Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Segob, la SHCP y la Sagarpa a incrementar sus acciones en Veracruz y atender a la población afectada por el huracán Katia, a cargo de la diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita diputada federal de la LXIII Legislatura, Noemí Zoila Guzmán Lagunes integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita que esta Honorable Cámara de Diputados, exhorte respetuosamente a las Secretarías de Gobernación, Hacienda, y de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, para ampliar las acciones que se encuentran realizando en el Estado de Veracruz y atender a la población que resultó afectada por el Huracán Katia, bajo los siguientes

Considerandos

Que las condiciones actuales del tiempo en México han provocado escenarios extremos, con lluvias intensas a torrenciales en gran parte del país, con descenso de temperaturas, vientos fuertes, oleaje intenso y crecimiento de cuerpos de agua tanto de respuesta rápida como lenta que ponen en riesgo la integridad de los habitantes en varias regiones del país.

Que con fecha 6 de septiembre de este año, el Director General de la Comisión Nacional del Agua, informó que la trayectoria de la entonces tormenta tropical Katia se dirigía a los estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo, los cuales debido a las lluvias torrenciales que dejo a su paso el ciclón Franklin, los días 9 y 10 de agosto, los suelos se encontraban saturados y los cuerpos de agua con niveles altos.

Que por lo anterior, el día 7 de septiembre de 2017, ante la inminencia del impacto del ya Huracán Katia, la Secretaría de Gobernación a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil emitió Declaratoria de Emergencia para 11 municipios, esto es, Actopan, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Cazones de Herrera, Gutiérrez Zamora, Nautla, Papantla, San Rafael, Tamiahua, Tecolutla, Tuxpan y Vega de Alatorre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Que el día 9 de septiembre de 2017, nuevamente se emite Declaratoria de Emergencia ahora para 29 municipios del Estado de Veracruz por la ocurrencia del Huracán Katia por los días 8 al 11 de septiembre, declarándose a Alamo Temapache, Altotonga, Atzalan, Benito Juárez, Castillo de Teayo, Cerro Azul, Chicontepec, Chumatlán, Coahuitlán, Coatzintla, Coxquihui, Coyutla, Espinal, Filomeno Mata, Huayacocotla, Ixhuatlán de Madero, Jalacingo, Martínez de la Torre, Mecatlán, Perote, Poza Rica de Hidalgo, Tepetzintla, Texcatepec, Tihuatlán, Tlachichilco, Tlapacoyan, Zacualpan, Zontecomatlán de López y Fuentes y Zozocolco de Hidalgo.

Que estas condiciones del tiempo, aunadas a las lluvias acumuladas en días pasados, que han incrementado el nivel de ríos y los niveles de saturación de agua en el suelo y sumado a los movimientos de tierra, así como a la alta vulnerabilidad en muchas regiones del país, representan un alto riesgo para las y los mexicanos, ya como puede observarse los fenómenos naturales perturbadores nos han azotado manera continua e ininterrumpida por lo que se han presentado eventos de tracto sucesivo que han venido acumulando agua en el subsuelo y que sumado a los movimientos de tierra que hemos padecido se torna en una muy grave situación para diversos Estados de la República.

Que el Consejo Estatal de Protección Civil presidido por el Gobernador del Estado fue instalado previo al impacto del fenómeno perturbador, con lo que habilitó al Comité Estatal de Emergencias área operativa de este, para que otorgue atención a los municipios que se han visto afectados por el huracán Katia, a la fecha se ha informado de manera preliminar que sufrieron alguna afectación 90 municipios, se han visto afectadas más de 3000 viviendas, se desbordaron 65 corrientes entre ríos y arroyos, sufrieron daño 48 vías de comunicación y 18 puentes, más de 30 escuelas y existen más de 120 deslizamientos de tierra en toda la entidad veracruzana, en este orden continúan con los trabajos de evaluación de daños, los cuales resulta necesario reforzar con las áreas del Gobierno de la República.

Que se informa que tras el paso de este fenómeno perturbador, lamentablemente dos personas perdieron la vida a causa de deslizamientos en la ciudad de Xalapa; así mismo en Puebla y Veracruz se reportan derrumbes menores, árboles caídos y algunos cortes de energía.

Que también se han visto afectadas las tierras de cultivo, por lo que tan sólo las afectaciones provocadas por el huracán Franklin ascendieron en el Estado de Veracruz a 26 mil hectáreas aproximadamente y las que afecta el huracán Katia se están contabilizando por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, por lo cual es necesario se desarrollen las acciones para atender a los productores y se active el Seguro Agrícola, Pecuario, Acuícola y Pesquero Catastrófico.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta asamblea, el presente punto de acuerdo quedar como sigue:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a las Secretarías de Gobernación y Hacienda para ampliar las acciones que se encuentran realizando en el Estado de Veracruz y atender a la población que resultó afectada por el Huracán Katia.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural para que desarrollen las acciones necesarias y se atienda con prontitud a los productores rurales y se active el Seguro Agrícola, Pecuario, Acuícola y Pesquero Catastrófico.

Tercero. Que la Secretaría Gobernación solicite y reconozca que el impacto del huracán Katia, daño severamente a municipios en su infraestructura a cargo del Gobierno de la República y de acuerdo al artículo 60 de la Ley General de Protección Civil solicite la Declaratoria de desastre natural, a fin de que las dependencias y entidades de la federación puedan atender los daños sufridos en la infraestructura, bienes y patrimonio federal a su cargo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los veinticuatro días 11 del mes de septiembre de 2017.

Diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la renegociación del TLCAN, a cargo de la diputada Ángeles Rodríguez Aguirre, del Grupo Parlamentario del PAN

La diputada federal Ángeles Rodríguez Aguirre, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 2 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la presente proposición con punto de acuerdo para exhortar al presidente de la república, Enrique Peña Nieto, a que en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) la sustentabilidad sea un eje transversal en los diversos temas de actualización del tratado, al tenor de los siguientes

Considerandos

El pasado mes de agosto los representantes de México, Estados Unidos y Canadá iniciaron la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) bajo la premisa de que es necesaria su actualización para enfrentar los retos del siglo XXI.

La renegociación del TLCAN se hará en siete rondas, de las cuales ya se realizaron las dos primeras, pero no se sabe cuáles son los criterios o principios que guían la discusión y modernización del tratado.

Representantes del sector privado mexicano y canadiense coincidieron en mantener la integración entre los tres países y sumar sobre lo ya construido para fortalecer y abrir oportunidades de crecimiento en favor de la competitividad de la región y de cada país. En particular, el Consejo Coordinador Empresarial refirió en la importancia de asegurar una negociación rápida y eficiente para reducir la incertidumbre; así como incentivar una estrecha coordinación de los gobiernos con el sector privado para dar certeza en el proceso.1

En general, los tres países reconocen los avances importantes que se han dado en sus economías a partir de la entrada en vigor del TLCAN en 1994, pero existen algunas discrepancias sobre los temas técnicos que se tocaran, así como sobre algunas materias que no se trataron en el tratado como telecomunicaciones, energía, derechos de propiedad intelectual o software, entre otras.

Existe una gran incertidumbre sobre cómo se abordarán los temas ambientales, ante la insistencia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de retirarse del Acuerdo de Paris contra Cambio Climático; así como por declaraciones de su administración de enfocar las negociaciones con México y Canadá a asuntos comerciales, afirmando que otros gobiernos han cometido el error de concentrarse en asuntos laborales y ambientales.2

En el Encuentro de Organizaciones Sociales de Canadá, Estados Unidos y México,3 celebrado en la ciudad de México el pasado mes de mayo, se firmó una Declaración para que el tratado conduzca hacia un desarrollo sustentable, sostenible y ampliamente compartido en toda América del Norte, con obligaciones vinculantes para enfrentar el cambio climático, la deforestación, la contaminación de los mantos hídricos, las emisiones de gases de efecto invernadero, así como preservar la propiedad social de bosques, tierras, la biodiversidad y el agua.

Las organizaciones de la sociedad civil afirmaron que van a cooperar a través de las fronteras para monitorear, movilizar, educar, abogar y exigir que estos objetivos sean conquistados. Estas organizaciones convocaron a los pueblos de los tres países a construir un movimiento amplio y diverso, que desarrolle estrategias de movilización, propuesta e interlocución política para lograr una mayor incidencia en el rumbo de la globalización, en las políticas públicas y en la construcción de alternativas de desarrollo sustentable.

Es importante reconocer que el TLCAN fue el primer tratado de comercio significativo, que incluyó cláusulas sobre el medio ambiente y estableció instituciones paralelas para monitoreo y financiamiento. Se creó la Comisión para el Medio Ambiente de América del Norte, supervisada por un comité asesor público transparente y representativo, y donde terceros pueden presentar quejas sobre violaciones a leyes ambientales en los tres países.

El Banco de Desarrollo de Norte América (Nadbank) y la Comisión de Cooperación del Medioambiente Fronterizo, instituciones creadas también con el TLCAN, patrocinan y monitorean proyectos ambientales en la región fronteriza de Estados Unidos –México. Si bien estas instituciones han tenido algunos logros importantes, carecen de autoridad y su presupuesto es limitado para enfrentar problemáticas relevantes del medio ambiente, como los desechos peligrosos.

De ahí que es necesario expandir el mandato y los fondos de estas instancias para avanzar en la investigación relacionada con las actividades de desarrollo sustentable; mejorar la infraestructura pública; apoyar proyectos de eficiencia energética y de limpieza del medio ambiente; ayudar a las pequeñas y medianas empresas para la innovación y cumplimiento de las regulaciones ambientales, entre otros aspectos.

De acuerdo a datos del Inegi,4 la degradación del medio ambiente en general promedia el 10 por ciento del GDP desde el TLCAN. Según un estudio de 2009, ocho millones de toneladas de desechos peligrosos se generan cada año en México a pesar de que solo puede absorber un millón de toneladas por año, lo que ha llevado a la acumulación ilegal de desechos peligrosos.5 Asimismo, la agricultura industrial de México orientada a la exportación ha tenido un costo ambiental muy alto en el uso de agua, carga de nitrógeno y otros agroquímicos.

Por otra parte, hay un mal registro ambiental en nuestro país que impide conocer de mejor forma el daño ambiental para presionar con mejores instrumentos el principio que el contamina paga o para aplicar el principio de precaución y evitar que se causen daños irreversibles al entorno.

Se requieren estándares estrictos para el cumplimiento de la normatividad e internalizar las externalidades del medio ambiente en todas las empresas sin importar su origen, toda vez que con el TLCAN las empresas extranjeras argumentaron que con estándares mínimos en materia medio ambiental era suficiente y a la fecha no se están cumpliendo con todos los procedimientos establecidos en materia de impacto ambiental ni haciendo un mayor esfuerzo por transitar hacia tecnologías y prácticas con energías limpias y renovables. Por lo que será indispensable incluir en la renegociación un paquete de leyes y regulaciones básicas en materia medio ambiental, como de otros instrumentos multilaterales que las partes deben instrumentar.6

Es relevante que se establezca una cláusula del derecho a que los ciudadanos y los gobiernos tengan acceso sobre el desempeño de las empresas en materia medio ambiental, como se establece en otros tratados comerciales de la Organización Mundial del Comercio que han precedido al TLCAN.7 Así como establecer un régimen de derechos sobre propiedad intelectual que sea sustentable para el medio ambiente, lo que implica facilitar la innovación y transferencia de nuevas tecnologías limpias para adaptarse y combatir el cambio climático.8

El gobierno de Canadá ha sido claro respecto a la cuestión ambiental. En efecto, Chrystia Freeland, ministra de Asuntos Exteriores y quien será la cabeza del comité negociador canadiense, consideró que ningún país miembro del TLCAN debe reducir la protección del medio ambiente para atraer inversiones.

En una ponencia en la Universidad de Ottawa, la funcionaria demandó que los socios del acuerdo comercial apoyen plenamente los esfuerzos para detener el cambio climático y ello debe ser por la vía de reforzar regulaciones ambientales.9

El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, en reunión con la Junta de Coordinación Política del Senado a fines del mes de julio, dijo que el acuerdo trilateral ha sido de inmenso beneficio para todas las partes y que México espera un proceso de negociación constructivo, que permita aumentar la cooperación y la integración económicas y fomentar la competitividad regional. Afirmó que los países firmantes tendrán que dejar en claro públicamente las áreas del TLCAN que estarán sujetas a la renegociación, pero que esta negociación será integral, y no se aceptará llegar a un acuerdo en un tema sin que haya avances en otras áreas.10

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos al pleno de esta soberanía que sea aprobado el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al Presidente de la República Enrique Peña Nieto a que en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte la sustentabilidad sea un eje transversal en los diversos temas de actualización del tratado, en particular en materia de energía y agricultura.

Notas

1 http://www.cce.org.mx/cce-se-reune-con-empresarios-canadienses/

2 http://www.razon.com.mx/spip.php?article351412

3 http://derechoshumanos.org.mx/?p=1447

4 Sistema de cuentas económicas y ecológicas. Indicadores de síntesis. PIN ecológico. Gobierno de México, Inegi.

5 Slocum, Rebecca. “Rethinking Hazardous Waste Under NAFTA”, Americas Program Policy Report, Washington, Center for International Policy, 2009.

6 Gallagher, Kevin P. “El TLCAN y el medio ambiente: lecciones de México y más allá”. https://idconline.mx/comercio-exterior/2017/07/17/renegociacion-del-tlc an

7 Ídem.

8 http://www.proceso.com.mx/495879/renegociacion-del-tlcan-las-grandes-co rporaciones-lo-quieren

9 https://www.forbes.com.mx/estos-son-los-objetivos-de-canada-para-la-ren egociacion-del-tlcan/

10 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/07/27/1178148

Ciudad de México, a 14 de septiembre de 2017.

Diputada Ángeles Rodríguez Aguirre (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a adoptar medidas urgentes para rescatar y preservar las condiciones naturales y ambientales de Xochimilco, a cargo del diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Vidal Llerenas Morales, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, y con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6o. y el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Xochimilco representa una zona declarada Patrimonio Mundial Cultural y Natural por la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en 1987. Se ubica a 28 kilómetros del centro de la Ciudad de México y en ella se concentran y conviven más de 140 especies de aves acuáticas, ajolotes, acociles, charales, entre otros.

2. Asimismo, Xochimilco representa también un importante bastión de diversidad ecológica y natural para la Ciudad de México. Dicha característica no es precisamente novedosa, sino que data de tiempos pre coloniales, ya que los habitantes de la antigua Tenochtitlán –particularmente los xochimilcas– habitaron la zona por su proximidad a las aguas del canal, en donde desarrollaron novedosos sistemas de riesgo y agricultura, como las chinampas, que hoy en día son conservados y empleados por los habitantes de dicha región.

3. Esto significa que a la par de las importantes características ambientales y ecológicas que represente Xochimilco, dicha región también abona a la reproducción y mantenimiento de prácticas sociales y culturales que contribuyen a la conformación de identidades colectivas merecedoras de respeto, protección y valoración por parte de la sociedad y de sus autoridades.

4. Es decir, Xochimilco representa un pueblo originario de la Ciudad de México que ha aportado importantes elementos a la conformación de la identidad no sólo de quienes habitan dicha región, sino de la propia Ciudad de México en general. Xochimilco no sólo provee a la Ciudad de México de recursos naturales, sino que también ha abonado a la preservación, desarrollo y reproducción de técnicas y conocimientos ancestrales que han marcado la conformación de nuestra identidad como ciudadanos y que, a su vez, ha permitido que las miradas internacionales se coloquen en la valoración de nuestra cultura.

5. Pese a tales características de importancia, la zona de Xochimilco ha sido expuesta a grandes riesgos que con el paso del tiempo han degradado su estabilidad, al grado de colocarla en un grave riesgo de aniquilación. Así, por ejemplo, alrededor de 1900, durante el Porfiriato, se construyó un canal de desagüe y se entubaron algunos manantiales con objeto de abastecer de agua a la Ciudad de México, la cual para esa fecha ya presentaba problemas de abastecimiento de dicho líquido.

6. En la actualidad, los problemas que caracterizan a la zona de Xochimilco se relacionan con el crecimiento urbano; con la construcción de grandes obras industriales y habitacionales; la descarga de drenaje domiciliario a los canales; la existencia de plaga de algunas especies como la carpa y la tilapia que suponen depredadores naturales del ajolote, entre otros, los cuales han incrementado la amenaza de que esta región natural pueda desaparecer en un futuro próximo, tal como lo ha señalado Luis Zambrano González, investigador del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México.

7. Proteger la zona de Xochimilco representa una obligación constitucional y convencional que las autoridades capitalinas tienen la obligación de atender. Así, por ejemplo, el artículo 4 de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO señala que cada uno de los tienen “la obligación de identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio, le incumbe primordialmente”.

8. El artículo 11 de Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), establece que “toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos, por lo que los Estados deben promover la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente”. En el mismo sentido se expresan la Declaración de Estocolmo y la Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo, las cuales señalan que “el hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene la solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y futuras” y que “los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza”.

9. Xochimilco constituye una de las últimas posibilidades con las que la Ciudad de México cuenta para desarrollar un esquema armónico de convivencia con el medio ambiente y, en especial, con un cuerpo lacustre que no sólo es capaz de brindarle recursos naturales, sino también una historia y una cultura que nos caracteriza como pueblo mexicano con raíces indígenas.

10. No obstante ello, durante los últimos años el gobierno de la Ciudad de México ha ignorado esta grave situación de riesgo a la que se enfrenta Xochimilco. En lo que representa la clara reproducción de un esquema neoliberal que privilegia la generación y acumulación de recursos económicos por parte de poderes económicos privados por encima de la satisfacción de las necesidades sociales, la protección del medio ambiente y el aseguramiento de cultura colectiva, el gobierno de la Ciudad de México ha destinado mayores esfuerzos económicos es institucionales a la generación de obras que lejos de promover el fortalecimiento y la preservación de la zona de Xochimilco, han ampliado considerablemente los factores de riesgo señalados.

11. El gobierno capitalino ha promovido de manera incesante la extracción de agua de la zona lacustre de Xochimilco, situación que ha traído como consecuencia la reducción del nivel acuífero de los canales, así como la generación de hoyos, grietas y socavones que, incluso, colocan en riesgo la vida e integridad de los pobladores. Asimismo, el gobierno de la ciudad ha fomentado la construcción de obras residenciales e industriales en zonas de infiltración lo que ha reducido las posibilidades para la captación de agua en beneficio de los mantos acuíferos y, con ello, la degradación de las condiciones naturales de Xochimilco.

12. Con ello, el actual gobierno de la Ciudad de México ha decidido ignorar la problemática que enfrenta la zona de Xochimilco y ha sido omiso en reforzar las acciones de gobierno tendientes a frenar y limitar el crecimiento urbano en la zona; a reducir las posibilidades para la descarga del drenaje en los canales de Xochimilco, así como a reforzar las medidas para evitar la propagación de basura. De la mano de dicha situación, el gobierno de Miguel Ángel Mancera tampoco ha promovido el fortalecimiento de la práctica chinampera en la zona ni ha procurado un diálogo abierto e incluyente con los pobladores, situación que trae como consecuencia la imposibilidad de adoptar medidas y acciones coordinadas para frenar la degradación de esta área natural.

13. Las consecuencias de esta falta de acción por parte del gobierno de la Ciudad de México ya se han hecho patentes durante las últimas semanas, especialmente como consecuencia de las lluvias atípicas que se han registrado en la Ciudad de México. Tal es el caso de las inundaciones que han afectado a las y los vecinos de Xochimilco, y las cuales pueden explicarse por la incapacidad de las obras de drenaje para absorber tales cantidades de agua, así como a la imposibilidad de captar y canalizar el agua de lluvia hacia los mantos acuíferos para su posterior utilización en actividades agrícolas, industriales y humanas.

14. Algunas otras consecuencias se traducen en la pérdida de más de un millón de plantas de cempasúchil y nochebuena en San Luis Tlachialtemalco y San Gregorio Atlapulco, así como infinidad de plantas aromáticas, de ornato y alimentos en dichos pueblos e invernaderos de la zona de barrios en Xochimilco centro; situación que se agrava por el hecho de que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México ha desfogado, parcialmente, aguas residuales crudas en la zona chinampera, para mitigar inundaciones en zonas habitacionales de la zona sur de la ciudad, lo que acarrea la contaminación de la chinampera, ante la incapacidad de desalojo de las lumbreras conectadas al emisor central del drenaje profundo.

Por todo lo expuesto someto a consideración de esta asamblea el presente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al jefe del gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinoza, a adoptar medidas urgentes para rescatar y preservar las condiciones naturales y ambientales de la zona de Xochimilco.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2017.

Diputado Vidal Llerenas Morales (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a fortalecer las acciones para proteger la flora y fauna en las zonas fronterizas con EU, suscrita por la diputada Alma Lucía Arzaluz Alonso e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputada Alma Lucía Arzaluz Alonso y diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguiente

Exposición de Motivos

México tiene una riqueza natural y cultural extraordinaria que se explica, en gran parte, por su posición latitudinal, su compleja historia geológica, su accidentada topografía y su gran litoral frente a dos océanos y un mar propio. Esto ha permitido que en nuestro país se desarrollen prácticamente todos los ecosistemas terrestres y la mayor parte de los marinos presentes en el mundo, además de numerosas y singulares culturas.

Los ecosistemas nos proporcionan servicios que son esenciales para nuestra sobrevivencia y bienestar, por ejemplo, nos brindan alimentos, madera, fibras y principios activos para elaborar medicinas. Éstos captan el agua de lluvia que se infiltra en el suelo abasteciendo cuerpos de agua naturales (manantiales, ríos, lagos y humedales) y artificiales; son responsables de renovar el suelo y mantener su fertilidad; capturan el bióxido de carbono de la atmósfera disminuyendo el potencial del calentamiento global; albergan a los polinizadores imprescindibles para la fertilización de las plantas.

La región fronteriza entre México y Estados Unidos alberga grandes ecosistemas altamente diversos, los cuales, en comparación con otras áreas del continente, aún se encuentran en buen estado de conservación ya que no han sido perturbados por el ser humano.

Entre las especies con presencia en la frontera se encuentran el jaguar y el lobo mexicano, mismos que Estados Unidos declaró como especie en peligro de extinción en base al Acta de Especies en Peligro de Extinción de 1973. La responsabilidad principal para su recuperación en territorio norteamericano recae en el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos (FWS por sus siglas en inglés), con la colaboración de otras dependencias estatales y grupos diversos.

En 1982 México y Estados Unidos elaboraron el Plan de Recuperación del Lobo Gris Mexicano donde se incorporó por primera vez a las poblaciones que existen en México como parte de los criterios para remover a esta subespecie de la lista de animales en peligro de extinción. Estas acciones y criterios aparecieron en el 2009 en el Programa de Acción para la Conservación de la Especie (PACE)-Lobo Gris Mexicano. Estos hechos demuestran la interdependencia que existe entre ambas naciones de trabajar en conjunto para el manejo y recuperación de especies en riesgo que son compartidas.

En este mismo contexto, se encuentra el bisonte americano, considerado como la especie terrestre más grande en América del Norte y Europa. Existen solamente 19 manadas de bisontes libres en Norteamérica y menos de la mitad corresponde a la subespecie de las praderas. De éstas, una manada se mueve entre el municipio de Janos, Chihuahua, y el condado de Hidalgo, Nuevo México.

Estos bisontes, cuyo número fluctúa alrededor de los 100 ejemplares, cumplen su papel ecológico en su ecosistema original y están sujetos a la selección natural, lo que le da a esta manada, única en México, una relevancia biológica irremplazable.

En este contexto, es importante precisar que, en caso de llevarse a cabo la construcción del muro impulsado por el Presidente de Estados Unidos, las rutas migratorias de este gran mamífero se verían severamente afectadas, lo cual puede traducirse en su extinción parcial.

Igualmente, en la región fronteriza también habitan poblaciones de especies de fauna silvestre de talla grande, mismas que se encuentran severamente amenazadas como el oso negro y el puma, además de pequeños animales como puercoespines, castores, zorras del desierto, tortugas ornadas y serpientes de cascabel.

Aunado a lo anterior, es de precisar que dentro de la región fronteriza encontramos la Reserva de la Biosfera el Pinacate y Gran Desierto del Altar, que forma parte de la red de Reservas del Programa “El Hombre y la Biosfera (MAB)” de la UNESCO, desde el 25 de octubre de 1995.Igualmente, ostenta el nombramiento de los humedales de Agua Dulce como Sitio Ramsar, desde el 25 de septiembre de 2007; al mismo tiempo forma parte de la red de Reservas Hermanas del Desierto Sonorense que protegen una amplia y bien conservada franja fronteriza entre Arizona (Estados Unidos) y Sonora (México).

En esta reserva se pueden encontrar más de 540 especies de plantas vasculares, 40 especies de mamíferos, 200 de aves, 40 de reptiles, además de encontrar también anfibios y peces de agua dulce. Existen especies endémicas, amenazadas y en peligro de extinción.

Lo anterior es preocupante en virtud del fuerte impacto ambiental que se generaría, para ello podemos aludir a lo sucedido en otros países al adoptar medidas como estas.

Australia

En los años 50, pusieron un enrejado de 4,800 kilómetros de longitud en el sureste de Australia. Lo que se conoce como el Cerco del Dingo, el cual quería prevenir que los perros salvajes atacaran a las ovejas y, aunque logró su objetivo, también protegió a los canguros, que se multiplicaron. Ello resultó ser aún más problemático ya que estos compiten con las ovejas en el pastoreo.

China

Algunas secciones de la Gran Muralla China son completamente impenetrables. En una de estas zonas llamada Juyong-Guan, cerca de la capital, Pekín, los científicos estudiaron las plantas a ambos lados de la muralla y concluyeron que efectivamente el flujo genético se había quebrantado.

México

Teniendo en cuenta que el muro propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca frenar el movimiento de personas en la frontera con México, seguramente el proyecto no incluirá zonas para que puedan pasar grandes mamíferos amenazados. Por tanto, este gran muro inevitablemente tendría enormes repercusiones medioambientales para toda la zona.

Es relevante señalar que el muro ya existente ha afectado a los ecosistemas endémicos, ya que se han observado animales estresados al tener dificultades para cruzar la frontera, como el león de montaña y el gato montés. Además de las aves, como el glaucidium, una clase de búho pigmeo que suele volar bajo, y los correcaminos

Asimismo, es importante hacer mención de lo sucedido en Nogales, Sonora, donde se presentaron fuertes lluvias que derivaron en una inundación en 2011, en parte debido a que un desagüe que cruza la frontera quedó semibloqueado en el muro fronterizo, lo que generó una gran acumulación de agua.

Las consecuencias de la construcción del muro serían un desastre ambiental pues se reduciría el tamaño del área de actividad de la fauna, impediría el libre tránsito entre sitios de invierno y verano, evitaría que animales en busca de recursos puedan llegar a los sitios adecuados, así como la interrupción del flujo genético entre poblaciones divididas, amenazando su permanencia a largo plazo.

En este orden de ideas es importante hacer alusión a lo expresado por el propio Servicio de Pesca y Fauna Silvestre de Estados Unidos (USFWS, por sus siglas en inglés), el cual señaló que la construcción del muro podría impactar en 13 hábitats en situación crítica, 108 aves migratorias y cuatro refugios de vida silvestre, así como criaderos de peces y un número desconocido de humedales (pantanos) protegidos, según la agencia estadounidense.

Por lo aquí expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezca las acciones para la protección de la flora y la fauna en las zonas fronterizas de nuestro país con los Estados Unidos de América.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 14 días del mes de septiembre de 2017.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Alma Lucía Arzaluz Alonso, Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Nancy López Ruiz, Uberly López Roblero, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Edgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SFP, la PGR, la SHCP y diversas dependencias del gobierno federal a atender los posibles casos de corrupción dados a conocer en “la estafa maestra”, investigación conducida por las asociaciones civiles Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y Animal Político, suscrita por los diputados María Candelaria Ochoa Ávalos y José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, la diputada federal María Candelaria Ochoa Ávalos, integrante de la LXIII Legislatura del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En días pasados se dio a conocer una investigación realizado por la asociación civil Mexicanos contra la corrupción e impunidad, AC, y por el portal informativo Animal Político en la que se documentan posibles caso de corrupción en las asignaciones de contratos de servicios para varias dependencias de gobierno que no cumplieron con las obligaciones que la ley en la materia establece.

La asignación de estos contratos de servicios arroja un monto total de 7 mil 670 millones de pesos, de los cuales 3 mil 433 millones de pesos fueron desviados a través de empresas fantasmas y ahora no se sabe dónde ni quién tiene ese dinero de todos los mexicanos. Este esquema de corrupción incluye a 8 universidades públicas, a 186 empresas y a 11 dependencias del gobierno federal.

Estos contratos siguieron un esquema de gestión en los que se asigna a una universidad la prestación de un servicio, y la universidad a su vez subcontrata a otra u otras empresas para el trabajo, triangulando de esta manera los recursos. La ilegalidad incurre en cuanto se asignan los contratos a empresas que no cumplen con los criterios de legalidad establecidos en la ley o cuando se hacen fuera de los procedimientos establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En este sentido, la investigación se realizó a partir de los resultados de las cuentas públicas 2013 y 2014 en las que la Auditoria Superior de la Federación señalaba irregularidades en la asignación de contratos de las universidades públicas. Dando seguimiento al tema la nueva investigación realizada arrojó que las empresas subcontratadas no cumplían con los criterios de elegibilidad, las acciones no correspondieron a lo establecido en los contratos y las universidades mintieron.

Las Universidades involucradas son la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Autónoma del Carmen, la Universidad Popular de la Chontalpa, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Universidad politécnica del Golfo de México, el Instituto Técnico Superior de Comalcalco y la Universidad Tecnológica de Tabasco.

Las dependencias involucradas son Petróleos Mexicanos; Secretaría de Desarrollo Social; Fondo de la Vivienda del ISSSTE; Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos; Secretaría de Educación Pública; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria; Registro Agrario Nacional; Secretaría de Economía; y el Instituto Nacional para la Educación de las Adultos.

Dentro de los contratos celebrados se encuentran algunos que por la trascendencia del tema son un foco rojo de atención social. Tal es el caso de los contratos signados entre la Secretaría de Desarrollo Social y la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para operar el programa de la “Cruzada nacional contra el hambre”. Este programa por sí mismo requiere una auditoria a fondo, pues para el año 2013 solo se entregó el 7% de las despensas destinadas al mismo. La investigación realizada muestra que entre el año 2013 y 2014 la secretaria firmo convenios con las universidades por 2 mil 224 millones para la operación del programa, sin embargo no dieron ningún servicio, subcontrataron a 20 empresas de las cuales identifican 19 con irregularidades que debieron tomarse en cuenta para decidir sobre el tema y no se hizo. Más aun, la investigación revela que una empresa en particular ESGER Servicios y Construcciones, SA de CV, fue beneficiaria de transferencias de recursos de al menos 6 empresas contratadas con las que compartía socios. También documento que varias empresas pertenecen a la misma organización.

Asimismo, la investigación muestra que en el caso de Petróleos Mexicanos se firmaron 39 convenios con seis universidades públicas del sureste del país. El esquema es el mismo, las universidades subcontrataron a empresas para realizar los trabajos de manera ilegal pues no cumplieron con lo estipulado en los contratos y varias de estas empresas no tenían ni el perfil ni las condiciones para cumplir los servicios. También documento que varias de estas empresas pertenecían a exempleados de la empresa productiva del estado y les fueron asignados contratos violando lo estipulado en la ley.

El trabajo de investigación da cuenta puntual del caso de sólo dos dependencias, sin embargo lo que documenta incluye a otras 9 dependencias más.

Esta situación es grave, pues este esquema se ha venido utilizando desde al menos el 2010, así lo manifestó el Auditor Superior de la Federación al ser cuestionado sobre estos casos.

Llama la atención que esta investigación fue realizada a partir de las observaciones vertidas en el análisis de las cuentas públicas 2013 y 2014 que la Auditoria Superior de la Federación realizo y en las que manifiesta dichas irregularidades. Falta aún el análisis que se realice a las 2015, 2016 y la del año en curso para saber si el esquema sigue operando de la misma manera. Sin embargo las investigaciones por parte de las autoridades de procuración de justicia aún no han tenido avances sustantivos, lo que pone de manifiesto la superación de su capacidad investigadora.

Hoy, con elementos de prueba entregados por la sociedad civil se puede avanzar en el combate a la corrupción y evitar la utilización de este esquema fraudulento en los siguientes años. Para ello en necesario que las autoridades competentes retomen los hallazgos obtenidos y funden sobre ellos la causa legal a la que dé lugar, persiga a los culpables y sanciones a los funcionarios involucrados.

Nos queda claro que la única manera de acabar con la corrupción es atendiendo las observaciones y demandas de la sociedad civil. Para ello requerimos que las instituciones y las autoridades persigan todos los posibles hechos de corrupción que se han identificado, haciendo eco de los esfuerzos que los ciudadanos realizan por observar y fiscalizar la actuación del gobierno y el seguimiento al uso de los recursos públicos.

Por ello, proponemos el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública investigar y en su caso denunciar y/o sancionar a los funcionarios públicos que signaron convenios y contratos irregulares y/o ilegales identificados en la investigación de las organizaciones de la sociedad civil “Mexicanos contra la corrupción e impunidad, AC” y “Animal Político” denominada La estafa maestra .

Segundo.- Se exhorta a la Procuraduría General de la republica a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales y de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia a abrir una carpeta de investigación contra quien resulte responsable de posible daño al erario sobre los posibles actos de corrupción identificados por las asociaciones civiles “Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad” y “Animal Político” y conocidos como La estafa maestra

Tercero.- Se exhorta a la secretaria de Hacienda y Crédito Público a investigar el flujo de los recursos financieros entregados en los diferentes convenios signados entre las dependencias federales y las universidades públicas y entre éstas y empresas subcontratadas hasta el último retiro/depósito para la prestación de servicios identificados como posiblemente fraudulentos y con daño al erario identificados en la investigación realizada por las organizaciones de la sociedad civil “Mexicanos contra la corrupción e impunidad AC” y “Animal Político” y dada a conocer como La estafa maestra.

Cuarto. Se exhorta a Petróleos Mexicanos (Pemex); Secretaría de Desarrollo Social; Fondo de la Vivienda del ISSSTE; Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos; Secretaría de Educación Pública; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria; Registro Agrario Nacional; Secretaría de Economía; y el Instituto Nacional para la Educación de las Adultos a dar a conocer el estado que presentan los convenios identificados como irregulares y/o ilegales por la asociación civil “Mexicanos contra la corrupción e impunidad, AC” y “ Animal Político” en la investigación denominada La estafa maestra que se signaron con universidades públicas para prestación de servicios y los testigos del servicio realizados. De ser el caso las acciones legales que la dependencia haya iniciado en contra de posibles actos de corrupción y fraude contra ellas que se han identificado.

Dado en Palacio de San Lázaro, el 14 de septiembre de 2017.

Diputada María Candelaria Ochoa Ávalos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, sobre la implantación de operativos permanentes de seguridad y prevención del delito en las inmediaciones de los planteles educativos de la zona metropolitana de Guadalajara, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Laura Nereida Plascencia Pacheco, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El martes 29 de agosto, Francisco Álvarez Quesada no regresó a casa después de ir a la Escuela, fue víctima de la cobardía de un sujeto, el cual para robarle su teléfono celular lo asesinó a sangre fría.

Este y otros hechos delictivos, han consternado a toda la comunidad universitaria y a la sociedad jalisciense en general, por supuesto que también a una servidora, como universitaria que soy, de esta gran casa de Estudios.

El día 1 de septiembre, miles de estudiantes de la Universidad de Guadalajara salieron a las calles a manifestar su coraje y rabia por la muerte de este y otros jóvenes y por el clima de inseguridad en que acuden a sus escuelas ante la indiferencia de la autoridad que ni los ve ni los escucha.

¿Hasta dónde vamos a permitir que este tipo de sujetos trunquen la vida de las y los jóvenes?

Es sumamente triste y genera un sentimiento de impotencia, el que día a días las y los estudiantes, que son el presente y futuro de este país, talentosos y brillantes como Francisco que tenía una Beca de una Institución Internacional, sean víctimas de la delincuencia.

Es inadmisible que este tipo de hechos sigan ocurriendo en las inmediaciones de los centros universitarios de la Universidad de Guadalajara, o de cualquier otro centro de cualquier universidad, escuela o centro educativo.

Es vergonzoso que sólo al inicio de este ciclo escolar, 25 jóvenes hayan sido víctimas de hechos similares en las inmediaciones de los centros universitarios. El año pasado fueron 200 casos y este año ya van 246, lo que superara en mucho la incidencia anual.

Las autoridades de la Universidad de Guadalajara han señalado reiteradamente que los puntos más conflictivos para la seguridad de los estudiantes son las zonas aledañas al Tecnológico y las preparatorias 2, 4, 7 y 9, así como el Centro Universitario de Ciencias de la Salud.1

Pero más allá de la numeralia, lo que sigue doliendo y lastima es la pasividad de la autoridad. La inacción y la falta respuestas que prevengan este tipo de hechos, mientras el alcalde de la ciudad anda de vacaciones en Chicago.

Me pregunto: ¿Será muy difícil el que existan operativos en torno a las escuelas, sobre todo a la hora de entrada y salida de las y los estudiantes? o ¿no pueden los directores de las policías municipales establecer bases de colaboración y coordinación con las escuelas para inhibir este tipo de hechos delictuosos y otros relacionados con la desaparición de niñas y mujeres en estos centros?

Parecieran respuestas que no necesitan mucha explicación, pero ante la obviedad de los hechos siguen quedando las respuestas en el aire.

Los asaltos siguen ocurriendo en las inmediaciones de las escuelas y universidades, en los puentes peatonales, en el transporte público y hasta dentro de las aulas. Las niñas y las mujeres siguen siendo más vulnerables a estos y otros ataques.

Hay casos documentados de jóvenes que han sido secuestradas, y hoy están desaparecidas, en lugares cercanos a escuelas y a universidades, no obstante que Jalisco se encuentra en Alerta de Género.

Ante tales acontecimientos, hacemos un enérgico llamado y exhorto, a la y los presidentes municipales de la Zona Metropolitana de Guadalajara, a efecto de que se implementen operativos permanentes de seguridad y prevención del delito, a que se creen sistemas y medidas de coordinación con y entre las autoridades de las universidades, escuelas y centros universitarios y, en general, a que se erradique la comisión de estos delitos en contra de las y los jóvenes estudiantes, principalmente en las inmediaciones, en los puentes y en transporte público.

De la misma forma ¡demandamos una investigación a fondo y exhaustiva sobre los hechos en donde perdió la vida Francisco Álvarez Quesada y se castigue al o los responsables de estos hechos!

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la y los presidentes municipales de la zona metropolitana de Guadalajara, a efecto de que implementen operativos permanentes de seguridad y prevención del delito en las inmediaciones de los planteles educativos con que cuenta la demarcación, así como para que establezcan acuerdos de coordinación con las autoridades educativas, con el objeto de erradicar los delitos cometidos en contra de los estudiantes y servidores públicos educativos.

Nota

1 https://www.publimetro.com.mx/mx/jalisco/2017/08/30/homicidio-causa-ind ignacion.html

Referencias

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

m/milenio.com/policía

https://www.publimetro.com.mx/mx/jalisco/2017/08/30/homi cidio-causa-indignacion.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2017.

Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Nuevo León a regresar la programación de la radiodifusora cultural Opus a la frecuencia 102.1 FM, a cargo de la diputada Brenda Velázquez Valdez, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe Brenda Velázquez Valdez, diputada federal en la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, fracción II, numeral 2, fracción VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

• La radio es un importante medio de comunicación, es el medio que nos informa y nos transforma, a través de sus contenidos. Es un medio de comunicación dinámico, reactivo y atractivo para los oyentes.

• En Nuevo León contamos con aproximadamente 45 estaciones de radio, entre ellas 3 estaciones son universitarias, las demás transmiten música popular, pop de diferentes épocas, noticias, pero ninguna de ellas tiene destinado de forma toral un contenido cultural para los ciudadanos de Nuevo León.

• En Nuevo León por más de 30 años la frecuencia “102.1 FM Opus”, dedico su programación y espacio a la cultura, haciendo llegar música de los más grandes músicos de nivel nacional e internacional a los neoleoneses. Los contenidos de Opus hacían de esta frecuencia única en su tipo y género en el estado.

• A través de Opus se podían escuchar grandes conciertos, música clásica, música sinfónica, música de cámara, opera, flamenco, jazz y se daban a conocer los eventos culturales en el estado.

• Opus 102.1 es patrimonio del estado de Nuevo León y es administrada por el Gobierno local de la entidad, quien tiene la responsabilidad de garantizar el acceso a la cultura, a través de los diferentes medios de comunicación.

• Los días 28 y 29 de julio del año en curso, diferentes medios de comunicación daban a conocer la noticia de que Opus saldría de la frecuencia 102.1 FM, para pasar a la frecuencia 1510 de AM, lo que sin duda condenaría a su desaparición, porque la Frecuencia de Amplitud Modulada llega con menor magnitud a los espacios de Nuevo León, además de que a través de AM no se logra apreciar la calidad de música que Opus transmite.

• El día 1 de agosto del año en curso, el gobernador de Nuevo León, intento justificar la decisión unilateral de cambiar Opus de la frecuencia de FM a AM, con el argumento de que era necesario informar a la sociedad a través de esta frecuencia el desarrollo de su trabajo, además de que quedo registrada la frase “la propaganda también es cultura”.

• En Nuevo León requerimos mayores espacios destinados a la cultura, no la reducción de éstos.

• Me uno a la inconformidad de la comunidad cultural y la sociedad neoleonesa por el cambio de programación de la estación 102. 1 FM, que debe ser considera patrimonio de Nuevo León y con ello sus contenidos, con la finalidad de garantizar el acceso a la cultura.

• La decisión del gobernador de Nuevo León viola el principio de progresividad consagrado en el artículo 1 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a los artículos 159, 160 y 162 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

• Y viola la Ley General de Cultura y Derechos Culturales (artículos 10; 11 fracción VI; 12 fracciones IV, IX, X; y 23 fracción III).

• La desaparición de Opus 102 por un lado es un atentado a la libertad de expresión y por el otro, al derecho a la cultura, es obligación del Estado garantizar ambos derechos.

• Lo más grave es que el gobernador ha reconocido públicamente que utilizará la frecuencia 102.1 FM en Nuevo León para hacerse propaganda.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, a llevar a cabo las acciones necesarias para regresar la programación de la estación Opus, que actualmente se transmite por el 1510 de Amplitud Modulada, a su frecuencia original 102.1 de Frecuencia Modulada, y garantizar su permanencia en la banda de FM.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2017.

Diputada Brenda Velázquez Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a incrementar la plantilla laboral docente y administrativa del Instituto Tecnológico de Tláhuac, a cargo de la diputada Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal Norma Xóchitl Hernández Colín, integrante del Grupo Parlamentario de Morena a la XLIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, por medio del presente, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a incrementar la plantilla laboral docente y administrativa del Instituto Tecnológico de Tláhuac

Lo anterior, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Como lo menciona Pablo Latapí Sarre en “El derecho a la educación: su alcance, exigibilidad y relevancia para la política educativa”, el derecho a la educación forma parte de los derechos económicos, sociales y culturales que desde hace más de sesenta años la Organización de las Naciones Unidas declaró como fundamentales.

La educación potencia el desarrollo de las personas, por ello es condición esencial para el disfrute de los demás derechos. No se puede ejercer ninguno de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos o culturales sin un mínimo de educación; por ejemplo, la libertad de expresión, ¿de qué sirve si la persona no tiene las capacidades de formarse un juicio personal y de comunicarlo? No sólo la educación es la base del desarrollo de las personas, también de las sociedades. La búsqueda del bienestar humano implica que las personas alcancen un nivel mínimo de conocimientos y de capacidades y valores específicamente humanos.

Según Luis Eduardo Pérez Murcia, el derecho a la educación se considera como “el epítome de la indivisibilidad y la interdependencia de todos los derechos humanos”; si se le cancelara, se estarían negando automáticamente otros derechos. Por tal importancia, también puede afirmarse que quien carece de ella queda excluido de la sociedad, expuesto a la pobreza y relegado en comparación con las demás personas.

Toda persona, por el hecho de existir, tiene derecho a educarse como medio necesario para el desarrollo de sus potencialidades. Este derecho humano a la educación (junto con los demás derechos humanos), ha sido desarrollado en las últimas décadas por la comunidad internacional como un corpus jurídico consistente, el cual paulatinamente se ha incorporado a los ordenamientos jurídicos positivos de los Estados.

Para Catalina Turbay Restrepo en “El Derecho a la Educación”, el derecho a la educación es uno de los más importantes derechos de la niñez y quizá el más importante de los derechos sociales, ya que por medio de ella se adquieren las condiciones y capacidades necesarias para vivir en sociedad. En este sentido, la educación en todas sus manifestaciones es la vía por excelencia de la socialización humana, es decir, la vía de su conversión en un ser social.

A diferencia de lo que ocurre en otras especies, el animal humano al nacer, más que un humano propiamente dicho, social y culturalmente hablando, es un proyecto, pleno de potencialidades por realizar. Es un animal altamente indefenso y dependiente, con un cuerpo y, sobre todo, con un cerebro por construir.

Para esta construcción los caminos por excelencia que emplea la humanidad son la socialización y la educación; dos procesos interrelacionados a través de los cuales las sociedades humanas se aseguran de que las nuevas generaciones hagan parte de ellas y contribuyan a su perpetuación y desarrollo. Así, la educación aparece como algo inherente a la especie humana a través de su historia con miras a garantizar la supervivencia del individuo y de la especie. En ella se construyen y a través de ella se desarrollan las personas y sociedades.

Vista desde esta perspectiva, la educación es un factor (o agente) fundamental del desarrollo individual y social y, por ende, es un derecho irrenunciable, a través de él las sociedades avanzan hacia formas más desarrolladas de organización.

Históricamente, la función educativa era asumida esencialmente por las familias (nucleares y extensas), luego por miembros destacados de las comunidades, primordialmente a través de la conocida como educación informal; es decir, la educación que se transmite a través de un proceso no sistemático en el compartir las experiencias de la vida cotidiana. Esta educación continúa siendo una de las formas más importantes de socialización hasta nuestros días y, lamentablemente, es la única en aquellos lugares donde el Estado no garantiza el derecho a la educación.

Paulatinamente, a la par del desarrollo de las sociedades y en particular de sus saberes y creaciones culturales, la educación informal cedió terreno a los procesos formales por los que se garantiza a las nuevas generaciones la adquisición de conocimientos necesarios para desempeñarse en comunidad y en sociedad (educación formal y no formal de distintos niveles y tipos).

Esta educación asume diversas modalidades a través de la historia, según el desarrollo de las sociedades y las formas de gobierno imperantes; partiendo de concepciones eminentemente clasistas, donde la educación era el privilegio de unos pocos, reservando para las clases populares, la formación moral y el aprendizaje de un arte u oficio.

A medida que las sociedades se hacen más complejas y se da un mayor desarrollo de la cultura acumulada a través de su historia, al tiempo que aumentan las tareas a las que deben dedicarse las personas adultas en la división social del trabajo, requieren cada vez más de agencias especializadas que se hagan cargo de este proceso de reproducción de los saberes acumulados y de asegurarse que sus crías se desarrollen y adquieran los aprendizajes que les garanticen su humanización y socialización, de modo que se conviertan en miembros plenos de los grupos a los que pertenecen. En consecuencia, se consolidan los procesos de institucionalización de la educación en escuelas y otros centros de formación, en quienes la sociedad delega como agencia fundamental la reproducción de sus saberes y la socialización de las nuevas generaciones.

Con el paso del tiempo, el Derecho Internacional fue reconociendo la educación como un derecho fundamental de las personas y de las sociedades, lo que ha quedado cristalizado en diversos instrumentos que disponen las obligaciones de los Estados en la materia, por ejemplo, el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos menciona que “toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.”

El artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales dispone que “los Estados reconocen el derecho de toda persona a la educación. La educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. La educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre.”

Los artículos 10 y 14 de la Convención para la Eliminación de toda Forma de Discriminación contra la Mujer mencionan que “los Estados adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación. Las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y capacitación profesional, acceso a los estudios y obtención de diplomas en las instituciones de enseñanza de todas las categorías, tanto en zonas rurales como urbanas.”

El artículo 5 de la Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, dispone que “los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico.”

Los artículos 28 y 29 de la Convención por los Derechos del Niño mencionan que “los Estados reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades. Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos. Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad.”

Los artículos 3, 4 y 5 de la Convención contra la Discriminación en Educación, señalan que “los Estados se comprometen a derogar todas las disposiciones legislativas y administrativas y abandonar todas las prácticas administrativas que entrañen discriminaciones en la esfera de la enseñanza. Adoptar las medidas necesarias, inclusive disposiciones legislativas, para que no se haga discriminación alguna en la admisión de los alumnos en los establecimientos de enseñanza. Formular, desarrollar y aplicar una política nacional encaminada a promover, por métodos adecuados a las circunstancias y las prácticas nacionales, la igualdad de posibilidades y de trato en la esfera de la enseñanza”.

En México, a pesar de que la Constitución de 1917 fue pionera en materia de educación, el reconocimiento explícito de la obligación estatal de proporcionarla a todas las personas data de 1993. En ese año, en el artículo 3º fueron refrendados los propósitos de la educación, la responsabilidad del Estado en sus tres órdenes de gobierno, la obligatoriedad, la no discriminación y su gratuidad.

De tal manera, la Constitución retomó varios de los conceptos surgidos del trabajo internacional en la materia educativa, apropiándola no sólo como un postulado legislativo, sino como la descripción de un derecho con características reconocibles, mencionando su obligatoriedad, laicidad y gratuidad, tres de sus características más importantes.

Además, estipula el derecho humano y social a la educación que tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, fomentar el amor a la patria y la conciencia de solidaridad internacional, contribuir a la mejor convivencia humana y al aprecio por la dignidad de la persona, sustentada en ideales de fraternidad e igualdad de derecho de todas las personas evitando privilegios, luchando contra todo tipo de discriminación.

Continuando con la adecuación del precepto constitucional, en 2013, el artículo fue modificado de nueva cuenta con el objeto de imponer la obligación estatal de proveer los requerimientos materiales, métodos e infraestructura educativa, con la intención de garantizar el máximo aprendizaje de las personas. Lo anterior, atendiendo a la disposición previa de la gratuidad de la educación, ya que para contar con los requerimientos necesarios no puede solicitarse contraprestación alguna a las personas.

En atención a las reformas constitucionales, el Congreso de la Unión creó y actualizó la Ley General de Educación, que en su artículo 2º establece que toda persona tiene derecho a recibir educación en condiciones de equidad, en el artículo 3º estipula que el Estado estará obligado a prestar servicios educativos de calidad que garanticen el máximo aprendizaje, el artículo 4º dispone la obligación de cursar la educación preescolar, primaria y secundaria; por su parte, el artículo 5º establece el carácter laico de la educación impartida por el Estado.

En cuanto a la gratuidad, el artículo 6º describe que la educación impartida por el Estado no tendrá costo alguno, menciona también que las donaciones o cuotas voluntarias que se aporten no deberán entenderse como una contraprestación del servicio educativo; además, señala que las autoridades educativas establecerán mecanismos a efecto de que las instalaciones escolares cuenten con todos los requerimientos necesarios en materia de infraestructura, así como personal docente y administrativo necesario para la prestación del servicio con estándares de calidad.

No obstante los importantes avances, aún persisten retos en materia educativa; por ejemplo, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo más reciente señala que existe un número importante de niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años que no asisten a la escuela (cerca de 1.7 millones de niños y 1.4 millones de niñas). Se estima que entre el 1 y 2 % de la población de 6 a 11 años a nivel nacional, no asiste a la escuela por motivos de trabajo agrícola o debido a impedimentos físicos.

La disparidad y exclusión social del país se refleja todavía en niveles desiguales de cobertura en educación primaria, con brechas importantes en el nivel preescolar y fundamentalmente en la secundaria y en la media superior, donde una proporción significativa de los sectores pobres o más vulnerables no accede y muchos de los que ingresan no pueden concluir. Asimismo, existe desigualdad en la oferta del servicio que se brinda en las diferentes entidades federativas, en zonas rurales y urbanas, así como en escuelas privadas, públicas, y en escuelas generales, indígenas, de educación comunitaria y educación para migrantes.

En atención a lo anterior, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia apoya la iniciativa “Todos los Niños en la Escuela”, involucrando a los gobiernos de los estados y municipios en donde se lleva a cabo, así como a la sociedad civil en un proceso de participación ciudadana en torno al mejoramiento de la calidad educativa. En 2009, esta iniciativa se llevó a cabo en 188 municipios de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Yucatán y Zacatecas, consolidándose como una plataforma integral para promover la inclusión educativa en dichos estados.

Esta iniciativa, en alianza con organizaciones de la sociedad civil y en estrecha coordinación con los gobiernos estatales, las Secretarías de Educación y Salud de los estados y las Oficinas de Registro Civil, pretenden eliminar las causas y las barreras que mantienen a las niñas, niños y adolescentes fuera de la escuela. Lo anterior a través de diferentes acciones como proveer actas de nacimiento para los menores que no están registrados, otorgar becas escolares o transferir fondos económicos para las familias.

De igual manera, con el fin de asegurar que las niñas y niños sigan asistiendo a la escuela, se puso en marcha un sistema de monitoreo con información recopilada por miembros de la comunidad y docentes que hacen visitas esporádicas de verificación a las escuelas. Esta información permite a las autoridades educativas contar con un registro sobre la asistencia escolar con el objetivo de que se constituya en una herramienta de planeación para reducir la exclusión educativa.

Con la operación de la iniciativa “Construye-T”, que se implementa en 1,648 bachilleratos de todo el país, se atiende a 800,000 jóvenes de entre 15 y 18 años de edad. Se brinda apoyo técnico y financiero y se diseñan metodologías para ejercer un diálogo significativo sobre la gobernanza escolar entre los jóvenes, los docentes y las autoridades educativas. Con este mismo objetivo se realizaron encuentros estatales en las treinta y dos entidades federativas del país con la participación de 2,199 jóvenes y 1,258 docentes de 1,049 escuelas.

Dentro del programa, en alianza con la editorial “Random House Mondadori” y la asociación civil Servicios a la Juventud, fue impulsado el proyecto “Imagina-T”; una iniciativa de círculos de lectura con el fin de desarrollar la expresión, el pensamiento crítico y la imaginación creadora. Se llevó a cabo en 30 bachilleratos de las delegaciones Iztapalapa y Gustavo A. Madero, mediante la participación de los adolescentes en círculos de lectura equipados con ejemplares donados y una estrategia de joven a joven que involucró a estudiantes de nivel universitario como promotores culturales.

Con el mismo ánimo de ampliar la oferta de educación superior, la Secretaría de Educación Pública federal creó los Institutos Tecnológicos, con la misión de brindar oportunidades a los jóvenes para que continúen con sus estudios universitarios. Con éstos Institutos se integra la red más grande de formadores de ingenieros en México y América Latina, ofreciendo 41 opciones de licenciatura, 7 programas de especialización, 22 programas de maestría con orientación profesional, 28 programas de maestría en ciencias y 15 programas de doctorado en ciencias, todos ellos repartidos a lo largo y ancho del país, distribuidos en 262 planteles.

En atención a las exigencias de educación superior en la Delegación Tláhuac, en septiembre de 2008, fue inaugurado el Instituto Tecnológico que comenzó a operar con una infraestructura mínima de espacios prefabricados prestados, con tan sólo un director y 4 colaboradores directivos, así como una plantilla de 15 docentes, impartiendo 3 carreras.

Para 2009, con una inversión de más de 70 millones de pesos, fue construido un edificio y adquirido equipamiento, permitiendo así el incremento de la matrícula en casi mil estudiantes. En 2010, fue sede del XVI Encuentro Nacional de Bandas de Guerra y Escoltas de los Institutos Tecnológicos, recibiendo a más de 2,000 estudiantes de todo el país. Ese mismo año y continuando con la prioridad de la educación en atención a la demanda, comenzó a ofertarse la carrera en arquitectura, convirtiéndose en la segunda con mayor demanda de las 3 con las que había iniciado.

Para el 2011, la matrícula superaba los 1,800 estudiantes, al mismo tiempo del reconocimiento de la comunidad docente que era ya de 120 personas y de la unidad directiva que estaba integrada por 22 miembros, trabajando en conjunto para fortalecer el desempeño académico, así, a finales del año se dio apertura a la unidad académica departamental con 28 salones, 2 laboratorios, 2 centro de cómputo, 1 centro de voz y datos, 1 laboratorio de mecatrónica que alberga una Célula Integral de Manufactura, 2 salas de juntas y espacio para oficinas en atención a la comunidad tecnológica.

El año 2012, fueron construidas 2 canchas deportivas para beneficio y desarrollo de la comunidad tecnológica, con la intención de brindar una educación integral como parte del plan de estudios de todas las carreras. Por tal motivo, en el mismo año el Instituto Tecnológico fue sede del LVI Evento Prenacional Deportivo, donde jóvenes de todo el país compitieron en diversos deportes de conjunto e individuales para representar al sistema en las competencias nacionales.

Para 2013, el Tecnológico de Tláhuac fue sede de la Reunión Nacional de Consolidación de la Carrera Ingeniería en Sistemas Automotrices, que albergó a 50 institutos tecnológicos para realizar trabajos del plan de estudios que se ofertó en el sistema a partir de agosto de ese año. De igual manera, se eligió al Instituto como sede de la Reunión Nacional de Vinculación del Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos, atendiendo a los 262 planteles con jefes de gestión tecnológica y vinculación, en donde el objetivo principal fue darle continuidad al trabajo que llevan a cabo los representantes de cada plantel para generar alianzas con el campo laboral. En el mismo año, el Instituto fue sede del Evento Nacional de Innovación Tecnológica, prestando servicio y atención a 53 Institutos Tecnológicos y a 110 proyectos.

En 2014, el Instituto colaboró con el Modelo de Educación Dual con el Sistema de Transporte Colectivo Metro, asimismo, incrementó la proyección del Tecnológico en el exterior, participando en la Carta a Río, celebrada en Río de Janeiro, Brasil. Se desarrolló el proyecto FESE – Mi Primer Empresa, con la intención de apoyar a emprendedores y microempresarios para proyectar sus empresas y materializar sus inversiones, creando un robot humanoide que actualmente se exhibe en el Museo del Juguete.

Para el año 2015, el Tecnológico consolidó la vinculación con las empresas y en especial con el Sistema de Transporte Colectivo METRO, suscribe el acuerdo en Educación Dual, en donde se beneficia a los estudiantes que coadyuven a respetar el medio ambiente a través del Programa Verde Institucional, de igual manera, participa en el Congreso Internacional de Química e Ingeniería Verde, realizado en Monterrey, Nuevo León.

Para el ciclo escolar 2016-2017, en el Instituto se imparten 5 carreras, Ingeniería en Electrónica, Ingeniería en Mecatrónica, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Sistemas Automotrices y Arquitectura, así como 22 actividades extracurriculares, brindando atención a 2,743 estudiantes, convirtiéndose en el que más atención brinda en la Ciudad de México.

Sin embargo, a pesar de los logros obtenidos y el incremento exponencial en la matricula, el Instituto sólo cuenta con 141 trabajadores docentes y 51 trabajadores administrativos que, en conjunto, laboran 1,197 y 1,367 horas al semestre, respectivamente; lo que, de continuar las tendencias, implicaría un detrimento en la calidad de los servicios prestados, por lo que es inminente la necesidad de incrementar el personal tanto académico como administrativo.

Con lo anterior, se podrá mejorar la academia para el desarrollo de la ciencia, la técnica, la educación y la innovación en el contexto de las necesidades sociales; la acreditación de calidad de todos los programas del Instituto y la ampliación de la cobertura e inserción en nuevos escenarios académicos y sociales. Cada uno de estos componentes está directamente relacionado con las funciones sustantivas del Instituto, por lo que resulta necesario que estas funciones se articulen y retroalimenten a la vez que se conviertan en espacios de aprendizaje permanentes de los grupos humanos involucrados, por lo que resulta prioritario mejorar las condiciones de su ejecución a partir de líneas de acción, estrategias y mecanismos que permitan dicha articulación desde la vinculación de talento humano docente y administrativo altamente cualificado, en condiciones estables y estimulantes de trabajo.

Es importante resaltar que el mejoramiento de la educación superior tiene como principal factor la calidad del personal docente encargado de las funciones del Instituto, por tanto, es importante que se asuma como una necesidad urgente la ampliación de la planta de profesores y de personal administrativo, obedeciendo las siguientes razones:

• El crecimiento del Instituto desde su creación y las proyecciones de crecimiento a futuro;

• La ampliación de la cobertura respondiendo a la demanda de educación en la Delegación Tláhuac;

• La creación de nuevos programas de estudio y nuevas carreras;

• El fortalecimiento de la investigación para el desarrollo de la ciencia y tecnología;

• Creación, categorización y consolidación de grupos, semilleros y líneas de investigación;

• Dar una respuesta efectiva a las necesidades académicas y los programas académicos, teniendo en cuenta que actualmente el número de docentes de planta por programa curricular es bajo; y

• Fortalecimiento de la comunidad académica y administrativa.

El crecimiento del Instituto se ha presentado como un proceso de fortalecimiento a la educación pública, dado principalmente por las políticas de ampliación de la cobertura e inserción en nuevos escenarios académicos, es así, como de 356 estudiantes activos en 2008 se ha pasado a 2,743 en 2017, sin embargo, este crecimiento en el número de estudiantes no ha sido proporcional al crecimiento logístico y presupuestal del Instituto, por lo que las condiciones no han mejorado a la par de la atención que se pretende brindar.

Reflejo de esto, es que durante este periodo la planta de personal docente y administrativa sólo ha alcanzado los 192 integrantes, con lo cual no se cubre lo dispuesto en el marco de Criterios de Acreditación de Alta Calidad, donde se estipula que el número de estudiantes por cada profesor de planta equivalente a tiempo completo, debe aproximarse a 35, esto sin tener en cuenta, que para algunas áreas específicas la relación debería ser menor.

Este diagnóstico permite observar la urgente necesidad que tiene el Instituto de adoptar una política de ampliación de la planta docente y administrativa, basada en criterios de mejoramiento de la actividad académica e investigativa, lo cual contribuirá efectivamente al mejoramiento de los indicadores de gestión académica, mejorando ostensiblemente su calidad y elevando los indicadores de desempeño, con una inversión soportada en gran proporción por los recursos ya presupuestados para la contratación de personal adicional.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a realizar las acciones necesarias a efecto de incrementar la plantilla laboral docente y administrativa del Instituto Tecnológico de Tláhuac, con la intención de atender las necesidades sociales en materia de educación superior.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2017.

Diputada Norma Xóchitl Hernández Colín (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas instituciones de los gobiernos federal, estatales y municipales a corroborar que cumplen el artículo 15-C de la Ley Federal del Trabajo, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Germán Ernesto Ralis Cumplido, diputado del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someto a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de las instituciones del gobierno federal, estatal y municipal las cuales mantengan contratos con empresas de subcontratación, a que corroboren que éstas cumplan con el artículo 15-C de la Ley Federal del Trabajo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El 28 de septiembre de 2012 se aprobó en el pleno de la honorable Cámara de Diputados, una iniciativa enviada por el entonces presidente Felipe Calderón, la cual era de carácter urgente, ya que contenía reformas importantes a la Ley Federal del Trabajo, entre ellas agregar los artículos del 15-A al 15-D sobre la regulación de la subcontratación (outsourcing ).1

En 1980 el término outsourcing fue creado por la creciente tendencia de grandes compañías que estaban transfiriendo sus sistemas de información a proveedores. El principal país en utilizarlo es Estados Unidos de América, en el cual el gasto en prestaciones offshore triplica al de la totalidad de los países del continente europeos.2

La definición de outsourcing es un término inglés que está compuesto por dos palabras out que significa fuera y source cuyo significado es fuente u origen, es decir, se refiere a una fuente externa; es usada comúnmente en ámbito empresarial como subcontratación, externalización o tercerización. Es un proceso empleado por una empresa o compañía, la cual contrata otra empresa u organización para que ésta desarrolle alguna actividad o cubra alguna área de la empresa contratante.3

De acuerdo con varios autores, el objetivo de dicho proceso es el de encontrar una fuente externa que pueda funcionar en un área del negocio de manera más eficiente, obteniendo así más tiempo y recursos para centrarse en los aspectos clave de la gestión empresarial. Sin embargo, en la práctica este es un gran beneficio para las empresas, ya que al usar el outsourcing para la contratación de personal, a pesar de arriesgarse a no fomentar la lealtad entre sus empleados, a éstos también los perjudican, ya que no generan una antigüedad en el puesto, no ganan mayor experiencia debido a la rotación continua de personal, en muchas empresas no hay posibilidades de una mejora laboral, decrece la curva de aprendizaje, puede generar estancamiento profesional, además de considerarse fácilmente remplazables.4

En nuestro país existen empresas de subcontratación dedicadas a la limpieza, seguridad, mantenimiento informático, asesoría legal, entre otras; estas empresas continuamente son contratadas por otras empresas, lo cual al estar regulado por la ley y es correcto, sin embargo, de manera continua se sabe de abusos y evasión de algunas obligaciones patronales; por ejemplo, existen empresas que subcontrataban al total de sus empleados, con la finalidad de evitar el reparto de utilidades y generar un ahorro de cargas sociales al implementar prácticas desleales ante el fisco, situaciones de despidos injustificados, entre otros.5

El Artículo 15-C de la Ley Federal del Trabajo menciona que:

“La empresa contratante de los servicios deberá cerciorarse permanentemente que la empresa contratista cumple con las disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, respecto de los trabajadores de esta última”.6

A pesar de lo estipulado, existen empresas en las que no respetan los derechos de los trabajadores, a los cuales no se les proporciona el material, uniformes o prestaciones de ley y donde la empresa contratante no se hace responsable de ellos. Contrariamente a que en muchas ocasiones este tipo de actos son evidentes, dentro de la misma honorable Cámara de Diputados contamos con el servicio de una empresa de subcontratación de personal de intendencia, misma que por servir dentro del Palacio Legislativo creeríamos que cumplen con todas las disposiciones de ley, sin embargo, esto no sucede. Un ejemplo de ello es cuando ordenan al personal de limpieza a barrer el agua de lluvia estancada en las calles aledañas al recinto, donde el personal lo hace en ocasiones descalzos para evitar mojar sus propios zapatos con los que trabajan el resto del día, esto ocasionado porque no se les proporcionan botas plásticas, y donde si ellos desean no mojarse, deben adquirir de manera propia su material de trabajo. Otro abuso cometido en este mismo edificio es el control absurdo a los insumos de limpieza, ya que el material es entregado por semana y en cantidades ridículas, mismas que deben hacer rendir para cumplir sus obligaciones, aunado a esto se les cobran comisiones para entregarles sus pagos, todo esto permitido ya que cada determinado tiempo la empresa cambia de nombre y de razón social sin entregar ningún finiquito o liquidación a los empleados, y donde mágicamente se adjudican los contratos constantemente, y a los empleados, en su mayoría personas de la tercera edad, no les queda más remedio que aceptar o quedarse sin trabajo; de igual forma se aplican de manera injusta descuentos dobles por retardos o faltas, cinco días de vacaciones al año incluyéndoles el día de descanso, entre otras cosas que pasan inadvertidas para las autoridades y para nosotros mismos.

Pues bien, para evitar todos los abusos arriba mencionados, las empresas contratantes, como lo menciona el artículo 15-C antes citado, tienen la obligación de cerciorarse periódicamente de que no se menoscaben los derechos de los trabajadores, es decir, contratar los servicios de empresas serias y profesionales, con experiencia y capacidad de no sólo cumplir con lo que las empresas contratantes requieren, sino también con su personal para que éstos a su vez proyecten un trabajo eficiente y profesional.

Considerandos

El artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo menciona:

Artículo 15. En las empresas que ejecuten obras o servicios en forma exclusiva o principal para otra, y que no dispongan de elementos propios suficientes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13, se observarán las normas siguientes:

I. La empresa beneficiaria será solidariamente responsable de las obligaciones contraídas con los trabajadores; y

II. Los trabajadores empleados en la ejecución de las obras o servicios tendrán derecho a disfrutar de condiciones de trabajo proporcionadas a las que disfruten los trabajadores que ejecuten trabajos similares en la empresa beneficiaria. Para determinar la proporción, se tomarán en consideración las diferencias que existan en los salarios mínimos que rijan en el área geográfica de aplicación en que se encuentren instaladas las empresas y las demás circunstancias que puedan influir en las condiciones de trabajo.

Artículo 15-B . El contrato que se celebre entre la persona física o moral que solicita los servicios y un contratista, deberá constar por escrito.

La empresa contratante deberá cerciorarse al momento de celebrar el contrato a que se refiere el párrafo anterior, que la contratista cuenta con la documentación y los elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores.

Por lo antes mencionado se solicita a todas las instituciones de gobierno en cualquiera de sus ámbitos a que cumplan con los preceptos del artículo 15-C de la Ley Federal del Trabajo.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del pleno de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los titulares de las instituciones del gobierno federal, estatal y municipal las cuales mantengan contratos con empresas de subcontratación, a que corroboren que éstas cumplan con el artículo 15-C de la Ley Federal del Trabajo.

Notas

1 Sandoval, F. (2012). Diputados aprueban Reforma Laboral privilegiando cúpulas sindicales. agosto 02, 2017, de Animal Político Sitio web: http://www.animalpolitico.com/2012/09/aprueban-en-lo-general-la-reforma -laboral/

2 Almanza, M. & Archundia, E. (2015). El Outsourcing y la Planeación Fiscal en México . Guanajuato, México: Universidad de Guanajuato.

3 Ídem.

4 Colegio de Contadores Públicos de México (mayo, 2013). Causa y efecto de la Reforma Laboral en el outsourcing . Boletín de Investigación de la Comisión de Desarrollo Seguridad Social - Sur, Núm. 2, 15.

5 Ídem.

6 Congreso de los Estados Unidos Mexicanos (1970) Ley Federal del Trabajo. Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2017.

Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a reforzar las políticas públicas para ampliar las posibilidades de denunciar casos de abuso sexual infantil, a cargo de la diputada María Soledad Sandoval Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, María Soledad Sandoval Martínez, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Señala la OMS (Organización Mundial de la Salud) que el maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder; la prevención del maltrato infantil requiere un enfoque multisectorial. Los programas eficaces son los que prestan apoyo a los padres y les aportan conocimientos y técnicas positivas para criar a sus hijos.

Esto tiene como consecuencias secuelas traumáticas para toda la vida del menor. Entre los tipos de violencia que resalta nuestra atención es el abuso sexual infantil.

Es difícil definir el abuso sexual infantil, sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas define que el abuso sexual infantil es la imposición de actos sexualmente inadecuados o actos con insinuaciones sexuales, por una o más personas, que se derivan de la autoridad debida a algún lazo emocional con el infante.

En el comunicado de la CNDH el 19 de noviembre de 2016 menciona que, de acuerdo con las cifras del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), se estima que en México 62 por ciento de las niñas y niños han sufrido maltrato en algún momento de su vida, 10.1 por ciento de los estudiantes han padecido algún tipo de agresión física en la escuela, 5.5 por ciento ha sido víctima de violencia sexual y 16.6 por ciento de violencia emocional.

Con base en los datos de Inegi, Unicef y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), se calcula que en el país hasta 20 mil niñas, niños y adolescentes son sometidos a esclavitud sexual; sin embargo, otras fuentes indican que esta cifra llega a 70 mil. De acuerdo con las estadísticas recabadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 40 por ciento de las víctimas de trata en México son personas menores de 18 años, muchas de ellas sometidas a explotación sexual, frente a 42 por ciento de víctimas adultas; del 18 por ciento restante no se especificó su edad.

Estas cifras resultan ser impresionantes, pues lo que un menor debería estar haciendo es jugar y aprender en la escuela, no estar siendo objeto de un abuso.

El abuso sexual infantil es culminación de actos de violencia contra los niños, es decir, un niño abusado sexualmente no sólo sufre este tipo de violencia, sino tiene como objeto la violencia verbal o física (golpes).

México, en 1998, firmó el compromiso acordado en el Congreso Mundial sobre Explotación Sexual Comercial de Niños, Niños y Adolescentes realizado en Estocolmo; en 2001 en Yokohama y en 2008 en Río de Janeiro. Pues debemos realizar un análisis y revisión de los procesos reparatorios, ya que su realización no solamente ha servido para poner el tema en la agenda pública a nivel internacional y nacional, sino porque han sido la guía para importantes plataformas internacionales y para fortalecer la cooperación internacional sobre este flagelo.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en su comunicado de prensa DGC/295/16, menciona que México recibió las observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto consolidados del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, donde se recomienda al Estado parte que garantice que el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como los Programas de Protección Locales a nivel estatal y municipal sean implementados en tiempo, que incluyan todos los aspectos contenidos en la Convención y en sus Protocolos Facultativos, contengan una perspectiva de género, y que sean provistos de recursos humanos, técnicos y financieros suficientes para su adopción efectiva y adopte las medidas necesarias para asegurar que las entidades estatales y municipales implementen un mecanismo adecuado para el seguimiento y evaluación de las políticas públicas relacionadas con los derechos de la infancia.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), México es el primer lugar mundial en materia de abuso sexual infantil en niños de 14 años.

El desafío es aún enorme: construir políticas públicas que permitan ampliar las posibilidades de denuncia de casos de maltrato infantil, lo cual permitirá conocer con precisión su magnitud, con atención especial a niñas maltratadas, y dar la atención necesaria a las víctimas de violencia.1

Por todo ello compañeras y compañeros diputados, presento a consideración de este pleno la siguiente proposición con

Punto de acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a reforzar las políticas públicas para que se permita ampliar las posibilidades de denuncias de casos sobre abuso sexual infantil.

Nota

1 Violencia y maltrato, Unicef, URL:

https://www.unicef.org/mexico/spanish/proteccion_6932.ht m

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2017.

Diputada María Soledad Sandoval Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares del Cenace y la CFE a informar a la opinión pública sobre las causas técnicas de la interrupción del servicio eléctrico en la zona noreste del país el 23 y 25 de mayo y 10 de septiembre de 2017, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Juan Carlos Ruíz García, diputado a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El ejercicio de mis competencias como diputado federal electo en el distrito 10 (Monterrey), del estado de Nuevo León, me impone una serie de obligaciones y responsabilidades con mis electores y con toda la comunidad regiomontana, entre ellas las de velar y resguardar, dentro del ámbito de mis atribuciones, sus intereses.

Es por ello por lo que hoy me dirijo a esta honorable asamblea con el fin de poner en su conocimiento que el domingo 10 de septiembre de los corrientes hubo un corte generalizado de electricidad en la zona noreste del país, que afectó a los estados de Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas, perturbando las actividades de más de 5 millones de habitantes.

Este corte se produjo alrededor de las 17:30 horas, sin perjuicio de lo cual debieron pasar más de 5 horas para que las autoridades de las Comisión Federal de Electricidad (CFE) diera cuenta en forma oficial acerca de la causa de este incidente.

Es así como en su página oficial la CFE informó que “cerca de las 17:30 horas del domingo 10 de septiembre de 2017 se presentó una falla técnica en la operación de la Subestación San Jerónimo, en la zona metropolitana de Monterrey. Esto provocó que se activaran los sistemas de protección del sistema eléctrico en esa región, causando interrupciones en el suministro de energía eléctrica para clientes de la CFE en algunas zonas de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua.

Inmediatamente después de la falla, la CFE, en coordinación con el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), comenzó con los trabajos para normalizar el suministro de energía eléctrica en estos estados. Así, a las 18:50 horas, restableció el suministro eléctrico para los clientes que resultaron afectados en Chihuahua.

A las 21:00 horas, la CFE había restablecido el suministro de energía eléctrica a 80 por ciento de los 1.8 millones de clientes que resultaron afectados por esta falla en algunas zonas de Nuevo León. Asimismo, el servicio de energía eléctrica se había normalizado para 54 por ciento de los 690 mil clientes que resultaron afectados en algunos municipios Tamaulipas y para 43 por ciento de los 740 mil clientes que resultaron afectados en Coahuila.

La CFE continuará trabajando hasta normalizar la totalidad del servicio de suministro de energía eléctrica de sus clientes afectados en las próximas horas.”1

La tardanza de la CFE en emitir una información oficial suscitó todo tipo de especulaciones en torno a lo sucedido, generando rabia, impotencia e incertidumbre dentro de la población afectada, sin considerar todas las anomalías e interrupciones en el sistema de transporte público de las zonas afectadas, en particular el metro de la ciudad de Monterrey y el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo de esta ciudad, así como los hospitales públicos y privados de dichas zonas, que debieron funcionar mediante generadores eléctricos propios.

Resulta pertinente tener presente que éste es el tercer corte de suministro eléctrico (a gran escala) que afecta a nuestro país en lo que va del año. Le anteceden los acaecidos los días 23 y 25 de mayo pasado, que afectaron a la línea de transmisión que corre entre Tabasco y Campeche, y a la central eléctrica Frontera México Generación (Texas) que interrumpió el servicio en el estado de Tamaulipas, afectando a 1.7 millones de clientes en la península de Yucatán y 500 mil clientes en las zonas de Reynosa y Matamoros, respectivamente.2

Ante la reiteración en la interrupción del suministro eléctrico en la zona noreste de México (Coahuila, Nuevo León y el norte de Tamaulipas), asociaciones como la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo(Fecanaco) de Tamaulipas, han efectuado un llamado a la CFE “para que dé a conocer de forma oportuna a los usuarios los motivos de la falla, las precauciones que se deben tomar antes del restablecimiento del servicio y el tiempo que se tomará para la normalización del mismo.”3

Este llamado de la Fecanaco Tamaulipas es el reflejo de la preocupación existente dentro del empresariado de la zona, al constatar las pérdidas económicas que la interrupción del servicio eléctrico produce en todo el sector empresarial, principalmente en empresas manufactureras, de retail y de turismo, que son las que se han visto más afectadas en lo que respecta a la continuidad del trabajo y su competitividad.

Al respecto ya alzaron la voz en Nuevo León, tanto la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra), como la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), las horas sin suministro eléctrico por el apagón del domingo pasado causaron pérdidas millonarias aún no cuantificadas en 99 por ciento de la industria de Nuevo León, aseguró Juan Ignacio Garza Herrera, presidente de la Caintra.

El corte de energía no sólo ocasionó que se perdieran varios turnos laborales en algunas empresas, dijo, sino que también dañó equipos, maquinaria industrial y hornos eléctricos, entre otras instalaciones.

Luego de una reunión con Manuel Herrera Vega, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, el líder de la Caintra informó a medios de comunicación que ya le solicitaron a Jaime Hernández, director general de la CFE, reunirse en los próximos días para saber el origen de la falla que ocasionó el apagón y actuar en consecuencia.

César Villarreal, presidente de la Canirac de Nuevo León, informó que las pérdidas de los restaurantes de la localidad ascendieron a unos 8 millones de pesos, 30 por ciento de lo que se vende normalmente un domingo.

De la misma forma, los apagones como los del domingo producen una importante merma en las economías familiares, al malograr alimentos que deben refrigerarse y que se descomponen rápidamente en esta época del año debido a altas temperaturas que se presentan.

Así las cosas, es indudable que la interrupción del servicio eléctrico produce una inminente conmoción pública y una alteración al orden público, representado por el daño o peligro que se genera en la seguridad y economía nacional.

En este sentido, no debe olvidarse que el artículo 25, párrafo 5, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Estado y las autoridades que actúan en su representación, en lo que cabe a la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica la obligación de “... garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en las mejores prácticas...” en atención a la exclusividad que el mismo cuerpo normativo le ha conferido al Estado para su distribución y transmisión (artículo 27, párrafo 6).

De igual forma, deberá tenerse en consideración que México suscribió la Agenda 2030 de Naciones Unidas, por lo cual le resulta totalmente vinculante sus objetivos de desarrollos sostenible, entre éstos el de “Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos” (ODS número 7).

En atención a la ocurrencia reiterada de los sucesos descritos, el descontento de los clientes de la CFE, las pérdidas económicas ocasionadas y de la poca transparencia respecto de las causas reales que están originando estas interrupciones en la prestación del servicio de distribución y transmisión de electricidad, es que resulta pertinente convocar a las autoridades competentes, para que den cuenta a esta honorable Cámara de Diputados, acerca de la real naturaleza de las fallas técnicas que han originado la falta de servicio eléctrico en la zona noreste del país, de las medidas que se han adoptado para solucionar dichas fallas técnicas y evitar su acaecimiento en el futuro, así como informar acerca de las políticas de protección y comunicación a los consumidores afectados.

Para los efectos del presente punto de acuerdo, se considerarán como autoridades competentes al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), en su rol de operador independiente del sistema eléctrico nacional, y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en su papel de prestador del servicio público de energía eléctrica.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

De urgente y obvia resolución.

Primero. Esta soberanía exhorta respetuosamente al director general del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) para que informe pormenorizadamente a la opinión pública acerca de las causas técnicas que han originado la interrupción del servicio eléctrico en la zona noreste del país los días 23 y 25 de mayo, y 10 de septiembre, todas del año en curso; las medidas que se han implementado para evitar tales interrupciones; así como la manera en que dicha institución da cumplimiento a sus objetivos institucionales de eficiencia, transparencia y objetividad, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad en la operación y control del Sistema Eléctrico Nacional.

Segundo. Esta soberanía exhorta respetuosamente al director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para que informe pormenorizadamente a la opinión pública las causas de los apagones de los días 23 y 25 de mayo, y 10 de septiembre de los corrientes, sus procedimientos de gestión y solución ante emergencias, su política comunicacional y de transparencia, y su real capacidad para atender la demanda eléctrica nacional, así como el estado actual de la infraestructura de la CFE para suministro de energía residencial e industrial; ello, en observancia a su compromiso institucional de satisfacción de los clientes, desarrollo del país y la preservación del medio ambiente.

Notas

1 Boletín de prensa CFE domingo 10/09/2017 http://saladeprensa.cfe.gob.mx/boletines/

2 Boletín de prensa CFE martes 23/05/2017

http://saladeprensa.cfe.gob.mx/boletines/show/8428/

3 Opinión consignada en nota del periódico Excélsior en su versión on line el día 11/09/2017 disponible en http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/09/11/1187492

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2017.

Diputado Juan Carlos Ruíz García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a solicitar apoyo internacional para coordinar los trabajos científicos conducentes a determinar las causas del brote de insuficiencia renal entre los habitantes de Poncitlán, Jalisco, a cargo del diputado Carlos Lomelí Bolaños, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Carlos Lomelí Bolaños, integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal a fin de que por su conducto se solicite el apoyo internacional de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, a fin de coordinar los trabajos de investigación científica que puedan determinar el origen de las afectaciones a la salud por insuficiencia renal crónica a los habitantes de Poncitlán, Jalisco, de acuerdo con la siguiente

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Capítulo Primero, De los Derechos Humanos y sus Garantías, establece que todas las personas gozaran de los derechos humanos reconocidos en la misma constitución y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte.

De igual manera en su artículo cuarto se menciona lo siguiente:

Párrafo primero: El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Párrafo cuarto: Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Párrafo Noveno: En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Partiendo de esta premisa, con la obligación constitucional de preservar la salud de los Mexicanos, y con la evidencia de problemas de salud en el municipio de Poncitlán Jalisco, donde los datos de las Unidades Móviles de Salud de la Fundación Hospital Civiles de Guadalajara, revelan que la incidencia de menores de edad con insuficiencia renal es 10 veces mayor que en el resto de los municipios de Jalisco, incluyendo la Zona Metropolitana de Guadalajara, y cuatro veces más en adultos con problemas renales, donde actualmente se tienen detectados más de 600 casos de insuficiencia renal en su mayoría con daño avanzado.1

Existen diversas teorías respecto de las causas que han generado el problema de insuficiencia renal, los cuales son de dominio público entre los habitantes de Poncitlán, tales como:

1. Ingreso de agua contaminada al lago de Chapala, donde los materiales contaminantes se concentran en la parte baja de la laguna y estos alimentan los veneros con elementos contaminantes, y por ende contaminan los 155 aprovechamientos de aguas subterráneas en el municipio.

2. Concentración en grandes cantidades de contaminantes pesados en el agua de los pozos.

3. Alta concentración de pesticidas en el aire, mismos que ingresan al organismo de los habitantes.

4. Factores hereditarios de insuficiencia renal en familias originarias de la localidad.

5. Factores nutricionales.

6. Uso de agua de pozo como agua potable de uso diario.

Sin embargo al analizar las características del municipio tenemos las siguientes:

Consideraciones del municipio de Poncitlán, Jalisco.2

Poncitlán es un pueblo y municipio de la Región Ciénega del estado de Jalisco, se localiza en el sureste del estado, a una altura de 1,524 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con los municipios de Juanacatlán, Zapotlán del Rey y Ocotlán, al sur con el Lago de Chapala, al este con parte del municipio de Ocotlán y al oeste con el municipio de Chapala.

Su extensión territorial es de 672.61 km2. Con un clima semiseco en invierno y primavera secos, y semicálidos, sin estación invernal definida. La temperatura media anual es de 20.3° C, tiene una precipitación media anual de 801.2 milímetros con régimen de lluvias en los meses de junio a octubre.

La población según la encuesta intercensal 2015 del Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco con base en el INEGI es de 51,944 habitantes de los cuales 25,480 son hombres y 26464 mujeres.

Los recursos hidrológicos del municipio son proporcionados por los ríos y arroyos que conforman la subcuenca Lago de Chapala- Río Santiago pertenecientes a la región hidrológica Lerma- Chapala- Santiago.

Los arroyos más importantes son San Mateo, La Manga, El Salto, El Tigre de Ibarra, Colorado, El Diablo, El Aguilote y sus manantiales Agua Caliente y la presa de La Tinaja.

La fauna está representada por especies como el conejo, tejón, coyote, zorrillo, armadillo, culebras y aves diversas, la riqueza natural con que cuenta el municipio está representada por zonas de bosque donde predominan especies de huizache, palo dulce y granjeno principalmente, La mayor parte del suelo tiene un uso agrícola, Y la tenencia de la tierra en su mayoría corresponde a la propiedad ejidal.

Principales sectores económicos de Poncitlán

Su vocación económica es agropecuaria e industrial. De los cultivos locales destacan alfalfa, avena, cebada, frijol, garbanzo, maíz, sorgo, trigo y frutales como el aguacate, ciruela, guayaba, lima, limón y mango, de igual forma se cría ganado bovino de carne y leche, porcino, equino, caprino y diversas aves y respecto de la explotación forestal se explota únicamente el pino.

Dentro del sector industrial se destaca la industria de la transformación. Los principales ramos de la industria son textiles, fibras artificiales para deshilar, de dulces, producción de láminas y tubos de PVC y muebles.

La pesca se realiza en el Lago de Chapala, capturándose las especies de carpa, tilapia, charal, bagre y blanco.

El suelo predominante es el vertisol (63.2 por ciento), tienen estructura masiva y alto contenido de arcilla, su color es negro, gris oscuro o café rojizo. Su uso agrícola es muy extenso, variado y productivo. Son muy fértiles pero su dureza dificulta la labranza. Tienen susceptibilidad a la erosión y alto riesgo de salinización. La agricultura (49.8 por ciento) es el uso de suelo dominante en el municipio

Pobreza multidimensional en Poncitlán

La pobreza, está asociada a condiciones de vida que vulneran la dignidad de las personas, limitan sus derechos y libertades fundamentales, impiden la satisfacción de sus necesidades básicas e imposibilitan su plena integración social; De acuerdo con esta concepción, una persona se considera en situación de pobreza multidimensional cuando sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y los servicios que requiere para satisfacer sus necesidades y presenta carencia en al menos uno de los siguientes seis indicadores: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social calidad y espacios de la vivienda servicios básicos en la vivienda.

La nueva metodología para medir el fenómeno de la pobreza fue desarrollada por el CONEVAL y permite profundizar en el estudio de la pobreza, ya que además de medir los ingresos, como tradicionalmente se realizaba, se analizan las carencias sociales desde una óptica de los derechos sociales.

Estos componentes permitirán dar un seguimiento puntual de las carencias sociales y al bienestar económico de la población, además de proporcionar elementos para el diagnóstico y seguimiento de la situación de la pobreza en nuestro país, desde un enfoque novedoso y consistente con las disposiciones legales aplicables y que retoma los desarrollos académicos recientes en materia de medición de la pobreza.

En términos generales de acuerdo a su ingreso y a su índice de privación social se proponen la siguiente clasificación:

• Pobres multidimensionales.- Población con ingreso inferior al valor de la línea de bienestar y que padece al menos una carencia social.

• Vulnerables por carencias sociales.- Población que presenta una o más carencias sociales, pero cuyo ingreso es superior a la línea de bienestar.

• Vulnerables por ingresos.- Población que no presenta carencias sociales y cuyo ingreso es inferior o igual a la línea de bienestar.

• No pobre multidimensional y no vulnerable.- Población cuyo ingreso es superior a la línea de bienestar y que no tiene carencia social alguna.

Fuente: IIEG, Inegi, Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco con base en, estimaciones del Coneval con base en Inegi, y la muestra del Censo de Población y Vivienda

Con la información del cuadro anterior el cual esta soportado con información oficial proporcionada por el Inegi y el Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco del año 2010. Deja de manifiesto que la población de Poncitlán se encuentra en los umbrales de la pobreza fijada como una medición del mínimo necesario para vivir, y por ende un evento grave de salud les afecta de manera directa y además este evento puede regresarlo de nuevo al nivel de pobreza extrema. Por ello los gastos médicos son considerados como catastróficos para una familia en estas condiciones.

El sistema Nacional de Salud ha estado desarrollando cambios en la atención de la salud en marco humanista y de protección social a las familias tales como diferentes programas de Desarrollo Social, denominado Solidaridad y después Oportunidades, ahora llamado Seguro popular. Si bien esta situación ha estado apoyando a fortalecer las estrategias del Sector Salud, estas acciones se focalizaron a la población necesitada de servicios especializados de salud.

A pesar de que en México se da especial atención a los casos de enfermedades que pueden provocar efectos catastróficos a las familias, la prevención siempre será un factor determinante para poder maximizar los recursos existentes en materia de atención a la salud, los cuales jamás serán suficientes.

El Consejo de Salubridad General público en el Diario Oficial de la Federación el 15 de Junio del presente año, la lista actualizada de las enfermedades que ocasionan gastos catastróficos entre las cuales se encuentran las afectaciones relacionadas al riñón, tales como Hipoplasia renal, displasia renal, carcinomas de células renales, tumores, de los cuales algunos de ellos terminan en insuficiencia renal crónica.3

Para el tema que nos preocupa y ocupa en este exhorto es el caso de Poncitlán, del cual ya pudimos apreciar que por las condiciones socioeconómicas en las que viven las familias, una situación de aparición de enfermedades catastróficas agravaría las condiciones económicas de toda la comunidad.

En recientes años se ha generado una alarma por problemas relacionados con el riñón, en las familias del Municipio de Poncitlán Jalisco, los cuales se encuentran en las clasificaciones de “Población no pobre multidimensional y no vulnerable” tan solo el 9% del total de la población. El resto de la población no estaría en condiciones económicas para soportar las atenciones de alguna enfermedad catastrófica de algún integrante de la familia.

Estos datos representan una situación delicada por lo que diferentes instituciones públicas como la Secretaria de Salud Jalisco, la Secretaria de Desarrollo e Integración Social del estado de Jalisco, la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del estado de Jalisco, la Universidad de Guadalajara, la Fundación Hospitales Civiles de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”, entre otros han realizado una serie de estudios para poder determinar las causas del incremento exponencial que se tiene de casos de insuficiencia renal.

Con los hallazgos encontrados en diferentes estudios, las localidades del municipio de Poncitlán donde se requiere principalmente de urgente atención son los poblados de: San Pedro Itzican, Agua Caliente, La Zapotera, Santa María y Chalpicote, ya que se tiene la creencia preliminar que el agua de consumo humano ya sea de pozo o directamente del lago de Chapala, está enfermando y matando lentamente, ya que se encontró manganeso, azufre, cloro libre, coliformes fecales, bacterias y otros metales en diferentes cantidades.

El Registro Público de Derechos de Agua de la Conagua manifiesta la existencia de ciento cincuenta y cinco pozos de aprovechamientos de aguas subterráneas en el municipio de Poncitlán, sin embargo cabe la posibilidad de la existencia de pozos clandestinos mismos que no se cuenta con registro alguno, sin embargo los oficialmente registrados se clasifican de la siguiente manera según su uso:

Fuente: Registro Público de Derechos de Agua (REPDA; 2013, 07) CONAGUA.

La comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emitió la Macro recomendación 1/2009 Asunto: violación de los derechos a gozar de un ambiente sano , a la salud, al agua, alimentación, al patrimonio, legalidad, seguridad social, a la democracia, al trabajo, a vivienda y los derechos de niñas y niños a un nivel de vida adecuado para su desarrollo.4

En dicha recomendación ya advertía la necesidad de realizar acciones para evitar el incremento de la contaminación a las aguas del Rio Santiago, las cuales afectaban varios municipios y desemboca al lago de Chapala; y ahora en el año 2017, tenemos problemas serios en el municipio de Poncitlán Jalisco, por la falta de atención oportuna de las autoridades en turno.

La Enfermedad renal crónica según lo define la Secretaria de Salud,5 Es la pérdida permanente de las funciones de los riñones; este trastorno ocurre como consecuencia de diversas enfermedades crónicas no transmisibles, las más comunes son la diabetes mellitus y la hipertensión arterial.

Los riñones realizan diferentes funciones en nuestro cuerpo: Filtran la sangre y eliminan los productos de desecho del metabolismo, Mantienen el balance de líquidos y Secretan hormonas y esta enfermedad es una de las principales causas de hospitalización y demanda en el servicio de urgencias en México.

Al inicio de la enfermedad, los síntomas pueden confundirse con otros trastornos pero abarcan: Pérdida de peso sin razón aparente, Fatiga, Malestar general. Dolor de cabeza, Náuseas, La única manera de saber cómo funcionan los riñones es haciendo pruebas de laboratorio, en orina y en sangre, en especial si tiene alguno de los principales factores de riesgo como son diabetes, presión arterial alta, enfermedades cardiovasculares o antecedentes familiares de falla de los riñones.

Por esta razón es indispensable saber lo más pronto posible si se tiene la enfermedad de los riñones, y de esta manera se podrá diagnosticar oportunamente y recibir tratamiento para prevenir o retardar el avance hacia la falla de los riñones.

Cuando la enfermedad renal se encuentra en etapas más avanzadas, se denomina insuficiencia renal crónica y es posible que sea necesario llevar a cabo diálisis, hemodiálisis o trasplante de riñón.

El objetivo de la diálisis es eliminar las sustancias tóxicas y el exceso de líquido del organismo, que normalmente serían eliminados por los riñones.

En este sentido las autoridades en materia de salud en Jalisco han puesto en operación una serie de actividades y apoyos a los pacientes con enfermedades renales crónicas, sin embargo las acciones que han emprendido no han logrado determinar con exactitud las causas que están generando el crecimiento exponencial de nuevos casos de insuficiencia renal crónica.

Actualmente existen diversos organismos internacionales tales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS), y la Organización Mundial de la Salud (OMS), los cuales pueden apoyar y respaldar las investigaciones médicas dada la aparición de casos de insuficiencia renal crónica y otras enfermedades en la región de Poncitlán, toda vez que los trabajos e investigaciones realizados en la región se están realizando de forma aislada por los diferentes organismos públicos, ya sean académicos u oficiales de gobierno.

La Secretaria de Salud es la dependencia encargada acorde a sus facultades inherentes conferidas por la ley, es la dependencia del Poder Ejecutivo que se encarga primordialmente de la prevención de enfermedades y promoción de la salud de la población, misma que tendrá que intervenir como autoridad máxima.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaria de Salud del Gobierno Federal a fin de que por su conducto se solicite el apoyo internacional de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, a fin de coordinar los trabajos de investigación científica que puedan determinar el origen de las afectaciones a la salud por insuficiencia renal crónica a los habitantes de Poncitlán, Jalisco.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y al Gobierno del Estado de Jalisco, para que coordinadamente proporcionen todas las facilidades asistencia médica a quienes padecen de esta enfermedad catastrófica por afectaciones a los riñones, de la cual aún no se determina el origen del brote exponencial recientemente en el Municipio de Poncitlán Jalisco.

Notas

1 Especialista confirma epidemia de insuficiencia renal crónica en Poncitlán | Universidad de Guadalajara. (2017). Udg.mx. Retrieved 1 August 2017, from http://www.udg.mx/es/noticia/especialista-confirma-epidemia-de-insufici encia-renal-cronica-en-poncitlan

2 (2017). Iieg.gob.mx. Retrieved 1 August 2017, from

http://iieg.gob.mx/contenido/Municipios/Poncitlan.pdf

3 DOF - Diario Oficial de la Federación. (2017). Dof.gob.mx. Retrieved 4 August 2017, from http://www.dof.gob.mx/

4 (2017). Cedhj.org.mx. Retrieved 4 August 2017, from

http://cedhj.org.mx/gaceta/2009/gaceta55.pdf

5 Salud, S. (2017). Enfermedad renal crónica. gob.mx. Retrieved 3 August 2017, from https://www.gob.mx/salud/articulos/enfermedad-renal-cronica

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2017.

Diputado Carlos Lomelí Bolaños (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad a capacitar de manera continua a los elementos en todos los niveles de seguridad sobre los protocolos de investigación y cadena de custodia, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la comisión nacional de seguridad, a capacitar de manera continua a todos los elementos en todos los niveles de seguridad, sobre los protocolos de investigación y cadena de custodia, atendiendo de manera oportuna malas prácticas por parte de los servidores públicos, para garantizar el resguardo del lugar de los hechos y hallazgos, así como la recopilación técnica y científica de evidencias, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

En el 2014 fue creado el Código Nacional de Procedimientos Penales, con la finalidad de dar un protocolo de actuación en el proceso penal, garantías para la víctima e imputado, así como el protocolo de actuación para los policías al momento de una detención y resguardo, tanto de la escena de un crimen, como la recolección de pruebas que se llegasen a encontrar con ayuda de un perito experto en la ciencia, arte o técnica idónea, sin embargo, no especifica las facultades o alcances de cada uno.

El artículo 263 de la licitud de la prueba, indica que los datos y pruebas deberán ser obtenidos y producidos lícitamente para su admisión y desahogo en el proceso, por lo tanto se debe seguir el protocolo de actuación, para evitar que las pruebas se contaminen o sean violatorias de derechos humanos y así caer en el supuesto del artículo 264 de la nulidad de la prueba, al considerarse como ilícitos los datos o pruebas obtenidas.1

La Nulidad de la Prueba ha beneficiado a un gran número de delincuentes, acusados por diversos delitos, e incluso con pruebas contundentes en su contra, uno de los casos más sonados ha sido el de Florence Cassez, que con la existencia de pruebas plenas en su contra, logró su libertad debido al montaje y contaminación del lugar de los hechos por parte de las autoridades y televisoras.2

Otro caso tuvo lugar en Reynosa, en el 2015 la detención de un sujeto acusado de daños morales e incitación a la prostitución, así como por la violación de un menor de 12 años, al momento de ser detenido portaba un celular con imagines de abuso sexual contra menores, el juez del caso decidió dejarlo en libertad alegando que no contaba con las pruebas suficientes para imputarle el delito, todo porque las pruebas fueron contaminadas.3

Desde secuestradores, líderes del narcotráfico, hasta pederastas, se han beneficiado con la falta de preparación de los elementos de seguridad al momento de recabar las pruebas de la escena del delito. Por lo que resulta de suma importancia tomar en cuenta las diferencias entre la labor del policía de cualquier rango y la actuación del policía de investigación o encargado de la recolección de los hallazgos, ya que al momento de hacer el resguardo y recolección de pruebas por parte del elemento policial que llega primero al lugar de los hechos, no siguen el protocolo de medidas para recabar las pruebas, y al no tener la preparación necesaria algunos han tomado el arma que portaba el presunto culpable, y dan oportunidad a que el objeto se convierta en ilícito y lo deje en estado de nulidad para ser tomado en cuenta al momento de imputar responsabilidad sobre el ilícito al presunto culpable.

En los últimos cinco años la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha otorgado la libertad por indebido proceso a un promedio de setenta personas, situaciones como pruebas ilícitas, falsedad de testimonios, tiempo tardío en poner a disposición del Ministerio Público al presunto culpable o por no dar el derecho a tener un traductor o interprete,4 permitiendo que la posible víctima no tenga acceso a la justicia.

Tenemos que aceptar que en este tema falta mucho por hacer ya que el nuevo sistema de justicia penal tiene poco tiempo y por ende no se ha logrado dar la formalidad e impacto, así como la información a cada una de las partes que se ven involucradas en el proceso penal, desde los policías y peritos hasta los jueces al momento de tomar a consideración las pruebas por decisiones erróneas e irracionales que dañan a las víctimas, familias e incluso a la misma sociedad que teme por ver de nuevo en las calles a estos criminales.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se encarga de emitir opiniones sobre las violaciones presentadas por policías y demás autoridades que actúen de manera indebida, desde que inicia el proceso hasta su conclusión, con la finalidad de evitar que se vulneren los derechos de las víctimas, sin embargo esto no garantiza que se haga justicia, ya que el probable responsable sale en libertad y la sanción de la que el servidor público es acreedor no resarce la pena por el delito en cuestión.

Los probables responsables de la comisión de un delito pueden interponer amparos de manera directa o indirecta, por violaciones a los principios, como lo establece el artículo 20 Constitucional apartado B es su fracción VI,5 referente al acceso de los registros de investigación, por parte del imputado y su defensor, el cual puede alegar que la prueba ha sido contaminada y en caso de demostrar que así es, esta pierde su valor, eliminándola del proceso, sin importar que sea probatoria y en ocasiones evidente o se haya detenido al imputado en flagrancia.

Ya sea por error o por abuso de autoridad, los criminales y sus defensores siguen percatándose del desconocimiento y poca preparación de las autoridades, por ello se debe de redefinir el concepto de resguardo y recolección distinguiendo las facultades entre policías y policías especializados o de investigación; así como proporcionarles de manera continua una preparación que les recuerde el protocolo de actuación y los límites de sus funciones, ante un ilícito y resguardo del lugar de los hechos.

Considerandos

Los delitos de alto impacto son aquellos que atentan contra la vida o integridad de la víctima u ofendido catalogándolos como algún tipo de homicidio (Doloso o Culposo), secuestro, extorsión, robo con violencia, robo de vehículo, a casa habitación o negocio, transeúnte y violación. Delitos en los que en la mayoría existe algún indicio o rastro que pueda llevar a la identificación o a fincar responsabilidad a él o los presuntos responsables.6

Se debe de capacitar de manera constante al personal policial y asignar facultades tanto a los peritos como a los policías, para que cada uno cumpla su función y no se conviertan en una herramienta más de los presuntos culpables, y evitar cumplir con su responsabilidad en el delito que se les imputa.

El mínimo detalle puede contaminar y permitir que las pruebas se conviertan en ilícitas o viciadas, siendo las periciales el principal instrumento probatorio, cuando se obtienen de manera licita y se resguardan de forma adecuada.

La finalidad de la preservación y procesamiento de los indicios, es guiar en el razonamiento del juzgador para que este de su fallo con base en las pruebas ofrecidas, preservando la cadena de custodia y dando un manejo adecuado en el procedimiento científico.7

Es por ello que los policías y peritos, deberán hacer la recolección, embalaje y traslado de los indicios o evidencias,8 motivo por el cual se les debe de dar y limitar su facultad a cada uno, siguiendo el protocolo que maneja el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 227 y el acuerdo 4/2016 que emitió la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para la CDMX9 y demás autoridades, así como los formatos de la cadena de custodia, el informe policial, y el equipo adecuado de cada situación para los peritos, con la finalidad de no contaminar los indicios que se encuentren en el lugar de los hechos.

Al mismo tiempo se debe contar con el equipamiento necesario por parte de los policías de investigación o policías expertos en recolección de pruebas e indicios, para que puedan seguir con los protocolos antes mencionados sin alterar su naturaleza. El Ministerio Público a su vez debe contar con un espacio e instrumentos adecuados al momento de que reciba la cadena de custodia.

A nivel federal existen dos acuerdos referentes a la cadena de custodia y sus lineamientos emitidos por la Procuraduría General de la Republica, el primero es el ACUERDO A/002/10 que establece los lineamientos que deberán observar todos los servidores públicos para la debida preservación y procesamiento del lugar de los hechos o del hallazgo y de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito;10 el segundo es el ACUERDO A/009/15, establece las directrices que deberán observar los servidores públicos que intervengan en materia de cadena de custodia, así como la guía de cadena de custodia, preservación del lugar y demás lineamientos que deben de seguir los policías y peritos o cualquier otro servidor público al momento de entrar al lugar de intervención.11

La guía antes mencionada es un requerimiento al entregar la cadena de custodia para dar validez y continuidad a todos los elementos y sean constituidos como pruebas; los policías, peritos y ministerios públicos, deben por obligación saber todos los lineamientos y requisitos necesarios para llevar a cabo los documentos o formatos desde el lugar de intervención, la cadena de custodia y la entrega-recepción de los índicos o elementos materiales probatorios.

En Colombia existe un manual de procedimientos del sistema de cadena custodia, clasificando las responsabilidades de la policía y el grupo designado para la diligencia (peritos), estos últimos tienen la obligación de nombrar al encargado de las fotografías, topografía y la narración descriptiva de los procedimientos y actividades desarrolladas en los diferentes puntos de hallazgo.12

La forma de embalaje y las recomendaciones para el manejo de los elementos materia de prueba, clasificando su recolección, embalaje y precauciones, en cualquier tipo de arma, estupefacientes, ropa o cualquier otro tipo de elemento que se encuentre y los contenedores donde serán colocados como son bolsas, cajas, frascos y tubos con el fin de garantizar los principios de la cadena de custodia.

Protocolos existen, sin embargo es indispensable capacitar constantemente, las funciones tanto de los peritos como de los policías, así como en la responsabilidad que tendrán si faltan a algún supuesto del Código Penal Federal, como se establece en el artículo 225 fracción XXXI, “de los delitos cometidos por servidores públicos”, referente a la modificación, alteración o algún otro supuesto relacionado con los indicios, evidencias u objetos en el procedimiento de la cadena de custodia, al que, se le impondrá pena de prisión de cuatro a diez años y de cien a ciento cincuenta días de unidades de medida y actualización (UMA).13

Punto de acuerdo

Único: Se exhorta al titular de la Comisión Nacional de Seguridad, a capacitar de manera continua a todos los elementos en todos los niveles de seguridad, sobre los protocolos de investigación y cadena de custodia, atendiendo de manera oportuna malas prácticas por parte de los servidores públicos, para garantizar el resguardo del lugar de los hechos y hallazgos, así como la recopilación técnica y científica de evidencias.

Notas

1 Código Nacional de Procedimientos Penales. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP_170616.pdf

2 “Pederastas y narcos, beneficiarios del debido proceso”. Excélsior . Jorge Fernández Menéndez. 26 de mayo de 2016.

http://www.excelsior.com.mx/opinion/jorge-fernandez-mene ndez/2016/05/26/1094958

3 Ídem.

4 “Liberan a 70 en 5 años por indebido proceso”. Excélsior . Juan Pablo Reyes. 20 de septiembre del 2015.

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/09/20/1046695

5 “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150816.pdf

6 “Reporte Sobre Delitos de Alto Impacto”. Observatorio Nacional Ciudadano Seguridad, Justicia y Legalidad. Septiembre 2016. http://onc.org.mx/wp-content/uploads/2016/11/161115mensual-septiembre-d igital_VF.pdf

7 “Protocolos de Cadena de Custodia Dos grandes etapas: preservación y procesamiento”. Inacipe . 2013. https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/files/u37/Proto colosdeCadenadeCustodia.pdf

8 Ídem.

9 “Acuerdo 4/2016 por el que se expide el Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para la Preservación del Lugar de los Hechos o del Hallazgo y Cadena de Custodia”. Gaceta Oficial de la Cuidad de México. 5 de Abril de 2016. http://www.ssp.df.gob.mx/TransparenciaSSP/sitio_sspdf/art_14/fraccion_i /otros_documentos/AcuerdosistemasdatospersonalesI.pdf

10 Acuerdo número A/002/10 mediante el cual se establecen los lineamientos que deberán observar todos los servidores públicos para la debida preservación y procesamiento del lugar de los hechos o del hallazgo y de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5130194&fecha=03/02/2010

11 Acuerdo A/009/15 por el que se establecen las directrices que deberán observar los servidores públicos que intervengan en materia de cadena de custodia.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5381699&fecha=12/02/2015

12 “Manual de Procedimientos del Sistema de Cadena de Custodia”. Colombia. Fiscalía General de la Nación. http://www.fiscalia.gov.co/en/wp-content/uploads/2012/01/manualcadena2. pdf

13 Código Penal Federal.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9_180716.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2017.

Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNDH a proseguir las acciones para promover los tratados internacionales en materia de personas con discapacidad, a cargo de la diputada María Soledad Sandoval Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, María Soledad Sandoval Martínez, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

México es un país donde de acuerdo al registro del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2010, las personas que tienen discapacidad son 5 millones 739 mil 270, lo que representa 5.1 por ciento de la población total del país.

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, presentada en 2001, señala que las personas con discapacidad “son aquéllas que tienen una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales y que al interactuar con distintos ambientes del entorno social pueden impedir su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones a las demás”.

El 8 de octubre de 2014, el Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, presentó en la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las observaciones finales que adopto en relación con el Estado mexicano y las medidas para cumplir con las disposiciones de la Convención sobre los Derechos de la Personas con Discapacidad.

Bajo estas observaciones presentadas por el Comité de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se menciona que se llega a la conclusión de que, a pesar de sus considerables posibilidades, hasta el momento los tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas no se han utilizado plenamente en el contexto de la discapacidad, contando con diversas recomendaciones para la solución de la inaplicación de estos mismos.

Dentro del informe, la observación numero 6 menciona que:

“En el estudio se observa que muchos estados ya han empezado a tratar la discapacidad como una cuestión amplia de derechos humanos , y se les recomienda a los estados que: a) aborden en profundidad la cuestión de los derechos humanos de las personas con discapacidades...”

Asimismo dentro de este informe, pero en la observación número 9 se menciona:

“En el estudio se señala que la cobertura de las cuestiones relacionadas con la discapacidad en los informes presentados por los estados parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales tienden a ser poco sistemática y que los países suelen tratar la discapacidad como una cuestión medica más que como una cuestión de derechos humanos... ”

Con base en esto, partimos que las observaciones giradas para México, son específicas; en la aplicación de sus tratados internacionales, ya que si bien se menciona dentro del informe anual de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se han recurrido a la instalación de los Mecanismos Estatales de Monitoreo con los entes públicos de derechos humanos de 28 entidades federativas (Aguascalientes, Baja California Sur, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Aguascalientes, estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Querétaro y Zacatecas.)1 , la aplicación de los tratados internacionales en esta materia discapacidad no tenido el resultado que se desea por parte de la Organización de las Naciones Unidas, y esto conlleva a caer en una inaplicación de la ley suprema de acuerdo a la reforma de 2011 en materia de tratados internacionales.

Sin embargo, el trato de cuestión médica más que derechos humanos es alarmante en México, debido a que es de vital importancia priorizar y recalcar la promoción de los derechos humanos en materia de personas con discapacidad, ya que si seguimos dando un trato erróneo para la reivindicación en el ejercicio de sus derechos, el resultado para obtener o tener la inclusión que se busca será imposible.

Dentro de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 4o. fracción 1 señala que los estados parte se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivo de discapacidad.

Y en la fracción II, inciso i), menciona que se debe fomentar una actitud receptiva respecto de los derechos de las personas con discapacidad, partiendo de esto, la Comisión de Derechos Humanos debe promover el conocimiento de los derechos humanos de personas con discapacidad para evitar el trato del lado médico más que el de sus derechos.

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) emitió 58 recomendaciones para México en 2014.

Las recomendaciones emitidas son las resoluciones derivadas de una investigación en la que se acreditan violaciones a derechos humanos, por lo tanto, las 58 recomendaciones emitidas reflejan la inaplicación de los tratados internacionales y la escasa promoción de los derechos humanos en esta materia.

Aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos señala en su informe anual de 2016 que en materia de atención a las personas con discapacidad realizó 243 actividades de promoción, en las cuales se logró impactar a 21 mil 457 personas, realizó 243 actividades de promoción, en las cuales se logró impactar a 21 mil 457 personas, entre las cuales se encuentran: personas con discapacidad y sus familias, integrantes de organizaciones de y para personas con discapacidad, personas servidoras públicas, representantes del sector académico, estudiantes y público en general2 .

Sin embargo, es claro que seguimos concientizando a un mínimo de personas del total de la población en México, y las personas concientizadas siguen siendo las personas con discapacidad o sus familiares, sin embargo, el sector que debe de ser concientizado es principalmente quienes no tienen una discapacidad o contacto con una persona con discapacidad, ya que desconocen el trato que se les debe de dar y cuales son su derechos humanos.

Es urgente que se muestre al individuo como persona, antes que como sujeto de una determinada situación limitante. La manera para lograrlo es anteponer siempre la aplicación de sus derechos humanos haciendo de esta manera relevante la integridad individual que la situación adjetiva de una circunstancia personal concreta, pues anteponiendo sus derechos resaltamos la inclusión social que necesitamos para la reivindicación de los mismos.

Por todo ello compañeras y compañeros diputados, presento a consideración de este pleno, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a que continúe en la aplicación de las acciones necesarias para la promoción de los tratados internacionales en materia de personas con discapacidad.

Notas

1 http://informe.cndh.org.mx/uploads/principal/2016/Informe_2016_resumen_ ejecutivo.pdf

2 Informe de actividades de la CNDH, pagina 100.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2017.

Diputada María Soledad Sandoval Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a revisar la eficacia del procedimiento para declarar alerta de violencia de género en cuanto a la erradicación de ésta, y a modificar el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a cargo de la diputada Concepción Villa González, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Concepción Villa González, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de esta LXIII Legislatura, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracciones I, y III del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres, a que emprenda coordinadamente la revisión sobre la eficacia del procedimiento para declarar Alerta de Violencia de Género y la efectividad en la implementación de las mismas para erradicar la violencia de género, y a realizar las modificaciones correspondientes al Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Exposición de motivos

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2011, 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más declaró haber padecido algún incidente de violencia, ya sea por parte de su pareja o de cualquier otra u otras personas. De octubre de 2010 a octubre de 2011, una quinta parte de las mujeres de 15 a 49 años de edad enfrentaron situaciones de violencia sexual, tales como abuso, intimidación, acoso u hostigamiento sexual por parte de personas diferentes a su pareja; 32 por ciento de las mujeres han padecido violencia sexual en algún momento de su vida por parte de agresores distintos a la pareja. Entre las mujeres jóvenes de 15 a 29 años, el 10 por ciento de las defunciones registradas en 2015 fueron por homicidio, lo que representa en este grupo de edad la primera causa de muerte. En promedio se estima que durante los últimos tres años (2013 a 2015) fueron asesinadas siete mujeres diariamente en el país, mientras que entre 2001-2006 fueron 3.5.1

Por su parte, investigaciones de organizaciones de la sociedad civil y de particulares2 han señalado que, sin considerar la cifra negra previsible (que se estima mucho más alta), en el país se presentan 150 mil denuncias en forma anual por actos de violencia de género; de las cuales aproximadamente sólo 16 mil 500 fueron recogidas en una averiguación previa (actualmente carpeta de investigación), y de éstas sólo 2.4 por ciento terminaron con una sentencia condenatoria.

Desafortunadamente, las cifras sobre homicidios violentos de mujeres en México varían dependiendo la fuente, pues no existe un sistema integral de información que permita conocer el número de casos de los distintos tipos de violencia contra las mujeres, los cuales conforman la violencia feminicida. Tampoco existe información sobre las características tanto de los hechos como de las víctimas y los agresores, la atención brindada, su eventual denuncia, sanción y reparación del daño. Aún peor, en México no se ha podido lograr que la totalidad de las procuradurías generales de justicia de las entidades federativas integren sistemas de información que faciliten el seguimiento de los casos de feminicidio tal como están definidos en los respectivos códigos penales.3

Lo anterior nos obliga a recurrir a distintas fuentes de datos para poder cuantificar los casos de feminicidios en México: encuestas en hogares, censos de gobierno, estadísticas vitales y registros administrativos, las cuales cubren distintas expresiones de la violencia feminicida. De igual forma, resulta en que una buena parte de las muertes violentas de mujeres queden en la impunidad porque no se investigan, ni se actúa con la debida diligencia. Muchos de los homicidios que se cometen contra las mujeres no son investigados considerando que podrían tratarse de feminicidios.

Esta falta de datos oficiales sobre homicidios violentos de mujeres en México, así como la falta de debida investigación de los hechos (la deficiente actuación del Estado), evidencia la violencia estructural e institucional contra las mujeres que existe en el país y el grave problema de feminicidios que tenemos.

Como lo estableció Marcela Lagarde hace más de una década, la violencia contra las mujeres por razones de género se observa como “el conjunto de delitos de lesa humanidad que contienen los crímenes, los secuestros y las desapariciones de niñas y mujeres en un cuadro de colapso institucional. Se trata de una fractura del estado de derecho que favorece la impunidad. Es decir, la impunidad constituye un problema de carácter estructural que se manifiesta en la ausencia de investigación y sanción de la mayoría de los actos de violencia contra las mujeres, lo que contribuye al fracaso de la función disuasoria y sancionadora del sistema penal y a la consecuente perpetuación de un contexto de violencia contra la mujer.”4

Bajo el contexto nacional que se describe, resulta urgente hacer una revisión a conciencia del marco normativo existente y la eficiencia en su ejecución, tal es el caso de la Alerta de Violencia de Género (AVG) contra las mujeres que, en principio, se trataba de una intervención estatal acotada, focalizada, temporal y coordinada para resolver un problema urgente de violencia feminicida o de un agravio comparado.5 Como lo establece la propia exposición de motivos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la AVG es una de las aportaciones más relevantes de dicha ley, pues es la primera medida de emergencia para erradicar la violencia contra las mujeres en México.

Sin embargo, es un mecanismo que no está cumpliendo con los objetivos para los que fue pensado, pues del 2006 a la fecha: 1) las declaratorias de alertas de violencia de género pasaron por un proceso de revisión de un año para que se activarán, es decir, acciones dilatadas que no corresponden a un contexto de emergencia; 2) los municipios que cuentan con una AVG no presentan avances significativos en la reducción de la violencia contra las mujeres, pues las capacidades institucionales y la coordinación inter organizacional de las autoridades sigue siendo precaria.

En este sentido, es necesario rediseñar un procedimiento claro y con plazos razonables para las declaratorias de AVG, que corresponda a la situación de emergencia que se vive en la localidad en cuestión. De igual forma, es necesario entender que las AVG son un mecanismo extraordinario, de emergencia y temporal, por lo que debe servir a fines muy acotados. Para este rediseño, es deseable la participación de las organizaciones de la sociedad civil que están en contacto con la problemática y conocen los obstáculos en la implementación de las AVG, personas expertas en la materia que apoyen con el sustento técnico, y las y los representantes de las diversas instancias de gobierno involucradas para erradicar la violencia contra las mujeres.

No olvidemos que no combatir la violencia feminicida constituye una omisión por parte del Estado en proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres, como el derecho a la integridad personal y el derecho a la vida. De tal forma que perfeccionar el marco normativo que previene la violencia contra las mujeres corresponde a las acciones necesarias que debe realizar México para cumplir con el mandato constitucional y las obligaciones internacionales en la materia, así como al principio de progresividad de los derechos humanos.

Lo anterior en el artículo primero constitucional, que establece la obligación del Estado de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos de las y los mexicanos; y prohíbe toda discriminación en razón del sexo. De igual forma en los tratados internacionales de los que México es parte establecen sus obligaciones de respetar, promover, protege y garantizar los derechos humanos de las mujeres, a saber la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención de Belem do Pará”; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, arts. 2, 3 y 6; y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 1, 2 y 5.

Asimismo, el Comité Sobre la Convención de Todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres de Naciones Unidas ha instado a los Estados parte en la Recomendaciones Generales núm. 12 y 19 a contar con una legislación vigente para proteger a la mujer de la frecuencia de cualquier tipo de violencia en la vida cotidiana (la violencia sexual, malos tratos en el ámbito familiar, acoso sexual en el lugar de trabajo, etc.).

Por lo anterior, se somete a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente punto de acuerdo, con el objetivo de garantizar el cese de la violencia en contra de las mujeres y la seguridad de las mismas:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres, a que emprendan coordinadamente un proceso de revisión de la eficacia del procedimiento para declarar Alerta de Violencia de Género y la efectividad en la implementación de las mismas para la erradicación de la violencia de género, y a realizar las modificaciones correspondientes al Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Notas

1 Inegi, “Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre)”, disponible en http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/violencia2016_0.pd f

2 Ana Pecova (2015). “Derechos de Papel”, en Violencias Invisibles. Revista Nexos. México, Junio 2016, 29-31 págs.

3 ONUMujeres, “La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2014”, disponible en:
http://www2.unwomen.org/~/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/
2016/02/violencia%20feminicida%20en%20m%C3%A9xico%20aproximaciones
%20y%20tendencias%201985_2014.pdf?v=1&d=20160418T214527

4 Unete, La regulación del delito de femicidio/feminicidio en América Latina y el Caribe, disponible en

http://www.un.org/es/women/endviolence/pdf/reg_del_femic icidio.pdf

5 Pérez Correa, Catalina; Alejandra Ríos Cázares, Estefanía Vela y Guillermo M. Cejudo. 2016. Alertas de género: consideraciones mínimas para la acción gubernamental (documento de discusión). México: Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2017.

Diputada Concepción Villa González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SE a generar un programa que incluya las pequeñas empresas, los locatarios de mercados y los comerciantes de productos perecederos y no perecederos a fin de obtener dispositivos electrónicos para recibir tarjetas de vales de despensa e incrementar así la competitividad del sector, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Germán Ernesto Ralis Cumplido, diputado del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someto a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Economía a que genere un programa que incluya a las pequeñas empresas, locatarios de mercados y comerciantes de productos perecederos y no perecederos, a que obtengan dispositivos electrónicos para la recepción de tarjetas de vales de despensa, con la finalidad de incrementar la competitividad de los pequeños comerciantes, con base en la siguiente:

Exposición de motivos

Los vales de despensa son una prestación que algunas empresas utilizan para contrarrestar el descuento de impuestos y como parte complementaria del sueldo de sus empleados. Para la empresa el dar vales y no dinero en efectivo, le genera un beneficio fiscal, ya que los vales no son gravables y la empresa puede deducir el 53 por ciento del gasto, beneficiando también al empleado, ya que recibe la cantidad íntegra en vales, sin que por esa cantidad se le retenga impuestos, como sucede cuando pagan con efectivo y les descuentan el Impuesto Sobre la Renta (ISR).1

El uso de vales de despensa está destinado única y exclusivamente a la compra de alimentos, artículos de la canasta básica y despensa en general; por lo que el gobierno decidió no gravar esta prestación, permitiendo que tanto las empresas como los empleados reciban los beneficios.

Sin embargo, los beneficios de los vales de despensa están limitados y condicionados a comprar sólo en establecimientos y comercios afiliados a los emisores de dichos vales. Dentro de estos comercios, en su gran mayoría, se encuentran: Diconsa, Waldo’s Mart, Bodega Aurrera, Sam’s, WalMart, Tiendas del ISSSTE, Costco, Superama, Gigante, Chedraui, Soriana, Comercial Mexicana, Extra, Super Bara, Woolworth, Del Sol, Fábricas de Francia, Suburbia, Liverpool, Famsa, Tiendas Natura, Farmacias Benavides, Farmacia El Fénix, Farmacias Guadalajara, Super G, Calmax, Six, Farmacias del Sol, Vips, Dominos Pizza, Carl’s Jr, Sanborns, Mega Comercial Mexicana, Toks, El Portón, Pollo Feliz, Subway, S-Mart, entre otros, en su mayoría tiendas de autoservicio, farmacias, algunos restaurantes y algunas tiendas de abarrotes.2

En su mayoría, los vales son aceptados por las grandes cadenas de autoservicios, dejando en desventaja a las tiendas de abarrotes, locatarios de mercados y pequeños comerciantes.

Los mercados constituyen las principales fuentes de abastecimiento en los barrios, colonias y lugares cercanos a ellos. Solamente en la Ciudad de México existen 329 mercados públicos, distribuidos en sus 16 delegaciones.

Por años, los mercados se han distinguido por ser sitios en los que se pueden adquirir artículos de primera necesidad a precios accesibles, además de ser el sustento de miles de pequeños comerciantes, en nuestro país.

Fortalecer los mercados y apoyar a los pequeños comerciantes es una tarea que económicamente favorecerá a miles de personas, ya que no sólo permitirá que los pequeños comerciantes incrementen sus ventas, sino que también le permitirá al consumidor adquirir productos frescos y de buena calidad.

Por lo anteriormente expuesto propongo que se realice una campaña para incluir a los locatarios de mercados y pequeños comerciantes de productos perecederos y no perecederos, como comercios, a que puedan contar con dispositivos electrónicos, para la recepción de tarjetas de vales de despensa y de esta manera dar oportunidad a que los consumidores a que tengan la opción de hacer su despensa en mercados y no solo con las grandes compañías de autoservicio.

Los tiempos en los que estamos nos indican que debemos apoyar la economía nacional e incrementar el consumo no sólo de los productos nacionales, sino también de los comerciantes locales, aquellos que poseen los clásicos negocios en las esquinas o en los mercados, y que también necesitan oportunidades para crecer e incrementar su productividad.

Considerandos

La Ley del Impuesto Sobre la Renta, en el artículo 27, fracción XI, en su primer párrafo, menciona que las prestaciones que se otorguen de manera general a todos los trabajadores podrán ser deducibles de impuesto y especifica que cuando se trate de vales de despensa, tendrán que ser entregados a través de monederos electrónicos, previamente autorizados por el Servicio de Administración Tributaria.3

La Miscelánea fiscal 2015 define el concepto de vales de despensa, mencionando en el punto 3.3.1.16 que “se entenderá por vale de despensa, aquél que independientemente del nombre que se le designe, se proporcione a través de monedero electrónico y permita a los trabajadores que lo reciban, utilizarlo en establecimientos comerciales ubicados dentro del territorio nacional, en la adquisición de artículos de consumo que les permitan el mejoramiento en su calidad de vida y en la de su familia... no podrán ser canjeados por dinero, ya sea en efectivo o mediante títulos de crédito, o utilizados para retirar el importe de su saldo en efectivo, directamente del emisor o a través de cualquier tercero, por cualquier medio, incluyendo cajeros automáticos, puntos de venta o cajas registradoras, entre otros, tampoco podrán utilizarse para adquirir bebidas alcohólicas o productos del tabaco.”4

Entre las obligaciones con las que cuenta el emisor de monederos electrónicos de vales de despensa tenemos en el punto 3.3.1.20., numeral V, de la Miscelánea Fiscal 2015, que los emisores tendrán que “afiliar a comercios enajenantes de despensas, a través de la celebración de contratos, a efecto de que en dichos comercios pueda ser usado el monedero electrónico de vales de despensa...”; al mismo tiempo deberán publicar en su página de Internet una lista de los comercios afiliados y mantener esta lista actualizada.5

Por lo antes mencionado, pongo a su consideración el siguiente:

Punto de acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Economía a que genere un programa que incluya a las pequeñas empresas, locatarios de mercados y comerciantes de productos perecederos y no perecederos, para que obtengan dispositivos electrónicos para la recepción de tarjetas de vales de despensa, con la finalidad de incrementar la competitividad de los pequeños comerciantes.

Notas

1 “3 preguntas que se repiten sobre beneficios de vales de despensa”. Edenred. 23 de julio de 2015. http://blog.edenred.mx/tres-preguntas-beneficios-de-vales-de-despensa#s thash.ZbYblDSu.dpuf

2 “Directorio Nacional de Establecimientos Afiliados a Vale Papel Despensa”. Si vale. file:///C:/Users/PC/Downloads/valenacional%20(1).pdf

3 “Ley del Impuesto Sobre la Renta”.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISR_301116.pdf

4 “Miscelánea Fiscal para 2015”. Diario Oficial de la Federación. 30 de diciembre de 2014.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5377712&fecha=30/12/2014

5 “Miscelánea Fiscal para 2015”. Diario Oficial de la Federación. 30 de diciembre de 2014.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5377712&fecha=30/12/2014

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 14 de septiembre de 2017

Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS a proseguir el fortalecimiento de las políticas públicas y la aplicación de los tratados internacionales para combatir del trabajo infantil en México, a cargo de la diputada María Soledad Sandoval Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, María Soledad Sandoval Martínez, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El trabajo infantil es una violación de los derechos humanos fundamentales, habiéndose comprobado que entorpece el desarrollo de los niños, y que potencialmente les produce daños físicos y psicológicos para toda la vida. Se ha demostrado que existe un fuerte vínculo entre la pobreza de los hogares y el trabajo infantil, y que el trabajo infantil perpetúa la pobreza durante generaciones, dejando a los hijos de los pobres fuera de la escuela y limitando sus posibilidades de ascender en la escala social.1

En México según las estadísticas del día mundial contra el trabajo infantil del 2017 indican que la tasa de ocupación de la población de 5 a 17 años es de:

• 8.4 por cada 100 niñas y niños en ese rango de edad.

• Nueve de cada 10 (89.6 por ciento) realizan actividades no permitidas.

• Cuatro de cada 10 (37 por ciento) menores de 5 a 17 años ocupados, no asisten a la escuela.

• En ocupación no permitida, cuatro de cada 10 (42.5 por ciento) no reciben ingresos y 28.8 por ciento perciben hasta un salario mínimo.

• En 2015, 5.7 de cada 100 niñas y niños, realizan quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas.

• Tres de cada 10 niñas (29.7 por ciento) realizan quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas, exceden las 28 horas laborales a la semana, situación que presentan 4.7 por ciento de los niños.

Estas cifras resultan alarmantes debido a que más de la mitad de los niños que trabajan se encuentran expuestos a las peores formas de trabajo, arriesgando no solo su integridad, sino también su vida.

El 12 de junio del 2013 el Poder Ejecutivo mediante acuerdo crea la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en México, en adelante la Comisión, cuyo objeto es la coordinación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el diseño, ejecución y evaluación de políticas, programas y acciones en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil, así como para la protección del adolescente trabajador en edad permitida, con base en la normatividad aplicable.

Pero a esto debemos tener presente que el Trabajo Infantil es el reflejo de la falta de acceso condicionado a la educación por la participación en labores domésticas o de servicios a terceros en niñas, niños y adolescentes trunca su espacio de generación de capital humano que les otorgará las herramientas y permitirá potenciar sus capacidades a fin de romper con el círculo de la pobreza.2

Se ha hablado mucho del trabajo infantil, sin embargo, nos quedamos pasmados ante su desarrollo en el mundo. Sabemos que es un mal universal, que es como un virus que se reproduce como una nueva forma y adaptación, volviéndose cada vez más completo, situación que crea el reto a los Estados.

El trabajo infantil es un fenómeno de carácter histórico-social, cultural y político, que no tiene fronteras y se ha caracterizado en la globalización como un aliado para extenderse a lo largo del mundo. Reflejo que constituye un problema de escala mundial donde se conjunta esfuerzo a nivel internacional para combatir con herramientas y acciones de diversa índole, México desgraciadamente no es la excepción.

En la Convención sobre los Derechos del Niño y los convenios internacionales promovidos por la OIT que establecen límites jurídicos al trabajo infantil, entre los cuales destacan el Convenio 138, sobre la edad mínima de admisión al empleo del año 1973, que se acompaña por la Recomendación núm. 146; el Convenio 182 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil, de 1999, junto con la Recomendación núm. 190; así como el Convenio núm. 189 y la Recomendación núm. 201, que contienen las normas sobre el trabajo decente para las y los trabajadores domésticos del año 2011, constituyen la normativa primigenia que regula y acota el trabajo infantil. En tanto que, en el ámbito nacional, lo son la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 1o., 3o., 4o. y 123 Apartado “A”, Fracción III; la Ley Federal del Trabajo, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y la Ley Federal de Justicia para Adolescentes.3

Nuestro principal objetivo como legisladores es velar por los derechos fundamentales de los mexicanos, y el tutelar el interés superior del menor es uno de ellos.

Es urgente seguir con paso agigantado el combate al trabajo infantil, la prevención es el mejor instrumento de acción para erradicar este mal, la búsqueda de salvaguardar los derechos humanos y la previsión social de los adolescentes trabajadores es una tarea que ya no se puede dejar para después, se requiere de participación conjunta de los tres niveles de gobierno en alianza con el sector social y privado, es necesaria la sinergia para emprender acciones que tengan como objetivo producir economías a escalas y condiciones sociales y económicas para prevenir y erradicar de manera contundente el trabajo infantil.

Por todo lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a continuar con el fortalecimiento de las políticas públicas y aplicación de los tratados internacionales para el combate del trabajo infantil en México.

Notas

1 Trabajo Infantil, Organización Internacional del Trabajo, URL: http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-l abour-standards/child-labour/lang—es/index.htm

2 OIT (2015). Op. Cit.

3 El trabajo Infantil en México: Avances y Desafíos, pagina 14, URL: http://www.stps.gob.mx/bp/gob_mx/librotrabajoinfantil.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1º de septiembre de 2017.

Diputada María Soledad Sandoval Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la visita del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a México, suscrita por las diputadas Sandra Luz Falcón Venegas y Alicia Barrientos Pantoja, del Grupo Parlamentario de Morena

Las que suscriben, Sandra Luz Falcón Venegas y Alicia Barrientos Pantoja, diputadas de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes:

Consideraciones

La presencia de árabes en México se hizo significativa a finales del siglo XIX, cuando llegaron libaneses, sirios y palestinos, que pronto se integrarían a la población. La inmigración judía se intensificó a finales del gobierno de Porfirio Díaz y fue ahí donde se creó el Comité Central Israelita y la Organización Sionista de México que alcanzó influencia y fuerza política suficiente para promover su causa y relacionarse con sus homólogos de Estados Unidos.

El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de Naciones Unidas (con 53 miembros) votó la Resolución 181 que establecía la división de Palestina en un Estado árabe y otro judío. Votaron a favor 33 países incluidos EU, la entonces URSS, Francia y Canadá. En contra de la resolución votaron 13 países, incluido México.

Israel es el país que más condenas ha recibido de todos los organismos internacionales y humanitarios por sus sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Su gobierno mantiene el “récord mundial”, de violaciones, atropellos y muerte en contra de civiles. Israel, es también ejemplo vivo de la impunidad internacional, puesto que nunca ha respetado resolución alguna de la ONU y su Consejo de Seguridad. La reciente resolución 2334 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, adoptada el 23 de diciembre de 2016, donde se refiere a la situación de los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados desde 1967, incluyendo Jerusalén Este. Esta resolución afirma que dichos asentamientos «no tienen validez legal» y los califica como una «flagrante violación» del derecho internacional, demandando a Israel detener tales actividades y cumplir escrupulosamente las obligaciones y responsabilidades jurídicas que le incumben como «poder ocupante» en virtud del Cuarto Convenio de Ginebra relativo a la Protección debida a las Personas Civiles en Tiempo de Guerra, del 12 de agosto de 1949.

La comunidad internacional sabe y está informada sobre las atrocidades e ilegalidades que Israel lleva a cabo en los territorios palestinos ocupados: Colonización ilegal, limpieza étnica, opresión, castigos colectivos, destrucción de viviendas, ataque a periodistas y medios de comunicación, etcétera, etcétera, mismas que se documentan a través de centenares de videos que circulan en las redes sociales y dan cuenta de los miserables actos en contra de la población palestina.

Es por ello que nos pronunciamos rotundamente en contra de la visita de este personaje y exhortamos al gobierno federal a que no sea cómplice del genocida.

Por otro lado, y en un hecho realmente lamentable para México, la empresa israelí Masal Securyty Systems LTD es la única empresa que está comprometida para la construcción del muro fronterizo, que pretende edificar Donald Trump y que busca detener el flujo migratorio hacia los EU. De acuerdo con las declaraciones, que los ejecutivos dieron a conocer a la prensa internacional a través de los medios The Jerusalem Post y Bloomberg , la empresa participará en la construcción del muro fronterizo entre México y EU cuya propuesta radicaría en un muro inteligente que pueda dar indicaciones, información en tiempo real, de quién cruza la frontera. Declaraciones que se refuerzan con lo señalado por el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu, en su cuenta en la red social de Twitter, donde señaló que “El presidente Trump está en lo correcto, yo construí un muro en la frontera sur de Israel. Paró toda la inmigración ilegal. Gran éxito. Gran idea”.

Las palabras del primer ministro fueron criticadas incluso desde su gabinete, a través del ministro del Interior, Aryeh Deri, quien se sumió a las críticas y e instó al jefe de gobierno de Israel a reconsiderar sus palabras. Por su parte la comunidad judía también reaccionó y nunca llegó la disculpa por sus dichos del primer ministro.

Vale la pena destacar que dicha empresa participó en la construcción del muro fronterizo entre Israel y Egipto. En este mismo sentido la barrera de Cisjordania ha sido fuertemente criticada por organizaciones internacionales pro derechos humanos y por la ONU. En lo que respecta a Gaza, dicha zona se ha convertido en un cerco equipado con cámaras de video, sensores terrestres, detector de movimiento y monitores satelitales, situación catalogada por los palestinos como una prisión que tiene atrapados a sus 1.8 millones de habitantes.

“El espectáculo macabro del holocausto palestino, ejecutado por el Estado de Israel, con el apoyo de Estados Unidos y la complacencia de Europa, está produciendo un rechazo mundial a la política sionista de los judíos radicales. Si antes había cierta simpatía por aquellos que luchan por el establecimiento de una patria para el pueblo judío, ahora, frente a los atroces crímenes cometidos por el Estado de Israel contra el pueblo palestino, parece imposible. A lo largo y ancho del mundo, la comunidad judía decente se manifiesta contra el indiscriminado asesinato de niños y civiles palestinos por la supremacía militar y el delirio expansionista del Estado de Israel. Pero en México la mayoría de los judíos guardan silencio, sobre todo, aquellos que tienen cierto perfil mediático. Un silencio ominoso y vergonzoso que los coloca del lado de los genocidas y que los exhibe en su propia miseria humana. Justificar el holocausto palestino es como justificar el holocausto judío. Los radicales judíos no logran comprender que la política de exterminio del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, está generando más odio en el mundo hacia sus connacionales. Es una especie de boomerang. Netanyahu es un genocida, lo acepte o no la sometida Organización de Naciones Unidas (ONU) o no. Su masacre contra la franja de Gaza ha dejado mil 700 muertos, la mayoría civiles y particularmente niños, y mil 600 heridos. Frente a esta magnitud de la tragedia, hay 60 soldados israelíes muertos. Comparar el poderío militar de Israel con el de Hamas es un absurdo que pretende justificar lo injustificable. Un genocidio, bajo cualquier es y seguirá siendo un genocidio ”.

El día 14 de septiembre tiene programada una visita a nuestro país el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu y se irá el día 15 de septiembre. Su visita a México se realizará después de su viaje a Argentina y antes de su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas, que tendrá lugar el martes 19 de septiembre de 2017. Extrañados y preocupados por el trato que se pretende darle a este personaje es por lo que se presenta este recurso legislativo.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal a que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, promueva ante los organismos internacionales que los responsables de los crímenes en la Franja de Gaza sean perseguidos y sancionados ante los tribunales internacionales especiales, por los crímenes de guerra cometidos por el ejército israelí y ordenados por el gobierno en turno.

Segundo. Esta soberanía exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que, a través de sus conductos diplomáticos correspondientes, exprese su descontento por sus declaraciones xenófobas vertidas por el primer ministro de Israel, Benjamín Natanyahu, a principios de año en sus cuentas oficiales y lo declare persona non grata .

Tercero. Esta soberanía exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que, a través de sus conductos diplomáticos, exprese su rechazo por los asentamientos irregulares en Gaza y Cisjordania, motivo por el cual se han roto las pláticas de paz entre palestinos e israelíes.

Referencia

http://www.sinembargo.mx/opinion/04-08-2014/26070 Opinión de San Juana Martínez

Palacio Legislativo de San Lázaro a 14 de septiembre del 2017.

Diputadas: Sandra Luz Falcón Venegas y Alicia Barrientos Pantoja (rúbricas)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a condecorar con el collar del Águila Azteca por la SRE y el Consejo de la Orden Mexicana respectiva al primer ministro canadiense Justin Pierre James Trudeau, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, Claudia Sofía Corichi García, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en esta LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Consejo de la Orden Mexicana del Águila Azteca, se condecore con el Collar del Águila Azteca al primer ministro canadiense Justin Pierre James Trudeau, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. De acuerdo al artículo 40 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, la Orden Mexicana del Águila Azteca es la distinción que se otorga a extranjeros, con el objeto de reconocer los servicios prominentes prestados a la nación mexicana o a la humanidad, y para corresponder a las distinciones de que sean objeto los servidores públicos mexicanos.

Esta condecoración debe ser tramitada ante la Secretaría de Relaciones Exteriores por conducto de un consejo presidido por el secretario de Relaciones Exteriores, teniendo como vocales a los subsecretarios competentes por razón geográfica o por materia, y como secretario del consejo, al director general que establezca el Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Este mismo artículo establece que la condecoración se otorgará principalmente durante visitas de estado u oficiales que se programen entre los países de la comunidad internacional, cuando se acuerden intercambios de condecoraciones entre jefes de estado, jefes de gobierno o primeros ministros.

2. Esta presea fue creada durante el interinato como presidente de la República Mexicana de Abelardo L. Rodríguez que comenzó el 4 de septiembre de 1932 al 30 noviembre de 1934. Se estableció mediante decreto el 13 de septiembre de 1932 y fue instituida por acuerdo presidencial el 29 de diciembre de 1933. La Orden del Águila Azteca en magnitud es similar a diferentes premios que se dan a ciudadanos mexicanos como la Condecoración Miguel Hidalgo o la Medalla Belisario Domínguez del Senado de la República.

3. El emblema de la Orden es el águila real mexicana, símbolo excelso del antiguo imperio mexica y ahora del México independiente. El águila real está presente en la leyenda de la fundación de la antigua Tenochtitlan, según la cual la ciudad se fundó en el lugar donde los mexicas encontraron un águila sobre un nopal y devorando una serpiente.

4. El propósito de la presea es que el gobierno de la República reconozca a los extranjeros que han prestado servicios prominentes a la nación mexicana o a la humanidad; así como corresponder a las distinciones de que sean objeto funcionarios mexicanos, otorgadas por los gobiernos extranjeros.

5. Entre los galardonados con esta presea al más alto rango se encuentran ilustres personajes como Dwight D. Eisenhower, Josip Broz Tito, Fidel Castro, Michelle Bachelet, Cristina Fernández de Kirchner, entre muchos más.

Entre los condecorados con otros rangos están personajes como, Nelson Mandela, José Luis Rodríguez Zapatero, Bill Gates, Rigoberta Menchú, Amartya Sen, entre muchos más.

6. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, ha señalado en fechas recientes que planea viajar a México en octubre para reunirse con el presidente. La visita sería el primer viaje de Trudeau a México desde que asumió su cargo en 2015 y tendrá lugar en medio de negociaciones trilaterales para modificar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

7. Justin Trudeau fue desde niño simpatizante del Partido Liberal. En la escuela ya era conocido por ser un ávido defensor del federalismo que impulsó su padre, quien abogaba por una sociedad bilingüe y equitativa y era contrario al separatismo del Quebec. El 29 de abril de 2007 Trudeau fue elegido por los militantes del Partido Liberal de Canadá como candidato liberal en la circunscripción de Papineau a las elecciones federales. Consiguió ganar el escaño venciendo a la diputada saliente Vivian Barbot del Bloque Quebequés y en 2011 fue reelegido en unos comicios en los que el Partido Liberal pasó a ser tercera fuerza política.

8. El 25 de septiembre de 2012, Trudeau anunció su candidatura a liderar el Partido Liberal de Canadá tras la dimisión de Michael Ignatieff. Compitió con otras cinco candidaturas: Martin Cauchon, Deborah Coyne, Martha Hall Findlay, Joyce Murray y Karen McCrimmon. Su candidatura arrasó y en abril de 2013 fue elegido con 80,1 por ciento de los 104 mil votos emitidos. El 19 de octubre de 2015 Justin Trudeau ganó las elecciones generales derrotando al conservador Stephen Harper. El Partido Liberal alcanzó la mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes con casi 40 por ciento de los votos, logrando 180 de los 338 escaños, frente a los 99 del Partido Conservador y los 44 de los socialdemócratas NPD.10 Trudeau realizó una campaña puerta a puerta con propuestas económicas contrarias a la austeridad fiscal y logró dar la vuelta a los sondeos con una victoria más amplia de lo que incluso sus seguidores esperaban.

9. Trudeau se convirtió en el primer ministro de Canadá y juró en el cargo junto a su gabinete el 4 de noviembre de 2015. Tras asumir, dijo que su prioridad sería bajar los impuestos de la clase media y aumentar los del 1 por ciento más rico, además de mejorar las relaciones con los pueblos nativos y crear un gobierno transparente y abierto. Al día siguiente de asumir, le comunicó al presidente estadounidense Barack Obama su intención de retirar a las fuerzas canadienses del combate contra el Estado Islámico y dejarlas sólo para proveer entrenamiento.

10. El gobierno de Trudeau se ha mostrado a favor de la democracia, y del pleno reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto a los derechos humanos, por lo que ha declarado en diversas ocasiones estar a favor del derecho a decidir de las mujeres, una posición que ha generado una dura reacción de los grupos antiabortistas y que ha estado presente durante la campaña electoral. En 2014 prohibió que los miembros de su partido que se opusieran al aborto pudieran ser candidatos si no se comprometían a votar a favor. Argumentó que quería un gobierno absolutamente a favor de decidir y que “no era el rol de ningún gobierno legislar en lo que una mujer decide hacer con su cuerpo”. También se ha manifestado a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo y ha participado de varias marchas de la comunidad homosexual.

Trudeau ha señalado en diferentes ocasiones estar “orgulloso de ser feminista”, expresando que el Partido Liberal es contundente en la defensa de los derechos de las mujeres y que son el partido de la Carta Canadiense de los Derechos y las Libertades. Durante la campaña de las elecciones legislativas de 2015 se comprometió a formar un consejo de ministros paritario con igual número de hombres que de mujeres. Tras jurar como primer ministro fue consultado por qué consideraba que la paridad de sexos era importante y respondió: “Porque estamos en el año 2015”.

11. Durante su primera visita a Washington el 24 de octubre de 2013, afirmó que Canadá debía involucrarse más en la escena internacional e intervenir de manera constructiva, en particular en el conflicto palestino-israelí, considerando que las antiguas misiones de mantenimiento de la paz en las que Canadá jugó un papel importante durante la Guerra Fría ya no se adaptan a las realidades del mundo de hoy.

Se ha posicionado a favor de firmar el Tratado de Comercio de Armas firmado por Estados Unidos de América (EUA) y más de 90 países, tratado que en 2013 el primer ministro Stephen Harper se negó a firmar. Durante la campaña electoral, Trudeau se comprometió a no participar en la coalición internacional liderada por EUA en los bombardeos contra el grupo terrorista Estado Islámico en Siria e Irak.

Durante la crisis de refugiados el Partido Liberal se comprometió a aceptar inmediatamente 25 mil personas provenientes de Siria y a invertir 100 millones de dólares canadienses para su acogida frente a la posición de Harper, que durante la campaña electoral fue acusado de ordenar a los funcionarios interrumpir la tramitación de peticiones de asilo.

12. Justin Trudeau se ha posicionado como uno de los actores clave en el concierto internacional. Sus políticas y narrativas comienzan a incidir y sobre todo a hacer contraste con las de la administración de Donald Trump en EUA. Su compromiso con el cambio climático, con la igualdad de género, con la democracia y la pluralidad, con la paz mundial, entre otros muchos temas, lo han posicionado como uno de los líderes mundiales más aceptados.

En el marco de la probable visita de estado del mandatario canadiense, México tiene la oportunidad de entregar esta honorable presea a una de las personalidades que mejor representa los ideales humanitarios en el mundo. Es menester señalar que, de concretarse dicha premiación, México estaría además estrechando lazos con el pueblo canadiense en un momento crucial, como lo son las negociaciones del Tratado de Libre Comercio para América del Norte que se prevé culminen en una nueva etapa para los tres países: México, Canadá y los Estados Unidos.

Por lo anteriormente expuesto, presento a esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Consejo de la Orden Mexicana del Águila Azteca, se condecore con el Collar del Águila Azteca al primer ministro canadiense Justin Pierre James Trudeau.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2017.

Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a reforzar las políticas públicas para combatir la trata de personas, a cargo de la diputada María Soledad Sandoval Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, María Soledad Sandoval Martínez, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos define en su artículo 10 es toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación se le impondrá de 5 a 15 años de prisión y de un mil a veinte mil días multa, sin perjuicio de las sanciones que correspondan para cada uno de los delitos cometidos, previstos y sancionados en esta Ley y en los códigos penales correspondientes.

Se entenderá por explotación de una persona a:

I. La esclavitud, de conformidad con el artículo 11 de la presente Ley;

II. La condición de siervo, de conformidad con el artículo 12 de la presente Ley;

III. La prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, en los términos de los artículos 13 a 20 de la presente Ley

IV. La explotación laboral, en los términos del artículo 21 de la presente Ley;

V. El trabajo o servicios forzados, en los términos del artículo 22 de la presente Ley;

VI. La mendicidad forzosa, en los términos del artículo 24 de la presente Ley;

VII. La utilización de personas menores de dieciocho años en actividades delictivas, en los términos del artículo 25 de la presente Ley;

VIII. La adopción ilegal de persona menor de dieciocho años, en los términos de los artículos 26 y 27 de la presente Ley;

IX. El matrimonio forzoso o servil, en los términos del artículo 28 de la presente Ley, así como la situación prevista en el artículo 29

X. Tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos, en los términos del artículo 30 de la presente Ley;

XI. Experimentación biomédica ilícita en seres humanos, en los términos del artículo 31 de la presente Ley.

La Organización de las Naciones Unidas dice que las personas explotadas son utilizadas con diferentes fines a saber como lo son: explotación sexual (prostitución forzada, pornografía, pedofilia, turismo sexual, entre otros.), explotación laboral doméstica, en fábricas, trabajos agrícolas, explotación en prácticas varias como mendicidad, venta de órganos, embarazos forzados con fines de adopción.

Debido a su naturaleza clandestina y a la falta de consenso en la definición y comprensión de este fenómeno, resulta sumamente difícil establecer con precisión cifras o estadísticas. No obstante, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)1 estima que, a nivel mundial, cada año aproximadamente un millón de hombres, mujeres, niños y niñas son engañados, vendidos, coaccionados o sometidos a condiciones semejantes a la esclavitud bajo distintas formas y en diversos sectores: construcción, maquila, agricultura, servicio doméstico, prostitución, pornografía, turismo sexual, matrimonios serviles, niños soldados, tráfico de órganos, venta de niños, entre otros, siendo las mujeres, las niñas y los niños el sector más vulnerable.

De acuerdo con el Informe Anual sobre Trata de Personas del Departamento de Estado de Estados Unidos, cada año entre 600,000 y 800,000 personas cruzan las fronteras internacionales como víctimas de trata; de esta cifra el 80 por ciento son mujeres y niñas y el 50 por ciento son personas menores de edad.2

La Comisión Nacional de Derechos Humanos menciona en su libro publicado La trata de personas, que cualquiera puede ser víctima de la trata de personas pero en México, las personas más vulnerables son los niños, las niñas, las mujeres y los migrantes indocumentados, entre otros.

La trata de personas está principalmente en manos de grupos de delincuencia organizada. La Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional define en su artículo 2o., inciso “A”, a un grupo delictivo organizado como “un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”.3

La Secretaría de Gobernación menciona que Chiapas se convierte en un Estado de enganche, destino y paso de víctimas de trata de personas, nacionales y extranjeras, la condición de territorio fronterizo, da a la entidad una posición particular digna de análisis por los procesos sociales y delictivos que ocurren o pasan por los espacios limítrofes entre naciones.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer que Chiapas es el segundo estado en la entidad federativa con la mayor cantidad de averiguaciones previas; 315, iniciadas por el delito de Trata de Personas a nivel nacional.

En estos estados se observa que únicamente la Ciudad de México cuenta con un importante número de sentencias, esto es 167. Sin embargo, Chiapas solo reporta 16 sentencias, Baja California 8, Estado de México 3, Puebla 24 y Oaxaca ninguna.4

La trata representa sin duda una grave violación de los derechos humanos y la dignidad de las personas. Es también una actividad criminal altamente lucrativa, en la que frecuentemente están involucradas redes organizadas a menudo asociadas con otras actividades delictivas como el tráfico de migrantes, el narcotráfico, lavado de dinero y tráfico de armas. La trata de personas se convierte así en un tema importante de seguridad nacional e internacional e incluso de salud pública.5

El impacto de la trata en sus víctimas, especialmente en las mujeres y las niñas es devastador. Además de la coacción y la frecuente violencia física, existen serias secuelas en las mujeres víctimas sujetas a la explotación sexual, como es el caso de las infecciones de transmisión sexual, la transmisión del VIH/sida, abortos forzados, la propensión al alcoholismo y al consumo de estupefacientes e incluso muertes anónimas e impunes a manos de la delincuencia organizada.6

En el caso de Chiapas, según la Secretaría de Salud, desde que se presentaron los primeros casos en 1986 y hasta el momento, se tienen registrados 4 mil 666 casos acumulados, de los cuales 3 mil 427 (73.5 por ciento) corresponden al sexo masculino y mil 239 (26.5 por ciento) al femenino, lo que significa que por cada tres hombres, existe una mujer afectada por ese padecimiento.

Esas cifras ubican a la Entidad en el 5o. lugar dentro de los Estados que conforman la región Sur-Sureste (Oaxaca, Tabasco, Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Chiapas) y 15º lugar a nivel Nacional.

En el Estado, las Jurisdicciones con el mayor número de pacientes son: Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Tonalá y Villaflores; quienes concentran el 84 por ciento del total de los casos acumulados.7

El combate a la trata de personas representa un desafió muy grande para México, pues es la conexión entre América Latina y América del Norte.

Por todo ello compañeras y compañeros diputados, presento a consideración de este pleno, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la secretaría de Relaciones Exteriores para reforzar las políticas públicas para combatir la trata de personas.

Notas

1 IOM, “World Migration 2005. Costs and benefits of international migration”, Ginebra. p 417

2 El Departamento de Estado de Estados Unidos, Informe sobre trata de personas (2005); versión en línea

(www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2005/); introducción.

3 La trata de personas, ONU, URL: https://www.oas.org/atip/reports/trata.aspectos.basicos.pdf

4 CNDH actualiza las cifras del diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México, URL: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2016/Com_2016_240.pdf

5 https://www.oas.org/atip/reports/trata.aspectos.basicos.pdf

6 https://www.oas.org/atip/reports/trata.aspectos.basicos.pdf

7 Periódico El Orbe: URL:

https://elorbe.com/portada/2017/05/15/chiapas-en-el-luga r-quince-a-nivel-nacional-por-casos-de-vih-sida.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2017.

Diputada María Soledad Sandoval Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua a realizar una revaloración técnica del proyecto de construcción de la presa Milpillas, en Jiménez, Zacatecas, a cargo de la diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Mariana Trejo Flores, de la LXIII Legislatura e integrante de la Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados que somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Zacatecas es uno de los estados como mayor depresión de mantos freáticos, la disponibilidad de agua en la entidad se encuentra en condiciones desfavorables y de alto riesgo para la subsistencia futura de los habitantes del estado.

La posición geográfica y económica de la entidad ha generado que en un par de décadas el consumo de agua se triplique de manera exponencial en la entidad, poniendo a la zona en un alto nivel de riesgo de escasez presente y futura según los reportes de Conagua.

Las sierras y zonas boscosas de la entidad, juegan un papel importante para la inyección natural de agua al subsuelo, de éstos remanentes, los afluentes naturales de agua superficial y subterránea se recargan, lo que permite el mantenimiento de la vida económica de las diferentes regiones de la entidad.

La construcción de la Presa Milpillas en el municipio de Jiménez del Teúl, proyecto millonario de infraestructura hidráulica para el estado de Zacatecas, ha sido un proyecto muy cuestionado por la viabilidad y la sustentabilidad del mismo.

Darcy Tretault, investigador de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), expuso que aunque la obra eliminará por completo la necesidad de extraer agua subterránea para el consumo público urbano e industrial en el centro de Zacatecas; “los acuíferos de la región seguirían siendo sobreexplotados, debido a que las actividades agropecuarias por sí solas consumen más agua que la disponible”.1

Agregó que el desarrollo social tiene que ser cuestionado, porque el proyecto promete incrementar el costo de abastecer el agua potable a las ciudades. Además, plantea la creación de un enorme embalse en el municipio y no se ha especificado que tan grande será y si se pretende inundar tierras agropecuarias productivas o desplazar poblados. Expuso que es necesario considerar “cuáles impactos tendrá sobre la biodiversidad y los ecosistemas locales”.

Otro costo a considerar, detalló, tiene que ver con las enormes cantidades de energía requeridas para subir el agua más de 600 metros verticales en su trayectoria hacia la capital, afirmó.

Asimismo, refirió que la calidad del agua del lugar debe ser cuestionada debido a que “ha habido y todavía hay actividades mineras en el municipio; otras posibles fuentes de contaminación incluyen los escurrimientos de agroquímicos, aguas negras municipales y lixiviaciones de basureros”.

Recordó que en varias ocasiones, Benjamín de León Mojarro, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Zacatecas, aludió a la cuestionable calidad del agua en el río Milpillas y ha recalcado la necesidad de construir plantas potabilizadoras, con recursos del erario y con la participación del sector privado.

Reiteró que el proyecto dará la posibilidad al gobierno del estado de “manejar presupuestos de miles de millones de pesos e implica contratos jugosos para grandes compañías y sirve como un caballo de Troya para privatizar los servicios públicos de agua potable, y como reza el refrán popular ‘de la obra siempre sobra’”.

Explicó que los planes de construcción de la presa, consisten en una cortina sobre el río Milpillas, en el municipio Jiménez del Teúl, a pocos kilómetros del poblado Atotonilco, para retener 47 millones de metros cúbicos (Mm3) de agua.

De ahí, señaló, se pretende construir un acueducto de más de un metro de diámetro y con una longitud de más de 160 kilómetros, además de estaciones de bombeo y rebombeo, tanques de regulación, plantas potabilizadoras y otras obras complementarias.

“El objetivo oficial es abastecer a la zona metropolitana Fresnillo–Zacatecas–Guadalupe, con agua potable durante los próximos 50 años”, mencionó el especialista.2

Los especialistas han evidenciado que la construcción de la Presa de Milpillas puede poner en riesgo la salud de quienes consuman el agua como potable, debido a la cantidad de metales pesados y productos agroquímicos que se encuentran en el subsuelo de la zona donde se pretende construir, así como el impacto ecológico que se prevé en la zona, debido a la retención de los afluentes naturales de agua que se vierten sobre las zonas boscosas de los municipios a comunidades aledañas, lo cual pone en riesgo la existencia de los pulmones naturales del estado y zonas boscosas que pudiesen ser consideradas como Área Natural Protegida.

El proyecto de la Presa Milpillas en Zacatecas, hasta el momento genera más dudas que repuestas, es por ello que solicitamos la intervención de la Comisión Nacional del Agua para que se revisen todos los estudios técnicos y se proceda de manera correcta para la ejecución del proyecto.

Por lo anteriormente expuesto e invocado en el proemio, someto a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura Federal, exhorta respetuosamente al ciudadano Roberto Ramírez de la Parra, director general de Conagua, a realizar una investigación exhaustiva en el estatus técnico del proyecto de la construcción de la Presa Milpillas, en Jiménez del Teúl, Zacatecas, proyecto viciado y que exhibe corrupción que pone en riesgo la vida, la salud y el patrimonio de miles de zacatecanos y no resuelve el problema del desabasto de agua.

Notas

1 http://ntrzacatecas.com/2015/12/06/construccion-de-presa-milpillas-no-a bate-el-problema-del-agua/

2 http://ntrzacatecas.com/2015/12/06/construccion-de-presa-milpillas-no-a bate-el-problema-del-agua/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2017.

Diputada Mariana Trejo Flores (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Inali a fortalecer los trabajos para promover el derecho del uso de lenguas indígenas y la cultura de los pueblos, a cargo de la diputada María Soledad Sandoval Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, María Soledad Sandoval Martínez, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Chiapas es uno de los 32 estados que conforman la República Mexicana, convirtiéndose en el estado número 19 de México el 14 de septiembre de 1824 tras la realización del plebiscito popular; está conformado actualmente por 125 municipios, es conocido por ser un estado pluricultural, lo que tiene por consecuencia una gran variedad de lenguas indígenas.

Debemos tener claro que los sistemas de comunicación verbal o escrita que se establecen de manera convencional se llaman idiomas o lenguas. Algunos ejemplos son: el español, el inglés, el náhuatl, el chino, el maya, el zapoteco, el portugués, el japonés, el francés, el alemán, etcétera. Estos sistemas se manifiestan en dialectos, que son los modos particulares o regionales en que se usan las lenguas. En ellos, suelen aparecer voces locales que sólo se entienden en algunas regiones.1

Sabemos que las lenguas indígenas son parte del patrimonio cultural y lingüístico de México. Ocupamos el segundo lugar en el continente americano con mayor número de lenguas maternas vivas habladas, preservarlas es nuestro deber. En el Programa de revitalización, fortalecimiento y desarrollo de lenguas nacionales realizado del 2008 al 2012 México se posicionó como el quinto país con mayor diversidad lingüística indígena en el mundo.

El Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales que divide las 11 familias lingüísticas indoamericanas que tienen presencia en México, derivando de éste 68 agrupaciones correspondientes y 364 variantes pertenecientes al conjunto de agrupaciones, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de México [CDI] 2015, menciona que del total de municipios del país, 494 superan el 40 por ciento de hablantes de una lengua indígena, pero la mayoría se concentra principalmente en Oaxaca (245), Yucatán (63), Puebla (46), Chiapas (41) y Veracruz (35). Para 2015 los diez municipios en donde casi la totalidad de sus habitantes habla alguna lengua indígena son: San Juan Chancuco, Santiago el Pinar, Chalchihuitlán, Aldama, Mitontic, Chamula y Larráinzar, en Chiapas; además de Cochoapa el Grande, en el estado de Guerrero. En ellos, más del 99 por ciento de sus habitantes son hablantes de lengua indígena, y en ocho, más de la mitad son monolingües.

Las lenguas indígenas más habladas en el estado de Chiapas son:2

En Chiapas, hay un millón 141 mil 499 personas mayores de cinco años que hablan alguna lengua indígena, lo que representa 27 por ciento de la población de la entidad.

Contamos con una legislación muy amplia que protege a las lenguas indígenas, en el artículo 2 constitucional se señala que se reconoce la composición pluricultural de la nación sustentada en sus pueblos indígenas, además contamos con una Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas (LGDLPI) creada el 13 de marzo de 2003, se creó la primera legislación que vela por los derechos lingüísticos indígenas del país en donde a través de su artículo segundo busca dar una definición específica al concepto de lenguas indígenas, lo que de esto se desprende el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), creado hace 14 años y sectorizado por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Con esto señalamos que las lenguas indígenas no se encuentran legalmente desprotegidas, sin embargo, el constante cambio social va requiriendo necesidades diferentes, dentro de estas necesidades primordiales se encuentra la de la incorporación de saber hablar el español para poder tener una comunicación con la sociedad.

El Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales señala que tan sólo durante los últimos cien años se dejó de hablar, por ejemplo, el solteco (del estado de Oaxaca), cercano genealógicamente al zapoteco; el cuitlateco (del estado de Guerrero), lengua aislada de una familia lingüística unimembre; y el naolán (del estado de Tamaulipas), cuyo parentesco lingüístico no ha sido satisfactoriamente establecido. También desaparecieron un número considerable de variantes de algunas de las agrupaciones lingüísticas habladas en la actualidad,3 México no puede permitir la desaparición de su mayor característica la pluralidad lingüística.

El pasado 21 de febrero del presente año el director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), Juan Gregorio Regino, señaló que el 70 por ciento de las lenguas indígenas se encuentran en riesgo de desaparecer por la discriminación que enfrentan sus hablantes, también en la entrevista por el periódico Informador señala el director que el desplazamiento de los hablantes de las lenguas indígenas hacia otras comunidades, fenómeno que señaló, no se puede revertir, derivado de esto persiste una fuerte discriminación a los hablantes de estas lenguas, pues siempre se les hacen comentarios “que su forma de hablar no sirve porque se habla español en todo México”.

Por todo ello compañeras y compañeros diputados, presento a consideración de este pleno, la siguiente proposición con:

Punto de acuerdo

Único. Se exhorta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a fortalecer los trabajos para las políticas públicas que promuevan el derecho del uso de lenguas indígenas y la cultura de los pueblos.

Nota

1 Academia Mexicana de la lengua, URL:
http://www.academia.org.mx/espin/Detalle?id=58

2 Referencia por entidad, INEGI, URL:
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/chis/poblacion/diversidad.aspx?tema=me&e=07

3 Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, Pag; 213, URL: http://www.inali.gob.mx/pdf/CLIN_completo.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, 14 de septiembre de 2017.

Diputada María Soledad Sandoval Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a establecer instrumentos para intervenir en el caso de desvíos de recursos federales a través de universidades públicas con contratos simulados, específicamente en el caso de la Politécnica del Sur de Zacatecas, a cargo de la diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Mariana Trejo Flores, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional en la LXIII Legislatura federal, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas (UPSZ) se ha visto involucrada públicamente en supuestos desvíos de recursos federales a través de contratos simulados o inexistentes en las comprobaciones públicas y fiscales.

Ante esos hechos lamentables, que evidencian redes de corrupción en instituciones públicas de educación superior, el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es importante para confirmar o descartar los ilícitos cometidos durante ejercicios fiscales pasados contra el erario.

En 2016, la ASF empezaría con un trabajo de revisión del manejo de los recursos proporcionados a dicha universidad de fondos para proyectos productivos emanados de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).1

La UPSZ, importante universidad enclavada en la región sur de la entidad, específicamente en Juchipila, ha sido involucrada en la triangulación de 800 millones de pesos del presupuesto federal, junto con otras universidades, como la Politécnica de Texcoco y la Tecnológica del Sur del Estado de México.

La ASF documentó por quinto año consecutivo conductas irregulares en el gasto de recursos de la Sagarpa, por lo que realizó hasta cinco auditorías forenses a esta dependencia.

En la auditoría practicada al Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, la ASF denunció que la Sagarpa cometió irregularidades en el gasto por hasta 712 millones de pesos.

Esas conductas irregulares se dividen en dos, según el informe de la ASF.

En primer lugar, la Sagarpa “presentó documentación presuntamente alterada” para acreditar el gasto de 306 millones de pesos en apoyos y subsidios a beneficiarios del programa de productividad agroalimentaria, “con lo cual simularon operaciones bancarias que les permitieron acceso a los recursos del subsidio o a su comprobación”.

La ASF señaló que los más de 300 millones se gastaron en otros conceptos –pero no especificó cuáles– que nada tenían que ver con el objetivo de impulsar la productividad y competitividad en el sector agropecuario.

Y en segundo lugar, la ASF apunta que la Sagarpa no concluyó obras ni llevó a cabo proyectos para mejorar la productividad y competitividad agroalimentaria por un monto de 405 millones de pesos.2

Diversas organizaciones no gubernamentales han generado un seguimiento a cuentas públicas, auditorías y el destino de algunos recursos. Estas investigaciones han sido más de corte periodístico; sin embargo, han aportado a la opinión pública un interés creciente por conocer las condiciones reales del destino de los recursos y, en ello, es responsabilidad de la ASF establecer los mecanismos y hacer pública la información recaudada durante el proceso de auditoría, así como el seguimiento de los canales conducentes para que se aplique la ley y se proceda conforme a derecho, deslindando responsabilidades y ejecutando sentencias a quien o quienes resulten responsables de este grave caso de corrupción y daño al erario federal con el argumento de ser instituciones públicas serias.

Tan sólo de enero a junio de 2017, la UPSZ recibió más de 200 millones de pesos por concepto de transferencias derivadas de convenios federales.

La Jornada Zacatecas tiene los estados contables que la institución educativa elaboró hasta junio de este año, donde se expone que la universidad cuenta con 211 millones 574 mil 456.18 pesos de ingresos, de los cuales 1 millón 514 mil 766 pesos corresponden a recursos federales y 2 millones 767 mil 76.20 pesos a lo aportado por el gobierno del estado.

Sin embargo, casi la totalidad del dinero que ingresó en la universidad hasta el 30 de junio, es decir, 207 millones 292 mil 613.98 pesos, corresponde a “transferencias provenientes de los convenios federales”.

La Jornada Zacatecas cuenta con ocho convenios de colaboración firmados entre la UPSZ y la Sagarpa y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.

Los documentos en poder del diario abarcan el periodo de enero de 2016 y están vigentes hasta diciembre del presente año, por lo que algunos continúan vigentes. En ellos, la institución educativa presta servicios por la cantidad de 272 millones 184 mil 642 pesos.3

La UPSZ es parte de una red nacional de universidades que participaron en este grave caso, conocido como “la estafa maestra”, donde el gobierno federal, a través de 11 dependencias, lo ha utilizado una y otra vez para desviar miles de millones de pesos. El agravio total al erario es por el orden de 7 mil 670 millones.

Los 7 mil 670 millones de pesos fueron entregados a 186 empresas, pero 128 de ellas no debían recibir recursos públicos, pues tampoco tienen infraestructura ni personalidad jurídica para prestar los servicios para los que fueron contratadas, o simplemente no existen.4

La Secretaría de Desarrollo Social, con Rosario Robles como titular; el Banco Nacional de Obras, con Alfredo del Mazo al frente; y Petróleos Mexicanos –en la gestión de Emilio Lozoya– son las tres principales dependencias responsables de este mecanismo que el auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, no duda en calificar como fraude millonario (ibídem).

Este atentado fraudulento es doloroso para la comunidad universitaria y la sociedad civil nacional, y en especial para los estudiantes de la UPSZ, quienes no pueden creer que la universidad, con tantas carencias en infraestructura, limitada en su acción, sueldos bajos, programas de becas deficientes, servicios educativos de bajo nivel, sea una universidad con millones de pesos a su disposición, sin que se vea peso alguno en la comunidad o en la infraestructura universitaria.

Desde su fundación, este recinto académico ha sido denunciado por la sociedad como un referente de corrupción y de formación política para un partido en específico, condenando a todos los estudiantes a ser formados por profesores, rectores y administrativos designados por el Comité Ejecutivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Zacatecas, sin importar programas académicos o el futuro de los estudiantes.

Por lo expuesto e invocado en el proemio someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura federal exhorta respetuosamente al ciudadano Juan Manuel Portal Martínez, auditor superior de la Federación, a establecer en la facultad de sus competencias los mecanismos y las acciones necesarias para esclarecer el desvío de 272 millones de pesos de la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas.

Notas

1 http://diario.mx/Nacional/2017-01-21_94740818/investigan-desvios-en-6-u niversidades/

2 http://www.animalpolitico.com/2017/02/desvios-millonarios-programas-cue nta/

3 http://ljz.mx/2017/09/05/la-uaz-upsz-y-upz-tambien-participaron-en-la-e stafa-maestra/

4 http://ljz.mx/2017/09/05/la-uaz-upsz-y-upz-tambien-participaron-en-la-e stafa-maestra/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2017.

Diputada Mariana Trejo Flores (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad a reforzar el trabajo contra la violencia cibernética en México, a cargo de la diputada María Soledad Sandoval Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, María Soledad Sandoval Martínez, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La Violencia Cibernética es un problema común, no es más que un acoso electrónico en el cual se emplea los medios de comunicación como el celular o la computadora en el que se utilizan contenidos capaces de preocupar a la víctima. Un ciberacoso puede ir desde un simple mail de invitación para contacto enviado a la víctima aun cuando ha sido rechazado una y otra vez, hasta los que incluyen amenazas, discursos de odio y violencia sexual.1

El internet es una herramienta que nos pone al alcance cualquier cosa sin necesidad de movilizarnos, sin embargo, es algo que ha rebasado a la sociedad y al mismo derecho, pues el manejo inadecuado que se le da se escuda en el ejercicio de la libertad de expresión, la mejor arma para poder continuar con los abusos que se nos presentan con esta herramienta.

Sin embargo, a pesar de la situación de violencia que nos encontramos actualmente podemos identificar que el internet avanza teniendo diferentes fenómenos que registran en materia virtual como la sextina, el ciberdating, ciberbullying, grooming y ciberacoso, este último siendo el más frecuente en el uso de redes sociales.

El ciberespacio es un lugar donde el ser se abstrae de lo social e ingresa a un nuevo mundo lleno de palabras, de imágenes, de lugares, de cuerpos, de ideologías que, sin estar presentes en el momento, están ahí. Espacio y tiempo se alteran. Aunque el Internet parece convertirse en el sustituto de lo social, ciertamente está construido a través de él.2

La violencia, sus mecanismos y repercusiones se han vuelto cada vez más sofisticados, pero no así los instrumentos para su combate. Son muy incipientes los avances en la utilización creativa de las nuevas tecnologías con este objetivo, en contraste con el uso extendido de las TIC para reforzar los estereotipos y violentar de múltiples maneras.3

La era digital puede ser vista como el logro de mayor significado en el mundo de la tecnología y la ciencia desde que el hombre descubrió el fuego. La técnica llevada a su umbral ha dado un paso importante. Sin embargo, a pesar de tener grandes ventajas sobre el uso de la técnica y la creación de nuevos artefactos culturales, la dependencia hacia ellos también ha sido notable;4 por otro lado, la tecnología y la ciencia, paradójicamente, han creado incertidumbre y nuevos riesgos.5

Las publicaciones de material en el internet tienen como fin principal el de dañar a personas secundarías, pues se tiene el poder de viralizar la información que es publicada en cuestión de segundos, debido a esto, esta “violencia social on line” como los especialistas la nombraron, es aún más nociva que el acoso físico, ya que, el alcance es mayor y la forma de castigo de la sociedad es aún más grande, todo se registra y al ser viralizado es muy difícil poder eliminarlo de todas las redes sociales o medios de información del internet, debido a que todos tenemos un teléfono celular en donde tenemos acceso a más de una red social.

Con base en la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares6 (ENDUTIH) que por primera vez se levantó en 2015 para dar continuidad al Módulo precedente, al segundo trimestre se registraron 62.4 millones de personas, de seis años o más en el país, usuarias de los servicios que ofrece Internet, lo que representa el 57.4 por ciento de esta población.

El acceso a esta tecnología es predominante entre los jóvenes del país. Si como se indicó anteriormente, el 57.4 por ciento del total de la población de seis años o más se declaró como usuaria de Internet, de entre los individuos de 6 a 34 años, la proporción alcanza el 73.6 por ciento, es decir que el uso de Internet es predominante en la población joven del país

El número de usuarios de internet en nuestro país es cada vez mayor, sin embargo esto representa no solo un acierto, sino también un desafío, pues el mundo virtual es un mundo sin límites, en el que debemos prestar especial atención.

Aunque no hay estudios recientes y confiables sobre el tema, se calcula que este fenómeno involucra en México de manera directa o indirecta a unos 10 millones de personas, contando a víctimas, agresores, maestros y padres de familia, indicó por su parte Julio Téllez Valdés, especialista en derecho y nuevas tecnologías del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Procuraduría General de la República dio a conocer el año pasado que una de cada seis víctimas de acoso en México termina suicidándose, aunque se calcula que hay una cantidad mucho mayor que nunca es reportada a las autoridades.

En el campo académico, existen tesis como la presentada en 2012 perteneciente a la Facultad de Psicología de la UNAM10, tuvo como objetivo describir el acoso cibernético en estudiantes de educación media superior, mediante la aplicación del Cuestionario de Acoso Cibernético (CAC), a una muestra de 300 alumnos, inscritos en diferentes planteles ubicados en el Distrito Federal. A la pregunta de si habían sido víctimas o habían presenciado diversas formas de acoso o realizado cualquier acto violento por medio de las TIC, los resultados fueron los siguientes: 7

La investigación muestra que la media de violencia es del 16.22 por ciento fue víctima de insultos por la red; por otro lado, entre los agresores, el 4.95 por ciento admitió haber realizado insultos.

Es urgente prestar atención a la ciber violencia, pues es un fenómeno poco escuchado y que avanza silenciosamente.

Por todo ello compañeras y compañeros diputados, presento a consideración de este pleno, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Seguridad para reforzar el trabajo contra la violencia cibernética en México.

Notas

1 violenciaciberneticagerg.org

2 http://www.elcotidianoenlinea.com.mx/pdf/18710.pdf

3http://www.genderit.org/sites/default/upload/mexico_ctr yrpt_es_tics_violencia.pdf

4 Para Horkheimer, “cuantos más aparatos inventemos destinados a dominar la naturaleza, tanto más debemos servir a éstos para sobrevivir”. Horkheimer, Max. Crítica de la razón instrumental. Argentina: Sur, 2da. edición, 1973, p. 106.

5 Véase Lehmann, Niklas. Sociología del riesgo. México: Universidad Iberoamericana, 2006; Giddens, Anthony. Un mundo desbocado. Los efectos de la globalización en nuestras vidas. México: Taurus, 2009; Giddens, Anthony. Consecuencias de la modernidad. España: Alianza Editorial, 2008 y Beck, Ulrich. “Teoría de la sociedad del riesgo” en Giddens, Anthony et al. Las consecuencias perversas de la modernidad. España: Anthropos, 2007.

6 Estadística apropósito del día mundial de internet, URL: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/internet2016_0.pdf

7 http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/investigacion/ciberac oso/2015/doc/702825084745.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2017.

Diputada María Soledad Sandoval Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a proporcionar por la CNBV a esta soberanía opciones para la recuperación del ahorro de los cooperativistas de Serfir, SC de RL, un diagnóstico de la problemática del sector de cooperativas de ahorro y préstamo y las alternativas para fortalecerlas, suscrita por los diputados Virgilio Dante Caballero Pedraza, Norma Rocío Nahle García y Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, diputada Norma Rocío Nahle García y diputado el Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

La regulación a la que han sido sometidas las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAP) fue diseñada bajo el supuesto de que pueden asumir costos de administración y tecnológicos lo suficientemente complejos y caros como los de la banca comercial, no obstante que las cooperativas son instituciones que operan en zonas marginales, donde están más expuestas a la suspensión de pagos, a la inseguridad y a dificultades para operar equipos tecnológicos. Al mismo tiempo, las autoridades ignoran la necesidad de proporcionarles la posibilidad de contar con una institución para depositar sus activos líquidos para asegurar su disponibilidad o en su caso para para acceder a recursos financieros en las condiciones en que lo pueden hacer otros intermediarios financieros.

Por su parte, la instancia reguladora de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en lugar de establecer las condiciones para la operación eficiente de estas entidades de la banca social, ha contribuido a crear una acumulación de problemas financieros en las zonas marginadas de país, en donde ha impuesto una regulación muy estricta, pero no el acompañamiento de una autoridad o, en su caso la intervención correctiva y responsable de las instituciones gubernamentales.

A las dificultades que implica mantener una operación rentable o por lo menos sostenible, atendiendo a los estratos de bajos ingresos y sin el acompañamiento gubernamental del que goza la banca comercial, las Cooperativas de Ahorro y Préstamo se enfrentan a las decisiones de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que en una especie de guerra de baja intensidad, en lugar de apoyar, facilitar y aplicar una política de administración riesgos y eventualmente rescates preventivos para garantizar las sostenibilidad de estas empresas del sector social, parecen dedicados a imponer trabas y restricciones destinadas a dificultar, incluso hasta cancelar su operación.

Son muchos los estados en los que la necesidad de la población en condiciones de marginalidad, de contar con instituciones para depositar sus recursos, la ha llevado a utilizar sistemas alternativos a la banca comercial, como las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, del sector social, que operan a pesar de los funcionarios de Hacienda que no consideran que muchas de esas instituciones son administradas responsablemente y son exitosas. En otros casos, errores de administración o de regulación provocan graves desfalcos a la población que son más graves, debido a la falta de apoyo de las autoridades.

Cabe recordar que para atender a la población de bajos ingresos, las autoridades también han impulsado a las Sociedades Financieras Populares (Sofipos) y a las Sociedades Financieras Comunitarias (Sofincos), que a pesar de su denominación de “popular” y “comunitaria”, en realidad son figuras del sector privado. A estas entidades, la autoridad les ha brindado la mayor atención y apoyo, como se observó en el caso de Ficrea, la Sofipo que defraudó más de 5 mil millones de pesos prácticamente a la vista de las autoridades de la CNBV.

En ese trato desigual al sector social se encuentra el caso de la Cooperativa Serfir, Sociedad Cooperativa de Recursos Limitados, cuya constitución se llevó a cabo en 2002, aprovechando el Programa de Asistencia Técnica al Microfinanciamiento Rural (Patmir).

Como referencia, hay que señalar que de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Patmir es un programa de asistencia técnica especializada enfocado a la inclusión financiera, sostenible e integral, basada en el ahorro y orientada a la población predominantemente rural, marginada y con escaso acceso a servicios financieros en México. Actualmente lo administra el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi).

El 25 de febrero de 2013 Serfir dio a conocer una ficha informativa, en la que señaló como parte de sus problemas la falta liquidez e insolvencia, derivada de los problemas económicos y los fenómenos climáticos que afectaron a sus socios. Esto último terminó reflejándose en un alto índice de cartera vencida.

El crecimiento de la cartera vencida comenzó a manifestarse a partir del paso del huracán Stan en 2005. La cartera vencida registró otro impulso como resultado de los efectos que sobre la economía nacional tuvo la crisis financiera de 2008, que además de un progresivo incremento en el costo del dinero, propició la reducción de las remesas recibidas por los socios de las cooperativas. En febrero de 2013, Serfir estimó que su cartera vencida documentada en mil 732 expedientes de crédito, ascendió a más de 45 millones de pesos. Adicionalmente, Serfir debió hacer frente a fraude por 7 millones de pesos cometido por empleados de sucursal, por los cuales se interpusieron 52 denuncias encuentra en proceso judicial. Todo eso, señalan, ha imposibilitado a la institución devolver el total de los ahorros a los socios cooperativistas. Cabe apuntar que los problemas de Serfir, que debería seguir operando incluso mediante una intervención de las autoridades para evitar las pérdidas a sectores de bajos ingresos, apenas representan menos del 1 por ciento del desfalco provocado por Ficrea.

En esa misma fecha, el 25 de febrero, Serfir también apuntó que la falta de recursos afectó a 32 municipios y a más de 58 mil personas. Asimismo, explica que en los dos años anteriores había logrado atender a 56 mil 400 socios de 28 municipios, con sus recursos y mediante la venta de activos, resolviendo 97 por ciento del problema. Los municipios que falta de atender son Motozintla, Siltepec, Porvenir y Huixtla, con mil 600 socios. Asimismo, la Cooperativa demanda apoyo para acelerar las averiguaciones contra los empleados que defraudaron a la institución.

Serfir también solicitó al gobierno del estado apoyo para coadyuvar y agilizar las gestiones ante el Fipago, por un monto de 39.2 millones de pesos, para liquidar a socios afectados por la falta de pago de deudores morosos y apoyo para informar a las comunidades afectadas acerca del compromiso de Serfir de cumplir sus obligaciones de pago.

En respuesta, el 26 de abril de 2013, el Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Fipago), en el oficio FAFFOSCAP/CFP/072/2013 reconoció haber recibido el 11 de marzo de 2012, documentos de Serfir, para ser analizados y evaluar si sus socios cooperativistas están en posibilidades de ser apoyados, en los términos establecidos en la Ley del Fideicomiso Pago.

Entre otros elementos, el oficio de Fipago destaca que el Gerente General de Serfir le informó que en esa fecha sólo tres de 22 sucursales se encontraban activas y que solicitaba apoyo para sus ahorradores por 46 millones de pesos. Posteriormente, el 17 de septiembre de 2013 reconoce que el 9 de agosto de ese año recibió en sus oficinas la notificación de Serfir de que ya habían cerrado las tres últimas sucursales.

Hemos querido señalar los contenidos de esta correspondencia incluida en el expediente de la Cooperativa Serfir, para demostrar el interés de los directivos de esa institución por resolver la problemática que la afectaba en ese momento y su preocupación por preservar el patrimonio de sus socios. En la misma no se advierte una respuesta oportuna, con la misma preocupación por parte de las autoridades del estado, del fondo de protección o de la entidad reguladora. Pareciera que la política de los funcionarios de Hacienda es dejar que se prolonguen los problemas de estas instituciones hasta que la frustración aleje a los cooperativistas de esta figura fundamental de la economía social.

Desafortunadamente, la situación que viven los cooperativistas de Serfir se repite en otras instituciones, sobre todo las que operan en regiones marginales. Se teme que el problema que se vivió en Chiapas podría repetirse en condiciones semejantes en Oaxaca y otras entidades del país. No está de más señalar que este tipo de problemas se pueden multiplicar después del sismo que impactó especialmente en Oaxaca y Chiapas, además de los huracanes que han afectado a esas entidades. Y no será por irresponsabilidad de los administradores de las cooperativas, sino por las condiciones impuestas a su economía lo que provocará esos problemas.

Hasta ahora, los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su papel regulador del sector financiero, han decidido ignorar la necesidad de establecer un marco legal que contribuya al desarrollo de este sector que atiende a la población de menores ingresos del país. Se puede decir que no lo regula como se debe, no lo supervisa sino que le impone restricciones, y no ha sido capaz de prevenir y menos de resolver los problemas que afectan a las cooperativas de ahorro y préstamo.

Es importante señalar que, de acuerdo el Boletín Informativo del Fideicomiso del Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores1 (Focoop), hasta el 30 de noviembre de 2016, el Saldo de la Cuenta de Seguro de Depósitos fue de mil 38 millones 402 mil 722 pesos 54/100 moneda nacional), el cual se integra con las aportaciones que han realizado las SOCAPs autorizadas por 750 millones 221 mil 240.27 de pesos, más las aportaciones que el gobierno federal ha realizado a esta cuenta, por la cantidad de 288 millones 181 mil 482.27 pesos.

Como se observa, a pesar de que el gobierno federal sólo ha contribuido con poco más del 25 por ciento de los recursos del Focoop, éste podría asumir algunos pasivos y contribuir a la solución, previa revisión de los compromisos de los funcionarios de las cooperativas. Y podría hacer más si el apoyo gubernamental aportara más garantías. Pero la opción no es, como lo han propiciado hasta ahora las autoridades de Hacienda, prolongar los problemas hasta que se vuelven insostenibles y quiebran las entidades del sector social.

Este fondo de las cooperativas no puede tener el mismo comportamiento que el IPAB, el fondo para proteger el ahorro bancario. De entrada, una gran diferencia es el hecho de que desde la crisis del Fobaproa, por la incompetencia de la banca comercial, en el presupuesto se asigne una partida Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca, que para 2018 suma más de 38 mil millones de pesos.

Muchas instituciones del sector social podrían superar su situación con montos insignificantes frente a esas cifras; se evitarían muchos conflictos sociales sin muchos problemas, sólo con un acompañamiento responsable por parte de las autoridades. No se puede permitir que por coyunturas y malas decisiones de los reguladores se pierda el ahorro de miles de familias de bajos ingresos y que eso provoque más encono y frustración.

Los funcionarios de Hacienda son muy creativos cuando se trata de buscar soluciones. Como han hecho en otros casos, se puede emitir un documento para que lo adquiera el mismo gobierno por el total de los recursos a pagar, cubrir el pago de los ahorros en efectivo, y recuperar el valor del documento mediante el cobro de los préstamos otorgados por la cooperativa y de los recursos desviados por operaciones fraudulentas. Algo deben proponer y llevar a cabo. No esperar a que los problemas se conviertan en violencia.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión demanda a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a que proporcione un diagnóstico de la situación en la que se encuentra Serfir, Sociedad Cooperativa de Recursos Limitados, las causas que la llevaron a la actual situación de insolvencia y las alternativas para recuperar en el corto plazo el ahorro de los socios.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión demanda a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, por medio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y en el ámbito de sus atribuciones, proporcione a esta soberanía un diagnóstico de la situación en la que se encuentra el sector de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, detallando las entidades con mayor riesgo de insolvencia, su ubicación y número de socios afectados y ahorro promedio, y las medidas que se deben adoptar para superar esa situación, garantizando el ahorro de los socios cooperativistas, así como las medidas que se deben adoptar para fortalecer al sector.

Nota

1 http://focoop.com.mx/WebSite16/WebForms/Boletin.aspx

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2017.

Diputados: Norma Rocío Nahle García, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez y Virgilio Dante Caballero Pedraza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales a homologar sus definiciones y sanciones en los tipos penales de allanamiento de morada, a cargo de la diputada Sara Latife Ruiz Chávez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputada federal Sara Latife Ruiz Chávez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, así como el artículo 79, numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En los diferentes estados de la República Mexicana, la descripción del tipo penal de allanamiento de morada, contiene elementos similares, los cuales consisten en la intromisión en un lugar destinado a casa habitación sin la autorización de la persona que pueda otorgarlo conforme a la ley o bien de alguna autoridad competente, por lo tanto, la sanción no debería ser tan desigual como actualmente acontece.

Recientemente, la comisión del delito de allanamiento de morada se ha ido incrementando en nuestro país, ello, toda vez que en muchas ocasiones derivado de este, se cometen otros ilícitos como son el robo a casa habitación, a negocios, oficinas u otros establecimientos mercantiles.

Debemos hacer hincapié en que ésta no es la razón en la cual se centra la presente propuesta, ya que como es bien sabido, el allanamiento de morada se configura por el sólo hecho de ingresar a un domicilio sin la autorización de una autoridad competente, o bien sin el consentimiento de aquella persona que este facultada para ello, sin importar la finalidad de haber ingresado al domicilio, por lo tanto, se sanciona diferente si derivado del allanamiento se comete un robo, en cuyo caso se sancionaría por el delito de robo a casa habitación.

Es decir, el bien jurídico que tutela el tipo penal de allanamiento de morada, es el de la intimidad de las personas, motivo por el cual, resulta necesario garantizar la tranquilidad de toda persona que se encuentre en su domicilio, ya que es el lugar en el cual concurren una serie de elementos, por una parte, en dicho sitio se encuentra parte del patrimonio de una persona, es el lugar de resguardo de su familia y el propio, es su lugar “seguro”, por lo tanto, es necesario que el Estado garantice el respeto a esa intimidad y establezca sanciones ejemplares a quienes atenten contra ella.

A nivel federal, el Código Penal define el allanamiento de morada en su artículo 285 de la siguiente manera:

Artículo 285. Se impondrán de un mes a dos años de prisión y multa de diez a cien pesos, al que, sin motivo justificado, sin orden de autoridad competente y fuera de los casos en que la ley lo permita, se introduzca, furtivamente o con engaño o violencia, o sin permiso de la persona autorizada para darlo, a un departamento, vivienda, aposento o dependencias de una casa habitada.

De lo anterior se desprende que la sanción que actualmente prevé (un mes a dos años de prisión y multa de 10 a 100 pesos), resulta sumamente baja, lo cual también es una realidad en diferentes entidades del país, sin embargo, existe una preocupación por incrementar las penalidades en diversas entidades federativas, tal es el caso de Michoacán, Nuevo León, Yucatán y Quintana Roo, en las cuales se han iniciado sus procesos legislativos correspondientes para incrementar las sanciones previstas para este delito.

Asimismo, en algunas otras entidades se contemplan algunas agravantes, como es el caso de Jalisco, en el que se incrementa la sanción si en la comisión de este ilícito media la furtividad, el engaño o la violencia.

De lo anterior, podemos establecer que la sanción prevista para este ilícito, representa una preocupación para algunas entidades del país, logrando poner en marcha sus mecanismos legislativos locales para reformar sus tipos penales, con el objeto de que se incrementen sus sanciones.

Lo anterior, no solamente en razón del daño material que en su caso pudiera llegarse a causar, sino sobre todo al daño en la estabilidad emocional de la víctima, ya que este ve vulnerada su tranquilidad, intimidad y seguridad y que, por lo tanto, pierde la tranquilidad y confianza del entorno en el que vive.

Por otra parte, debemos mencionar el caso de Aguascalientes, en donde la sanción para aquella persona que cometa este ilícito va de los 2 hasta los 7 años de prisión, independientemente de la multa, con lo cual, se ve reflejado el interés de los legisladores locales de aquella entidad de proteger el bien jurídico que tutela dicho tipo penal, aunado a que refleja el interés por combatir este ilícito que lacera a nuestra sociedad.

Por mencionar otro ejemplo, Yucatán contempla en la redacción del delito de allanamiento de morada, previsto en su artículo 236, tercer párrafo, que el delito se comete también cuando el sujeto activo se introduzca a un establecimiento público, no sólo a casa habitación, dicha redacción establece:

Las mismas sanciones se aplicarán a quienes en iguales condiciones a las que se precisan en los párrafos que anteceden, se introduzcan a establecimientos públicos mientras éstos se mantengan cerrados. Este delito se perseguirá por querella de la parte ofendida.

Lo mismo ocurre en Baja California y Guanajuato, en los que la protección no sólo aplica para los domicilios de las personas, sino que se extiende hasta oficinas o establecimientos mercantiles mientras estos estén cerrados al público. Con lo anterior, se refleja la disparidad entre las sanciones y los supuestos del tipo penal de allanamiento de morada, por lo que resulta necesario homologar los criterios con el fin de que exista una uniformidad, considerando la definición, las calificativas o agravantes y desde luego la sanción.

Por otro lado, se tiene conocimiento que en Nuevo León se están analizando una serie de reformas para endurecer las sanciones a quienes cometan el delito de allanamiento de morada. Con estas modificaciones se pretende incrementar la sanción a quienes se introduzcan indebidamente en domicilios sin el consentimiento del dueño o su legítimo poseedor.

El doctor Álvaro Bunster1 , destacado penalista chileno, hacía algunas anotaciones sobre los elementos del tipo penal en comento:

La acción consiste en introducirse a aquellos lugares, esto es, en penetrar la persona plenamente en ellos... Pese a la formulación innecesariamente recargada de la ley, que habla de que la introducción se efectúe “furtivamente, con engaño o violencia, o sin permiso de la persona autorizada para darlo”, la verdad es que esta falta de autorización de quien puede jurídicamente concederla es lo que basta para constituir el delito. El carácter furtivo, el engaño y la violencia no son sino expresiones ilustrativas de la ausencia del permiso del morador, y no motivo de agravación del delito. Lo de furtivo alude a la penetración hecha a escondidas u ocultamente. El engaño es cualquier ardid desplegado para lograr un permiso que, de no mediar aquél, habría sido denegado. La violencia puede ejercerse sobre las personas y sobre las cosas y, en el primer caso, revestir la forma de fuerza física o fuerza moral. También ha incurrido la ley en excesos a: prescribir que la conducta de efectuarse “sin motivo justificado, sin orden de la autoridad competente y fuera de los casos en que la ley lo permita”. Tales exigencias son superfluas tratándose no sólo de éste sino de cualquier tipo, puesto que la orden de autoridad, el permiso de la ley y el motivo justificado son causales de exclusión de la ilicitud que la ley prevé en la parte general.

Como ya se ha mencionado con antelación, la vulneración a la morada o al recinto de trabajo, se traduce, en muchos casos, en el medio para lograr otras afectaciones o delitos mucho más graves, los llamados delitos emergentes, mismos que surgen derivado de la comisión de otro, es decir, en el allanamiento de morada podemos ejemplificar este tema de la siguiente manera: si una persona ingresa al domicilio de otra sin la autorización correspondiente y al entrar observa que tiene artículos de valor, y se apodera de ellos, surge el robo, pero no necesariamente era el móvil por el cual el sujeto activo ingresó en un primer momento al domicilio. Lo anterior, representa una razón más por la que debe incrementarse la sanción para el delito de allanamiento, ya que en el ejemplo descrito se trató de robo, pero puede darse en delitos de alto impacto como violaciones, secuestros, homicidios, etcétera.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdos

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los Poderes Legislativos de las 32 entidades federativas, a efecto de que revisen las redacciones de sus tipos penales de allanamiento de morada y homologuen sus definiciones y sanciones a efecto de que sea un mecanismo para garantizar la protección a la intimidad de las personas en sus domicilios.

Notas

1 Extracto del Diccionario Jurídico Mexicano Derecho (1994), disponible en versión electrónica en: http://mexico.leyderecho.org/allanamiento-de-morada/ (Fecha de consulta: 15 de febrero de 2017).

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 14 de septiembre de 2017.

Diputada Sara Latife Ruiz Chávez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Veracruz a solicitar a la Segob la declaratoria de desastre natural para Coatzacoalcos y Minatitlán por el sismo del 7 de septiembre, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Norma Rocío Nahle García, diputada federal a la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6o. y el artículo 79, numeral 1, fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

En la noche del pasado día 7 de septiembre un sismo de magnitud 8.2 en la escala de Richter se sintió en 12 entidades del país, incluyendo la Ciudad de México. El epicentro del temblor se localizó en el mar aproximadamente a 133 kilómetros al suroeste de Pijijiapa, Chiapas.

Lamentablemente a consecuencia de este movimiento telúrico, uno de los más intensos que ha sufrido México en los últimos 100 años, más de 60 personas han muerto, cuando menos 45 han fallecido en el estado de Oaxaca, 12 en Chiapas y 3 en Tabasco.

En Oaxaca hay 41 municipios afectados de la zona del istmo de Tehuantepec, tan solo en Juchitán son 7,000 las viviendas con daños mayores, siendo esta entidad federativa la más afectada por el sismo y este municipio donde se presentaron los mayores daños.

Por su parte la Secretaría de Gobernación emitió una Declaratoria de Emergencia Extraordinaria para los estados de Chiapas y Oaxaca, de modo que se activaron los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden) para que las autoridades locales cuenten con recursos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada.

Si bien la tragedia que se vive actualmente en Oaxaca y Chiapas debe de ser de atendida de inmediato, también tenemos otras partes del país, en las que afortunadamente no se dieron decesos, pero si se presentaron serios daños materiales, sobre todo en viviendas que para los afectados representan perdidas de las cuales, por sí mismos, difícilmente podrán salir adelante.

En Veracruz la ciudad de Coatzacoalcos resultó ser la más perjudicada, en esta al menos 200 viviendas resultaron seriamente dañadas a consecuencia del sismo, y cuando menos 50 tendrán que ser reconstruidas en su totalidad. A la vez, 18 planteles educativos también resultaron con daños, varios postes se cayeron y varias calles están socavadas.

Entre las colonias que presentan mayores estragos se encuentran la Petroleros, San Silverio, Divina Providencia, Teresa Morales, Lomas del Bosque, Villas del Sur, Benito Juárez y 24 de Octubre, las dos primeras las más afectadas, donde los habitantes temen que los inmuebles puedan colapsar en cualquier momento. En tano, en la ciudad de Minatitlán nueve casas colapsaron y si bien, afortunadamente no se dieron decesos, los damnificados necesitan ayuda para subsanar sus pérdidas.

De tal manera que en Coatzacoalcos y en alguna medida en Minatitlán son cientos las familias que requieren el socorro que puede brindar el gobierno federal, para que por una parte vuelvan a tener un sitio digno donde vivir, y por la otra, puedan allegarse de un ingreso por medio del Programa de Empleo Temporal. Ambas necesidades podrían ser atendidas por medio del Fonden.

Los afectados y los mismos municipios veracruzanos antes mencionados requieren una verdadera ayuda sin fines políticos, y no la de oportunista que por medio de supuestas asociaciones civiles han comenzado el proselitismo político, repartiendo despensas a damnificados por el sismo en Coatzacoalcos, utilizando para esto lo colores y tipografías similares a la de un determinado partido político.

Este apoyo como ya señalamos puede provenir del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), ya que por medio de este se pueden autorizar recursos para cubrir fuentes transitorias de ingresos por causa de un desastre natural, cuando se tenga como finalidad la limpieza y remoción de escombros para la rehabilitación inmediata de las viviendas y cualquier actividad que contribuya a restablecer las condiciones de normalidad, como puede ser el reparar o reponer las viviendas afectadas.

Pero para que los municipios y los habitantes afectados puedan beneficiarse del Fondo de Desastres Naturales es necesario que la Secretaría de Gobernación formalmente emita una declaratoria como zona de desastre natural por el sismo del 7 de setiembre del año en curso para los municipios veracruzanos de Coatzacoalcos y Minatitlán.

Por lo expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno del Estado de Veracruz a que solicite a la Secretaría de Gobernación la Declaratoria de Desastre Natural por el sismo del 7 de septiembre del año en curso, para los municipios de Coatzacoalcos y Minatitlán, Veracruz, a efecto de que puedan acceder a los recursos económicos del Fondo de Desastres Naturales, y se coadyuve a mejorar las condiciones de vida de quienes se vieron afectados por el fenómeno sísmico.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2017.

Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la armonización de ordenamientos en materia de derechos humanos de las personas con discapacidad, a cargo del diputado Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Armando Luna Canales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por la que el honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las legislaturas de las entidades federativas para que emprendan las medidas legislativas necesarias a fin de armonizar sus ordenamientos jurídicos locales con los más altos estándares en materia de derechos humanos de las personas con discapacidad, en especial, con los señalados en la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Consideraciones

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone, en su artículo primero que:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

...

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. (El subrayado es propio)

A nivel internacional, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 13 de diciembre de 2006 la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en cuyo proyecto y discusión participo activamente nuestro país de la mano de don Gilberto Rincón Gallardo). Más tarde, México firmó y ratificó la Convención (2007) y ésta entró en vigor el 3 de mayo de 2008, convirtiéndose así en uno de los primeros tratados internacionales en materia de derechos humanos del siglo XXI.

La convención dispone en su artículo 4o. una serie de obligaciones generales para los estados, que son, entre otras:

Artículo 4

Obligaciones generales

1. Los estados parte se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin, los estados parte se comprometen a:

a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención;

b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad;

c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad ;

d) Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente Convención y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en ella ;

[...] (El subrayado es propio)

En el derecho de fuente interna, México dispone de un ordenamiento específico en la materia que es la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPD).

Dicha ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2011, tiene por objeto: establecer “...las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley reconoce a las personas con discapacidad sus derechos humanos y mandata el establecimiento de las políticas públicas necesarias para su ejercicio.”

La ley en cuestión tiene la naturaleza de ser una “Ley General” que, por su naturaleza, establece competencias y facultades para los diversos órdenes de gobierno y constituye un “piso mínimo” a partir del cual todos los órdenes deben desarrollar acciones para la consecución de los objetivos previstos por la Ley. Así, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señala:

Leyes locales en materias concurrentes. En ellas se pueden aumentar las prohibiciones o los deberes impuestos por las leyes generales.

Las leyes generales son normas expedidas por el Congreso de la Unión que distribuyen competencias entre los distintos niveles de gobierno en las materias concurrentes y sientan las bases para su regulación, de ahí que no pretenden agotar la regulación de la materia respectiva, sino que buscan ser la plataforma mínima desde la que las entidades puedan darse sus propias normas tomando en cuenta su realidad social. Por tanto, cumpliendo el mínimo normativo que marca la ley general, las leyes locales pueden tener su propio ámbito de regulación, poniendo mayor énfasis en determinados aspectos que sean preocupantes en una región específica. Si no fuera así, las leyes locales en las materias concurrentes no tendrían razón de ser, pues se limitarían a repetir lo establecido por el legislador federal, lo que resulta carente de sentido, pues se vaciaría el concepto mismo de concurrencia. En este sentido, las entidades federativas pueden aumentar las obligaciones o las prohibiciones que contiene una ley general, pero no reducirlas, pues ello haría nugatoria a ésta.1 (El subrayado es propio)

La LGIPD ha sido reconocida como una ley de gran avance en el campo de los derechos humanos, tanto en el escenario regional como en el universal, porque reconoce y tutela bajo un perfil altamente garantista diversas categorías de derechos, tales como: salud y asistencia social, trabajo y empleo, educación, accesibilidad y vivienda, transporte público y comunicaciones, desarrollo social, deporte, recreación, cultura, acceso a la justicia, libertad de expresión y opinión, acceso a la información, entre otros.

La ley es tan importante que, incluso, el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con motivo de sus observaciones finales derivadas del informe inicial de México presentado en función de las obligaciones contraídas al firmar la convención, reconoció los avances que nuestro país ha realizado en esta materia. El comité mostró su satisfacción por las siguientes medidas realizadas por el Estado2 :

a) La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (2011)

b) La reforma a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (2014)

c) La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (2014);

d) El Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018;

e) El Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018;

f) El Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad (2014-2018);

g) El Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación (2014-2018);

h) El Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014-2018;

i) El Programa de Prevención, Rehabilitación e Inclusión social de las Personas con Discapacidad;

j) El Programa especial de Migración 2014-2018;

k) El Protocolo para la Impartición de Justicia en casos que involucren a personas con discapacidad.

Debe señalarse que la LGIPD no sólo es importante por reconocer un amplio catálogo (no limitativo) de derechos que asisten a las personas con discapacidad, sino además por fijar las reglas generales para la política pública en la materia y determinar las obligaciones básicas que asisten a las autoridades del Estado en sus diversos órdenes de gobierno.

Así, el artículo 3o. de la ley en mención determina: “La observancia de esta ley corresponde a las dependencias, entidades paraestatales y órganos desconcentrados de la administración pública federal, organismos constitucionales autónomos, Poder Legislativo, Poder Judicial, el consejo, a los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como a las personas físicas o morales de los sectores social y privado que presten servicios a las personas con discapacidad.”

Pese a los grandes avances normativos que la LGIPD ha supuesto, debe decirse que desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (30 de mayo de 2011) al día de hoy, diversas entidades federativas no han realizado los procesos de armonización que permitan ampliar ese piso mínimo contenido en la ley general y adecuarlo a la realidad local de cada una de ellas.

Lo anterior, supone una omisión legislativa y, en consecuencia, un evidente proceder contrario al principio de máxima protección que el artículo 1o. constitucional prevé y, de acuerdo con el cual, siempre deberán las autoridades velar por la promoción, protección, respeto y garantía de los derechos humanos interpretados a la luz de su universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

El 26 de julio de 2017, con motivo del foro Arm onización legislativa de los derechos de las personas con discapacidad, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, reconoció que, aunque disponemos de leyes de avanzada a nivel nacional e, incluso, aunque hemos ratificado (como país) un amplio número de instrumentos internacionales con incidencia en los derechos de las personas con discapacidad, aún falta mucho por hacer.

En especial, el ombudsman detalló que éste sector social aún permanece relegado dentro de la sociedad y sujeto a múltiples estereotipos y condiciones de discriminación. Es necesario, señaló, avanzar en la construcción de un nuevo paradigma en el que las personas con discapacidad pasen de ser consideradas como sujetos de caridad y asistencia a sujetos de derechos y obligaciones, respetándoseles sus derechos fundamentales. Un importante paso para lograrlo, expresó, comienza con la armonización legislativa en las entidades federativas que aún no lo han hecho a fin de que desde el marco local sean desarrollados los derechos que asisten a las personas con discapacidad y así, pueda avanzarse en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria para todos.

En efecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su informe anual de actividades de 2016 señala que de acuerdo con el Informe Mundial sobre la Discapacidad de 2011, publicado por la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, alrededor de 15 por ciento de la población la componen personas con discapacidad. Asimismo, indica que conforme a la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014 (Enadid), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el número de personas con discapacidad en el país equivale al 6 por ciento de la población, lo que representa alrededor de 7.2 millones.3

A pesar de estas cifras, no obstante, señala la misma fuente, que de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (2010) realizada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), 12.5 por ciento de la población encuestada no estaría dispuesta a vivir con personas con discapacidad; 34.6 por ciento está en desacuerdo con dar trabajo a una persona con discapacidad y 34 por ciento cree que no se respetan los derechos de ese sector de la población. Por su parte, 90 por ciento de las personas con discapacidad dicen haber sido discriminadas y más de la mitad considera que sus derechos no son respetados.4

Por otra parte, el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la par de haber reconocido los avances existentes en México, también mostró preocupación por diversos aspectos, entre ellos:

Al Comité le preocupa que la legislación civil de algunas entidades federativas todavía contenga expresiones peyorativas para referirse a las personas con discapacidad.

El Comité recomienda al estado parte que redoble sus esfuerzos en el ámbito del proceso de armonización legislativa con la Convención a fin de que todos los estados federales eliminen terminología peyorativa de los derechos de las personas con discapacidad.

Al Comité le preocupa que las organizaciones de personas con discapacidad tengan limitada su participación en la implementación y seguimiento de la Convención.

El Comité recomienda al estado parte que establezca mecanismos regulares para convocar consultas con las organizaciones de personas con discapacidad, asegurando que sus opiniones reciban la consideración adecuada.5 (El subrayado es propio)

Asimismo, en el campo de la igualdad y no discriminación, el Comité señaló:

Al Comité le preocupa la discriminación contra las personas con discapacidad en el estado parte, que se ve agravada por la concurrencia de otros factores de exclusión social, como la edad, el género, la pertenencia étnica y la ruralidad. Asimismo, le preocupa que en algunos estados se encuentre pendiente la adopción de leyes que prohíban la discriminación por motivos de discapacidad y que reconozcan la denegación de ajustes razonables como forma de discriminación basada en la discapacidad.

El Comité recomienda al estado parte que establezca líneas presupuestarias específicas para cumplir sus objetivos en materia de igualdad, así como acciones específicas para combatir casos de discriminación interseccional, basadas en la discapacidad, la edad, el género, la pertenencia a pueblos indígenas y la ruralidad, entre otros factores de exclusión. Del mismo modo, lo alienta a aumentar sus esfuerzos, desarrollando estrategias de difusión, toma de conciencia y diálogo con las autoridades locales, a fin de que todos los estados expidan legislación prohibiendo la discriminación basada en la discapacidad y reconozcan la denegación de ajustes razonables como forma de discriminación.6 (El subrayado es propio)

Como se ve, los rezagos aún se mantienen y, pese a tener nuestro país una ley general de avanzada en la materia, desgraciadamente su contenido no puede trascender en el día a día de las personas con discapacidad. Esta situación no puede ni debe seguir tolerándose, ante todo porque la razón de esa carencia de tutela en determinados aspectos se debe a la omisión del trabajo legislativo de diversos congresos locales, tal y como lo ha señalado el ombudsman nacional, así como el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Legislar en la materia y armonizar las disposiciones locales con el contenido de la Constitución Nacional, la LGIPD y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad no es, en modo alguno, potestativo para los estados, se trata de una obligación de pleno derecho en tanto que de ello depende la mayor eficacia en la protección y defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

En el México democrático al que todos aspiramos, no podemos ignorar o permitir el lastre social que representa la discriminación, la exclusión y el rechazo fáctico de las personas con discapacidad en el empleo, la educación, la salud, los medios de comunicación, en los espacios de decisión y representación política, en los cargos directivos y de responsabilidad en la iniciativa privada, así como en todos los restantes ámbitos de la expresión humana. Esta exclusión fáctica está aún presente en nuestro país y ello nos exige fortalecer el marco jurídico de protección y garantía de sus derechos, con el propósito de definir de manera clara los alcances y las responsabilidades de las autoridades en la materia.

Por ello, mediante esta proposición con punto de acuerdo, se pretende instar a las autoridades legislativas locales a fortalecer el marco jurídico de protección y tutela de los derechos de las personas con discapacidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las legislaturas de las entidades federativas para que emprendan las medidas legislativas necesarias a fin de armonizar sus ordenamientos jurídicos locales con los más altos estándares en materia de derechos humanos de las personas con discapacidad, en especial, con los señalados en la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Notas

1 Tesis: P./J. 5/2010. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Febrero de 2010. Pág. 2322. Jurisprudencia (Constitucional), Pleno.

2 OHCHR. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Docto CRPD/C/MEX/CO/1 Pág. 1. Disp:

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/ Download.aspx?symbolno=CRPD/C/MEX/CO/1&Lang=Sp

3 CNDH. Informe anual de actividades 2016. Consultado en: http://informe.cndh.org.mx/menu.aspx?id=10039

4 Ibídem.

5 OHCHR. Ob. Cit. Pág. 2.

6 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2017.

Diputado Armando Luna Canales (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a indemnizar a agricultores que perdieron su cosecha por las inundaciones en Tláhuac, a cargo de la diputada Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal, Norma Xóchitl Hernández Colín, integrante del Grupo Parlamentario del partido Morena a la XLIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, por medio del presente, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por la que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a indemnizar a agricultores que perdieron su cosecha por las inundaciones en Tláhuac

Lo anterior, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Es indiscutible que los siglos de actividad humana han dejado huella en el planeta, principalmente en materia ecológica. La destrucción de ecosistemas, la excesiva emisión de gases de efecto invernadero y la sobre explotación de los recursos naturales han perturbado el clima. Desde mediados de los años setenta, se han hecho llamados para reducir la contaminación, sin embargo, pocos gobiernos y empresas dedican tiempo y dinero para la realización de estudios que mitiguen el impacto ambiental.

Así, en todo el mundo se han sentido los estragos del calentamiento global, evidentemente México no es excepción y fenómenos meteorológicos como el Niño exigen que poner atención a lo que ocurre. Diversos desastres naturales han afectado al país desde siempre (existen sismos registrados por los antiguos aztecas), aunque la intensidad de algunos ha aumentado por la afectación al medio ambiente.

El terremoto que más ha afectado a México es sin duda el del 19 de septiembre de 1985. De hecho, nunca se ha podido establecer una cifra exacta del número de personas fallecidas. La intensidad del sismo fue de 8.1 grados escala de Richter y fue el responsable de que miles de edificios quedaran destruidos. El segundo terremoto que más secuelas dejó fue cuando ocurrió el llamado terremoto del Ángel, en julio de 1957, su magnitud fue de 8 grados y dejó poco más de setecientas personas fallecidas y más de dos mil quinientas heridas.

Por su parte, los huracanes afectan de forma cotidiana al país, los pronósticos son de aproximadamente treinta formados al año, aunque no todos llegan a las costas. Sin embargo, la intensidad y número ha aumentado en los últimos años y muchos expertos coinciden en que se debe al calentamiento de los mares. De cualquier forma, es difícil medir la intensidad de cualquier fenómeno, pues desastres que a veces han dejado enormes pérdidas económicas no han dejado muertos y viceversa.1

De acuerdo con datos del impacto socioeconómico de desastres, elaborado por la Subdirección de Estudios Económicos y Sociales de la Dirección de Análisis y Gestión de Riesgo de la Secretaría de Gobernación, entre los años 2000 y 2015, una de cada cuatro personas ha resultado afectada por desastres naturales, humanos, accidentes o epidemias en el país. Los datos de la dependencia revelan que, en ese lapso, se han registrado seis mil ciento setenta y cuatro eventos que se clasifican de forma general como desastres y que van desde fenómenos naturales, hasta los provocados por el hombre, como accidentes o hechos sociales.

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el número de víctimas por los desastres supera las siete mil personas que han perdido la vida y veintisiete millones que han resultado damnificadas. La información también revela que estos desastres han ocasionado pérdidas materiales que ascienden a más de cuatrocientos once mil millones de pesos. Entre otros, han resultado afectadas más de un millón de viviendas, veintiocho mil escuelas y casi dos mil hospitales.

La clasificación de la Secretaría de Gobernación ubica los veinticinco desastres más letales ocurridos de 2010 a 2015, entre los que se encuentran una epidemia, dos huracanes, cuatro jornadas de frío extremo, lluvias torrenciales, explosiones, incendios, desgajamientos e incidentes de tránsito.

El evento más mortífero ha sido la epidemia del virus AH1N1, una nueva forma de influenza detectada en México y que tan sólo en la fase de emergencia, del 6 de abril al 10 de mayo de 2009, dejó un saldo de ciento dieciséis muertos documentados. En ese periodo se registró por varios días la suspensión de actividades públicas y el cierre de escuelas, restaurantes, cines, entre otros.2

La Organización de las Naciones Unidas menciona que derivado de los desastres, principalmente naturales, más de dos millones de personas se incorporan a las clasificaciones de pobreza, por su parte, Luis Felipe Puente, Coordinador Nacional de Protección Civil, en conferencia de prensa previa a la presentación de la Plataforma Global para la Reducción de Riesgo de Desastre (mayo, 2017), señaló que en las zonas ganaderas y agrícolas es donde el impacto de un desastre es mayor, porque implica la reducción de la producción, imposibilitando la venta de los productos y la carencia de satisfactores básicos de las personas.

El funcionario destacó que hasta ahora el Atlas Nacional de Desastre tiene identificadas más de setecientas laderas en riesgo en todo el país, lo que insinúa la existencia de miles de familias en peligro por fenómenos como tormentas, huracanes y deslaves que ven afectado su patrimonio y su integridad debido a las constantes inundaciones.3

Por desgracia, la Ciudad de México no está exenta de desastres causadas por el incremento de los causes de los ríos o lluvias torrenciales, por ejemplo, en 2008 la Secretaría de Gobernación emitió la declaratoria de desastre natural para las delegaciones Iztapalapa, Iztacalco, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, debido a las intensas lluvias.

En aquel entonces, la Secretaría de Gobernación informó que la declaratoria se emitió después de la instalación del Comité de Evaluación de Daños, integrado por funcionarios federales y del Gobierno del entonces Distrito Federal, responsables de los sectores afectados como vivienda, infraestructura urbana, hidráulico, educativo y salud.

El gobierno capitalino solicitó acceder a los recursos bajo la figura de Apoyos Parciales Inmediatos, a fin de enfrentar la situación que padecieron los habitantes de esas cuatro delegaciones mediante la limpieza de casas y calles, el restablecimiento del agua potable, la reparación del alcantarillado y de escuelas.4

De igual manera, en 2011 la delegación Miguel Hidalgo fue declarada zona de desastre natural por los daños que ocasionó en su territorio la granizada registrada en agosto. Con el acuerdo, el gobierno delegacional pudo acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales, según lo dispuesto por la Ley General de Protección Civil.5

Recientemente, por la caída de tormentas en las zonas oriente y norte de la Ciudad de México, se activó la Alerta Naranja en las delegaciones Álvaro Obregón, Tlalpan, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras y Tláhuac.

Particularmente en Tláhuac, cerca de mil hectáreas de cultivos de hortalizas en el ejido de Mixquic, se encuentran bajo el agua por el desbordamiento del río Amecameca, que arrasó con al menos diez toneladas de verdolagas, brócoli, acelga, apio y rábano. Suman alrededor de ochocientos los horticultores afectados, quienes requieren la intervención de las autoridades capitalinas para obtener apoyos del gobierno federal y local, para resarcir las pérdidas.

Los afectados precisaron que en mil hectáreas se perdió toda la producción y en dos mil más no han podido ingresar, ante el lodo que existe en el terreno. Solicitan que al igual que en Xochimilco se ofrecieron recursos para los floricultores, las autoridades volteen a ver a los principales productores de hortalizas de la ciudad y del país.6

Cabe destacar que en Tláhuac no es la primera ocasión que los horticultores o agricultores se ven afectados por inundaciones, la ocasión más reciente se dio cuando la Ciénega y la Chinampería se contaminaron con aguas negras provocando la muerte de animales y el daño a las cosechas, por ello, el 23 de agosto del presente, remití oficios a la Secretaría del Medio Ambiente, a la Secretaría de Salud, al Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial, al Coordinador General de la Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, al Secretario de Agricultura, Ganadería, desarrollo Rural Pesca y Alimentación, a la Comisión Nacional del Agua, sin embargo, no han concluido los trabajos y de nueva cuenta volvieron a sufrir afectaciones.

Para lo anterior, hay que considerar que para el primer semestre de 2017, el Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales contaba con recursos por más de cinco mil millones de pesos. Además, México cuenta con una protección financiera por hasta 360 millones de dólares por bonos catastróficos emitidos por el Banco Mundial.

El objetivo de los recursos del Fondo es atender los efectos por desastres naturales, cuya magnitud supere la capacidad financiera de respuesta de las dependencias y entidades paraestatales, así como de las entidades federativas. Estos recursos en su mayoría son otorgados para la reconstrucción de infraestructura pública, compra de suministros de auxilio en situaciones de emergencia y para cubrir la prima del seguro del patrimonio del Fondo, por lo que es posible considerar ese recurso económico para resarcir los daños a los productores de Tláhuac, tal y como ellos lo solicitan.7

Por las consideraciones anteriormente vertidas, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno de la Ciudad de México a realizar las gestiones a que haya lugar, a efecto de que se decrete como desastre natural las inundaciones en los campos de cultivo en Tláhuac, con la intención de que se acceda al Fondo de Desastres Naturales y se indemnice a los productores por la pérdida de sus cosechas.

Notas

1 http://www.explorandomexico.com.mx/about-mexico/4/17

2 http://www.animalpolitico.com/2017/06/desastres-mortiferos-mexico-epide mias/

3 http://www.elfinanciero.com.mx/economia/desastres-naturales-aumentan-la -pobreza-en-mexico-proteccion-civil.html

4 http://expansion.mx/nacional/2010/02/08/gobernacion-declara-desastre-na tural-en-4-delegaciones-de-distrito-federal

5 http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2014/08/28/978478

6 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/09/07/lluvias-arrasaron-con-mil -hectareas-de-cultivos-en-tlahuac

7 http://expansion.mx/economia/2017/09/07/mexico-tiene-11-998-mdp-para-re parar-danos-por-desastres-naturales

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2017

Diputada Norma Xóchitl Hernández Colín (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al SAT a incorporar al emitir las reglas generales de comercio exterior de 2018 la aduana de Acuña, Coahuila de Zaragoza, en los cruces fronterizos donde puedan despacharse los trámites para regularizar los vehículos usados de importación en la frontera, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del PRI

El diputado Francisco Saracho Navarro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás disposiciones jurídicas aplicables, somete a consideración de esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

El rol que actualmente juegan las aduanas frente al comercio internacional es muy importante, ya que de la agilidad que tengan los procedimientos implementados para despachar sus distintas operaciones, se puede contribuir al crecimiento y consolidación del mercado del que se trate, así como de la economía regional y nacional, generando competitividad en las diferentes industrias.

En esta época de apertura comercial a nivel mundial, es indispensable que nuestro país cuente con aduanas capaces de responder a las exigencias que ello conlleva, así como también con disposiciones legales y reglamentarias que simplifiquen los tramites a que son sometidas las mercancías que buscan internarse o salir de territorio nacional, haciendo que el flujo comercial internacional sea eficiente.

Por ese motivo las aduanas juegan un papel trascendental para todo estado, ya que son las autoridades encargadas de darle agilidad a las operaciones de importación y exportación, entre otras, facilitando el flujo comercial internacional, y como consecuencia de ello, también vigila, recauda impuestos, establece exenciones, incidiendo directamente en el sector empresarial y en el industrial, además de ser el reflejo de los vínculos comerciales que nuestro país tiene con otros países.

Por tal razón, es que la Ley Aduanera, es el ordenamiento legal que regula las actividades que se llevan a cabo en el despacho aduanero de nuestro país, las cuales son derivadas del comercio exterior, tales como la entrada y salida de mercancías del territorio nacional, así como aquellas circunstancias generadas por tales operaciones comerciales que tienen influencia e inercia en su respectivo mercado.

La entrada y salida del territorio nacional de aquellos productos, artículos, bienes, entre ellos los vehículos automotores, son operaciones delicadas, de cuya realización se propicia la formalidad del mercado, además de permitir al fisco realizar la recaudación por dicha internación o salida de la mercancía, entre otros beneficios, por lo que en el artículo 10 de la Ley Aduanera regula dicha entrada o la salida de las mercancías, en los siguientes términos:

“La entrada o la salida de mercancías del territorio nacional, las maniobras de carga, descarga, transbordo y almacenamiento de las mismas, el embarque o desembarque de pasajeros y la revisión de sus equipajes, deberá efectuarse por lugar autorizado, en día y hora hábil.

El Servicio de Administración Tributaria podrá autorizar la entrada al territorio nacional o la salida del mismo por lugar distinto al autorizado, de mercancías que por su naturaleza o volumen no puedan despacharse conforme a lo establecido en el párrafo anterior, o bien, por eficiencia y facilitación en el despacho de las mercancías.”

Como un complemento a lo anterior, en la fracción I del artículo 144 del mismo ordenamiento, se establece lo siguiente:

“La Secretaría tendrá, además de las conferidas por el Código Fiscal de la Federación y por otras leyes, las siguientes facultades:

I. Señalar la circunscripción territorial de las aduanas y de las secciones aduaneras.

La propia Secretaría señalará, dentro de los recintos fiscales, el lugar donde se encuentren las oficinas administrativas de la aduana y sus instalaciones complementarias y establecerá la coordinación con otras dependencias y organismos que lleven a cabo sus funciones en los aeropuertos, puertos marítimos y cruces fronterizos autorizados para el tráfico internacional, en relación a las medidas de seguridad y control que deben aplicarse en los mismos, y señalará, en su caso, las aduanas por las cuales se deberá practicar el despacho de determinado tipo de mercancías que al efecto determine la citada dependencia mediante reglas...

II. a XXXV. ...”

En ese sentido, de dichos preceptos se desprende que es facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecer las reglas y emitir las resoluciones necesarias que le permita designar a las aduanas que podrán recibir determinado tipo de mercancías, por lo que el Servicio de Administración Tributaria, en ejercicio de dicha facultad, el pasado 28 de abril realizó una modificación al apartado A del anexo 21 de las Reglas Generales de Comercio Exterior para el ejercicio fiscal de 2017, con la finalidad de señalar en que aduanas de la frontera norte se podrán recibir las mercancías señaladas en el mismo, así como para establecer el horario y los días en que se realizará su internación al país.

Entre las mercancías que fueron listadas en dichas Reglas Generales de Comercio Exterior para el ejercicio fiscal de 2017, que son susceptibles de ser importadas, están comprendidos los vehículos usados.

En el mismo sentido y dentro de los cambios realizados por el Servicio de Administración Tributaria, nos encontramos con la adición de una fracción VII al apartado A del anexo 21 de la Reglas Generales de Comercio Exterior, en la cual se establecen las aduanas autorizadas para tramitar el despacho aduanero de determinado tipo de mercancías.

Así, la importación de vehículos usados en el país, se reduce únicamente a determinadas aduanas en la frontera norte del país, tales como Ciudad Juárez, Ciudad Reynosa, Matamoros, Mexicali, Nogales, Nuevo Laredo, Piedras Negras, Tijuana y Veracruz, dejándose fuera a aduanas de municipios con importante actividad económica internacional, afectando su mercado y a sus habitantes.

Para el caso del estado de Coahuila de Zaragoza, desafortunadamente la aduana de Acuña ha sido excluida para tramitar las importaciones de vehículos usados, sin que exista algún justificación técnica que respalde dicha determinación, lo cual es una circunstancia que afecta la economía de la ciudadanía y el mercado de dicho municipio, restándole competitividad respecto de otras localidades o regiones, además de que con ello, se fomenta la internación ilegal a territorio nacional de este tipo de vehículos, y por ende, el incremento de diversas conductas delincuenciales en la región, repercutiendo en la seguridad pública de los coahuilenses de Acuña, además de que la recaudación por ese tipo de operaciones se ve disminuida.

Ante esa problemática, es que el suscrito presentó el 7 de junio pasado ante la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, una proposición con punto de acuerdo mediante la cual se exhortaba al titular del Servicio de Administración Tributaria para que en el marco de sus facultades, modificara la fracción VII del apartado A del anexo 21 de la Reglas Generales de Comercio Exterior para el ejercicio fiscal de 2017 e incluyera a la Aduana de Acuña, Coahuila para poder despachar trámites relacionados con la legalización de vehículos usados de importación, propuesta que fue aprobada, junto a la de diversos legisladores, por el pleno de ese órgano legislativo en sesión de 21 de junio de 2017 en los siguientes términos:

“Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Servicio de Administración Tributaría, para que en el marco de sus atribuciones, analice la pertinencia de modificar la fracción VII del anexo 21 de las Reglas Generales de Comercio Exterior para el Ejercicio Fiscal de 2017, a fin de incluir todos los cruces fronterizos del país.”

Desafortunadamente, el administrador central de Apoyo Jurídico de Aduanas, al dar respuesta sobre el particular, lo efectúa de manera genérica y sin pormenorizar los criterios técnicos en los cuales encuentra fundamento su negativa, afirmando que dan por cumplida la atención de dicho exhorto, sólo que dicha respuesta no satisface de fondo la postura fijada por la Comisión Permanente, ni las necesidades de los acuñenses, al desconocerse las razones por las que dicho punto fronterizo, no puede ser incluido en las disposiciones mencionadas.

De ese modo, es que en preparación al ejercicio fiscal de 2018, el Servicio de Administración Tributaria, al emitir las Reglas Generales de Comercio Exterior para dicho año, incorpore a la Aduana de Acuña, en Coahuila de Zaragoza, para que en este cruce fronterizo, exista posibilidad de realizar los trámites de regularización de los vehículos usados de importación en la frontera, al ser este tipo de mercancías susceptibles de importación para 2018, como una forma de apoyar a la economía y patrimonio de las familias en ese municipio coahuilense.

Por lo anteriormente expuesto, es que busco el respaldo de esta asamblea para la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al jefe del Servicio de Administración Tributaria, para que en el ejercicio de sus facultades legales previstas en la fracción III del artículo 14 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, al emitir las Reglas Generales de Comercio Exterior para el ejercicio fiscal de 2018, incorpore a la Aduana de Acuña, en Coahuila de Zaragoza, en los cruces fronterizos en los que se pueda despachar los trámites relativos a la regularización de los vehículos usados de importación en la frontera.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2017.

Diputado Francisco Saracho Navarro (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la revisión de la concesión otorgada a la empresa Constellation Brand en Baja California, a cargo del diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena

El Proponente, diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, fracción II, III, y numeral 2, fracciones I y II, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Baja California es el estado que represento, su capital es Mexicali. Este lugar es codiciado por muchos por encontrarse dentro de la franja fronteriza con Estados Unidos.

En Mexicali se ha instalado Constellation Brands, la tercera mayor cervecera de Estados Unidos, ellos han dicho que vienen a invertir para crear nuevos empleos, y si puede ser verdad esa parte, pero la otra parte, la que no nos dicen, es la que también vienen a acabar con nuestros recursos hídricos, con ayuda del gobierno del estado y la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM). Que al parecer les ha otorgado concesiones para la explotación de dicho recurso natural.

La firma Constellation Brands, que construye una planta cervecera en Mexicali, cambió su fuente de suministro de agua que previamente sería a través del proyecto estatal, el cual consistía en la edificación de un acueducto; ahora será mediante la red de la CESPM.

El vicepresidente de relaciones externas de la compañía, Édgar Guillaumin, explicó que la construcción del acueducto era un proyecto encabezado por el estado, pero recientemente fue cancelado.1

Mencionó que una de las opciones en este momento es convertirse en un usuario más de la CESPM, con un uso aproximado de 7 mil millones de metros cúbicos, que equivale a 0.3 por ciento del agua que actualmente se consume en el valle de Mexicali. Lo cual al parecer no es totalmente cierto ya que asociaciones han dicho que la cantidad seria casi el triple de lo que ellos mencionan.

Guillaumin refirió que por una parte se plantea conectarse a la red pública, pero a largo plazo la compañía está en negociaciones para obtener la sucesión de derechos para la explotación de pozos de agua, aunque no existe una fecha para resolver esta opción.

De llegar a instalarse, la planta de Constellation Brands consumirá más de 20 millones de metros cúbicos de agua al año, siendo que actualmente la región atraviesa una severa sequía, lo que ha provocado una situación de escasez hídrica en varios municipios del estado (sobre todo en la zona costa), además de que el acuífero del Valle de Mexicali se encuentra actualmente sobreexplotado. De esta forma, la instalación y operación de esta planta podría dejar sin agua a amplios sectores de la población de Mexicali y de otros municipios, así como a productores agrícolas del Valle de Mexicali, tal como ya ocurrió con la planta que dicha transnacional instaló en el municipio de Nava, Coahuila.

La cervecera no sólo atenta contra el derecho humano al agua de la población bajacaliforniana, sino que podría causar una catástrofe ambiental de enormes magnitudes al seguir abatiendo el acuífero del valle de Mexicali y con ello aumentar la posibilidad de que el agua de mar del golfo de California se introduzca en los mantos freáticos y salinice tanto el acuífero como las tierras agrícolas de la parte sur del valle.

La aprobación y puesta en marcha de este proyecto se ha llevado a cabo con total opacidad, tráfico de influencias y corrupción. No se ha presentado públicamente la manifestación de impacto ambiental, ni licencia de uso de suelo, además de que no se ha definido la fuente de abasto del agua que requiere la planta.

El lunes 17 de julio se canceló de forma definitiva el acueducto Villahermosa-Mexicali que el gobierno del estado estaba impulsando para abastecer de agua a la cervecera, el cual mediría 47.5 kilómetros de longitud y costaría al erario público más de 500 millones de pesos. De acuerdo a algunas declaraciones de Constellation Brands, la transnacional ahora buscará obtener el agua de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, el cual es el organismo operador del servicio de agua en el municipio de Mexicali.

El gobierno del estado utiliza la fuerza pública en contra de las protestas de las organizaciones en Mexicali y en beneficio de una compañía transnacional que podría dejar sin agua a la población de Baja California al producir 10 millones de hectolitros de cerveza anuales para su exportación al mercado estadounidense.

A este proyecto se suma la construcción de tres plantas desalinizadoras en la zona costa del estado, bajo el esquema de asociación público-privada, lo cual se traduce en que varias compañías transnacionales (Suez, Consolidated Waters, OHL-Inima y RWL Water) van a producir agua desalada para vendérsela a los organismos públicos operadores del agua.

Una de esas plantas, la ubicada en el municipio de Rosarito, está planeada para exportar a California más de la mitad del agua que producirá, esto es, 50 millones de galones de agua diarios. De esta forma se financia con recursos públicos la exportación de agua, tanto de forma directa como en forma de cerveza, en beneficio de varios capitales nacionales y extranjeros.2

Otro trasfondo de todo esto y es mucho más grave es la Privatización del agua, la agrupación Mexicali Resiste, surgida a principios de año echó abajo la ley promovida por el gobernador panista Kiko Vega, aprobada por el Congreso local para privatizar el servicio de agua, pero el 17 de enero de 2017, el gobierno estatal envió al Congreso del estado, la iniciativa para abrogar la Ley de aguas y dos días después, la ley fue derogada por unanimidad.3

Además, el tribunal federal otorgó a los ejidatarios del Valle de Mexicali un amparo definitivo que impide la entrega del agua de los agricultores a la cervecera.

En tiempo de calor (mayo, junio, julio y agosto) la temperatura en Mexicali oscila entre los 42 y 50 grados centígrados, entonces el agua se convierte en vital para los pobladores por las altas temperaturas de la entidad.

La preocupación de los lugareños es el arribo de seis tanques de más de 20 metros de largo y un peso de 30 toneladas a las inmediaciones de la cervecera en el kilómetro 10 de la carreta Mexicali-San Felipe, y el fallo del tribunal federal –que impide la utilización del agua para uso agrícola–, consolida las sospechas de que Constellation Brand, con la anuencia de los gobiernos federal, estatal y municipal, pretende restar el agua a los mexicalenses.4

El gobierno federal intentó privatizar el agua en 2015 bajo la llamada “Ley Korenfeld”. No lo logró. Después intentó hacerlo a nivel local en Baja California, pero Mexicali resiste, un grupo espontáneo, sin líderes, logró pararlo en seco. Y ahora una cervecera y el contubernio de autoridades intentan de nuevo quedarse con el agua.

Asociaciones como “Nueva Constituyente Ciudadana Popular (NCCP)” denuncia y se suma a la lucha de Mexicali y de Baja California en defensa de nuestro bien común más preciado para la vida: el agua.

También denuncian que el gobierno estatal de Francisco “Kiko” Vega de la Madrid está ofertando el agua del pueblo bajacaliforniano a unas cuantas compañías transnacionales, las cuales están convirtiendo en un gran negocio la apropiación privada del vital líquido.

Las asociaciones como Mexicali Resiste y “Nueva Constituyente Ciudadana Popular”, han hecho una resistencia civil en contra de Constellation Brand, para evitar lo que a todas luces se ve inevitable por el apoyo gubernamental del estado.

Llama poderosamente la atención la voracidad de las autoridades estatales sin importar el partido o inclinación política, la falta de un estudio técnico (por parte de Conagua) para determinar la disponibilidad de agua en la región, como la nula sensibilidad social, ya que ni la empresa ni el gobierno del estado contemplan alguna medida de compensación para la población afectada. Nada, cero, nula sensibilidad con los ejidatarios y vecinos. A pesar de los cuantiosos montos de inversión estimada no se destina ni un peso para obra social.5

Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali y al gobierno de Baja California, para que se revise y, en su caso, cancele, la concesión otorgada a la empresa Constellation Brand debido a los supuestos abusos en el uso del agua en la entidad. Y se hagan públicos los resultados de dicha investigación.

Segundo. Se exhorta a la Contraloría Interna Estatal, y al gobierno del estado a investigar el tráfico de influencias, la violación a los derechos humanos y colectivos que resguardan el acceso al agua en la entidad, de la asimismo, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente investigue, las licencias de impacto ambiental, otorgadas a la Cervecera Constellation Brand en Mexicali.

Notas

1 http://eleconomista.com.mx/estados/2017/07/26/empresa-bc-cambia-fuente- suministro-agua

2 http://nuevaconstituyente.org/mexicali-la-lucha-por-el-agua/

3 http://let.iiec.unam.mx/node/1237#http://let.iiec.unam.mx/node/1237

4 http://www.proceso.com.mx/495881/la-lucha-agua-una-visita-inesperada

5 http://www.animalpolitico.com/blogueros-agenda-de-riesgos/2017/04/26/me xicali-la-guerra-del-agua/

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2017.

Diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al SAT a efectuar estudios para introducir los cambios en el establecimiento de las contribuciones aduaneras previstas en las reglas generales de comercio exterior de 2018, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del PRI

El diputado federal, Francisco Saracho Navarro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, artículo 22, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables, somete a consideración de esta Honorable Asamblea una proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

Durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, el suscrito presentó ante la Comisión Permanente una proposición con punto de acuerdo en la que se exhortó al Servicio de Administración Tributaria para que al emitir las Reglas Generales de Comercio Exterior para el ejercicio fiscal 2017, lo haga en el marco de la igualdad bajo la cual deben ser considerados todos los mexicanos, máxime si se trata del cobro de alguna contribución, como sucede con las franquicias de ingreso a territorio nacional, propuesta que fue aprobada en sesión de 20 de julio de 2016, por lo que al día de hoy, al no haber una respuesta por parte de la autoridad hacendaria, en el marco de la discusión del paquete económico para el ejercicio fiscal de 2018, es que planteo este nuevo exhorto con la misma finalidad y alcances que el referido en el presente párrafo.

A finales de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma hacendaria propuesta por el Ejecutivo federal, misma que al ser aprobada, modificó diversos ordenamientos legales en la materia, trayendo consigo varias innovaciones, entre ellas, la homologación al 16 por ciento del Impuesto al Valor Agregado, en todo territorio nacional.

Fueron varios los argumentos que respaldaron la homologación del Impuesto al Valor Agregado al 16 por ciento en todo territorio nacional, sin embargo, es importante señalar que el argumento que apelo a la igualdad y equidad que deben tener los mexicanos en el pago de las contribuciones, como una obligación constitucional, es uno de los que revistieron mayor trascendencia en ese proceso legislativo, junto a otros factores que también incidieron en su posterior aprobación.

Desafortunadamente, no se ha seguido ese mismo criterio en la determinación y cobro de las contribuciones en nuestro país, lo cual se advierte en aquellas contribuciones de carácter aduanal, cuyo monto se determina tomando en cuenta la residencia del obligado, es decir, sí este reside dentro de la franja fronteriza de 20 kilómetros o lo hace en el resto del territorio nacional, tal como sucede en el cobro de las franquicias por ingresos en las aduanas de nuestro país en vía terrestre.

Las franquicias por ingresos son aquellas mercancías que se pueden importar o cruzar a México, sin obligación de pagar impuestos adicionales al equipaje, lo cual es efectuado por un residente de nuestro país, ya sea de la franja fronteriza o del resto del territorio nacional.

Es requisito indispensable que su valor no exceda del equivalente en moneda nacional o extranjera de 150 dólares, cuando quien lo vaya a cruzar sea residente de la franja fronteriza de 20 kilómetros, o de 400 dólares, cuando quien lo vaya a cruzar sea residente del resto del territorio nacional, además de establecer restricciones sobre el tipo de mercancías que pueden ingresarse al país bajo este esquema.

Las autoridades hacendarias han determinado elevar dichos topes durante los periodos vacacionales, en los que mexicanos que residen en los Estados Unidos de América vienen a territorio nacional a visitar a sus familias, incrementando los cruces con mercancías, motivo que ha justificado la modificación de tales montos, como una medida que permitirá darle fluidez a las importaciones y demás operaciones de comercio exterior.

Al respecto, podemos observar las Reglas Generales de Comercio Exterior que al efecto emitió el Servicio de Administración Tributaria, las cuales fueron publicadas el pasado 27 de enero de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, mismas que en su “Capitulo 3.4 Franja o Región Fronteriza” establecen lo siguiente:

“3.4.1 Para los efectos del artículo 61, fracción VIII, de la Ley, las personas mayores de edad residentes en la franja o región fronteriza, que importen mercancías para su consumo personal, deberán cumplir con lo siguiente:

I. El valor de las mercancías no deberá exceder diariamente del equivalente en moneda nacional o extranjera a 150 dólares.

II. Los residentes que ingresen a territorio nacional en vehículo de servicio particular y en él se transporten más de dos personas, el valor de las mercancías que importen en su conjunto no deberá exceder del equivalente en moneda nacional o extranjera a 400 dólares...”

Entre otros aspectos que deben destacarse de la reglamentación de la franquicia está que cada integrante de una familia tiene derecho a ella, por lo que pueden acumularse si viajan juntos en el mismo medio de transporte, cuya única restricción es que sean residentes de la franja o región fronteriza. Al mismo tiempo, toda persona que ingrese o salga del país, y lleve consigo cantidades superiores al equivalente a 10 mil dólares, tiene obligación de declararlos.

Independientemente de los bienes que formen parte de la franquicia a que cada persona tiene derecho, hay algunos artículos que pueden ser ingresados al país sin necesidad de hacer pago de impuestos por ellos, ya que son mercancía que forma parte de tu equipaje personal, tales como dos cámaras fotográficas o de videograbación, libros, revistas y documentos impresos.

Aunado a lo anterior, también vemos la situación de los adultos mayores y de las personas con discapacidad, quienes tienen la posibilidad de ingresar artículos sin obligación de pagar impuestos por ellos, mismos que por sus características, suplen o disminuyen sus limitaciones físicas, tales como lo son las andaderas, las sillas de ruedas, las muletas, los bastones, u otros aparatos de esa naturaleza.

No obstante que son principios constitucionales en materia tributaria, recientemente se le ha dado mayor énfasis a la igualdad y equidad para establecer el pago generalizado de las contribuciones en nuestro país, tal como sucedió con la homologación al 16 por ciento del Impuesto al Valor Agregado en todo territorio nacional, por lo que a pesar de ello, se siguen advirtiendo de las reglas antes transcritas, la institución de contribuciones en las que las personas que residen en la franja fronteriza de 20 kilómetros, se encuentran en desventaja respecto de los residentes en el centro del territorio nacional, al imponerles un tope de tan sólo 150 dólares en el pago de las franquicias por ingresos, a diferencia de los mexicanos del resto del país, cuyo tope es de 400 dólares.

La anterior restricción, además de colocar en una situación de desventaja a los residentes de la franja fronteriza, perjudica sus ingresos económicos y su capacidad de adquisición, lo cual no ocurre con los residentes de los habitantes del resto del país, a quienes se les permitiría ingresar mayor número de productos o de un valor mayor, es contrario al espíritu constitucional.

En ese sentido, es importante señalar que dicha distinción no se encuentra justificada por algún argumento de trascendencia, máxime que la reforma hacendaria de 2013, que ya está operando desde 2014, incluyó la homologación al 16 por ciento del Impuesto al Valor Agregado en todo territorio nacional, quitándole la tasa preferencial del 11 por ciento a la zona fronteriza basándose en la inequidad que implicaba la realización de operaciones a diferentes tasas, lo cual es una circunstancia que se sigue presentando en el pago de contribuciones aduaneras, en un claro perjuicio de los residentes de la franja fronteriza de 20 kilómetros, por lo que es necesario que todas las disposiciones legales y reglamentos, guarden armonía y el principio de igualdad este contenido en sus respectivos articulados.

Es importante considerar que estamos en el mes de septiembre de 2017 y es buen momento para que el Servicio de Administración Tributaria, en preparación al ejercicio fiscal 2018, efectúe los estudios y análisis técnicos necesarios para realizar los cambios que reflejen la igualdad en el pago de las contribuciones aduaneras previstas en las Reglas Generales de Comercio Exterior para ese año, como lo son las franquicias por ingresos, colocando en un marco de equidad a todos los residentes de nuestro país, y que de esa manera, el pago de las contribuciones sea equilibrado.

Por todo lo antes expuesto, el suscrito plantea ante esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente:

Proposición con punto de acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Servicio de Administración Tributaria a que en el ejercicio de sus facultades legales previstas en la fracción III del artículo 14 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, efectúe los estudios y análisis necesarios para desarrollar los cambios en el establecimiento de las contribuciones aduaneras contenidas en las Reglas Generales de Comercio Exterior para el ejercicio fiscal 2018, tomando en consideración el plano de igualdad en el que se deben encontrar todos los mexicanos en el cobro de las franquicias de ingreso a territorio nacional, de conformidad con la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2017

Diputado Francisco Saracho Navarro (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Reguladora de Energía y la SHCP a reclasificar las tarifas domésticas de la CFE en Morelos, Allende y Villa Unión, Coahuila de Zaragoza, a cargo del diputado Francisco Saracho Navarro, del Grupo Parlamentario del PRI

El diputado federal, Francisco Saracho Navarro, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás disposiciones jurídicas aplicables, somete a consideración de esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Es importante reconocer que en la actualidad la energía eléctrica juega un papel indispensable en nuestra cotidianidad, ya que interviene en cualquier tipo de situaciones, desde la realización de las actividades domésticas más elementales, hasta en cualquier otra actividad que pudiera revestir trascendencia en cualquier ámbito de la vida de nuestro país. Sin la electricidad, la mayor parte de las actividades que desempeñamos o que disfrutamos no serían posibles, por lo que se ha convertido en una permanente exigencia en todo sentido.

Sobre ese particular, es importante señalar que el goce de la energía eléctrica es un presupuesto que refleja progreso para los habitantes de un determinado lugar o región, al ser un elemento que les brindaría la posibilidad de tener una vida en condiciones dignas, además de ser impulsor de infinidad de procesos en los cuales existe interés de tipo económico, académico, político, social, científico, cultural, por mencionar sólo algunos rubros, lo cual obedece a las implicaciones y a los alcances positivos que traerían consigo, tal como se ha afirmado antes.

En términos del artículo 2 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, este organismo es una empresa productiva del Estado, propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que gozara de autonomía técnica, operativa y de gestión, cuyo objeto, de conformidad con el primer párrafo del artículo 5 del mismo ordenamiento legal, es prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica en todo el país, por cuenta y orden del Estado mexicano.

En ese sentido, de acuerdo a lo previsto en la fracción IV del artículo 12, de los artículos 138 y 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, del artículo 47 del Reglamento de esta ley, así como de la fracción X del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Comisión Reguladora de Energía y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, establecer, ajustar y reestructurar tarifas por el suministro de energía que brinda la Comisión Federal de Electricidad, que deberán ser cubiertas por los usuarios.

El reajuste de las tarifas por el suministro de energía, podrá suceder siempre que exista una causa justificada y que la misma sea para generar un beneficio para los usuarios de una determinada región, tal como puede ser considerada una situación de carácter climático, a la cual se encuentran sujetas durante todo el año, y cuyos efectos tienen que ser mitigados con aparatos ventiladores o aparatos de aire acondicionado, según la época de que se trate, ya sea calor y de calefactores en las épocas de más frío, lo que sin duda incrementa el consumo eléctrico y las tarifas a cubrir.

Ahora bien, es importante señalar que las tarifas eléctricas que han sido fijadas por la Comisión Reguladora de Energía y por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se clasifican en tarifas específicas, entre las que se encuentran la de servicio doméstico, doméstico de alto consumo, servicio público, agrícola, acuícola y temporal; simultáneamente a ello, encontramos a las tarifas generales, las cuales incluyen a las de baja, media y alta tensión, así como de servicio de respaldo e interrumpible. Las tarifas para el suministro y venta de energía eléctrica son clasificadas tomando en consideración su uso y el nivel de tensión, lo se puede comprender de la siguiente manera:

1) Domésticas: 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F y Doméstica de Alto Consumo (DAC)

2) Servicios públicos: 5, 5-A y 6 cuotas mensuales autorizadas

3) Agrícola: 9, 9M, 9-CU y 9-N cuotas mensuales autorizadas

4) Temporal: 7 cuotas mensuales autorizadas

5) Acuícola: EA

6) Generales en baja tensión: 2 y 3 cuotas mensuales autorizadas

7) Generales en media tensión: O-M, H-M Y H-MC cuotas mensuales autorizadas

8) Media tensión con cargos fijos: OMF, H-MF Y H-MCF cuotas mensuales autorizadas

9) Generales en alta tensión: HS, HS-L, HT y HT-L cuotas mensuales autorizadas

10) Alta tensión con cargos fijos: HSF, HS·LF, HTF y HT·LF

11) Respaldo: HM-R, HM-RF, HM-RM, HS-R, HS-RF, HS-HM, HT-R, HT-RM cuotas mensuales autorizadas

12) Servicio interrumpible: 1-15 e 1-30 cuotas mensuales autorizadas.

Para efectos de la presente propuesta, existen ocho tipos de tarifas eléctricas para uso exclusivamente doméstico, las cuales han sido denominadas como la tarifa 1, categoría en la que están incluidas las tarifas 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F, así como la doméstica de alto consumo (DAC), las cuales fueron diseñadas para cobrar precios menores en zonas donde existen condiciones climáticas extremas, debido al alto consumo de energía eléctrica por el uso de aparatos que mitigan los efectos climáticos en temporada de calor o frio extremo, esto es, principalmente en el norte del país, en donde el alto consumo de energía eléctrica es constante durante todo el año.

Tomando en consideración el Informe de Resultados de la Comisión Federal de Electricidad durante 20151 , podemos observar que gobiernos de entidades federativas como Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Baja California, celebraron con la Comisión Federal de Electricidad, convenios en los cuales se acordó apoyar a la población con un subsidio en el pago del consumo doméstico de energía eléctrica, y que de esa forma les sea aplicada la tarifa 1D durante el periodo de verano de ese año.

Del mismo modo, Nuevo León y de Veracruz también celebraron convenios con la Comisión Federal de Electricidad, con la finalidad de reclasificar las tarifas eléctricas en 4 de sus municipios, respectivamente, lo cual también obedeció a circunstancias de carácter climático.2

En el caso concreto de Coahuila de Zaragoza, las temperaturas que durante el año se presenta en los municipios de Morelos, Allende y Villa Unión, varían de forma extrema, puesto que la temperatura que se siente durante primavera y verano en promedio llega a los 45° C, e incluso ha habido ocasiones en las que ha llegado a los 50° C, y durante otoño e invierno se llegan a registrar la baja de 0° C hasta -5° C, por lo que ante esas circunstancias, los habitantes de dicha región tienen que implementar en sus hogares, aparatos ventiladores o aparatos de aire acondicionado en los meses de más calor y de calefactores o calentadores en las épocas de más frío, con la finalidad de mitigar el clima extremo, sin embargo, tal medida ocasiona que se incremente el consumo de energía eléctrica, y por ende, las erogaciones son mayores, afectando el presupuesto familiar, motivo por el que resulta justificado que sean revisadas y reclasificadas las tarifas eléctricas en esas municipalidades coahuilenses, lo cual tiene el carácter de urgente por estar en pleno verano, con su consecuente aumento en las temperaturas, además de estar relativamente cercano el otoño e invierno, época en que se resienten los efectos de las temperaturas gélidas.

Es necesario establecer que en los municipios coahuilenses de Morelos, Allende y Villa Unión se aplica la tarifa 1C3 , la cual no corresponde a las condiciones climáticas que se dejan sentir en la región, ya que tal circunstancia ocasiona que el consumo de energía eléctrica, por parte de los usuarios, sea muy alto, y en consecuencia, los pagos que realizan se desfasen de sus ingresos económicos, por lo que es necesario que intervengan la Comisión Reguladora de Energía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como las autoridades que intervienen en el proceso de aprobación y asignación de tarifas al suministro de energía eléctrica, con la finalidad de que las mismas sean reclasificadas y se otorgue la 1D, tal como sucede en otros estados o municipios.

Es importante que en esa reclasificación exista asequibilidad, haciendo correspondencia con los ingresos y las condiciones socioeconómicas de dicha población.

Es importante destacar que los municipios de Morelos, Allende y Villa Unión, junto a los municipios de Nava y Zaragoza, también de Coahuila, conforman la llamada región de “Los 5 Manantiales”, en la que también cuentan con las mismas condiciones climáticas extremas, sólo que en Nava y Zaragoza sorprendentemente cuentan con la tarifa eléctrica 1E4 , lo que les permite a sus habitantes, afrontar las erogaciones por su consumo eléctrico sin causar perjuicio al presupuesto familiar, razón por la que tiene mayor relevancia la presente proposición con punto de acuerdo, puesto que lo correcto es que los municipios que conforman una región, como lo son “Los 5 Manantiales”, al tener las mismas condiciones climáticas, deban ser homologados al asignarles la tarifa 1E ante la Comisión Federal de Electricidad.

Una de las razones por las que se ha complicado reajustar tales tarifas, es por la imprecisión que existe en las mediciones de temperatura media que la Comisión Nacional del Agua lleva a cabo en los municipios coahuilenses de Morelos, Allende y Villa Unión, mediante aparatos o equipos de la estación climatológica en esas localidades, al colocarlos en lugares donde no se refleja la temperatura real percibida en las zonas habitacionales de dichos municipios, evitando que con los datos recabados en sus registros, pueda considerarse una probable reclasificación en las tarifas.

Debido a cada una de las circunstancias antes referidas y a la problemática generada por las mismas, en la que se encuentran involucradas la Comisión Reguladora de Energía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es que se les exhorta para que cada una en el marco de su respectiva competencia, verifiquen su participación y atribuciones dentro del proceso de asignación de tarifas por el suministro de energía eléctrica en los municipios de Morelos, Allende y Villa Unión, con la finalidad de generar la información veraz que permita reclasificar dichas tarifas, homologándolas con las tarifa 1E con que cuentan en los municipios de Nava y Zaragoza, también en el estado de Coahuila de Zaragoza, como una forma de apoyar la economía familiar que se ve afectada por los altos consumos de energía eléctrica que se realiza en la región, debido a las condiciones climáticas extremas que se dejan sentir durante todo el año.

Por lo expuesto, es que me permito someter a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los titulares de la Comisión Reguladora de Energía y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que reclasifiquen en los municipios de Morelos, Allende y Villa Unión, en el estado de Coahuila de Zaragoza, las tarifas por el servicio eléctrico doméstico que brinda la Comisión Federal de Electricidad, homologándolas con las tarifa 1E con que cuentan en los municipios de Nava y Zaragoza de ese mismo estado, como una forma de apoyar la economía familiar que se ve afectada por los altos consumos de energía eléctrica que se realiza en la región, debido a las condiciones climáticas extremas que se dejan sentir durante todo el año.

Notas

1 Informe Anual 2015 Comisión Federal de Electricidad, página 54.

2 Obra citada, nota número 1, página 55.

3 Ver en

http://www.cfe.gob.mx/casa/Conocetutarifa/Paginas/Acuerd os-que-autorizan-o-modifican-tarifas.aspx “La tarifa 1C se aplicara a todos los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente doméstico, para cargas que no sean consideradas de alto consumo de acuerdo a lo establecido en la Tarifa DAC, conectados individualmente a cada residencia, apartamento, apartamento en condominio o vivienda, en localidades cuya temperatura media mensual en verano sea de 30 grados centígrados, como mínimo. Estos Servicios sólo se suministraran en baja tensión y no deberá aplicárseles ninguna otra tarifa de uso general. Se considerará que una localidad alcanza la temperatura media mínima en verano de 30 grados centígrados, cuando alcance el límite indicado durante tres o más años de los últimos cinco de que se disponga de la información correspondiente. Se considerara que durante un año alcanzo el limite indicado cuando registre la temperatura media mensual durante dos meses consecutivos o más, según los reportes elaborados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales” Consultado el 27 de mayo de 2016.

4 Ver en

http://www.cfe.gob.mx/casa/Conocetutarifa/Paginas/Acuerd os-que-autorizan-o-modifican-tarifas.aspx... “La tarifa 1E se aplicara a todos los servicios que destinen la energía para uso exclusivamente doméstico, para cargas que no sean consideradas de alto consumo de acuerdo a lo establecido en la Tarifa DAC, conectados individualmente a cada residencia, apartamento, apartamento en condominio o vivienda, en localidades cuya temperatura media mensual en verano sea de 32 grados centígrados, como mínimo. Estos Servicios sólo se suministraran en baja tensión y no deberá aplicárseles ninguna otra tarifa de uso general. Se considerará que una localidad alcanza la temperatura media mínima en verano de 32 grados centígrados, cuando alcance el límite indicado durante tres o más años de los últimos cinco de que se disponga de la información correspondiente. Se considerara que durante un año alcanzo el limite indicado cuando registre la temperatura media mensual durante dos meses consecutivos o más, según los reportes elaborados por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales” Consultado el 27 de mayo de 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2017.

Diputado Francisco Saracho Navarro (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 192 aniversario de la anexión de Chiapas a México, a cargo del diputado Hernán de Jesús Orantes López, del Grupo Parlamentario del PRI

Es un enorme privilegio y un orgullo para los chiapanecos conmemorar el 14 de septiembre de 1824, fecha en la que nuestros abuelos decidieron libremente federarnos a la república mexicana y con ello contribuir de manera decidida al progreso y crecimiento de esta gloriosa nación, de la cual nos sentimos profundamente orgullosos.

Chiapas es raíz y origen de México; posee una rica gama de costumbres, tradiciones y creencias, que conviven de manera extraordinaria, pues en cada uno de los grupos étnicos que allí habitan, están nuestros orígenes.

Esos pueblos originarios son testigos y protagonistas del surgimiento de una nueva nación, que nos recibiría con los brazos abiertos.

Hace 192 años y derivado de una auténtica expresión democrática, expresamos públicamente nuestro deseo de que Chiapas perteneciera a México, así como también sus riquezas naturales, demostrando de esta manera nuestra mexicanidad.

A partir de nuestra anexión a México, los chiapanecos hemos contribuido y participado de manera sobresaliente en todos los movimientos que han transformado al país.

Mi estado es el único de la republica que, a través del plebiscito, decidimos abrazar el estandarte tricolor y profesar el himno nacional mexicano.

Por nuestra riqueza cultural, por nuestro gran sentido de pertenencia y por nuestros orígenes, nos sentimos el corazón de México.

La sociedad chiapaneca ha registrado algunos avances y el desarrollo de la infraestructura ha facilitado el crecimiento de ciertas actividades económicas. No obstante, seguimos registrando altos niveles de atraso y pobreza.

Continuamos con grandes rezagos en educación, vivienda y salud. Hay mucha demanda social insatisfecha y los problemas políticos enfrentan a nuestra gente.

A los rezagos ancestrales que tiene mi estado, en estos momentos se suman los daños causados por los sismos recientes.

Hoy más que nunca requerimos de la solidaridad de todo el pueblo de México.

Por esta razón, y ante la necesidad de hacer recortes presupuestales para mantener el equilibrio económico del país, pido desde esta alta tribuna que a la hora de los ajustes se considere la situación especial de mi estado.

Chiapas lo que necesita es un presupuesto mayor, además de la inyección de programas que impulsen su desarrollo.

Contamos con gente trabajadora ansiosa de crecer y tener oportunidades, pero sobre todo gente que posee un gran amor por la patria. Hagamos algo por ella.

¡Que viva Chiapas! ¡Que viva México!

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2017.

Atentamente

Diputado Hernán Orantes López (rúbrica)

Con motivo del 14 de septiembre, por la federación de Chiapas a México, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, María Elena Orantes López, integrante de la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante el pleno de esta soberanía la efeméride del 14 de septiembre por el aniversario 193 de la federación de Chiapas a México:

Efeméride

Hace 193 años, se llevó a cabo un plebiscito en el que el pueblo chiapaneco decidió que Chiapas se declarara a favor de la adhesión a la República Mexicana. Ello, daba continuidad a la participación de Chiapas en el desarrollo inicial de nuestro país desde el primer Congreso Constituyente de México independiente, en 1822, en el que el pueblo chiapaneco participó con varios de los 21 diputados que representaron a Chiapas y Centroamérica1 .

Sin embargo, esa participación determinó que la vocación republicana de las chiapanecas y los chiapanecos mantuviera a Chiapas en condición de independencia hasta que, tras el nacimiento de la República, decidió incorporarse a México en 1824, mediante un ejercicio de democracia directa.

En consecuencia, se consumó una coyuntura histórica de cultura cívica y sentimiento de mexicanidad manifestada voluntariamente que representó una excepción en el siglo XIX mexicano, plagado de separaciones y desmembramientos territoriales, pero, tras casi 200 años de integración, el saldo de la unificación en la vida de sus habitantes, desafortunadamente marca una de las injusticias sociales más lastimeras de nuestra vida nacional contemporánea.

Resulta una injusticia social monumental porque persistentemente, ese pedazo de patria que decidió unirse voluntariamente, ha quedado relegado en la incorporación de las conquistas sociales de nuestro país; porque junto a Tabasco, sumando sólo 20 por ciento de nuestra extensión territorial, aportan 50 por ciento del escurrimiento anual total del país pero sólo 33.33 por ciento de la población chiapaneca cuenta con agua potable y entubada en su domicilio2 y sólo el 50 por ciento de los domicilios cuentan con drenaje3 ; porque aunque en Chiapas se genera la mayor parte de la energía eléctrica de la región sureste del país, que en 2016 representaba 24 por ciento de la capacidad efectiva de operación de la Comisión Federal de Electricidad, en 2010, Chiapas era la tercera entidad federativa con mayor porcentaje de población sin servicio eléctrico4 ; porque a pesar de ser el quinto productor nacional de ganado bobino5 y uno de los productores nacionales más importantes de productos agrícolas de alto valor como el maíz, café y azúcar6 , aún un cuarto de la población chiapaneca tiene niveles de pobreza que implican carencia alimentaria y, en 2012, 74.7 por ciento de las chiapanecas y los chiapanecos estaban en situación de pobreza7 , y porque a pesar de haber inspirado o generado talentos nacionales de la talla universal como Jaime Sabines, Rosario Castellanos, Mario Ruiz Suásnavar, Eraclio Ramos Zepeda, Amparo Meza Cruz conocida como “Amparo Montes” o Manuel Velasco Suárez, en 2015, aun se reportaba un índice de analfabetismo equivalente a tres veces el promedio total nacional8 .

Potencializadas por estas circunstancias de injusticias sociales, ocasionalmente se presentan fenómenos naturales que se traducen en destrucción y pérdidas humanas y profundizan las dificultades socioeconómicas de la población chiapaneca, acrecentando los retos que Chiapas tiene en el inicio del siglo XXI.

Mucho se ha dicho que los tiempos de crisis, son también tiempos de oportunidades. Las chiapanecas y los chiapanecos no flaquearemos ante la desgracia, no permitiremos que la tragedia nos paralice, ni que las adversidades nos desanimen. Vamos a enfrentar los retos de nuestra generación con determinación y con la confianza de que lograremos legar un Chiapas para México, mejor que el que recibimos.

Como siempre, desde Chiapas seguiremos luchando para que México siga creciendo, pero con mayor equidad social y generando más oportunidades de desarrollo que refrenden nuestra indeclinable voluntad, solidaridad y dignidad para resurgir ante las dificultades.

Notas

1 Mario Vázquez Olivera, Ponencia: La incorporación de Chiapas a México. Disponible en la reseña del comunicado del INHERM sobre el Foro “190 años de la incorporación de Chiapas al Pacto Federal”, disponible en: http://www.inehrm.gob.mx/work/models/inehrm/Resource/589/1/images/COMUN ICADO%20CHIAPAS%2024%20SEP.pdf

2 Informe: Situación de los Recursos Hídricos 2, publicada por la Conagua y disponible en: http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Contenido/Documentos/SINA/Capitulo_ 2.pdf Asimismo, se puede constatar el dato en sistema de Estadísticas Censales a Escalas Geoelectorales del IFE e Inegi, contemplando disponibilidad de drenaje en viviendas habitadas de Chiapas, disponible en: http://gaia.inegi.org.mx/geoelectoral/viewer.html#

3 Del sistema de Estadísticas Censales a escalas Geoelectorales del IFE e Inegi, contemplando disponibilidad de drenaje en viviendas habitadas de Chiapas, disponible en: http://gaia.inegi.org.mx/geoelectoral/viewer.html#

4 Información Disponible en

http://www.revista.unam.mx/vol.11/num2/art24/int24e.htm

5 Encuesta Nacional Agropecuaria 2014, elaborada por Inegi y Sagarpa, disponible en: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/agropecuaria s/ena/ena2014/

6 Informe Agrícola 2015, divulgado por el Comité de Información Estadística y Geográfica de Chiapas, disponible en: http://www.ceieg.chiapas.gob.mx/home/wp-content/uploads/downloads/produ ctosdgei/info_estadistica/PublicacionesCEIEG/Agricultura/Agricultura_Ch iapas.pdf

7 Coneval, Chiapas 2010-2012 Indicadores de Pobreza, disponible en http://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/Documents/folletos_pobr ezayrezagosocial/chiapas_pob_rez_soc.pdf

8 Información Económica y estatal, Gobierno del Estado de Chiapas, disponible en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/113585/chiapas.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2017.

Diputada María Elena Orantes López (rúbrica)

Con motivo del 15 de septiembre, Día Mundial del Linfoma, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

En el año de 1832, el médico británico Thomas Hodgkin fue el que describió por primera ocasión el cáncer de Linfoma, y es por ello que se le denominó Linfoma de Hodgkin (LN), y también existe el Linfoma No Hodgkin (LNH). Aunque él reconoce que quizá la enfermedad haya sido descubierta por el médico italiana Marcello Malpighi, en el año de 1666.1

Desde hace más de una década se conmemora el Día Mundial del Linfoma, cada 15 de septiembre, creado por la Organización Lymphoma Coalition o Coalición del Linfoma en el año de 2004. Los datos que se tienen es que al año fallecen 200 mil personas en el mundo relacionadas con este cáncer. Los linfomas son tumores malignos que tienden desarrollar distintos tipos de nódulos en el sistema linfático, el tratamiento va a depender de que tan grave sea el tipo de cáncer que se tenga.2

Son 3 los tipos de Linfomas que los que se tienen conocimiento, el indolente, el agresivo y el altamente agresivo.

El Linfoma indolente es aquel que crece de una manera lenta. Los enfermos que padecen este tipo de Linfoma llegan a vivir muchos años incluso sin recurrir a ningún tipo de tratamiento.

A diferencia del Linfoma Indolente, los Linfomas agresivo y altamente agresivo, suelen desarrollarse de una manera rápida, y si no se le detecta a tiempo a la persona que lo padece para darle tratamiento, las expectativas de vida, son si bien le va, de meses. Por fortuna estos Linfomas tienden a responder adecuadamente al tratamiento de quimioterapia y la gran mayoría de los casos se alivian.3

Aunque no es fácil poder determinar si una persona sufre de linfoma, ya que los primeros síntomas de este padecimiento como fiebre, cansancio o inflamación de los ganglios linfáticos, se pueden llegar a confundir fácilmente con una gripe o alguna otra enfermedad viral. Lo que en verdad preocupa es que si cualquier clase de linfoma no es tratado a tiempo existe la posibilidad de que el paciente tenga consecuencias irremediables en un lapso de muy corto de tiempo.

Que es el Linfoma

El linfoma es un cáncer que comienza en las células del sistema linfático. El sistema linfático forma parte del sistema inmunitario que nos ayuda a defender nuestro cuerpo de infecciones y diferentes enfermedades, también es uno de los conductos para que circulen líquidos por nuestro organismo. Lo componen los ganglios linfáticos que son pequeños nódulos que están a lo largo de los vasos linfáticos, distribuidos en las axilas, pelvis, cuello, abdomen e inglés, también existen tejidos linfáticos en las amígdalas, el bazo, el timo, la medula ósea y el tracto digestivo.4

Todos estamos expuestos a tener Linfoma, debido a que el tejido linfático se encuentra en todo el cuerpo por esa razón este cáncer puede producirse en cualquier parte nuestro organismo.

Los síntomas más comunes son:

Hinchazón indolora en los ganglios linfáticos de la parte superior del cuerpo, que se puede sentir en el cuello, la zona de la clavícula, axilas o ingle.

Fiebre, especialmente por la noche.

Sudores, escalofríos o cambios de temperatura.

Pérdida de peso inexplicable.

Pérdida de apetito. Fatiga y cansancio inusuales.

Tos persistente.

Disnea.

Picazón persistente en todo el cuerpo sin causa aparente o sarpullido.

Inflamación en las amígdalas.

Dolor de cabeza5

El Linfoma puede presentarse a cualquier edad, pero las edades donde es más común que se desarrolle este cáncer son entre los 15 y 34 y después de los 60 años, y en casos muy especiales puede llegar a aparecer a los 10 años. Por último las estadísticas muestran que los hombres suelen padecer Linfoma más que las mujeres.6

Los datos que proporciona el proyecto Globocan (incidencia, mortalidad y prevalencia del cáncer en todo el mundo) en el 2012, muestran que en nuestro país la tasa de personas que sufren y fallecen por Linfoma son de la siguiente manera: para los hombres es de 4.5 por cada 100 mil, con una tasa de mortalidad del 2.1 por cada 100 mil, y para las mujeres es de 3.3 por cada 100 mil, con una tasa de mortalidad de 1.6 por cada 100 mil. Y que el Linfoma No Hodgkin (LNH) es la tercera causa de muerte en el hombre y la sexta en la mujer.7

Notas

1 News Medical Life Sciences, Historia del Linfoma de Hodgkin, Dr. Ananya Mandal. 19 de agosto de 2014

https://www.news-medical.net/health/Hodgkins-Lymphoma-Hi story-(Spanish).aspx

2 Día-de.com, Día del Linfoma, http://www.dia-de.com/linfoma/

3 Cuídate, Linfoma, 15 de septiembre de 2015. http://www.cuidateplus.com/enfermedades/cancer/linfoma.html

4 American Cáncer Society, Que es el Linfoma de Hodgkin, 10 de febrero de 2017.

https://www.cancer.org/es/cancer/linfoma-hodgkin/acerca/ que-es-enfermedad-de-hodgkin.html

5 Intramed, Día Mundial del Linfoma, 14 de septiembre de 2015 http://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoID=87747

6 Ministerio de Educación y Cultura de Paraguay, Día Mundial del Linfoma, 2 de septiembre de 2009.

https://www.mec.gov.py/cms_v2/recursos/7698-dia-mundial- del-linfoma

7 El Financiero, Hoy se Conmemora el Día Mundial del Linfoma; cada año 350 mil casos, 15 de septiembre de 2014.

http://www.elfinanciero.com.mx/sociedad/hoy-se-conmemora -el-dia-mundial-del-linfoma-cada-ano-350-mil-casos.html

Palacio Legislativo de San Lázaro a 14 de septiembre de 2017

Atentamente

Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica)