitucionales Autónomos que ejercen recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación.

SEGUNDO: Asimismo, y en su caso, una vez resuelto el juicio referido, se cite y convoque a un periodo extraordinario de sesiones de la Cámara de Diputados con la finalidad de dar cumplimiento al mandato Constitucional establecido en los artículos 28 párrafo vigésimo, fracción XII, y 74 fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para llevar a cabo la designación pendiente de los Titulares de los Órganos Internos de Control de los siguientes Organismos Constitucionales Autónomos que ejercen recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); y Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE).

Notas

1 Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, publicada el 29 de Junio de 2017. file:///C:/Users/Usuario/Downloads/20170629-I.pdf

2 https://www.20minutos.com.mx/noticia/298064/0/nombramiento-de-contralores-esta-detenido-por-un-juicio-de-amparo/

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 24 de abril de 2018.

Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica)


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SE a continuar y fortalecer por el Instituto Nacional del Emprendedor los programas que tengan como objetivo principal empoderar a las empresarias, a cargo del diputado Luis Alonso Pineda Apodaca, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Luis Alonso Pineda Apodaca integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la honorable Cámara de Diputados en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía, a través del Instituto Nacional del Emprendedor, a que, de conformidad con su viabilidad financiera, continúe y fortalezca los programas que tengan como objetivo principal empoderar a las mujeres empresarias y así coadyuvar en la economía de las familias mexicanas, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El 8 de marzo se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer, que conmemora la lucha de la mujer por conseguir igualdad de condiciones. Las mujeres de hoy participan en la política, son profesionistas, jefas de familia e incluso son dueñas de su propia empresa.

Las mujeres han sido, por muchos años, un sector vulnerable de la sociedad que por diversas creencias y aspectos históricos han enfrentado múltiples problemas para poder conseguir un empoderamiento real y una autentica autonomía.

Es por ello, que ante el cambio de paradigma actual, es importante que todos tomemos cartas en el asunto y busquemos mecanismos que garanticen la igualdad entre hombres y mujeres, particularmente en el ámbito económico.

En esa tesitura, como legislador federal busco que mi país esté a la vanguardia en materia de equidad de género y que se potencialice a las mujeres que buscan trascender, más allá de estereotipos, todo esto en pro de sus familias.

Según datos de la Fundación ProEmpleo, publicados por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, existen casos de éxito que ameritan ser nombrados; como lo es el de la señora Guadalupe, quien cansada de generar ideas para los demás y con la ilusión de encauzar toda su inventiva e imaginación en un proyecto propio, decidió convertirse en emprendedora; por lo que, creó Remedios Mágicos . El negocio trae a la memoria los tiempos en los que las personas acudían a la botica por sus remedios de medicina tradicional.

Así, la empresa fue reconocida en 2010 con el Galardón PyME 2010 por ser la mejor microempresa incubada a nivel nacional. Hoy la meta de Guadalupe es convertir a Remedios Mágicos en una franquicia para poder llevar risas a cada estado del país.

Otro caso de éxito, es el de la señora Irma, quien, sabedora de sus habilidades y con gusto por las recetas tradicionales, inició una empresa de productos caseros como el rompope, los licores, las cremas de café, mermeladas y confitería.

En dicha empresa trabajan únicamente mujeres de la tercera edad; por lo que le valió que el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización le otorgara el Premio Global para Microempresas en México, en la categoría de “Mejor equipo de emprendedores”.

Con base en lo anterior, en el ámbito Internacional, destaco el Programa Regional Ampliando las Oportunidades Económicas para las Mujeres Rurales Emprendedoras en América Latina, el cual es financiado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola e implementado por la ONUMujeres; dicho Programa tiene como objetivo general contribuir al empoderamiento económico de las mujeres rurales emprendedoras en México, Guatemala, El Salvador y Nicaragua.

Como resultado del programa, las organizaciones comienzan a aumentar su capacidad de producción y colocar su producto en nuevos mercados, basados en la diversificación de productos, mejora de la calidad, innovación y disminución de costos de producción. Por otro lado, conocen e implementan procesos de empoderamiento económico y personal.

A largo plazo, se espera que las mujeres emprendedoras rurales tengan un mayor liderazgo y participen en sus comunidades y en las instituciones rurales; así como, en la configuración de leyes, políticas y programas.

Por su parte, el gobierno federal no ha sido omiso en promover programas que busquen apoyar a mujeres emprendedoras; tal es el caso, del Programa Mujeres PyME, el cual está dirigido a empresas y negocios liderados por mujeres, de cualquier giro en comercio, industria o servicios, que requieran desarrollar su modelo de negocio y recursos financieros para crecer.

Así, el programa en comento tiene como objetivo el otorgar acceso a financiamiento con tasas de interés preferenciales de 12 a 13 por ciento anual fijo, dependiendo el monto solicitado y con plazos hasta cinco años; otorgar préstamos desde 50 mil hasta 5 millones de pesos sin aval u obligado solidario ni garantía hipotecaria, en créditos hasta 500 mil pesos y de 500 mil hasta 2.5 millones de pesos, sin garantía hipotecaria.

En conclusión, es claro que, en los diversos niveles de gobierno, se han desarrollado nuevas herramientas y productos de conocimiento para promover el empoderamiento económico de las mujeres de manera más eficaz en proyectos futuros; sin embargo, aún hay mucho por hacer y es mi deber como representante popular buscar mecanismos que fortalezcan los programas ya existentes y que se incentiven nuevas y mejores estrategias al respecto.

En virtud de lo anteriormente fundado y motivado pongo a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Economía, a través del Instituto Nacional del Emprendedor, a que, de conformidad con su viabilidad financiera, continúe y fortalezca los programas que tengan como objetivo principal empoderar a las mujeres empresarias y así coadyuvar en la economía de las familias mexicanas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2018.

Diputado Luis Alonso Pineda Apodaca (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a difundir el estado del Fondo de Responsabilidad Ambiental, previsto en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, suscrita por los diputados Corina Trenti Lara, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa y Luis Agustín Rodríguez Torres, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, diputados Corina Trenti Lara, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa y Luis Agustín Rodríguez Torres, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I y artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a efecto de que informen a la opinión pública el estado que guarda el Fondo de Responsabilidad Ambiental, previsto en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, lo anterior al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Compañeros legisladores, el tema que traigo ante ustedes, para mí como sonorense, es de la mayor relevancia. Es un tema que tiene que ver con el bienestar de las personas, es un tema que tiene que ver con un medio ambiente limpio para las familias.

Todos ustedes conocen unas de las peores tragedias ambientales de nuestro país, la contaminación de los ríos Bacanuchi y Sonora por la empresa Buenavista del Cobre, del Grupo México.

El desastre ocurrido en agosto de 2014, hace ya tres años y 8 meses, se presentó cuando 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre mezclados con ácido sulfúrico y altas concentraciones de metales pesados muy dañinos para la salud y los ecosistemas, se vertieron en el arroyo Tinajas, y posteriormente en el afluente de los ríos mencionados, convirtiéndose así en el peor desastre de este tipo en México.

La Semarnat, a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), identificó a la empresa minera Buenavista del Cobre, perteneciente al Grupo México, la mayor compañía minera del país, como responsable del accidente.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), en su momento elaboró un dictamen técnico en el cual precisó que el derrame fue ocasionado por la falla en el amarre de un tubo de polietileno (tubificación) en una de las piletas de lixiviados y por la falta de una válvula en la pileta de demasías, imputable a la empresa, por lo que se aplicaron Protocolos de Atención a Emergencias Hidroecológica, como la restricción del agua en el río y en 322 pozos.

Esta descarga de lixiviados mineros con arsénico, níquel, fierro, cobre, cadmio, manganeso y aluminio, pusieron en riesgo a por lo menos 22 mil 878 habitantes de los municipios de Arizpe, Banamichi, Huepac, San Felipe de Jesús, Bacoachi, Aconchi, Baviácora y Ures, municipios ubicados a las márgenes de los ríos Bacanuchi y Sonora.

Con objeto de remediar, reparar y/o compensar los daños ambientales y a la salud humana causados por este derrame, se constituyó el Fideicomiso Río Sonora, con un monto base comprometido de 2 mil millones de pesos.

Cuando se creó el fideicomiso, Grupo México se comprometió a construir 36 plantas potabilizadoras (aunque después redujo la cantidad), remediar el río en su totalidad y construir un hospital, que se llamaría Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (Uveas).

Debo decirles que a casi 4 años de esa tragedia la empresa no ha cumplido todos esos compromisos. De hecho, ese fideicomiso ya fue extinguido con el argumento de que ya cumplió con su objetivo y misión.

Traigo a la memoria de ustedes estos datos, para que reflexionemos sobre la importancia que tienen los mecanismos legales que se aprueben en este Congreso, de la importancia que tiene que estos mecanismos se pongan en funcionamiento por las instancias competentes y que contribuyan a solucionar los problemas para los cuales fueron creados. Que no se conviertan en letra muerta.

En junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Dicha ley regula la responsabilidad ambiental que nace de los daños ocasionados al ambiente, así como la reparación y compensación de dichos daños cuando sea exigible a través de los procesos judiciales federales previstos por el artículo 17 constitucional, los mecanismos alternativos de solución de controversias, los procedimientos administrativos y aquellos que correspondan a la comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental.

En su artículo 45, la ley prevé la creación del Fondo de Responsabilidad Ambiental, que tendrá como objeto el pago de la reparación de los daños que sean ocasionados al ambiente, en los casos que por razones de urgencia o importancia determine la administración pública federal, además del pago de los estudios e investigaciones que el juez requiera realizar a la Semarnat o la Profepa, durante el proceso jurisdiccional de responsabilidad ambiental.

La ley establece que el fondo estará bajo la vigilancia, supervisión y coordinación de la Semarnat, y su patrimonio se integrará con los recursos provenientes de las sanciones económicas impuestas y otros recursos que obtenga por cualquier otro concepto.

El patrimonio del fondo se destinará exclusivamente a la reparación de los daños al ambiente a los que hace referencia la ley, así como aquellos identificados en sitios prioritarios de conformidad con las bases y reglas de operación que expida la Semarnat.

Como podemos observar, el Poder Legislativo ha cumplido con poner las herramientas al Poder Ejecutivo para entrar en acción ante casos de daños al medio ambiente.

Sin embargo, a más de 4 años de publicada la ley, la Semarnat no ha emitido las bases y reglas de operación del fondo.

También se desconoce el monto acumulado por las sanciones económicas impuestas. Asimismo, se ignora si esos recursos han sido usados con algún fin.

Compañeras diputadas y diputados, el punto de acuerdo que se propone a esta soberanía es con el fin de hacer un llamado a la Semarnat, para que informe sobre la emisión de la normatividad del fondo, así como los recursos que se encuentren dentro del mismo.

Cabe señalar que la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental es explicita al señalar que la información relativa a la operación del fondo será pública en términos de lo establecido por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Sin embargo, si una busca en la página oficial de la secretaría o en el sistema portales de obligaciones de transparencia no se encuentra ninguna información sobre dicho fondo.

Diputadas y diputados, todos tenemos el derecho a un medio ambiente sano para alcanzar nuestro desarrollo y bienestar, así está consagrado en el artículo 4o. constitucional.

Por ello, esta soberanía debe ser insistente en que un mecanismo como el Fondo de Responsabilidad Ambiental entre en operación y que sus recursos se utilicen para reparar los daños que personas y/o empresas ocasionan al medio ambiente.

Como les dije, yo vengo de Sonora, particularmente de Agua Prieta, municipio fronterizo que hoy presenta, como en otras partes del país, un severo problema de contaminación en el río Agua Prieta, ocasionada por la operación de una empresa maquiladora, que sin el menor respeto por el medio ambiente y por los derechos humanos de quienes habitan y trabajan en esa región, contamina este importante recurso hídrico.

Todos los días se vierten a este cuerpo de agua una enorme cantidad de sustancias, la mayoría metales pesados como cobre, hierro, manganeso y zinc.

Este río, que es un caudal transfronterizo, era la principal fuente de abastecimiento de agua para las actividades agrícolas y ganaderas que se desarrollaban a lo largo de su margen. Como es lógico, los ejidatarios han sido los principales afectados por la contaminación del agua.

Se tiene conocimiento de que la Procuraduría Ambiental de Sonora había iniciado un procedimiento administrativo contra la empresa Alstyle Internacional de México, SA de CV, con el expediente número PROAES-DGIV-125/2016, a partir de la denuncia interpuesta por el Comisariado Ejidal de Agua Prieta.

También nos enteramos que en 2017 la Semarnat impuso una multa a dicha empresa, iniciando además un procedimiento de evaluación del impacto ambiental en la zona.

Sin embargo, el problema de la descarga de aguas residuales de la planta Alstyle continúa, presentando un alto contenido de colorantes, sólidos totales y alta conductividad eléctrica, deteriorando el hábitat para las especies naturales e inducidas que prevalecen en la región, siendo además un componente importante de contaminación para los mantos freáticos, fuente única de abastecimiento para consumo humano en Agua Prieta.

Compañeros legisladores, es preciso que los ordenamientos que se emitan se apliquen, que en los ejemplos que he mencionado el que esté contaminando pague por los daños y remedie los efectos al medio ambiente.

Por eso es importante que dicho fondo opere y sus recursos se apliquen en regiones como Agua Prieta, para devolverle a sus habitantes el medio ambiente limpio y sano que por derecho merecen.

En virtud de lo anterior, me permito poner a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a efecto de que informen a la opinión pública sobre:

1. El estado que guarda la implementación del Fondo de Responsabilidad Ambiental, incluyendo sus bases y reglas de operación; y

2. El monto de las sanciones impuestas por violación a las normas en materia ambiental, de junio de 2013 a la fecha, recibidos en el Fondo de Responsabilidad Ambiental; así como el destino dado a los recursos económicos acumulados en el fondo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2018.

Diputados: Corina Trenti Lara (rúbrica), Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Luis Agustín Rodríguez Torres.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, la Semarnat y la Ssa a dar la atención correspondiente a las afectaciones por la minería en Hidalgo, a cargo de la diputada Hilda Miranda Miranda, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Hilda Miranda Miranda, del Grupo Parlamentario del PRD, integrante de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo previsto en el artículo 6, fracción I; artículo 79, numeral 1 fracción II y numeral 2 fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hidalgo no sólo sufre los estragos de 500 años de minería, ya que desde hace cinco décadas alberga una refinería de petróleo, cementeras, una planta termoeléctrica, un basurero nuclear, siendo, además, destino de las aguas residuales de la Ciudad de México. En el tema de explotación minera, hay una cadena de impunidad que está afectando al medio ambiente, al equilibrio ecológico y a la salud de las personas.

Una de las empresas mineras que destaca por los graves impactos ambientales es la minera Autlán que se localiza en el municipio de Molango, produce 80 por ciento del manganeso del país, provoca además de contaminación, daños a bosques de la región, ante la mirada indiferente de los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

La contaminación es generada por líquidos con manganeso que son vertidos al río Nonoalco, y para revertir los daños, se requerirán al menos 100 años y una inversión millonaria.

Para la extracción y tratamiento del manganeso se hace uso de maquinaria pesada y se provocan explosiones que de manera paulatina han modificado el entorno ecológico del lugar afectando flora y fauna, además de provocar pérdida y daño a los árboles.

Hay estudios que señalan que por lo menos se han devastado unas 200 hectáreas de bosques. “La pérdida no sólo es de árboles, también implica ya la contaminación de los ríos y lagos, donde han desaparecido los peces”.

Para obtener las mediciones de los daños se requiere desplazar al lugar una unidad de monitoreo, y por razones desconocidas, esto no ha sido efectuado por las autoridades.

Otra zona con mucha extracción de minerales es Zimapán. Dentro de los 84 municipios que integran Hidalgo, ese posee la mayor extensión territorial, anclado en la Sierra Gorda, cuenta con 4.19 por ciento de la superficie del estado.

Del total de la población, alrededor del 85 por ciento tiene acceso al agua potable; asimismo, situarse entre la Sierra Madre Oriental y el Eje Volcánico, lo hacen rico en metales, por lo que la minería es una de las principales actividades de los habitantes de ese lugar.

Desde hace 18 años cuando la problemática minera fue abordada, poco han hecho las autoridades, pues incluso el agua de una de las principales fuentes de abastecimiento, conocida como El Infiernillo, es desviada a Querétaro.

Durante estos años diversas instancias han analizado e investigado la problemática del agua contaminada con arsénico en Zimapán.

El Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México demostró que la presencia del arsénico en el agua no sólo era causa de la arsenopirita, sino también de los drenajes ácidos en los jales mineros del municipio, los cuales se forman en temporada de lluvia o cuando las presas se rompen y empieza a correr el agua afuera, lo que ocurre constantemente en algunos lugares, como la comunidad de San Antonio, donde incluso la ruptura de la presa de jales inundó una primaria.

Una de las empresas mineras que se ha detectado es Carrizal Mining, SA de CV, la cual vierte jales o desechos en el arroyo del fondo de la barranca de San Francisco, que surte de agua a localidades indígenas otomíes de la Sierra Gorda hidalguense.

Razón por la que solicito a esta XLIII legislatura impulsar todo tipo de medidas legislativas que permitan la prevención y mitigación de los daños ambientales para salvaguardar la seguridad de los habitantes de Hidalgo en el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Con pleno respeto al ámbito de sus respectivas facultades la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que realice visitas de inspección constantes en todas las concesiones mineras en el estado de Hidalgo y realice estudios de elementos tóxicos en el ambiente que están afectando la salud y el equilibrio ecológico del estado de Hidalgo.

Segundo. Exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales haga público el seguimiento a las afectaciones por derrames de químicos en los cuerpos de agua del estado de Hidalgo, que aplique las sanciones correspondientes por los graves impactos ocasionados por las empresas mineras y por consiguiente proceda a la remediación y reparación de los daños ambientales un monitoreo constante en todas las empresas mineras

Tercero. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua proceda al saneamiento de los cuerpos de agua, aplique las sanciones correspondientes, y la responsabilidades penales que resulten, por los impactos ambientales de las empresas mineras en el estado de Hidalgo.

Cuarto. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud proceda a un plan de contingencia por las afectaciones en forma inmediata y con planes a mediano y largo plazo en las zonas afectadas por las empresas mineras

Quinto. La Cámara de Diputados acuerda para que la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión de Recursos Hidráulicos y la Comisión de Agua Potable y Saneamiento dictaminen iniciativas en sentido de fortalecer las leyes ambientales, y las que sean necesarias con la finalidad de que el estado pueda cumplir con su función preventiva, reguladora, sancionadora y responsable de asegurar el bienestar y derechos humanos de las mexicanas y los mexicanos antes que concluya esta legislatura.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2018.

Diputada Hilda Miranda Miranda (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la suspensión de los procesos de licitación de nuevos campos, incluidos los de yacimientos no convencionales, y la asociación de Pemex con otras empresas, farm-outs, para explotar los campos petroleros que fueron asignados, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputado Juan Romero Tenorio, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción I, del artículo 6 y numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III, del artículo 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter ante esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución , con base en las siguientes

Consideraciones

En los meses recientes ha sido notable la decisión del gobierno de Enrique Peña Nieto de acelerar todo aquello que, desde su punto de vista, pudiera hacer más complicado corregir los daños que han provocado sus “reformas” o las inversiones faraónicas que impulsó durante su administración.

Por ejemplo, en el caso del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM), el gobierno del presidente Peña y los accionistas del proyecto buscan “blindar” esa obra de alto costo, que confirma la intención de promover negocios de corto plazo, aunque eso implique seguir concentrando el desarrollo nacional en el Valle de México, cuyos espacios y recursos para otorgarle sustentabilidad a la región en la que viven más de 20 millones de mexicanos, están cerca de agotarse. Es un proyecto que no ofrece beneficios sociales reales y que representa un alto riesgo. Por ello eluden referirse al impacto que tendrá esa obra, en una región en el que el futuro de escasez de agua ya nos alcanzó y donde el NAICM sería sumamente contraproducente en lo relativo al manejo sustentable del agua en el Valle de México en el mediano y largo plazo, poniendo en riesgo el bienestar de millones de mexicanos.

Así, del mismo modo, en el caso de la reforma energética, parece que lo más importante para ellos no es demostrar sus posibles beneficios para el país, sino impedir que una revisión de sus impactos negativos o de los términos de los contratos, pudiera llevar a tomar medidas correctivas para recuperar el patrimonio que es estratégico para el desarrollo nacional.

Todos recordamos cómo, en la 62 Legislatura, el Ejecutivo federal promovió que se aprobara a toda prisa una reforma energética sin contar con el aval de una consulta ciudadana, condición indispensable para alcanzar la legitimidad en un verdadero estado de derecho, sobre todo tomando en cuenta que la reforma energética implicó un cambio radical en el pacto social que aseguraba la existencia de México como nación soberana.

Esa reforma, ajena al interés nacional, generó un amplio rechazo en la población mexicana, por el impacto negativo que puede llegar a tener en la existencia soberana de México y sobre todo por la distribución regresiva de costos y beneficios en los diferentes sectores, como sucedió, por ejemplo, con los precios de las gasolinas.

Nada justificaba que la incapacidad de los funcionarios de administrar honestamente el patrimonio de la nación, representada en las empresas del sector público, fuera motivo para que ellos, quienes eran los responsables de enderezarlas para beneficio de todos, concluyeran que la única solución a su incompetencia era venderlas para beneficio de unos cuantos. Eso no requería mucha preparación ni compromiso con el país; todo lo contrario.

Obviamente, las consecuencias de sus acciones fueron ocultadas por el compromiso optimista de alcanzar resultados muy favorables en el corto plazo. Por ejemplo, en el documento Estrategia Nacional de Energía 2014-2028 , publicado por la Secretaría de Energía, afirmaron “Con la Reforma será posible modificar estas tendencias. Se espera que la producción de petróleo se estimule para alcanzar 3 millones de barriles diarios (mmbd) en 2018 y 3.5 mmbd en 2025. Asimismo, se espera que se establezcan las condiciones para que la producción de gas natural llegue a 8 mil millones de pies cúbicos diarios (mmmpcd) en 2018, así como a 10.4 mmmpcd en 2025. Estos aumentos se apoyarán en tasas de restitución de reservas probadas de petróleo y gas superiores al 100 por ciento; es decir, el incremento en la producción estaría acompañado del descubrimiento de igual o mayor volumen de reservas”.1

Desafortunadamente, el proceso sistemático que se ha llevado a cabo en los últimos sexenios, para erosionar y corromper la capacidad productiva de la empresa pública Pemex, así como los términos en los que se llevó a cabo la reforma energética, han puesto en riesgo la disponibilidad y la atención oportuna de las necesidades nacionales de energía, aumentando la dependencia del exterior. De hecho, la reforma se ha reflejado, por ejemplo, en la caída de la producción de crudo, gas y productos industrializados.

De acuerdo con el Sistema de Información Energética (SIE), de la Secretaría de Energía, la producción de crudo pasó de más de 3.4 millones de barriles diarios (Mbd) en 2004, a 2.56 Mbd en diciembre de 2012 y de ahí cayó a 1.89 Mbd en febrero de este año. A su vez, la producción de gas natural que llegó a 7.35 mil millones de pies cúbicos diarios en diciembre de 2008, en diciembre de 2012 se situó en 6.52 mil millones de pies cúbicos diarios y en febrero de 2018 ya fue de 4.85 mil millones de pies cúbicos. La producción nacional de petrolíferos pasó de 1.35 millones de barriles diarios en diciembre de 2012, a 524.7 mil barriles diarios en febrero de este año. En el sexenio de Peña Nieto la producción de crudo ha caído 26 por ciento, la de gas 25.6 por ciento y la de petrolíferos 61 por ciento.

Como consecuencia de lo anterior, se observa un creciente saldo negativo de la balanza petrolera. De acuerdo con cifras del Banco de México, pasó de ser una actividad que aportaba divisas al país, a ser una actividad deficitaria a partir de 2015, al grado de que, en 2017 el saldo de la balanza petrolera -crudo, gas, derivados y productos petroquímicos-, fue negativo en $18,400 millones de dólares. Eso, sin considerar el déficit de manufacturas plásticas y textiles, entre otras. Eso significa un cambio radical negativo, un gran deterioro en el intercambio con el exterior, resultado de la decisión de no invertir en Pemex, de no aprovechar los yacimientos descubiertos y de erosionar la capacidad productiva de la empresa.

Paralelamente, la reforma energética ha generado el riesgo de que se reduzca la aportación fiscal de las exportaciones petroleras, porque además de que a los nuevos inversionistas se les impuso una carga tributaria muy inferior a la impuesta a Pemex, los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de Energía han reconocido que sus áreas responsables –Servicio de Administración Tributaria (SAT), Comisión Reguladora de Energía (CRE) y Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)- son incapaces de fiscalizar las inversiones, las actividades y los resultados alcanzados por las nuevas empresas. Difícilmente podrán cumplir obligación de hacer una fiscalización correcta de los ingresos gravables de esas empresas.

Por otra parte, también es previsible una disminución de los recursos fiscales proporcionados por las ventas internas de petrolíferos y petroquímicos, porque ahora captarán los recursos derivados de las ventas de productos importados y además deberán dividir el ingreso neto entre utilidades de los privados y los impuestos. En el caso de CFE, la decisión de depender de filiales de empresas extranjeras las obliga a operar en déficit, para no afectar las ganancias de los generadores privados.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda, los ingresos petroleros del gobierno federal, sin incluir a los ingresos propios de Pemex, pasaron de representar 31.7 por ciento de los ingresos presupuestarios en 2008, a 22.7 por ciento en 2013 y llegó a 6.37 por ciento en 2016. En 2017, con la recuperación de los precios e ingresos petroleros, su participación mejoró a 8.8 por ciento. Los funcionarios gubernamentales se vanaglorian de que esa baja en los ingresos petroleros se compensó con el aumento en la recaudación, gracias a la reforma fiscal de 2013. Lo cierto es que una mejor recaudación tributaria, no era excluyente de una administración pública responsable y eficiente de los recursos energéticos del país.

Se decía que la reforma energética era necesaria, porque así se terminaría con la corrupción sindical. Lo que realmente han hecho es terminar con los trabajadores especializados, porque la corrupción sindical la siguen promoviendo, ya que los “charros” son los cómplices que requieren los promotores de la reforma para destruir a Pemex. Más bien, se puede decir que ahora la corrupción sindical es llevada al extremo.

Los promotores de la reforma también trataron de aprovechar los cambios en las condiciones del mercado, para justificar su propuesta. En una primera etapa, coincidió con una baja en los precios internacionales del petróleo, que pasaron de $91.65 dólares el barril la mezcla del petróleo mexicano en diciembre de 2013, a $23.91 dólares el barril en enero de 2016, en buena medida por la explotación contaminante mediante fracking en Estados Unidos. Entonces sobraban quienes argumentaban que esta materia prima, como energético, había perdido importancia y añadían que la baja de los precios internos era consecuencia de la “reforma”.

La baja de precios restó rentabilidad al fracking y bajó la producción, de modo que desde enero de 2016 comenzó una etapa de recuperación de los precios del crudo, por el acuerdo de los países de la OPEP y los productores independientes. Ese aumento de propició una lenta recuperación de la producción estadounidense, que debilitó pero no impidió la recuperación de precios. De hecho, a pesar de que la producción de Estados Unidos sigue al alza, los precios continúan fuertes, debido también a la debilidad del dólar y la inestabilidad en Medio Oriente, de modo que el precio promedio de la mezcla mexicana en febrero ya fue de $56.21 dólares por barril y el 13 de abril ya fue de $59.4 dólares el barril.

Para los promotores de la “reforma”, este es un escenario muy diferente al que suponían. A eso se agrega el efecto que tiene, sobre la paridad y el costo de las importaciones, incluso de gasolinas, la vulnerabilidad en que se encuentra la economía mexicana. Si bien se ha registrado un fortalecimiento del peso, provocada fundamentalmente por la debilidad del dólar, lo que ayuda a frenar las presiones inflacionarias internas, faltaría saber si eso compensará el alza en los precios internacionales de los energéticos, que por la “reforma” no se pueden dejar de importar, además de que el peso fuerte termina por afectar las exportaciones no petroleras.

Como resultado de la volatilidad del contexto, los funcionarios no pueden ofrecer que la “reforma” permitirá bajar los precios y tampoco pueden argumentar que los hidrocarburos no tienen una importancia económica. Ahora que los precios del petróleo en dólares siguen una tendencia al alza en el mercado internacional, deben asumir que su reforma tenía el propósito de renunciar a administrar un bien estratégico en beneficio de los mexicanos.

Por cierto, ante el riesgo de aumento a los precios, los funcionarios de la CNH ya tienen la “solución”, ya se preparan para entregar campos para promover la explotación privada de petróleo y gas vía fracking, de modo que pondrán en riesgo los recursos hidráulicos del país. Quienes decían que los hidrocarburos no eran importantes, ahora están dispuestos a comprometer un recurso vital, fundamental y escaso en México, como el agua, para asegurar la rentabilidad de los inversionistas privados. Totalmente incongruentes.

Finalmente, los funcionarios gubernamentales dirán que la reforma fue necesaria, porque ahora el sector público no tendrá que invertir en Pemex y CFE, porque lo harán los “privados”. En realidad, el esquema de las reformas busca que las empresas privadas inviertan en su beneficio, financiándose con los fondos de ahorro de los trabajadores, es decir se “ayudarán” con recursos que no son privados. Pero, además, estas empresas privadas lo harán de manera ventajosa, porque cuentan con la asesoría o la participación de exfuncionarios, que saben la riqueza que pueden obtener de los recursos comprendidos en las licitaciones.

Lo cierto es que en los últimos sexenios, los responsables gubernamentales de las finanzas públicas y energía invirtieron muy poco en Pemex y CFE. Al mismo tiempo, dejaron que se deterioraran y permitieron que empresas que no tenían su experiencia las desplazaran del mercado. Y hay que aclarar que eso no se tradujo en la superación de rezagos en educación, en salud o vivienda, a tal grado que, por mencionar un ejemplo, la renuncia a invertir en energía no significó más inversión en educación o en salud, por lo que privilegiaron los esquemas de Asociación Pública Privada, que finalmente implican un endeudamiento, y lo más curioso es que la liberación de recursos no permitió ni siquiera atender la emergencia del terremoto de septiembres de 2017. A los rezagos, se agregan los efectos de los terremotos y el desdén por la reconstrucción.

Lo cierto es que ahora, lo que los mexicanos hemos visto después de la “reforma”, es que los funcionarios peñistas consideran “legítima” su decisión de licitar a toda prisa, sin suficiente rigor en los criterios y en desventaja para el país y para los mexicanos, los campos petroleros y malvender la infraestructura que se pagó con recursos de todos los mexicanos.

No se puede dejar de mencionar que para hacer rentables las inversiones privadas, la reforma energética no sólo pasó por encima de los intereses de las empresas públicas y del país, sino que se diseñó en términos tales que además se permite que los intereses de inversionistas privados se sobrepongan a los intereses de los propietarios de tierras y comunidades, entregándoles incluso recursos vitales como el agua.

A partir de esta relatoría de hechos, se comprende la alarma que se registra en amplios sectores de la población, comunidades, universitarios, pequeños productores agropecuarios, pequeños industriales, cooperativas, profesionistas y ONG del sector social, acerca de las perspectivas que enfrentará el país sin la posibilidad de explotar sus propios recursos y sin la operación de sus emblemáticas empresas del sector energético.

Esa preocupación es más fuerte en estos meses cuando, previo al inicio del proceso electoral, el pasado 8 de febrero de este 2018, en conferencia de prensa, el Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, anunció que “en los 10 meses por venir, la Secretaría de Energía avanzará en la consolidación de la Reforma Energética, junto con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, concluirá las dos licitaciones petroleras en curso, la 3.1 y la 3.2. Se apoyará a Pemex con el lanzamiento de más farm-outs y se trabajará en el diseño de una licitación piloto para yacimientos no convencionales.”2

Por lo expuesto y de conformidad con las disposiciones invocadas en el proemio, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal a suspender los procesos de licitación de nuevos campos, incluyendo los de yacimientos no convencionales, y la asociación de Pemex con otras empresas (farm-outs) para explotar los campos petroleros que le fueron asignados, hasta que la sociedad exprese su decisión de continuar por ese camino o se inclina por otra opción, como parte de un proceso indispensable de legitimidad, como corresponde al estado de derecho que queremos construir los mexicanos en un ambiente de verdadera democracia.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Hidrocarburos informe a los mexicanos los criterios económicos aplicados en la distribución de los campos involucrados en la Ronda Cero, los yacimientos solicitados por Pemex, los yacimientos asignados a esta empresa, los términos en los que se licitaron y asignó el resto a empresas privadas, así como la variaciones en las reservas probadas y certificadas de esos yacimientos, antes y después de las rondas en las que participaron.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Energía y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, expliquen cómo llevan a cabo y qué resultados han encontrado de la vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones acordadas con los nuevos inversionistas del sector.

Notas

1 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/214/ENE.pdf. Página 10.

2 https://www.gob.mx/sener/es/prensa/con-los-proyectos-a-realizar-en-este -ano-las-inversiones-totales-comprometidas-con-la-reforma-energetica-va n-a-rebasar-los-200-mil-millones-de-dolares-pjc?idiom=es. 8 de febrero de 2018

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2018.

Diputado Juan Romero Tenorio (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, a hacer del conocimiento público según el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 los avances y, en su caso, los resultados de los procedimientos administrativos referidos en la auditoría 1605, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Cuenta Pública de 2016 de la ASF, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, diputado federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XX, 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Hoy día, conceptos como la transparencia y la rendición de cuentas serán los que acompañen a los servidores públicos en todos los actos que lleven a cabo.

No obstante, pareciera que esos dos conceptos estuvieran ajenos para algunos ciudadanos que tienen como responsabilidad el servicio público.

Lo anterior, lo expreso porque pareciera que emprender acciones hacia lo positivo, lo auténtico y lo exitoso, son ajenas para ciertos funcionarios públicos, quienes han perdido el deseo del crecimiento en el ámbito individual y, en consecuencia, se limita por igual, la motivación de dicho crecimiento a los que les rodean.

Esto sucede en algunas comunidades de Tamaulipas y en lo particular, deseo referirme a lo que se vive en el ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, donde el accionar del Presidente Municipal demuestra lejanía a valores y principios de transparencia y rendición de cuentas.

A continuación, expresaré con dato duro, los motivos que soportan lo que anteriormente he expresado.

El municipio de Matamoros, Tamaulipas emitió un Plan Municipal de Desarrollo 2016-20181 en el que incluyó como misión la de “gobernar con austeridad, hacerlo con un estricto rigor técnico y con absoluta transparencia”

Asimismo se comprometió este municipio a “Avanzar sustantivamente en transparencia y rendición de cuentas como sustento de la confianza ciudadana, así como en la observación de principios de un gobierno municipal abierto con los más altos criterios éticos, de honestidad y eficacia”.1

No obstante, las buenas intenciones plasmadas en el citado documento y ante las múltiples quejas ciudadanas que he recopilado de los ciudadanos libres que lo habitan, opte por la consulta del Informe del Resultado de la Fiscalización de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, Segunda etapa2 que emitió la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a fin de corroborar si es que las acciones de gobierno que emprende dicho ayuntamiento matamorense se ajustan a la transparencia y rendición de cuentas que se comprometieron alcanzar.

En dicho informe de fiscalización se identificó la auditoría no. 1605, de tipo financiera con enfoque de desempeño denominada “Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”3 realizada al municipio de Matamoros, Tamaulipas.

Al revisar los resultados de la revisión en comento, se identificaron 3 observaciones que denotan el insuficiente control interno implementado en el Ayuntamiento y la falta de apego a la normativa aplicable para el ejercicio de los recursos públicos del fondo auditado, los cuales ascendieron a 269,824.1 miles de pesos.

Dichas observaciones las relaciono a continuación:

Resultado número 4

Se comprobó que el municipio no dispone de la documentación original que ampare la aplicación y destino de los recursos del Fortamundf 2016 por 205,038.9 miles de pesos, en los fines del fondo, por el periodo del 2 de febrero al 30 de septiembre de 2016.

Resultado número 5

Al municipio de Matamoros, Tamaulipas, le fueron transferidos 269,824.1 miles de pesos del Fortamundf 2016, de los cuales, al 31 de diciembre de 2016 se devengaron 245,899.4 miles de pesos, monto que representó el 91.1 por ciento de los recursos transferidos, por lo que a dicha fecha existieron recursos no devengados por 23,924.7 miles de pesos, que representan el 8.9 por ciento, así como 31.2 miles de pesos de rendimientos financieros generados para un total de 23,955.9 miles de pesos.

Resultado número 6

Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por el municipio, se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos, destino de los recursos y transparencia del ejercicio, que consisten en lo siguiente:

a) El municipio abrió una cuenta bancaria productiva para la recepción, administración y manejo de los recursos del Fortamundf 2016 y sus rendimientos financieros; sin embargo, no fue específica ya que se recibieron recursos del fondo de otros ejercicios fiscales por 11,490.0 miles de pesos, los cuales no fueron devueltos a sus cuentas de origen.

b) Se constató que el municipio dio prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras y otros requerimientos y 13.9 por ciento de los recursos del fondo se destinaron a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes, no obstante que la normativa prevé que se deberá destinar al menos el 20.0 por ciento de los recursos ministrados del Fortamundf 2016.

c) Con la revisión del Formato Único y de las páginas de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y del municipio, se verificó que el municipio reportó de manera oportuna a la SHCP los informes del segundo y tercer trimestres sobre el ejercicio, destino, los subejercicios y reintegros que, en su caso, se generen, resultados obtenidos y evaluación de los recursos del Fortamundf 2016 con la aplicación de los recursos del fondo que le fueron transferidos, y de manera pormenorizada el avance físico a través del formato Nivel Financiero y los cuatro informes trimestrales del formato Avance de Indicadores; sin embargo, no acreditó documentalmente haber informado el primero y cuarto trimestres del formato Nivel Financiero, por lo que no fue posible conciliar los montos reflejados en los registros contables y presupuestales.

d) El gobierno del estado de Tamaulipas dispone de un Programa Anual de Evaluación (PAE) y fue publicado en su página de Internet, así como en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas y se consideró el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para su evaluación; sin embargo, el municipio no presentó evidencia sobre los resultados de las evaluaciones ni de que éstas se realizaron.

e) El municipio no mostró evidencia de haber hecho del conocimiento de sus habitantes el monto de los recursos recibidos del fondo, ni tampoco al término del ejercicio los resultados alcanzados.

La Contraloría Municipal de Matamoros, Tamaulipas, para los cinco incisos, inició los procedimientos para determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos y, para tales efectos, integró los expedientes números 141/2017, 142/2017, 143/2017, 165/2017 y 166/2017, por lo que se da como promovida esta acción.

En el apartado de Dictamen la ASF concluye de esta manera:

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias a la normativa, principalmente en materia de registros contables y documentación soporte y destino de los recursos, así como de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 205,038.9 miles de pesos, los cuales representan el 78.7 por ciento de la muestra auditada, que corresponden a la falta de documentación original que compruebe el ejercicio y destino de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal correspondientes al periodo del 2 de febrero al 30 de septiembre de 2016; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, ya que el municipio no acreditó documentalmente haber informado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el primero y cuarto trimestres del Formato Nivel Financiero; además, no se presentó evidencia de los resultados de las evaluaciones ni de que éstas se realizaron, lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora.

En conclusión, el municipio de Matamoros, Tamaulipas, no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del fondo , apegada a la normativa que regula su ejercicio.

De la lectura al párrafo anterior, es preocupante el hecho que se hayan observado probables daños a la Hacienda Pública Federal por 205,038.9 miles de pesos, el 76.0 por ciento de los recursos asignados de este fondo al municipio de Matamoros y se presentara un subejercicio de 23,955.9 miles de pesos.

Es importante precisar que respecto de los procedimientos administrativos que la Contraloría Municipal de Matamoros, Tamaulipas tiene a su cargo, debemos destacar que se limita la participación ciudadana a conocer los términos de dichos procedimientos administrativos determinados, su inicio de su investigación, avances y en su caso conclusiones por parte de dicha Contraloría Municipal.

Es relevante destacar que en el informe de fiscalización no se precisa a la ciudadanía que la ASF no dará seguimiento a dichos procedimientos administrativos ya que para el ente fiscalizador son asuntos promovidos, hecho que fomenta la recurrencia al ser el mismo municipio quien incurre en las omisiones, quién sanciona o absuelve de culpas.

En otras palabras, es significativo dejar en claro que al concluir un seguimiento a lo observado como lo hace la ASF, abre la puerta para que lo observado sea recurrente, no se implementen acciones de mejora y que año con año se observe y atienda en los mismos términos, en detrimento de la ciudadana de Matamoros.

Finalmente, es preocupante que el ayuntamiento de Matamoros no cuente con la documentación soporte del 76 por ciento del presupuesto de dicho fondo, dejando entre ver una gestión muy gris y opaca y situación de alerta ante la inoperancia de los integrantes de su Cabildo en temas de rendición de cuentas.

Por lo expresado, considero, compañeras y compañeros, conveniente exhortar al Municipio de Matamoros, Tamaulipas, para que de conformidad con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018, haga del conocimiento público los avances y en su caso, los resultados de los procedimientos administrativos a los que hace mención la auditoría 1605 de la ASF relativos al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Cuenta Pública 2016 y de máxima publicidad a las acciones de haya emprendido con enfoque preventivo que permitan fortalecer los controles internos en las áreas y/o dependencias del ayuntamiento que tengan injerencia en la administración, ejecución y rendición de cuentas del Fondo en comento. Asimismo, aclare con oportunidad la falta de soporte documental de los 205,038.9 miles de pesos, y del subejercicio de 23,955.9 miles de pesos.

Asimismo, pienso que es oportuno exhortar respetuosamente a la H. Cámara de Diputados del Estado de Tamaulipas, para que de conformidad con sus atribuciones, considere la necesidad de solicitar a la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas la realización de una auditoría forense al gasto reportado con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Cuenta Pública 2016.

Lo anterior, no son ocurrencias.

Estos exhortos sólo pretenden que los ciudadanos matamorenses interesados en el uso y manejo del recurso público conozcan con claridad: si Matamoros cumplió con las premisas que el mismo Ayuntamiento planteó en su Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 referentes a Gobierno Abierto y Transparencia, en su defecto se hagan públicas las sanciones que den lugar y se de máxima publicidad a las mejoras en la gestión que se comprometerán a emprender para evitar la recurrencia.

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de ésta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al municipio de Matamoros, Tamaulipas, para que de conformidad con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018, haga del conocimiento público los avances y en su caso, los resultados de los procedimientos administrativos a los que hace mención la auditoría 1605 de la Auditoría Superior de la Federación relativos al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal Cuenta Pública 2016 y de máxima publicidad a las acciones de haya emprendido con enfoque preventivo que permitan fortalecer los controles internos en las áreas y/o dependencias del ayuntamiento que tengan injerencia en la administración, ejecución y rendición de cuentas del Fondo en comento, y por igual, aclare con oportunidad los 205,038.9 miles de pesos que se identificaron ejercidos pero sin soporte documental, y del subejercicio de 23,955.9 miles de pesos al cierre del 2016.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados del estado de Tamaulipas, para que de conformidad con sus atribuciones, considere la necesidad de solicitar a la Auditoría Superior del estado de Tamaulipas la realización de una auditoría forense al gasto reportado con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal de la Cuenta Pública 2016.

Notas

1 Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 de Matamoros, Tamaulipas, disponible en http://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2017/02/cxlii-12-260117- ANEXO_MATAMOROS.pdf, consultado el 16 de abril de 2018.

2 Informe del Resultado de la Fiscalización de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, segunda etapa, disponible en http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2016b/index.html#0, consultado el 16 de abril de 2018.

3 Auditoría no. 1605, de tipo financiera con enfoque de desempeño denominada “Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, Municipio de Matamoros, Tamaulipas, disponible en

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2016b/Documentos/ Auditorias/2016_1605_a.pdf, consultada el 16 de abril de 2018.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2018.

Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al gobierno de Tamaulipas a realizar acciones a fin de que el centro de salud con servicios ampliados de Miguel Alemán ofrezca los servicios médicos de segundo nivel que prestaba, y se cubra el número de especialistas y fármacos necesarios para la debida atención de los derechohabientes, a cargo de la diputada Claudia Janeth Ochoa Íñiguez, del Grupo Parlamentario del PRI

Claudia Janeth Ochoa Íñiguez, en mi carácter de diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Sexagésima Tercera Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Diversos instrumentos internacionales suscritos por México dan cuenta de la salud como un tema de gran prioridad para los Estados a nivel mundial, de acuerdo a lo establecido en el preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, ésta es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

De igual forma, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25 establece que toda persona tiene derecho entre otras cosas a un nivel de vida adecuado que le asegure a él y a su familia salud, bienestar, asistencia médica y los servicios sociales necesarios.

II. En el Estado mexicano contamos con dos instituciones fundamentales en cuanto a la seguridad social se refiere, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), sin embargo, es importante resaltar que debido a la necesidad y al contexto nacional, desde la década de los 70´s, se comenzó a desconcentrar y descentralizar la administración pública federal, hecho que derivo en que durante la década de los años 80´s los servicios de salud de primer y segundo nivel fueran asumidos en gran medida por las entidades federativas, mismas que a su vez comenzaron a recibir recursos federales con el objeto de que operaran y prestaran los servicios del sistema de salud, situación que hoy en día permite que dichas entidades federativas cuenten con hospitales propios.

III. El sistema Nacional de Salud cuenta con tres niveles de atención, el primero, segundo y tercero, de acuerdo a lo siguiente: 1

• Primer Nivel: dentro de él se encuentran las Unidades de Medicina Familiar del IMSS, los Centros de Salud de la Secretaría de Salud y las Clínicas Familiares del ISSSTE mismas que prestan servicios de salud preventiva y son “la puerta de entrada” para poder acceder a los servicios de atención de segundo y tercer nivel.

• Segundo Nivel: En él se atiende a los pacientes remitidos por los servicios del primer nivel de atención que requieren de procedimientos diagnósticos, terapéuticos y de rehabilitación y en caso de ser necesario se recurre a la internación, al tratamiento quirúrgico o clínico específico a efecto de limitar el daño y recuperar la salud del paciente.

• Tercer Nivel: Es la red de hospitales de alta especialidad con avanzada tecnología. Aquí es donde se tratan de alto riesgo y las de mayor complejidad.

IV. En ese orden de ideas, en Miguel Alemán, Tamaulipas, contábamos con el “Hospital Integral Miguel Alemán” dependiente de la Secretaría de Salud de dicha entidad federativa, el cual prestaba servicios médicos de segundo nivel para los habitantes de dicho municipio así como de los de Guerrero, Mier, Camargo y Díaz Ordaz, pertenecientes a la misma jurisdicción sanitaria, pero desde el mes de enero del año en curso dejo de hacerlo convirtiéndose espontáneamente en el “Centro de Salud con Servicios Ampliados de Miguel Alemán”, situación que ha derivado en que se hayan dejado de prestar servicios de atención quirúrgica, hospitalización e incluso partos, lo anterior en perjuicio de miles de ciudadanos, estimados por el Inegi tan solo en Miguel Alemán en más de 27,000, de los cuales el 63.26 por ciento se encuentran afiliados al Seguro Popular y el 17.19 por ciento no cuentan con Seguridad Social.

V. Convencida de que la atención y cuidado de la salud son fundamentales para la conquista de una vida digna y una sociedad más justa, procurando así continuar avanzando en el cumplimiento de la visión, compromisos y obligaciones del Estado mexicano, por lo antes expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Tamaulipas para que en el ámbito de su respectiva competencia realice las acciones jurídicas, administrativas, contables y todas aquéllas que resulten necesarias para que el “Centro de Salud con Servicios Ampliados de Miguel Alemán” vuelva a su estado anterior y en él se vuelvan a prestar servicios médicos de segundo nivel, así como cubrir con el número de especialistas y medicamentos necesarios para la debida atención a los derechohabientes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2018.

Diputada Claudia Janeth Ochoa Íñiguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a denegar al emitir nuevamente su resolución la autorización ambiental sobre el proyecto de minería submarina “Dragado de arenas fosfáticas negras del yacimiento Don Diego”, en el golfo de Ulloa, BCS, a cargo de la diputada María Elena Castro Terrazas, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada María Elena Castro Terrazas , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Semarnat a que, al emitir nuevamente su resolución, niegue la autorización ambiental al proyecto de minería submarina denominado “Dragado de arenas fosfáticas negras del yacimiento Don Diego”, en el golfo de Ulloa, en el estado de Baja California Sur.

Consideraciones

Baja California Sur se caracteriza por ser uno de los estados con mayor biodiversidad del país. Entre su capital natural destaca la gran riqueza de sus litorales, en los cuales se encuentra una amplia variedad de especies marinas.

Dentro de la costa occidental de la entidad se encuentra el golfo de Ulloa, aproximadamente entre los 25 y los 27 grados de latitud Norte y entre los 112 y 114 grados de longitud Oeste, desde el sur de Punta Abreojos hasta Cabo San Lázaro.

Esta zona es una de las regiones pesqueras más importantes del país, debido a que en ella se mezclan el agua de la Corriente de California, rica en nutrientes, con masas de agua más cálidas, provenientes del sur, lo cual favorece el enriquecimiento del agua, las surgencias, donde un elemento fundamental es el fósforo, lo cual favorece una elevada productividad biológica.

Justamente ese fósforo, que se ha depositado en miles de años en el suelo marino es la causa que ahora la empresa Exploraciones Oceánicas S. de RL de CV, filial de la estadounidense Odyssey Marine Exploration; Altos Hornos de México y otros inversionistas nacionales, que se sabe son destacadas figuras del ámbito político, pretendan obtener la autorización de impacto ambiental para explotar ese fósforo en el golfo de Ulloa.

Dicho proyecto se basa en el método de extracción de la fosforita en el lecho marino, mediante dragado y el posterior procesamiento, a través de la separación mecánica (no química) del sustrato con fosfato (concentrado) del material de dragado, embarque por vía marítima y el vertido del material y sustancias sobrantes al lecho marino.

El dragado y bombeo de material a la barcaza será un proceso continuo de 24 horas, siete días a la semana durante 52 semanas al año. El número de empleados que calculó para operar la embarcación, será de solo 80 personas entre la barcaza y la draga, dividido en 2 turnos de 40 personas.

El objetivo de proyecto es la extracción de 7 millones de toneladas de arena fosfática por año, durante 50 años de vida del proyecto, para producir 350 millones de toneladas de arenas fosfáticas cribadas y secadas como producto final preparado para su transporte.

El yacimiento a explotarse se ubica a una distancia de entre 20 a 40 kilómetros de la línea de costa, a una profundidad de 70 a 90 metros, con un espesor de hasta seis metros debajo del lecho marino; sin embargo, de acuerdo con la batimetría del golfo de Ulloa, existe la posibilidad de que el área de extracción sea más cercana a la línea de costa, que la señalada de 40 kilómetros.

Se planea la extracción a través de una draga que excavará, es decir, realizará un barrido y aspirado en línea recta mientras navega a una velocidad muy reducida el suelo marino desde su superficie y hasta los siete o diez metros de profundidad.

Las arenas se suben al barco de dragado de donde serán transferidas a la barcaza que realizará la decantación de las arenas, reservando para trasporte a tierra las arenas de mayor tamaño y devolviendo al mar el resto. Este proceso, aparentemente inocuo, es altamente dañino para la biodiversidad marina de la zona.

Los impactos de este proyecto minero pueden resumirse de la siguiente manera:

Impactos al ecosistema

Debe destacarse que una característica de los animales marinos es que no dependen de la vista para sobrevivir, como nosotros, sino que debido a la turbidez propia del mar dependen del oído y del sonido para navegar y sobrevivir, en especial las ballenas. Es a través del sonido que pueden detectar a predadores y escapar o las crías identifican a sus madres para no extraviarse. Las ondas de sonido que producen estas especies son de muy baja frecuencia, que son casi inaudibles para nosotros.

El ruido producido por la draga que operaría se da en la misma banda de frecuencia que el sonido de las ballenas. Esto produce un efecto muy perturbador en las ballenas, y se han demostrado los daños desde sordera temporal y parcial, hasta sordera total, aumento del volumen de su voz intentando hacerse oír por encima del ruido del ambiente.

Cabe aclarar que el ruido, como éste de baja frecuencia viaja grandes distancias por el mar, mientras que no sucede lo mismo cuando sucede en aire. Esto agrava los impactos del ruido sobre el comportamiento de las ballenas. Hoy día se reconoce al ruido intra-oceánico como una forma grave de contaminación marina. La contaminación acústica

El proyecto se ubica justo en la mitad de dos sitios de reproducción y crianza de ballena gris, que son la Bahía de San Ignacio y el complejo lagunar de Bahía Magdalena. Año con año llegan a estos sitios para reproducirse, tener a sus crías y emprender el regreso al norte alrededor de los meses de abril y mayo.

Pero también es una zona de migración de ballenas jorobadas, que cruzan el golfo de Ulloa igualmente para entrar más al sur hasta Jalisco y Nayarit y regresan al finalizar el invierno.

Esas especies quedarían gravemente impactadas y, en el mejor de los casos para ellas, evitarían entrar a la zona de mayor generación de ruido. Sin embargo, los efectos más serios son impredecibles, debido a las grandes distancias que viaja el ruido de baja frecuencia.

Pero, además, la contaminación sería más seria debido al ruido producido por las propelas de las embarcaciones a utilizarse en el proyecto, que también genera ruidos de baja frecuencia y que se sabe que producen daños en el comportamiento de las especies.1

Todas las ballenas, y delfines, así como lobos marinos se encuentran en la categoría de “Bajo Protección Especial” en la NOM 050, de especies en riesgo; lo cual obliga a las autoridades a buscar su conservación y evitar este tipo de impactos sobre las poblaciones. Otro de los impactos previsibles es la destrucción física del bentos, y por tanto del lecho marino.

El arrojar constantemente los desechos hacia el mar aumentará la turbidez del agua y puede provocar la muerte por asfixia y por efectos tóxicos de las partículas suspendidas de fosfatos, que hay que decirlo no solo afectara la zona de dragado sino que, debido a la dispersión de la pluma de los vertimientos, el área contaminada puede llegar a ser cinco veces más grande que la operada. Esto significa una grave contaminación física, química y acústica de un área mucha más grande que la del dragado.

Otro aspecto muy importante es que, durante las acciones de dragado y aspirado, no solo se extraen partículas de fosfatos, sino que como es lógico se aspira todo el suelo y lecho marino. Justamente es el lecho marino el área de mayor riqueza genética del mar, ya que todos los detritus y partículas de seres vivos, tanto plantas como animales se depositan finalmente en los suelos marinos.

Es decir, los códigos genéticos de tejidos y partículas de ADN de nuestra biodiversidad se asientan ahí, en el lecho marino y podrá ser aspirada por las dragas, pero también se corre el riesgo de extracción dirigida de nuestros códigos genéticos para la ulterior utilización en biotecnología.

Y todo esto sin que se documente por las autoridades de nuestro país. Subrayamos la importancia de preservar nuestra riqueza y propiedad inalienable de la Nación sobre los recursos genéticos, que pueden llegar a ser recursos estratégicos para México, por lo que no debe permitirse la destrucción masiva del suelo marino.

Tampoco se puede aducir que el suelo marino es inerte, o que es un sitio estéril. Es todo lo contrario, y como un bien de la nación debe ser preservado y regulado como un bien común, en beneficio de los habitantes de Baja California Sur, en primera instancia, y de todo México consecuentemente.

Es muy importante mencionar que hasta el momento no existe un proyecto de este tipo en el mundo, y mucho menos en un sitio de tal importancia, que representa una vital importancia para las actividades pesqueras; que representa un hábitat crítico para la supervivencia y recuperación de especies amenazadas o en peligro como es el caso de la tortuga amarilla, con tan alta productividad.

El golfo de Ulloa representa un ecosistema marino complejo, de alta biodiversidad y que depende de la interrelación del fondo marino con las especies que dependen de él. Todo se encuentra interconectado, y la destrucción de un elemento tan importante tendrá efectos inevitables en el resto.

Afectaciones a la pesca

Este proyecto causaría un daño grave a los recursos marinos de la zona en general y en especial a los recursos pesqueros, ya que la remoción del fondo marino podría afectar directamente a las pesquerías de la zona por la extracción constante de partículas que posteriormente se depositarían en áreas aledañas al sitio de operación.

El golfo de Ulloa es una zona de alta productividad y biodiversidad, lo que da lugar a una alta concentración de alimento para especies de importancia comercial, como tiburones, rayas, peces, almejas, abulones, calamares, langostas, camarones, jaibas, caracoles y cangrejos, las cuales son aprovechadas por miles de pescadores de la zona.

La pesca ribereña en la región es muy importante para la economía de los habitantes de las 26 comunidades costeras locales y para Baja California Sur, generando empleos directos. De hecho, el 42 por ciento de la actividad pesquera en el estado de Baja California Sur, se ubica en esta zona.

Es preciso señalar que el golfo de Ulloa está caracterizado como Región Marina Prioritaria para la Conservación, según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y ha sido reconocida por su alta productividad biológica, y por esta misma razón, sitio de gran importancia para la pesca de la región.

La misma Semarnat ha considerado en su propuesta de Programa de Ordenamiento Ecológico Marino del Pacífico Norte que no hay compatibilidad entre la minería y la pesca, debido a los atributos ambientales para el golfo de Ulloa.

Dentro de las afectaciones por este proyecto se encuentra las que causaría a la tortuga amarilla, especie en veda permanente desde 1990 y catalogada como especie en peligro de extinción (NOM-059-SEMARNAT- 2010).

Derivado de la presencia de esta especie en el golfo de Ulloa, se decretó en el Diario Oficial de la Federación del 10 de abril de 2015 el Acuerdo de la Zona de Refugio Pesquero y medidas para reducir la posible interacción de la pesca con tortugas marinas en la cosa occidental de Baja California Sur, en una superficie de 8 mil 848 kilómetros cuadrados y de restricciones pesqueras, con una temporalidad de 2 años, conforme el artículo 4 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables.

El 23 de junio de 2016 se expidió el nuevo Acuerdo por el que se establece la Zona de Refugio pesquero y Nuevas Medidas para reducir la posible interacción de la pesca con tortugas marinas en la cosa occidental de Baja California Sur, en el área denominada golfo de Ulloa, en el cual se amplían la Zona de Refugio Pesquero Parcial temporal a 19,934 kilómetros cuadrados y el Área Específica de Restricciones Pesqueras a 7 mil 244 kilómetros cuadrados, con una temporalidad de dos años.

Es decir, durante los últimos tres años se ha limitado la pesca a miles de pescadores ribereños sudcalifornianos, en aras de dar respuesta a denuncias sobre afectación a tortugas marinas (las cuales ha quedado demostrado que fueron infundadas), por lo cual es totalmente ilógico que pueda aprobarse un proyecto minero que es a todas luces depredatorio, no solo contra la tortuga, sino contra todo el hábitat.

Afectación de derechos humanos

Además, debemos considerar que el tipo de proyectos mineros marinos como el que pretenden las empresas Exploraciones Oceánicas, S de RL de CV y Altos Hornos de México, SA de CV, a través de su filial Minera del Norte, SA de CV, no han sido autorizados en otras partes del mundo, no existen precedentes de su realización , justo por el tipo y gravedad de los daños ambientales y económicos, irreversibles, que pueden causar a los ecosistemas marinos formados durante millones de años de evolución biológica, a sus especies de flora y fauna que viven, respiran, comen y se desarrollan en ellos, y a las actividades económicas primarias de diferentes intensidades que dependen sustantivamente de dichos ecosistemas.

Este proyecto fue iniciado en septiembre del 2014 a través de la solicitud de autorización de impacto ambiental del proyecto denominado “Don Diego”, del cual se desistieron antes de emitirse la resolución respectiva, volviéndose a presentar nuevamente el 26 de junio de 2015 como “Dragado de arenas fosfáticas negras del yacimiento Don Diego”, la cual fue negado el 7 de abril de 2016.

No obstante lo anterior, las empresas citadas anteriormente han continuado con una estrategia legal para obtener la autorización de impacto ambiental del proyecto, por lo cual iniciaron un proceso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el cual, según lo informan los medios de comunicación, ordena que la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Semarnat, reponga el proceso de evaluación de impacto ambiental.

Si la DGIRA-Semarnat emitiera la autorización en materia de impacto ambiental de las empresas mineras mencionadas, estaría violando los derechos humanos consagrados y protegidos por nuestra Constitución Política y por los tratados internacionales de los que México es Parte.

Así, el derecho al medio ambiente sano, el derecho a la alimentación, el derecho a la protección de la salud, el derecho al desarrollo, el derecho al trabajo digno, entre otros no menos importantes, se verían fuertemente lesionados por un proyecto de largo plazo (cincuenta años) que no es ambientalmente viable ni razonablemente aceptable: eliminar la arena del lecho marino para procesar sus fosfatos, extraerlos para materia prima comerciable y luego devolver sus residuos en altas concentraciones antinaturales al mar, que junto con el aire, es el más móvil, fluido y dinámico de todos los elementos naturales existentes, es una actividad de consecuencias tóxicas y mortales para la vida de los seres relacionados directa e indirectamente con el golfo de Ulloa.

Los derechos humanos mencionados tienen naturaleza difusa, y su afectación negativa por esta clase de industrias atentan contra los sudcalifornianos y contra todos los mexicanos, aun los que se encuentran en el otro extremo del territorio nacional, pero que tienen derecho a la existencia de la vida en el golfo de Ulloa y a disfrutar de sus enormes beneficios.

Por otra parte, sabemos que una sentencia favorable a las empresas mineras por parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, aun emitida por su Sala Especializada en Materia Ambiental, no puede -ni debe- obligar a las autoridades de la DGIRA-Semarnat a emitir la autorización de impacto ambiental.

El papel de estos órganos jurisdiccionales, para este tipo de procedimientos administrativos, es determinar si hubo violaciones de forma y fondo, anular los actos de autoridad puestos a su juicio y ordenar la repetición del procedimiento administrativo a partir de un determinado momento procedimental o la emisión de una nueva resolución definitiva, debidamente fundada y motivada, con plena libertad de jurisdicción y especialidad , ajustándose a los términos provistos en la propia sentencia.

La resolución del Tribunal es para que la Semarnat expida de nuevo una resolución de impacto ambiental, pero queda claro que ésta deberá ser otra vez en sentido negativo, porque ha quedado demostrado científicamente el grave daño ambiental que provocaría este proyecto de minería submarina.

En virtud de que se desconoce la fecha en que fue emitida y notificada esta sentencia, no podemos precisar la fecha en la cual la DGIRA-Semarnat deberá resolver nuevamente. Pero en todo caso no puede autorizar un proyecto que aniquilaría la biodiversidad en esa región, cuando a los pescadores de esa zona se les ha restringido la pesca durante más de dos años, bajo el argumento de una posible interacción con tortugas marinas.

No concebimos que si se declaró a esta región del mundo como Santuario Ballenero y como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, el gobierno federal pueda actuar en sentido contrario. México siempre ha estado a favor de los santuarios balleneros y en pro de la conservación de las ballenas.

Los habitantes de toda la región exigen que la autoridad ambiental niegue cualquier autorización en ese sentido, porque la Constitución, los convenios internacionales de los que México es parte y las leyes nacionales así determinan, además de que debe aplicarse el Principio Precautorio, para evitar un daño irreversible.

Ningún interés, aun de inversionistas y cabilderos del más alto nivel político y económico, debe ser suficiente para obtener una decisión apresurada de la autoridad en su beneficio, porque provocaría una respuesta social adversa de grandes dimensiones.

En nombre de los sudcalifornianos reiteramos el rechazo unánime al proyecto minero en el golfo de Ulloa: de pescadores, organizaciones ambientalistas, la comunidad científica, el Congreso del Estado, autoridad estatal y las municipales, prestadores de servicios ecoturísticos, y su población en general, porque representa un grave riesgo ambiental y económico para la entidad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a que al emitir nuevamente la resolución respectiva, se niegue la autorización de impacto ambiental al proyecto denominado “Dragado de arenas fosfáticas negras del yacimiento Don Diego”, el cual se pretende desarrollar en el lecho marino del golfo de Ulloa, de la costa occidental del estado de Baja California Sur , en consideración a las afectaciones y sus impactos negativos e irreversibles hacia la pesca y en general al ecosistema marino, así como por ser violatorio de la Constitución General de la República, convenios y tratados de los que México es parte, las leyes nacionales y la Declaratoria de Refugio Ballenero de la Unesco, y en cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para reponer el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de dicho proyecto presentado por las empresas Exploraciones Oceánicas S de RL de CV, filial de la estadounidense Odyssey Marine Exploration y Altos Hornos de México.

Nota

1 Alaniz, Yolanda. 2010. Impactos del Ruido Intraoceánico en la Biodiversidad Marina . En Ninfa Salinas y Yolanda Alaniz (comp) Temas Selectos de Medio Ambiente. Cámara de Diputados. Comisión de Medio Ambiente.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2018.

Diputada María Elena Castro Terrazas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Semar a incluir en el ejercicio de sus atribuciones y en continuidad de sus actividades información de promoción de la salud que permita prevenir enfermedades, como el cáncer cervicouterino, dirigida principalmente a las indígenas del país, a cargo de la diputada María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada federal María Cristina Teresa García Bravo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable Cámara, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Armada de México es una institución militar nacional, que tiene entre sus atribuciones administrar el Sistema de Salud Naval, a través de normas y políticas que garanticen un manejo eficiente de los recursos para la promoción de la salud y la atención médica integral, que satisfagan las necesidades y respondan a las expectativas de protección y cobertura de la salud a nivel poblacional.

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS),1 la Cobertura Sanitaria Universal (CSU) implica que todas las personas y comunidades reciban los servicios de salud que necesitan sin tener que pasar penurias financieras para pagarlos. Abarcando toda la gama de servicios de salud esenciales de calidad, desde la promoción de la salud hasta la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos.

A su vez la CSU, define, que ésta abarca todos los componentes del sistema de salud, como: los sistemas de prestación de servicios de salud, el personal sanitario, las instalaciones sanitarias o las redes de comunicación, las tecnologías sanitarias, los sistemas de información, los mecanismos de garantía de la calidad, la gobernanza y la legislación. Englobando no sólo los servicios de tratamientos específicos, sino también incluye los servicios a la población como las campañas de salud pública, la adición de flúor al agua, el control de los lugares de reproducción de los mosquitos, entre otros.

Para la OMS la mejora de la cobertura de los servicios de salud y de los resultados sanitarios depende de la disponibilidad, accesibilidad y capacidad de los trabajadores sanitarios de proporcionar una atención integrada de calidad centrada en las personas, esto es; retos, avances y compromisos de los países.

En concordancia, con nuestra constitución federal que otorga como derecho humano fundamental de toda persona, la protección a la salud. Así mismo el más alto tribunal de la nación ha señalado el derecho a la protección de la salud,2 previsto en el artículo 4 de esta misma tiene entre otras finalidades el de garantizar el disfrute de servicios de salud entendida como acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad, así como de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población. A su vez establece que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de salud.3

La Secretaría de Marina (Semar), conforme al quinto informe de labores 2016-2017 en el apartado “acciones de labor social”, expuso que apoyó a diversas comunidades costeras marginadas, con la participación promedio mensual de 1,416 elementos navales, en 519 eventos de labor social en apoyo a diferentes dependencias de los tres niveles de gobierno en los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Se destinaron 16,998 elementos del personal naval, la cual otorgo 2, 040 consultas médicas generales, 148 consultas médicas en urgencias y lo más relevante que es la inversión a la prevención, otorgando diversas pláticas de Promoción a la Salud, lo que les permitió proporcionar beneficios a 118,355 de los habitantes en general de la región.

El organismo especializado en materia de salud dentro del Sistema de Naciones Unidas y la OMS, han establecido que la promoción de la salud permitirá que las personas tengan un mayor control de su propia salud, abarcando una amplia gama de intervenciones sociales y ambientales destinadas al beneficio y protección de la salud y la calidad de vida individual, mediante la prevención y solución de las causas primordiales de los problemas de salud, y no centrándose únicamente en el tratamiento y la curación.

A su vez determina que la promoción de la salud tiene tres competentes esenciales; la buena gobernanza sanitaria, definida como la promoción de la salud desde todos los departamentos gubernamentales hagan de la salud un aspecto central de su política; la educación sanitaria, la cual consiste en que las personas deben adquirir conocimientos, aptitudes e información que les permita elegir opciones saludables, por ejemplo con respecto a su alimentación y a los servicios de salud que necesitan y, ciudades saludables; es decir las ciudades tienen un papel principal en la promoción de la buena salud, ya que las ciudades saludables contribuyen a crear países saludables y, en última instancia, un mundo más saludable.

Resaltando lo anterior, la Semar como integrante de la Administración Pública Centralizada, ha realizado diversas actividades encaminadas a la promoción, cuidado, atención y protección de la salud, dirigidas tanto a su personal humano que integran sus estructuras, como a la población en general urbana y rural.

Es así, que el pasado 11 de diciembre del 2017 en las Instalaciones de la Escuela Médico Naval de la Semar, se llevó a cabo el “Foro Temático de Protección Social en Salud” con la participación de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Secretaría Técnica de la Comisión Intersecretarial de la Cruzada Nacional Contra el Hambre. Dicho foro tuvo como eje central el intercambio de experiencias de las diversas áreas, con el propósito de fortalecer entre otros; acciones en materia de salud, resaltar la importancia de la promoción de la salud, el decálogo de acciones de protección social en salud, para prevenir enfermedades cancerígenas o infecciosas.

El Estado mexicano ha suscrito convenios que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar el derecho a la salud. Por ello y en una réplica lineal la Semar como integrante de la Administración Pública centralizada, en un constante esfuerzo y compromiso con la salud en general, también llevó a cabo con total éxito el Primer Congreso Estudiantil, con el tema central: “Promoción a la Salud, dirigida a la Prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual”,4 durante el cual fueron expuestas diversas ponencias entre las que se encontraron: Construyendo Masculinidades para una sexualidad saludable; infecciones de transmisión sexual oral y las recomendaciones para prevenir la transmisión, así como el cáncer orofaríngeo ocasionado por el virus del papiloma humano (VPH).

El VPH es una de las principales causas que provoca el cáncer cervicouterino, siendo la segunda causa de muerte en las mujeres, que ocasiona 1 de cada 10 muertes por cáncer en mujeres mexicanas.

En el año 2013, en el grupo específico de mujeres de 25 años y más, se registraron 3,771 defunciones en mujeres con una tasa de 11.3 defunciones por 100,000 mujeres. Siendo las entidades con mayor mortalidad por cáncer de cuello uterino Morelos (18.6), Chiapas (17.2) y Veracruz (16.4).5

Dentro de los diversos grupos de la sociedad se observa con gran preocupación que la calidad de indígena agrega un carácter de vulnerabilidad. Y en este caso la salud de la mujer lamentablemente no es la excepción, pues la mujer indígena conforme a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos recibe información sobre numerosas violaciones de derechos humanos que enfrentan específicamente las mujeres indígenas en las Américas.6

Nuestro país cuenta con un total de 119 millones 530 mil 753 habitantes, de los cuales 51.4 por ciento de la población son mujeres. A partir de la Encuesta Intercensal 2015 y el criterio de hogar indígena se cuantifica un total de población indígena de 12 millones 25 mil 947 personas, que constituye el 10.1 por ciento de la población nacional, con un 51.1 por ciento de mujeres.

En la distribución de la población indígena a nivel geográfico en números absolutos de cada 100 personas indígenas, 75 se concentran en ocho entidades federativas de la siguiente forma: Oaxaca y Chiapas con 1.7 millones cada una, que son las que cuentan con la mayor cantidad de población indígena, equivalente al 14.4 por ciento y 14.2 por ciento, respectivamente; le siguen Veracruz, con 1.1 millones de población indígena (9.2 por ciento); México, 1.097 millones (9.1 por ciento); Puebla, 1.094 millones (9.1 por ciento); Yucatán 1.052 millones (8.8 por ciento); Guerrero 681 mil 615 (5.7 por ciento) e Hidalgo 606 mil 045 (5.0 por ciento).

Seis entidades la población indígena suma menos de 30 mil personas: Guanajuato, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Aguascalientes y Zacatecas con 29 mil 863, 23 mil 456, 13 mil 349, 10 mil 122, 9 mil 306 y 7 mil 852, respectivamente, mismos que significan menos del .01 por ciento del total de la población indígena.

Los usos y costumbres de los pueblos indígenas proporcionan un trato desigual hacia las mujeres, traduciéndose entre otras cosas en la restricción del acceso a la salud y a la prevención de enfermedades. Conforme a lo antes citado, día a día, va en aumento las muertes de mujeres por cáncer cervicouterino originado por el VPH, por lo que los esfuerzos para la Protección Social en la Salud de las mujeres, como las acciones de labor social no deben ser restringidos; ningún esfuerzo es innecesario cuando se trata de salvar con prevención y atención la vida de miles de mujeres mexicanas.

Concatenando lo anterior la Semar ha ejecutado funciones y acciones de focalizadas de promoción a la salud y prevención de enfermedades con especialización y profesionalismo, que han contribuido a disminuir padecimientos y al mismo tiempo amplían la prevención de enfermedades favoreciendo la cultura de la salud. Por lo que en continuidad de actividades de la dependencia se solicita para que realicen campañas de difusión dirigidas mayormente a la población indígena femenina en las zonas y regiones donde se encuentren instalaciones pertenecientes a la dependencia, cuando las condiciones así lo permitan y donde se encuentre la mayor población indígena femenina, con la finalidad de fortalecer acciones para prevención del cáncer cervicouterino.

Por ello, para el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática es de suma importancia que se proteja y tutele el derecho humano al nivel más alto posible de salud.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Titular de la Secretaría de Marina, para que en el ejercicio de sus atribuciones y en continuidad de sus tareas, realicen actividades que incluyan información de promoción de la salud y permita la prevención de enfermedades, particularmente el cáncer cervicouterino dirigida mayormente a la población de mujeres indígenas del país.

Notas

1 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs395/es/

2 IUS: 169316

3 Ibídem.

4 Revista Secretaría de Marina Armada de México, Año 35, Época XIX, No. 240.

5 https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/informacion-estadistica

6 Informe 2017 “Mujeres Indígenas y sus Derechos Humanos”. Aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 17 de abril de 2017

Dado en el Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 24 de abril del 2018.

Diputada María Cristina Teresa García Bravo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo General del INE a cancelar el “memorándum de cooperación” con Facebook; y al INAI, a realizar las investigaciones por el posible robo de datos personales de ciudadanos mexicanos por la empresa Cambridge Analytica, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena

Juan Romero Tenorio, diputado del Grupo Parlamentario de Morena ante la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, fracción primera, y 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera . El 5 de febrero de 2018 el Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer la firma, con Facebook México, de un convenio para promover la participación ciudadana en los comicios de 20181 . La cual entró en vigor desde el 3 de febrero de 2018.

El acuerdo incluye la realización de talleres para capacitar a los funcionarios del INE sobre el funcionamiento de Facebook y las mejores prácticas para la comunicación política en la plataforma.

El INE y Facebook colaborarán además para transmitir los debates presidenciales a través de Facebook Live, acercando a los candidatos y sus propuestas a la ciudadanía. Ya que más de 14 millones de jóvenes votarán por primera vez por la Presidencia de la República en las elecciones del 2018.

En dicho convenio señala que “El día de las elecciones, el INE proporcionará a Facebook información en tiempo real sobre los resultados de la votación, así como proporcionar un espacio físico en sus oficinas donde Facebook podrá realizar actividades relacionadas con las Elecciones, como publicar en su plataforma videos en vivo de las actividades el día de la elección por Facebook o sus aliados externos.” 2

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, reconoció la importancia de las redes sociales, especialmente de Facebook, en el proceso electoral en curso y la necesidad de que la ciudadanía esté más y mejor informada para que el primero de julio próximo pueda emitir su voto en completa libertad.

“Las elecciones las hacen los ciudadanos y son éstos los que, como funcionarios de casilla, cuentan los votos entre vecinos; Facebook es una red social de enorme calado entre la población y por eso el INE está muy complacido con este convenio”.

Por su parte, Juan de Dios Bátiz, director de Políticas Públicas de Facebook para América Latina, dijo que

“La integridad de las elecciones es una prioridad para Facebook. Estamos muy contentos de poder trabajar junto al INE para estimular la participación ciudadana en las elecciones y facilitar la comunicación directa entre la ciudadanía y sus representantes” .

El INE difundirá, asimismo, materiales desarrollados por Facebook junto con otras organizaciones civiles para ayudar a las personas a detectar contenido de baja calidad en internet y poder tomar decisiones más informadas sobre las noticias que consumen.

Adicionalmente, Facebook habilitará, el día de la jornada electoral, un espacio en la Feria de Medios del INE para facilitar la labor de los periodistas que quieran hacer transmisiones en vivo durante la jornada electoral y ofrecerá información sobre el volumen de la conversación electoral en la plataforma .

Más de 80 millones de mexicanos están todos los meses en Facebook para construir conexiones significativas con sus comunidades y con los temas más relevantes para ellos, incluyendo conversaciones políticas como las elecciones de este año.

Segunda . El jueves 5 de abril se dio a conocer la fuga masiva de millones de datos personales de usuarios de Facebook que presuntamente la consultora Cambridge Analytica consiguió y utilizó de forma indebida para influir en la campaña electoral norteamericana en favor de Donald Trump3 . Es decir, la intimidad de millones de usuarios de Facebook ha sido violada.

Hasta el momento la cifra alcanza los datos de 87 millones de usuarios que fueron afectados. Las estimaciones realizadas por el propio Facebook señalan que el número de usuarios cuyos datos pueden haber sido compartidos inapropiadamente son los siguientes:

• Estados Unidos de América 70 632 335

• Filipinas 1 175 870

• Indonesia 1 096 666

• Reino Unido 1 079 031

• México 789 880

• Canadá 622 161

• India 562 455

• Brasil 443 117

• Vietnam 427 446

• Australia 311 1274

La empresa Cambridge Analytica está especializada en recoger datos en línea y crear con ellos perfiles de los votantes los cuales son utilizados en la publicidad electoral. A esto se le conoce como “Segmentación Psicográfica ”5 “Si conoces la personalidad del elector, puedes ajustar mucho más tus mensajes y multiplicar el impacto” . La prioridad, bajo esta premisa, no radica ya en la edad, sexo o raza del votante, sino en las tendencias emocionales. Conociéndolas, se puede influir en ellas y por tanto manipularlas.

A grandes rasgos, esto se hace al conectar los “Me gusta” (likes) de un usuario en Facebook con un test de personalidad (OCEAN) que mide si un individuo es abierto a la experiencia, meticulosa, extrovertida, amable u obsesiva. Este retrato, unido a la información de acceso libre que flota en el universo digital sobre el usuario (compras, hábitos, viajes...), sirve para configurar el llamado perfil psicográfico.

Un instrumento que pretendidamente, permite prever la tendencia de voto.

Tercera. La falla en la custodia de datos personales por parte Facebook y la invasión de comunicaciones privadas y provocaron reacciones de las autoridades europeas y estadounidense quienes reclamaron a Facebook explicaciones acerca de la utilización de datos de 87 millones de sus usuarios por parte de Cambridge Analytica.

Hasta el 11 de abril de 2018, como consecuencia, las acciones de Facebook en la bolsa de Nueva York ha caído apenas por encima de los 150 dólares. Así su capitalización bursátil ha disminuido hasta alcanzar los 503 mil millones de dólares. De esta manera, la red social ha perdido su lugar entre los cinco primeros en el índice S&P 500, que incluye a Apple, Alphabet, Amazon y Microsoft.

La caída se ha producido después de los reportes de que una consultoría política que trabajaba para la campaña electoral del presidente Donald Trump obtuvo acceso inapropiado a los datos de millones de usuarios de la red social.

En este orden de ideas, el 10 de abril de 2018 Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, citado formalmente ante el Senado de los Estados Unidos de América (EUA) pidió disculpas por las fallas de seguridad de la red social que permitió uso abusivo de datos privados de sus usuarios y dijo:

“No adoptamos una visión suficientemente amplia de nuestra responsabilidad, y fue un error enorme. Fue mi error, y lo siento. Yo comencé Facebook, yo la administro, y soy responsable por lo ocurrido”. 6

Cabe resaltar que en alusión a la supuesta injerencia en las elecciones dijo que “Facebook buscará garantizar la integridad de las elecciones alrededor del mundo, incluido México.”

Explicó que una de las estrategias que seguirán será que las personas que manejan grandes páginas en la red, deberán de estar verificadas, ello para limitar el uso de cuentas falsas y señaló: “Para exigir la verificación de todas estas páginas y anunciantes, contrataremos millones de personas más. Estamos comprometidos a hacer esto a tiempo para los meses críticos antes de las elecciones de 2018 en EUA, así como las elecciones en México” .7

Cuarta . La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho a la protección a los datos personales en sus artículos 6o. y 16o. los que la letra rezan:

Artículo 6o. ...

...

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. ...

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

...

...

VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes.

VIII. La federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley .

El organismo autónomo previsto en esta fracción, se regirá por la ley en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados , en los términos que establezca la ley general que emita el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho.

En su funcionamiento se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.

El organismo garante tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal ; con excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un comité integrado por tres ministros. También conocerá de los recursos que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los organismos autónomos especializados de las entidades federativas que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información, en los términos que establezca la ley.

...

El organismo garante federal, de oficio o a petición fundada del organismo garante equivalente de las entidades federativas, podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten.”

Artículo 16...

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales , al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

...”

Por su parte la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Particulares señala los principios con los que cuenta el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales:

“Capítulo II
De los Principios de Protección de Datos Personales

Artículo 6. Los responsables en el tratamiento de datos personales, deberán observar los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, previstos en la ley.

Artículo 7 . Los datos personales deberán recabarse y tratarse de manera lícita conforme a las disposiciones establecidas por esta ley y demás normatividad aplicable. La obtención de datos personales no debe hacerse a través de medios engañosos o fraudulentos.

En todo tratamiento de datos personales, se presume que existe la expectativa razonable de privacidad, entendida como la confianza que deposita cualquier persona en otra, respecto de que los datos personales proporcionados entre ellos serán tratados conforme a lo que acordaron las partes en los términos establecidos por esta ley .

(...)

Artículo 9. Tratándose de datos personales sensibles, el responsable deberá obtener el consentimiento expreso y por escrito del titular para su tratamiento , a través de su firma autógrafa, firma electrónica, o cualquier mecanismo de autenticación que al efecto se establezca. No podrán crearse bases de datos que contengan datos personales sensibles, sin que se justifique la creación de las mismas para finalidades legítimas, concretas y acordes con las actividades o fines explícitos que persigue el sujeto regulado.

(...)

Artículo 14. El responsable velará por el cumplimiento de los principios de protección de datos personales establecidos por esta ley, debiendo adoptar las medidas necesarias para su aplicación. Lo anterior aplicará aún y cuando estos datos fueren tratados por un tercero a solicitud del responsable. El responsable deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para garantizar que el aviso de privacidad dado a conocer al titular, sea respetado en todo momento por él o por terceros con los que guarde alguna relación jurídica .

En este sentido, teniendo en cuenta que por mandato constitucional nos encontramos en proceso de renovación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo a nivel federal y de 31 entidades federativas, incluidos sus ayuntamientos, y que el Instituto Nacional Electoral es el órgano autónomo encargado de la función estatal de organizar las elecciones, y que éstas deben ser “libres y auténticas”, el órgano electoral debe rectificar su nivel de colaboración con la multimencionada red social Facebook, dada la evidencia que señala el uso ilegal e indebido de datos personales que involucran a miles y tal vez millones de ciudadanos mexicanos.

La colaboración del Instituto Nacional Electoral con Facebook es un muy mal mensaje porque pareciera ser una patente de corso, una autorización tácita para que en México se dé un uso indebido de datos personales, lo cual está expresamente prohibido en nuestra Carta Magna.

Muy por el contrario, esta invasión a la privacidad debe ser investigada por el órgano garante constitucionalmente autónomo encargado de la vigilancia y protección de datos personales, y en su caso esta conducta debe ser sancionada por las autoridades competentes.

Sobre esto la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares señala:

“Capítulo XIDe los Delitos en Materia del Tratamiento Indebido de Datos Personales

Artículo 67 . Se impondrán de tres meses a tres años de prisión al que estando autorizado para tratar datos personales, con ánimo de lucro, provoque una vulneración de seguridad a las bases de datos bajo su custodia.

Artículo 68 . Se sancionará con prisión de seis meses a cinco años al que, con el fin de alcanzar un lucro indebido, trate datos personales mediante el engaño, aprovechándose del error en que se encuentre el titular o la persona autorizada para transmitirlos.”

Y que el Código Penal Federal indica:

“Artículo 166 Bis . A las personas que por razón de su cargo o empleo en empresas de telecomunicaciones, ilícitamente proporcionen informes acerca de las personas que hagan uso de esos medios de comunicación, se les impondrá pena de tres meses a tres años de prisión y serán destituidos de su cargo.

En el caso anterior, se aumentará la pena hasta en una mitad cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Asimismo, se le impondrán, además de las penas señaladas, la destitución del empleo y se le inhabilitará de uno a diez años para desempeñar cargo o comisión públicos.”

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de este pleno, como de urgente u obvia resolución, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Consejo General del Instituto Nacional Electoral cancele el “Memorándum de Cooperación” realizado con Facebook.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para que realice las investigaciones por el posible robo de datos personales de ciudadanos mexicanos por parte de la empresa Cambridge Analytica realizado a través de la red social Facebook, a fin de garantizar el óptimo la protección de datos personales.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República investigue la posible comisión de delitos cometidos en contra de ciudadanos mexicanos por el robo de datos personales de ciudadanos por parte de la empresa Cambridge Analytica realizado través de la red social Facebook.

Notas

1 Comunicado Número: 056 Facebook e INE anuncian colaboración para elecciones.

https://centralelectoral.ine.mx/2018/02/05/facebook-e-in e-anuncian-colaboracion-para-elecciones/

2 Convenio de colaboración entre Facebook e INE

https://centralelectoral.ine.mx/2018/02/13/conoce-el-con venio-de-colaboracion-firmado-entre-el-ine-y-facebook/

3 CNN en Español

https://expansion.mx/tecnologia/2018/04/04/cambridge-analytica-accedio- a-datos-de-87-millones-de-usuarios-de-facebook

4 Cifras calculadas por Facebook

http://www.jornada.unam.mx/2018/04/11/

5 La segmentación psicográfica trata de proporcionar a las empresas un perfil del consumidor que les sirva para aumentar las ventas de sus productos, fidelizar a los clientes e incrementar el prestigio de sus marcas.

Los rasgos psicográficos hacen referencia a la personalidad, estilo de vida, intereses, aficiones y valores de los consumidores. Gracias a la segmentación psicográfica las compañías pueden dividir el mercado en grupos basados en características de personalidad.

6 Audiencia del CEO

https://www.lanacion.com.ar/2124359-en-vivo-mark-zuckerb erg-en-el-congreso-por-el-escandalo-de-facebook

7 Periódico El Financiero , miércoles 11 de abril 2018.

Palacio Legislativo de San lázaro, a 17 de abril de 2018.

Diputado Juan Romero Tenorio (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Chihuahua a implementar un plan estratégico de seguridad pública para solventar la creciente tasa de homicidios y delitos de alto impacto en la entidad, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Ana Georgina Zapata Lucero, Diputada Federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La inseguridad es una de las preocupaciones más importantes que tienen los habitantes del Estado de Chihuahua, pues todos los días tenemos noticias de homicidios, robos, violaciones, secuestros, extorsiones, entre otros tipos de delitos cometidos en nuestra entidad; lo anterior, lo podemos ver reflejado en los datos de la ENCUESTA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA URBANA, CIFRAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2017, 1 realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, donde se hace visible que tan solo el 78.4% de la población mayor de 18 años de la Ciudad de Chihuahua y el 75.5% de la población mayor de 18 años de Ciudad Juárez, consideran que viven en una ciudad insegura.

En efecto, nadie está exento de la inseguridad que se vive en Chihuahua, basta con recordar que el pasado 14 de abril, hubieron 12 homicidios2 en diversos puntos del estado, donde entre las víctimas se encontraron un escolta del Comisionado Estatal de Seguridad Oscar Aparicio Avendaño y tres comandantes de Parral y Creel. Lo anterior, se da a tan solo 7 días del ataque cometido por un grupo de hombres armados en contra de tres escoltas del Gobernador Javier Corral, quienes vigilaban las inmediaciones del fraccionamiento Residencial San Francisco, sitio donde en ese momento el Gobernador se encontraba jugando golf.

Otro hecho lamentable de homicidio cometido recientemente, fue el martes 17 de abril, en contra del Luis Carlos Gutiérrez, conocido como “Lukas el de Madera”, activista mexicano dedicado a proveer medicinas y alimentos a indígenas tarahumaras en Chihuahua, o los cometidos en contra de los periodistas Jesús Adrián Rodríguez Samaniego, ocurrido el pasado diciembre de 2016, en el Municipio de Chihuahua y Miroslava Breach Velducea, asesinada en marzo 2017, también en el mismo municipio.

Según datos del “INFORME DE VICTIMAS DE HOMICIDIO, SECUESTRO Y EXTORSIÓN 2017” emitido por el Centro Nacional de Información del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Publica, en el Estado de Chihuahua, de enero al mes de diciembre de 2017, se reporta un total de 2,441 homicidios,3 mismos que se desglosan por mes, en la siguiente tabla:

La información antes referida y en contraste con las estadística de enero a diciembre de 20164 (1,838 homicidios) nos demuestran el incremento que ha tenido la tasa de homicidios en el Estado de Chihuahua, pues se elevó en 603 homicidios durante 2017.

A las cifras anteriores, también se le debe sumar, los delitos que tiene que ver con secuestros, extorsiones, robos con violencia, robos de vehículos, robos a casa habitación, robos a negocio, robos a transeúntes y violaciones, las cuales en su conjunto revelan que continúa el alza de la incidencia delictiva, sin que las políticas implementadas por el gobierno en turno puedan lograr frenar esta crisis de seguridad y violencia por la cual atraviesa el Estado, por lo que resulta urgente y necesario que se generen acciones que inhiban las conductas delictivas y salvaguarden a los ciudadanos.

Ante tales consideraciones, es necesario que esta soberanía, solicite al titular del ejecutivo del Estado de Chihuahua, implemente de manera urgente, una estrategia que permita garantizar la integridad y seguridad de las y los ciudadanos que habitan el Estado, así como preservar el orden y la paz pública.

Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados, el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa al Gobernador del Estado de Chihuahua Javier Corral Jurado, a implementar de manera urgente un plan estratégico de seguridad pública, para solventar la creciente tasa de homicidios y delitos de alto impacto en la entidad.

Notas

1 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2018/ensu/ensu2018_01.pd f

2 http://www.milenio.com/policia/atacan-escoltas-comisionado-chihuahua
-agentes-homicidios-vistimas-violencia-milenio_0_1157884219.html

3 http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/victimas/Victimas2017_062 017.pdf

4 http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/victimas/Victimas2016_122 016.pdf

Dado en el palacio legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de abril de 2018.

Suscribe

Diputada Ana Georgina Zapata Lucero (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a implantar diversas acciones sobre la ocupación ilegal de terrenos en San Lorenzo Acopilco, en Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 6o., fracción I, y 79, numeral 2, fracciones I y III, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:

Considerandos

Antecedentes

A nivel federal en 2017, el gasto neto en obra pública representó casi el 20 por ciento del gasto total, razón por la que se vuelve fundamental que el dinero público, propiedad de las y los mexicanos se gaste e invierta de la mejor manera posible, de forma transparente, efectiva y por supuesto, fiscalizable, sin embargo, esto rara vez pasa en las obras de nuestro país.

Derivado de las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación, se encontró que en el 63.2 por ciento de los contratos celebrados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ha existido una incompleta planeación de los proyectos finales y ejecutivos, aunado a la ausencia de la liberación del derecho de vía junto con diversos problemas ambientales.1

Adicionalmente, se encontró que en casi 1 de cada 6 proyectos realizados por esta dependencia, ha existido insuficiencia en su desarrollo, ausencia o insuficiencia en los estudios previos, lo cual derivó en problemas de carácter ambiental.2

Por otra parte, resalta que esta dependencia ha tenido retraso en la asignación y disponibilidad presupuestaria, lo cual obliga a que se tengan que modificar los montos y plazos de los contratos y explica en parte los retrasos en la ejecución de prácticamente todos los contratos de obra pública a cargo de esta secretaría.3

En ese sentido, se encontró que además los plazos de ejecución no corresponden con la realidad y complejidad de ejecución de las obras, lo cual constituye un factor adicional para la entrega extemporánea de estas, ello sin contar los problemas técnicos por incumplimiento de las especificaciones de construcción, múltiples retrasos en la formalización de convenios modificatorios y autorización de precios extraordinarios, vicios que en conjunto han representado incrementos que alcanzaron hasta el 131 por ciento respecto de lo originalmente contratado.

Ejemplos de la ineptitud de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sobran, el socavón en el Paso Express que tuvo un sobrecosto de mil 160 millones de pesos, es decir 53 por ciento extra a lo originalmente presupuestado y que tuvo irregularidades en varias licitaciones, los sobrecostos que han alcanzado casi los 70 mil millones de pesos en el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y, por supuesto los múltiples errores que ha traído consigo la construcción del Tren Interurbano México – Toluca, a la sazón, el tren de la corrupción, todo lo anterior, con la complicidad de la Secretaría de la Función Pública que sanciona a funcionarios menores, pero la cabeza, el secretario Gerardo Ruiz Esparza, que es quien toma las principales decisiones en esta dependencia, sigue en el cargo robando y malversando recursos y de paso matando personas o en el mejor de los casos, privándolas de sus tierras ya sean comunales, ejidales o particulares sin derecho alguno. No cabe duda que la ineptitud e incompetencia hace daño y mucho.

El tren de la corrupción

Como ya fue dicho, entre estas obras con problemas francamente graves, se encuentra el tren interurbano México – Toluca, el cual conlleva algunas obras adyacentes en la zona por la cual pasará el tren, dentro de las cuales destaca la necesidad de tener que recorrer un carril de la carretera federal México – Toluca, debido al espacio que “se come” la mega obra.

Es importante destacar que el tren promete conectar a dos de las zonas metropolitanas más importantes del país, la del Valle de México, con la del Valle de Toluca, sin embargo, a pesar de la gran utilidad que esto pueda representar, el megaproyecto no se salva de la corrupción, ya que por un lado salta a la vista que en 2014 fue planeado y presupuestado con un costo total de 38 mil millones de pesos, sin embargo, para este año el costo total asciende a 59 mil millones de pesos, es decir un sobrecosto superior al 55 por ciento respecto del monto original; para estos efectos, vale la pena recordar que según el análisis de costo – beneficio del proyecto elaborado por la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la obra deja de ser socialmente rentable si su costo aumenta en una tasa superior al 25 por ciento, es decir, hace 30 por ciento de sobrecosto que dejó de ser socialmente rentable, pero la corrupción ha permitido esta alza de precios, sin que exista sanción alguna.

Adicional a lo anterior, se debe resaltar la impuntualidad en la entrega de la mega obra, la cual debió haberse concluido para diciembre de 2017 y a la fecha no se ha publicado una fecha estimada de entrega del Tren Interurbano.

No obstante lo anterior, hay problemas graves que deben tener una solución concreta, ya que, derivado de la incompetencia e indolencia de diversos funcionarios federales, habitantes de la delegación Cuajimalpa se han visto afectados por esta cadena de corrupción e ineptitud.

Por otro lado destaca que de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, existió una planeación incompleta dentro de un proceso de contratación “desorganizado y opaco”,4 debido a que entre otras cosas, no hay ningún mapa público georreferenciado que muestre el trazo final que seguirá la obra, lo cual se ve reflejado en situaciones incomprensibles como las que actualmente viven tanto la comunidad de San Lorenzo Acopilco, como la de La Venta, ambas en la Delegación Cuajimalpa en la Ciudad de México.5

La Venta, Cuajimalpa

Así las cosas dentro del megaproyecto, justo en el tramo por el que pasará el Tren, hubo un pequeño detalle de planeación que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no contempló y, esto es que la comunidad de “La Venta” cuenta solo con un acceso directo hacia el resto de la delegación Cuajimalpa, el cual es un puente de aproximadamente 3 metros de ancho por 100 de largo, que atraviesa por arriba la carretera federal México – Toluca y que desemboca en las calles de La Bolsa y Transmetropolitana; el tema aquí, es que quienes están realizando la construcción, se dieron cuenta de la barrera física que implica este puente, hasta que ya estaba colocado el resto de la estructura de las ballenas que soportarán el Tren, es increíble que exista tanta falta de planeación en uno de los proyectos más importantes del sexenio.

Por si fuera poco alarmante lo anteriormente mencionado, es importante mencionar que 1 de las 2 estaciones de bomberos con las que cuentan los cerca de 200 mil habitantes de la delegación Cuajimalpa, se encuentra en La Venta y es justamente por el puente que corre peligro de ser eliminado, la vía de salida de los bomberos en caso de haber algún incendio en el resto de la demarcación, con lo cual se pone en un riesgo inminente e innecesario a todos los habitantes de Cuajimalpa. ¡De verdad no puede ser posible tanta imprudencia y tanta corrupción!

Por otra parte, tanto la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario como su reglamento, nos indican que el servicio ferroviario es considerado como una actividad económica prioritaria y corresponde al Estado a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ser rector para su desarrollo. En ese sentido, estos ordenamientos mandatan que se requiere de concesión para construir, operar y explotar las vías férreas que sean vía general de comunicación, siendo el concesionario el único responsable de la realización de la obra, su costo, operación, pero sobretodo, de los daños y perjuicios que sean causados por la obra a terceros, ya sea en su persona o en sus bienes.

San Lorenzo Acopilco, Cuajimalpa

Por otro lado, podemos destacar la situación que ocurre hoy día en San Lorenzo Acopilco, la cual es una comunidad que tiene su origen reconocido en un decreto de 1992, aunque de manera formal existe hace 118 años con el reconocimiento con el que cuentan las familias Baltazar y Negrete, sin embargo, de facto existe desde hace varios siglos como comunidad indígena.

Dicha comunidad se encuentra físicamente en las laderas de la carretera federal México – Toluca y legalmente está regida en cuanto al modelo contemplado por la Ley Agraria, la cual implica diversos tipos de derecho real que son oponibles ante terceros, entre los que se encuentra la calidad de comunero, posesionario, poseedor, ejidatario, avecindado, los cuales constituyen un régimen de propiedad particular, ya sea individual o colectiva.

En el caso que nos ocupa en San Lorenzo Acopilco, el problema se origina con la ocupación ilegal por parte del gobierno federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, del tramo ubicado en la ladera de la carretera federal México – Toluca, la cual ha sido tomada a la fuerza para poder reponer el carril de la carretera libre, el cual fue quitado por concepto de las construcciones que se realizan para concluir el Tren Interurbano México – Toluca.

La lucha de San Lorenzo Acopilco

Los habitantes de San Lorenzo Acopilco, quienes ostentan distintas calidades como son la de comunero, hijos de comunero, avecindados o poseedores, los cuales por sí mismos son fuentes de derechos y obligaciones, llevaron a cabo dos acciones, la primera fueron diversas mesas de trabajo con funcionarios tanto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como de la Secretaría de Gobernación en donde mucho les prometieron y solo les cumplieron el pago del saneamiento por concepto de los bienes distintos a la tierra, pero respecto de la tierra, nada les prometieron; la segunda, consistió en la interposición de 14 demandas de amparo en materia administrativa por diversos poseedores de los inmuebles, ubicados dentro del Polígono Comunal “San Lorenzo Acopilco”, perteneciente a la Delegación Cuajimalpa de Morelos, de la Ciudad de México, a fin de defender 18 predios en contra de las acciones emprendidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en virtud de que la dependencia no cuenta con los derechos de vía sobre los tramos en los que se están llevando a cabo las obras, ya que de acuerdo con la tesis aislada XLV/93, para que la federación pueda disponer de los terrenos, es obligatorio adquirir la propiedad a través de alguno de los procedimientos establecidos por la ley. Es importante resaltar que los comuneros fueron molestados en sus bienes y posesiones protegidas por el artículo 27 de nuestra Carta Magna, justo como lo impiden tanto el artículo 14 como el 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; dichas demandas derivaron en juicios que buscan que se respete la ley, los derechos de los habitantes de la zona e incluso los derechos de la sociedad en su conjunto.

El acto que se reclama en cada uno de los amparos, es la desposesión de fracciones del inmueble que cada quejoso detenta, acto que se reclama a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y su subordinada, la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, lo anterior relativo a la construcción e infraestructura relativa a la ampliación de la carretera libre México – Toluca, carretera que colinda con los predios que se defienden; ya que a su vez, la obra denominada Tren Interurbano México-Toluca y/o Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México, afectó la carretera antes referida, sin embargo, de manera infortunada, la desposesión se da de materia arbitraria e ilegal, sin ser oídos ni vencidos en juicio.

Con motivo de la asignación de turno y radicación asignada a cado uno de las demandas de amparo, se advierten diversos criterios y aplicación incorrecta de la materia agraria de los Órganos Jurisdiccionales, pues mientras en algunos juzgados se admitía la demanda, en otros se requería para cumplir con calidades específicas de la ley agraria, mientras que en alguno más se desechó.

Durante la tramitación de los juicios se advierten fueron concedidas en algunos juicios de amparo, suspensiones de plano y provisionales, las cuales dado el recurso de queja interpuesto por la autoridad responsable tanto Secretaría de Comunicaciones y Transporte y la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal; fueron revocados algunas, al argumentar el Tribunal Colegiado temas de afectación al interés público, no legitimación de la parte quejosa, derecho de vía, entre otros.

En dichos juicios, los Órganos Jurisdiccionales encargados de resolver sobre las suspensiones provisionales o definitivas solicitaron a la autoridad responsable, es decir, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, un informe justificado a fin de que expusiera las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiéndose acompañar de copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo, sin embargo, la realidad fue muy diferente, ya que en los 14 juicios de amparo, los cuales son idénticos en su totalidad, principalmente en lo medular que constituyen los conceptos de violación y únicamente diferentes en lo que hace al quejoso.

Relativo a estos informes justificados, es de hacer notar que la autoridad responsable decidió dar distintas respuestas a cada uno de los amparos, ya sea desde negar el acto reclamado, hasta solicitar el sobreseimiento de la causa por improcedencia, esgrimiendo alguna de las siguientes causas: que existía un derecho de vía en favor del gobierno federal, que existía un decreto de expropiación emitido en el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari en 1993, exhibiendo para tal efecto 2 decretos expropiatorios, los cuales no corresponden a los predios defendidos, pues uno de ellos se refiere a la carretera libre que ha sido recorrida deliberadamente y otro más a una expropiación en beneficio de la Comisión Federal de Electricidad, que nada tiene que ver. También han esgrimido que existe un contrato de enajenación privado, lo cual está prohibido a menos que se realice entre avecindados, comuneros o ejidatarios.6

En ese sentido, vale la pena destacar que el artículo 247 fracción V del Código Penal Federal contempla que se debe imponer de 4 a 8 años de prisión y de 100 a 300 días multa, a quien en juicio de amparo rinda informes como autoridad responsable, en los que afirmare una falsedad o negare la verdad en todo o en parte, es decir, al menos en 15 de los 16 casos se está incurriendo en lo que marca el tipo penal.

Adicionalmente, es importante recordar que la autoridad responsable al rendir el informe justificado, debe acompañarlo de las copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo, para lo cual debió haber presentado para acreditar su dicho, la carpeta de expropiación o el contrato privado de enajenación, lo cual en ninguno de los 16 informes realizó.

En dichos juicios de amparo, existen también diversos criterios emitidos por los jueces de distrito, entre los cuales se observan algunos sobreseimientos, suspensiones provisionales e incluso 2 suspensiones definitivas otorgadas, una de ellas por el Juzgado 3° de Distrito y otra por el Juzgado 8° de Distrito, ambos en materia administrativa de la Ciudad de México, mismas suspensiones que han sido desacatadas por parte de la autoridad responsable, pues a la fecha ha seguido la construcción de la obra, que sin descanso, cada día avanza más, todo esto debido quizás a la falta de voluntad o desconocimiento por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de que el desacatar una orden de un juez federal, constituye un delito, a pesar de que el artículo 206 de la Ley de Amparo contempla la posibilidad de presentar un “incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión” cuando la autoridad responsable, como lo es en este caso la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, agravie a cualquier persona por el incumplimiento de la suspensión, sea provisional o definitiva.

En ese sentido, es pertinente destacar que de conformidad con el las fracciones I, III y V del artículo 262 de la Ley de Amparo, se impondrá pena de 3 a 9 años de prisión, multa de 50 a 500 días, destitución e inhabilitación de 3 a 9 años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión exprese un hecho falso o niegue la verdad al rendir informe previo o con justificación o en caso de que no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado o se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo.

Vale la pena resaltar que de acuerdo con el Artículo 1° párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el Estado Mexicano a través de todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en contraste, lo que ha hecho el Estado es utilizar las armas a su alcance en contra de los comuneros para obtener confesiones arrancadas en la Procuraduría General de la República, para después utilizarlas como pruebas confesionales, testimoniales o documentales públicas en los procedimientos judiciales.

Es claro que en San Lorenzo Acopilco existieron diversas violaciones a los derechos humanos de los comuneros, poseedores y avecindados y el Estado Mexicano está obligado a garantizar los mecanismos para hacer efectivo el respeto irrestricto a sus derechos fundamentales.

Protección civil

Como ya fue documentado en diversos medios de comunicación, desde hace varios meses, las obras de construcción irrumpieron en la comunidad de San Lorenzo Acopilco, incluso trabajando de noche para que nadie les viera y destruyendo casas enteras, vehículos y todo ello sin pagar un solo centavo por concepto de indemnizaciones a las personas que han sido dañadas en su patrimonio, adicionalmente, no han tenido la precaución de poner alguna barrera física que realmente impida el paso de cascajo y escombro hacia las áreas donde se encuentran viviendo familias y aún más delicado, donde juegan niños que pueden ser asesinados por este gobierno al que nada ni nadie le importa. Lo único que existe, es una malla ciclónica que ya se encuentra sumamente dañada y francamente, no sirve para nada.

Daños ambientales

No puede pasar desapercibido el daño ambiental hecho al ecosistema de la Ciudad de México, ya que si de por sí, tenemos poca cantidad de áreas verdes, con este tipo de acciones vemos como el gobierno federal con total desinterés taló más de 600 árboles en la zona de San Lorenzo Acopilco, lo cual, al no existir un decreto de expropiación ni algún derecho de vía que le conceda la titularidad de las tierras al Estado Mexicano, claramente nos encontramos ante la comisión de un delito ambiental de alto impacto, los cuales se ven encuadrados en las fracciones I y II del artículo 418 del Código Penal Federal, de donde se advierte que se debe imponer una pena de 6 meses a 9 años de prisión y de 100 a 3 mil días multa, cuando el desmonte o destrucción de la vegetación, así como el corte, arranque, derribe o tala de algún o algunos árboles se realice en zonas no urbanas y de manera ilícita como evidentemente resulta este caso. Aquí las preguntas son: ¿Repusieron los 600 árboles talados? y ¿Realizaron los estudios de impacto ambiental en la zona? En caso de que la respuesta sea “NO” a alguna de las dos preguntas, resulta pertinente recordarle a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que se están acabando el planeta de manera indiscriminada.

Por si todo esto no fuera suficiente, también producto de las construcciones de la zona, es decir, el tren interurbano México – Toluca y la reposición del carril de la carretera federal México – Toluca dirección Toluca en su kilómetro 23 en el tramo de San Lorenzo Acopilco en la delegación Cuajimalpa, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y quienes están llevando a cabo la ejecución de la obra están contaminando el agua de Cuajimalpa, la cual utilizan los comuneros, avecindados y en general los habitantes de la zona para satisfacer sus necesidades básicas, otra cosa que arruinó este gobierno insensible y corrupto, eso sin contar que el flujo, también de agua hacia una “olla” captadora del vital líquido con una capacidad aproximada de 1 millón de litros, ha sido interrumpido por las obras.

No podemos dejar que la corrupción de nuestro gobierno siga afectando a la población. En razón de lo anteriormente expuesto y fundado, me sirvo someter a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que respeten los derechos reales comunales y privados de la Comunidad de San Lorenzo Acopilco en Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, a que dé cumplimiento a las suspensiones provisionales y definitivas y en su caso las resoluciones de fondo dictadas por diversos jueces de distrito, a que transparente la carpeta de expropiación y los planos relativos a la ampliación de la carretera México – Toluca en el tramo de mérito, a que realice las acciones pertinentes en materia de protección civil, a fin de garantizar la seguridad e integridad de los habitantes de la comunidad y a que lleve a cabo las medidas de mitigación ambiental respecto de los árboles talados en el área de afectación mencionada en el capítulo de antecedentes.

Notas

1 Auditoría Superior de la Federación. “Problemática General en Materia de Obra Pública.”

https://www.asf.gob.mx/uploads/61_Publicaciones _técnicas/Separata_ObraPublica.pdf

2 Ibídem.

3 Ibídem.

4 Boletín de prensa del 14 de marzo de 2018. Ineficiencia y riesgos de corrupción en obra pública: Caso de estudio del Tren Interurbano México – Toluca.

5 Pueblos América. (2017). La Venta. Marzo 14, 2018, Sitio web: https://mexico.pueblosamerica.com/i/la-venta-4/

6 Artículos 61, 63 y 117 párrafo quinto de la Ley de Amparo.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 24 días del mes de abril de 2018.

Diputado Santiago Torreblanca Engell (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a las autoridades municipales y al gobierno de BC a atender de manera coordinada la problemática ambiental que representa la contaminación de las playas de Ensenada, a cargo del diputado Marco Antonio García Ayala, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Marco Antonio García Ayala, integrante del Grupo Parlamentario del PRI a la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, así como el artículo 79, numeral 1, fracción II y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Desde hace ya muchos meses el deterioro de las playas en Ensenada, Baja California se han convertido en un referente para alejar al turismo nacional e internacional de este importante polo del país.

En 2017, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), realizaron estudios sobre la calidad de agua de mar a los más de 11 mil kilómetros de playas que tiene nuestro país.

Para el caso de las cinco playas que tiene Ensenada, playa Hermosa resultó ser la más contaminada del país con 263 estreptococos y enterococos fecales por cada 100 mililitros de agua (NMP/100 Ml), rebasando la recomendación de la Organización Mundial de la Salud que señala que para considerar a una playa como apta no debe tener más de 200 estreptococos y enterococos fecales por cada 100 mililitros de agua (NMP/100 Ml).

En el caso de Ensenada la problemática se ha agravado debido a fallas en las plantas de tratamiento de aguas residuales, tomas de control clandestinas y servicios deficientes en la recolección de basura y hasta la falta de monitoreo en la calidad del agua por parte de las autoridades estatales, los cuales son factores que han contribuido a que las playas de Ensenada sean percibidas como las más contaminadas del país, sino por las autoridades, sí por los visitantes.

A esto, se debe añadir la falta de responsabilidad social por parte de los encargados de hoteles debido a las grandes cantidades clandestinas de agua sucia que vierten.

De acuerdo a Green Peace México, en el país sólo se trata el 40.2 por ciento de las aguas residuales, además de que cada segundo se vierten a las cuencas 124 mil litros de aguas sin tratar

(http://www.greenpeace.org/mexico/es/Campanas/Oceanos-y -costas/Que-amenaza-a-nuestros-oceanos/Turismo-depredador/Playas-sucias /).

De los 154 municipios con costa en el país, únicamente la mitad cuenta con plantas de tratamiento de aguas negras.

Si bien, en el último monitoreo realizado hasta a principios de marzo de este año sobre la calidad del agua por la Semarnat y Cofepris no se detectaron los 200 estreptococos y enterococos fecales por cada 100 mililitros de agua (NMP/100 Ml), lo que sí es cierto es que los visitantes no se sienten con la suficiente confianza de disfrutar su estancia en las playas de este municipio bajacaliforniano.

La contaminación de estas palayas proviene en su mayoría de los derrames clandestinos de aguas negras por lo que representan un grave riesgo a la salud para los visitantes.

Es por ello, que en el presente punto de acuerdo se hace un llamado respetuoso a las autoridades municipales y al gobierno del estado de Baja California, para que atiendan de manera coordinada la problemática ambiental que representa la contaminación de las 5 playas de Ensenada.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea, la siguiente Proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades municipales y al gobierno del estado de Baja California a atender de manera coordinada la problemática ambiental que representa la contaminación de las playas de Ensenada.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2018.

Diputado Marco Antonio García Ayala (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Sistema de Aguas de la Ciudad de México a realizar y publicar en ejercicio de sus facultades un programa de abastecimiento de agua para toda la metrópoli, a fin de evitar las especulaciones y un posible lucro indebido de los partidos políticos en la presente época electoral, a cargo del diputado Juan Alberto Blanco Saldívar, del Grupo Parlamentario del PAN

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I, II III y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones jurídicas que pudieran resultar aplicables, el que suscribe, diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXIII Legislatura, somete a consideración de esta honorable soberanía la presente proposición con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, para que en acción de sus facultades realicen y publiquen un programa de abastecimiento de agua para la toda la Ciudad de México , a fin de evitar las especulaciones y un posible lucro indebido para los partidos políticos en la presente época electoral al tenor de la siguiente exposición de motivos.

Exposición de Motivos

1. En los últimos meses en diferentes puntos de la Ciudad de México se ha experimentado una falta de abastecimiento de agua, lo que ha provocado manifestaciones ciudadanas, provocadas por la desesperación e impotencia de los mexicanos afectados.

2. El 6 de marzo del año en curso, el exjefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, señaló que en las últimas semanas “algunas válvulas del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, mejor conocido como Sacmex, han sido cerradas de forma arbitraria” lo que ha ocasionado la falta del líquido en diversas colonias de la capital, principalmente en las delegaciones Benito Juárez, Coyoacán, Iztacalco y Venustiano Carranza.

3. En la misma conferencia de prensa, Miguel Ángel Mancera señaló “que se han tenido denuncias de cierres de válvulas, por parte de otros partidos políticos, a fin de afectar la gobernabilidad, además señaló que ya se trabaja en medidas de seguridad para evitar la presente situación”.1

4. En los diferentes puntos donde se registra una falta de suministro del líquido vital, se crea una especulación, de tipo oferta-demanda, porque sé dice que no hay agua suficiente para el abastecimiento, sin embargo los camiones cisterna del sector privado se abastecen de agua, para después venderla en precios elevados, dichos precios por camión cisterna oscilan entre los setecientos cincuenta y novecientos pesos, llegando algunas ocasiones a costar los mil pesos.

Es importante enfatizar la situación. Si es que se atraviesa una supuesta escases de agua ¿por qué los encargados de los pozos, permiten que los camiones privados, carguen agua? cuando se supone que la prioridad la deberían tener los camiones abastecedores de agua del gobierno para brindar el servicio público.

Con los puntos señalados es inevitable pensar en que existe un interés por parte de los partidos políticos para obtener más recursos, para el presente año electoral.

5. Como se ha señalado en los motivos anteriores, no hay una falta de agua, pero lo que si hay, y resulta innegable, es una conexión de abastecimiento en muy malas condiciones.

En México se pierde entre el 30 y 50 por ciento de agua potable por fugas en las redes hidráulicas. El problema es recurrente en casi todas las ciudades del territorio nacional, y las causas son prácticamente las mismas: ductos viejos y deteriorados, la presión variable del agua y el suministro intermitente.

6. En el año 2015 el ingeniero Antonio Capella Vizcaíno,2 consultor del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), publica una investigación señalando lo siguiente:

“Los operadores acuden a un suministro intermitente, los tandeos de agua que reduce las fugas, ya que el tiempo que no hay el líquido en los tubos no hay pérdidas, pero se derivan dos problemas muy importantes:

Variar la presión o vaciar las tuberías las deteriora; de acuerdo a estudios ingleses, las tuberías sometidas a estos procesos aceleran su deterioro hasta en 10 veces, y por tanto habrá roturas más frecuentes.

Por otra parte, cuando el suministro es intermitente es posible que el agua se contamine con fluidos que vienen de fuera, de manera que no puede garantizarse su calidad. Por ambas razones, el suministro no debe ser intermitente”. 3

7. Datos del Consejo Consultivo del Agua, respalda y señala la misma cifra, de que entre el 30 y el 50 por ciento del agua se desperdicia en fugas de conexiones de tomas principales a hogares.

8. La situación desde hace tres años a la fecha no ha mejorado en lo más mínimo y en cambio se ha reflejado en la falta de agua potable en diferentes puntos de la Ciudad de México, lo que genera la interrogante ¿por qué no se invierte correctamente en el mantenimiento de las tuberías?

En lo que va del año se vive una crisis de agua, pero no se debe a la carencia del líquido, sino al pésimo estado de la red que provoca que el 40 por ciento del agua que pasa por los tubos se fugue.

De los 30 metros cúbicos por segundo de agua que entran a la red hidráulica, 18 llegan a las casas, sin embargo 12 se pierden en el camino, ya que se fugan por las tuberías rotas.

9. El ingeniero Capella Vizcaíno señaló que se requiere de una inversión de 35 mil millones y un periodo de 15 años.

La inversión anual dedicada a reparar la red de agua potable sería de tres mil millones de pesos al año, que es menos de los cuatro mil 500 millones de pesos que se gastan actualmente en la Ciudad de México en la compra de agua embotellada.

10. Se considera que las redes de agua de esas ciudades, o incluso en León o Monterrey, son de calidad ya que hay agua todo el tiempo, es apta para consumir directo de la llave y fluye a presiones adecuadas.

En cambio, en la Ciudad de México 286 de las mil 812 colonias y pueblos originarios en once delegaciones se brinda un servicio de agua por tandeo y prevalece la desconfianza sobre la calidad del agua potable.

11. La Ciudad de México tiene un abasto de agua diferenciado, es decir, en cada delegación se tiene una disponibilidad del líquido distinta.

El promedio en la capital de disponibilidad de agua es de 320 litros por persona al día, pero a nivel delegacional el promedio cambia.

Por ejemplo, mientras en Magdalena Contreras se tiene una dotación de agua de 540 litros por habitante al día, en Iztapalapa es de 235 y 203 litros en Venustiano Carranza.

12. Bajo este mismo contexto cabe señalar el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, correspondiente al ramo 16, para la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento se asignó 7 mil 791 millones 583 mil 428 pesos y para la ampliación de infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento determinadas por la Cámara de Diputados se asignaron 7 mil 616 millones 583 mil 428.

13. Es con base en la situación que hoy se vive y con los datos señalados que un servidor en carácter de legislador, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, considera que es importante exhortar respetuosamente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, para que en acción de sus facultades realicen y publiquen un programa de abastecimiento de agua para toda la Ciudad de México, a fin de evitar las especulaciones y un posible lucro indebido para los partidos políticos en la presente época electoral y conocedores de las malas condiciones de las conexiones de agua potable, consideramos relevante agregar un punto resolutivo a la presente proposición.

Es por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado, que someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con puntos de acuerdo para quedar como sigue:

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México para que en acción de sus facultades realicen y publiquen un programa de abastecimiento de agua para toda la Ciudad de México, con el fin de evitar las especulaciones y un posible lucro indebido para los partidos políticos en la presente época electoral.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno de la Ciudad de México, para que por medio del Sistema de Aguas de la Ciudad de México atiendan y realicen de manera correcta el mantenimiento que resulte necesario a las instalaciones de agua potable, a fin de reducir los porcentajes de agua desperdiciada.

Notas

1 http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/acusa-mancera-que-falta-de -agua-en-cdmx-es-con-fines-politicos

2 Investigador del Instituto de Ingeniería, UNAM

3 http://www.iingen.unam.mx/es-mx/difusion/Lists/ElIIUNAMEnPrensa/DispFor m.aspx?ID=377

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril del 2018.

Diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las localidades con nombramiento de pueblo mágico a atender las formalidades requeridas para mantenerse en el programa federal respectivo, a cargo del diputado José Luis Velázquez González, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado José Luis Velázquez González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la honorable Cámara de Diputados en la LXIII Legislatura, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente: proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las localidades con nombramiento de Pueblo Mágico para que atiendan todas las formalidades que les sean requeridas para mantenerse en el Programa Pueblos Mágicos del gobierno federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El turismo siempre ha sido y será un sector estratégico para México, al ser un detonante en la generación de empleos, impulsor de la competencia y al garantizar la economía de los municipios y estados del país.

México es una nación cimentada en su riqueza cultural e histórica, la cual se manifiesta en la belleza natural y arquitectónica de sus pueblos y comunidades; así como, en la diversidad de su oferta cultural tangible e intangible.

Por esta razón, con el objeto de elevar el nivel de bienestar de la sociedad, el gobierno federal se ha caracterizado siempre por ejecutar políticas públicas que permitan crear las condiciones necesarias que hagan posible el aprovechamiento del potencial turístico de México y, así generar una mayor derrama económica en el país.

La estrategia 4.11.2 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece que, para el aprovechamiento del potencial turístico de México, se debe impulsar la innovación de la oferta y elevar la competitividad del sector turístico, a través del fortalecimiento de la infraestructura y la calidad de los servicios y de los productos turísticos.

En concordancia con lo anterior, cabe señalar que el turismo mexicano participa con el resto del mundo en un mercado cada vez más competido, en el cual es necesario promover un turismo sustentable y de calidad, que ofrezca productos y servicios innovadores, diversificados, con mayor valor agregado y con una adecuada articulación de las cadenas de valor productivas y comerciales vinculadas al turismo.

Con ello, se generarán las condiciones para que los visitantes tengan una experiencia única, que fortalezca la competitividad del turismo mexicano en el mundo y que haga que la industria turística multiplique su potencial y que sus beneficios alcancen a más mexicanos.

De igual forma, la competitividad en el sector turístico va de la mano del desempeño productivo de la actividad, la cual se ha considerado mediante la utilización de los recursos turísticos de manera ordenada y eficiente, para generar mayor valor agregado, riqueza y bienestar.

Por lo anterior, la planeación debe establecer como una necesidad, el mejorar los esquemas de inversión turística, a efecto de desarrollar e impulsar negocios que fortalezcan las redes de infraestructura que faciliten el movimiento de turistas.

En tal sentido, las acciones implementadas desde las autoridades gubernamentales y/o el sector privado en esta materia han derivado en estrategias desde distintos ámbitos, claramente identificables.

Por lo anterior, es importante resaltar que un Pueblo Mágico es una localidad con atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentes, cotidianidad y magia que le dan una vitalidad propia que emana de cada una de sus manifestaciones socio-culturales.

Por su parte, el Programa Pueblos Mágicos de México, desarrollado por la Secretaría de Turismo, en colaboración con diversas instancias gubernamentales y gobiernos estatales y municipales, contribuye a revalorar a un conjunto de poblaciones del país que representan alternativas frescas y diferentes para los visitantes nacionales y extranjeros. Constituye un reconocimiento a quienes habitan dichas localidades y que, además, mantienen la riqueza cultural e histórica de éstos.

El Programa de Pueblos Mágicos se estableció para otorgar subsidios a las entidades federativas con el objetivo de diversificar y mejorar la calidad de estos destinos, productos y servicios turísticos; así como, estimular y fomentar la inversión pública y privada, para generar derrama económica, empleo, desarrollo social y económico, en beneficio de la comunidad receptora.

Sin embargo, no basta con que las localidades accedan al Programa Pueblos Mágicos, ya que una vez incorporados a éste es necesario que cumplan con ciertas formalidades para mantenerse dentro del programa, situación que en la especie no siempre acontece.

En esa virtud, el gobierno federal estableció el acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para la Incorporación y Permanencia al Programa Pueblos Mágicos, en el cual se determina que para que un Pueblo Mágico pueda mantener su nombramiento, deberá someterse a una evaluación anual coordinada por la Dirección General de Gestión de Destinos.

Así las cosas, el Pueblo Mágico evaluado deberá entregar los documentos que acrediten lo siguiente:

I. Mantenimiento y funcionamiento de un Comité Pueblo Mágico con seguimiento de acuerdos;

II. Aprobación y punto de acuerdo del congreso del estado, donde se establezcan los recursos presupuestarios por asignarse al Pueblo Mágico;

III. Cumplimiento de planes, programas y normativa;

IV. Fortalecimiento e innovación del catálogo de productos turísticos (servicios certificados);

V. Funcionamiento y adecuación de los servicios de salud y de seguridad;

VI. Evaluación del impacto en el desarrollo turístico;

VII. Mantenimiento de las relaciones comerciales con al menos un intermediario de servicios turísticos;

VIII. Contar con un Sistema de Información Estadística;

IX. Integración de un informe detallado de actividades (anual) y

X. Seguimiento a otros elementos que considere la Secretaría de Turismo como relevantes para la operación del Programa Pueblos Mágicos.

Por otra parte, se establece que si el Pueblo Mágico no cumple con alguno de los requisitos antes señalados, la Dirección General de Gestión de Destinos lo prevendrá, vía correo electrónico, por una sola ocasión, para que en el plazo de 90 días naturales lo subsane.

Dicho lo anterior, es claro que el Programa Pueblos Mágicos del gobierno federal diversifica y mejora la calidad de muchos destinos, productos y servicios turísticos; estimula y fomenta la inversión pública y privada; por ello, es menester que las localidades que tengan el nombramiento respectivo realicen las acciones necesarias que garanticen su permanencia en el multicitado programa federal.

En virtud de lo anteriormente fundado y motivado pongo a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes, exhorta a las localidades con nombramiento de Pueblo Mágico para que atiendan todas las formalidades que les sean requeridas para mantenerse en el Programa Pueblos Mágicos del gobierno federal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2018.

Diputado José Luis Velázquez González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión contra la Trata de Personas del Senado de la República a evitar hacer uso de su investidura para difamar, estigmatizar y dañar con ello a las organizaciones de la sociedad civil abocadas a atender y asistir a víctimas de delitos en materia de trata de personas, a cargo de la diputada Julieta Fernández Márquez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Julieta Fernández Márquez , presidenta de la Comisión Especial Contra la Trata de Personas de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, 65; 76, numeral 1, fracción II; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2; 79, numeral 2, fracción III, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, invocando respetuosamente el carácter de urgente y obvia resolución para exhortar respetuosamente al titular de la secretaría enunciada en el proemio de la citada proposición, al tenor de los siguientes

Considerandos

Nuestro país ocupa el primer lugar en pornografía infantil y el segundo en incidencia de delitos en materia de trata de personas.

Con la entrada en vigor de la ley vigente en la materia, hace cinco años, las autoridades responsables de procurar y administrar justicia han contado con un instrumento adecuado para perseguirlos y castigarlos; la lucha en nuestro país contra estos flagelos ha observado resultados significativos que constan en un estudio realizado por un grupo multidisciplinario sobre las más de 700 sentencias logradas hasta ahora;1 así como en el Informe Anual de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, 2015, publicado por la Secretaría de Gobernación.2

Quedan grandes pendientes, como el financiamiento del fondo de reparación a víctimas de trata, para que a través del mismo la asistencia y la restitución sea satisfecha para las víctimas, como lo establece la Ley General en la materia, cabe hacer mención que las asociaciones civiles y las organizaciones no gubernamentales han suplido en estos aspectos al Estado mexicano.

El éxito del trabajo de estas personas y organizaciones para prestar estos servicios a las víctimas de estos delitos, se funda en un prestigio ganado, que cualquier denostación daña de manera irreparable, provocando el retiro de recursos para sostener los espacios y financiar los servicios.

Se entiende por “defensor de derechos humanos”, a la persona u organización que, por sí o junto con otras, promover o proteger uno o varios de esos derechos, ya sea su restitución a quienes les han sido violentados, o su disfrute por parte de comunidades y grupos más amplios en situación de vulnerabilidad.

La violencia institucional es una práctica grave de ejercicio de abuso e impunidad por parte del Estado, órganos de Estado o autoridades -sobre todo si no son idóneas-, que representa quiebres del orden constitucional; violaciones de derechos humanos y pérdida de legitimidad y confianza ciudadana sobre las instituciones que así actúan y sobre las personas físicas y morales afectadas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en resoluciones contenidas en los párrafos 83, 84 y 85 del documento “Criminalización de la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos”, emitidas a propósito de las reiteradas quejas por la persecución y asesinatos de activistas en México y América Latina,3 ha reiterado que los funcionarios públicos deben abstenerse de realizar declaraciones que los estigmaticen o sugieran que actúan de manera indebida o ilegal por el hecho de realizar sus labores, porque no solo lesionan su derecho a la integridad, a la honra y la dignidad, sino que violentan el principio de presunción de inocencia, deslegitiman su labor de defensa, promoción y procuración de derechos, y por ende dejan sin recursos que el Estado no proporciona a las víctimas de estos delitos.

Recogiendo este sentir, la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en su artículo 2, señala que las agresiones serán entendidas como cualquier daño a la integridad física o psicológica, amenaza, hostigamiento o intimidación que por el ejercicio de su actividad sufran las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Por ello preocupa que el Senado de la República y altos funcionarios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,4 rebasando sus facultades constitucionales y emulando tradiciones de los peores autoritarismos, en diferentes ocasiones se hayan convertido en espacios de descalificación, confrontación y ataques contra personas y organizaciones defensoras de derechos humanos abocadas a la lucha contra la trata y la atención a víctimas, que mantienen posiciones argumentadas en defensa de la Ley.5

Preocupa igualmente que desde la Presidencia de la Comisión contra la Trata de Personas del Senado de la República se descalifique y difame, el trabajo de activistas, organizaciones e instituciones e instancias oficiales,6 por el hecho de no ajustarse a supuestos que objetan la Ley para reformarla o abrogarla.7

Estas estigmatizaciones y descalificaciones han devenido en situaciones que deslegitiman la Ley, el trabajo de autoridades, personas y organizaciones comprometidas; en ventanas de oportunidad para los intereses y la impunidad de tratantes, y en la pérdida de espacios para la protección, atención, y cancelan oportunidades para la reintegración social de las víctimas, sin por otro lado aportar recursos ni soluciones para sustituirlos, dejándolas a la deriva.

Destacan en este sentido desmesurados ataques del Senado y reiterados ataques de la senadora Adriana Dávila -en una confusión del ejercicio de sus funciones y facultades constitucionales con sus intereses y fobias personales-, en contra de la activista Rosi Orozco, y de organizaciones que por años han dedicado esfuerzos a la atención a víctimas, con servicios que a pesar de ser sus obligaciones legales, el Estado no presta.8

-Fundación Camino a Casa, que ha apoyado hasta su reintegración, a niñas y jóvenes (hasta ahora 209), con servicios psicológico, psiquiátrico, educativos, alimentos, hospedaje con nivel de alta seguridad, transportación, deporte, arte, ayudándoles a recobrar su derecho a decidir libremente el desarrollo de su personalidad y su destino.

-Fundación Reintegra, que apoya a jóvenes que salen de la Fundación Camino a Casa a cursar carreras en prestigiosas universidades, y reciben de ella salario para estudiar y dar conferencias.

-Fundación Sin Trata, que otorga becas al 100 por ciento en estas universidades, donde las víctimas conviven en entornos de personas comprometidas a poyarles a lograr sueños personales (eventos sociales, excursiones, etcétera)

-Comisión Unidos contra la Trata, que apoya a jóvenes y niños a reintegrarse a la vida social, con terapias psicológicas, apoyos de alimentación y hospedaje; ayuda para que reciban apoyos para adquirir viviendas, autos, placas de taxis y emprender negocios propios; financiamiento para viajar por el mundo para ser conferencistas ante alcaldes, gobernadores, líderes religiosos, senadores y congresistas, jueces y procuradores; con coach individual para superarse y lograr sus metas; con apoyos económicos a refugios y otras fundaciones en otros estados de la República; con trabajo académico y divulgación (como el análisis de alrededor de 300 sentencias realizado con la ayuda de 150 personas, que está siendo de un valor incalculable para el trabajo contra la trata), foros de trascendencia mundial, (como “Explotación Sexual: Violación a sus Derechos Humanos”); campañas de prevención, capacitación de funcionarios; obras de teatro, costea abogados expertos en derechos humanos que acompañan gratuitamente a las víctimas en sus procesos.

Estos ataques los realiza mintiendo acerca del origen y destino de los recursos de estas organizaciones, asegurando que tienen procedencia oficial y son desviados para fines personales, a sabiendas de que provienen de fuentes privadas y están perfectamente auditados por estas y por el Estado, como lo reconocen en documentos oficiales autoridades de los gobiernos de Ciudad de México y del estado de México.9

Estas acciones son una revictimización por parte de quienes las propician, desde instancias oficiales que constitucional y legalmente deberían estar abocadas a defender los derechos humanos de las víctimas y alentar acciones oficiales y civiles, constituyen claramente conductas que incurren en responsabilidad oficial e incluso pueden resultar constitutivas de delitos.

En mérito de lo anterior y las facultades que en mi carácter de diputada a la Cámara de los Diputados de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión me confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente proyecto de:

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de los Diputados de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión exhorta a la presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas del Senado de la República a que evite hacer uso de su investidura para difamar y estigmatizar a efecto de dañar a las organizaciones de la sociedad civil avocadas a la atención y asistencia de víctimas de delitos en materia de trata de personas.

Notas

1 Comisión Unidos vs Trata, AC, “Informe Preeliminar de sentencias en materia de trata de personas”, www.comisionunidos.org consultado el 21 de marzo de 2018.

2 Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas, “Informe Anual 2015”, https://www.gob.mx/segob/documentos/informe-anual-de-la-comision-inters ecretarial-para-prevenir-sancionar-y-erradicar-los-delitos-en-materia-d e-trata-de-personas-2015 consultado el 21 de marzo de 2018.

3 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Criminalización de la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos”, prfs. 83, 84 y 85: “83. La CIDH ha reiterado que “los funcionarios públicos deben de abstenerse de realizar declaraciones que estigmaticen a defensores y defensoras o que sugieran que las organizaciones actúan de manera indebida o ilegal, solo por el hecho de realizar sus labores de promoción y defensa de los derechos humanos”. En tal sentido, la CIDH recomendado que los gobiernos den instrucciones precisas a sus funcionarios para abstenerse de hacer declaraciones que los estigmaticen.

84. La CIDH considera que las declaraciones estigmatizantes en contra de defensoras y defensores pueden llegar a lesionar tanto el derecho a la integridad personal, el derecho a la honra y dignidad y el principio de presunción de inocencia. Al respecto, la Comisión ha estimado que cuando las autoridades rinden declaraciones o emiten comunicados en los cuales se incrimina públicamente a un defensor por hechos que no han sido judicialmente comprobados, se atenta contra su dignidad y honra toda vez que se deslegitima su labor frente a la sociedad, afectando con ello sus actividades de defensa de los derechos humanos.”

4 Al respecto, ver oficios de 26 de diciembre de 2017, dirigido al Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de esa Institución en el que se recurre en queja por estas acciones, que la perjudicada considera violatorias de sus derechos humanos; de esa misma fecha, oficio al licenciado Eduardo López Figueroa, Contralor Interno de esa misma institución, a quien se recurre en queja contra declaraciones y actuaciones de la directora del programa dontra la Trata de Personas, Yuriria Álvarez Madrid, como partícipe de estos hechos.

5 El 8 de octubre del 2013, la Comisión contra la Trata de Personas que preside la senadora por Tlaxcala, Adriana Dávila Fernández, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

Tras las presentaciones de dicha iniciativa, diversas organizaciones expresaron su desacuerdo debido a que esta iniciativa representaba un grave retroceso quienes son víctimas de este delito, lo que generó enojo de la Presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas en el Senado, quien desde esa instancia, comenzara a realizar señalamientos públicos en contra de personas físicas y morales, a quienes desde entonces veja sistemáticamente en medios y actos oficiales, incluyendo alusiones personales y señalamientos de información que ponen en peligro a activistas y víctimas.

En 2014 tras la publicación de un artículo titulado “Perdieron los tratantes y dueños de giros negros”

(https://www.google.com.mx/amp/amp.milenio.com/firmas/ro si_orozco/Perdieron_los_tratantes_y_duenos_de_giros_negros_18_426737339 .html ), la bancada del Partido Acción Nacional en el Senado, junto con dirigentes partidarios, emitieron amenazas contra un particular, señalando: “El grupo parlamentario del PAN va a respaldar a la senadora Adriana Dávila con todas las acciones legales, políticas o de comunicación para poner en su lugar a las señora Rosi Orozco... Para que sepa la señora Rosi Orozco y todos los demás que están detrás de ella que el Senado de la República no te va a dejar sola”. (https://youtu.be/2XJS5gYCoFA ), y el 16 de diciembre, en una acción sin precedentes e inadmisible en un Estado democrático de derecho, se publicó en el periódico El Universal, un desplegado firmado por el Senado de la República en contra una ciudadana, a quien desde entonces la senadora no pierde ocasión de arremeter en medios y actos oficiales del Senado de la República, venga o no al caso, ya sea por su activismo en la materia, como por posiciones partidarias: http://www.youtube.com/watch?v=dnJTMO9tXC ;

http://www.sinembargo.mx/17-08-2015/1450324 ; https://youtu.be/5YvpKGk8f48 ;

https://m.aristeguinoticias.com/1612/mexico/senadores-de l-pan-acusan-a-rosi-orozco-de-lucrar-con-fundacion-contra-trata/ ; http://www.iedf.org.mx/ut/ucs/INFORMA/diciembre16v/vesp15/v06.pdf ; http://www.razon.com.mx/spip.php?article207054#.UxqEnhmmc1Q.email ; https://youtu.be/t5EUnIKhwmY , todos consultados el 21 de marzo de 2018

6 Comisión contra la Trata de Personas del Senado de la República, www.senado.gob.mx/comisiones/trata-personas/docs/presentación.pdf consultado el 21 de marzo de 2018.

7 Comisión contra la Trata de Personas del Senado de la República, https://comisiones/trata_personas/docs/presentacion.pdf consultado el 21 de marzo de 2018.

8 Video de la sesión ordinaria de fecha 22 de noviembre de 2017, en el Senado de la República,

http://comunicación.senado.gob.mx/index.php/información/ versiones/39446-sesion-ordinaria-de-la h-camara-de-senadores-celebrada-el-miercoles-22-de-noviembre-de-2017-co mparescencia-del-licenciado-miguel-angel-osorio-chong.html consultado el 21 de marzo de 2018

9 Oficio, 30 de enero 2018, Firmado por el maestro Edmundo Porfirio Garrido Osorio, procurador general de Justicia de Ciudad de México, en el que se reconoce el trabajo de la organización Comisión Unidos Contra la Trata y señala que no se le ha otorgado ni se ha solicitado recursos para el financiamiento de su trabajo; oficio de fecha 8 de febrero de 2018, firmado por el Lic. Alejandro Jaime Gómez Sánchez, Procurador de Justicia del Gobierno del Estado de México, en el mismo sentido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de abril de 2018.

Diputada Julieta Fernández Márquez (rúbrica)