Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a intensificar las acciones o estrategias dirigidas a impulsar el relevo generacional en el sector agrícola, a cargo del diputado David Mercado Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado David Mercado Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones jurídicas aplicables, somete a consideración del pleno, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a intensificar las acciones y/o estrategias dirigidas a impulsar el relevo generacional en el sector agrícola bajo la siguiente

Exposición de Motivos

La población joven del sector agrícola, la juventud rural, desempeña un papel clave en la lucha para combatir la pobreza, tan es así que, es fundamental garantizar el relevo generacional en el campo, que permita mantener una agricultura con agricultores y agricultoras. El papel de la juventud es esencial para lograr la erradicación de la pobreza y alcanzar el desarrollo sostenible a través del consumo y la producción sostenibles . Es indispensable entender que la juventud rural juega un papel elemental como actor estratégico para mantener la agricultura familiar y contribuir a la erradicación de la pobreza.1

Es innegable el apremio de tratar la situación de la juventud y el relevo generacional en el sector de la agricultura y las actividades relacionadas como la pesca, la ganadería, el pastoreo o la acuicultura. Debido a la falta de empleo bien remunerado y a la escasez de oportunidades de crecimiento profesional, la juventud rural encuentra una salida en la migración, dejando las zonas rurales y yendo hacia las zonas urbanas en busca de empleo en sectores distintos a la agricultura, y en muchas ocasiones migrando también hacia el extranjero en busca de esas oportunidades. En las zonas rurales, mujeres y los hombres jóvenes se encuentran con una realidad adversa ante el insuficiente acceso a una educación de calidad y oportunidades laborales decentes.

De acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria se destaca que el 40.5 por ciento de la población del sector agrícola es mayor de 60 años, el 22.2 por ciento tiene entre 26 a 45 años, mientras que solo un 1.2 por ciento corresponde a los productores jóvenes de entre 15 a 25 años de edad.2 En tanto que, en lo que se refiere a la extensión territorial de las zonas rurales para realizar actividades productivas en el campo, la misma Encuesta señala que las unidades de producción agropecuaria abarcan una superficie total de 109.3 millones de hectáreas y la superficie agrícola total de las unidades de producción, es de 27.5 millones de hectáreas, que representan el 25.2 por ciento de la superficie total en todo el país, de los cuales el 81.5 por ciento corresponde a la superficie sembrada o plantada, mientras que el 18.5 por ciento no lo está.

Estas cifras reflejan la inmensa extensión territorial y el enorme potencial que tiene el sector en materia agropecuaria, pesquera, agroindustrial o agro empresarial para acelerar el crecimiento económico no sólo del sector rural, sino de todo el país, Por lo anterior, es importante aprovechar el campo como un espacio de oportunidad esencial para el desarrollo y crecimiento de sus habitantes, sobre todo, para las nuevas generaciones, a quienes les debemos el esfuerzo de impulsar todas las acciones y estrategias necesarias a fin de ofrecerles condiciones y oportunidades para lograr su desarrollo personal y profesional en el ejercicio de las actividades económicas en el sector rural.

Por ello, uno de los mayores retos para México, es demostrar a las nuevas generaciones que el sector agrícola es atractivo y es posible desarrollarse plenamente mediante la realización de las diversas actividades que ofrece el campo. Está claro que la juventud rural representa un potencial productivo fundamental para el desarrollo económico y social de las comunidades rurales y, por extensión, de la sociedad a la que pertenecen. De aquí que, es importante hacer énfasis en la necesidad de apoyar el relevo generacional en el campo, para garantizar una zona rural viva, con agricultores y agricultoras.

En este contexto, es imprescindible trabajar en el diseño e implementación de políticas agrarias, económicas y sociales que atiendan de forma específica las necesidades de la juventud rural. Políticas de apoyo que faciliten el acceso de la juventud agricultora a los medios de producción (tierras, agua, créditos, mercados, tecnologías adecuadas, entre otros) y mejoren sus condiciones de vida. En este orden de ideas, es además importante señalar el rol de las mujeres agricultoras, puesto que, las mujeres jóvenes se enfrentan a mayores dificultades que los hombres en las zonas rurales, por lo que para reducir esta brecha de género hay que atender específicamente la problemática a fin de garantizar su acceso a los servicios generados por las políticas de desarrollo rural .

Es en este tenor que, debemos reconocer la enorme relevancia que tiene el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero en el desarrollo económico de nuestro país, por su contribución al producto y al empleo, así como por su carácter multifuncional, es decir; por su función de suministrador de productos alimenticios a los ciudadanos, por su papel en la conservación del medio ambiente y los espacios naturales y paisajísticos, garante de la biodiversidad, así como por su importancia como elemento vertebrador del territorio y su contribución al mantenimiento y desarrollo del medio rural, de su cultura y patrimonio.3 Por lo anterior, reconociendo la enorme importancia que tiene el sector agrícola en nuestro país, y la imperante necesidad de impulsar el desarrollo pleno de los jóvenes del sector rural, el suscrito pone a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a intensificar las acciones y/o estrategias dirigidas a impulsar el relevo generacional en el sector agrícola.

Notas

1 El relevo generacional en la agricultura familiar es clave para erradicar la pobreza. Disponible en http://www.leisa-al.org/web/index.php/lasnoticias/cambio-climatico/1540 -el-relevo-generacional-en-la-agricultura-familiar-es-clave-para-erradi car-la-pobreza

2 Encuesta Nacional Agropecuaria, ENA, 2014, Inegi-Sagarpa, disponible en www.inegi.gob.mx

3 El relevo generacional de la población agraria: La visión del derecho comunitario y la realidad del derecho interno. Hierro Hierro, D. Francisco Javier.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2018.

Diputado David Mercado Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SFP a instruir a la PGR, las entidades de la APF, las empresas públicas y los gobiernos locales a excluir del padrón de proveedores a las personas morales participantes en cualquier etapa de construcción del muro fronterizo México-EUA, suscrita por el diputado José Alfredo Ferreiro Velazco e integrantes del Grupo Parlamentario del PES

El Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 3, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I, III, IV y VI, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes:

Consideraciones

1. Actualmente, el fenómeno migratorio de los mexicanos en Estados Unidos de América (EUA) ha adquirido gran importancia para el país, para américa latina, y en general para el mundo en desarrollo, debido a las eventuales crisis sociales y humanitarias que podrán sufrir estos países como resultado de las agresivas políticas migratorias y de seguridad nacional que impulsa el gobierno del Presidente Donald Trump. Políticas de migración con las que pretenden incrementa r radicalmente sus controles fronterizos, primero con deportaciones masivas, segundo extendiendo la construcción del muro y tercero, disminuyendo los trámites de naturalización y permisos de residencia.

El pasado 25 de enero de 2017, el presidente Donald Trump firmó un decreto para dar inicio a la construcción de un muro a lo largo de la frontera con México, la creación de nuevos centros para detener inmigrantes no autorizados en la frontera sur y la reactivación de un programa federal para agilizar deportaciones.

El decreto “se refiere a problemas de seguridad en la frontera, y la primera orden será la construcción de una larga barrera física en la frontera sur”.

De acuerdo con el portavoz, la construcción de esa “barrera” es “más que una promesa de campaña. Es un primer paso de sentido común para realmente asegurar nuestra porosa frontera”.

Estas nuevas políticas agudizarán sin duda, la crítica situación de los migrantes indocumentados; sin embargo, a pesar de ello, estas no detendrán el flujo migratorio hacia el norte de los mexicanos que desean ingresar por primera vez, o los deportados que intentarán volver, o los cientos de miles de extranjeros que anualmente transitan ilegalmente en México, con el mismo propósito, dirigirse a la nación de vecina del norte.

2. Para todos son conocidas las constantes muestras de racismo y discriminación que el presidente de los Estados Unidos Donald Trump, ha venido manifestando en contra de la comunidad hispanoamericana radicada en el vecino país, pero con un notable énfasis hacia los mexicanos.

Desde que se anunció su candidatura, este personaje ha culpado a nuestro país de la pérdida de empleos manufactureros, y ha acusado a los inmigrantes mexicanos de ser delincuentes, violadores y traficantes de drogas, lo que le dio pie para hacer una de sus principales promesas de campaña: la deportación de 11 millones de ellos, además de la construcción de un gran muro a lo largo de la frontera con México.

Su discurso de odio apela a las más bajas pasiones, como la xenofobia, el machismo, la intolerancia política y el dogmatismo religioso. Todo lo cual inevitablemente recuerda campañas que en el pasado se han dirigido contra otros grupos étnicos, y cuya consecuencia fue la muerte de millones de personas.

3. En cuanto al número de deportados nacionales, se destaca que de 2008 a 2016 el flujo de mexicanos deportados ascendió a 2.5 millones de personas, es decir, a lo largo del gobierno de Barak Obama; a ello hay que sumar el número de mexicanos que han retornado de forma voluntaria.

De acuerdo con el IV Informe de Gobierno del Presidente Peña Nieto, en 2016 el gobierno mexicano atendió 57 mil 875 casos más de connacionales repatriados de EUA a través del Programa de Repatriación Humana, respecto al año anterior. También se menciona que de septiembre de 2015 a junio de 2016 recibió a 181 mil 463 mexicanos, y en ese mismo periodo del 2014-2015 se registraron 123 mil 588 eventos e repatriación; asimismo se indica que del total de repatriados en 2016, 164 mil 27 eran hombres, el 90%, y 17 mil 436 eran mujeres, el 9.6%, y 1O mil 57 eran menores de 18 años, el 5.5%.

Según estadísticas del Departamento de Seguridad Interna (DHS) de los Estados Unidos, el número de mexicanos deportados en el año fiscal 2017 ascendió a 128 mil 765 personas, lo que representó una baja de 14 por ciento respecto a las 149 mil 821 del periodo precedente.

La caída de las deportaciones refleja una tendencia general en las repatriaciones de inmigrantes durante el año fiscal 2017, que abarca del 1 de octubre de 2016 al pasado 30 de septiembre, y que, por lo tanto, sólo cubre los primeros ocho meses de la presidencia de Donald Trump.

Asimismo, el informe anual del DHS muestra que el número de arrestos en la frontera entre Estados Unidos y México cayó a su nivel más bajo en 46 años, a pesar de lo cual la administración Trump insistió en la necesidad de continuar con el plan de construir un muro en la frontera. Un total de 310 mil 531 personas fueron arrestadas por la Patrulla Fronteriza en el año fiscal 2017, lo que representa un descenso de 25 por ciento en relación con los 415 mil 816 del año fiscal 2016 y su menor nivel desde 1971.

El DHS indicó que 303 mil 916 del total de detenciones se realizaron en la frontera entre Estados Unidos y México, “lo cual subraya la necesidad de una barrera física en la frontera “.

Aunque el Congreso de Estados Unidos no ha aprobado los fondos solicitados por la Casa Blanca para la construcción del muro en la frontera con México, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) inició la fase de evaluación de ocho prototipos de barda.

Funcionarios de la administración Trump aprovecharon por ello el acto de presentación de las estadísticas de detenciones para defender la necesidad de continuar con el proyecto de un muro fronterizo.

El principal argumento, que expuso el subdirector de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), Thomas Homan, tiene que ver con que se “construyó el muro fronterizo en San Diego y los números bajaron tremendamente. Lo construyeron en El Paso y bajaron, lo construyeron en ciertas partes de Arizona y bajaron”, En cada lugar que construyeron un muro o barrera, los cruces ilegales han bajado significativamente. Entonces ¿por qué no querríamos construir el muro?, cuestionó.

En contraste con la caída de los cruces fronterizos, las detenciones de extranjeros dentro del país con fines de deportación aumentaron a 11O mil 568 personas entre la toma de posesión de Trump y el 30 de septiembre, un aumento de 42 por ciento en relación con un periodo similar del año previo.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, elaborada por el INEGI, los motivos por los que la población migrante retornó a territor io nacional son los siguientes:

4. Una de las principales consecuencias de la construcción del muro, será que los miles de migrantes que diariamente tratan de llegar a Estados Unidos tendrán que buscar pasos más remotos y arriesgados para la travesía.

El número de migrantes muertos o desaparecidos en la frontera de Estados Unidos con México hasta agosto de 2017 sumó 231, lo que representa un aumento de 38% con respecto al mismo periodo en 2016, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

La OIM informó que las detenciones en el cruce fronterizo de México y EU disminuyeron un 40% en el primer semestre de 2017, lo que significa que los migrantes son menos. Sin embargo, se debe a que toman rutas más peligrosas, explicó el portavoz, Joel Millman.

Si bien todavía no se construye el muro fronter izo, si hay un incremento en las muertes de mexicanos y centroamericanos que buscan cruzar del otro lado y un fortalecimiento de las redes de traficantes que han encarecido sus servicios.

Al respecto, la investigadora de la Universidad de Arizona, Raquel Rubio Goldsmith menciona, que derivado del discurso beligerante de odio del Presidente Trump hacia los mexicanos y en especial hacia los migrantes, ha provocado que en los hechos los agentes de la Border Patrot; las policías estatales y de condados, hayan incrementado los operativos para detener a personas con apariencia mexicana, valiéndose de drones y cámaras de vigilancia nocturna y comportándose con mayor saña, lo que obliga a los migrantes a tratar de cruzar por zonas más peligrosas como el desierto de Arizona, ríos o montañas, donde es muy probable que mueran.

Aunado a lo anterior, las muertes de migrantes mexicanos se presentan con mayor frecuencia en personas jóvenes, adolescentes, mujeres y niños que están buscando regresar a vivir con sus familias en Estados Unidos.

5. EUA es el principal destino de los migrantes mexicanos, el 98% de esta migración se dirige a esa nación; en 2015 el número de indocumentados de origen mexicano en Norteamérica alcanzó la cifra de más de 12 millones.

De acuerdo a datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO), en 2015 había 36.9 millones de personas de origen mexicano en la Unión Americana, de las cuales 12.2 millones eran migrantes de primera generación, es decir, nacidos en México. Esta población radicada en EUA de origen mexicano, se concentra principalmente en California, Texas, Florida, Nueva York, New Jersey e lllinois.

Por otra lado, de los 2,456 municipios que había en México en 201O, 177 tenían muy alto grado de intensidad migratoria, los primeros 20 se ubicaron en los estados de Oaxaca, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Guanajuato, Durango y Aguascalientes.

6. Una de las esferas con más repercusiones favorables causadas por el fenómeno migratorio, es la economía, tanto la nacional como la del vecino país, ya que para ambos implican considerables derramas económicas.

De acuerdo con datos recientemente expuestos por al Dr. Tonatiuh Guillen López, presidente del Colegio de la Frontera Norte, las importaciones realizadas en 2015 desde México representaron un aproximado de 296 mil millones de dólares y las exportaciones a México un aproximado de 234 mil millones de dólares.

Comparativamente, el tamaño del intercamb io que hay entre México y EUA es prácticamente igual al intercambio que la nación vecina sostiene con Canadá, diez veces más frente al intercambio que EUA mantiene con Brasil, y el doble frente a la relación norteamericana con Japón.

El Instituto Mexicano en el Exterior, dependencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores del gobierno federal, señaló en el documento “Los Mexicanos en Estados Unidos: La Importancia de sus Contribuciones” que una de cada 25 empresas en EUA es propiedad de un mexicano, las cuales entre 1990 y 2012 generaron ganancias por 17 mil millones de dólares.

También señala que uno de cada diez mexicanos que viven en EUA es dueño de sus propias empresas, y el 12 por ciento de los mexicanos radicados en ese país son dueños de pequeños negocios ; con lo cual concluye el alto gr9do de participación de los mexicanos en la economía americana y la aportación a su fuerza laboral.

En 2015 México tuvo el cuarto mayor registro de remesas familiares en su historia con 24,771 millones de dólares, creciendo a una tasa anual de 4.8%. Para 2016 se calcula que las remesas enviadas a México alcanzaron la cifra histórica de los 27,000 millones de dólares. El 95% de las remesas recibidas por el país es de origen norteamericano.

Para 2017, el ingreso de remesas a México alcanzó un nuevo récord, con 28 mil 771 millones de dólares, provenientes de los connacionales en el exterior. Esta cantidad superó en 6.6 por ciento la cifra reportada en 2016.

La mejoría en el mercado laboral en Estados Unidos, que ha beneficiado a la población de origen mexicano que reside en ese país, así como la política antimigratoria del presidente Trump, que elevó el temor de deportaciones en este grupo de la población, son factores que impulsaron la captación de estos recursos. Así, las medidas y el discurso del presidente de Estados Unidos más que inhibir el flujo de envíos desde ese país a México, fue un factor que los impulsó.

7. Ante el inicio del nuevo gobierno de Estados Unidos es indispensable responder a esta coyuntura crítica en función del interés nacional de largo plazo. El gobierno mexicano ha querido convencer a sus contrapartes estadounidenses de que nuestro país es un aliado estratégico y que la ruptura de los vínculos económicos sería destructivo bilateralmente. Sin embargo, pese a los esfuerzos hechos, el desajuste que se puede dar por las políticas que pretende encausar Trump entre los dos países deja claro que México tiene más que perder si la relación se agrava.

Para México el mayor golpe podría venir del comercio que tiene con Estados Unidos, según un estudio sobre en cuánto pueden afectar las políticas de Trump del EIU la división de investigación y análisis del periódico británico The Economist. En México, Estados Unidos encuentra uno de los socios comercia les más importantes, quedando en segundo lugar después de Canadá en la porción de las exportaciones estadounidenses (15.9% del total en 2016), y segundo con China en la participación de las importaciones estadounidenses (13.2%).

Según The Economist el 80% de las exportaciones mexicanas llegan al vecino país del norte (302,700 millones de dólares en el 2016). México ha tenido ese mismo destino en la gran mayoría de sus exportacio nes desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994. La mitad de las importaciones que recibe México provienen de Estados Unidos (179,600 millones de dólares). Esta situación genera un gran déficit comercial con México. Los sectores manufactureros de donde se origina principalmente esta diferencia son tres: automóviles, electrónica y maquinaria.

8. Además de las afectaciones a las actividades humanas, el medio ambiente también está en juego. Por ejemplo, la ciudad mexicana de Nogales padeció fuertes lluvias que derivaron en una inundación en 2011, en parte debido a que un desagüe que cruza la frontera quedó semibloqueado en el muro fronterizo, lo que generó una gran acumulación de agua.

Pero no solo preocupa la interrupción de cauces de agua, sino que también la vida de decenas de especies está amenazada por la presencia de un muro fronterizo, según algunos estudios realizados en la última década.

9. Por todo lo anterior, es inaceptable que algunas empresas con capital mexicano muestren interés para participar en las licitaciones, y ofrecer técnica y materiales para encargarse de aspectos específicos en la construcción del muro, proporcionando cemento, materiales, luminarias y pintura.

En un orden democrático, el interés general, del cual la seguridad nacional es un elemento fundamental, debe siempre prevalecer sobre los intereses económicos de los particulares. Por lo tanto, las personas morales que busquen o pretendan obtener algún tipo de beneficio derivado de alguna acción que se oponga al interés nacional, y más aún ponga en riesgo la seguridad de nuestro país, como es la construcc ión del muro en la frontera sur de los Estados Unidos de América, deberán ser tratadas con firmeza en función de la falta de solidaridad que muestren hacia nuestro país.

Ante una situación de tal magnitud, debemos pugnar por una unidad nacional de todos los sectores y actores sociales, que muestren la prevalencia del interés nacional por encima de los intereses económicos de particulares. Por lo que, las entidades de la Administración Pública Federal, empresas gubernamentales, así como a las entidades federativas, deberán de abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con personas morales que participen en la construcción del muro fronterizo, entre México y EUA en cualquiera de sus etapas.

Ya que hasta ahora, lo que más sorprende es la tibieza de las autoridades económicas del Gobierno mexicano, las cuales no han mostrado firmeza contra estos empresarios.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social somete a la consideración de esta soberanía la siguiente :

Proposición con Punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución

Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión se pronuncia en contra de la participación de empresas mexicanas en la construcción del muro fronterizo entre México y Estados Unidos, en cualquiera de sus etapas, al mismo tiempo hace votos para que los poderes públicos y demás autoridades de los tres ámbitos de gobierno privilegien la celebración de contratos públicos con aquellas empresas que no participen en dicha construcción

Dado en la sede de la Cámara de Diputados, a 17 de abril de 2018.

Diputado José Alfredo Ferreiro Velazco (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a suscribir el Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Niños contra la Explotación Sexual y el Abuso Sexual, o “Convenio Lanzarote”, suscrita por los diputados Mariana Arámbula Meléndez y Juan Pablo Piña Kurczyn, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, Mariana Arámbula Meléndez y Juan Pablo Piña Kurczyn integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, fracción XVIII; 6, fracción I; 62; y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 fracción III y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

El surgimiento de las nuevas tecnologías ha representado sin duda grandes avances en las diferentes áreas y aspectos de la vida; cada vez son más las personas, tanto adultos como menores de edad, que se adentran de lleno al uso de éstas.

De acuerdo con el último “Estudio de Consumo de Medios y Dispositivos entre Internautas Mexicanos 2016” realizado por IAB México, señala que en 2015, 57 por ciento de la población en México hace uso de internet.

Sin embargo, estas nuevas tecnologías, como las redes sociales, se usan con fines ilícitos que atentan contra los menores de edad, como la trata de menores, prostitución infantil, pornografía infantil, lenocinio de menores, turismo sexual, pederastia y pedofilia sólo por mencionar algunos.

Ante esta creciente situación, el Consejo de Europa, institución creada el 5 de mayo de 1949 con la firma del Tratado de Londres, con el objetivo principal de salvaguardar los derechos humanos, y que actualmente está conformado por 47 países, de los cuales se encuentran todos los que conforman la Unión Europea (28), redactó el Convenio para la Protección de los Niños contra la Explotación y el Abuso Sexual el 25 de octubre de 2007, en Lanzarote, España.

Este convenio, conocido como “Convenio Lanzarote”, entró en vigor el 1 de julio de 2010 y tiene por objeto prevenir y combatir la explotación y el abuso sexual de los niños, proteger los derechos de los niños víctimas de explotación y abuso sexual y promover la cooperación nacional e internacional contra la explotación y el abuso sexual de los niños.

De igual forma, se establece en el artículo 23, la actividad conocida como Grooming o abuso sexual cibernético, que surge a partir del uso de las nuevas tecnologías; en el que se establece lo siguiente:

Artículo 23. Proposiciones a niños con fines sexuales

Cada Parte adoptará las medidas legislativas o de otro tipo que sean necesarias para tipificar como delito el hecho de que un adulto, mediante las tecnologías de la información y la comunicación, proponga un encuentro a un niño que no haya alcanzado la edad fijada en aplicación del apartado 2 del artículo 18 con el propósito de cometer contra él cualquiera de los delitos tipificados con arreglo al apartado 1.a del artículo 18 o al apartado 1.a) del artículo 20, cuando a dicha proposición le hayan seguido actos materiales conducentes a dicho encuentro.

Ahora bien, nuestra legislación federal ha mostrado avances tendentes a proteger la indemnidad sexual de los menores. Éstas han sido poco a poco armonizadas con los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos de las personas menores de edad, todo bajo la premisa constitucional de que todas las actuaciones que realice el Estado deberán atender en todo momento al Interés superior del niño.

No obstante, lo anterior, esta capacidad regulatoria se ha visto rebasada con la vertiginosidad con la que crecen las nuevas conductas delictivas y la oportunidad que ofrecen las nuevas tecnologías.

Asimismo, México; al haber ratificado la Convención de los Derechos del Niño desde 1990, tiene el compromiso inquebrantable de reforzar su arquitectura jurídica en aras de salvaguardar el desarrollo psicosexual de los menores, tal como lo establece el artículo 34 de dicha Convención que a la letra dice que:

Los Estados partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados partes tomarán, en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir:

a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal;

b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales;

c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos;

Si bien el Código Penal Federal contempla medidas respecto a la protección de la integridad sexual de los menores, en delitos tales como: Corrupción de menores; pornografía infantil; turismo sexual; lenocinio y pederastia, es necesario contemplar medidas en torno a las proposiciones echas a los niños por medio del Internet, de acuerdo con el inciso a) del artículo anteriormente mencionado de la Convención de los Derechos del Niño.

Es por ello, que México debe atender a tal situación reforzando o modificando los mecanismos nacionales y celebrando convenios internacionales tendientes a la protección de los derechos de los niños y niñas a las conductas delictivas que pueden ser sujetos por el uso de las nuevas tecnologías.

Cabe señalar, que México es un país observador del Consejo de Europa junto con otros países como Canadá y Estados Unidos y ha firmado otras convenciones y tratados que ha emitido este consejo.

De igual forma, la Constitución señala en el artículo 89, fracción X, lo siguiente:

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del presidente, son las siguientes:

I. a IX. ...

X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

Este precepto señala que es facultad y obligación del presidente de la República de celebrar tratados internacionales con base a los principios de respeto, protección y promoción de los derechos humanos.

Es por lo anterior, que consideramos pertinente que México suscriba el Convenio Lanzarote, para que exista la obligación del Estado a adecuar su legislación a las nuevas formas de explotación y abuso sexual que se están dando por el uso de las nuevas tecnologías.

Además, con la firma del convenio mencionado, se reforzará la protección de los derechos de los niños y niñas, ya que en este convenio se amplían ciertos preceptos con base a las nuevas tecnologías y se establecen medidas de protección a los niños tendentes a detener el abuso y explotación sexual infantil.

Por lo anterior pongo a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al presidente de la República a suscribir el Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Niños contra la Explotación Sexual y el Abuso Sexual también conocido como “Convenio Lanzarote”, con base al artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley sobre Celebración de Tratados y de acuerdo al compromiso adquirido al haber ratificado la Convención de los Derechos del Niño en términos de salvaguardar de manera irrestricta el desarrollo psicosexual de los menores.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, el día 17 de abril de 2018.

Diputados: Mariana Arámbula Meléndez y Juan Pablo Piña Kurczyn (rúbricas).


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Chihuahua a atender de manera urgente la falta de pago de salarios y prestaciones pendientes a maestros de la entidad, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Ana Georgina Zapata Lucero, Diputada Federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

C O N S I D E R A C I O N E S

El día miércoles 11 de abril del presente año, cientos de maestros realizaron diversas manifestaciones en el Estado de Chihuahua con el objeto de exigir al gobierno estatal, el pago inmediato de los salarios adeudados a maestros, mayoritariamente nóveles e interinos, así como el pago de las prestaciones pendientes, adeudadas desde 2015.

Las acciones emprendidas por la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (S.N.T.E.), son la continuidad de la marcha y paro de labores realizada el pasado 21 de marzo en todas las escuelas del Subsistema Estatal de toda la entidad, derivado del incumplimiento por parte del Gobierno del Estado del pago de salarios a docentes, la cual provocó bloqueos temporales en distintos municipios y puntos del Estado.

El exhorto que se realiza a través del presente punto de acuerdo, tiene como base la preocupación de la situación que están viviendo las familias de los maestros que siguen sin recibir un sueldo, el cual, como derecho humano debe permitir atender las necesidades básicas de alimentación, vivienda, salud, educación y recreación, no solo para quien lo trabaja, sino también para su familia.

Así mismo y de continuar esta situación, se debe considerar la posible afectación que de manera involuntaria se pueda generar hacia las niñas y niños de Chihuahua, por acciones futuras emprendidas por parte de los maestros afectados, que les impida asistir a las aulas escolares.

De acuerdo con datos del Comité Ejecutivo de la Sección 42 del S.N.T.E. que se hicieron públicos en la página web de dicho Sindicato; el listado1 que se anexa al presente punto de acuerdo, son las personas que ante la falta de respuesta de las autoridades educativas de Chihuahua se han visto privados de la remuneración salarial.

Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa al Gobierno del Estado de Chihuahua para que de manera urgente atienda la situación de falta de pago de salarios y prestaciones pendientes a maestros de la entidad.

Nota

1 http://www.snte.org.mx/seccion42/assets/PERSONAS%20PENDIENTES%20DE%20PA GO%2011ABR18_2.pdf

Dado en el palacio legislativo de San Lázaro, a los 11 días del mes de abril de 2018.

SUSCRIBE

Dip. Ana Georgina Zapata Lucero (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a gestionar por las autoridades competentes la firma de un acuerdo con organizaciones de comerciantes, autoservicios y tiendas departamentales a fin de que las compras en los establecimientos incluyan bolsas de colores para facilitar a los ciudadanos cumplir la norma ambiental NADF-024-AMBT-2013, relativa a la clasificación de desechos, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción I, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

1. Antecedentes

El desarrollo económico de nuestra sociedad, el crecimiento poblacional y la globalización de los mercados, ha implicado una creciente generación y diversificación de residuos, lo que requiere de una nueva visión de la gestión integral de los mismos, que promueva su aprovechamiento y la prevención de su generación.1

Aunado a lo anterior, el estilo de vida actual ha impactado en los patrones de consumo de la población, afectando al ambiente entre otras cosas debido al aumento en la cantidad de residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos de carácter doméstico que se generan y llegan a los sitios de disposición final, incrementando además los costos de su manejo, algo que directa o indirectamente se refleja en el bolsillo del consumidor y las entidades operadoras de la gestión integral de los residuos.2

En los residuos sólidos urbanos y de manejo especial se debe aplicar el principio de “Basura Cero”, el cual consiste en disminuir, aprovechar y valorizar al máximo la cantidad de residuos que actualmente llegan a sitios de disposición final, a través de la reutilización, reciclaje y aprovechamiento energético; en su mayoría éstos están constituidos por materiales que pueden ser seleccionados con facilidad para usarse como materias primas recuperables tales como: orgánicos biodegradables, papel, cartón, vidrio, plásticos, metales, textiles, entre otros.3

Es evidente que para el procesamiento de dichos materiales es necesario un paso previo; la separación de los mismos, la cual debe hacerse en condiciones específicas que permitan una adecuada selección de ellos a través de una separación primaria, primaria avanzada y secundaria.

En ese sentido, es importante destacar que en México se recolectan diariamente 86 mil 343 toneladas de basura, es decir, más de 3/4 de kilogramo por persona al día y son generadas principalmente en viviendas, edificios, calles, avenidas, parques y jardines.4

Vale la pena decir que más de la mitad de basura que se genera en todo el país se recolecta en tan solo siete entidades: Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Veracruz, Jalisco, estado de México y por supuesto, la Ciudad de México, quien tiene el dudoso honor de encabezar este listado.5

Como se puede apreciar, la Ciudad de México recaba aproximadamente 17 mil 43 toneladas diarias de desechos, lo cual representa casi el 20 por ciento de la basura que recolecta el país entero.

Sin embargo, a pesar de la enorme cantidad de basura que se produce en nuestro país, únicamente 5 entidades federativas que son Querétaro, Jalisco, Nuevo León, el estado de México y la Ciudad de México separan la basura, lo cual se traduce en que se separa diariamente el 11 por ciento de la basura recolectada y únicamente 46 de cada 100 hogares separan la basura bajo el esquema de separación primaria.6

Lamentablemente, antes del año 2004 los esfuerzos de separación de residuos sólidos eran escasos o nulos. La separación la realizaban quienes recolectaban la basura y los pepenadores, que obtenían una remuneración por su venta, pero infortunadamente el porcentaje de reciclaje era muy bajo.7

Fue a partir de ese año que se obligaba a todos los habitantes de la Ciudad, a entregar al camión recolector los residuos separados en orgánicos e inorgánicos.8

Es por ello, que recientemente entró en vigor la NADF-024-AMBT-2013, en lo sucesivo NADF, cuyo objeto es establecer los criterios y especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá realizar la separación, clasificación, recolección selectiva y almacenamiento para el aprovechamiento y valorización de los residuos generados en la Ciudad de México.9

Es importante decir que la NADF es de observancia obligatoria para generadores de residuos, personas físicas o morales, de carácter público o privado, dependencias, entidades, órganos políticos administrativos desconcentrados y en general para toda la Administración Pública del Distrito Federal, así como asociaciones o gremios que participen en cualquier momento, forma o proceso de la gestión integral de los residuos de competencia local, ubicados en la Ciudad de México.10

Actualmente en México se separa diariamente 11 por ciento de la basura recolectada; 46 de cada 100 hogares separan la basura.11

Por otra parte, la Ciudad de México, se encuentra por encima del promedio de separación de residuos, al separar en promedio el 18 por ciento de la basura recolectada, aún queda un largo camino, es decir, un 82 por ciento.

Con la entrada en vigor de la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-024-AMBT-2013 , la Ciudad de México trata de avanzar en ese sentido, ya que con esta medida, los habitantes de la Ciudad, tendrán la obligación, so pena de ser multados, de realizar la separación primaria de los residuos que generen.

Lamentablemente los habitantes de la Ciudad de México, no tienen el hábito de separar la basura de esta manera y se debe crear una intensa campaña de concientización a fin de poder ejecutar exitosamente las disposiciones establecidas en la NADF-024-AMBT-2013.

2. Sobre la NADF-024-AMBT-2013

El 8 de julio de 2015 se publicó la NADF-024-AMBT-2013 , la cual establece los criterios y especificaciones técnicas bajo los cuales se deberá realizar la separación, clasificación, recolección selectiva y almacenamiento de los residuos del Distrito Federal (hoy Ciudad de México).12

La NADF-024-AMBT-2013 debió entrar en vigor el 8 de julio de 2016, sin embargo, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) del gobierno del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), decidió aplazar un año más su entrada en vigor, a fin de dar tiempo a una correcta implementación, por medio de un programa piloto que busca familiarizar a la ciudadanía con las nuevas disposiciones.13

Acorde con el enunciado anterior, la NADF-024-AMBT-2013 entró en vigor el pasado 8 de julio del presente, siendo una norma de observancia obligatoria para generadores de residuos, personas físicas o morales, de carácter público o privado, dependencias, entidades, órganos políticos administrativos desconcentrados y en general para toda la Administración Pública del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), así como asociaciones o gremios que participen en cualquier momento, forma o proceso de la gestión integral de los residuos de competencia local, ubicados en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México).14

La NADF-024-AMBT-2013 busca establecer los criterios y especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá realizar la separación, clasificación, recolección selectiva y almacenamiento para el aprovechamiento y valorización de los residuos generados en la Ciudad de México.15

De acuerdo con la NADF-024-AMBT-2013 , para lograr los objetivos de la Norma Ambiental, los residuos deberán clasificarse en cuatro tipos para facilitar su separación y se atenderá a las especificaciones establecidas para su entrega con el fin promover su valorización.16

Para reducir la cantidad de basura que llega a los rellenos sanitarios y aumentar el reciclaje de los residuos sólidos, el Gobierno de la Ciudad de México emitió la Norma Ambiental de Separación de Residuos NADF-024-AMBT-2013, la cual entró en vigor en julio del presente de manera obligatoria para todos los habitantes de la Ciudad.

Con la finalidad de fomentar en la sociedad la participación y encauzarla en el cumplimiento de las distintas disposiciones en materia de manejo de residuos sólidos de manera responsable, y como parte de la política ambiental que promueve el gobierno del Distrito Federal, se pretende a través de la presente norma ambiental, establecer los criterios y especificaciones técnicas bajo las cuales se deberá realizar la separación, clasificación, recolección selectiva y valorización de los residuos sólidos, para que se lleve a cabo de acuerdo a lineamientos técnicos que garanticen una adecuada separación primaria, primaria avanzada y secundaria de los materiales, de tal forma que puedan ser valorizados para su reincorporación nuevamente a procesos de producción, reduciendo la cantidad que llega a sitios de disposición final.

Previo a ello, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) realizó un programa piloto para que todos los ciudadanos aprendamos a separar nuestros residuos y se permita capacitar a las delegaciones y sus trabajadores para lograr una disposición adecuada.

La finalidad de la existencia de esta norma es por un lado hacer más fácil la tarea de reciclaje, por otro disminuir la cantidad y el volumen de basura que llega diariamente a los rellenos sanitarios y, por tanto, bajar la contaminación que generan si no se les da un manejo correcto.

Por su parte, las delegaciones tendrán el compromiso de avisar a los ciudadanos los días en que recogerán a través de los camiones recolectores los residuos orgánicos, los inorgánicos con potencial de reciclaje, los inorgánicos no reciclables y los de manejo especial y voluminosos.

En el caso de los residuos peligrosos, consulta las jornadas de acopio que organizan las Delegaciones y el Gobierno de la Ciudad de México para darles una disposición adecuada y así evitar que contaminen. Con esta norma se facilitará el aprovechamiento de los materiales reciclables, asegurando que los orgánicos se conviertan en composta y los reciclables se aprovechen como materia prima para la fabricación de nuevos productos. Con estas acciones, se reducirá el volumen de basura que se deposita en rellenos sanitarios.

3. Sobre los residuos biodegradables susceptibles de ser aprovechados

Este tipo de residuos son considerados como de carácter urbano y deberán ser entregados al servicio público de limpia o al sistema privado de recolección de residuos sólidos urbanos en contenedores identificados con el color verde pantones 360 C o 364 y RAL F-9/S2.

En esta categoría deben clasificarse los siguientes desechos: flores, pasto, hojarasca, ramas, restos de comida, cáscaras de fruta, verdura y hortalizas, cascarón de huevo, restos de café y té, filtros de café y té (de papel), pan, tortillas, golosinas, bagazo de frutas, lácteos (sin recipiente), cenizas, viruta de lápiz y aserrín, huesos y productos cárnicos, servilletas de papel usadas, heces de animales, desechables degradables (fécula de maíz, caña, poliestireno expandido unicel, etcétera), bioplásticos y aceite comestible usado.

Vale destacar que los residuos biodegradables, son susceptibles de ser para la producción de acolchado (mulch), alimento para animales, biogás, biofertilizantes, bocashi, composta, lombricomposta, fertilizante orgánico líquido, jabones, biocombustibles y digestato transformados biomasa aprovechable, agua, dióxido de carbono, metano y otros gases.

Por último, no sobra decir que estos materiales pueden ser incorporados a un tratamiento para su posterior aprovechamiento y valorización, con la posibilidad de obtener productos que puedan ser reincorporados al ciclo productivo y así, poder ser reutilizados.17

4. Sobre los residuos inorgánicos con potencial de reciclaje

Este tipo de residuos son considerados como de carácter urbano y son aquellos que por sus características tienen las posibilidades técnicas, económicas y ambientales de ser reincorporados a un proceso o tratamiento para permitir su valorización.

Estos residuos deberán ser entregados al servicio público de limpia o al sistema privado de recolección de residuos sólidos urbanos en contenedores identificados con el color gris pantone 877 C y RAL 7038.

En esta categoría deben clasificarse los siguientes desechos: papel, cartón, plástico, vidrio, metales, ropa y textiles, maderas procesadas, envases multicapas, utensilios de cocina, residuos sanitarios, bolsas de frituras, calzado, hule, gomas, celofán, espejos, plumas, plumones, lápices, poliestireno expandido (unicel), cerámicos, colillas de cigarro y chicles.

Este tipo de residuos podrán ser aprovechados como insumos para la obtención de pulpa de papel y cartón, aglomerados, pellets, hojuelas, vidrio, productos metálicos, piezas metálicas varias, estopa, etcétera.18

5. Sobre los residuos inorgánicos de aprovechamiento limitado

Estos residuos son considerados como de carácter urbano y corresponde a aquellos que por sus características y usos que se les han dado, pierden o dificultan las posibilidades técnicas y económicas de ser reincorporados a un proceso o tratamiento para permitir su valorización.

Estos desechos deberán ser entregados al servicio público de limpia o al sistema privado de recolección de residuos sólidos urbanos en contenedores identificados con el color naranja pantones 165 C y RAL 2009, con la finalidad de que sean utilizados para valorización energética (co-procesamiento) y tratamiento térmico.

En este rubro, deben clasificarse los siguientes desechos: residuos sanitarios, pañuelos usados, papel de baño, preservativos, toallas sanitarias, cotonetes, curitas, pañales y plásticos de difícil aprovechamiento, además de todos los residuos que no se encuentran considerados como “residuos inorgánicos con potencial de reciclaje”, pero que si estén incluidos en la categoría de “residuos inorgánicos” en la separación primaria además de los residuos que la Sedema y la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), ambas del gobierno de la Ciudad de México, establezcan en sus programas, previa justificación técnica y económica.19

6. Disposiciones comunes para los residuos de carácter urbano

De acuerdo con la NADF-024-AMBT-2013 , estos tres tipos de residuos, es decir los biodegradables susceptibles de ser aprovechados, los inorgánicos con potencial de reciclaje, y los inorgánicos de aprovechamiento limitado, deberán ser entregados al servicio público de limpia o al sistema privado de recolección de residuos sólidos urbanos, atendiendo a los lineamientos que la autoridad correspondiente disponga para la recolección selectiva, la cual podrá establecer utilizar ya sea un contenedor que permita identificar plenamente los residuos contenidos o contenedores con los colores establecidos dentro de la Norma Ambiental y descritos en los párrafos anteriores.20

7. Sobre los residuos de manejo especial y voluminosos

Este tipo de residuos, deberá ser entregado al servicio público de limpia o al sistema privado de recolección de residuos sólidos urbanos en contenedores identificados con el color marrón pantones 463 C y RAL 8017.

En este rubro deben clasificarse electrodomésticos tales como grandes equipos refrigeradores, frigoríficos, congeladores, otros grandes aparatos utilizados para la refrigeración, conservación y almacenamiento de alimentos, lavadoras, secadoras, lavavajillas, cocinas, hornos eléctricos, placas de calor eléctricas, hornos de microondas, otros grandes aparatos utilizados para cocinar y en otros procesos de transformación de los alimentos, aparatos de calefacción eléctricos, radiadores eléctricos, otros grandes aparatos utilizados para calentar habitaciones.

También van en esta categoría camas, muebles para sentarse, ventiladores eléctricos, aparatos de aire acondicionado, otros aparatos de aireación, ventilación aspirante y aire acondicionado, aspiradoras, limpia – moquetas, otros aparatos de limpieza, aparatos utilizados para coser, hacer punto, tejer y para otros procesos de tratamiento de textiles, planchas y otros aparatos utilizados para planchar y para dar otro tipo de cuidados a la ropa, tostadoras, freidoras, molinillos, cafeteras y aparatos para abrir o precintar envases o paquetes, cuchillos eléctricos, aparatos para cortar el pelo, para secar el pelo, para cepillarse los dientes, máquinas de afeitar, aparatos de masaje y otros cuidados corporales, relojes y aparatos destinados a medir, indicar o registrar el tiempo, básculas.

Así mismo, podemos incluir en este rubro a equipos de informática y telecomunicaciones útiles para el procesamiento de datos centralizado tales como: grandes ordenadores, miniordenadores, unidades de impresión, sistemas informáticos personales: ordenadores personales (incluidos unidad central, ratón, pantalla y teclado), ordenadores portátiles (incluidos unidad central, ratón, pantalla y teclado), ordenadores portátiles de tipo notebook, ordenadores portátiles de tipo tableta, impresoras, copiadoras, máquinas de escribir eléctricas y electrónicas, calculadoras de mesa y de bolsillo y otros productos y aparatos para la recolección, almacenamiento, procesamiento, presentación o comunicación de información de manera electrónica, sistemas y terminales de usuario, terminales de fax, terminales de télex, teléfonos, teléfonos públicos, teléfonos inalámbricos, teléfonos móviles, contestadores automáticos y otros productos o aparatos de transmisión de sonido, imágenes u otra información por telecomunicación, aparatos electrónicos de consumo como radios, televisores, videocámaras, aparatos de grabación de vídeo, cadenas de alta fidelidad, amplificadores de sonido, instrumentos musicales, otros productos o aparatos utilizados para registrar o reproducir sonido o imágenes, incluidas las señales y tecnologías de distribución del sonido e imagen distintas de la telecomunicación.

Además de lo anteriormente mencionado, caben en este rubro paneles fotovoltaicos, aparatos de alumbrado como luminarias para lámparas fluorescentes, con exclusión de las luminarias de los hogares, lámparas fluorescentes rectas lámparas fluorescentes compactas, lámparas de descarga de alta intensidad, incluidas las lámparas de sodio de presión y las lámparas de haluros metálicos, lámparas de sodio de baja presión, etcétera.

No puedo omitir mencionar en esta clasificación a las herramientas eléctricas y electrónicas (con excepción de las herramientas industriales fijas de gran tamaño) tales como taladradoras, sierras, máquinas de coser herramientas para tornear, molturar, enarenar, pulir, aserrar, cortar, cizallar, taladrar, perforar, punzar, plegar, encorvar o trabajar de manera similar la madera, el metal u otros materiales, herramientas para remachar, clavar o atornillar, o para sacar remaches, clavos, tornillos, o para aplicaciones similares, herramientas para soldar con o sin aleación o para aplicaciones similares, herramientas para rociar, esparcir, propagar o aplicar otros tratamientos con sustancias líquidas o gaseosas por otros medios, herramientas para cortar césped o para otras labores de jardinería.

Adicionalmente, en este rubro caben instrumentos de vigilancia y control, pilas y baterías que contengan litio, niquel mercurio, manganeso, plomo, zinc o cualquier otro elemento que permita la generación de energía eléctrica en las mismas, en los niveles que no sean considerados como residuos peligrosos en la norma oficial mexicana aplicable, radiografías, voluminosos, colchones, muebles, juguetes como trenes eléctricos o coches de carreras en pista eléctrica, consolas portátiles, videojuegos, ordenadores para realizar ciclismo, submarinismo, correr, hacer remo, etcétera, material deportivo con componentes eléctricos o electrónicos, máquinas tragamonedas o equipos deportivos y de ocio, muebles y equipamientos y productos sanitarios como aparatos de radioterapia, aparatos de cardiología, aparatos de diálisis, ventiladores pulmonares, aparatos de medicina nuclear, aparatos de laboratorio para diagnóstico in vitro, analizadores congeladores, pruebas de fertilización, otros aparatos para detectar, prevenir, vigilar, tratar o aliviar enfermedades, lesiones o discapacidades, instrumentos de vigilancia y control tales como detectores de humos reguladores de calefacción termostatos aparatos de medición, pesaje o reglaje para el hogar o como material de laboratorio otros instrumentos de vigilancia y control utilizados en instalaciones industriales (por ejemplo, en paneles de control) y máquinas expendedoras automáticas de bebidas calientes, de botellas o latas, frías o calientes, de productos sólidos, de dinero y todos los aparatos para suministro automático de toda clase de productos. 21

De acuerdo con la NADF-024-AMBT-2013 , este tipo de residuos, deberá ser entregado por los generadores en establecimientos comerciales, industriales o de servicios que funjan como centros de retorno de bienes a final de su vida útil, productos o residuos conforme a lo establecido en los planes de manejo correspondientes, o bien en Centros de Acopio debidamente autorizados o conforme a los programas que la Sedema, la Sobse o las delegaciones políticas implementen al menos una vez al mes para su recolecta.

Resulta evidente que los residuos de manejo especial son generados a partir de la realización de actividades que satisfacen necesidades de la sociedad, mediante cadenas de valor tipo producción, proceso, envasado, distribución, consumo de productos, y que, en consecuencia, su manejo integral es una corresponsabilidad social y requiere la participación conjunta, coordinada y diferenciada de productores, distribuidores, consumidores, usuarios de subproductos, y de los tres órdenes de gobierno según corresponda, bajo un esquema de factibilidad de mercado y eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social.

Todos los involucrados deberán participar activamente en la implementación e intervención de planes de manejo que auxilien en la atención a los bienes que una vez terminada su vida útil se convierten en residuos de este tipo. Los residuos de manejo especial que cuenten con plan de manejo implementado por la Sedema o por los particulares responsables, deberán entregarse conforme a éstos, para lo cual la Sedema y la Sobse pondrán a disposición el listado de los planes de manejo existentes. Para el caso de los residuos de la construcción y demolición generados en casa habitación deberán manejarse conforme a lo indicado en la Norma Ambiental vigente.22

8. Sobre los residuos peligrosos

Otro de los tipos, corresponde a los residuos peligrosos provenientes de fuentes distintas a los establecimientos comerciales, industriales o de servicios , los cuales de ninguna manera deberán mezclarse con residuos urbanos, debido a la alta peligrosidad de sus características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas y/o biológico infecciosas.

Este tipo de residuos deben ser entregados de manera separada a los responsables de los planes de manejo específicos autorizados por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y Sedema o a través de los programas que tanto Sedema como Sobse y las delegaciones políticas establezcan para tal efecto de conformidad con la legislación ambiental aplicable, en contenedores identificados con el color transparente .

En este rubro, deben clasificarse los desechos de mantenimiento automotriz siguientes: contenedores vacíos o con residuos de aceite de motor, aceite lubricante gastado, aditivos para gasolina, líquido anticongelante, limpiador de motor, limpiador de carburador, acumuladores o baterías ácido – plomo, combustibles, líquido de transmisión, líquido para frenos, así como los envases con simbología que hagan saber al consumidor de la existencia de algún peligro por contacto, inhalación o ingesta, aunado a los contenedores vacíos o con residuos de los productos antes mencionados y subproductos contaminados con ellos, tales como estopas, trapos impregnados, filtros de gasolina, filtros de aceite, etcétera.

También en este rubro debemos acomodar los desechos de los productos para la limpieza y el mantenimiento del hogar, entre los que podemos encontrar: pulidores y limpiadores para metales y recubrimientos, productos para pulir muebles, quita sarro, pinturas base solvente (de aceite), solventes, pegamentos y adhesivos epóxicos, removedor de pintura y barniz, selladores, tintas para madera, así como los envases con simbología que hagan saber al consumidor de la existencia de algún peligro por contacto, inhalación o ingesta, aunado a los contenedores vacíos o con residuos de los productos antes mencionados y subproductos contaminados con ellos, tales como estopas, trapos impregnados, brochas, rodillos, esponjas, etcétera.

Debemos acomodar también en este rubro los siguientes desechos: biocidas, conservadores de madera, insecticidas, herbicidas, naftalina en todas sus presentaciones, raticidas, medicamentos caducos ya sea para humanos o mascotas, objetos punzocortantes, venoclisis, material de curación, pilas y baterías eléctricas a base de mercurio, niquel –cadmio o cinc– plata, asbesto, explosivos, pirotecnia, lámparas fluorescentes, lámparas o focos ahorradores, productos de revelado fotográfico, productos químicos para albercas, tintes para cabello, así como los contenedores vacíos o con residuos de los productos antes mencionados y subproductos contaminados con ellos.

9. Propuesta

Salta a la vista que buena parte de los habitantes de la Ciudad de México, realizan la entrega de los desechos sólidos al servicio de recolección de basura, por medio de las bolsas que obtienen realizando compras en comercios como pueden ser: tiendas de abarrotes, departamentales, de convivencia o autoservicio, papelerías, tlapalerías, tortillerías, locales de mercados, supermercados, etcétera.

Es un hecho que, la gran mayoría de la gente no compra bolsas para desechar la basura, salvo para los botes grandes, la mayoría usamos las bolsas que dan en las tiendas, en los minisúper, en el supermercado, en las tiendas departamentales y en los pequeños comercios.

Entonces, considero que sería interesante explorar con la Antad y con los pequeños comerciantes que las bolsas que dan a los compradores, estuvieran en estos colores, en verde, gris, naranja, marrón y transparente, para que los propios usuarios que las van a reutilizar como bote de basura pudieran separarla en esos mismos colores y fuera más fácil su separación.

Se puede apreciar con claridad, que la mayoría de las bolsas de plástico de configuración similar a las de las ilustraciones, ostentan los colores de las marcas que representan y son utilizadas para llevar los productos comprados en las respectivas tiendas, sin embargo, debemos ser conscientes de que el destino final de estas bolsas, será contener basura que día con día los mexicanos, vamos desechando.

Es por ello, que considero que los comercios, perfectamente pueden contribuir en la separación de los residuos, con una acción muy simple: dar las bolsas para llevar los objetos que vendieron al consumidor, en los colores que exige la NADF-024-AMBT-2013 para efectos de separación de basura; de esta manera, todos ganan, los comercios pueden seguir imprimiendo en las bolsas de los colores verde, gris, naranja, marrón y transparente los logos de su marca, mientras que el ciudadano podrá reutilizar esas bolsas con los colores asignados de una forma mucho más consciente y ecológica, dándole así un uso realmente sustentable y de utilidad pública.

En razón de lo anteriormente expuesto y fundado, me sirvo someter a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de la Ciudad de México a que, a través de las autoridades competentes, gestione la firma de un acuerdo con diversas organizaciones de comerciantes, autoservicios y tiendas departamentales, con la finalidad de que en las compras en los comercios, se expendan bolsas de colores verde, gris, naranja y café, que faciliten a la ciudadanía el cumplimiento de la NADF-024-AMBT-2013 relativo a la clasificación de desechos.

Notas

1 Introducción NADF-024-AMBT-2013.

2 Ibíd.

3 Ibíd.

4 Inegi. (2015). Medio Ambiente. Octubre 23, 2017, de Cuentame, sitio web http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/ambiente/basura.aspx?tema=T

5 Ibíd.

6 Ibíd. Inegi.

7 Sedema. (2017). De la separación primaria a la avanzada, historia del reciclaje en la CDMX. Octubre 23, 2017, de GCDMX. Sitio web http://data.sedema.cdmx.gob.mx/nadf24/separacion.html

8 Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal.

9 Objeto NADF-024-AMBT-2013.

10 Ámbito de Validez NADF-024-AMBT-2013.

11 Ibíd.

12 Gaceta Oficial del Distrito Federal del 8 de julio de 2015. Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-024-AMBT-2013, que establece los criterios y especificaciones técnicas bajo los cuales se deberá realizar la separación, clasificación, recolección selectiva y almacenamiento de los residuos del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) Disponible en:

http://data.sedema.cdmx.gob.mx/nadf24/images/infografias /NADF-024-AMBT-2013.pdf

13 Gaceta Oficial del Distrito Federal del 5 de mayo de 2016. Artículo tercero transitorio del acuerdo por el que se modifica el numeral 11 de la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-024-AMBT-2013, que establece los criterios y especificaciones técnicas bajo los cuales se deberá realizar la separación, clasificación, recolección selectiva y almacenamiento de los residuos del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) número 128, de fecha 8 de julio de 2015. Disponible en: https://www.eherreraya.com.mx/wp- content/uploads/2017/05/Prorroga-de-la-Norma-Ambiental-para-el-Distrito -Federal-NADF-024-AMBT-2013-05.05.2016.pdf

14 Gaceta Oficial del Distrito Federal del 5 de mayo de 2016. Modificación del numeral 11 de la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-024-AMBT-2013, que establece los criterios y especificaciones técnicas bajo los cuales se deberá realizar la separación, clasificación, recolección selectiva y almacenamiento de los residuos del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) número 128, de fecha 8 de julio de 2015. Disponible en:

https://www.eherreraya.com.mx/wp- content/uploads/2017/05/Prorroga-de-la-Norma-Ambiental-para-el-Distrito -Federal-NADF-024-AMBT-2013-05.05.2016.pdf

15 Gaceta Oficial del Distrito Federal del 8 de julio de 2015. Numeral 2 de la NADF-024-AMBT-2013, disponible en

http://data.sedema.cdmx.gob.mx/nadf24/images/infografias /NADF-024-AMBT-2013.pdf

16 Gaceta Oficial del Distrito Federal del 8 de julio de 2015. Numeral 6.1 de la NADF-024-AMBT-2013, disponible en http://data.sedema.cdmx.gob.mx/nadf24/images/infografias/NADF-024-AMBT- 2013.pdf

17 Gaceta Oficial del Distrito Federal del 8 de julio de 2015. Numerales 6.1.1. y 6.1.2.1. de la NADF-024-AMBT-2013, disponible en http://data.sedema.cdmx.gob.mx/nadf24/images/infografias/NADF-024-AMBT- 2013.pdf

18 Gaceta Oficial del Distrito Federal del 8 de julio de 2015. Numeral 6.1.2.1. de la NADF-024-AMBT-2013, disponible en http://data.sedema.cdmx.gob.mx/nadf24/images/infografias/NADF-024-AMBT- 2013.pdf

19 Gaceta Oficial del Distrito Federal del 8 de julio de 2015. Numeral 6.1.2.3. de la NADF-024-AMBT-2013, disponible en http://data.sedema.cdmx.gob.mx/nadf24/images/infografias/NADF-024-AMBT- 2013.pdf

20 Gaceta Oficial del Distrito Federal del 8 de julio de 2015. Numerales 6.1.2.1., 6.1.2.2. y 6.1.2.3. de la NADF-024-AMBT-2013, disponible en http://data.sedema.cdmx.gob.mx/nadf24/images/infografias/NADF-024-AMBT- 2013.pdf

21 Gaceta Oficial del Distrito Federal del 8 de julio de 2015. Numeral 6.1.2.4. de la NADF-024-AMBT-2013, disponible en: http://data.sedema.cdmx.gob.mx/nadf24/images/infografias/NADF-024-AMBT- 2013.pdf

22 Ibíd.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de marzo de 2018.

Diputado Santiago Torreblanca Engell (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al blindaje de programas de desarrollo social durante el proceso electoral 2017-2018 en Chiapas, a cargo de la diputada Tania Elizabeth Ramos Beltrán, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Tania Elizabeth Ramos Beltrán, diputada a la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo al blindaje de programas de desarrollo social durante el proceso electoral 2017-2018 en el Estado de Chiapas al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El domingo 1 de julio de 2018, se realizarán elecciones a nivel federal y en distintas entidades entre las que está el Estado de Chiapas. A nivel federal se elegirá a un presidente, ocho gobernadores, un jefe de gobierno, 500 diputados federales, 128 senadores, mil 596 alcaldes en 24 estados, 16 alcaldes y 160 concejales en la Ciudad de México, 24 juntas municipales en Campeche y 972 diputados locales en 27 entidades. En Chiapas están en juego el cargo de gobernador, 24 diputaciones de mayoría relativa, 16 de representación proporcional y 123 ayuntamientos.

Con base en las estimaciones del Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2018 de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Chiapas tiene las siguientes cifras de pobreza:

• 5,337,151(cinco millones trescientos treinta y siete mil ciento cincuenta y un) personas conforman el total de la población estatal.

• 4,113,950 (cuatro millones ciento trece mil novecientos cincuenta), aproximadamente el 77% de la población, están en condición de pobreza.

• 1,498,625 (Un millón cuatrocientos noventa y ocho mil seiscientos veinticinco), el 28% de la población, está en condiciones de pobreza extrema.

• Sólo 341, 208 (trescientos cuarenta y un mil doscientos ocho), personas, un 6 por ciento poblacional, no están en situación de pobreza y vulnerabilidad en el Estado.

Para abatir los rezagos y carencias, en la entidad existen diversos programas operados por dependencias de la administración pública federal. Corresponde a la Sedesol el desempeño de Comedores Comunitarios, Prospera programa de inclusión social, los programas de Empleo Temporal, Coinversión Social, Adultos Mayores, Jornaleros Agrícolas y 3x1 Migrantes.

Según los Lineamientos Generales del Programa de Blindaje Electoral 2018 de la Sedesol las acciones de blindaje tienen como “propósito contribuir a la construcción de una sociedad en la que todas las personas, sin importar su condición social, económica, étnica, física o de cualquier otra índole, tengan garantizado el cumplimiento de sus derechos sociales y puedan gozar de un nivel de vida digno, a través de la formulación y conducción de una política de desarrollo social que fomente la generación de capacidades, un entorno e ingreso decoroso, así como la participación y protección social, privilegiando la atención a los sectores sociales más desprotegidos. En este sentido, los servidores públicos, como parte integral del Estado, estamos obligados a garantizar que exista cohesión social e igualdad de oportunidades para que la población tenga acceso a los derechos sociales plasmados en nuestra Constitución, vigilando que se cumpla con el principio de imparcialidad que garantice la equidad en las contiendas electorales.i

Lo anterior llevó a la articulación del “Blindaje Electoral” como política pública de transparencia y de rendición de cuentas sobre el uso y operación de los programas sociales y recursos públicos, durante los procesos electorales para evitar que los mismos sean utilizados con fines político-electorales.

El blindaje electoral se compone de una serie de objetivos específicos:

1) Prevenir que los recursos públicos que se destinan a los programas sociales a cargo del sector no sean utilizados con fines electorales.

2) Cumplir con la obligación de suspender propaganda gubernamental, para dar cumplimiento al mandato constitucional que prohíbe la difusión de la misma durante el tiempo que duren las campañas.

3) Inhibir que los servidores públicos incurran en violaciones administrativas, electorales o penales, mediante la implementación de acciones preventivas de capacitación y operación institucional

Al articular la política de blindaje, se busca ajustar el ejercicio de las atribuciones de los servidores públicos a los principios de imparcialidad que demandan las contiendas electorales

En este Blindaje de Programas de Desarrollo Social, la Sedesol informó, a través de un comunicado de prensa del 1 de febrero, la firma del convenio con las Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República para prevenir e inhibir conductas delictivas en materia electoral y prevenir el uso indebido de programas de desarrollo social durante los comicios. De acuerdo con el comunicado No 018 del 1 de febrero, el Secretario de Desarrollo Social destacó que:

“...el blindaje electoral es un tema que nos tomamos muy en serio porque es una obligación normativa y, sobre todo, por la cercanía que tenemos con diversos sectores de la población en todo el territorio nacional.

Los programas de la Sedesol, mediante un enfoque de derechos sociales, buscan que cada mexicano cuente con las herramientas necesarias para forjarse un mejor futuro y al hacer esto Sedesol fomenta una cultura participativa, donde los programas son ejecutados y vigilados por la comunidad.

Los beneficiarios son agentes clave para el buen funcionamiento de la política social. Ellos también supervisan que los recursos se apliquen correctamente y lleguen a quienes más lo necesitan.

El compromiso con la legalidad y con la democracia, lo haremos efectivo en todas y cada una de nuestras delegaciones y todos nuestros programas, en cada comedor comunitario, en cada estancia infantil, en cada lechería y tienda rural que están distribuidas en todas y cada una de las regiones de nuestra nación...”ii

En enero de 2018, en el marco de una gira por el Estado de Chiapas, el secretario de Desarrollo Social, según declaraciones a los medios, insistió en que la entrega de apoyos de los distintos programas de desarrollo social de la dependencia está debidamente blindado en el marco del proceso electoral 2017-2018.iii Estas aseveraciones se respaldaron por un comunicado de la Sedesol del mismo 18 de enero, en el cual afirmó que en el 2017, el estado de Chiapas tuvo una inversión en programas de desarrollo social por 21 mil millones de pesos:

Sedesol impulsa el desarrollo social del estado de Chiapas

Durante 2017, Chiapas recibió apoyos federales por 21 mil millones de pesos, lo que permitió que 3 de cada 5 chiapanecos sean beneficiarios de los programas de Sedesol.

Los recursos se han empleado para generar opciones productivas para las familias chiapanecas. Por ejemplo, en las comunidades de Bambú y las Gaviotas del municipio de Ocozocoautla, ubicadas en la presa de Nezahualcóyotl, se apoya la producción de 100 toneladas de tilapia al año.

A través del Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes), se han creado más de 300 empleos directos y retomado la actividad acuícola en la región. En la zona también se produce cebolla, pepino, chile, pitaya y huevo y se impulsarán esquemas de financiamiento social para fileteo, empacando de pescado y la construcción de un centro de acopio.

Otros logros de Sedesol en Chiapas:

• 739.000 familias chiapanecas cuentan con el respaldo de Prospera en alimentación, salud y educación y para impulsar proyectos productivos.

• 224,000 adultos mayores cuentan con el apoyo del Programa Pensión de Adultos Mayores

• 320,000 jefas de familia cuentan con un Seguro de Vida que protege a sus hijos y garantiza su educación, en caso de que ellas llegasen a faltar.

• Alrededor de 54,000 chiapanecos, mujeres embarazadas y en lactancia, niños, adultos mayores y personas con discapacidad asisten a los 431 Comedores Comunitarios

• 171,000 personas son beneficiarios de Liconsa, 21,000 de ellas a un peso el litro en 39 municipios del estado

• Diconsa cuenta con cerca de 2,000 tiendas que distribuyen los productos de la canasta básica a precios preferenciales

No obstante, estos presuntos logros y garantías de blindaje en el proceso electoral 2017-2018, existen razones fundadas por las que se puede inferir el uso de programas de desarrollo social que pudieran constituir delitos electorales en el estado de Chiapas. Efectivamente, en medio de las tensiones electorales y de las componendas entre los partidos que pretenden conservar el poder en el Estado, se da la designación de nuevos delegados de la Secretaría de Desarrollo Social que comprometen la aplicación imparcial y apartidista de cualquiera de los programas.

El 1 de marzo pasado, el Secretario de Desarrollo Social designó al exdiputado del Partido Revolucionario Institucional y director del Registro de la Propiedad de Chiapas, Horacio Francisco Ruiz Ruiz, nuevo delegado de la Sedesol como parte de los reacomodos políticos en la entidad de funcionarios y militantes vinculados al PRI.

La delegación de la Sedesol en Chiapas ha sido más una pieza en la estrategia política mezquina de estos partidos cuando, apenas en agosto pasado, el diputado del Partido Verde, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, solicitó licencia para ocupar este cargo en el Estado; sin embargo, renunció en marzo pasado para que Ruiz Ruiz fuera su sucesor. En estas jugadas también está comprometida la imparcialidad de Prospera ya que, en el mismo mes de marzo, Jorge Constantino Kanter, a quien le fueron suspendidos sus derechos como militante del PRI, fue nombrado delegado de Sedesol Prospera en Chiapas.

En este sentido, en medio de las tensiones electorales entre el PRI y el Partido Verde, deben evaluarse cuáles fueron las condiciones en la designación de delegados de Sedesol y el efectivo blindaje de los programas de desarrollo social por lo que es necesario conocer cuáles son las acciones específicas que han de aplicarse en el Estado a fin de saber si no está comprometida la aplicación imparcial de estos programas y se dé el uso ilegal como instrumentos de operación política que puedan incidir en la voluntad del electorado del Estado de Chiapas menoscabando la imparcialidad y equidad de la contienda.

Por lo anterior expuesto, se presenta a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al secretario de Desarrollo Social para que dé a conocer cuáles fueron los criterios específicos que sirvieron para la designación del delegado de Sedesol en el Estado de Chiapas, Horacio Francisco Ruiz Ruiz.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al secretario de Desarrollo Social para que, en el ámbito de su competencia, haga del conocimiento público las acciones específicas de blindaje de programas de desarrollo social durante el proceso electoral 2017-2018 para el Estado de Chiapas.

Tercero. Se exhorta respetuosamente al fiscal especial para la Atención de Delitos Electorales para que, en el ámbito de su competencia, active los recursos y medios que prevengan la comisión de delitos electorales por el posible condicionamiento de programas de desarrollo social durante el proceso electoral 2017-2018 en el estado de Chiapas.

Notas

i Sedesol. Lineamientos generales: elecciones ordinarias y extraordinarias, programa de blindaje electoral 2018. En: http://www.sedesol.gob.mx/work/models/Sedesol/Resource/3596/1/images/PB E_2018_LG.pdf

ii En: https://www.gob.mx/sedesol/es/prensa/mensaje-del-secretario-de-desarrol lo-social-eviel-perez-magana-durante-su-participacion-en-la-firma-del-p rograma-de-blindaje-electoral?idiom=es

iii “Blindaje asegurado a programas sociales”, 18 de enero, 2018 http://oyechiapas.com/estado/tuxtla-gutierrez/37983-blindaje-asegurado- a-programas-sociales.html

Palacio Legislativo de San Lázaro.- Ciudad de México a 17 de abril de 2018

Diputada Tania Elizabeth Ramos Beltrán (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Inegi a modificar el cuestionario EE-4-8 de la Encuesta de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas para agregar una distinción entre los producidos por colisiones con animales domésticos y salvajes, y la vialidad o kilómetro carretero donde se registran, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Germán Ernesto Ralis Cumplido, diputado del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a modificar el Cuestionario EE-4-8 de la Encuesta de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas, con el fin de agregar una distinción entre los accidentes producidos por colisiones con animales domésticos y salvajes, así como la vialidad o kilometro carretero donde fueron registrados, con base en lo siguiente

Exposición de Motivos

Contar con información completa y confiable es frecuentemente la consideración más elemental para prever el éxito o fracaso de una política pública. Sin información, las políticas públicas no son más que ejercicios especulativos, donde los resultados son improbables y el desenlace poco certero. Ésta no sólo permite fundamentar y argumentar en favor de ciertas políticas por sobre otras, también nos da la oportunidad de problematizar la realidad e identificar a los posibles actores que pueden ayudarnos a transformarla.

Lo anterior cobra más importancia en tanto el problema sea mayor, el espacio de acción más amplio o la resolución requiera de cooperación multi-sectorial e interinstitucional. Un caso paradigmático, entre muchos otros que ocurren dentro del país, es aquel que encontramos en la protección del medio ambiente y su conservación.

Proteger un ecosistema no solo requiere del apoyo de comunidades interesadas, sino de múltiples niveles de gobierno y agencias que deben colaborar en cada paso. El número de especies que requieren protección y el espacio geográfico que ocupan son importantes obstáculos en la formulación de cualquier política ambiental. Aunado a esto, en México existe un importante rezago en información útil sobre la materia .1 Sea por falta de coordinación, una precaria cultura sobre el valor de la información o simple negligencia gubernamental; la escasez de información a significado una batalla cuesta arriba para conservacionistas que buscan formular políticas completas y efectivas.

En pocos casos es esto más claro que en los esfuerzos que actualmente se realizan para detectar y proponer pasos de vida silvestre con la finalidad de consolidar corredores biológicos. La mayor parte de las acciones enfocadas en la protección del jaguar al sureste del país, por ejemplo, toman como base la noción de crear un hábitat regional compuesto de múltiples reservas ecológicas en más de tres países.2 Empresas similares han sido desarrolladas a lo largo del país, particularmente en aquellas zonas donde la fragmentación de los hábitat ha ocasionado problemas bien conocidos en la comunidad conservacionista, como lo son la reducción del acervo genético o la separación total y parcial de poblaciones.3

Lamentablemente, y a pesar de su comprobada efectividad,4 estos esfuerzos han tenido resultados limitados debido a los costos relacionados a la creación de nueva información. En la ausencia de información gubernamental al respecto, cada ejercicio de este tipo tiene que partir desde cero, utilizando sus ya limitados recursos en la tarea de generar los datos necesarios.

En este contexto, el gobierno puede realizar acciones que permitan orientar sus capacidades estadísticas propias con el fin de coadyuvar a estos esfuerzos. Si bien es cierto que ya existen esfuerzos por generar información ambiental al interior de distintas dependencias, es posible visualizar un cambio más profundo en la cultura institucional del aprovechamiento informacional. No existe razón, por ejemplo, para limitar ciertos ejercicios estadísticos a objetivos muy limitados que pueden impedir el máximo aprovechamiento de estos recursos. El caso que aquí presentamos es una clara muestra de ello.

La Encuesta de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas , elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), contempla la realización de un registro exhaustivo de los siniestros ocurridos al interior del país, haciendo una clara distinción de los motivos y aspectos referentes a cada accidente. El cuestionario utilizado en el levantamiento de esta encuesta es el denominado EE-4-8, e incluye el espacio para registrar el tipo de vehículo, el tipo de accidente, las causas, la responsabilidad y las perdidas encontradas. Dentro del apartado Tipo de Accidente , el cuestionario incluye la Colisión con Animal como uno de los motivos que pueden presentarse. Sin embargo, el mismo se limita tan solo a ello, sin definir, por ejemplo, si el animal que causó la colisión era una especie doméstica o salvaje. Esto es importante debido a que, dependiendo del tipo de la fauna al que nos referimos, es posible formular acciones que eviten futuros accidentes. Si el accidente en cuestión fue causado por ganado, por ejemplo, podrían generarse acciones de barricado que ayudarían a reducir su incidencia. Si, por otro lado, el animal causante fuese salvaje, como el jaguar, podría proponerse la construcción de un paso de fauna que permitiese a éste transitar de forma segura y al conductor garantizarle un recorrido seguro.

El anterior ejemplo va enfocado concretamente a la iniciativa aquí presente, pero modificaciones como ésta podrían significar la creación de información de mejor calidad en el futuro. No solo los temas ambientales requieren de este tipo de información, como queda demostrado en el caso anterior. Mejorar la calidad de la información gubernamental es una tarea impostergable si queremos generar las condiciones que permitan construir mejores políticas y resultados.

Dada la situación aquí esbozada, es necesario que quienes tengan la oportunidad de generar cambios al interior de esta cultura organizacional lo hagan, buscando mejorar esta deficiencia informacional a través de medidas creativas que vayan más allá del simple ajuste presupuestal.

A tal efecto, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo , donde se exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a modificar el Cuestionario EE-4-8 de la Encuesta de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas, con el fin de agregar una distinción entre los accidentes producidos por colisiones con animales domésticos y salvajes, así como la vialidad o kilometro carretero donde fueron registrados .

Considerandos

La Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica establece, en su artículo 3º, que “El Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, tiene la finalidad de suministrar a la sociedad y al Estado Información de calidad, pertinente, veraz y oportuna, a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional. Serán principios rectores del Sistema los de accesibilidad, transparencia, objetividad e independencia”.5

Esta misma legislación contempla, en su artículo 78, que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía sólo podrá generar información que cumpla con los siguientes requisitos:6

• Se trate de los siguientes temas, grupos de datos o indicadores: población y dinámica demográfica; salud; educación; empleo; distribución de ingreso y pobreza; seguridad pública e impartición de justicia; gobierno; vivienda; sistema de cuentas nacionales; información financiera; precios; trabajo; ciencia y tecnología; telecomunicaciones y radiodifusión; atmósfera; biodiversidad; agua; suelo; flora; fauna; residuos peligrosos y residuos sólidos; marco de referencia geodésico; límites costeros, internacionales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; datos de relieve continental, insular y submarino; datos catastrales, topográficos, de recursos naturales y clima, y nombres geográficos, o bien se trate de temas que sean aprobados por unanimidad por el Consejo Consultivo Nacional, incluyendo aquéllos que deban conocer los Subsistemas a que se refiere el último párrafo del artículo 17 de este ordenamiento;

• Resulte necesaria para sustentar el diseño y la evaluación de las políticas públicas de alcance nacional.

• Sea generada en forma regular y periódica.

• Se elabore con base en una metodología científicamente sustentada.

Finalmente, es importante notar que, de acuerdo con la Síntesis Metodológica de la Estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas , elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la importancia de estos estudios radica en que permite “conocer y cuantificar los accidentes de tránsito terrestre y sus consecuencias para apoyar los estudios de siniestralidad que presenta el tránsito urbano y suburbano de vehículos automotores y de esta forma coadyuvar a la planeación, prevención y organización de la vialidad a nivel regional”.7

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a modificar el Cuestionario EE-4-8 de la Encuesta de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas, con el fin de agregar una distinción entre los accidentes producidos por colisiones con animales domésticos y salvajes, así como la vialidad o kilometro carretero donde fueron registrados.

Notas

1 Rivera, Astrid. Falta Ciencia en Política Ambiental? . México. El Universal. 2017. Consultado en:

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/falta-cien cia-en-politica-ambiental.

2 Manterola, Carlos; Amor Conde, Dalia; Colchero, Fernando, et al. “El Jaguar como Elemento Estratégico para la Conservación”. En Corredor Biológico Mesoamericano México . Serie Acciones. Núm. 8. México. CONABIO. 2011. Consultado en:

https://www.demogr.mpg.de/publications/files/4587_133302 3642_1_Book%20El%20jaguar%20como%20elemento%20estrategico%20para%20la%2 0conservacion.pdf.

3 World Wide Fund for Nature. How Does Biodiversity Loss Affect Me and Everyone Else? Gland. WWF. 2018. Consultado en: http://wwf.panda.org/about_our_earth/biodiversity/biodiversity_and_you/ .

4 Western Transportation Institute. Banff Wildlife Crossing Project: Integrating Science and Education in Restoring Population Connectivity Across Transportation Corridors. Bozeman, Montana. Montana State University. 2009. Consultado en: https://westerntransportationinstitute.org/wp-content/uploads/2016/08/4 W1713_Executive_Summary.pdf.

5 Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. Artículo 3º. (Última Reforma: DOF 19-01-2018)

6 LSNIEG. Artículo 78. (Última Reforma: DOF 19-01-2018)

7 INEGI. Síntesis Metodológica de la Estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas . México. INEGI. 2016. Consultado en:

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Produ ctos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825 087999.pdf.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- Ciudad de México a 17 de abril de 2018

Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al SAT a implantar un programa de regularización y emplacamiento de los autos usados de procedencia extranjera internados en la frontera norte del país, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del PRI

El diputado Francisco Saracho Navarro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás disposiciones jurídicas aplicables, somete a consideración de esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Es importante señalar que en los municipios que se encuentran junto a la línea internacional que hace frontera con los Estados Unidos de América (EUA), la dinámica, cotidianidad y circunstancias que permean en ellos, son totalmente diferentes a las que se pueden observar en los demás municipios y entidades federativas del territorio nacional, así como sus causas y efectos, por lo que es importante que el gobierno federal, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales le brinden atención aquellas problemáticas que la requieran por razón de su competencia y facultades otorgadas por la ley.

En ese sentido, las medidas y acciones que se emprendan por parte de las autoridades federales, deberán solucionar o reducir paulatinamente los efectos negativos que perjudiquen a toda la región fronteriza, con la finalidad de darles bienestar a sus habitantes y normalizar su cotidianidad.

Al respecto, es común que por la cercanía con EUA, los habitantes de la región fronteriza, al verse imposibilitados para adquirir de contado un vehículo nuevo o acceder a un crédito para tal efecto, recurren a la compra de los vehículos usados de procedencia extranjera, cuya legal permanencia en el país no está justificada, los cuales se ofrecen en la frontera a un costo accesible, sólo que desafortunadamente no existe un programa gubernamental que permita regularizar la situación de este tipo de unidades en forma sencilla y asequible, transformándose en un problema cuando el grueso de la población opta por realizar este tipo de compras.

Consecuentemente, la falta de regularización de los vehículos usados de procedencia extranjera que han sido internados ilegalmente a la zona fronteriza, es uno de los principales problemas que afecta a la población de esta región, circunstancia que es generadora de otro tipo de problemas que desestabilizan la cotidianidad.

Este es un problema que no es nuevo, es una constante de la región, y por ello es importante que se tomen medidas gubernamentales que puedan propiciar una solución integral, en la que se apoye a la ciudadanía y al mismo tiempo, se combatan cada una de las dificultades generadas.

Al no estar regularizada su legal estancia en territorio nacional y carecer de un emplacado, estos vehículos son susceptibles de ser utilizados por la delincuencia y por el crimen organizado para la realización de sus diferentes actividades ilícitas, siendo un verdadero instrumento que genera inseguridad pública e incertidumbre generalizada, lo que constituye un fenómeno que desafortunadamente ha crecido en los últimos años, volviéndose un verdadero obstáculo para la procuración de justicia, tanto en las áreas urbanas, como rurales.

Al existir problemas de inseguridad pública, se pueden generar repercusiones en las que el flujo de las diferentes actividades económicas pueden verse afectadas, al no existir esa estabilidad y las condiciones que permita un desarrollo adecuado que beneficie a toda la población.

Es común que el estado mecánico de dichos vehículos no sea el óptimo, por lo que al estar en una constante circulación, sus emisiones por la combustión realizada, pueden ser altamente contaminantes del aire que se respira en toda la frontera norte, lo que también es una de las repercusiones de no regularizar este tipo de unidades o de no tener algún programa de regularización y emplacado en el que también se les sometiera a un control de carácter ambiental.

Otra afectación que también se genera al no regularizar y carecer de un programa de regularización de estos vehículos, es que el erario deja de percibir recursos como parte de la recaudación que se propiciaría con la implementación de una medida gubernamental de este tipo en toda la frontera norte del territorio nacional.

La corrupción es otro de los problemas derivados de la irregularidad de estos vehículos, ya que ante la necesidad que tienen los propietarios de poner en regla sus vehículos, existen organizaciones o personas físicas que ofrecen dichos servicios, sólo que desafortunadamente, ello se ha prestado para la realización de fraudes y menoscabo en el patrimonio de quienes los contratan.

Al respecto, los beneficios de una medida gubernamental de este tipo, sólo alcanzarían a los municipios de las entidades federativas que hacen frontera con EUA, los cuales podemos señalar de la siguiente manera:

Un programa de regularización y emplacado de los vehículos usados de procedencia extranjera en la frontera norte de nuestro país, tendría un carácter transversal, ya que además de atender y abatir paulatinamente la problemática antes narrada, entre sus alcances estaría darle certeza jurídica sobre su patrimonio a toda la población fronteriza, reducir la inseguridad pública, combatir la delincuencia y crimen organizado mediante la identificación de los vehículos que podrían utilizar para sus actividades ilícitas, así como para establecer controles de emisiones de contaminantes ambientales, conminando a los propietarios para realizar las adecuaciones necesarias para reducirlas.

Es importante destacar que una de las características de un programa de regularización y emplacado vehicular como el que se plantea, es que su vigencia sea temporal y no permanente, ello con la idea de resolver de fondo, el problema de todos los vehículos usados de procedencia extranjera que ya se encuentran ilegalmente en la zona fronteriza, al regularizarlos y restringiendo su posterior entrada ilegal a la zona fronteriza y consecuentemente evitaría la saturación del parque vehicular de los municipios fronterizos, abatiría paulatinamente los problemas derivados de la irregularidad.

El programa de regularización y emplacado que se implemente para resolver la situación planteada, deberá estar basado en la simplificación, sencillez y facilidad para la realización de los tramites en aduanas, asequibilidad en los costos que deberán pagar los propietarios de este tipo de unidades, protección del medio ambiente, eliminación de aquellos requisitos que dificultarían dicha regularización, así como una duración temporal de tal programa, mismo que sólo beneficiaría a los habitantes de los municipios fronterizos antes mencionados.

Por ello es que resulta necesario que las autoridades hacendarias y aduaneras, una vez cerrada la medida implementada, asumieran una postura de total restricción al ingreso ilegal de los vehículos usados de procedencia extranjera a la zona fronteriza, buscando inhibir este tipo de conductas, so pena de que sean emprendidas las acciones legales que correspondan para sancionarlas.

Por lo anteriormente expuesto, es que busco el respaldo de este pleno para la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Servicio de Administración Tributaria, con la finalidad de que implemente un programa de regularización y emplacamiento de los vehículos usados de procedencia extranjera que hayan sido internados en la frontera norte del territorio nacional, lo que permitirá abatir diversos problemas que afectan a los habitantes de esa región.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2018.

Diputado Francisco Saracho Navarro (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a generar por las autoridades competentes programas de capacitación de jueces cívicos en materia del debido cumplimiento de la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con los artículos 6, fracción I, y 79 numeral 2, fracciones I y III, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:

Considerandos

1. Antecedentes

Que el pasado 26 de febrero de 2002, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), la Ley de Protección a los Animales, la cual buscaba garantizar a nivel de ley, la protección, el bienestar, la atención, un buen trato, la manutención, el alojamiento, el desarrollo natural y la salud de los animales en el ámbito territorial de la ciudad.

Que esta ley nació con 71 artículos y hasta la fecha ha sufrido ocho reformas que la han ido puliendo y mejorando para otorgar mayores derechos y garantías a estos nuevos sujetos de derecho, que son los animales y que infortunadamente antes no eran reconocidos ni respetados.

2. Planteamiento del Problema

Que en la Ciudad de México, según cifras recogidas por el portal Animal Care , en 2011 los animales que más maltrato reciben son los “perros con un 59 por ciento, seguidos de algunas especies de animales de granja que tienen un 24 por ciento, mientras que el tercer lugar lo ocupan los gatos con el 17 por ciento”.1

Que en ese mismo sentido, el portal Animal Político reporta que según la Sociedad Mundial para la Protección Animal, de “mil 880 denuncias reportadas en México por maltrato animal, un 65 por ciento es de maltrato en contra de perros, de los cuales un 25 por ciento pertenece a la raza pitbull; un 18 por ciento en gatos y 25 por ciento de animales como toros, caballos y vacas”.2 Esta misma asociación estima que tan solo en el Distrito Federal, “hay hasta 200 mil perros callejeros, los cuales son los principales afectados por este tipo de agresiones”,3 debido a que a menudo las personas que conviven de cerca con un perro callejero lo ven como una molestia y un riesgo para la salud por lo que los envenenan, electrocutan o disparan.

Que en 2015, el periódico Excélsior reportaba que las tres delegaciones de la Ciudad de México que presentaban una mayor incidencia de maltrato animal eran: “Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc”.4 Este dato se complementa con las cifras que reporta el portal Tres punto cero , en el que se menciona que con base en las cifras del Instituto de Estadística y Geografía (Inegi), México ocupa el “tercer lugar en crueldad hacia los animal, siendo los principales afectados los perros. Según estos datos, tan solo en 2015 el país contaba con 18 millones de perros, de los cuales solamente 30 por ciento tenían dueño, mientras que el 70 por ciento restante vive en las calles”,5 ya sea por abandono o por nacimiento, estas cifras fueron retomadas por la entonces diputada Merilyn Gómez Pozos, quien presentó la iniciativa de reforma al Código Penal Federal en la que buscaba prevenir y sancionar el maltrato animal.6

Que según cifras de Parametría en México durante 2012, el “84 por ciento de personas está de acuerdo en que se sancione a una persona que abandone a su mascota y el 80 por ciento se muestra de acuerdo en que se sancione a quien maltrate a los animales. Este dato cobra relevancia cuando se compara con el número de personas que cuentan con una mascota en casa, siendo el 54 por ciento de personas y de ellas el 85 por ciento dijo tener perros, seguida por el 32 por ciento que reportó tener gatos y el 24 por ciento aves”.7 Estas cifras aumentaron en 2013, ya que al preguntarle a la gente que, si estaba a favor de sancionar a una persona que maltrataba animales, “el 95 por ciento respondió que estaría “a favor”.8

Que al analizar la relevancia del porcentaje de animales maltratados y del número de personas que cuentan con alguna mascota en casa, se vuelve fundamental la correcta tutela de los derechos y obligaciones de los entes antes mencionados por lo que la capacitación de los juzgados cívicos se convierte en un eje primordial de acción para la correcta intervención de las autoridades competentes. Desde la publicación el 13 de octubre de octubre de 2006, la Gaceta Oficial del Distrito Federal de la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal, no se ha aplicado ningún protocolo, norma oficial local, reglamento u algún otro ordenamiento que permita capacitar a los impartidores de justicia animal en la Ciudad de México.

3. Maltrato Animal en Ley

Que se considera como maltrato animal a todo hecho, acto u omisión del ser humano, que puede ocasionar dolor o sufrimiento afectando el bienestar animal, poner en peligro la vida del animal o afectar gravemente su salud, así como la sobreexplotación de su trabajo.9

Que se consideran actos que deben ser sancionados conforme lo establecido en la ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables, los siguientes actos realizados en perjuicio de cualquier animal, provenientes de sus propietarios, poseedores, encargados o de terceros que entren en relación con ellos:10

-Causarles la muerte utilizando cualquier medio que prolongue la agonía o provoque sufrimiento.

-El sacrificio de animales empleando métodos diversos a los establecidos en las normas oficiales mexicanas y, en su caso, las normas ambientales.

-Cualquier mutilación, alteración de la integridad física o modificación negativa de sus instintos naturales, que no se efectúe bajo causa justificada y cuidado de un especialista o persona debidamente autorizada y que cuente con conocimientos técnicos en la materia.

-Todo hecho, acto u omisión que pueda ocasionar dolor, sufrimiento, poner en peligro la vida del animal o que afecten el bienestar animal.

-Torturar o maltratar a un animal por maldad, brutalidad, egoísmo o negligencia grave.

-No brindarles atención médico veterinaria cuando lo requieran o lo determinen las condiciones para el bienestar animal.

-Azuzar a los animales para que se ataquen entre ellos o a las personas.

-Hacer de las peleas provocadas, un espectáculo público o privado.

-Toda privación de aire, luz, alimento, agua, espacio, abrigo contra la intemperie, cuidados médicos y alojamiento adecuado, acorde a su especie, que cause o pueda causar daño a un animal.

-Abandonar a los animales en la vía pública o comprometer su bienestar al desatenderlos por períodos prolongados en bienes de propiedad de particulares.

-Hacimiento de animales.

-Estancia en criaderos clandestinos.

-Uso de animales en protesta, marchas, plantones y concursos de televisión.

-Venta de animales en la vía pública.

-Comercialización de animales enfermos, con lesiones, traumatismos, fracturas o vendas.

-Sacrificio de animales (ritos y usos tradicionales).

4. Sobre el Juez Cívico

Que el juez cívico cuenta con la facultad expresamente conferida en ley, de conocer sobre cualquier hecho, acto u omisión derivado del incumplimiento de la ley en comento, su reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como emitir y aplicar las sanciones correspondientes, salvo aquellas que estén expresamente atribuidas a otras autoridades, lo cual genera un mecanismo de protección a los animales ante situaciones que pongan en riesgo su integridad física.11

Que para llevar a cabo este proceso de tutela de derechos, el legislador en la Ciudad de México, contempló plasmar en el texto normativo, en el que cualquier persona que fuese testigo de alguna violación de algún derecho garantizado en la ley, tendría la potestad de denunciar ante la Secretaría de Salud, la Procuraduría General de Justicia o las delegaciones políticas, todas ellas de la ciudad, razón por la que, en el supuesto de existir maltrato animal y/o venta ilegal de especímenes, es justamente el juez cívico quien ostenta la competencia para conocer cualquier denuncia por estos hechos.12

Que para efectos de denuncia, el ciudadano únicamente debe cumplir con los requisitos de forma estipulados en la legislación, los cuales contemplan la presentación de la misma por escrito y contener al menos el nombre o razón social, domicilio, y teléfono en su caso del denunciante, los actos, hechos u omisiones denunciados, los datos que permitan identificar al presunto infractor o localizar la fuente de contaminación y las pruebas que en su caso ofrezca el denunciante.13

Que infortunadamente, a pesar de que la ley es sumamente clara en lo que respecta a la competencia, el proceso de denuncia y la recepción de la misma, la realidad en los juzgados cívicos de la Ciudad de México es completamente diferente.

En ese sentido, cabe señalar que la sociedad civil organizada ha comenzado a tener un papel activo en la capacitación de funcionarios del gobierno de la Ciudad de México en materia de bienestar animal. Por ejemplo, la organización Humane Society International (HSI) México suscribió convenios de colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad de México y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) de la Ciudad de México a fin de ofrecer capacitación para la atención de denuncias de maltrato animal, así como de donar equipo para el manejo humanitario de animales rescatados de casos de crueldad. HSI México suscribió convenios similares con dependencias similares del estado y el municipio de Aguascalientes, así como el de San Miguel de Allende, Guanajuato. El año pasado, se impartieron más de 20 capacitaciones y se donaron cerca de 500 artículos para el manejo de animales. Sería muy valioso extender este tipo de capacitaciones a jueces y ministerios públicos.

Los jueces cívicos, quizás por falta de capacitación en materia de protección animal o por legítimamente considerarlo fuera de su ámbito de conocimiento, optan por declinar la competencia del asunto, lo cual ha generado múltiples fallas, ocasionando que las denuncias simplemente no se atiendan, desacatando así el mandato legal vigente.

Que si bien, en caso de que el juez cívico no quiera actuar, es necesario denunciar los hechos ante la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México, por no atender el mandato legal a que está obligado.

Que además del juez cívico resultan competentes como autoridades para recibir las denuncias en materia de protección animal, la Secretaría de Salud, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, o las delegaciones, e incluso, en caso de que el denunciante considere que se trata de hechos probablemente constitutivos de delito, podrá presentar su denuncia directamente ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, sin embargo, cabe destacar que en cualquier caso la recepción de este tipo de denuncias es facultad primigenia de los jueces cívicos.

5. Difusión

Que considero que al gobierno de la Ciudad de México le ha hecho falta tomar con seriedad, responsabilidad y atención el tema de la protección animal.

Que en aras de contribuir en esta petición social, me he permitido hacer un formulario de denuncia ciudadana, para facilitar el procedimiento animal, el cual me permito reproducir a continuación:

6. Conclusiones

Que hoy por hoy resulta evidente que existe un gran desconocimiento y mal tratamiento de las denuncias presentadas por parte de las personas que se encuentran exhibiendo este tipo de violaciones a los derechos animales; en ese sentido, se vuelve fundamental la correcta capacitación de los jueces encargados de impartir justicia y velar por la salvaguarda de la Ley de Protección a los Animales, razón por la que me sirvo someter a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de Ciudad de México a que, a través de las autoridades competentes, genere programas de capacitación a jueces cívicos en materia del debido cumplimiento de la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal, así como acciones tendientes a fomentar la cultura de la denuncia ciudadana con relación a violaciones a la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal.

Notas

1 Animal Care . (2011). “La Brigada de Vigilancia Animal, su historia y más...” 14 de junio de 2017, de Animal Care sitio web:

http://animalcare.com.mx/la-brigada-de-vigilancia-animal /

2 Animal Político . (2011). “Atentados sin justicia contra la vida canina en México”. 14 de junio de 2017, de Animal Político Sitio web:

http://www.animalpolitico.com/2011/10/atentados-sin-just icia-contra-la-vida-canina-en-mexico/

3 Ibidem

4 Excélsior . (15 de agosto 2016). “Lideran tres delegaciones asesinatos y maltrato animal”. 14 de junio de 2017, de Excélsior sitio web:

http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/08/15/1111046

5 Revolución tres punto cero. (20 de junio de 2015). México ocupa el tercer lugar en crueldad hacia los animales; necesaria una educación humanitaria: expertos. 14 de junio de 2017, de Revolución tres punto cero Sitio web:

https://revoluciontrespuntocero.mx/mexico-ocupa-el-terce r-lugar-en-crueldad-hacia-los-animales-necesaria-una-educacion-humanita ria-expertos/

6 Sistema de Información Legislativa (SIL). (13 de noviembre de 2014). Que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, a cargo de la diputada Merilyn Gómez Pozos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. 14 de junio de 2017, de Sistema de Información Legislativa (SIL) Sitio web:

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2014/1 1/asun_3176179_20141120_1415892101.pdf

7 Parametría. (2012). “Hay más interés en la defensa de los derechos de animales en México”. 14 de junio de 2016, de Parametría sitio web:

http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=44 50

8 Parametría. (2013). “Hay más interés en la defensa de los derechos de animales en México”. 14 de junio de 2016, de Parametría Sitio web:

http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=46 00

9 Artículo 4, fracción XXVIII, de la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal.

10 Artículo 4, fracción XXVIII, de la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal.

11 Artículo 12 Bis de la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal.

12 Artículo 56 de la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal.

13 Artículos 57 de la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal y 83 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 días del mes de marzo de 2018.

Diputado Santiago Torreblanca Engell (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, el gobierno de Chiapas y la CNDH a garantizar el respeto de los derechos de los migrantes centroamericanos con motivo del refuerzo de la frontera sur con elementos de la Gendarmería Nacional, a cargo del diputado Salvador García González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, diputado Salvador García González, integrante de la LXIII Legislatura, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 10 de abril del año en curso, el gobierno de la República en coordinación con el gobierno del Estado Libre y Soberano de Chiapas, convinieron aumentar el número de efectivos de la Gendarmería Nacional quienes pertenecen a la Policía Federal, para reforzar la seguridad a lo largo de los 664 kilómetros de la frontera con Guatemala.1

El anuncio se hace tras las declaraciones del presidente norteamericano, a quien no le agradó ver a los migrantes provenientes de Centroamérica organizarse en su pretensión de llegar a la frontera norte del país, con el propósito de solicitar por medios legales ingresar a la unión americana.

Es de sobra conocida la actitud del gobierno estadounidense quien de manera constante y mediante acciones intimidatorias, las cuales violan los derechos humanos de los migrantes, ha buscado a través de la últimas décadas inhibir el ingreso a su país a muchos connacionales y personas de diferentes países argumentando razones de seguridad nacional, por lo que al aumentar el número de elementos de la gendarmería en la frontera sur de nuestro país, los gobiernos federal y del estado de Chiapas deberán evitar caer en los mismos actos que hoy se critican del país del norte.

No es ocioso recordar que la política migratoria de nuestro país se rige bajo los principios de:

“Congruencia de manera que el Estado mexicano garantice la vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior, en la admisión, ingreso, permanencia, tránsito, deportación y retorno asistido de extranjeros en su territorio.

Responsabilidad compartida con los gobiernos de los diversos países y entre las instituciones nacionales y extranjeras involucradas en el tema migratorio.

Hospitalidad y solidaridad internacional con las personas que necesitan un nuevo lugar de residencia temporal o permanente debido a condiciones extremas en su país de origen que ponen en riesgo su vida o su convivencia, de acuerdo con la tradición mexicana en este sentido y los tratados y el derecho internacional”.2

Por lo que atendiendo a estos principios que norman el actuar del Estado mexicano en materia de migración, y previniendo acciones que estén fuera del marco normativo, por parte de los elementos de las corporaciones someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación, del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Chiapas, así como a la Comisión de Derechos Humanos, a fin de garantizar el respeto a los derechos de los migrantes centroamericanos con motivo del reforzamiento de la frontera sur con elementos de la Gendarmería Nacional.

Notas

1 Reforzará México su frontera sur, anuncia SEGOB. El Economista, México. Consultado en
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Milan-cierra-con-ganancia-de-1.27-20180412-0063.html 12 abril 2018.

2 Ley de Migración. Consultada en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMigra_09111 7.pdf 12 de abril de 2018.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2018.

Diputado Salvador García González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México sobre el pago del impuesto predial y los derechos por el suministro de agua y sus accesorios a los propietarios o poseedores de los inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracciones I y III, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:

Considerandos

Es obligación de los mexicanos contribuir de manera equitativa y proporcional para el gasto público tanto de la Federación, como de Ciudad de México o del estado y municipio en el que residan, de conformidad con la legislación aplicable.1

Por una parte, en lo que hace al impuesto predial, están obligadas al pago las personas físicas y las morales que sean propietarias del suelo o del suelo y las construcciones adheridas a él, independientemente de los derechos que sobre las construcciones tenga un tercero. Los poseedores también estarán obligados al pago del impuesto predial por los inmuebles que posean, cuando no se conozca al propietario o el derecho de propiedad sea controvertible.2 Por otra parte, en lo que hace a los derechos por suministro de agua que provee la Ciudad de México, están obligados al pago los usuarios de tal servicio.3

No obstante lo anterior, como infortunadamente es de dominio público, durante el mes de septiembre de 2017, se han presentado diversos movimientos telúricos que han cimbrado a varias entidades de la república mexicana, de dichos sismos, dos han sido de gran relevancia por la intensidad y la cantidad de daños provocados. La tarde del 19 de septiembre del año pasado, se registró un sismo de magnitud 7.1, de carácter bastante destructivo, especialmente en la capital del país y en los estados de Puebla y Morelos, los cuales se encontraban a una distancia bastante corta del epicentro del terremoto.

Si bien carece de relevancia para la presente proposición, es curioso que el sismo de 2017 haya ocurrido justo el mismo día en que el que anualmente se conmemora, el cual ocurrió en la misma fecha, pero de 1985, en donde antes como ahora, se registraron en la Ciudad de México decenas de muertes, que en su conjunto rondan las 500 víctimas mortales, además de lesionados y miles de damnificados que vieron mermado su patrimonio personal y familiar.

Vale la pena destacar que derivado de los eventos sísmicos, la Ciudad de México emitió la Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una cada vez más resiliente, con la finalidad de justamente, atender los cuantiosos daños materiales que se generaron en los inmuebles que colapsaron o fueron catalogados en los dictámenes de habitabilidad con los colores amarillo o rojo, lo cual en esencia significa que ambos tipos son inhabitables por su alto riesgo de derrumbe.

Para efectos de la citada ley, existen los formatos de captura para evaluación estructural resultantes de las segundas revisiones estructurales de los predios clasificados en la Plataforma CDMX con códigos de colores, en donde el verde se refiere a inmuebles habitables que presentan las mismas condiciones estructurales que tenían antes del sismo y pudieron haber presentado daños menores en elementos decorativos; el amarillo se refiere a inmuebles con riesgo medio, en donde existe la necesidad de que para poder ser habitable, el inmueble debe ser rehabilitado de acuerdo con un proyecto de mantenimiento integral y reforzamiento avalado por un corresponsal en seguridad estructural; el rojo hace referencia a inmuebles no habitables y que deben ser sometidos a un proyecto de reconstrucción y reforzamiento estructural avalado por un corresponsable en seguridad estructural, razón por la que no pueden ser rehabilitados; mientras que el rosa señala a los inmuebles rehabilitados.

Derivado del fenómeno sísmico ocurrido el 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 26 de septiembre de 2017, el Decreto por el que se instruye la elaboración del Programa y se crea el Órgano de Apoyo Administrativo a las Actividades del Jefe de Gobierno denominado Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una CDMX cada vez más Resiliente, en el cual se establece que tal Comisión tiene como atribución administrar la Plataforma Tecnológica Única denominada Plataforma CDMX , en la que se registrará, validará, integrará, coordinará y consolidará la información de las personas, viviendas, negocios, inmuebles y espacios públicos, afectados por el mencionado fenómeno sísmico.

La Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una CDMX cada vez más Resiliente ha evaluado 14 mil 203 inmuebles, de los cuales 3 mil 436 han sido catalogados en amarillo y 543 en rojo , sin contar los colapsados durante el sismo, con lo cual estos inmuebles tuvieron daños estructurales que derivaron en su inutilización permanente, lo cual podría rebasar la capacidad de recuperación de las personas afectadas en los 3 mil 979 inmuebles que hoy día son inhabitables y que diariamente generan gastos y obligaciones de pago para sus propietarios y/o poseedores, entre los que destacan el impuesto predial y el pago por los derechos de suministro de agua potable.

En ese sentido, el 6 de diciembre de 2017 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la Resolución de carácter general mediante la cual se condona totalmente el pago de impuesto predial y derechos de suministro de agua potable, así como los accesorios y gastos de ejecución ordinarios y extraordinarios que se hayan generado hasta el 31 de diciembre de 2017, respecto de aquellos inmuebles que resultaron severamente afectados por el fenómeno sísmico del 19 de septiembre de 2017, acción que tuvo como objeto apoyar a los contribuyentes en el cumplimiento de las obligaciones fiscales relacionadas con los inmuebles colapsados o catalogados como rojo, con condición de inhabitable y/o con daños estructurales que implican su reestructuración o demolición total, como consecuencia del fenómeno sísmico ocurrido el 19 de septiembre de 2017.

En el mismo tenor, se publicó el 23 de enero de 2018 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la Resolución de carácter general mediante la cual se condona totalmente el pago de impuesto predial y derechos de suministro de agua potable, así como los accesorios y gastos de ejecución ordinarios y extraordinarios que se hayan generado hasta el 31 de diciembre de 2018.

A pesar de que es altamente plausible el haber tomado esta determinación, no escapa a la vista que las resoluciones del 6 de diciembre de 2017 y del 23 de enero de 2018 únicamente beneficia a los habitantes, propietarios o poseedores de los inmuebles catalogados con el código rojo , dejando en situación de inequidad a los inmuebles catalogados con el código amarillo , quienes al igual que habitantes de los inmuebles de color rojo , se encuentran sin la posibilidad de habitar sus inmuebles y erogando gastos de renta, transporte, o incluso preventivos para evitar daños mayores a sus edificaciones, mismos que, de cobrárseles impuesto predial y derechos por suministro de agua potable, serían sumados a los de por sí ya altos gastos que deben enfrentar como consecuencia del sismo de septiembre de 2017.

Vale la pena decir que, como parte de las acciones de reconstrucción de la Ciudad de México, resulta necesario continuar apoyando a aquellos contribuyentes cuyos inmuebles resultaron afectados por el fenómeno sísmico del 19 de septiembre de 2017, por lo que la presente proposición, tiene como finalidad exhortar al titular del ejecutivo local para que ejerza su facultad para expedir resoluciones de carácter general, por las que se condone totalmente el pago de las contribuciones y sus accesorios, en casos de catástrofes sufridas por fenómenos naturales, plagas o epidemias y que en el presente caso se traduce en apoyar a la ciudadanía que resultó afectada por la magnitud del desastre natural, estimando indispensable el otorgamiento de un beneficio fiscal a los contribuyentes cuyos inmuebles existe la necesidad de que para poder ser habitables, el inmueble debe ser rehabilitado de acuerdo con un proyecto de mantenimiento integral y reforzamiento avalado por un corresponsal en seguridad estructural, es decir, los inmuebles catalogados con el amarillo .4

En razón de lo anteriormente expuesto y fundado, me sirvo someter a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al jefe de Gobierno de Ciudad de México a que expida una resolución de carácter general, por la que se condone totalmente el pago del impuesto predial y de los derechos por el suministro de agua y sus accesorios durante el lapso de tiempo que resulte necesario para que el inmueble sea habitable, a los propietarios o poseedores de los inmuebles en los que derivado del sismo del 19 de septiembre de 2017, existe la necesidad de que para poder ser habitables deba ser rehabilitado de acuerdo con un proyecto de mantenimiento integral y reforzamiento avalado por un corresponsal en seguridad estructural, es decir, los inmuebles catalogados con el código de color amarillo .

Notas

1 Artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2 Artículo 126 del Código Fiscal de la Ciudad de México.

3 Artículo 172 del Código Fiscal de la Ciudad de México.

4 Artículo 44 del Código Fiscal de la Ciudad de México.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 días del mes de marzo de 2018.

Diputado Santiago Torreblanca Engell (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la delegación Xochimilco a convocar a sesionar a la CEAHI para estudiar los asentamientos irregulares de la demarcación que puedan ser dictaminados, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con los artículos 6o., fracción I, 79, numeral 2, fracciones I y III y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

En el marco normativo de la Carta Magna radica el derecho de todos los mexicanos a gozar de un ambiente saludable para un adecuado desarrollo y bienestar bajo la tutela del Estado, con la salvedad punitiva de éste a quien cause algún daño o deterioro al ecosistema.1

Entendemos por ambiente el conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el ser humano para hacer posible la existencia del hombre y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados; por otro lado, las “Áreas Naturales Protegidas” (o suelo de conservación) con zonas del territorio nacional que requieren una preservación y restauración al estado original de estos ambientes.2

Por consiguiente, la federación y las entidades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de diseñar, desarrollar y aplicar instrumentos económicos y normativos para incentivar el cumplimiento de los objetivos en materia de política ambiental, buscando primordialmente la promoción de actividades industriales acorde con la protección ambiental y desarrollo sustentable; el impulso de los incentivos en el ámbito de protección, preservación y restauración del equilibrio ecológico; y sancionar prácticas de uso indebido de los recursos naturales.3

Desde esta óptica, la garantía de regeneración de la tierra, conlleva la responsabilidad a cargo de las autoridades de garantizar las condiciones necesarias para que los diversos sistemas del hábitat puedan absorber daños, la adaptabilidad de las perturbaciones y regeneración (sin alteraciones) de las características estructurales y de funcionalidad de los ecosistemas, con la consideración de que estos contienen límites para regenerarse y por consiguiente son difícilmente reparables.

El suelo de conservación es un espacio de interacción de diversos procesos naturales, económicos y sociales que producen cambios en el uso de suelo gracias a una urbanización acelerada. Según estimaciones de 2015 de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, durante los últimos 60 años el avance de la zona urbana se observa de una hectárea por día, de conformidad con los datos del Programa de Desarrollo Urbano del Distrito Federal de 2003.

Asimismo, la urbanización se determina por la escasez de suelo para viviendas de interés social y por el alto costo de renta o compra de un bien inmueble; por lo que la presencia de asentamientos humanos y la promoción inmobiliaria han contribuido a que la urbanización sea desplazada a zonas rurales, estableciéndose un continuo cambio de suelo.

En el crecimiento urbano a que se enfrenta el suelo de conservación, transgreden factores relevantes como la expansión de construcciones y la ocupación masiva de predios por ventas ilegales de terrenos como el caso de Xochimilco, donde la formación de colonias populares se da en gran medida en los asentamientos humanos irregulares en terrenos ejidales.

En el caso particular de Xochimilco y otras delegaciones con similares condiciones, se han ejecutado instrumentos jurídicos para contener el crecimiento desmedido de “asentamientos humanos irregulares” como la creación de la Comisión de Regulación Especial para Xochimilco (CREX),4 la cual era un órgano colegiado a fin de coordinar el trabajo y lineamientos de la Norma de Ordenación Particular de Atención de los Asentamientos Humanos Irregulares en Suelo de Conservación, comisión que tenía como función la coordinación, la gestión, revisión, análisis y dictamen para su consolidación, o en todo caso reubicación de predios, tomando en cuenta los dictámenes de la Secretaría de Protección Civil; y de factibilidad hidráulica emitida por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

A la fecha se cuenta con una estimación promedio de 415 mil 933 habitantes en la zona delegacional de Xochimilco, quienes ocupan 17 mil 577 viviendas en estas condiciones según el inventario de asentamientos humanos irregulares de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, lo que representa 33.9 por ciento de la población.5

De conformidad con el Programa de Delegacional de Desarrollo Urbano6 se evaluaron 300 asentamientos con esta característica, de los cuales solo 150 contaban con tipologías idóneas para ser sometidos a un estudio de impacto ambiental por su grado de consolidación (63 sujetos a estudio y 87 con estudios específicos), el resto, se pretende que en los próximos años sean reubicados.7

Recordemos que Xochimilco colinda al norte con Tlalpan, Coyoacán, Iztapalapa y Tláhuac; al este con Tláhuac y Milpa Alta; al sur con Milpa Alta y Tlalpan; al oeste con Tlalpan, por lo que el ecosistema que radica en este medio es predominantemente lacustre y con un porcentaje considerable de áreas de conservación; la superficie de la delegación es de 12 mil 517 hectáreas, que representan 8.40 por ciento del área de la Ciudad de México. Corresponden al área urbana una extensión de 2 mil 505 hectáreas, con un porcentaje respecto de la delegación de 20 por ciento, y con relación a la Ciudad de México de 1.68. El área ecológica ocupa una extensión de 10 mil 12 hectáreas con un porcentaje de 80 por ciento respecto a la delegación y con relación a esta ciudad 6.72, sin embargo, 36 por ciento corresponde a Xochimilco respecto del suelo ocupado por asentamientos humanos irregulares.

Xochimilco cuenta con 17 barrios y 14 pueblos, históricamente un centro de actividad agrícola, dedicado principalmente al cultivo de legumbres y flores mediante el sistema de chinampas, legado indígena del imperio mexica. Las chinampas son en realidad la última huella viviente de lo que fue el valle de Anáhuac, sin embargo, de 400 kilómetros cuadrados originales que existían hace más de 400 años, las chinampas se han reducido a sólo 25 kilómetros cuadrados ubicados precisamente en Xochimilco, donde cientos de familias cultivan en ellas productos agrícolas que abastecen a la Ciudad de México.8

Actualmente, la zona de chinampas y otros sistemas de agricultura asociados a suelo lacustre, se han visto superados por la urbanización, lo que los ha convertido en una isla de agricultura tradicional urbana en la Ciudad de México, donde las actividades de producción se han diversificado, y gracias a ello se crean condiciones para el desarrollo de la economía local, así como provisión de bienes y servicios para la zona.

Si bien en específico el caso de Xochimilco, no encuadra dentro del impacto ambiental propiamente dicho (siendo este una modificación del ambiente ocasionado por la acción del hombre o de la naturaleza) resulta en una serie de parcelas creadas a partir de un sistema de canales acuíferos modificados; en este sentido, de conformidad con las normas vigentes, existe una muy importante emisión de contaminantes a los canales acuosos que rodean todo Xochimilco provenientes, en mayor escala de los asentamientos humanos irregulares o de la utilización en chinampa de agroquímicos, afectando el ecosistema que rodea esta práctica.9

No se reputan como actividades que puedan poder en peligro la preservación, todas aquellas las actividades agropecuarias que impliquen la utilización de técnicas y metodologías de agricultura orgánica, como las chinampas, sin embargo, en Xochimilco, el daño proviene en gran medida de los asentamientos humanos irregulares en área de conservación.10

De esta forma, como medio sancionatorio del Estado encontramos que se establece una pena que va de 3 a 9 años de prisión y de mil a 5 mil días multa a quien dolosamente haga un uso distinto al permitido del uso del suelo u obtenga un beneficio económico derivado de estas conductas.11

Adicionalmente, el dispositivo normativo menciona como agravante del delito mencionado cuando se lleve a cabo ya sea en área natural protegida o área de valor ambiental competencia del Distrito Federal o en suelo de conservación, supuesto que se actualiza sobradamente en los asentamientos humanos irregulares de Xochimilco.12

Situación actual de los asentamientos humanos irregulares en Xochimilco

Al respecto, podemos encontrar el siguiente esquema de los asentamientos Humanos Irregulares en la Ciudad de México y el impacto que genera en el ecosistema, así como en la regeneración del hábitat de especies endémicas:

En los dictámenes en materia de impacto ambiental en zonas de conservación (29 en total), resueltos por la entonces Comisión de Regulación Especial de Xochimilco, hoy Comisión Especial de Asentamientos Humanos Irregulares, se resolvió que en los asentamientos no se otorgara la liberación de uso de sueldo de los lotes, si los poseedores o propietarios no llevan a cabo lo estipulado en los dictámenes, por lo que se obliga a estos, a cumplir con la firma del “convenio de colaboración” con la delegación, el que precisa los compromiso y ejecución de acciones y obras que resulten de la evaluación del dictamen, los que deberán ser cumplidos con las medidas de mitigación, restauración y compensación.

El pago compensatorio que deben hacer los asentamientos humanos de referencia, se hacen ante el Fideicomiso de Transferencia de Potencialidades de Desarrollo Urbano de la Seduvi, este fideicomiso tiene por objeto destinar los fondos aportados por los habitantes en zonas de conservación con el objeto de lograr: la restauración ambiental del suelo afectado; la adquisición de predios ubicados en suelo urbano destinado a la reubicación de estos asentamientos; la prestación de servicios públicos o construcción de equipamiento urbano (mínimos para una calidad de vida adecuada) de conformidad con lo establecido en al Programa de Desarrollo Urbano de Xochimilco.13

De igual forma, se establecen en el Programa de Desarrollo Urbano Delegacional las tipologías de vivienda que encontramos en la demarcación, clasificada de la siguiente manera:

- Vivienda tipo A de un nivel de altura (materiales provisionales).

- Vivienda tipo B de un nivel de altura (materiales permanentes).

- Vivienda tipo C con dos niveles (segundo nivel sin loza).

- Vivienda tipo D con dos niveles de loza.

- Vivienda tipo E con más de dos niveles (acabados de lujo).

- Vivienda tipo F (lotes baldíos).

De conformidad con el muestreo general de poseedores o propietarios de lotes en Asentamientos Humanos Irregulares realizado por la extinta Comisión de Regulación Especial de Xochimilco (CREX), se observa que éstos son inferiores a 15 por ciento respecto de la vivienda tipo A (un nivel de altura con materiales provisionales), lo que determina problemas para efectuar el pago compensatorio antes señalado; al respecto se observan las siguientes cifras de conformidad con la CREX en 2011:

Aproximadamente 62 por ciento de los inmuebles dictaminados en materia de impacto ambiental, pueden proceder al pago de compensatorio por el daño que es causado por la contaminación en zonas con alto valor ambiental, en estos, la calidad de viviendas que se encuentran asentadas en estas zonas corresponden a viviendas de clase media y clase media alta por la calidad de materiales y extensión de las viviendas en esta zona.

Por el oficio número SEDEMA/ DGPCP/ 2014/ 2017, suscrito por la directora general de Ordenamiento Ecológico y Manejo Ambiental del Agua, dirigido al ciudadano Galdino Díaz Flores, vecino del barrio de Caltongo y representante de la Comisión Ciudadana de Seguimiento a Proyectos CREX y CEAHI,15 se otorgó diversa solicitud de información y se realizó exhorto a la nueva Comisión de Evaluación de Asentamientos Humanos Irregulares conteniendo medularmente lo siguiente:

- La CEAHI debe ser integrada “a la brevedad de acuerdo con los nuevos lineamientos emitidos por la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México en la Gaceta Oficial del 16 de marzo de 2017”.

- A la fecha, la Sedema no ha recibido la convocatoria de mérito, lo que conlleva a que la CEAHI no se encuentre aún integrada.

- Con la derogación de la CREX, el jefe delegacional de Xochimilco (presidente de ésta) cumpla el transitorio tercero consistente en la remisión de la totalidad de expedientes que hayan sido de su conocimiento, tanto los concluidos como los que quedaron abiertos a la fecha de la solicitud, con la salvedad de iniciar el proceso de responsabilidad administrativa.16

- Una vez integrada la CEAHI en Xochimilco, los expedientes y asuntos serán trasladados a la misma para sesionar y analizar los casos.

- Se requiere la elaboración de la convocatoria por parte del jefe delegacional para la formación de la CEAHI, para que una vez integrada se realice el traslado de asuntos.17

- Actualmente, la Sedema trabaja en la materia atendiendo convocatorias de información de asentamientos humanos irregulares, entre las que se encuentra la Secretaría de Gobernación de la ciudad para una reunión informativa con los representantes de la delegación Xochimilco.

Así las cosas, de acuerdo con el sexto Seminario de salvaguarda y conservación de zonas chinamperas y paisajes culturales, se refiere que el jefe delegacional ha evidenciado públicamente en entrevistas a medios de comunicación, que desconoce la normatividad dictaminada por la CREX (Comisión de Regulación Espacial para Xochimilco) para el manejo de la problemática, por lo que existe una terrible desinformación ente la población por la diversidad de intereses ajenos a la CREX.

Igualmente, se informa que el nuevo órgano colegiado a la desintegración de la CREX –es decir, la Comisión Especial de Asentamientos Humanos Irregulares– debería convocar a sesionar de inmediato, a fin de ejecutar medidas que eviten la progresión del desastre ecológico, el que ineludiblemente afecta tanto al ecosistema como a la población de la Delegación, en gran medida por la inestabilidad de la zona para la construcción de bienes inmuebles por particulares y la contaminación del subsuelo y canales por aguas jabonosas y residuales.

En caso de que el jefe delegacional continúe evadiendo su responsabilidad en materia ambiental y siga con la inacción al no desalojar a quienes invadan suelo de conservación con el fin de asentarse irregularmente, o no finque acción penal en contra de quien destruya el mismo, será considerado copartícipe en esta acción, pudiéndosele imponer las sanciones que marca el artículo 343 Bis del Código Penal del Distrito Federal.18

Conclusiones

De conformidad con el estudio de impacto ambiental emitido entre 2006 y 2011 por la CREX, los 29 dictámenes formulados muestran que una proporción inferior a 15 por ciento corresponde a casas construidas con materiales provisionales (madera, cartón, etcétera) y el restante 85 a edificaciones de uno o más niveles y en algunos casos con materiales de lujo. En este sentido, según con las reglas de operación de la Comisión de Regulación Especial de Xochimilco (hoy Comisión Especial de Asentamientos Humanos Irregulares), la creación del Fideicomiso de Transferencia de Potencialidades administrado por la Seduvi se encuentra intacta, por lo que sólo se podrán retirar los fondos etiquetados para ser ejercidos (en materia de mitigación y restauración) en las poligonales que cumplieron con su dictamen,19 razón por la que se busca que se retomen los dictámenes hechos por la CREX para que una vez integrada la CEAHI,20 sesione con la finalidad siguiente:

- Contener y regular el crecimiento desmedido de los AHI;

- Ejercer los fondos del Fideicomiso de Transferencia de Potencialidades en beneficio del ecosistema de Xochimilco; y

- Aplicar las sanciones correspondientes ante los dictámenes ya efectuados en las zonas de conservación ecológica y por impacto ambiental.

- Realizar los dictámenes restantes respecto de los asentamientos humanos irregulares pendientes de estudio.

- Establecer las bases para realizar un estudio que determine cuántos nuevos asentamientos humanos irregulares hay a la fecha.

- Dar cumplimiento a los dictámenes emitidos por la CREX en 2011 y anteriores.

Por lo expuesto y fundado me sirvo someter a consideración del pleno de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al jefe delegacional en Xochimilco a convocar a sesionar a la CEAHI a fin de estudiar los asentamientos irregulares en la demarcación que puedan ser dictaminados.

Notas

1 Artículo 4o., párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2 Artículo 3 de la Ley General de Equilibrio Ecológico.

3 Artículo 21 de la Ley General de Equilibro Ecológico.

4 Dicha comisión fue creada el 13 de septiembre de 2005 y derogada por acuerdo de 16 de marzo de 2017 publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para ser sustituida por la Comisión Especial de Asentamientos Humanos Irregulares.

5 Inegi (último censo realizado en 2015); Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Xochimilco, 2005.

6 El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Xochimilco fue publicado el 6 de mayo de 2005 y reformado el 16 de marzo de 2017.

7 Fuente: Procuraduría de Ambiente y Ordenamiento Territorial.

8 Esta delegación forma parte del sector metropolitano sur, con Tlalpan, La Magdalena Contreras y Coyoacán. Se caracteriza por formar parte de la cuenca del valle de México. Al ser una de los ocho delegaciones que la forman, con una gran extensión de suelo de conservación y por su atractivo turístico.

9 Artículo 3 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Evaluación del Impacto Ambiental.

10 De conformidad con el artículo 5, inciso V, subinciso b), del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Evaluación del Impacto Ambiental.

11 Artículo 343 Bis del Código Penal para el Distrito Federal (Ciudad de México).

12 Artículo 343 Bis, fracciones I y II, del Código Penal para el Distrito Federal (Ciudad de México).

13 De conformidad con el artículo 24 Sexies de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, el Fideicomiso de Transferencia de Potencialidades tiene por objeto destinar los fondos aportados por los habitantes en zonas de conservación con la finalidad de la restauración ambiental del suelo afectado; la adquisición de predios ubicados en suelo urbano destinado a la reubicación de estos asentamientos; la prestación de servicios públicos o construcción de equipamiento urbano (mínimos para una calidad de vida adecuada).

14 Caltongo quedó exento del pago de cualquier compensación por impacto ambiental, pues fue declarado patrimonio cultural de la humanidad por su estructura urbana y por los usos y costumbres que integran los 17 barrios históricos incluidos en dicha poligonal.

15 De conformidad con las reformas de la Ley de Desarrollo Urbano, la Comisión de Evaluación de Asentamientos Humanos Irregulares se debe integrar y presidir por el jefe delegacional (artículo 24 Ter de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal).

16 Actualmente, la totalidad de los expedientes de la CREX se encuentra en resguardo en la jefatura delegacional, en cumplimiento de las reglas de operación.

17 Artículo 24 Ter de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.

18 Artículo 86 Bis de la Ley Ambiental de la Ciudad de México.

19 De conformidad con el artículo 5, inciso R), fracción I, del Reglamento de la Ley General del Equilibro Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Evaluación de Impacto Ambiental, las construcciones de viviendas familiares requieren autorización para su construcción.

20 La Comisión Especial de Asentamientos Humanos Irregulares está integrada por 1. El jefe delegacional (quien la preside); 2. El secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda; 3. El secretario del Medio Ambiente; 4. El secretario de Protección Civil; 5. El procurador ambiental y del Ordenamiento Territorial; 6. El director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México; y 7. El pleno del consejo ciudadano delegacional.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2018.

Diputado Santiago Torreblanca Engell (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a reubicar por las autoridades correspondientes el albergue Coruña, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Santiago Torreblanca Engell, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 44, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con los artículos 6o., fracción I, y 79, numeral 2 fracción I y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Planteamiento del problema

Desde hace bastante tiempo, vecinos tanto de la colonia Viaducto Piedad de la delegación Iztacalco como de la colonia Moderna de la delegación Benito Juárez, ambas de la Ciudad de México, se han quejado en múltiples ocasiones de las condiciones de inseguridad que provoca la estadía del Albergue Coruña , ubicado en calle Sur 65-A número 3246, colonia Viaducto Piedad, delegación Iztacalco, código postal 08200, en la Ciudad de México; lamentablemente han encontrado oídos sordos a sus reiteradas peticiones.

De acuerdo con los vecinos, existe la percepción de que el albergue representa un foco de delincuencia que está siendo utilizado por personas que ahí habitan, que de día salen a molestar de alguna manera a los vecinos de las colonias aledañas (principalmente las colonias Viaducto Piedad y Moderna en las delegaciones Iztacalco y Benito Juárez, respectivamente) y de noche, llegar a descansar. Esta situación, representa para los vecinos de ambas demarcaciones, un riesgo latente que amenaza su tranquilidad y seguridad y que bien puede fomentar el incremento de la comisión de diversos delitos como robos, violaciones, secuestros, venta de estupefacientes y un largo etcétera.

2. Responsabilidades constitucionales

Vale la pena recordar de acuerdo con lo mandatado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política de la Ciudad de México se deben establecer las normas y las garantías para el goce y la protección de los derechos humanos en los ámbitos de su competencia, conforme a lo dispuesto por el artículo 1o. de la Constitución federal.1

Derivado de lo anterior, es necesario decir que todas las autoridades, cada una en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.2

En ese sentido, resulta pertinente señalar que la seguridad pública es una función a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios, que comprende la prevención de los delitos , la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas. La actuación de las instituciones de seguridad pública se debe regir por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.3

Acorde con lo anterior, la Constitución Política de la Ciudad de México establece de manera muy clara que las autoridades de la ciudad deben asegurar progresivamente, las condiciones necesarias para asegurar que en las instituciones de salud pública local existan los servicios de salud, asistencia social y atención médica, la disponibilidad, accesibilidad, seguridad e higiene en las instalaciones de los centros de salud y hospitales, así como la suficiencia de personal y profesionales de la salud capacitados, equipamiento, insumos y medicamentos, ello interpretado de manera armónica con la obligación de también garantizar la existencia de entornos salubres y seguros , espacios públicos, actividades sociales, culturales y deportivas que mejoren la calidad de vida y la convivencia, propicien modos de vida saludables, desincentiven la violencia , las adicciones y las prácticas sedentarias.4

3. Sobre el Instituto de Asistencia e Integración Social

Los servicios de salud en materia de asistencia social que presten la federación, los estados, los municipios y los sectores social y privado, forman parte del Sistema Nacional de Salud, a través del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada.5

Por su parte, los servicios que se presenten en las entidades federativas por parte de los gobiernos locales y por los sectores social y privado, forman parte de los sistemas estatales de salud en lo relativo a su régimen local.6

En ese sentido, corresponde a los gobiernos de las entidades federativas en materia de salubridad general, como autoridades locales y dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales, organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salud en materia de asistencia social , con base en las normas oficiales mexicanas que al efecto expida la Secretaría de Salud o el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.7

Es por ello, que el 18 de enero de 2001, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el decreto de creación del Instituto de Asistencia e Integración Social, el cual fue emitido con el objetivo de brindar atención a los grupos más vulnerables de la población, propiciando el desarrollo de sus capacidades y la construcción de oportunidades que favorezcan su reincorporación social en un ambiente de igualdad y justicia social.

Esa determinación derivó de que el gobierno del Distrito Federal tiene como principio rector garantizar la justicia, la equidad, la tolerancia, la inclusión y la participación de toda la población de la ciudad, lograr un estado igualitario donde los pobres, los débiles y los olvidados encuentren protección ante las desigualdades sociales, las desventajas y la incertidumbre económica.

En ese tenor, el Instituto de Asistencia e Integración Social del Distrito Federal tiene por objeto promover, coordinar, supervisar y evaluar la asistencia social en la Ciudad de México, definir y establecer la política en materia de asistencia social, y ser la instancia normativa de los programas de asistencia social que realice la administración pública.8

En ese sentido, corresponde a la Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), no sólo la administración, operación y prestación servicios de asistencia social, sino también la planeación, organización, supervisión y evaluación del Sistema de Asistencia e Inclusión Social del Distrito Federal, tal y como lo establece la Ley de Asistencia e Integración Social para el Distrito Federal.9

4. Sobre la asistencia social

La prestación de servicios de asistencia social que establece la Ley General de Salud, se lleva a cabo por las dependencias del Ejecutivo federal competentes, cada una en el ámbito de sus atribuciones, así como por las entidades de la administración pública federal y por las instancias públicas, sociales y privadas que tienen entre sus objetivos la prestación de dichos servicios, de conformidad con lo que establecen las disposiciones jurídicas aplicables.10

Los servicios de salud se clasifican en tres tipos, a saber: de atención médica, de salud pública, y de asistencia social .11

Se entiende por asistencia social , al conjunto de acciones del gobierno y la sociedad, dirigidas a incrementar las capacidades físicas, mentales y sociales tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la protección física, mental y social de personas, familias o grupos de población vulnerables o en situación de riesgo, por su estado de necesidad, condición de desventaja, abandono o desprotección física, mental, jurídica o social y que no cuentan con las condiciones necesarias para valerse por sí mismas, ejercer sus derechos y hasta lograr su incorporación al seno familiar, laboral, social y a una vida plena y productiva.12

Son actividades propias de la asistencia social , la realización de investigaciones sobre las causas y efectos de los problemas prioritarios de asistencia social, así como la promoción de la participación consciente y organizada de la población con carencias en las acciones de promoción, asistencia y desarrollo social que se lleven a cabo en su propio beneficio.13

En ese sentido, se puede decir que tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que, por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar, razón por la que los sujetos que son preferentemente beneficiarios de la asistencia social son: niñas, niños y adolescentes en situaciones vulnerable, mujeres en estado de gestación o lactancia, madres adolescentes y madres solteras, indígenas migrantes, desplazados o en situación vulnerables, adultos mayores en desamparo, marginación, sujetos a maltrato, con discapacidad, personas con discapacidad o necesidades especiales, dependientes de personas privadas de su libertad, de desaparecidos, de enfermos terminales, de alcohólicos o de fármaco dependientes, víctimas de la comisión de delitos, indigentes, alcohólicos y fármaco dependientes, etcétera.14

Resulta importante destacar que la asistencia social, como parte de las acciones de gobierno y sociedad, igualmente se encuentra encaminada hacia aquellos núcleos de población y personas en estado de vulnerabilidad, entendida ésta, como la condición multifactorial por la que se enfrentan situaciones de riesgo o discriminación, que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por tanto, requieren de la atención del gobierno y sociedad para lograr su bienestar.

Asimismo, conviene acotar que un grupo no considerado en pobreza igualmente puede encontrarse en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, por su condición de género, raza, cultura o edad, por lo que es necesario minimizar las situaciones de riesgo para dichos grupos o personas.

En ese sentido es necesario que gobierno y sociedad en general optimicen la operación de los establecimientos o espacios que prestan servicios de cuidado, atención, alimentación y alojamiento para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad, a través de una serie de acciones específicas que establezcan estándares definidos para la prestación de estos servicios.

En el ámbito relacionado con las condiciones de seguridad en los establecimientos o espacios que prestan servicios de cuidado, atención, alimentación y alojamiento para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad, cabe señalar que la presente norma contiene un Apéndice Normativo “A”. Medidas de seguridad y protección civil para establecimientos o espacios que presten servicios de asistencia social a niños, niñas y adolescentes, elaborado con la asesoría, participación y opinión sustantiva de la Coordinación General de Protección Civil, en el que se expone una recopilación de medidas que deben ser observadas por los sujetos obligados por la presente norma, con base en la normativa vigente en la materia, conforme a la clasificación que se hace de los establecimientos o espacios que prestan estos servicios en función a la capacidad instalada. En el mismo sentido, el Estado observa la necesidad de fortalecer la cobertura actual de la prestación de servicios de asistencia social.

La norma establece las condiciones mínimas que deben satisfacerse en la prestación de los servicios anteriormente mencionados, tomando en cuenta las características de los diversos modelos de atención.

5. Sobre la seguridad pública y la prevención del delito

La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del gobierno de la Ciudad de México, para la prevención, investigación, sanción de infracciones administrativas y persecución de los delitos, la impartición de justicia, la reinserción social, el acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas frente a riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y libertades.15

De acuerdo con la Constitución de la ciudad, toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos. Para dar cumplimiento a lo anterior, es menester que las autoridades elaboren políticas públicas de prevención y no violencia, así como de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas .16

6. Sobre el espacio físico del Albergue Coruña

El abandono por parte de las autoridades de este espacio ha traído consigo inseguridad, delincuencia y un foco de infección, circunstancias que atentan contra el derecho a la salud y a una vida digna y segura de los habitantes de la zona.

7. La respuesta es la cultura

De acuerdo con el doctor Eduardo Vázquez Martín, titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México, la dependencia a su cargo tiene como uno de sus principales objetivos, el desarrollar, coordinar y ejecutar políticas públicas que garanticen el ejercicio pleno de los derechos culturales de las personas y las comunidades y, que a partir de ello, permitan su desarrollo integral y fortalezcan la convivencia democrática en un marco de libre expresión de ideas, de acceso equitativo a bienes y servicios culturales.

En ese sentido, los ciudadanos de las delegaciones Benito Juárez e Iztacalco, han solicitado a las autoridades, la reubicación del albergue controlado por el IASIS, que se ha convertido en un foco de alarma para los juarenses y que su lugar sea tomado por una casa de cultura en beneficio de la población de ambas delegaciones.

8. Conclusiones

En mi calidad de legislador federal, me sirvo exhortar por medio de esta soberanía, al gobierno de la Ciudad de México, a fin de que se sirva reubicar el Albergue Coruña, ubicado en calle Sur 65-A número 3246, colonia Viaducto Piedad, delegación Iztacalco, código postal 08200, en la Ciudad de México y colocar en su lugar una casa de cultura en beneficio de la ciudadanía, garantizando con ello a los vecinos, los derechos que se encuentran consagrados en las Constituciones Políticas de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ciudad de México.

Como funcionarios, como Congreso y como ciudad, de ninguna manera podemos continuar insensibles ante las peticiones y demandas ciudadanas, máxime que están siendo afectados y su seguridad se encuentra amenazada. Es por ello que me permito apoyar la petición presentada a esta honorable asamblea, con un paquete de firmas de los vecinos de la colonia Viaducto Piedad en la delegación Iztacalco y otro tanto de vecinos de la colonia Moderna en la delegación Benito Juárez, ambas de la Ciudad de México.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me sirvo someter a consideración del pleno de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al gobierno de la Ciudad de México, se sirva reubicar el Albergue Coruña, ubicado en calle Sur 65-A número 3246, colonia Viaducto Piedad, delegación Iztacalco, código postal 08200, en la Ciudad de México y colocar en su lugar una casa de cultura en beneficio de la ciudadanía.

Notas

1 Artículo 122 Apartado A fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2 Artículo 1° párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3 Artículo 21 párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4 Artículo 9 Apartado D numeral 3 incisos b) y d) de la Constitución Política de la Ciudad de México.

5 Artículo 7 párrafo primero de la Ley de Asistencia Social.

6 Artículo 7 párrafo segundo de la Ley de Asistencia Social.

7 Artículo 7 párrafo segundo de la Ley de Asistencia Social.

8 Artículo 7 fracción VI numeral 5 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal.

9 Artículo 64 Quáter, fracciones II, III y V del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal.

10 Diario Oficial de la Federación (DOF). (Febrero 25, 2011). Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA3-2010, Asistencia social. Prestación de servicios de asistencia social para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad. Agosto 21, 2017, de Secretaría de Gobernación Sitio web:

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5179462&fe cha=25/02/2011

11 Artículo 24 de la Ley General de Salud.

12 Artículo 167 de la Ley General de Salud y Artículo 2 de la Ley de Asistencia e Integración Social para el Distrito Federal.

13 Artículo 168 fracciones VI y VII de la Ley General de Salud.

14 Artículo 4 de la Ley de Asistencia Social.

15 Artículo 41 Apartado A de la Constitución Política de la Ciudad de México.

16 Artículo 14 Ciudad Segura Apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2018.

Diputado Santiago Torreblanca Engell (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la construcción de un parque tecnológico, urbanístico y ambiental que sea un pulmón de la Ciudad de México, a cargo del diputado Santiago Taboada Cortina, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Santiago Taboada Cortina, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable Cámara, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al gobierno federal realizar los trámites pertinentes, a fin de que el predio ubicado en avenida Xola, entre avenida Universidad y Eje Central Lázaro Cárdenas 567, en donde se encuentran actualmente las instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes denominado “Centro SCOP” y que resultó con daños estructurales graves por el sismo del pasado 19 de septiembre del 2017, sea utilizado para la construcción de un parque tecnológico, urbanístico y ambiental que pueda ser un pulmón de Ciudad de México , con base en las siguientes:

Consideraciones

Nuestro país se encuentra asentado en una franja continental con alta actividad telúrica, ya que se está dividido en cuatro zonas sísmicas; la zona con la mayor actividad sísmica se conforma por los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco y Baja California, en esta área del país que colinda con el Pacífico se localizan las placas tectónicas del Cinturón de Fuego, llamado así por su alta actividad y por la fortaleza de los sismos.

La víspera del 32 aniversario de los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985, el pasado día 7 de septiembre de 2017, nuestro país sufrió los embates de un movimiento telúrico de magnitud 8.3 que causó derrumbes y pérdidas humanas principalmente en los estados de Chiapas y Oaxaca.

Nuestro país no terminaba de reponerse de las lamentables consecuencias de este fenómeno cuando de manera caprichosa la naturaleza nuevamente nos dio una muestra de lo vulnerables y expuestos que nos encontramos frente a este tipo de desastres cuando a las 13 horas con 14 minutos del día 19 de septiembre de 2017, otro fuerte sismo sacudió el centro del país.

Según datos del Servicio Sismológico Nacional, cerca de las 13:14 horas, se registró un movimiento telúrico de magnitud de 7.1 en los límites de los estados de Puebla y Morelos, a 12 kilómetros del sureste del municipio de Axochiapan, Morelos, y a 120 kilómetros de Ciudad de México.

El sismo afectó a seis entidades federativas del país: Ciudad de México, Puebla, Morelos, estado de México, Guerrero y Oaxaca; asimismo, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Protección Civil, al día de hoy, la cifra de personas que perdieron la vida asciende a 361, provocando, además, fracturas o colapsos totales y/o parciales de viviendas, planteles educativos, hospitales y centros médicos, de edificios, monumentos históricos, centros religiosos (iglesias), comercios y mercados municipales, además de deslaves que provocaron daños carreteros y recortes en el servicio de electricidad.

Por su origen, distancia y fuerza, el sismo del 19 de septiembre del 2017 (19-S) afectó de manera inusitada diversas regiones de Ciudad de México y las demarcaciones territoriales que más resintieron dicho fenómeno fueron: Benito Juárez, Cuauhtémoc, Coyoacán, Gustavo A. Madero y Xochimilco.

La delegación Benito Juárez fue, junto con la Cuauhtémoc, una de las más afectadas por el sismo del 19-S, pues al número de edificios en alto riesgo de colapso deben sumarse cientos de inmuebles que requerirán de un profundo e intenso trabajo de reparación y rehabilitación, recurso con que los habitantes de esta demarcación no cuentan.

De manera particular, el edificio sede de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ubicado en el polígono en donde convergen las avenidas Universidad, Xola, en Eje Central Lázaro Cárdenas número 567, en la colonia Narvarte, conocido desde su inauguración y a la fecha por vecinos y trabajadores como “Centro SCOP” (debido a que el nombre anterior de la SCT era el de Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas), quedó seriamente dañado en su estructura, comprometiendo la vida de casi tres mil trabajadores que en él laboran, la integridad de los inmuebles aledaños y, con ello, la obra muralística que en su momento lo identificó como el complejo gubernamental más grande y moderno de México.

Se trata de una construcción fundamental para entender el entrecruzamiento de las visiones internacionales y mexicanas de la arquitectura de esa época.

En él podemos observar un acercamiento a las teorías planteadas principalmente por arquitectos como Le Corbusier y Frank Lloyd Wright, en las que se proponía que cada elemento que constituye una edificación debe contribuir en la función para la cual ha sido pensada, como las partes de una máquina o un organismo que trabajan en conjunto en aras de la mayor eficacia. Por esta razón, el conjunto del SCOP contaba con áreas administrativas y laborales, una guardería, una zona de salud, e incluso se incluyó una unidad habitacional aledaña con el propósito de disminuir los tiempos de desplazamiento de los trabajadores.

Fue inaugurado en 1954 gracias a las gestiones del arquitecto Carlos Lazo, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas durante el periodo presidencial de Adolfo Ruiz Cortines. Lazo eligió a los arquitectos Augusto Pérez Palacios y Raúl Cacho para encargarse del diseño y adaptación del conjunto. Todos ellos habían trabajado juntos en la construcción de Ciudad Universitaria de 1948 a 1952.

El conjunto surge como consecuencia de un traspaso entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y la SCOP en virtud de que originalmente se tenía proyectada la construcción de un complejo hospitalario, el cual quedó en el abandono por falta de recursos económicos; en su momento la obra desde sus inicios se apegó a elementos formales de la arquitectura funcionalista; en su mayoría los materiales fueron el acero, el concreto y el vidrio, característicos de la revolución constructora de la época.

La construcción, que en ese entonces llevaba tiempo abandonada, a pesar de mostrar signos de deterioro desde la década de los años 50, se volvió una posibilidad para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dándole una nueva función al edificio y adaptándolo a las necesidades de la misma.

Sin embargo, existen testimonios de la época como el del arquitecto Augusto Pérez Palacio, quien participó en el traspaso de la deteriorada obra para ser aprovechada por la SCOP:

“El arquitecto Carlos Lazo había tenido ocasión de proyectar posibles aprovechamientos de la estructura y de los terrenos de la Narvarte [pero] todos se abandonaron porque la estructura y la cimentación del subsuelo de la colonia tenían un escaso límite de resistencia y no podían ser adaptadas a cargas de cierta importancia o consideración”

A pesar de que el entonces secretario de Comunicaciones, arquitecto Carlos Lazo, conocía de los problemas tanto de estructura como del suelo de la colonia, pues en anteriores ocasiones, como arquitecto se había detenido a construir en la zona, gestionó el traspaso, las adaptaciones continuaron y se finalizó un cuerpo arquitectónico constituido por diez pisos, de los cuales tres desaparecerían en el terremoto de 1985, particularmente la Dirección Jurídica y los archivos de asuntos tan determinantes como la llamada “requisa” de Aeroméxico.

Como menciona la arquitecta Lourdes Cruz González Franco, desde el año de 1985 ese conjunto de edificios ya sufrían un grave deterioro como consecuencia del uso administrativo irresponsable del inmueble. Una gran cantidad de archivos se concentraron en el edificio y esto provocó que se incrementaran las cargas en distintos puntos de los entrepisos, no es casualidad que el Centro SCOP fuera la única edificación emblemática de la época muralista mexicana que sufrió daños y colapso parcial durante el sismo del 19 de septiembre de 1985.

El complejo de la SCT fue pensado para la función que iba a cumplir, no solo en el sentido de un inmueble gubernamental, sino como una obra arquitectónica del México moderno. Sin embargo, con el sismo del pasado 19 de septiembre de 2017, este inmueble ya no se encuentra en posibilidades estructurales de responder a las necesidades de albergar y ser sede de la secretaría encargada de generar vías de transporte y comunicación para México; dado su deterioro y porque la demolición es inminente y debió haber sucedido desde 1985, este espacio ha dejado de ser funcional y ha sido demostrado que el terreno que lo albergó no responde a las necesidades de un inmueble de tal magnitud, por lo que es preciso darle un uso diferente, en el que no se ponga en riesgo la vida de quienes se encuentren en él o la de las zonas aledañas, densamente pobladas.

Por tal razón, no debemos ser ajenos a la historia tanto arquitectónica del inmueble como del suelo en donde se ubica, pues siendo sensibles y sumamente conscientes, sería un despropósito, una idea necia, persistir en la idea de cimentar nuevos edificios en un terreno donde en dos episodios sísmicos con casi tres décadas de diferencia entre uno y otro, el mismo inmueble sufrió daños graves; en el primero un derrumbe parcial que costó la vida de personal de limpia, guardias y recepcionistas -y que no cobró más vidas porque el sismo ocurrió antes de las 9 de la mañana, hora de entrada del personal- y en el segundo, poniendo en verdadero riesgo la vida de casi tres mil personas que se encontraban laborando ahí al momento del sismo, ello sin considerar el patrimonio muralista que cubre la estructura de los edificios.

Por estas razones, esta honorable Cámara de Diputados, siendo sensible a la situación, entendiendo que la obsesión de construir un nuevo inmueble en el mismo terreno donde ya colapsó en dos ocasiones el complejo gubernamental que se pretende sustituir no debe estar por encima de la lógica, las características del suelo y, sobre todo, de la vida de personas que laboran en dicha dependencia, debe hacer un enérgico llamamiento al gobierno federal a que no persista en la idea de edificar en ese mismo sitio una nueva sede para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Asimismo, consideramos que esta lamentable situación debe ser la oportunidad, una valiosa enseñanza que permita aprovechar los terrenos que quedarán vacíos ante la inminente demolición del Centro SCOP y desde una perspectiva en favor de la persona humana y apegada a la realidad social, se proyecte y construya en ese sitio, un parque tecnológico, urbanístico y ambiental, que se convierta en un verdadero centro de comunicaciones pero ahora entre vecinos y entorno, que permita ubicar en una de las delegaciones con el mayor desarrollo inmobiliario del país y en donde el concreto y el asfalto han sustituido los espacios libres y de disfrute, un verdadero pulmón para la Ciudad de México.

No solo es viable sino que se vuelve necesaria la medida, ya que la zona central de la Ciudad de México es de las que más ha sufrido los embates de la falta de una verdadera política de desarrollo urbano, de la falta de planeación como ciudad, del descuido por parte de las autoridades en lo que respecta a mantener la calidad de vida de las personas y en donde la dinámica social y la convivencia armónica están totalmente ausentes.

Desde hace por lo menos medio siglo, esta zona de la Ciudad de México ha sufrido el descuido gubernamental, la falta de planeación urbana y, por el contrario, sus habitantes, particularmente sus vecinos, han sido generosos y estoicos ante la llegada de enormes e impersonales complejos gubernamentales, como el que tuvo que padecer el embate de dos sismos para entender que ése no era su sitio en el mapa urbanístico de la capital.

Por otra parte, el centro SCOP resguarda 15 murales que desde 1954 se encuentran en el inmueble, mismos que tras las afectaciones del S-19 serán llevados a unas bodegas acondicionadas donde recibirán mantenimiento mientras se decide en donde reubicarlos.

Las obras son de José Chávez Morado, Juan O’Gorman, Arturo Estrada y Rosendo Soto, y describen la lucha del pueblo mexicano por su libertad, así como la fecundidad de la tierra y los servicios de transporte y las comunicaciones.

Juan O’Gorman realizó los murales “Canto a la Patria”, “Independencia y Progreso”, y “Los Libertadores”; mientras que Chávez Morado plasmó murales como “Los Mayas”, “Conquista y Libertad” y “Los Aztecas”. Además, hay otros murales como “Cosmogonía” y “Cuatro siglos de Comunicaciones”; así como esculturas de Francisco Zúñiga y Rodrigo Arenas Betancourt; todas las obras mezclan la época prehispánica, virreinal y el siglo XX con las comunicaciones y el transporte.

Es importante el rescate de los murales y esculturas del inmueble, pues forman parte del patrimonio cultural de la nación mexicana, hecho que sin duda implica un complejo y bien diseñado proyecto que las autoridades correspondientes deberán determinar para garantizar el correcto desmontaje, resguardo y almacenaje de las obras.

Independientemente de las responsabilidades y la falta de una visión de desarrollo urbano que no comprometiera la calidad de vida de los habitantes de la colonia Narvarte y zonas aledañas, es preciso reconocer que el gobierno tiene una enorme deuda con la sociedad y específicamente con los vecinos de esas zonas de la Ciudad de México, deuda que sin lugar a dudas quedaría saldada con la proyección y construcción de un parque de las características antes citadas.

En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado se propone la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. Esta honorable Cámara de Diputados hace un exhorto al jefe del Ejecutivo federal y al secretario de Comunicaciones y Transportes, a fin de que no se persista en la idea de construir un nuevo edificio para la sede de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el sitio que actualmente ocupa el denominado “Centro SCOP” y que sufrió daños estructurales durante los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017.

Segundo. Esta honorable Cámara de Diputados solicita al titular del Poder Ejecutivo federal, inicie los trámites y acciones legales correspondientes a fin de que el predio ubicado en el cuadrante de avenida Xola, entre avenida Universidad, específicamente en Eje Central Lázaro Cárdenas número 567, en donde se encuentran actualmente las instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes denominado “Centro SCOP” y que resultó con daños estructurales graves por el sismo del pasado 19 de septiembre del 2017, sea utilizado para la construcción de un parque tecnológico, urbanístico y ambiental que pueda ser un pulmón de la Ciudad de México, en beneficio y disfrute de sus habitantes.

Tercero. Esta honorable Cámara de Diputados solicita al titular del Poder Ejecutivo federal, al secretario de Comunicaciones y Transportes y a la titular de la Secretaría de Cultura, iniciar coordinadamente las acciones correspondientes para inventariar, desmontar, trasladar, almacenar y resguardar los murales y esculturas que alberga el inmueble del “Centro SCOP” en las condiciones idóneas que garanticen la correcta conservación de las obras e informar de manera pública el destino en dónde serán resguardadas. Considerando en dichas acciones coordinadas: Establecer un calendario para la toma de decisiones respecto a la realización de los estudios técnicos que permitan conocer la viabilidad de conservar el edificio o demolerlo; hacer públicas las argumentaciones técnicas que fundamenten y motiven la decisión de demoler el inmueble o conservarlo; y realizar una discusión pública respecto a la decisión que se tome con base a los resultados obtenidos de los estudios técnicos arquitectónicos e históricos estéticos que permitan determinar el estado que guardarán los murales y las esculturas, buscando en todo momento su correcta conservación pues forman parte del valioso patrimonio cultural mexicano.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 17 del mes de abril de 2018.

Diputado Santiago Taboada Cortina (rúbrica)