Proposiciones Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y la CRE a ajustar la fórmula de precios de los combustibles para disminuir el final pagado por los consumidores, a cargo del diputado Ariel Enrique Corona Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Ariel Enrique Corona Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, fracción II, numeral 2, fracción VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo con base en las siguientes:

Consideraciones

Primera. Uno de los componentes más importantes de la Reforma Energética fue sin duda la liberalización de las gasolinas, nuestro país transitó de un esquema de precios fijos a uno de precios máximos para posteriormente liberar completamente los precios a las condiciones de mercado. En este año con la política de precios máximos llevada a cabo por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) el país se dividió en un total de 90 regiones (7 en frontera y 83 al interior) que corresponden a las zonas que abastece la infraestructura existente de almacenamiento y reparto de Pemex.

Los precios máximos regionales se determinan mediante una fórmula establecida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la CRE bajo los componentes siguientes:

• Los precios de referencia internacional de cada combustible. Esto representa el costo de adquirir los combustibles en el mercado internacional, el precio de referencia utilizado será el de los mercados de la costa del golfo de Estados Unidos.

• Los costos de transporte, internación, flete y distribución de Pemex. Estos costos, aprobados por la Comisión Reguladora de Energía, varían para cada región.

• Otros conceptos, como los impuestos aplicables (IEPS, IVA) así como el margen comercial para las estaciones de servicio.

Bajo esta nueva fórmula el 1º de enero de 2017 los incrementos de las gasolinas fueron alrededor de 14. por ciento en el precio de la magna; 20. por ciento para la premium y de 16. por ciento para el diésel, con respecto al precio máximo observado en diciembre de 2016.

Segunda. Desde que la CRE comenzó con la publicación de los precios de referencia diarios en febrero del año pasado, el precio promedio de las gasolinas en las diferentes regiones no han sufrido cambios significantes a la baja, a pesar de que el tipo de cambio si ha disminuido. Así, de acuerdo con diversos medios de comunicación (Reforma, Milenio, Radio Red) en febrero de 2017 el precio de la gasolina magna fue 15.96, para la premium 17.76 y 17.03 para el diésel, mientras que la cotización interbancaria para la paridad precio-dólar fue 20.42 pesos; para finales de marzo el precio de la gasolina magna disminuyó solo 8 centavos al ubicarse en 15.88 pesos por litro mientras que el dólar se ubicó en 19.14 pesos, es decir un 1.28 pesos a la baja (-6.2 por ciento).

No obstante, para este 2018, el precio de los combustibles subió de nueva cuenta en un casi 4 por ciento tan solo en los primeros dos meses del año, por lo que el día de hoy se encuentran cerca de los 20 pesos por litro.

Tercera. La realidad es que precio del costo del litro de gasolina en las refinerías de Texas, más el IEPS son las dos variables que más afectan el precio al público y estas dos son usadas por la Secretaría de Hacienda para manejar de manera discrecional los precios, pues el objetivo de las autoridades en materia energética es mantener los precios de las gasolinas utilizando una fórmula que es meramente recaudatoria. No debemos olvidar que, en marzo de 2016, la CRE autorizó a Pemex incluir dentro del costo de transporte por ducto, los costos asociados a “las pérdidas operativas no técnicas”, es decir el robo de combustibles, por lo que desde entonces este ilícito lo pagan los consumidores.

Ante las condiciones antes descritas y el impacto negativo que estas medidas generan en la economía diaria de los ciudadanos mexicanos, el candidato Presidencial de la Coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, se comprometió a igualar los precios de la gasolina con la de Estados Unidos para así mejorar la economía de las familias mexicanas que se han visto severamente afectadas desde la aprobación de la Tóxica Reforma Hacendaria promovida por el Gobierno Federal. No obstante lo anterior, es necesario solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Reguladora de Energía que sean sensibles ante el impacto severo que tiene el aumento constante del precio de las gasolinas en los diversos productos de la canasta básica y en el bolsillo de todos los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Reguladora de Energía para que en el ámbito de sus atribuciones realicen los ajustes necesarios a la fórmula de precios de los combustibles para disminuir el precio final pagado por los consumidores.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 5 días del mes de abril de 2018.

Diputado Ariel Enrique Corona Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al funcionamiento de las plazas de cobro de Capufe en las regiones Centro-Oriente y Golfo, a cargo de la diputada Concepción Villa González, del Grupo Parlamentario de Morena

Concepción Villa González, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, miembro del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 3o., fracción XIX, 6o. numeral 1, fracciones I, II y IV, 36 y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a su consideración, la siguiente propuesta con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en nuestra Carta Magna y en los Tratados Internacionales de los cuales nuestro país sea parte; además, se prohíbe toda forma de discriminación; y, muy importante, se establece la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos. Aunado a lo anterior, en el artículo 25 de la Carta Magna se dispone:

“Artículo 25.... Corresponde al estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable , que favorezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático ...”.

Y, en el 26 de la Constitución federal se prevé:

“Artículo 26.

A. El estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional...

La planeación será democrática y deliberativa . Mediante los mecanismos de participación que defina la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad ...”.

Conforme al artículo 80º de nuestra Carta Magna:

“Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo en un solo individuo , que se denominará ‘Presidente de los Estados Unidos Mexicanos’” (cursivas, énfasis y subrayado agregados).

En la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) se establecen las bases de la administración pública federal centralizada y paraestatal, con atribuciones precisas para las dependencias adscritas al Poder Ejecutivo de la Unión. De acuerdo los artículos 1º, 2º (fracción II) y 26º, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es parte integrante de la Administración Pública Federal .

En lo que interesa, en el artículo 36º de la LOAPF se listan las atribuciones otorgadas a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes , entre las que tenemos la formulación y conducción de las políticas y programas para el desarrollo del transporte , el otorgamiento de concesiones y permisos para la explotación de autotransportes en las carreteras federales y la vigilancia técnica de su funcionamiento y operación , así como la fijación de la normas técnicas del funcionamiento y operación de los servicios de transportes.

En relación estrecha con lo anterior, en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal (LCPAF), se establece como objeto la regulación de los servicios de autotransporte federal que operen en los caminos y puentes federales y el tránsito en dichas vías .

De lo anterior se colige que el pacto fundamental y las leyes reglamentarias tienden, por un lado, a lograr el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas , sin distingo alguno y, por el otro lado, la obligación del Estado de garantizar dicho ejercicio , en el ámbito de sus competencias y atribuciones.

Además, en las leyes reglamentarias, se precisa que corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes -como parte de la administración pública federal—, la formulación y conducción de las políticas y programas para el desarrollo del transporte y la vigilancia técnica de su funcionamiento y operación

Segundo. Para cumplir con sus atribuciones, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha construido directamente o por terceros diversos tramos carreteros a lo largo del territorio nacional, administrados por organismos descentralizados (como Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, Capufe ) o por terceros.

Existen tramos carreteros que son de “libre paso” y tramos carreteros de “cuota”. En éstos, la cuota de peaje comprehende los gastos destinados a la operación, conservación, reconstrucción y mejoramiento de los mismos. El pago de una cuota por transitar por la vía concesionada supone diversos beneficios para el usuario: disminuir el tiempo de tránsito de un punto a otro, reducir el gasto del combustible para impulsar el vehículo automotor o contar con mejores condiciones de seguridad vial, entre otros. Consecuentemente, se considera que lo anterior contribuiría a mejorar las condiciones de productividad de nuestro país.

Por ello, se han establecido diversos mecanismos y especificaciones que pretenden agilizar el paso de los vehículos en las casetas de peaje, entre ellos los sistemas electrónicos de cobro, con tarjetas pre-pagadas o de crédito, automatización de los pagos, habilitar carriles adicionales a los establecidos permanentemente, carriles exclusivos para usuarios frecuentes o que cuenten con convenios de transferencia electrónica de fondos, tarjetas pre-registradas, entre otras.

Cada vez con mayor frecuencia y por diversos motivos –reparaciones, modificaciones o construcciones adicionales, señalización incorrecta, antenas de detección obstruidas,1 pocos carriles exclusivos, falta de inter-operabilidad (uso de diversas tarjetas sin importar marca del tag)—2 los usuarios se quejan de que los mecanismos de cobro no son eficientes,3 lo que dilata innecesariamente el cruce por las diversas casetas de peaje4 y concomitantemente incrementa los costos inherentes al transporte de personas y mercancías: pérdida de tiempo, mayor gastos de combustible, pérdida de horas-hombre, desgaste de vehículos, afectaciones a la salud física y emocional de conductores, mayor exposición a gases tóxicos, entre otros más.

El problema se ha agudizado hasta el punto de afirmar que los congestionamientos en las plazas o casetas de cuota se han convertido en uno de los principales problemas que enfrentan los usuarios de carreteras de peaje, llegando al extremo de tener que detener el vehículo por completo, por lapsos de tiempo extremadamente prolongados ; lo que es absurdo e injusto en casetas de peaje con sistemas electrónicos.

Ante el reclamo de los usuarios, frecuentemente los administradores del servicio, a cargo de la gestión de cobro del peaje, aducen que el aforo vehicular es inusual y que ésta es la causa del congestionamiento en las casetas de cobro.

Lamentablemente, lo que se argumenta como una causa excepcional, en algunos tramos carreteros, se ha vuelto parte de la cotidianeidad. Así sucede en los tramos carreteros siguientes:

Estos tramos carreteros, son administrados y operados por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe ) y forman parte del Fondo Nacional de Infraestructura (Red FNI ).

Además de las acciones inmediatas que la SCT adopte para resolver el problema; es necesario que la SCT, como autoridad federal rectora en la materia, requiera a Capufe los reportes diarios de incidencias en las plazas de cobro, para que se analice y estudie con seriedad y responsabilidad las causas de la dilación extremadamente prolongada (asociadas con los sistemas electrónicos de cobro), y, en ejercicio de sus atribuciones, emita los lineamientos técnicos para su correcto funcionamiento y operación .

Compañeras y compañeros Diputados, es necesario que las autoridades SCT y Capufe cumplan con su obligación de vigilar que los sistemas electrónicos de peaje y medios electrónicos de pago funcionen de manera correcta y satisfactoria; para ello, es necesario que se revise los procesos administrativos, de operación y de control inherentes a la identificación, registro y cobro de peaje electrónico y se requiera a estas autoridades los registros de incidencias diarias, con la finalidad ulterior de brindar un servicio eficiente, eficaz y expedito, acorde con la cuota que han cubierto los usuarios.

Por lo anterior, someto a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal a vigilar y garantizar a los usuarios de la red del Fondo Nacional de Infraestructura que los sistemas electrónicos de peaje y medios electrónicos de pago funcionan de manera correcta y satisfactoria, en los tramos carreteros precisados; requiera a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos haga pública la situación relacionada con los incidentes diarios en las casetas de cobro.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal a que, una vez que Capufe haga públicos los incidentes en las plazas de cobro, analice las causas de las demoras relacionadas con los sistemas electrónicos de cobro de peaje, emita los lineamientos técnicos tendientes a su solución y haga público lo relativo a esa problemática.

Notas

1 Ana Valle, “Usuarios padecen fallas con telepeaje en autopistas”, diario El Financiero, 5 de marzo de 2015, visible el 16 de marzo de 2018 en: http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/usuarios-padecen-fallas-en-tele peaje.html

2 Ana Valle, “Telepeaje dinámico falla en mejorar el sistema de cobro en las autopistas”, diario El Financiero, 4 de marzo de 2015, visible el 16 de marzo de 2018 en:

http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/telepeaje-dinami co-falla-en-mejorar-el-sistema-de-cobro-en-las-autopistas

3 Hiroshi Takahashi, “¿Otra vez te falló el tag en carretera?”, diario electrónico Forbes, 29 de septiembre de 2016, visible el 15 de marzo de 2018 en: https://www.forbes.com.mx/otra-vez-te-fallo-tag-carretera/

3 Darío Celis Estrada, “Fallas en el telepeaje” , diario electrónico Debate, 27 de septiembre de 2016, visible el 15 de marzo de 2018 en: https://www.debate.com.mx/opinion/Fallas-en-el-telepeaje-20160926-0235. html

Ciudad de México, a 5 de abril de 2018.

Diputada Concepción Villa González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de realizar un diagnóstico integral de la política migratoria conducente a diseñar un plan de acción y programación de recursos para atenderla, generar estadísticas actualizadas y armonizar el correspondiente marco normativo, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quienes suscriben, Rosa Alba Ramírez Nachis, Angie Dennisse Hauffen Torres y Salvador García González, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XX, 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

México es parte del corredor migratorio de América del Norte, el más transitado del planeta, como nación de ingreso y tránsito de extranjeros, con 1 960 189 kilómetros cuadrados de superficie continental,1 por el que pasan cada año miles de migrantes provenientes de otros países, principalmente del Triángulo Norte de Centroamérica: Honduras, Guatemala y El Salvador.

Debemos entender la migración como un fenómeno tan antiguo como la misma humanidad.

La movilidad ha permitido al ser humano la supervivencia y el desarrollo de la personalidad, cuya esencia radica en la dignidad de la persona.

Para nadie debe ser ajeno que la migración es reconocida internacionalmente como un derecho humano.

Las personas que migran cruzan las fronteras de los estados y se movilizan entre países para mudar su lugar de residencia de manera permanente o temporal por motivos diversos, entre los cuales se pueden enunciar: la reagrupación familiar; búsqueda de mejores condiciones económicas, sociales o culturales, o para escapar de la pobreza extrema, la degradación ambiental, la violencia u otras formas de abuso y persecución a las que se ven sometidos.

La migración se aborda desde dos puntos de vista:2

À Desde el país de origen –de donde sale el movimiento poblacional, entendido como emigración–; y

À Desde el país de destino –adonde llega el movimiento poblacional, entendido como inmigración.

Y de igual manera, y desde la visión particular de un país como México, la migración debe considerarse desde dos puntos de vista adicionales:3

À Desde el país por donde transita el movimiento poblacional en su ruta hacia otro, entendido como transmigración, o migración de tránsito; y

À Desde el país adonde regresa el movimiento poblacional, después de haber residido cierto tiempo en otro, entendido como migración de retorno.

Hay dos tipos de flujos migratorios, los regulares, que se refieren a los extranjeros que solicitan su ingreso por medio de canales reconocidos y legales para entrar al país y que cumplen con los requisitos impuestos por los Estados; y los irregulares, que corresponden a los migrantes que ingresaran ilegalmente, infringiendo las normas de admisión del país.

Como es un asunto de interés social prioritario para la bancada de los diputados ciudadanos que representamos, nos dimos a la tarea de conocer los avances gubernamentales en política migratoria, para lo cual nos remitimos al informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) “Evaluación número 1787-Gb, Política pública migratoria”,3 que emitió en la tercera entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2016.

En dicho informe se realza la importancia de que se haya promulgado la Ley de Migración el 25 de mayo de 2011, a fin de regular el ingreso, tránsito, estancia y salida de los migrantes, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos.

Pese a esos esfuerzos, a 2016, la ASF indica lo siguiente sobre la política migratoria en México: “El Estado mexicano no ha definido de manera concreta una problemática asociada al fenómeno migratorio, y de acuerdo con la información señalada en los documentos oficiales, se identificó que únicamente se realizó en términos cualitativos y carece de una conceptualización precisa relacionada con las problemáticas a las que se enfrentan los flujos regulares, en tanto que para los flujos irregulares carece de una estimación sobre los eventos de entrada, tránsito y salida de los migrantes en esa situación, por lo que el diseño de la política tuvo un sustento insuficiente, lo que podría explicar las debilidades en su implementación y resultados...”3

Ahondando en los relevantes de la política pública migratoria, que se destacan en el informe en comento, se presentan los siguientes:

Planeación

• Si bien se definieron objetivos para mejorar las normas jurídicas administrativas y para desarrollar políticas integrales de respeto a los derechos humanos de los migrantes no se identificaron aquellos objetivos para atender la causa que se refiere a la ausencia de registros y mecanismos para identificar las normas jurídicas y administrativas que requieren homologación.

• Fueron establecidos objetivos relacionados con la difusión de los derechos de los migrantes, pero no respecto de la capacitación de los servidores públicos que interactúan con ellos.

• Se establecieron objetivos relacionados con la documentación de los flujos regulares, mediante el registro de entradas, salidas y estancia de extranjeros, así como una gestión migratoria eficaz y la promoción y protección de los extranjeros de los flujos irregulares, con énfasis en la organización y funcionamiento de las estaciones migratorias y en la eficiencia de los protocolos de revisiones migratorias, respetando los derechos humanos. Pero fue incompleto, debido a que los objetivos establecidos por el Gobierno Federal en la verificación no reflejan la dimensión del problema, ya que únicamente se enuncia el propósito de comprobar y facilitar la movilidad humana, sin que se propongan elementos específicos para lograrlo, y sobre el factor causal relacionado con la revisión, no se incluyen compromisos orientados a la inspección de lugares en los que se presuma la presencia de migrantes sin documentos.

Control

Se incluyeron una mayor variedad de objetivos, estrategias y líneas de acción, relacionadas con la creación de sistemas de información y homologación de principios y el uso de tecnologías y telecomunicaciones en los puntos de entrada y salida de migrantes extranjeros; sin embargo, en el Programa Sectorial de Relaciones Exteriores, no se incluyeron objetivos vinculados con lo establecido en la Ley de Migración, lo que denota falta de coordinación que permita el cumplimiento de la ley por parte de todas las autoridades migratorias.

Presupuestos

• En cuanto a los recursos presupuestarios para poner en marcha la política migratoria, la máxima entidad de fiscalización superior en México determinó que el diseño presupuestario presentó deficiencias ya que no existió una categoría programática que agrupara el presupuesto de las entidades y dependencias que participaron en la instrumentación de la política migratoria, y no todas contaron con programas presupuestarios exclusivos para atender sus obligaciones en la materia.

• Enfatiza que las autoridades auxiliares que se establecen en el diseño normativo e institucional de la Política Migratoria no programaron ni ejercieron gasto público en actividades particulares de la política, por lo que tampoco se pueden prever las necesidades presupuestarias en la atención de cada uno de ellas.

• Si bien los recursos que fueron presupuestados tuvieron un crecimiento de 12.1 por ciento de 2011 a 2016, éste no fue proporcional al incremento, de 378.7, observado en los eventos de migrantes de los flujos regulares y de 179.7 en eventos de los flujos irregulares en dicho periodo.

• La ASF se vio impedida para determinar si el presupuesto ejercido para contrarrestar la persistencia de los agravios en contra de los derechos de los migrantes fue suficiente, lo que ocasiona que persista la situación de vulnerabilidad al ingresar, permanecer, transitar o salir de territorio nacional por parte de los flujos de migrantes.

Armonización

La ASF consideró que la superestructura jurídica de la Política Pública Migratoria esta armonizada con los tratados internacionales a los que se ha suscrito el país, los cuales guardan congruencia con la CPEUM y existen leyes para garantizar que se respeten, protejan y ejerzan los derechos de los migrantes; no obstante, identificó debilidades en el diseño normativo que tuvieron implicaciones en la implementación del componente de garantía, debido a que la Segob carece de mecanismos de armonización, por lo que los avances en la homologación del marco jurídico fueron desordenados y aislados, a pesar de que a 2016 se han armonizado 9 de los 23 ordenamientos relacionados con la política migratoria y 14 de ellos no han sido actualizados con base en la Ley Migratoria.

Coordinación

En cuanto a coordinación de esfuerzos, se identificó debilidad en su diseño estructural, ya que no incluye entre sus integrantes activos a la Comar, PGR, Inmujeres, Ssa, Sectur, ni a la PF, que son autoridades establecidas por la ley para el auxilio y apoyo en la ejecución, y limita posibles contribuciones para una mayor eficacia, por lo que dichas debilidades tuvieron efectos adversos en el éxito de la coordinación.

Capacitación de las estructuras gubernamentales

En el periodo 2011-2016 se incrementó el porcentaje de la capacitación en materia migratoria en 32.5: pasó de mil 457 acciones a mil 931. Sin embargo, se considera que la información sobre la capacitación y la difusión no permitió identificar la contribución de este componente en la prevención de la persistencia de las violaciones a los derechos humanos de los migrantes.

Otros datos relevantes

• Se conoció que el INM no dispuso de información relativa a los eventos vía marítima.

• El Registro Nacional de Extranjeros no fue actualizado, lo que impidió la integración del Catálogo de los Extranjeros Residentes en la República Mexicana, por lo que se desconoce el total de extranjeros en nuestro país, y el estatus en el que se encuentran.

• El INM carece de información de la situación los extranjeros en las condiciones de estancia: visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas, con permiso para realizar actividades remuneradas, visitante trabajador fronterizo, y visitante por razones humanitarias, situación que evidencia una ausencia de mecanismos para conocer dónde están, qué hacen y si cumplen con las obligaciones previstas en la ley asociada a la condición con que ingresaron.

Cifras estadísticas (dato duro)

• Se identificó que los registros del INM no permitieron conocer la resolución migratoria de 122 mil 778 (17.1 por ciento) extranjeros. De 90 mil 97 (15.1) migrantes no se registró en los archivos administrativos del instituto el procedimiento por el cual salieron de las estaciones o estancias; de 579 mil 942 (97.3) se desconoce por qué se prolongó la estancia en las estaciones migratorias y provisionales. De 105 mil 195 menores de edad presentados ante el INM, 61 mil 513 (58.5) no fueron canalizados al Sistema Nacional DIF, sin que se señalaran las causas respectivas, y de 653 (0.6), el INM contó con los registros sobre la resolución de su situación migratoria.

• En cuanto a las condiciones en que se resguarda a los migrantes en los lugares de alojamiento, se determinó que de las 58 instancias para resguardo de migrantes irregulares a cargo del INM, 32 (55.2 por ciento) son estaciones migratorias y 26 (44.8) provisionales. Las primeras contaron con una capacitad instalada total de 3 mil 705 migrantes; sin embargo, el total de migrantes alojados, en promedio, fue de 7 mil 725, por lo que es posible que se hayan alojado 4 mil 20 migrantes más de los que la capacidad instalada permitía, en tanto que, de las segundas, su capacidad instalada fue de 660 migrantes, y se estima que, en promedio, se alojaron 2 mil 558 extranjeros, mil 598 más de lo establecido.

• La supervisión en las estaciones migratorias y estancias provisionales fue insuficiente, ya que no cubre las 58 instancias para el alojamiento de migrantes, y no existe una planeación estratégica para incrementar anualmente su cobertura. Entre las observaciones más relevantes de la supervisión en los lugares de resguardo de migrantes irregulares resaltan las relacionadas con las deficiencias que impiden que los migrantes ejerzan sus derechos de recibir atención médica, psicológica, realizar una llamada a un representante consular o alguien de confianza de los alojados, tener acceso áreas de esparcimiento y materiales didácticos, lo cual, ha provocado en algunos migrantes, depresión y agresividad, en el caso de menores de edad, no se les procura un trato adecuado.

• De acuerdo con los registros del INM no es posible identificar en qué medida el instituto acompañó a los migrantes en el proceso para denunciar ante las autoridades ministeriales los delitos de los que fueron víctimas o testigos, ni sobre los procesos de impartición de justicia.

Por lo expuesto, y en opinión de la Auditoría Superior de la Federación respecto al diseño y la implantación de los componentes de garantía, coordinación, ordenamiento, promoción y protección de la política migratoria, se concluye que “no ha logrado atender suficientemente las problemáticas identificadas en los diagnósticos oficiales, debido a que continúa existiendo una coordinación institucional carente de efectividad, la falta de diagnósticos y mecanismos para una armonización integral y ordenada del marco normativo de la política, así como deficiencias en el ordenamiento de los flujos regulares, una promoción sin contribución efectiva en la prevención de los delitos en contra de los migrantes ni en el empoderamiento de los migrantes respecto de sus derechos, así como de instrumentos de protección facilitan condiciones para la vulneración de los migrantes y la persistencia en las violaciones de sus derechos humanos...”3

Atendiendo las recomendaciones de la ASF, los diputados ciudadanos que suscribimos este punto de acuerdo, consideramos pertinente exhortar respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a realizar de acuerdo con sus atribuciones un diagnóstico integral de la política migratoria en la que se identifique la problemática de los flujos regulares e irregulares, las carencias en materia de infraestructura para la operación de los servicios migratorias, la focalización de la capacitación del personal que tiene contacto con los migrantes y de la difusión de los derechos humanos de los migrantes, y determine las deficiencias de los lugares de alojamiento de migrantes en materia de servicios, infraestructura y operación, a partir del cual se diseñe un plan de acción y programación de recursos para su atención y generación de estadísticas actualizadas; y proponga la armonización del marco normativo que elimine la ambigüedad o necesidad de complementariedad entre las leyes que forman parte del acervo normativo migratorio y este ejercicio invite al involucramiento del Poder Legislativo para que en conjunto, se facilite y posibilite una implementación efectiva de los componentes de coordinación, ordenamiento, promoción y protección de la política migratoria.

Y de igual manera, a la Secretaría de la Función Pública, para que de acuerdo a sus atribuciones, para que considere reforzar la vigilancia de la planeación de actividades y ejercicio presupuestal tanto de la Secretaría de Gobernación y de las entidades involucradas en la política migratoria a fin de que se dé certeza del cumplimiento de sus responsabilidades conferidas.

En virtud de lo expuesto sometemos a consideración de esta asamblea la proposición siguiente con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a realizar de acuerdo con sus atribuciones un diagnóstico integral de la política migratoria donde se identifique la problemática de los flujos regulares e irregulares, las carencias en materia de infraestructura para la operación de los servicios migratorias, la focalización de la capacitación del personal que tiene contacto con los migrantes y de la difusión de los derechos humanos de los migrantes, y determine las deficiencias de los lugares de alojamiento de migrantes en materia de servicios, infraestructura y operación, a partir del cual se diseñe un plan de acción y programación de recursos para su atención y generación de estadísticas actualizadas; y proponga la armonización del marco normativo que elimine la ambigüedad o necesidad de complementariedad entre las leyes que forman parte del acervo normativo migratorio y este ejercicio invite al involucramiento del Poder Legislativo para que en conjunto se facilite y posibilite una implantación efectiva de los componentes de coordinación, ordenamiento, promoción y protección de la política migratoria.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública a considerar de acuerdo con sus atribuciones reforzar la vigilancia de la planeación de actividades y ejercicio presupuestal tanto de la Secretaría de Gobernación y de las entidades involucradas en la política migratoria a fin de que se dé certeza del cumplimiento de sus responsabilidades conferidas.

Notas

1 Extensión de México, Inegi, disponible en
http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/extension/defaul t.aspx?tema=T Consultado el 3 de abril de 2018.

2 Diagnóstico de los distintos flujos migratorios que tienen lugar en México desde una perspectiva histórica y comparativa con el contexto internacional, Universidad Autónoma de Sinaloa, disponible en

http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/R esource/2032/1/images/Entregable%201%20090614_VF.pdf Consultado el 3 de abril de 2018.

3 Evaluación número 1787-Gb, “Política pública migratoria”, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación Cuenta Pública de 2016, segunda entrega, disponible en

http://informe.asf.gob.mx/Entrega3/Documentos/Auditorias /2016_1787_a.pdf Consultado el 3 de abril de 2018.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2018.

Diputados: Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica), Angie Dennisse Hauffen Torres, Salvador García González.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a rendir un informe público sobre el actual número de operadores de autotransporte público federal y coordinar con los participantes del sector una estrategia para estimular la actualización de insumos e infraestructura en las instalaciones de capacitación, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXIII Legislatura, de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En México, el sector del autotransporte federal de carga constituye un elemento fundamental para el desarrollo económico, aunado a que forma un elemento de integración nacional; este medio de transporte sobresale debido a que tiene una participación económica relevante, al aportar el 4.8 del PIB nacional y que registra alrededor de 2 millones de empleos directos.i

El servicio que brinda el autotransporte de carga ha cobrado relevancia debido, principalmente, a su alto grado de participación en la cadena productiva, ya que suministra servicios a todos los sectores productivos de México; por lo cual se ha posicionado como el principal medio para realizar traslados terrestres de mercancías, después del desuso del ferrocarril, por lo cual podemos sostener que es un medio insustituible para el crecimiento de la economía y el suministro de productos para todas las familias mexicanas.

Por lo anterior, es necesario realizar una revisión a los elementos que podríamos reforzar, a fin de implementar políticas y acciones de capacitación que nos permitan continuar incrementando la productividad y la competitividad de este sector.

Un estudio realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal),ii realizado en cuatro países de América Latina, arroja información relevante al respecto, ya que señala que las medianas y grandes empresas que han agregado valor a sus procesos, a través de la innovación y capacitación de sus recursos humanos, han aumentado su competitividad.

De acuerdo con cifras proporcionadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el sector de autotransporte federal mueve al 81 por ciento de la carga terrestre y 56 por ciento de la carga nacional, además de movilizar el 97 por ciento del total nacional de los pasajeros.iii

Estos números denotan la importancia que tiene a nivel nacional el autotransporte terrestre, sin embargo, no podemos soslayar los retos a los cuales se enfrenta la industria, como es mantener los niveles de eficiencia en el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, a fin de mantenerse en un nivel de competitividad ante los mercados internacionales.

Uno de los factores indispensables para mantener elevados estándares de calidad es la capacitación, la cual debe ser constante y con contenidos múltiples, que no sólo incluyan instrucción vial, conocimiento de la normatividad en la materia, sino cuestiones de salud, psicológicas, familiares, emocionales, tecnología de vehículos, primeros auxilios, entre otras. De acuerdo con el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud en el Trabajo (NIOSH),iv los conductores del transporte de carga son propensos a sufrir hipertensión, obesidad, problemas con el colesterol, complicaciones auditivas, trastornos musculo esqueléticos y accidentes propios de la actividad.

Sin embargo, no es posible establecer un mecanismo de capacitación de largo alcance, con objetivos definidos y sujetos a evaluación, si desconocemos el número preciso de conductores de autotransporte de carga que actualmente circulan por nuestras carreteras.

La Encuesta Básica de Autotransporte Federal brinda cifras con respecto a los operadores que han sido capacitados, sin embargo, es importante conocer el número de aquellos que requieren una capacitación más amplia y constante que la requerida para obtener uno de los distintos tipos de licencia para este tipo de servicio.

Actualmente, la capacitación que se brinda como requisito para obtener o renovar los diferentes tipos de licencias federales de conductor se imparten en centros de capacitación y adiestramiento previamente autorizados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los cuales deben cumplir con un amplio listado de requisitos, entre los cuales se encuentran:

“Descripción de las instalaciones, con que cuenta el centro de capacitación, así como de los equipos y su información técnica. l) Documentación que acredite la legítima posesión del equipo de cómputo, vehículos y/o simulador y motor, según el tipo de capacitación y modalidad del servicio de que se traten (factura, carta factura, contrato de comodato o convenio vigente).”v

No obstante, a pesar del esfuerzo mostrado por instituciones públicas como el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) y los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (Cecati) por brindar atención de calidad, al pertenecer a los centros de capacitación autorizados por la SCT, es importante destacar que parte de la infraestructura con la que están equipados resulta obsoleta, ya que los constantes cambios tecnológicos que se presentan en las unidades hacen que los simuladores parezcan desfasados.

Cabe señalar que los simuladores de manejo son herramientas cruciales para un entrenamiento efectivo de los operadores de camiones, dado que complementan los aspectos teóricos y, con ello, les permite conocer los límites de seguridad de sus unidades.vi

Es por ello que el Grupo Parlamentario Nueva Alianza considera indispensable contar con el número preciso de operadores de autotransporte de carga federal, que permita establecer mecanismos de capacitación integrales, eficientes y eficaces. Para lo cual también es necesario que la Secretaría en comento diseñe e implemente una estrategia que permita coordinar a quienes tengan el interés por realizar donaciones materiales y/o económicas para actualizar las instalaciones destinadas a la capacitación.

El servicio que brindan los transportistas federales es de innegable relevancia para todas las personas que día a día hacemos uso de productos que llegan a nuestras manos gracias al esfuerzo y colaboración de operadores mexicanos, quienes requieren una mejor capacitación que les permita una mejora continua, de la cual sin duda todos seremos beneficiarios. No les demos la espalda, compañeros diputados.

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a que realice un informe público sobre el número de operadores de autotransporte público federal que actualmente opera, a fin de establecer mecanismos que faciliten su capacitación.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a que coordine una estrategia con los actores que participan en el sector de autotransportes, a fin de estimular la actualización de insumos e infraestructura en las instalaciones de capacitación.

Notas

i Disponible en: http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGAF/EST_BASICA/
EST_BASICA_2015/Estadistica_Basica_del_Autotransporte_Federal_2015.pdf Cifras al cierre de 2015.

ii Disponible en:
https://www.cepal.org/publicaciones/xml/9/38399/lcw279e.pdf

iii Disponible en: http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/
DGAF/EST_BASICA/EST_BASICA_2015/Estadistica_Basica_del_Autotransporte_Federal_2015.pdf

iv http://blog.elinsignia.com/2017/09/30/plan-de-capacitacion-en-empresas- de-transporte-de-carga/

v Manual de Procedimientos de la Dirección General de Autotransporte Federal disponible en: http://www.sct.gob.mx/normatecaNew/wp-content/uploads/2014/02/MP-312-PR 07-P0131.pdf

vi http://www.imt.mx/archivos/Publicaciones/PublicacionTecnica/pt240.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los cinco días del mes de abril de 2018.

Diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Dirección General de Planeación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a reestructurar los lineamientos sobre el otorgamiento del subsidio para fortalecer el desempeño en materia de seguridad pública a los municipios, Fortaseg, a cargo del diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar, con fundamento legal en lo establecido por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión y demás disposiciones aplicables, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a la Dirección General de Planeación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que en acción de sus facultades, realice una restructuración de los lineamientos para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios incluidos en el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) con el fin de incentivar a los municipios que mejores resultados obtengan.

Exposición de Motivos

1. Ante los altos índices delictivos que se registran en todos los municipios de la República Mexicana, es necesario implementar acciones que resulten eficientes y que aunado a esto brinden prontos resultados.

La seguridad pública es una de las más importantes responsabilidades del Estado mexicano y constituye en buena medida su razón de ser. Este ramo estratégico ha venido enfrentando una situación de creciente vulnerabilidad en las últimas dos décadas, hasta convertirse, actualmente, en una de las problemáticas más urgentes a dar solución del gobierno federal.

2. La seguridad pública requiere de la coordinación de acciones de los diferentes órdenes de gobierno, cada uno desde su esfera de competencia, de cuya consolidación deriva el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Antecedentes

3. Desde los años 90 el fenómeno de la delincuencia ha ido en aumento en su incidencia, por motivo de este fenómeno es que obligatoriamente se ha tenido que realizar una reformulación de diseño así como de su aplicación, todo esto acompañado de nuevos y diferentes modelos para solucionar esta problemática, estas estrategias han requerido de importantes y crecientes recursos humanos y económicos para su combate.

Los esfuerzos llevados a cabo desde esa década parten del reconocimiento de la necesidad de realizar cambios estructurales en la organización del sector encargado de su atención y de la creación del andamiaje jurídico que lo sustente.

4. En 1996 se publicó el decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Seguridad Pública 1995-2000, en el cual se establecen como líneas de acción: desarrollar normas para profesionalizar y hacer eficientes las funciones de los miembros de las instituciones de seguridad pública; optimizar la fuerza policial; instalar y operar el Sistema de Información sobre Seguridad Pública; instaurar el servicio civil de carrera policial; constituir y operar la Academia Nacional de Seguridad Pública; reformar sistemas y métodos en el tratamiento penitenciario y de integración; ampliar la infraestructura carcelaria y dignificar la existente; así como revisar y actualizar las leyes en esta materia.

5. Con objeto de coordinar la participación de los gobiernos federal y estatal en el Sistema Nacional de Seguridad Pública en 1997 se firman los Convenios de Coordinación en Materia de Seguridad Pública. En ellos se definieron las aportaciones de cada ámbito de gobierno, el destino que se daría a los recursos, los compromisos adquiridos por los gobiernos estatales, así como los mecanismos de evaluación y control de su ejercicio. Para el cumplimiento de lo anterior, el gobierno federal presupuestó en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, los recursos correspondientes a sus aportaciones al sistema.

6. Para sustentar los motivos expresados podemos mostrar los números del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), donde se ve reflejada la incidencia delictiva y tipo de crímenes del año 2010 al año 2016.

Tasa de incidencia delictiva por entidad federativa de ocurrencia por cada cien mil habitantes

7. Según un artículo publicado por la revista Forbes México 1 señaló a los diez estados más inseguros del país, por lo que se deduce lógicamente que los municipios de estas entidades no se encuentran en mejores condiciones de seguridad pública.

En el primer semestre del año 2017 se obtuvieron los siguientes datos.

Baja California Sur: establecido en esta medición con “doble rojo”, este estado tiene una tasa de 26.7 homicidios y 0.3 actos de extorsión por cada mil habitantes. En materia de extorsión este o aparece en primer lugar con 21.6 por cada mil habitantes y 97 robos de vehículo.

Zacatecas: reportó 15.1 homicidios, 2.1 secuestros, 5.7 actos de extorsión y 59 robos de vehículo por cada mil habitantes.

Veracruz: 9.9 homicidios, 1.1 secuestros, 3.1 delitos de extorsión y 52 robos de vehículos por cada mil habitantes durante el primer semestre de 2017.

Tabasco: reportó 7.3 homicidios, 2 secuestros por cada mil habitantes y es uno de los primeros tres estados en extorsión con 78, en robo a vehículo se reportaron 106 por cada mil habitantes.

Morelos: 17.4 homicidios por cada mil habitantes, 1.1 secuestro, en este indicador aparece con verde con 1.1 extorsiones, 88 en robo vehículo.

Del artículo mencionado rescató los cinco estados que resaltaron negativamente.

8. Todos estos ejemplos son para confirmar que la solución al problema de la inseguridad, no se encuentra en dar más recursos a los estados que no se esfuerzan en mejorar esta situación y que se quedan estancados en unas zona de conformidad y comodidad, y por otro lado los municipios que han visto resultados favorables no perciban ninguna clase de recompensa por su buena labor realizada, es por esto que pienso que debería de haber un incentivo a los municipios que van a la alza en materia de seguridad pública, y que de esta forma puedan seguir aumentando las cifras favorables. La supuesta remuneración podría provenir de un porcentaje descontado a los municipios con mayor índice delictivo y que se reparta entre los tres estados con mejores resultados.

Además este presupuesto extra para los municipios mejor calificados, tendrá como fin el seguir progresando con los objetivos y líneas de acción establecidas en los ejes estratégicos del Convenio de Coordinación, que en materia de seguridad pública celebran el gobierno federal y los gobiernos locales, principalmente para contribuir a la consolidación de las acciones relacionadas con la prevención del fenómeno delictivo; y atención a víctimas del delito; la participación y denuncia ciudadana; fortalecer los proyectos, acciones de construcción y mejoramiento de la infraestructura de las instituciones de seguridad pública.

Es en este sentido que un servidor perteneciente al Partido Acción Nacional considera oportuno proponer una restructuración de los lineamientos para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios Fortaseg con el fin de incentivar a los municipios que mejores resultados obtengan.

En este grupo parlamentario pensamos que es necesario ayudar a las entidades y municipios a seguir con los buenos resultados e impulsar a las que no los tienen, a trabajar para lograr los objetivos fijados.

Un elemento central de cualquier política de seguridad debe de ser la prevención del delito, buscar reducir los factores de riesgo que facilitan y propician conductas antisociales o ilegales, así como fortalecer los factores de protección que inhiben o atenúan el impacto de la delincuencia e inseguridad.

Por lo anteriormente expuesto y debidamente fundado, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Dirección General de Planeación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que en acción de sus facultades, realice una restructuración de los lineamientos para el otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios, Fortaseg, con el fin de incentivar a los municipios que mejores resultados obtengan.

Nota

1 María Fernanda Navarro/julio 26, 2017.
https://www.forbes.com.mx/los-10-estados-mas-inseguros-segun-semaforo-delictivo/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2018.

Diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y el gobierno de Puebla a declarar la alerta de violencia de género en la entidad, a cargo de la diputada Concepción Villa González, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal Concepción Villa González, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita a la Secretaría de Gobernación y al gobierno del estado de Puebla, declarar la alerta de violencia de género en consecuencia de la alta violencia que sufren las mujeres en esta entidad.

Exposición de Motivos

El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia es un derecho humano establecido en el artículo Primero Constitucional y en los tratados internacionales como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer, y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer así como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia. Todas estas leyes, y tratados internacionales, son vinculantes para el Estado mexicano y constituyen estándares internacionales en materia de protección de derecho humanos, con los cuales las autoridades deben implementar acciones, mecanismos en coordinación con los tres niveles de gobierno, para garantizar la vida de las mujeres libre de violencia y evitar que se siga incrementando los feminicidios en el estado de Puebla.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU-Mujeres) expuso que en México en promedio siete mujeres son asesinadas al día. “Los niveles de violencia son altos y alarmantes” en el país, 66 por ciento de las mexicanas manifiesta haber sido víctimas de esta en algún momento de sus vidas.1

De acuerdo a la legislación vigente, la tarea de declarar la alerta de violencia de género corresponde al gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, a quien le corresponde notificar la declaratoria al poder ejecutivo de la entidad federativa de que se trate. La alerta de violencia de género contra las mujeres (AVGM), es la acción gubernamental de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad, establecida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.2

Los feminicidios son asesinatos motivados por la misoginia y expresan situaciones extremas de violencia contra las mujeres y niñas, con diversas formas de humillación, abandono, terror, maltrato físico y emocional, hostigamiento, abuso sexual, incesto, entre otros, según lo describe el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.3

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de las Mujeres y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Puebla de Zaragoza, se encuentra entre las entidades con el mayor número de feminicidios, conjuntamente con Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero, Jalisco, estado de México, Nuevo León, Oaxaca y Sonora.

Las mujeres víctimas de desaparición son más vulnerables a actos de violencia sexual u otras formas de agresiones de género. De acuerdo con el registro oficial hay 8 mil 495 desaparecidas en el país entre 2008 y finales de 2017. Las entidades más riesgosas son Estado de México, 2 mil 24 casos; Tamaulipas, mil 245; Puebla 855; Nuevo León, 647, y Sinaloa 365.4

En octubre de 2017 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al gobierno federal emitir la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género para el Estado de Puebla, a consecuencia del aumento de feminicidios. El organismo refirió que la gravedad de los casos pone de manifiesto la necesidad de que Puebla cuente con la declaratoria de alerta de violencia de género, y con ello se propicien las condiciones para la implementación de medidas de carácter urgente que pongan freno a los feminicidios.5

Según cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, en 2017 cada 19 horas se denuncia la desaparición de una mujer en el estado. Durante el año 2016, fueron en promedio un caso cada 31 horas y la cifra va en aumento.

De enero de 2012 a julio de 2017, Puebla acumula un total de 781 denuncias de mujeres desaparecidas y cuyos casos se encuentran activos, pues siguen sin ser localizadas. Ana Jetzi Flores, quien encabeza el Observatorio de Violencia Social y de Género en la universidad Iberoamericana de Puebla, señala que en las desapariciones, feminicidios y casos de violencia sexual que se han registrado hay una responsabilidad compartida entre los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, pues no se ha logrado contener el incremento en la violencia contra las mujeres en esta entidad.6

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que en la entidad, ha habido denuncias por feminicidios en Atlixco, Ciudad de Puebla, Calpan, San Martín Texmelucan, Tepeaca, Acajete, Acatlán, Amozoc, por citar algunos municipios.

Los datos que maneja el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, están conformados con información que le envía la Fiscalía General del Estado de Puebla. No obstante, estos difieren de los que el mismo organismo ha emitido mediante solicitudes de transparencia.

Sin embargo, en una solicitud de información realizada por defensoras de derechos humanos, la Fiscalía General del Estado de Puebla dijo que se incrementaron los procesos iniciados por el delito de feminicidio en el estado, pues durante 2015 se registraron 30 carpetas de investigación, en 2016 la cifra fue de 27 carpetas y, tan sólo de enero a agosto de 2017, la cantidad ascendió a 36 expedientes. Respecto a esta falta de coincidencia en las estadísticas, la activista Natali Arias dijo que: es evidente que las autoridades continúan sin tener acciones coordinadas respecto del tema de feminicidio. Y siguen sin reconocer que tienen grandes dificultades para investigar este delito, por un lado por el desconocimiento del protocolo para la investigación de este problema social.7

La disparidad entre las cifras de homicidios contra mujeres y el número de carpetas de investigación que se siguen por feminicidios difieren entre sí, y se agrava por la “falta de datos fidedignos y transparentes” sobre los asesinatos de mujeres ante la poca operatividad del Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de Violencia Contra las Mujeres que debería almacenar información veraz y actualizada y accesible de las 32 entidades federativas.

El 15 de marzo del presente año estudiantes de la Universidad Iberoamericana exigieron al gobierno del estado, se declare la alerta de género tras el intento de violación que sufrió una compañera y exhortaron a las autoridades que actúen ante la inseguridad que padecen las mujeres de Puebla.8

A pesar de las cifras y de la exigencia de activistas, académicos y de ciudadanos la alerta de violencia de género que se solicitó el 9 de marzo de 2016 no se ha declarado.

Es alarmante e indignante que después de los feminicidios que se han suscitado en el Estado de Puebla, el Gobierno de esta entidad no tenga preparado un programa, mientras que la violencia contra las mujeres aumenta.

La alerta de violencia de género se puede volver incómoda para los gobiernos estatales porque se tiene que reconocer que hay una violencia generalizada contra las mujeres en su entidad. En este contexto es responsabilidad del gobierno federal así como del gobierno del estado de Puebla ejercer todos los mecanismos necesarios para prevenir, disminuir y erradicar los feminicidios que se han registrado en esta entidad.

Se tiene que trabajar con responsabilidad y con mayor eficacia de una manera conjunta en coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal, porque claramente este problema ha rebasado al gobierno de Puebla y es reprobable seguir postergando la declaratoria y permitir que se sigan incrementando el número de feminicidios en esta entidad.

Por lo anterior se somete a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y al gobierno del estado de Puebla a declarar la alerta de violencia de género en consecuencia de los feminicidios que se han registrado en esta entidad.

Notas

1 Periódico La Jornada 7 de Marzo 2018 en México siete mujeres asesinadas al día ONU-Mujeres, página 4.

2 Artículo 22 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

3 Consultar; http://observatoriofeminicidiomexico.org.mx/team-view/feminicidio/

4 Periódico La Jornada 7 de marzo 2018, exige la CNDH, atender violencia contra mujeres, pág. 4

5 Disponible en http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/10/23/1196544

6 Disponible en https://www.animalpolitico.com/2017/10/puebla-desaparicion-mujer-gobier no-alerta/

7 Disponible en https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/suman-46-denuncias-por-feminicid io-en-puebla-1028116.html

8 Disponible; http://www.proceso.com.mx/526465/estudiantes-de-la-ibero-exigen-alerta- de-genero-tras-agresion-a-una-companera-en-puebla

Palacio Legislativo, Ciudad de México, a 5 de abril de 2018.

Diputada Concepción Villa González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno y la PGJ de la Ciudad de México a investigar y esclarecer cuanto antes el feminicidio de Graciela Cifuentes, académica de la UNAM, y su hija, Sol Cifuentes, estudiante de la Facultad de Arquitectura, así como a modificar y actualizar el protocolo de investigación y atracción de casos con presunción de feminicidio; y a la Conavim, a dar seguimiento a la actuación de las autoridades de procuración de justicia locales en torno del doble crimen, suscrita por las diputadas Claudia Sofía Corichi García y María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Las suscritas, Claudia Sofía Corichi García y María Candelaria Ochoa Ávalos, diputadas integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados someten a consideración del pleno de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que la honorable Cámara de Diputados exhorta al gobierno de la Ciudad de México y a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a investigar y esclarecer lo antes posible el doble feminicidio de Graciela Cifuentes, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, y su hija Sol Cifuentes, estudiante de la Facultad de Arquitectura, así como a modificar y actualizar el protocolo de investigación y de atracción de casos con presunción de feminicidio, y a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres a dar seguimiento a la actuación de estas autoridades en torno a este doble feminicidio, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. El 15 de marzo del presente año, Graciela Cifuentes, académica de la Facultad de Arquitectura y su hija Sol Cifuentes, estudiante de la misma Facultad, de la Universidad Nacional Autónoma de México, les arrebataron la vida al interior de su domicilio en la Delegación Álvaro Obregón, en un claro doble feminicidio.

II. Madre e hija fueron estranguladas, acuchilladas y calcinadas en el Callejón de Santa Rosa número 63 en la colonia Santa Rosa Xochiac, familiares aclararon que Graciela y Sol vivían momentáneamente en este predio, pues el departamento que tenían en la misma delegación resultó afectado por el sismo del 19 de septiembre.

III. Según los testimonios de familiares Sol, de 22 años, fue abusada sexualmente también, y según las indagatorias después de asesinarlas el atacante prendió fuego a la vivienda, tomó el auto de una de las víctimas y huyó del lugar.

IV. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México abrió la investigación turnando el asunto al área especializada en feminicidio de la Fiscalía Central de la Investigación para la Atención del Delito de Homicidio, CI FAO/AO-0/UI-3/C/D/1311/03-2017, y que, derivado de las declaraciones de algunos vecinos, no se descarta que el agresor pudiera ser un conocido y señalan a tres posibles sospechosos, el esposo de Graciela, el novio de Sol, también estudiante de la Facultad de Arquitectura y del trabajador que hacía reparaciones en la vivienda. Sin embargo, fue hasta el 31 de marzo, que a través de un vídeo los familiares de las víctimas alertaron del doble feminicidio, y hasta el pasado 2 de abril se difundió en los medios de comunicación.

V. El feminicidio es un acto delictivo que consiste en un homicidio doloso cometido contra una mujer por razones de género. En México, el Código Penal Federal, establece el delito de Feminicidio en el artículo 325 de dicho ordenamiento y señala que:

“Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo.

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia.

... VII.

A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión y de quinientos a mil días multa. Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio.”

En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio. Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia se le impondrá pena de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

VI. En la legislación de la Ciudad de México, este delito, se tipifica en el artículo 148 Bis, del Código Penal del Distrito Federal. Desde la tipificación de este delito, en julio de 2011 hasta septiembre de 2017 se tienen 276 Averiguaciones Previas y 51 carpetas de Investigación que hacen un total de 327; en el mismo lapso se pusieron a disposición de los jueces a 240 probables responsables e imputados, y de ese total a 212 personas se les consignó o vinculó a proceso, es decir: 88.3.1

VII. El 7 de septiembre de 2017 el Centro de Derechos Humanos Francisco de Vitoria, OPAC y Justicia Pro Persona, A.C., presentaron ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de Violencia contra las Mujeres una solicitud de declaratoria de alerta de violencia de género para la Ciudad de México, que fue registrada con el número AVGM/07/2017.

VIII. El 5 de octubre de 2017, la Secretaría Ejecutiva designó como representante del Instituto Nacional de las Mujeres a su Subcoordinador de Asuntos Jurídicos, licenciado José Luis Peña Colín, este mismo día, se publicaron en las páginas de internet oficiales de la Conavim y de la Secretaría Ejecutiva las convocatorias públicas, para seleccionar a las y los expertos académicos representantes de instituciones académicas o de investigación de carácter nacional y de la Ciudad de México para conformar el grupo de trabajo en cumplimento al artículo 36 del Reglamento de la Ley General de Acceso.

IX. El pasado 27 de marzo del presente año, y derivado de reuniones y visitas del grupo de trabajo conformado para atender esta solicitud, presentó un informe de conclusiones, donde encontró que “la Procuraduría capitalina tiende a no clasificar los homicidios dolosos de mujeres como feminicidios y su personal tiene un conocimiento limitado y poco claro de la perspectiva de género; además, el porcentaje de investigaciones por delitos como violencia familiar y violación que llegan a un juez en la Ciudad de México ha disminuido desde 2012”.

X. El informe incluye 20 conclusiones y propuestas que tendrán que ser aceptadas o rechazadas por el Gobierno de la Ciudad de México en un plazo no mayor a 15 días hábiles. Si el gobierno capitalino acepta las conclusiones y propuestas tendrá seis meses para ponerlas en práctica y después de ese plazo el grupo de trabajo evaluará el nivel de cumplimiento para decidir si declara o no la Alerta.2

XI. Mientras tanto “nos siguen matando”, y casos como el de Graciela y su hija Sol siguen pasando y no pasa nada, los asesinos siguen ahí afuera.

Por todo lo anteriormente expuesto, es que sometemos a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta al Gobierno de la Ciudad de México, para que a través de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México investigue y esclarezca el doble feminicidio contra Graciela Cifuentes, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México y de su hija Sol Cifuentes, estudiante de la Facultad de Arquitectura de la misma Universidad.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a que a la brevedad modifique y actualice su protocolo de investigación y atracción de casos con presunción de feminicidio, a fin de que los tiempos de reacción se reduzcan.

Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a dar puntual seguimiento a la actuación de las autoridades de procuración de justicia de la Ciudad de México, en torno al caso del doble feminicidio de Graciela Cifuentes y su hija Sol Cifuentes, académica y estudiante de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, así como a emitir las observaciones que estime pertinentes.

Cuarto. La honorable Cámara de Diputados exhorta al gobierno de la Ciudad de México a atender cada una de las 20 conclusiones y propuestas contenidas en el Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la solicitud AVGM/07/2017 de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres en la Ciudad de México.

Notas

1 Lumbreras Castro, Jorge A., “El feminicidio en la CDMX”. Noviembre de 2017.

2 Informe del grupo de trabajo conformado para atender la solicitud AVGM/07/2017 de alerta de violencia de género contra las mujeres en la Ciudad de México.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2018.

Diputadas: Claudia Sofía Corichi García, María Candelaria Ochoa Ávalos (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a mejorar la calidad de atención y tratamiento de los pacientes con enfermedad de Fabry, a cargo de la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, Karina Sánchez Ruiz, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que en el ámbito de sus atribuciones realice las acciones pertinentes a fin de ampliar la cobertura y mejorar la calidad de atención y tratamiento de los pacientes con enfermedad de Fabry, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Ser diagnosticado con la enfermedad de Fabry (EF) es algo raro, pero es más raro que sólo afecte a un número muy reducido de personas.1

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al menos 7.0 por ciento de la población mundial, 350 millones de personas, según el Proyecto Global Genes, padece alguna de las siete mil enfermedades raras identificadas, entre las que se encuentra la de Fabry.

Al respecto, diversos especialistas concuerdan con que el cuadro clínico cubre un amplio espectro que va desde casos leves en mujeres heterocigotas, a graves en varones hemicigotos afectados por la forma clásica, sin actividad residual de la enzima Alfa-Galactosidasa A.

La falta de esta enzima refleja síntomas como: a) Dolor y malestar en las manos y los pies, a menudo provocados por temperatura ambiental caliente o fría o por ciertos tipos de ejercicio; b) Pequeñas manchas rojas o moradas con relieve que aparecen sobre todo en el área entre el ombligo y las rodillas; c) Una disminución en la capacidad de sudar que causa “sobrecalentamiento” y una menor tolerancia al calor; d) Cambios en la córnea del ojo, sin que la visión se vea afectada; e) Fatiga; f) Calambres abdominales; g) Movimientos intestinales frecuentes poco después de comer; h) Diarrea; i) Dolores de cabeza; j) Reducción de la capacidad de oír frecuencias altas o tinnitus; k) Hinchazón de los tobillos, y l) Dolor en el pecho o palpitaciones.

A fin de clarificar la magnitud de lo que es la EF, consideramos oportuno saber que “[...] la enfermedad está catalogada como rara, y que es una patología progresiva, hereditaria y multisistémica de almacenamiento lisosómico, caracterizada por manifestaciones neurológicas, cutáneas, renales, cardiovasculares, cocleovestibulares y cerebrovasculares específicas [...]”.2

Para dimensionar el crecimiento que ha tenido la EF, es necesario observar su desarrollo alrededor del mundo. Por ejemplo, en Uruguay los médicos conocieron al menos cinco pacientes con esta enfermedad durante 20063 ; en Colombia el Ministerio de Salud calculó que en 2012 alrededor de 800 mil personas la padecían; en 2014 España logró diagnosticar en promedio a más de 200 pacientes4 ; Argentina declaró que esta enfermedad afectaba a 1 de cada 40.000 personas5 y, en México, la Federación Mexicana de Enfermedades Raras (Femexer) ha informado de una incidencia anual de 1 caso por cada 80 mil nacidos vivos, pero este dato puede subestimar la prevalencia de la enfermedad cuando se han considerado variantes de aparición tardía, por lo que se ha sugerido una prevalencia de aproximadamente 1 de cada 3 mil personas.6

Los datos antes mencionados muestran que con el paso de los años el incremento en el número de enfermos de Fabry es alarmante, situación que puede atribuírsele a distintos factores, entre los que destacan la desinformación, la falta de investigación, la detección tardía y la confusión con problemas en los riñones e, incluso, Lupus.

Con el propósito de combatir la EF, Nueva Alianza considera transcendental que el sector salud esté obligado a detectar a temprana edad dicho padecimiento, a fin de evitar recaer en los problemas antes citados.

En muchas ocasiones los médicos malinterpretan los síntomas de los pacientes que sufren enfermedades raras, y dejan pasar el tiempo, resultando la mayoría de las veces en un diagnóstico erróneo, y es hasta la edad adulta que se puede determinar o corroborar el padecimiento; situación que se agrava puesto que ya existe una afectación en órganos vitales.

De ahí, los pacientes diagnosticados con Fabry se topan con una serie de obstáculos para poder tratarse la enfermedad, ya sea por la desinformación o un mal diagnóstico, o por el limitado acceso al tratamiento en las instituciones de salud y la discriminación a la que se exponen ante la sociedad.

El primer obstáculo se presenta cuando instituciones públicas como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Seguro Popular, establecen dentro de sus propios lineamientos algunas limitantes para dar seguimiento a los tratamientos de los pacientes, argumentando en la mayoría de las ocasiones que se debe al mínimo presupuesto con el que cuentan. El tratamiento de esta enfermedad por paciente es de aproximadamente 300 mil pesos por año.

Según datos del Grupo Fabry de México, IAP, actualmente se encuentran recibiendo la terapia de reemplazo enzimático (TRE) alrededor de 60 pacientes que padecen la enfermedad de Fabry en las diferentes instituciones del sector salud tales como el IMSS, el ISSSTE y Petróleos Mexicanos (Pemex).

Lo anterior, pese a saber que las enfermedades lisosomales están incluidas en el Fondo de Gastos Catastróficos de las 32 entidades del país. Tan sólo 14 estados cuentan con 24 hospitales autorizados para detectar estas afecciones, de los cuales seis están en Guanajuato, un estado que atiende hoy a 42 pacientes con este padecimiento. ¿Y qué sucede con todos los demás pacientes?

No podemos pasar por alto que el Seguro Popular limita al servicio médico para atender enfermedades lisosomales cuando los pacientes cumplen 10 años de edad. Otro asunto que también perjudica a los pacientes con Fabry es que el IMSS tarda de 12 a 24 meses en dar el tratamiento. Y cabe recordar que las personas con enfermedad de Fabry deben acudir cada 15 días al hospital para que les suministre la enzima Alfa-Galactosidasa A.

El segundo de los obstáculos mencionados emana de una desigualdad hacia los pacientes lisosomales, debido a que como ya se dijo, la confusión en su diagnóstico les genera diferencias tanto en el servicio de salud, como ante la sociedad. Por citar un ejemplo, los pacientes con EF llegan a solicitar asientos en el transporte público y en la mayoría de las veces se les niega, puesto que la gente no los ve enfermos. Sin embargo, sólo ellos saben el momento en el que están padeciendo sus crisis, lo que les causa un daño psicológico que perjudica asimismo su sistema nervioso.

Por ello, Nueva Alianza pugna por la plena aplicación del derecho a la protección de la salud, consagrado en el artículo 4o. de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es así que tomando como base este ordenamiento, consideramos oportuno promover campañas de difusión que concienticen a las autoridades sanitarias y a la sociedad en general para dar la correcta cobertura y eliminar todo tipo de discriminación hacia estos pacientes.

Así también, pretendemos que el Sector Salud en México forje la aplicación del tamiz neonatal, con el fin de detectar a tiempo las enfermedades lisosomales en recién nacidos y evitar que los daños avancen de manera progresiva.

En caso de padecerla en edad adulta, buscamos que se otorguen servicios de calidad en el servicio y en el tratamiento; para ello es necesario canalizar mayores recursos humanos y materiales. En México distamos de tener un tratamiento curativo para la enfermedad de Fabry, sin embargo, contamos con un tratamiento regular el cual puede reemplazar las enzimas que su cuerpo necesita para funcionar normalmente.

De ahí que una opción terapéutica específica para tratar dicha enfermedad, sea la TRE la cual usa Alfa-Galactosidasa A sintetizada in vitro , misma que ha sido introducida recientemente a nuestro país y sus efectos a largo plazo están siendo investigados. Otra propuesta es la mejora de la enzima con chaperonas farmacológicas, la cual está siendo investigada y consiste en alivio del dolor con medicamentos analgésicos, nefroprotección, agentes antiarrítmicos, marcapasos o desfibriladores automáticos implantables, diálisis y trasplante de riñón.

¡Miles de personas padecen enfermedades raras en México y no lo saben!

Es por ello que nuestra tarea como aliancistas, está en crear políticas que eviten el aumento indiscriminado de esta enfermedad, por ello luchamos incansablemente por hacer detecciones tempranas que puedan determinar si padecen o no la enfermedad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, respetuosamente someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud para que en el ámbito de sus atribuciones implemente la aplicación del tamiz neonatal para la detección de enfermedades lisosomales en recién nacidos.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud para que en el ámbito de sus atribuciones amplié la cobertura y mejore la calidad en el servicio para dar tratamiento a los enfermos de Fabry.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud para que en el ámbito de sus atribuciones promueva campañas de difusión sobre la enfermedad de Fabry con el propósito de que la población esté enterada y se concientice sobre los síntomas que padecen las personas que sufren dicha enfermedad.

Notas

1 http://www.mpsesp.org/portal1/images/content/Guia_Mi_vida_con_Fabry.pdf

2 http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=ES&data_id=94&Disease_Disease_Search
_diseaseGroup=Fabry&Disease_Disease_Search_diseaseType=Pat&Enfermedade(s)/
grupo%20de%20enfermedades=Enfermedad-de-Fabry&title=Enfermedad-de-Fabry&search=Disease_Search_Simple

3 http://www.lr21.com.uy/comunidad/210205-una-de-cada-50-mil-personas-en- el-mundo-padece-la-extrana-enfermedad-de-fabry

4 http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/salud/vida-sana/201412/01/
cerca-personas-padecen-enfermedad-20141201133314-rc.html

5 http://www.infovitalis.com.ar/enfermedad-de-fabry/

6 http://www.femexer.org/2732/enfermedad-de-fabry/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2018.

Diputada Karina Sánchez Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al gobierno de Sinaloa a determinar lo conducente a fin de lograr condiciones de competencia para dar certeza jurídica en la liberación del transporte de carga en las actividades locales de construcción y agricultura, a cargo del diputado Juan Luis de Anda Mata, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, Juan Luis de Anda Mata, diputado federal de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del estado de Sinaloa determine lo conducente para lograr condiciones de competencia, de conformidad a la resolución sobre la investigación del servicio público de transporte de carga en general con dimensión circunscrita al estado de Sinaloa, del órgano constitucional autónomo dedicado a preservar la competencia económica del país, para que se dé certeza jurídica en la liberación del transporte de carga en la actividades de construcción y agricultura del Estado de Sinaloa, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El transporte por vía terrestre es el modo más importante en México, en términos de producción, volumen y empleo. Más de la mitad del valor del comercio internacional de México se realiza por vía terrestre, la mayor parte del mismo en la frontera con Estados Unidos.1

Sinaloa es pieza clave en la producción y exportación de productos agrícolas, ya que Sinaloa provee el 30 por ciento de la producción agrícola de México. Sin embargo, el campo sinaloense, hoy día, presenta indicadores de agotamiento que se reflejan en el escaso crecimiento de la productividad, así como en su baja competitividad y rentabilidad.2 Aunado a ello, las barreras de autoproveerse del servicio de transporte de carga a los agricultores y bloqueos en el traslado de sus cosechas como medida de presión para contratar con alianzas del transporte.

La Comisión Federal de Competencia Económica (en adelante, Cofece) como órgano autónomo constitucional, con objeto garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, en los términos que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes, llevó a cabo en el 2015 la investigación IEBC-002-2015.

Dicha investigación, sobre el servicio público de transporte de carga en general con dimensión circunscrita al estado de Sinaloa,3 determinó catorce medidas correctivas por existir elementos que determinaron preliminarmente la falta de condiciones de competencia efectiva en el mercado del servicio público de transporte de carga, las mismas que fueron notificadas por oficio en el 2016 al Gobernador y al Congreso, ambos del Estado de Sinaloa.

La resolución final, del Pleno de la Cofece, en febrero de 2017, requirió al Ejecutivo y legisladores de Sinaloa realizar las reformas legales y administrativas necesarias para:

1. Eliminar el régimen de concesiones y permisos de zona y sustituirlo por la adopción de un “régimen único de permisos”.

2. Establecer procedimientos para que la Dirección de Transporte resolviera las solicitudes de permiso con objetividad, previsibilidad y certeza.

3. Determinar los precios del servicio de acuerdo con las condiciones de mercado y sin la intervención de los prestadores ya existentes. Los precios deben definirse por la libre concertación entre usuarios y prestadores del servicio, y no por decisión del gobernador.

4. Establecer mecanismos y normas que impidan el conflicto de interés. Evitar que los servidores públicos responsables de regular la actividad sean o tengan vínculos con los concesionarios.

5. Suprimir restricciones para la realización de actividades económicas. En particular, eliminar cualquier referencia a la propiedad de los bienes a ser transportados, a efecto de que las empresas constructoras y agrícolas puedan, de convenir a sus intereses, auto proveerse el servicio.4

En observancia de la resolución del Pleno, el Congreso del Estado realizó las reformas necesarias para eliminar las barreras normativas detectadas mediante Decreto 153 de fecha 8 de junio de 2017, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” No. 75, del 12 de junio del mismo año.5

Por otra parte, el Ejecutivo del Estado de Sinaloa, a la fecha, no ha realizado las reformas administrativas necesarias para la liberación del transporte de carga en Sinaloa. No ha ejercido su facultad reglamentaria al haberse cumplido el término previsto por la Cofece para eliminar dichas barreras y el determinado por el poder legislativo local, por lo que la ausencia de la expedición del Reglamento de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa se ha utilizado para no ejecutar el decreto del congreso de la entidad federativa referida.

Los agricultores y constructores aún se ven impedidos para transportar, se sigue limitando la eficiencia a agricultores y constructores con bloqueos por parte de las alianzas de transportistas. Un hecho que debe ser atendido a la brevedad por el aumento de bloqueos en los últimos meses.

Es de suma importancia dar concordancia de las autoridades que velarán por el cumplimiento a la ley con el reglamento en mención, ya que en el vigente se contemplan procedimientos derogados a raíz de la expedición del Decreto 153. Por ejemplo, el anterior Consejo Técnico Estatal de Vialidad y Transporte no puede seguir determinando criterios de política pública, debe entrar en funciones el Órgano Técnico previsto en la legislación estatal donde no formen parte del mismo agrupaciones de transportistas quienes eran los que opinaban sobre el otorgamiento de nuevas concesiones y elaboraban estudios de fijación de tarifas.

Esta Cámara de Diputados, tiene la facultad de fijar posición en relación a algún asunto específico de interés nacional y al ser un órgano constitucional autónomo la Cofece deben observarse sus resoluciones ya que como bien lo refiere este órgano: “este es un ejemplo de la importancia de que las autoridades federales y locales auditen sus marcos jurídicos, con el fin de eliminar barreras a la competencia en los distintos mercados”,6 en específico en el transporte de carga.

En otras palabras, la eliminación de las barreras a la competencia en el servicio público de transporte de carga debe realizarse en las demás entidades federativas de nuestro país y Sinaloa al ser el primero como objeto de estudio ha avanzado en el tema pero debe concluirse el proceso y el Gobernador del Estado no debe ser omiso en lo que ha determinado un órgano constitucional autónomo con objeto garantizar la libre competencia en el territorio mexicano.

Si bien es cierto que la Cofece cuenta con las facultades necesarias para cumplir eficazmente con su objeto, entre ellas las de ordenar medidas para eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia, entre otras, los diputados federales, como representantes de los ciudadanos, debemos fijar posición al respecto porque al final del día son ellos a quienes les impacta directamente el no contar con un servicio de transporte competitivo.

Por citar un ejemplo, las barreras incrementan los costos de llegar a los puertos marítimos del estado y otros modos de transporte, generando un sobrecosto al tener que utilizar puertos cercanos de otros estados.7 Apenas en marzo de 2017 inició el dragado en Mazatlán para recibir embarcaciones de mayor capacidad que lo vuelvan competitivo con otros puertos del Pacífico pero debe complementarse con un servicio de transporte de carga competitivo. Por su parte, el puerto de Topolobampo carece aún de conectividad terrestre con la frontera Chihuahua-Estados Unidos.8

En el Plan Estatal de Desarrollo de Sinaloa, se establece que el sector agropecuario del estado ha tenido un ritmo de crecimiento menor al de la economía nacional y estatal.9 El PIB potencial del estado de Sinaloa pudiera aumentar en 0.2 pp en caso de registrarse los beneficios esperados con la ejecución de la legislación estatal que libera el transporte de carga, entre ellos el ahorro en costos y la eficiencia en el servicio.

Es de considerarse que en otras entidades federativas del país no existen condiciones de competencia y que la Cofece ha detectado obstáculos regulatorios, verbigracia como en Sinaloa, en Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Durango, Sonora y Tabasco impiden a los agentes económicos proveerse a sí mismo del servicio de transporte de carga.10 El presente punto de acuerdo es una pauta para que se genere mayor bienestar a los consumidores finales que son los ciudadanos y no se replique en otros estados la inobservancia de implementar marcos jurídicos procompetencia en el servicio de transporte de carga.

Es por ello, y dada la importancia de contar con el ordenamiento jurídico por parte del Ejecutivo del Estado de Sinaloa que provea en la esfera administrativa la exacta observancia de la legislación estatal en materia de transporte, asimismo la relevancia de dar certeza jurídica a los transportistas de carga y más aún a los sinaloenses, ciudadanos que pagan por el servicio, que el que suscribe pone a consideración de esta soberanía con carácter de urgente u obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa determine lo conducente para lograr condiciones de competencia, de conformidad a la resolución sobre la investigación del servicio público de transporte de carga en general con dimensión circunscrita al estado de Sinaloa, del órgano constitucional autónomo dedicado a preservar la competencia económica del país, para que se dé certeza jurídica en la liberación del transporte de carga en la actividades de construcción y agricultura del Estado de Sinaloa.

Notas

1 Revisión de la Regulación del Transporte de Carga en México. Resumen. OCDE/Secretaría de Economía, 2017. Disponible en: https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/Resumen-Regulacion-Transport e-Mexico.pdf

2 Cfr. Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, página 17.

3 https://www.cofece.mx/cofece/images/AI/17-08-16-DICTAMEN-TRANSPORTE-SIN ALOA.pdf

4 Cfr. Cofece. Análisis de casos. Barreras a la competencia en el transporte público de carga en Sinaloa. Junio 2017.

5 Edición vespertina

6 Cfr. Cofece. Análisis de casos. Barreras a la competencia en el transporte público de carga en Sinaloa. Junio 2017.

7 Investigación sobre el servicio público de transporte de carga en general en el Estado de Sinaloa. Procedimiento de investigación para determinar barreras a la competencia y libre concurrencia. IEBC- 002-2015. Dirección General de Mercados Regulados. Abril 2017.

8 Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, página 22.

9 Ibidem, página 17.

10 Comunicado 32-2017 de la Cofece. Sinaloa toma acciones para eliminar barreras a la competencia en transporte de carga.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2018.

Diputado Juan Luis de Anda Mata (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Puebla a fomentar mediante los programas de difusión cultural las actividades realizadas por las mujeres de origen indígena en la entidad, a cargo de la diputada Blandina Ramos Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada federal Blandina Ramos Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter a la consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo de Puebla, José Antonio Gali Fayad, a fomentar mediante los programas de difusión de la entidad, al tenor de lo siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo a datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) que mide la pobreza en México y evalúa programas y políticas sociales del gobierno federal, siete de cada diez indígenas mexicanos ganan un salario mínimo mensual –alrededor de dos mil 200 pesos–, y apenas 3.5 por ciento de la población indígena mayor de 15 años obtiene más de tres salarios mínimos.

Es decir, alrededor de 95 por ciento de los 11.4 millones de indígenas en México se encuentra en situación de pobreza y más de la tercera parte sufre pobreza extrema, lo que trae como consecuencia que tres de cada cuatro indígenas carecen de ingresos suficientes para acceder a una canasta básica.

Dicha situación es inaceptable. El permanente discurso sobre la transformación de nuestro país y la benevolencia de las reformas estructurales, distan mucho de la realidad de millones de mexicanos y particularmente de la población indígena.

La pobreza, insistimos con datos del Coneval, es 60 por ciento mayor en las comunidades rurales con menos de 2 mil 500 habitantes, pero entre la población indígena es hasta 62 por ciento superior a la media nacional.

Un país que se jactó de ingresar al primer mundo, debiera sentirse agraviado. El gobierno federal no cesa en repetir la trascendencia de los beneficios del comercio internacional, los tratados internacionales, la inversión extranjera directa, el incremento de la infraestructura, baste como ejemplo la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, la inclusión del sector privado en materia energética, las cuantiosas ganancias que genera la industria minera, pero la población indígena se encuentra aislada a estos beneficios.

Estamos informados que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, aplicará en obras y servicios, 150 millones de pesos durante 2018 en Puebla; sin embargo, dichos recursos se invertirán al mantenimiento y atención de albergues indígenas y siete comedores comunitarios. Es decir, en tareas estrictamente asistencialistas.

Debemos de recordar que de las más de 3 mil 250 localidades indígenas, 185 se encuentran en Puebla, es decir, es una población muy importante no sólo a nivel local, sino en lo nacional.

Aunado a esta oprobiosa situación se encuentra la agresión y violencia que sufren las mujeres en mi entidad. Recientemente presenté una proposición con Punto de Acuerdo en el que destacamos que “El Observatorio de Violencia Social y de Género de la Universidad Iberoamericana Puebla, conformado en 2010, documentó que de 2010 a 2016 se registró un promedio de 329 feminicidios, lo que revela un aumento de más de 300 por ciento en un periodo de cinco años si se considera que en 2010 documentaron 30; en 2015, el número fue de 81 feminicidios; para 2016 fueron 85, y en 2017 la cifra alcanzó 106 casos”

Es decir, la población indígena y particularmente la femenina, sufre un doble agravio: ser pobre y ser violentada. Por esta razón en mi calidad de legisladora federal hemos buscado alternativas que permitan terminar con este círculo vicioso. Una de ellas sería la promoción de sus actividades productivas y culturales, la cual es diversa y rica. Son miles de años de tradición. Nuestra entidad es un lugar con grandes tradiciones que encierran celebraciones llenas de cultura a lo largo del año y en todas y cada una de ellas, participan las mujeres indígenas.

Como lo han señalado diversas organizaciones e instituciones, la Sierra Norte de Puebla es una región predominantemente rural, con un alto índice de población indígena, conformada por 68 municipios clasificados con alta y muy alta marginación, habitados en su mayoría por grupos indígenas; nahuas, totonacas, otomíes y tepehuas. La población nahua en el estado de Puebla es la que ocupa el primer lugar a nivel nacional, siendo mayoritaria en la Sierra Norte de Puebla.

Lo más grave es que “las condiciones en las que vive la mayoría de la población son de pobreza y marginación; existe un alto nivel de analfabetismo, un gran número de viviendas en condiciones precarias –pisos de tierra, materiales de construcción poco adecuados para las condiciones climatológicas–, falta de servicios básicos –energía eléctrica, agua entubada, drenaje–, falta de servicios de salud y educativos, así como falta de carreteras y caminos en mal estado lo que dificulta el acceso a algunas zonas, sobretodo en épocas de lluvias. De esta manera la población indígena de estas comunidades se encuentra en situación de fuerte desigualdad y exclusión social frente a la población no indígena de la región y del país”

En virtud de lo anteriormente fundado y motivado, pongo a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Honorable Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Puebla, José Antonio Gali Fayad, a fomentar mediante los programas de difusión cultural, las actividades que realizan las mujeres indígenas en la entidad.

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2018.

Diputada Blandina Ramos Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Guanajuato a investigar y castigar el feminicidio de María Guadalupe Hernández Flores, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, María Candelaria Ochoa Ávalos, diputada federal del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, integrante de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 11 de marzo fue denunciada la desaparición de María Guadalupe Hernández Flores, Kleo, conocida activista por los derechos de las mujeres y de la diversidad en Guanajuato y en Querétaro de origen chiapaneco. Tras 13 días desaparecida, fue encontrada muerta el 20 de marzo con huellas de tortura reveladas por la necropsia, e identificada por su familia hasta el 23 del mismo mes.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya se pronunció y condenó el feminicidio de Kleo, e hizo hincapié en la necesidad de considerar su labor de defensora en la línea de la investigación que se tiene que llevar a cabo. Esto, en razón de que las y los activistas y defensores de derechos humanos son un sector sumamente vulnerable en nuestra población.

El feminicidio de Kleo, como todos los demás que tenemos que padecer diariamente, es producto de la violencia estructural que las mujeres viven diariamente en nuestro país, y si pretendemos denominarnos como una nación democrática, este tiene que ser debidamente investigado y sancionado sin obviar ninguna línea posible de investigación, desde un robo como móvil hasta un crimen de odio por lesbofobia.

No podemos seguir tolerando en este país que la vida de las mujeres sea tan prescindible que nos demos el lujo de perder la vida de 7 mujeres cada día sin inmutarnos. No podemos ignorar que este crimen tiene tintes de odio en razones de género y de orientación sexual. No podemos tolerar que la procuración de justicia en México sea, nuevamente, oblicua a los reclamos de la sociedad. No vamos a tolerar más impunidad.

Por lo anterior propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta al gobierno del estado de Guanajuato, encabezado por Miguel Márquez Márquez, a investigar y castigar el feminicidio de María Guadalupe Hernández Flores.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2018.

Diputados: María Candelaria Ochoa Ávalos (rúbrica), Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica), Juan Chávez Ocegueda (rúbrica), Verónica Bermúdez Torres (rúbrica), Dalia María Rocha Ladrón de Guevara, Daniella Judith Hernández Flores, Laura Nereida Plascencia Pacheco, Claudia Sofía Corichi García (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INEE a definir medios y lineamientos a fin de realizar un proceso extraordinario de evaluación para docentes con resultados no idóneos en los primeros ejercicios de evaluación, realizados a partir de la instauración del servicio profesional docente, a cargo del diputado Luis Manuel Hernández León, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

El que suscribe, Luis Manuel Hernández León, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 2, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En busca de la progresión del sistema educativo nacional, en diciembre de 2013 se aprobaron diversas reformas constitucionales y de la Ley General de Educación. Se promulgó de igual forma una nueva ley general del servicio profesional docente.

Las nuevas reformas aprobadas, determinaron para el Personal Docente y el Personal con Funciones de Dirección o de Supervisión en los niveles de Educación Básica y Media Superior diversas obligaciones entre ellas, las siguientes: “I. Cumplir los procesos establecidos para las evaluaciones con fines de ingreso, promoción, permanencia y, en su caso, reconocimiento, en términos de lo prescrito en esta ley; II. Cumplir el periodo de inducción al servicio y sujetarse a la evaluación que para dichos efectos refiere esta ley; III. Prestar los servicios docentes en la escuela en que se encuentre adscrito y abstenerse de cualquier cambio de adscripción sin previa autorización, conforme a lo previsto en esta ley; IV. Abstenerse de prestar el servicio docente sin haber cumplido los requisitos y procesos a que se refieren esta ley y demás disposiciones aplicables; V. Presentar documentación fidedigna dentro de los procesos a que se refiere esta ley; VI. Sujetarse a los procesos de evaluación a que se refiere esta ley de manera personal; VII. Atender los programas de regularización, así como los que sean obligatorios de formación continua, capacitación y actualización; y VIII. Las demás que señalen esta ley y otras disposiciones aplicables”.

Sin embargo, la aprobación legislativa para la instauración del servicio profesional docente no previno de las condiciones y capacidades institucionales que se tenían para llevar al cabo los ejercicios de evaluación al magisterio nacional, la circunstancia del aparato institucional, los mecanismos de comunicación y la logística de implantación, no se encontraba en la posibilidad de satisfacer las necesidades y dimensiones que exige la realización de los procesos de evaluación educativa, tanto diagnóstica como de desempeño, resultando en los hechos, que un número significativo de docentes evaluados obtuvieran resultados no idóneos conforme a los perfiles y parámetros de evaluación aprobados.

El Informe del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) La educación obligatoria en México, 2016 señala que 42.6 por ciento de los 14 mil 290 docentes que obtuvieron resultados insuficientes en los ejercicios de evaluación 2015-2016 no presentó algunos de los instrumentos de evaluación.

El magisterio nacional, una vez presentados los primeros ejercicios de evaluación, refiere que en las pruebas no existe el debido reconocimiento del contexto sobre el cual se desarrolla la actividad docente, y es notoria la incongruencia entre las pruebas y el trabajo cotidiano en la tarea educativa, circunstancia que han sido determinantes en los resultados obtenidos por los docentes y en el extremo de la circunstancia, causales para la imposición de sanciones.

Sobre las características y el perfil institucional para llevar al cabo los primeros procesos de evaluación docente, diversos reportes documentaron las circunstancias, inconsistencias y particularidades de contexto e infraestructura sobre las que se desarrolló la evaluación realizados en la instauración del servicio profesional docente, entre ellos, destaca el informe Evaluación de desempeño de docentes, directivos y supervisores en educación básica y media superior de México. Análisis y evaluación de su implementación, 2015-2016, publicado por Secretaría Técnica Estrategia Regional sobre Docentes de la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe, el 30 de agosto de 2016,1 el cual describe un “plan de mejoramiento” que permita la mejora en los procesos de evaluación posteriores, señalando entre la circunstancias percibidas en los ejercicios reportados la falta de información, planeación y previsión de acciones desde la institucionalidad para la realización de dichos ejercicios, resaltando entre sus recomendaciones las siguientes:

• Redefinición de la calendarización de las evaluaciones.

• Armonización de los reglamentos y manuales de procedimiento, así como la complementaria formalización e intensificación de las instancias de coordinación y retro-alimentación entre las instituciones responsables.

• Establecer una “ventanilla única” clara para todos los actores, que canalice las preguntas, quejas y requerimientos de los usuarios hacia las entidades competentes para resolverlas y, sobre todo, unifique y vuelva “oficial” la información sobre los diferentes procesos de la evaluación docente.

• Establecer estándares de servicios de apoyo y organización mínimos que debe ofrecer cada Estado, de manera de asegurar la preparación y aplicación de la evaluación en condiciones similares en todo el país.

• Graduar la complejidad de los siguientes grupos de docentes a ser evaluados, tanto en términos numéricos como en sus características profesionales, laborales y de acceso.

• Abordar prioritariamente el mejoramiento de la operación e implementación logística de temas de alta sensibilidad y visibilidad que pueden afectar la legitimidad y sustentabilidad de la evaluación, como generar bases de datos confiables para la comunicación y registro de los docentes; multiplicar los mecanismos de información con los convocados para asegurar registro y preparación oportuna; mejorar el funcionamiento de la plataforma para subir expediente de evidencias; mejorar las estrategias de apoyo presencial y online para los docentes que serán evaluados aprovechando, por ejemplo, a los evaluadores y bien evaluados del primer grupo; planificar ubicación de las sedes acordes con el origen de los evaluados de manera de evitar viajes y estrés innecesarios; reducir la duración de las pruebas presenciales y evitar la modalidad de aplicación en un solo día, entre otras.

En el mismo sentido y en referencia a la capacidad institucional para la realización de los ejercicios de evaluación docente, en 2016, el INEE publicó el documento Política nacional de evaluación, donde señala de forma expresa “que la construcción de la política nacional de evaluación educativa debe ser el resultado de la identificación de prioridades desde lo local hacia lo nacional. La heterogeneidad de capacidades institucionales; las asimetrías en experiencia y recursos humanos, además del peso mayor que tiene el trabajo operativo sobre los aspectos técnicos serán los puntos de partida para la definición de la política de evaluación y de varios proyectos sustantivos, y también la oportunidad para determinar los espacios de colaboración entre el INEE, la SEP y las autoridades educativas locales. 2

El documento del INEE señala que con la finalidad de generar condiciones que permitan atender la problemática y retos a superar en materia de evaluación docente, se establece la Agenda de Referencia de la Política Nacional de Evaluación de la Educación,3 documento de planeación que en su diagnóstico puntual subraya las acciones descritas a continuación para la mejora de los ejercicios de evaluación:

De la identificación de áreas de mejora que establecen los documentos referidos, se argumenta que la capacidad institucional para la planeación, organización, control e instauración de los primeros procesos de evaluación docente, pudieron condicionar resultados no idóneos para quienes participaron en dichos ejercicios.

En Nueva Alianza somos conscientes de que toda política pública debe analizarse y transitar por la revisión de las objetivos y metas alcanzadas, es necesario diagnosticar la evolución resultante de ellas a fin de retroalimentar las acciones de mejora y redefinir los escenarios alcanzables, por tanto, siendo la instauración del servicio profesional docente, eje de la transformación y progresión del sistema educativo nacional, es prioritario analizar los efectos de su instauración y realizar acciones que permitan al magisterio nacional desarrollar la tarea educativa en las mejores condiciones a fin de adoptar y progresar la orientación hacia la calidad en la educación pública nacional.

Se señala que de forma inherente, todo proceso que asume la calidad como eje transformador, requiere de la retroalimentación para la identificación de acciones de mejora continua y ello, conlleva a la recalibración de métodos e instrumentos que posibiliten mejores resultados, alcanzar una cultura de calidad en el sistema educativo nacional tiene como base la adopción de una cultura de evaluación y mejora del quehacer cotidiano y posibilitar para quienes son evaluados, el logro de mejores desempeños y el alcance máximo de sus áreas de oportunidad.

La progresión de la política de evaluación educativa nacional y la consiguiente y eficaz instauración del servicio profesional docente requiere revisar y fortalecer las capacidades de evaluación de los entidades y actores involucrados, resaltamos que, la valoración objetiva de la idoneidad docente, requiere obligadamente de una infraestructura humana, logística y metodológicamente capaz de diagnosticarla, es necesario lograr las máximas potencialidades de la institucionalidad educativa en esta estratégica tarea.

Por lo expuesto y fundado, respetuosamente someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación a definir medios y lineamientos a fin de realizar un proceso extraordinario de evaluación para docentes con resultados no idóneos en los primeros ejercicios de evaluación realizados a partir de la instauración del servicio profesional docente.

Notas

1 Informe final, parte I, anexo 2, “Evaluación de desempeño de docentes, directivos y supervisores en educación básica y media superior de México, análisis y evaluación de su implementación, 2015-2016”, “Sistematización entrevistas docentes y directivos”, Orealc/UNESCO, Santiago, 2016.

2 Política Nacional de Evaluación, 2016, página 40.

3 Ídem, página 44.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 5 de abril de 2018.

Diputado Luis Manuel Hernández León (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa y las instituciones del sector a promover acciones transversales y normativas para evitar la estigmatización y discriminación en el tratamiento de pacientes con cáncer pulmonar, a cargo de la diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita diputada federal Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable soberanía el presente punto de acuerdo bajo las siguientes

Consideraciones

El cáncer es un proceso de diseminación y multiplicación sin control de las células que forman los tejidos y órganos. Tales células anormales se extienden más allá de sus límites habituales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o propagarse a otros órganos en un proceso que se denomina metástasis.

Al tratarse de una enfermedad crónica no transmisible, el desarrollo del cáncer obedece más bien a factores genéticos de la persona que lo padece, y a factores ambientales, que son considerados cancerígenos, mismos que pueden ser físicos (radiación e ionización), químicos (como el componente de humo de tabaco, el arsénico) o biológicos, como virus, bacterias o parásitos1 .

Existe consenso en que el consumo de tabaco y de alcohol, la mala alimentación y la inactividad física son los principales factores de riesgo asociados al cáncer en el mundo, como lo son también de otras enfermedades no transmisibles. Sin embargo, el envejecimiento es otro factor fundamental en la aparición del cáncer, muy probablemente porque con el aumento de edad se van acumulando factores de riesgo de determinados tipos de cáncer.

El cáncer es una de las enfermedades con mayor incidencia, prevalencia y mortalidad a nivel mundial, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2012 fueron detectados más de 14 millones de casos nuevos, y se espera que, en los próximos 20 años, tal número aumente hasta en 70 por ciento.

Además, el cáncer es responsable de una de cada seis muertes en el mundo2 y de una de cada tres muertes prematuras por enfermedades no transmisibles3 . Al respecto, de acuerdo con la OMS, alrededor de un tercio de las muertes por cáncer se debe a los cinco principales factores de riesgo: 1) conductuales y dietéticos: índice de masa corporal elevado, 2) ingesta reducida de frutas y verduras, 3) falta de actividad física, 4) consumo de tabaco y 5) consumo de alcohol.

Cáncer en México

En México, durante 2013 el número de casos registrados de personas con cáncer fue de 195 mil 925. Del total, 102 mil 241 fueron mujeres y 93 mil 683 hombres.4 Las neoplasias más frecuentes fueron las de mama, próstata y pulmón.5 Anualmente aumenta la proporción de jóvenes que probablemente se verán afectados por neoplasias malignas.6

Sin embargo, la mortalidad por cáncer en el país se centra en seis neoplasias: pulmón, gástrico, hígado, próstata, mama y cervicouterino. Dichos padecimientos representaron, de acuerdo con Globocan, 45 por ciento de todas las muertes relacionadas con cáncer7 y, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, colocaron al cáncer como la tercera causa de mortalidad en el país, representando 12 por ciento de todas las defunciones en el país, sólo por detrás de enfermedades cardiacas y la diabetes. El número total de defunciones ese año por neoplasias malignas fue de 79 mil 5148 .

Cáncer de pulmón

El cáncer de pulmón es un tumor maligno de los pulmones que se desarrolla desde las células de las vías respiratorias y los bronquios.

El desarrollo de cáncer de pulmón tiene, según expertos en la materia, factores de riesgo como: tabaquismo, exposición al humo de leña, dieta alta en grasas, bajos consumos de frutas y verduras, exposición a elementos químicos, minerales, asbesto y radón; y contaminación ambiental. Mientras que sus síntomas principales, mismos que son detectados ya que la enfermedad se encuentra en una etapa muy avanzada, son: Tos persistente, disnea, dolor en pecho o espalda, hemoptisis, ronquera o silbido al respirar, disminución del apetito y cansancio.

Se trata del cáncer con mayor número de casos a nivel mundial, y el quinto lugar con mayor incidencia en México. No obstante, cuando se refiere a la población masculina, las cifras se elevan, pues es el segundo tipo de cáncer con mayor número de personas afectadas. Tan sólo en 2012 fueron detectados 5 mil 471 casos nuevos 9 , mientras que en mujeres se encuentra ubicado en la octava posición, con 2,968 casos nuevos en el mismo año.

La situación del cáncer de pulmón en el país se agrava cuando se observa la mortalidad por el mismo. La neoplasia pulmonar es el cáncer que más mata a la población mexicana, con una tasa de mortalidad estandarizada por cada 100 mil habitantes de 10.3 por ciento. Según datos de Globocan, en México hubo alrededor de 7 mil 68 decesos en 201210 a causa de cáncer de pulmón, tanto en mujeres como en hombres.11

Atención al cáncer de pulmón en México

En México, y de acuerdo con el acomodo institucional y las necesidades nacionales, el Estado se encuentra obligado, en materia de derecho a la protección de la salud, a establecer, diseñar e implementar políticas de atención que aseguren los mejores tratamientos, a las enfermedades y factores que pongan en riesgo la vida plena y sana de los habitantes nacionales.

En ese sentido, las prioridades estatales en materia de salud están contenidas de manera somera en Plan Nacional de Desarrollo, y de manera más explicativa y con propuestas más a profundidad, dentro del Programa Sectorial de Salud (Prosesa). Además, derivados del Prosesa, existen programas de acción específicos (PAE), diseñados cada sexenio para el tratamiento de enfermedades o padecimientos, considerados como prioritarios por la administración en turno. Sin embargo, no existe en México un Programa Nacional de Cáncer que contemple la política transversal interinstitucional para la atención de todos los cánceres, incluyendo el cáncer de pulmón.

Además de ello, actualmente no existe algún programa específico que asegure el mejor tratamiento disponible en tiempo y forma del cáncer de pulmón. Otros programas transversales a la salud como son los programas sobre entornos y comunidades saludables12 , prevención y control del cáncer de la mujer13 , igualdad de género en salud14 , promoción de salud y determinantes sociales15 y de vigilancia epidemiológica16 , tampoco contemplan acciones para el combate a la neoplasia pulmonar. De igual forma, el cáncer de pulmón no tiene una Norma Oficial que homologue y asegure las formas y métodos clínicos de prevención, control y tratamiento contra la neoplasia.

Cuando se habla de atención médica, el cáncer de pulmón se encuentra en desventaja frente a otras neoplasias, como el cáncer de mama o el de próstata. La neoplasia pulmonar es atendida en la Secretaría de Salud, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de la Marina, Petróleos Mexicanos, así como el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Asimismo, el Instituto Nacional de Cancerología (Incan) y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias atienden de manera especializada el cáncer de pulmón en personas no derechohabientes y mayores de 16 años. De igual forma, los centros oncológicos estatales, incluidos los seis hospitales regionales de alta especialidad, dan atención especializada a las personas con el padecimiento. No obstante, el Seguro Popular, diseñado para apoyar con cobertura financiera a las personas de menores ingresos y de sectores más vulnerables, aun no tiene cubierta en su catálogo de Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, la atención de alta especialidad al cáncer de pulmón, representando una omisión grave en materia de salud pública en el país, toda vez que se trata del cáncer que más personas mata a nivel nacional, entre otras razones, por la falta de detección temprana y prevención, así como estigmatización de los pacientes que lo padecen, teniendo como consecuencia un serio problema de discriminación frente al tipo de cáncer que padecen.

A pesar de que se ha demostrado que no todos los casos de cáncer de pulmón están relacionados al consumo del tabaco17 , en México, la política de prevención de la neoplasia se ha enfocado en el control del tabaquismo.18,10 Al respecto, la OMS señala que, para el 31 de diciembre de 2016, México había cumplido con el establecimiento de objetivos nacionales específicos en el control del tabaco, así como una agenda nacional o unidad técnica para el control del tabaco. Para dicha fecha, el país hubo invertido un total de 140 millones 131 mil 205 pesos para su política de control en el consumo de la sustancia en programas de reducción de consumo de tabaco como alertas sanitarias, campañas para dejar de fumar,20 política de aumento de impuestos y monitoreo en la incidencia de personas fumadoras.21

Sin embargo, el tabaquismo, a pesar de ser un factor de riesgo importante al desarrollar cáncer de pulmón, no es el único. El Incan detectó que, en el país, el tabaquismo está relacionado en 55 por ciento con todos los casos de cáncer de pulmón. En la última década, ha aumentado 25 por ciento el número de casos de dicha enfermedad en las mujeres mexicanas.22 Sin embargo, en este caso, el fumar sólo representa 30 por ciento en la incidencia de dicho padecimiento. Es decir que, 70 por ciento del cáncer de pulmón en mujeres no está relacionado con el tabaquismo. 23

Además, la Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos señala que únicamente 8.2 por ciento de las mujeres mexicanas fuma.24 El Incan señala entonces que, el cáncer de pulmón en las mujeres está asociado con otros factores de riesgo apegados a características socioeconómicas de la población mexicana más que al consumo directo del tabaco. Tales datos convierten a la neoplasia pulmonar no sólo en un tema prioritario en la agenda de salud, sino en una enfermedad que debe tratarse con perspectiva de género. Asimismo, revelan que el actual tratamiento que está dando el gobierno al cáncer de pulmón es profundamente discriminatorio, aunque esté asociado a personas fumadores, no debiera hacerse una distinción entre quienes padecen el cáncer de pulmón, y no debe ser una razón válida para que este padecimiento no quede cubierto por el Seguro Popular.

Como se puede observar, a pesar de ser una enfermedad responsable de la muerte de 19 personas diarias en el país, que impacta directamente en indicadores clave del desarrollo nacional, como la esperanza de vida, el ingreso familiar, así como en cuestiones esenciales como la calidad de vida tanto del paciente como de su familia, las acciones para combatir al cáncer de pulmón distan mucho de ser óptimas.

No obstante, existen esfuerzos paralelos en materia oncológica que funcionarían para comenzar a modificar la forma en la que se atiende a la neoplasia pulmonar en México. El 26 de enero pasado, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la declaratoria, por parte de este Honorable Congreso de la Unión, del “Día Nacional contra el Cáncer de Pulmón”, a celebrarse el 5 de abril de cada año. Siendo así, este 5 de abril de 2018, al ser la primera vez que se conmemora, se convierte en una fecha especial y trascendente para avanzar en acciones que combatan a la enfermedad.

Por otro lado, el pasado 22 de junio de 2017 fue publicado en el DOF, la creación del Registro Nacional de Cáncer con base poblacional que tiene como objetivos brindar información real, precisa y concreta sobre la situación de la enfermedad en el país. Además del Registro, es urgente contar con un Programa Nacional de Cáncer en México, que actualmente se encuentra en proceso de elaboración25 . La existencia de un Programa Nacional de Cáncer implicaría la atención universal de todos los tipos de cáncer, entre ellos el prioritario cáncer de pulmón, atendiendo las necesidades de la población, y cumpliendo con la obligación estatal de salvaguardar la salud de los pacientes oncológicos.

Por lo anterior, someto a consideración los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. En el marco del primer Día Nacional Contra el Cáncer de Pulmón, la Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud y a las instituciones pertenecientes al sector salud, a promover acciones transversales y normativas correspondientes para evitar la estigmatización y discriminación en la atención de pacientes con cáncer de pulmón, con el objetivo de disminuir la incidencia, prevalencia y mortalidad por la neoplasia.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las autoridades de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, para que, en el ámbito de sus atribuciones, incluyan al cáncer de pulmón dentro de los padecimientos cubiertos por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

Tercero. Cámara de Diputados exhorta de forma respetuosa a la Secretaría de Salud, y a las autoridades correspondientes, para que se comience el proceso de creación de norma oficial de prevención, control y atención de cáncer de pulmón.

Notas

1 OMS, Fact Sheets , disponible en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/en/

2 OMS, Fact Sheets , disponible en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/es/

3 Globocan, The Problem , disponible en: http://gicr.iarc.fr/en/The-Problem

4 Gómez-Dantes, Héctor y otros, The Burden of Cancer in Mexico, 1990-2013 .

5 Ibid.

6 Ibid.

7 Globocan, Fact Sheets, disponible en:
http://gco.iarc.fr/today/fact-sheets-populations?population=484&sex=0#collapse1

8 Inegi, Mortalidad , disponible en:
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registros/vitales/mortalidad/tabulados/ConsultaMortalidad.asp

9 Globocan, Population Fact Sheets: Mexico, disponible en http://gco.iarc.fr/today/fact-sheets-populations?population=484&sex =0#collapse1

10 Ibid

11 The Burden of Cancer in Mexico 1990-2013

12 Secretaría de Salud, PAE Entornos y Comunidades Saludables, disponible en: http://www.promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/programas/Entornos_y_ Comunidades_Saludables_15.pdf

13 Secretaría de Salud, PAE Prevención y control del Cáncer de la Mujer, disponible en: http://cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/descargas/cama/PrevencionyControl delCancerdelaMujer_2013_2018.pdf

14 Secretaría de Salud, PAE Igualdad de Género en Salud, disponible en: http://cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/descargas/IgualdaddeGenero/Iguald addeGeneroenSalud.pdf

15 Secretaría de Salud, PAE Promoción de la Salud y Determinantes Sociales, disponible en:
http://www.promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/programas/Promocion_de_la_Salud_y_Determinantes_Sociales.pdf

16 Secretaria de Salud, PAE Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 2013-2018 , disponible en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/211946/PAE_2013-2018.pdf

17 Otros factores pueden influir para el desarrollo de la neoplasia, tales como el contacto con humo de leña o la contaminación ambiental, entre otros.

18 INSP, El tabaco, una amenaza para el desarrollo ,
https://www.insp.mx/avisos/4462-dia-tabaco-2017.html

19 Portal de Gobierno, Tabaquismo, principal causa de cáncer de pulmón , https://www.gob.mx/salud/prensa/144-tabaquismo-principal-causa-de-cance r-de-pulmon

20 Secretaría de Salud, https://www.gob.mx/salud/prensa/la-secretaria-de-salud-fortalecera-poli ticas-publicas-para-la-prevencion-del-tabaquismo

21 OMS,
http://www.who.int/tobacco/surveillance/policy/country_profile/mex.pdf?ua=1

22 Incan, Equidad y Género , http://cancerdepulmon.com.mx/apoyo

23 Ibíd.

24 Secretaría de Salud, Encuesta Global de Tabaquismos en Adultos México 2015 ,
http://omextad.salud.gob.mx/contenidos/encuestas/gats2015/ENCUESTA_GATS__2015.pdf

25 Secretaría de Salud, Encuesta Global de Tabaquismos en Adultos México 2015 , http://omextad.salud.gob.mx/contenidos/encuestas/gats2015/ENCUESTA_GATS __2015.pdf

26 The Economist, obra citada.

Ciudad de México, a 5 de abril de 2018.

Diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Conapred a dar seguimiento a los posibles actos de discriminación a que pueda ser sujeta la etnia tohono o’odham por servidores públicos federales, a cargo de la diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa y Luis Agustín Rodríguez Torres, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numerales 1, fracción II, y 2, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) a dar seguimiento a los posibles actos de discriminación a que pueda ser sujeta la etnia tohono o’odham por funcionarios del gobierno federal, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La etnia tohono o’odham, también conocida con el apelativo de “tribu pápago”, ha habitado el desierto de Sonora desde tiempos inmemoriales.

El ambiente hostil del desierto obligó a la etnia a adaptar su comportamiento a seminómada o de agricultores itinerantes para maximizar los escasos recursos que se encontraban a disposición.

Derivado de esta situación específica de comportamiento itinerante, perdió la mayor parte de su territorio durante el siglo XX, lo que llevó a un descenso drástico de su población, como expone Lenguas indígenas en riesgo: pápagos, obra de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) publicada en 2006, donde se expone la pérdida territorial como un factor determinante que ha llevado a esta etnia a ser clasificada por la CDI como gravemente amenazada.

Por lo anterior y amparados en el artículo 14 del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, también conocido como Convenio 169, el cual goza de rango de ley suprema de la Unión porque supone un tratado internacional ratificado por el Senado, la etnia indígena tohono o’odham solicitó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano la inclusión del conflicto territorial al Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural, lo que fue aprobado por el comité de dicho programa por una superficie de 2 538-99-75 hectáreas en la octava sesión extraordinaria del 26 de octubre de 2016, lo que deja en claro que las autoridades competentes después de un riguroso análisis del asunto, acordaron que el asunto cumplía a cabalidad los requisitos que exige el programa y que el origen del conflicto era agrario.

A pesar de haber cumplido los requisitos para ser considerado en el programa, la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, mediante el oficio número III-313-A-2447, del 6 de diciembre del 2017, emitió la siguiente posición:

Así las cosas, resulta evidente que si bien es cierto la problemática deriva de la negativa de una acción agraria de reconocimiento y titulación de bienes comunales, también lo es que la etnia tohono o’odham, un grupo nómada o seminómada, no tiene ni ha tenido la posesión de los predios que nos ocupan, por lo que esta área jurídica considera que la problemática sometida a consideración no cumple los requisitos necesarios para ser atendida...

Lo anterior expone una falta grave de los artículos 17, fracción I, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2o., 9o. y 25 a 28 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; y VIII, XII y XXV de la Declaración Americana sobre los Derechos Indígenas, esto en relación con los instrumentos jurídicos internacionales de naturaleza declarativa.

También representa una violación del artículo 14 del Convenio 169, “Sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes”, que goza de rango de ley suprema de toda la Unión.

Lo más preocupante es que esto se encuadra con el supuesto comprendido en la fracción III del artículo 1o. de la Ley federal para prevenir y eliminar la Discriminación, según el cual toda distinción, exclusión o restricción por acción u omisión, con intención o sin ella que tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades cuando se basan en el origen étnico como en su cultura, es discriminación.

La Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación considera en los artículos 3o. y 6o. ajustarse a los instrumentos jurídicos internacionales de que el país sea parte, lo cual incluye necesariamente el Convenio 169, “Sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes” y las declaraciones citadas.

En consecuencia, por lo expuesto y fundado me permito someter a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación para que dé seguimiento a los posibles actos de discriminación a que pueda ser sujeta la etnia tohono o’odham por funcionarios del gobierno federal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2018.

Diputados: Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica), Luis Agustín Rodríguez Torres.


Efemérides

Con motivo del 6 de abril, Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, en el marco de la Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte en México, a cargo de la diputada Jacqueline Nava Mouett, del Grupo Parlamentario del PAN

El 23 de agosto del año 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución número 67/296, decide proclamar el 6 de abril de cada año, como Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz , e invita a todos los estados, el sistema de las Naciones Unidas, a través de la Oficina de las Naciones Unidas sobre el Deporte para el Desarrollo y la Paz; las organizaciones internacionales correspondientes; las organizaciones deportivas internacionales, regionales y nacionales; la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales y el sector privado; y todos los demás interesados pertinentes, a que cooperen y observen el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz con el objetivo de crear conciencia al respecto.

El origen de la fecha del 6 de abril, conmemora la inauguración de los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, en la ciudad de Atenas, Grecia, en1896.

Así entonces, en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se determinó que:

“El Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz nos da la oportunidad de reconocer el potencial del deporte en la creación de un entorno de tolerancia y comprensión, que ayude a promover la paz y el desarrollo, facilitando así la consecución de grandes metas como los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

El deporte puede promover la cooperación, la solidaridad, la tolerancia, la comprensión, la inclusión social y la salud en los planos local, nacional e internacional. Sus valores intrínsecos como el trabajo en equipo, la justicia, la disciplina, el respeto por el adversario y las reglas del juego son entendidas por todo el mundo y se pueden aprovechar en el avance de la solidaridad, la cohesión social y la convivencia pacífica...”

En sesión ordinaria del 14 de diciembre de 2016, en esta honorable soberanía, se aprobó el decreto por el que se declara a la primera semana de abril de cada año, como la Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte , enviándose al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales, lo que dio como resultado que el 24 de enero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación.

En consecuencia, nuestro país participa a la vanguardia de las respectivas conmemoraciones, pues en el marco de la segunda Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte, también celebramos el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, marcado por la Organización de las Naciones Unidas para el 6 de abril.

El informe final de la quinta Conferencia Internacional de Ministros y Altos Funcionarios Encargados de la Educación Física y el Deporte, celebrada en Berlín, Alemania, el 29 y 30 de mayo de 2013, en la que se manifiestan llamamientos a todas las partes interesadas, determina compromisos y recomendaciones para los estados, y señalando en concreto que “El acceso al deporte como derecho fundamental para todos”; “La promoción de la inversión en programas de deporte y educación física”; y “La preservación de la integridad del deporte”; por tanto, las partes interesadas habrán de realizar las adecuaciones necesarias en sus marcos normativos, así como de emprender las acciones pertinentes en sus estructuras de gobierno, además de lo referente al ámbito social y privado.

Desde el 21 de noviembre de 1978, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) adoptó la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte, en su vigésima reunión en París, en la que se determina como finalidad la de: “poner el desarrollo de la educación física y el deporte al servicio del progreso humano, favorecer su desarrollo y exhortar a los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales competentes, los educadores, las familias y los propios individuos a inspirarse en ella, difundirla y ponerla en práctica.”; y en sus 10 artículos determina claramente que: “La práctica de la educación física y el deporte es un derecho fundamental para todos...”; “La educación física y el deporte constituyen un elemento esencial de la educación permanente dentro del sistema global de educación...”; “Los programas de educación física y deporte deben responder a las necesidades individuales y sociales...”; “La enseñanza, el encuadramiento y la administración de la educación física y el deporte deben confiarse a un personal calificado...”; “Para la educación física y el deporte son indispensables instalaciones y materiales adecuados...”; “La investigación y la evaluación son elementos indispensables del desarrollo de la educación física y el deporte...”; “La información y la documentación contribuyen a promover la educación física y el deporte...”; “Los medios de comunicación de masas deberían ejercer una influencia positiva en la educación física y el deporte...”; “Las instituciones nacionales desempeñan un papel primordial en la educación física y el deporte...”; y “La cooperación internacional es una de las condiciones previas del desarrollo universal y equilibrado de la educación física y el deporte...”.

Así entonces, la Carta de las Naciones Unidas proclama la fe de los pueblos en los derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor de la persona humana, y por tanto, afirma su resolución de promover el progreso social y elevar el nivel de vida para las personas, con el énfasis en que una de las condiciones esenciales del ejercicio efectivo de los derechos humanos depende de la posibilidad brindada a todos y a cada uno de desarrollar y preservar libremente sus facultades físicas, intelectuales y morales y que en consecuencia se debería dar y garantizar a todos la posibilidad de acceder a la educación física y al deporte; aunado a que la preservación y el desarrollo de las aptitudes físicas, intelectuales y morales del ser humano mejoran la calidad de la vida en los planos nacional e internacional, por ende la educación física y el deporte deben reforzar su acción formativa y favorecer los valores humanos fundamentales que sirven de base al pleno desarrollo de los pueblos subrayando, por consiguiente, que la educación física y el deporte han de tender a promover los acercamientos entre los pueblos y las personas, así como la emulación desinteresada, la solidaridad y la fraternidad, el respeto y la comprensión mutuos, y el reconocimiento de la integridad y de la dignidad humanas, y más aún, integrar la educación física y el deporte en el medio natural equivale a su enriquecimiento, inspira el respeto hacia los recursos del planeta y despierta el deseo de conservarlos y utilizarlos para el mayor provecho de la humanidad entera.

Propiciar las condiciones necesarias para coordinar la articulación de las políticas públicas, e incentivar a la participación de los sectores social y privado con el firme objetivo de reforzar la promoción y fomento de la cultura física y la práctica del deporte en todas sus manifestaciones, para hacer partícipe a la población, y con ello, incentivar también a la implementación de acciones y estrategias focalizadas y específicas que permitan incrementar de manera exponencial la masificación del deporte, así como la cultura física, y en ello implica propiciar consecuencias positivas de acceso a una vida más sana para nuestra población, aunado a la conservación y protección del tejido social y la interacción con nuestro medio ambiente.

Conmemorar el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, así como celebrar la Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte, es marcar como objeto principal la implementación de estrategias claras y periódicas mediante la coordinación institucional en la que se aprovechen de mejor manera los recursos públicos y privados, aunado a incentivar a toda la población para hacerle partícipe activo junto con autoridades y la iniciativa privada a promover y fomentar una vida más digna y sana desde todas las perspectivas, incentivando a la conciencia de nuestra población y para las siguientes generaciones, hagan suyos los beneficios de la cultura de la actividad física y la práctica del deporte.

En ello también implica en consecuencia, la aplicación de la ley, así como fortalecer la operación del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, con el objeto de mejorar los alcances de las estrategias y programas establecidos, así como incrementar el potencial necesario para beneficiar a nuestra población; aunado a propiciar condiciones encaminadas a incentivar y motivar a las autoridades, a la sociedad y a la iniciativa privada para diseñar, implementar y reforzar programas institucionales con la participación ciudadana, dirigidos a acrecentar la cultura física, al deporte y la recreación en sana convivencia, y así fomentar de manera permanente beneficios para la población de nuestro país.

La conmemoración del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, en el marco de nuestra segunda Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte, propicia la vigencia y la observancia de todos los antecedentes, así como de la profundidad de la importancia y la preponderancia de su significado para establecer un detonante permanente que ponga la cultura física y el deporte al centro como prioridad de las acciones de gobierno, de la academia, de las empresas, de los sindicatos, del sector salud, de la educación, y de la sociedad para hacer conciencia de los beneficios de una vida más sana, de tal manera que año tras año, continuo, permanente y creciente, se fomente la cultura física y el deporte, trascendiendo el tiempo, y heredando para las siguientes generaciones, el mensaje de que la Semana para la Cultura Física y para el Deporte se convierta en una tradición nacional.

Finalmente, fomentar la cultura física a través de actividades deportivas y recreativas para la población, es elevar el nivel de vida social y cultural de las personas; la preservación de la salud física y mental; así como prevención de enfermedades o rehabilitación; es prevenir el delito y combatir la violencia; es promover la erradicación del uso de sustancias tóxicas y nocivas para el cuerpo; es aprovechar, proteger y conservar nuestro medio ambiente; refuerza la convivencia y la cohesión social; fomenta una vida saludable; entre otros muchos más beneficios que representa para las personas en lo individual y en la sociedad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de abril de 2018.

Diputada Jacqueline Nava Mouett (rúbrica)