Gaceta Parlamentaria, año XX, número 4873-III, miércoles 27 de septiembre de 2017
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE y el Inadem a canalizar los recursos restantes del Fondo Nacional del Emprendedor para el ejercicio fiscal de 2017 preferentemente a las Mypyme siniestradas tras los terremotos del 7 y 19 de septiembre, a cargo del diputado Ariel Enrique Corona Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN
Los que suscriben, diputados Ariel Enrique Corona Rodríguez y Héctor Barrera Marmolejo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, fracción II, numeral 2, fracción VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo con base en las siguientes
Consideraciones
Primera. Los lamentables acontecimientos del 7 y del 19 de septiembre, han reportado más de 300 fallecidos en los estados de Oaxaca, Chiapas, Puebla, Morelos, México y Ciudad de México además de un gran número de inmuebles destruidos o inhabitables y miles o tal vez millones de damnificados; estos desastres naturales han puesto a prueba la solidaridad, apoyo, resiliencia y valentía del pueblo Mexicano.
Uno de los efectos negativos a corto y mediano plazo de estos desastres naturales es la lenta recuperación económica en las diversas entidades federativas, la pérdida de miles de negocios impactará de forma negativa en el desarrollo económico de las entidades federativas y por ende en el bienestar social y la economía familiar de los ciudadanos.
Segunda. Los desastres naturales generan daños en la economía nacional al sumar el valor de las pérdidas en la infraestructura pública como privada; según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) el terremoto de 1985 por ejemplo, provocó pérdidas por más de 4 mil millones de dólares en construcciones, de los cuales sólo se recuperaron 400 millones mediante el cobro de póliza de seguro y el otro 90 por ciento lo cubrió el Estado.1
De la misma forma, de acuerdo con la Oficina para la Reducción de los Riesgos por Desastres de la ONU, solo en 2015, los desastres le costaron al país alrededor de 2 mil 942 millones de dólares.2 Dicha cifra fue tomada desde un modelo que calcula el promedio a largo plazo, similar al que utilizan las aseguradoras para medir el riesgo y las probabilidades de que ocurra un desastre naturales.
Tercera. En el sismo del 7 de septiembre que tuvo una magnitud de 8.2, se reportaron 96 fallecidos (la gran mayoría en Oaxaca con 76 muertes), alrededor de 2 millones de damnificados entre las poblaciones de Oaxaca y Chiapas, además de cientos de inmuebles destruidos o no aptos para ser ocupados. De la misma forma los daños a la economía familiar son importantes, pues de acuerdo con el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) en estas entidades federativas se han reportado alrededor de 4 mil 500 Pyme que fueron afectadas.3
En cuanto al terremoto del día 19 de septiembre aún no se realiza algún tipo de censo por las autoridades correspondientes para determinar el número de Mipyme que fueron afectadas y su impacto en la economía regional y nacional, sin embargo se registran cerca de 25 mil inmuebles con algún tipo de daño y se espera que el sismo afecte a la economía en 0.1 por ciento del PIB, de acuerdo con Citibanamex.4 Lo anterior cobra relevancia si consideramos que las entidades federativas afectadas por los terremotos contribuyen con el 33.9 por ciento del PIB Nacional.5
Cuarta. En este orden de ideas uno de los instrumentos de política pública con los que cuenta el Gobierno Federal para apoyar la reactivación de los negocios y pequeñas empresas de las regiones afectadas se encuentra en el Fondo Nacional del Emprendedor (FNE) a través los apoyos a Mipyme siniestradas.
De acuerdo con las Reglas de Operación 2017 del FNE, se consideran como Mipyme siniestradas a las micro, pequeñas y medianas empresas, sean personas físicas con actividad empresarial, régimen de incorporación fiscal o sociedades mercantiles legalmente constituidas, afectadas en sus instalaciones, maquinaria, equipo o arreos de trabajo o sus insumos, a consecuencia de un fenómeno natural o una emergencia ocurrido en las zonas geográficas con declaratoria de emergencia y/o declaratoria de desastre natural emitida por la Secretaría de Gobernación y publicada en el Diario Oficial de la Federación.
Las Reglas de Operación establecen que en caso de desastre natural o emergencia, la solicitud deberá presentarse por escrito dirigido al presidente del Inadem y deberá contener, cuando menos, la estimación de daños, el monto y tipo de apoyo requerido. En estos casos no se requerirá de la presentación de una solicitud de apoyo y no estarán sujetos a los montos máximos previstos en las presentes reglas de operación por tratarse de un caso de excepción y emergencia, y podrán ser hasta del cien por ciento, sujetos a la disponibilidad presupuestal del FNE.
Los apoyos se entregarán a las Secretarías de Desarrollo Económico (Sedeco) de las entidades federativas, a los municipio o al organismo intermedio que designe el Gobierno de la entidad federativa, que a su vez los canalizará a las Mipyme siniestradas conforme la estimación realizada por la Sedeco y validada por la delegación de la Secretaría de Economía en la Entidad Federativa.
Quinta. Con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el Inadem ha ejercido hasta el mes de Julio el 36.2 por ciento del presupuesto asignado del FNE para el presente ejercicio fiscal,6 por lo que la siguiente propuesta tiene como objetivo el que el Inadem otorgue de manera preferente el presupuesto por ejercer a la Mipyme siniestradas y aceleré los apoyos en las Entidades Federativas afectadas por los terremotos del 7 y 19 de septiembre, y cuyas declaraciones de desastre natural hayan sido emitidas por la Secretaría de Gobernación; asimismo se exhorta a que la Secretaría de Economía y el Inadem establezcan programas de apoyo y esquemas de crédito para las Pyme afectadas, con la finalidad de apaliar los efectos negativos de los terremotos en la economía familiar y acelerar el proceso de recuperación del patrimonio de los ciudadanos.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Economía y al Instituto Nacional del Emprendedor para que en el ámbito de sus facultades, se otorgue de manera preferente el presupuesto por ejercer del presente ejercicio fiscal del Fondo Nacional del Emprendedor a las Mipyme siniestradas en las Entidades Federativas afectadas por los terremotos del 7 y 19 de Septiembre y cuyas declaraciones de desastre natural hayan sido emitidas por la Secretaría de Gobernación.
Segundo. Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Economía y al Instituto Nacional del Emprendedor para que en el ámbito de sus facultades, diseñe, organice, ejecute y evalúe programas de apoyos y esquemas de crédito para las Mipyme afectadas por los terremotos del 7 y 19 de Septiembre del presente año.
Notas
1 http://www.milenio.com/negocios/terremoto_1985-costo_recosntruccion_1985_0_593940887.html
2
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2016/Noviembre/
15/2544-Desastres-naturales-cuestan-al-pais-2-mil-942-millones-de-dolares-anuales-en-promedio
3 https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/4-mil-500-pymes-afectadas-por-sismo-en-oaxaca-y-chiapas-inadem/
4 http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2017/09/21/sismo-impactara-inflacion-pib-mexicano
5 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/especiales/especiales2016_12_02.pdf
6 http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/Layout.jsp
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2017.
Diputados: Ariel Enrique Corona Rodríguez, Héctor Barrera Marmolejo (rúbricas).
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a implantar acciones efectivas de prevención con las entidades federativas y la Ciudad de México según los estándares internacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres, a cargo de la diputada Concepción Villa González, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, Concepción Villa González, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional en la LXIII Legislatura, con fundamento en el artículo 79, apartados 1, fracción II, y 2, fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ante la urgente situación de violencia feminicida en el país a implantar acciones efectivas de prevención en coordinación con todas las entidades federativas y la Ciudad de México, de acuerdo con los estándares internacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres.
Exposición de Motivos
El feminicidio de Mara Fernanda Castilla, una joven de 19 años de edad que desapareció hace más de una semana en Puebla, cuando tomó un servicio de transporte privado para dirigirse a su casa después de una fiesta y después de una semana su cuerpo fue encontrado en la carretera a Tlaxcala es otro ejemplo del contexto generalizado de violencia contra las mujeres que se vive en el país, lo que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia señala como violencia feminicida.
Las cifras sobre homicidios violentos de mujeres en México varían dependiendo la fuente, pues no existe un sistema integral de información que permita conocer el número de casos de los distintos tipos de violencia contra las mujeres, los cuales forman la violencia feminicida.
Tampoco hay información sobre las características tanto de los hechos como de las víctimas y los agresores, la atención brindada, su eventual denuncia, sanción y reparación del daño. Aun peor, en México no se ha podido lograr que la totalidad de las procuradurías generales de justicia de las entidades federativas integren sistemas de información que faciliten el seguimiento de los casos de feminicidio tal como están definidos en los respectivos códigos penales.1
Lo anterior nos obliga a recurrir a distintas fuentes de datos para poder cuantificar los casos de feminicidios en México: encuestas en hogares, censos de gobierno, estadísticas vitales y registros administrativos, las cuales cubren distintas expresiones de la violencia feminicida.
De igual forma, resulta en que una buena parte de las muertes violentas de mujeres queden en la impunidad porque no se investigan, ni se actúa con la debida diligencia. Muchos homicidios cometidos contra las mujeres no son investigados considerando que podrían tratarse de feminicidios.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2011, 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más declaró haber padecido algún incidente de violencia, ya sea por su pareja o de cualquier otra u otras personas. De octubre de 2010 a octubre de 2011, una quinta parte de las mujeres de 15 a 49 años de edad enfrentó situaciones de violencia sexual, como abuso, intimidación, acoso u hostigamiento sexual por personas diferentes de su pareja; 32 por ciento de las mujeres ha padecido violencia sexual en algún momento de su vida por agresores distintos de la pareja.
Entre las mujeres jóvenes de 15 a 29 años, 10.0 por ciento de las defunciones registradas en 2015 fueron por homicidio, lo que representa en este grupo de edad la primera causa de muerte. En promedio se estima que durante los últimos 3 años (2013 a 2015) fueron asesinadas 7 mujeres diariamente en el país, mientras que entre 2001 y 2006 era de 3.5.2
Investigaciones de organizaciones de la sociedad civil y de particulares3 han señalado que, sin considerar la cifra negra previsible (que se estima mucho más alta), en el país se presentan 150 mil denuncias en forma anual por actos de violencia de género; de las cuales aproximadamente sólo 16 mil 500 fueron recogidas en una averiguación previa (actualmente carpeta de investigación), y de éstas sólo 2.4 por ciento terminó con una sentencia condenatoria.
Esta falta de datos oficiales sobre homicidios violentos de mujeres en México y de debida investigación de los hechos (la deficiente actuación del Estado) evidencia la violencia estructural e institucional contra las mujeres existente en el país. Esta violencia no es nueva: México tiene más de una década tratando de desarrollando acciones para contrarrestarla, desde que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente la Corte Interamericana señalaron el grave contexto de violencia y las múltiples violaciones a los derechos humanos de las mujeres en Ciudad Juárez.
En este contexto, Marcela Lagarde estableció hace más de una década que la violencia contra las mujeres por razones de género se observa como “el conjunto de delitos de lesa humanidad que contienen los crímenes, los secuestros y las desapariciones de niñas y mujeres en un cuadro de colapso institucional.
Se trata de una fractura del estado de derecho que favorece la impunidad. Es decir, la impunidad constituye un problema de carácter estructural que se manifiesta en la ausencia de investigación y sanción de la mayoría de los actos de violencia contra las mujeres, lo que contribuye al fracaso de la función disuasoria y sancionadora del sistema penal y a la consecuente perpetuación de un contexto de violencia contra la mujer”.4
Nos encontramos frente a un contexto de violencia que desprecia la vida de las mujeres, y a un Estado machista con una histórica deuda pendiente y colapso institucional, el cual debe revisar sus responsabilidades, su deber de diligencia respecto a la vida, la integridad y la dignidad de las mujeres. Es responsabilidad del Estado garantizar mediante todos los mecanismos posibles la seguridad de las mujeres. No puede apelarse al comportamiento de las mujeres, dejando la responsabilidad en las víctimas.
La prevención constituye la clave para erradicar la violencia contra las mujeres y toda forma de discriminación.5 Se trata de “cualquier acción, programa, política pública o iniciativa promovida o desarrollada por el gobierno o por la sociedad civil, que tiene como propósito evitar que se cometan actos de violencia contra las mujeres en razón de su género, en cualquiera de sus tipos, modalidades o manifestaciones, teniendo como escenario el antes de la perpetración del hecho, y como finalidad, contribuir a la protección y salvaguarda de los derechos humanos de las mujeres y evitar su afectación mediante la comisión de conductas discriminatorias, delictivas, ilícitas u omisas”.6
La estrategia de prevención de la violencia contra las mujeres por razones de género debe ser integral, de tal forma que se modifiquen los patrones socioculturales que constituyen las causas más arraigadas de la violencia y discriminación contra las mujeres, se disminuyan los factores de riesgo y a la vez se fortalezcan las instituciones para que puedan proporcionar una respuesta efectiva a los casos de violencia contra la mujer.7
Incluso, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido, cuando existe un patrón generalizado de negligencia y falta de efectividad del Estado, las obligaciones de procesar y condenar a responsables en casos específicos también constituyen la obligación del Estado de prevenir la violencia contra las mujeres.8
La Relatoría Especial sobre la Violencia contra la Mujer de la ONU ha proporcionado directrices sobre las medidas generales que deben tomar los Estados para cumplir con sus obligaciones internacionales de debida diligencia en cuanto a prevención, entre las que se encuentran9
• Ratificar los instrumentos internacionales de derechos humanos;
• Contar con garantías constitucionales sobre la igualdad de la mujer;
• Garantizar la existencia de leyes nacionales y sanciones administrativas que proporcionen reparación adecuada a las mujeres víctimas de la violencia;
• Crear políticas o planes de acción efectivos que se ocupen de la cuestión de la violencia contra la mujer;
• Sensibilizar al sistema de justicia penal y la policía en cuanto a cuestiones de género, accesibilidad y disponibilidad de servicios de apoyo;
• Sensibilizar y modificar las políticas discriminatorias en la esfera de la educación y en los medios de información; y
• Recabar datos y elaborar estadísticas sobre la violencia contra la mujer.
No combatir la violencia feminicida es una omisión del Estado de proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres, como el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a la integridad personal y el derecho a la vida.
Ante la urgente situación de violencia feminicida en el país, se somete a consideración de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo, con el objetivo de garantizar el cese de la violencia contra las mujeres y la seguridad de éstas:
Punto de Acuerdo
Único . La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a implantar acciones efectivas de prevención a la violencia feminicida en coordinación con todas las entidades federativas y la Ciudad de México, de acuerdo con los estándares internacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres.
Notas
1 ONU Mujeres La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2014, disponible en
http://www2.unwomen.org/~/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/
2016/02/violencia%20feminicida%20en%20m%C3%A9xico%20aproximaciones%20y%20tendencias%201985_2014.pdf
?v=1&d=20160418T214527
2 Inegi, “Estadísticas a propósito del Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de
noviembre)”, disponible en
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/violencia2016_0.pdf
3 Ana Pecova (2015). “Derechos de papel”, en Violencias Invisibles, revista Nexos. México, junio de 2016, páginas 29-31.
4 Unete, La regulación del delito de femicidio/feminicidio en América Latina y el Caribe, disponible en http://www.un.org/es/women/endviolence/pdf/reg_del_femicicidio.pdf
5 CIDH sobre la situación de los derechos humanos de la mujer en Ciudad Juárez, México: el derecho a no ser objeto de violencia y discriminación, http://www.cidh.org/annualrep/2002sp/cap.vi.juarez.htm
6 Ruta crítica para la atención integral y coordinada para las mujeres víctimas de violencia de género en San Luis Potosí, páginas 57-60.
7 Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México. Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y costas. Sentencia del 16 de noviembre de 2009. Serie C, número 205, párrafo 258.
8 Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México. Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y costas. Sentencia del 16 de noviembre de 2009. Serie C, número 205, párrafo 255.
9 Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México. Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y costas. Sentencia del 16 de noviembre de 2009. Serie C, número 205, párrafo 256.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2017.
Diputada Concepción Villa González (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a celebrar una sesión solemne para otorgar un reconocimiento público a los ciudadanos que se distinguieron por su valor y solidaridad en las labores de rescate de los afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, con la entrega por única vez de la medalla Jesús Martínez Rentería, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La suscrita, María Elena Orantes López, presidenta de la Comisión de Protección Civil de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, y 79, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición protocolaria por la cual se establece consenso para realizar una sesión solemne para otorgar reconocimiento público por parte de la Cámara de Diputados a los ciudadanos que se distinguieron por su valor y solidaridad en las labores de rescate a los afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 y premio por única vez de la Medalla Jesús Martínez Rentería.
Exposición de Motivos
En horas de tragedia para México, cuando llenos de dolor y desesperanza, es que vimos surgir de entre la devastación: la solidaridad y el valor; en horas aciagas presenciamos que miles de mujeres y hombres se volcaron a zonas de desastres dispuestos a levantar de los escombros a nuestros hermanos abatidos por un sismo con magnitud 7.1.
Allá en Morelos, aquí en Guerrero; allá en Puebla, aquí en el estado de México, allá en la Ciudad de México, aquí en Oaxaca, allá en Iguala cuando Vicente Guerrero enarbolo la bandera tricolor, anuncio al mundo que ya teníamos patria, aquí nosotros hoy, con el mismo espíritu de fortaleza, anunciamos al mundo que tenemos patria y que sigue en pie, erguida y garbosa.
El fatídico sismo del 19 de septiembre de 1985, cuyo saldo en vidas humanas, el efecto social, económico y político conmocionó al país; con igual sorpresa se observó la generosa, inmediata, magna y afectuosa respuesta del pueblo mexicano.
La respuesta institucional fue dispersa y desorganizada. Más tarde, para organizar la acción institucional, se creó el 9 de octubre de 1985 la Comisión Nacional de Reconstrucción y hasta mayo de 1986 no se publicaron las Bases para el Sistema Nacional de Protección Civil. Así inició el despertar de la administración pública a la protección civil.
El 7 de septiembre de 2017, un sismo con magnitud 8.2 sacudió a Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz. Aún no salíamos de los efectos devastadores de ese sismo cuando, singularmente otro 19 de septiembre, pero de 2017, un sismo con magnitud 7.1 afectó a la Ciudad de México, el estado de México, Puebla, Morelos, Guerrero, Tlaxcala y Oaxaca.
En 1985 fallecieron 12 mil 843 personas (Páramo, Arturo, 17 septiembre de 2015, “Sismo 85: definen cifra de muertes”, en Excélsior,
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2015/09/17/104621 1 Consultado el 20 de septiembre de 2017).
En el sismo de 2017 hay un saldo preliminar de 355 personas fallecidas, tragedias ambas, funestas para los familiares de quienes perdieron la vida y adversas al sentir de todos; sin embargo hay que notar que la diferencia en las cifras muestra los resultados de 32 años de la implantación de protección civil, de cambios en la legislación y regulaciones en los asentamientos humanos.
No obstante 32 años de protección civil, se escucha a los familiares afectados expresar quejas por la desorganización en algunos lugares en otros, excelente colaboración de los cuerpos de rescate. Las quejas de descoordinación y de falta de información demuestran la importancia de la unificación de protocolos de actuación y mando único de la protección civil o una más rápida y eficiente instalación de los controles de mando, pero sobre todo se requiere que se valore y coordine la espontanea respuesta de mujeres y hombres convertidos en rescatistas improvisados. Es evidente que aún hay mejoras que debemos impulsar en el Sistema Nacional de Protección Civil. Esta Comisión de Protección Civil en el marco de la conmemoración del sismo del 19 de septiembre de 1985 había diseñado una plataforma de consulta “El rostro de la protección civil eres tú”, que mejor consulta que los hechos, de los que emerge un titánico fenómeno la participación de voluntarios, hay que reconocerlo el tema estaba olvidado, es por eso no debemos dejar pasar inadvertida la solidaridad del pueblo mexicano, tan vigorosa, vital y genuina como lo ha sido en cualquiera de los episodios heroicos que nos ha dejado la historia de México.
Así, nuevamente, con gran sorpresa, testificamos que la solidaridad del pueblo mexicano no ha cambiado en nada, en lo absoluto, vemos como mujeres y hombres se han volcado a las zonas de desastre para ofrecer su ayuda, voluntad y ejemplo.
Es para mí un honor presenciar la generosa y desinteresada conducta del pueblo mexicano, hay que notar la muy generosa donación de todo tipo de materiales, medicamentos y maquinaria necesarios para las acciones de rescate, así como de alimentos y ropa.
Podemos acompañar al poeta a decir “Suave Patria” sólo porque sus ciudadanos así lo quieren y lo demuestran trabajando sin descanso, cuando mueven un escombro, dan un donativo, ayudan en puestos de socorro, o arriesgan la vida para salvar la de un desconocido.
Las instancias de protección civil y brigadas de rescate contaron con un gran aliado: la solidaridad de los mexicanos. Hace 32 años vimos miles de actos heroicos, realizados por millares de “héroes anónimos”, es esta ocasión, nuevamente y sin amedrentarse que los mexicanos se han levantado en pie de cuña, los suscritos hemos concluido que no debemos dejar que el anonimato sea el rostro de nuestros héroes ciudadanos.
Hay un singular ejemplo de un impulsor de la cultura de la protección civil Jesús Martínez Rentería “Palillo”, también llamado el “rey de las carpas”, ampliamente reconocido por su sátira política que incluso lo llevó a estar preso, comediante mexicano que escoltó su crítica política con acciones propositivas, fue un entusiasta impulsor del deporte. De su patrimonio salieron los recursos para apoyar la compra del terreno lo que hoy es la Ciudad Deportiva, así como de la construcción del estadio que lleva su nombre.
Para mayores brillos también se ocupó de promover la cultura de la protección civil, diletante arquitecto de un inmueble antisismos fue una voz solitaria cuyo eco cosecho, muchos años después de su muerte, las normas que obligan la seguridad estructural en los asentamientos humanos.
“Palillo”, un mexicano ejemplar que se ocupó propositivamente del tema con o sin los conocimientos que hoy día tenemos de la protección civil, fue un héroe civil al que no se la ha hecho justicia.
No hay forma de definir lo heroico, estar horas o días en una cadena de escombros es tan heroico como arriesgar la vida en un rescate, dar un donativo o ayudar en un albergue es un gesto tan heroico como la “antesala de salvamento” ayudan por miles mujeres y hombres, jóvenes muchos jóvenes, pero también niños, adultos, y con el mismo ahínco ancianos y personas con discapacidad, todos ellos ciudadanos épicos, civiles sobrehumanos, invencibles, colosales.
México no está solo. Hay que dar un gran reconocimiento a la comunidad internacional por su ayuda y cooperación, especialmente a los países que mandaron escuadrones de rescate: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, España, Guatemala, Honduras, Israel, Japón, Panamá, Perú y Venezuela. A ustedes, un gran abrazo y nuestra infinita gratitud.
México no está solo y expresó nuestra enorme gratitud a Francia, China Estados Unidos, Brasil, y Colombia y a los donativos de la actriz mexicana Salma Hayek, Facebook, AT&T, Google, Lady Gaga, Katy Perry, CR7 Ferretería en Sonora 128.
Por adornar sus monumentos con los colores de la bandera de México.
Hay que anotar que el premio nacional de protección civil está orientado a “profesionales” de la protección civil, incluso cuando se otorga por auxilio a la población. Esta proposición se diferencia por ser excepcional y dirigida a ciudadanos que de manera espontánea participaron en las labores de rescate del sismo del 19 septiembre de 2017.
Se ha dicho que la Ciudad de México es el epicentro del dolor, que los pueblos mágicos del estado de México, Puebla, Morelos, Guerrero y Oaxaca son el epicentro de la tragedia. Los diputados y las diputadas que suscribimos esta proposición decimos que el corazón de los mexicanos es el epicentro de la fraternidad.
Compañeras diputadas y diputados: solicitamos su voto aprobatorio para esta proposición protocolaria; entonces todos podremos decir que la Cámara de los Diputados es el epicentro de la Unión.
Por lo expuesto se somete a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con
Consenso Protocolario
Único. La Cámara de Diputados acuerda realizar sesión solemne para otorgar reconocimiento público a los ciudadanos que se distinguieron por su valor y solidaridad en las labores de rescate de los afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017; y
La Cámara de Diputados acuerda crear únicamente para 2017 la medalla Jesús Martínez Rentería, que se entregará en la sesión solemne a que se refiere el párrafo anterior.
Para tal efecto
La Mesa Directiva determinará la fecha para realizar la sesión solemne para otorgar reconocimiento y la entrega de la medalla Jesús Martínez Rentería, la que se verificará antes de la clausura del primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, así como el protocolo de la sesión.
La Junta de Coordinación Política propondrá al pleno un acuerdo que señale los tiempos y el orden en que intervendrán los oradores; obligadamente harán uso de la palabra los presidentes de la Comisión de Protección Civil y de la Mesa Directiva.
La Comisión de Protección Civil se constituye en comité organizador que, además, fungirá como jurado para determinar a los ciudadanos o las instituciones a que se otorgue el reconocimiento público por la Cámara de Diputados por su valor y solidaridad en las labores de rescate de los afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017.
La Comisión de Protección Civil se constituye en comité organizador que, además, fungirá como jurado para determinar la persona a que se otorgará la Medalla Jesús Martínez Rentería.
El Comité Editorial de la Cámara, en coordinación con la Biblioteca y con la opinión de la Comisión de Protección Civil, publicará un folleto o un libro sobre la sesión solemne, ya sea a través de edición de la Cámara o en coedición con otra casa editorial.
La Comisión de Cultura, en coordinación con la de Protección Civil, organizará una exposición fotográfica en el vestíbulo del Palacio Legislativo de San Lázaro en la semana que se celebre la sesión solemne.
Transitorios
Primero. Se invita a los Poderes Ejecutivo y Judicial de la Unión a que asistan a la sesión solemne de la Cámara de Diputados.
Segundo. Se invita a los titulares de los Poderes Ejecutivos de la Ciudad de México, del estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Puebla a que asistan a la sesión solemne de la Cámara de Diputados.
Tercero. Se invita a los excelentísimos señores embajadores de Argentina, Chile, Colombia , Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, España, Guatemala, Honduras, Israel, Japón, Panamá, Perú y Venezuela, a que asistan a la sesión solemne de la Cámara de Diputados.
Cuarto. La Secretaría General entregará los recursos necesarios al comité organizador para los emolumentos de la medalla y logística necesaria.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2017.
Diputada María Elena Orantes López (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Puebla a comunicar la resolución de las demandas de agua potable de la comunidad indígena de Huaxcaleca y cancelar las órdenes de aprehensión contra lugareños acusados injustamente por defender los recursos naturales de la zona, suscrita por los diputados Araceli Damián González, Cuitláhuac García Jiménez, Rodrigo Abdalá Dartigues y Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario de Morena
Araceli Damián González, Cuitláhuac García Jiménez, Rodrigo Abdalá Dartigues y Alejandro Armenta Mier, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del Pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. Según informes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Chichiquila se encuentra entre los 10 municipios más pobres de Puebla. Se localiza en la Sierra Madre Oriental y tiene una larga historia de represión frente a la lucha social y de caciquismo oportunista frente a la rebelión popular. Tal es el caso de los campesinos de la comunidad náhuatl de Huaxcaleca, perteneciente a Chichiquila, donde cientos de campesinos congregados en la UNA (Unidad Nacional Anáhuac), desde 1997 mantienen una lucha constante contra las autoridades municipales y estatales por haberles despojado del sistema múltiple de agua potable.
Segunda. Por iniciativa de la UNA, y gracias a su constante trabajo, en 2000 se completó el nuevo sistema de agua y fue aprobado por el estado, pese a la oposición continua de los oficiales locales, y casi a fuerzas el gobierno municipal acordó reconocer la autoridad de los comités comunitarios de la UNA para dirigir la operación y administración del sistema del agua potable.1
Lamentablemente, el logro fue empañado por los obstáculos para su operación. Los subsidios que tenía que otorgar el gobierno nunca llegaban en su totalidad, y se empezó a sospechar que el estado estaba socavando a propósito el sistema como excusa para quitar el manejo del agua a las comunidades y darlo a las propias autoridades.
Para 2003, la falta de fondos para el sistema de agua potable siguió siendo un problema grave. Ni con las cuotas de los vecinos era posible salir adelante, así que como respuesta a la falta de cumplimiento del gobierno de los subsidios, la UNA organizó un plantón en uno de los caminos principales de la Sierra Madre Oriental. Su manifestación pacífica intentó encontrar una “solución a sus demandas de justicia y denunciar públicamente” la situación de vida de la gente de Huaxcaleca, pero las autoridades municipales respondieron con represión y criminalizando a los dirigentes del movimiento, acusándolos de delitos prefabricados.
Tercera. Fueron años de lucha, y también de resistencia a los embates de las autoridades, y las tensiones estallaron finalmente el 13 de octubre de 2006, cuando las policías municipal y estatal atacaron a la gente de las comunidades de Huaxcaleca consumando así lo que se temía, el despojo del sistema de agua potable. Los policías llegaron a las comunidades agrediendo a niños, mujeres y ancianos, golpeándolos y causándoles heridas graves. Los miembros de las comunidades pidieron infructuosamente una investigación completa, pero las policías municipal y estatal siguieron en su labor de intimidación, obligando a 49 familias indígenas a salir de ahí.2
La violencia, la persecución y la criminalización en forma de amenazas, secuestros, calumnias, difamación, golpizas, órdenes de aprehensión y cárcel, tramadas en su contra desde 2003 por los gobiernos municipal y estatal, no les dejaron otro camino que ponerse a salvo en otro sitio.
Cuarta. Para hacer visible su lucha y para recuperar la autonomía sobre el sistema de agua potable, ganada con el enorme esfuerzo de su comunidad, las familias desplazadas vinieron a la Ciudad de México e instalaron un plantón el 10 de abril de 2007, en forma pacífica y respetuosa, frente a la casa de representación del gobierno de Puebla. Se llevaron a cabo algunas mesas de diálogo con Rufo Juárez Peñuela, director general del Gobierno de Puebla. Incluso, el 8 de abril de 2008 se le dio una propuesta en el Distrito Federal, pero nunca hubo respuesta concreta y, en cambio, tuvieron que padecer una vez más la represión.
La madrugada del 21 de febrero de 2008, aproximadamente 200 policías llegaron al lugar del plantón golpeando por igual a hombres, mujeres y niños, destruyeron el campamento y se llevaron las pertenencias de los ocupantes en camiones de la delegación Cuauhtémoc. Pese a ello, el 4 de septiembre, con ayuda de organizaciones sociales, las familias reinstalaron el plantón, agregando a sus demandas, respeto a la libertad de manifestación, no a la represión y restitución de sus pertenencias por parte del gobierno del Distrito Federal, que igual se ofrecieron y comprometieron a cumplir con resolver diferentes demandas y acuerdos, como indemnizar las pertenencias despojadas en la agresión del 21 de febrero de 2008. Fue desalojado el plantón para ser reubicados en el albergue Villa Mujeres, en Gustavo A. Madero, que es un centro de reclusión para enfermas.
Miembros de la comunidad sostienen que desde entonces enviaron diferentes escritos a Marcelo Ebrard y Miguel Mancera sin que hasta la fecha se dé atención a sus demandas.
Por las condiciones restrictivas existentes en el lugar, de ese entonces a la fecha varias de esas familias decidieron salir de ahí, tomando rumbos diferente, quedando sólo 13 familias sin lugar dónde vivir ni a dónde ir, permaneciendo ahí por más de 5 años, abandonados y en condiciones precarias y, lo más grave, sin resolver sus justas demandas por los gobiernos, como si fuera un castigo por atreverse a ejercer y pedir respeto a sus derechos e identidad indígena.
A eso ha apostado el gobierno de Puebla, al desgaste del movimiento, al cansancio de la gente y al olvido, con el paso del tiempo, de sus demandas.
Además, en represalia por su activismo, varios comuneros fueron acusados de motín y despojo, entre otros delitos, y en diferentes fechas de 2005 y 2006 por las autoridades locales de Puebla se dictaron órdenes de aprehensión, que si bien no han tenido lugar, existen como amenaza para responder a cualquier intento nuevo de lucha o resistencia que pudieran intentar o hacer.
Por ello repudiamos de manera categórica la continuación de esta secuela represiva y exigimos respeto al derecho de libre manifestación de todas estas familias, la devolución del sistema múltiple de agua potable a las citadas comunidades y la cancelación de las órdenes de aprehensión que pesan sobre los siguientes compañeros indígenas y vecinos de la comunidad de Huacaleca, en Chichiquila, para que puedan regresar con tranquilidad a Puebla: Rómulo Páez Sedas, Constantino Castillo Sedas, Benito Tepatlán Sánchez, Nemesio Rodríguez Sedas, Juan Rodríguez González, Isidoro Díaz Luna, Álvaro Sedas Tepatlán, Epifanio Sedas Sedas, Patricio Castillo Castillo, Serafín Lazcano Rosas, Miguel Lazcano Sedas, Josefino Hernández Hernández, Galdino Méndez Sedas, Laurentino Pinillos Romero, Valentín Rosas, José Hernández Castillo, Justina Castillo Hernández, Francisca Castillo Sedas, Eugenia García Castillo, Marcelina González Rodríguez, Josefina González Rodríguez, Severiana Luna Montiel, Paulina Luna Montiel, Efraín Díaz Sedas, Isabel Santaella Rubiños, Julio Zacatlán Elotlán, Fortino Sedas Hernández, Rómulo Páez Sedas, Alejandro Zacatlán Galindo, Juan Castillo González, Cipriano Pinillos Romero, Eduardo Velázquez Martínez, Lucio Rosas García, Virginia García Hernández, Elpidio Páez López y Miguelina Díaz Méndez.
Por lo expuesto se somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobernador de Puebla, José Antonio Gali Fayad, a comunicar la resolución de las demandas de agua potable de la comunidad indígena de Huaxcaleca, en ese estado; y se le exhorta también a cancelar las órdenes de aprehensión contra vecinos de la región acusados injustamente por defender los recursos naturales de su comunidad.
Notas
1 http://lavoz.bard.edu/articles/index.php?id=503
2 http://upsidedownworld.org/main/en-espatopmenu-81/808-mexico-aldeanos-d e-puebla-llevan-lucha-para-derechos-al-agua-al-df
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2017.
Diputados: Araceli Damián González (rúbrica), Cuitláhuac García Jiménez, Rodrigo Abdalá Dartigues, Alejandro Armenta Mier.Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a agilizar los apoyos en las entidades afectadas por los fenómenos naturales ocurridos en la república; y a los tres Poderes de la Unión y el INE, a facilitar la reasignación presupuestaria acordada por los partidos e institutos políticos para canalizar recursos públicos a las acciones y los fondos destinados a enfrentar los daños ocasionados por esos fenómenos, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La que suscribe, María Elena Orantes López, integrante de la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, Vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y párrafo segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a diversas autoridades y a la sociedad civil a agilizar los apoyos en los estados afectados por los fenómenos naturales ocurridos en la República Mexicana y por el que se hace un llamado a los tres Poderes de la Unión y al Instituto Nacional Electoral a facilitar la reasignación presupuestal que acuerden los partidos e institutos políticos para canalizar recursos públicos a las acciones y fondos destinados a hacer frente a los daños ocasionados por estos fenómenos, con base en las siguientes
Consideraciones
En el marco de la conmemoración del sismo de 1985, al que se le atribuye una devastación histórica que detonó el desarrollo tanto del Sistema Nacional de Protección Civil en México como de la difusión de la cultura de Protección Civil, entre nuestra población, y el surgimiento de la sociedad civil organizada dentro de los parámetros contemporáneos, un nuevo terremoto volvió a golpear fuertemente a nuestro país.
En consecuencia, he venido a pedir, con profundo respeto, a todos los grupos parlamentarios que consideren hacer extensivos algunos de los exhortos que emitió esta honorable Cámara de Diputados el 12 de septiembre de 2017, con la intención de integrar a Puebla, Morelos, Ciudad de México y comunidades de otras entidades que se hayan visto afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre de 2017.
Los desastres, amigos y amigas, no son naturales, los fenómenos sí lo son. Muchas veces la irresponsabilidad, la indiferencia y la indolencia ante los asentamientos irregulares y la calidad en la construcción de las viviendas ocasionan que los efectos de los fenómenos se acrecienten y dañen más, mucho más a la población más necesitada, a los pobres entre los pobres, a los excluidos, a los invisibles.
Así, el sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017, a las 13:14:40 horas (tiempo del Centro de México), entre Puebla y Morelos con una magnitud de 7.1 grados y epicentro a 12 kilómetros al sureste de Axochiapan, Morelos y sus 39 réplicas registradas hasta las 14:30 horas del pasado 24 de septiembre1 , generó pérdidas humanas y materiales superiores a las registradas en cualquiera de los eventos sísmicos sucedidos durante los últimos 32 años en la zona centro del país.
En consecuencia, para el viernes pasado se habían acumulado 305 decesos2 ; la pérdida del patrimonio de cientos de miles de personas; el derrumbe de muchos edificios habitacionales; daños en miles de edificios públicos; vías de comunicaciones afectadas, e incontables afectaciones a la economía de las entidades federativas afectadas.
Compañeras y compañeros legisladores, es verdad que no podemos anticipar los sismos, pero sí podemos ubicar la planeación urbana en zonas donde el impacto sea menor; sí podemos generar albergues especializados para evitar que las clases se interrumpan por tiempos mayores a los de la necesidad a corto plazo por ocupar las escuelas como albergues; sí podemos destinar mayores recursos para la recuperación; sí podemos promover y actualizar atlas de riesgos; sí podemos hacer mejores mecanismos de coordinación entre estados y municipios; sí podemos difundir mejores prácticas para reaccionar en un sismo; sí podemos involucrar más a la sociedad en los procesos de prevención de riesgos y en los de recuperación y atención a las víctimas, y sí es posible transformar la cultura de construcción en nuestros estados. Pero todo ello requiere voluntad política y recursos.
Por todo eso que sí se puede, hemos planteado ante esta soberanía varias propuestas e iniciativas orientadas a seguir fortaleciendo nuestro sistema de protección civil. Por ello, en la discusión presupuestal del año pasado, solicitamos una redistribución de los fondos de protección civil de prevención y reacción y por eso pedimos, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a las comisiones de esta Cámara, aumentar o mantener el presupuesto de los fondos federales Fondo Preventivo (Fopreden) y Fondo Nacional de Desastres (Fonden).
Lamentablemente en respuesta no hemos obtenido la visión solidaria que hemos pedido e incluso se decidió disminuir 2 mil millones pesos al Fondo de Desastres Naturales y una reducción de 50 por ciento en el Fopreden. Ante esas decisiones políticas en Hacienda y en esta soberanía, muchos legisladores protestamos pero no se nos escuchó.
El argumento de inexistencia de proyectos que justifique la reducción de los fondos como el Fopreden queda descartado con la cantidad de proyectos que año con año son recibidos en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y en la Comisión de Protección Civil.
Como prueba de la enorme necesidad de recursos en este tema, tan sensible como lo es la protección civil y la reducción de riesgos de desastres, durante la integración del Presupuesto de Egresos de 2017 la Comisión de Protección Civil, recibió más de 200 solicitudes de proyectos prioritarios de municipios e instancias estatales de todo el país, los cuales sumaban más de 10 mil millones de pesos. Entre estos, gran parte consistía en proyectos preventivos vinculados a sistemas de alerta temprana, la construcción de bordos, drenes pluviales, atlas de riesgo, etc. Sin embargo, ninguno de estos fue considerado para el financiamiento a través de dicho presupuesto.
Todo lo anterior da muestra de que las autoridades hacendarias no visualizan la relevancia de la inversión de carácter preventivo, la cual, sin duda alguna, reduce las pérdidas vinculadas a desastres. Por ello, al planear un presupuesto sin la emergencia detonada, la prevención es una estrategia más económica que la de destinar recursos prioritariamente a la reconstrucción.
Ya la tragedia ocurrió, espero que ante estos dos sismos ocurridos el 7 y el 19 de septiembre, seamos sensibles y responsables, apoyemos en lo que se requiere hoy, respaldando a esas familias que perdieron todo su patrimonio; a las escuelas que sufrieron averías y por supuesto a aquellas que requieren ser reconstruidas; al sector salud en las zonas en que ha visto menguada la ya de por sí insuficiente capacidad instalada y a la sociedad de Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco y de las comunidades afectadas de otros estados que ahora tienen que reconstruir mucha de su infraestructura y recuperar su vida con el vacío que dejaran las pérdidas humanas al final de los recuentos oficiales.
A pesar del gran reto que enfrenta nuestro país en estos momentos, sé que recibiremos el apoyo de todos ustedes para que en la próxima discusión generemos acuerdos que atiendan las necesidades que no se ven pero, ante los fenómenos naturales, si se sienten.
Mucho se ha dicho que los tiempos de crisis, son también tiempos de oportunidades. Sin embargo, no dejo de analizar la posibilidad de que muchos de los daños y pérdida de vidas pudieran haber sido evitadas con alguno de los proyectos que no fueron considerados en el presupuesto de egresos o que no pudo ser financiado por falta de recursos en el Fondo Preventivo.
En este sentido, es importante hacer un llamado a que sin consideraciones partidistas, se dé el apoyo necesario en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en las comisiones.
Asimismo, el clamor social ante el impopular gasto público a partidos, ha encontrado una nueva expresión ante los sucesos catastróficos registrados este mes. En consecuencia algunas fuerzas políticas hemos propuesto que los institutos políticos que participaremos en la elección federal de 2018 renunciemos al gasto con la intención que se canalice a la reconstrucción de nuestra sociedad. Ello, sin duda alguna requiere de voluntad política, conciencia social, empatía humana y visión jurídica para poder llevar a cabo este replanteamiento del gasto público. En consecuencia cabe hacer un llamado a los tres poderes de la Unión y al INE a que se sumen a los acuerdos que sobre este tema se generen y faciliten las vías jurídicas y administrativas que correspondan para su materialización.
No debemos flaquear ante la desgracia.
Que la tragedia no nos paralice ni solamente nos acongoje. Vamos a enfrentarla con determinación y no sumirnos en la desesperanza o en la fatalidad de la impotencia. Hagamos palpitar un sólo espíritu. Vamos juntos por Chiapas, por Oaxaca, por Tabasco, por Morelos, por Ciudad de México, por Puebla y por las comunidades de otros estados que se han visto afectadas.
Va para ellos, pues, nuestra indeclinable solidaridad y apoyo irrestricto en su tragedia.
En este sentido, la propuesta que ofrezco ante esta soberanía está orientada a que se agilice el flujo de los recursos para atender la devastación generada por este fenómeno y se apoye lo antes posible a las poblaciones afectadas en Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco y el resto de las entidades federativas perjudicadas. Asimismo, se plantea a esta soberanía que se exhorte al ejecutivo federal y a los gobiernos de las entidades federativas afectadas a promover la integración de la sociedad civil organizada, especialmente a los colegios de profesionistas, en los grupos de trabajo para la reconstrucción y seguimiento a los recursos que se canalicen.
Finalmente, quisiera aprovechar el espacio que representa esta propuesta para solicitar a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y a las distintas fracciones parlamentarias que se considere la integración de una Comisión Especial de esta Cámara en la que se invite a integrantes de la Sociedad Civil para colaborar con esta comisión especial y se dé seguimiento a la entrega de los recursos.
Por lo expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de la República a realizar realice las gestiones necesarias para agilizar el flujo de recursos y los trámites que deben hacerse para la activación del Fondo Nacional de Desastres (Fonden) y demás fondos federales que convergen en la atención de las pérdidas humanas y materiales, para la atención de las regiones afectadas por los efectos del sismo registrado el martes 19 de septiembre de 2017.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil a que lleve a cabo las acciones correspondientes para evitar retrasos por problemas administrativos, ante Comités de Evaluación de Daños y del Fideicomiso del Fonden, en la ejecución los recursos presupuestados y que se han prometido para atender a las víctimas y la recuperación de las afectaciones, en Puebla, Morelos, Estado de México y Ciudad de México, del terremoto registrado el martes 19 de septiembre de 2017.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al gobierno de la República y a los gobiernos de Puebla, Morelos, estado de México y Ciudad de México y del resto de las entidades federativas afectadas para que promuevan la incorporación de organizaciones de la sociedad civil organizada, especialmente a los colegios de profesionistas, en los grupos de trabajo que den seguimiento a las afectaciones derivadas del sismo del martes 19 de septiembre de 2017 y para que promuevan la participación de la sociedad civil organizada, específicamente los colegios de profesionistas, en la integración de contraloría social para monitorear el ejercicio de los recursos Fonden y Fopreden.
Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a los gobiernos de las entidades federativas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2016 y al gobierno de la República a que en la medida de sus atribuciones, coadyuven a la formación de comités de reconstrucción en los que se promueva la participación de las organizaciones de la sociedad civil y de los colegios de profesionistas para vigilar, transparentar y favorecer la rendición de cuentas sobre los recursos que se orienten a la reconstrucción de los daños materiales generados por estos sismos.
Quinto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a los tres Poderes de la Unión y al INE a que se sumen a los acuerdos que generen los partidos e institutos políticos que participarán en la elección de 2018 y a las resoluciones que plantee esta honorable Cámara de Diputados, facilitando las vías jurídicas y administrativas que correspondan para materializa la reasignación del gasto público, originalmente asignado a los institutos políticos de registro nacional, al destino que se acuerde.
Notas
1 Información publicada por el Servicio Sismológico Nacional, consultada el domingo 24 de septiembre en
http://www.ssn.unam.mx/
2 Datos preliminares no oficiales disponibles en http://www.huffingtonpost.com.mx/2017/09/23/terremoto-del-19-de-septiem bre-1985-vs-2017_a_23220573/
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2017.
Diputada María Elena Orantes López (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a investigar y sancionar a Ricardo Mercado Galán y María del Carmen Miranda Nava, cuñado y hermana del secretario de Desarrollo Social, por el robo de combustible y las irregularidades existentes en sus gasolineras, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena
Araceli Damián González, en su calidad de diputada federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1 fracción II del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
Primera. De acuerdo con el reporte de medios de difusión, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), desde 2014 ha encontrado irregularidades en las gasolineras de Ricardo Mercado Galán1 y María del Carmen Miranda Nava, cuñado y hermana del secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda Nava.2
Segunda. En esos mismos reportes periodísticos se señala que no se proporcionaban “litros de a litro”, y que había dificultades al despechar la gasolina e insuficiencias en los dispositivos para suministrar a los clientes, como se cita en lo que sigue:
En la gasolinera E 04821, ubicada en Metepec, estado de México, la Profeco tiene registro de 4 mangueras inmovilizadas por errores en la medición para la entrega de producto y de repetibilidad en las pruebas durante una inspección en abril de 2016; ...en la gasolinera E 09620 con la razón social Servicio Rimer, SA de CV, situada en la carretera Tenango-La Marqueza número 102, San José Mezapa Santiago Tianguistenco, estado de México, la Profeco detectó anomalías con una manguera en una verificación realizada el 21 de enero de este año por despachar diferentes cantidades de gasolina durante tres pruebas.3
Tercera. El 25 de agosto de 2017, las Policías Federal y Estatal aprehendieron a siete personas cuando estaban proveyendo de combustible ilegal en la estación E 07181, en el kilómetro 2.4 de la carretera Mexicaltzingo-Santiago Tianguistenco. En las notas periodísticas se advierte que la gasolinera pertenece al cuñado y hermana de Luis Miranda Nava.4
“Durante el operativo realizado en el municipio de Chapultepec, estado de México, los detenidos mostraron una factura apócrifa de la compra a Pemex de 60 mil litros de combustible que eran transportados en un tractocamión y dos pipas”.5
Cuarta. Los aprehendidos fueron remitidos a la Procuraduría General de la República (PGR) por posesión ilícita de hidrocarburos, delito federal cuyo expediente es FED/MEX/TOL/ 0003552/2017. De acuerdo con la declaración de los detenidos, el combustible fue obtenido de ductos en San Juan del Río, Querétaro. Los elementos de la policía comprobaron, por medio del Centro de Control, Comando, Cómputo y Monitoreo (C5) con personal de Petróleos Mexicanos (Pemex), que la factura de adquisición de la gasolina era falsa.6
Quinta. La gasolinera de Mercado Galán y Miranda Nava, actualmente está clausurada. Hasta el momento sólo están detenidos José N., Rigoberto N., Leopoldo N., Luis N., Cirilo N., Adolfo N. y María N., personas que transportaban el combustible, sin que se hayan interpuesto sanciones a los dueños de la gasolinera.7
Mercado Galán culpó a sus administradores de lo acontecido en la gasolinera de la cual es propietario junto con su esposa. Mencionó que desconoce lo sucedido y que sólo sus abogados pueden hablar sobre el tema. Asimismo, el periódico Reforma aseguró que Mercado Galán ofreció dinero para realizar una publicación a su favor.8
Sexta. Ante los señalamientos realizados a la familia de Luis Miranda Nava, éste se limitó a mencionar “¿Cómo voy a saber lo que tiene mi hermana y mi cuñado? No sé de sus negocios ni me interesa. No les ando revisando su patrimonio”.9
Séptima. Es preocupante que el titular de la Sedesol no sólo desconozca sobre la pobreza en México y tenga nulo conocimiento sobre desarrollo social, sino que ahora pretenda desconocer actos que sean constitutivos de posibles ilícitos, que el mismo gobierno condena, cometidos por personas cercanas a él.
Tomando en cuenta que es importante esclarecer los delitos relacionados con el robo de combustible, en particular tratándose de personas cercanas a funcionarios públicos federales, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a investigar los hechos señalados.
Segundo. Se solicita respetuosamente a la Procuraduría General de la República A indagar la posible relación del secretario de Desarrollo Social en los posibles hechos ilícitos que han sido mencionados.
Notas
1 Mercado Galán actualmente es Rector de la Universidad Isidro Fabela de Toluca, fundada en 1970.
2 Padilla, J. y Córdoba, M. Daban huachicol y litros
mochos (Reforma, 12 de septiembre de 2017). Disponible para consulta
en:
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1207632&md5=
0682bd59b1c181958485a93021085834&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&
lcmd5=dd23406bd6b66443ad6c4e38221f559b
3 Ibíd.
4 Peñaloza, M. y Limón, D. Lucra con huachicol
familia de Secretario (Reforma, 11 de septiembre de 2017). Disponible
para consulta en:
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1206915&md5=
490d7421634fc1968bce9c616fdecedf&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&lcmd5=
fdc7e30a7bb0619576ebaba0f842295a
5 Ibíd.
6 Ibíd.
7 “Hermana de Luis Miranda vendía combustible robado” (Regeneración, 11 de septiembre de 2017). Disponible para consulta en: http://regeneracion.mx/hermana-de-luis-miranda-vendia-combustible-robad o/
8 Limón, D. “Se resbala huachicol cuñado de Miranda” (Reforma, 14 de septiembre de 2017). Disponible para consulta en: http://www.reforma.com/aplicaciones/galeriamultimedia/default.aspx?id=1 00521
9 García Soto, S. “El secretario que no sabía nada de nada” (El Universal, 12 de septiembre de 2017). Disponible para consulta en: http://www.eluniversal.com.mx/columna/salvador-garcia-soto/nacion/el-se cretario-que-no-sabia-de-nada
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 27 de septiembre de 2017.
Diputada Araceli Damián González (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a redoblar esfuerzos de prevención en las instalaciones educativas de todos los niveles, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La que suscribe, María Elena Orantes López, integrante de la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y párrafo segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a diversas autoridades educativas y de protección civil a redoblar esfuerzos de prevención en las instalaciones educativas de todos los niveles, con base en las siguientes
Consideraciones
El pasado 19 de septiembre, se registró un sismo a las 13:14:40 horas (tiempo del Centro de México), entre Puebla y Morelos con una magnitud de 7.1 grados y epicentro a 12 kilómetros (km) al sureste de Axochiapan, Morelos, y sus 39 réplicas registradas hasta las 14:30 horas del pasado 24 de septiembre1 , generó pérdidas humanas y materiales superiores a las registradas en cualquiera de los eventos sísmicos sucedidos durante los últimos 32 años en la zona centro del país.
Entre los efectos de dicho fenómeno el viernes pasado se habían acumulado 305 decesos2 ; la pérdida del patrimonio de cientos de miles de personas; el derrumbe de muchos edificios habitacionales; daños en miles de edificios públicos; vías de comunicación afectadas, e incontables afectaciones a la economía de las entidades federativas.
Entre los casos más dramáticos que los medios de comunicación pudieron documentar, se encuentra el colegio Enrique Rébsamen, institución educativa ubicada en la delegación Tlalpan, en la que se colapsaron dos partes del inmueble y se generó el deceso de 25 personas entre las que se encontraban alumnado, personal académico y personal de intendencia.
En este contexto, las autoridades de Ciudad de México emitieron un decreto en el que se estableció la suspensión de actividades, desde el día del sismo hasta el viernes 22 de septiembre, esperando reanudar la vida educativa de dicha entidad federativa el lunes 25 de septiembre. Sin embargo, al observar la gravedad de los efectos del sismo, sólo 103 de las más de 8 mil 700 instituciones educativas de la capital de la República pudieron abrir sus puertas al tener estructuras no comprometidas. Entre las instituciones que pudieron reactivar sus actividades 56 son de educación básica pública, 26 de educación básica privada y 21 de educación media superior3 .
Esta situación y el colapso de la escuela Enrique Rébsamen, plantean un gran problema de capacidades institucionales en materia de protección civil así como la falta de dictámenes precisos en temas de protección civil y seguridad estructural, tanto en el ámbito privado como en el público.
En consecuencia propongo a esta soberanía impulsar un exhorto en el cual se promueva fortalecer la coordinación entre autoridades educativas y aquellas en materia de protección civil con la finalidad de establecer mejores controles que prevengan de riesgos a las comunidades educativas a nivel nacional con medidas como establecer una certificación para operar, renovable cada 3 años para poder seguir impartiendo educación, en la cual se acredite que las instituciones cuentan con programas internos de protección civil, brigadas de protección civil y capacitación para las brigadas y la comunidad educativa, así como dictámenes vinculados a las condiciones de las instalaciones y/o de su estructura.
La propuesta que les ofrezco implica un gran reto para las autoridades educativas del país pero vale la pena, debido que si bien no podemos anticipar los sismos, sí podemos generar acciones de prevención que aminoren el impacto de los mismos, en beneficio de uno de los activos más importantes como país, nuestros niños, niñas y jóvenes estudiantes.
Cabe destacar que a pesar de que las leyes general y estatales de protección civil y diversas normatividades aplicables a las instituciones educativas señalan la obligatoriedad de contar con varias de estas disposiciones, tal parece que después de recibir las licencias de funcionamiento y la documentación final para su operación, éstas se van ignorando hasta el punto de ser construido un riesgo de manera social.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Educación Pública del gobierno de la República; a las secretarías de educación pública de las 32 entidades federativas, y a las coordinaciones estatales y municipales de protección civil a coordinarse para establecer los mecanismos para que antes de autorizar la apertura de algún plantel educativo y como mínimo cada tres años cada institución educativa que esté en operaciones, en todos los niveles de educación, cuenten con un dictamen de protección civil que acredite que en el inmueble se cuenta con las condiciones estructurales y de seguridad para alumnado, docentes y personal administrativo, asimismo que cuente con sus programas internos de protección civil activos y actualizados; brigadas debidamente capacitadas y equipadas, y que exista un programa de capacitación para los integrantes de las brigadas y la comunidad educativa, así como fomentar en cada homenaje (lunes) la lectura de recomendaciones de protección civil y qué hacer en caso de situaciones de riesgo.
Notas
1 Información publicada por el Servicio Sismológico
Nacional, consultada el domingo 24 de septiembre en
http://www.ssn.unam.mx/
2 Datos preliminares preliminares no oficiales
disponibles en
http://www.huffingtonpost.com.mx/2017/09/23/terremoto-del-19-de-septiembre-1985-vs-2017_a_23220573/
3 http://www.animalpolitico.com/2017/09/clases-escuelas-sep-sismo-terremo to/
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2017.
Diputada María Elena Orantes López (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a los Ejecutivos federal y de Guerrero a conferir prioridad al diálogo como estrategia para solucionar conflictos en cualquier situación que involucre a estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos y a realizar una investigación expedita por el evidente uso excesivo de la fuerza contra normalistas en el libramiento de cuota Chilpancingo-Tixtla la mañana del 13 de septiembre de 2017, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena
Araceli Damián González, diputada de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
Según reportaron diversos medios de comunicación, durante la mañana del 13 de septiembre de 2017 se dio una confrontación entre estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y policías estatales y municipales sobre el libramiento de cuota Chilpancingo-Tixtla que derivó en la detención de 12 jóvenes y la retención de cuatro policías municipales.
El reporte oficial indica que la confrontación se dio a raíz de que los normalistas tomaron una pipa de combustible y camiones de empresas refresqueras y productos comestibles, acciones que los estudiantes enmarcaron en la demanda de justicia a tres años de la masacre y desaparición de 43 de sus compañeros.1
Si bien después de unas horas se liberó a todos los involucrados en presencia del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, la situación es sencillamente inconcebible porque los policías estatales dispararon con armas de fuego contra los camiones en que los estudiantes se transportaban a la altura del crucero de Metlapa2 e impidieron a la prensa documentar lo acontecido.3
Los familiares de los 43 estudiantes víctimas de desaparición forzada condenaron la agresión y el uso excesivo de la fuerza, además de que exigieron un alto a la represión y criminalización contra los normalistas, así como una investigación contra los policías que usaron armas de fuego.4 Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración del pleno la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta al gobierno federal y al gobierno de Guerrero a priorizar el diálogo como estrategia para la solución de conflictos en cualquier situación que involucre a estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al gobierno de Guerrero a realizar una investigación expedita por el evidente uso excesivo de la fuerza contra estudiantes normalistas en el libramiento de cuota Chilpancingo-Tixtla durante la mañana del 13 de septiembre de 2017.
Notas
1
http://www.proceso.com.mx/503078/chocan-normalistas-ayotzinapa-
policias-estatales-12-estudiantes-detenidos-4-agentes-rehenes
2 http://www.jornada.unam.mx/2017/09/14/politica/014n1pol
3
https://www.facebook.com/Normal.Ayotzinapa.Gro/posts/1496479713766373
y
http://suracapulco.mx/wptest/index.php/2017/09/14/
disparan-policias-a-un-camion-con-normalistas-de-ayotzinapa-que-tomaron-una-pipa/
4 https://twitter.com/tryno/status/908066880132349952
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2017.
Diputada Araceli Damián González (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a atender diversas irregularidades en obras y construcciones vinculadas a las consecuencias en la Ciudad de México del sismo sucedido el 19 de septiembre de 2017, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La que suscribe, la diputada federal María Candelaria Ochoa Ávalos, integrante de la LXIII Legislatura del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 19 de septiembre de 1985, un sismo de magnitud 8.1 en la escala de Richter sacudió la capital del país. Una de las lamentables consecuencias de ese fenómeno natural fue el daño material a casas y edificios. En el informe de gobierno del año 1986, el entonces presidente Miguel de la Madrid dio a conocer que se perdió el 30 por ciento de la capacidad hospitalaria instalada; sufrieron daños 1 mil 568 escuelas; 412 edificaciones quedaron destruidas y 5 mil 728 quedaron afectadas.1
Ante ello, la nación vio la necesidad de fortalecer el marco regulatorio para la construcción, implementar medidas más robustas en cuanto a los requerimientos técnicos de edificaciones y fortalecer el sistema de supervisión y vigilancia de las mismas. Se aprendió que la seguridad y el respeto por la vida era lo más importante.
Sin embargo, parece que el tiempo se llevó las lecciones aprendidas.
A 32 años de ese suceso, la tierra nos recordó que está viva y en movimiento. Otra vez, el 19 de septiembre ahora de 2017 un sismo de 7.1 grado Richter sacudió de nuevo la capital del país. Hasta ahora se ha estimado que al menos 60 edificios han colapsado o están a punto de caer pues tienen daños graves y más de 3 mil 400 estructuras resultaron dañadas. Con ello ha emergido, de nuevo, la sospecha de la corrupción, la omisión y la avaricia rapaz.
La mayoría de estas edificaciones tienen un factor común, se encuentran en zonas de alta demanda y plusvalía, por lo que se encuentran en zonas de desarrollo urbano acelerado debido al llamado proceso de gentrificación. Hasta hace una semana vivir en la Condesa, la Roma, la Del Valle, la Narvarte era sinónimo de vivir bien, de hecho la delegación Benito Juárez, donde se asientan algunas de las colonias con mayor impacto del sismo, tiene el mejor índice de desarrollo humano por municipio del país.2 Estas colonias tenían alta demanda debido a que en ellas se encuentran servicios de alta calidad, espacios recreativos, comodidades urbanas y un ambiente habitacional que atraía a los ciudadanos.
Pero con este proceso de gentrificación y aumento de la demanda de vivienda llegaron también las inmobiliarias y los especuladores de suelo, así como la corrupción.
Con la tragedia que hoy se vive en la ciudad quedo de manifiesto que muchas constructoras no cumplieron con los requerimientos técnicos para la construcción, utilizaron materiales de baja calidad o fuera de norma. De acuerdo con un estudio realizado a 150 edificios construidos después de 2004 en la Ciudad de México, se descubrió que muchas de estas nuevas edificaciones ni siquiera tenían papeleo técnico de la obra, los planos y permisos correspondientes; y del 71 por ciento de los edificios que sí pudieron ser cotejados contra papel no cumplían por completo con las normas técnicas oficiales, mientras que el 36 por ciento ni siquiera cumplió con un estándar menor.3
¿Dónde está el problema de esta situación? La Ciudad de México tiene una de las legislaciones y regulaciones más completas en materia de construcción, pero como sucede en estos casos, es letra muerta. La problemática se encuentra en los directores responsables de obra, en la supervisión de la construcción durante todo el proceso, en los mecanismos de medición y certificación de la misma e incluso en la entrega y registro público de documentación apócrifa. Se ha creado un círculo de corrupción entre las inmobiliarias, los directores generales de obra y la burocracia gubernamental.4
También, se observan violaciones a los planes parciales de desarrollo urbano y al uso de suelo, ya que se han edificado infraestructuras que no correspondieron a los establecidos en ellos. Al igual que violaciones a las licencias de construcción pues en muchos casos se han modificado los planos originales, aumentado niveles o cambiando el diseño de las construcciones. Inclusive se ha documentado casos en los que los propietarios tienen un plano de obra, la autoridad otro y al momento de la dictaminación estructural se pone de manifiesto que ninguno de ellos corresponde realmente a la construcción.5 Estas situaciones se vienen presentando incluso desde el año 85, parteaguas de la regulación, sin que hasta ahora se haya podido controlar de manera eficiente.
Aunado a esto, se encuentra el hecho de que los trabajadores de la construcción no cuentan con las condiciones laborales adecuadas, y al ser una población laboral flotante no hay un proceso de profesionalización adecuado que permita el mejor desarrollo de sus capacidades. Prácticamente no hay cursos de capacitación para los trabajadores de la construcción, al ser temporales sus contratos muchos no tienen seguridad social, y en muchos casos tampoco reciben un salario adecuado a las necesidades familiares. A pesar de ello muchas veces, en los hechos, se deja como responsable de obra a un albañil o capataz, comprometiendo con ello la legalidad de la obra.
Caso emblemático de todo esto es el edificio del Conjunto Residencial San José de la colonia Portales, el cual a nueve meses de su apertura colapsó. Los expertos que han revisado el inmueble han indicado que el colapso se debió a la falta de columnas de soporte (indispensables según la norma) deficiencias en la obra y baja calidad de los materiales. Inclusive se puede observar que la estructura metálica fue formada con alambrón cuya resistencia no es apta para construcciones de este tipo. Sin embargo la obra fue autorizada y liberada para su uso. ¿Quién firmo lo permisos y liberaciones?
Y si bien este es el caso emblemático, en las más de 3 mil 400 estructuras dañadas hay construcciones con menos de 5 años de vida útil, algo inconcebible si se hubiera seguido la norma y el reglamento.
También ha quedado al descubierto la falta de control y seguridad de las inmobiliarias sobre casas y departamentos en renta y la necesidad de una regulación más robusta sobre el tema. Varias estructuras que se colapsaron presentaban daños acumulados por años desgaste y secuelas de anteriores movimientos telúricos, algunas inclusive dañadas desde el sismo del 85. Sin embargo, la falta de reparación y/o reforzamiento de las estructuras no fueron impedimento para su explotación comercial o renta como viviendas y oficinas. Esto dio como resultado que muchas familias que habitaban en esquemas de renta perdieran, en el mejor de los casos, todo su patrimonio, en el peor su vida.
Las autoridades, parece, han sido rebasadas por estas problemáticas y la ciudadanía ha empezado a tomar el control de la situación, no solo en la remoción de los escombros, sino en la construcción de institucionalidades distintas. Hoy existe una plataforma electrónica denominada https://obrachueca.com/ en la que los ciudadanos de la capital del país realizan la denuncia mediática de obras irregulares, que no cumplen con la normatividad y reglamentación o que afectan a terceros. De 2015 a la fecha llevan contabilizadas 746 obras irregulares, sin embargo menos de 70 han sido sancionadas por las autoridades.
Sin duda este nuevo sismo nos ha hecho recordar las lecciones aprendidas. No hay consenso aun sobre el impacto y la naturaleza del sismo, algunos expertos opinan que la ciudad se salvó de “suerte”, o porque las características geofísicas del movimiento impactaron de manera distinta las construcciones altas a las bajas. Pero en lo que si empieza a haber consenso en la importancia de regular a las constructoras e inmobiliarias con mayor detalle, combatir la corrupción en los sistemas burocráticos, mejorar los sistemas de supervisión y vigilancia de obras y construcciones, y realizar mayores esfuerzos de educación de la población en torno a la supervisión y reforzamiento de sus casas.
Por ello, proponemos los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta al gobierno de la Ciudad de México y a las delegaciones políticas de Benito Juárez, Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco, a dar a conocer el estatus de todos los permisos de las construcciones colapsadas a consecuencia del sismo sucedido el día 19 de septiembre de 2017.
Segundo. Se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a sancionar a las personas y los servidores públicos que sean identificados responsables de otorgar permisos y realizar tramites sobre inmuebles y construcciones que no cumplieron la normatividad correspondiente en el periodo 2006 a 2017.
Tercero. Se exhorta al gobierno de la Ciudad de México y a las delegaciones políticas de la Ciudad a dar a conocer la razón social de las constructoras identificadas que no cumplen con las normas y reglamento de construcción e iniciar las acciones legales pertinentes contra ellas.
Cuarto. Se exhorta a los gobiernos estatales de las 32 entidades federativas del país a que realicen supervisión de todas las obras de construcción activas, a fin de procurar el cumplimiento de la norma y en su caso castiguen conforme a la ley en la materia las violaciones al reglamento de construcción correspondiente.
Quinto. Se exhorta a los gobiernos estatales de las 32 entidades federativas del país a hacer público a través de sus portales electrónicos y las herramientas de transparencia correspondientes todos los permisos de obra activos, a fin de garantizar a la ciudadanía la legalidad y validez de las construcciones que se realizan.
Sexto. Se exhorta a la secretaria del trabajo y previsión social de a conocer las condiciones laborales de las y los trabajadores de la industria de la construcción.
Notas
1 Diario de los Debates, honorable Cámara de Diputados, Legislatura LIII - Año II - Periodo Ordinario - Fecha 19860901 - Número de Diario 3
http://cronica.diputados.gob.mx/DDebates/53/2do/Ord/1986 0901-I.html
2 PNUD, (2014), Índice de desarrollo humano municipal en México, PNUD-ONU, Sedesol, México.
3 New York Times, El terremoto revela falta de rigor en la aplicación de normas de construcción en Ciudad de México. 25 de septiembre de 2017, Sección América Latina-México.
https://www.nytimes.com/es/2017/09/25/ciudad-de-mexico-sismo-terremoto-codigos-construccion/
?action=click&clickSource=inicio&contentPlacement=4&module=toppers®ion=rank&pgtype=Homepage
4 Íbid
5 “El cártel inmobiliario en Bosques de las Lomas:
crimen organizado que nadie combate”, Federico Arreola, Portal
electrónico SDP Noticias, 24 septiembre de 2017.
https://www.sdpnoticias.com/nacional/2017/09/24/
el-cartel-inmobiliario-en-bosques-de-las-lomas-crimen-organizado-que-nadie-combate
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2017.
Diputada María Candelaria Ochoa Ávalos (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a presentar los estudios de resistencia y flexibilidad del distribuidor vial Benito Juárez en León, Guanajuato, y someter a revisión de la SFP todos los contratos otorgados durante los últimos 10 años a las empresas involucradas en la construcción del Paso Exprés de la Autopista del Sol, en Cuernavaca, Morelos, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena
Araceli Damián González , en mi calidad de diputada federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
El 12 de julio de 2017 la corrupción y el amiguismo en la entrega de contratos de obra pública costaron la vida a dos personas, Juan Mena López y Juan Mena Romero, en el socavón del llamado Paso Exprés de Cuernavaca, Morelos. Aunada a la indolencia oficial reflejada en la persona del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, la desidia gubernamental para prevenir tragedias se evidencia en el origen del desarrollo vial.
Apenas el 13 de septiembre, la Secretaría de la Función Pública (SFP) anunció que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) licitó y otorgó el contrato al consorcio Aldesem y Eppcor antes de siquiera tener un proyecto ejecutivo, lo que provocó el incremento del costo de la obra en 714.6 millones de pesos sin considerar el IVA, es decir, 71.78 por ciento más.1 Además, se detectó que la SCT liquidó pagos por 197.7 millones de pesos a las empresas sin que hubiera comprobación documental que amparara la obra y que se realizaron más de 100 conceptos de trabajo imprevistos que involucraron 449.4 millones de pesos.2
En este contexto, resulta preocupante que Aldesa, una de las empresas que participó en la construcción del Paso Exprés, se encargó del desarrollo del distribuidor vial Benito Juárez en León, Guanajuato, que costó 700 millones de pesos y presenta fallas arquitectónicas en su estructura, según detectó el Colegio de Ingenieros de la ciudad.3 A pesar del evidente riesgo que representa para sus potenciales usuarios, la SCT no ha dado a conocer los estudios de resistencia y flexibilidad de la estructura.4
Es indispensable que la Cámara de Diputados exija transparencia y rendición de cuentas para evitar potenciales tragedias. Lo último que México necesita es un nueva confrontación con despliegue mediático entre ámbitos gobierno y dependencias oficiales culpándose unos a otros por iguales acciones de corrupción,5 así como empresas beneficiadas de las mismas que no se responsabilizan por sus obras deficientes que cuestan la vida de diversas personas.6 Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración del pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a presentar públicamente los estudios de resistencia y flexibilidad del distribuidor vial Benito Juárez en León, Guanajuato, así como a someter a revisión de la Secretaría de la Función Pública todos los contratos otorgados durante los últimos 10 años a las empresas involucradas en la construcción del Paso Exprés de la Autopista del Sol en Cuernavaca, Morelos.
Notas
1 http://aristeguinoticias.com/1309/mexico/aunque-no-habia-proyecto-ejecu tivo-sct-adjudico-contrato-base-del-paso-expres/
2 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/09/13/sct-licito-paso-expres-an tes-de-proyecto-ejecutivo-auditoria
3 https://www.jornada.com.mx/2017/09/13/estados/032n3est
4 http://www.jornada.unam.mx/2017/09/11/estados/033n2est
5 http://www.animalpolitico.com/2017/07/paso-expres-segob-morelos-socavon /
6 http://www.proceso.com.mx/495266/constructora-espanola-aldesa-se-deslin da-del-socavon-en-paso-expres
Palacio Legislativo de San Lázaro, 27 de septiembre de 2017
Diputada Araceli Damián González (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al INE a difundir la evidencia que sustenta la atención de las observaciones y los señalamientos incluidos en los informes anuales de gestión de 2015 y 2016 de su Contraloría General respecto al contrato número INE/SERV/012/2015 y a resolver lo conducente, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena
Araceli Damián González , en mi calidad de diputada federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
El 25 de marzo de 2015, el Instituto Nacional Electoral (INE) firmó un contrato de 935.4 millones de pesos por el arrendamiento de mil 96 vehículos durante cuatro años (2015-2018) a la empresa Jet Van Car Rental, lo que implicaba pagar 853 mil pesos promedio por cada automóvil.
En su informe anual 2015, la Contraloría General del INE evaluó la rentabilidad del contrato de arrendamiento vehicular ante la oferta de los mismos modelos y servicios por la vía de adquisición, el resultado indicó que sería menos costosa la oferta comercial que obtendría cualquier persona para adquirir los mismos modelos de vehículos a precio de menudeo, más la cotización de seguros con aumento anual de 10 por ciento en sus costos, gastos por servicio de mantenimiento preventivo de agencia cada seis meses y costo de tenencia fijo para los 4 años del contrato.
Además, la Contraloría General señaló que la adquisición con valor de salvamento era una alternativa 53 por ciento más económica que los costos del arrendamiento, mientras que sin valor de salvamento habría sido 46 por ciento más económico; es decir “el esquema de adquisición claramente supone una alternativa más económica”. Por lo anterior, se solicitó a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios justificar los beneficios o ventajas que planteaba el contrato para el instituto.1
Un año después, en el informe de gestión 2016 de la Contraloría General del INE se señala que respecto al contrato INE/SERV/012/2015 y sus dos convenios modificatorios “se detectó una supervisión insuficiente, por parte de los administradores [...] respecto de los controles y validaciones para la prestación de los servicios, lo que ocasionó que se realizaran pagos presuntamente en demasía por 3.36 millones de pesos, y que la calidad de dichos servicios resultara deficiente, lo que se tradujo en gastos adicionales para el Instituto”.
De igual forma, la Contraloría General señaló que no se le proporcionó evidencia documental que acreditara necesidades y requerimientos reales para justificar el total de vehículos y tampoco se le presentó un estudio de factibilidad para determinar la conveniencia del arrendamiento por encima de la adquisición. No obstante lo anterior, el INE solicitó 413 vehículos adicionales en 2016, para alcanzar un total de mil 350 vehículos arrendados. Además, hubo incumplimientos contractuales referentes a cantidad, características técnicas, desfases en la entrega, atención oportuna y mantenimientos de los vehículos arrendados, así como falta de aplicación de penalizaciones, deducciones, devoluciones y pagos presuntamente en demasía.2
También cabe destacar que aunque avaló el proceso de licitación bajo la figura de testigo social, la organización Transparencia Mexicana recomendó que la evaluación de las propuestas se realizara con “criterios estandarizados que eviten la discrecionalidad” porque el mismo documento “fue tomado como válido para un licitante pero no para otro y esto podía derivar en una mala evaluación a las proposiciones”, así como realizar la licitación con el tiempo suficiente para obtener el mejor precio.3
Recientemente, la Contraloría General del INE abrió una investigación por irregularidades graves en esta contratación que implicará un presunto daño patrimonial por 122 millones de pesos. Conforme a las disposiciones del Sistema Nacional Anticorrupción, se presentó una denuncia de hechos ante la Subcontraloría de Asuntos Jurídicos para investigar las responsabilidades administrativas que podrían derivar en una causa penal.4
Los señalamientos por probable corrupción en la licitación del contrato INE/SERV/012/2015 son claros, pero el INE ha decidido ignorarlos y solicitar presupuestos aún mayores para el año 2018. Esto hace indispensable que la Cámara de Diputados exija se aclare este opaco proceso de licitación que hasta la fecha sigue en incumplimiento. Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración del pleno la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta al Instituto Nacional Electoral (INE) a presentar públicamente la evidencia que sustenta la atención a las observaciones y los señalamientos incluidos en los informes anuales de gestión 2015 y 2016 de su Contraloría General respecto al contrato INE/SERV/012/2015. De igual forma, se exhorta a la Subcontraloría de Asuntos Jurídicos del INE a resolver de manera expedita las probables responsabilidades administrativas y penales producto de las denuncias en torno al contrato referido.
Notas
1
http://portalanterior.ine.mx/archivos3/portal/historico/recursos/
IFE-v2/OCI/Auditoria/EstaticosRYA/Inf_Anual_2015_Cont_Gral.pdf
2 http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/CG.ex201703-07in_01P03-01.pdf
3 https://compras.ine.mx/esop/ife-host/public/attach/testigos_sociales/pa rque_vehicular_2015.pdf
4 http://www.jornada.unam.mx/2017/09/11/politica/003n1pol
Palacio Legislativo de San Lázaro, 27 de septiembre de 2017
Diputada Araceli Damián González
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Ciudad de México y de diversas entidades, así como a los presidentes municipales de éstas, a emitir los actos jurídicos correspondientes con objeto de exentar o condonar del pago de contribuciones locales a los afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, a cargo de la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena
Ernestina Godoy Ramos, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 3, numeral 1, fracción XX, 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta Cámara la presente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución por el cual se exhorta respetuosamente a los órganos de gobierno Legislativo y Ejecutivo de la Ciudad de México, a los Poderes Legislativos y Ejecutivos de los estados de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz, así como a los presidentes municipales de dichos estados, emitan los actos jurídicos que en el ámbito de su competencia corresponda con el objeto de exentar o condonar, según el caso, del pago de contribuciones locales a los afectados por los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre de 2017.
Antecedentes
Como es de conocimiento público los sismos del pasado 7 de y 19 de septiembre de 2017 afectaron gravemente la Ciudad de México y los Estados de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz, causando daños irreparables en la vida de los mexicanos, tanto en su persona como en sus bienes, propiedades, posesiones y derechos.
La pérdida de vidas humanas, las lesiones sufridas por los sobrevivientes de los sismos, así como la destrucción de viviendas, la falta de documentos de identificación y de documentos que acrediten la propiedad o posesión de un bien, son una constante en las zonas afectadas.
Ante esta tragedia, no podemos permanecer inmóviles, nuestra obligación es generar mecanismos que disminuyan en lo posible el dolor y sufrimiento, por ello se propone el presente punto de acuerdo, para otorgar a los afectados por los sismos las mayores facilidades administrativas que les permitan recuperar documentos de identidad, de propiedad de sus viviendas, así como otorgarles beneficios mediante la condonación o exención de contribuciones locales a fin de que en la medida de lo posible, dichos trámites no sea una carga más para ellos.
Consideraciones
Primera. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Segunda. El artículo 4o. constitucional garantiza tanto el derecho a la identidad como el derecho a una vivienda digna y decorosa, estando el Estado obligado a garantizar el cumplimiento de estos derechos.
Tercera. Derivado de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, las personas afectadas no sólo perdieron familiares y seres queridos, también han perdido documentos de identificación y aquellos que les permiten acreditar la propiedad o posesión de sus inmuebles, por lo que al quedar en un estado de incertidumbre, lo conducente es que las autoridades locales les otorguen todas las garantías necesarias y facilidades para que, en la medida de lo jurídica y fácticamente plausible, se reincorporen a sus actividades sin menoscabo de sus derechos humanos.
En ese sentido, considerando que de acuerdo a la distribución de competencias, el establecimiento, exención o condonación de contribuciones locales en algunos casos es facultad de los órganos de gobierno o poderes legislativos o ejecutivos locales, o bien, de los municipios de los estados de la República, resulta oportuno someter a consideración del pleno, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
De urgente resolución.
Único. Se exhorta respetuosamente a los órganos de gobierno Legislativo y Ejecutivo de la Ciudad de México, a los Poderes Legislativos y Ejecutivos de los Estados de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz, así como a los Presidentes Municipales de dichos Estados, emitan los actos jurídicos que en el ámbito de su competencia corresponda con el objeto de exentar o condonar, según el caso, del pago de contribuciones locales a los afectados por los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre de 2017, en por lo menos las siguientes materias:
a) Expedición de por lo menos cinco actas de nacimiento por parte del Registro Civil de las entidades federativas mencionadas.
b) Expedición de por lo menos una copia certificada de escritura pública relacionada con inmuebles afectados estructuralmente por los sismos por parte de los Archivos de Notarías de las entidades federativas mencionadas
c) Inscripción, anotación o cancelación de asientos que practiquen los Registros Públicos de la Propiedad de las entidades federativas mencionadas relacionadas con inmuebles afectados estructuralmente por los sismos.
d) Predial, por la totalidad del adeudo generado en los inmuebles afectados estructuralmente por los sismos hasta el último bimestre del año 2017.
e) Agua, por la totalidad del adeudo generado por las tomas de agua que se encuentren en los inmuebles afectados estructuralmente por los sismos hasta el último bimestre del año 2017.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México, el 27 de septiembre de 2017.
Diputada Ernestina Godoy Ramos (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a condonar del pago del ISR e IVA y sus accesorios a los afectados por los sismos ocurridos el 7 y 19 de septiembre de 2017, a cargo de la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena
Ernestina Godoy Ramos, Diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 3, numeral 1, fracción XX, 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta Cámara la presente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución por el cual se exhorta al Ejecutivo federal para que condone del pago del impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado y sus accesorios, a las personas afectadas por los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre de 2017.
Antecedentes
Como es de conocimiento público los sismos del pasado 7 de y 19 de septiembre de 2017 afectaron gravemente la Ciudad de México y los Estados de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz, causando daños irreparables en la vida de los mexicanos, tanto en su persona como en sus bienes, propiedades, posesiones y derechos.
La pérdida de vidas humanas, las lesiones sufridas por los sobrevivientes de los sismos, así como la destrucción de viviendas, la falta de documentos de identificación y de documentos que acrediten la propiedad o posesión de un bien, así como la documentación de encontrarse al corriente en el pago de contribuciones como son el impuesto sobre la renta (ISR) e impuesto al valor agregado (IVA), son una constante en las zonas afectadas.
Ante esta tragedia, no podemos permanecer inmóviles, nuestra obligación es generar mecanismos que disminuyan en lo posible el dolor y sufrimiento, por ello se propone el presente punto de acuerdo, para que se les condone del pago de dichas contribuciones disminuyéndoles su carga fiscal.
Consideraciones
Primera. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Segunda. De conformidad con el artículo 29, fracción I del Código Fiscal de la Federación el Ejecutivo Federal mediante resoluciones de carácter general puede condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país, una rama de actividad, la producción o venta de productos, o la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias.
Tercera. Derivado de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, las personas afectadas no sólo perdieron familiares y seres queridos, también han perdido documentos de identificación, aquellos que les permiten acreditar la propiedad o posesión de sus inmuebles, así los que acreditan estar al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales de carácter federal, por lo que al quedar en un estado de incertidumbre, lo conducente es que las autoridades federales les otorguen todas las garantías necesarias y facilidades para que, en la medida de lo jurídica y fácticamente plausible, se reincorporen a sus actividades sin menoscabo de sus derechos humanos.
Por tal motivo, resulta oportuno someter a consideración del Pleno, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución, a fin de que las personas afectadas por los sismos de septiembre del presente año y que sean sujetos obligados del ISR e IVA y sus accesorios, se les condone totalmente del pago de dichos impuestos y accesorios generados hasta el año 2017, a fin de disminuirles su carga fiscal.
Proposición con
Punto de Acuerdo
De urgente resolución
Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que emita la resolución de carácter general a través del cual se condone totalmente del pago del impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado y sus accesorios causados hasta el 31 de diciembre de 2017, a las personas afectadas por los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre de 2017 y que sean sujetos obligados de dichos impuestos y accesorios, a fin de disminuirles su carga fiscal.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México, el 27 de septiembre de 2017.
Diputada Ernestina Godoy Ramos (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Condusef a establecer un programa urgente de atención y acompañamiento de los afectados por los sismos ocurridos el 7 y 19 de septiembre de 2017, a cargo de la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena
Ernestina Godoy Ramos, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 3, numeral 1, fracción XX, 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta Cámara la presente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución por el cual se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), a establecer un programa emergente de atención y acompañamiento a las personas afectadas por los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre de 2017.
Antecedentes
Como es de conocimiento público los sismos del pasado 7 de y 19 de septiembre de 2017 afectaron gravemente la Ciudad de México y los Estados de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz, causando daños irreparables en la vida de los mexicanos, tanto en su persona como en sus bienes, propiedades, posesiones y derechos.
La pérdida de vidas humanas, las lesiones sufridas por los sobrevivientes de los sismos, así como la destrucción de viviendas, la falta de documentos de identificación y de documentos que acrediten la propiedad o posesión de un bien, así como la falta de pólizas que acrediten la contratación de un seguro por parte de las personas afectadas son una constante.
Ante esta tragedia, no podemos permanecer inmóviles, nuestra obligación es generar mecanismos que disminuyan en lo posible el dolor y sufrimiento, por ello se propone el presente Punto de Acuerdo, para que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), establezca un programa emergente de atención y acompañamiento a las personas afectadas por los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre de 2017 de tal forma que aquellas personas que tramiten ante las aseguradoras el pago de un seguro reciban el pago o se resarza el daño por parte de las aseguradoras sin dilación alguna y en las condiciones contratadas.
Consideraciones
Primera. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
Segunda. De conformidad con el artículo 5 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, corresponde a la Condusef promover, asesorar, proteger y defender los derechos e intereses de los Usuarios frente a las Instituciones Financieras, arbitrar sus diferencias de manera imparcial y proveer a la equidad en las relaciones entre éstos, así como supervisar y regular de conformidad con lo previsto en las leyes relativas al sistema financiero, a las Instituciones Financieras, a fin de procurar la protección de los intereses de los Usuarios.
Por su parte, el artículo 86 de la normativa mencionada dispone que la Condusef contará con un cuerpo de defensores que prestarán los servicios de orientación jurídica y defensoría legal , únicamente a solicitud del usuario.
Tercera. El artículo 19 de la Ley sobre el contrato de seguro dispone que Para fines de prueba, el contrato de seguro, así como sus adiciones y reformas, se harán constar por escrito. Ninguna otra prueba, salvo la confesional , será admisible para probar su existencia, así como la del hecho del conocimiento de la aceptación, a que se refiere la primera parte de la fracción I del artículo 21.
Cuarta. Derivado de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, las personas afectadas no sólo perdieron familiares y seres queridos, también han perdido documentos de identificación y aquellos que les permiten acreditar la propiedad o posesión de sus inmuebles o la contratación de un seguro.
Algunas de esas personas afectadas contrataron seguros de vida, de gastos médicos mayores, de vivienda o de vehículos, entre otros, sin embarga ante la contingencia se encuentran sin posibilidad de acreditarlo mediante la exhibición de la póliza correspondiente; sin embargo, ello no es impedimento para que las aseguradoras resarzan el daño o paguen la suma de dinero al verificarse la eventualidad prevista en el contrato, pues el propio artículo 19 de la Ley sobre el contrato de seguro dispone que el contrato de seguro deberá constar por escrito pero a falta de este la confesión de que existe será suficiente para probar su existencia.
En ese sentido, resulta conveniente que la Condusef en ejercicio de sus atribuciones emita un programa emergente de atención y acompañamiento a las personas afectadas por los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre de 2017, de tal forma que aquellas personas que tramiten ante las aseguradoras el pago de un seguro, sea que exhiban o no la póliza correspondiente, reciban el pago en dinero o se les resarza el daño sin dilación alguna por parte de las aseguradoras, en los términos y condiciones contratadas.
Por lo anterior, resulta oportuno someter a consideración del pleno, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
De urgente resolución.
Único. Se exhorta respetuosamente a la Condusef para que, en ejercicio de sus atribuciones, emita un programa emergente de atención y acompañamiento a las personas afectadas por los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre de 2017, de tal forma que aquellas personas que tramiten ante las aseguradoras el pago de un seguro, sea que exhiban o no la póliza correspondiente, reciban el pago en dinero o se les resarza el daño sin dilación alguna por parte de las aseguradoras, en los términos y condiciones contratadas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México, el 27 de septiembre de 2017.
Diputada Ernestina Godoy Ramos (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a la reconstrucción de viviendas y rehabilitación de caminos, carreteras y puentes de San Pedro Pochutla, Putla de Villa en Guerrero y diversos municipios de la Sierra Mixe en Oaxaca afectados por el sismo del 7 de septiembre, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, Natalia Karina Barón Ortiz, diputada del Grupo Parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con punto de acuerdo relativo a la reconstrucción de viviendas y rehabilitación de caminos, carretas del municipio de San Pedro Pochutla, Putla de Villa de Guerrero y de diversos de la Sierra Mixe del estado de Oaxaca afectados por el sismo del 7 de septiembre al tenor de las siguientes
Consideraciones
La noche del jueves 7 de septiembre, el sismo que afectó el sureste mexicano dejó pérdidas materiales por miles de millones de pesos provocando serias afectaciones en 41 municipios. Tres semanas después hay comunidades apartadas que no han recibido ninguna clase de ayuda, hay riesgos en sus viviendas, los servicios municipales se encuentran colapsados y, lo peor, es que los habitantes no tienen la ayuda necesaria para sobrevivir y la economía local se encuentra paralizada.
De acuerdo con un boletín de la Presidencia de la República, publicado el 22 de septiembre, el gobierno federal, en coordinación con el del Estado de Oaxaca, estarían preparados para otorgar ayuda e iniciar la reconstrucción de las áreas afectadas a través de tarjetas, el acceso al Programa de Empleo Temporal y la conclusión de los censos correspondientes para las posteriores obras para la edificación de viviendas que deben concluir al inicio del 2018. Se transcribe el comunicado completo a continuación:
El presidente de la república visitó esta comunidad para verificar los avances en la atención a la población afectada por el sismo del pasado 7 de septiembre, y recorrió distintos puntos de la localidad para dialogar con sus pobladores.
El primer mandatario señaló que en Santiago Niltepec, como en la región del Istmo en el estado de Oaxaca, y en Chiapas, ya ha concluido el censo de damnificados por el sismo, y a partir de la próxima semana iniciarán las labores de reconstrucción, a través de diversos mecanismos.
El titular del Ejecutivo federal precisó que para la reconstrucción de viviendas se entregará en cada domicilio afectado una tarjeta, que les permitirá comprar material para construcción, y disponer de una parte en efectivo para pagar la mano de obra.
Señaló que además la población afectada tendrá acceso al Programa de Empleo Temporal para autoconstrucción, de tal forma que también podrá tener un apoyo económico adicional al que se recibirá en la tarjeta que les será entregada.
Refirió que la mayor parte de los recursos depositados en las tarjetas serán para la compra de materiales de construcción. Pidió a las mujeres que sean ellas quienes se aseguren de que la tarjeta sea bien administrada.
También destacó que para aquellas viviendas de mayor tamaño, que eventualmente requieren de más recursos, “vamos a poner a disposición, además del apoyo que será igual al que se otorgue a todas las viviendas afectadas, el acceso a un crédito blando para que puedan, si requieren de más recursos, ampliar la construcción de estas casas”. De igual forma, los comercios afectados tendrán acceso a estos créditos.
Resaltó que también estarán a disposición “algunas agencias constructoras que son parte de los programas de edificación de vivienda rural en toda la República, para que construyan las viviendas de nuestros adultos mayores, si ellos así lo deciden”.
“Yo estoy convencido de que si nos apuramos, en tres o cuatro meses a lo más, podemos tener toda la vivienda reconstruida, y creo que esa será la tarea que nos debemos poner por delante, para que el Año Nuevo sea con vivienda nueva. Ese debe ser el objetivo”, subrayó.
El presidente Peña Nieto dijo que a partir de la próxima semana iniciará la entrega de estas tarjetas, y para ello se establecerán brigadas que acudan vivienda por vivienda. “Si algo queremos garantizar es que esas tarjetas las reciban las familias afectadas, que no haya intermediarismo, que no se las entreguemos a ningún líder, sino que las reciban directamente las familias”, apuntó.
Indicó que a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) también se realizó un censo de escuelas afectadas por el sismo. “Vamos a emprender la reconstrucción. Ya la SEP dispone de recursos, tanto del Fonden (Fondo de Desastres Naturales) como del Programa de Escuelas al Cien, para la reconstrucción de las escuelas que fueron afectadas”, añadió.
“Sus escuelas estarán nuevamente de pie en cada una de las comunidades afectadas”, mencionó.
El primer mandatario destacó que los templos, que para las comunidades son algo especialmente relevante y les dan sentido de identidad, de unión, de convivencia y de expresión, también serán reconstruidos. Resaltó que a través de la Secretaría de Cultura se ha venido haciendo un inventario de los más de 200 templos que en Oaxaca resultaron afectados. “Sus templos van a estar nuevamente muy bien, muy bellos, hermosos, para que ustedes sigan conservándolos y cuidándolos como parte de su comunidad”, expresó.
Refirió que en los siguientes días también iniciarán las labores de limpieza de predios, que tomarán varias semanas.
El titular del Ejecutivo federal puntualizó que en el municipio de Santiago Niltepec resultaron afectadas 1,601 viviendas, de las cuales prácticamente mil tendrán que reconstruirse porque tuvieron grandes afectaciones y son inhabitables, y otras 600 tuvieron daños parciales.
Indicó que a través de la Secretaría de Economía se apoyará a 70 locales comerciales que en este municipio resultaron afectados, “para que puedan reponer sus inventarios y puedan nuevamente poner en marcha los negocios que eventualmente se perdieron”.
“Me da gusto que dentro de toda esta condición y esta emergencia el ánimo esté de pie, el ánimo esté renovado, estén echados para adelante y dispuestos a ser parte de la reconstrucción”, expresó el Presidente Peña Nieto.
“No nos hemos ido, ni nos habremos de ir. Permaneceremos aquí. Agradezco y reconozco el gran ánimo que hay entre la sociedad”.
No obstante las promesas de apoyo y del inicio de la reconstrucción de las comunidades hecha por el Presidente de la República, aún subsisten urgencias en comunidades apartadas a las que no ha llegado la ayuda y no hay evaluación alguna de sus viviendas.
De manera particular, diversos agentes municipales denuncian que carreteras y caminos están completamente inservibles y existen lugares donde no se ha restablecido el suministro de la energía eléctrica. Ante tales anomalías, los afectados amenazan con el bloqueo de la carretera federal 175, programada el 26 de septiembre, para conseguir la pronta intervención de las autoridades estatales y federales.
Entre las comunidades afectadas están las de los Naranjos Esquipulas, municipio de San Pedro Pochutla, Putla Villa de Guerrero y de la Sierra Mixe, los municipios de Santa María Tepentlali, San Juan Juquila Mixes, Santiago Zacatepec, Santiago Choapam, San Pedro Ocotepec, San Pedro Chimaltepec, Totontepec Villa de Morelos, San Miguel Quetzaltepec, Asunción Cacalotepec, Mixistlán de la Reforma, Santa María Alotepec y Santa María Tlahuitoltepec.
En este sentido, y ya que es la principal demanda de los afectados, se considera un exhorto urgente a la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que realice las evaluaciones y acciones que permitan la reconstrucción o rehabilitación de viviendas de las localidades y municipios señalados.
Teniendo en cuenta la magnitud de los daños en infraestructura de carreteras y caminos del Estado de Oaxaca, es oportuno el exhorto al secretario de Comunicaciones y Transportes para que, en el ámbito de su competencia, realice la evaluación de daños de los tramos carreteros y puentes que comunican a las localidades mencionadas a fin de adoptar las medidas pertinentes para atenderlos y superarlos de inmediato.
De igual manera, se considera un exhorto al gobernador del Estado de Oaxaca para que, en el ámbito de su competencia, realice las acciones inmediatas que permitan la reconstrucción de viviendas y la rehabilitación de caminos y carreteras de las localidades mencionadas.
Por lo anterior expuesto, se presenta a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que realice las evaluaciones y acciones que permitan la reconstrucción o rehabilitación de viviendas de los Naranjos Esquipulas, municipio de San Pedro Pochutla, y de los municipios de Santa María Tepentlali, San Juan Juquila Mixes, Santiago Zacatepec, Santiago Choapam, San Pedro Ocotepec, San Pedro Chimaltepec, Totontepec Villa de Morelos, San Miguel Quetzaltepec, Asunción Cacalotepec, Mixistlán de la Reforma, Santa María Alotepec y Santa María Tlahuitoltepec de la Sierra Mixe del Estado de Oaxaca afectados por el sismo del siete de septiembre.
Segundo. Se exhorta al secretario de Comunicaciones y Transportes a realizar la evaluación de daños y rehabilitación de los tramos carreteros y puentes que comunican a los Naranjos Esquipulas, municipio de San Pedro Pochutla, al municipio de Putla Villa de Guerrero y a los de Santa María Tepentlali, San Juan Juquila Mixes, Santiago Zacatepec, Santiago Choapam, San Pedro Ocotepec, Totontepec Villa de Morelos, San Miguel Quetzaltepec, Asunción Cacalotepec, Mixistlán de la Reforma, Santa María Alotepec y Santa María Tlahuitoltepec de la Sierra Mixe del Estado de Oaxaca afectados por el sismo del siete de septiembre.
Tercero. Se exhorta al gobernador del estado de Oaxaca para que, en el ámbito de su competencia, realice las acciones inmediatas que permitan la reconstrucción de viviendas y la rehabilitación de caminos, carreteras y puentes de los municipios de San Pedro Pochutla, Putla Villa de Guerrero y de los de Santa María Tepentlali, San Juan Juquila Mixes, Santiago Zacatepec, Santiago Choapam, San Pedro Ocotepec, San Pedro Chimaltepec, Totontepec Villa de Morelos, San Miguel Quetzaltepec, Asunción Cacalotepec, Mixistlán de la Reforma, Santa María Alotepec y Santa María Tlahuitoltepec de la Sierra Mixe afectados por el sismo del siete de septiembre.
Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 27 de septiembre 2017.
Diputada Natalia Karina Barón Ortiz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de la Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca, Puebla, estado de México y Morelos a emitir con la mayor brevedad la declaratoria de cero pago de derechos por reposición de escritura pública sobre los inmuebles dañados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, y de actas de nacimiento de la población afectada, a cargo del diputado Carlos Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Morena en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I, III, IV y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos, someto a la consideración de este pleno, proposición con punto de acuerdo con carácter de obvia y urgente resolución al tenor de las siguientes
Consideraciones
Debido a los sismos registrados el pasado 7 y 19 de septiembre del año en curso, en donde varios estados sufrieron, las consecuencias de esos naturales, a decir las cifras que ha manejado el Gobierno Federal en los reportes se estima que, en el primer sismo registrado, había aproximadamente 110 mil inmuebles que resultaron con daños en los Estados de Oaxaca y Chiapas, dañándose 19 escuelas aproximadamente
En el estado de Oaxaca se presentaron las mayores afectaciones de inmuebles, con al menos 57 mil, mientras que en Chiapas se contabilizan aproximadamente 53 mil inmuebles con daños.
Aunado a los daños ya sufridos, el pasado 19 de septiembre del año en curso, se presentó nuevamente un terremoto de 8.2 grados, que sacudió a la Ciudad de México, a los Estados de Morelos, Puebla, el estado de México, como consecuencia de este fenómeno, hubo pérdidas humanas, inmuebles que sufrieron daños, a decir de ello el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, refirió que recibió 3 mil 848 reportes de inmuebles que tiene algún grado de daño y que deberán ser inspeccionados por cuadrillas de la Secretaria de Protección Civil, para determinar el grado de daños.
El día de hoy el titular del Ejecutivo de la Ciudad de México, firmó un decreto para la reconstrucción y recuperación de la Ciudad de México, a fin de atender la vulnerabilidad de las personas que perdieron su vivienda después de los sismos, el plan constituye tres acciones:
El Plan se constituye de tres acciones que incluyen:
Creación de la Plataforma CDMX para la atención integral de necesidades de la población afectada.
Paquete inicial de respuesta a urgencias sociales y económicas.
Creación de la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación.
En conferencia de prensa, Mancera dio a conocer las medidas que entrarán en vigor a partir del día de mañana, que consiste en otorgar un apoyo temporal de 3,000 pesos mensuales para renta de un inmueble, mientras se realice un dictamen sobre los daños de las viviendas.
“Vamos a seguir trabajando hasta que rescatemos a la última persona, atendamos a todos los afectados y construyamos una ciudad con mejores oportunidades para todos”, subrayó.
Además, en la Plataforma CDMX, dijo, se integrará los datos de personas e inmuebles afectados por el terremoto y resaltó que continuarán con los trabajos hasta que se rescate a la última persona de los edificios colapsados.
Cada punto de información va a estar relacionado a un inmueble que haya sufrido algún tipo de daño durante el sismo y que la consolidación de los datos en un solo sistema permitirá registrar y validar la información de inmuebles y negocios.
La Plataforma CDMX jugará un papel fundamental en la integración y despliegue de los programas de atención y apoyo que permitirá en forma continua dar seguimiento, coordinación y control a lo largo de todos los esfuerzos de las urgencias y recuperación, afirmó Mancera.
El jefe de gobierno capitalino dijo que se lanzará un paquete de atención a urgencias sociales y económicas además se creará la Comisión para la Recuperación y Transformación; el paquete inicial de respuesta ante emergencias sociales y económicas permitirá atender de forma inmediata a la población de la CDMX tras el sismo del pasado martes.
Este plan que anuncio el mandatario capitalino, es un buen proyecto que permitirá a los afectados del sismo tener el apoyo necesario para reconstruir su patrimonio, sin embargo, recordemos que muchas víctimas del sismo perdieron sus documentos, desde sus actas de nacimiento, credencial de elector, escritura pública, que les permita a los afectados acreditar su propiedad.
Hemos visto el apoyo y solidaridad que la sociedad civil, y que el pueblo de México han brindado a las víctimas, es de hacer notar que el Instituto Nacional Electoral ha comunicado que de manera pronta y expedita entregara las credenciales del INE a los afectados, el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, se ha solidarizado para brindar asesoría jurídica gratuita, sin embargo la expedición del instrumento notarial llamada escritura pública se tienen que pagar los derechos por la reexpedición, e igual la reposición de actas de nacimiento tiene un costo.
Por lo anterior de manera atenta y respetuosa se exhorta a los Gobiernos de los Estados que fueron afectados por los sismos a que emitan la declaratoria que se exenté del pago de derechos por reexpedición de escritura pública y actas de nacimiento de todas las personas que fueron afectados por los sismos, que les permita volver a contar de manera gratuita con sus documentos de identidad, y el documento oficial que les permita acreditar su patrimonio y puedan ser beneficiados con los programas que implemente el Gobierno Federal en conjunto con cada Estado afectado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera atenta y respetuosa a los titulares del Ejecutivo de los estados que fueron afectados por los recientes sismos ocurridos a que de manera urgente emitan la declaratoria de exención de pago de derechos por reexpedición de escritura pública y actas de nacimiento a la población que fue afectada por los pasados sismos.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera atenta y respetuosa a los titulares del Ejecutivo de los estados a que dicha declaratoria la publiquen en sus portales, para que la ciudadanía se entere del beneficio.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de septiembre de 2017.
Diputado Carlos Hernández Mirón (rúbrica)