Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, relativo a analizar los daños ocasionados en La Montaña, la región centro y la Costa Chica de Guerrero por el huracán Max a efecto de emitir la declaratoria de emergencia y activar los recursos del Fonden para apoyar a los afectados, a cargo del diputado Ricardo Taja Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Ricardo Taja Ramírez, diputado federal de la LXIII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción 1, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a su consideración, el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La costa del estado de Guerrero ha sufrido históricamente los golpes de los ciclones, tormentas y huracanes, cada temporada de lluvias la población se encuentra temerosa ante los embates que cada temporal pueda tener en la región, habida cuenta de que sus economías apenas les permiten la subsistencia diaria.

Las cifras reportan hasta el momento por este fenómeno natural: una persona fallecida, mil 313 viviendas inundadas, 4 casas colapsadas, 773 damnificados, las carreteras puentes y caminos destrozados de 28 municipios, así como 5 pueblos incomunicados con ríos y presas en su límite máximo.

Se requiere que Protección Civil realice los recorridos y determine las afectaciones en los municipios antes mencionados ya que las poblaciones de la costa chica, montaña y zona centro son alejadas y los caminos están destrozados y de difícil acceso.

La necesidad y urgencia de los pobladores es grande, debemos voltear al estado de Guerrero, el cual se encuentra bastante afectado por las torrenciales lluvias que han azotado al sur del país.

Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración de esta representación nacional, el siguiente:

Punto de acuerdo

De urgente u obvia resolución

Único. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación a que gire las instrucciones a quien corresponda, con el objeto de analizar las afectaciones sufridas en los municipios de: Acapulco, Florecio Villarreal, Tlapa de Comonfort, Metlatonoc, Ayutla de los Libres, San Luis Acatlán, Malinaltepec, Atlamajalcingo del Monte, Marquelia, Copala, Ometepec, Juchitan, Azoyu, Cochoapa El Grande, Eduardo Neri, Petatlán, San Marcos, Cruz Grande, Copala y más de 40 municipios afectados incluyendo la Región de la Montaña, la Región Centro y la Costa Chica del estado de Guerrero, a efecto de emitir la declaratoria de emergencia y activar los recursos del Fondo de Desastres Naturales para apoyar a los afectados del huracán Max .

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a septiembre 19 de del 2017.

Diputado Ricardo Taja Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la infraestructura física educativa dañada por el sismo del 7 de septiembre y sus réplicas, a cargo de la diputada Rocío Matesanz Santamaría, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Rocío Matesanz Santamaría, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, al tenor de los siguientes

Considerandos

Es del conocimiento público que diversos planteles escolares, especialmente en los estados de Chiapas y Oaxaca, han resultado severamente afectados por el sismo del pasado 7 de septiembre del actual y sus sucesivas réplicas; lo que ha derivado en la suspensión de clases en diferentes entidades del país, con el objetivo de verificar el estado de seguridad que guardan los inmuebles o incluso, determinar si se procederá a su demolición. Esta situación se agrava frente a los daños que unos días antes se habían generado por la embestida del huracán Katia en territorio nacional, que también causó graves afectaciones e inundaciones en la infraestructura escolar.

Dicha situación, desde luego es más preocupante y generalizada en los estados citados, pero también abarca otras entidades como Ciudad de México, estado de México, Guerrero, Hidalgo, Tabasco, Puebla y Veracruz ; como se desprende del listado publicado por la propia Secretaría de Educación Pública (SEP. 10.09.2017), en el que se detallan las “Escuelas afectadas por el sismo que mantienen suspensión de clases” .

Estos hechos que no sólo ponen en riesgo la continuidad del ciclo escolar que recientemente ha dado inicio, sino incluso, la seguridad de los alumnos (vida e integridad corporal), que en sí misma constituye una garantía primordial, cuya salvaguarda corresponde a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), como autoridades responsables de vigilar que la educación que se brinda a niñas, niños y adolescentes del país sea de calidad y en las condiciones de seguridad y dignidad que los estudiantes del país merecen, conforme a lo dispuesto por los artículos 3o., párrafo tercero, constitucional; artículo 2o. de la Ley General de Educación, así como por los artículos 2o. y 7o. de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, entre otras disposiciones aplicables.

Frente a un momento tan complicado y sensible como el que atraviesa nuestro país, pero sobre todo por la importancia que la educación representa para su futuro, y en especial para el futuro de niñas, niños y adolescentes de la zonas afectadas, resulta prioritario que las autoridades responsables informen a la ciudadanía respecto de diversos aspectos, a fin de que se puedan coordinar esfuerzos y tomar las acciones conducentes. A saber:

1) En primera instancia, la SEP, en coordinación con las autoridades educativas locales, deberá establecer en cada una de las entidades afectadas, un programa de reubicación y reposición de clases en favor de los alumnos cuyos planteles no les brindan las medidas de seguridad necesarias, a fin de evitar que sus estudios se vean interrumpidos.

2) Que el Inifed presente un informe detallado del estado que guarda la infraestructura física educativa en las entidades federativas afectadas y el monto estimado para la reparación de los daños en cada una de ellas.

3) Que las autoridades federales (SEP e Inifed) informen respecto de la cuantía de los recursos con que cuentan cada uno de los institutos de infraestructura física educativa locales, para atender la reparación, reconstrucción, demolición y/o edificación de los planteles que hayan sufrido daños.

4) En caso de que los institutos de infraestructura física educativa de las entidades federativas no tengan los recursos necesarios o estos resulten insuficientes para afrontar la situación de emergencia que les aqueja, la SEP, en calidad de dependencia responsable de la educación a nivel federal, en coordinación con el propio Inifed, deberá determinar e informar puntualmente sobre los recursos y el origen de los mismos (especificando partida presupuestal, rama y UR), que se destinarán a fin de proveer de los fondos necesarios para que dichos institutos realicen la reparación, reconstrucción, demolición y/o edificación de la infraestructura física educativa.

5) Con el objetivo de garantizar la adecuada evaluación, supervisión y asesoría en el proceso reconstructivo de la infraestructura física educativa que así lo requiera, el Inifed deberá integrar grupos o brigadas de trabajo conformados por especialistas (ingenieros, arquitectos y técnicos en general) que coadyuven a la labor referida, en las distintas entidades del país que han sufrido afectaciones, e informar si cuenta con los recursos necesarios para su integración y equipamiento.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente:

Punto De Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa para que transparente detalladamente e informe a la ciudadanía las acciones y las fuentes de los recursos públicos con los que se atenderá, por parte del gobierno federal y los gobiernos locales, la reparación y reconstrucción en las distintas entidades federativas del país, la infraestructura física educativa dañada a consecuencia del sismo del pasado 7 de septiembre de 2017 y sus réplicas. Asimismo, se les exhorta a realizar los trabajos necesarios a fin de evaluar y supervisar tales acciones y el uso de los recursos públicos que se erogarán en ello.

Fuentes

SEP (10.09.2017). Escuelas afectadas por el sismo que mantienen suspensión de clases. Disponible en línea en:

https://www.gob.mx/sep/documentos/escuelas-afectadas-que -supenden-clases-el-dia-lunes-11-de-septiembre-para-revision-de-protecc ion-civil?idiom=es

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2017.

Diputada Rocío Matesanz Santamaría (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México a dejar sin efectos la declaratoria del Instituto Estatal del Transporte sobre el incremento de tarifas del servicio y desarrollar políticas para garantizar un transporte seguro, eficiente y óptimo, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Omar Ortega Álvarez, diputado de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II; y 2, fracción I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Al inicio del gobierno de Eruviel Ávila en el estado de México, la ciudadanía se enfrentaba a un grave y sistemático problema: la inseguridad en el transporte público. Frente a esto, el gobernador, en coordinación con la Secretaría de Movilidad, presentó un programa de diez acciones para impulsar su mejora prometiendo que los resultados serían paulatinos y se verían a mediano plazo de su mandato. Sin embargo, la problemática fue desatendida por las autoridades por lo que la inseguridad aumentó, así como una serie de abusos.

De esta manera, el decálogo del gobernador puede catalogarse como un gran fracaso de su administración puesto que sólo tres de los diez puntos fueron cumplidos, de manera parcial. Estos fueron: inspecciones en las unidades, la Línea de Queja y Denuncias, así como la construcción del Mexicable y ampliación del Mexibus, aunque no construyó líneas nuevas ni líneas de metro (se habían comprometido dos líneas del Sistema Colectivo Metro para el oriente mexiquense), incumpliendo también con la conclusión de la construcción de la Línea 4, que correría de Tecámac a Indios Verdes.

Además de la parcialidad del cumplimiento de sus acuerdos en una sola área de todo su plan de gobierno, Ávila, no pudo cumplir con los siguientes puntos de su propio decálogo:

• Servicio de calidad: regularizar a operadores de transporte público

• Modernización de servicio: operación de unidades con cámaras e internet

• Mobiliario urbano multifuncional

• Regularización de transporte

• Seguridad

• Reordenamiento Toluca

• Foros de consulta

Pese a todo lo señalado, a unos días de dejar su mandato constitucional, el gobernador Eruviel Ávila formalizó –lo que ya se implementaba–, el incremento de dos pesos en las tarifas en el transporte público (de 8 a 10 pesos) y de un peso en Mexibús y Mexicable. Desde febrero de 2017, el PRD en el estado de México denunció el incremento unilateral en el transporte público argumentado por el “gasolinazo”, de principios de año siendo la autoridad mexiquense complaciente y cómplice frente a estos abusos.

En el comunicado institucional, se señalaba que “el ajuste compromete a los transportistas a cumplir una serie de acciones como las mencionadas, con lo que se busca beneficiar a los usuarios del transporte público, por lo que también deberán destinar los recursos a la renovación del parque vehicular e instalar sistemas de geolocalización”; es decir, que con este aumento se pretende renovar unidades, capacitar operadores, instalar medidas de seguridad como botones de pánico. Sin embargo, estas palabras son una expresión reciclada que le ha servido a los gobiernos priistas desde hace décadas sin que haya existido un reordenamiento del transporte; de hecho, se calcula que al menos 50 mil unidades operan de forma irregular.

Hoy la sociedad mexiquense recuerda que en 2013, Eruviel Ávila reconoció que las autoridades estaban en deuda con la sociedad por la problemática de movilidad, señalando que debían dar el servicio que la gente merece. Cuatro años después, a cinco días de terminar su administración, traiciona a los mexiquenses, lastimando a la economía familiar.

La contención del incremento durante la pasada campaña electoral y su reactivación justo antes del término de la aún actual administración, deja ver la intensión de no provocar malestar entre la ciudadanía y cubrir las espaldas de la siguiente administración, pero también deja ver una estrategia para cumplir el compromiso con el gremio transportista del incremento que en los hechos se venía tolerando.

La autorización del incremento de tarifas es una medida que debe aplazarse, de lo contrario los acuerdos de mejora del servicio quedan como una promesa en el aire ante una autoridad saliente que deja a la ciudadanía a merced de los abusos.

No podemos hacer oídos sordos a la ciudadanía, el descontento social será provocado por este incremento, por ello debemos desarrollar una política pública creíble y eficaz que revierta el caos que existe en el transporte a lo largo y ancho del territorio mexiquense.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno del estado de México a dejar sin efectos la Declaratoria del Instituto Estatal del Transporte para incrementar la tarifa del servicio de transporte mexiquense y a desarrollar las políticas públicas necesarias para garantizar un transporte seguro, eficiente y óptimo para la ciudadanía.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2017.

Diputado Omar Ortega Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a las acciones emprendidas para solucionar de modo integral el problema de las tienditas de narcomenudeo que han proliferado en la Ciudad de México y zona conurbada, a cargo del diputado Carlos Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Morena en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I, III,IV y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos, someto a la consideración de este pleno, proposición con punto de acuerdo con carácter de obvia y urgente resolución al tenor de la siguiente:

Consideraciones

María Sierra Pacheco, investigadora del Instituto de Ciencias Penales, refiere en una reflexión sobre el tema del narcomenudeo, que los delitos contra la salud en materia de narcóticos tienen dos principales vertientes: la primera, se constituye por todas aquellas actividades ilícitas encaminadas a lo que comúnmente se conoce como narcotráfico; y la segunda, se circunscribe propiamente al acto comercial entre el proveedor y el consumidor de la droga, es decir, al narcomenudeo. Estos fenómenos son complejos, y su combate requiere de estrategias dirigidas a atacar tanto al que produzca, trafique, posea, distribuya o transporte; así como al que comercia y suministra alguna de las sustancias señaladas como ilícitas por la Ley General de Salud.

En consecuencia, ante el problema del consumo de drogas en México, que es por demás conocido, no sólo en el ámbito social, sino también en el político, económico, de salud y de seguridad, el Estado tiene la obligación de asumir un papel combativo, pero sobre todo decisivo, frente a esta grave problemática.

Se considera que la guerra frontal contra el narcotráfico no estaría completa si no se ataca también el narcomenudeo, es por ello que el 20 de agosto de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del Código de Procedimientos Penales, relacionados con el tema del narcomenudeo.

En el ámbito legislativo se han realizado diversas reformas, sin embargo, es un tema tan grave que lejos de disminuir el narcomenudeo ha crecido, en la nota periodística del día 11 de septiembre del año en curso, publicada por David Fuentes, en el periodo El Universal refiere cifras alarmantes.

“El narcomenudeo en la Ciudad de México ha crecido de manera exponencial durante los últimos tres años, aunque las autoridades conocen el problema, no lo han combatido como tal, ni siquiera han dimensionado su magnitud. Tan sólo en el 2015 la Secretaria de Seguridad Pública de la Ciudad de México tenía conocimiento de 13 mil puntos de venta de todo tipo de droga”

Sin embargo, para enero de este año se contabilizaron 20 mil tienditas de venta de droga, ocupando espacios para la actividad delictiva, vecindades, canchas de futbol, espacios recreativos, tiendas de abarrotes, espacios a las afueras de escuelas, se estima que en promedio de acuerdo al informe compartido entre la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México y la Procuraduría Capitalina en cada delegación existen mil 600 “narcotienditas”.

Como ya se comentó se han realizado, reformas a distintos ordenamientos, considerando que son importantes para combatir este lastre que nos aqueja y que tanto daño a la sociedad, sin embargo, consideramos que el problema se debe combatir desde su origen atacando a la estructura de los menudistas, saber ¿quién los surte?, ¿de qué punto llega la droga? Y ¿cómo se conforma la célula delincuencial?

Los más vulnerables ante esta problemática son nuestros niños y niñas, adolescentes, jóvenes, quienes son los consumidores más vulnerables, e incluso los que son incautados para ser distribuidores, por ello consideramos altamente importante, unir esfuerzos para buscar soluciones integrales, que permitan a todos los niños y jóvenes apartarse de esta gran problemática, en donde participe el gobierno, las escuelas, los padres de familia, ya que el apoyo tiene que tiene que ser integral, para obtener mejor y mayores resultados, si el gobierno crea políticas públicas eficientes, y se flaquea en la escuela o en la familia, evidentemente no hay resultados satisfactorios que nos permitan apartar a la juventud de este lastre.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a esta soberanía el siguiente:

Punto de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, a que hagan públicas las acciones que han realizado de acuerdo a la competencia y facultades de cada institución, para erradicar el problema del crecimiento de las “narcotienditas”, que efecto ha surgido en este últimos tres años.

Se informe y se publique si las autoridades del gobierno de la Ciudad de México han suscrito algún convenio de colaboración con el gobierno del estado de México, pues del fenómeno del crecimiento de las “narcotienditas” envuelve a la zona conurbada de la Ciudad de México.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría de Salud, de Educación y el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, haga públicas qué acciones de gobierno han implementado para dar atención, seguimiento a los jóvenes en el tema de la prevención de adicciones, que estrategia han realizado de manera conjunta con los titulares de la Secretarías de Seguridad Pública, de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México o en su caso con los titulares de las demarcaciones donde se presenta este hecho delictivo, para dar atención a los niños, adolescentes y jóvenes que han caído en este mortal problema de las drogas, se indique que acciones se han implementado para evitar que este grave problema alcance a más niños niñas, adolescentes y jóvenes.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo del mexiquense haga públicas las acciones de gobierno que ha implementado para combatir el tema del crecimiento de las “narcotienditas” y si ha realizado acciones en conjunto con el gobierno de la Ciudad de México para hacer frente a esta problemática.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2017

Diputado Carlos Hernández Mirón (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a buscar consensos para renovar del acta número 319 respecto al tratado de aguas internacionales México-Estados Unidos, la cual expira el 31 de diciembre de 2017, suscrita por la diputada Alma Lucía Arzaluz Alonso e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, Alma Lucía Arzaluz Alonso e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguiente

Exposición de Motivos

Las relaciones entre México y Estados Unidos se han ido profundizando con el tiempo e incluyen los más diversos temas, entre ellos el reparto y la gestión del agua en la región fronteriza, el cual en términos generales se ha negociado en un contexto de apertura y diálogo que ha permitido a ambas naciones beneficiarse de él.

El tratado de aguas internacionales (TAI) firmado por México y Estados Unidos en 1944 dio certeza jurídica al desarrollo del noroeste mexicano, pues no se puede soslayar que el río Colorado es hoy un factor esencial para la subsistencia de la región.

Con un flujo promedio anual de 17 mil millones de metros cúbicos de agua, el río Colorado es fuente de vida para Colorado, Utah, Arizona, Nevada y California, en Estados Unidos, así como Baja California y Sonora, en México. Su cuenca transfronteriza abarca 630 mil kilómetros cuadrados y recorre más de 2 mil 300 kilómetros: desde las Montañas Rocallosas hasta su desembocadura en el Golfo de California. Sus aguas sustentan 2.2 millones de hectáreas de agricultura y abastecen a más de 40 millones de personas, incluyendo grandes urbes como Denver, Phoenix, Las Vegas, Los Ángeles, San Diego, Mexicali y Tijuana.1

No obstante el valor de este recurso natural para el desarrollo regional, el río Colorado enfrenta diversas problemáticas. Es quizás el río con el flujo más controlado del mundo, con más de 80 represas a lo largo de su cauce; por otra parte, logra mantener un sistema de humedales de importancia internacional al final de su recorrido en su delta en México. Por su caudal, es el único río de importancia en todo el suroeste de Estados Unidos, pero padece de una sobreasignación estimada en 17 por ciento.

Las tensiones y los pleitos legales por la distribución y el uso de sus aguas son producto de la enorme complejidad de operación de su sistema. Pero, en otro sentido, representa una de las mejores oportunidades para mejorar la relación entre México y Estados Unidos en términos de colaboración y cooperación fronteriza.

El TAI es implantado por la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) y define la relación entre ambos países para los ríos Bravo (Grande), Colorado y Tijuana. El TAI es un documento que permite nuevas resoluciones para resolver necesidades o conflictos por medio de la aprobación de actas. Es de destacar que se han generado 322 actas a partir del tratado de aguas internacionales que han permitido resolver cuestiones de salinidad y saneamiento. Se ha creado infraestructura en la frontera y se ha forjado una política hídrica de cooperación entre ambos países en la cual coexisten sequía y restauración ambiental.

El TAI asigna a México cada año mil 850 millones de metros cúbicos de agua provenientes del río Colorado para distintos usos. El ingrediente principal para la sustentabilidad del sistema del río es la eficiencia en el uso del agua, una innovación que busca alcanzar lo que comúnmente se conoce como “manejo integral del agua”.

El acta 319 del TAI, firmada el 20 de noviembre de 2012, permitió establecer mecanismos para avanzar en la sustentabilidad hídrica en la cuenca de manera binacional. Los acuerdos del acta incluyeron la implantación de proyectos conjuntos de conservación del líquido, la definición de criterios que determinan los periodos de sequía en la cuenca y las medidas de recortes binacionales de agua para afrontar la sequía y evitar una crisis que afecte a los usuarios.

El acta referida permite a México almacenar agua de su asignación en las presas de Estados Unidos para realizar acciones encaminadas a eficientar el uso de agua y ahorrarla para usarla en caso de escasez. En esta acta se acordaron acciones para restaurar el delta del río Colorado en México, con aportaciones de agua para la naturaleza entregadas por México, Estados Unidos y una coalición binacional de grupos ambientales. Este hecho, de tan elemental racionalidad para la salud del ecosistema ribereño y deltaico, es quizás el único ejercicio similar en las 276 cuencas internacionales del mundo.

El acta 319 expira el 31 de diciembre de 2017. Para extender las medidas de cooperación para la sustentabilidad en la cuenca y la restauración del delta es necesaria la firma de una nueva acta del tratado de aguas internacionales. Las secciones mexicanas y estadounidenses de la CILA iniciaron un proceso de negociación en 2015 para tal efecto, convocando de nuevo a dependencias, usuarios, académicos y sociedad civil a fin de generar propuestas que permitan continuar y mejorar las acciones de cooperación en el río Colorado.

En el acta se define la manera en que ambos países compartirán el agua del río Colorado, conforme aumentan las presiones sobre los recursos hídricos. Por primera vez en la historia, los dos países se comprometieron a colaborar para asignar agua al río Colorado para fines ambientales, así como para emprender labores de conservación con el propósito de restaurar el delta del río, que constituye un ecosistema de importancia mundial.

Lo anterior representa un paso significativo hacia el logro de los objetivos de conservación para la región del Sonoran Institute, ya que se asignan flujos ambientales al delta por un periodo de cinco años y se establece un marco de referencia para impulsar las labores de restauración.2

Con el cambio de administración en el gobierno de Estados Unidos y la tensión actual en la relación bilateral con México, el proceso de negociación se detuvo. La propuesta de incrementar la extensión del muro en la frontera entre ambos países no sólo representa una amenaza física para las poblaciones de vida silvestre en la región sino que también levanta barreras para la cooperación binacional. Según investigadores de la Universidad de Arizona y de la Universidad Estatal de Colorado, los aumentos de temperatura podrían reducir los flujos de agua en el Río Colorado hasta en 30 por ciento para mediados del presente siglo. La afirmación por el presidente Donald Trump de que el cambio climático no existe no es un buen presagio para el futuro de las relaciones binacionales y tampoco para la adecuada preservación del río Colorado.

Es fundamental que la diplomacia mexicana encuentre a los aliados e interlocutores adecuados para lograr la seguridad hídrica en la cuenca del río Colorado. Los logros en la gestión de éste han sido hasta ahora sobresalientes; sin embargo, se necesita consolidarlos en el acta 319 con base en los aspectos de interés común en la región fronteriza, formalizándolos en una nueva acta del TAI.3

De la misma forma en que el tema del agua y su sustentabilidad es prioritario en los valles de Mexicali y San Luis Río Colorado, Sonora, así como en otras ciudades de Baja California, éste es uno de los temas prioritarios para Arizona, California, Nevada, Wyoming, Colorado, Utah y Nuevo México. Sin duda, fortalecer estos vínculos con los estados de la cuenca y entre distintos usuarios creará para México oportunidades de mejorar los resultados en una negociación binacional.

Para asegurar acuerdos que tengan solidez técnica, respaldo social y un balance saludable entre los usuarios, incluido el ambiental, es importante que se mantenga un proceso con principios de colaboración, diálogo, transparencia y participación de los distintos sectores de ambos países. Si esto se logra, se vislumbra la posibilidad de seguir encaminando la cuenca hacia la sustentabilidad, a pesar de las barreras que parecieran levantarse a lo largo de la frontera.

Por lo aquí expuesto pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de la república a buscar los consensos necesarios que conduzcan a la renovación del acta 319 respecto del tratado de aguas internacionales entre México y Estados Unidos, que expira el 31 de diciembre de 2017 y cuya vigencia es fundamental a efecto de garantizar la seguridad hídrica en la cuenca del río Colorado.

Notas

1 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Tratado sobre aguas internacionales entre México y Estados Unidos (mayo de 2011). Disponible en línea:http://sanignaciocg.gob.mx/wp-content/uploads/2012/12/Tratado-Agu as-Internacionales-entre-M%C3%A9xico-y-Estados-Unidos-Definici%C3%B3n-y -Clasificaci%C3%B3n-de-Sequ%C3%ADa.pdf

2 Sonora Institute, Colorado River Delta Restoration Project. El acta 319, acuerdo binacional sin precedente. Disponible en línea:

https://sonoraninstitute.org/files/pdf/Minute319-Spanish -Final2013.pdf

3 La Jornada Ecológica. “Cooperación entre México y Estados Unidos en el río Colorado”, Osvel Hinojosa-Huerta y Carlos A. de la Parra. Disponible en línea:

http://ecologica.jornada.com.mx/2017/07/26/cooperacion-e ntre-mexico-y-estados-unidos-en-el-rio-colorado-9615.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2017.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Nancy López Ruiz, Uberly López Roblero, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Edgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profepa a revisar lugares destinados a la vida silvestre o a zoológicos en el país, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, María Victoria Mercado Sánchez, diputada de esta LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el siguiente:

Consideraciones

En México, se detectaron prácticas que atentan contra la integridad de los animales, esto de conformidad con datos recabados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), quien registró que, de cada 10 zoológicos inspeccionados durante el último año en 6 existe maltrato animal y/o compras irregulares de los ejemplares. Asimismo, se informó, que operan 95 zoológicos donde habitan 20 mil 739 animales de 370 especies silvestres de aves, mamíferos y reptiles.1

De conformidad con el Programa Nacional de Inspección a Zoológicos, mismo que se encarga de establecer las visitas de verificación, registró que en 58 instalaciones, es decir 61.5 por ciento de los zoológicos, existen faltas al trato digno y respetuoso hacia los animales o los encargados no pudieron acreditar la legal procedencia de los ejemplares. 2

Ante este panorama, se aseguraron precautoriamente el 22 por ciento del total de los animales (cuatro mil 186 ejemplares), entre los que destacan tortugas, guacamayas, aguilillas, loros, pericos, iguanas, venados, coyotes, jaguares, tigres, cocodrilos, hipopótamos y jirafas.3

Por otro lado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente destacó que solo en el tres por ciento de los ejemplares asegurados (133) tenían signos de maltrato. En donde fueron atendidas denuncias ciudadanas por la muerte de animales en el Parque Zoológico Yumká en Tabasco y faltas al trato digno y respetuoso de un tigre de bengala en el Zoológico Wamerú, en Querétaro.4

En la Ciudad de México, no existen excepciones ya que desde el jueves 14 de julio del año en curso, falleció una hembra de bisonte, quien murió en el zoológico de Chapultepec, con lo que ya se suman seis casos de decesos recientes de especies en este zoológico.

• “Bantú . El miércoles 6 de julio, el gorila Bantú, de casi 25 años, falleció por una complicación cardiaca mientras se encontraba enjaulado para ser trasladado del Zoológico de Chapultepec, en la Ciudad de México, al de Guadalajara, en donde iba a aparearse con dos hembras de la misma especie. Al respecto, la Secretaría del Medio Ambiente de la capital mexicana indicó en un comunicado que sufrió un paro cardiaco, asegurando que se siguieron todos los protocolos médicos y veterinarios internacionales. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ya investiga la muerte de Bantú.

• Lio , un chimpancé que vivía en el Zoológico de Chapultepec, murió el pasado 24 de marzo. La Secretaría del Medio Ambiente señaló que la muerte sucedió de manera repentina y sin haber mostrado síntomas de enfermedad; sin embargo, según un video difundido por redes sociales, el animal estuvo convulsionando durante varios minutos, sin recibir atención.

• Maguie , una elefanta murió el 9 de abril pasado en el Zoológico de San Juan de Aragón, también ubicado en la Ciudad de México. La Secretaría de Medio Ambiente se reservó la información sobre su muerte.

• Khartoum , un rinoceronte blanco que habitaba en el Zoológico de Chapultepec murió en julio de 2014. Las autoridades reportaron que el animal murió a causa de una enfermedad genética de deficiencia renal, misma que fue tratada oportunamente con diversos medicamentos y analgésicos.

• Jambi, un orangután que vivía en el Zoológico de Chapultepec murió el 24 de julio de 2015. Al respecto, la Secretaría de Medio Ambiente informó que la causa fue una pancreatitis”. 5

Otro incidente lo encontramos en el Estado de Hidalgo, en dónde el Ecoparque, suspendió sus actividades en virtud del hallazgo de 53 especies, de las cuales 44 no tenían papeles de procedencia legal, y las otras 9 por faltas al trato digno y respetuoso, aunado a ello, la condición bajo la que viven estas especies, es deplorable y no tienen atención médica veterinaria.6

Ante la presencia de estas anomalías, es necesario actuar y hacer frente y proteger a quienes no tienen la capacidad de solicitar ayuda o poder defenderse, es injusto que existan lugares destinados a la conservación y protección de los animales, y que lejos de ello, sean brutalmente maltratados, se encuentren hacinados y no existan las condiciones físicas para su conservación

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para que revise exhaustivamente los lugares destinados a la vida silvestre y/o zoológicos del país, en virtud de las diversas irregularidades, maltrato animal y carencias que existen dentro de los mismos.

Notas

1 En 6 de cada 10 zoológicos mexicanos hay maltrato o compras irregulares

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/07/22/1106259

2 En 6 de cada 10 zoológicos mexicanos hay maltrato o compras irregulares

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/07/22/1106259

3 En 6 de cada 10 zoológicos mexicanos hay maltrato o compras irregulares

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/07/22/1106259

4 En 6 de cada 10 zoológicos mexicanos hay maltrato o compras irregulares

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/07/22/1106259

5 Van 6 casos de muertes de animales en los zoológicos de la CDMX

http://www.animalpolitico.com/2016/07/5-casos-muertes-an imales-los-zoologicos-la-cdmx/

6 Suspenden zoológico en Hidalgo, por maltrato animal. http://sipse.com/mexico/zoologico-hidalgo-maltrato-animal-265733.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2017.

Diputada María Victoria Mercado Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a realizar por la Cofepris ante las compañías productoras de dulces del país las acciones conducentes a evitar el uso de plomo u otro material dañino para la salud de la población, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2; del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que el plomo es un metal tóxico presente de forma natural en nuestro planeta, desafortunadamente, su uso generalizado ha provocado que en muchas partes del mundo se tengan importantes niveles de contaminación del medio ambiente, ocasionando graves problemas de salud pública.

La OMS, establece que el plomo es una sustancia que se acumula en el organismos, afectando a diversos sistemas del cuerpo, afectaciones que son especialmente dañinas en las niñas y niños de corta edad; asimismo, se ha comprobado que en niveles de exposición bajos, o que no generan una sintomatología evidente, el plomo puede provocar alteraciones muy diversas en varios sistemas del organismo humano.

En los niños, el plomo afecta en particular el desarrollo del cerebro, lo que a su vez provoca una reducción del coeficiente intelectual, cambios de comportamiento, como la disminución de la concentración y aumenta las conductas antisociales, además que provoca un menor rendimiento escolar.1

Como podemos dar cuenta, el plomo es un metal peligroso para el ser humano, y peor aún si este es ingerido; luego entonces, resulta preocupante la reciente difusión de la publicación de la investigación Lead in candy consumed and blood lead levels of children living in Mexico City, 2 a cargo de un grupo de especialista del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), realizada en 2016.

En dicha investigación, se revela que existen concentraciones de plomo en los dulces más consumidos por los niños de la Ciudad de México. Se describe en la investigación, que el objetivo era conocer la existencia de una asociación entre el consumo de caramelos y los niveles de plomo en la sangre entre los niños.3

Los investigadores expusieron que aun cuando la mayoría de las muestras de caramelos tenía concentraciones de plomo por debajo del 0.1 partes por millón (ppm), nivel recomendado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA),4 se encontraron altas concentraciones de plomo en algunas de las muestras analizadas.

Estos resultados son preocupantes y requiere de la atención de las autoridades competentes para dar certidumbre y seguridad a los consumidores de este tipo de productos que en la mayoría de los casos son consumido por nuestras niñas y niños; los organismos internacionales de la salud estiman que los efectos neurológicos y conductuales asociados al plomo son irreversibles, por ello la premura de evitar que estos productos ocasionen serios problemas en la salud de las y los mexicanos.

Según la investigación realizada por los especialistas del INSP, son cinco los productos que registraron un nivel de plomo por encima de los estándares recomendados, la Rockaleta Diablo es la que demostró tener el mayor nivel de plomo (0.70 ppm); le sigue el Tiramindo (0.37 ppm); la Ricaleta Chamoy (0.19 ppm), la paleta Tutsi Pop (0.13 ppm) y finalmente está la Indy Marimbas (0.22 ppm).Todas, golosinas que se comercializan en nuestro país y tienen una gran aceptación por los consumidores.5

Tras estas aseveraciones, replicadas en distintos medios de comunicación, Tutsi pop, una de las compañías de dulces más grandes del país, respondió a través de un comunicado señalando que sus productos cuentan con un casi nulo contenido de plomo (0.005 ppm).

Como lo señala la OMS, no existe un nivel de concentración de plomo en sangre que pueda considerase exento de riesgo, por ello, es importante no minimizar esta situación y valdría la pena que el gobierno mexicano revisara a través de la Secretaría de Salud y sus organismos conducentes, una investigación que dé certidumbre a los padres de familia de los dulces que dan a sus hijos.

Por lo antes expuesto, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud para que, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), realice las acciones conducentes ante las compañías productoras de dulces localizadas en el país para evitar el uso de plomo o cualquier otro material que perjudique la salud de la población.

Notas

1 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs379/es/

2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26974363

3 http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/salud/17260-consumo-dulces-re lacion-plomo-sangre

4 La FDA es una división del Departamento de Salud del gobierno de los Estados Unidos de América, se encarga de la regulación de los medicamentos de uso humano y veterinario, vacunas y otros productos biológicos, dispositivos médicos, el abastecimiento de alimentos en Estados Unidos.

5 http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/estos-dulces-tienen-alto-nivel- de-plomo-si-esta-uno-de-tus-favoritos.htm

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2017.

Diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la PGR a atraer los casos de homicidios y agresiones contra periodistas y llevar a cabo acciones para que esos delitos no queden impunes, a cargo de la diputada Brenda Velázquez Valdez, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Brenda Velázquez Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, fracción II, numeral 2, fracción VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo con base en las siguientes:

Consideraciones

1. México se ubica como el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina y es el quinto a nivel mundial, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

2. De diciembre a la fecha han sido asesinados 14 periodistas en nuestro país, asimismo han perdido la vida dos escoltas de periodistas en el ejercicio de sus funciones.

3. Jesús Adrián Rodríguez Samaniego, 9 de diciembre de 2016, Chihuahua; Cecilio Pineda Brito, 3 de marzo de 2017, Guerrero; Ricardo Monlui Cabrera, 19 de marzo de 2017, Veracruz; Miroslava Breach Velducea, 23 de marzo de 2017, Chihuahua; Máximo Rodríguez Palacios, 14 de abril de 2017, Baja California Sur; Juan José Roldan Ávila, 16 de abril de 2017, Tlaxcala; Filiberto Álvarez Landeros, 29 de abril de 2017, Morelos; Javier Valdez Cárdenas, 15 de mayo de 2017, Sinaloa; Marcela de Jesús Natalia, 3 de junio de 2017, Guerrero; Salvador Adame Pardo, 26 de junio de 2017, Michoacán; el periodista hondureño Edwin Rivera Paz, 9 de julio de 2017, Veracruz; Luciano Rivera Delgado, 31 de julio de 2017, Baja California; Cándido Ríos Vázquez, 22 de agosto de 2017, Veracruz; Juan Carlos Hernández Ríos, 5 de septiembre de 2017, Guanajuato.

4. Estos 14 periodistas han perdido la vida en el ejercicio de su profesión, ya que el Estado ha sido incapaz de garantizar su seguridad, ahora no podemos permitir que no se haga justicia y se castigue a los responsables.

5. El 99.7 por ciento de las agresiones a periodistas quedan impunes, de las 798 denuncias presentadas ante la Fiscalía Especial para la atención de delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, solamente se ha emitido tres sentencias.

6. Es inaceptable el grado de impunidad que prevalece en nuestro país y particularmente en lo que se refiere a la violencia contra la libertad de expresión.

7. Es imperativo que la Fiscalía Especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión que atraiga los casos de agresiones y más aún de homicidios a periodistas, que realice todas las diligencias necesarias para capturar a los responsables.

Por lo anteriormente expuesto se presenta esta proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República a que, a través de la Fiscalía Especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión, atraiga los casos de homicidios y agresiones a periodistas.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República a que se lleven a cabo las acciones necesarias a fin de que los homicidios de los periodistas Jesús Adrián Rodríguez Samaniego, Cecilio Pineda Brito, Ricardo Monlui Cabrera, Miroslava Breach Velducea, Máximo Rodríguez Palacios, Juan José Roldan Ávila, Filiberto Álvarez Landeros, Javier Valdez Cárdenas, Marcela de Jesús Natalia, Salvador Adame Pardo, Edwin Rivera Paz, Luciano Rivera, Cándido Ríos, Juan Carlos Hernández, así como del escolta del periodista Julio Omar Gómez Sánchez, no queden impunes, que se realicen las investigaciones conducentes y se castigue a los responsables.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2017.

Diputada Brenda Velázquez Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Consejo de Salubridad General y la Ssa federal a acelerar y concluir los procesos técnicos, administrativos y presupuestarios para que el Fondo de Gastos Catastróficos y el Seguro Popular atiendan a los pacientes de cáncer de pulmón y esclerosis múltiple, a cargo de la diputada Eva Florinda Cruz Molina, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Eva Florinda Cruz Molina, del noveno distrito del estado de Oaxaca a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral I, fracción I, y 79, numeral I, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El artículo 1 de la Ley General de Salud establece que este ordenamiento es reglamentario del derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social.

El artículo 1 Bis de la misma Ley General de Salud define qué se entiende por salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Por su parte, en el artículo 2 la ley citada establece que el derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades entre otras, “el bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades” y “la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana”. La contribución para el ejercicio pleno de capacidades y para la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana, son las demandas precisas de los mexicanos hacia el sector público de la salud que padecen esclerosis múltiple (EM) y cáncer de pulmón.

Lo que no establece el artículo cuarto constitucional ni esta esta Ley (la Ley General de Salud) son restricciones a la población para el ejercicio pleno de este derecho, el derecho a la protección de la salud. Es pues suficiente, que en México 20 mil personas aproximadamente, según las estimaciones del sector salud, padezcan un desequilibrio a su estado de bienestar físico y mental que obstaculizan el ejercicio pleno de sus capacidades por esclerosis múltiple, para que el sector salud resuelva sus limitaciones y realice las acciones necesarias para cumplir con el mandato constitucional de prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana.

En la Revista Mexicana de Neurociencias, publicación oficial de la Academia Mexicana de Neurociencia de 2007; volumen 8, suplemento 2, se lee en su introducción: “El concepto de que la esclerosis múltiple (EM) representa un reto diagnóstico y terapéutico tiene especial aplicación en los países en desarrollo”, y propone desde ese año, el Consenso Mexicano para la Esclerosis Múltiple, una Guía Diagnóstica y Terapéutica para la elaboración de una Norma Oficial Mexicana para el manejo terapéutico de la Esclerosis Múltiple. También recomendó que las instituciones de salud dispongan de todos los medicamentos aprobados.

Recientemente, el presidente de la Comisión de Salud de esta LXIII Legislatura, doctor Elías Octavio Iñiguez Mejía, diputado federal del estado de Jalisco, estima que la atención del padecimiento puede costar a cada paciente o sus familias entre 20 mil y 30 mil pesos al mes, lo que haciendo el cálculo correspondiente para todos los pacientes, puede implicar de forma global un gasto de siete mil doscientos millones de pesos al año, por lo que propuso el punto de acuerdo para incluir el tratamiento y los medicamentos necesarios para la atención de las personas con esclerosis múltiple en las intervenciones cubiertas por el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos del Sistema de Protección Social en Salud, así como asignarle los recursos necesarios. La estimación de personas que cuentan con seguridad social bajo algún sistema y que padecen esclerosis múltiple afirma, se estima en un 40 por ciento, lo que deja a seis de cada 10 pacientes sin la protección en gastos de salud.

Respecto al cáncer de pulmón la situación es más grave aún. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), este cáncer provoca cerca de 8 millones de muertes al año, lo que la convierte en la principal causa de muerte a nivel mundial. Incluso se espera que de aquí al 2035 cerca de 15 millones de fallecimientos por año estarán relacionados con los tumores.

Respecto a México, el cáncer de pulmón es la primera causa de muerte por tumores malignos. Los especialistas advierten que actualmente este tipo de cáncer se presenta con mayor frecuencia en personas más jóvenes, que incluso nunca han fumado y que, el cáncer pulmonar es el segundo de mayor mortalidad para los hombres, con el 14 por ciento de las muertes por tumores malignos, después de el de próstata. Ocasiona 22 muertes al día en México y en los próximos años podría duplicarse el número de personas diagnosticadas con este tipo de cáncer. En México provoca unos seis mil decesos al año, aunado a ocho mil 300 nuevos casos que surgen.

El Inegi ya había informado que el número absoluto de defunciones por cáncer se incrementó, entre el 2004 y el 2013, en casi 20 por ciento, al haber pasado de 64 mil 333 en el primer año de referencia, a una suma de 78 mil 582 en el 2013. Para este último año, cinco de cada 100 mujeres de 15 a 19 años de edad que egresan del hospital por cáncer fallecen, siendo la tasa más alta de letalidad hospitalaria entre la población de cero a 19 años. De cada 100 defunciones por cáncer en la población de cero a 19 años, 57.1 por ciento corresponde a varones, mientras que 42.9 por ciento, a mujeres.

En el Catálogo Universal de Servicios de Salud 2016 de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, no se contemplan intervenciones del Seguro Popular ni del Programa Seguro Médico Siglo XXI que es parte del Seguro Popular, para la esclerosis múltiple ni para el cáncer de pulmón. La tabla de enfermedades que durante 2016 cubrió el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos sumaron 61 intervenciones ordenadas en nueve grupos de enfermedades en las que no se localiza la esclerosis múltiple ni el cáncer de pulmón.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Consejo de Salubridad General y a la Secretaría de Salud Federal a que se aceleren y concluyan los procesos técnicos, administrativos y de presupuesto para que el Fondo de Gastos Catastróficos y el Seguro Popular atiendan a las personas con padecimiento de cáncer de pulmón y de esclerosis múltiple a partir del año 2018. .

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2017.

Diputada Eva Florinda Cruz Molina (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la atención médica y la cobertura de salud y de medicamentos en todos los municipios de Baja California Sur, ante la crisis provocada por el huracán Lidia en la península, a cargo de la diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Mariana Trejo Flores, de la LXIII Legislatura Federal e integrante de la fracción parlamentaria de Morena, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79 numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados que somete a la consideración de ésta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes:

Consideraciones

Tras el paso del fenómeno meteorológico Lidia por la península de Baja California, los cinco municipios del estado fueron declarados como zona de desastre y son actualmente considerados para ser beneficiados por el Fondo Nacional contra Desastres Naturales (Fonden) por sus siglas.

Sin embargo, la terrible situación por la que atraviesa nuestro país en materia de desastres naturales ha tenido que dar un viraje súbito para atender la emergencia nacional en el estado de Oaxaca después del sismo de 8.2 grados en la escala de Richter, que afectó miles de viviendas y ha costado ya casi un centenar de vidas humanas.

Los esfuerzos de las secretarías de Estado y Protección Civil Nacional han abandonado los trabajos en Baja California, donde aún se viven los estragos ocasionados por la tormenta Lidia , para atender la emergencia de Oaxaca y Chiapas.

La situación en los municipios de Baja California Sur es de tensa calma, las labores de limpieza no han podido concluir, con ello la contaminación de agua potable y las principales redes de distribución de agua de los municipios ponen en riesgo la salud de los habitantes.

Los hospitales y centros de salud de la entidad están teniendo un alza en la cantidad de pacientes que requieren atención médica con síntomas o padecimientos originados a raíz del paso de la tormenta. Los medicamentos en la zona rural escasean y la demanda se incrementa exponencialmente en zonas rurales y urbanas.

Las condiciones climáticas en la costa del Pacífico informan sobre la posibilidad de la conformación de nuevos fenómenos climatológicos (tormentas o huracanes) que pueden tocar tierra en la región peninsular, lo cual agrava la situación, por lo cual es necesaria la intervención de la Secretaría de Salud federal y de la entidad para mantener abastecidos de medicamentos los centros de atención médica del estado, previendo de ésta manera que no se generalice un desabasto que exponga a los ciudadanos a condiciones de riesgo.

Los municipios de La Paz, Comondú, Mulegé, Los Cabos y Loreto concentran un total de 712 mil 29 habitantes, según fuentes del Censo Nacional de Población y Vivienda y, todos se encuentra en declaratoria de emergencia por el paso de la tormenta, que a su paso, cobró cuatro vidas humanas y causó daños que aún no se han podido cuantificar por el estado general de emergencia que se vive en México en la actualidad.

Por todo lo anterior expuesto e invocado en el proemio, someto a consideración de éste pleno el siguiente:

Punto de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura Federal exhorta respetuosamente al secretario de Salud del gobierno federal a establecer las medidas necesarias para garantizar el abasto de medicamentos y la cobertura hospitalaria en el estado de Baja California Sur en los cinco municipio que componen la entidad por la situación de emergencia que se vive en la región.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Dirección Nacional de Protección Civil a continuar con las labores de protección, análisis de riesgos y apoyo a los ciudadanos durante la temporada de huracanes vigente para 2017 en la región norte de la costa del Pacífico Mexicano.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2017.

Diputada Marina Trejo Flores (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a estados y ayuntamientos a cumplir en su Presupuesto de 2018 la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, suscrita por la diputada Daniela de los Santos Torres e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputada Daniela de los Santos Torres y diputados Federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de motivos

El 17 de julio de 2013, luego de agrupar diez iniciativas de diferentes legisladores y grupos parlamentarios, esta Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la reforma constitucional que daría inicio a la construcción del marco jurídico en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y municipios.

Luego de ser revisado en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, el proyecto de Decreto fue aprobado y dicha reforma constitucional entró en vigor el 27 de mayo de 2015, estableciendo principalmente lo siguiente:

1. El Estado debe velar por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero.

2. El Congreso de la Unión está facultado para expedir las leyes que contengan las bases generales para que los estados y municipios puedan incurrir en endeudamiento.

3. Las obligaciones a corto plazo deberán liquidarse a más tardar tres meses antes del término del periodo de gobierno.

4. Se marcaron los límites y modalidades bajo las cuales se pueden afectar las participaciones para cubrir empréstitos, así como la obligación de inscribir y publicitar la totalidad de los empréstitos y obligaciones de pago.

5. Se estableció un sistema de alarmas sobre el manejo de la deuda.

Así, esta legislatura dio paso a la normatividad reglamentaria y el 17 de marzo de 2016 aprobó la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, misma que fue publicada el 27 de abril del mismo año y que tiene como objetivo promover finanzas públicas locales sostenibles a través de reglas de disciplina financiera, uso responsable de la deuda pública y fortalecimiento de la transparencia.

En razón de ello, los presupuestos de ingresos y egresos de las entidades federativas, a partir de 2017, y de los municipios a partir de 2018, deben elaborarse incluyendo lo siguiente:

* Parámetros cuantificables e indicadores del desempeño;

* Deben ser congruentes con los planes estatales y el Plan Nacional de Desarrollo;

* Objetivos anuales, estrategias y metas;

* Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios Generales de Política Económica que abarcarán un periodo de cinco años en adición al ejercicio fiscal en cuestión (tres años para el caso de los municipios), mismas que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios subsecuentes;

* Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos;

* Resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los cinco últimos años (tres años para el caso de los municipios) y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable para este fin; y

* Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá actualizarse cada tres años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor presente.

Además, toda propuesta de aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos deberá acompañarse con la correspondiente iniciativa de ingreso o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto y no procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos, determinado por ley posterior o con cargo a ingresos excedentes.

Uno de los temas más importantes que comenzará a regir a partir de 2018 para todos los gobiernos estatales y municipales es el relativo al gasto en servicios personales, mismo que deberá presentarse en una sección específica del Presupuesto de Egresos y tendrá como límite lo que resulte menor entre un 3 por ciento respecto del ejercicio inmediato anterior o el crecimiento real del Producto Interno Bruto, que según los Pre-Criterios Generales de Política Económica 2017-2018 será de entre 2 y 3 por ciento.

Lo anterior significa que, por ejemplo, el municipio de Morelia, Michoacán, donde en 2015 se destinaron 578 millones 445 mil 589 pesos para servicios personales y 678 millones 440 mil 725 pesos para el mismo concepto en el año 2016, no podrá tener variaciones de ese tipo, pues el porcentaje del incremento alcanzó casi un 18 por ciento.

Por otro lado, el Poder Ejecutivo de cada entidad federativa realizará una estimación del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decretos que se presenten a la consideración de la legislatura local y realizará estimaciones sobre el impacto presupuestario de las disposiciones administrativas que impliquen costos para su implementación. Con ello, todo proyecto de ley o decreto deberá incluir en su dictamen correspondiente una estimación sobre el impacto presupuestario del proyecto.

En síntesis, de conformidad con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, los presupuestos de egresos estatales correspondientes a 2017 debieron elaborarse conforme a los criterios ya mencionados, mientras que los municipios tendrán dicha obligación hasta el 2018.

Si consideramos la trascendencia que tiene la observancia de esta ley, así como las posibles sanciones ante su incumplimiento, resulta necesario advertir a las entidades federativas y especialmente a los municipios para que tomen las previsiones correspondientes y den cabal cumplimiento a las disposiciones referidas, mismas que en muchos casos pueden resultar complejas.

Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo de cada una de las entidades federativas, a los respectivos Congresos estatales y a los presidentes municipales de todo el país a que en sus respectivos presupuestos de egresos, correspondientes al ejercicio fiscal 2018, tomen las previsiones necesarias a efecto de cumplir con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, especialmente lo dispuesto en los apartados que entrarán en vigor a partir de este año.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes de septiembre de 2017.

Diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México : Jesús Sesma Suárez, coordinador (rúbrica); Daniela de los Santos Torres, Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Nancy López Ruiz, Uberly López Roblero, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Edgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Claudia Villanueva Huerta y Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profeco a informar a los consumidores, hasta la entrada en vigor de las disposiciones primera y segunda transitorias de la NOM-194-SCFI-2015, sobre los mínimos irreductibles en materia de seguridad de un vehículo, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Mirza Flores Gómez, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 77 numeral I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Asamblea, el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 9 de mayo de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana 194-SCFI-2015, Dispositivos de seguridad esenciales -Especificaciones de Seguridad-. Dicha norma establece los nuevos dispositivos y especificaciones que en materia de seguridad se deben de incorporar en los vehículos nuevos, cuyo peso bruto vehicular no exceda los 3 mil 857 kilogramos y que se comercialicen dentro del territorio nacional.

La NOM-194-SCFI-2015 fue objeto de fuertes críticas debido a que anterior a su publicación, las armadoras automotrices en nuestro país no contaban con mínimos irreductibles en materia de seguridad, razón que evidenció la nula actuación e irresponsabilidad del Estado mexicano para proteger y garantizar la vida de los mexicanos.

Si bien la Norma Oficial Mexicana obliga la incorporación desde la versión básica de bolsas de aire, frenos ABS, recordatorio en el tablero para colocarse el cinturón de seguridad, luces de oposición, luces de reversa, direccionales, intermitentes, velocímetro, vidrios laminados y plastificados, estos son elementos mínimos con los que debe contar un vehículo. Ante ello Alejandro Furas, (Secretario de Latin NCAP) comentó en entrevista: “Hoy México exige aún menos de lo que exigía Europa hace 20 años en referencia a seguridad vehicular”.1

El Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe (Latin NCAP) es una asociación internacional conformada por especialistas en materia de seguridad vial y vehicular, la cual brinda a los consumidores información independiente y transparente acerca de los niveles de seguridad que ofrecen los diferentes modelos de vehículos en el mercado.

Uno de sus objetivos es alentar a los gobierno de América Latina a aplicar las regulaciones exigidas por la Organización de las Naciones Unidas referentes a los ensayos de choque para los vehículos de pasajeros.

En este sentido, la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución 64/255 del 1 de marzo de 2010 proclamó el periodo 2011-2020 “Decenio de Acción para la Seguridad Vial” , con el objetivo general de estabilizar y, posteriormente, reducir las cifras previstas de víctimas mortales en accidentes de tránsito en todo el mundo, aumentando las actividades en los planos nacional, regional y mundial.

En la resolución se solicita a la Organización Mundial de la Salud y a las comisiones regionales de las Naciones Unidas que, en cooperación con otros asociados del Grupo de colaboración de las Naciones Unidas para la seguridad vial y otros interesados, preparen un plan de acción del Decenio como documento orientativo que facilite la consecución de sus objetivos.

Al tiempo de pedir a los Estados Miembros que lleven a cabo actividades en materia de seguridad vial, particularmente en los ámbitos de la gestión de la seguridad vial, la infraestructura viaria, la seguridad de los vehículos , el comportamiento de los usuarios de las vías de tránsito, la educación para la seguridad vial y la atención después de los accidentes.2

Posterior a ello se presentó el Plan Mundial para el Decenio para la Seguridad Vial 2011-2020, cuya finalidad es servir de documento de orientación que facilite medidas coordinadas y concertadas destinadas al logro de las metas y objetivos del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011–2020.

Las actividades durante el Decenio deberían tener lugar en el plano local, nacional y regional, pero se hará hincapié principalmente en las medidas a nivel local y nacional. Se alienta a los países a que, dentro del marco jurídico de los gobiernos locales y nacionales, ejecuten las actividades de conformidad con los cinco pilares siguientes:

En relación a la NOM-194-SCFI-2015 es pertinente señalar el pilar numero 3: Vehículos más seguros, que contiene lo siguiente:

Si bien la Seguridad Vial es multifactorial, y muestra de ellos son los cinco pilares en los que está sustentado el Plan Mundial para el Decenio para la Seguridad Vial; en relación con la NOM-194-SCFI-2015 nuestro país apenas comienza con la regulación sobre los niveles de seguridad vehicular, y ya cuenta con un severo retraso.

Por su parte el Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial (2015), muestra que la mayor parte (91 por ciento) de las víctimas mortales causadas por el tránsito ocurre en los países de bajos y medianos ingresos, que tienen sólo el 48 por ciento de los vehículos registrados en el mundo.

Aproximadamente el 62 por ciento de las víctimas mortales notificadas por accidentes de tránsito se produce en 10 países, que, en orden de magnitud, son: India, China, Estados Unidos, Federación de Rusia, Brasil, Irán, México, Indonesia, Sudáfrica y Egipto, y representan el 56 por ciento de la población mundial.3

Las cifras antes mencionadas son reflejo de las altas ventas de vehículos que no cuentan con los estándares de seguridad en México, en la lista negra se encuentran los siguientes:

1. Tsuru GSI 17 de Nissan

2. Spark Classic LS M de General Motors

3. Aveo LS TM de General Motors

4. Versa Drive MT de Nissan

5. Tiida TM AC 1.6 de Nissan

6. March Sense TM Nissan

7. Mirage GLX de Mitsubishi

8. Grand i10 GL TM de Hyundai

9. Figo Impulse TM de Ford

10. Logan Authentique de Renault

Durante el primer trimestre de 2016, El modelo Tsuru de Nissan encabezó las ventas de vehículos ligeros en México, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Sin embargo este modelo ha estado envuelto en al menos 4 mil muertes por accidentes en el país entre 2007 y 2012, alertó Latin NCAP.4

Los modelos 2017 más vendidos en el país carecen de los dispositivos de seguridad mínimos, tales como el Aveo y Spark de General Motors. La versión más austera del Spark que se comercializa en Estados Unidos cuenta con frenos ABC, sistema de control de estabilidad (ESC) y 10 bolsas de aire, en México carecen de los tres elementos.

El Poder del Consumidor mencionó que el Aveo, que ocupa el segundo lugar de ventas en México, reprobó drásticamente la prueba de choque del Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe; obtuvo cero estrellas en seguridad para el ocupante adulto.5

Stephan Brodziak, coordinador de Seguridad Vehicular de EPC, denunció que en el país se continúan comercializando autos con seguridad débil gracias al contubernio que existe entre la industria automotriz y el Gobierno mexicano. Y agregó que “la industria automotriz aún con la NOM 194 nos siguen utilizando como ciudadanos de segunda [...] “A pesar de que hay una norma que entró en vigor en 2016, no vemos ninguna prisa de la industria automotriz por mejorar sus estándares de seguridad”, ya que la industria tiene hasta 2020 para comenzar a apegarse a dicha norma.6

El Programa Global de Evaluación de Vehículos Nuevos (Global NCAP, por sus siglas en inglés) ha estimado que aplicar adecuadamente las medidas de seguridad en todos los autos nuevos vendidos en México, salvaría hasta 3 mil 500 vidas para el año 2030.

Ante ello diversas organizaciones de la sociedad civil han levantado la voz, tal es el caso de la organización México Previene que ha evidenciado que nuestro país tiene el mayor rezago en el cumplimiento de los compromisos del Decenio de Acción por la Seguridad Vial, así como del Plan Global para la Seguridad Vial, ambos de las Naciones Unidas y firmados por México.

Y es que, del año 2000 al 2014, poco más de 237 mil 550 personas murieron a causa de accidentes viales en las calles y carreteras nacionales, a pesar de que 80 por ciento de los percances son prevenibles.7

Por su parte Reacciona por la Vida AC, busca ayudar a México a cumplir el objetivo del Decenio de Acción Para la Seguridad Vial 2011-2020 de reducir en un 50 por ciento las muertes por siniestros de tránsito. Esto significaría salvar la vida de al menos 66,000 personas y evitar lesiones de 4 millones de personas en los próximos años.

El Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes de la Secretaría de Salud ha informado que los accidentes de tránsito son la primera causa de muerte en la población de 5 a 34 años de edad y la segunda causa de orfandad en México.

En torno a lo dicho por Stephan Brodziak, el Estado mexicano se comporta inerme ante la Industria Automotriz, prueba de ello es la NOM-194-SCFI-2015 cuyo contenido es laxo y no obstante dichos lineamientos entraran en vigor en 2019 para vehículos nuevos (aquellos que se comercializan por primera vez en el mercado nacional) y para los vehículos nuevos existentes (vehículo que se está comercializando en el mercado nacional) hasta 2020.

En Estados Unidos las armadoras de automóviles como General Motors y Ferrari han tenido que pagar cuantiosas multas de más de mil millones de dólares, debido a la falta de seguridad vehicular; mientras las autoridades en nuestro país ponen en peligro la vida de las y los mexicanos por establecer bajos niveles de seguridad, comparándolos con países de la región como Argentina y Brasil.

Si bien el 12 de mayo de 2011, se presentó la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020; posterior a ello el Programa de Acción Específico Seguridad Vial 2013-2018, ambos han sido sinecura, solo se crean Programas artificiales que no han logrado disminuir los índices de mortalidad en accidentes de tránsito.

Ante ello la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha sido omisa, siendo que es la instancia encargada de proteger y promover los derechos de las y los consumidores, garantizando relaciones comerciales equitativas que fortalezcan la cultura de consumo responsable y el acceso en mejores condiciones de mercado a productos y servicios, asegurando certeza, legalidad y seguridad jurídica dentro del marco normativo de los Derechos Humanos reconocidos para la población consumidora. Así lo marca la Ley Federal de Protección al Consumidor en el artículo 1.

En el artículo anteriormente citado, se encuentra como principios básicos en las relaciones de consumo:

I. La protección de la vida, salud y seguridad del consumidor contra los riesgos provocados por productos, prácticas en el abastecimiento de productos y servicios considerados peligrosos o nocivos;

II. La educación y divulgación sobre el consumo adecuado de los productos y servicios, que garanticen la libertad para escoger y la equidad en las contrataciones;

III. La información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios, con especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio, así como sobre los riesgos que representen;

IV. La efectiva prevención y reparación de daños patrimoniales y morales, individuales o colectivos;

V-XI...

Sin embargo en lo que respecta a la industria automotriz, la Procuraduría Federal del Consumidor se comporta remisa, cómplice de la Secretaría de Economía; poniendo en riesgo la vida de las y los consumidores, violentando sus derechos.

Es preocupante que las autoridades encargadas de velar por la integridad y seguridad de la población mexicana, emitan lineamientos perniciosos que ponen en peligro la vida de las personas, a pesar de contar con información y cifras que demuestran que cada año en nuestro país mueren más de 600 personas por falta de medidas de seguridad en los vehículos o fallas en el diseño.

Es aras de prevenir y disminuir el alto índice de muertes por accidentes viales, debido a la falta de equipamiento en materia de seguridad de los vehículos que se comercializan en nuestro país, someto a su consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, licenciado Rogelio Cerda Pérez, a informar y dar a conocer a las y los consumidores, hasta la entrada en vigor del primero y segundo transitorio de la NOM-194-SCFI-2015, los mínimos irreductibles en materia de seguridad que debe de incluir un vehículo, así como los modelos que no cumplen con los lineamientos necesarios, en aras de proteger la vida de las y los mexicanos.

Notas

1 “México, con atraso de 20 años en riesgo vehicular”. Crónica [en línea] 8 Junio 2016 [Fecha de consulta 1 septiembre 2017] Disponible en: http://www.cronica.com.mx/notas/2016/965623.html#

2 Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020. Disponible en línea:

http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/span ish.pdf

3 “Situación de la Seguridad vial en el mundo” Disponible en línea:

http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safet y_status/report/state_of_road_safety_es.pdf?ua=1

4 “4,000 mexicanos han muerto en un Tsuru (2007-2012) en México, alerta reporte de la industria” sinembargo [en línea] 7 abril 2016 [ Fecha de consulta 1 septiembre 2017] Disponible en http://www.sinembargo.mx/07-04-2016/1645349

5 “El Aveo reprobó en seguridad y, coludido con funcionarios, GM lo vende así a los mexicanos: EPC” sinembargo [en línea] 2 agosto 2017 [ Fecha de consulta 1 septiembre 2017] Disponible en: http://www.sinembargo.mx/02-08-2017/3276337

6 Ibídem

7 “Organizaciones urgen a las autoridades promulgar la Ley General de Seguridad Vial” elbigdata [en línea] 9 agosto 2017 [Fecha de consulta 1 septiembre 2017] Disponible en: http://elbigdata.mx/mexico/organizaciones-urgen-a-las-autoridades-promu lgar-la-ley-general-de-seguridad-vial/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2017.

Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IMSS a incluir entre sus prioridades en los programas de obra la edificación y el equipamiento de un hospital regional en Coatepec, Veracruz, a cargo de la diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Noemí Zoila Guzmán Lagunes, diputada federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita exhortar al director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a que agregue, dentro de sus prioridades en los programas de obra, la edificación y equipamiento de un hospital regional en el municipio de Coatepec, Veracruz, para aligerar la excesiva carga de trabajo del Hospital General de Zona No. 11, en Xalapa, que atiende a 31 municipios que integran esa región veracruzana, bajo los siguientes

Considerandos

1. El Hospital General de Zona no. 11 de la Ciudad de Xalapa del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) atiende a una población derechohabiente del orden de los 31 municipios de esa región centro-norte del Estado, entre otros, Xalapa, Emiliano Zapata, Coatepec, Banderilla, Tlalnelhuayocan, Perote, Acajete, Actopan, Alto Lucero, Naolinco, Xico, Teocelo, Jalcomulco y Las Vigas de Ramírez.

Dicho hospital fue inaugurado el 12 de noviembre de 1964, con un total de 100 camas censables, para atender en ese entonces a una población de 60,676 personas, provenientes sólo de Xalapa, Veracruz Puerto y Coatepec. Hoy, 52 años después, cuenta con 167 camas censables y atiende a una población, adscrita a médico familiar, de 425,000 personas.

Es decir, mientras que, en todos los años que tiene de operación, el HGZ 11 ha visto aumentar en 67 las camas censables (65 por ciento),1 la población derechohabiente a la que debe dar servicio se ha multiplicado en más del 600 por ciento, lo que equivale a una cama censable por cada 2,550 afiliados.

2. Para dar dimensión a lo que esto significa, habría que recordar que, de acuerdo a indicadores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el promedio de camas de hospital por cada mil habitantes de los países asociados en 2012 era de 4.8.2 La proporción en países de menor desarrollo es, en promedio, de una cama por cada mil habitantes. En México, el porcentaje de camas censables en el sector público, según datos de la propia OCDE, era de 1.6 por ciento3 (según la Secretaría de Salud, ese mismo año, el número de camas censables era de 0.9 por ciento por cada mil habitantes);4 en tanto que, en Veracruz, a nivel estatal, con datos del INEGI de un año anterior, era apenas de 0.6 por ciento5

Bajo esos parámetros, es claro que la situación en el HGZ 11 del IMSS en Xalapa, no puede ser más que de saturación excesiva e insalvable incapacidad para atender a su derecho habiente, con la calidad y oportunidad que requieren.

Esto lo agrava el hecho de que, tan solo en los últimos 5 años, la población derechohabiente de Xalapa registra una tasa anual de crecimiento del 4.15 por ciento.6

3. Si se considera que, a pesar de todo, los servicios hospitalarios del IMSS son, después del Seguro Popular, los que más población atienden, es evidente que, a un mayor déficit de cobertura del Instituto, corresponderá una mayor presión sobre la calidad y la oportunidad de los servicios de aquél.

Los datos de la Encuesta Intercensal de 2015 así lo revelan. Los siguientes ejemplos son muy ilustrativos:7

En Xalapa, que es y con mucho uno de los municipios con mayor infraestructura de salud que existe en el Estado, la población total afiliada a alguno de los servicios de seguridad social, públicos o privados, es de 73.6 por ciento.8

De esa población, el IMSS atiende, tan solo en ese municipio, al 51.5 por ciento; mientras que el Seguro Popular, al 33.4 por ciento.

En Coatepec, que es uno de sus vecinos inmediatos, la afiliación total es del 77.9 por ciento; de ella, el IMSS atiende al 45.7 por ciento, es decir, 5.8 por ciento menos que en Xalapa; en tanto que el Seguro Popular se eleva al 48 por ciento, es decir, 14.6 por ciento más que en Xalapa.

Si la medición se hace en Teocelo, que es vecino de Coatepec, pero que está más alejado de Xalapa, la afiliación total se eleva al 89 por ciento y, de ésta, la atendida por el IMSS, baja al 18.7 por ciento y la del Seguro Popular se incrementa al 77.2 por ciento.

O bien, Xico, casi conurbado con Coatepec, la afiliación total y la del IMSS bajan al 80.5 por ciento y al 16.9 por ciento, respectivamente, en tanto que la del Seguro Popular alcanza al 84 por ciento.

Con excepción de Banderilla y Emiliano Zapata, donde hay una mejoría relativa en la afiliación al IMSS (47.4 por ciento y 44.9 por ciento, respectivamente), los otros municipios de la región, respecto a Xalapa, muestran diferencias, igual o más pronunciadas: menor filiación al IMSS y mayor la del Seguro Popular.

4. La ampliación de la cobertura y la mejoría general de los servicios de salud es ineludible, sobre todo, si se evalúa también a la luz de la transición demográfica y epidemiológica, que obliga a redefinir el perfil y las especialidades de la atención médica.

En efecto, como en el resto del país, también en el estado de Veracruz y en la región Capital, la estructura poblacional está cambiando, de una menor proporción de la población de 0 a 14 años (menos 2.0 por ciento), al incremento de población en edad productiva de 14 a 64 años (más 2.7 por ciento) y de los adultos mayores a 65 años (0.5 por ciento).

El descenso de la proporción de la población infantil y el incremento de la población mayor de 65 años, definirá también un nuevo panorama epidemiológico, condicionando la necesidad de recursos para la salud que demandará esa población, cuyas enfermedades estarán vinculadas a las cardiopatías, cáncer y enfermedades crónicas como diabetes mellitus, consecuencia del envejecimiento demográfico y del cambio epidemiológico. Esto constituirá un reto a los gobiernos que deberán de proporcionar, primero servicios de salud para una población en constante crecimiento.

En unas cuantas décadas, debido a los cambios en la natalidad y mortalidad, la población de adultos mayores será proporcionalmente mayor con las implicaciones económicas y sociales que esto implicará, derivados de sus problemas de salud.9

5. Habría que considerar, además, que, en el municipio de Coatepec, ya está asignado un terreno con una superficie total de 55,209.00 m2, que fue donado por el Gobierno del estado de Veracruz al Instituto Mexicano del Seguro Social, precisamente para la edificación de un nuevo Hospital.

Es evidente, entonces, la urgente necesidad, ineludible, de ampliar la cobertura, adecuar las especialidades a los perfiles demográficos y epidemiológicos en transición, y elevar la calidad y la oportunidad de los servicios que presta el IMSS en los 31 municipios de la región Xalapa.

De ahí la propuesta de exhortar al Instituto Mexicano del Seguro Social para que incluya a esa región en su agenda de prioridades y prevea en sus programas de obra y de inversión la construcción de una nueva unidad médica hospitalaria.

Por lo anterior, someto a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con

Punto de Acuerdo

Único: Que esta Honorable Cámara de Diputados, exhorte al director del Instituto Mexicano del Seguro Social, a que agregue, dentro de sus prioridades en los programas de obra, la edificación y equipamiento de un hospital regional en el municipio de Coatepec, Veracruz, para aligerar la excesiva carga de trabajo del Hospital General de Zona No. 11, en Xalapa, que atiende a 31 municipios que integran esa región veracruzana.

Notas

1 Camas censables: camas en servicio instaladas en el área de hospitalización para el uso regular de pacientes internos; se debe contar con los recursos materiales, de personal y de espacio indispensables para la atención médica del paciente. El servicio de admisión la asigna al paciente al momento de ingresar al hospital para ser sometido a observación, diagnóstico, cuidado o tratamiento. Es la base numérica a partir de la cual se produce la información sobre egresos hospitalarios, de ocupación y días estancia.

2 Estadísticas de la OCDE sobre la salud 2014. www.oecd.org/health/healthdata.

3 Ídem

4 La tasa de camas censables para el sector público es de 0.90 por cada 1,000 usuarios. Al adicionarse las camas del sector privado, la proporción sube a 1.6. La tasa nacional se obtiene al sumar el total de las camas de ambos sectores, no las tasas. Dato y nota tomada del Programa Institucional del Instituto Mexicano del Seguro Social (PIIMSS) 2014-2018. DOF 28/04/2014

5 INEGI, Perspectiva Estadística, Veracruz de Ignacio de la Llave, 2011

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/ perspectivas/perspectiva-ver.pdf

6 Información de la Delegación Veracruz Norte del IMSS

7 Datos tomados del Banco de Indicadores del INEGI:

véase http://www.beta.inegi.org.mx/app/indicadores/#

8 A nivel estatal, la afiliación total a servicios de salud es de 79.0%; de esa población, la derechohabiencia del IMSS es de 31.3% y la del Seguro Popular, 59.7%

9 Méndez Main, Silvia María, Transición demográfica y epidemiológica en el estado de Veracruz, México; Trabajo presentado en el VI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población, realizado en Lima-Perú, en agosto de 2014.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los19 días del mes de septiembre de 2017.

Diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Infonavit a intervenir para revisar y resolver conforme a derecho la situación de los trabajadores que adquirieron vivienda entre 1991 y 1992 en Salinas, San Luis Potosí, suscrita por los diputados Francisco Xavier Nava Palacios y María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, de los Grupos Parlamentarios del PRD y PAN, respectivamente

Los suscritos, diputados federales potosinos integrantes de la LXIII Legislatura, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo para exhortar al director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a que intervenga para revisar y resolver en estricto apego a derecho la situación que padecen los trabajadores que adquirieron viviendas entre 1991 y 1992 en el municipio de Salinas, San Luis Potosí al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El derecho a la vivienda fue reconocido como derecho humano universal en diversos tratados internacionales, entre ellos la Declaración Universal de los Derechos Humanos que lo establece como uno de los derechos fundamentales para la vida de las personas, al precisar lo siguiente:

Artículo 25.

(1) Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la de su voluntad. Asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes.

(...)

De igual manera lo establece el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,

Artículo 11.

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados , y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.

2. (...)

El Estado mexicano garantiza desde1917 en nuestra Constitución este derecho humano al señalar lo siguiente:

Artículo 4. (...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

Y lo incorpora como una garantía social en el artículo 123 Constitucional:

Artículo 123. (...)

I. (...) A XI. (...)

XII. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias, a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas . Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones.

Se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un organismo integrado por representantes del gobierno federal, de los trabajadores y de los patrones, que administre los recursos del fondo nacional de la vivienda. Dicha ley regulará las formas y procedimientos conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones antes mencionadas.

(...)

Para dar cumplimiento con estas obligaciones constitucionales se crea en 1972 el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, cuya visión es Contribuir a la prosperidad de México siendo la institución que acompaña al trabajador(a) a lo largo de su ciclo de vida, ofreciéndole soluciones que permitan incrementar el patrimonio y el bienestar de su familia y su comunidad y su misión generar valor para los trabajadores(as), sus familias y comunidades, a través de soluciones que les permitan incrementar su patrimonio y su calidad de vida de una forma sustentable, a lo largo de su vida laboral y durante su retiro, con base en el tripartismo y la autonomía.

En este orden de ideas cualquier acción u omisión contraria a la protección del patrimonio de los trabajadores resulta en una grave violación a los derechos humanos de los trabajadores y de la cual el Poder Legislativo no puede ser omiso.

Por tanto, es de suma urgencia enterar a esta soberanía los sucesos registrados en el municipio de Salinas, San Luis Potosí, donde un importante número de derechohabientes solicitaron ante el Infonavit créditos para ejercer su derecho a una vivienda específicamente entre los años de 1991 y 1992.

Dichos créditos resultaron favorables a los trabajadores, quienes en ese mismo año obtuvieron sus viviendas en la unidad habitacional Santa Cruz del citado municipio, a través de un contrato privado celebrado con el Infonavit, “certificado de entrega de vivienda y otorgamiento de crédito”, en el que claramente se estipuló que sería pagado en un plazo de 20 años, como textualmente establecía el decreto publicado el 13 de enero de 1986 que modificó el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores:

Artículo 44. Los créditos a los trabajadores a que se refiere la fracción I del artículo 42 devengarán un interés de 4 por ciento anual sobre saldos insolutos y se otorgarán a un plazo no menor de 10 años ni mayor a 20 años.

Quedando establecido como término perentorio de los créditos otorgados a los trabajadores del municipio de Salinas, San Luis Potosí, un plazo de 20 años, como los propios trabajadores han documentado con expedientes que obran en su poder.

No obstante lo anterior, la inconformidad de los trabajadores surgió en el año de 1997, cuando recibieron sus escrituras, ya que debido al cambio de administración estatal (1991-1992) tuvo una demora de entre cinco y seis años, siendo que dichos instrumentos notariales entregados por el Infonavit eran contrarios a los contratos originales que habían firmado, ya que establecieron un plazo de 30 años para cubrir sus créditos, excluyendo el plazo de 20 años.

Esto bajo el supuesto de una nueva modificación al artículo 44 del mismo ordenamiento que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, con fecha 24 de febrero de 1992, y que a la letra dice:

Artículo 44. El saldo de los créditos otorgados a los trabajadores a que se refiere la fracción I del artículo 42, se revisará cada vez que se modifiquen los salarios mínimos, incrementándose en la misma proporción en que aumente el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal.

Asimismo, los créditos citados devengarán intereses sobre el saldo ajustado de los mismos, a la tasa que determine el Consejo de Administración. Dicha tasa no será menor del cuatro por ciento anual sobre saldo insoluto.

Los créditos se otorgarán a un plazo no mayor a 30 años.

Sin embargo, dicha reforma fue posterior a la firma del contrato original celebrado entre los trabajadores y el Infonavit, y de acuerdo con el primer párrafo del artículo 14 constitucional que señala lo siguiente:

Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

(...)

(...)

(...)

Así como lo dispuesto en diversos tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, siendo claro que las leyes se expiden para regular los actos y hechos que sucedan a partir de su entrada en vigor, es decir, para tener un efecto regulatorio en el futuro. Por lo que ninguna ley debe tener efectos retroactivos que perjudiquen a persona alguna, como hoy ha sucedido con los trabajadores al ser obligados a pagar 10 años más por sus créditos.

Esta compleja situación llevó a los trabajadores afectados del municipio de Salinas desde 1997 a tocar las puertas del Infonavit buscando una solución a su problemática sin lograr respuesta favorable, por tal motivo, en el 2014 buscaron el apoyo del Congreso del estado de San Luis Potosí y de la diputada Ruth Noemí Tiscareño, quien a través de un exhorto estableció un vínculo con el Infonavit, institución que se comprometió a respetar el contrato original y dar por concluidos sus respectivos créditos, compromiso que a la fecha no se ha cumplido.

Por lo que hoy, tres años después, estos mismos trabajadores solicitan a través de sus representantes ante el Congreso de la Unión, el apoyo necesario para resolver esta situación que les lastima y pone en vilo su seguridad patrimonial.

Este problema no es un caso aislado, casos similares han sucedido en la región de la Huasteca Potosina, en el municipio de Ciudad Valles, con los trabajadores de las secciones 7, 34 y 86 del Sindicato de la Industria Azucarera según se cuenta con información recabada por los firmantes y de igual manera en otras entidades del país como en el caso de Culiacán, Sinaloa, o de Reynosa, Tamaulipas, donde cientos de trabajadores han organizado plantones y manifestaciones demandando al Infonavit respete los contratos firmados entre 1991 y 1992, en los que al igual se contempla un plazo de 20 años para realizar el pago de sus créditos de vivienda y que dicha institución, a pesar de reconocerlo, no lo ha respetado.

Compañeras y compañeros diputados, lo antes descrito son claros ejemplos de agravios por parte de funcionarios públicos que actualmente enfrentan miles de trabajadores en todo México, lo que motiva nuestra intervención urgente para salvaguardar el ejercicio pleno de sus derechos humanos.

En razón de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores intervenga para revisar y resolver, con estricto apego a derecho y respeto al plazo de 20 años establecido en los contratos originales celebrados entre los trabajadores y el Infonavit que adquirieron viviendas entre 1991 y 1992 antes de la modificación a la ley, en el municipio de Salinas, San Luis Potosí.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2017.

Diputados Francisco Xavier Nava Palacios y María de los Ángeles Rodríguez Aguirre (rúbricas)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a establecer medidas para la atención inmediata de los afectados por el sismo del 7 de septiembre en Oaxaca y Chiapas, suscrita por las diputadas Mariana Trejo Flores y Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena

Las que suscriben, las diputadas Mariana Trejo Flores y Natalia Karina Barón Ortiz, de la LXIII Legislatura federal e integrantes de la fracción parlamentaria de Morena, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de ésta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes:

Antecedentes

Las 23:49 horas del 7 de septiembre de 2017 han marcado la historia reciente de México. Un sismo de 8.2 grados en la escala de Richter, considerado como el terremoto de mayor fuerza en 80 años en el territorio mexicano, tuvo su epicentro en las costas del sureste mexicano, específicamente en la costa del Pacífico.

El epicentro del sismo fue localizado en las cercanías de Pijijiapan, Chiapas, con una profundidad de 58 km en la Placa Continental.

México se encuentra en una zona de alta sismicidad debido a la interacción de cinco placas tectónicas: La placa de Norteamérica, la de Cocos, la del Pacífico, la de Rivera y la placa del Caribe. Por la razón anterior, no es extraña la ocurrencia de sismos sobre el territorio nacional. El Servicio Sismológico Mexicano reporta en promedio la ocurrencia de 40 sismos por día.

Chiapas, Oaxaca y Guerrero son de los estados con mayor sismicidad en la República Mexicana. El origen de esta sismicidad se debe al contacto convergente entre dos importantes placas tectónicas: La placa de Cocos y la Placa del Caribe. La interacción entre estas dos placas tiene lugar en la costa del Pacífico, frente al estado de Chiapas. Con respecto a esta zona (Oaxaca-Chiapas), iniciando el Siglo XX se produjeron tres grandes sismos superficiales con magnitudes mayores a 7 en las costas de Chiapas y Guatemala. El primero ocurrió cercano a la frontera México-Guatemala, el 19 de Abril de 1902 (M7.5); el segundo el 23 de septiembre de 1902 (M7.7) en la costa norte de Chiapas y el tercero el 14 de Enero de 1903 (M7.6) en la costa sur de Chiapas.1

Desde entonces se han producido otros tres grandes sismos, el 29 de Abril de 1970 (M7.3), el 10 de Septiembre de 1993 (M7.2) y el 7 de noviembre de 2012 (M7.3). Todos ellos ocurrieron en la parte sur de Chiapas. Por su parte, en Oaxaca se tuvo un sismo de M8.0 el 14 de enero de 1931.

Cuando ocurre un sismo de magnitud considerable las rocas que se encuentran cerca de la zona de ruptura sufren un reacomodo, lo que genera una serie de temblores en la zona que reciben el nombre de réplicas. El número de las réplicas puede variar desde unos cuantos hasta cientos de eventos en los próximos días o semanas de ocurrido el temblor principal.2

La ocurrencia de temblores en los estados de Chiapas y Oaxaca es frecuente. Hasta la fecha no se cuenta con técnicas científicas en ninguna parte del mundo que puedan determinar cuándo o dónde ocurrirá un sismo, tampoco se puede saber qué tan grande será o qué efectos tendrá en la población. Estar informados acerca de estos fenómenos naturales será de gran utilidad para mitigar el riesgo sísmico en caso de un evento de magnitud considerable.3

En los días posteriores al sismo, la magnitud de los daños comenzaron a ser cuantificados; pueblos destruidos, daños estructurales en viviendas e infraestructura pública, colapso de redes carreteras, un centenar de personas fallecidas, así como una crisis social generalizada que exhibía la fragilidad del gobierno federal, estatal y municipal para hacer frente a uno de los mayores daños causados a la población en la historia de México por desastres naturales.

Los daños hasta el momento, una semana después, se calculan en 80 mil viviendas de Oaxaca, Chiapas y Tabasco, dañadas, afectando a una población superior a los tres millones de habitantes, aunque el 50 por ciento del territorio nacional fue sacudido por un sismo de tal magnitud que encendió las alarmas a nivel mundial y atrajo los reflectores a México, esperando las peores noticias de un terremoto de tal magnitud.

Los especialistas han informado que siete días después se han registrado un total de mil 657 réplicas que han puesto en alarma constante a los habitantes de la región mexicana conocida como el istmo de Tehuantepec.

El terremoto también generó, de manera implícita, exhibir la debilidad estructural de los sistemas de salud del estado de Chiapas y del estado de Oaxaca, donde la corrupción y los malos manejos de los recursos públicos del sector salud quedaron expuestos ante una emergencia de tal magnitud, con medios de comunicación nacionales e internacionales en la zona para constatar que los daños materiales de las estructura de edificaciones destinadas a brindar la atención a la salud pública, eran sólo construcciones sin equipamiento, con falta de especialistas, medicamentos, así como camillas para dar atención a los heridos.

Las ambulancias terrestres y aéreas, que eran publicitadas en informes de gobierno de Chiapas y Oaxaca, nunca existieron y, en el momento más trágico, entre el caos y la crisis, los helicópteros y avionetas ambulancia fueron ocultadas por no existir en realidad.

Lo mismo ocurrió con los sistemas de alerta sísmica de Oaxaca, donde se exhibió a un gobierno que gastó millones de pesos en infraestructura de prevención de sismos, en la región más sísmica del país y, nunca instaló radios en hospitales, escuelas, plazas públicas aunque el gasto era comprobado como una realidad social.

José Narro Robles, secretario de Salud de la federación, después de una gira por la zona de emergencia, ha declarado que la infraestructura de salud en las entidades afectadas funciona en un 90 por ciento y que los daños no son de consideración, salvo en casos excepcionales como lo es el hospital de Juchitán que tendrá que ser inhabilitado para su reconstrucción. Se resalta que Juchitán es la zona con mayor daño4 en la región.

“El funcionario federal también señaló que un hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tuvo problemas menores en su infraestructura y otro más del Seguro Social en Matías Romero, Oaxaca, problemas que ya fueron subsanados”.5

José Reyes Baeza, director general del ISSSTE, anunció que viajará a Chiapas para supervisar la atención a los derechohabientes que fueron evacuados del Hospital General “Dr. Belisario Domínguez” en Tuxtla Gutiérrez. En esa unidad médica, 52 pacientes fueron desalojados y son atendidos en las instalaciones de SuperISSSTE; cuatro en otros hospitales de la zona y cuatro más en el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, informó el instituto en un comunicado. Además, la Dirección Médica del ISSSTE envió un equipo de apoyo para resolver cualquier otro inconveniente.

En Tlaxcala, el Hospital General “ISSSTE Tlaxcala” registra grietas, por lo que Protección Civil recomendó suspender cirugías hasta su reparación para evitar contaminantes. Informó que se brinda apoyo de la Secretaría de Salud en nosocomios cercanos para resolver las urgencias quirúrgicas y las otras áreas del hospital funcionan sin problema.

El director del IMSS, Mikel Arriola, viajó también a Chiapas para supervisar personalmente los servicios de clínicas y hospitales que resultaron afectados, informó el Seguro Social.

Representantes del Instituto fueron enviados a recorrer unidades médicas de Oaxaca, Tabasco y Puebla. Brigadas móviles de IMSS-Prospera se trasladan al Hospital Rural de Matías Romero, Oaxaca, para apoyar la atención médica y brindar servicio a derechohabientes y población abierta. Algunas clínicas y hospitales del IMSS en Chiapas, Oaxaca, Puebla y Tabasco sufrieron daños menores, reportó en un comunicado, pero ya se toman las medidas correspondientes para su reparación.

Tanto la Secretaría de Salud, como el IMSS y el ISSSTE aseguraron mantener comunicación con Protección Civil y con las autoridades federales y estatales coordinar las acciones de apoyo.

El Secretario de Salud, José Narro, también destacó las medidas tomadas ante el huracán Katia , que se impactó en Veracruz.

“Ahorita estamos previniendo o tratando de anticipar lo que puede suceder cuando un huracán ingrese en las próximas horas, toque suelo por el lado de Veracruz.

“Hemos desplegado una gran capacidad humana, de recursos materiales, de organización, para tratar de contener con eso”, aseguró en conferencia.

La Cruz Roja ayuda en Veracruz con 230 paramédicos, 45 ambulancias y 12 unidades de rescate para asistir a la población; en Oaxaca, con 60 voluntarios, 15 ambulancias y 3 unidades de rescate, y en Chiapas, con 200 elementos y 14 ambulancias.6

La magnitud del desastre natural ha rebasado a las instituciones mexicanas, quienes han solicitado el apoyo de la sociedad civil para poder hacer frente a tan grave situación que enfrenta el país en materia de desastres naturales.

Por lo cual este documento, pretende exhortar al gobierno federal, a través del Secretario de Salud, para establecer mecanismos urgentes de apoyo y respaldo a la población afectada por el sismo en Chiapas y Oaxaca.

Por lo anteriormente expuesto e invocado en el proemio, someto a consideración del Pleno el siguiente:

Punto de acuerdo

Primero. Se establezca un programa de acción inmediata para brindar atención médica a todos los habitantes de la zona, habilitando los espacios hospitalarios para brindar atención médica de calidad en manera oportuna, con el fin de evitar brotes epidemiológicos en la región.

Segundo. Abatir el desbasto de medicamentos y médicos en todos los municipios afectados por el sismo, a través de campañas inmediatas con la construcción de puentes de comunicación terrestres y aéreos para hacer llegar los medicamentos a las zonas afectadas.

Tercero. Implementar las medidas de acción necesarias para rehabilitar la infraestructura de salud pública de Oaxaca y Chiapas en el menor tiempo posible, para no poner en riesgo la salud de los habitantes de éstos estados.

Cuarto. Solicitar la intervención de la Auditoría Superior de la Federación para auditar los recursos públicos ejercidos en los gobiernos actuales y pasados para tener explicaciones al respecto de las diferencias existentes en el discurso y en la realidad en materia de infraestructura médica, hospitalaria y de prevención de riesgos sanitarios.

Notas

1 http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/reportes-especiales/2017/SSNMX_rep_es p_20170907_Chiapas_M84.pdf

2 (Ibídem)

3 La información contenida en este reporte ha sido generada por el Servicio Sismológico Nacional, el día 8 de septiembre de 2017. No debe ser considerada como definitiva. El Servicio Sismológico Nacional continúa recibiendo nuevos datos sísmicos y con ellos, ajustando, renovando y mejorando la precisión en los parámetros de los eventos sísmicos, tales como magnitud, epicentro y profundidad. Para consultar los últimos parámetros publicados por el Servicio Sismológico Nacional sobre este evento sísmico favor de revisar la página del SSN: www.ssn.unam.mx en la sección de “últimos sismos” o de “catálogo”.

4 http://www.unotv.com/noticias/estados/oaxaca/detalle/confirma-narro-inh abilitacin-de-hospital-general-de-juchitan-por-sismo-170634/

5 (Ibídem)

6 http://zocalo.com.mx/new_site/articulo/sismo-mas-fuerte-que-bomba.-narr o

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2017

Diputadas Mariana Trejo Flores (rúbrica) y Natalia Karina Barón Ortiz

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua y el SACM a invertir más recursos en la infraestructura hidráulica de la cuenca del valle de México, suscrita por la diputada Claudia Villanueva Huerta e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputada Claudia Villanueva Huerta y diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Xochimilco constituye el último reducto de una forma única de convivencia armónica con la naturaleza en un espacio lacustre, en donde, a lo largo de varios siglos, se conformó un nuevo ecosistema: la chinampería.

La importancia de la chinampería, en tanto sistema agrícola y ecosistema construido por el accionar humano, ha sido reconocida nacional e internacionalmente por su carácter único, innovador y ecológicamente sustentable, tal como queda de manifiesto con los siguientes hechos:

1. Decreto por el que se declara una zona de monumentos históricos en las Delegaciones de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 1986.

2. Inclusión de Xochimilco en la Lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés), junto con el Centro Histórico de la Ciudad de México, el 11 de diciembre de 1987; al considerarse que ambos sitios son dos caras de una misma moneda en la construcción de una ciudad sustentable en un lago, por un lado, la traza urbana del Centro Histórico con sus edificaciones representativas del periodo colonial y, por el otro, la base material del sustento alimenticio de la Ciudad de México, la chinampería.

3. El Acuerdo de Concentración para el Rescate Integral de Xochimilco, signado el 4 de diciembre de 1990 por el entonces Departamento del Distrito Federal en pleno, los rectores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional (IPN), diversas instituciones académicas, más de 30 organizaciones de la sociedad civil, todos los ejidos existentes en Xochimilco y más de 700 productores y representantes de núcleos agrarios de la demarcación.

4. Declaratoria que establece como Zona Prioritaria de Preservación y Conservación del Equilibrio Ecológico y se declara como Área Natural Protegida bajo la categoría de Zona Sujeta a Conservación Ecológica la superficie que se indica en los ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 1992.

5. La inclusión, el 2 de febrero de 2004, de los ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco en la Lista de Sitios Ramsar Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, al cobijo del artículo 2.1. de la Convención Ramsar.

6. La inclusión de la chinampería como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial, siendo éste el primer sitio en América del Norte, en julio del presente año, por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés).

No obstante lo anterior, han transcurrido 410 años en los cuales se ha minado de modo constante la posibilidad de una convivencia armónica con la Cuenca del Valle de México, negando su vocación de captar y almacenar agua, pretendiendo sacar el agua de la misma por medio de sistemas hidráulicos, cada día más complejos y costosos, en lugar de inyectarla a los sobreexplotados mantos freáticos, de generar reservorios superficiales para su potabilización y consumo y de su captación para uso humano, agrícola e industrial, tal y como se hacía antaño y por lo que se han obtenido los diferentes reconocimientos nacionales e internacionales, que lamentablemente parecieran ser letra muerta.

La actual contingencia que se vive en Xochimilco a consecuencia de las intensas lluvias registradas en semanas pasadas tiene que ver, fundamentalmente, con la caída de volúmenes atípicos de agua, que en virtud del calentamiento global serán cada día más comunes, así como con la incapacidad del sistema hidráulico existente de canalizarlos adecuadamente, motivo por el cual está en riesgo todo el bordo del Río San Buenaventura, ya que por la cantidad de agua se están presentando desgajamientos en las zonas de golpe hidráulico desde la zona de Tepepan hasta la Glorieta de Vaqueritos. Se deben contabilizar también dos deslaves en el Pueblo de Santa Cruz Xochitepec, uno en calle Cantera y el segundo en calle Buenavista, ambos ubicados en la misma ladera, en Santa María Tepepan, así como dos desgajamientos del bordo del Río San Buenaventura, además de severos riesgos de deslave y procesos de remoción en masa en al menos 37 puntos de la montaña de Xochimilco con afectación directa e indirecta sobre aproximadamente 21,700 habitantes.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la aprobación de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua y al Sistema de Aguas de la Ciudad de México para que, en el ámbito de su competencia, inviertan una mayor cantidad de recursos en la infraestructura hidráulica de la Cuenca del Valle de México, especialmente en el polígono de humedales y canales de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, para infiltrar hacia los mantos freáticos los excedentes de agua de lluvia que los sistemas actuales no pueden canalizar a los drenajes, así como para la construcción de reservorios de agua superficiales para su almacenamiento y posterior utilización.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes de septiembre de 2017.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Claudia Villanueva Huerta, Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández Del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, José De Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Nancy López Ruiz, Uberly López Roblero, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Edgar Spinoso Carrera, Wendolín Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, por el que exhorta al ayuntamiento de Amecameca, México, a transparentar la información financiera de los ejercicios 2015 y 2016, así como del periodo enero-agosto de 2017, y las Cuentas Públicas de 2015 y 2016, a cargo de la diputada Angie Dennisse Hauffen Torres, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Angie Dennisse Hauffen Torres, diputada federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XX, 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La población del estado de México conforme pasa el tiempo, de sus gobernantes exige dos cosas fundamentales: Transparencia y rendición de cuentas.

Parece no quedar claro que para todo aquel servidor público su mayor responsabilidad debe ser dar máxima publicidad a la gestión que encabece o al encargo que le hayan encomendado.

Lo anterior, lo expreso en ese sentido de que muchos presidentes municipales en México y en el estado que represento, estado de México, creen que publicar información en medios electrónicos ya es ser transparentes, dejando a un lado si dicha información que se publica cuenta con los atributos de accesibilidad, detalle, oportunidad y actualización permanente, y, si la misma pueda ser consulta sin restricciones.

Parece ser que como la ciudadanía no está al pendiente de esta situación, los ayuntamientos mexiquenses publican la información de la gestión gubernamental no respetando la normativa relacionada con la transparencia y acceso a la información pública.

Lo anterior, limita el deseo de los gobernados de estar cada vez más y mejor informados sobre la gestión municipal de donde viven, lo que impide saber si las cosas caminan bien o mal.

Asimismo, se limita el realizar escrutinio y sacar conclusiones que tienen impacto, principalmente, en los procesos electorales, aprobando acciones o castigándolas con el poder del voto.

Este tema que abordo para nosotros los diputados federales es de suma importancia, ya que esa información pública permite analizar y tener conocimiento de la evolución presupuestal del municipio en el que vivimos y representamos, y saber en términos generales del grado de avance que se genera anualmente en ámbitos de desarrollo social y económico.

Por tal motivo, realizando un análisis a la información pública que se publica por parte del ayuntamiento de Amecameca1 , estado de México en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)2 , identifiqué incumplimientos a los artículos 23 y 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública3 , normativa, la anterior, que obliga al municipio a transparentar información pública y permitir el libre acceso a ésta.

En particular, deseo externar que no fue posible conocer la evolución de las cuentas Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público y Construcciones en Proceso en Bienes Propios del ayuntamiento de Amecameca por los ejercicios 2015 y 2016, ni por el período de enero a junio de 2017, ya que la información de sus cuentas públicas ni la de los estados financieros mensuales se encuentra disponible en la PNT.

Por lo anterior, no es posible conocer los saldos de las cuentas construcciones en proceso ni su evolución anual, impidiendo conocer la integración de obras por año y costo original y por revaluación, así como el grado de avance individual de cada una de las obras y por igual, realizar comparaciones contra el presupuesto asignado para ese cometido, reflejando la opacidad en la que vive este municipio mexiquense.

En ese sentido, los ciudadanos de Amecameca se les niega el derecho a estar informados y saber con precisión que obras edificios, parques, banquetas, calles, alumbrado público se están construyendo o instalando en el municipio y a la par, no permite conocer saber si estas serán entregadas o no a la comunidad.

De esta manera los ciudadanos de Amecameca desconocen si se llevan a cabo actas de entrega-recepción de las obras que se concluyen, cuales estarían pendientes y aquellas que presentasen pendientes de estimaciones de finiquito, las que se encuentran pendientes de pago, aquellas inconclusas por falta de financiamiento, o las que hayan sido abandonas por el contratista, las que pudiesen tener rescisión de contrato, o se encuentren bajo el estatus de obra suspendida ni conocer aquellas que hayan sido observadas por órganos de fiscalización tanto a nivel federal como estatal.

Con todo lo anterior, deseo externar que a la población de Amecameca, en su conjunto, nos interesa saber que se hace con el dinero público y estamos convencidos que con información podremos determinar si la actual administración realiza una eficaz gestión de las obras públicas o señalar a los servidores públicos a los que se les encomendó esta responsabilidad e incumplieron.

Por lo anterior, considero necesario exhortar respetuosamente al ayuntamiento de Amecameca, estado de México, para que de acuerdo a sus atribuciones, remita a esta soberanía y de máxima publicidad a la información financiera y sus notas a los estados financieros de los ejercicios de 2015 y 2016, así como de enero a agosto de 2017, así como las cuenta públicas 2015 y 2016, ya que dicha información financiera no es pública en la Plataforma Nacional de Transparencia e impide a la ciudadanía conocer los saldos de las cuentas construcciones en proceso en bienes de dominio público y construcciones en proceso en bienes propios, ni saber el estatus de las obras públicas en el municipio, lo que impide saber cómo se gasta el dinero público en este ayuntamiento.

En la bancada ciudadana, estamos convencidos que en transparencia no se debe escatimar, y desde la presidencia municipal, se debe poner el ejemplo de rendición de cuentas a fin de que el ciudadano de manera clara y sencilla conozca cómo se gastan sus impuestos, y dicha información le permita participar libre y activamente en las decisiones públicas de nuestro municipio, Amecameca, estado de México.

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al ayuntamiento de Amecameca, estado de México, para que de acuerdo a sus atribuciones, de máxima publicidad a la información financiera depurada y sus notas a los estados financieros de los ejercicios de 2015 y 2016, y de enero a agosto de 2017, así como las cuentas públicas de 2015 y 2016, ya que dicha información financiera no es pública en la Plataforma Nacional de Transparencia e impide a la ciudadanía conocer los saldos de las cuentas Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público y Construcciones en Proceso en Bienes Propios, el estatus de las obras públicas en el municipio, y en general, cómo se gasta el dinero público en ese ayuntamiento.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al Poder Legislativo del estado de México, para que de acuerdo a sus atribuciones, revise la información financiera y las notas a los estados financieros que el ayuntamiento de Amecameca, estado de México ha reportado a esa soberanía por los ejercicios de 2015 y 2016, y de enero a agosto de 2017, debido a que de la consulta pública realizada a la Plataforma Nacional de Transparencia dicha información no es pública y en consecuencia, impide evaluar la gestión gubernamental de ese ayuntamiento.

Notas

1 Ayuntamiento de Amecameca, estado de México-INAFED, disponible en

http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM15mexico/muni cipios/15009a.html, consultado el 7 de septiembre de 2017.

2 Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), disponible en

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/in icio, consultada el 7 de septiembre de 2017.

3 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículos 23 y 70, disponible en

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm, consultada el 7 de septiembre de 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2017.

Diputada Angie Dennisse Hauffen Torres (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al establecimiento o la construcción de un albergue universitario indígena en San Francisco de Campeche, a cargo del diputado Miguel Ángel Sulub Caamal, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Miguel Ángel Sulub Caamal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión por el estado de Campeche, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2 fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo relativo al establecimiento y/o construcción de albergue universitario indígena en la ciudad de San Francisco de Campeche, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Un hombre hablante de la lengua maya señaló que “la educación, la salud y un ingreso propio, son parte del desarrollo para que el individuo pueda mejorar su calidad de vida, dejando atrás su condición de pobreza y la falta de oportunidades de empleo, puesto que sin educación es imposible acceder a un buen empleo para obtener sus propios ingresos.” 1

El derecho a la educación es reconocido como uno de los derechos humanos fundamentales. Encontrándose íntimamente ligado con el desarrollo de las capacidades humanas y con el disfrute de una vida plena.2

Desde tiempos inmemorables la educación ha constituido una de las vías principales a través de las cuales las sociedades incorporan e integran a sus nuevos miembros a la vida social y comunitaria, al tiempo de transmitir y reproducir los saberes acumulados, los valores y las costumbres.3

Es en buena medida a través de la educación en sus distintas formas y modalidades, que el ser humano deviene en ser social y es a través de ella que adquiere las condiciones y capacidades necesarias para vivir en sociedad, lo que la convierte en un factor fundamental del desarrollo individual y, por consiguiente, en un derecho inalienable, que es reconocido como parte de los derechos humanos desde 1948.4

Pero además del valor intrínseco que tiene la educación en tanto proveedora de conocimientos, valores y, en general, de elementos para el desarrollo de la personalidad y las capacidades cognitivas del individuo y para su inserción en el mundo social y económico, a lo largo del tiempo se ha reconocido una multiplicidad de beneficios adicionales asociados a ella. Así, es generalmente admitido que la educación formal es uno de los factores importantes que contribuyen a la adquisición de competencias individuales y a la formación del capital humano.5 Está comprobado que la distribución de los ingresos individuales se descubren estrechamente vinculados con el nivel de instrucción de las personas y una mayor escolaridad se asocia con la obtención de ingresos más elevados a lo largo de toda la vida. Similarmente, queda ampliamente documentada la influencia que la adquisición de mayores niveles educativos puede tener no sólo para la obtención de un empleo sino también en la calidad de éste, así como en el incremento de la productividad tanto en sectores formales como informales de la economía; en el mejoramiento de la salud, en particular, en la reducción de la mortalidad infantil; en la reducción de los niveles de fecundidad; en la reducción de los niveles de pobreza y, en general, en la ampliación de las oportunidades y la calidad de vida y bienestar de los individuos.6

El derecho a la educación es una llave que abre paso a la realización de otros derechos humanos. Cuando aquél está efectivamente garantizado, aumenta el disfrute de todos los derechos y libertades individuales, mientras que la negación y privación de ese derecho priva u obstaculiza el pleno disfrute de muchos derechos y libertades, tales como el de acceso a un empleo digno, la salud, la participación ciudadana, la ocupación de cargos públicos, las libertades políticas, por mencionar sólo algunos.7

Los objetivos de alcanzar la educación primaria universal y de aumentar el acceso y participación en los niveles escolares superiores figuran entre las prioridades de la comunidad internacional. La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) estableció la obligatoriedad y gratuidad de la educación elemental para los niños de todas las naciones, la generalización de la educación técnica y profesional y la igualdad de acceso al nivel superior. Tales metas han sido reiteradas en sucesivos ordenamientos y convenios internacionales, entre ellos el de Educación para Todos y el de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, misma visión que ha sido reiterada y fortalecida a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible toda vez que lograr una educación inclusiva y de calidad para todos se basa en la firme convicción de que la educación es uno de los motores más poderosos y probados para garantizar el desarrollo.

México se ha comprometido con el logro de las mismas. Sin embargo, ampliar el acceso a la educación básica para todos los mexicanos, tanto indígenas como no indígenas y a todas las mujeres y los hombres país, tiene que enfrentarse con los desafíos de lograr que los alumnos permanezcan en la escuela el tiempo suficiente para terminar sus estudios y adquirir los conocimientos necesarios para afrontar un mundo que demanda mayores calificaciones para el trabajo y para la inserción dentro de una sociedad crecientemente tecnificada.8

Estudios recientes confirman que la pobreza, el hecho de vivir en un medio rural y las desigualdades entre los sexos siguen siendo los principales correlatos negativos de la asistencia a la escuela y el aprovechamiento escolar (UNESCO, 2003a), y que una instrucción que no toma en cuenta las situaciones y necesidades de los educandos es una importante fuente de desigualdad. 9

La equidad e inequidad educativa entre los pueblos indígenas por su parte, se expresa en varias formas; entre otras, por la exclusión o dificultad de acceso al sistema, que incluye desde la oferta y suficiencia de servicios educativos de calidad y la existencia de infraestructura física accesible y adecuada a las necesidades, circunstancias e intereses de las comunidades y de la población a la que van a servir, hasta la adecuación y flexibilidad de los horarios y calendarios escolares.10

En el caso de la educación media superior la oferta de centros educativos es más escasa y muchas veces implica la migración de estudiantes de municipios con elevada población rural que desean continuar su educación, hacia otros municipios cercanos. Esta situación se acentúa todavía más en el caso de la educación superior, cuya oferta se concentra principalmente en las zonas urbanas. 11

Motivaciones sin duda, de las personas para salir de su lugar de origen en busca de mejores oportunidades y condiciones de vida. No se discute tampoco que la mayoría de las poblaciones que migran son aquéllas que habitan en las regiones con mayores rezagos y desigualdad social en el país; y como corolario, éstas son precisamente aquellas con mayoría de población indígena.12

Uno de los principales problemas para la universalización de la aplicación de los derechos humanos es la exclusión y desigualdad en el acceso al desarrollo que padecen las llamadas minorías incluyendo a los pueblos indígenas. Así, el futuro desarrollo del país depende de los logros en el reconocimiento de las deficiencias y debilidades de los divergentes modos en los que los sectores de la población culturalmente diferenciados se han desarrollado.13

Particularmente es en la población indígena donde encontramos los mayores rezagos en materia de desarrollo humano, tanto en sus dimensiones de salud y educación como en el rubro de ingresos. Estos rezagos están correlacionados con la condición de ser indígena y con el lugar en que se vive; esto es, que su pertenencia étnica y diferenciación cultural los coloca en una posición que ha resultado desigual y discriminada en el contexto nacional.14

Una de las razones principales por las que la gente deja las zonas rurales, además de por la búsqueda de empleo, es para poder continuar su formación a través de instituciones educativas.

Cada año, miles de jóvenes acuden en masa desde las pequeñas ciudades y las zonas rurales a vivir en grandes urbes para asistir a los diversos centros que les podrían ofrecer educación. Para los fines de este acuerdo, yéndonos al rubro más alto, el de la educación universitaria, en el plano rural podemos decir que algunas localidades sí disponen de universidades donde obtener una educación superior y, por otra parte, también se ofrecen alternativas como la llamada “educación externa” que proporciona a los estudiantes la oportunidad de vivir en zonas rurales mientras cursan sus estudios.

No obstante, en las grandes ciudades suele encontrarse una gama mucho más amplia de cursos y oportunidades para formarse y avanzar en una profesión.15

En el desarrollo de los pueblos indígenas se observan grandes contrastes, no obstante de haber sido partícipes de importantes logros sociales alcanzados por la sociedad mexicana. 16

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 2o., en su apartado B señala que “La federación, los estados y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.”

Asimismo en su fracción II, del párrafo segundo del apartado B, señala que para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de “Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior.”

El Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018 , establece en su estrategia 2.4 “Promover e impulsar mecanismos de apoyo a la población indígena que acude a escuelas de nivel básico, medio, medio superior, técnico y universitario”, siendo que el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto ha señalado “que para el gobierno de la República es prioritario que la participación activa de la población indígena sea un principio de actuación del Estado mexicano”.

El apartado México con Educación de Calidad, del Plan Nacional del Desarrollo 2013-2018, establece en su Objetivo 3.2 “Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo”, la estrategia 3.2.3 “Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de los planteles,” entre cuyas líneas de acción se encuentra “Incrementar de manera sostenida la cobertura en educación media superior y superior, hasta alcanzar al menos 80 por ciento en media superior y 40 por ciento en superior.

De igual forma, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece en su Estrategia 2.2.3. “Fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos”, entre cuyas líneas de acción se encuentra: Asegurar el ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en materia de alimentación, salud, educación e infraestructura básica.

El Pacto por México, en su apartado 1.6 Derechos de los pueblos indígenas, señala que “El Estado mexicano tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas. Las últimas cifras de pobreza en México confirman lo que ha sido una constante en el desarrollo de nuestro país: los indígenas están mayoritariamente excluidos del mismo. Casi siete de cada cien mexicanos son hablantes de una lengua indígena, de éstos, ocho de cada diez son pobres, la mitad de los cuales vive en pobreza extrema. Para revertir esta situación se establecerá una política de Estado para que los indígenas ejerzan en la práctica los mismos derechos y oportunidades que el resto de los mexicanos”.

En este sentido, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, es la institución rectora de las políticas públicas federales para el desarrollo y preservación de los pueblos y comunidades indígenas, y de que se garantice el respeto a sus culturas, la vigencia de sus derechos y el logro de una vida plena.17 Siendo uno de sus objetivos estratégicos orientar, planear, documentar y evaluar las políticas públicas en los tres órdenes de gobierno y apoyar a los Poderes Legislativo y Judicial con la finalidad de fortalecer una nueva relación entre el Estado, la sociedad y los pueblos indígenas en el marco de las disposiciones constitucionales y compromisos internacionales.18

De acuerdo al informe de 2012 de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la “Unidad de Coordinación y Concertación tiene como propósito establecer mecanismos de colaboración y concertación con las dependencias y entidades de la administración pública federal, gobiernos estatales y municipales, con organizaciones del sector social y privado; así como impulsar actividades de inducción y sensibilización a los servidores públicos sobre comunidades y pueblos indígenas. Particularmente, la unidad también se encarga de instrumentar programas y proyectos vinculados a políticas públicas transversales con los diferentes órdenes de gobierno, así como de proyectos y acciones de comunicación intercultural, con base en el uso de medios impresos, electrónicos y digitales, incluyendo el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas.”

Respetable Asamblea:

Datos derivados de la evaluación y monitoreo que realiza el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) indican:

• Que los niveles de pobreza en la población indígena son muy superiores a los que tienen los no indígenas.

• Que la desigualdad en educación es tres veces mayor entre un no indígena y un indígena.

• Que para el acceso a la educación superior de un indígena hay una probabilidad menor a la mitad.

• Que reducir la brecha al acceso de la educación es uno de los principales retos que nuestro país tiene en materia indígena.

Nuestro país ha adoptado y suscrito la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, misma que establece “Artículo 21 1. Los pueblos indígenas tienen derecho, sin discriminación, al mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales, entre otras esferas, en la educación, el empleo, la capacitación y el readiestramiento profesionales, la vivienda, el saneamiento, la salud y la seguridad social. 2. Los estados adoptarán medidas eficaces y, cuando proceda, medidas especiales para asegurar el mejoramiento continuo de sus condiciones económicas y sociales. Se prestara? particular atención a los derechos y necesidades especiales de los ancianos, las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad indígenas”.

En consonancia con lo anterior la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a través de su Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, establece “4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad”

En ese orden de ideas “El gobierno federal, a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), instrumenta el Programa de Apoyo a la Educación Indígena para dar respuesta a las demandas de la población indígena relacionadas con el acceso y la permanencia en los diferentes niveles educativos, así como para fortalecer la interculturalidad y establecer estrategias paralelas para disminuir los riesgos a la salud y mejorar los estados nutricionales de niños, niñas y jóvenes indígenas. Asimismo, el programa otorga becas a estudiantes indígenas que cursan educación superior a efecto de consolidar su proceso formativo e impulsarlos en la realización de sus estudios profesionales. Este programa complementa las acciones que otros programas sociales que la CDI y la Administración Pública Federal instrumentan, y se enfoca a beneficiar a la población indígena que no cuenta con servicios educativos en sus comunidades y que se ubica en las localidades cercanas a las Casas del Niño Indígena; para su operación, se coordina con la Secretaría de Educación Pública mediante el Convenio de Colaboración SEP-CDI firmado el 10 de agosto del 2012. El Programa brinda hospedaje y alimentación, promueve el fortalecimiento de la identidad cultural y fomenta actividades de recreación y esparcimiento. Con esto, contribuye a mejorar las oportunidades de los niños, niñas y jóvenes indígenas con miras a conformar el capital humano necesario para superar el círculo vicioso de la pobreza e inequidad. El programa considera, principalmente, las siguientes modalidades de atención: Casa del Niño Indígena. Brinda alimentación, hospedaje y actividades complementarias a la población beneficiaria, atendiendo preferentemente aquella que proviene de localidades que no cuentan con servicios de educación; Comedor del Niño Indígena. Brinda alimentación y actividades complementarias a la población beneficiaria que vive en la localidad donde se ubica el centro educativo al que asisten; Casa o Comedor Comunitario del Niño Indígena. El programa otorga apoyo a través de instancias estatales, municipales y organizaciones de la sociedad civil (OSC) que operan espacios comunitarios para brindar servicio de alimentación y material de higiene a estudiantes indígenas; y Becas de Educación Superior y Apoyo a Titulación, para estudiantes indígenas que cursen sus estudios de nivel superior”19.

En el estado de Campeche actualmente se encuentran operando 20 casas y/o albergues escolares indígenas, siendo que su ubicación estratégica ha permitido que un buen número de niños y jóvenes indígenas cursen sus estudios hasta el nivel medio superior, gracias al respaldo y beneficio que este programa a cargo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas les brinda.

Ahora bien, en la búsqueda de mejores oportunidades, jóvenes indígenas que concluyen sus estudios de bachillerato, conscientes de que la educación es la vía para acceder a mejores oportunidades, procuran desplazarse desde sus comunidades hasta la ciudad de San Francisco de Campeche, capital del estado, toda vez que si bien se ha hecho un esfuerzo de parte del gobierno federal y estatal para que en cada uno de los once municipios del estado exista una institución de nivel superior, es en esta ciudad donde se concentra la mayor oferta educativa y de forma especial las vinculadas con el área de salud.

Sin embargo, los jóvenes indígenas se enfrentan a la barrera que implica el no contar con los recursos económicos suficientes para su manutención, específicamente para sufragar los gastos de hospedaje, alimentación, como rubros adicionales al de transporte y material escolar. Esta situación hace que en el mejor de los casos inicien su educación superior pero a falta de los recursos y el respaldo necesario se ven obligados a abandonar el aula, y si bien a la fecha la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas otorga becas, éstas son en un número por demás reducido.

Esta circunstancia hace necesario e importante el crear las condiciones necesarias para que las y los jóvenes indígenas campechanos no vean restringidas sus oportunidades de acceso, permanencia, continuidad, conclusión y titulación de su formación educativa profesional, y para que el Estado mexicano además, no vea perdida la inversión que viene realizando en la formación de capital humano de origen indígena en Campeche, por lo cual se propone a esta soberanía realizar atento exhorto al gobierno de la República a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas considere, el establecimiento y construcción de casa y/o albergue universitario indígena en la ciudad de San Francisco de Campeche, que respalde a las y los jóvenes indígenas a continuar con su formación profesional, y que hoy en día al no tener el apoyo que tuvieron para cursar sus estudios de bachillerato, interrumpen sus estudios y con ello la posibilidad de tener mejores oportunidades de desarrollo personal, familiar y social. Cabe señalar que si bien la ciudad de San Francisco de Campeche no se encuentra considerada dentro del Catálogo de Comunidades Indígenas del Estado de Campeche, es de destacarse que por ser la capital de estado y concentrar como ya mencionó la mayor oferta educativa en el nivel superior los jóvenes indígenas migran hacia allá deseosos de continuar con sus estudios.

Para lo anterior, sin duda, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, habrá de promover los vínculos de coordinación interinstitucional y transversal, considerando que con fecha tres de enero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se expiden los lineamientos para la operación de acciones de políticas transversales con población indígena, a cargo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas”.

En dicho acuerdo se establece que “la Dirección General de Concertación de la Unidad de Coordinación y Concertación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas será la instancia normativa y responsable de aclarar y definir los criterios de aplicación de los presentes Lineamientos y la normatividad aplicable al proyecto.”

De misma forma indica que la “Instancia normativa establecerá la coordinación necesaria mediante la Dirección de Promoción de Políticas Transversales para garantizar que sus acciones no se contrapongan, afecten o presenten duplicidad con otros programas o acciones del gobierno federal. Con este mismo propósito, podrá establecer acciones de coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública federal, de colaboración con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, las cuales tendrán que darse en el marco de las disposiciones de los presentes lineamientos y de la normatividad aplicable”; siendo uno de los objetivos específicos del Acuerdo citado: “Ampliar las oportunidades de acceso a la educación en todas las regiones y sectores de la población indígena.”

Cabe señalar que la propuesta se realiza considerando que con base el acuerdo referido, una de las acciones impulsadas por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas con el objeto de generar condiciones adecuadas para que la población indígena supere los rezagos en materia de servicios educativos, es el “Apoyo para equipamiento y construcción de Albergues Universitarios”, teniendo como precedente que en el Informe 2012 de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se destaca que –entre las principales acciones realizadas en ese año por la Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena, en el rubro “Instrumentación de Políticas Transversales para Población Indígena (P 012), apartado “Convenios con transferencias financieras Sector Educativo”– “Se suscribió un convenio con la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero por un monto de 14 millones de pesos, de los cuales 7 millones de pesos los aporta la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el resto la universidad, para la construcción de un albergue universitario que beneficiaría a 100 alumnos de 50 localidades indígenas de 24 municipios” y que también la construcción del Albergue Universitario Indígena en Guerrero fue posible con la firma del convenio de concertación en 2013, con el que la Fundación Pepsico-México aportó un total de siete millones de pesos, cantidad que se sumó a los 14 millones aportados por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Universidad Autónoma de Guerrero en 2012, dando un total de 21 millones de pesos, lo que permitió concluir la obra durante 2014.20

Sin duda el establecimiento y/o construcción de albergue universitario indígena en la ciudad de Campeche permitiría:

1) Respaldar el acceso a la educación superior de los jóvenes indígenas del estado de Campeche.

2) Dar continuidad debida a la inversión que hoy en día de forma conjunta realizan los gobiernos federal, estatal y municipales a través del Programa de Apoyo a la Educación Indígena mediante 20 albergues escolares indígenas o casas del niño indígena que existen en diversos puntos de la geografía campechana, mismos que permiten el acceso a la educación y la conclusión de sus estudios de primaria, secundaria y bachillerato a niños y adolescentes indígenas de decenas de comunidades rurales, pero que a falta de ingresos y de recursos económicos en sus familias se ven limitados para continuar sus estudios de nivel superior.

3) Generar mejores oportunidades y bienestar a favor de los pueblos y comunidades indígenas, particularmente para que jóvenes indígenas campechanos tengan acceso a la educación superior

Con base en lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta representación nacional el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al gobierno de la República, a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, para que en el marco de una política transversal e interinstitucional a favor de los jóvenes indígenas del estado de Campeche, considere el establecimiento y/o construcción de albergue universitario indígena en la ciudad de San Francisco de Campeche, con el objeto de facilitar su acceso, permanencia y conclusión de sus estudios de nivel superior y, a su vez, mejorar su calidad de vida.

Notas

1 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (s/f). El reto de la desigualdad de oportunidades. Recuperado en fecha 11 de enero de 2016. Ver.

http://www.bing.com/search?PC=WCUG&FORM=WCUGDF&q =desarrollo+de+los+pueblos&conversationid=004A9FC3BB8A4C7BB3C14D6E4 3BB753A

2 Ibídem, p 90.

3 Ídem.

4 Ídem.

5 Ídem.

6 Ibídem, p 91.

7 Ídem.

8 Ídem.

9 Ibídem, p 92.

10 Ibídem, p 93.

11 Ibídem, p 94.

12 Ibídem, p 76.

13 Ibídem, p 246.

14 Ídem.

15 Joel Le Blanc. (s.f.). Diferencias entre los estilos de vida urbano y rural. Recuperado en fecha once de enero de 2016. Ver. http://www.ehowenespanol.com/diferencias-estilos-vida-urbano-rural-info _184067/

16 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. (2006). Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas de México. Recuperado el 7 de enero de 2016. Ver. http://www.gob.mx/cdi/documentos/indicadores-de-la-poblacion-indigena

17 Diario Oficial. (11 de julio de 2011). Acuerdo por el que se emite el Manual General de Organización de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

18 Ídem.

19 Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Educación Indígena a cargo de la Coordinación General de Delegaciones y Concertación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para el ejercicio fiscal 2017.

20 Comisión Nacional de Pueblos Indígenas. (2013-2014).Obras y Acciones para Fomentar el bienestar de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Recuperado el siete de enero de 2016. Pag 75. Ver. http://www.gob.mx/cdi/documentos/informes-anuales-de-la-cdi-16785

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2017.

Diputado Miguel Ángel Sulub Caamal (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a revocar por la Semarnat la autorización para talar más de 3 mil hectáreas en el ejido de Soledad Zaragoza, en Xilitla, San Luis Potosí, e implantar acciones para proteger y conservar los bosques mesófilos, suscrita por los diputados Francisco Xavier Nava Palacios y María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, de los Grupos Parlamentarios del PRD y PAN, respectivamente

Los que suscriben diputada federal María de los Ángeles Rodríguez Aguirre integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y diputado federal Francisco Xavier Nava Palacios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La ignorancia, mezclada con la corrupción representa un grave peligro no sólo para la humanidad, sino para todo el planeta. Tal afirmación se corrobora con lo que muy probablemente, si no reaccionan las autoridades, pueda ocurrir en el ejido denominado Soledad de Zaragoza, en Xilitla, San Luis Potosí.

Esto debido a una autorización de la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el estado de San Luis Potosí, para aplicar un programa de aprovechamiento forestal en el bosque mesófilo, también conocido como bosques de niebla, es decir, de tala de árboles en el ejido antes mencionado, que afectara la integridad biológica y diversidad de especies en la zona de influencia oriental de la Reserva de la Biósfera de la Sierra Gorda.

Como primer paso, es menester definir la importancia del bosque de niebla como ecosistema y su valía para México. Según la definición de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), es1

Bosque mesófilo de montaña, bosque de niebla, bosque de neblina, bosque húmedo de montaña, nubli-selva, selva nublada, entre otros. Es un bosque muy variable en composición de especies pero con estructura y clima muy similares. Está dominado por árboles en varios estratos, con abundancia de helechos y epífitas.

El follaje del 50 por ciento de sus especies de árboles se pierde durante alguna época del año. Comparten lluvias frecuentes, nubosidad, neblina y humedad atmosférica altas todo el año. Estos bosques contienen muchas especies y han fungido como refugio durante los cambios climáticos de los últimos miles de años.

Se distribuyen en zonas muy húmedas. Ocupan el 1 por ciento (18, 534 km2) del territorio nacional, en pequeñas porciones de 20 estados, en altitudes entre 600 y 3,100 msnm. Se ubican preferentemente en las partes altas de la Sierra Madre Oriental, Sierra Norte de Chiapas, Sierra Madre del Sur y de Jalisco.

Se calcula que lo habitan casi 10 por ciento de las especies de plantas del país (2,500 especies) de las cuales el 30 por ciento son exclusivas de este bosque.

La Conabio señala que los Bosques Mesófilos de Montaña (BMM), son los ecosistemas terrestres más amenazados a nivel nacional. Estos bosques son de elevada importancia debido a la extraordinaria biodiversidad que albergan y a los servicios hidrológicos que proveen. 2

Así mismo señala que las principales amenazas son: la tala clandestina, los incendios, los desmontes para agricultura, ganadería, desarrollo urbano y caminos. Su lenta regeneración, la reducción de su distribución y su continua perturbación han ocasionado que sean considerados frágiles, en peligro de extinción y con prioridad de conservación.

Recomendaciones que poco importaron a la delegación de la Semarnat en San Luis Potosí, y lejos de implementar programas y acciones para la conservación de los Bosques Mesófilos de Montaña, está autorizó a destruir 3 mil hectáreas de bosque de niebla ubicados en el municipio de Xilitla, SLP.

Ante esta irresponsabilidad, varias organizaciones civiles preocupadas por cuidar el medioambiente, así como ciudadanos en general, han manifestado su preocupación y descontento ante la prácticamente inminente destrucción del ecosistema.

En la plataforma change.org se inició una campaña para juntar firmas de personas que buscan frenar el Ecocidio. en dicha plataforma se expresa que “se pretenden destruir 2 mil hectáreas de bosque de niebla que se han mantenido conservados en el municipio de Xilitla, SLP, la plataforma se cuentan hasta el día de hoy arriba de 113 mil firmantes de la petición de que se revoque el permiso para la tala.3

Como bien lo señala el Grupo Ecológico Sierra Gorda (GESC), quien a través de su asistente Roberto Pedraza Ruiz, en entrevista con Animal Político, manifestó “El aprovechamiento forestal que autorizó la Delegación de la Semarnat es básicamente avalar un Ecocidio, un bosque de niebla antiguo e importante, uno de los últimos reductos en el Carso Huasteco y amenazado en nuestro país” 4

El Grupo Ecológico Sierra Gorda (GESC) con anterioridad había enviado el oficio número 021/GESCIAP/2017 , dirigido a la Lic. Libia Lizzette Santana Castro Delegada Federal de la Semarnat , donde le externan que les preocupa la autorización de actividades de tala y extracción de madera y señalan las graves omisiones que contempla el Programa de Manejo Forestal del Ejido Soledad de Zaragoza al reducir esta área a bosque de pino-encino, sin más riqueza biótica, siendo que alberga porciones de bosques mesófilos y omite destacar la presencia de especies, como son la Ostrya virginiana (palo de hierro), Carpinus caroliniana, Litsea glaucescens (Laurel), Pinguiculaspp, Stanhopea tigrina (Cabeza de víbora), Rhynchostele rossii, Encyclia cochleata (pulpito), Laelia speciosa (Flor de mayo), Agave calderoninae, Ceratozamia mexicana (Palma de todos santos), Ceratozamia microstrobila, Zamia fischeri (Chamalillo) entre otras, que se encuentran amenazadas o en peligro de extinción, (NOM-059-SEMARNAT-2010).

De igual manera señalan que los bosques del ejido donde se pretende llevar a cabo el ecocidio, albergan poblaciones de especies endémicas o con algún estatus de protección en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) con sede en Suiza, destacando entre las aves el raro y escaso Chivizcoyo (Dendrortyx barbatus), codorniz silbadora (Dactylortyx thoracicus), ajol (Penelope purpurascens), trepador gigante (Xiphocolaptes promeropirhynchus), zumbador enano (Atthis heloisa), trogón de montaña (Trogon mexicanus), tecolotito serrano (Glaucidium gnoma) y el micro-endémico tecolotito tamaulipeco (G. sanchezii), o felinos silvestres como pumas (Puma concolor), jaguares (Panthera onca), ocelotes (Leopardus pardalis) y margays (Leopardus wiedii), entre muchas otras especies de mamíferos como venado temazate (Mazama temama), coatí (Nasua narica), mapache (Procyon lotor), viejo de monte (Eira barbara), grisón (Galictis vittata), martucho (Potos flavus), tuza real (Cuniculus paca), puercoespín (Coendu mexicanus).

En el caso de los reptiles destaca la presencia de la serpiente de cascabel totonaca (Crotalus totonacus) y de la rara lagartija de las bromelias (Abronia taeniata), y de varias especies de anfibios como las ranas arborícolas y salamandras (Pseudoerycea belli, P. cephalica, P. leprosa, Chiropterotriton magnipes).

Ante esta situación, es evidente que como legisladores tenemos que ver por los intereses de la ciudadanía y que las demandas expresadas en las diferentes plataformas y en los diversos medios, se encuentran totalmente justificadas. Por otra parte, la gran tarea de quienes tomamos decisiones es no sólo ver por el corto plazo, sino tener altura de miras y tener el deber de brindarle a las futuras generaciones la mejor calidad de vida. En ese sentido, el procurar y salvaguardar los ecosistemas de una nación tan rica en vida silvestre, debe ser una labor de trabajo diario. Lo que no podemos permitir como legisladores es que la decisión de unos pocos tenga consecuencias en las nuevas generaciones y un impacto directo en nuestros ecosistemas.

Por esta razón, los que suscriben esta proposición solicitan la revocación de la autorización para el aprovechamiento forestal en el ejido La Soledad. Lo anterior, sustentado en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 68 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable que señala que las autorizaciones de aprovechamiento forestal, serán revocadas, entre otras, por las siguientes causas: cuando se cause daño a los recursos forestales, a los ecosistemas forestales o comprometidos su regeneración y capacidad productiva.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se revoque la autorización para talar más de 3 mil hectáreas de árboles en el ejido de Soledad de Zaragoza, municipio de Xilitla, en el estado de San Luis Potosí, emitida por el titular de la delegación estatal de Semarnat. Igualmente, se solicita se realicen acciones de vigilancia e inspección con el fin de proteger y mantener la biodiversidad que brinda este bosque mesófilo, además de revisar el programa de manejo forestal autorizado; todo en apego a la legislación correspondiente.

Notas

1 http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/bosqueNublado.html

2 “El Bosque Mesófilo de Montaña en México: Amenazas y Oportunidades para su Conservación y Manejo Sostenible. Conabio, septiembre 2010.

3 https://www.change.org/p/semarnat-mx-revocar-el-permiso-para-la-tala-de -2-mil-hect%C3%A1reas-de-bosque-en-xilitlaslp?recruiter=57230060&ut m_source=share_petition&utm_medium=whatsapp&utm_content=nafta_w hatsapp_shortlink_1:control

4 http://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-invitado/2017/08/21/amenaz a-al-bosque-de-niebla-en-xilitla-puebla/27-08/2017.RosiAmerena Amigo

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2017.

Diputados: María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, Francisco Xavier Nava Palacios (rúbricas)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a diseñar e implantar medidas de política pública tendentes a garantizar la seguridad y los derechos humanos de quienes viven en la entidad o transitan por ella, a cargo del diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Vidal Llerenas Morales, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, y con fundamento en la fracción I del numeral 1 del artículo 6, y el 79, numeral 1, fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. Hasta hace algunos años la Ciudad de México podría preciarse de ser un lugar aparentemente exento del clima de violencia e inseguridad que caracteriza a otras regiones del país, en particular desde el inicio de la conocida guerra contra el narcotráfico iniciada por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, misma que continuó el actual titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto.

2. Sin embargo, durante los últimos años esta situación se ha visto modificada de manera drástica en virtud del crecimiento considerable de niveles de inseguridad en la Ciudad de México, el cual ha venido acompañado de una irresponsable actitud por parte de sus autoridades quienes se han dedicado a negar a toda costa esta situación.

3. Pese a la constante negativa y desinformación por parte del gobierno de Miguel Ángel Mancera en torno a la situación de inseguridad que se vive en Ciudad de México, las estadísticas dan cuenta de un contexto totalmente distinto para la capital del país. Así, de acuerdo con la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México durante enero a julio de 2017, el índice de incidencia delictiva en la ciudad se incrementó en un 12.7 por ciento respecto del mismo periodo del año anterior. Esto quiere decir que en seis meses se denunciaron 115 mil 34 delitos del fuero común,1 lo que significa que al día se cometen, al menos, 547 delitos, es decir, 1 cada tres minutos.

4. El incremento en la comisión de este tipo de delitos –algunos considerados de alto impacto, como el homicidio doloso, el secuestro y el robo con violencia– resulta un aspecto especialmente alarmante, sobre todo si se toma en consideración que, de acuerdo con el Observatorio Ciudadano de la Ciudad de México, el 2016 había sido considerado como el año más violento para la ciudad desde 1997. Comparando la información reportada por dicho Observatorio, este año se perfila para ser uno de los más críticos, violentos e inseguros en la historia de la Ciudad de México.2

5. Contrario a lo que han señalado las autoridades capitalinas, el fenómeno de inseguridad no representa un fenómeno aislado o encuadrado en partes específicas de la ciudad. Reportes han señalado que en 11 de las 16 delegaciones los robos con violencia y los homicidios dolosos se han incrementado de manera importante durante el año 2017. Tan sólo las delegaciones Cuauhtémoc y Tláhuac han reportado un incremento superior al 40 por ciento en este tipo de crímenes. Esta última representa el caso más grave para la ciudad en el que tan sólo hace unos meses elementos de la Marina se enfrentaron con personas presuntamente ligadas a un cartel de drogas que operaba en la zona. Algunos otros casos de especial consideración son Iztapalapa, Álvaro Obregón, Xochimilco, Iztacalco, Venustiano Carranza, Azcapotzalco y Coyoacán.3

6. El clima de inseguridad que se vive en Ciudad de México, sin duda, refleja la existencia de un fenómeno multicausal en el que confluyen diversas situaciones. Sin embargo, algo que debe ser reconocido por las autoridades capitalinas es que muy posiblemente la Ciudad de México ha sido alcanzada por el establecimiento y operación de organizaciones criminales vinculadas con el narcotráfico.

7. Reconocer este fenómeno es el primer paso para articular una política coherente que permita combatirlo. Por el contrario, negar rotundamente la existencia de un fenómeno que parece a todas luces visible es empeñarse en mantener un engaño insostenible que, lejos de promover la generación de soluciones, únicamente refuerza las posibilidades de expansión y operación de los grupos criminales.

8. En este sentido, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México en cada delegación capitalina existen, al menos, mil 600 locales de distribución de drogas, mejor conocidas como “narcotienditas”. Dichos espacios de distribución de drogas también han presentado un incremento considerable durante los últimos años que dan cuenta de la expansión de los grupos criminales y de la crisis de seguridad que se vive en la ciudad. Así, por ejemplo, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, para el año 2015 las autoridades de la ciudad sabían de la existencia de 13 mil de estos locales. Sin embargo, para el año 2017 fue posible contabilizar, al menos, 20 mil espacios, lo que representa un incremento de 65 por ciento en dos años.4

9. Lo anterior resulta sumamente preocupante si se toma en consideración que grupo poblaciones más afectado por la operación de este tipo de establecimientos son los niños, niñas, adolescentes y jóvenes quienes se ven cooptados por organizaciones criminales para consumir o distribuir diversos tipos de droga como la cocaína, el cristal y el activo. Esta situación se ha presentado, por ejemplo, en delegaciones como Milpa Alta, la Magdalena Contreras, Xochimilco, Tlalpan, Tláhuac y Gustavo A. Madero en donde el consumo de drogas entre jóvenes y adolescentes se reporta desde los 13 años de edad, y en donde los espacios destinados a la recreación como parques y canchas de fútbol se han convertido en espacios para la operación de este tipo de actividades.

10. Los datos anteriormente señalados dan cuenta de la existencia de una situación particularmente grave para la Ciudad de México que requiere de acciones y medidas concretas para garantizar tanto la seguridad, como los derechos humanos de quienes viven y transitan por la capital de nuestro país, en especial de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. La actitud que la administración del actual jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, debería adoptar es una de conciencia, crítica y reflexión y no de rechazo y desconocimiento hacia un fenómeno que ha comenzado a afectar considerablemente los derechos e intereses de las personas a las que debe representar y por las que debe velar.

11. La particular situación que enfrenta Ciudad de México en temas de seguridad y derechos humanos requiere de un abordaje interdisciplinario, comprometido con los derechos humanos, integral y efectivo que tienda a su combate responsable y la disminución de fenómenos que afectan, más que la imagen de la Ciudad, la tranquilidad de quienes viven y transitan por ella. Un gobierno responsable debe ser aquél capaz de reconocer los fracasos y los momentos de crisis para, entonces, reflexionar sobre las posibles soluciones y mejoras que pueden realizarse. En cambio, un gobierno que deja al arbitrio de la inseguridad la vida y los derechos de quienes gobierna, no es más que una administración mezquina preocupada por intereses particulares.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el presente:

Punto de acuerdo

Único. Se exhorta al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, a diseñar e implementar medidas de política pública tendentes a garantizar la seguridad pública y los derechos humanos de las personas que viven y transitan por la Ciudad de México de cara a la particular situación de inseguridad que se vive en la ciudad por el incremento en los índices delictivos y la operación de redes de narcomenudeo que afectan los derechos humanos de sus habitantes.

Notas

1 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Incidencia Delictiva del Fuero Común 2017, Centro Nacional de Información, agosto 2017.

2 Observatorio Ciudadano de la Ciudad de México, Reporte Anual de Incidencia Delictiva 2016 Ciudad de México, Observatorio Ciudadano de la Ciudad de México, noviembre 2016.

3 Arturo Ángel, “Inseguridad crece en 11 delegaciones de CDMX; Tláhuac y Cuauhtémoc, con la mayor alza criminal”, Animal Político, agosto 2017, disponible en

http://www.animalpolitico.com/2017/08/inseguridad-delega ciones-cdmx/

4 David Fuentes, “Hay 20 mil tienditas del narco en CDMX”, El Universal, septiembre 2017, disponible en http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/hay-20-mil-tienditas-del-n arco-en-cdmx

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes de septiembre de 2017.

Diputado Vidal Llerenas Morales (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SE y la SHCP a emitir con la mayor brevedad un nuevo decreto para mejorar las condiciones en que se hace frente a las prácticas de comercio desleal en el país, suscrita por los diputados José Refugio Sandoval Rodríguez y Armando Luna Canales, de los Grupos Parlamentarios del PVEM y del PRI, respectivamente, e integrantes del primero

Quienes suscriben, diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y diputado Armando Luna Canales del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero, en el 2016 México se colocó en el lugar número 13 como productor de acero en todo el mundo.

El estado de Coahuila destaca por ser el mayor productor de acero a nivel nacional, con producción anual de 3.7 millones de toneladas.

En México la industria del acero emplea, en forma directa e indirecta, a alrededor de 672 mil personas. Esta industria representó el año pasado el 1.9% del PIB nacional, el 10.6 por ciento del PIB manufacturero y el 6.2 por ciento del PIB industrial. La producción anual fue de 18.8 millones de toneladas de acero crudo, se exportaron 4.5 millones de toneladas de productos siderúrgicos y se importaron 13.9 millones de toneladas de productos siderúrgicos.1

En este contexto, la industria siderúrgica nacional afronta el desafío de encontrar un equilibrio entre el desarrollo, la competitividad y los acuerdos ambientales asumidos por el país. Para lograr lo anterior, ejecuta diversas estrategias que le permiten satisfacer la demanda nacional de acero con altos estándares de calidad y ambientales. Dentro de sus resultados podemos mencionar los siguientes:

• El acero es el material más reciclado en el mundo; en México, la producción del acero basada en el reciclaje representa más del 30 por ciento.

• En los últimos 15 años, el sector redujo en un 20 por ciento su consumo de energía por tonelada de acero producido.

• El 22 por ciento de la energía consumida por el sector es utilizada como materia prima que no genera emisiones.

• El 31 por ciento del agua consumida en la producción de acero es reciclada.

• Del total de residuos generados en la industria siderúrgica, el 70 por ciento son aprovechados en procesos o actividades productivas, convirtiéndose en sub productos.

• La industria del acero es socialmente responsable, motor de progreso y sustentabilidad, es decir, respeta y convive con el medio ambiente.2

• El acero inoxidable es considerado un metal verde ya que los muy bajos índices de corrosión aseguran altos porcentajes de reciclaje. Además es uno de los metales ambientalmente amigables más comúnmente usados en la construcción: se usa para ayudar a generar energía, ahorrar energía, proveer aire limpio, conservar agua, evitar productos químicos peligrosos, y limitar la contaminación del medio ambiente y los rellenos sanitarios a causa del metal.3

No obstante lo anterior; México se ha visto afectado por la dinámica del comercio internacional del acero debido a la disminución en la demanda del acero a nivel internacional; el exceso de capacidad productiva global y una perspectiva generalizada de bajo crecimiento económico; además de que el mercado mundial del acero presenta factores que inhiben una sana competencia derivado de países que comercian con producción subsidiada contra aquellos que no cuentan con incentivos de exportación.

Por lo anterior, distintas economías se han visto obligadas a adoptar medidas de remedio comercial, tales como el inicio de investigaciones anti-dumping, definición de cuotas compensatorias, salvaguardas e incrementos arancelarios a productos específicos del sector siderúrgico, con el objeto de mitigar el impacto negativo en su industria nacional.

México no ha sido la excepción y desde hace ya varios años se realizan investigaciones de prácticas de comercio desleal de productos siderúrgicos en el país, predominando los productores chinos, además de ucranianos, japoneses, coreanos, taiwaneses, rusos, entre otros.4

El arancel fijado para esta industria se reguló por primera vez el 18 de junio de 2007 mediante la expedición de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.

La Ley citada señala en el numeral 3, fracción II, del artículo 2, las reglas complementarias para las modificaciones posteriores. El cual a la letra señala:

Artículo 2. Las Reglas Generales y las Complementarias para la aplicación de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, son las siguientes:

II. Reglas Complementarias.

3a. Para los efectos de interpretación y aplicación de la Tarifa, la Secretaría de Economía, conjuntamente con la de Hacienda y Crédito Público, dará a conocer, mediante Acuerdos que se publicarán en el Diario Oficial de Federación, las Notas Explicativas de la Tarifa arancelaria, así como sus modificaciones posteriores, cuya aplicación es obligatoria para determinar la partida y su subpartida aplicables.

Con base en lo anterior, se han publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de octubre de 2015, el 4 de abril de 2016, el 7 de octubre de 2016 y muy recientemente el 6 de abril del 2017, Decretos por los cuales se ha modificado la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación y el Decreto por el que se establecen diversos programas de promoción sectorial con objeto de aumentar, de manera temporal, el arancel de importación de 97 fracciones arancelarias de productos siderúrgicos, con el fin de propiciar el espacio necesario para que la industria siderúrgica nacional tuviera la oportunidad de integrar su defensa, en pleno apego a los instrumentos que provee el marco jurídico nacional y los compromisos internacionales en la materia.

En el último decreto se señala en el único transitorio lo siguiente:

Único.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su vigencia concluirá a los ciento ochenta días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación.

En virtud de lo anterior y tomando en consideración la importancia de la industria acerera, presentamos este punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el ámbito de sus facultades ponderen la necesidad de, una vez concluida la vigencia del decreto citado (6 de abril del 2017), se emita uno nuevo en el que se actualicen las tarifas arancelarias para esta importante industria, que además de ser una importante fuente de empleo para muchas personas, se esfuerza por seguir el camino de la sustentabilidad.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, una vez que transcurra el periodo de vigencia establecido en el único transitorio del decreto por el que se modifica la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación y el Decreto por el que se establecen diversos programas de promoción sectorial, publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 6 de abril de 2017, ponderen la pertinencia de realizar un análisis pormenorizado sobre la situación de la industria acerera nacional y se emita a la brevedad posible un nuevo decreto que permita mejorar las condiciones en las cuales ésta hace frente a las prácticas de comercio desleal en nuestro país.

Notas

1 Canacero, Infografía de la Industria del Acero en México 2017. Consultado el 10 de septiembre 2017 en:

http://www.canacero.org.mx/Es/assets/infografia_canacero _2017_01.pdf

2 Canacero, Sustentabilidad. Consultado el 10 de septiembre 2017 en:

http://www.canacero.org.mx/Es/sustentabilidad.html

3 Iminox, Ventaja ecológica del acero inoxidable. Consultado el 8 de septiembre de 2017 en:

http://aplicainox.org/sitio/wp-content/uploads/2011/05/d ocing02.pdf

4 Canacero, Investigaciones de Prácticas de Comercio Desleal en México. Disponible en:

http://www.canacero.org.mx/Es/assets/practicas_desleales _de_comercio_exterior-11_agosto_2017_es.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes de septiembre de 2017.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Claudia Villanueva Huerta, Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández Del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, José De Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Nancy López Ruiz, Uberly López Roblero, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Edgar Spinoso Carrera, Wendolín Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Enrique Zamora Morlet, Armando Luna Canales

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, la Cofepris y la Profeco a informar sobre las acciones tomadas contra la amplia presencia de miel adulterada en el país, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, María Luisa Beltrán Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

Primero. La miel de la abeja (Apis Mellífera) es un producto natural que, de manera histórica, ha sido valorado como el Néctar de los Dioses, por la energía que genera. Civilizaciones como la egipcia y maya dejaron en sus vestigios arqueológicos muestra de que el producto generado por las abejas, sin duda alguna, es muy importante en la alimentación y la salud, que han sido considerados procedentes de sus deidades.

Como ya se mencionó, en la cultura maya existía una especie de abeja sin aguijón, misma que fue domesticada. Hoy se conocen los enormes beneficios nutricionales que estos animalitos aportan al ser humano y su explotación es más artesanal.

La Apis Mellífera fue introducida por los españoles, después de la conquista y, posteriormente, en el México independiente, se comenzó a gestar una industria artesanal muy valorada, como origen de la miel, producto nutricional por excelencia, pero con características medicinales muy notorias, que sólo a base de estudios científicos últimamente está saliendo a la luz.

Es imperativo resaltar la importancia cultural, alimenticia y medicinal de la natural miel de abeja. Se asienta lo anterior, porque a la fecha existe un fenómeno mundial de adulteración de la miel que, además de todos los efectos adversos que el cambio climático ha generado en la floración, y las sustancias químicas venenosas que el ser humano aplica en los cultivos, ahora la ambición desmedida por ofrecer y engañar al mercado con una “miel” adulterada a nivel mundial está amenazando tanto a las abejas como a los apicultores, quienes son los cuidadores importantes de este insecto, cuyo efecto es trascendental en los ecosistemas del planeta.

Segundo. En Europa, principal cliente de México en las exportaciones de miel, se detectó una anomalía en el periodo del 2007 al 2013; al respecto, según datos de la Organización Internacional de Miel, el número en colmenas aumentó sólo un 8 por ciento, sin embargo las exportación de los países productores a Europa se incrementaron un 60 por ciento, lo que significa que, para hacer frente a esta demanda, se viene un fraude de etiquetado falso, con añadidos de concentrados de azúcar, es decir, una adulteración y sustitución de la miel a gran escala. Sobre ello, la agencia France Presse advierte que China es uno de los principales sospechosos de esta adulteración, puesto que produce alrededor de 450 mil toneladas, de las que exporta un tercio, siendo que su consumo interno es de 700 mil toneladas.

Al parecer, China, a través de empresas nativas, tanto de Europa como de otros países, importa miel, la adultera y la vuelve a etiquetar, mostrando que el origen de esa “miel” es, o bien de un país europeo, o de uno americano.

Lo preocupante es que es sabida una crisis que ha hecho retroceder el número de las colmenas activas, por distintos fenómenos, entre los más alarmantes el Síndrome de Colapso de las Abejas, por lo que debería esperarse que, al retroceder la producción, hubiera una menor oferta, con el consiguiente incremento de la demanda. Según las reglas de la economía, los precios de la miel deberían ir en aumento; pero sucede lo contrario, al inundarse el mercado con “miel” a más bajo costo, lo cual es un golpe para los productores de este producto.1

Un estudio de la Revista del Consumidor, en el 2015, detectó las marcas que venden su miel etiquetada, que tienen un grado de adulteración e infringen las normas de etiquetado vigentes.2 Y algo mucho más grave: todos los días, en los mercados y tianguis del país, es vendido un producto sin etiqueta, como si fuera miel, pero a precio por mitad de la miel auténtica.

En otras palabras, producir miel se ha vuelto más difícil, debido a la problemática que envuelve a la práctica apícola; por ejemplo, en México, el litro de miel auténtica ronda en promedio los 120 pesos, pero no es competencia con la “miel” adulterada, que puede encontrarse, incluso, hasta en 60 pesos el litro, en mercados informales.

La adulteración de la miel consiste en varios esquemas, agregando a la miel productos como glucosa comercial, azúcar común, jarabe de maíz de alta fructuosa, entre otros; otra manera más sofisticada, con alta tecnología, es conocida como Ultrafinado.

El Ultrafinado consiste en elevar a altas temperatura la miel, para hacerla pasar por filtros muy finos, con lo cual se le retira el polen, de modo que a esa miel no puede rastreársele su procedencia, por lo que se le agrega agua, para hacerla rendir, y después se le puede agregar un poco de miel del lugar, con lo que se pretende que este producto sea considerado, según la etiqueta, como de origen; además, suele agregársele otro tipo de sustancias, como jarabe de maíz.

Desgraciadamente, al filtrar y retirar el polen, de esta manera, es imposible que pasen por los filtros las vitaminas, los aminoácidos y minerales, ya que se le eliminan todas las características nutritivas, propiedades antibacterianas y anti fungicidas propias de la miel. La miel, al retirarle todo lo que se le hace llamar miel, queda reducida a un edulcorante, y es mezclada con otros productos. Según palabras de Mark Jensen, presidente de la Asociación Americana de Apicultores de los Estados Unidos, “estas mieles que fueron producidas de manera ilegal, se les ha quitado el polen, para no rastrear su procedencia”.

Según estudios de Vaughn Bryant, de la Universidad de Texas, el 76 por ciento de las mieles comercializadas en pequeños negocios son adulteradas y ultrafinadas, 77 por ciento las que se venden en grandes almacenes y el 100 por ciento de las que se comercializan en restaurantes de comida rápida y farmacias.3

Tercero. La miel auténtica, por sí misma, tiene beneficios a la salud; por estas razones es que la demanda ha aumentado en los últimos años. El que se permita la proliferación de miel adulterada, sin duda es un engaño, y puede poner en riesgo la salud de los mexicanos. Sin duda, el precio ha sido determinante para que se haya creado un mercado negro de “miel” adulterada, pero que puede traer, como consecuencia, una afectación en la salud de las personas, como en el caso de personas con diabetes.

Es importante que esta honorable Cámara de Diputados deben conocer lo que hacen las autoridades competentes para eliminar este problema de salud pública, antes de que genere una intoxicación, como sucede con otros productos adulterados que, hasta que sucede una tragedia que trasciende a los medio de comunicación, es que las autoridades hacen redadas y retiran del mercado esos productos.

En primer lugar, debe convocarse a la Secretaría de Economía, a que informe, de manera detallada, el estatus de la miel que se comercializa en México, diferenciando la que proviene por importación, y las medidas para evitar prácticas de competencia desleal con el productor nacional.

Otra institución que debe informar es la Sagarpa, con relación a los controles para la circulación en el interior del país de la llamada “miel” adulterada. Es necesario que esta instancia informe qué ha hecho para aplicar y normalizar, dentro de los comercializadores y productores, el correcto etiquetado de lo que se pretende comercializar como miel, así como los esquemas para garantizar el origen y las prácticas de elaboración.

Es momento que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) informe de las sus acciones, tanto en mercados informales y comercios establecidos, para la detección y retiro de estos productos “alimenticios”.

Finalmente, la Profeco debe informar, de manera detallada, sobre su labor, tanto informativa, enfocada al consumidor, como contra los comerciantes que, bajo una falsa propaganda, se engaña al público consumidor con un producto que no es miel auténtica y que puede acarrearle problemas a su salud.

Por lo anteriormente expuesto, solicito los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Economía dé a conocer si cuenta con información sobre la entrada al país de miel apócrifa procedente de otros países, de sustancias base con las que se logra la adulteración de la miel, además de su análisis sobre el impacto de esa competencia desleal en los apicultores nacionales.

Segundo. Se exhorta a la Sagarpa dé a conocer si cuenta con información sobre la circulación, dentro del territorio nacional, de venta de miel adulterada, mal etiquetada o sin etiqueta, así como las acciones emprendidas, por esta institución, en sus atribuciones, para evitar la libre circulación de miel apócrifa o adulterada.

Tercero. Se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) dé a conocer si cuenta con un diagnóstico sobre la presencia de miel adulterada en el mercado mexicano, procedencia y, de manera rigurosa, el programa de acciones para retirar de los mercados estos productos con potencial riesgo sanitario.

Cuarto. Se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dé a conocer las acciones emprendidas para prevenir y erradicar la venta de miel adulterada en México, y de sus acciones para informar al público y alertarlo sobre el riesgo del consumo de un producto de dudosa procedencia

Notas

1. Garteiz, G. 2016.Engaño colosal en la venta de Miel por la falta de control del etiquetado. LA CELOSIA. Publicado el 31 de Octubre del 2017. Recuperado de: http://www.lacelosia.com/la-miel-sufre-un-fraude-colosal-por-la-falta-d e-control-del-etiquetado/

2. Profeco. 2015. Miel de Abeja (Estudio de Calidad). Revista del consumidor. Publicado en Febrero del 2015. Recuperado de: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/100347/RC456_Estudio_Cal idad_de_Miel_de_Abejas.pdf

3. Ecoosfera.2017. 76 por ciento de la Miel es falsa y toxica para la salud, estudio confirma. Publicado el 20 de febrero del 2017.Recuperado de: http://ecoosfera.com/2017/02/76-de-la-miel-es-falsa-y-toxica-para-la-sa lud-estudio-confirma/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2017.

Diputada María Luisa Beltrán Reyes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a auditarías pendientes e investigación de casos de corrupción, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena

Araceli Damián González, en mi calidad de diputada federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Primera . La corrupción y el desvío de recursos públicos es uno de los principales obstáculos al desarrollo económico y social de México. Además de constituir un problema ético, provoca una asignación extremadamente ineficiente de los recursos públicos, los cuales son sistemáticamente detraídos de inversiones productivas y sociales que hoy resultan urgentes para el país. Por otro lado, el permanente señalamiento de escándalos contribuye a consolidar en la sociedad un sentimiento de apatía y menosprecio, lo que contribuye al desprestigio del conjunto de las instituciones políticas de la nación. En 2016 México retrocedió, en relación al año anterior, 28 posiciones en el ranking de percepción de la corrupción que elabora anualmente a organización de la sociedad civil “Transparencia Internacional”.1 Según este índice, nuestro país se ubica entre las naciones más corruptas del planeta. Ello muestra que las primeras etapas de implementación del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización- lejos de mitigar las irregularidades y fortalecer la confianza- se han revelado incapaces de ofrecer soluciones concretas a la epidemia de corrupción e impunidad que sufrimos.

Los legisladores mexicanos tenemos la obligación moral y política de no permitir la normalización de la corrupción como hecho cotidiano e inexorable de la vida pública de nuestro país. Un poder legislativo omiso y complaciente con los casos de corrupción contribuye de manera decisiva al retroceso democrático de México. En ese sentido, la Cámara de Diputados tiene la obligación de responder con firmeza, autoridad y urgencia ante cada nuevo escándalo; inclusive, aunque éstos se repitan y multipliquen de forma lacerante y continua.

Segunda. El pasado 4 de Septiembre, el portal de investigaciones periodísticas Animal Político, en colaboración con la organización no gubernamental Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), destapó un nuevo caso de corrupción masiva y a gran escala que debería cimbrar al conjunto de la sociedad y a quienes, desde el sector público, están involucrados. La amplia investigación citada identificó 186 empresas que recibieron 7 mil 660 millones de pesos del gobierno federal en contratos opacos, irregulares o en pleno fraude de ley. Dentro de ese monto de irregularidades, más de 3 mil 400 millones simplemente se esfumaron al terminar en poder de empresas fantasmas creadas expresamente con la finalidad de ejecutar el fraude. Según la investigación, un conjunto muy amplio y diverso de instituciones estarían involucradas.2 El cuadro 1 ofrece un mapa sinóptico de algunas de las dependencias implicadas y los responsables políticos en el escándalo.

Cuadro 1. Instituciones y responsables del desvío de recursos

Tercera. El desvío de recursos se articulaba mediante una red de relaciones entre las instituciones públicas y varias universidades (UAEM, Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Autónoma del Carmen, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Universidad Popular de la Chotalpa, Universidad Politécnica del Golfo de México, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Instituto Técnico Superior Comalcalco, Universidad Tecnológica de Tabasco).

Con la finalidad de eludir la Ley de Adquisiciones, las diferentes dependencias firmaron convenios con universidades, lo que les permitía realizar adjudicaciones directas sin concurso público, inobservando los controles legales establecidos en dicha Ley. Las universidades, en lugar de realizar al menos 51% de los servicios contratados, tal y como establece la figura jurídica del convenio, subcontrataron casi la totalidad de las actividades, sobre las cuales en muchos casos no existe acreditación alguna de que llegaran a efectuarse. En otras ocasiones esos servicios fueron delegados a empresas fantasmas, inexistentes o cuyo objeto social no tenía ninguna relación con la finalidad de los contratos pactados. De acuerdo a lo que ha trascendido, en compensación por prestarse a la malversación y al fraude, las universidades recibieron comisiones de entre 10 y 15% del total del convenio.4 Por tanto, la gravedad del caso no estriba exclusivamente en que se vulneró la ley al subcontratar servicios que las universidades debieron prestar, de acuerdo a los convenios pactados; también, esas triangulaciones encubrían la falta de realización de los trabajos contratados y el desvío crudo y masivo de recursos.

Cuarta. Según la referida investigación, de las 186 empresas involucradas en los desvíos, 128 presentan algún tipo de irregularidad, como no tener dirección, no contar con registro ante la Secretaría o que sus objetos sociales fueran absolutamente incongruentes con los servicios pactados en los convenios. Así:

“Publicidad y Mercadotecnia Infinitum, SA de CV, consiguió en 2013 dos contratos con el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la UAEM por 4 millones 934 mil pesos. La contrataron para dar “servicios administrativos para desarrollo del sistema informático” de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Pero el SAT la tiene catalogada desde julio de 2014 como empresa fantasma por realizar operaciones fraudulentas. Otro caso: La empresa Dumago System Solutions, SA de CV, supuestamente se dedica al “comercio al por menor de computadoras y sus accesorios”. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos le dio un contrato de 33 millones 633 mil pesos para entregar despensas y organizar una feria de organizaciones sociales. Esta compañía no está registrada ante la Secretaría de Economía, el primer requisito para constituir una empresa legal.”

Quinta- Además, en ocasiones los fraudes involucraban la utilización de prestanombres que simplemente aparecen como firmantes y titulares de empresas que en realidad no existen y cuya propiedad y control, por supuesto, no ejercen en la práctica. Estas personas, habitualmente de condición humilde y sin formación, son utilizadas como auténticos escudos humanos de la corrupción, practica utilizada al más alto nivel. Es el caso de Francisco, un conserje de escuela que supuestamente habría ganado contratos millonarios del gobierno federal mexicano. La empresa fantasma de este ciudadano recibió más de 500 millones de pesos por parte de la administración pública, de los cuales, evidentemente, Francisco no obtuvo ni el rastro.5

Sexta. Algunos de los fraudes señalados ya habían sido identificados con anterioridad por la Auditoría Superior de la Federación. En ese sentido, la suscrita presentó ante el Pleno de la Cámara de Diputados una Proposición con Punto de Acuerdo relativa al manejo de los recursos de la “Cruzada contra el Hambre” (CNCH), particularmente en materia de apoyos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a Universidades. El Punto de Acuerdo fue presentado en febrero de 2016. En éste se muestran una serie de irregularidades, entre las que destaca, por ejemplo, que la ASF encontró que en un contrato otorgado por la Sedesol a la UAEM, sólo se proporcionaron 40 mil de las 500 mil despensas que supuestamente fueron finalmente adjudicadas a la firma Dumago Systems, no existiendo prueba de que los beneficios restantes de la CNCH hayan sido otorgados a la población objetivo; únicamente se acreditó que la Sedesol pagó por los servicios.6 El Punto de Acuerdo fue turnado a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, mismo que fue desechado el 24 de junio de 2016.7

Desde el año 2013, la ASF había señalado que distintas dependencias gubernamentales quebrantaban la ley al contratar a las universidades para realizar servicios que no podían prestar, para lo cual subcontrataban a otras empresas.8 Resulta claro, por tanto, que se trata de una práctica extendida, sobre la cual las autoridades tienen conocimiento desde hace años y no han actuado en consecuencia.

Séptima. En ese sentido, la auditoría forense realizada a la UAEMor (Universidad Autónoma del Estado de Morelos) en 2014, con número 14-4-99025-12-0209, DS-035, señaló que “[...] estos esquemas [...] permitieron simular los servicios y las adquisiciones; contratar proveedores sin el perfil, ni la capacidad técnica, material y humana, y se dio el caso de empresas no localizadas y presuntamente vinculadas con actos irregulares; aunado a que la universidad no acreditó fehacientemente la realización de los trabajos”. Ante las irregularidades de la UAEM y la UAEMor, en febrero de 2016, la ASF presentó denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR), en las cuales también están involucradas la Sedesol y otros organismos de la Administración Pública Federal.9 Sin embargo, hasta la fecha no tenemos resultado de las investigaciones.

Octava. Los casos identificados por la profunda investigación de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad muestran un patrón consolidado de corrupción e impunidad a gran escala. Por tanto, es necesario considerar las siguientes cuestiones e interrogantes:

• ¿A dónde fueron a parar los más de 7 mil millones desviados? Es necesario elucidar el destino de los recursos malversados; necesitamos conocer si una parte de ellos terminaron directamente en las cuentas privadas de autoridades y funcionarios, si se utilizaron para campañas políticas, en qué medida se destinaron los recursos a capitalizar las precarias finanzas de las universidades públicas mexicanas. Se requiere identificar cuál es la estructura de funcionamiento de esta red de corrupción; si los secretarios o altos funcionarios de la administración pública se beneficiaron de este desvío y de qué manera las distintas dependencias entraron en acuerdos fraudulentos para delinquir.

• ¿Siguen las empresas implicadas contratando con la administración mexicana? ¿Cuáles serán los mecanismos para garantizar que los convenios entre instituciones y universidades no sirvan de tapaderas de la corrupción?

• ¿Quién o quienes diseñaron la estafa? No se trata de un caso aislado. Como hemos visto, la investigación muestra una densa red de corrupción construida a diversas escalas y bajo el paraguas de varias instituciones. No resulta verosímil plantear que es producto de la casualidad que una multiplicidad tan amplia de dependencias desarrolle el mismo modus operandi de malversación. Resulta urgente discernir si existe un mando central a cargo de la red de corrupción, o al menos de su diseño general; o si las diferentes administraciones del estado fueron intercambiando conocimientos y experiencias sobre cómo articular los desvíos. Necesitamos conocer si algunos responsables de las secretarías propusieron el esquema triangular de malversación a las universidades; o si por el contrario, fueron los representantes de las empresas o agentes externos los que idearon la estafa.

• ¿Por qué aún no se han fincado responsabilidades de ninguna índole? ¿Por qué la Cámara de diputados decidió desechar el Punto de Acuerdo presentado ya por la suscrita, sobre uno de los casos más emblemáticos de corrupción contenidos en la investigación más amplia de Animal Político y MCCI? Esta soberanía no puedes seguir siendo omisa en señalar y exigir la investigación de los casos de desvíos multimillonarios que afecta a múltiples instituciones del estado mexicano. Reitero, aunque desde hace meses las autoridades conocen sobre las irregularidades señaladas, ninguna respuesta oficial ha sido emitida, ni siquiera desde esta Cámara. En ese sentido, la espiral de corrupción e impunidad vuelve a reproducirse bajo la mirada cómplice de las autoridades responsables de perseguirla y sancionarla.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a que, en el ámbito de sus atribuciones y autonomía técnica, investigue los casos que aún no han sido auditados y promueva las responsabilidades sancionatorias pertinentes.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública a que, en el ámbito de sus competencias, inicie una investigación y elucide las responsabilidades pertinentes y a que implemente los mecanismos oportunos para prevenir los citados esquemas de corrupción.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al procurador general de la República, Raúl Cervantes, a investigar el desvío de recursos y a fincar las responsabilidades penales pertinentes.

Notas

1 Animal Político (2017) Perciben un México más corrupto; el país cae 28 sitios en el Índice de Transparencia Internacional, 8 de Enero del 2017, disponible en

http://www.animalpolitico.com/2017/01/corrupcion-indice- transparencia-mexico/

2 Animal Político (2017) La estafa maestra del gobierno, 4 de Septiembre del 2017, disponible en

http://www.animalpolitico.com/estafa-maestra/estafa-maes tra-gobierno-contrata-empresas-fantasma.html

3 Elaboración propia a partir de los datos de Animal Político (2017) Perciben un México más corrupto; el país cae 28 sitios en el Índice de Transparencia Internacional, 8 de Enero del 2017, disponible en

http://www.animalpolitico.com/2017/01/corrupcion-indice- transparencia-mexico/

4 Animal Político (2017) Perciben un México más corrupto; el país cae 28 sitios en el Índice de Transparencia Internacional, 8 de Enero del 2017, disponible en

http://www.animalpolitico.com/2017/01/corrupcion-indice- transparencia-mexico/

5 Animal Político (2017) La estafa maestra del gobierno, 4 de Septiembre del 2017, disponible en

http://www.animalpolitico.com/estafa-maestra/estafa-maes tra-gobierno-contrata-empresas-fantasma.html

6 Posible Fraude de dos universidades al simular operaciones con sus proveedoreshttp://www.jornada.unam.mx/2015/03/16/politica/008n1pol, también en Animal Político (2017) La estafa maestra del gobierno, 4 de Septiembre del 2017, disponible en

http://www.animalpolitico.com/estafa-maestra/estafa-maes tra-gobierno-contrata-empresas-fantasma.html

7 http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/feb/20160225-IV.html#Prop osicion20

8 “Sí es un fraude”: ASF (Animal Político, 4 de septiembre de 2017). Disponible para consulta en:

http://www.animalpolitico.com/estafa-maestra/auditor-si- es-fraude.html

9 Sánchez Jiménez, A. Universidades de Edomex y Morelos simularon operaciones financieras (La Jornada, 19 de febrero de 2016). Disponible para consulta en:

http://www.jornada.unam.mx/2016/02/19/politica/010n2pol

Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, a 19 de septiembre de 2017.

Diputada Araceli Damián González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a emprender acciones protectoras del bosque de Xilitla, San Luis Potosí, suscrita por la diputada Lía Limón García e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputada Lía Limón García y diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguientes

Consideraciones

Recientemente se ha denunciado en diversos medios de comunicación una grave afectación ecológica a la zona denominada como Bosque de Niebla, ubicada en Xilitla, San Luis Potosí,1 particularmente por la expedición de permisos para aprovechamiento forestal en dicha zona, además de las quejas de pobladores del Ejido de Soledad de Zaragoza por abusos por parte de quienes pretenden dicho aprovechamiento de recursos.

A continuación un extracto de la queja expuesta por la periodista ambiental Rosi Amerena sobre el caso:

Un ejido de 3 mil hectáreas con bosques templados y de niebla llamado Soledad de Zaragoza, en el municipio de Xilitla en San Luis Potosí, a media hora de las Pozas, el jardín escultórico de Edward James, se encuentra gravemente amenazado. Ello ante la autorización de un programa de aprovechamiento forestal (permiso de tala) por la delegación de la Semarnat en San Luis Potosí que cuenta con datos erróneos, inconsistentes, graves omisiones y con un muy bajo nivel técnico según los especialistas de Grupo Ecológico Sierra Gorda. El ejido, propiedad de una comunidad de agricultores y ganaderos de escasos recursos, colinda con la Reserva de la Biosfera de la Sierra Gorda (RBSG) en su zona oriental, un área altamente sensible y con especial riqueza biótica.

En México, los bosques de niebla ya cubren menos del 1 por ciento (18,534 km2) de la superficie del territorio nacional y, sin embargo, se calcula que hoy ese pequeño porcentaje hospeda el 12 por ciento de la flora de todo el país, y cerca del 30 por ciento de esas especies son endémicas. En este bosque aun habitan especies amenazadas como el jaguar, el ocelote, el venado temazate, las pavas cojolitas y los raros chivizcoyos, endémicos a la Sierra Madre Oriental.

El programa de manejo forestal autorizado por la delegación de la Semarnat en San Luis Potosí cuenta con varias inconsistencias y omisiones, según los especialistas del GESG. La primera omisión grave es que no especifica la presencia de especies con estatus de protección en la NOM-059-Semarnat-2010, no contempla la factibilidad económica de derribar el arbolado para vender la madera en rollo (troncos sólo rebanados porque no tienen aserradero) y distribuir las ganancias entre los ejidatarios, y el tercer grave error es que minimiza la riqueza florística a unas pocas especies de encinos y pino, cuando abundan las orquídeas, bromelias y especies propias del bosque nublado. En áreas circundantes al ejido, varias especies de plantas nuevas para la ciencia han sido descritas o están en proceso de ello, me comenta Roberto Pedraza, de Grupo Ecológico Sierra Gorda, y algunas de ellas tienen poblaciones en la superficie que sería talada, como agave calderoninae, descrito en los bosques de la vecina RBSG.

(...)

Ese pequeño 1 por ciento de bosque de niebla y a la vez grande gracias a su biodiversidad que queda en nuestro país se encuentra dividido en 21 áreas naturales protegidas que comprenden 18,484 hectáreas, las cuales son la Reserva de la Biosfera de la Sierra Gorda, la Sierra de Manantlán en Jalisco, la Reserva de la Biosfera El Cielo en Tamaulipas, Los Tuxtlas, la Reserva de la Biosfera El Triunfo, La Sepultura, Montes Azules y Volcán Tacaná en Chiapas.

El bosque de niebla, según el sitio Biodiversidad Mexicana de la Conabio, “posee un alto valor para la conservación biológica con muchas especies de flora y fauna que se encuentran en categorías de riesgo (NOM-059-Semarnat-2010)”, pues conjuga una rara mezcla de especies neárticas con las de afinidad neotropical, además de contar con especies endémicas de flora y fauna. Resultan ser laboratorios vivos donde la diversidad biológica ha florecido de especial y rara manera.

(...)

Las 3 mil hectáreas de bosques templados y de niebla en el Ejido Soledad de Zaragoza, que se encuentran dentro de una superficie de 29 mil 885 hectáreas catalogadas como “Reserva Forestal Nacional Porción Boscosa del estado de San Luis Potosí”, decretado por el presidente Álvaro Obregón en 1923, pueden parecer un porcentaje pequeño. No lo son. Si el ejido se encuentra en un área de alta importancia biológica existen otras alternativas de ingreso para las comunidades dueñas del capital natural que no sacrifiquen los medios de vida sustentables. En este sentido la pregunta es: ¿le estamos dando a estas 3 mil hectáreas el correcto tratamiento al avalar su tala?

Afortunadamente, ante las quejas y peticiones para que se revisara el caso, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), mediante comunicado de prensa 13/17 del pasado 23 de agosto, anunció que suspendería el permiso de aprovechamiento forestal en dicha zona,2 de acuerdo a lo siguiente:

Suspende Semarnat permiso de aprovechamiento forestal en Xilitla, San Luis Potosí

• Queda prohibido el aprovechamiento del recurso forestal maderable en la zona.

• Hasta el momento no se ha realizado ningún aprovechamiento en el ejido Soledad de Zaragoza.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales suspendió la autorización de aprovechamiento de recursos forestales maderables en el ejido Soledad de Zaragoza, municipio de Xilitla, en San Luis Potosí, otorgada por la delegación de la Semarnat en esa entidad federativa.

Es de destacar que el polígono en cuestión no está considerado como área natural protegida y que hasta el momento no se ha realizado ningún aprovechamiento del recurso forestal en esa zona, conocida como Bosque de Niebla.

La Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental revisará que todo el proceso se halle apegado a lo que dicta la ley, por lo que examinará detalladamente el procedimiento para el otorgamiento del permiso y en caso de encontrar alguna irregularidad procederá a su cancelación, comunicándolo con transparencia absoluta y de manera oportuna.

Cabe reiterar que queda prohibido el aprovechamiento del recurso forestal maderable en esa zona dada la suspensión del permiso.

No obstante que se haya anunciado la revisión de los permisos de aprovechamiento forestal para asegurar que cumplan con el marco jurídico en materia de protección al ambiente, resulta de la mayor importancia que para la mejor protección del ecosistema del bosque de niebla en San Luis Potosí, la Semarnat además:

• Dicte las medidas de protección y de veda conforme a los artículos 81 y 170 la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a efecto de evitar en forma precautoria cualquier daño al entorno del bosque de niebla en Xilitla, San Luis Potosí; y

• Se realicen los estudios técnicos justificativos necesarios para declarar como área natural protegida al bosque de niebla en Xilitla, San Luis Potosí, a fin de que goce de un régimen de protección adecuado que permita la conservación del entorno ecológico.

En tal sentido, consideramos muy importante que además de la revisión detallada y minuciosa sobre el procedimiento para el otorgamiento del permiso de aprovechamiento forestal en dicha región, la Semarnat adopte otras medidas de protección ante un riesgo inminente de desequilibrio ecológico, así como daño o deterioro grave a los recursos naturales en el Bosque de Niebla de Xilitla, en San Luis Potosí.

Por las razones aquí expuestas, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que elabore los estudios técnicos justificativos necesarios a efecto de que la totalidad del Bosque de Niebla en Xilitla, San Luis Potosí, sea considerada como área natural protegida.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a dictar las medidas de protección necesarias para preservar el Bosque de Niebla en Xilitla, San Luis Potosí, hasta en tanto se le considere como un área natural protegida.

Tercero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que revise que los permisos de aprovechamiento forestal otorgados en dicha zona se apeguen al marco jurídico de protección al medio ambiente.

Notas

1 La amenaza al bosque de niebla en Xilitla

http://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-invitado/20 17/08/21/amenaza-al-bosque-de-niebla-en-xilitla-puebla/

Pide SLP A Semarnat suspender autorización de tala de Bosques en Xilitla

http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/pide-slp-a-semarnat -suspender-tala-en-bosques-de-xilitla.html

CEDH también investigará caso de permisos de tala en Xilitla

http://planoinformativo.com/nota/id/539881/noticia/cedh- tambien-investigara-caso-de-permisos-de-tala-en-xilitla—

2 https://www.gob.mx/semarnat/prensa/suspende-semarnat-permiso-de-aprovec hamiento-forestal-en-xilitla-san-luis-potosi

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2017.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Gálico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CFE a condonar por un año el pago de electricidad a los habitantes de Oaxaca y Chiapas afectados por el sismo del 7 de septiembre, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado del estado de Oaxaca e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a que condone por un año, el pago de electricidad a los habitantes de los municipios de los estados de Oaxaca y Chiapas afectados por el sismo del 7 de septiembre del 2017, de acuerdo a las siguientes

Consideraciones

• El jueves de 7 septiembre se presentó un sismo con una magnitud de 8.2 que afectó gravemente al estado de Oaxaca, así como a Chiapas.

Los daños a las familias y a la infraestructura pública son de proporciones trágicas. Hay más de 80 personas fallecidas y el total de damnificados puede llegar a 800 mil personas en los Estados de Oaxaca, situación que también es grave en el caso de Chiapas.

• El pasado 14 de septiembre, la Secretaría de Gobernación emitió en el Diario Oficial de la Federación, la declaratoria de emergencia correspondiente para la aplicación de los recursos del Fonden, señalando los municipios afectados en los estados de Chiapas y Oaxaca.

Lo anterior permite identificar con certeza la zona afectada, por medio del dictamen técnico correspondiente, a partir de la petición que realizaron los gobiernos de los estados de Oaxaca y Chiapas.

• La Comisión Federal de Electricidad tiene, por medio de su Consejo de Administración, la facultad para establecer políticas de condonación de pagos.

La Ley Orgánica de la Comisión Federal de Electricidad señala en su artículo 12, fracción X, que corresponde a su Consejo de Administración:

“Aprobar políticas generales para cancelar adeudos a cargo de terceros y a favor de la Comisión Federal de Electricidad cuando exista inviabilidad económica o imposibilidad práctica de su cobro, así como las políticas para el otorgamiento de mutuos, garantías, préstamos o cualquier tipo de créditos y para la exención de dichas garantías;”

En la presente proposición se considera que la definición de la política de cancelación de adeudos para los municipios afectados en Oaxaca y Chiapas debiera ser por un año, considerando el impacto económico sufrido por las familias, que prácticamente tendrán que rehacer su patrimonio.

• Es evidente que, al no existir fuentes de empleo y como parte de la situación de emergencia que vive la población, no hay condiciones para exigir el pago del servicio de energía eléctrica.

Exigir a los habitantes que perdieron todo su patrimonio, que paguen el servicio de electricidad es inhumano e insensible.

• Para impulsar la reactivación económica de la zona afectada se requieren estímulos efectivos. No basta con posponer el pago de algunas obligaciones fiscales, como emitió el Poder Ejecutivo el pasado 11 de septiembre de 2011.

Lo que se requiere no es postergar un cierto tiempo el pago para que transcurrido ese lapso, finalmente le sea exigido a los contribuyentes afectados; lo que realmente significaría un alivio son medidas que le permitan a la población afectada reiniciar sus vidas y su actividad productiva, sin tener que realizar algunas erogaciones.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a que condone por un año el pago de electricidad a los habitantes de los municipios de los estados de Oaxaca y Chiapas afectados por el sismo del 7 de septiembre del 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2017.

Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diferentes instancias a vigilar y auditar el uso y destino de los recursos autorizados para los programas sociales Vivienda en Conjunto y Mejoramiento de Vivienda ejecutados por el Invi en los ejercicios fiscales de 2015 a 2017, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Antecedentes y consideraciones

Que en cumplimiento al párrafo VII del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por decreto emitido por el jefe del gobierno del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial número 161 del 29 de septiembre de 1998, y de acuerdo con lo establecido en el primer artículo transitorio del decreto de creación, el Instituto de Vivienda del Distrito Federal (INVI) inició su gestión a partir del 16 de octubre de 1998.

De acuerdo a las Reglas de Operación y Políticas de Administración Crediticia y Financiera, se señala que la Política de Vivienda de la Ciudad de México debería estar orientada a contribuir en forma progresiva a la realización del derecho humano a la vivienda, reconocido en el artículo 4o. constitucional; derecho que precisan la Ley de Vivienda del Distrito Federal y las leyes de la materia.

Por otro lado, se debe considerar que se trata de un programa para personas que deberán cumplir ciertas características como ser habitante de la Ciudad de México, ser persona física mayor de 18 años de edad, no ser propietario de vivienda en la Ciudad de México, con excepción del Programa de Mejoramiento de Vivienda, tener un ingreso hasta de 5 veces salario mínimo diario (vsmd), debiendo tomar en cuenta que esta característica se refiere al solicitante individual. El ingreso familiar máximo no deberá rebasar las 8 vsmd, lo mismo si aspira a créditos del Programa de Vivienda en Conjunto, Rescate de Cartera o Mejoramiento de Vivienda. Cuando sólo exista un ingreso éste se considerará familiar y tener una edad máxima de 64 años, cabe señalar que, en caso de rebasar ese límite de edad, se deberá recurrir a la figura de deudor solidario, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4.6.1 de las Reglas de Operación y Políticas de Administración Crediticia y Financiera del INVI.

Ahora bien, también se menciona que serán prioritarios para el programa las madres o padres solteros con dependientes económicos; las jefas de familia con dependientes económicos; adultos mayores; personas indígenas; personas con discapacidad y habitantes de vivienda en alto riesgo.1

En ese orden de ideas, se entiende que sólo las personas de escasos recursos o de recursos económicos menores tienen acceso a ese programa, sin embargo el gobierno de la Ciudad de México ha secuestrado a través de la opacidad en la rendición de cuentas los beneficios que conlleva dicho programa, que conlleva un alto grado de corrupción por parte de las autoridades que lo manejan.

En consecuencia, resulta insultante para la sociedad en general, que dichos inmuebles se anuncien como que se venden, basta que demos un vistazo al buscador de internet y vemos que está inundado de anuncios que promueven la venta de departamentos con créditos del INVI, cito algunos ejemplos para mayor comprensión:

• https://www.vivanuncios.com.mx/a-venta-inmuebles/angel-zimbron/departam ento-en-venta-azcapotzalco-colonia-%25C3%25A1ngel-zimbr%25C3%25B3n-dos- recamaras/1001297850690910953731509

...“VENDEDOR(A) inmobiliaria

departamento en venta, azcapotzalco, colonia Ángel Zimbrón, dos recamaras, adquiere un departamento con un primer pago del 35 por ciento opción a pagos diferidos, el 65 por ciento se paga con un crédito sin intereses que es otorgado por el INVI, las mensualidades a pagar muy accesibles y los tramites son de lo más sencillos. El proyecto está cerca del metro Refinería, todos los servicios a la mano. No se aceptan créditos Infonavit, Fovissste o bancarios.

# de Cajones de Estacionamiento: 1

Número de Referencia: 1511-426

Anuncio 129785069”...

• https://www.segundamano.mx/anuncios/ciudad-de-mexico/iztacalco/venta-in muebles/puebla-158-col-a-pantitlan-departamento-915271768

Puebla 158 Col a Pantitlán, Departamento

www.segundamano.mx

“...Puebla 158 col a pantitlan, Departamento: 2 RECAMARAS, SALA, COMEDOR, COCINA, 1 BAÑO. $ 450,000 DE CONTADO Y MENSUALIDADES DE $ 1,000. ENTREGA INMEDIATA. Clasificados gratis en México”...

• https://www.segundamano.mx/anuncios/ciudad-de-mexico/miguel-hidalgo/ven ta inmuebles/viviendas-de-interes-social-916272016

“...Publicado: 3 agosto 16:29

Tipo de inmueble: Departamentos

Habitaciones: 2 Superficie: 55 m²

Integrante a nuestro proyecto INVI en esta zona. Mínimos requisitos. Sin buró de crédito ni comprobar ingresos”...

• https://www.segundamano.mx/anuncios/ciudad-de-mexico/miguel-hidalgo/ven ta-inmuebles/proyectos-invi-916254168

“...Ubicación:

Legaria, Miguel Hidalgo, Ciudad de México

Publicado:

2 agosto 22:04

Tipo de inmueble: Departamentos

Habitaciones: 3

Superficie: 60 m²

Proyecto de vivienda a realizar con el invi cdmx costos y pagos correspondientes a compra del uso de suelo el terreno consta para construir

*15 dptos.

* A una cuadra de Legaria.

* Sin crédito Invi.

DOCUMENTOS:

*Acta de nacimiento .

*Curp.

*Identificacion Oficial INE

*RFC

*Comprobante de domicilio.

*Acta de matrimonio (solo en caso de tenerla) .

*Acta de nacimiento (de cada uno de los integrantes del hogar)

* Curp (de cada uno de los integrantes del hogar).

* El Monto total de la adquisición del suelo se trata sólo en persona favor de marcarme para concretar una cita sólo contesto celular no correos.

!!!ULTIMOS LUGARES!!!...

Derivado de lo anterior, existen dos premisas que se deben investigar, la primera consiste en que efectivamente se está lucrando con los hogares destinados al programa INVI y la segunda que consiste en que se esté engañando a la gente con publicidad falsa, sin embargo, en cualquiera de los casos, el papel que el estado debe tomar es salvaguardar los derechos de los ciudadanos.

En ese sentido es conveniente exhortar no solo a la Procuraduría Federal del Consumidor a efecto de que investigue este tipo de propaganda engañosa, y a la Contraloría General de la Ciudad de México y a la Auditoría Superior de la Federación para que en el ámbito de su competencia vigilen y fiscalicen el uso y destino de los recursos autorizados para los programas sociales Vivienda en Conjunto y Mejoramiento de Vivienda que ejecutó el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, durante los Ejercicios Fiscales de 2015, 2016 y 2017.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Contraloría General de la Ciudad de México y a la Auditoría Superior de la Federación para que en el ámbito de su competencia vigilen y fiscalicen el uso y destino de los recursos autorizados para los programas sociales Vivienda en Conjunto y Mejoramiento de Vivienda que ejecutó el Instituto de Vivienda del Distrito Federal durante los ejercicios fiscales de 2015, 2016 y 2017.

Segundo . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor a efecto de que investigue la propaganda engañosa a través de medios electrónicos respecto de la venta de inmuebles del Instituto de Vivienda del Distrito Federal.

Nota

1 http://www.invi.df.gob.mx/portal/creditos.aspx consultado el 12709/17 10:30 hrs

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2017.

Diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México a realizar acciones para proteger de la extracción y el comercio ilegales la biznaga partida diente de elefante y la cactácea Cryphanta bumamma, protegida por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, suscrita por la diputada Lorena Corona Valdés e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputada Lorena Corona Valdés y diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguientes

Consideraciones

El estado de México representa 1.14 por ciento de la superficie del país, con una extensión territorial de 22 mil 499.95 kilómetros cuadrados.

En su superficie territorial cuenta con 84 Áreas Naturales Protegidas (ANP), con un total de 922 300.17 hectáreas, es decir, casi 42 por ciento del territorio estatal. Las Áreas Naturales Protegidas del Estado de México, son zonas del territorio, que no han sido afectadas en gran medida por actividades humanas y que se debe fortalecer la protección y restauración para mantener los beneficios ambientales y sociales que ofrecen a la población.

De estas 84 ANP, 67 son Parques Estatales con importantes beneficios ambientales como:

• Captación de agua pluvial

• Producción de oxígeno

• Retención de contaminantes como el carbono

• Retención de suelo

• Mitigación de los efectos del cambio climático

• Protección de la biodiversidad

Entre los Parques Estatales del Estado de México, destaca la Sierra de Guadalupe, la cual fue declarada “Zona de Protección Forestal” en 1923 y en 1976 se decretó Parque Estatal, administrado por el gobierno del Estado de México con una superficie de 5,306:75 Ha.

De acuerdo a su Programa de Manejo, se encuentra ubicada en el interior de la cuenca de México y territorialmente forma parte de los municipios de Ecatepec, Coacalco, Tultitlán y Tlalnepantla, perteneciéndoles aproximadamente las siguientes superficies: Ecatepec 1812.76 Ha., Coacalco 1281.57Ha., Tultitlán 1076.78 Ha. y Tlalnepantla 1135.64 Ha.

Al formar parte del eje neo-volcánico transversal posee una gran diversidad biológica, su vegetación emblemática son matorral xerófilo, bosque inducido, bosque de encino y pequeñas porciones de pastizal.1

Según información disponible, en las partes altas, y sobre todo hacia el norte, abarcando los municipios de Tultitlán y Coacalco de Berriozábal, hay formaciones de encinos, mientras que en las planicies predomina el matorral. Hacia el oriente, en los municipios de Ecatepec de Morelos y Tlalnepantla de Báez, sobresalen los pastizales y cactáceas.2

En cuanto a fauna, la Sierra de Guadalupe registra 135 especies de vertebrados, distribuidas en 8 de anfibios (rana verde, rana gris, sapos) 20 de reptiles (camaleón, lagartija, víbora de cascabel), 80 de aves (lechuza, tecolotillo, gorrión, codorniz) y 27 de mamíferos (gato montés, tlacuache, ardilla, conejo).3

Este Parque Estatal proporciona múltiples funciones y servicios ambientales, entre otros: regulación de contaminantes atmosféricos, asimilación de residuos sólidos municipales, retención de suelos y disminución de inundaciones.

La “Sierra de Guadalupe” produce cerca de 4.2 millones de metros cúbicos de agua, captura 75 mil toneladas de bióxido de carbono y produce 4 mil 456 toneladas de oxígeno, en beneficio de millones de habitantes.

No obstante sus importantes servicios ambientales, el desarrollo desproporcionado de la mancha urbana en esta zona, ha provocado el establecimiento de asentamientos humanos en terrenos de uso predominantemente forestal y de afloramientos rocosos, los cuales han originado serios daños que van en detrimento de los bosques y tierras del área.

De igual forma, otro tema de suma preocupación es la extracción y venta ilegal de flora y fauna de la Sierra de Guadalupe, lo que por mucho tiempo han denunciado diversos grupos de ambientalistas.

Una de las especies que está rápidamente desapareciendo es la biznaga partida diente de elefante, cryphantha elephantidens, enlistada en la NOM-059-SEMARNAT-2010 como especie amenazada y cuyo rescate es de vital importancia. Esta especie disminuye cada vez más debido a la extracción ilegal. Lo mismo está sucediendo con la cactácea cryphantha bumamma, protegida por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, así como por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

El saqueo sistemático y por grupos de estas especies pone en riesgo el ecosistema de la Sierra de Guadalupe, debido a que la flora robada tiene una función ponilizadora, por lo que urge que el gobierno estatal adopte todas las medidas que sean necesarias para detener la extracción y comercio ilegal.

La protección de los recursos naturales implica la implementación de acciones de inspección y vigilancia tendientes no sólo a preservar aquellos ya existentes, sino a garantizar que su aprovechamiento se lleve a cabo de manera lícita.

Al ser el parque estatal “Sierra de Guadalupe” de competencia y Jurisdicción del Estado de México, corresponde a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem) vigilar el cumplimiento de la normativa ambiental con el objeto de preservar y proteger los recursos naturales, a través de inspecciones, efectuadas por personal debidamente autorizado para ello.

A la Subdirección de Verificación y Vigilancia de la Propaem le corresponde vigilar, cuando así lo solicite la autoridad competente, el cumplimiento de leyes, reglamentos, normas oficiales mexicanas y normas técnicas estatales ambientales en materia de área naturales protegidas conforme al artículo 17 del Reglamento Interior de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México.

Toda vez que la biznaga partida diente de elefante, cryphantha elephantidens, es una especie amenazada en términos de la NOM-059-SEMARNAT-2010 y que la cactácea cryphantha bumamma, protegida por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, así como por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza están siendo extraídas ilegalmente de la “Sierra de Guadalupe”, urge la inmediata intervención de la Propaem, ya que la extracción de esas especies no es una obra o actividad que sea compatibles con los esquemas de desarrollo sustentable, la declaratoria respectiva, su programa de manejo, las normas y demás disposiciones legales aplicables, conforme al artículo 192 del Reglamento del Libro Segundo del Código para la Biodiversidad del Estado de México.

Por lo expuesto, con la presente proposición se propone que la PROPAEM incremente la vigilancia del cumplimiento del Código para la Biodiversidad del Estado de México, del Programa de Manejo del Parque Estatal “Sierra de Guadalupe”, de la NOM-059-SEMARNAT-2010 y detenga la extracción ilegal de la biznaga partida diente de elefante y de la cactácea cryphantha bumamma.

Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México, realice las acciones que sean necesarias para detener en el Parque Estatal “Sierra de Guadalupe” la extracción y comercio ilegal de la biznaga partida diente de elefante (Cryphantha elephantidens ), por ser una especie amenazada en términos de la NOM-059-SEMARNAT-2010 y de la cactácea Cryphantha bumamma, protegida por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, así como por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

Notas

1 http://areasnaturales.edomex.gob.mx/datos_fisicos_sierra_guadalupe

2 De la Sierra de Guadalupe y de cómo rescatar sus tesoros, Grupo Ambientalista Sierra de Guadalupe, AC, [en línea], disponible en web: http://www.jornada.unam.mx/2005/05/30/eco-b.html

3 Sierra de Guadalupe, [en línea],

http://areasnaturales.edomex.gob.mx/sierra_guadalupe

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2017.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Gálico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la SFP, la ASF y la PGR que investiguen y finquen las responsabilidades correspondientes por diversos actos contra el patrimonio de la nación cometidos por Emilio Lozoya Austin, ex director general de Pemex, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

Norma Rocío Nahle García, en mi carácter de integrante del Grupo Parlamentario Movimiento Regeneración Nacional en la LXIII Legislatura, con fundamento en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y el numeral 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Irrumpió en la opinión pública una investigación periodística del portal Animal Político donde son exhibidas sin ambages las maniobras fraudulentas de operadores del sistema gubernamental para firmar y pagar contratos de servicios a diversas universidades públicas estatales y, a su vez, éstas a empresas fantasma, donde se acaban perdiendo en la nada miles de millones de pesos, en su mayoría de los casos provenientes de Petróleos Mexicanos, que acaba nuevamente como caja de operaciones fraudulentas. Las empresas fantasma son 186 compañías que recibieron 7 mil 670 millones de pesos del gobierno federal, gracias a contratos que violan la Ley General de Adquisiciones, y que se reportaron en las Cuentas Públicas de 2013 y 2014.

2. Relata el reportaje de Animal Político: “Pero el fraude no quedó sólo en esa violación de la ley. Más de 3 mil 433 millones de pesos simplemente desaparecieron, porque terminaron en empresas fantasma.

El desvío de recursos lo hicieron 11 dependencias, tan variadas como la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) o Petróleos Mexicanos, y contó con ocho cómplices: universidades públicas que cumplieron el papel de intermediarias y se quedaron con una comisión de mil millones de pesos por desempeñar este rol.

Las dependencias involucradas son la Sedesol, durante la gestión de Rosario Robles Berlanga; el Banobras, que tenía a Alfredo del Mazo Maza –gobernador electo del estado de México– al frente; la SEP en la época de Emilio Chuayffet; el Fovissste, con José Reyes Baeza Terrazas.

También la Secretaría de Agricultura, cuyo titular era Enrique Martínez y Martínez; el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, con Alfredo Llorente Martínez; el Registro Agrario Nacional, con Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con Gerardo Ruiz Esparza como titular; y la Secretaría de Economía, con Ildefonso Guajardo.

En Pemex, los convenios empezaron a firmarse en 2011, cuando era director Juan José Suárez, y Felipe Calderón era presidente de la República, y continuaron en la gestión de Emilio Lozoya.

Las universidades involucradas son la Autónoma del Estado de México y su Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica, la Autónoma del Estado de Morelos, la Autónoma del Carmen (Campeche), y las tabasqueñas Popular de la Chontalpa, Universidad Juárez Autónoma, Politécnica del Golfo de México, Instituto Superior de Comalcalco y Tecnológica de ese estado.

El mismo procedimiento se emplea desde 2010. Los datos recabados con solicitudes de información indican que, desde ese año, cuando Felipe Calderón todavía era presidente, y hasta la fecha, el gobierno federal ha firmado 2 mil 61 convenios, que involucran 31 mil 668 millones de pesos.

Sin embargo, una exhaustiva investigación de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (Mcci) se concentró en 73 convenios incluidos en las Cuentas Públicas de 2013 y 2014 de 11 dependencias públicas y en revisar si las 186 empresas contratadas existen, estaban legalmente constituidas o si cumplían los mínimos requerimientos para dar los servicios contratados...”

3. La perversidad de las maniobras contra el patrimonio presupuestal la narran así: “El esquema siempre es igual: Para eludir la Ley de Adquisiciones –que los obligaría a hacer licitaciones y poner a diferentes empresas a competir–, las dependencias firmaron convenios con universidades públicas. La ley permite hacerlo, pero sólo si las universidades realizan al menos 51 por ciento del servicio contratado.

Pero éste no fue el caso. Las universidades subcontrataron a terceros la totalidad de esos servicios en la mayoría de los convenios firmados : distribuir despensas entre los más pobres, supervisar la perforación de pozos de Pemex, organizar encuentros o detectar a personas de 15 años o más que no supieran leer y escribir. En ningún caso hubo universidad que cumpliera el requisito de 51 por ciento.

Las universidades subcontrataron a 186 empresas y cobraron por esta intermediación una comisión de entre 10 y 15 por ciento del importe del convenio.

Esta triangulación viola la ley, como reconocen los propios funcionarios consultados. Pero además de las empresas elegidas, 128 presentan lagunas legales que les habrían impedido obtener contratos públicos y, peor aún, la mayoría ni siquiera hizo el servicio contratado...” Las universidades captaron alrededor de mil millones de pesos por no hacer nada... sólo por ser los facilitadores.

4. Múltiples irregularidades presentan o presentaban las 186 empresas fantasma. Así lo describe la misma investigación periodística: “De las 186 las empresas seleccionadas en estos convenios, 128 presentan irregularidades, de acuerdo con las propias autoridades consultadas y a la visita que Animal Político y Mcci hicieron a sus oficinas: el Servicio de Administración Tributaria, por ejemplo, entre 2014 y 2015 declaró ‘fantasma’ a 11 e investiga a 9 más por la misma razón; 28 no tienen dirección; 12 fueron desmanteladas apenas recibieron los contratos; 8 no están en las direcciones que declararon; 44 no cuentan con registro ante la Secretaría de Economía, requisito indispensable para operar; 6 se dedican a temas que no tienen relación con los servicios para los que recibieron contrato y 10 más no fueron localizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuando las buscó para revisar su legalidad...” Algunos nombres de las empresas fantasma son los siguientes: Publicidad y Mercadotecnia Infinitum, SA de CV; Impactel, S.A. de C.V.; y Dumago System Solutions, SA de CV.

5. “...Animal Político y Mcci visitaron más de 100 direcciones de empresas y de supuestos accionistas. Hay 8 firmas que, por ejemplo, nunca estuvieron en los domicilios registrados y en su lugar hay casas particulares ubicadas en la periferia de Nezahualcóyotl y Ecatepec, México, o Tláhuac, en la capital del país; 12 más que, pese a recibir contratos millonarios, fueron desmanteladas; 9 operan en despachos contables que aparentan ser legales, pero no tienen empleados ni infraestructura para operar o realizar servicios. Las casas de los accionistas están en colonias populares...”

6. Así como se describe líneas arriba, igualmente se defraudó al agro y, peor aún, al sistema de educación para adultos, para llegar a sumar las cantidades que en este punto se señalan. Nos interesa mencionar un ejemplo que involucra al recién declarado gobernador electo del estado de México, Alfredo del Mazo, quien “estaba al frente del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos en 2013, cuando el organismo firmó 3 convenios por 491 millones de pesos con el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Autónoma del Estado de México, un fideicomiso público que ofrece asesorías, outsourcing o capacitación, y cuya gestión es independiente de la universidad.

Para hacer los servicios “de control, operación y soporte” de la red interna del Banobras, el fondo contrató a dos empresas, una de ellas Intellego Servicios de Consultoría, SA de CV, que se quedó con una comisión y que, a su vez, contrató a cinco más. Todas, excepto una, tienen una constante: irregularidades –como que no tienen siquiera dirección fiscal– que les impedirían recibir contratos públicos de manera directa.

7. La única localizada, que opera de forma aparentemente legal, fue Quitze, SA de CV. Recibió 452 mil 500 pesos para realizar los servicios, es decir, 1.18 por ciento del monto original de los convenios firmados por el Banobras. Prácticamente nada. Del resto, 490 millones de pesos, no hay rastro.

8. Este monumental fraude nos arroja, según lo investigado, la suma de 7 mil 760 millones de pesos “y fue hecha por 11 instancias del gobierno federal: el Banco Nacional de Obras (491 mdp), el Registro Agrario Nacional (447 mdp), la SEP (278 mdp), el Fovissste y el Superissste (249 mdp), el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (138 mdp), el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (97 mdp), la Secretaría de Economía (96 mdp), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (52 mdp) y la Secretaría de Agricultura (19 mdp).

Las dos dependencias con los mayores desvíos son la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), que alcanzó 2 mil 224 millones de pesos, y Petróleos Mexicanos, con 3 mil 576 millones...” Ésta es la primera conclusión a que llega la valiosa investigación periodística de Animal Político, y el Congreso debe exigir claridad y responsabilidades derivadas de tan reprobable método de desfalco a las arcas públicas.

9. Resulta igualmente más que preocupante lo confuso y deliberadamente enredado del modo de operar de la administración de Petróleos Mexicanos cuando se trata de contratos u obras donde participa la empresa Odebrecht a través de alguna de sus muchas filiales, y más grave cuando gracias a investigaciones periodísticas los mexicanos nos enteramos de actos constitutivos de fraude en las grandes y costosas obras de infraestructura de la industria petrolera.

10. Recientemente nos hemos ido enterando de la igualmente enredada red de filiales privadas que Petróleos Mexicanos ha constituido en el extranjero, incluso en paraísos fiscales para realizar diversos tipos de contratos en tan valiosa industria.

11. Tal es el caso de la empresa Tag Pipelines del Norte, S de RL, que pertenece a su vez a dos empresas privadas: MGI Enterprices Ltd. (con 84 por ciento del capital) y MGI Supply Ltd. (con 16 por ciento de las acciones), ambas establecidas en paraísos fiscales. Éstas pertenecen a Mex Gas International Ltd., filial de Pemex establecida desde 1993 en Islas Caimán (Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2011).

12. En lo que va del sexenio de Peña Nieto, Pemex ha entregado a Odebrecht 3 contratos públicos para obras en refinerías, 2 en 2014 y 1 en 2015: mil 436 millones 398 mil 637 para el acondicionamiento del sitio, movimiento de tierras y conformación de plataformas de la refinería Miguel Hidalgo Tula I (PXP-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4-14); mil 160 015.2 para el desarrollo del proyecto conversión de residuales de la refinería de Salamanca (DCPA-SO-SILN-SPR-GPAC-A-4-14); y mil 939 millones de pesos para la construcción de accesos y obras externas para el proyecto de aprovechamiento de residuales para la refinería Miguel Hidalgo Tula II (DCPA-OP-GCP-DGTRI-A-3-15).

13. Estos tres contratos reconocidos por Pemex suman 4 mil 536 millones 42 mil 566 pesos. Aunados al monto de 965 millones de dólares (equivalentes a 12 mil 811 millones 634 mil 365 pesos de 2014) otorgados en 2014 para el desarrollo de Los Ramones, el gobierno de Peña otorgó contratos a Odebrecht por al menos 17 mil 347 millones de pesos.

14. La empresa OHL fue contratada por una filial privada de Pemex, durante la administración de Emilio Lozoya, para supervisar la construcción de una obra otorgada a la constructora Odebrecht para la construcción del gasoducto Los Ramones II, la cual tuvo un sobreprecio de 28 millones de dólares, según documento técnico, un comunicado y el testimonio de una empresa involucrada en la obra.

15. Pemex, a través de su ya mencionada compleja red de filiales privadas, contrató a través de la empresa Tag Pipelines Norte, S de RL de C.V., los servicios de IEPI México (filial de OHL) en 2014 para supervisar los trabajos de ingeniería otorgados al consorcio AOT Pipelines, SAPI de CV, constituido por Odebrecht, la constructora argentina Techint y la mexicana Arendal específicamente para la construcción de Los Ramones II Norte, un gasoducto de 441 kilómetros entre Nuevo León y San Luis Potosí, con inversión original de 935 millones de dólares.

16. La supervisión de OHL a Odebrecht queda de manifiesto en un documento de siete páginas emitido por IEPI México en torno a la construcción de pilas realizada por AOT Pipelines, con folio 3709-O-PR-120004 y fechado 2 de diciembre de 2014, en el cual se especifica que “la aprobación que se presenta en la inspección de la obra a toda la documentación técnica no eximirá al contratista de su responsabilidad por la correcta ejecución de los trabajos, tanto en la faz técnica como legal”.

17. La misma OHL también reconoció supervisar las obras de Los Ramones II, según consta en un comunicado difundido el 16 de abril de 2015, en el cual se señala que la empresa española “desarrolla varios contratos en el área de petróleo y gas, una planta de hidrógeno, una estación de rebombeo y una planta solidificadora de azufre, así como los servicios de supervisión del EPC (contrato engineering, procurement and construction) del gasoducto Los Ramones 2 norte y sur”.

18. La supervisión de OHL no fue impedimento para que Odebrecht reconociera haber incrementado el costo original de la obra por un monto de 28 millones 390 mil dólares, de acuerdo con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

19. Odebrecht reconoció que el contrato para el desarrollo de Los Ramones II fue asignado por Pemex por un monto de 935 millones 139 mil dólares y se concluyó en 963 millones 529 mil dólares. Sin embargo, Pemex reconoce que la inversión estimada para tramo II de los Ramones es de mil 52 millones de dólares.

20. Ante esta opacidad y las recientes denuncias de triangulaciones fraudulentas desde diversas instancias federales y desde Pemex con empresas fantasmas, es urgente que estos temas no queden nuevamente en la impunidad y la Cámara de Diputados exija que este fraude, que involucra miles de millones de pesos sea debidamente investigado, clarificado y sancionados los funcionarios responsables de tan graves desvíos contra el patrimonio de los mexicanos. Por ello propongo la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero . La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y la Procuraduría General de la República que, en uso sus atribuciones, investiguen y finquen las responsabilidades correspondientes a Emilio Lozoya Austin, ex director general de Pemex, derivadas de la denuncia de manejo fraudulento del costo de la supervisión de la obra gasoducto Los Ramones II, supervisión realizada por la empresa OHL a través de la filial de Pemex Tag Pipelines Norte, S de RL.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y la Procuraduría General de la República que, en uso sus atribuciones, investiguen y finquen las responsabilidades correspondientes por los actos fraudulentos contra el patrimonio de la nación en los que se encuentran involucradas varias dependencias del gobierno federal y altos servidores públicos evidenciados en la investigación conocida como “la estafa maestra”.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- Ciudad de México, a 19 de septiembre de 2017.

Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la inmediata rehabilitación de carreteras, caminos y puentes de Oaxaca afectados por el sismo del 7 de septiembre, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Natalia Karina Barón Ortiz, diputada del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo a la inmediata rehabilitación de carreteras, caminos y puentes del estado de Oaxaca afectados por el sismo del 7 de septiembre al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La noche del jueves 7 de septiembre, el sismo que afectó el sureste mexicano dejó pérdidas materiales por miles de millones de pesos provocando serias afectaciones en 41 municipios. Las principales se dieron sobre la infraestructura de comunicaciones y las redes de carreteras y caminos de los estados impactados por el movimiento de tierra y que son vitales para el traslado de ayuda humanitaria especialmente en el período de emergencia para la atención de la población damnificada.

De acuerdo con un comunicado en el sitio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, publicado el 14 de septiembre de 2017, la red de carreteras federales de Oaxaca tendría afectaciones mínimas que fueron de rápida reparación; luego de la revisión, se constató que aunque hubo algunas incidencias, se resolvieron sin mayor dilación particularmente en los municipios de Santo Domingo Tehuantepec y Santa María Xadani:

Carreteras de #Oaxaca y #Chiapas en buen estado

El secretario Gerardo Ruiz Esparza acompañó al presidente Enrique Peña Nieto e integrantes del gabinete a un recorrido de supervisión en los poblados de Santo Domingo Tehuantepec y Santa María Xadani, donde constató que las carreteras federales se encuentran en buenas condiciones en los estados de Oaxaca y Chiapas. No hay ningún corte en vías federales.

Luego de la revisión de los efectos del temblor del pasado 7 de septiembre, las carreteras federales se encuentran en buenas condiciones en los estados de Oaxaca y Chiapas. Hubo algunas incidencias de inicio, pero prácticamente ya todo está recuperado, no hay ningún corte en vías federales.

Por el momento, la afectación se presenta en caminos rurales, mismos que ya iniciaron trabajos de limpieza y reparación.

En un recorrido de supervisión por los municipios de Santo Domingo Tehuantepec y Santa María Xadani, en el estado de Oaxaca, el gobierno federal conoció de viva voz las necesidades de los afectados por el temblor del pasado 7 de septiembre.

En los municipios de Matías Romero y San Juan Huichicovi, afortunadamente no hubo pérdida de vidas humanas que lamentar, y ahora coordinamos los trabajos de auxilio a la población y la entrega de todos los apoyos en tiempo y forma.

Hasta el momento, en Matías Romero se afectaron 512 casas, de las cuales 155 son pérdida total, además del mercado, el palacio municipal y la iglesia, que resultaron dañadas. En San Juan Huichicovi, de 900 construcciones perjudicadas, 400 serán demolidas.

Es momento de ayudar y de mostrar la solidaridad de la población con los damnificados. Trabajamos por todos ellos, para que pronto los municipios afectados vuelvan a la normalidad en todas sus actividades.

No obstante, aun cuando las carreteras federales competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pudieron verse afectadas de manera mínima, las autoridades han reconocido que el principal problema se encuentra en las red de caminos secundarios del estado y que son los que enlazan a las diversas comunidades que necesitan de rehabilitación inmediata para la distribución de ayuda y la posterior reconstrucción de las zonas que sufrieron de forma más grave el impacto del sismo.

De acuerdo con las declaraciones del director de Caminos y Aeropistas de Oaxaca, publicadas el 15 de septiembre, más de doscientas carreteras y caminos en el estado estarían seriamente afectados a una semana del sismo siendo la región de Sierra Sur con los mayores daños. Entre otras regiones también se cuentan el Istmo de Tehuantepec con “39 los caminos dañados, en la Sierra Norte 29, Costa 28, Papaloapan 24, Mixteca 17, Cañada 13 y con menor eventualidad Valles Centrales con 8 afectaciones, esto sin definir aun la magnitud del daño de cada afectación...”

De igual forma, el funcionario advirtió de los daños estructurales a puentes se analizan para lograr la rehabilitación. Entre estos se encuentran:

“Puente de Fierro en Eloxochitlán de Flores Magón, en la región de la Cañada; en la región del Istmo, los afectados son el puente en Asunción Ixtaltepec, el puente El Pirulí en Chahuites, puente de fierro en Ciudad Ixtepec, puente Arroyo Niza Luba de la carretera Ixtepec–Chihuitán, puente La Ceiba en la carretera de El Barrio la Soledad a Santa María Petapa, el puente vado de la calle Benito Juárez del centro de El Espinal.

El puente Malatengo en Matías Romero, puente Estero y puente Santa Cruz Montecillos, ambos en San Francisco del Mar; el puente Mogoñé Viejo en San Juan Guichicovi, puente en San Pedro Huamelula, puente Nizapipi en Santa María Mixtequilla, dos puentes en Santo Domingo Ingenio, puente Emilio Pimentel, puente Crucero y puente Ejido El Jordán ubicados en la demarcación de Santo Domingo Tehuantepec, así como el puente Estero que comunica a Juchitán con Unión Hidalgo.

Se están evaluando los daños en el puente de Río Grande en Tejúpam de la Unión, región Mixteca; el puente San Juan Bautista Valle Nacional, en la Cuenca del Papaloapan y en el puente de la Virgen en el municipio de Nejapa de Madero, en la Sierra Sur”.i

Apenas el 12 de junio de 2017, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Convenio de Coordinación en materia de reasignación de recursos, que celebran la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el estado de Oaxaca, para la construcción y modernización de caminos rurales y carreteras alimentadoras en la entidad y que tuvo por objeto transferir recursos presupuestarios federales al estado para coordinar su participación con el Ejecutivo federal materia de construcción y modernización de caminos rurales y carreteras alimentadoras y reasignar la ejecución de programas federales definiendo la aplicación que se dará a tales recursos y establecer los mecanismos para la evaluación y control de su ejercicio. De acuerdo con la Cláusula Segunda del Convenio, se reasignaron 87 millones novecientos mil pesos con cargo al presupuesto de la SCT.ii

Teniendo en cuenta la magnitud de los daños en la infraestructura de carreteras y caminos del estado de Oaxaca, es oportuno el exhorto al secretario de Comunicaciones y Transportes para que, en el ámbito de su competencia, realice y consolide las estrategias para enfrentar los daños que se presenten en los tramos carreteros, a fin de adoptar las medidas pertinentes para atenderlos y superarlos de inmediato, como sería la aplicación del Programa de Empleo Temporal Inmediato - SCT para reducir los efectos económicos y sociales negativos en personas de 16 años de edad o más que vean disminuidos sus ingresos o afectado su patrimonio como consecuencia de situaciones sociales y económicas adversas, emergencias o desastres, mediante apoyos económicos otorgados como contraprestación por su participación en proyectos de beneficio social, familiar o comunitario.

De igual manera, se considera un exhorto al gobernador del estado de Oaxaca para que realice las acciones pertinentes para la rehabilitación de caminos, carreteras y puentes estatales, como es la aplicación de los recursos para la rehabilitación y modernización de las carreteras y puentes afectados por el sismo de 7 de septiembre.

Por lo anterior expuesto, se presenta a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de:

Acuerdo

Primero. Se exhorta al Secretario de Comunicaciones y Transportes a realizar la liberación de recursos que permitan la aplicación del Programa de Empleo Temporal Inmediato-SCT para coadyuvar en la rehabilitación de caminos, carreteras y puentes del estado de Oaxaca afectados por el sismo del 7 de septiembre.

Segundo. Se exhorta al gobernador del estado de Oaxaca para que, en el ámbito de su competencia, realice la inmediata aplicación de recursos e instrumentos financieros que permitan la rehabilitación de caminos, carreteras y puentes del estado de Oaxaca afectados por el sismo del 7 de septiembre.

Notas

i IstmoPress, Más de 200 caminos afectados por terremoto en Oaxaca, 15 de septiembre. En: http://www.istmopress.com.mx/istmo/mas-de-200-caminos-afectados-por-ter remoto-en-oaxaca/

ii Convenio en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5486311&fecha=12/06/2 017

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 19 de septiembre 2017.

Diputada Natalia Karina Barón Ortiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la pronta reparación de daños en el patrimonio cultural, histórico y religioso de Oaxaca por el sismo del 7 de septiembre, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Natalia Karina Barón Ortiz, diputada del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con puntos de acuerdo relativo a la pronta reparación de daños en el patrimonio cultural, histórico y religioso del estado de Oaxaca por el sismo del 7 de septiembre, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La noche del jueves 7 de septiembre, el sismo que afectó el sureste mexicano dejó pérdidas materiales por miles de millones de pesos provocando serias afectaciones en 41 municipios. Entre las principales consecuencias están los graves daños al patrimonio inmobiliario histórico, cultural y religioso que resguardan tesoros nacionales y culturales además de ser recintos donde las comunidades y pueblos damnificados expresan sus creencias y encuentran consuelo en los momentos más aciagos y de desastre.

De acuerdo con un comunicado de prensa publicado en el sitio de la Secretaría de Cultura el 14 de septiembre de 2017, se ofreció un censo del patrimonio inmobiliario histórico, cultural y religioso que tuvo daños considerables y que se extiende por distintas Entidades federativas impactadas por el sismo del 7 de septiembre y que se transcribe a continuación:

Una vez realizados trabajos de supervisión en los que han participado más de 40 especialistas del INAH, y de las direcciones generales de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural y de Culturas Populares, bajo la coordinación de la Secretaría de Cultura federal, se ha llevado a cabo un inventario de las afectaciones a recintos culturales, edificios históricos, zonas arqueológicas y templos religiosos. A partir de este diagnóstico se decidieron acciones inmediatas en las que participan los tres órdenes de gobierno.

Este censo de afectaciones ha permitido planear las acciones de restauración e integrar los requerimientos para gestionar ante el Fonden los recursos financieros requeridos, y respaldar de esta manera el compromiso del Presidente Enrique Peña Nieto para la intervención inmediata en el patrimonio afectado.

Cabe informar que la Secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, recorrió el pasado martes diversas comunidades situadas en los municipios de los Altos de Chiapas, donde se reunió con presidentes municipales y habitantes de la región, acompañada por Diego Prieto, titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Asimismo, los días miércoles y jueves recorrieron diversas poblaciones de Oaxaca, entre ellas Juchitán.

La información que se desprende de las supervisiones descritas y que aún debe considerarse como preliminar, dado que prosigue la supervisión en zonas apartadas de Chiapas y Oaxaca, es la siguiente:

Al momento se cuenta con información sobre 300 inmuebles y recintos afectados.

En Chiapas se han registrado hasta el momento 56 edificios patrimoniales con daños significativos, entre los que se reportan los siguientes:

1. Templo de Santa Lucía: colapso de las torres del campanario.

2. Catedral de San Cristóbal: colapso de la torrecilla suroeste de la fachada principal.

3. Templo de la Virgen de Guadalupe, Villa las Rosas: colapso del 30 por ciento de la cubierta.

4. Templo de San Lorenzo de Zinacantán: deslizamiento general de las tejas de su cubierta; colapso total de las torres de los campanarios y del 30 por ciento de la cubierta.

5. El Museo Regional de Chiapas, ubicado en San Cristóbal de las Casas, presenta daños en la estructura.

6. La zona arqueológica Iglesia Vieja, ubicada en el municipio de Tonalá, presenta daños en la estructura.

7. La zona arqueológica de Chiapa de Corzo presenta daños en algunas estructuras.

En Oaxaca se registran daños en 130 inmuebles con valor histórico:

• Museos, 12

• Zonas arqueológicas, 15

• Templos, 85

• Espacios culturales y bibliotecas, 12

• Construcciones históricas civiles, 6

Cabe citar, entre otros, los siguientes monumentos:

1. El templo de San Vicente Ferrer, de Juchitán, en el Istmo de Tehuantepec, presenta derrumbe parcial del 80 por ciento de su torre; habrá que restaurarla y revisar y reparar la nave del inmueble.

2. El Teatro Macedonio Alcalá, de la ciudad de Oaxaca, reporta grietas severas.

3. El Palacio Municipal de Juchitán colapsó y se derrumbó parcialmente.

4. La Casa de Cultura de Juchitán sufrió severos daños en la biblioteca, dirección y sala arqueológica, donde se reporta desplome del techo, con afectaciones al acervo ahí exhibido.

5. La Casa de Cultura de Tehuantepec registra severas afectaciones en techos (desplomes parciales, grietas) y paredes (grietas y desprendimiento de repello). Se teme que colapse la parte oeste.

6. La Catedral, el Ex Convento de Santo Domingo y el Templo de San Sebastián, de Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec, presentan afectaciones.

7. Los muros y alfarda de la zona arqueológica Guiengola presentan afectaciones y se encuentran parcialmente caídos.

8. La zona arqueológica de Monte Albán muestra derrumbe del muro de su carretera de acceso. En el edificio X se colapsó el muro divisorio oeste; el edificio A presenta asentamientos importantes en la parte superior, con grietas en el piso que corren de norte a sur y cruzan prácticamente todo el inmueble; en el juego de pelota se colapsó la sección central del muro sur; el edificio P presenta daños en varias partes, se está procediendo a su restauración.

9. Colapso del campanario del Templo Santiago Astata.

10. El Templo San Lucas Ixcotepec presenta colapso de su cubierta; el Templo de Santa María Ozolotepec, que data del siglo XVI, debe ser demolido ante la severa afectación de la nave principal y derrumbe en contra fuerte, ya que tiene daños mayores.

Afectaciones en Puebla:

1. Zona arqueológica de Cholula: desprendimientos en acceso al templo y agrietamientos en espacios internos socavados.

En Hidalgo:

1. En la zona arqueológica de Atzompa se registran afectaciones en algunas estructuras.

En Tabasco:

1. La iglesia de Astapa presenta afectación en las torres de su cúpula.

Es importante precisar que los trabajos de apuntalamiento en zonas arqueológicas iniciaron inmediatamente después del sismo.

Finalmente, se informa que siguen los recorridos de especialistas de Sitios y Monumentos y de Culturas Populares, y que el INAH ha organizado grupos de trabajo con las coordinaciones nacionales de Monumentos Históricos, de Arqueología, de Conservación del Patrimonio Cultural, de Museos y Exposiciones, y de Antropología, para seguir con el diagnóstico de afectaciones y diseñar el programa de intervención en zonas arqueológicas, inmuebles patrimoniales e infraestructura cultural en los municipios declarados en emergencia por el sismo.

Para la protección del patrimonio cultural, en 2002 el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Centro Nacional de Prevención de Desastres crearon el Programa de Prevención de Desastres en materia de patrimonio cultural (Previnah) para afrontar desafíos y riesgos en la pérdida del patrimonio cultural, arqueológico e histórico atribuibles a desastres naturales y antropogénicos a través de tres subprogramas: 1) Prevención, 2) Auxilio y 3) Recuperación.

De acuerdo con la fase de auxilio, el Programa establece que:

2.2 Evaluación de daños.

Una vez que el fenómeno ha pasado, los técnicos, peritos y especialistas del grupo de respuesta inmediata, organizarán y realizarán los recorridos conforme a las rutas establecidas en la etapa preventiva para estimar los daños sufridos en el patrimonio cultural y los inmuebles que ocupa el Instituto. En estos recorridos se realizarán las siguientes actividades:

2.2.1. Evaluación de daños a inmuebles

Revisar y registrar en los planos arquitectónicos, los elementos estructurales que hayan sufrido fisuras, fracturas, colapsos o buen desplazamiento respecto de su centro de gravedad por causa del siniestro.

Revisar y registrar los daños en el funcionamiento de las instalaciones eléctricas, hidráulicas, de gas y demás fluidos.

Elaborar un dictamen del estado estructural del inmueble y de las instalaciones.

Calcular presupuestos para las reparaciones y hacerlas del conocimiento de las áreas centrales para la gestión de los recursos financieros que procedan.

Promover la declaratoria de desastre.

En caso de proceder, el plan establece la notificación a las compañías aseguradoras de un informe pormenorizado del siniestro y de los efectos resultantes sobre el patrimonio cultural asegurado con el objeto de obtener los recursos financieros de las pólizas según sea el caso.

En este sentido, resulta oportuno el exhorto a la secretaria de Cultura para que promueva las acciones y la aplicación de los instrumentos financieros del Programa de Prevención de Desastres en materia de patrimonio cultural (Previnah) para la reparación y rehabilitación del patrimonio histórico, cultural y religioso del Estado de Oaxaca afectado por el sismo del 7 de septiembre.

De igual forma, se considera oportuno el exhorto al gobernador del Estado de Oaxaca para que, en el ámbito de su competencia, promueva la aplicación de recursos que permitan la rehabilitación del patrimonio histórico, cultural y religioso del Estado de Oaxaca afectado por el sismo del 7 de septiembre.

Por lo anterior expuesto, se presenta a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Cultura para que, en el ámbito de su competencia, promueva la aplicación de los instrumentos financieros y seguros del Programa de Prevención de Desastres en materia de patrimonio cultural (Previnah) para la reparación y rehabilitación del patrimonio histórico, cultural y religioso del estado de Oaxaca afectado por el sismo del 7 de septiembre.

Segundo. Se exhorta al gobernador del estado de Oaxaca para que, en el ámbito de su competencia, promueva la aplicación de recursos y realice las acciones que permitan la rehabilitación del patrimonio histórico, cultural y religioso del Estado de Oaxaca afectado por el sismo del 7 de septiembre.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- Ciudad de México, a 19 de septiembre 2017.

Diputada Natalia Karina Barón Ortiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la aplicación y distribución de los recursos del bono contra catástrofes otorgado a México para auxiliar y reconstruir los estados afectados por el sismo del 7 de septiembre, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Natalia Karina Barón Ortiz, diputada del Grupo Parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo a la aplicación y distribución de los recursos del bono contra catástrofes otorgado a México para la reconstrucción de los estados afectados por el sismo del 7 de septiembre pasado al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En recientes declaraciones a raíz de los eventos catastróficos causados por el sismo del 7 de septiembre en el sureste mexicano, el Secretario de Hacienda y Crédito Público dio a conocer que el gobierno de la República estaría evaluando “si se activa un bono catastrófico que sirve para atender daños por eventos naturales. El Gobierno anunció a principios de agosto que en alianza con el Banco Mundial, concluyó la renovación del mecanismo de cobertura financiara para potenciar los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden). Explicó que el bono inyectaría, en caso de activarse, hasta 360 millones de dólares adicionales al Fonden derivado de eventos naturales catastróficos como huracanes en el Océano Pacífico y Atlántico, así como terremotos que afecten el territorio nacional”.i

Dicho mecanismo de bonos del Banco Mundial habrían sido emitidos a favor de México a principios de agosto pasado con el fin de fortalecer los fondos de desastres y ayudar a mitigar los efectos devastadores de cualquier evento de la naturaleza que rebasara la capacidad de respuesta de las autoridades.

De acuerdo con el comunicado No 139 del 4 de agosto emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el “Bono Catastrófico Fonden 2017” debe otorgarse bajo ciertas condiciones ante eventos naturales que provoquen devastaciones como lo fue el sismo del 7 de septiembre al rebasar los 7 grados Richter. El bono sería repartido en una cobertura conjunta de 360 millones de dólares: 150 millones de dólares para sismos, así como 100 y 110 millones de dólares para huracanes en las costas de los Océanos Atlántico y Pacífico, respectivamente. Tales cantidades serían parte de la estrategia en el conjunto de políticas de manejo prudencial para proteger y fortalecer los recursos presupuestales destinados a desastres naturales como se describe a continuación de acuerdo al comunicado:

Comunicado número 139. El gobierno federal renueva la cobertura (bono catastrófico emitido por el Banco Mundial) que permite potenciar los recursos del Fonden ante huracanes y sismos que afecten el territorio nacional.

Con el objetivo de fortalecer y potenciar los recursos dedicados a responder ante desastres naturales catastróficos, el Gobierno Federal concluyó la renovación del mecanismo de cobertura financiera: Bono Catastrófico “Fonden 2017”. Esta cobertura permite aumentar los recursos del Fonden para la atención de situaciones de emergencia y reconstrucción de infraestructura pública federal, estatal y municipal, así como vivienda en situación de pobreza, causada por los efectos de sismos y huracanes de alta intensidad que pudieran afectar el territorio mexicano.

El Bono Catastrófico “Fonden 2017” estará vigente por 3 años y brindará una cobertura conjunta de 360 millones de dólares (mdd): 150 mdd para sismos, así como 100 y 110 mdd para huracanes que impacten las costas del Océano Atlántico y Pacífico, respectivamente.

Al igual que en los mecanismos anteriores, el pago de indemnizaciones del Bono Catastrófico al Fideicomiso Fonden se activará con base en parámetros de intensidad, por lo que no se requiere la valuación de daños para la activación del pago. El Bono, emitido por el Banco Mundial, cubre huracanes (a partir de intensidad Categoría 4 en la escala Saffir-Simpson) o terremotos (a partir de magnitudes de 7.8 en la escala de Richter). En la renovación de este Bono se incorporaron innovaciones que permitirán la activación de pagos a favor de México de forma parcial, o total, según la intensidad de los siniestros. Asimismo, el bono cubrirá todas las costas del país en caso de huracanes, así como todas las regiones sísmicas relevantes del territorio nacional.

Esta es la cuarta ocasión que México utiliza Bonos Catastróficos como estrategia de administración de riesgos. Con la colocación inicial de 2006 y con las renovaciones e innovaciones a los mecanismos de 2009, 2012 y la actual, en la que el Banco Mundial emite por primera vez este bono para México, el país consolida su posición de liderazgo en el mundo como un promotor del uso de esquemas financieros de transferencia de riesgos de desastres naturales. Actualmente, México se encuentra coordinando esfuerzos con los países de la Alianza del Pacífico, para articular mecanismos conjuntos de transferencia de riesgos que beneficien a los países de la Alianza y a sus habitantes.

En la renovación del Bono Catastrófico 2017 destaca el interés y la participación de 37 inversionistas globales, entre los que se encuentran fondos de inversión alternativa, reaseguradores, aseguradoras y fondos especializados en este tipo de instrumentos (Insurance Linked Securities), y una sobredemanda de 207 por ciento al monto ofertado, lo que permitió mantener la trayectoria decreciente en el costo de la contratación.

A través del Bono Catastrófico, México fortalece sus mecanismos de protección y el manejo financiero de riesgos catastróficos para contar con una estrategia integral de mitigación y estabilización ante el impacto de los desastres naturales.

En 2005, el Gobierno de México le otorgó al Fonden las facultades para desarrollar una estrategia de cobertura del riesgo catastrófico para incluir instrumentos y mecanismos financieros para la retención y transferencia del riesgo. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en 2006 México fue el país pionero en Latinoamérica el emitirse bonos de catástrofe por 160 millones de dólares a fin de cubrir los daños que pudieran darse con un potencial terremoto. El BID señala que los bonos son “un instrumento financiero comerciable que distribuye el riesgo a través de los mercados globales de capital. Estos bonos suelen ser emitidos por gobiernos o empresas de reaseguros —las aseguradoras de las aseguradoras— y respaldados por letras del Tesoro de Estados Unidos. Aunque suelen pagar una pequeña fracción de los daños, pueden brindar importantes beneficios en caso de que se produzcan las peores catástrofes”.ii

Para el fortalecimiento del Fondo de Desastres, “entre los años 2000 y 2004, el Banco Mundial proporcionó servicios de asesoría a México en el marco del Proyecto de Gestión de Desastres Naturales. En el 2005, colaboró en la emisión del primer bono catastrófico de México. Asimismo, al emitir su segundo bono catastrófico, México fue el primer país en utilizar el programa MultiCat del Banco Mundial, el cual proporciona asesoría técnica a los países en el diseño y emisión de bonos catastróficos con cobertura para múltiples amenazas y áreas geográficas.

“Con esta asesoría, México emitió un bono catastrófico por 290 millones de dólares en octubre de 2009 contra riesgos de terremotos y huracanes en diversas regiones del país. La estrecha colaboración en estos temas entre México y el Banco Mundial continúa hasta el día de hoy, con la coordinación conjunta de proyectos destinados a fortalecer la resiliencia del país a los desastres e iniciativas para mejorar la gestión del riesgo fiscal. A través de los años, el progreso en estos temas en México ha constituido un importante punto de referencia para el Banco Mundial en su diálogo con otros países, compartiendo experiencias a fin de promover una gestión integral del riesgo de desastres”.iii

La magnitud del desastre y la urgencia de los procedimientos eficientes para activar los recursos necesarios que permitan afrontar de forma contundente a favor de los habitantes de las comunidades que han perdido todo. En este sentido, los procesos para acceder y ejecutar los recursos del programa del Fondo de Desastres para la reconstrucción fortalecido con estos bonos de desastre permiten el desembolso inmediato de recursos son dilación ya que se encuentran estrictamente delimitados en cuanto a la situación, gravedad y naturaleza de los eventos. El propósito de los recursos es el desembolso con rapidez para otorgar la ayuda de emergencia antes de que otra clase de ayuda nacional o internacional e iniciar los procesos de reconstrucción que permitan la reactivación de la economía de las comunidades afectadas.

De esta forma, se hace oportuno el exhorto para que el proceso de acceso y ejecución de los recursos del Fondo de desastres de realice de manera puntual y, sobre todo, se conozcan los procedimientos que han fortalecido a ese instrumento a través de los bonos catastróficos de forma transparente y con la debida rendición de cuentas en donde la Secretaría de Gobernación es responsable del acceso a los recursos del Fonden a través de las declaratorias de desastre natural y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la instancia responsable de los recursos del Fondo y de la transferencia de recursos del bono de catástrofes que permitan el fortalecimiento de este instrumento para la reconstrucción de las comunidades afectadas por el sismo del 7 de septiembre.

Asimismo se considera oportuno el exhorto al gobierno del Estado de Oaxaca para que, en el ámbito de su competencia, realice las acciones que permitan la aplicación de los recursos del fondo estatal de protección civil de conformidad con lo establecido en los artículos 66 y 67 de la Ley General de Protección Civil en vigor.

Por lo anterior expuesto, se presenta a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al secretario de Hacienda y Crédito Público a realizar la inmediata la transferencia de recursos del Bono de catástrofes emitido por el Banco Mundial para fortalecer y potenciar los instrumentos dedicados a responder ante desastres naturales para auxilio y reconstrucción inmediata de las comunidades de los Estados afectados por el sismo del 7 de septiembre.

Segundo. Se exhorta al gobernador del estado de Oaxaca para que, en el ámbito de su competencia, realice las acciones que permitan la aplicación inmediata de los recursos del fondo estatal de protección civil para auxilio y reconstrucción inmediata de las comunidades de los Estados afectados por el sismo del 7 de septiembre.

Notas

1 “México tiene un colchón de 360 mdd para atender daños por sismo”, 08 de septiembre, 2017. En:

http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/sismo-podria-eli minar-a-inversores-en-bono-de-catastrofe-de-mexico.html

2 “Seguros contra desastres naturales: ¿Por qué son tan pocos los países que los tienen?, 15 de febrero, 2017, en:

https://blogs.iadb.org/Ideasquecuentan/2017/02/15/seguro s-contra-desastres-naturales-por-que-tan-pocos-paises-los-tienen/

3 Secretaría de Gobernación, El Fondo de Desastres Naturales de México, una reseña, Segob, México, p. 3.

Palacio Legislativo de San Lázaro. Ciudad de México, a 19 de septiembre 2017.

Diputada Natalia Karina Barón Ortiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y la CNDH a investigar y difundir la información relativa a la posible violación del derecho a la salud de las comunidades indígenas de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, suscrita por los diputados Norma Xóchitl Hernández Colín y Guillermo Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben, Norma Xóchitl Hernández Colín y Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional en la XLIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, por medio del presente someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a investigar y hacer pública la información relativa a la posible violación del derecho a la salud de las comunidades indígenas pertenecientes a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas derivado de las conductas omisivas realizadas por el gobernador, Manuel Velasco Coello, y de resultar responsable entablen en su contra el procedimiento legal a que haya lugar ante la autoridad competente.

Lo anterior, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El derecho humano a la salud, consagrado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es inherente a todo ser humano aplicable a todas las personas sin importar su condición social, económica, cultural o racial y exige un conjunto de criterios sociales encaminados a garantizar la salud de todas las personas, bajo los principios de accesibilidad y equidad, así como la disponibilidad de servicios de salud y vivienda adecuada.

Es decir, el goce del derecho a la salud está estrechamente relacionado con el de otros derechos humanos como el derecho a la alimentación, a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la no discriminación y a la información.

Asimismo, es de resaltar que el derecho a la salud incluye el acceso a un sistema de protección de la salud que ofrezca a todas las personas las mismas oportunidades de disfrutar del grado máximo de salud que se pueda alcanzar.

La constitución de la Organización Mundial de la Salud establece que el grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano.

Aunado a lo anterior, la Organización Mundial de la Salud se ha comprometido a incorporar los derechos humanos en los programas y políticas de atención de salud, tanto en el ámbito nacional como regional, para lo cual tendrá en cuenta los determinantes subyacentes de la salud como parte de un enfoque integral de la misma y los derechos humanos. Así como ha reforzado activamente su papel de liderazgo técnico, intelectual y político en lo concerniente a este derecho, generando con ello

a) El fortalecimiento de la capacidad de la Organización Mundial de la Salud y de sus Estados Miembros para adoptar un enfoque de la salud basado en los derechos humanos;

b) La promoción del derecho a la salud en el derecho internacional y en los procesos de desarrollo internacionales;

c) La promoción de los derechos humanos relacionados con la salud (http://www.who.int/mediacentre).

De acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se reconoce la salud como derecho inalienable e inherente a todo ser humano. Esto implica la obligación del Estado de respetar, proteger y garantizar el derecho a la salud de todos sus ciudadanos, no sólo asegurando el acceso a la atención de salud, sino también la atención adecuada.

De conformidad con la Secretaría de Salud del estado de Chiapas se implantó una serie de caravanas aéreas de salud, que formaban parte del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 a efecto de atender a localidades aisladas de la región.

Sin embargo, en abril del presente año fueron suspendidas, mencionando el secretario de Salud del estado, Francisco Ortega Farrera, en una entrevista en el programa Despierta, de fecha 16 de agosto del año en curso, que las avionetas no eran un programa de la secretaría, eran comerciales y que habían sido sustituidas por unidades médicas móviles, es decir, por caravanas médicas de salud terrestre, hechas para ser establecimientos móviles con atención médica.

Resaltando que dichas caravanas terrestres, son imposibles de desplazar en virtud de que las comunidades que requieren de servicio y atención médica carecen de carreteras, ante tal circunstancia los habitantes de las doce comunidades indígenas afectadas elaboraron una carta de fecha 28 de junio del año en curso dirigida al secretario de Salud haciendo hincapié que en sus comunidades carecían de atención médica y que ni en fotografía conocían las caravanas de salud terrestre, puesto que ni siquiera contaban con carretera y que la suma de niños y mujeres que fallecían día con día aumentaba en aras de no contar con la presencia y atención de un servicio médico.

Con dicha acción se falta al debido cumplimiento del objetivo de la implantación de las caravanas aéreas de salud, el cual era combatir el largo período de tiempo al cual están sujetos los miembros de las comunidades indígenas para recibir algún tipo de atención médica, pues se estima un aproximado de ocho horas para poder visitar a pie a los habitantes de la Selva Lacandona, lo que en avioneta se reducía a 30 minutos para poder brindar asistencia médica.

Aunado a lo anterior, el 27 de agosto del año en curso se publicó en la revista Proceso que el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, ejecutaba acciones de lesa humanidad contra diversas comunidades indígenas tzotziles, tzeltales y choles, mencionando carecen de un adecuado desarrollo mental y por tal discapacidad se induce que el gobernador pretende menguar y eliminar su reproducción al introducir factores inversos de transferencia para hacerlos más sensibles a enfermedades comunes y así evitar su visibilización, así como encarecerlos de los servicios médicos más indispensables como vacunas, refuerzos y de medicamentos básicos.

Asimismo, ya no se habla de un bloqueo y afectación a las 12 comunidades indígenas carentes de atención y servicio médico sino, peor aún, se habla de un exterminio racial. Haciendo alusión que históricamente por la incidencia de accidentes orográficos de las zonas, el estado otorgaba apoyos a través de dos vías, mediante el envío de médicos para tareas de prevención y tratamientos de primer nivel, así como servicio aéreo para casos de enfermedades que requerían ser tratadas en una institución de salud de segundo nivel o partos con alguna complicación.

Sin embargo, como se mencionó, las caravanas aéreas de salud dejaron de prestar servicios desde abril del presente año, presumiéndose que la principal causa fue falta de pago y no las manifestadas por el secretario de Salud del estado.

Tales hechos, a todas luces, dejan en estado de indefensión a las comunidades indígenas, pues es de insistir que el tiempo de traslado aproximado del lugar donde habitan están comunidades a la cabecera municipal más cercana Ocosingo son jornadas de más de catorce horas, siete horas por vereda y otras tantas por terracería, originando que gran parte de nuestros indígenas desafortunadamente no logren recibir una atención médica oportuna.

A la luz de lo anterior, estos hechos han sido publicados nuevamente en el periódico de Chiapas Remembranzas de fecha 5 de septiembre del presente. Es decir, tan desafortunados acontecimientos han llevado una penosa trayectoria de ser ciertos desde inicios del presente año hasta este momento, por lo cual es imperioso que se investigue al respecto y se proceda conforme a derecho.

En virtud de que hechos tan lastimosos de ser ciertos no deben quedar impunes, atendiendo en primer instancia que el derecho a la salud es un derecho humano inalienable e inherente a todo ser humano y el Estado tiene el deber de asegurar y garantizar el derecho a la salud de todas las personas.

Por las consideraciones vertidas someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a investigar y hacer pública la información relativa a la posible violación del derecho a la salud de las comunidades indígenas tzotziles, tzeltales y choles, pertenecientes a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, derivado de las conductas omisivas realizadas por el gobernador, Manuel Velasco Coello; y, de resultar responsable, se entable en su contra el procedimiento legal a que haya lugar ante la autoridad competente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2017.

Diputados: Norma Xóchitl Hernández Colín (rúbrica), Guillermo Rafael Santiago Rodríguez.


Efemérides

Con motivo del sismo ocurrido el 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México, a cargo de la diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario del PRI

Hoy, 19 de septiembre, se cumple un año más de aquellos trágicos acontecimientos que conmocionaron significativamente la vida del país, provocando una pérdida colectiva que afectó a la sociedad mexicana y al gobierno.

Acontecimientos que marcaron un antes y un después en la historia de México.

Dos sismos, de magnitud 8.1 y 7.6, encontraron una población vulnerable, sin preparación para afrontar el severo movimiento de la tierra.

Estos sismos encontraron las condiciones propicias para provocar el desastre de que muchos de nosotros fuimos testigos.

“Que la tragedia nos convierta en un México nuevo, pero para mejor”. Así se leía la contraportada del periódico La Jornada en septiembre de 1985, que publicó las crónicas de Elena Poniatowska sobre el terremoto.

Han pasado 32 años, en los que hemos tenido la oportunidad de reducir el riesgo que representan los sismos en nuestro país.

Sin embargo, el pasado 7 de septiembre el sismo de magnitud 8.2 en el istmo de Tehuantepec evidenció nuevamente las vulnerabilidades aún existentes en el país.

¿Por ello es necesario reflexionar si es suficiente lo que hasta ahora se ha logrado?

¿Podemos afirmar que, en caso de ocurrir otro sismo de gran magnitud, en la brecha de Guerrero, por ejemplo, el impacto será menor?

¿Se han invertido recursos suficientes para prevenir y reducir las vulnerabilidades a fin de evitar un desastre como el de 1985 y sus implicaciones económicas, sociales y políticas?

El país, por encontrarse en el cinturón de fuego del Pacífico, es propenso a la ocurrencia de estos movimientos de tierra.

Ha temblado en el pasado y seguirá temblando.

De hecho, de acuerdo con los especialistas, existe el potencial de sismos de gran magnitud en el Pacífico mexicano.

Hoy contamos con un sistema nacional de protección civil, una mejor coordinación para la atención de las emergencias, un atlas de riesgos en evolución, un marco legislativo incipiente en materia de gestión de riesgos de desastres.

Sin duda, hoy estamos mejor preparados. Sociedad y gobierno han mejorado sus capacidades de respuesta ante los desastres y existe una mejor preparación.

Se tiene mejor conocimiento del fenómeno, se cuenta con mejor reglamento de construcción, específicamente en la Ciudad de México.

Pero también es un hecho que existen muchos municipios que no cuentan con su propio reglamento de construcción de acuerdo con las características geológicas locales.

Lamentablemente, también es una realidad que aún existen construcciones vulnerables.

Contamos con un sistema de alerta sísmica mexicano pionero en el mundo, orgullosamente desarrollado por investigadores mexicanos y con reconocimiento internacional.

La pregunta es ¿por qué no se cuenta con recursos suficientes para operar y ampliar su cobertura, así como los mecanismos para una difusión universal y gratuita de las alertas?

Compañeros: en este aniversario del mayor desastre en el país en la historia reciente es momento oportuno para reflexionar, pero también para actuar.

Estamos obligados a reconocer nuestras fortalezas, pero también reconocer nuestras debilidades, trabajemos juntos para superarlas y lograr un mejor futuro, porque México es un país fuerte.

Es necesario contar con una percepción adecuada del riesgo que representan los sismos, que nos haga cambiar hábitos y conductas para reducir nuestros riegos y convertirnos en una sociedad resiliente.

Es necesario priorizar la gestión del riesgo de desastres a lo largo de la administración pública, como un elemento indispensable para prever, reducir y controlar el riesgo de desastres.

No bajemos la guardia, por el contrario. La vida de muchos mexicanos y el desarrollo del país dependen de las acciones que realicemos para evitar construir nuevos riesgos, reducir los existentes y atender eficazmente las emergencias que se presenten.

Los invito a que todos como sociedad, sumemos esfuerzos, cada uno de nosotros en lo que nos corresponde. Fortalezcamos de una manera transversal la gestión del riesgo de desastres, trabajemos juntos por una cultura de la prevención.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2017.

Diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes (rúbrica)

Con motivo del inicio de la Independencia: madres de la patria, reivindicación de la participación de las mujeres en el movimiento insurgente, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

A más de 200 años del inicio del movimiento de Independencia, adjudicado al Padre de la Patria Miguel Hidalgo y Costilla. Continuado y culminado por los héroes José María Morelos y Pavón, Vicente Guerrero, Ignacio Allende, Nicolás Bravo e Ignacio Aldama por citar algunos, nos damos cuenta que la lista se agota en su mayoría con nombres del sexo masculino.

Es cierto que existen sus honrosas excepciones, de hecho en el muro de honor en el recinto legislativo de San Lázaro, se encuentran escritos con letras de oro el nombre de Ana Nava, Leona Vicario, Josefa Ortíz de Domínguez, Mariana Rodríguez del Toro de Lazarín y Carmen Sedán, mujeres adictas a la insurgencia.

Dicen que la historia la escriben los ganadores; y la guerra de la independencia es claro que la ganaron los hombres. El sexo masculino se erige sobre el discurso historiográfico y relega a la mujer a un segundo plano, como cómplice, como ayudante nunca como protagonista.

A veces me pregunto si el sueño de las insurgentes y de los insurgentes de un México libre de España dio inicio cuando “La Corregidora” tomó la decisión patriótica de informar al cura Miguel Hidalgo, que la Conspiración de Querétaro fue descubierta; por su valentía ¡Viva doña Josefa Ortíz!¡Viva una de las madres de la Patria!.

También recordamos el nombre de Mariana Rodríguez del Toro, la mujer que estructuró un plan para derrocar al gobierno virreinal de la Nueva España: capturar al virrey Francisco Xavier Venegas y llevarlo de inmediato ante la suprema junta que presidía el General Ignacio López Rayón para su ejecución y proclamación de la independencia.

La conspiración estaba cuidadosamente planeada: tomarían como rehén al Virrey en medio de su paseo matinal. En la víspera de la fecha fijada, fueron delatados por uno de Los Guadalupanos y el 29 de abril de 1811, doña María Rodríguez sería aprendida.

Mujeres con singular carácter, que no se limitaron a lo que las buenas costumbres patriarcales marcaban: sumisión y obediencia; por sus venas corría la necesidad de un cambio político, económico y social. La libertad era el ideal a seguir. Quizá pensaban en la posibilidad de un México independiente, con más igualdad en derechos; al final de cuentas, ellas también habían arriesgado el pellejo por la causa independentista.

Mención especial merece Leona de Vicario, heroína de la independencia, madre de la patria; ejemplo de la liberalización femenina del siglo XIX, rompió su compromiso con Don Octaviano Obregón para comprometerse con Andrés Quintana Roo, aún contra la voluntad de su tío Don Agustín Pomposo.

Leona Vicario era insurgente por definición, llevaba el anhelo de libertad y gobernabilidad desde el nombre de pila. Inventó un sistema de correspondencia con seudónimos literarios como canal de comunicación con los insurgentes.

La literatura sobre las mujeres que participaron en la construcción de un México Independiente es breve comparado a los numerosos volúmenes dedicados a las historias y a las hazañas de los héroes de la patria, pero la información está y existe, basta con ir a las fuentes primarias como los archivos de las iglesias, notas de periódicos clandestinos, expedientes judiciales para comprobar que la rebeldía de las mujeres ante el sistema político y social, que las llevaron del discurso a la acción, forman parte fundamental del México Libre y Soberano.

Reconocer la sororidad y solidaridad entre mujeres simpatizantes de la rebelión, que desde su posición asignada por las costumbres machistas, doblemente oprimidas, pobres y mujeres, formaron una red de espías llevando información privilegiada de la casa del mismo presidente de la junta de seguridad de la inquisición, Miguel Bataller y el arzobispo y virrey Lizana a oídos de los rebeldes.

¡Vivan las costureras, las sirvientas, las cocineras, las lavanderas, las chocolateras!

“Montar a caballo, vestirse en traje de hombre como se decía de María Luisa Gamboa, la legendaria Fernandita, usar el uniforme de capitana como La Gabina o que una mujer vestida de hombre comandara varonilmente una partida de doce rebeldes exigiendo con violencia contribuciones y vejando a los que no seguían su partido, como al parecer actuaba María Josefa Martínez en San Andrés Chalchicomula, en diciembre de 1816, era algo rarísimo y poco común.”1

Recordar aquellas mujeres de armas tomar, como Antonia Nava, La Generala, La Heroína de Soto La Marina, que transgredieron el ideal femenino, que se mantiene como un horizonte a lo largo de los siglos, y que determina las conductas humanas en forma de código moral pretendiendo haber sido dictado por la naturaleza o por Dios, o por los dioses y que obliga a las mujeres a negociar entre ese constante deber ser y sus posibilidades concretas de vida,2 es reivindicar el papel de las mujeres insurgentes en el movimiento de la independencia.

Notas

1 Mujeres Insurgentes. Comisión Especial Encargada de los festejos del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana del Senado de la República. LXI Legilsatura.

2 Tuñon Julia, Mujeres, entre la imagen y la acción, Debate, Conaculta, Ciudad de México, 2016, página 51

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2017.

Atentamente

Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica)