Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, relativo al desarrollo de una política pública integral que impulse acciones, programas y proyectos conducentes a promover y apoyar el trabajo de las industrias culturales audiovisuales y a sus creadores, a cargo del diputado Santiago Taboada Cortina, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Santiago Taboada Cortina, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable cámara, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Cultura desarrolle una política pública integral que impulse acciones, programas y proyectos conducentes, a fin de promover y apoyar el trabajo de las industrias culturales audiovisuales y a sus creadores , al tenor de las siguientes

Consideraciones

La cultura es producto del ser humano, dentro de un proceso de socialización en el que es al mismo tiempo creador y asimilador de ella. De tal forma que el conocimiento, la creencia, el arte, la moral, la ley, la costumbre y cualquier otro hábito adquirido, así como los productos culturales, se transmiten por las generaciones adultas a las generaciones jóvenes, para adaptarlas a su medio físico y social.

Atendiendo a estos conceptos, es preocupación compartida por las naciones, garantizar esa adaptación dentro de su propia cultura, al mismo tiempo que reconocen la importancia de participar en los procesos de mundialización, ocasionados por el desarrollo de tecnologías de la información y comunicación, propiciando un intercambio entre culturas diversas.

Un componente importante de la cultura es el arte, que consiste en una forma de expresión de ideas, emociones, que muestran la perspectiva que tiene el ser humano de su entorno, haciendo uso de recursos plásticos, lingüísticos, sonoros o mixtos y cuya finalidad generalmente es estética o comunicativa.

Conforme a esta definición, la cultura es aprendida, inculcada y adaptada a la vida de las comunidades, entonces el arte es una forma de manifestación de ella; nace, se desarrolla, es parte constitutiva y llega a ser elemento representativo por excelencia de un contexto cultural.1

Por su parte, la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de Expresiones Culturales, aprobada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en su sesión 33, celebrada en Paris del 3 al 21 de octubre de 2005 afirma que la diversidad cultural es una característica esencial de la humanidad y que constituye un patrimonio común que debe valorarse y preservarse en provecho de todos; además resalta su importancia para la plena realización de los derechos humanos y libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos universalmente reconocidos.

Destaca también, la necesidad de incorporar la cultura como elemento estratégico a las políticas de desarrollo nacionales e internacionales, así como a la cooperación internacional para el desarrollo, teniendo en cuenta la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas (2000), con su especial hincapié en la erradicación de la pobreza.

Este instrumento define a las Industrias Culturales, como todas aquellas industrias que producen y distribuyen bienes o servicios culturales. Políticas y medidas culturales, como las relativas a la cultura, sean éstas locales, nacionales, regionales o internacionales, que están centradas en la cultura como tal, o cuya finalidad es ejercer un efecto directo de las expresiones culturales de las personas, grupos o sociedades, en particular la creación, producción, difusión y distribución de actividades, bienes y servicios culturales y el acceso a ellos. La interculturalidad, que define como la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, adquiridas por medio del diálogo y una actitud de respeto mutuo.

Con base en los conceptos expuestos, es indispensable que existan las condiciones sociales necesarias que garanticen la libertad de pensamiento, de expresión y que al mismo tiempo, se estimule la creación artística e intelectual.

Por otra parte, para los fines de la presente proposición, resulta de enorme importancia hacer referencia al concepto de industria cultural, el cual comenzó a utilizarse a partir del año 1948, cuando T. Adorno hizo referencia a las técnicas de reproducción industrial en la creación y difusión masiva de obras culturales. Posteriormente, la forma de crear, producir y distribuir los productos culturales ha ido evolucionando, conforme al avance de la tecnología y los medios de comunicación, permitiendo a la cultura incorporar procesos de producción más sofisticados, cadenas productivas complejas y su distribución a gran escala en los distintos mercados.

En los años 90 –del mismo siglo XX-, surge el concepto de economía creativa, el cual entiende a la creatividad en un sentido amplio, como “el motor de la innovación, el cambio tecnológico y como ventaja comparativa para el desarrollo de los negocios.”2 Bajo este enfoque, surge primero en Australia y posteriormente en el Reino Unido, el concepto de industrias creativas, cuyo origen es la creatividad individual, la destreza y el talento y que tienen el potencial de producir riqueza y empleo, a través de la generación y explotación de la propiedad intelectual.

Estas definiciones tienen en común a la creatividad, como la actividad que da origen a los bienes y servicios de estas industrias; asimismo, coinciden en vincular a la cultura y el arte con la industria, la economía y el mercado.

En lo que respecta a las industrias culturales, se vinculan con el desarrollo social, económico y educativo. Desde la invención de la imprenta, se inició un proceso de industrialización de la cultura; posteriormente se agregaron otros avances tecnológicos y se extendieron fuera de las fronteras de un país.

Durante los siglos XIX y XX se desenvolvieron la industria editorial y después las industrias audiovisuales (radio, cine, televisión, video, fonográfica). Y en su etapa mayor de desarrollo, en lo electrónico y satelital generó novedosos modos de comunicación.

Estas industrias culturales, deben ser estimuladas, para lograr el máximo aprovechamiento en su contribución al desarrollo económico y al mismo tiempo el fortalecimiento de la creatividad y diversidad cultural.

Desde los noventas, aumentó considerablemente el comercio internacional de bienes culturales, el proceso de globalización creó la necesidad de que en los mercados cinematográficos se construyan políticas de alcance no solo nacional sino internacional. Ya que a medida que se amplían las relaciones entre los países en prácticamente todo el mundo, así como el intercambio de actividades, bienes, servicios y productos, surge la preocupación de proteger la identidad cultural, incorporando garantías de respeto mutuo.

Respecto del cine en México, este hizo su entrada formal el 6 de agosto de 1896. Fue espacio que utilizaron los políticos para hacerse propaganda. Entre 1910 y 1917, Azteca Films, produjo 5 largometrajes de ficción capitalinos.

Las primeras películas habladas fueron elaboradas en 1927, con el cantante de jazz de Alan Crossland. La primera cinta sonora mexicana en 1931, con una nueva versión de Santa, dirigida por el actor español-hollywoodense Antonio Moreno, e interpretada por Lupita Tovar.

En 1941, se ratificó el Acuerdo de Lázaro Cárdenas por el que se hace obligatoria la exhibición de películas mexicanas en todas las salas cinematográficas del país, como paso importante para que posteriormente las leyes dieran protección a la industria cinematográfica, que para ese tiempo ya iniciaba su camino hacia su época de oro.

El 14 de abril de 1942, se creó el Banco Cinematográfico, SA, por iniciativa del Banco Nacional de México y el respaldo político del entonces presidente Manuel Ávila Camacho. Considerando en ese entorno, que fueron oportunos, ya que la producción nacional iba en aumento, aunque también los monopolios.

Con esto, los empresarios obtuvieron la exención de impuestos de exhibición sobre las películas nacionales y sobre la importación de materiales y equipo.

En 1949 se expidió una ley específica para la industria cinematográfica, algunas reformas a ella en 1952 por las que se requería que empresas exhibidoras de películas destinaran 50 por ciento de su tiempo de pantalla a su exhibición.

En opinión de expertos en este tema, esa legislación no contribuyó al beneficio de la industria, llevándola a una crisis con la casi desaparición de la industria cinematográfica.

El 29 de diciembre de 1992, se expidió la Ley Federal de Cinematografía, abrogando la anterior. Para expertos, esta legislación tardó demasiado en expedirse porque ya la industria estaba en decadencia. Aunque se implementaron campañas sobre el “Nuevo Cine Mexicano”, apoyadas por el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), los integrantes del gremio empezaron a explorar maneras de lograr reformas a la ley, para tener más beneficios.

Esa modificación, se efectuó en 1998, durante el periodo de Ernesto Zedillo como presidente de la República, con contenidos regulatorios más amplios.

Este breve recuento, pone de manifiesto, que la industria cinematográfica mexicana, alcanzó su época de oro de gran relevancia, pero que llegó a ser nulificada por diversos intereses. Hay quienes lo atribuyeron en su momento al fin de la Segunda Guerra Mundial y por ello, al regreso de la industria hollywoodense al mercado internacional. Incluso hubo quienes pretendieron atribuir la causa del fin de la época de oro, a la muerte de Pedro Infante.

Lo cierto es que en los antecedentes plasmados en la historia de la cinematografía, se pueden anotar las siguientes causas:

1) El saqueo indiscriminado del Banco Cinematográfico;

2) El monopolio de los empleos dentro de la industria por parte de añejos empresarios directores, actores etc.;

3) El uso reiterado y desgastado de los mismos temas;

4) El cambio de políticas sexenales bruscas;

5) El nepotismo de algunos Presidentes (López Portillo, con su hermana al frente de la industria, con el incendio de la Cineteca Nacional, trajo directores extranjeros boicoteando a los nacionales y provocó el auge del cine de ficheras);

6) El salinismo ambivalente, ya que en algunos temas como el 68 y el ejército, pretende plena libertad de expresión, pero en el cine, para expresarse se requieren financiamientos muy altos, a los que no se tuvo acceso de la manera requerida y esperada.

La reforma de 1998 de la Ley, se sustentó en beneficiar el desarrollo de la industria, lo que se reflejó en aumento de producciones nacionales en salas comerciales, no solamente en cineclubes a través de la oportunidad de tener en cartelera 3 o 4 películas mexicanas al mismo tiempo, sin embargo, no alcanzó a consolidarse ese beneficio, ya que años atrás, el cine había tenido una caída de público en muchos países durante la década de los ochenta.

En los inicios del siglo XXI la cinematografía mexicana empieza a mostrar una recuperación. Se han hecho en los últimos años esfuerzos para contar con instalaciones atractivas y de tecnología visual y sonora avanzadas, salas remodeladas con butacas más confortables, facilidad para el acceso a boletos, reducción del riesgo de reventa, lo que significa un estímulo para que inicie el regreso del público, pero falta aún mucho por hacer para que la industria cinematográfica madure hasta alcanzar un posicionamiento sólido dentro y fuera de nuestro país.

Es importante para un diagnóstico preciso y para encaminar propuestas para reposicionar al cine mexicano y garantizar contenidos que preserven la identidad cultural del pueblo mexicano, analizar algunas reflexiones y propuestas de problemas a resolver del Cine Mexicano, en voz de expertos de la industria cinematográfica:

Para Pedro Armendáriz, quien fuera presidente de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas, este problema inició con la desaparición de la Compañía Operadora de Teatros, que era una empresa estatal que controlaba la mayor cantidad de cines en el país. Y que son dos problemáticas graves: la distribución y exhibición de las cintas mexicanas.

Que la producción fílmica ha tenido altibajos, a veces se producen pocas películas en un año, en otros más y muy pocas son buenas. Muchas no encuentran pantalla y si lo logran duran escasamente una semana. A veces tampoco buenas películas encuentran un distribuidor adecuado.

Durante décadas parte de la industria como la producción, dirección y actuación, han insistido en que se aplique estrictamente el tiempo de pantalla, para que las películas mexicanas tengan una salida garantizada, ya que en términos mayoritarios está plagada de cine de Estados Unidos, no siempre buen cine. Pero otra parte de la industria, los exhibidores y distribuidores oponen resistencia.

Respecto al artículo 19 de la Ley, por el que los exhibidores reservan el 10 por ciento del total de exhibición para proyectar películas nacionales en sus respectivas salas, salvo lo dispuesto en los tratados internacionales en los cuales México no haya hecho reservas de tiempo de pantalla. Y a que toda película nacional se estrenará en salas por un período no inferior a una semana. Dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que sea inscrita en el Registro Público correspondiente, siempre que esté disponible en términos del Reglamento. Califica estas disposiciones, como “tabla de salvación” a los exhibidores quienes meten películas mexicanas, pero sin promoción ni publicidad efectivas.

La situación anterior, se refleja en las cifras de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y del Videograma (Canacine), que reporta que tan solo en 2009 teóricamente se estrenaron 54 películas mexicanas, unas exhibidas en la Cineteca Nacional y más de 40 solo estuvieron una semana para cumplir con la disposición normativa. En cambio, se estrenaron 235 películas extranjeras que fueron 181 de Estados Unidos y 9 latinoamericanas. El total de ingresos en taquilla fue de 243 millones de pesos, de los que el cine mexicano apenas llegó a los 4 millones. Lo que equivale a que en taquilla no se recuperó ni el costo de una sola producción, por lo que afirma que falta publicidad adecuada.

En México, es de gran importancia establecer acciones que permitan un decidido impulso a la industria cinematográfica nacional entendiendo por ésta, de conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Cinematografía, al conjunto de personas físicas o morales cuya actividad habitual o transitoria sea la creación, realización, producción, distribución, exhibición, comercialización, fomento, rescate y preservación de las películas cinematográficas.

Por ello, el promovente del presente punto de acuerdo, considera que es momento, en el que deba reposicionarse de manera estratégica e inteligente a esta industria, siendo el Gobierno Federal un auténtico promotor de dicha actividad, particularmente porque con la creación de la Secretaría de Cultura y la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, se vuelve indispensable que a partir de estas nuevas instituciones y marcos normativos, se aprovechen estos avances para dar impulso renovado a la cinematografía.

En este mismo orden de ideas, es preciso que se diseñe e implemente una ambiciosa estrategia nacional de impulso a la industria cinematográfica que permita aprovechar el prestigio renovado que en el exterior se tiene de las producciones nacionales, sus artistas y de manera muy especial, el bono de credibilidad, confianza y calidad de su llamada “generación dorada de Directores”.

Por lo anteriormente expuesto, se solicita a esta soberanía apruebe la siguiente proposición con:

Punto de acuerdo

Único. Esta honorable Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Cultura desarrolle una política pública integral que impulse acciones, programas y proyectos conducentes, a fin de promover y apoyar el trabajo de las industrias culturales audiovisuales y a sus creadores.

Notas

1 Valdés de Martínez, Sara Carmen. Introducción al arte . Libros de ARRAYAN. México, Segunda Reimpresión, 1998. Página 11. http://plasticas.dgenp.unam.mx/inicio/introduccion/artes-y-cultura

2 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Políticas para la Creatividad. Guía para el desarrollo de las industrias culturales y creativas .
http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural-expressions/tools/
policy-guide/como-usar-esta-guia/sobre-definiciones-que-se-entiende-por-industrias-culturales-y-creativas/

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de abril de 2018.

Diputado Santiago Taboada Cortina (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Ejecutivos federal y de Guerrero a tomar las medidas necesarias para el adecuado funcionamiento de la Universidad Intercultural de Guerrero, a cargo del diputado Oracio Flores Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD

El diputado Oracio Flores Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numerales 1 fracción II y 2 fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

A una década de la creación de las primeras universidades interculturales en México, siguen enfrentando grandes retos en su batalla por lograr el reconocimiento como una alternativa viable a las universidades tradicionales. Mientras que para algunos, las interculturales son una reivindicación de la diversidad cultural del país, para otros representan una opción desigual para una población en condiciones de inequidad. Inclusive, por lo menos una universidad intercultural, la Universidad de los Pueblos del Sur (Unisur) del estado de Guerrero, no cuenta con el reconocimiento oficial del gobierno.

El modelo de las interculturales surgió de una década de activismo por parte de las comunidades indígenas en la década de los noventas. Las instituciones se inspiran en las universidades interculturales en los países andinos y en América Central. Al ofrecer licenciaturas en áreas como Desarrollo Sustentable y Comunicación Intercultural, buscan ofrecer una educación más pertinente para las comunidades indígenas, y preservar sus culturas y lenguas.

La institución pionera en México fue la Universidad Autónoma Indígena de México, del estado de Sinaloa, que surgió en 2001 como proyecto de la Universidad de Occidente. Sin embargo, la primera en lograr reconocimiento oficial fue la Universidad Intercultural del Estado de México, en 2004. Hoy hay 12 universidades interculturales oficialmente reconocidas por la Secretaría de Educación Pública (SEP), además de la Unisur, que lleva años luchando por el aval del estado.

Para muchos jóvenes indígenas en México, las interculturales representan su única vía a la educación superior. Mientras que 15 por ciento de la población mexicana pertenece a un pueblo indígena, se estima que solo entre 1 por ciento y 3 por ciento de la matrícula universitaria es indígena Oficialmente, las universidades indígenas forman parte de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB) de la SEP, que debe aprobar sus currículos. La mayoría impartan las siguientes cuatro licenciaturas (o algún variante): Lengua y Cultura; Desarrollo Sustentable; Comunicación Intercultural y Turismo Alternativo o Sustentable.

Las universidades interculturales representan una opción particularmente atractiva para mujeres indígenas, quienes históricamente han sido excluidas de la educación superior nacional. Actualmente, en algunas instituciones, como la Universidad Veracruzana Intercultural, representan hasta 75 por ciento de los alumnos.

En un extremo, en términos del nivel de apoyo institucional, está la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), que forma parte de la Universidad Veracruzana (UV), unas de las instituciones de educación superior más grandes y prestigiadas del país. La UVI surgió en 2005 como un proyecto del Instituto de Investigaciones en Educación de la UV, y cuenta con el apoyo financiero y administrativo de la universidad sede.

Al otro lado del espectro está la Universidad de los Pueblos del Sur (Unisur), que funciona a base de profesores voluntarios con el apoyo de las comunidades rurales. A diferencia de la UVI, la Unisur surgió “desde abajo” como un proyecto de resistencia en el empobrecido y violento estado de Guerrero. Sus fundadores buscaron crear un proyecto alternativo.

Las cifras sobre matrícula y financiamiento también dan cuentan de la gran desigualdad entre las instituciones. En 2014, había un total de 10 mil 756 estudiantes y mil 55 profesores en las 12 interculturales reconocidas por la SEP, según el Explorador de datos del Estudio Comparativo de Universidades Mexicanas (EECUM), que utiliza datos del Formato 911 de la SEP. En cuanto al tamaño de matrícula, varía entre 249 alumnos en la Universidad Intercultural del Estado de Puebla y 472 en la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero, hasta mil 729 en la Universidad Intercultural de Chiapas y 3 mil 141 en la Universidad Autónoma Intercultural de México.

También hay grandes variaciones en el nivel de financiamiento de las interculturales, el monto total de financiamiento varía entre 36 millones de pesos para la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero a 112 millones para la Universidad Autónoma Intercultural de México. Sin embargo, esta última, que es la más grande, cuenta con la cifra más baja en términos del gasto por estudiante: 35 mil pesos por estudiante. En contraste, la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, gasta 232 mil pesos por estudiante.

La creación de la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur (Unisur) tiene sus orígenes en el encuentro de educación intercultural celebrado en el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, en 1999, donde se acordó entre los pueblos indígenas mixteco, amuzgo, nahua, afromexicanos y mestizos, así como con las autoridades municipales, académicos y organizaciones civiles, promover la instauración de una institución de educación superior para la formación de profesionales, intelectuales indígenas, afromexicanos y mestizos, con un profundo compromiso comunitario, partiendo desde la óptica de la cultura propia y visión del mundo de los pueblos originarios, que coadyuven a un desarrollo integral y sustentable de sus comunidades.

La Unisur cuenta con cuatro sedes académicas ubicadas en Santa Cruz del Rincón, municipio de Malinaltepec; Xochistlahuca, municipio de Xochistlahuaca; Xalitla, municipio de Tepecoacuilco, y Cuajinicuilapa, municipio de Cuajinicuilapa.

Asimismo, la universidad opera con tres órganos colegiados de gobierno: el consejo intercultural; el patronato y el colegio académico. Cabe resaltar que las autoridades tradicionales de los cinco pueblos originarios están representadas en el consejo intercultural. Incluso, los directivos de la institución son elegidos por las comunidades donde se asientan los planteles, el modelo pedagógico corresponde al método transdisciplinar e intercultural, a través de una organización modular establecida en trimestres.

La Unisur ofrece tres licenciaturas: Desarrollo Comunitario Sustentable; Gobierno y Administración de Municipios y Territorios; e Historia, Lengua y Cultura. Estos programas buscan el fortalecimiento de los estudiantes en su propio contexto comunitario o regional, buscando que los egresados estén preparados para ejercer en esos mismos espacios sus conocimientos organizados, a fin de promover el desarrollo local y regional.

El respaldo comunitario de los pueblos originarios que tiene la universidad le da legitimidad y, además, la comunidad es la encargada de brindar hospedaje y alimentación para estudiantes y profesores durante los ciclos escolares en las cuatro sedes académicas, quienes también han proporcionado aulas sencillas donde actualmente se dan las clases, incluso las comunidades han donado los terrenos para construir los planteles en forma y que dicho sea de paso, ya se cuenta con el diseño y los proyectos para tales fines.

No cabe la menor duda, esta educación superior gestada desde abajo, salvaguarda lo establecido en el artículo 2o. constitucional, específicamente, lo estipulado en la fracción IV del apartado A, lo que significa una contribución a la preservación y enriquecimiento de las lenguas, conocimientos, cultura e identidad de los pueblos y comunidades indígenas.

Asimismo, favorece a afianzar el derecho a la educación con pertenencia cultural, definiendo y desarrollando programas educativos con contenido regional y con conocimientos de los pueblos y comunidades indígenas, tal como lo establece la fracción II del apartado B del artículo 2o. constitucional.

Para sobrevivir, la universidad recibe donativos de las propias comunidades en donde se ubican sus sedes. También, tiene convenios académicos con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y la Universidad Autónoma Chapingo. La escasez de recursos para su funcionamiento es recurrente, a la fecha no se ha posibilitado un financiamiento anual consistente de le federación y gobierno del estado

Por las consideraciones antes expuestas, acudo a esta tribuna para solicitar su respaldo para la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al gobierno federal y del estado de Guerrero a tomar las medidas necesarias para el adecuado funcionamiento de la Universidad Intercultural de Guerrero (Unisur).

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de abril de 2018.

Diputado Oracio Flores Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía General del Estado de Puebla a atender el clima alarmante de inseguridad en la entidad, a cargo del diputado Ricardo Ernesto López Priego, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Ricardo Ernesto López Priego, diputado de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 42, numeral I, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1; y 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete al pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Puebla atraviesa una crisis en materia de seguridad.

Los poblanos nos encontramos vulnerables y desprotegidos frente a una embestida creciente de delitos y violencia.

La desatención y la insensibilidad de los dos últimos gobiernos panistas nos ponen contra la pared.

Los poblanos vivimos con miedo y perseguidos.

Cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) señalan que en el sexenio panista se registraron 440 mil 489 casos, entre homicidios, robos, violaciones y secuestros

El primer bimestre de 2018 en Puebla la incidencia delictiva presentó 9 mil 252 denuncias

En 2017 el municipio de Puebla lideró con el 75 por ciento de la incidencia delictiva, seguido de Amozoc, Cuautlancingo y San Martín Texmelucan.

En Puebla no se denuncian 9 de cada 10 delitos cometidos, según un informe de la Cámara de Diputados, es decir, apenas el 1 por ciento de los delitos se denuncia.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Alcaldes (Anac), integrada por autoridades de extracción panista, Puebla se encuentra entre los ocho estados del país más peligrosos para los presidentes municipales a nivel nacional por la cantidad de homicidios registrados, lista en la que ya se incluye el asesinato del edil de Tlanepantla, José Efraín García, registrado la semana pasada.

En total dicha organización tiene contabilizados 122 ediles electos, en funciones y ex ediles asesinados de 2006 al 15 de abril de 2018.

En tanto en este 2018, en el contexto electoral, los candidatos no están exentos de este clima de inseguridad.

El 28 de febrero fue asesinado Aarón Varela Martínez, candidato de Morena a la alcaldía de Santa Clara Ocoyucan, el cual recibió un disparo en la cabeza cuando regresaba de una reunión partidista en la ciudad de Puebla.

El 5 de febrero José Jairo García Oliver, aspirante a una diputación federal por Huejotzingo por el PAN, fue desmembrado.

De septiembre de 2017 a la fecha, se han registrado 25 asesinatos de distintos políticos a nivel local y regional:

-9 del PRI

-9 del PRD

-2 de Movimiento Ciudadano

-2 de Morena

-1 del PAN

-1 del PT

-1 del Panal

Por lo anteriormente expuesto, en términos de los preceptos legales invocados, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Exigimos a las autoridades del estado, en especial al fiscal Víctor Carrancá Bourget, que respondan con acciones eficientes y eficaces al problema de la inseguridad que hoy nos tiene hundidos en una crisis sin precedentes. Por eso:

Segundo. Los recursos etiquetados para la impartición de justicia deben ser estar meticulosamente etiquetados.

Tercero. Se deben fortalecer de forma inmediata los recursos humanos y materiales al personal para una eficiente aplicación y administración de la justicia.

Cuarto. Toda vez que la delincuencia, para ser frenada, requiere indudablemente de presencia policiaca es necesario fortalecer indudablemente la Secretaría de Seguridad Pública, pues en Puebla la fiscalía es una extensión del Ejecutivo.

Quinto. Que la Fiscalía General del Estado de Puebla cese la persecución política a los disidentes del sistema y fortalezca mecanismos de protección a la sociedad en general.

Dado en el Palacio Legislativo, a 19 de abril del 2018.

Diputado Ricardo Ernesto López Priego (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al gobierno de San Luis Potosí a hacer público el avance en los resolutivos emitidos en la declaratoria de alerta de violencia de género para esta entidad, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano

La suscrita, Claudia Sofía Corichi García, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que la honorable Cámara de Diputados exhorta al gobierno de San Luis Potosí a que haga público el avance en los resolutivos emitidos en la declaratoria de Alerta de Violencia de Género para el estado, así como llevar a cabo las acciones operativas y presupuestales, necesarias para articular, ejecutar y dar seguimiento puntual e inmediato a dicha alerta, y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado a dar seguimiento puntual al caso de la menor Yadira Guadalupe Rangel de 15 años quien fue violada, ejecutada y quemada en el kilómetro 4, al poniente del municipio de Matehuala, próximo a un arroyo de agua, el pasado 14 de abril del presente año al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. El pasado sábado 14 de abril de 2018, cerca de las tres de la mañana, en el kilómetro 4 del camino viejo a La Paz, al poniente del municipio de Matehuala, en el estado de San Luis Potosí, localizaron el cuerpo sin vida de Yadira Guadalupe Yadira Rangel de 15 años, quien fue violada, ejecutada y quemada, cerca de un arroyo de agua.

II. La Subprocuraduría de Justicia del Altiplano inició las investigaciones con protocolo de feminicidio, Yadira presentaba indicios de abuso sexual y tras asesinarla, intentaron quemar sus restos, ya que el cuerpo presentaba quemaduras en el cuello, manos y abdomen y se encontraba en estado de descomposición, por lo que fue trasladado al servicio médico legista para determinar las causas de su fallecimiento.

III. Sus familiares la habían reportado como desaparecida ante las autoridades cuatro días antes, pero estas no activaron la Alerta Ámber, perdiendo así horas cruciales para su búsqueda y localización. Yadira fue reconocida por su familia gracias a su vestimenta y pertenencias.

IV. El diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en el estado de San Luis Potosí de 20171 , en su capítulo 11, afirma que las mujeres potosinas sufren una situación de violencia y que el feminicidio es la manifestación más grave de ella. Con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2011, el diagnóstico reporta que “43.3 por ciento de las mujeres en San Luis Potosí señaló haber sufrido violencia por parte de sus parejas... de las cuales 23.3 por ciento fueron casos de violencia extrema, lo que corresponde a una cifra aproximada de 54 mil 350 mujeres”.

V. En noviembre de 2015 la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí solicitó a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres se declarase la Alerta de Violencia de Género (AVG). Para procesar la solicitud potosina (AVGM/08/2015), se formó un grupo de trabajo plural. Para integrarlo hubo que emitir dos convocatorias públicas (nacional y estatal) de modo que se integrasen cuatro personas representantes de instituciones académicas y de investigación.

VI. Fue hasta el 21 de junio de 2017, que se declaró la Alerta de Violencia de Género (AVGM) en 6 municipios: Ciudad Valles, Matehuala, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Tamazunchale y Tamuín.

En el segundo resolutivo emitido en la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, en las “Medidas Preventivas” se señala:

“1.

...

5. Crear y/o fortalecer las agrupaciones estatales, municipales o mixtas especializadas en seguridad pública, así como células municipales de reacción inmediata. Estas agrupaciones deberán integrarse multidisciplinariamente, actuar coordinadamente entre ellas y otros actores estratégicos, y su personal deberá estar capacitado para ejecutar sus funciones con perspectiva de género.”2

VII. La alerta de violencia de género contra las mujeres, AVGM es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres único en el mundo, establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su trámite para emitirla o concederla lo describe el reglamento de dicha ley. La alerta consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, en un territorio determinado (municipio o entidad federativa); la violencia contra las mujeres la pueden ejercer los individuos o la propia comunidad.

Su objetivo fundamental es garantizar la seguridad de mujeres y niñas, el cese de la violencia en su contra y/o eliminar las desigualdades producidas por una legislación o política pública que agravia sus derechos humanos.

VIII. A partir de la declaratoria en San Luis Potosí, el gobierno potosino se comprometió, entre otras cosas, a capacitar a las y los servidores públicos en perspectiva de género y de derechos humanos; realizar campañas de prevención; implementar una estrategia de prevención para recuperar espacios públicos; a tramitar diligentemente las órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia; y a crear agrupaciones de seguridad especializadas en género y de reacción inmediata. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil potosina reportaron que la violencia contra las mujeres “prevalece a pesar de las campañas y acciones que se han llevado a cabo”.

IX. Es evidente que las pocas acciones que ha llevado a cabo no han servido de casi nada, ya que según habitantes de Matehuala, ahí no se ha instalado el módulo de atención para estos casos. En esta ciudad urge la asistencia multidisciplinaria a las mujeres desde mucho tiempo atrás.

Por todo lo anteriormente expuesto, es que someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta al gobierno de San Luis Potosí a que haga público el avance en los resolutivos emitidos en la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para el estado, del pasado 21 de junio de 2017.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta al gobierno de San Luis Potosí a llevar a cabo las acciones operativas y presupuestales necesarias para articular, ejecutar y dar seguimiento puntual e inmediato a la Alerta de Violencia de Género en el estado.

Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí a dar seguimiento puntual al caso de la menor Yadira Guadalupe Rangel, de 15 años, que fue violada, ejecutada y quemada en el kilómetro 4, al poniente del municipio de Matehuala, próximo a un arroyo de agua, el pasado 14 de abril del presente año.

Notas

1 CEDH (2017). Diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos en el estado de San Luis Potosí. Resumen Ejecutivo. México: CEDH, UE.

2 Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, Ciudad de México, a 21 de junio de 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de abril de 2018.

Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para realizar una campaña con el objetivo de difundir los beneficios que aporta el sector de autotransportes de carga federal a la sociedad mexicana, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2 y 79, numerales 1, fracción II y 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

México está privilegiadamente ubicado, no sólo por la vecindad con los Estados Unidos de América (EUA), quien representa la principal economía del mundo; también, porque se encuentra entre dos océanos que le permiten comunicarse vía marítima al resto del mundo, con lo que adquiere un potencial para incrementar su mercado interno, así como a nivel internacional al contar con transportes eficientes y eficaces.

Hasta hace casi 10 años, la infraestructura de transporte en nuestro país se componía de más de 371 mil 936 kilómetros de carreteras; de los cuales, casi 133 mil (es decir, 36 por ciento) estaban pavimentados. Sin embargo, de éstos, sólo 81 por ciento se encontraba en condiciones buenas o satisfactorias. Aunado a ello, esta infraestructura de comunicaciones se componía de 26 mil 662 kilómetros (km) de vías férreas; 108 puertos y terminales marítimas; 85 aeropuertos; mil 202 aeródromos y 60 terminales intermodales.1

Actualmente, las condiciones de las carreteras han mejorado y una de las razones es la eficiencia que muestra el transporte en nuestro país. Así, tanto el transporte de pasajeros, como el de carga, han mostrado los beneficios que pueden aportar a los usuarios nacionales y extranjeros.

Sin embargo, el autotransporte de carga presenta ventajas por encima de sus competidores; es decir, la alternativa al uso del autotransporte terrestre de carga es el transporte aéreo o el ferrocarril, empero, los costos del aéreo son muy elevados y limitarían las entregas en sitios remotos o ubicados entre bases aéreas. En cuanto al ferrocarril, éste ha entrado en desuso y sus vías requerirían una fuerte inversión para ser modernizadas.

En tanto, el servicio que brinda el autotransporte de carga ha cobrado singular relevancia debido a su alto grado de participación en la cadena productiva, ya que brinda servicios a todos los sectores productivos de México; por lo cual, se ha posicionado como el principal medio para realizar traslados terrestres de mercancías, aspecto que nos permite sostener que es un medio insustituible para el crecimiento de la economía y el suministro de productos para todas las familias mexicanas.

El transporte de carga constituye un elemento fundamental para el desarrollo económico, al ser un medio que sobresale debido a que tiene una participación económica relevante al aportar 5.5 del producto interno bruto (PIB) nacional y registrar alrededor de 2.3 millones de empleos directos. 2

De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el sector de Autotransporte Federal mueve 83 por ciento de la carga terrestre y 56 por ciento de la carga nacional, además de movilizar 97 por ciento del total nacional de pasajeros.3

Aunado a las cifras anteriores, que colocan al transporte de carga como un mecanismo imprescindible para el comercio nacional, es importante señalar algunas de las ventajas que ofrece la transportación por carretera, tal como su versatilidad, al facilitar el acceso de los vehículos a todo tipo de terminales aéreas, marítimas, etcétera, y, con ello, realizar la carga y descarga de mercancía de manera más segura.

Sin embargo, la modalidad de este tipo de transporte se ha visto mediáticamente cuestionada, soslayando la accesibilidad que ofrece el transporte de carga al trasladarse por vías federales, locales e incluso caminos en malas condiciones, así como la prontitud de las entregas y los bajos costos de embalaje.

Al respecto, se han destacado accidentes en los que, lamentablemente, se han presentado pérdidas humanas; también se ha cuestionado la antigüedad de las unidades, soslayándose que, de acuerdo con la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) y la Asociación Nacional de Productores de Autobuses Camiones y Tractocamiones (ANPACT), la venta de camiones al mayoreo y al menudeo durante enero pasado, tuvo un incrementó de 13.5 y 11.1 por ciento, respectivamente, en proporción al año anterior.4

Estas cifras representan la venta más elevada en los últimos nueve años. Lo cual muestra el compromiso por modernizar constantemente la flotilla.

El servicio que brindan los transportistas federales es de gran relevancia para todas las personas que día a día hacemos uso de productos que llegan a nuestras manos, gracias al esfuerzo y colaboración de operadores mexicanos, mismos que requieren que no sólo se les mencione y considere cuando sucede un accidente vial o cuando se publicitan las cifras de los robos que sufren con frecuencia.

Por ello, creemos que es importante la utilización de los múltiples medios de comunicación para hacer un reconocimiento público a todos los trabajadores mexicanos de todos los sectores productivos que mantienen y enaltecen la economía nacional; en particular y como aspecto central de este respetuoso exhorto, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a fin de que promueva, como parte de la comunicación institucional de esa dependencia del gobierno federal, diversas acciones de difusión dirigidas a dignificar la imagen de nuestros transportistas, pues es imprescindible, dado el valor que aportan a la economía nacional, que éste órgano legislativo no les dé la espalda.

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a que promueva, como parte de la comunicación institucional de esa dependencia, una campaña de difusión cuyo objetivo sea difundir los beneficios que aporta el Sector de Autotransportes de Carga Federal a la sociedad mexicana.

Notas

1 Rascón Chávez, Octavio A y Mendoza Díaz, Alberto, en “Estado del arte de la seguridad vial en México y el mundo”, Revista Vías Terrestres de la Asociación Mexicana de Ingeniaría de Vías Terrestres, Número 1, Año 1, octubre de 2009.

2 Disponible en: http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAF/EST_BASICA/EST_B ASICA_2016/Estad%C3%ADstica_B%C3%A1sica_del_Autotransporte_Federal_2017 .pdf

3 Disponible en: http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAF/EST_BASICA/EST_B ASICA_2016/Estad%C3%ADstica_B%C3%A1sica_del_Autotransporte_Federal_2017 .pdf

4 Revista “Transportando al país”, Ed. CANACAR, marzo 2017, p. 18, disponible en: https://issuu.com/canacarmx/docs/marzo_2017, consultado 04 de abril de 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de abril de 2018.

Diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE, al Instituto Nacional de Migración y a la Segob, a revisar los requisitos migratorios para las personas que ingresan a territorio nacional, suscrito por los diputados Héctor Barrera Marmolejo y Santiago Taboada Cortina, del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, Héctor Barrera Marmolejo y Santiago Taboada Cortina, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, al titular del Instituto Nacional de Migración y al titular de la Secretaría de Gobernación para que revisen los requisitos migratorios que se solicitan a las personas que ingresan a territorio nacional.

Antecedentes

1. Existen numerosos antecedentes de la operación de bandas colombianas en el país, dedicadas al robo de casas habitación, en Estados del centro, como Puebla, Querétaro, Estado de México y Guanajuato. Desde enero del 2011, se tienen registros de actos delictivos cometidos por integrantes de esas bandas que habían delinquido en el centro del país, y que presuntamente han mudado sus operaciones ilegales a estas ciudades.

2. El 30 de marzo del 2013, la policía preventiva del Distrito Federal detuvo a una banda de ladrones de nacionalidad colombiana cuando robaban en el interior de un departamento ubicado en la colonia Los Morales, perímetro de Polanco en el Distrito Federal. Vecinos del lugar que se percataron de la presencia de los delincuentes en el interior del edifico dieron aviaos a la policía.1

3. Con fecha de 16 de octubre de 2016, tras supuestamente robar un domicilio, cinco presuntos asaltantes de nacionalidad colombiana fueron detenidos en el Fraccionamiento Ciudad Brisa por la Policía Municipal de Naucalpan durante el Operativo Hogar Seguro. La detención se llevó a cabo debido a una denuncia ciudadana que alertó de la presencia de dos vehículos con vidrios polarizados en actitud sospechosa en Calle Reforma, informó el Comisario Arturo Rodríguez. Tras la denuncia se desplegaron células policiales para su localización y al circular sobre Acueducto de Néctar fueron detectados dos automóviles con las características, quienes se dieron a la fuga al ver a los elementos.2

4. Narcos colombianos prestan dinero fácil a mexicanos y fuerzan a devolverlo con intereses altos y en 20 días, hace dos años comenzó a operar en México una red de colombianos que presta dinero a pequeños comerciantes y vendedores ambulantes en un esquema conocido como “gota a gota”, que consiste en otorgar préstamos sin condiciones, pero con la exigencia de pagarlo diariamente durante 20 días, con intereses altísimos. Autoridades mexicanas advirtieron que se trata de un sistema desarrollado por narcotraficantes colombianos y genera ganancias de hasta 100 millones de pesos a la semana (unos 5 millones de dólares).3

5. Con fecha del seis de enero del año en curso, la Procuraduría de Justicia capitalina detuvo a dos delincuentes de origen venezolanos que se dedicaban a asaltar cuentahabientes.

6. El pasado 2 de enero que un transeúnte pidió apoyo a policías preventivos en la avenida Insurgentes Sur luego de que dos hombres de nacionalidad colombiana que viajaban en un vehículo lo amenazaron y le quitaron el dinero en efectivo.4

7. De acuerdo con un informe de la Secretaria de Gobernación y el Instituto de Migración, como parte del Operativo Platino 2015 fueron capturados 54 integrantes de bandas criminales colombianas, en 2016 hubo 61 y hasta junio del 2017 iban otros 32.5

8. Con fecha de 25 de marzo del año en curso fueron detenidas seis personas por robo a transeúnte en el Centro Histórico de la capital luego de que, tras ser monitoreados por cámaras de video vigilancia, las autoridades desvelaron su modus operandi. “Tras ello, los monitoristas informaron a policías capitalinos sobre la situación, brindando además descripción física de los agresores y ropa que vestían por lo que en Bolívar y 5 de mayo se logró la detención de dos mujeres y un hombre. Las autoridades capitalinas detallaron que se trata de cuatro hombres de entre 19 y 35 años de edad y dos mujeres de 41 y 31 años de edad; cinco de ellos de origen colombiano”.6

Consideraciones

De acuerdo con el artículo primero de la Constitución, se reconoce de manera amplia y sin excepción el derecho de toda persona de gozar de los derechos reconocidos por el Estado Mexicano en la misma y en los instrumentos internacionales suscrito por este.

Este reconocimiento amplio implica que no sólo los nacionales gozarán de los mismos, sino que toda persona y por supuesto los extranjeros, ante esto, la población migrante, con independencia de su condición jurídica en el país, le son reconocidos todos los derechos al igual que al resto de la población.

No obstante, el respeto a estos derechos, en los últimos años la delincuencia en la ciudad de México ha enfrentado un fenómeno por demás característico, nos referimos al surgimiento y operación de bandas criminales en las cuales sus integrantes son de origen extranjero, bandas criminales que se han insertado en la vida diaria de la capital.

Como se observa de los reportes ciudadanos, de las averiguaciones previas y de los reportajes noticiosos, son consignados ante las autoridades penales, por la presunta comisión de ilícitos diversos, personas de nacionalidades salvadoreños, estadounidenses, turcos, peruanos, panameños, argentinos, guatemaltecos, cubanos, chilenos, costarricenses y especialmente colombianos y venezolanos.

Pero a diferencia de los turistas que incurren en ilícitos, se destacan los de nacionalidad venezolana y colombiana, por la alta incidencia y su continua participación en la comisión de ilícitos y por la constante comisión de los mismos.

Aunado a lo anterior, según datos de la Secretaría de Seguridad Publica, los delincuentes de estas nacionalidades tienen una especialización en modalidades delincuenciales, por lo que podemos señalar que los colombianos se han especializado en robo en la vía pública y robo a casa habitación y por su parte los venezolanos, en robo de identidad y fraude genérico.

Lo anterior nos habla de un modo de vida definido, se trata de la razón o medio de vida que buscan estas personas, que ingresan al país y no cuentan con un modo honesto de vivir. Lo que nos hace pensar en la necesidad imperiosa de tomar medidas preventivas de origen, ya que si bien, el gobierno de la Ciudad de México realiza las acciones tendientes a evitar la comisión de los ilícitos, no importando la nacionalidad de los sujetos activos del delito, también es cierto que se requiere revisar los requisitos migratorios que se tienen con estos países.

Como se observa en la plataforma electrónica del Instituto Nacional de Migración,7 existe una lista de cien países a los cuales no se les requiere visa, ni requisito especial alguno que demuestre la existencia o inexistencia de antecedentes penales, así como el fin de la visita ya sea turística, de negocios o si cuentan con invitaciones laborales o académicas vigentes, para acreditar su legal estadio en nuestro país.

Los requisitos que el Instituto Nacional de Migración establece, son los siguientes: Pasaporte o documento de identidad y viaje vigente que sea válido conforme al derecho internacional y la FMM debidamente llenada.

Aunado a lo anterior, la autoridad migratoria “podrá” solicitar a la persona extranjera que compruebe el motivo de su viaje, mediante alguno de los siguientes documentos:

a) Reservación de hotel, boletos de regreso (itinerario), boletos de tours (itinerario).

b) Carta mandato en idioma español de la empresa matriz, filial o subsidiaria extranjera que indique que la persona extranjera es empleada de ella y que el pago de los servicios que prestará en el territorio nacional correrán por cuenta de la misma.

c) Copia del contrato de transferencia de tecnología, patentes y marcas, de compraventa de maquinaria y equipo, de capacitación técnica de personal, o de cualquier otro relacionado con el proceso de producción de una empresa establecida en México o que vinculen a la parte extranjera con la parte mexicana, o constancia de nombramiento por la asamblea de accionistas de empresas legalmente establecidas en México.

d) Carta de organización o institución pública o privada en la que invite a la persona extranjera para participar en alguna actividad no remunerada en territorio nacional, manifieste el objeto de la visita y el tiempo estimado de estancia. En caso de que la organización o institución sufrague los gastos de viaje y permanencia de la persona extranjera en el territorio nacional, se deberá adjuntar carta responsiva.

e) Carta de invitación o de aceptación de alguna institución perteneciente al Sistema Educativo Nacional para realizar cursos, estudios o proyectos de investigación o de formación por una temporalidad máxima de ciento ochenta días.

Pero como se desprende de la lectura, estos requisitos adicionales son opcionales a criterio de la autoridad migratoria y de ninguna manera se requiere alguna constancia de antecedentes criminales.

Como integrantes del grupo parlamentario del partido acción nacional, nos manifestamos a favor de que se respeten los derechos humanos tanto de nuestros connacionales como de los extranjeros que ingresan a nuestro país y es en aras de proteger y mantener el orden y la seguridad de quienes residimos y transitamos por México, que consideramos oportuno hacer un llamado a las autoridades migratorias, a efecto de que tomen las medidas necesarias a fin de garantizar que las personas que ingresan a México, cuentan con un modo honesto de vivir y no tengan antecedentes penales condenatorios.

Asimismo, creemos necesario que en el caso de las investigaciones que se sigan con indiciados de nacionalidad diversa a la mexicana, previo cumplimiento de las investigaciones procedentes, se realicen los procesos de extradición a sus países de origen, para que sean sancionados de conformidad a sus leyes.

Y aparejado a lo anterior y una vez que sean identificados los sujetos activos del delito, se realicen las alertas migratorias a las autoridades policiales internacionales correspondientes, para evitar que estas personas se eximan de recibir una sanción, por el solo hecho de abandonar el territorio nacional.

De conformidad con lo expuesto con anterioridad, someto a la consideración de esta asamblea, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, al titular del Instituto Nacional de Migración y al titular de la Secretaría de Gobernación para que revisen los requisitos migratorios que se solicitan a las personas que ingresan a territorio nacional y a efecto de que tomen las medidas necesarias a fin de garantizar que las personas que ingresan a México, cuentan con un modo honesto de vivir y no tengan antecedentes penales condenatorios.

Segundo. Al titular de la Secretaría de Gobernación, para que previo cumplimiento de las investigaciones procedentes por las autoridades penales, se realicen los procesos de extradición en contra de los extranjeros que cometan ilícitos en el territorio nacional, a los países de origen, para que sean sancionados de conformidad a sus leyes.

Tercero. Al titular de la Secretaría de Gobernación, para que aparejado con el resolutivo anterior y una vez que sean identificados los sujetos activos del delito, se realicen las alertas migratorias a las autoridades policiales internacionales correspondientes, para evitar que estas personas se eximan de recibir una sanción, por el solo hecho de abandonar el territorio nacional.

Notas

1 Detienen en Polanco a cuatro asaltantes de casa-habitación. Tras una llamada de alerta, la policía capitalina ubico a los sujetos que salieron corrie3ndo de un domicilio y abordaron una camioneta, Excélsior/Notimex/31/Marzo/2013-

2 https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/
default.aspx?id=963841&md5=1878e107b302c052c7a8317951346075&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe

3 Narcos colombianos prestan dinero fácil a mexicanos y fuerzan a devolverlo con intereses altos y en 20 días, Sin embargo, URL: http://www.sinembargo.mx/22-11-2017/3354821

4 Detienen a dos colombianos por asaltan en la CDMX, URL: http://www.milenio.com/policia/asaltantes-colombianos-cuentahabientes-d etencion-pgr-robo-milenio-noticias_0_1098490277.html

5 Ciudad de México y Estado de México, al frente del combate a bandas de colombianos, URL:

http://www.milenio.com/policia/
cdmx-edomex-combate-colombianos-usura-homicidio-extorsion-secuestro-colombia-milenio_0_1018098194.html

6 ¡Cuidado! Así roban a transeúntes en calles del centro de CDMX, Excélsior, URL: http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2018/03/25/1228549

7 http://www.inm.gob.mx/gobmx/word/index.php/paises-no-requieren-visa-par a-mexico/

Dado en el palacio Legislativo de San Lázaro a los 19 días del mes de abril de 2018.

Diputados: Santiago Taboada Cortina, Héctor Barrera Marmolejo (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México a cancelar de manera definitiva la concesión del Circuito Exterior Mexiquense otorgada a la Concesionaria Mexiquense, SA de CV, filial de la empresa OHL, debido a las afectaciones permanentes y progresivas, que han provocado su construcción y operación en las viviendas, escuelas y demás edificaciones adyacentes al citado circuito, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Rafael Hernández Soriano, diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, 79, numeral 1, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Consideraciones

Primera. El sistema de autopistas de cuotas construidas en la zona noreste del área metropolitana del Valle de México, por el gobierno del estado de México desde el año 2006, como una opción para que los vehículos no atraviesen la ciudad de México, y se interconecten las principales autopistas de acceso a la capital (México-Querétaro, México-Pachuca y México-Puebla-Veracruz), así como ciudades mexiquenses de gran densidad poblacional, integran el denominado Circuito Exterior Mexiquense (CEM).

La construcción del Circuito Exterior Mexiquense comenzó a planearse durante el periodo del Gobernador en el Estado de México, Arturo Montiel Rojas a partir del año 2002. El 28 de octubre de 2002 se dieron a conocer las bases de licitación de dicha obra.

Desde su origen, el Circuito Exterior Mexiquense (CEM) fue concesionado a la constructora española Obrasocón Huerte Lain (OHL), presidida por Juan Villar Mir. Dicha empresa ha sido señalada a través de múltiples denuncias de opacidad y corrupción. La sociedad a cargo de la concesión para diseñar, financiar, construir y operar de febrero de 2003 a diciembre de 2051, el Circuito Exterior Mexiquense, es la Concesionaria Mexiquense, SA de CV (Conmex), que es una filial que creó OHL, con el único fin de ganar la concesión. Dicha concesión ha sido desde su asignación en el año 2003 altamente cuestionada por diversos sectores de la opinión pública.

El Circuito se ha concebido en etapas, la Fase I cuenta con 52 kilómetros en servicio desde 2005, la Fase II inició sus operaciones de cobro en enero de 2010, la Fase III se inauguró, un tramo de 10 kilómetros en septiembre de ese mismo año, y a finales de abril de 2011 fue inaugurado el último tramo de la Fase III, dando un total de 110 kilómetros en operación.

Asimismo, la gestión del Circuito por Conmex ha estado sujeta a cambios constantes, por ejemplo, para el 16 de julio de 2004, se firmó la primera modificación del título de concesión, cuando la Secretaría de Finanzas la ocupaba el actual titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto. La segunda modificación del título de concesión ?ocurrió el 9 de septiembre de 2005. La tercera se firmó el 15 de junio de 2007. La cuarta se autorizó apenas cuatro meses después, el 1 de octubre de 2007.?La quinta fue firmada el 14 de diciembre de 2012, ya con Eruviel Ávila como Gobernador del Estado de México.

No ha sido una construcción económica, el Circuito Exterior Mexiquense, ha sumado una inversión de 52 mil 219 millones de pesos para el desarrollo de 110 kilómetros. Es decir, 475 millones de pesos por kilómetro construido o 475 mil pesos por cada metro lineal de autopista. Esto contrasta con datos publicados en medios de comunicación, que han señalado, que pese a que la carretera Durango-Mazatlán ha sido considera como la vía más cara en operación, debido a su complejidad, pues en sus 230 kilómetros incluye 61 túneles y más de 100 estructuras como puentes y viaductos, solo ha costado la mitad.

Estos datos de gastos excesivos han contribuido a que se den incrementos injustificados de precios en las cuotas vehiculares del Circuito. Todo lo anterior, acompañado de acusaciones constantes de malas prácticas empresariales, como es el caso de la medición incorrecta del flujo vehicular.

Por ello, el Circuito Exterior Mexiquense es una de las vías de cuota más caras de todo México. La consecuencia es que es económicamente inaccesible al grueso de la población de las localidades por donde transcurre y hasta la actualidad sigue con incrementos constantes.

Segunda. Igualmente, se ha acusado tanto por vecinos, como en medios de comunicación, que no existió ningún tipo de planeación urbanista o ambiental en la construcción de la autovía, en todo su trazado no se incluyó ninguna zona de amortiguamiento destinada a resarcir los daños ecológicos, se acusa que no se tomó en cuenta a los millones de habitantes de la zona que con la vía de cuota vieron su movilidad comprometida y el acceso a sus viviendas y centros de trabajo, educativos, de salud, e iglesias.

A través de las denuncias recibidas por quien suscribe este punto de acuerdo, se estima, que más de 5 mil viviendas de al menos 17 colonias del municipio de Ecatepec, han sido dañadas desde el inicio de la construcción del tramo correspondiente del Circuito Exterior Mexiquense, al realizarse un trazo de autopista entre áreas de alta densidad de viviendas, invadiendo el derecho de vía. Esto, pese a múltiples denuncias, que han presentado los afectados, ante las instancias gubernamentales y ante la concesionaria OHL, para que les sean reparadas sus viviendas, escuelas y otros edificios públicos, o en su caso analizar la viabilidad de reubicarlos. Así, tras varios años de operación del Circuito, los afectados viven en casas dañadas, al lado del Circuito, con los riesgos que esto implica, aunado al constante deterioro de las mismas, sin vislumbrar solución a esta problemática.

Mediante la movilización ciudadana, se han establecidos mesas de diálogo con representantes del Gobierno del estado de México y de OHL. Esto, con el propósito de verificar las afectaciones de las casas, estimar el valor del daño y la forma de su reparación. Pero, se observa que se les dan largas a los vecinos, engañándoles con respuestas falsa y no cumplidas.

La ilegal construcción del Circuito Exterior Mexiquense tiene sus causas en la violación flagrante del derecho de vía, quebrantando las normas jurídicas en virtud de que los vecinos tienen años viviendo en ese lugar.

Dicho daño es evidente, grave y creciente. Esto, debido al trazo inapropiado del Circuito Exterior Mexiquense. De seguir operando esta vialidad, como hasta ahora, los escenarios para las personas afectadas y sus bienes en el área de influencia del Circuito, son negativos. Lo idóneo, sería determinar el daño a través de un diagnóstico preciso por una Institución Pública Nacional de Educación Superior o Investigación libre de cualquier conflicto de interés.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con?

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita de manera respetuosa al Gobierno del Estado de México, para que en el ámbito de sus atribuciones, ?cancele de manera definitiva la concesión del Circuito Exterior Mexiquense otorgada a la Concesionaria Mexiquense, SA de CV (Conmex), filial de la empresa OHL, estado de México. Esto, debido a su alto grado de responsabilidad por las afectaciones permanentes y progresivas, que ha provocado tanto su construcción, como operación en las viviendas, escuelas y demás edificaciones adyacentes al citado Circuito.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita de manera respetuosa al gobierno del estado de México, para que en el ámbito de sus atribuciones promueva, que una institución pública nacional de educación superior o investigación realice un diagnóstico de los daños provocados por el Circuito Exterior Mexiquense a viviendas, escuelas y demás edificaciones en su área de influencia. En dicho diagnóstico se deberán realizar las propuestas que permitan resolver de manera definitiva dicha problemática.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de abril de 2018.

Diputado Rafael Hernández Soriano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, a atender las denuncias y querellas formuladas por el muralista mexicano Antonio González Orozco, a cargo de la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena

Ernestina Godoy Ramos, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 3, numeral 1, fracción XX, 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Cámara la presente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución por el cual se solicita a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, atienda las denuncias y querellas formuladas por el gran muralista mexicano Antonio González Orozco.

Antecedentes

El muralista Antonio González Orozco nació en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, el 10 de mayo de 1933; estudió en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM (Academia de San Carlos) de 1953 a 1957. En esa época (1955) fue alumno de Diego Rivera, quien motivó su interés por el muralismo. En 1959 su obra “Pajarero” obtuvo el tercer lugar en el Concurso de Pintura Universitaria; y en 1960, dicha obra fue exhibida durante la inauguración del primer Salón de Pintura en Ciudad Universitaria.

Antonio González Orozco fue maestro hacia 1960 de Actividades Estéticas en la entonces Universidad de Chihuahua, institución que le organizara su primera exposición individual; y, hasta la fecha, su obra ha sido presentada en México, Canadá, Estados Unidos, Polonia y Rumania.

Entre sus principales obras murales se encuentran las siguientes:

a) El despertar de la humanidad (1956). Pintura al fresco en la Antigua Academia de San Carlos, hoy Facultad de Artes y Diseño de la UNAM (Destruido).

b) Entrada triunfal de Benito Juárez a la Ciudad de México (1967). Acrílico sobre tela, sobre madera, ubicado en el salón de Carruajes Históricos del Castillo de Chapultepec. México. http://www.mnh.inah.gob.mx/servicios/se_JBC/JBC_01.html

c) Juárez símbolo de la república frente a la intervención francesa (1972). Acrílico sobre tela, sobre madera, ubicado en el salón de Carruajes Históricos del Castillo de Chapultepec. México. http://www.mnh.inah.gob.mx/servicios/se_JBC/JBC_01.html

d) Madero y la Revolución de 1910 (1976).

Acrílico sobre paneles de resina sintética en el Centro Cívico y Cultural, San Pedro de las Colonias, Coahuila, México. http://www.sanpedrodelascolonias.com/casadelacultura

e) México y los recursos del mar (1980). Acrílico sobre resina de poliéster, Acuario de Mazatlán, Mazatlán, Sinaloa, México.

f) Los recursos económicos del estado de Sinaloa (1980). Acrílico sobre resina de poliéster, Acuario de Mazatlán, Mazatlán, Sinaloa, México.

g) Historia de la medicina en México (1993). Acrílico sobre resina de poliéster, Hospital de Jesús, Ciudad de México.

https://www.youtube.com/watch?v=mIgnm4KvHe8

h) La República Peregrina (2016). Acrílico sobre tela sobre aluminio. Hidalgo del Parral, Chihuahua, México. https://www.youtube.com/watch?v=GZifjMU_o4Y y

https://www.youtube.com/
watch?v=5S4PHKHbS5g&index=11&list=PLlbnWsX1LH-slLQaEvh9_bYShGiX9EoWE

Particularmente el mural Juárez, símbolo de la república contra la intervención francesa ha sido reproducido en todo género de publicaciones, tanto a nivel nacional como internacional, desde periódicos, libros de historia, libros de texto gratuitos, revistas, posters, separadores de libros, tarjetas postales, calendarios, billetes de lotería, el Tomo I de la Enciclopedia de Historia de México, editada por Salvat Mexicana de Ediciones, SA de CV (página 5), siendo quizás la imagen de Juárez más conocida, como dio fe el libro editado durante el año de 2012 por la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos de la Secretaría de Educación Pública, titulado: “Benito Juárez: historia de un mural. El Benemérito de las Américas en la obra de Antonio González Orozco”, ISBN: 978-607-496-027-3, en cuya página 35 se asienta que la Conaliteg ha emitido ...nada menos que 167 millones y medio de reproducciones del Juárez, de Antonio González Orozco...

Como se advierte, la obra de Antonio González Orozco forma parte de un movimiento eminentemente nacional como lo es el muralismo mexicano, de ahí la trascendencia e importancia de su obra, principalmente la pictórica, por lo que incluso ha llegado a ser reconocido como uno de nuestros grandes maestros muralistas de la Escuela Mexicana de Pintura .

Ahora bien y al margen de la importancia del legado histórico del maestro González Orozco, así como del abandono y falta de cualquier apoyo y difusión por parte de nuestras autoridades culturales del país, resulta que en los últimos 5 años a la fecha y a sus casi 85 años de edad, está enfrentando serias amenazas en contra de su integridad personal, así como de la unidad de su obra pictórica y sus fuentes de subsistencia, razón por la cual ha realizado las denuncias correspondientes. Sin embargo, las mismas no han prosperado, quizás por la complacencia o colaboración de diversas autoridades de la Ciudad de México, de lo que ha dado cuenta la Revista Proceso, el periódico Milenio y diversos miembros del Congreso de la Unión.

Ejemplo de lo anterior son las siguientes indagatorias de las que conoce la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México:

1. Carpeta de investigación: CI-FJF/AEAM/UI-1 S/D/304/10-2016 , a través del cual denunció desde el día 12 de abril de 2016 diversos actos en agravio de su esposa y de él mismo, como el robo y el maltrato de adulto mayor.

2. Carpeta de investigación CI-FBJ/BJ-1/UI-2S/D/02069/04-2017 , a través de la cual desde el 27 de marzo de 2017 , el muralista denunció la responsabilidad profesional de la antigua abogada de su familia Nora María Franco González , así como el robo o abuso de confianza en que también incurrió al hacerse con engaños de 7 representativos cuadros de su autoría, con independencia del daño que propició en su antigua galería y cuya renta resulta indispensable para su sustento.

3. Carpeta de investigación CI-FAO/AO-3/UI-3 C/D/05157/11-2017 , del 21 de noviembre de 2017 , iniciada a través de su hijo, mediante la cual se denunció el despojo del local comercial señalado en el numeral anterior, a manos de personas aún por identificar.

En suma, todas estas indagatorias a cargo de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, no han presentado avance substancial alguno que permitan determinar la judicialización o no de la totalidad de las mismas, lo que en la especie se traduce en la violación a su derecho a acceder a la justicia de manera pronta, gratuita e imparcial, toda vez que se ha abstenido de atender sus solicitudes con prontitud, causándole dilaciones injustificadas, por lo que ha faltado a sus deberes constitucionalmente encomendados de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, profesionalismo, eficiencia y eficacia, no obstante que es de explorado derecho que es obligación de todas las autoridades proteger y garantizar los derechos humanos.

Consideraciones

Primera. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. De igual forma, obliga a las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

Por su parte, el artículo 27 constitucional garantiza la propiedad privada; mientras que el artículo 17 constitucional determina el derecho de acceder a una justicia pronta, expedita, completa e imparcial.

En ese sentido, resulta indudable que todas las autoridades están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, entre ellos los que deriven de la dignidad humana y del derecho a la propiedad, de tal forma que para proteger dichos derechos todas las personas gozan del derecho de acceder a una justicia pronta, expedita, completa e imparcial.

Segunda. De conformidad con el artículo 21 constitucional, corresponde al Ministerio Público la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal, que en el caso de la Ciudad de México corresponde a la Procuraduría General de Justicia.

No obstante, a más de 2 años que fue presentada la primera denuncia, el avance en las investigaciones ha sido casi nulo, lo que en los hechos se traduce en una denegación de justicia que implica violación a los derechos humanos del muralista mexicano Antonio González Orozco; en consecuencia, a fin de proteger y garantizar sus derechos, se somete la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De urgente resolución

Único. Se solicita a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México que atienda diligentemente, con prontitud, eficacia e imparcialidad, las denuncias y querellas presentadas por el muralista Antonio González Orozco a fin de proteger y garantizar sus derechos humanos, en lo particular su integridad, dignidad y patrimonio.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro.- en la Ciudad de México, a 19 de abril de 2018.

Diputada Ernestina Godoy Ramos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y a las autoridades de Veracruz a buscar una alternativa para la conclusión de los trabajos de proyectos carreteros, sin que se vea afectado el entorno y la población de las zonas aledañas, a cargo de la diputada Dalia María Rocha Ladrón, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Dalia María Rocha Ladrón de Guevara, integrante de la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a las autoridades de Veracruz a buscar una alternativa que resulte viable para la conclusión de los trabajos de los proyectos carreteros señalados, sin que se vea afectado el entorno y la población de las zonas aledañas, con base en las siguientes:

Consideraciones

El Programa Nacional de Infraestructura (PNI) 2014-2018, tuvo como sus principales objetivos “buscar orientar la funcionalidad integral de la infraestructura existente y nueva del país”, así como “Incrementar la infraestructura hidráulica, tanto para asegurar agua destinada al consumo humano y riego agrícola, como para la protección contra inundaciones”. 1

Según un comunicado de fecha 21 de enero de 2018, emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el PNI registra un avance de 84 por ciento y “en los próximos meses se concluirá el plan gubernamental”.2

Entre los proyectos de infraestructura carretera del plan en comento, se encuentran en ejecución, en el estado de Veracruz, la autopista Tuxpan-Tampico (Tramo Tuxpan-Ozuluama) y la carretera Cardel–Poza Rica (primera etapa), adjudicadas a la empresa Mota Engil México, SA de CV, con una inversión total de 12 mil 380 millones de pesos.3

Se espera que el desarrollo de estos proyectos traiga beneficios para la población, al hacer más eficaz la comunicación centro y noreste del país, así como favorecer las exportaciones de mercancías, facilitando el transporte de productos de manera más rápida y a menor costo.

Sin embargo, estos proyectos traen consigo repercusiones en cuanto a perturbación del medio natural, expropiaciones por causa de utilidad pública y desplazamiento de fauna y de personas, entre otros.

En ese sentido, los habitantes de la Congregación de Higueral, Boca del Monte, Juana Moza, Frijolillo, Buenos Aires, Ojite y Chomotla del municipio de Tuxpan, Cerritos Frijolito, Santa Rosalía, y Zacatal correspondientes al municipio de Álamo, así como Congregación Felipe Carrillo Puerto (Paso Largo) municipio de Martínez de la Torre, han manifestado su preocupación por los avances de los proyectos de infraestructura carretera Tuxpan-Tampico (Tramo Tuxpan-Ozuluama) y la carretera Cardel–Poza Rica; ello, porque ambos proyectos contemplan la construcción de terraplenes en zonas susceptibles de inundaciones , donde se encuentran asentadas poblaciones rurales y áreas de cultivo.

http://formato7.com/2017/09/11/en-noviembre-la-inaugurac ion-del-primer-tramo-de-la-cardel-poza-rica/

https://palabrasclaras.mx/destacadas/autopista-laguna-ve rde-gutierrez-zamora-retraso-y-dano-ambiental/

http://diarioelmartinense.com.mx/estado/misantla/56230-c omunidades-temen-que-autopista-poza-rica-cardel-les-afecte.html

La construcción de los proyectos de infraestructura carretera en comento, podrían poner en riesgo el patrimonio e incluso la vida de cientos de familias veracruzanas de las zonas referidas.

Es por ello, que solicito a esta soberanía se exhorte de manera respetuosa a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a las autoridades del estado de Veracruz a buscar una alternativa que resulte viable para la conclusión de los trabajos de los proyectos carreteros señalados, sin que se vea afectado el entorno y la población de las zonas aledañas.

Por todo lo anterior, propongo el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a las autoridades del estado de Veracruz a buscar una alternativa viable para la conclusión de los trabajos de los proyectos carreteros señalados, sin que se vea afectado el entorno y la población de las zonas aledañas.

Notas

1 http://presidencia.gob.mx/pni/objetivo.php

2 https://www.gob.mx/sct/prensa/
el-programa-nacional-de-infraestructura-registra-avance-de-84-por-ciento-ruiz-esparza?idiom=es

3 http://presidencia.gob.mx/pni/proyectos.php

Dado en el Palacio de San Lázaro a 19 de abril de 2018

Diputada Dalia María Rocha Ladrón de Guevara (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a diseñar una estrategia de defensa, con el objeto de que se respeten irrestrictamente los derechos humanos de los mexicanos que se encuentran en el exterior, a cargo del diputado Jesús Rafael Méndez Salas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El que suscribe, diputado Jesús Rafael Méndez Salas, integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XX, 6, numeral 1, fracción I, y 79 numerales 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Actualmente, la migración se apuntala como uno de los temas mundiales determinantes en la agenda pública internacional, esto debido al fenómeno globalizador que permea en el contexto social, económico y político. Esta situación ha propiciado el incremento de un fenómeno que a lo largo de la historia de humanidad se ha presentado, que incluso fue la base de la propagación de la especie por todo el mundo: el traslado de personas de su lugar de origen a otro.

En este entendido, nuestro país ha sido considerado históricamente como una nación de migrantes, cuyo destino está principalmente vinculado a los Estados Unidos, condicionado por la hegemonía económica y cultural que ejercen a nivel regional y mundial, así como por la ubicación geográfica que ocupamos en el planeta, lo que nos convierte también en un paso de tránsito obligatorio.

Este escenario ha dado paso a una anomalía social en la que los mexicanos que buscan mejores condiciones de empleo y oportunidades de vida, sin importar su estatus migratorio, son objeto de actitudes y acciones que violentan sus derechos humanos, basados en la explotación económica, la inseguridad social, el menosprecio, el racismo; condiciones que han llegado hasta el riesgo de muerte.

Si bien, el Estado mexicano siempre ha centrado gran parte de su política exterior en la atención y protección de estos sectores, teniendo como prioridad no solo la defensa de los intereses de México, sino la protección individual de los nacionales mexicanos ante otros Estado, en muchas ocasiones no ha resultado suficiente y hemos sido testigos de diversas violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

La violación de los derechos humanos de los migrantes mexicanos no es un tema nuevo, históricamente las personas que deciden abandonar su país de origen se han visto vejados por gobiernos que en un intento por retener los flujos masivos migratorios actúan arbitrariamente.

En la actualidad, con el establecimiento de las políticas de inmigración del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se corre un mayor riesgo de trasgresiones de los derechos fundamentales de los migrantes; la persecución y la expulsión colectiva son casos cada vez más comunes, medidas que podrían implicar la criminalización del sector social, lo que representa una clara violación del derecho internacional.

Al respecto, el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid R’aad al Hussein, señala que en los Estados Unidos se han estado deteniendo bajo condiciones abusivas a muchos inmigrantes, entre ellos cientos de niños, que intercepta en la frontera con México.

En este mismo sentido, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos asevera que la ejecución de estas políticas pone a migrantes en grave peligro de que sean violentados sus derechos, toda vez que sufren de discriminación; la prohibición de su libertad; no cuentan con un debido proceso y resguardo judicial; son víctimas de constantes tratos inhumanos y degradantes, y no se garantiza su libertad de tránsito.

En Nueva Alianza estamos conscientes que la migración, como consecuencia de las condiciones desiguales en el desarrollo económico de los países, continúa siendo un fenómeno constante en el mundo; sin embargo, pese a los grandes esfuerzos por regular el flujo migratorio, los resultados no han sido satisfactorios, los controles han sido extremos e incluso inhumanos y crueles

Por ello, resulta necesario trabajar en el desarrollo de recursos legales con una visión transversal y multidisciplinaria que permita promover y defender irrestrictamente los derechos de nuestros connacionales, sin importar su condición migratoria.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto respetuosamente a la consideración de esta Honorable Comisión Permanente la siguiente Proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos diseñen una estrategia de defensa, a fin de que se respeten irrestrictamente los derechos humanos de los mexicanos que se encuentran en el exterior.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes de abril de 2018.

Diputado Jesús Rafael Méndez Salas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a realizar acciones correspondientes a incursionar y fomentar los programas necesarios a nivel federal y estatal sobre la prevención del delito de acuerdo con lo mandatado por el artículo 21 constitucional, suscrito por los diputados Héctor Barrera Marmolejo y Santiago Taboada Cortina, del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados Héctor Barrera Marmolejo y Santiago Taboada Cortina, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal, a la Fiscalía General de la República, a la Comisión Nacional de Seguridad, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a las secretarías de seguridad pública de los estados, y asimismo a la Secretaría de Gobernación para que realicen las acciones necesarias y correspondientes para incursionar y fomentar los programas necesarios a nivel federal y estatal sobre la prevención del delito de acuerdo con lo ordenado por el artículo 21 constitucional.

Antecedentes

1. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe Situación de derechos humanos en México publicado el 31 diciembre 2015, analiza particularmente las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como la situación de inseguridad ciudadana, la falta de acceso a la justicia y la impunidad, y otros grupos especialmente afectados por el contexto de violencia en México.1

2. Consecuente con el informe 2016/17 de Amnistía Internacional documenta el estado de los derechos humanos en 159 países y territorios durante 2016. En este informe para México los delitos que más resaltan son: la delincuencia organizada, los secuestros, las desapariciones forzadas, violencia contra las mujeres y la violación de los derechos humanos hacia las personas indígenas.2

3. El periódico El Universal publicó un artículo en su versión en inglés el 25 de octubre de 2017 What is behind insecurity? , en su copia original asegurando que: One of the battles Mexico has been fighting for several yeras is insecurity , with leess than optional results. Figures on this regarrd state the adversary is robbing us peace which should prevail in the country. (Una de las batallas en las que México ha estado luchando durante varios años es la inseguridad, con resultados inferiores a los opcionales. Las cifras en este estado de regimiento, el adversario nos está robando la paz que debe prevalecer en el país).3

Consideraciones

La seguridad pública es un tópico fundamental que debe ser abordado con seriedad y responsabilidad porque es uno de los grandes problemas que enfrenta a diario la ciudadanía mexicana.

Acorde con el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas4 plantea que “hay indicios claros de que las estrategias de prevención del delito bien planificadas no sólo previenen el delito y la victimización, sino que también promueven la seguridad de la comunidad y contribuyen al desarrollo sostenible de los países. Las políticas responsables y eficaces de prevención del delito mejoran la calidad de la vida de todos los ciudadanos. Producen beneficios a largo plazo al reducir los costos relacionados con el sistema formal de justicia penal, así como otros costos sociales resultantes de la delincuencia. La prevención del delito ofrece oportunidades para aplicar un enfoque más económico a los problemas de la delincuencia.”5

Por consecuente se entiende por prevención del delito de acuerdo a la definición que nos brinda el duodécimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal que tuvo lugar en Salvador (Brasil), 12 a 19 de abril de 2010, “prevención del delito “engloba toda la labor realizada para reducir el riesgo de que se cometan delitos y sus efectos perjudiciales en las personas y la sociedad, incluido el temor a la delincuencia. La prevención del delito procura influir en las múltiples causas de la delincuencia. La aplicación de la ley y las sanciones penales no se incluyen en este contexto, pese a sus posibles efectos preventivos.6

Es por eso que la prevención del delito debería formar parte de la arquitectura del estado de derecho de un país, así como de sus esfuerzos por conseguir el desarrollo, especialmente porque los efectos de la delincuencia se hacen sentir con especial gravedad entre la población más vulnerable.

Los costos de la delincuencia y la justicia penal reducen los fondos disponibles para el desarrollo social, que no se puede alcanzar si no se mantiene la seguridad. No basta con aumentar la eficiencia y la capacidad del sistema de justicia, o con capacitar a la policía o al personal de prisiones. Deben abordarse todos los factores que contribuyen a la delincuencia, los gobiernos deben crear y mantener, a todos los niveles, un contexto en que las instituciones gubernamentales y la sociedad civil puedan cumplir la función que les corresponde en la prevención del delito.7

La inseguridad pública en los últimos años en nuestro país se ha acrecentado gradualmente, los índices han aumentado a tal grado que hemos sobrepasado los números rojos, así lo marca la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) en su última publicación de resultados de diciembre del 2017.8 Aunado a esto organismos internacionales así como nacionales resaltan en informes y notas la inseguridad pública de nuestro país.

En el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional estamos plenamente convencidos que la tranquilidad ciudadana radica en poder realizar las actividades diarias sin temor alguno a sufrir un detrimento a la persona, familia o patrimonio. Ese es un principio fundamental de la creación y existencia del Estado como organización social.

De acuerdo con José Antonio González Fernández en su obra que forma parte del acervo de la biblioteca virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) La seguridad pública en México , “la seguridad publica forma parte esencial del bienestar de una sociedad. Un estado de derecho genera las condiciones que permiten al individuo realizar sus actividades cotidianas con la confianza de que su vida, su patrimonio y otros bienes jurídicos tutelados están exentos de todo peligro, daño o riesgo. Ante la realidad de un estado que no cumple con una de sus principales funciones, la de suministrar seguridad, los ciudadanos tendrán que centrar todos, o gran parte de sus esfuerzos, en la defensa de sus bienes y derechos”.9

La revista INVI en su artículo Prevención de la Violencia y el Delito Mediante el Diseño Ambiental en Latinoamérica y el Caribe nos dice que “La prevención del delito engloba estrategias y medidas encaminadas a reducir el riesgo de que se produzcan delitos y sus posibles efectos perjudiciales para las personas y la sociedad, incluido el temor a la delincuencia, y a intervenir para influir en sus múltiples causas.

La participación de la comunidad, la cooperación y las asociaciones representan elementos importantes del concepto de prevención del delito, si bien el término “comunidad” puede definirse de diferentes maneras, en el presente contexto se refiere esencialmente a la participación de la sociedad civil a nivel local. Su enfoque está orientado a prevenir los delitos reduciendo la oportunidad de cometerlos, y proporcionando asistencia e información a víctimas reales y potenciales (prevención de situaciones propicias al delito); para esto busca modificar las condiciones existentes en los vecindarios que influyen en la delincuencia, la victimización y la inseguridad resultantes del delito mediante el fomento de iniciativas, la aportación de experiencia y la decisión de los miembros de la comunidad (prevención de la delincuencia basada en la localidad)”.10

No se puede dejar de lado que México ha atravesado una transformación en materia constitucional penal en los últimos años, se han reformado los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objetivo de brindarle mejor protección a nuestra ciudadanía,11 no obstante, si le brindáramos el peso necesario a programas sobre prevención del delito y la información necesaria llegará a toda nuestra ciudadanía, crearíamos una población con una mejor educación y concientización en materia de prevención del delito y daríamos un gran paso porque en vez de contrarrestar los actos delictivos los estamos incrementando.

De conformidad con lo expuesto con anterioridad, someto a la consideración de esta asamblea, el siguiente

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal, así como a los titulares de la Fiscalía General de la República, Comisión Nacional de Seguridad, Secretaría de Relaciones Exteriores, secretarías de seguridad pública de los estados, y asimismo a la Secretaría de Gobernación, a fin de que en el ámbito de sus competencias realicen las acciones necesarias y correspondientes para la priorización de la prevención en relación a los actos delictivos, mediante políticas orientadas en este rubro.

Destacando que se promueva y fomente la participación ciudadana mediante la creación y ejecución de programas con enfoque ciudadano, talleres, platicas en escuelas, con el objetivo de que nuestra población, desde temprana edad, se concientice sobre los alcances que conlleva el realizar un acto delictivo.

Establecer mecanismos de concertación con instituciones de los sectores público, social, académico y privado para que el alcance de la información sobre este tema llegue a todos los niveles de nuestra población.

Fomentar la implementación de ferias estatales y municipales de prevención del delito, con el objetivo de promover entre los habitantes, la cultura de la denuncia, de la prevención y de la autoprotección, para generar en la ciudadanía el respeto por la legalidad, la tolerancia y la convivencia.

Reforzar nuestras instituciones para así crear una educación y concientización acerca de los delitos y el cómo prevenirlos, es decir, capacitaciones a nuestros funcionarios públicos y a todos aquellos servidores públicos que tienen contacto con nuestra población para brindarles un óptimo servicio.

Trabajar de una manera más estrecha con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) este organismo descentralizado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que actualmente se encuentra en nuestro país podría fungir como herramienta para que se intensifique la importancia de la cooperación internacional y del intercambio de experiencias en materia de justicia penal y prevención del delito.

Segundo. Se exhorta al titular de la Comisión Nacional de Seguridad, en conjunto con todos los titulares encargados de las secretarías estatales, para que realicen las acciones necesarias y correspondientes para incursionar las medidas tendientes a dar cabal cumplimiento a la prevención del delito aunado en el artículo 21 constitucional.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que realicen los trámites y protocolos requeridos y haciendo uso de la cooperación internacional para que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito haga uso de su experiencia y conocimientos tanto nacionales e internacionales con base en esta nueva relación, desarrollada a través de una planificación estratégica de generación e intercambio de información, y el análisis de tendencias para las sinergias que se benefician de la Cooperación Sur-Sur.12

Notas

1 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Situación de los derechos humanos en México, URL:
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf, (PDF), 31 diciembre 2015.

2 Amnesty International Report 2016/17, The state of the world´s human rights, URL:
https://www.amnesty.org/en/documents/pol10/4800/2017/en/(PDF), p.250-252.

3 El Universal , What is behind the insecurity? , 25 de octubre del 2017.

4 Órgano descentralizado de Naciones Unidas, su carácter de foro central para examinar las cuestiones internacionales de carácter económico y social y formular recomendaciones normativas; realiza consultas con organizaciones no gubernamentales (ONG) y de ese modo mantiene un vínculo vital entre las Naciones Unidas y la sociedad civil.

5 Rau, M., & Castillo, P. (2009). Prevención de la violencia y el delito mediante el diseño ambiental en Latinoamérica y El Caribe: Estrategias urbanas de cohesión social e integración ciudadana. Revista INVI, 23(64).

6 Oficina de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, 12º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, URL:

http://www.un.org/es/events/crimecongress2010/pdf/pamphl et_ebook_es.pdf, (PDF), 12 a 19 de abril de 2010, Salvador (Brasil).

7 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), October 2009, Crime Prevention Assessment Tool, p. 3.

8 Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), URL: http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/ensu/, diciembre 2017.

9 González Fernández, José Antonio, La seguridad pública en México, URL:
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/419/12.pdf

10 Rau, M., & Castillo, P. (2009). Prevención de la violencia y el delito mediante el diseño ambiental en Latinoamérica y El Caribe: Estrategias urbanas de cohesión social e integración ciudadana. Revista INVI, 23(64).

11 H. Cámara de Diputados, Reforma Constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública, URL:

http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/archivo/SAD-07- 08.pdf, (PDF), 18 de junio de 2008.

12 La cooperación Sur-Sur es una manifestación de solidaridad entre pueblos y países del Sur que contribuye al bienestar de las poblaciones, su independencia colectiva y el logro de los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente, tales como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de abril de 2018.

Diputados: Santiago Taboada Cortina, Héctor Barrera Marmolejo (rúbricas).

Con punto de acuerdo, relativo a la aplicación de recursos destinados a la reconstrucción de viviendas para los municipios de Chiapas afectados por el sismo del 7 de septiembre de 2017, a cargo de la diputada Tania Elizabeth Ramos Beltrán, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita Tania Elizabeth Ramos Beltrán, diputada a la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo a la aplicación de recursos destinados a la reconstrucción de viviendas para los municipios afectados por el sismo de intensidad 8,2 del pasado siete de septiembre de dos mil diecisiete al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El jueves 7 de septiembre de 2017, un sismo de intensidad 8,2 tuvo epicentro en las costas del Estado de Chiapas provocando serias afectaciones a diversos municipios oaxaqueños y chiapanecos. De acuerdo con la declaratoria de emergencia extraordinaria, publicada en el boletín 276 / 17 de la Secretaría de Gobernación y de la Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil, 118 municipios de Chiapas tuvieron miles de damnificados por lo que se activaron los recursos del fondo de atención de emergencias. Dicha declaratoria fue publicada el lunes 18 de septiembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación:

Declaratoria de emergencia extraordinaria por la presencia de sismo magnitud 8.2, el día 7 de septiembre de 2017, para 118 municipios del estado de Chiapas

Artículo 1o. Se declara Emergencia Extraordinaria para los municipios de Acacoyagua, Alcalá, Acapetahua, Altamirano, Amatán, Amatenango de la Frontera, Amatenango del Valle, Ángel Albino Corzo, Arriaga, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Berriozábal, Bochil, El Bosque, Cacahoatán, Catazajá, Cintalapa, Coapilla, Comitán de Domínguez, La Concordia, Copainalá, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chapultenango, Chenalhó, Chiapa de Corzo, Chiapilla, Chicoasén, Chicomuselo, Chilón, Escuintla, Francisco León, Frontera Comalapa, Frontera Hidalgo, La Grandeza, Huehuetán, Huixtán, Huitiupán, Huixtla, La Independencia, Ixhuatán, Ixtacomitán, Ixtapa, Ixtapangajoya, Jiquipilas, Jitotol, Juárez, Larráinzar, La Libertad, Mapastepec, Las Margaritas, Mazapa de Madero, Mazatán, Metapa, Mitontic, Motozintla, Nicolás Ruíz, Ocosingo, Ocotepec, Ocozocoautla de Espinosa, Ostuacán, Osumacinta, Oxchuc, Palenque, Pantelhó, Pantepec, Pichucalco, Pijijiapan, El Porvenir, Villa Comaltitlán, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Rayón, Reforma, Las Rosas, Sabanilla, Salto de Agua, San Cristóbal de las Casas, San Fernando, Siltepec, Simojovel, Sitalá, Socoltenango, Solosuchiapa, Soyaló, Suchiapa, Suchiate, Sunuapa, Tapachula, Tapalapa, Tapilula, Tecpatán, Tenejapa, Teopisca, Tila, Tonalá, Totolapa, La Trinitaria, Tumbalá, Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Chico, Tuzantán, Tzimol, Unión Juárez, Venustiano Carranza, Villa Corzo, Villaflores, Yajalón, San Lucas, Zinacantán, San Juan Cancuc, Aldama, Benemérito de las Américas, Maravilla Tenejapa, Marqués de Comillas, Montecristo de Guerrero, San Andrés Duraznal, Santiago el Pinar del Estado de Chiapas, por la ocurrencia de sismo magnitud 8.2, el día 7 de septiembre de 2017.

Artículo 2o. La presente se expide para que el Estado de Chiapas pueda acceder a los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias Fonden de la Secretaría de Gobernación.

Artículo 3o. La determinación de los apoyos a otorgar se hará en los términos de los lineamientos y con base en las necesidades prioritarias e inmediatas de la población para salvaguardar su vida y su salud.

Artículo 4o. La presente Declaratoria se publicará en el Diario Oficial de la Federación de conformidad con el artículo 61 de la Ley General de Protección Civil y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 10, fracción IV de los lineamientos.

De acuerdo con el censo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 171 mil 925 viviendas resultaron dañadas en siete estados afectados por el sismo de septiembre. De estas, el 27% estuvieron en Chiapas, es decir, 46 mil 773.

Si bien los tres órdenes de gobierno actuaron para mitigar la emergencia, el proceso de reconstrucción, rehabilitación o entrega de viviendas nuevas a las personas más afectadas ha sido lento y se han entregado recursos de los programas correspondientes para que sean liberados. Ante estos hechos, la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano efectuó los censos en las zonas afectadas para garantizar la pronta aplicación de recursos de los programas correspondientes.

Entre ellos está el Programa de Apoyo a la Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la instancia normativa es el Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), responsable del fideicomiso de vivienda. De acuerdo a las Reglas de Operación del Programa para el ejercicio fiscal 2018, publicadas el sábado 30 de diciembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, el mismo está integrado por recursos que se destinarán a las entidades federativas en los términos de las disposiciones aplicables y exclusivamente a la población con carencias en materia de vivienda, en condiciones de vulnerabilidad, rezago y de marginación, de acuerdo con los criterios de resultados que defina el Consejo Nacional de Población y a las evaluaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

El objetivo general del fondo, de acuerdo con las Reglas de Operación, es el de contribuir a fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares de calidad óptimos, mediante el otorgamiento de subsidios federales para acciones de vivienda y mejorar las condiciones habitacionales de los hogares con ingresos por debajo de la línea de bienestar y con carencia por calidad y espacios de la vivienda, con la finalidad de reducir el rezago habitacional de los hogares mexicanos.

El capítulo 4 de las Reglas de Operación señala cuáles serán los beneficiarios de los subsidios del Programa de Apoyo a la Vivienda y son:

Capítulo 4. Criterios para la selección de las (os) Beneficiarias (os)

Los criterios utilizados para seleccionar a las/los Beneficiarias (os) del Programa serán los siguientes

a) Hogares cuyos ingresos están por debajo de la línea de bienestar, y cuya vivienda presente alguna de las siguientes carencias:

- Que el piso de la vivienda sea de tierra.

- Que el material del techo de la vivienda sea de lámina de cartón o desechos.

- Que el material de los muros de la vivienda sea de embarro o bajareque; de carrizo, bambú o palma; de lámina de cartón, metálica o asbesto; o material de desecho.

- Que el número de personas por cuarto sea en promedio mayor a 2.5.

b) Atendiendo al monitoreo de los criterios de transversalidad del Programa, hogares con alguna de las siguientes características:

- Que la o el solicitante o alguno de sus dependientes económicos tenga alguna discapacidad.

- Que la o el solicitante sea madre soltera o padre soltero independientemente de su mayoría de edad.

- Que la jefa o el jefe de familia sea persona adulta mayor, aunque no tenga dependientes económicos.

- Que alguno de sus integrantes sea menor de 14 años de edad.

Los criterios antes definidos en los incisos a y b, no son excluyentes de la población objetivo-considerada por el Programa, constituyen herramientas para focalizar y monitorear de mejor forma los recursos del mismo.

Las aportaciones del programa se darán en participación con los gobiernos estatales y los beneficiarios refiriéndose a las siguientes cantidades como se señala a continuación y como aparecen publicadas en las Reglas de Operación para los municipios que no se encuentren catalogados como de Alta o Muy Alta Rezago Social:

Las mismas reglas de operación determinan que, ante eventos catastróficos atribuidos a la naturaleza y previo la declaratoria de emergencia o de desastre natural, los subsidios podrán ser modificados en cuanto a su aplicación y prioridades privilegiando las zonas impactadas:

6.1. Desastres Naturales

En situación de emergencia originada por un fenómeno natural, previa emisión de la Declaratoria de Emergencia o publicación de la declaratoria de desastres naturales por la Secretaría de Gobernación, el Fonhapo podrá llevar a cabo acciones para atender la contingencia, de acuerdo con la magnitud de los daños y la inmediatez requerida para atender a la población afectada. La Instancia Normativa, llevará a cabo las acciones de coordinación con las instancias federales y locales competentes y con el Fonden, con el fin de evitar duplicidades.

El programa podrá apoyar a la población afectada por fenómenos naturales con recursos federales no comprometidos.

En estas situaciones la Instancia Normativa podrá autorizar la modificación de los criterios para la selección de las/los beneficiarias (os), tipos y montos de apoyo; criterios de operación aportaciones, mecánica operativa y otros requisitos propios del Programa, de acuerdo con la declaratoria de emergencia o desastres naturales emitida por la Segob.

La instancia Normativa podrá firmar Convenio de Ejecución con la Instancia Ejecutora, para dar atención a la población afectada identificada en el padrón correspondiente, validado por la autoridad de Protección Civil local, municipal, estatal o federal en su caso.

El procedimiento para dar atención a la población afectada por desastres naturales se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en el Manual de Operación.

El sismo del 7 de septiembre destruyó zonas muy pobres del Estado de Chiapas cuyos habitantes perdieron su patrimonio en un instante. Muchas de ellos se encuentran por debajo de la línea de bienestar y sus viviendas fueron las más impactadas en lugares con evidentes rezagos sociales.

Si bien las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Vivienda para el ejercicio fiscal 2018 ofrecen los tabuladores de aportaciones federales, estatales y de los beneficiarios, la situación que vive el Estado de Chiapas hace urgente la aplicación de las medidas extraordinarias, como lo establecen las mismas Reglas de Operación, previo estudio pormenorizado de los posibles beneficiarios de estos recursos para acelerar las obras de reconstrucción de viviendas de las zonas más pobres.

La queja recurrente es que, a más de seis meses del ese sismo, la dispersión de recursos no es la adecuada cuando, a través de las tarjetas Bansefi, los beneficiarios denuncian no tener acceso inmediato a los apoyos. Un ejemplo está en el municipio de Cintalapa cuyos habitantes denuncian irregularidades como los errores en los montos de las tarjetas con apoyos del Fondo Nacional de Desastres (Fonden); es decir, existen pobladores a quienes se les han demolido de forma total sus viviendas y en lugar de recibir los 120 mil pesos de apoyo, sólo obtienen un depósito de 15 mil pesos.i

Asimismo, es urgente el trabajo coordinado entre los distintos órdenes de gobierno para lograr la entrega eficaz de los recursos a través de las instancias pertinentes y de manera transparente, a fin de que los afectados en esta tragedia puedan habitar una casa conforme a lo garantizado por el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Gozar de una vivienda digna y decorosa.

Por lo anterior expuesto, se presenta a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que, en el ámbito de su competencia, realice las acciones que permitan la liberación expedita de recursos del Programa de Apoyo a la Vivienda para la rehabilitación y reconstrucción de las viviendas y hogares afectados en los 118 municipios del Estado de Chiapas impactados por el sismo del 7 de septiembre de 2017.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al Director Nacional del fideicomiso del Fondo Nacional de Habitaciones Populares a realizar las acciones que aceleren la reconstrucción de viviendas de la población afectada en los 118 municipios del Estado de Chiapas impactados por el sismo del 7 de septiembre de 2017.

Tercero. Se exhorta respetuosamente al Director General del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C. a realizar las medidas que permitan la disposición expedita y correcta de los recursos depositados en las tarjetas de débito Fonden Vivienda en beneficio de la población afectada en los 118 municipios del Estado de Chiapas impactados por el sismo del 7 de septiembre de 2017.

Cuarto. Se exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de Chiapas para que, en el ámbito de su competencia, realice los convenios y acciones correspondientes que permitan la aplicación de los recursos suficientes que contribuyan a la rehabilitación y reconstrucción expedita de las viviendas de los 118 municipios del Estado afectados por el sismo del 7 de septiembre de 2017.

Nota

i A seis meses de los sismos, sólo organismos de la sociedad civil ayudan a los damnificados en Chiapas, Animal Político, 7 de marzo, 2018. En: https://www.animalpolitico.com/2018/03/organismos-la-sociedad-civil-ayu dan-damnificados-chiapas/

Palacio Legislativo de San Lázaro. Ciudad de México a 19 de abril de 2018.

Diputada Tania Elizabeth Ramos Beltrán (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la situación de guerra y violencia en Siria, a fin de garantizar la paz y estabilidad internacional, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena

Juan Romero Tenorio, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena de esta LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1, artículo 6o., y el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. La República Árabe Siria se encuentra sumida desde marzo de 2011 en una guerra civil entre las fuerzas gubernamentales (Fuerzas Armadas de Siria) comandadas por el presidente Bashar Háfez Al-Ásad y la oposición armada, conformada por combatientes del Consejo Nacional Sirio (SNC), el Ejército Libre Sirio y diversas fracciones antigubernamentales que incluyen a yihadistas del Estado Islámico Iraquí (ISIS).

Esta guerra civil ha provocado que centenares de personas vivan en condiciones desesperadas. Hoy se estima que cerca de 13 millones de habitantes necesitan ayuda urgente, convirtiéndolo en el conflicto de mayor envergadura de la comunidad internacional.

La terrible crisis humanitaria ha ocasionado la muerte de por lo menos 400 mil personas y el desplazamiento interno de más de 11 millones que han tenido que huir de sus hogares, sumados a 5.6 millones que se han desplazado a países vecinos, siendo también la mayor crisis de refugiados a nivel mundial.1

Segunda. - En principio, las fuerzas de oposición solo contaban con financiamiento propio, pero más tarde los Estados Unidos de Norteamérica procuraron financiación, armas y entrenamiento; de igual forma lo hicieron Arabia Saudita, Qatar, Kuwait y Turquía, quienes tiempo después terminaron admitiendo que parte de la ayuda resultó letal al encontrarse terroristas involucrados que no solo la utilizaron contra el gobierno, sino en contra de civiles.

Como resultado, la Coalición Internacional, liderada por los Estados Unidos comenzó en septiembre de 2014 en su operación “Resolución Inherente”, a lanzar ataques aéreos en contra del Estado Islámico sin aprobación del gobierno sirio, ataques que también resultaron en la muerte de civiles.

Por su parte, Rusia, Irán y agrupaciones Chiítas como Hezbolá, ofrecieron desde 2015 apoyo al gobierno de Al-Ásad contra el Estado Islámico, los rebeldes y los Estados Unidos, convirtiendo a este conflicto en uno de los más devastadores de los últimos años.

Tercera. – La ciudad de Duma es la novena ciudad más grande de la República Árabe Siria, ciudad musulmana que administrativamente pertenece a la gobernación de la Campiña de Damasco y que desde el inicio del conflicto bélico ha sido un punto de tensión importante debido a que muchas de las manifestaciones antigubernamentales se organizaron en ella, siendo considerada por el gobierno del presidente Al-Ásad como la ciudad de la oposición.

En 2012 el ejecito sirio trató de recuperar la ciudad tras diversas operaciones militares contra los grupos de oposición al régimen, sin embargo, el Ejército Libre Sirio mantenía bajo su control casi todo ese territorio, razón por la cual las luchas y bombardeos han sido una constante desde aquella fecha.

Cuarta. - En el marco de la guerra civil siria, el 7 de abril de 2018 se anunció en diversos medios internacionales un supuesto ataque por parte del gobierno de Al-Ásad con dicloro y gas sarín en esa misma ciudad, ataque que dejaría por lo menos 50 personas muertas y alrededor de 500 heridos, de acuerdo con la denuncia realizada por la organización no gubernamental “Cascos Blancos”, cuyos voluntarios se dedican al rescate de víctimas en zonas controladas por grupos rebeldes. En este sentido el gobierno sirio ha negado todo tipo de responsabilidad al respecto.2

Respecto al supuesto ataque, surgieron diversas conclusiones que no se han esclarecido: Al respecto la portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) Lolanda Jaquemet, dijo no disponer de información verídica sobre dicho ataque químico en la ciudad de Duma y sobre sus posibles víctimas.3

El Centro Ruso para la Reconciliación desmintió también informes sobre la supuesta utilización de Armas Químicas contra la población civil y expresó su disposición de enviar especialistas para recopilar información que confirme o desmienta las acusaciones antes citadas.4

De acuerdo con información emitida por Europa Press, expertos de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ) entraron el martes 10 de abril de 2018 a Duma, a fin de investigar el supuesto ataque químico.

Quinta . A pesar de no existir verificación del supuesto ataque con armas químicas perpetrado en teoría por el por el gobierno sirio contra su población y sin que existiera autorización del Consejo de Seguridad de Organización de Naciones Unidas, fuerzas armadas de los Estados Unidos de Norteamérica en coordinación con sus aliados, Francia y Reino Unido, lanzaron un ataque con misiles en el territorio sirio la madrugada del 14 de abril de 2018.5

El sábado 14 de abril de 2018, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump anunció que los ataques ordenados por su gobierno en territorio sirio fueron realizados con precisión contra objetivos relacionados a la posesión de armas químicas del presidente sirio Bashar Al-Ásad.6

El presidente norteamericano informó a su nación que, en colaboración con los gobiernos de Gran Bretaña y Francia, lanzó un ataque con misiles en contra de objetivos gubernamentales y militares en Siria, en represalia por el asesinato con elementos químicos de unos 49 civiles en la población de Duma.

“Ordené a las fuerzas militares de Estados Unidos lanzar un ataque de precisión en contra de objetivos relacionados con arsenales de armas químicas del dictador sirio, Bashar al-Assad”, dijo Trump durante un mensaje al pueblo estadunidense desde la Casa Blanca.7

El mandatario detalló que el operativo militar llevado a cabo por el Pentágono se llevó a cabo en colaboración con los gobiernos de Francia y Gran Bretaña. En su discurso, que duró escasos 8 minutos, señaló que el ataque con misiles disparados por buques de guerra y aviones caza del Pentágono, se dieron para responder al ataque que ordenó Al-Assad contra civiles en Duma, que le costó la vida a niños y mujeres.

James Mattis, secretario de Defensa de Estados Unidos, dijo en rueda de prensa que la acción militar en contra del Siria responde a los mandatos internacionales en contra del uso de armas químicas contra la población civil, que en este caso violó el gobierno de Al-Assad.

Los líderes militares explicaron que el ataque con misiles en contra de Siria tuvo como objetivo anular la capacidad de Al-Assad para lanzar nuevos ataques con armas químicas y para bloquear centros de comando militares dentro del territorio sirio.

El Pentágono informó que la única acción registrada frente al ataque con misiles de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, fue el lanzamiento de cohetes antimisiles por parte del gobierno de Siria, descartando cualquier intervención por parte de Rusia o Irán, que defienden al régimen de Al-Assad.

Trump, asumiendo la posible defensa del régimen de Al-Assad, por parte del gobierno del presidente ruso Vladimir Putin y del de Irán, dijo que Estados Unidos y los países aliados están preparados para actuar ante cualquier incidente del gobierno sirio.

“También tengo un mensaje para los dos gobiernos responsables de respaldar, equipar y financiar al régimen de Al-Assad: A Irán y a Rusia les pido que digan a qué tipo de nación quieren estar asociada, si ésta asesina a niños, mujeres y hombres inocentes”, declaró Trump.8

El mandatario estadunidense, de manera particular, le recordó al gobierno de Rusia que desde 2013 se comprometió con la comunidad internacional a ayudar a que el gobierno de Siria eliminara todo su arsenal de armas químicas.

“El ataque de esta noche es una respuesta directa al fracaso de Rusia por mantener la promesa que hizo”.

Por su parte, el gobierno ruso ha señalado que “el ataque militar efectuado en la madrugada del sábado por Estados Unidos, Reino Unido y Francia contra Siria, en represalia por el ataque químico en Duma, del que acusan al Gobierno de Bashar al Assad, afectará al “proceso político” que busca pacificar el país árabe, ha alertado este domingo el embajador ruso en la ONU, Vasili Nebenzia. Y añadió: “Lo que ocurrió ayer es también un atentado contra el proceso político. No contribuye a la solución siria”, ha dicho el jefe de la misión diplomática”.9

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que los ataques contra Siria de parte de Estados Unidos, Francia y Reino Unido provocarán “caos” en las relaciones internacionales entre estos países .

“Si tales acciones, en violación de la Carta de Naciones Unidas, vuelven a producirse, provocarán inevitablemente caos en las relaciones internacionales”, dice un comunicado del gobierno ruso, sobre una conversación que se dio entre Putin y su homólogo en Irán, Hasan Rohani.10

Reacciones que deben preocupar a la comunicad internacional por la escalada de violencia militar y verbal sobre el conflicto en Siria.

Sexta. - En este sentido, la Comunidad Internacional ha expresado su preocupación. Por parte del gobierno de Italia, el primer ministro, Paolo Gentiloni, a pesar de reiterarse aliado de la Administración Norteamericana, solicitó, este martes 16 de abril, durante una comparecencia en el Parlamento en Roma, negociaciones directas con el régimen sirio.

Heiko Maas, ministro de relaciones exteriores de Alemania, afirmó que el papel de su país en la crisis siria será conservar los canales de comunicación de las potencias occidentales con Rusia, manteniéndose como parte de la iniciativa de paz.

Los presidentes de la República de Turquía, Racep Tayyip Erdogan y la República Islámica de Irán, Hasán Rohani, han expresado el rechazo de Ankara al uso de armas químicas por parte del gobierno sirio y han enfatizado la importancia de evitar ataques que empeoren la situación en territorio sirio, mostrando su respaldo para alcanzar una solución política al conflicto.11

Séptima. - Este tipo de escaladas militares sin duda generan gran preocupación internacional, puesto que, como lo señalan organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, incrementan el riesgo de generalizarse y abrir camino a una escalada bélica de mayores dimensiones.

Como parte de la comunidad internacional, reconocemos y compartimos la preocupación sobre la producción y uso de armas químicas, y además nos pronunciamos enérgicamente en contra del uso desproporcionado de la fuerza y vemos con gran preocupación la manera en que ambas partes violan las normas del derecho internacional humanitario.

Hemos sido testigos de que episodios como este generan graves consecuencias para la paz y la seguridad internacional, por ello, México debe expresar su preocupación y une su voz al llamado de paz, unidad y solución al conflicto.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 89 fracción X los principios rectores que de la política exterior mexicana a los que deberá ceñirse el Ejecutivo Federal, que a la letra señalan:

“Artículo 89 ...

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales ;

...”

Por su parte la Carta de las Naciones Unidas señala:

“Artículo 33

Las partes en una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán de buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección .”

En virtud de lo anterior someto a consideración de esta Asamblea del Honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión expresa su profunda preocupación por la escalada militar en Siria y condena todo acto de violencia indiscriminada, en cualquiera de sus formas que ocasione daños y ponga en riesgo la vida de la sociedad civil.

Segundo La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión hace un llamado urgente a mantener la unidad en contra de todo acto que atente contra la paz y la estabilidad internacional.

Tercero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal, para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, respalde los esfuerzos de mediación encabezados por las naciones involucradas, la Organización de las Naciones Unidas y Organismos Internacionales, a fin de garantizar la paz y la estabilidad internacional.

Notas

1 OXFAM, Internacional, Crisis en Siria , Recuperado el 17 de abril de 2018, Sitio Web: https://www.oxfam.org/es/accion-humanitaria/crisis-en-siria.

2 Hubbard, Ben, Dozens Suffocate in Syria as Government Is Accused of Chemical Attack. Consultado el 17 de abril 2018, sitio web: NYTimes.com.

3 Levers Andreas, Sputnik Mundo, Ginebra, Suiza, El CICR No tiene datos concretos sobre víctimas en Siria, Recuperado: 17 de abril 2018, Sitio Web: https://mundo.sputniknews.com/orientemedio/201804091077735031-siria-ori ente-medio-seguridad-cruz-roja/

4 Ibídem.

5 Reuters/EP-Europa Press Internacional, Los Inspectores de la OPAQ entran a Siria. Beirut, Líbano, Publicado el 17 de abril de 2018, Recuperado el 17 de abril de 2018. Sitio web:

http://www.europapress.es/internacional/noticia-inspecto res-opaq-entran-duma-television-siria-20180417150645.html.

6 Mir, Ricardo, Washington, El País, Estados Unidos, Francia y Reino Unido atacan Siria , Recuperado el 17 de abril de 2018, Sitio Web:

https://www.elperiodico.com/es/internacional/20180414/es tados-unidos-eeuu-ataque-siria-6751345

7 Trump ordena ataque con misiles sobre Siria; se suman Francia y Gran Bretaña. Proceso.

https://www.proceso.com.mx/529884/trump-ordena-ataque-co n-misiles-sobre-siria-se-suman-francia-y-gran-bretana-video

8 Ídem.

9 Rusia advierte de que el ataque de EEUU, Reino Unido y Francia afectará al “proceso político” en Siria http://www.europapress.es/internacional/noticia-rusia-advierte-ataque-e euu-reino-unido-francia-afectara-proceso-politico-siria-20180415084905. html

10 Putin dice que ataques contra Siria provocarán “caos” en relaciones internacionales. https://www.sdpnoticias.com/internacional/2018/04/15/putin-dice-que-ata ques-contra-siria-provocaran-caos-en-relaciones-internacionales

11 Europa Press Internacional, Erdogan y Rohani abordan situación en Siria. Madrid, España Publicado el 17 de abril de 2018, Recuperado el 17 de abril de 2018. Sitio web: http://www.europapress.es/internacional/noticia-erdogan-rohani-abordan- situacion-siria-piden-evitar-actos-empeoren-situacion-pais-201804171817 18.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de abril de 2018.

Diputado Juan Romero Tenorio (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a fortalecer el sistema de transporte metropolitano, a fin de garantizar el derecho a la movilidad de los usuarios y contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, de Nuevo León, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, Mirna Isabel Saldívar Paz, diputada del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Los sistemas troncales de Metro y Ecovía y las rutas de transporte público han sido insuficientes para atender a la población del área metropolitana de Metrorrey y son percibidos como de baja calidad, además de que no se encuentran totalmente integrados al sistema tradicional de transporte urbano, lo que aumenta el costo a los usuarios.1

Existe un rezago importante en las inversiones en materia de transporte público, tanto en la conservación de la infraestructura actual como en el crecimiento de la oferta. No se han realizado inversiones orientadas de manera prioritaria hacia los sistemas troncales (Metro y Ecovía) y hacia los medios no motorizados.2

Es entonces que el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey vive una serie de crisis que lo mantienen al borde del colapso; en un recorrido durante dos semanas en las líneas 1 y 2 se detectó que en las horas pico hay falta de vagones, largas filas y unidades rebasadas, castigando con mal servicio a los usuarios.3

Por si fuera poco, el arranque de la línea 3 aún se ve lejano, pues aunque están por concluir la obra, los vagones aún no han sido fabricados, situación que demorará 18 meses más aproximadamente. Por ello, el Estado planea anunciar una nueva línea usando los vagones de la línea dos, lo que terminaría por colapsar el principal transporte colectivo en la entidad.4

El ejemplo más claro de las deficiencias es la estación San Bernabé, donde los usuarios tienen que esperar hasta treinta minutos para abordar un vagón; en hora pico los usuarios se jalonean para alcanzar un lugar y hasta se tienen que bajar de las unidades para no ser atropellados por las puertas.5

Asimismo, en fecha 21 de marzo pasado, el director de Metrorrey reconoció ante diputados locales que por falta de mantenimiento tuvieron que bajar la velocidad de los vagones a cincuenta y cinco kilómetros por hora.6

Actualmente Metrorrey cuenta con una flotilla de 84 vagones, pero tiene un déficit estimado de 46 vagones entre ambas líneas, además mueve a trescientos cincuenta mil usuarios diarios, pero la demanda rondaría en los quinientos mil, como a continuación se expone:7

• Total de vagones en Línea 1 y 2: 84

• Déficit de ambas líneas: 46 vagones

• Usuarios: 350 mil diarios

• Demanda: 500 mil diarios

Asimismo, otro problema fuerte se vive en la estación Sendero, donde los usuarios tienen que soportar filas de hasta cuarenta minutos para abordar el Transmetro.8

El panorama luce desalentador y mientras las autoridades no presenten soluciones a corto plazo los usuarios pagarán las consecuencias por el mal servicio.9

Sin embargo, debido a las demandas de la ciudadanía, el gobierno del estado anunció que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes definió una inversión de 5 mil 600 millones de pesos para la compra de vagones del Metro y así combatir la saturación de este sistema de transporte colectivo.10

Con estos recursos el sistema de transporte colectivo Metrorrey agregará a su servicio 46 nuevos vagones para las líneas 1, 2 y 3.11

De igual forma, la Dirección de Metrorrey señaló que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la dependencia estatal se encuentran en la última etapa del proceso administrativo para adquirir los vagones; sin embargo, el tiempo de fabricación sería de al menos 18 meses.12

Es entonces, que pese a que los usuarios sufren diariamente por la falta de unidades soportando largas filas y esperas de hasta 40 minutos aproximadamente, se informó recientemente que por tercera ocasión Metrorrey se declaró desierto en el concurso para concesionar la operación de las rutas de Transmetro en Sendero.13

Con un déficit de hasta 46 vagones, sobredemanda y, por ende, una reducción en su velocidad y una ampliación en su frecuencia de paso, el Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey parece enfilarse hacia el colapso.14

Debido a lo anterior, tanto Organismos de la Sociedad Civil como diputados locales demandaron al Estado tomar acciones para atender la crisis en el servicio del Metro, ya que expresaron que la situación es caótica y tiene que ver con que las autoridades responsables se han dedicado a “patear el bote y pasarse la pelotita”, pero no a buscar soluciones inmediatas ni a gestionar recursos.15

El Estado debe de recuperar su liderazgo y coordinar los esfuerzos de ordenamiento en aras de permitir la creación de un esquema de transporte público de pasajeros integrado, funcional y tarifariamente con el Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera (Sitme), que opere de manera óptima y con calidad, y con una visión social que brinde la posibilidad de ofrecer transporte gratuito a estudiantes, personas adultas mayores y personas con alguna discapacidad.16

El transparentar el uso de los recursos públicos, combatir y sancionar la corrupción no solo es uno de los temas prioritarios para alcanzar la Visión 2030 del Plan Estratégico para el Estado de Nuevo León 2015-2030, también es una de las demandas más fuertes de la sociedad de acuerdo con un proceso de consulta pública; además de un compromiso asumido con la comunidad.17

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un exhorto de manera respetuosa al Gobierno del Estado de Nuevo León y al Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, en el ámbito de sus respectivas atribuciones para que, de manera coordinada, fortalezcan y amplíen el sistema de transporte metropolitano, y brinden un servicio seguro, más rápido, puntual, confortable y sustentable, coadyuvando a mejorar la calidad de vida de la población.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión hace un exhorto de manera respetuosa al Gobierno del Estado de Nuevo León y al Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, así como a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes estatal para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y de manera coordinada, adquieran oportunamente los nuevos vagones para el Sistema de Transporte Colectivo en mención.

Notas

1 Gobierno del estado de Nuevo León, (abril, 2012). Programa Estatal de Desarrollo, Urbano de Nuevo León 2030, Monterrey, NL.

2 Gobierno del Estado de Nuevo León, (abril, 2012). Programa Estatal de Desarrollo, Urbano de Nuevo León 2030, Monterrey, NL.

3 Ángel Charles, Fanny Silva, Video Grupo Reforma, Esta metro al borde del colapso enfrenta deficiencias qué afectan a usuarios, Reforma, consultado el 5 de abril de 2018.

4 Ángel Charles, Fanny Silva, Video Grupo Reforma, Esta metro al borde del colapso enfrenta deficiencias qué afectan a usuarios, Reforma, consultado el 5 de abril de 2018.

5 Ibídem.

6 Ibídem.

7 Ángel Charles, Fanny Silva, Video Grupo Reforma, Esta metro al borde del colapso enfrenta deficiencias qué afectan a usuarios, Reforma, consultado el 05 de abril de 2018.

8 Ibídem.

9 Ángel Charles, Fanny Silva, Video Grupo Reforma, Esta metro al borde del colapso enfrenta deficiencias qué afectan a usuarios

10 Entre líneas 03/04/2018, El acontecer político y financiero de Nuevo León está aquí, OPINIÓN MTY, El Financiero, Monterrey, 03/04/2018, Costumbre, http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/entre-lineas-03-04-2018

11 Ibídem.

12 Entre líneas 03/04/2018, El acontecer político y financiero de Nuevo León está aquí, OPINIÓN MTY, El Financiero, Monterrey, 03/04/2018, Costumbre, http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/entre-lineas-03-04-2018

13 Ángel Charles, También Transmetro enfrenta filas y crisis, Monterrey, México (4 abril 2018).

14 Ibídem.

15 Ibídem.

16 Gobierno del estado de Nuevo León, (abril, 2012). Programa Estatal de Desarrollo, Urbano de Nuevo León 2030, Monterrey, NL.

17 Gobierno del estado de Nuevo León, (abril, 2012). Programa Estatal de Desarrollo, Urbano de Nuevo León 2030, Monterrey, NL.

Cámara de Diputados, sede del honorable Congreso de la Unión, a 19 de abril de 2018.

Diputada Mirna Isabel Saldívar Paz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la conservación y protección de la zona de salvaguarda denominada Selva Lacandona, de Chiapas, a cargo de la diputada Tania Elizabeth Ramos Beltrán, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Tania Elizabeth Ramos Beltrán, diputada a la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo a la conservación y protección de la zona de salvaguarda denominada “Selva Lacandona” del estado de Chiapas a tenor de las siguientes

Consideraciones

México cuenta con una biodiversidad de recursos que lo hacen único en el mundo. En nuestro país hay especies que no se pueden encontrar en ninguna otra parte del orbe. La riqueza natural forma ecosistemas particulares que proveen de agua y oxígeno siendo las selvas y los bosques del sureste mexicano especiales por su importancia en los sistemas climatológicos de nuestro planeta.

Chiapas tiene una envidiable posición en el mundo. No sólo es un territorio de vasta riqueza antropológica y cultural, lo es también de recursos biológicos en la selva lacandona, notable por el impacto sociológico, cultural, religioso y de biodiversidad. Comprende cerca de dos millones de hectáreas aproximadamente en las montañas del oriente de Chiapas con un clima cálido-húmedo que conforman variados ecosistemas tropicales. La Lacandona permaneció indómita hasta mediados del siglo XX sin presencia colonizadora a excepción de sus pobladores originarios, los lacandones, grupo indígena descendiente de la rama maya.

De acuerdo con el Informe de Regiones Terrestres Prioritarias de México de la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad (Conabio), la selva Lacandona tiene las siguientes características que abarcan amplias áreas naturales protegidas del estado de Chiapas:

Región crucial de las de mayor riqueza biológica del país ya que incluye 625 especies de mariposas y el 15 por ciento de las plantas de México. Existen numerosos tipos de vegetación y gradientes altitudinales. Es el centro de penetración más norteño de numerosos taxa de Centro y Sudamérica de plantas y animales. La integridad funcional es aún excelente. Posee integridad de procesos ecosistémicos (productividad, control de erosión, conservación de recursos hídricos, etcétera). Es el centro de origen de un linaje biológico único: Lacandoniaceae. Incluye cinco áreas naturales protegidas: Bonampak, Cha-Kin, Lacantún, Metzabok, Naha, Montes Azules y Yaxchilán. El principal tipo de vegetación representado en esta región terrestre protegida (RTP) es la selva alta perennifolia. Toda la región se encuentra dentro de la cuenca del río Usumacinta, constituye un continuo con las regiones de Calakmul y Sian Ka’an, a través de las áreas forestales del sur del Punto put y de Quintana Roo (también consideradas RTP) y de las selvas del Petén que interconectan ambas zonas de México.1

No obstante, el desarrollo de la tecnología y de la industria hizo de la Lacandona un polo de riqueza suscitando la explotación de sus recursos. De acuerdo con el Libro Blanco de la Selva Lacandona, publicado por el Proyecto Desarrollo Social Integrado y Sostenible y la Secretaría de Desarrollo Social de Chiapas, las siguientes características históricas de la región la hicieron especialmente atractiva:

La entrada natural al territorio de la Selva Lacandona es el río Usumacinta, a partir de Tenosique, Tabasco y por esta vía, remontando el río, penetraron las primeras empresas madereras para realizar el aprovechamiento forestal. Sin embargo, los encajonados, pequeños cañones y raudales del río obstaculizaban los trabajos y la extracción de las trozas, por lo que el avance en la primera etapa de la explotación fue muy lento y de escaso alcance. Así, se buscaron otras vías para realizar este aprovechamiento y la segunda de ellas fue por Guatemala, a partir del Petén, donde se realizó una prueba lanzando trozas en el río de La Pasión, que fueron recuperadas en Tenosique y que impulsó el establecimiento de las empresas en el río Lacantún y Usumacinta. Finalmente, la tercera vía de entrada a la selva fue por Ocosingo, Chiapas; hacia el año de 1877 Juan Ballinas establece esta tercera ruta, la más difícil, pero que permitió la explotación de los macizos forestales de la cuenca del río Jataté.

La región resultó muy atractiva para estas empresas, ya que a su interior no existía la propiedad privada y presentaba una gran extensión de selvas vírgenes (1000 años de edad, por lo menos) en terrenos baldíos, deshabitados, que eran relativamente fáciles de ser apropiados legalmente, mediante el sistema de concesiones, la ley expedida por el presidente Benito Juárez, que establecía como límite de la propiedad privada una extensión de 2,500 hectáreas y finalmente, durante el régimen de Porfirio Díaz, la ley de deslinde de tierras ociosas, lo que permitió la formación de inmensos latifundios, de varias decenas de miles de hectáreas adquiridas por unas cuantas personas; sobresalen los apellidos Valenzuela, Bulnes, Sala, Martínez de Castro, Troncoso, Cilveti y Romano (Gonzalez Pacheco, C. 1983). Las compañías madereras y las deslindadoras se apropiaron de la Selva Lacandona; los títulos de propiedad fueron expedidos por Porfirio Díaz y el presidente González y fueron ratificados en 1920 por Venustiano Carranza.

La progresiva entrada de empresas inició entonces la explotación sin control de la selva que iría desatando una crisis que pondría en estado de peligro las variadas especies animales y vegetales amenazando, desde luego, el bienestar de las comunidades. Uno de los principales polos de riqueza económica para las empresas son los hidrocarburos que posee. De acuerdo con el informe de las Regiones Terrestres Prioritarias de México de la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad (Conabio), la selva Lacandona enfrenta los siguientes:2

1. Desforestación,

2. Fragmentación,

3. Sobreexplotación de numerosos recursos maderables,

4. Tráfico de fauna severo,

5. Colonización dentro de la reserva.

6. Incorporación de la selva Lacandona a la producción agropecuaria y forestal,

7. Cambio de uso del suelo y la drástica disminución de la superficie arbolada.

8. Apertura de la carretera fronteriza,

9. Exploración y explotación petrolera

10. Asentamientos humanos irregulares,

11. Problemas de tenencia de la tierra. Coexisten multitud de etnias distintas, ejidatarios, pequeños propietarios y un gran número de organismos gubernamentales y no gubernamentales que utilizan o influyen en la utilización de los recursos del área sin contar con un plan integral conocido y aceptado por todos. La devastación de la selva en los últimos 35 años ha sido considerable.

Esta serie de problemas han llevado a una catástrofe ambiental de la selva Lacandona por lo que se expidieron decretos de protección como área natural reservada. El 7 de diciembre de 2016 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se establece la zona de salvaguarda denominada Selva Lacandona.3

En este decreto, y derivado de la llamada reforma energética, la Secretaría de Energía propuso al titular del Ejecutivo un dictamen en el que consideró favorable a la selva Lacandona como zona de salvaguarda; en este sentido establece las causas que justifican la incorporación de la selva Lacandona a las de las Zonas de Salvaguarda para “la administración eficiente de los recursos del subsuelo en el tiempo; el cumplimiento de la política pública en materia energética; la evaluación de la disponibilidad de tecnología para la eficiente extracción de hidrocarburos y el cumplimiento con la política económica, social, cultural y ambiental”. De esta forma, el decreto dispuso:

Artículo Primero. Se establece como Zona de Salvaguarda la superficie del área denominada “Región Selva Lacandona”, localizada en el estado de Chiapas, con una superficie total de 18,348.89 km2 (dieciocho mil trescientos cuarenta y ocho punto ochenta y nueve kilómetros cuadrados).

El Anexo Único presenta el mapa de la localización de la Zona de Salvaguarda denominada “Región Selva Lacandona”; la descripción geográfica específica de la superficie, y la delimitación del polígono georreferenciado.

Artículo Segundo. Se prohíben las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en la Zona de Salvaguarda denominada “Región Selva Lacandona”, a que se refiere el artículo anterior.

Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Ciudad de Cancún, estado de Quintana Roo, a cinco de diciembre de dos mil dieciséis.

Enrique Peña Nieto . Rúbrica. El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña . Rúbrica. El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano Alamán. Rúbrica. El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell. Rúbrica. El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero . Rúbrica. El secretario de Cultura, Rafael Tovar y de Teresa . Rúbrica.

El gobierno federal y el del estado de Chiapas se comprometieron a establecer políticas efectivas para la protección del llamado “pulmón de México”. Las estrategias, de acuerdo al gobierno de Chiapas, son las de “evitar la regularización de asentamientos humanos para mantener a esta zona como Área Natural Protegida, acercar a los habitantes de esta zona diversos modelos de desarrollo y producción, que permitan mejorar su condición de vida y, sobre todo, reducir la presión social sobre los recursos naturales”.4

Sin embargo, a pesar de estos compromisos y decretos firmados, la situación parece delicada vulnerando esta área del estado de Chiapas. Efectivamente, no sólo penden las amenazas en cuanto a la explotación irracional de recursos naturales y de los hidrocarburos, también se han presentado las denuncias de grupos y organizaciones campesinas que admiten la existencia de corporaciones interesadas en esta riqueza de los chiapanecos.

De acuerdo con las consideraciones que anteceden es oportuno un exhorto al titular de la Secretaría de Medio Ambiente para que, en el ámbito de su competencia, haga del conocimiento público los resultados relativos a la conservación y protección de la zona de salvaguarda denominada “Selva Lacandona” del estado de Chiapas.

Igualmente es oportuno el exhorto al gobernador del estado para que considere la construcción de políticas públicas eficientes para evitar el saqueo y la devastación de la zona de salvaguarda denominada “Selva Lacandona” del estado de Chiapas.

Cualquier acción que este Poder Legislativo realice por el bien y protección de nuestros recursos, abonará en la construcción de un futuro donde sea respetada la biodiversidad.

Por lo anterior expuesto, se presenta a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de

Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en el ámbito de su competencia, haga del conocimiento público los resultados de los programas relativos a la conservación y protección de la zona de salvaguarda denominada “Selva Lacandona” del estado de Chiapas.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Chiapas a considerar la realización y aplicación de políticas públicas eficientes que eviten el saqueo y devastación de la zona de salvaguarda denominada “Selva Lacandona” del estado de Chiapas.

Notas

1 Conabio. Regiones Terrestres Protegidas de México. Selva Lacandona, RTP 138. En http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/rtp_138.p df

2 Idem.

3 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5464473&fecha=07/12/2 016

4 Cfr. Gobierno del estado de Chiapas. “Avanza la estrategia de conservación de la selva Lacandona”, 7 de marzo de 2017 en http://www.icosochiapas.gob.mx/2017/03/07/avanza-estrategia-de-conserva cion-de-la-selva-lacandona/

Palacio Legislativo de San Lázaro.- Ciudad de México, a 19 de abril de 2018.

Diputada Tania Elizabeth Ramos Beltrán (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Legislativo de Baja California, a analizar, discutir y reformar el capítulo III del título cuarto “Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual de las Personas”, del Código Penal para el Estado de Baja California, a cargo del diputado Francisco Javier Pinto Torres, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El que suscribe, Francisco Javier Pinto Torres, diputado federal del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 3, 79 y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la XXII Legislatura del honorable Congreso del estado de Baja California a que, en el ámbito de sus atribuciones, analice, discuta y reforme el Capítulo III del Título Cuarto, “Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual de las Personas”, del Código Penal para el Estado de Baja California, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La legislación penal en el Estado mexicano ha sufrido diversas modificaciones enfocadas principalmente en ampliar la protección de la justicia y evitar o en su caso sancionar la comisión de conductas delictivas que vulneren los derechos humanos. Tales modificaciones han significado la evolución de los tipos penales para abandonar los postulados tradicionalistas y consuetudinarios de carácter esencialmente moral, adecuándolos a la realidad y necesidades sociales actuales.

En este tránsito evolutivo se han incluido en nuestra legislación visiones ampliamente garantistas acordes con los tratados y compromisos internacionales que México ha asumido en la materia; dando principal atención a los grupos en situación de vulnerabilidad, que debido a determinadas condiciones o características son más propensos a que sus prerrogativas sean violentadas y por lo tanto, requieren atención específica para disminuir sus grados de indefensión y restablecer los derechos que como personas les pertenecen. Ejemplo de lo anterior lo podemos encontrar en ordenamientos que buscan tutelar los derechos de las mujeres, las personas con discapacidad, los adultos mayores, los pueblos y comunidades indígenas; entre otros, cobrando especial interés para fines del presente exhorto los menores de edad; quienes por su especial condición de seres humanos que, por no haber alcanzado el pleno desarrollo físico y mental requieren especial protección.

En este sentido, y derivado de la normativa internacional, en específico lo contenido en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que México ratificó desde el 21 de septiembre de 1990, nuestro país ha realizado diversos esfuerzos para dar protección a este sector de la sociedad, compromisos que dieron fruto en 2011, con el reconocimiento a nivel constitucionali del interés superior de la niñez, obligando con ello a que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se vele y cumpla con dicho principio y se garanticen plenamente sus derechos.

Como consecuencia de la adopción del interés superior de la niñez en nuestro sistema jurídico fue expedida la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA),ii que establece las acciones, garantías y principios mínimos de protección reconocidos en favor de la niñez. A partir de la entrada en vigor de esta ley, las entidades federativas han llevado a cabo acciones de actualización y armonización legislativa a fin de tutelar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y evitar la existencia de acciones y conductas que afecten su pleno e integral desarrollo físico, psicológico y emocional.

Aunada a dicha protección especial que requieren las personas menores de edad, se encuentra la salvaguarda específica para erradicar la discriminación y violencia de género que sufren las niñas y jóvenes, quienes por su propia naturaleza enfrentan mayores grados de vulnerabilidad y dificultad para el ejercicio efectivo de sus derechos. Tal y como lo resaltó en diversas ocasiones la Comisión Nacional de los Derechos Humanos durante 2017 “[...] la desigualdad entre los géneros comienza desde la niñez, y para su erradicación es necesario sensibilizar e involucrar en las acciones tendentes al cumplimiento de sus derechos, a través de la educación en y para... el empleo de técnicas de crianza positivas libres de violencia y perspectiva de género y la promoción de las masculinidades que rechazan la violencia y son conscientes y solidarias respecto a la situación del género femenino [...]”.iii

Para ello, es indispensable que todas las autoridades de los distintos niveles de gobierno consoliden acciones que garanticen la igualdad de género, y que al mismo tiempo promuevan el respeto a la dignidad y a los derechos humanos de las menores de edad. Para lograr dicho objetivo la armonización del marco jurídico a nivel nacional con enfoque en el interés superior de la niñez y adolescencia es una condición imprescindible que permitirá disminuir la situación de vulnerabilidad que enfrentan los menores de edad, principalmente las niñas y mujeres de nuestro país.

No obstante, al día de hoy en algunas entidades federativas persisten las disposiciones que toleran la comisión de conductas que a todas luces vulneran el interés superior de la niñez y afectan el normal desarrollo psicológico, emocional y sexual de los menores de edad, coadyuvando además a perpetuar el grado de vulnerabilidad y desigualdad entre hombres y mujeres. Tal es el caso de los artículos 182, 183 y 184 del Código Penal para el Estado de Baja California que tipifica y sanciona el Delito de Estupro en los siguientes términos:

Capítulo III
Estupro

Artículo 182. Tipo y punibilidad. Al que realice cópula con mujer de catorce años de edad y menor de dieciocho, casta y honesta, obteniendo su consentimiento por medio de la seducción o el engaño se le impondrá de dos a seis años de prisión y hasta cien días multa.

Agravación de la punibilidad. La pena se aumentará hasta una mitad más, si el estuprador se encuentra impedido legalmente para contraer matrimonio o cuando el delito haya sido cometido dentro las instalaciones de alguna asociación religiosa u organismo de la sociedad civil, cuyo objeto social consista en prestar auxilio, refugio o tratamiento psicológico u físico a otras personas, o hubiese sido cometido por ministros de culto religioso.

Artículo 183. Querella. No se procederá contra el estuprador, sino por queja de la mujer ofendida o de sus padres, a falta de éstos, de sus representantes legítimos; pero cuando el delincuente se case con la mujer ofendida, cesará toda acción para perseguirlo o se extinguirá la sanción impuesta.

Artículo 184. Reparación del daño. La reparación del daño en los casos de estupro comprenderá los gastos derivados del delito a favor de la mujer y también los alimentos al hijo o hijos que de dicho delito resultare, observándose las reglas que sobre la forma y términos de pago fija el Código Civil.iv

El contenido citado deja de manifiesto la necesidad de que las y los diputados integrantes del Congreso del estado de Baja California reformen este capítulo a fin de eliminar los adjetivos moralistas de contenido sexista tal y como son los adjetivos “casta y honesta” que representan un doble agravio para la víctima y que además dan lugar a una brecha de impunidad al ser imposible la acreditación ante la autoridad. Otro espacio para la comisión impune de este delito es que su responsabilidad se exime al contraer matrimonio con la víctima; dejando de lado la vulnerabilidad de quien por ser menor de edad carece de la madurez emocional, cognitiva y psicológica suficiente para tomar decisiones adecuadas y asertivas sobre el desarrollo de su sexualidad y más aún para decidir de manera meticulosa e informada sobre las consecuencias de contraer matrimonio.

Además, es necesario destacar que la configuración actual del delito de estupro en el Código Penal de Baja California contiene una visión que propicia la existencia de violencia de género y perpetúa la desigualdad entre hombres y mujeres, al imponer el rol social de esposa a la víctima por el hecho de ser mujer. Tal perspectiva no sólo resulta denigrante para las menores de edad, sino que también violenta sus derechos humanos y las deja en un estado de vulnerabilidad al no poder elegir por su grado de madurez si están o no preparadas para afrontar y comprender la situación. Un elemento más a considerar es que la redacción actual contempla como sujetos pasivos del delito exclusivamente a las mujeres dejando en completo estado de indefensión a los hombres menores de edad que pudieran ser víctimas de estupro.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto respetuosamente a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la XXII Legislatura del honorable Congreso del estado de Baja California a que, en el ámbito de sus atribuciones analice, discuta y reforme los artículos 182, 183 y 184 del Capítulo III del Título Cuarto, “Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual de las Personas”, del Código Penal para el Estado de Baja California, a fin de homologarlo a los principios rectores del marco jurídico nacional, eliminando el contenido que fomenta la desigualdad y violencia de género y propicia la impunidad en la comisión del delito de estupro.

Notas

i Decreto por el que se reforman los párrafos sexto y séptimo del artículo 4o. y se adiciona la fracción XXIX-P al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicado en el DOF el 12 de octubre de 2011.

ii Publicada en el DOF el 4 de diciembre de 2014.

iii Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Informe Anual de Actividades 2017; Análisis situacional de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. Obtenido de:

http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=30071

iv Código Penal para el estado de Baja California. Publicado en el Periódico Oficial número 23, de fecha 20 de agosto de 1989, Sección II, Tomo XCVI. Obtenido de:

http://www.congresobc.gob.mx/w22/index_legislacion.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes de abril de 2018.

Diputado Francisco Javier Pinto Torres (rúbrica)