Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos locales a establecer programas y políticas en materia de contrataciones abiertas, a cargo del diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del PRI

Pedro Luis Noble Monterrubio, diputado de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como las demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a establecer programas y políticas en materia de contrataciones abiertas.

Planteamiento

La creación del Sistema Nacional Anticorrupción ha generado nuevos esquemas compartidos para la promoción y garantía de integridad en el servicio público. Lo anterior significa que los tres órdenes de gobierno, a partir de un esfuerzo de la totalidad de instituciones parlamentarias, cuentan con normas homogéneas que promuevan el combate a la corrupción y el desempeño legal y eficiente de las actividades y recursos públicos.

En este sentido, la expedición de las leyes secundarias del sistema ha permitido generar regulaciones de integridad en asuntos como los procedimientos de contrataciones públicas, aspecto que sin duda es fundamental para la prevención y el combate de hechos de corrupción. En específico, la Ley General de Responsabilidades Administrativas determina lo siguiente:

Sección cuarta

Régimen de los servidores públicos que participan en contrataciones públicas

Artículo 43. La plataforma digital nacional incluirá, en un sistema específico, los nombres y adscripción de los servidores públicos que intervengan en procedimientos para contrataciones públicas, ya sea en la tramitación, atención y resolución para la adjudicación de un contrato, otorgamiento de una concesión, licencia, permiso o autorización y sus prórrogas, así como la enajenación de bienes muebles y aquellos que dictaminan en materia de avalúos, el cual será actualizado quincenalmente.

Los formatos y mecanismos para registrar la información serán determinados por el comité coordinador.

La información a que se refiere el presente artículo deberá ser puesta a disposición de todo público a través de un portal de internet.

Sección quinta

Del protocolo de actuación en contrataciones

Artículo 44. El comité coordinador expedirá el protocolo de actuación que las secretarías y los órganos internos de control implementarán. Dicho protocolo de actuación deberá ser cumplido por los servidores públicos inscritos en el sistema específico de la plataforma digital nacional a que se refiere el presente capítulo y, en su caso, aplicarán los formatos que se utilizarán para que los particulares formulen un manifiesto de vínculos o relaciones de negocios, personales o familiares, así como de posibles conflictos de interés, bajo el principio de máxima publicidad y en los términos de la normatividad aplicable en materia de transparencia.

El sistema específico de la plataforma digital nacional a que se refiere el presente capítulo incluirá la relación de particulares, personas físicas y morales, que se encuentren inhabilitados para celebrar contratos con los entes públicos derivado de procedimientos administrativos diversos a los previstos por esta ley.

Artículo 45. Las secretarías o los órganos internos de control deberán supervisar la ejecución de los procedimientos de contratación pública por parte de los contratantes para garantizar que se lleva a cabo en los términos de las disposiciones en la materia, llevando a cabo las verificaciones procedentes si descubren anomalías.

En este sentido, se ha establecido un piso mínimo para la consolidación del régimen de apertura en las contrataciones públicas, mismo que debe privilegiar esquemas de transparencia, conforme al principio de máxima publicidad, certeza para los participantes, e integridad en el desarrollo de los procedimientos.

Exposición de argumentos

La secretaria de la Función Pública, maestra Arely Gómez González, entregó al Senado de la República el Informe de avances y resultados: 100 días de gestión de la maestra Arely Gómez González como secretaria de la Función Pública , mismo que hace especial énfasis en los esfuerzos de apertura gubernamental al interior del gobierno federal. En específico, y conforme a la materia del presente punto de acuerdo, cabe destacar el siguiente contenido del informe:

“Normatividad en Contrataciones Públicas

Por otro lado, con el objetivo de fortalecer la planeación y ejecución de las contrataciones públicas, se elaboró un proyecto de reformas a los reglamentos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Este proyecto incorpora a los procesos de contrataciones públicas indicadores y mecanismos más precisos que permitan su adecuado monitoreo y control de resultados. Aunado a esto, el 28 de febrero de 2017 se publicaron las reformas al Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones.1

“Contrataciones Abiertas

Uno de los temas centrales en materia de un gobierno abierto es el de la transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos. En este sentido, la estrategia de Gobierno Abierto definida en el Plan de Trabajo Institucional de la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha puesto particular énfasis en el rubro de las contrataciones públicas y el uso de las tecnologías de información como mecanismo para la apertura gubernamental.

Con este fin, la SFP incorporó a la plataforma de datos abiertos del gobierno de la República tres datos no contemplados previamente y que permiten a la ciudadanía conocer, en términos generales, la percepción ciudadana sobre los trámites gubernamentales. Los tres datos incorporados son: los resultados de la encuesta de satisfacción de trámites en línea, los resultados de la retroalimentación ciudadana respecto a sugerencias de mejora, así como los resultados de la retroalimentación ciudadana respecto a la precisión de la información.

Respecto a la apertura en el ámbito de las contrataciones públicas, el 5 de enero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo de la SFP que establece la obligación de incorporar a CompraNet la información pública relativa a la planeación de las contrataciones y la ejecución de los contratos. Con esta medida, se transparentará el ciclo completo del proceso de contratación”2

En este sentido, y conforme a los objetivos de apertura gubernamental, la Secretaría de la Función Pública anunció la generación de la Alianza para las Contrataciones Abiertas el pasado 6 de marzo de 2017, conforme a lo siguiente:

“Alianza para las Contrataciones Abiertas

La Alianza para las Contrataciones Abiertas MX, conformada por representantes de gobierno, sociedad civil y sector privado, busca colaborar para la implementación efectiva del Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas.

El día de hoy se llevó a cabo la Sesión de Instauración de la Alianza para las Contrataciones Abiertas MX, un grupo conformado por representantes de gobierno, sociedad civil y sector privado. El objetivo de la Alianza es trabajar en conjunto para la implementación del Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas, modelo que busca fomentar la integridad gubernamental y aumentar la transparencia en las compras públicas en México.

El grupo impulsor conformado por el gobierno de la República, Transparencia Mexicana, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Alianza para las Contrataciones Abiertas y el Banco Mundial, mapeó los datos específicos que se generan en todas las etapas de un ciclo de contratación: planeación, concurso, adjudicación, contratación e implementación.

(...)

El sitio de Contrataciones Abiertas en México cuenta con visualizaciones de datos de código abierto, las cuales están a disposición de todos los ciudadanos. Con estos insumos podemos seguir trabajando de forma colaborativa en la transparencia de las compras públicas, fomentando sobre todo la comprensión de los datos y su reutilización”3

Así, el gobierno federal ha privilegiado la máxima publicidad en la información relativa a los procedimientos de contrataciones públicas, así como su publicación electrónica en formato de datos abiertos.4 Al respecto, Alejandra Lagunes Soto Ruiz, coordinadora de Estrategia Digital Nacional, estableció lo siguiente respecto a la Alianza para las Contrataciones Abiertas:

“De acuerdo a la Alianza para las Contrataciones Abiertas, el gasto de los gobiernos alrededor del mundo en contrataciones públicas asciende a más de 170 billones de pesos anuales, y en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), representa aproximadamente 12 por ciento del producto interno bruto (PIB) y 29 por ciento del gasto público.

Sin embargo, ésta sigue siendo la actividad gubernamental más vulnerable a la corrupción, a nivel mundial, 57 por ciento de los sobornos están asociados a contratos públicos. Es por esto que en aras de fortalecer un estado de derecho sustentado en los principios de un gobierno abierto y apoyado en el uso de herramientas digitales, desde el inicio de la administración, el presidente Peña Nieto ha impulsado importantes esfuerzos a nivel internacional que marcan un cambio de cultura hacia la apertura de gobierno.

Como parte de la Alianza para Contrataciones Abiertas, en octubre de 2014, México fue el primer país en validar el Estándar de Datos para Contrataciones Abiertas (OCDS, por sus siglas en inglés), y actualmente trabaja con el INAI y Transparencia Mexicana para asegurar su implementación. Dicho estándar implica la publicación de datos públicos –interoperables, estructurados y reutilizables– que se relacionen directamente con todas las etapas del proceso de contratación, desde la planeación, pasando por la licitación, contratación e implementación de cada proyecto. Si bien esto parece un proceso técnico y complicado, el objetivo es hacer que la cadena completa de las contrataciones se vuelva más accesible, transparente y participativa para todos los ciudadanos.

(...)

La implementación del OCDS no es un esfuerzo aislado. México ha hecho diversos compromisos a nivel internacional para que los datos abiertos ayuden a esclarecer la opacidad y permitir a los ciudadanos seguir cada peso de un procedimiento de contratación. Por ejemplo, en la Asamblea General de las Naciones Unidas del año pasado, México lanzó la Carta Internacional de Datos Abiertos, fomentamos las contrataciones abiertas en el Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20 y el pasado 12 de mayo en el marco de la Cumbre Anticorrupción en Londres, nuestro país se comprometió a ‘hacer la contratación pública abierta por defecto –para que los ciudadanos y las empresas puedan tener un registro claro de cómo se gasta el dinero público. Como resultado de estas acciones, México, junto con Colombia, Francia, Ucrania y el Reino Unido, se convirtió en miembro fundador de la Red de Contrataciones Abiertas (C5), una comunidad global dedicada a intercambiar aprendizajes y asegurar la implementación de las contrataciones abiertas en el mundo”5

En este sentido, los esfuerzos nacionales e internacionales del Estado mexicano para la generación de apertura en las contrataciones públicas deben guiar las acciones administrativas de los tres órdenes de gobiernos con el objetivo de transparentar y generar mayores estándares de integridad en el manejo de los recursos. Así, las contrataciones públicas abiertas se consolidan como un modelo administrativo que promueve el escrutinio para eliminar espacios de arbitrariedad en el ejercicio de una de las facultades públicas de mayor vulnerabilidad frente a la corrupción.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a que, en el ámbito de sus competencias, revisen y actualicen la normatividad que rija los procedimientos de contrataciones públicas, con el objetivo de establecer esquemas de apertura, especialmente para la publicación y actualización electrónica de datos en formatos abiertos de la totalidad de las etapas del procedimiento en las plataformas correspondientes.

Segundo. Se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas para que, a través de las instituciones competentes del control interno gubernamental, celebren Alianzas para las Contrataciones Abiertas con las organizaciones de la sociedad civil y órganos garantes en materia de transparencia y acceso a la información pública, con el objetivo de establecer procesos deliberativos y generar esquemas de trabajo coordinados para promover la transparencia y esquemas de integridad pública en los procedimientos de apertura en las contrataciones públicas.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública del gobierno federal a asesorar y brindar apoyo técnico a las dependencias competentes en el control interno de los gobiernos de las entidades federativas para el diseño y la ejecución de las alianzas en materia de contrataciones públicas abiertas.

Notas

1 Secretaría de la Función Pública, Informe de avances y resultados: 100 días de gestión de la Mtra. Arely Gómez González como C. Secretaria de la Función Pública, disponible en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/204795/IN FORME_100_DI_AS_-_AGG_-_SFP.pdf (fecha de consulta: 13 de septiembre de 2017), pp. 9 – 10.

2 Ibíd., pp. 13-14.

3 México Digital, Alianza para las Contrataciones Abiertas, disponible en https://www.gob.mx/mexicodigital/articulos/alianza-para-las-contratacio nes-abiertas (Fecha de consulta: 13 de septiembre de 2017).

4 Respecto a este aspecto, puede consultarse el ACUERDO por el que se establece la obligación de incorporar a CompraNet, la información relativa a la planeación de las contrataciones y la ejecución de contratos que regula la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5468625&fecha=05/01/2017

5 Alejandra Lagunes, Contrataciones Abiertas, la transparencia en acción, disponible en http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/alejandra-lag unes/nacion/2016/06/6/contrataciones-abiertas-la (Fecha de consulta: 13 de septiembre de 2017).

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de septiembre de 2017.

Diputado Pedro Luis Noble Monterrubio (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la suspensión del regreso a clases en los planteles educativos de todos los niveles en las entidades federativas afectadas por el sismo del 19 de septiembre mientras no haya dictamen de habitabilidad plena respecto a cada uno de ellos, a cargo del diputado Héctor Barrera Marmolejo, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Héctor Barrera Marmolejo, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero fracción II y segundo del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública, al titular del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa y al titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, a efecto de que se suspenda de inmediato el regreso a clases en los planteles educativos de todos los niveles, en las entidades federativas afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre, en tanto se emita un dictamen de habitabilidad plena en cada una de las instalaciones educativas, que garantice la protección de la vida e integridad física de alumnos, personal docente y administrativo, así como de padres de familia.

Antecedentes

1. El pasado 19 de septiembre de 2017, los estados de Hidalgo, Tlaxcala, Chiapas, Morelos, Puebla, Guerrero, México, Oaxaca y la Ciudad de México se vieron afectados por el impacto de un sismo categoría 7.1 en la escala de Richter con epicentro en el estado de Morelos.

2. Se han reportado lamentablemente 331 casos de fallecimientos, entre los que se encuentran alumnos y profesores del colegio privado Enrique Rébsamen, ubicado en la delegación Tlalpan de la Ciudad de México.

3. El reporte emitido por la Secretaría de Educación Pública, señala que fueron afectados más de cinco mil planteles de los diferentes niveles educativos en los estados referidos, pero la revisión y detección de daños continúa.

4. El domingo 25 de septiembre, la Secretaría de Educación Pública anunció que serían revisados, una a una, todas las instalaciones educativas de las entidades afectadas por el terremoto y a partir de ese día, en conjunto con Protección Civil, emitirían las constancias de habitabilidad de los inmuebles, para el regreso a clases de la población estudiantil.

5. Desde el día del sismo, el suscrito diputado federal Héctor Barrera Marmolejo se trasladó a las inmediaciones de planteles educativos de la delegación Coyoacán, para verificar las afectaciones a las escuelas, esto en mi calidad de diputado federal.

Consideraciones

El pasado martes 19 de septiembre del presente año, ocho entidades federativas junto con la Ciudad de México, sufrieron serias afectaciones por un sismo de 7.1 grados en la escala de Richter, el cual tuvo su epicentro en el vecino estado de Morelos, como fue informado por el Servicio Sismológico Nacional.

Derivado de la contingencia del fenómeno geológico, se activaron los protocolos de Protección Civil a fin de atender de inmediato a la población y el resguardo de instalaciones.

La Ciudad de México se vio especialmente afectada por los efectos del fenómeno geológico, el cual derivó en el daño estructural a una miríada de planteles educativos de todos los niveles académicos, sin distinguir entre instalaciones del sector público o privado.

Es menester que las autoridades educativas federales y locales y de protección civil federales y de la Ciudad de México, den cabal cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Protección Civil, en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, en la Norma Oficial Mexicana NMX-R-021-SCFI-2013 Escuelas-Calidad de la Infraestructura Física Educativa, en la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, la Ley de Obras Publicas del Distrito Federal, la Ley del Instituto para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal así como el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.

No podemos permitir que por inobservancia de la norma por parte de particulares o autoridades, se hayan perdido vidas humanas, durante un acontecimiento que si bien es imprevisible, en cuanto a fuerza, duración y fecha de su materialización, no lo es en cuanto a la previsión para afrontarlo de manera exitosa, tanto en la parte humana como física de las instalaciones educativas.

Nos ha sorprendido sobremanera, que el gobierno federal está implementando un mecanismo para que en los próximos días miles de niñas y niños se reincorporen a sus actividades académicas, después de que se levante un simple dictamen de protección civil a todas luces apresurado, que supone garantice la habitabilidad de los inmuebles y las condiciones estructurales, que luego del paso del sismo no se hayan visto mermadas.

Nuestra preocupación es total sobre el peligro que significa hacer revisiones apresuradas de los inmuebles, con el afán de demostrar que todo está en orden y bajo control, casos como el acontecido en el colegio Enrique Rébsamen se pueden repetir de vernos enfrentados a otro movimiento telúrico.

Como legisladores no podemos ser óbices de la realidad, vivimos en una de las ciudades con más incidencias de devastadores fenómenos geológicos, a la par de Japón y Asia Central. Es por esa razón que no podemos exponer de forma alguna a miles y miles de niños, niñas y adolescentes que diariamente acuden a realizar sus estudios a las escuelas de la Ciudad de México, así como tampoco podemos exponer al personal académico, administrativo o sanitario que labora al interior de los planteles educativos, incluso a padres y madres de familia quienes participan a lo largo del ciclo escolar en diversas actividades al interior y en los alrededores de las escuelas.

Y es aquí donde la bancada del Partido Acción Nacional hace un sentido y enérgico llamado a las autoridades académicas y de protección civil federales y de la Ciudad de México, y los exhortamos, a la par que exigimos respetuosamente para que no se reactiven las actividades académicas en los planteles educativos de la capital y den marcha atrás a los dictámenes en las escuelas que ya anunciaron su retorno a clases, en tanto no se emita un dictamen de protección civil pleno, donde se le haga saber a la población de cada una de las escuelas públicas y privadas que sus instalaciones no solo están en condiciones de resistir un fenómeno geológico futuro1, sino que no estén expuestos a fenómenos antropogénicos2, fenómenos hidrometeorológicos3, fenómenos quimico-tecnológicos4, o fenómenos sanitario-ecologicos5.

La anterior exigencia se da en el marco de las diversas contingencias y fenómenos ya sean naturales o creados por el hombre, que significan un riesgo real y latente en contra de la vida y seguridad de la población académica, estudiantil y en general de todos los individuos vinculados a la vida diaria en todos y cada uno de los planteles educativos.

Los padres de familia tienen derecho a saber que sus hijos e hijas no están, ni estarán expuestos a sufrir daños o lesiones al interior de sus escuelas.

Las escuelas de la Ciudad de México deben ser recintos de aprendizaje, donde todos no sólo se sientan seguros, sino que plenamente lo estén.

Exhortamos a que la Secretaría de Educación Pública (SEP), junto con el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa y Protección Civil, emitan un dictamen de habitabilidad que no sea sólo en lo referente a la seguridad estructural del inmueble, sino que se referirá a los fenómenos señalados líneas arriba y que son descritos en la ley sustantiva de la materia, en donde se precisará que el plantel educativo está preparado para resistir y afrontar de manera plena dichos fenómenos, ya sea porque no se encuentra asentado en zonas de riesgo, de conformidad a las señaladas en el Atlas de Riesgo, o se encuentra vecina a instalaciones públicas o privadas que manejen sustancias tóxicas, explosivas como lo son fábricas, gasolineras, refinerías, laboratorios, rastros, hospitales, laboratorios o cualquier tipo de instalación que genere productos nocivos para la salud de la población estudiantil o se encuentre cerca o emplazado sobre pasos de agua naturales o artificiales latentes.

En caso de que la escuela esté cerca de una fuente de riesgo o por las condiciones de geolocalización o vecindad se encuentre sobre puntos de riesgo o inminente peligro, como los descritos en la Ley General de Protección Civil, se deberá precisar de forma clara en el dictamen de habitabilidad, describiendo el tipo de riesgo y las medidas que se tomarán para su corrección, señalando los plazos para ello y las dependencias federales deberán realizar las acciones necesarias para remediarlo y en caso necesario o por la imposibilidad física, se deberá reubicar el plantel educativo o clausurar definitivamente la fuente de riesgo.

Los diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional no vamos a permitir de forma alguna que nuestros niños, niñas, jóvenes estudiantes y en general la población relacionada con los planteles educativos, vean su seguridad física o tranquilidad emocional, menguada por el incumplimiento de las normas de protección civil y de construcción.

Es por lo anterior, que sometemos a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública, al titular del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa y al titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, a efecto de que se suspenda de inmediato el regreso a clases en los planteles educativos de todos los niveles, en las entidades federativas afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre del presente año.

Segundo. Se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública, al titular del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa y al titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, para que emitan un dictamen de habitabilidad que considere la seguridad estructural del inmueble ante fenómenos geológicos, fenómenos antropogénicos, fenómenos hidrometeorológicos, fenómenos químico-tecnológicos y fenómenos sanitario-ecológicos, en donde se precisará que el plantel educativo está preparado para resistirlos y se garantice la seguridad física de la población estudiantil, docente, administrativa y padres de familia al interior y exterior de los mismos.

Notas

1 A esta categoría pertenecen los sismos, las erupciones volcánicas, los tsunamis, la inestabilidad de laderas, los flujos, los caídos o derrumbes, los hundimientos, la subsidencia y los agrietamientos.

2 Agente perturbador producido por la actividad humana.

3 Agente perturbador que se genera por la acción de los agentes atmosféricos, tales como: ciclones tropicales, lluvias extremas, inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres; tormentas de nieve, granizo, polvo y electricidad; heladas; sequías; ondas cálidas y gélidas; y tornados.

4 Comprende fenómenos destructivos tales como: incendios de todo tipo, explosiones, fugas tóxicas, radiaciones y derrames.

5 Por la acción patógena de agentes biológicos que afectan a la población, a los animales y a las cosechas, causando su muerte o la alteración de su salud. Las epidemias o plagas constituyen un desastre sanitario en el sentido estricto del término. En esta clasificación también se ubica la contaminación del aire, agua, suelo y alimentos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de septiembre de 2017.

Diputado Héctor Barrera Marmolejo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedatu y la SHCP a implantar medidas para garantizar una vivienda digna a los damnificados del sismo del 19 de septiembre, a cargo de la diputada Lucía Virginia Meza Guzmán, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, Lucía Virginia Meza Guzmán, diputada federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numerales 1, fracción II; y 2, fracciones I, II, III y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo, en el que se exhorta al gobierno federal para que, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, implemente las medidas necesarias que garanticen una vivienda digna a favor de nuestros damnificados a consecuencia de los recientes sismos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Compañeras y compañeros legisladores, el derecho a una vivienda adecuada es un derecho humano reconocido en las disposiciones internacionales sobre derechos humanos como un elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en diferentes instrumentos internacionales de los cuales México forma parte. Me uno al duelo de las familias que se han visto damnificadas debido a los sismos presentados con anterioridad, el del día 7 de septiembre, a las 23:49 horas, tiempo de México, y posteriormente el martes 19 de septiembre, a las 13:14 horas, tiempo de México, los cuales lamentablemente causaron daños irreparables de vidas humanas así como de viviendas y comercios que se vieron seriamente afectados, e incluso, con pérdidas totales. Debido a lo acontecido, exhortamos atentamente al gobierno federal, así como a las Secretarías encargadas de actuar en los desastres naturales, lo hagan lo más pronto posible, a fin de llevar a cabo la reestructuración principalmente de las viviendas para las familias que se han quedado sin techo para vivir.

Marco jurídico

Es un derecho humano así como una garantía individual para los mexicanos, contar con una vivienda digna, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo séptimo, que a la letra dice;

“Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”.

El Estado debe garantizar que cada habitante del territorio mexicano tenga una residencia donde dormir, donde comer, y donde desarrollarse plenamente. No es sólo obtener un espacio geográficamente hablando, sino que dicho lugar tenga acceso a todos los derechos y necesidades básicas del ser humano como lo son; el agua, la energía eléctrica, higiene, y la mejora de vivienda cuando ello lo requiera. El Estado mediante las políticas públicas debe atender las necesidades de mejora hacia los grupos vulnerables o establecidos en lugares riesgosos, así como prevenir la discriminación de quienes puedan sufrirlo, y preparar programas federales en caso de desastres naturales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación también se ha pronunciado al respecto, al emitir lo siguiente;

Derechos humanos. El relativo a una vivienda digna y decorosa debe ser analizado a la luz de los principios plasmados en la Constitución federal y tratados internacionales, a partir de una interpretación más amplia que favorezca en todo momento a las personas (aplicación del artículo 1, párrafo segundo, constitucional -principio pro homine ). Con base en las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor desde el once del mismo mes y año, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la mencionada Carta Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. En relación con el derecho de la persona a la protección de la salud, a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, y a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, el artículo 4 constitucional establece como derecho fundamental el acceso a la seguridad social, a un medio ambiente sano y a una vivienda digna y decorosa. Por su parte, el derecho humano a una vivienda es reconocido en el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al que se incorporó el Estado mexicano a través de la firma del Instrumento de Adhesión, el día dos del mes de marzo del año de mil novecientos ochenta y uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de mayo del mismo año. 1

El derecho a una vivienda digna se visualiza desde luego en el sentido más amplio y moderno, el Estado mexicano se ha adherido a diversos tratados internacionales para una mayor eficacia en estos rubros, mejorar las reglas y normas ya establecidas y dar un mejor servicio a la población.

Una vivienda adecuada debe brindar más que cuatro paredes y un techo. Deben satisfacerse varias condiciones para que una forma particular de vivienda pueda considerarse que constituye “vivienda adecuada”. Estos elementos son tan fundamentales como la oferta y disponibilidad básicas de vivienda. Para que la vivienda sea adecuada, debe reunir como mínimo los siguientes criterios:

-La seguridad de la tenencia

-Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura

-Asequibilidad

-Habitabilidad

-Accesibilidad

-Ubicación

-Adecuación cultural 2

El gobierno federal, a través de las distintas Secretarías de Estado, debe propiciar y asegurar el debido desarrollo mediante participaciones y censos que establezcan las necesidades de cada población para llevar a cabo programas de inclusión y mejora en cada una de las viviendas mexicanas. La Sedatu (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano) es la institución de la administración pública federal cuyo propósito es planificar, coordinar, administrar, generar y ejecutar las políticas públicas de ordenamiento territorial, asegurar una vivienda digna, un desarrollo urbano y rural así como otorgar certeza jurídica a los núcleos agrarios; buscando mejorar la calidad de la vida de los Mexicanos, prevenir los asentamientos en zonas de riesgo y coadyuvar en caso de fenómenos naturales para la atención inmediata. Por tanto, es obligación del Estado mexicano asegurar la reconstrucción de viviendas afectadas por casos fortuitos, implementando esquemas de atención ciudadana rápida y eficiente, haciendo el recuento de los daños, brindando atención médica y psicológica a las personas que lo necesiten. Los fenómenos naturales, como la lluvia, terremotos, huracanes o el viento, se convierten en desastres cuando superan un límite de normalidad, medido generalmente a través de un parámetro.

Es a través de dicha Secretaría, así como de las distintas dependencias del gobierno de la república por las cuales se crean programas y acciones a emprender en caso de desastres naturales, empleando fondos y recursos para utilizarlos y ayudar a la población que sea vea damnificada. Entre muchos otros, se encuentran a continuación los más destacados;

1. Fonden . El Fondo de Desastres Naturales es un instrumento financiero mediante el cual dentro del Sistema Nacional de Protección Civil, a través de las Reglas de Operación del propio Fondo y de los procedimientos derivados de las mismas, integra un proceso respetuoso de las competencias, responsabilidades y necesidades de los diversos órdenes de gobierno, que tiene como finalidad, bajo los principios de corresponsabilidad, complementariedad, oportunidad y transparencia, apoyar a las entidades federativas de la República Mexicana, así como a las dependencias y entidades de la administración pública federal, en la atención y recuperación de los efectos que produzca un fenómeno natural, de conformidad con los parámetros y condiciones previstos en sus Reglas de Operación.

2. Programa de Apoyo a Trabajadores Afectados por Desastres Naturales. Creado en julio de 2013 por instrucción del presidente Enrique Peña Nieto, el Programa de Apoyo a Damnificados por Desastres Naturales, es un mecanismo de financiamiento del Instituto Fonacot para otorgar, con la rapidez que el caso lo requiere, los créditos que soliciten los trabajadores formales de las zonas afectadas por sequías, incendios, heladas, sismos, huracanes, tormentas tropicales o fenómenos químicos, sanitarios o ecológicos, a fin de apoyarlos en la recuperación de su patrimonio, tan pronto la Secretaría de Gobernación emite la declaratoria de emergencia o de desastre.

3. Préstamo personal extraordinario para damnificados por desastres naturales en el ISSSTE. Préstamo para los trabajadores o jubilados del ISSSTE en caso de desastres naturales, es un trámite rápido por ser prioritario y de emergencia, busca ayudar a sus trabajadores a mejorar rápidamente la calidad de vida mediante diversos préstamos a un interés bajo.

4. Fideicomiso privado Fuerza México. El fideicomiso privado Fuerza México ha sido constituido en Nacional Financiera por distintos representantes del sector privado con el propósito de canalizar en un mismo esfuerzo todos los donativos y aportaciones que realicen personas, organismos, organizaciones y empresas desde el interior o exterior de la República Mexicana para apoyar las acciones de reconstrucción en los estados que se vieron afectados por los recientes sismos. Dicho fideicomiso estará integrado por un comité que encabezan, entre otros empresarios, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón Castañón; el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Alejandro Ramírez Magaña; el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, Manuel Herrera Vega; el presidente del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, Vicente Yáñez Solloa; el presidente de la Asociación de Bancos de México, Marcos Martínez Gavica; el presidente del Consejo Ejecutivos de Empresas Globales, Frederic García; y el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Gustavo Arballo Luján.3

México se encuentra en una zona de alta sismicidad debido a la interacción de cinco placas tectónicas: La placa de Norteamérica, la de Cocos, la del Pacífico, la de Rivera y la placa del Caribe. Por esta razón no es rara la ocurrencia de sismos. El Servicio Sismológico Nacional reporta en promedio la ocurrencia de 40 sismos por día.

Debido a lo antes mencionado, no es extraordinario que haya movimientos telúricos, mismos que son imposibles de predecir, los cuales causen daños irreversibles. Atendiendo a ello, el día 7 de septiembre de 2017 el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo con magnitud 8.2 localizado en el Golfo de Tehuantepec, a 133 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, Chiapas. El sismo, ocurrido a las 23:49:18 horas (04:49 UTM), fue sentido en el sur y centro del país. Las coordenadas del epicentro son 14.85 latitud N y -94.11 longitud W y la profundidad es de 58 kilómetros. Días después, el 19 de septiembre de 2017 el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo con magnitud 7.1 localizado en el límite estatal entre los estados Puebla y Morelos, a 12 kilómetros al sureste de Axochiapan, Morelos y a 120 kilómetros de la Ciudad de México, el sismo, ocurrido a las 13:14:40 horas, fue sentido fuertemente en el centro del país. Las coordenadas del epicentro son 18.40 latitud N y -98.72 longitud W y la profundidad es de 57 kilómetros.4

Luis Felipe Puente, coordinador Nacional de Protección Civil, ha informado que el día 7 de septiembre fallecieron al menos 32 personas en Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como el siguiente número de fallecidos el día 19 de septiembre; 72 en Morelos, 117 en Ciudad de México, 43 en Puebla, 12 en el estado de México, 3 en Guerrero y 1 en Oaxaca. En este mismo orden de ideas, el conteo preliminar sobre las viviendas severamente afectadas por el fenómeno natural ha sido de al menos 110 mil inmuebles dañados en Oaxaca, Chiapas y Tabasco, entre ellos viviendas, y de 50 mil en Morelos, Puebla, Ciudad de México y el estado de México, misma cifra que ha ido cambiando a cada minuto, pues aún hay regiones lejanas a las que no han acceder las autoridades correspondientes. Actualmente se han habilitado escuelas, ayuntamientos y edificios no dañados como albergues temporales, a los que llega ayuda de los centros de acopio recibida de todos los Estados en el país. A las personas que se encuentran en ellos se les da comida, ropa y colchas para dormir, obviamente se encuentran las fuerzas federales haciendo las tareas pertinentes e implementando programas de ayuda, así como el Plan Nacional para desastres naturales DN-III, sin omitir mencionar que también se encuentran en las labores de rescate que se llevan a cabo en distintas ciudades y estados de la República Mexicana.

Todas las políticas públicas destinadas a desastres naturales se han ido implementando desde el hecho suscitado el pasado martes, sin embargo, aún falta mucho por hacer, llegar a los lugares donde no se ha llegado con víveres y medicamentos, rescatar a personas de entre los escombros y continuar con las labores de limpieza a fin de ir poco a poco limpiando calles y terrenos donde antes era el patrimonio de mucha, mucha gente. Es increíble lo sucedido, México ya había pasado por algo similar exactamente hace 32 años y ahora la historia se repite. No obstante, desde aquel sismo se efectúan mecanismos de rescate y cultura de la prevención, para que la población sepa qué se debe hacer en estos casos. Es una tristeza el número de escuelas dañadas, edificios arquitectónicos, monumentos emblemáticos, entre muchos otros. Es lamentable el número de víctimas que quedaron atrapadas y no tuvieron la oportunidad de ver la luz del sol otro día. México conoce estos casos, se ha preparado y ha creado instrumentos y fondos destinados para ello, mismos que no deben rezagar ni aplazar bajo ninguna de las circunstancias.

El llamado es a la unidad nacional, sin importar colores de partido, ideología o creencia, todos debemos sumarnos en un gran pacto nacional; partidos políticos, empresarios, sociedad civil, apoyar a nuestros damnificados es ahora más que nunca una política exterior fundamental, es importante, exigir firmeza al gobierno federal, al presidente Peña y a sus colaboradores, es tiempo de dar la cara por México y defender en todos los sentidos nuestros compatriotas.

Es tiempo de unirnos, es tiempo ya de México, por el bien de nuestras familias.

Por lo antes expuesto y fundado, solicito a esta Cámara de Diputados, someta a consideración, la presente proposición con:

Puntos de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal para que, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, implemente las medidas necesarias que garanticen una vivienda digna a favor de nuestros damnificados por los lamentables hechos ocurridos a causa del citado sismo, protegiendo en todo momento los derechos humanos de las familias mexicanas.

Segundo. En este mismo orden de ideas, se exhorta al gobierno federal y a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que tengan a bien publicar todos aquellos avances e implementación de los programas en proceso para la correcta reivindicación de las localidades dañadas.

Notas

1 Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito.

Amparo directo 251/2011. Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal. 4 de noviembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier Cárdenas Ramírez. Secretaria: Angélica Torres Fuentes. 2000085. VI.1o.A.7 A (10a.). Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro IV, Enero de 2012, Pág. 4335

2 Folleto informativo número 21 Derechos humanos, el derecho a una vivienda adecuada, Naciones Unidas, Oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos, pags 3 y 4. Publicado en internet bajo la liga http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_sp.pdf

3 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/257389/210917_Comunicado _No._185.pdf

4 Reporte Especial, Grupo de Trabajo del Servicio Sismológico Nacional, UNAM. Publicado en internet bajo la liga

http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/reportes-especiales/20 17/SSNMX_rep_esp_20170919_Puebla-Morelos_M71.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de septiembre del 2017.

Diputada Lucía Virginia Meza Guzmán (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fepade a concluir las indagatorias sobre los hechos violentos ocurridos el 4 de julio de 2017 en Chicontepec, Veracruz, a cargo del diputado Cuitláhuac García Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena

Cuitláhuac García Jiménez, en mi calidad de diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primero. El día 4 de julio de 2017, Gonzalo Vicencio Flores, candidato en ese momento, y María Guadalupe Arguelles Lozano, enlace distrital de Morena en el municipio de Chicontepec, Veracruz, acudieron a votar en la comunidad de Xicalango, municipio de Chicontepec, y a su regreso, estando en la comunidad de Xocócatl, fueron atacados por un grupo de personas armadas con piedras, palos, machetes y armas de fuego, quienes eran encabezadas por el diputado local Manuel Francisco Martínez Martínez, y por el presidente municipal de Chicontepec, Veracruz, Pedro Toribio Martínez.

El ataque tuvo verificativo en las afueras de la casilla 1361 básica, ubicada en la comunidad de Xocócatl, donde se detonaron armas de fuego y se atacó a los ciudadanos formados para votar.

Sobre estos actos de violencia, el mismo presidente de la casilla 1361 Básica, da cuenta de ellos en el acta de incidentes de la jornada electoral y señala:

“Durante el desarrollo de la votación se presentó el candidato de Morena, Gonzalo Vicencio, poco después llegaron cinco camionetas con gente encapuchada, armadas con machetes, piedras y arma de fuego, llegaron golpeando a la gente que se encontraba votando.

Empezaron a aventar piedras a la gente echándoles gas y echando disparos al aire.

Poco después apareció el diputado del Partido Verde, Manuel Francisco Martínez, entre la gente agresora.

Lo ocurrido duro poco más de dos horas.

En lo ocurrido golpearon fuertemente a dos de los representantes de Morena y una persona más que se encontraba esperando para votar.

Junto a los agresores se observa al presidente municipal Pedro Toribio Martínez que al parecer venía con gorra...”

Cabe señalar que la hoja de incidentes donde se describe esta agresión fue firmada por todos los funcionarios de la casilla 1361 Básica: el presidente Vicente Martínez Magdalena, el secretario Andrea Morales Santiago, 1a escrutadora, Catarina Cruz Martínez y 2a escrutadora María Serafina Marcos Martínez, así como de los representantes de los partidos políticos Mario Bautista Osorio, del PAN; Eugenia Martínez Vera, del PRD; Roberto Toribio Martínez, del Partido Verde (PVEM), y por Miguel Ángel Osorio Antoni, de Morena.

Tal como puede apreciarse en la imagen que a continuación se reproduce.

Probanza que obra en las actuaciones ministeriales y ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Segundo. Por estos hechos violentos se levantó la carpeta de investigación número UIPJ/DV/F1/196/2017 por los delitos de abuso de autoridad, secuestro, retención indebida de personas, lesiones, amenazas, robo, daños a la propiedad en contra de diputado local Manuel Francisco Martínez Martínez y por el presidente municipal de Chicontepec, Veracruz, Pedro Toribio Martínez, así como de los ciudadanos Pedro Adrián Martínez Estrada, presidente municipal electo de Chicontepec, Veracruz, Pedro Martínez Solís, Juan Santiago Reyes, Santiago Martínez Solís.

En la indagatoria se especifica que Gonzalo Vicencio Flores y María Guadalupe Arguelles Lozano primero fueron atacados a las afueras de una casilla, y perseguidos hasta el interior de un domicilio particular donde se intentaron refugiar. Justo antes de ser desalojados por la fuerza de ese refugio temporal, Gonzalo alcanzó a enviar una serie de mensajes, entre otros:

“Urge que manden Ejército me atacaron en Xocócatl gente de Manuel Francisco Martínez y Pedro Toribio. Gente armada, hay heridos”.1

Una vez que fueron sacados de la vivienda de madera, Gonzalo fue golpeado brutalmente “con garrotes, tubos, piedras y toques con una chicharra eléctrica”, luego fue jalado arrastrado, amarrado, subido a coche y puesto boca bajo en el suelo para después amenazar lo con cortarle los pies: “No rajes porque si rajas venimos por ti, tenemos ordenes de Manuel Francisco”, fue la advertencia. Después de varias horas de martirio fue abandonado junto con la ciudadana María Guadalupe Arguelles Lozano en la localidad conocida como Llano del Medio.

A pesar de estar herido, Gonzalo Vicencio Flores y María Guadalupe Arguelles Lozano se presentaron ante el OPLE de Chicontepec, para denunciar las agresiones, en donde el secretario del órgano electoral certificó la llegada de ambos, dando fe que Gonzalo se encontraba herido y ensangrentado, por lo que se dio parte a Xalapa y se trasladaron a la fiscalía y de allí lo llevaron de urgencia a la clínica regional de Chicontepec, pero debido a la gravedad de las lesiones fue trasladado a la Beneficencia Española en Tampico, Tamaulipas, resguardado por Seguridad Pública del Estado. Fue diagnosticado con fractura en el cráneo y el cerebro inflamado, fracturas en las costillas, desviación de tórax, fractura del décimo arco costal derecho, entre otras.

Tercero. Las agresiones, el robo, la destrucción de vehículos, las lesiones, el levantamiento (secuestro) y las amenazas por parte de personas armadas en contra del candidato de Morena y de la enlace distrital en el municipio de Chicontepec, Veracruz, ocurrida el mismo día de la jornada electoral, lo que dio por resultado que cundiera el miedo entre la población para no acudir votar por la violencia desatada.

Al respecto cabe recordar que la legislación mexicana protege tanto las condiciones en que se desarrolla el proceso electoral como el sufragio de los ciudadanos.

En este sentido la Ley General en Materia de Delitos Electorales establece tipos penales que tutelan la libertad del sufragio y el libre desarrollo de los comicios en todas sus etapas, a fin proteger como bien jurídico tutelado , la adecuada función electoral federal, la limpieza de las elecciones y la libertad y secrecía del sufragio.

“El bien jurídico tutelado (en los delitos electorales) es en general la adecuada función electoral federal en cuanto a que se cumplan los principios rectores de certeza y legalidad, con respecto, lo primero, a que el resultado de las elecciones se base en la espontánea decisión de cada uno de los votantes y, lo segundo, al cumplimiento de los dispositivos que rigen aquellas campañas y la etapa de votación. En particular se protegen las características de libertad y secrecía del voto, consignadas por los artículos 41, fracción I, de la Constitución se afecta la adecuada función electoral que impone honestidad cívica de los ciudadanos, básica para que las preferencias electorales que concurren a integrar la voluntad popular se formen por genuina decisión de los sufragantes, sin sufrir influencia alguna.”2

En este orden de ideas la Ley General en Materia de Delitos Electorales a la letra señala:

“Artículo 4. El Ministerio Público, en todos los casos, procederá de oficio con el inicio de las investigaciones por los delitos previstos en esta Ley.”

“Delitos en Materia Electoral

Artículo 7. Se impondrán de cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses a tres años, a quien:

...

VII. Solicite votos por paga, promesa de dinero u otra contraprestación, o bien mediante violencia o amenaza, presione a otro a asistir a eventos proselitistas, o a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, durante la campaña electoral, el día de la jornada electoral o en los tres días previos a la misma. 3

Si la conducta especificada en el párrafo anterior es cometida por un integrante de un organismo de seguridad pública, se aumentará hasta un tercio de la pena prevista en el presente artículo.

XVI. Realice por cualquier medio algún acto que provoque temor o intimidación en el electorado que atente contra la libertad del sufragio, o perturbe el orden o el libre acceso de los electores a la casilla.

Si la conducta se realiza por una o varias personas armadas o que utilicen o porten objetos peligrosos, a la pena señalada se aumentará hasta en una mitad, con independencia de las que correspondan por la comisión de otros delitos;”

Cuarto. Los días once y trece de junio de dos mil diecisiete, los partidos de la Revolución Democrática y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) promovieron sendos recursos de inconformidad en contra de la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría relativa a los candidatos registrados por la coalición PRI-PVEM, por las conductas delictivas y los actos ilícitos sancionados por el Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, mismos a los que les fueron asignados los expedientes de números RIN 151/2017 y RIN 152/2017, respectivamente.

Con fecha treinta de agosto de dos mil diecisiete el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz resolvió la impugnación presentada y en dentro de su argumentación señala:

En este orden de ideas, del material probatorio valorado en su conjunto, mismo que no fue objetado y que no está contradicho por otras pruebas que podamos valorar, se desprenden sucesos coincidentes, relacionados con lo aducido por los inconformes, acerca de violencia en contra del entonces candidato a la presidencia por el partido Morena Gonzalo Vicencio Flores , que alcanzan a demostrar, un hecho de violencia que trajo como consecuencia la interrupción de la votación en ambas casillas, por aproximadamente tres horas, lo cual pudo haber afectado la votación en esas dos casillas y desde luego, los resultados electorales que ahora impugnan y que se impidió que el voto se ejerciera de manera pacífica en las referidas casillas.

Así las cosas, como en su momento lo sostuvieron los partidos inconformes, en las casillas de la sección 1361 existieron irregularidades, que desde el punto de vista de este Tribunal, son consideradas como graves, sin duda alguna, determinantes respecto del resultado obtenido en dichas casillas, pues como quedó asentado, la agresión de que fue objeto el candidato del partido Morena, trascendió al normal desarrollo de la jornada electoral, al grado de que la votación que debía recibirse en esa sección, se suspendió aproximadamente en tres de las diez horas en que debían estar aperturadas las casillas, es decir, en una tercera parte del tiempo que tienen los electores de la comunidad Xocócatl, perteneciente al municipio de Chicontepec, Veracruz, con lo que indudablemente se afectó el principio de certeza en las casillas de comento.

Por lo que en este momento es necesario estudiar si dicha presión y violencia fueron determinantes para el resultado de la votación en dichas casillas, de manera que de no haber ocurrido, el segundo lugar se hubiera colocado en el primer lugar, a lo anterior se le denomina estudio cuantitativo, ya que estamos hablando de poder calcular, cuántos votantes dejaron de emitir su sufragio y si dichos votos que se dejaron de emitir marcaron la diferencia entre el partido ganador y el segundo lugar.

...

En este orden de ideas, tomando en consideración el grado de afectación al indicado principio, queda de manifiesto que, la votación recibida en esas casillas, debe de anularse, máxime que como ya hemos dejado asentado, como elemento adicional a la indicada agresión, consta el hecho de la presencia de un servidor público del ayuntamiento de Chicontepec, Veracruz, como representante de un partido político, aspecto que en nada contribuye a la certeza de la votación recibida en la casilla respectiva.

En consecuencia, se considera necesario remitir a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, copia certificada de la presente resolución, toda vez que en las copias certificadas de las hojas de incidentes previamente valoradas, fue asentada de manera precisa, la presencia e intromisión del alcalde de Chicontepec, Veracruz, así como del diputado local, Manuel Francisco Martínez Martínez, en las casillas 1361 Básica y 1361 Contigua 1, lo anterior, deberá hacerse en respuesta al oficio AYD-FEPADE-9467120L7, de fecha veinticuatro de agosto, firmado por Karla Elena Solís Echegoyen, agente del Ministerio Público de la Federación en funciones de Fiscal Orientadora Adscrita a la Unidad de Atención Inmediata Fepade, recibido en este Tribunal en la misma fecha, para los efectos legales procedentes.”

Luego entonces es claro que la violencia desatada en Chicontepec, Veracruz, se encuadra dentro de los tipos penales referidos para la comisión de delitos electorales, por lo que deben ser investigados y sancionados, tanto los autores materiales como intelectuales.

Aunado la anterior es doblemente condenable que las agresiones provengan del presidente municipal de Chicontepec y del diputado local por ese distrito, funcionarios públicos que tienen la responsabilidad de otorgar seguridad a los ciudadanos y que en lugar de ello busquen amedrentar la oposición política y a los ciudadanos.

Cabe destacar que a pesar de la violencia ocurrida durante la jornada electoral del 4 de julio de 2017, encabezada por el diputado local Manuel Francisco Martínez Martínez y por el presidente municipal de Chicontepec, Veracruz, Pedro Toribio Martínez, miembros destacados de la coalición de PRI- PVEM, la diferencia en el resultado de la elección entre el primer y segundo lugar es ínfima, de menos de mil votos: Once mil quinientos dos votos, contra diez mil quinientos ochenta y ocho votos, e incluso los votos nulos suman casi la totalidad de esta diferencia, es decir: 892, ochocientos noventa y dos.

Por las razones arriba expuestas, pongo a consideración de esta soberanía, como de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión condena de manera rotunda las agresiones y delitos de privación ilegal de la libertad, robo, daño a la propiedad, lesiones y las amenazas cometidas por parte de personas armadas en contra de la población en general y del ex candidato y la enlace distrital de Morena en el municipio de Chicontepec, Veracruz, los ciudadanos Gonzalo Vicencio Flores y María Guadalupe Arguelles Lozano, ocurridos durante los comicios de ayuntamientos en el estado el pasado 4 de julio de 2017, a manos de un grupo de gente encapuchada y armada encabezado por el Manuel Francisco Martínez Martínez, diputado local, y Pedro Toribio Martínez, presidente municipal de Chicontepec, Veracruz.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz a que concluya la indagatoria UIPJ/DV/F1/196/2017 por los delitos de homicidio en grado de tentativa, privación ilegal de la libertad, asociación delictuosa, lesiones, robo, daño la propiedad y los que resulten, así mismo solicite el juicio de procedencia ante el Congreso local en contra de Manuel Francisco Martínez Martínez y Pedro Toribio Martínez, diputado local y presidente municipal de Chicontepec, Veracruz, respectivamente, a fin de que sean consignados ante las autoridades correspondientes.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) a que a la brevedad concluya la indagatoria en contra de Manuel Francisco Martínez Martínez y Pedro Toribio Martínez, diputado local y presidente municipal de Chicontepec, Veracruz, por la comisión de delitos electorales y la consigne ante los tribunales competentes.

Notas

1 “Golpean a candidato de Morena en Chicontepec, Veracruz”. El Universal 4 de julio de 2017.

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=
1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU5sya44DVAhXJKyYKHYIiBSUQFggmMAA&url=http%3A%2F%2F
www.eluniversal.com.mx%2Farticulo%2Festados%2F2017%2F06%2F4%2Fgolpean-candidato-de-morena-en
-chicontepec-veracruz&usg=AFQjCNFML_01dGPa6hTMsPTLOUiTrp93VQ

2 Jorge Reyes Tayabas. Leyes, Jurisdicción y Análisis de Tipos Penales Respecto de Delitos. Electorales Federales y en Materia de Registro Nacional de Ciudadanos . México 1999.

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=
1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQlsiqsdfTAhVJh1QKHau4AaQQFggkMAA&url=http%3A%2F%2F
cdigital.dgb.uanl.mx%2Fte%2F1020148442%2F1020148442_07.pdf&usg=AFQjCNEWzMrkHfqks3zgBDb-VMobsdAhMw

3 Ley General en Materia de Delitos Electorales, artículo 7, Párrafo reformado DOF 27-06-2014.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/LGMDE_270614 .doc

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de septiembre de 2017.

Diputado Cuitláhuac García Jiménez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación de Jalisco a implantar medidas urgentes para garantizar la seguridad de alumnos, profesores y padres de familia de la escuela primaria urbana 345 Veintiuno de Marzo, en Puerto Vallarta, a cargo del diputado Luis Ernesto Munguía González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, diputado Luis Ernesto Munguía González, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en la fracción II, numeral 1 y numeral 2 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Educación de Jalisco a tomar todas las medidas necesarias para efectos de garantizar la seguridad de los alumnos, docentes, padres de familia y a toda la comunidad que confluye en las actividades de la escuela primaria urbana 345, “Veintiuno de Marzo”, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En fechas recientes, como consecuencia de los hechos catastróficos provocados por los sismos del 7 y el 19 de septiembre del presente año, mismos que azotaron mayormente a los estados de Chiapas y Oaxaca, Puebla, Morelos, la Ciudad de México y el estado de México, respectivamente; el día de hoy estamos más conscientes que nunca de la importancia de tomar todas las medidas preventivas necesarias para garantizar la seguridad de la población ante eventos tan lamentables como los que se derivan de las fuerzas de la naturales. Entre esas medidas deben estar contempladas las relativas a los estándares de calidad y seguridad con que se construyen y se da mantenimiento a las edificaciones.

Particularmente lamentable es la tragedia ocurrida en torno a la comunidad del centro educativo colegio Enrique Rébsamen, en el que perdieron la vida 19 menores de edad y 8 adultos. Se ha señalado por los medios de comunicación que, de acuerdo con los dictámenes de personal especializado, dicho colegio no contaba con instalaciones adecuadas de conformidad con las normas de construcción antisísmicas vigentes en la CDMX. Resulta especialmente negligente e indolente mantener en funcionamiento centros educativos a los que acuden centenares de menores de edad, sin que estos cumplan con todas las medidas de seguridad en una zona altamente sísmica.

En el caso de Puerto Vallarta, Jalisco, es sabido que atraviesa una parte el accidente geológico conocido como “Falla de San Andrés”, y en este sentido es una zona con alto riesgo de sismos. En este contexto, tanto el director de la primaria urbana 345, “Veintiuno de Marzo”, C.C.T 14EPR0430P, Turno Matutino, señor David Alexandro Alvarado Velazco; y el director de la escuela primaria urbana 1242, “24 de Octubre”, C.C.T. 14EPR1285A, Turno Vespertino, señor Ernesto Murillo Guzmán, mismas que realizan sus actividades en el mismo centro educativo, cuyo domicilio se encuentra ubicado en la calle Manuel M. Diéguez 191, delegación de Las Juntas, municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, han manifestado a las autoridades del gobierno del estado de Jalisco, en diversas ocasiones desde 2016, su preocupación por las condiciones de deterioro en que se encuentran las instalaciones de dicho plantel.

Con fecha 2 de septiembre de 2016, mediante oficio SDPCB/04/2662/2016, la Subdirección de Protección Civil y Bomberos del municipio de Puerto Vallarta, previa evaluación del inmueble referido, determinó que ésta no cumplía con los estándares actuales de edificación y seguridad para los planteles educativos, recomendando que se realizara un dictamen estructural a fondo y se adoptaran las medidas de seguridad necesarias.

Con fecha 20 de enero de 2017, mediante oficio sin número, los directores de las escuelas en comento, solicitaron a la Delegación Regional de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco Región Costa Norte, reiterando su preocupación por las condiciones en que se encuentra el plantel y solicitando a la Secretaría les fuese enviado personal capacitado para la evaluación de las instalaciones y se elaborara un informe técnico.

Con fecha 5 de septiembre de 2017, mediante oficio SDPCB/04/2629/2017, la Subdirección de Protección Civil y Bomberos del municipio de Puerto Vallarta, emitió nuevamente un resolutivo derivado de una nueva inspección en las instalaciones de la escuela, en el que se estableció que “se aprecian daños generales por degradación de los materiales constructivos principales, como el concreto, mortero y mampostería, no cuenta con las condiciones de seguridad y estabilidad estructural necesarias, de acuerdo con la normatividad vigente en la materia”; añadiendo que “no se recomienda que el inmueble sea utilizado hasta que se realicen los trabajos de reparación y/o reconstrucción”.

Con fecha 21 de septiembre de 2017, mediante escrito sin número, dirigido a la delegación regional de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco Región Costa Norte, los directivos de la escuela referida solicitaron nuevamente su apoyo e intervención para realizar las gestiones necesarias a fin de salvaguardar y garantizar la integridad física de la comunidad estudiantil y el desarrollo óptimo del alumnado.

En vista de la inactividad por parte de las autoridades, que hasta el momento ha dejado en riesgo a la comunidad estudiantil de la escuela en comento, considero absolutamente necesario y urgente que esta honorable Cámara de Diputados se pronuncie de forma urgente e inmediata en el sentido de exhortar a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Jalisco, para que éstas atiendan a la brevedad la situación de riesgo y vulnerabilidad en la que se encuentra.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Educación del estado de Jalisco a tomar todas las medidas necesarias para efectos de garantizar la seguridad de los alumnos, docentes, padres de familia y a toda la comunidad que confluye en las actividades de la Escuela Primaria Urbana 345, “Veintiuno de Marzo”, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, toda vez que ésta se encuentra en tal grado de deterioro que compromete la integridad física de los aludidos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de septiembre de 2017.

Diputado Luis Ernesto Munguía González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a auxiliar técnica y operativamente a las entidades federativas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre, a cargo del diputado José Luis Toledo Medina, del Grupo Parlamentario del PRI

José Luis Toledo Medina, diputado federal y coordinador por Quintana Roo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como las demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que exhorta a la Secretaría de Gobernación del gobierno federal a auxiliar técnica y operativamente a las entidades federativas afectadas por los sismos ocurridos el 7 y 19 de septiembre de 2017, especialmente para la obtención eficaz de los recursos del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales.

Planteamiento

México se encuentra en una zona de alta sismicidad debido a la interacción de cinco placas tectónicas: la placa de Norteamérica, la de Cocos, la del Pacífico, la de Rivera y la placa del Caribe. Por esta razón no es rara la ocurrencia de sismos. El Servicio Sismológico Nacional reporta en promedio la ocurrencia de 40 sismos por día.1

A. Sismo de Tehuantepec (2017-09-07 23:49 M 8.2)

El pasado 7 de septiembre, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo con magnitud 8.2 localizado en el Golfo de Tehuantepec, 133 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, Chiapas. Este hecho ocurrió a las 23:49:18 horas (4:49 UTM) y pudo percibirse en el sur y centro del país. Las coordenadas del epicentro fueron 14.85 latitud N y -94.11 longitud W y la profundidad fue de 58 km; mientras que el hipocentro ocurrió en la placa de Cocos, bajo la placa de Norteamérica.2

Hasta las 12:30 horas del 23 de septiembre se habían registrado 4 mil 326 réplicas, cuya distribución abarca todo el Golfo de Tehuantepec. Las 2 réplicas mayores alcanzaron una magnitud de 6.1. La primera ocurrió el 8 de septiembre, a las 00:17 horas, y se localizó a 72 kilómetros al sureste de Salina Cruz. La segunda ocurrió el 23 de septiembre, a las 7:52 horas, en las cercanías de Unión Hidalgo, Oaxaca.3

El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se refirió a este acontecimiento telúrico como “el más intenso en casi un siglo”.4 La intensidad del terremoto provocó que las olas del mar se elevaran hasta tres metros frente a las costas de Chiapas, por lo que el Pacific Tsunami Warning Center emitió alertas para México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Honduras y Ecuador.5

El sismo dejó un saldo de 98 muertos (78 en Oaxaca, 16 en Chiapas y 4 en Tabasco).6 Derivado de lo anterior, la Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una declaratoria de emergencia extraordinaria para 41 municipios del istmo de Tehuantepec. Aunque se sigue realizando el censo de viviendas dañadas, se reportan 110 mil inmuebles dañados en Oaxaca y Chiapas (57 mil en Oaxaca y 53 mil 395 en Chiapas).7

B. Sismo de Puebla-Morelos (2017-09-19 13:14 M 7.1)

El 19 de septiembre de 2017, el SSN reportó un sismo con magnitud 7.1 localizado en el límite estatal entre Puebla y Morelos, a 12 kilómetros al sureste de Axochiapan, Morelos, y a 120 de la Ciudad de México.8

El sismo, ocurrido a las 13:14:40 horas, fue percibido fuertemente en el centro del país. Las coordenadas del epicentro son 18.40 latitud N y -98.72 longitud W y la profundidad es de 57 km; mientras que el hipocentro ocurrió debajo de la placa continental, en la placa de Cocos.9

Hasta el 25 de septiembre, la cifra de víctimas era de 324 (186 en la Ciudad de México, 73 en Morelos, 45 en Puebla, 13 en el estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca), aunque sigue aumentando al momento de esta redacción.10 La empresa de análisis de riesgo Air Worldwide calculó que las pérdidas aseguradas por el terremoto del 19 de septiembre en el centro de México estarían en un rango de entre 13 mil millones y 36 mil 700 millones de pesos (2 mil 67 millones de dólares).11

Miguel Ángel Mancera, jefe del gobierno de la Ciudad de México, dijo que han recibido 3 mil 848 reportes de inmuebles que tienen algún grado de daño y que deben ser inspeccionados por la Secretaría de Protección Civil. Revisarán 272 planteles de educación básica y 9 mercados de la capital.12

En Morelos, estado de México y Puebla no terminan de conocerse las cifras de daños de inmuebles. En Hueyapan, Morelos, 90 por ciento de las viviendas sufrieron daños irreparables.13 En Axochiapan, de acuerdo con los levantamientos que han realizado hasta el 22 de septiembre, aproximadamente 35 y 40 por ciento de las casas de la cabecera municipal podrían haber sufrido “daños irreversibles, proclives a que se derrumben”.14

C. Solicitudes de las entidades federativas para la emisión de declaratorias de emergencia y desastre

Dados los hechos anteriores, los titulares de los gobiernos de las entidades federativas han manifestado su intención de colaborar con la Secretaría de Gobernación del gobierno federal y, con esto, poder acceder al instrumento financiero Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden).

El gobernador del estado de México, Alfredo del Mazo, declaró que en la entidad hay un total de dos mil 34 casas afectadas y dos mil 236 escuelas que sufrieron daños, de las cuales, 234 son inoperables, tras el sismo del pasado martes. De igual forma, anunció que solicitará la declaratoria de desastre para 12 municipios afectados por el sismo para que, de esta forma, puedan acceder a recursos del Fonden.15 Los municipios que afectados en el estado de México serían Santiago Tianguistenco, Tenancingo, Ecatzingo, Joquicingo, Malinalco, Ocuilan, Villa Guerrero, Amecameca, Tepetlixpa, Atlautla, Zumpahuacán y Nezahualcóyotl.16

En Oaxaca, la Coordinación Estatal de Protección Civil informó que solicitó la “declaratoria de emergencia” para 279 municipios, que presentan daños relevantes. De los municipios afectados, 16 se encuentran en la región de la Sierra Sur, 9 en la Sierra Norte, 18 en los Valles centrales, 155 en la Mixteca, 23 en la Costa, 13 en el Papaloapan y 45 en La Cañada.17

En Chiapas, el gobernador Manuel Velasco Coello encabezó la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, donde se dio a conocer que solicitó ante la Secretaría de Gobernación la declaratoria de emergencia para los municipios afectados.18

El jefe del gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, solicitó la declaratoria de emergencia para las 16 delegaciones tras el sismo de 7.1 grados que dejó decenas de víctimas mortales, heridos y edificios colapsados. En el mismo documento ordenó la integración del Comité de Emergencias de Protección Civil de la Ciudad de México, que opera en el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5).19

D. Declaratoria de Desastre Natural en de Chiapas

El 14 de septiembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de desastre natural en 97 municipios de Chiapas, debido al sismo con magnitud 8.2 que ocurrió el 7 de septiembre de 2017.20

Mediante los oficios números SPC/465/2017, SPC/466/2017 y SPC/475/2017, con fechas 8 y 11 de septiembre de 2017, el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello y el secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, solicitaron al Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) la corroboración del dicho fenómeno.

Por lo anterior, el Cenapred emitió como respuesta los oficios número H00-DG/1216/2017 y H00-DG/1231/2017, con fechas 8 y 11 de septiembre de 2017 respectivamente, emitiendo así su opinión técnica en atención a las solicitudes realizadas por las autoridades de Chiapas. En las mismas fechas se llevaron a cabo las sesiones correspondientes a la instalación del Comité de Evaluación de Daños, en las cuales el gobierno chiapaneco presentó a la Secretaría de Gobernación sus solicitudes de declaratoria de desastre natural.

Finalmente, los siguientes municipios fueron declarados zona de desastre: Arriaga, Acacoyagua, Acala, Acapetahua, Aldama, Amatenango del Valle, Ángel Albino Corzo, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Berriozábal, Bochil, Cacahoatán, Chalchihuitán, Chamula, Chanal, Chenalho, Chiapa de Corzo, Chiapilla, Chicoasén, Chicomuselo, Cintalapa, Coapilla, Comitan de Domínguez, Copainala, El Bosque, El Porvenir, Escuintla, Francisco León, Frontera Comalapa, Frontera Hidalgo, Huehuetán, Huixtan, Huixtla, Ixtapa, Jiquipilas, Jitotol, La Concordia, Solosuchiapa, La Grandeza, La Independencia, La Trinitaria, Las Margaritas, Las Rosas, Mapastepec, Mazapa de Madero, Mazatán, Metapa, Mitontic, Motozintla, Nicolas Ruiz, Ocotepec, Ocozocoautla de Espinosa, Oxchuc, Pantelho, Pantepec, Pijijiapan, Rayon, San Andrés Duraznal, San Cristobal de las Casas, San Juan Canuc, San Lucas, Siltepec, Socoltenango, Suchiapa, Suchiate, Tapachula, Tapalapa, Tecpatan, Tenejapa, Teopisca, Tonalá, Totolapa, Tuxtla Chico, Tuxtla Gutiérrez, Tuzantán, Tzimol, Unión Juárez, Venustiano Carranza, Villa Comaltitlán, Villa Corzo, Villa Flores, Zinacatan, Amatenango de la Frontera, San Fernando, Osumacinta, Mezcalapa, Emiliano Zapata, Larrainzar, Santiago el Pinar, Montecristode Guerrero, El Parral, Simojovel, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Soyaló, Amatán, Ocosingo y Altamirano, de Chiapas.21

E. Declaratoria de desastre natural en Oaxaca

El 14 de Septiembre de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Declaratoria de Desastre Natural en 283 municipios del Estado de Oaxaca, debido al sismo con magnitud 8.2 que ocurrió el 7 de septiembre de 2017.22

Oaxaca expidió el oficio número CEPCO/FONDEN/0909/2017, con fecha 8 de septiembre de 2017, en el cual solicitó al Cenapred la corroboración del fenómeno natural perturbador, descrito como Sismo con magnitud 8.2. Este oficio fue suscrito por el secretario general de Gobierno de Oaxaca, Héctor Anuar Mafud Mafud, En respuesta de lo anterior, el Cenapred emitió el oficio número H00-DG/1217/2017, con fecha 08 de septiembre de 2017, con el que dio su opinión técnica. El mismo día se celebró la sesión de instalación del Comité de Evaluación de Daños, en la cual el gobierno del estado presentó a la Segob la solicitud de declaratoria de desastre natural correspondiente.

Los municipios declarados zona de desastre fueron Ánimas Trujano, Asunción Cacalotepec, Asunción Ixtaltepec, Asunción Ocotlán, Asunción Tlacolulita, Ayoquezco de Aldama, Candelaria Loxicha, Capulálpam de Méndez, Chahuites, Ciénega de Zimatlán, Ciudad Ixtepec, Coatecas Altas, Cuilápam de Guerrero, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guadalupe Etla, Guelatao de Juárez, Guevea de Humboldt, Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Ixtlán de Juárez, La Compañía, La Pe, Magdalena Mixtepec, Magdalena Ocotlán, Magdalena Teitipac, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero Avendaño, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Mixistlán de la Reforma, Monjas, Natividad, Nejapa de Madero, Nuevo Zoquiápam, Oaxaca de Juárez, Ocotlán de Morelos, Pluma Hidalgo, Reforma de Pineda, Rojas de Cuauhtémoc, Salina Cruz, San Agustín Amatengo, San Agustín de las Juntas, San Agustín Etla, San Agustín Loxicha, San Agustín Yatareni, San Andrés Huayápam, San Andrés Ixtlahuaca, San Andrés Paxtlán, San Andrés Solaga, San Andrés Yaá, San Andrés Zabache, San Antonino Castillo Velasco, San Antonino el Alto, San Antonio de la Cal, San Baltazar Chichicápam, San Baltazar Loxicha, San Baltazar Yatzachi el Bajo, San Bartolo Coyotepec, San Bartolo Yautepec, San Bartolomé Loxicha, San Bartolomé Quialana, San Bartolomé Zoogocho, San Bernardo Mixtepec, San Blas Atempa, San Carlos Yautepec, San Cristóbal Amatlán, San Cristóbal Lachirioag, San Dionisio del Mar, San Dionisio Ocotepec, San Dionisio Ocotlán, San Felipe Tejalápam, San Francisco Cajonos, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Francisco Lachigoló, San Francisco Logueche, San Francisco Ozolotepec, San Francisco Sola, San Gabriel Mixtepec, San Ildefonso Amatlán, San Ildefonso Sola, San Ildefonso Villa Alta, San Jacinto Amilpas, San Jerónimo Coatlán, San Jerónimo Taviche, San Jerónimo Tlacochahuaya, San José del Peñasco, San José del Progreso, San José Lachiguiri, San Juan Chicomezúchil, San Juan Chilateca, San Juan Comaltepec, San Juan Cotzocón, San Juan del Río, San Juan Guelavía, San Juan Guichicovi, San Juan Juquila Mixes, San Juan Juquila Vijanos, San Juan Lachao, San Juan Lachigalla, San Juan Lajarcia, San Juan Lalana, San Juan Mazatlán, San Juan Mixtepec (distrito 26), San Juan Ozolotepec, San Juan Petlapa, San Juan Quiahije, San Juan Tabaá, San Juan Teitipac, San Juan Yaeé, San Juan Yatzona, San Lorenzo Albarradas, San Lorenzo Cacaotepec, San Lorenzo Texmelúcan, San Lucas Camotlán, San Lucas Quiaviní, San Luis Amatlán, San Marcial Ozolotepec, San Martín de los Cansecos, San Martín Lachilá, San Martín Tilcajete, San Mateo Cajonos, San Mateo del Mar, San Mateo Piñas, San Mateo Río Hondo, San Melchor Betaza, San Miguel Amatlán, San Miguel Chimalapa, San Miguel Coatlán, San Miguel del Puerto, San Miguel del Río, San Miguel Ejutla, San Miguel Mixtepec, San Miguel Panixtlahuaca, San Miguel Peras, San Miguel Quetzaltepec, San Miguel Suchixtepec, San Miguel Tenango, San Miguel Tilquiápam, San Miguel Yotao, San Nicolás, San Pablo Coatlán, San Pablo Cuatro Venados, San Pablo Etla, San Pablo Huixtepec, San Pablo Villa de Mitla, San Pablo Yaganiza, San Pedro Apóstol, San Pedro Cajonos, San Pedro Comitancillo, San Pedro el Alto, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Ixtlahuaca, San Pedro Juchatengo, San Pedro Mártir, San Pedro Mártir Quiechapa, San Pedro Mixtepec (distrito 22), San Pedro Mixtepec (distrito 26), San Pedro Ocotepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Quiatoni, San Pedro Taviche, San Pedro Totolápam, San Pedro y San Pablo Ayutla, San Pedro Yaneri, San Raymundo Jalpan, San Sebastián Abasolo, San Sebastián Coatlán, San Sebastián Río Hondo, San Sebastián Teitipac, San Sebastián Tutla, San Simón Almolongas, San Vicente Coatlán, San Vicente Lachixío, Santa Ana, Santa Ana del Valle, Santa Ana Tavela, Santa Ana Tlapacoyan, Santa Ana Zegache, Santa Catalina Quierí, Santa Catarina Cuixtla, Santa Catarina Ixtepeji, Santa Catarina Juquila, Santa Catarina Lachatao, Santa Catarina Loxicha, Santa Catarina Minas, Santa Catarina Quiané, Santa Catarina Quioquitani, Santa Cruz Amilpas, Santa Cruz Mixtepec, Santa Cruz Papalutla, Santa Cruz Xoxocotlán, Santa Gertrudis, Santa Inés del Monte, Santa Inés Yatzeche, Santa Lucía del Camino, Santa Lucía Miahuatlán, Santa Lucía Ocotlán, Santa María Alotepec, Santa María Atzompa, Santa María Chimalapa, Santa María Colotepec, Santa María Coyotepec, Santa María del Tule, Santa María Ecatepec, Santa María Guelacé, Santa María Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Jaltianguis, Santa María Lachixío, Santa María Mixtequilla, Santa María Ozolotepec, Santa María Petapa, Santa María Quiegolani, Santa María Sola, Santa María Temaxcalapa, Santa María Temaxcaltepec, Santa María Tepantlali, Santa María Tlahuitoltepec, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santa María Yalina, Santa María Yavesía, Santa María Zoquitlán, Santiago Apóstol, Santiago Astata,Santiago Atitlán, Santiago Camotlán, Santiago Choápam, Santiago Ixcuintepec, Santiago Jocotepec, Santiago Lachiguiri, Santiago Lalopa, Santiago Laollaga, Santiago Laxopa, Santiago Matatlán, Santiago Minas, Santiago Niltepec, Santiago Xanica, Santiago Xiacuí, Santiago Yaitepec, Santiago Yaveo, Santiago Zacatepec, Santiago Zoochila, Santo Domingo Albarradas, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo de Morelos, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Ozolotepec, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Roayaga, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Teojomulco, Santo Domingo Tepuxtepec, Santo Domingo Tomaltepec, Santo Domingo Xagacía, Santo Domingo Zanatepec, Santo Tomás Jalieza, Santo Tomás Tamazulapan, Santos Reyes Nopala, Sitio de Xitlapehua, Soledad Etla, Tamazulápam del Espíritu Santo, Tanetze de Zaragoza, Taniche, Teotitlán del Valle, Tlacolula de Matamoros, Tlalixtac de Cabrera, Totontepec Villa de Morelos, Trinidad Zaachila, Unión Hidalgo, Villa de Zaachila, Villa Díaz Ordaz, Villa Hidalgo, Villa Sola de Vega, Villa Talea de Castro, Yaxe, Yogana, Zimatlán de Álvarez.23

F. Declaratoria de desastre Ciudad de México

El gobierno de la Ciudad de México publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México dos declaratorias de desastre con motivo del fenómeno sísmico ocurrido el 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México. Fueron publicadas el 20 y 21 de septiembre de 2017, respectivamente.24

La Secretaría de Protección Civil remitió a la jefatura de gobierno el informe sobre el fenómeno sísmico que causó daños que rebasan la capacidad de recuperación de las delegaciones afectadas. La primera declaratoria se realizó para evitar que ocurriera un desastre que pusiera en riesgo la vida humana, el patrimonio de la población y los servicios vitales.

En esta declaratoria, se buscaba que el secretario de Protección Civil, en su carácter de coordinador del Sistema de Protección Civil de la Ciudad de México, iniciara el procedimiento especial de atención de emergencias. De igual manera, en ese documento se instruye la integración del Comité de Emergencias de Protección Civil de la Ciudad de México, el cual se instaló y operó en el C5.

De igual forma, se declaró la emergencia en las 16 delegaciones, así como la suspensión de clases en todos los niveles hasta que se evaluara y dictaminara que los planteles eran estructuralmente seguros.

Igualmente se convocó a sumarse a las labores de atención a todos los servidores públicos adscritos a las dependencias, entidades, órganos desconcentrados y delegaciones del gobierno de la Ciudad de México. Finalmente, se suspendieron los términos y procedimientos administrativos a cargo de las dependencias y órganos en la Ciudad de México.25

El objeto de la segunda declaratoria fue acceder al Fondo de Atención a Desastres, mismo que opera con recursos locales.

G. Declaratorias de emergencias extraordinarias

La Secretaría de Gobernación realizó las declaratorias de emergencia extraordinaria en Guerrero, Puebla, Morelos, Ciudad de México, Oaxaca y Chiapas con motivo del sismo de magnitud 7.1; lo anterior, para que dichas entidades pudieran acceder a los recursos del Fonden y lograr atender necesidades alimenticias, de abrigo y de salud para toda la población afectada. Éste es el número de municipios que fueron declarados en situación de emergencia:

• Guerrero se emitió en 5 municipios.26

• Puebla se emitió para 112 municipios.27

• Morelos se emitió para 33 municipios.28

• Ciudad de México para 16 Delegaciones.29

• Oaxaca se emitió para 75 municipios.30

• Chiapas se emitió para 118 municipios.31

Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación del gobierno federal a realizar a través las instancias competentes acciones encaminadas al auxilio técnico y operativo de las entidades federativas afectadas por los sismos ocurridos el 7 y 19 de septiembre de 2017, especialmente para la obtención eficaz de los recursos del fideicomiso Fondo de Desastres Naturales.

Notas

1 Servicio Sismológico Nacional, Reporte especial. Sismo de Tehuantepec (2017, septiembre 7, 23:49, M 8.2) , disponible en

http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/reportes-especiales/20 17/SSNMX_rep_esp_20170907_Tehuantepec_M82.pdf (Fecha de consulta: 24 de septiembre de 2017.)

2 Ibídem.

3 Ibídem.

4 Cuenta oficial de Twitter del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, disponible en

https://twitter.com/epn/status/906079206987194368 (Fecha de consulta: 24 de septiembre de 2017.)

5 Pacific Tsunami Warning Center, Tsunami Message Number 1, disponible en

http://ptwc.weather.gov/ptwc/text.php?id=pacific.TSUPAC. 2017.09.08.0455 (Fecha de consulta: 24 de septiembre de 2017.)

6 Excélsior. “Inicia censo para conocer daños por sismo de 8.2 grados; siguen las réplicas”, disponible en

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/09/12/1187960 (Fecha de consulta: 26 de septiembre de 2017.)

7 Animal Político, Sismo de 8.2 del pasado 7 de septiembre dejó 110 mil inmuebles dañados en Oaxaca y Chiapas , disponible en

http://www.animalpolitico.com/2017/09/sismo-7-septiembre -110-mil-inmuebles-oaxaca-chiapas/ (Fecha de consulta: 24 de septiembre de 2017.)

8 Servicio Sismológico Nacional, Sismo del 19 de septiembre de 2017, Puebla-Morelos(M 7.1), disponible en

http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/reportes-especiales/2017/
SSNMX_rep_esp_20170919_Puebla-Morelos_M71.pdf (Fecha de consulta: 25 de septiembre de 2017.)

9 Ibídem.

10 Cuenta oficial del coordinador nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente, disponible en

https://twitter.com/LUISFELIPE_P/status/9123813257677824 02 (Fecha de consulta: 25 de septiembre de 2017.)

11 Forbes. Terremoto en méxico dejará pérdidas hasta por 36 700 mdp, disponible en

https://www.forbes.com.mx/perdidas-por-sismo-estimadas-e n-2000-millones-de-dolares/ (Fecha de consulta: 25 de septiembre de 2017.)

12 Animal Político. Sismo deja más de 3 mil edificios dañados en la Ciudad de México; decenas tendrán que ser demolidos, disponible en

http://www.animalpolitico.com/2017/09/edificios-danados- cdmx-sismo/ (Fecha de consulta: 23 de septiembre de 2017.)

13 Excélsior. “Con daños irreparables, 90 por ciento de viviendas en Hueyapan”, disponible en

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/09/22/1190075 (Fecha de consulta: 25 de septiembre de 2017.)

14 Animal Político. 400 casas dañadas en Axochiapan, epicentro del sismo, donde los cimientos son opcionales, disponible en

http://www.animalpolitico.com/2017/09/axochiapan-sismo-c asas-afectadas-epicentro/. (Fecha de consulta: 24 de septiembre de 2017.)

15 El Financiero. “Edomex pide declaratoria de desastre para 12 municipios”, disponible en

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/
edomex-pide-declaratoria-de-desastre-para-12-municipios.html (Fecha de consulta: 25 de septiembre de 2017.)

16 El Universal. “Edomex pide declaratoria de desastre en 12 municipios por sismo”, disponible en

http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/
edomex-pide-declaratoria-de-desastre-en-12-municipios-por-sismo (Fecha de consulta: 24 de septiembre de 2017.)

17 El Universal Oaxaca. “Solicitan declaratoria de emergencia para 279 municipios por sismo del 19-S”, disponible en

http://oaxaca.eluniversal.com.mx/estatal/24-09-2017/
solicitan-declaratoria-de-emergencia-para-279-municipios-afectados-por-sismo-del
(Fecha de consulta: 24 de septiembre de 2017.)

18 SDP Noticias. Gobierno de Chiapas solicita declaratoria de emergencia ante la Segob, disponible en

https://www.sdpnoticias.com/local/chiapas/2017/06/15/
gobierno-de-chiapas-solicita-declaratoria-de-emergencia-ante-segob (Fecha de consulta: 24 de septiembre de 2017.)

19 Proceso. “Mancera emite declaratoria de emergencia para la Ciudad de México”, disponible en

http://www.proceso.com.mx/504109/mancera-emite-declarato ria-emergencia-la-cdmx (Fecha de consulta: 23 de septiembre de 2017.)

20 Diario Oficial de la Federación, Declaratoria de desastre natural en 97 municipios de Chiapas, disponible en

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5497236&fe cha=14/09/2017 (Fecha de consulta: 25 de septiembre de 2017.)

21 Diario Oficial de la Federación, Declaratoria de desastre natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 8.2 el 7 de septiembre de 2017 en 97 municipios de Chiapas, disponible en

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5497236&fe cha=14/09/2017 (Fecha de consulta: 25 de septiembre de 2017.)

22 Diario Oficial de la Federación, Declaratoria de desastre natural en 283 municipios de Oaxaca , disponible en

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5497237&fe cha=14/09/2017 (Fecha de consulta: 25 de septiembre de 2017.)

23 Diario Oficial de la Federación, Declaratoria de desastre natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 8.2 el 7 de septiembre de 2017 en 283 municipios de Oaxaca, disponible en

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5497237&fecha=14/09/2017 (Fecha de consulta: 24 de septiembre de 2017.)

24 Gaceta Oficial de la Ciudad de México, Declaratoria de desastre con motivo del fenómeno sísmico ocurrido el diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete en la Ciudad de México, disponible en http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/401d31 09b178b82f72737a4ea0fa71c8.pdf (Fecha de consulta: 25 de septiembre de 2017.)

25 Ibídem.

26 Segob, Segob declara emergencia extraordinaria para cinco municipios de Guerrero, disponible en https://www.gob.mx/segob/prensa/la-segob-declara-emergencia-extraordina ria-para-cinco-municipios-del-estado-de-guerrero-por-la-ocurrencia-de-s ismo-de-magnitud-7-1?idiom=es (Fecha de consulta: 25 de septiembre de 2017.)

27 Segob. Segob declara emergencia extraordinaria para 112 municipios de Puebla, disponible en https://www.gob.mx/segob/prensa/la-segob-declara-emergencia-extraordina ria-para-112-municipios-del-estado-de-puebla-por-la-ocurrencia-de-sismo -de-magnitud-7-1?idiom=es (Fecha de consulta: 24 de septiembre de 2017.)

28 Segob, Segob declara emergencia extraordinaria para 33 municipios de Morelos, disponible en

https://www.gob.mx/segob/prensa/
la-segob-declara-emergencia-extraordinaria-para-33-municipios-del-estado-de-morelos-por
-la-ocurrencia-de-sismo-de-magnitud-7-1?idiom=es (Fecha de consulta: 25 de septiembre de 2017.)

29 Segob. Segob declara emergencia para la Ciudad de México , disponible en

https://www.gob.mx/segob/prensa/la-segob-declara-emergencia-extraordinaria
-para-33-municipios-del-estado-de-morelos-por-la-ocurrencia-de-sismo-de-magnitud-7-1?idiom=es
(Fecha de consulta: 23 de septiembre de 2017.)

30 Segob. Segob declara emergencia extraordinaria para 75 municipios de Oaxaca, disponible en

https://www.gob.mx/segob/prensa/declara-la-secretaria-de-gobernacion-
emergencia-para-75-municipios-del-estado-de-oaxaxaca?idiom=es (Fecha de consulta: 23 de septiembre de 2017.)

31 Segob. Segob declara emergencia extraordinaria para 122 municipios de Chiapas , disponible en

https://www.gob.mx/segob/prensa/declara-la-secretaria-de-gobernacion-
emergencia-para-75-municipios-del-estado-de-oaxaxaca?idiom=es (Fecha de consulta: 23 de septiembre de 2017.)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de septiembre de 2017.

Diputado José Luis Toledo Medina (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la aplicación de los protocolos de protección civil y el dictamen de las escuelas de la Ciudad de México, a cargo del diputado Héctor Barrera Marmolejo, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Héctor Barrera Marmolejo, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la Secretaria de Protección Civil de la Ciudad de México que realice inspección y dictamine las afectaciones a las estructuras vitales de los edificios e instalaciones escolares en la Ciudad de México, para establecer los daños que se originaron con motivo del sismo de 8.2 grados, ocurrido el pasado 7 de septiembre en gran parte del territorio nacional.

Antecedentes

1. La Ciudad de México al ser una zona con alta actividad sísmica se han padecido los efectos de los mismos en toda la infraestructura urbana, el pasado 7 de septiembre la Ciudad de México sufrió el impacto de un sismo de 8.2 grados con epicentro en el estado de Chiapas.

2. Los planteles escolares de la Ciudad de México no quedan exentos de afectaciones, estructuras vitales de edificios, bardas perimetrales, patios y áreas de recreación, entre otros espacios.

3. La aplicación de protocolos de Protección Civil así como los análisis y dictámenes de riesgo, como medida de prevención para futuros fenómenos naturales deben estar debidamente documentados para implementar acciones contundentes y resarcir los daños en caso de ser necesario.

4. La Gestión Integral de Riesgos como medio de la identificación de factores de vulnerabilidad para su análisis y control, abona a mitigar los efectos propios de los diversos fenómenos naturales a los que estamos expuestos.

Consideraciones

El pasado 7 de septiembre de 2017, la Ciudad de México entre otros estados de la Republica, recibieron el impacto de un sismo de 8.2 grados en la escala de Richter, como informo el Servicio Sismológico Nacional.1

Ante lo cual se activaron inmediatamente los protocolos de Protección Civil por parte de los diferentes órganos de gobierno, identificando el impacto general que tuvo dicho evento natural, mismo que en el marco geográfico de la Ciudad de México no genero la pérdida de vida de ciudadanos radicados en la urbe.

Como acciones para dar espacio a la identificación de afectaciones recibidas el Secretario de Educación Pública,2 emitió comunicado en el cual enuncio que no habría actividades en todas las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria, dando paso a los diferentes equipos de Protección Civil para realizar análisis e inspecciones de los daños y/o afectaciones de los inmuebles de los planteles escolares.

Muchos de los planteles escolares cuentan con más de cuarenta años de antigüedad, dicho inmuebles requieren sean analizados y se identifique los riegos con una correcta valoración de todas sus estructuras en instalaciones.

El prevenir futuros riesgos abona a fortalecer las medidas de mitigación y las capacidades de resiliencia de la sociedad en su conjunto.

En el caso específico de Coyoacán, en el distrito representado por el que suscribe se encuentra la Escuela Primaria “Prof. Francisco Lilly Huerta” ubicada en la Unidad Habitacional CTM Culhuacán sección VIII, en la Ciudad de México, en cuyas instalaciones se notan a simple vista las afectaciones provocadas por el sismo del pasado 7 de septiembre, cuarteaduras en los pisos, vidrios fracturados, grietas en paredes, techos y graves afectaciones en la barda perimetral del plantel escolar.

Hechos que fueron constatados por un servidor y una comisión de padres de familia que acudieron a la casa de enlace del signante y de manera personal acudí a las instalaciones donde se realizó un recorrido mostrando las afectaciones antes mencionadas, del mismo modo realice visitas a otros planteles educativos que sufrieron afectaciones por el sismo.

La salvaguarda de los menores y personal docente que llevan a cabo actividades en planteles escolares debe estar garantizada, sin escatimar en los medios que se requieran para su seguridad, ya que una incorrecta dictaminación pone en riesgo la vida de millones de niños que acuden a clase todos los días en la Ciudad de México.

El Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Nacional de Protección Civil, identifican como prioridades en el Artículo 4, numeral I, de la Ley General de Protección Civil, lo siguiente:

“I. La identificación y análisis de riesgos como sustento para la implementación de medidas de prevención y mitigación;”

La Constitución Política de la Ciudad de México, recién promulgada por el Jefe de Gobierno, prevé en el artículo 14, relativo a “Una Ciudad Segura”, en el inciso A, lo siguiente:

“El derecho a la Seguridad Urbana y a la Protección Civil, así como vivir en un entorno seguro y recibir atención en caso de algún fenómeno natural o antropogénico.”

Donde las autoridades correspondientes tienen la facultad de brindar todos los elementos requeridos para proteger a todas las personas y comunidades frente a cualquier riesgo de esta naturaleza.

En el mismo sentido el artículo 16 inciso I, numeral 1, de la carta magna de la Ciudad de México, enuncia los derechos de sus habitantes para percibir atención en caso de vulnerabilidad, resilencia, prevención y mitigación de riegos.,

En concordancia a lo antes expuesto, la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, enuncia en el artículo segundo, al “Sistema de Protección Civil del Distrito Federal” como el organismo público encargado, de salvaguardar lo más preciado que es la vida de todos sus habitantes en casos de fenómenos naturales y la protección de bienes y su entorno.

Y en el mismo sentido le brinda facultades de actuación para mitigar los efectos en caso de afectaciones a instalaciones vitales por causa de fenómenos perturbadores.

Por todo lo antes referido sustentado en el fomento de la Protección Civil como instrumento de prevención solicito a este H. Congreso de la Unión el siguiente acuerdo:

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaria de Protección Civil de la Ciudad de México, Fausto Lugo García, dictaminen y evalúen los daños a las estructuras e instalaciones de todas las Escuelas de la Ciudad de México, por las posibles afectaciones del sismo del 7 de septiembre de 2017.

Segundo. Se emitan los dictámenes de riesgos y declaratorias de emergencia correspondiente en los casos que así lo requieran, para la salvaguarda de los niños y personal docente de la Ciudad de México en planteles escolares.

Notas

1 http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/ultimos/

2 https://twitter.com/aurelionuno/status/906061834175864832

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 28 días del mes de septiembre del año 2017.

Diputado Héctor Barrera Marmolejo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de la Ciudad de México y de diversas entidades federativas a adoptar medidas para condonar a las personas físicas damnificadas por los terremotos del 7 y 19 de septiembre el pago de diversos impuestos, licencias y permisos, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 7 de septiembre, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz sufrieron los embates de un sismo de una magnitud de 8.2 grados en la escala de Richter. A la fecha se reporta un número cercano a 100 víctimas, un número no cuantificado de heridos y la cifra oficial de inmuebles dañados que habrá que reconstruir en el sureste mexicano suma más de 40 mil.

El 19 de septiembre, de nueva cuenta, los mexicanos sufrimos los embates de la madre naturaleza, ahora con un terremoto de magnitud de 7.1 grados en la escala de Richter, resultando afectados Morelos, México, Puebla, Guerrero y la Ciudad de México, con más de 300 víctimas, un número no cuantificado de heridos y un inventario de inmuebles dañados por definir, que podría sumar miles.

La solidaridad del pueblo no se hizo esperar y, como siempre, el mundo resultó gratamente sorprendido por el civismo de todos, especialmente nuestros jóvenes, quienes nos han vuelto a llenar de orgullo con su importantísima labor, sobre todo en los momentos siguientes al acaecimiento de la tragedia.

Las instituciones nacionales y las locales reaccionaron también a la altura de las circunstancias. Destacaron también, como siempre, las labores desplegadas por las Fuerzas Armadas.

La fase de rescate de las víctimas de los siniestros está por concluir, por lo que habrá que dar paso ahora al proceso de reconstrucción de las viviendas de los damnificados en el sureste y centro del país.

Vendrán los apoyos de los gobiernos federal y locales, pero la experiencia en situaciones similares nos ha enseñado que los apoyos gubernamentales suelen ser insuficientes, por lo que habrá que considerar la adopción de medidas adicionales para apoyar la rápida recuperación y reconstrucción de los inmuebles dañados, apoyando las acciones que a título personal tomen los propios damnificados.

Para tal efecto se requiere adoptar medidas fiscales para exentar a los damnificados de las contribuciones sobre la propiedad inmueble, como es el caso del impuesto predial y los derechos por el suministro de agua potable para el servicio doméstico.

Asimismo, se considera importante exentar a los contribuyentes del pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles, cuando hayan resultado damnificados con motivo de los eventos catastróficos de los días 7 y 19 de septiembre pasado.

En el mismo tenor, se requiere exentar a los damnificados del pago de contribuciones de mejoras, así como de las licencias, los permisos o el registro de las manifestaciones de construcción.

Por tal razón estimamos indispensable exhortar a los gobiernos de las entidades federativas con el mayor número de damnificados a adoptar medidas para exentar a las personas físicas damnificadas por los terremotos del 7 y 19 de septiembre de 2017 respecto a los impuestos, los derechos, las contribuciones y los aprovechamientos señalados.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los gobiernos de Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Veracruz a adoptar medidas a efecto de condonar a las personas físicas damnificadas por los terremotos del 7 y 19 de septiembre de 2017 el pago de los créditos fiscales determinados durante el ejercicio fiscal de 2017 respecto al impuesto predial sobre adquisición de inmuebles, derechos por el suministro de agua potable, contribuciones de mejoras y aprovechamientos derivados de las licencias, permisos o el registro de las manifestaciones de construcción.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los gobiernos de Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Veracruz a adoptar medidas a efecto de condonar a las personas físicas damnificadas por los terremotos del 7 y 19 de septiembre de 2017 respecto al pago de los créditos fiscales que se determinen durante los ejercicios fiscales de 2017 y 2018 del impuesto predial, sobre adquisición de inmuebles, derechos por el suministro de agua potable, contribuciones de mejoras y aprovechamientos derivados de las licencias, permisos o el registro de las manifestaciones de construcción.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de septiembre de 2017.

Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y la Conagua a garantizar a la población de Iztapalapa, Ciudad de México, el derecho humano al acceso, la disposición y el saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, a cargo de la diputada Ana Leticia Carrera Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Ana Leticia Carrera Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

En estos días tan extraordinarios, posteriores a los lamentables eventos sísmicos y tan difíciles para nuestra Nación; en estos tiempos que son tan sensibles y delicados dentro de esta nueva y dramática realidad socio-política que ahora vive nuestro país, y que son en efecto tiempos de grave riesgo para el orden público y la paz social, son casi un millón y medio de personas, en Iztapalapa, quienes carecen del vital líquido y padecen ahora un completo desabasto, agravado por los efectos del reciente fenómeno natural y como resultado de la insuficiencia financiera y técnica del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y principalmente a consecuencia de la destacada incapacidad administrativa del actual gobierno de dicha demarcación política en el abastecimiento de agua potable para los habitantes de esta zona caracterizada por un hacinamiento poblacional que registra una expansión de 13.5 kilómetros cuadrados por año sin precedentes a nivel mundial, en donde hoy se concentra la quinta parte de los capitalinos que aquejados por una grave marginación y rezago arrojan números socioeconómicos muy por debajo de la media metropolitana, en donde aún antes de los lamentables sismos se ha padecido la carencia de una red de suministro de agua potable suficiente para atender la creciente demanda. Es importante señalar que de acuerdo a denuncias y quejas de la población funcionarios de la Delegación Iztapalapa han discriminado en el reparto del agua a una buena parte de la población, perjudicando a la mayoría de la población.

Esta soberanía precisa considerar inaplazable y urgente su atención, ya que además el agua constituye un asunto estratégico, prioritario y de seguridad nacional. La falta del acceso a su disposición en una zona tan densamente poblada, en las actuales circunstancias, es bastante delicada. Sencillamente es inadmisible postergar su solución. La carencia del agua potable en dicha población no puede ni debe ser perpetuada hoy bajo ninguna condición, bajo ningún pretexto, por sus imprevisibles efectos dentro del presente escenario, que tal escasez puede llegar a generar; hoy nada justifica su desatención, tenemos que evitar impactos severos y riesgos en el ahora más frágil estado de derecho.

Ante la falta de agua han empezado a existir brotes de inconformidad y de violencia, que en caso de no ser atendido estaremos ante un riesgo inminente a la Seguridad Nacional, ya que se podrían desbordar los ánimos por la falta del vital líquido.

Razones de gobernabilidad hoy más que nunca también exigen fortalecer la provisión de recursos públicos en este rubro.

Asimismo persuadimos a esta soberanía que es preciso considerar que al igual que el derecho a la protección de la salud y al medio ambiente sano, entre otros, a partir de 2012 el acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible para la población, es un derecho humano preconizado por el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, en efecto, ésta asamblea también deberá recordar que a partir de la reforma de 2011 al artículo 1o. de la Constitución, el Estado debe garantizar la protección más amplia de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

El tercer párrafo de este importante artículo primero constitucional establece que “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.

En materia de tratados internacionales destaca la Agenda 2030 de las Naciones Unidas con sus 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenido (ODS) que se aplican a todo el mundo, de los cuales el sexto se refiere a garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.

Estos Objetivos para el Desarrollo Sostenido son de amplio alcance ya que se abordan los elementos interconectados del desarrollo sostenible: el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente. De su cumplimiento depende el lograr tener acceso a importantes financiamientos previstos en el Acuerdo de París en materia de cambio climático que fue aprobado en septiembre del año pasado por el Senado de la República.

Además de todo lo anterior, en general la falta de acceso a agua potable es uno de los indicadores más importantes de exclusión social, inequidad, marginación, rezago y pobreza; y constituye un obstáculo para el desarrollo humano y económico. Igualmente el acceso universal al agua potable es esencial en la lucha contra la pobreza y factor fundamental para la gobernanza.

La iniquidad y rezago, resultado de la carencia de este indispensable servicio público, deteriora el tejido social y magnifica la exclusión de los grupos más marginados de la población, la hace a ésta vulnerable; por ello, la provisión de agua limpia y su saneamiento constituye uno de los principales derechos humanos.

Así entonces es responsabilidad del Estado mexicano el asegurar una de las más indispensables condiciones de subsistencia como lo es el abastecimiento de agua.

Por lo expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal y a la Comisión Nacional del Agua a impulsar, encabezar y materializar acciones, a fin de asegurar y garantizar el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, equitativa, aceptable y asequible para la población de Iztapalapa, así como para usos en los servicios urbanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de septiembre de 2017.

Diputada Ana Leticia Carrera Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a facilitar trámites en el caso de víctimas extranjeras del sismo del 19 de septiembre, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, María Candelaria Ochoa Ávalos, diputada federal del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, integrante de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

En la década de los noventa, varias las maquiladoras migraron hacia la Ciudad de México. Según el Censo Económico 2014 para la actividad “Confección de prendas de vestir” en la Ciudad de México, las mujeres representan 57.5 por ciento de la fuerza de trabajo, en comparación con 42.5 por ciento de los hombres en este sector.

En el mercado laboral actual existen dos características fundamentales, la primera es la rápida incorporación de las mujeres en las actividades laborales y la segunda es la poca capacidad del mercado laboral para poder cubrir la demanda de vacantes. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) para julio de 2017 la población económicamente activa (PEA) es de 59.8 por ciento, y la proporción entre mujeres y hombres es de 38 por ciento y el 62 por ciento, respectivamente.

Esta proporción de mujeres ocupadas es pequeña respecto del total de la cantidad de mujeres y hombres a nivel nacional, es un reflejo de la ocupación de las mujeres en el trabajo doméstico no remunerado. Autoras como Kabeer (1999)1 , Carrasco (2006)2 , entre otras, denuncian que las mujeres no sólo sufren una explotación al no tener un pago por el trabajo doméstico no remunerado, también que una gran proporción de las vacantes que las mujeres cubren deben ser flexibles para que ellas puedan ocuparse además en labores tradicionales además del trabajo doméstico (lavar, planchar, cocinar, limpiar) en labores de cuidado de enfermos, personas de la tercera edad y actividades comunitarias diversas.

El sector manufacturero ha sido tradicionalmente feminizado, es decir, que la proporción de las mujeres es mayor a la de los hombres en este ramo. Dada la discriminación general laboral entre las mujeres y los hombres, se han observado y visibilizado distintas vejaciones en contra de las mujeres manufactureras tales como la precarización de los salarios y condiciones físicas en los centros de trabajo. Esto queda claro cuando se puede ver que los salarios de este ramo manufacturero son tendencialmente más bajos que en otros ramos económicos.

Además que está parcialmente explicado por el cambio tecnológico que tuvo la maquinaria automática en la maquila, a partir de los años setenta estas máquinas redujeron el uso de la fuerza física y, sobre todo, los tiempos de capacitación. Atrayendo a las mujeres que contaban pocos años de escolaridad y con gastos obligatorios en sus hogares, su capacidad de evitar el desgaste y la tradición de soportar tareas monótonas las hizo ser candidatas perfectas para la industria textil, lo cual facilitó la contratación de mujeres con perfiles de pobreza.

Las vacantes generadas por la maquila suelen ser precarias, en donde no existe una acatamiento a los derechos laborales elementales en muchas empresas, además de la alta rotación de la mano de obra, lo que explica la existencia de mano de obra femenina dispuesta a trabajar en condiciones precarias.

En el Objetivo estratégico F.1 de la Plataforma de Beijing, donde se enuncia que los Estados firmantes deben “Promover la independencia y los derechos económicos de la mujer, incluidos el acceso al empleo, a condiciones de trabajo apropiadas y al control de los recursos económicos”, sobre todo en su inciso I “l) Velar por que todas las empresas, incluidas las empresas transnacionales, cumplan las leyes y códigos nacionales, las normas de seguridad social, los acuerdos, instrumentos y convenios internacionales vigentes, incluidos los relativos al medio ambiente, y otras leyes pertinentes”.

Sobre todo el Objetivo estratégico F.5. “Eliminar la segregación en el trabajo y todas las formas de discriminación en el empleo” debido a que las características en los trabajos del sector manufacturero actúan en detrimento de las mujeres más pobres.

Ahora bien. Nos enteramos, a raíz del terrible sismo que sacudió a la Ciudad de México, así como a Morelos, Puebla y –otra vez– a Chiapas y a Oaxaca el 19 de septiembre de este año, que en la esquina de Bolívar y Chimalpopoca, en la colonia Obrera, se estaban gestionando ilegalmente los recursos humanos de por lo menos una de las varias fábricas que compartían el edificio.

La información que hasta ahora se tiene sobre las empresas que tenían ahí instalaciones es la siguiente: había una maquiladora de vestidos en el primer piso llamada Moda Joven, en donde se presume que laboraban mujeres de manera ilegal; una importadora de juguetes llamada Asia Jenny en el segundo piso; la empresa Seo Young International, situada en el tercer piso del edificio, se dedicaba a fabricar bisutería para ropa; y una empresa de seguridad vial llamada Dashcam System México estaba en el cuarto piso.

Desde el día del sismo cuando empezaron las labores de rescate el caso ha estado rodeado de desinformación. Se han registrado declaraciones que hablan de 30 obreras que laboraban en el inmueble mientras que otras hablan de 100. No se tiene certeza sobre la empresa en que laboraban, pero testimonios apuntan a la maquila de ropa. Aunado a esto se presume, con base en la enorme desinformación, que la situación laboral de quienes en el edificio derrumbado trabajaban era claramente irregular y además precaria.

Los cuerpos encontrados han sido reportados como de migrantes asiáticas y centroamericanas. El embajador de Guatemala en México declaró que autoridades consulares tenían conocimiento de la presencia de obreras textileras provenientes de Centroamérica contratadas ilegalmente; y autoridades forenses declararon que entre los cuerpos localizados se encontraban mujeres asiáticas y centroamericanas.

Al momento de la búsqueda y hasta el día de hoy las empresas no entregaron la relación de sus trabajadoras, por lo que no se tiene información precisa sobre cuántas empleadas había; y, por lo tanto, de cuántas murieron.

El subsecretario de Administración y Capital del gobierno de la Ciudad de México declaró que hay muchos cuerpos cuyos familiares no han reclamado, lo que aumenta la suspicacia sobre el estatus de los trabajadores. Hasta el día de hoy se desconoce cuántas personas se encontraban en el inmueble; sin embargo lo que se sabe es que hasta el 22 de septiembre, día en que concluyó la labor de rescate, se rescataron a 21 personas sin vida y a dos sobrevivientes.

Esto resulta no sólo inconcebible considerando el año en que vivimos, sino doblemente doloroso si recordamos que en el sismo del 19 de septiembre –también– de 1985 se sufrió de una situación muy similar con las costureras de una fábrica que colapsó.

Aun cuando resulta inadmisible la falta de certeza sobre la cantidad de personas que laboraban en el inmueble y sobre la identidad de los cuerpos encontrados; resulta imperante actualmente prestar atención a quienes sobrevivieron. Aunque las mujeres que sobrevivieron se hayan encontrado laborando ilegalmente en nuestro país se debe garantizar su integridad y su protección a toda costa. No habrá de tolerarse que se les deporte; sin embargo, en caso de que sea su decisión volver a su país de origen, el gobierno mexicano deberá facilitarlo. De tal suerte a las autoridades se les exige la lista completa de las personas encontradas sin vida, así como el lugar donde fueron encontrados sus cuerpos, y sobre todo, la lista de las personas que fueron rescatadas con vida y el hospital en que se encuentren.

Se exige además que los dueños y personas a cargo de las fábricas del inmueble comparezcan ante las autoridades para dar razón en cuanto a la irregularidad de la nómina con la cual operaban y para esclarecer la cantidad de trabajadoras que había, por lo que se les solicita la nómina completa, incluyendo el estatus migratorio; así como la lista de personas que laboraban en el inmueble y no han aparecido.

Por lo anterior, propongo los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a las autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a que expliquen a la sociedad sus omisiones en materia de inspección y seguridad industrial en los centros de trabajo, en particular el ubicado en las calles de Chimalpopoca y 5 de Febrero en colonia Obrera de la Ciudad de México.

Segundo. Se sancione en los términos de las disposiciones legales que correspondan a las autoridades y patrones que fueron omisos en el cumplimiento de sus responsabilidades que la Ley Federal del Trabajo establece.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que fomente y facilite los trámites correspondientes para que en las embajadas y consulados de México en el extranjero se ponga a disposición de los interesados la filiación de los y las fallecidas en el sismo del 19 de septiembre y puedan así repatriar sus cuerpos; además, a que se procure la protección y la integridad de las víctimas sobrevivientes, prescindiendo de su estatus migratorio.

Notas

1 Citada por Galindo Hernández, E. 2004. Inequidades salariales de género enfatizadas por la globalización. Tesis de licenciatura. Relaciones Internacionales. Departamento de Relaciones Internacionales e Historia, Escuela de Ciencias Sociales, Universidad de las Américas Puebla. Marzo.

2 Carrasco, Cristina, 2006. La economía feminista: una apuesta por otra economía. En http://egeneros.org.mx/admin/archivos/economia_feminista.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de septiembre de 2017.

Diputada María Candelaria Ochoa Ávalos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y la SEP a promover desde la niñez una cultura de responsabilidad social dirigida a la protección civil, con hincapié en la prevención y autoprotección que incluya el fomento del uso de silbato como medida para salvaguardar la vida en desastres naturales, a cargo de la diputada Laura Beatriz Esquivel Valdés, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Laura Beatriz Esquivel, diputada de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo estipulado en lo establecido por el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Primera . En este mes de septiembre de 2017, México ha sufrido una serie de desastres naturales, que han dejado pérdidas humanas, materiales y desolación entre las y los mexicanos.

Cuando apenas nos estábamos recuperando del mayor sismo en un siglo, de 8.2, ocurrido el pasado 7 de septiembre de 2017, que terminó con la vida de cerca de 100 personas en el sur del país, fuimos sacudidos de nueva cuenta por otro terremoto, el 19 de septiembre, de 7.1 de magnitud que causó al menos 312 muertes más.

Después de estos dos terremotos la tierra no ha dejado de temblar: el Servicio Sismológico Nacional (SSN) contabiliza cerca de 4 mil 400 réplicas, la mayoría leves.

El terremoto de 8.2 que se registró hace dos semanas frente a las costas del estado de Chiapas, el más fuerte en un siglo en México, es el que más réplicas ha tenido, con cerca de 4 mil 340 hasta la mañana del domingo 24 de septiembre y ha causado más de 100 muertos.

El temblor del 7.1 del 19 de septiembre, que causó sobre todo daños en Ciudad de México y en los estados de Puebla y Morelos, ha tenido 39 réplicas y ha causado 331 víctimas fatales.

El sábado 23 de septiembre ocurrió una fuerte réplica de 6.1 del sismo, que provocó la muerte de cinco personas, tres en Oaxaca, donde provocó nuevos derrumbes, y dos en Ciudad de México por infarto al activarse la alerta sísmica, en medio del gran nerviosismo que existe.

Este domingo 24 se registró un temblor moderado de magnitud de 5.8 con epicentro 122 kilómetros al suroeste de Tonalá, Chiapas, que fue otra réplica del terremoto de hace dos semanas.

“Seguimos estando en una actividad sísmica. No es algo extraño o inusual o que no haya pasado anteriormente“, dijo el director del Centro Nacional de Atención de Desastres, Carlos Valdés, que atribuyó las réplicas a un “proceso de cicatrización normal” de la tierra.

El coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente1 , declaró que al 26 de septiembre, el número de víctimas fatales del terremoto del 19 de septiembre en México subió a 331 y la capital del país es la que registra más fallecidos, con 192.

En una actualización del balance preliminar de muertos por el temblor de magnitud 7.1 en la escala Richter, Puente2 ha detallado que además hay 74 fallecidos en Morelos, 45 en Puebla, 13 en el estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca.

Segunda . Algo que sólo conocíamos los que vivimos el sismo del 19 de septiembre de 1985, se volvió a dar ahora: la solidaridad de miles de voluntarios que se afanan para rescatar a las personas sepultadas por los derrumbes de los edificios que cayeron por la fuerte sacudida del terremoto.

En este contexto, a diferencia de hace 32 años, contamos ahora con la ventaja que nos presenta la tecnología; la organización ciudadana tiene como aliadas a las redes sociales y a la información inmediata a la que podemos acceder a través de internet.

Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos hechos, tenemos que lamentar cientos de pérdidas de vida de familiares, compañeros y amigos. Las labores de rescate continúan sin descanso para encontrar gente con vida bajo los escombros de las decenas de edificios derrumbados.

Una pregunta que surge es ¿Cómo podemos hacer que estas labores de rescate sean más efectivas? Este punto de acuerdo tiene que ver con la propuesta ciudadana que está circulando en las redes sociales y que llamaremos “La campaña del silbato”, dentro de la cultura de prevención de riesgos que sabemos, en estos casos, es fundamental. Necesitamos que las y los niños sean educados en esta cultura, ya que no podemos cambiar la situación geográfica de nuestro país, ni el hecho de que esté ubicado en una de las regiones sísmicamente más activas del mundo, enclavada dentro del área conocida como el Cinturón Circumpacífico3 donde se concentra la mayor actividad sísmica del planeta.

Los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima y Jalisco son los estados con mayor sismicidad en el país, aunque también se han visto afectados los estados de Veracruz, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Nuevo León, Sonora, Baja California, Baja California Sur y la Ciudad de México.

Esta última ciudad se ha convertido en el receptor sísmico de todos los terremotos debido a que se encuentra lo suficientemente cercana para experimentar sus efectos y, la causa de que éstos sean más dañinos en esta zona que en otros lugares, radica en la naturaleza de su terreno ya que fue fincada en lo que fuera un lago, generando gran preocupación.

México cambió el 19 de septiembre de 1985 tras un sismo que convirtió en zona de desastre la Ciudad de México en cuestión de minutos, un evento que marcó la historia del país dejando como legado el surgimiento de una sociedad organizada y preventiva.

Pareciera que el país tomó conciencia desde este temblor, ya que antes de esto la sociedad mexicana no tenía idea de cómo reaccionar ante desastres naturales de esta magnitud. A raíz de este hecho se formó un grupo de voluntarios que trabajó coordinadamente en las acciones de búsqueda y rescate de víctimas, a las que la gente comenzó a llamar “Topos”, este grupo constituido legalmente en asociación civil desde febrero de 1986, señaló que “la mejor enseñanza que nos dejó este triste evento es la prevención y el fomento de una verdadera cultura en materia de protección civil”. Se hace hincapié en conocer ciertas medidas básicas de seguridad que se pueden adoptar antes, durante y después de un sismo con el fin de reducir al mínimo los daños personales y patrimoniales.”

Generar planes de protección civil implica conocer las salidas de emergencia, conservar en buen estado las instalaciones de servicios de gas, agua y sistema eléctrico, así como reglamentos de construcción adecuados para el tipo de suelo y edificación para que aplicados a la obra la probabilidad de que se tengan daños y víctimas se reduzcan considerablemente.

Tercera . Al respecto, también el jefe del Sistema de Sismología Nacional, Carlos Valdez González4 , señala que la ciudadanía debe asumir la cultura de prevención. Es preciso diseñar planes coordinados en los tres órdenes de gobierno de protección civil para minimizar daños humanos y materiales.

El Programa Nacional de Protección Civil 2014-20185 señala:

“1.3 Limitada vinculación con la sociedad y escasa promoción de la cultura de protección civil.

“Durante muchos años, se descuidó la relación con el eslabón más fuerte de la protección civil: la sociedad civil organizada , la cual fue la fuente más importante de organización y adopción de soluciones efectivas a los problemas emergentes luego de los sismos de 1985, desaprovechando el potencial de la iniciativa privada y su experiencia en la continuidad de negocios. En el pasado se creía que sólo el gobierno en sus tres niveles, era responsable único de la atención de la emergencia, quedando en muchas ocasiones limitada su capacidad de respuesta. El enfoque esencialmente reactivo del sistema priorizó la participación de las organizaciones de la sociedad civil para mejorar la planeación, los programas de respuesta a emergencias y el alertamiento en el plano comunitario.

En tal sentido, cobra relevancia la falta de vinculación con la ciudadanía para reducir significativamente su vulnerabilidad ante los desastres y sobre todo, la necesidad de impulsar campañas de responsabilidad social y compromisos con la población, sumando los recursos humanos y materiales de la iniciativa privada y especialmente de los medios de comunicación, que son una parte importante del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc). Es importante mencionar que los primeros en atender una emergencia es el personal especializado más cercano a la población. Por lo tanto, una estrategia de eficacia operativa debería estar orientada a la formación de cuadros locales de protección civil provenientes del ámbito comunitario.

La participación social en el Sistema Nacional de Protección Civil ha sido mínima, dada la escasa promoción a la cultura de protección civil .

...

La promoción gubernamental de la cultura de protección civil no ha sido suficiente ... Asimismo, la baja promoción ha repercutido en una limitada participación social en la práctica de conductas de autocuidado y autoprotección que contribuyan a reducir las cifras de decesos y lesiones.

Además, incide el hecho de que no se cuenta con información sobre el impacto de las campañas de sensibilización e información entre la población, por lo que no se identifica con certidumbre cuáles son las capacidades o conocimientos con los que cuentan los individuos, las familias y los grupos a nivel comunitario para responder preventiva o reactivamente ante los agentes perturbadores a los que están expuestos .

Por otra parte, se reconoce la necesidad de contar con programas permanentes que impulsen una cultura de protección civil, así como de prevención y autoprotección en todos los sectores de la población , con especial énfasis en los habitantes con altas condiciones de vulnerabilidad.

...

De igual forma, los programas de educación básica, media, media superior y superior carecen de información relacionada a la gestión integral de riesgos, por lo cual la difusión de ésta, en edades tempranas, es prácticamente nula.”

En entrevista el profesor Juan Carlos Gavilanes Ruiz, quien es parte del Centro de Intercambio e Investigación en Vulcanología en la facultad de Ciencias por la Universidad de Colima, nos dice que el factor más importante en el desarrollo de una cultura de prevención del riesgo es la pobreza y la pobreza extrema.

Mientras la gran mayoría de la población mexicana viva preocupada por su supervivencia en el corto plazo (días), será imposible exigirle que se preocupe por hacer un plan familiar de protección civil, o que elija un sitio seguro para vivir, o que atienda una alerta de dudosa confiabilidad que le pida abandonar temporalmente las pocas pertenencias que tiene.

Los seres humanos asignamos prioridades a lo que hacemos en nuestras vidas, y para muchos la prioridad no es planear cómo sobrevivir a una situación de alta amenaza por un fenómeno natural cuando sus prioridades giran en torno a la sobrevivencia en un entorno político y económico que ya de por sí es altamente peligroso para ellos.

Desgraciadamente los gobiernos federales no han aprendido las lecciones de prevención y siguen atendiendo con deficiencia las condiciones de vulnerabilidad a las amenazas.

Hasta el momento el gobierno ha destinado la gran mayoría de recursos a arreglos tecnológicos para monitorear las amenazas, y no ha considerado a la ciudadanía como elemento participativo en la gestión del riesgo y los procesos de comunicación del riesgo deben ser multidireccionales, y no limitarse las autoridades a dar órdenes o exhortos a evacuar.

El artículo 2o., fracción XXVIII, de la Ley General de Protección Civil establece:

“Artículo 2. Para los efectos de esta ley se entiende por:

...

XXVIII. Gestión Integral de Riesgos : El conjunto de acciones encaminadas a la identificación, análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos, considerándolos por su origen multifactorial y en un proceso permanente de construcción, que involucra a los tres niveles de gobierno, así como a los sectores de la sociedad, lo que facilita la realización de acciones dirigidas a la creación e implementación de políticas públicas, estrategias y procedimientos integrados al logro de pautas de desarrollo sostenible, que combatan las causas estructurales de los desastres y fortalezcan las capacidades de resiliencia o resistencia de la sociedad. Involucra las etapas de: identificación de los riesgos y/o su proceso de formación, previsión, prevención , mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción;6 ”

En este sentido, una iniciativa que viene de la sociedad civil, que en estos días se ha volcado en redes sociales y que tiene como objetivo el apoyar a víctimas de desastres, es hacer parte de esta cultura de prevención, “el uso del silbato”. El mensaje de esta campaña es la diferencia que puede hacer un silbato. Imaginar qué sucedería si estas víctimas que quedaron atrapadas en los escombros hubieran contado con uno de ellos, hubiera sido la oportunidad de llevarlos a la vida otra vez. La simple medida de llevar un silbato, sería la diferencia entre la vida y la muerte, y hoy estaríamos contando seguramente con menos decesos de los que actualmente se tienen.

Es una medida fácil: llevarlo consigo siempre, en la cartera, colgado en el cuello, o en la muñeca, o como llavero. Solo necesitamos incluir esta acción dentro de nuestra cultura de prevención, desde la escuela, casa, oficina y colonia.

Cuarta. En materia de Cultura de Protección Civil, dentro de los objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa Nacional de Protección Civil se establecen:

“Estrategia 2.1 Instrumentar campañas para el fomento de la cultura de protección civil

Líneas de acción:

2.1.1. Promover con las entidades federativas y los municipios programas que fomenten en la sociedad una cultura de protección civil.

2.1.2. Participar en la coordinación de acciones de cultura preventiva, con las entidades federativas y los municipios o delegaciones.

2.1.3. Impulsar una intensa campaña de información preventiva dirigida especialmente a la población vulnerable asentada en zonas de alto riesgo.

2.1.4. Difundir la cultura preventiva a través de todos los medios disponibles considerando su adaptación a lenguas originarias.

...”

Por su parte, en materia de cultura de protección civil la Ley General de Protección Civil indica:

“Artículo 4. Las políticas públicas en materia de protección civil, se ceñirán al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Nacional de Protección Civil, identificando para ello las siguientes prioridades:

II. Promoción, desde la niñez, de una cultura de responsabilidad social dirigida a la protección civil con énfasis en la prevención y autoprotección respecto de los riesgos y peligros que representan los agentes perturbadores y su vulnerabilidad;7

Artículo 5. Las autoridades de protección civil, enumeradas en el artículo 27 de esta ley, deberán actuar con base en los siguientes principios:

I. a III.

IV. Publicidad y participación social en todas las fases de la protección civil, pero particularmente en la de prevención;

V. Establecimiento y desarrollo de una cultura de la protección civil, con énfasis en la prevención en la población en general;

...

Artículo 19. La coordinación ejecutiva del Sistema Nacional recaerá en la secretaría por conducto de la Coordinación Nacional, la cual tiene las atribuciones siguientes en materia de protección civil:

I. a XVI.

XVII. Fomentar en la población una cultura de protección civil que le brinde herramientas que en un momento dado le permitan salvaguardar su vida, sus posesiones y su entorno frente a los riesgos derivados de fenómenos naturales y humanos. Para esta tarea, debe considerarse el apoyo de las instituciones y organizaciones de la sociedad civil que cuenten con una certificación de competencia y que esté capacitada para esta actividad;

XVIII. Promover, conjuntamente con las personas morales, la constitución de mecanismos tendientes a la obtención de recursos que sirvan para fomentar una cultura de protección civil y, en su caso, para coadyuvar en la gestión de los riesgos;

Artículo 41. Las autoridades federales, de las entidades federativas, del Distrito Federal, municipales y delegacionales, fomentarán la cultura en materia de protección civil entre la población, mediante su participación individual y colectiva.

...

Artículo 43. A fin de fomentar dicha cultura, las autoridades correspondientes dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, deberán:

I. Fomentar las actividades de protección civil;

II. Incorporar contenidos temáticos de protección civil en todos los niveles educativos públicos y privados, considerándola como asignatura obligatoria;

III. Concretar el establecimiento de programas educativos a diferentes niveles académicos, que aborden en su amplitud el tema de la protección civil y la gestión integral de riesgos;

IV. Impulsar programas dirigidos a la población en general que le permita conocer de forma clara mecanismos de prevención y autoprotección;

V. Elaborar, estructurar y promocionar campañas de difusión sobre temas de su competencia relacionados con la protección civil, y

VI. Promover la celebración de convenios con los sectores público, social, privado y académico con el objeto de difundir la cultura de protección civil.”

Atendiendo a la necesidad ciudadana es que presento ante este pleno los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, para que en el ámbito de su competencia promueva desde la niñez una cultura de responsabilidad social dirigida a la protección civil con énfasis en la prevención y autoprotección que incluya, entre otros puntos, una campaña que promueva el uso de silbato entre la ciudadanía como medida para salvaguardar la vida en desastres naturales.

Segundo . La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a incorporar contenidos temáticos de protección civil en todos los niveles educativos públicos y privados, considerándola como asignatura obligatoria y promueva desde la niñez una cultura de responsabilidad social dirigida a la protección civil con énfasis en la prevención y autoprotección que incluya, entre otros puntos, una campaña que promueva el uso de silbato entre la ciudadanía como medida para salvaguardar la vida en desastres naturales.

Notas

1 http://www.eitb.eus/es/noticias/internacional/detalle/5105159/
terremoto-mexico-19-septiembre-2017-noticias-sismo-dia-26/

2 http://www.eitb.eus/es/noticias/internacional/detalle/5092390/
terremoto-mexico-19-septiembre-2017-busqueda-supervivientes-sismo/

3 http://www.sgm.gob.mx/Web/MuseoVirtual/Riesgos-geologicos/Sismologia-de -Mexico.html

4 http://www.jornada.unam.mx/2012/09/20/sociedad/039n2soc

5 DOF: 30/04/2014 Programa Nacional de Protección Civil 2014-2018.

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=
3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikxMGprcXWAhUE94MKHXGAChcQFgg0MAI&url=http%3A%2F%2Fwww.dof.gob.mx
%2Fnota_detalle.php%3Fcodigo%3D5343076%26amp%3Bfecha&usg=AFQjCNH4OOVAQwX3_w5XOHXkKxtgbYCBbg

6 Fracción recorrida DOF 03-06-2014.

7 Fracción reformada DOF 07-04-2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de septiembre de 2017.

Diputada Laura Beatriz Esquivel Valdés (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la puesta en marcha de programas de sensibilización, capacitación y profesionalización permanente para personal operativo y directivo encargado de atender a mujeres víctimas de violencia de género en Guerrero, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Marbella Toledo Ibarra, diputada federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, bajo la siguiente

Exposición de motivos

El pasado 23 de junio de 2016, la Asociación Guerrerense Contra la Violencia hacia las Mujeres, AC (AGCVIM) presentó una solicitud de Violencia de Género contra las Mujeres para el estado de Guerrero, dirigida a la licenciada Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres y secretaria ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, con el fin de que se emitiera la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para los municipios de Acapulco de Juárez, Iguala de la Independencia, Chilpancingo de los Bravo, José Azueta, Coyuca de Catalán, Ometepec, Tlapa de Comonfort y Ayutla de los Libres.1

Derivada de esta solicitud se emitió la convocatoria pública para el estado de Guerrero para conformar el Grupo de Trabajo al que se refiere el artículo 36 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La convocatoria tuvo por objeto reunir a las y los expertos de instituciones académicas o de investigación especializados en el estado de Guerrero, quienes conformaron el grupo de trabajo que estudió y analizó la situación que guarda el territorio sobre el que se señaló la existencia violaciones a los derechos humanos de las mujeres por violencia feminicida.

Este grupo de trabajo realizó los estudios e investigaciones pertinentes que quedaron reflejados en el Informe del Grupo de Trabajo para atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en ocho municipios del estado de Guerrero. 2 De entre las conclusiones a las que arribó el grupo de trabajo, cobra un mayor énfasis la primera conclusión, que a la letra dice:

“I. Primera conclusión

Si bien el estado de Guerrero ha realizado esfuerzos para capacitar a servidoras y servidores públicos en materia de perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres, el grupo percibe que las capacitaciones pueden ser fortalecidas y transversalizadas en la administración pública estatal y municipal. Sobre todo, se insiste en la necesidad de medir el impacto que éstas tienen para la estrategia de erradicación de violencia contra las mujeres, estereotipos de género y discriminación.

Derivado de la información proporcionada por el estado, se observa la necesidad de que se refuerce, especialmente, la sensibilización, capacitación y profesionalización de las autoridades encargadas de atención a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia de género.

En consecuencia, se propone:

Realizar programas de sensibilización, capacitación y profesionalización permanente para el personal operativo y directivo de las autoridades encargadas de atención a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia de género en todo el estado de Guerrero, haciéndose énfasis en los municipios de la solicitud de la AVGM. La sensibilización, capacitación y profesionalización deberá estar diseñada con un componente de supervisión, evaluación y certificación permanentes que permitan medir su impacto.

Indicadores de cumplimiento:

El grupo de trabajo establece como indicadores de cumplimiento los siguientes: i) planeación y diseño de programas y cursos de sensibilización, capacitación y profesionalización especializados en derechos humanos de las mujeres, y perspectivas de género, atendido el enfoque inter y multicultural, ii) el programa debe incluir la descripción de estrategias, metas, población objetivo y mecanismos de evaluación; iii) la evidencia de la gestiones realizadas para la asignación presupuestal que permita su implementación; iv) las cartas descriptivas, lista del personal elegible y lista de asistencia; y, v) la generación de datos que refieran el número de cursos o talleres tomados por autoridades al año, distinguiendo por tipo de funcionarias y funcionarios.”

Con base en esta conclusión, los diputados ciudadanos consideramos oportuno realizar un exhorto a los ayuntamientos de Acapulco de Juárez, Iguala de la Independencia, Chilpancingo de los Bravo, José Azueta, Coyuca de Catalán, Ometepec, Tlapa de Comonfort y Ayutla de los Libres, todos del estado de Guerrero, para que realicen programas de sensibilización, capacitación y profesionalización permanente para el personal operativo y directivo de las autoridades encargadas de atención a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia de género en sus municipios. Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía, la presente proposición con:

Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión hace un atento y respetuoso exhorto a los honorables ayuntamientos de Acapulco de Juárez, Iguala de la Independencia, Chilpancingo de los Bravo, José Azueta, Coyuca de Catalán, Ometepec, Tlapa de Comonfort y Ayutla de los Libres a que realicen programas de sensibilización, capacitación y profesionalización permanente para el personal operativo y directivo de las autoridades encargadas de atención a niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencia de género en sus municipios.

Notas

1 Véase: la solicitud de la Asociación Guerrerense Contra la Violencia hacia las Mujeres, A.C., oficio núm.: AGCVIM/05/2016, fecha 23 de junio del 2016.

2 Informe del Grupo de Trabajo para atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en ocho municipios del Estado de Guerrero, México, 2016, Disponible en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/127492/In forme_AVGM_Guerrero.pdf.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 28 de septiembre de 2017.

Diputada Marbella Toledo Ibarra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a garantizar la transparencia, el ejercicio y la fiscalización puntuales de los recursos públicos destinados a la atención y salvaguarda de los damnificados por el sismo del jueves 7 de septiembre, a cargo del diputado Guillermo Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, diputado ante la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral I, fracción I; y 79, numeral I, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Por su localización geográfica, situada dentro del área conocida como Cinturón Circumpacífico, la República Mexicana está situada en una de las regiones sísmicas más activas del mundo. En el territorio interactúan cinco placas tectónicas (Caribe, Pacífico, Norteamérica, Rivera y Cocos), piezas rígidas y móviles que componen la superficie de la corteza terrestre que, al friccionar producen acumulaciones de energía que se expresan a través de la ocurrencia de sismos de diversa magnitud.

Tan sólo en los últimos 27 años, en México se han registrado 44 sismos con intensidades superiores a los 6.5 grados en la escala de Richter.1 El centro y sur del país son regiones especialmente sensibles a los movimientos telúricos que resultan de este tipo de desplazamientos y es ahí también donde han tenido lugar las mayores catástrofes causadas por este tipo de siniestros. De entre todos los estados que conforman la región, Chiapas, Guerrero y Oaxaca a menudo son los más afectados, pues yacen sobre zonas de alta sismicidad derivado de la interacción de dos importantes placas tectónicas: La Placa de Cocos y la Placa del Caribe, que convergen en la costa del Pacífico.

El sismo de magnitud de 8.2 grados en escala Richter acaecido el pasado 7 de septiembre, a las 23:49:18 horas, con epicentro en las costas del municipio de Pijijiapan, Chiapas, es un claro ejemplo de ello. Habiente de una fuerza que no se registraba desde el temblor de 1985 que devastó la Ciudad de México, el sismo ha sido causa de numerosas afectaciones en todo el sureste de México. Lo que es peor, desde que tuvo lugar, se han presentado más de cinco mil réplicas, siendo la de 6.1 grados Richter registrada al sureste del municipio de Salina Cruz, Oaxaca, la de mayor magnitud.

Hasta la fecha, se sabe que el movimiento telúrico dejó un saldo de 98 personas fallecidas -78 en Oaxaca, 16 en Chiapas y 4 en Tabasco-, así como 27 personas lesionadas, sin que hasta el momento se haya difundido un reporte oficial sobre desaparecidos. Los daños a las viviendas e infraestructura pública son todavía incuantificables y se dejan ver por toda la región del istmo, en Oaxaca, así como en dos terceras partes de los municipios de Chiapas.

Medios locales han reportado que un millón 479 mil 575 personas resultaron damnificadas por el sismo. De entre ellas, 54 mil 989 sufrieron daños materiales, 17 mil 973 con pérdida total de su patrimonio y 37 mil con daños parciales. Entre los municipios con afectaciones parciales destacan: Venustiano Carranza, Acapetahua, Emiliano Zapata, San Lucas, Tapachula, Suchiate, Villa Mazatán, Pijijiapan, Comitán, Acala, Villa Corzo y Totolapa. Por su parte, los municipios que registran mayores daños son Tuxtla Gutiérrez, Tonalá, Parral y Chapilla.2 Las afectaciones coinciden con reportes del Servicio Sismológico Nacional que señalan como municipios con altos niveles macrosísmicos a Suchiate, Tapachula, Mazatán, Villa Comaltitlán, Acapetahua, Mapastepec, Pijijiapan, Tonalá, Arriaga y Cintalapa.

En lo que respecta al estado de la infraestructura física en el estado de Chiapas, nueve tramos del sistema carretero estatal resultaron dañados (Motozintla-Frontera Comalapa; Huixtla-El Jocote KM. 70; Copainalá-Tecpatán; Unión Juárez-Tolkian Viejo; Unión Juárez-Chiquihuites; Osumacinta-Chicoasén KM. 36; Copainala-La Nueva; Totolapan-La Merced, y Tuxtla Gutiérrez-Copoya) y cuatro puentes sufrieron severas afectaciones (puente del Libramiento Sur, Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo, Fortín-La Conquista y el de los límites entre Oaxaca y Chiapas). Esta situación no ha hecho más que complicar la comunicación entre municipios, impidiendo el arribo de servicios de asistencia y auxilio de manera oportuna. A este delicado escenario se añaden 980 planteles educativos con daños arquitectónicos y estructurales, así como 48 inmuebles médicos con grietas y desprendimiento de plafones en los municipios de Tonalá, San Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Teopisca, Juárez, Ostuacán, Pichucalco y Zinacantán, donde también se contabilizaron 250 templos afectados. Los estragos a la infraestructura estatal han dificultado la reubicación de personas en albergues y la integración de centros receptores de acopio.

A pesar de las dimensiones del problema, al día de hoy sólo una parte de la población chiapaneca afectada por los sismos ha logrado refugiarse en albergues. Por un lado, esto se debe a que muchos todavía se resisten a abandonar sus hogares, por miedo a perder lo poco que queda de su patrimonio. Por otro, las afectaciones a la infraestructura carretera aún mantienen a varias comunidades incomunicadas y en riesgo de derrumbe, haciendo inviable el traslado de su población.

Ante la eventualidad de esta clase de desastres, en México existe el Fondo de Desastres Naturales (Fonden). Creado originalmente en 1996 como un instrumento presupuestario incorporado al Ramo 23 para financiar eficaz y oportunamente las labores de rehabilitación de infraestructura federal y estatal afectada por desastres naturales, el Fonden es hoy un Fideicomiso instrumentalizado a través de la Secretaría de Gobernación que opera en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil y de los procedimientos derivados del Programa de Gestión Integral del Riesgo. Está compuesto por dos instrumentos presupuestarios: El Programa Fonden para la Reconstrucción y el Programa Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (Fopreden). La finalidad de este Fideicomiso es apoyar, bajo los principios de corresponsabilidad, complementariedad, oportunidad y transparencia, a las entidades federativas de la República Mexicana, así como a las dependencias y entidades de la administración pública federal, en la atención y recuperación de los efectos que produzca un fenómeno natural.3

Cabe señalar que el Paquete Económico 2018, presentado formalmente al Congreso de la Unión el pasado 16 de septiembre, contempla la asignación de recursos al Fondo de Desastres Naturales (Fonden) por un monto de 6 mil 644 millones de pesos. Además, el propio secretario de Hacienda y Crédito Público advirtió recientemente que existen recursos suficientes para enfrentar la emergencia provocada por los sismos.4

Dada la importancia estratégica que ocupa el Fonden en la reparación de daños y la atención a víctimas en los días posteriores a la catástrofe, el Estado mexicano debe asumir con seriedad, en todos sus niveles, la tarea de vigilar, ante la ocurrencia de un desastre natural como el sismo de 8.2 grados registrado al sur del país, el desempeño eficaz y transparente de los recursos que integran el citado fideicomiso, evitando que su ejercicio implique la comisión de actos de corrupción o que las autoridades encargadas de su aplicación sean omisas a sus obligaciones y responsabilidades en la atención del desastre. Sólo así podrán evitarse casos como el acaecido en 2014 en Huixtla, Chiapas, luego de la ocurrencia de un sismo de 6.9 grados en la escala Richter, con epicentro en las costas de Tapachula. En esa ocasión, la población damnificada denunció el desvío de los recursos del Fonden por parte del gobierno del estado, toda vez que, tras innumerables solicitudes para la reconstrucción de sus viviendas, las autoridades estatales optaron por negarse a atender sus peticiones sin ofrecer explicación alguna.

Éste no es el único caso que ha puesto en evidencia irregularidades en el manejo e incumplimiento de los objetivos del Fonden. En el 2010, luego de que el huracán Alex devastara el estado de Nuevo León, causando el fallecimiento directo de 34 personas, se destinaron tres mil 97 millones de pesos del fondo para la atención de la crisis; sin embargo, el uso de casi la mitad de dichos recursos sería cuestionado por supuestas irregularidades en su administración.

En el 2011, el gobierno de la república emitió declaratoria de emergencia por la ocurrencia de lluvias severas en el municipio de Tapachula, Chiapas.5 Por esta razón fueron asignados 3 mil 460 millones 654 mil pesos para la reconstrucción y rehabilitación de infraestructura física en los sectores carretero, hidráulico, vivienda, educativo, urbano y acuícola en el estado. No obstante, más de mil 700 millones de pesos se perderían como resultado de diversas anomalías durante en la ejecución de las obras, como falta de contratos o inexistencia de sanciones.6

En 2013, luego de la catástrofe causada por las lluvias provocadas por la tormenta tropical Manuel sobre el estado de Guerrero, el presidente Enrique Peña Nieto anunció la creación y puesta en funcionamiento del “Plan Nuevo Guerrero”, cuyos ejes de acción eran: 1) inversión en infraestructura; 2) fomento al crecimiento económico y; 3) desarrollo social incluyente. Gracias a una inversión sin precedentes, el Ejecutivo federal señaló que estas acciones lograrían contrarrestar los efectos nocivos de la tormenta. Sin embargo, poco después de su implementación, el proyecto comenzó a causar malestar en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), que manifestó el incumplimiento de los pagos por servicios prestados por sus agremiados en la entidad. Entre las dependencias implicadas en el fraude destacaría el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).7 En el marco de la aplicación del “Plan Nuevo Guerrero”, en el municipio Atoyac de Álvarez, autoridades municipales denunciaron también la falta de entrega de 97 viviendas que la Sedatu se había comprometido a edificar en beneficio de las víctimas del siniestro.8

Destaca también, en la ciudad de Chilpancingo, el caso del fraccionamiento El Mirador, uno de los más grandes asentamientos edificados en Guerrero, como consecuencia de las torrenciales lluvias de 2013. Llevado a cabo con el apoyo y supervisión de la Sedatu, el desarrollo suponía la construcción de mil 100 viviendas. Sin embargo, apenas llegarían a construirse 598 de ellas, de las cuales sólo 566 fueron efectivamente habitadas, pues treinta y dos debieron ser demolidas luego de que en 2016 la Secretaría de Protección Civil de Guerrero, el Centro Nacional de Desastres (Cenapred) y expertos de la Universidad Autónoma de Guerrero señalaran daños estructurales en su construcción. Por desgracia, la ironía es evidente: el fraccionamiento que habría de albergar y dar seguridad a cientos de familias que habían perdido sus hogares por las tormentas, ahora se caía a pedazos a causa de la corrupción.9 Es así como el caso de El Mirador pone en relieve los alcances del desprecio de las autoridades estatales para garantizar cabalmente la recuperación del patrimonio de las víctimas de desastres naturales.

Las graves desigualdades económicas y sociales que enfrenta Chiapas, en donde el 77.1 por ciento de la población vive en situación de pobreza y casi un millón 500 personas sufren de pobreza extrema,10 sólo han facilitado que la devastación causada por el sismo del pasado 7 de septiembre sea mayúscula. Por esta razón, es de vital importancia asegurar que los recursos destinados a la atención de los daños provocados por el temblor sean utilizados efectivamente para la protección de las familias damnificadas y la reconstrucción de la infraestructura dañada, de manera que pueda garantizarse la más pronta recuperación de las comunidades perjudicadas. Más allá de la necesidad de reactivar las economías locales, municipales y estatal en Chiapas, la tarea de vigilancia y fiscalización de los recursos es clave para garantizar un ambiente que permita el ejercicio de los derechos humanos básicos de las y los damnificados, entre los que sobresale el derecho a la alimentación, la salud y la vivienda.

Esto es especialmente importante en Chiapas y Oaxaca, puesto que el grueso de las afectaciones tuvo lugar en localidades pequeñas ubicadas fuera de las cabeceras municipales. La lejanía y dificultades en el acceso a las zonas devastadas dificultan la supervisión de la aplicación de los recursos públicos, al mismo tiempo que alienta a las autoridades locales a violar las reglas de operación y desconocer los propósitos del fondo, incurriendo en actos de corrupción.

Con base en las lecciones de experiencias pasadas y ante los riesgos de malversación de los fondos destinados para la atención de desastres naturales, la presente proposición con punto de acuerdo plantea la necesidad de garantizar a la población la más minuciosa fiscalización de los recursos públicos asignados a la atención de las afectaciones provocadas por el sismo del pasado 7 de septiembre, mediante la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el compromiso manifiesto de las dependencias legalmente encargadas del ejercicio de los recursos del Fonden. Ello en virtud de las disposiciones contenidas en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF), que en su artículo 2, fracción I, establece:

“Artículo 2. La fiscalización de la Cuenta Pública comprende:

I. La fiscalización de la gestión financiera de las entidades fiscalizadas para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, y demás disposiciones legales aplicables, en cuanto a los ingresos y gastos públicos, así como la deuda pública, incluyendo la revisión del manejo, la custodia y la aplicación de recursos públicos federales , así como de la demás información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática que las entidades fiscalizadas deban incluir en dicho documento, conforme a las disposiciones aplicables, y...”

A su vez, el artículo 1, fracción IV, de la citada ley confiere el fundamento jurídico de tal exhorto, en virtud de que señala, entre las atribuciones con las que cuenta la ASF, la fiscalización de “las operaciones que involucren recursos públicos federales o participaciones federales a través de contrataciones, subsidios, transferencias, donativos, fideicomisos, fondos , mandatos, asociaciones público privadas o cualquier otra figura jurídica (...), entre otras operaciones.”

De acuerdo con la LFRCF, dicha fiscalización tiene por objeto “la revisión del manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos federales”,11 así como “verificar el grado de cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales”.12 Más adelante, el artículo 17, fracción XII, de la misma ley abunda en este tópico:

“Artículo 17. Para la fiscalización de la Cuenta Pública, la Auditoría Superior de la Federación tendrá las atribuciones siguientes:

XII. Fiscalizar los recursos públicos federales que la Federación haya otorgado a entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, fideicomisos, fondos , mandatos o, cualquier otra figura análoga, personas físicas o morales, públicas o privadas, cualesquiera que sean sus fines y destino, así como verificar su aplicación al objeto autorizado ...”

En el contexto de posibles malversaciones en el ejercicio los recursos que integran el Fonden para la atención a los damnificados por los sismos ocurridos en semanas previas, la ASF cuenta con la facultad de “investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o presunta conducta ilícita, o comisión de faltas administrativas...”. 13 Cabe señalar que, en caso de comprobarse el manejo indebido de fondos federales por parte de cualquier autoridad legalmente responsable de su administración, deberá actuarse conforme a derecho, según se establece en forma supletoria en el artículo 5 de Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en cuyo caso la conducta se tipifica como violación grave.

Finalmente, conviene advertir que, para coadyuvar al registro y fiscalización de los recursos públicos incorporados al Fonden, los entes públicos en quienes recae la encomienda de atender y salvaguardar la integridad física y patrimonial de las y los damnificados deberán guiar su contabilidad de conformidad con las disposiciones previstas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, particularmente aquellas dispuestas en sus artículos 2, 68, 70 y 72, velando por la eficacia del gasto público ante la emergencia de obligaciones contingentes y procurando en todo momento colaborar con las entidades fiscalizadoras, con respeto a lo señalado en los artículos 42 y 82 de la misma normativa.

Por todo lo expuesto y fundando, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a todas las instituciones del gobierno de la república a garantizar, en el ámbito de su competencia, la total transparencia y ejercicio puntual de los recursos públicos destinados a la atención y salvaguarda de las y los damnificados por el sismo de escala Richter 8.2 ocurrido el 7 de septiembre de 2017, con epicentro en el municipio de Pijijiapan, Chiapas.

Segundo. Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a que vigile el ejercicio, de conformidad con los criterios de legalidad, justicia, eficacia y transparencia previstos en la ley, de los recursos públicos destinados a la atención de las y los damnificados por el sismo de escala Richter 8.2 ocurrido el 7 de septiembre de 2017, por parte de las autoridades del gobierno federal y los gobiernos estatales que correspondan.

Notas

1 Servicio Sismológico Nacional. Catálogo de sismos . Consulta en línea: http://www2.ssn.unam.mx:8080/catalogo/

2 El Universal . “Suman 111 municipios afectados por el sismo en Chiapas”. 11 de septiembre de 2017.

3 Segob, SHCP y Banco Mundial. Fonden. El Fondo de Desastres Naturales de México – Una reseña. Junio 2012.

4 La Prensa . “Hay recursos suficientes para enfrentar la contingencia: Meade”. 08 de septiembre de 2017.

5 Diario Oficial de la Federación (DOF). 04 de octubre de 2011.

6 Carrasco Araizaga, Jorge. “Catástrofe y corrupción”. Proceso . 19 de septiembre de 2013.

7 Proceso . “Exigen al gobierno federal pague adeudo a constructores de Guerrero”. 6 de junio de 2016.

8 El Sur . “A tres años de Manuel , la Sedatu no ha entregado las viviendas a los damnificados de Isla Casitas”. 07 de septiembre de 2016.

9 Trinchera. “Fraccionamiento El Mirador: emblema de la corrupción, omisión y engaño del gobierno”. Núm. 890. Septiembre de 2017.

10 Coneval. Evolución de pobreza 2010-2016. Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2016. 2017.

11 Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículo 2, fracción I.

12 Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículo 2, fracción II.

13 Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículo 17, fracción XIII.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de septiembre de 2017

Diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Guerrero a emprender acciones para crear un mausoleo de guerrerenses ilustres, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Marbella Toledo Ibarra, diputada a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Por todos es bien sabido el papel tan importante que jugó la población de Guerrero en los procesos de construcción de nuestro país, tanto que la Independencia, la Reforma y la Revolución.

Luego de la derrota y captura de Miguel Hidalgo, los guerrerenses aportaron su vigor en la construcción del México Independiente. Guerrero se convirtió en el escenario que vio nacer el acta de nacimiento de los Estados Unidos Mexicanos, Los Sentimientos de la Nación, en el que se declaraba a nuestro país como un pueblo libre e independiente de cualquier otra nación, gobierno o monarquía.

Además de ser el escenario para la presentación de uno de los textos políticos que contiene las ideas en que se fundó nuestra Guerra de Independencia, Guerrero también fue parte importante en la historia de la lucha independentista, la cual, podemos circunscribir a tres momentos significativos:

• Los primeros combates en la región de Tepecoacuilco y sus alrededores:

“Los primeros enfrentamientos se dieron el 2 de diciembre de 1810; en ellos los insurgentes fueron vencidos por las tropas realistas comandadas por el teniente coronel José Antonio Andrade; don Ignacio Orduña cayó prisionero y fue fusilado tres días más tarde, junto con sus hermanos Rafael y Juan, y el gobernador de Huitzuco, Manuel de la Trinidad. Los realistas entraron a Tepecoacuilco llevando consigo numerosos prisioneros (alrededor de 80, según apunta Ochoa Campos; 200, según la narración de don Prisciliano Pintos, quien afirma habló con los insurgentes que sobrevivieron). Por la noche, las mujeres de Tepecoacuilco, dice la tradición, recogieron los cadáveres y les dieron sepultura; la mañana del 3 de diciembre de 1810 las sorprendió curando a los heridos. La población sería recuperada unos días después por los insurgentes al mando de don Julián de Ávila.”1

• Las campañas militares emprendidas por José María Morelos y Pavón:

“La primera abarca desde su llegada a Zacatula (fines de octubre de 1810) hasta la toma de Chilapa (agosto de 1811); en menos de diez meses había dominado la mayor parte del territorio que actualmente ocupa el estado de Guerrero y había formado un ejército respetable por el número y respetado por sus hechos en combate.

La segunda estuvo caracterizada por la división del ejército insurgente en tres secciones: una al mando de Miguel Bravo; otra, a las órdenes de Hermenegildo Galeana; y, una más, capitaneada por el propio Morelos. Oaxaca, Taxco e Izúcar, respectivamente, eran los objetivos. El espacio de operaciones se amplió más allá de lo que hoy es el estado de Guerrero, sin que en éste dejaran de ocurrir hechos trascendentes. La campaña culmina el 2 de mayo de 1812 con el rompimiento del sitio de Cuautla y la decisión de Morelos de regresar hacia el sur.

La tercera campaña presenta momentos de verdadero heroísmo, como los que envuelven al sitio de Huajuapan (abril–julio de 1812), la toma de Oaxaca (noviembre de 1812) o a la captura del Fuerte de San Diego (agosto de 1813).

La cuarta campaña inicia luego de que concluye el Primer Congreso de Anáhuac, convocado por Morelos; los insurgentes dejan Chilpancingo el 7 de noviembre de 1813 y se dirigen hacia Valladolid.”2

• La resistencia encabezada por Vicente Guerrero Saldaña:

“Vicente Guerrero, como antes había ocurrido con Morelos, supo unir en torno suyo a muchos de los grupos dispersos y resistir durante años la ofensiva desplegada en su contra . Pedro Ascencio Alquisiras, Juan del Carmen, Juan Álvarez, Isidoro Montes de Oca y Nicolás Catalán, entre otros, son personajes que contribuyeron a que la causa de la Independencia se mantuviera firme en el Sur. Don Nicolás Bravo, por su parte, luego de ser derrotado en combate, fue hecho prisionero en diciembre de 1817 y recuperó su libertad por decreto del 11 de octubre de 1820.”3

La valía de quienes, en ese entonces, habitaban el Estado se acentuó todavía más con la Revolución de Ayutla, que acabó con la dictadura de Antonio López de Santa Anna y abrió el terreno a la forma liberal. A sabiendas que las notas precedentes no son suficientes para reconocer la valía, el empuje y el coraje de aquellos que lucharon bajo el liderazgo de Morelos y Guerrero hasta conseguir la libertad del pueblo mexicano, consideramos necesaria la creación de un mausoleo en donde descansen los restos de las y los guerrerenses ilustres que participaron la conformación de nuestra nación.

Lo anterior debido a que a hoy en día se desconoce el paradero de los restos de personajes tan importantes para la historia de México, como los de Mendoza Valerio Trujano, Hermenegildo Galeana, Leonardo Bravo, Pedro Ascencio de Alquisiras, Pablo Galena, Nicolás Bravo, Juan del Carmen, Juan Álvarez, Vicente Jiménez, Diego Álvarez Benítez, José Inocente Lugo, Margarito Damián Vargas, Bertha Von Glümer Leyva, Juan B. Salazar, Eduardo Neri Reynoso, Adolfo Cienfuegos y Camus, José María Izazaga, Antonio I. Delgado, José Agustín Ramírez, Juan Andréu Almazán, Ezequiel Padilla Peñaloza, José Azueta Abad, Leonides Andréu Almazán, María Luisa Ocampo, Alfonso Ramírez Altamirano, Plácido García Reynoso, Antonio Sánchez Molina, Luís Guevara Ramírez, Ignacio Chávez Sánchez, solo por citar algunos.

Por ello, nos permitimos someter a la consideración del pleno, la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con pleno respeto a los órdenes de gobierno y esferas de competencia, hace un atento y respetuoso exhorto al licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, para que tome las acciones necesarias para la creación de un mausoleo de guerrerenses ilustres.

Notas

1 Guerrero Cultural Siglo XXI. Enciclopedia guerrerense. Edición conmemorativa. 2012.

2 Ibídem.

3 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de septiembre de 2017.

Diputada Marbella Toledo Ibarra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta lo mismo a la Segob que al gobierno, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y el titular de la PGJ de la Ciudad de México a dar a conocer los dictámenes estructurales sobre los inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre y los que se encuentren en riesgo por su colindancia respecto a los colapsados o con graves daños, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Juan Romero Tenorio, diputado del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Que conforme a los artículos 1o., 4o., 14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es obligación del Estado mexicano a través del gobierno federal, y de la Ciudad de México, en el ámbito de su respectiva competencia, garantizar la vida y la seguridad de los habitantes de la Ciudad de México.

A través de distintos medios de comunicación se ha dado a conocer que el jefe de gobierno de la Ciudad de México ha recibido 3 mil 848 reportes de inmuebles que tienen algún grado de daño, con afectaciones leves, moderadas y graves.

Por otra parte, la delegación Cuauhtémoc, al 24 de septiembre del año en curso, informa que se han realizado 270 evaluaciones a 264 viviendas y edificios; en 74 de ellos hay riesgo alto, es decir, se requiere apuntalar, intervenir, o en casos extremos la demolición.

En diferentes centros de trabajo de los gobiernos federal, de la Ciudad de México, del Tribunal Superior de Justicia y de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, se han expresado inconformidad de los trabajadores por la detección de daños a los edificios en los que laboran. En particular es de señalar el inmueble de Fray Servando Teresa de Mier 32, perteneciente al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y que alberga aproximadamente 3 mil trabajadores. Este edificio tiene una superficie de terreno de 2,778.76 metros cuadrados (m2), con un área de 34,756.00 m2 y con una altura de 42.10 metros (m), en catorce pisos y sótano, con una antigüedad de construcción aproximada de 38 años.

En el inmueble de Fray Servando Teresa de Mier se albergan las salas civiles de oralidad, por donde transita también una población flotante de diez mil personas diariamente en horarios hábiles. El terremoto del 19 de septiembre 2017, según distintas voces, dañó la estructura del edificio de Fray Servando que por lógica: sin embargo tanto el presidente del Tribunal Superior de Justicia como el Consejo de la Judicatura, ambos de la Ciudad de México, han amagado a los trabajadores para que regresen a quienes han manifestado que han manifestado que se encuentra aterrorizados por la amenaza de obligarlos a laborar en sitios resentidos que no son nada confiables que ponen en riesgo la vida.

Esto se agrava toda vez que el edifico en cuestión es parte de lo que comúnmente se denomina el “Fideicomiso de los Magistrados” y que arrastra el histórico Caso Ficrea. Es decir, este edificio es propiedad de un fideicomiso para el retiro de los magistrados, pero en un abierto conflicto de intereses, se lo renta a su vez al Consejo de la Judicatura quien lo ocupa para oficinas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y que alberga aproximadamente 3 mil trabajadores de dicho órgano. Esta operación de alquiler del inmueble de Fray Servando 32, implica el pago por el renta de la cantidad de $65,000,000.00 (sesenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N.) al año.

Cabe señalar que esta operación fue realizada en su momento por el ex oficial mayor del propio tribunal, Carlos Vargas Martínez, quien había sido previamente inhabilitado por 10 años por el Consejo de la Judicatura Federal, y ahora ocupa el cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad México.

No obstante las presiones laborales, grupos de trabajadores, se han manifestado en la sede del TSJCDMX, localizado en avenida Niños Héroes 132, colonia Doctores, delegación Cuauhtémoc, para no ser obligarlos a laborar en edificios que no garantizan condiciones de seguridad adecuadas y ponen en riesgo la vida de los jueces, secretarios de acuerdo, actuarios, proyectistas, archivistas, empleados de base, litigantes, justiciables y público en general que asisten a dichas instalaciones.

Tras la desocupación de inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre pasado, es urgente que los dictámenes sobre las condiciones físicas de los inmuebles reportados a las instancias gubernamentales, se den a conocer con la máxima publicidad para garantizar a las y los ciudadanos y a los trabajadores en sus respectivos centros de trabajo, en primer lugar, el derecho a la información, así como el derecho seguridad y protección de la vida con los más amplios alcances.

Los dictámenes de daños estructurales deben contemplar la metodología e indicadores de evaluación con los mejores estándares de seguridad para determinar la existencia de riesgos que impliquen la posibilidad de colapsos posteriores al sismo o que por el daño detectado tengan que ser demolidos o aislados para su rehabilitación o recuperación, así como la posible afectación de los inmuebles que existen en torno a los afectados o dañados.

Que toda información relativa a los dictámenes estructurales de los inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre pasado, es de carácter público y consecuentemente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4, 5, 6, 22 y demás relativos y aplicables de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, 5, 6, 15 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1, 2, 6, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, debe ser asequible a todos los habitantes de la Ciudad de México.

Atendiendo al principio de máxima publicidad e inmediatez, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación responsable de la Coordinación Nacional de Protección Civil, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, las jefaturas delegaciones, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México deben publicar cada uno de los dictámenes estructurales de los inmuebles afectados por el sismo, así como de los inmuebles que por encontrarse en torno a los inmuebles dañados se encuentren en riesgo.

Asimismo se considera pertinente solicitar al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales implemente acciones para vigilar a los sujetos obligados en el ámbito federal para que la información relativa a dictámenes de daños estructurales observen el principio de máxima publicidad; mismo exhorto que se realiza a Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración de esta honorable asamblea, de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, atendiendo a los principios de máxima publicidad e inmediatez del derecho a la información pública gubernamental, exhorta respetuosamente al gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación responsable de la Coordinación Nacional de Protección Civil, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, al Tribunal Superior de Justicia y la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México deben publicar cada uno de los dictámenes estructurales de los inmuebles afectados por el sismo, así como de los inmuebles que por encontrarse en torno a los inmuebles dañados se encuentren en riesgo.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales implemente acciones para vigilar a los sujetos obligados en el ámbito federal para que la información relativa a dictámenes de daños estructurales observen los principio de máxima publicidad e inmediatez; mismo exhorto que se realiza al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México por cuanto hace a los sujetos obligados en el ámbito local.

Tercero . La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México para que garanticen la seguridad y la vida de los jueces, secretarios de acuerdo, actuarios, proyectistas, archivistas, empleados de base, litigantes, justiciables y publicó en general que asisten a dichas instalaciones del edificio de Fray Servando 32 y se considere la reubicación de los juzgados que ahí se encuentran por el inminente riesgo en que se encuentran.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de septiembre de 2017.

Diputado Juan Romero Tenorio (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a valorar la viabilidad de emitir la declaratoria de desastre natural en diversos municipios de Guerrero afectados por el huracán Max y, en su caso, disponer de recursos del Fonden, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Marbella Toledo Ibarra, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La tarde del 13 de septiembre de 2017, en el océano Pacífico, al sur de las costas de Guerrero, se desarrolló la tormenta tropical Max. De acuerdo con el Sistema Meteorológico Nacional, el 14 de septiembre ésta se intensificó a huracán; a las 16:00 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México, el ojo del huracán Max tocó tierra en Pico del Monte, enclavado en las costas de Guerrero.1

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos de América calificó a Max como huracán categoría 1, en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora y rachas de 150,2 causando fuertes lluvias en Petatlán, San Marcos, Cruz Grande, Copala, Marquelia y Azoyú.

Pese a que el huracán Max se degradó rápidamente a tormenta tropical, los daños causados a su paso dejaron como saldo preliminar al menos 1,400, casas con afectaciones, ubicadas en los municipios de Petatlán, San Marcos, Cruz Grande, Copala, Marquelia y Azoyú, así como inundaciones, afectaciones a la infraestructura carretera, dejando zonas incomunicadas, caída de árboles y anuncios espectaculares por los fuertes vientos, cortes a la energía eléctrica y de telecomunicaciones, entre otras.

Si bien por las instituciones del Estado hubo una respuesta que evitó mayores pérdidas, ésta resulta insuficiente para restablecer la normalidad en las zonas afectadas, por ende, se requiere del acceso a mayores recursos, que permitan a la ciudadanía mitigar los daños ocasionados por este fenómeno natural. En este sentido, el Estado mexicano publicó en el Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2010 las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales.

El Fondo Nacional de Desastres Naturales es, según lo dispuesto en el numeral 4 de las reglas generales, el instrumento jurídico con que se cuenta para

I. Canalizar recursos para la reconstrucción de los daños sufridos por un fenómeno natural perturbador en los sectores de competencia federal, estatal o municipal, en términos de los Lineamientos de Operación específicos que regulan cada uno de los procedimientos a que hacen referencia las presentes Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales.

En los trabajos de reconstrucción o restitución de los bienes se deberán incluir, en lo posible y por separado, medidas de mitigación para daños futuros, a través de normas de diseño o construcción que reduzcan su vulnerabilidad ante futuras amenazas, en el entendido de que la dependencia o entidad de la Administración Pública Federal responsable del sector deberá evaluar y, en su caso, validar los argumentos técnicos y los documentos de las mejoras y adiciones en las acciones incluidas en el programa de restauración de los daños, de tal manera que garanticen que los bienes operarán dentro de márgenes de seguridad recomendables;

II. Transferir recursos al Fondo Revolvente Fonden y al Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales a que se refiere el artículo 3o. anterior;

III. Otorgar recursos a las dependencias y entidades de la administración pública federal para la adquisición de equipo especializado destinado a la atención de emergencias y desastres naturales;

IV. Constituir mediante subcuentas específicas en el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, fondos y reservas financieras con el propósito de asegurar la oportuna asignación y aplicación de los recursos a proyectos preventivos y a solventar aspectos prioritarios y urgentes relacionados o derivados de fenómenos naturales perturbadores;

V. Otorgar recursos para la realización de proyectos y el establecimiento de instrumentos de administración y transferencia de riesgos que estén relacionado con la prevención y atención de los efectos ocasionados por fenómenos naturales perturbadores; para la protección financiera del patrimonio del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, así como para los servicios necesarios relacionados con dichas contrataciones, en términos de lo previsto en los Lineamientos de Operación específicos que regulan cada uno de los procedimientos a que hacen referencia las presentes Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales;

VI. Canalizar recursos para llevar a cabo las contrataciones de terceros independientes especializados que requiera el gobierno federal para las evaluaciones de daños, cuya finalidad sea la valoración de los montos requeridos para la reconstrucción de la infraestructura afectada por la ocurrencia de un fenómeno natural perturbador, de conformidad con las disposiciones aplicables; y

VII. Aportar y recibir recursos del programa Fondo para la Prevención de Desastres Naturales y del Fideicomiso Preventivo a cargo de la Secretaría de Gobernación y de otros programas e instrumentos financieros relacionados con los fines del Fondo de Desastres Naturales, en términos de las disposiciones aplicables.

Por ello, a fin de auxiliar a la población y reparar los daños causados por el huracán Max, nos permitimos someter a consideración del pleno la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con pleno respeto de los órdenes de gobierno y esferas de competencia, hace un atento y respetuoso exhorto al licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, a valorar la viabilidad de emitir la declaratoria de desastre natural en diversas zonas afectadas de Petatlán, San Marcos, Cruz Grande, Copala, Marquelia y Azoyú, Guerrero, debido a las afectaciones ocasionadas por el paso del huracán Max y, en su caso, se disponga de los recursos del Fonden.

Notas

1 Conagua. Servicio Meteorológico Nacional. Aviso meteorológico número 044-17. Max tocó tierra en el poblado Pico del Monte, Guerrero, 14 de septiembre de 2017.

2 National Hurricane Center. Hurricane Max Advisory Archive. Graphics Archive. Consultable en http://www.nhc.noaa.gov/archive/2017/MAX.shtml?

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de septiembre de 2017.

Diputada Marbella Toledo Ibarra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la aprobación del Programa General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México y a convocar, una vez finalizado el procedimiento de declaratoria de desastre natural en ella, a valorar las nuevas condiciones de ésta tras los sismos de septiembre, a cargo de la diputada Ariadna Montiel Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita diputada Ariadna Montiel Reyes Diputada, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 62, 65, 76, 79, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al jefe de Gobierno, a la Asamblea Legislativa, y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda todos de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus facultades den por concluido el actual procedimiento de aprobación del Programa General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, y una vez que sea publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la conclusión de la declaratoria de desastre natural por la que atravesamos, se convoque a que se reponga todo el procedimiento valorando las nuevas condiciones de nuestra ciudad tras los sismos del mes de septiembre, considerando de manera prioritaria las opiniones de todos los ciudadanos en la etapa de la consulta pública del mismo.

Exposición de Motivos

México ha enfrentado en semanas pasadas dos de los terremotos más severos en las últimas décadas, que han traído consigo muerte y devastación en diversos estados de la República, las afectaciones han sido padecidas con más crudeza en los estados donde han tenido lugar sus epicentros, Chiapas y Morelos.

De acuerdo con reportes del Servicio Sismológico Nacional, en México se han registrado terremotos de considerable intensidad, que oscilan entre los 8.7 y los 8.1 grados Richter, por lo que debe ser una consideración de especial importancia la actividad sísmica recurrente.

A pesar de que no existe información precisa sobre los daños ocasionados por los terremotos, se estima que tan solo en Oaxaca y Chiapas 110 mil inmuebles fueron dañados por ambos eventos sísmicos en diversa proporción, por lo que miles de familias enfrentan hoy nuevamente la adversidad.

Luego de los sismos del 7 y 19 septiembre del presente año, que han tenido como consecuencia la pérdida de vidas, el daño o inhabitabilidad de las viviendas, y que han puesto en el escenario colectivo la necesidad de reconstruir la Ciudad de México, atendiendo a una revisión minuciosa de lo relacionado con los estándares de seguridad y buenas prácticas en la construcción, además de diseñar un Plan de Desarrollo Urbano que atienda la condición particular de la Ciudad, teniendo como eje nuestra realidad geográfica, que sitúa a esta entidad en una zona sísmica de alta peligrosidad.

Debido al desorden y abusos promovidos y generados por los desarrolladores inmobiliarios, en el ánimo de obtener mayores beneficios económicos, la ciudad ha tenido un crecimiento desordenado y desmedido, al amparo de la corrupción que “flexibiliza” la construcción de viviendas y construcciones de diversa índole, sin considerar las condiciones en las que se encuentra el suelo urbano, los servicios, y el entorno en general, lo cual como lo vivimos en días recientes nos ha costado vidas humanas.

El Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, es un instrumento indispensable para orientar el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial, como expresión de la voluntad de la ciudadanía para la aplicación transparente de los recursos públicos disponibles, en un marco de acción coordinada entre las distintas instancias a quienes corresponde operarlo. Asimismo, se convierte en factor fundamental para promover y estimular la participación de todos los agentes sociales interesados en mejorar la capacidad productiva del Distrito Federal.

El programa general, como instrumento normativo establece la zonificación primaria del Distrito Federal, fija las políticas y estrategias de un proyecto de Ciudad con tratamiento a corto, mediano y largo plazos, y determina los ejes fundamentales para que, en el contexto de un desarrollo equilibrado, se contenga el crecimiento desordenado y se asegure la protección ambiental en un marco de efectiva coordinación interinstitucional.

La última modificación realizada fue la publicada el 31 de Diciembre de 2003 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, donde se analizó el diagnóstico de la situación del Desarrollo Urbano, el crecimiento demográfico de la Ciudad, los cambios en la distribución territorial, el costo administrativo de la concentración, la protección civil y la participación ciudadana, la Zona Metropolitana del Valle de México, vialidades y transportes, equipamiento, servicios e infraestructura, fisonomía e imagen urbana, los espacios públicos, los pronósticos de desarrollo y sus implicaciones regionales; todo ello poniendo énfasis en el proceso de consulta pública que se llevó a cabo.

La Secretaria de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, determinó dar inicio a los trabajos para la formulación del Proyecto de Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, el día 7 de octubre de 2014; mediante publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal, considerando que en la Ley de la materia se establece que el plazo de aprobación del mismo deberá ser de 180 días hábiles a partir de la publicación del inicio de los trabajos, considerando una serie de consultas previas a su remisión a la Asamblea Legislativa para su aprobación.

Al respecto es preciso mencionar que el día 21 de septiembre del año en curso, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la “Declaratoria de Desastre con motivo del fenómeno sísmico ocurrido el 19 de septiembre de 2017, en la Ciudad de México”.

Dicha publicación encuentra fundamento en un informe de la Secretaría de Protección Civil en el que determina la “existencia de riesgo inminente de que ocurra un desastre que ponga en riesgo la vida humana, el patrimonio de la población, los servicios vitales o los servicios estratégicos”.

Por las condiciones de emergencia que presenta la Ciudad de México hoy en día, es que solicitamos que las autoridades involucradas en el ámbito de sus facultades, detengan el proceso de aprobación del Programa de Desarrollo Urbano, para su revisión minuciosa derivado de las condiciones que hoy privan en nuestra ciudad.

Considerando

1. Que Debido a la contingencia presentada, y a la Declaratoria de Emergencia decretada por el Gobierno de la Ciudad, derivado de los sismos de los días 7 y 19 de septiembre del año en curso, todo tipo de construcciones en la Ciudad deben detenerse, por lo cual es Urgente que de manera cautelar se emita una declaratoria de suspensión de la aprobación del Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad.

2. Conforme al artículo 33 fracción I de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, la planeación del desarrollo urbano se ejecutará a través del Programa General de Desarrollo Urbano.

3. Que el artículo 38, fracciones I y II, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, establecen el procedimiento al que se sujetará la formulación y aprobación de los programas, siendo ese procedimiento el siguiente:

I. Seduvi publicará en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el aviso para informar el inicio de la formulación del programa

II. En un término de 180 días hábiles a partir de la publicación, Seduvi formulará proyecto de programa, con el auxilio de talleres de participación ciudadana. (En caso de que fuese aprobación o formulación de programas relacionados con suelos de conservación la Secretaría de Medio Ambiente deberá pronunciarse en un término no mayor a 90 días sobre el mismo, en caso de negativa de la Secretaría el asunto se dará por concluido)

III. La Seduvi remitirá el proyecto al jefe delegacional correspondiente para que en un término de 10 días hábiles a su recepción formulen observaciones al proyecto, en caso de no hacer observaciones los jefes delegacionales en ese término, se entenderá por aceptado el proyecto y en caso de que el jefe delegacional emita observaciones, la secretaría integrará las que estime pertinentes

IV. En caso de que la secretaría desestime integrar observaciones del jefe delegacional, deberá notificarle, en un plazo máximo de 15 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de las observaciones, una resolución fundada y motivada que especifique las razones por las que desestima cada observación.

V. Una vez aceptado el proyecto de programa por el Jefe Delegacional, o en su caso, notificada la resolución de desestimación de observaciones, la Secretaría publicará en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y en un diario de mayor de circulación, un aviso para informar el inicio de la consulta pública, su duración, el número de audiencias que se llevarán a cabo, lugar y fecha de las audiencias y los requisitos para participar en ellas

VI. El aviso para informar el inicio de la consulta pública deberá publicarse en un plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir de la conclusión del plazo para que el jefe delegacional notifique a la Secretaría sus observaciones al proyecto de programa, o en su caso, a partir de la fecha en que la secretaría haya notificado al jefe delegacional la desestimación de observaciones.

VII. Las audiencias que conformen la consulta pública serán presididas por la Secretaría y en ellas podrán participar las demás dependencias, órganos y entidades de la administración pública, el órgano de representación ciudadana que corresponda según la ley de la materia y cualquier otro ciudadano que solicite formalmente su participación, Seduvi deberá realizar una memoria por cada consulta que se lleve a cabo que contenga entre otros temas las conclusiones de la misma.

VIII. La Secretaría tendrá un plazo máximo de 30 días naturales contados a partir de la fecha de conclusión de la consulta pública, para integrar al proyecto de programa las conclusiones que estime pertinentes así como el expediente técnico respectivo y una vez terminado el proceso remitirá el expediente al jefe de gobierno.

IX. El jefe de gobierno, en un plazo no mayor a 20 días hábiles, presentará a consideración de la Asamblea el programa

X. La Asamblea tendrá un plazo máximo de 90 días hábiles de los periodos de sesiones ordinarias, contados a partir de la fecha de recepción del programa, para resolver, o en su caso, notificar observaciones y devolver el programa con su expediente técnico al Jefe de Gobierno, en caso de que la Asamblea no resuelve o no notifica al jefe de gobierno sus observaciones, se entenderá que el programa ha sido aprobado y el jefe de gobierno procederá a promulgarlo.

XI. Si la Asamblea notifica al jefe de gobierno observaciones al programa, el Jefe de Gobierno, a su vez, las hará del conocimiento de la Secretaría para que practique las adecuaciones correspondientes y la Secretaría practicará las adecuaciones al programa en un plazo máximo de 10 días hábiles, al término del cual lo volverá a remitir al jefe de gobierno para que, a su vez, lo presente nuevamente a consideración de la Asamblea.

XII. La Asamblea tendrá un plazo máximo de 45 días hábiles de los periodos de sesiones ordinarias para resolver sobre la aprobación del programa y lo enviará al Jefe de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal

XIII. Una vez publicado el programa en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la Secretaría procederá a inscribirlo en el Registro de Planes y Programas y a solicitar su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio

4. Que el 7 de Octubre de 2014 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el aviso por el que se informa al público en general el inicio de los trabajos para la formulación del proyecto del Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, mismo que a la letra establece lo siguiente:

Primero. Se informa al público en general que, a partir de la fecha de publicación de este aviso, dan inicio los trabajos para la elaboración del Proyecto de Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.

Segundo. Con el fin de llevar a cabo la formulación del proyecto de Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal de manera incluyente, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda publicará en su página de internet y en el sitio de internet del Programa General de Desarrollo Urbano, la agenda de los talleres de participación ciudadana.

Tercero. Se designa al área de asesores de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, como área de asistencia técnica para proveer la información sobre la implementación, agenda y seguimiento de los talleres de participación ciudadana, sita en avenida Insurgentes número 149, piso 16, colonia San Rafael, delegación Cuauhtémoc, en horario de 10:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.

5. Que actualmente, el programa de Desarrollo Urbano se encuentra en una de las etapas finales en revisión de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, toda vez que ya se realizó la consulta en las jefaturas delegacionales, dichas consultas y avances reflejan una realidad diversa a la que hoy se vive en nuestra Ciudad, por lo cual solicitamos se suspenda de inmediato el procedimiento de aprobación del Programa de Desarrollo Urbano.

6. Que el día 21 de septiembre del año en curso, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la “Declaratoria de Desastre con motivo del fenómeno sísmico ocurrido el 19 de septiembre de 2017, en la Ciudad de México”.

Dicha publicación encuentra fundamento en un informe de la Secretaría de Protección Civil en el que determina la “existencia de riesgo inminente de que ocurra un desastre que ponga en riesgo la vida humana, el patrimonio de la población, los servicios vitales o los servicios estratégicos”.

7. Que el día 27 de septiembre del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de desastre natural por la ocurrencia del sismo de magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017 en 16 delegaciones políticas de la Ciudad de México.

Lo anterior fundado en la opinión técnica del Centro Nacional de Prevención de Desastres contenida en el oficio número H00-DG/1300/2017, de fecha 21 de septiembre de 2017, referida en la declaratoria de referencia.

Por lo expuesto anteriormente, se pone a su consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. se solicita al jefe de Gobierno, a la Asamblea Legislativa, y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda todos de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus facultades den por concluido el actual procedimiento de aprobación del Programa General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México y una vez que sea publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la conclusión de la declaratoria de desastre natural por la que atravesamos, se convoque a que se reponga todo el procedimiento valorando las nuevas condiciones de nuestra ciudad tras los sismos del mes de septiembre, considerando de manera prioritaria las opiniones de todos los ciudadanos en la etapa de la consulta pública del mismo.

Ciudad de México, a 28 de septiembre de 2017.

Diputado Ariadna Montiel Reyes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a solicitar a diversas autoridades la implantación de un estricto control de calidad en la producción y venta de dulces mexicanos dadas las altas concentraciones de plomo en ellos, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, María Victoria Mercado Sánchez, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIII Legislatura de este honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79 fracción II, numeral 2, fracciones I, II y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Exposición de motivos

En días pasados, en los noticieros y en las redes sociales se comenzó a difundir que se realizaron diferentes estudios a dulces mexicanos. Especialistas del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) encontraron cantidades elevadas de plomo en los dulces, siendo muy alarmante, ya que estos dulces están al alcance de nuestros niños pequeños y representan un riesgo para su salud.

“El plomo es un compuesto toxico que se acumula en el sistema nervioso central y es particularmente perjudicial en el desarrollo mental de los niños”.1

Éste entra al organismo por dos formas: la primera es por inhalación y la segunda, por ingestión, por lo que llega al sistema circulatorio a través de los pulmones y el tracto digestivo, y se excreta por las vías urinarias y las heces; por lo regular, éste se elimina por completo del organismo, sin embargo, si existe una excesiva cantidad en el organismo, parte de ese plomo no podrá eliminarse del cuerpo humano y puede provocar severos problemas en la salud.

Algunas de las enfermedades que se pueden presentar debido a la existencia de plomo en el organismo son las siguientes:

-Anemia
-Fatiga

-Dolor de cabeza
-Insomnio

-Hipotensión
-Pérdida de peso

-Problemas gastrointestinales
-Daño en el sistema nervioso

-Problemas de riñones
-Palidez

-Desnutrición
-Fatiga motriz, etc.

“El mismo Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) reveló que los dulces más consumibles en México poseen altas concentraciones de plomo, una situación que afecta la salud y el neurodesarrollo de los niños que los consumen”.2

Se reportó que 20 caramelos presentan altos niveles de plomo, sobrepasando los niveles que han sido permitidos por la Administración de Alimentos y Medicamentos.

La doctora en Epidemiología Ambiental y Ocupacional adscrita al Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto, Marcela Tamayo y Ortiz, comentó que, tras varios años de trabajo, los resultados fueron publicados en 2016, en la revista Environmental Research , los cuales indicaron que entre los dulces que tenían concentraciones de plomo por encima del límite están: Rockaleta Diablo (0.70 ppm), Tamarindo (0.37 ppm), Ricaleta Chamoy (0.19 ppm), Tutsi Pop (0.13 ppm) e Indy Marimbas (0.22 ppm).

Es importante que se tomen cartas en el asunto, ya que no se están respetando las reglas para poder sacar a la venta un producto; las empresas se están enfocando más a que su economía incremente sin importarles los riesgos a los que nos están exponiendo; y, lo más preocupante, que ponen en peligro la vida de muchos niños que consumen estos dulces, ya que es norma a su edad. Además debe informarse a todas las personas el peligro en el que se encuentran por dejar al alcance de sus niños estos productos. Es necesario que se informe y se emita una alerta sanitaria en el país, además de que se realicen las investigaciones pertinentes para que las empresas ya no elaboren esos productos o, en dado caso, que reconsideren las sustancias y los productos con que elaboran los dulces.

Punto de acuerdo

Único. Se solicita respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor, a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios implementar un alto control de calidad en la producción y venta de dulces mexicanos, debido al estudio que se realizó donde se encontraron altas concentraciones de plomo en ellos, así como emitir una alerta sanitaria en el país.

Notas

1 Registro de Emisiones y Transferencias Contaminantes.
http://www.mma.gob.cl/retc/1279/article-43788.html

2 Ídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 28 días del mes de septiembre del 2017.

Diputada María Victoria Mercado Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedatu a atender los cuestionamientos sobre la administración, la operación y los resultados del programa Tu Propia Obra y dar máxima publicidad a sus acciones, estrategias y resultados, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Rosa Alba Ramírez Nachis, diputada de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XX, 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales (S177)1 tiene como objetivo contribuir a que la población de bajos ingresos tenga acceso a una solución habitacional adecuada, buscando ampliar el acceso al financiamiento de bajos ingresos para soluciones habitacionales en un entorno de crecimiento urbano.

Dicho programa es ejecutado por la Comisión Nacional de Vivienda2 dependiente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu)3 .

Es importante destacar que este programa para 2017, según el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al segundo trimestres de 20174 , se le autorizaron 6,525.38 millones de pesos (mdp) y al corte del segundo trimestre de ese año, reporta un presupuesto modificado de 6,175.38 mdp, una reducción de 350 mdp, 5.4 por ciento de lo autorizado originalmente, sin que exista una explicación pública al respeto.

Como referencia histórica, este programa ha sufrido disminuciones, según información de la Cuenta Pública 20165 , se autorizó un presupuesto de 9,624.5 mdp y se modificó a 9,054.2 mpd, reportando una disminución de 570 mpd, lo que es igual al 5.9 por ciento, sin que exista pública una aclaración de dicha disminución.

Aquí se identifica una paradoja, ante la necesidad de vivienda, el recurso se disminuye, sin que exista una justificación del particular, lo que impacta el objetivo que busca cubrir mismo que se centra en fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares de calidad internacional.

En ese sentido, el 25 de abril de 20176 , se anunció que la Sedatu, a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), otorgaría subsidios del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales a los derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), que quieran construir una vivienda en terreno propio bajo el programa Tu Propia Obra.

Asimismo, indicó que “anteriormente la modalidad de autoproducción del programa de subsidios, estaba abocada a atender a familias sin seguridad social en alianza con gobiernos estatales.

Ahora con el programa crediticio Tu Propia Obra del Infonavit sus derechohabientes que ganan menos de 5 mil 996 pesos al mes (2.6 UMAS) podrán acceder a un subsidio de la Conavi para autoproducir una vivienda”7.

Los motivos de la modificación respectiva no son públicos y lo que es de llamar la atención es que no existen cifras que justifiquen este cambio.

En el quinto Informe de Labores de la Sedatu7 , sólo cita que en 2017, sin indicar el mes, se crea el programa Tu Obra para derechohabientes y que este programa contará con la asistencia de organismos ejecutores de obra y que su mayor ventaja es que es una solución para quienes ya cuentan con un terreno, mismo que no se daría en garantía.

En el comunicado de prensa antes citado, se recalcó que en este proceso de autoproducción de vivienda, se contaría con la asesoría de los organismos ejecutores de obra (OEO) afiliados a la Conavi, sin que se diera mayor detalle.

Importante es destacar que se indicó que a ese programa se incorporarán algunos gobiernos estatales, sin dar explicación quiénes darían un subsidio adicional a sus ciudadanos que ganen entre 2 mil 294.4 y 3 mil 901.31 pesos al mes, remarcando que con esta acción la Sedatu, a través de la Conavi, realizaba un acto de justicia social, al apoyar a los derechohabientes del Infonavit a construir su propia vivienda.

Finalizó señalando que a esa fecha, 25 de abril de 2017, el programa era apoyado por los gobiernos de Campeche, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora, situación que contrasta con la información del quinto Informe de la Sedatu8 , donde sólo se señala que a junio de 2017, San Luis Potosí, Sonora y Sinaloa habían dado inicio a la implementación de este programa sin informar qué situación prevalecía en Campeche y Oaxaca.

Es importante resaltar que en Informe de Autoevaluación de la Dirección General de la Comisión Nacional de Vivienda 1 de enero al 30 de junio de 2016 8 , versión pública, si bien marca mejoras en los procesos de entrega de subsidios, nunca mencionó cómo fortalecer el programa en la modalidad de autoproducción de vivienda, donde sólo se distribuyeron en 2016-2017, mil 392 subsidios por un monto de 89.5 millones de pesos (mdp), según información del quinto informe de labores de la Sedatu7 , sin que se indicara los rangos de percepción de cada uno de los beneficiarios ni mucho menos dónde se ubicaban físicamente estos apoyos.

Conforme lo anterior, considero conveniente exhortar respetuosamente a la Sedatu para que dé máxima publicidad al programa Tú Propia Obra incluido en el Programa Presupuestario de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales (s177) y atienda los cuestionamientos siguientes:

a) ¿A cuánto ascienden los recursos para el programa Tu Propia Obra?, y si se ha modificado su techo presupuestal, ¿Cuál es su cifra con corte a agosto de 2017?

b) De abril a agosto de 2017, ¿Qué importe ha sido subsidiado? y ¿Qué cantidad de mexicanos han sido beneficiados y la cifra total por estado de la República?

c) ¿Qué pasará con las personas que no son afiliadas al Infonavit y de qué manera se les dará prioridad?

d) ¿Cuáles han sido los motivos por los que sólo tres estados de la República han firmado convenios con Sedatu e Infonavit? y en cada caso, ¿Cuál es el techo presupuestal de los apoyos que otorgarán los estados y qué importe en lo individual?

e) ¿Cuáles son los motivos que impiden que los demás estados de la República que no han firmado convenio se sumen a este programa?

Las respuestas que la Sedatu ofrezca serán útiles para que dicho programa sea perfectible y analizada la política social de vivienda que encabezan.

Para la bancada de Movimiento Ciudadano, es importante este tema, ya que es uno de tantos que engloban la justicia social y en el que, en la discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018, podemos dar batalla al exigir se etiquete el recurso necesario para garantizar de vivienda digna a más mexicanos de bajos recursos económicos y fortalecer la atención a la creciente demanda de vivienda en nuestro país.

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a que atienda los cuestionamientos siguientes sobre la administración, operación y resultados del programa Tu Propia Obra: ¿A cuánto ascienden los recursos para el programa Tu Propia Obra en 2017?, y si se ha modificado su techo presupuestal, ¿Cuál es su cifra con corte a agosto de 2017?; ¿Qué importe ha sido subsidiado de abril a agosto de 2017? y ¿Qué cantidad de mexicanos han sido beneficiados y la cifra total por estado atendido?; ¿Qué pasará con las personas que no son afiliados al Infonavit y de qué manera se les dará prioridad?; ¿Cuáles han sido los motivos por los que sólo tres estados de la República han firmado convenios con Sedatu e Infonavit? y en cada caso, ¿Cuál es el techo presupuestal de los apoyos que otorgarán los estados y qué importe en lo individual?; y ¿Cuáles son los motivos que impiden que los demás estados de la República que no han firmado convenio se sumen a este programa?

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a que dé máxima publicidad a las acciones, estrategias y resultados del programa Tu Propia Obra.

Fuentes

1 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales (s177), disponible en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/96974/1er_Informe_Trimes tral_2016_S177.pdf, consultado el 18 de septiembre de 2017.

2 Comisión Nacional de Vivienda, disponible en

https://www.gob.mx/conavi, consultado el 18 de septiembre de 2017.

3 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), disponible en https://www.gob.mx/sedatu, consultado el 18 de septiembre de 2017.

4 Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al segundo trimestres de 2017, disponible en http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Informes_a l_Congreso_de_la_Union, consultado el 18 de septiembre de 2017.

5 Cuenta Pública 2016 - SEDATU, disponible en http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/CP/Informacion_Presupuestari a-2016, consultado el 18 de septiembre de 2017.

6 Boletín de presa “Construye “Tu propia obra” con el INFONAVIT y el subsidio de la CONAVI” del 25 de abril de 2017, disponible en https://www.gob.mx/conavi/articulos/construye-tu-propia-obra-con-el-inf onavit-y-el-subsidio-de-la-conavi?idiom=es, consultado el 18 de septiembre de2017.

7 5to Informe de labores de la SEDATU, disponible en

http://www.sedatu.gob.mx/gobmx/transparencia/rendicion_d e_cuentas/, consultado el 18 de septiembre de 2017.

8 Informe de Autoevaluación de la Dirección General de la Comisión Nacional de Vivienda 1 de enero al 30 de junio de 2016, disponible en

http://www.conavi.gob.mx/documentos/Fracc_XLVIII/Informe _Autoevaluacion_DG_1er_sem_2016.pdf, consultado el 18 de septiembre de 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de septiembre de 2017.

Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica)