Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a cancelar en definitiva el permiso otorgado al programa de manejo forestal del ejido Soledad de Zaragoza, a cargo de la diputada Delia Guerrero Coronado, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Delia Guerrero Coronado , diputada federal de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos instituye que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, por lo que el Estado debe garantizar el respeto a este derecho. Asimismo, prevé que el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

Este derecho consagrado en la Constitución estuvo en grave riesgo en la huasteca potosina, como resultado de la autorización del Programa de Manejo Forestal del Ejido Soledad de Zaragoza, la cual implicaba permitir la tala de entre 2 mil y 3 mil hectáreas de bosque de niebla en Xilitla, considerado por la población huasteca como un patrimonio natural.

El bosque de niebla ubicado en este Municipio de San Luis Potosí es refugio de una gran cantidad de especies como puma, ocelote, venado, coatí, árboles de 35 metros de altura, orquídeas y bromelias, tan solo por mencionar algunas.

El bosque mesófilo de montaña (o de niebla) es un ecosistema amenazado a nivel nacional. Actualmente cubre menos del 1 por ciento del territorio nacional, sin embargo, se calcula que hospeda el 12 por ciento de la flora del país. Además de los efectos del cambio climático, este tipo de ecosistema peligra por la implementación de proyectos que no miden adecuadamente sus impactos ambientales y terminan acabando con la flora y la fauna de nuestro país.

Este parece ser el caso del Programa de Manejo del Ejido Soledad de Zaragoza, que había obtenido el permiso correspondiente, a pesar de que esta zona, contaba con el estatus de Reserva Forestal Nacional Porción Boscosa, derivado de un decretado publicado por el Presidente Álvaro Obregón en 1923, y razón por la cual la zona cuenta con la protección institucional de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). Se presume que la Conanp ni siquiera había dado su opinión ni autorización a dicho programa de manejo.

De acuerdo con el Grupo Ecológico Sierra Gorda, el Programa de Manejo Forestal del Ejido Soledad de Zaragoza ponía en riesgo una parte importante del capital natural de la huasteca por las siguientes razones:

• Las actividades de tala y el disturbio que ocasionarán afectarían la capacidad de recarga hídrica de la región, queronda los 3,500 millones de metros cúbicos de agua anuales.

• Pone en peligro a la comunidad de plantas epífitas presentes, tanto bromelias como orquídeas.

• Amenaza especies con estatus de protección en la NOM ECOL 059 2010, en la Lista Roja de la IUCN y endémicas.

Por sólo mencionar algunas, destacan entre las aves el raro y escaso Chivizcoyo (Dendrortyx barbatus ), codorniz silbadora (Dactylortyx thoracicus ), ajol (Penelope purpurascens ), trepador gigante (Xiphocolaptes promeropirhynchus ), zumbador enano (Atthis heloisa ), trogón de montaña (Trogon mexicanus ), tecolotito serrano (Glaucidium gnoma ) y el micro-endémico tecolotito tamaulipeco (G. sanchezii ).

• También amenaza la vida de felinos silvestres como pumas (Puma concolor ), jaguares (Panthera onca ), ocelotes (Leopardus pardalis ) y margays (Leopardus wiedii ), entre muchas otras de mamíferos como venado temazate (Mazama temama ), coatí (Nasua narica ), mapache (Procyon lotor ), viejo de monte (Eira barbara), grisón (Galictis vittata), martucho (Potos flavus ), tuza real (Cuniculus paca ), puercoespín (Coendu mexicanus ), que utilizan esos bosques y los de la contigua RBSG como hábitat.

• En el caso de los reptiles, se ponen en peligro a la cascabel totonaca (Crotalus totonacus ), la rara lagartija de las bromelias (Abronia taeniata ), además de varias especies de ranas arborícolas y salamandras (Pseudoerycea belli, P. cephalica, P. leprosa, Chiropterotriton magnipes ).

Por el riesgo potencial para el medio ambiente que representa este programa el Grupo Ecológico Sierra Gorda solicitó formalmente a la Semarnat que revocara el permiso concedido.

La respuesta del Ejecutivo

El Ejecutivo Federal no ha sido omiso de esta problemática. El 23 de agosto pasado, la Semarnat anunció la suspensión del permiso de aprovechamiento forestal del ejido Soledad de Zaragoza. Asimismo, destacó que, a pesar de que aún no se había aprovechado el recurso y se mantenía la prohibición hasta un nuevo resolutivo, la zona en cuestión no es un Área Natural Protegida.

En el comunicado se mencionó que la revisión del proceso estará a cargo de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental y que únicamente se cancelará de manera definitiva el proyecto si alguna irregularidad se hiciese presente.

La suspensión deja abierta la posibilidad de que el bosque mesófilo de Xilitla se vea amenazado en un futuro.

Es por ello que consideramos pertinente y de suma importancia, que la suspensión de aprovechamiento de la Semarnat se convierta en una cancelación definitiva, con el propósito de asegurar que esta región sea protegida de cualquier decisión arbitraria que la pudiera poner en riesgo.

Áreas Naturales Protegidas

Debido a la rareza de su existencia y al riesgo ambiental que supondría la pérdida de la región, se estima conveniente considerar la incorporación del bosque mesófilo de Xilitla a las Áreas Naturales Protegidas de nuestro país, con el propósito de que dicha zona y todo lo que deviene de ella, se vea resguardada para nosotros y las futuras generaciones.

Cabe señalar que las Áreas Naturales Protegidas son zonas de gran extensión dentro del territorio nacional, en las cuales el ambiente original no ha sido modificado significativamente por el ser humano y necesitan preservarse o restaurarse debido a su importancia en el ecosistema.

El bosque mesófilo de Xilitla, San Luis Potosí es una región y un actor clave, puesto que su gran contribución al equilibrio ecológico no es siquiera comparable a su pequeña extensión geográfica.

De acuerdo al Reglamento de la Ley General del Equilibro Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Áreas Naturales Protegidas, los criterios para decretar una zona como Área Natural Protegida son los siguientes:

I. Riqueza total de especies;

II. Presencia de endemismos;

III. Presencia de especies de distribución restringida;

IV. Presencia de especies en riesgo;

V. Diferencia de especies con respecto a otras áreas protegidas previamente incorporadas al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas;

VI. Diversidad de ecosistemas presentes;

VII. Presencia de ecosistemas relictuales;

VIII. Presencia de ecosistemas de distribución restringida;

IX. Presencia de fenómenos naturales importantes o frágiles;

Integridad funcional de los ecosistemas;

Importancia de los servicios ambientales generados, y

Viabilidad social para su preservación.

El Bosque de Niebla en Xilitla, San Luis Potosí, cumple con cada una de estas características y creemos que su inclusión al programa debería ser considerada. De este modo, se garantizaría la protección absoluta de un ecosistema repleto de flora y fauna, el cual es vital e indispensable para el desarrollo y el equilibrio de la región.

Por lo demás, es importante apuntar que el Programa de Manejo forestal que se había autorizado, despertó un gran rechazo por parte de la población. Hasta el 28 de agosto de 2017, la solicitud para cancelar el permiso para la tala de 2 mil hectáreas de bosque en Xilitla, S.L.P., publicada en el sitio www.change.org ha reunido 109,156 simpatizantes.

La que suscribe el presente punto de acuerdo considera que es momento de actuar con urgencia y determinación para proteger el bosque de Xilitla.

Por todo lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta Asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se cancele de manera definitiva el permiso otorgado al Programa de Manejo Forestal del Ejido Soledad de Zaragoza, con el fin de evitar la tala de entre 2 mil 3 mil hectáreas de bosque de niebla en Xilitla, San Luis Potosí.

Segundo . Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a iniciar una investigación sobre posibles irregularidades en el otorgamiento del permiso otorgado al Programa de Manejo Forestal del Ejido Soledad de Zaragoza y, en su caso, promueva las sanciones correspondientes.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a estudiar la viabilidad de declarar al bosque de niebla en Xilitla, San Luis Potosí, como Área Natural Protegida, a efecto de contribuir a la preservación de la flora y fauna de la región, así como mantener la representatividad del ecosistema y su biodiversidad.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2017.

Diputada Delia Guerrero Coronado (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que exhorta a los congresos locales a armonizar sus códigos penales con los artículos 381 Bis, 381 Ter y 381 Quáter del federal, a cargo del diputado Gerardo Federico Salas Díaz, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Gerardo Federico Salas Díaz, diputado federal integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 6 fracción I, 79 numeral 2 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que exhorta respetuosamente a los Congresos de las entidades federativas a armonizar sus códigos penales con respecto a los artículos 381 Bis, 381 Ter y 381 Quáter del Código Penal Federal, así como a las autoridades encargadas de impartir justicia en dichas entidades para llevar a cabo acciones en coordinación con la Procuraduría General de la República que permitan una impartición de justicia expedita sobre las denuncias del delito de abigeato, bajo los siguientes

Antecedentes

El pasado 6 de septiembre del 2016 presenté en sesión del Pleno en la Cámara de Diputados una iniciativa que adicionaba diversos artículos al Código Penal Federal, en dicho documento expongo que el abigeato ha sido un problema grave para nuestro país y que con el paso del tiempo ha ido en aumento el número de robo de ganado en diferentes estados de la República Mexicana.

Dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia y dictaminada en sentido positivo.

El 5 de abril del presente año, por unanimidad, con 368 votos a favor, 0 abstenciones, 0 en contra, el proyecto de decreto es aprobado en el Pleno de la Cámara de Diputados, aprobando como delito grave y calificado el abigeato o robo de ganado, con penas que van de 2 a 10 años de prisión y de 3 a 15 años cuando sea cometido por familiares, empleados, servidores públicos o con violencia.

La minuta del proyecto de decreto correspondiente, se presentó ante la Cámara de Senadores, el 6 de abril del presente año; dicha iniciativa fue aprobada por la Cámara de Senadores el 28 de abril por unanimidad de votos, con 82 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.

El dictamen define el concepto de ganado, para los efectos de este delito, a las especies bobina, caballar, asnal, mular, ovina, caprina, porcina o de más de una colonia de abejas. Por la comisión de este delito se impondrán de dos a diez años de prisión y se equiparará con la misma pena, el sacrificio de ganado sin el consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo.

Posteriormente y en cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el día 23 de junio del 2017, es publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforma el artículo 381 Bis y se adicionan los artículos 381 Ter y 381 Quáter del Código Penal Federal.

Consideraciones

Es práctica común que en algunos estados de la república, el abigeato no está considerado como un delito no grave, por lo que los delincuentes salen pagando fianzas muy raquíticas e incluso por debajo del valor del ganado robado, esto se traduce en atractivas ganancias para quienes cometen este ilícito; así mismo los altos índices de corrupción de las autoridades locales en muchas regiones ganaderas del país han propiciado que los dueños del ganado ya no presenten denuncias, en buena medida por el grado de impunidad, corrupción y debilidad de las leyes en las entidades federativas.

Por tal motivo, es de suma importancia que haya una congruencia entre los códigos penales de los estados y el Código Penal Federal; evitar la discrecionalidad en la impartición de la justicia y lograr frenar este delito, ya que el robo de ganado contabiliza pérdidas millonarias para los productores del campo y debido a su éxito, se ha vuelto una práctica común en diversas regiones de nuestro país y que va desde los robos solitarios hasta la práctica cotidiana empleada por el crimen organizado.

Es importante destacar que en la LXIII legislatura del estado de Aguascalientes y en razón de estar en concordancia con la iniciativa que presenté el pasado 6 de septiembre del 2016, aprobó el 22 de julio del 2017 una reforma los artículos 143, 144 y 145 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes.

De igual manera, la XXII legislatura de Baja California, mediante el decreto n°91 del día 15 de junio de 2017 fue aprobada la reforma y adición de los artículos 209, 210 y 211 del Código Penal para el Estado de Baja California.

Estos son dos claros ejemplos, que en el caso del delito de abigeato, se puede armonizar la legislación local con la federal; es en este sentido y en aras de proteger el patrimonio de los productores del campo, se pide exhortar a las legislaturas del resto de las entidades federativas para que realicen las adecuaciones necesarias

De la misma manera, es muy importante resaltar que los Ministerios Públicos tienen la responsabilidad de investigación y persecución de los delitos bajo los principios de legalidad, honradez, profesionalismo, imparcialidad, eficacia y eficiencia, así como el fortalecer la seguridad de los denunciantes, victimas u ofendidos.

Se debe proveer protección general a los denunciantes y asistencia institucional por parte de los servidores públicos encargados de la impartición de justicia, generando medidas de protección a los denunciantes y trasmitiéndoles confianza para que dicha denuncia sea sin temor a represalias.

En este sentido, la presente proposición con Punto de Acuerdo, también tiene como objeto exhortar respetuosamente a las autoridades encargadas de procurar e impartir justicia en las treinta y dos entidades federativas para llevar a cabo acciones en coordinación con la Procuraduría General de la Republica que permitan una impartición de justicia rápida y expedita, que generen condiciones que promuevan la seguridad y confianza de los denunciantes, víctimas y testigos en los cargos de delito de abigeato.

Es urgente y necesario garantizar la protección de los denunciantes de este y de cualquier otro ilícito, el Estado mexicano debe brindar seguridad en las denuncias, de no ser así, los avances legislativos contra estos delitos serán efímeros

Por lo anteriormente descrito, someto a esta soberanía el presente

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a los congresos de las entidades federativas, que no lo han hecho, a fin de armonizar sus códigos penales en relación a los artículos 381 Bis, 381 Ter y 381 Quáter del Código Penal Federal.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a las autoridades encargadas de procurar e impartir justicia en las entidades federativas, para que en el ámbito de sus facultades, pueda llevar a cabo acciones en coordinación con la Procuraduría General de la República que permitan una impartición de justicia expedita y que generen condiciones que promuevan la seguridad y confianza de los denunciantes, víctimas y testigos en los cargos de delito de abigeato.

Palacio Legislativo, a 12 de septiembre de 2017.

Diputado Gerardo Federico Salas Díaz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales a aplicar el impuesto al servicio de hospedaje contratado en la modalidad de intermediarios, promotores o facilitadores, a cargo de la diputada Cecilia Soto González, del Grupo Parlamentario del PRD

Cecilia Soto González, diputada federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo bajo la siguiente

Exposición de Motivos

La economía mexicana.

El pasado 1 de abril de 2017 el Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presentó a la Cámara de Diputados los Pre-criterios Generales de Política Económica para la iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018. En el citado documento se manifiesta que la incertidumbre sobre la dirección en las políticas de comercio internacional de la nueva administración de los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, representa un riesgo para la economía mexicana, por lo que las perspectivas de crecimiento de México en 2017 se han ajustado a la baja.

No obstante que se proyecta para 2018 una mejora en los ingresos federales tributarios y de otras fuentes, se requerirá un ajuste al gasto programable de 43.8 mil millones de pesos incluyendo la inversión de alto impacto económico y social, equivalente 0.2 por ciento del PIB.

Los ingresos de las entidades federativas.

En México, los ingresos de las entidades federativas dependen en gran medida de transferencias federales gracias al acuerdo firmado entre las entidades federativas y la Federación y que está indicado en la Ley de Coordinación Fiscal. En 2015 las transferencias federales a las entidades federativas representaron el 86% del total de sus ingresos; 9.4% de ingresos propios provenientes del cobro de impuestos, productos, aprovechamientos, derechos y contribuciones por mejoras; el resto, el 4.6% fue ingreso por financiamiento y otros rubros.

Como puede apreciarse, los ingresos propios de las entidades federativas representan sólo un pequeño porcentaje del total de los ingresos, por lo que se aprecia que los gobiernos locales tienen una fuerte dependencia de las participaciones y aportaciones federales. Al tener, en promedio, una recaudación propia de sólo el 9.4% de los recursos con respecto al total de los ingresos, significa que nueve de cada diez pesos que reciben las entidades federativas provienen de recursos federales. Esto demuestra la alta dependencia hacia la Federación y las limitaciones de acción para las entidades que esto conlleva.

La economía compartida.

La economía compartida es aquella que facilita el intercambio directo de bienes y servicios entre particulares, fomenta considerablemente el emprendimiento e incentiva a los particulares a establecer su pequeño negocio.

El avance tecnológico que dio lugar al auge de las redes sociales, han redefinido, con este nuevo modelo de empresa, muchas de las industrias consideras tradicionales, aprovechando las TIC, en la forma de plataformas digitales. Los siguientes negocios son ejemplos de economía compartida: UBER, que contacta al dueño de un auto con el solicitante de servicio de transporte; RELARIDES, que permite a las personas rentas sus autos; SNAPGOODS, que permite a los usuarios rentar diversos bienes, por ejemplo, instrumentos musicales; AIRBNB conecta a los huéspedes con los anfitriones que prestan el servicio de hospedaje.

La compañía estadounidense AIRBNB en los años recientes ha tenido un crecimiento espectacular en todo el mundo; ofrece su servicio a partir de una plataforma digital y opera en miles de ciudades de 191 países.

Para ofrecer o solicitar alojamiento, los usuarios deben ponerse en contacto en el portal de la empresa y registrarse. El negocio se sustenta en que AIRBNB cobra al anfitrión una comisión por servicio, la cual ya está incluida en el pago del huésped. Los anfitriones establecen la tarifa y AIRBNB cobra la cantidad correspondiente a los huéspedes cuando realizan la reservación: el monto de la contraprestación, menos la comisión cobrada por AIRBNB se transfiere al dueño del inmueble hasta las 24 horas después de que el huésped llega al alojamiento.

En nuestro país el crecimiento de la oferta de hospedaje en esta modalidad ha sido muy rápido; existe una oferta de más de veinte mil alojamientos, la mayoría en la Ciudad de México y en la Rivera Maya. Sin duda el desarrollo de esta actividad ha sido positiva para la economía del país, pero no contribuye con el erario público, toda vez que no se aplica ningún tributo por el servicio. Los negocios formalizados prestadores de servicio de hospedaje aplican al huésped el Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje.

A la fecha sólo en la Ciudad de México se aplica una contribución al usuario del hospedaje en la modalidad de economía compartida. Por medio de la reforma al artículo 162 de Código Fiscal del Distrito Federal se hace posible que quienes presten servicios de hospedaje estarán obligados al pago del impuesto por la prestación de servicios de hospedaje, en los supuestos siguientes:

Artículo 162.- Están obligados al pago del Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje, las personas físicas y las morales que presten servicios de hospedaje en la Ciudad de México.

...

I. ...

II. Áreas de pernoctación destinadas a albergues móviles, tales como campamentos, o paraderos de casas rodantes.

III. Departamentos y casas, total o parcialmente.

En los supuestos previstos en las fracciones II y III de este artículo, cuando intervenga una persona física o moral en su carácter de intermediario, promotor o facilitador en el cobro de las contraprestaciones por servicios de hospedaje y en caso de que se cubra a través de ella lo correspondiente al Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje, ésta deberá ser quien entere el pago del impuesto correspondiente a la autoridad fiscal.

...

En atención a las disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México, la empresa Airbnb, como intermediaria en la prestación del servicio, retiene el impuesto y posteriormente lo entera a la autoridad fiscal de la Ciudad de México.

Por su parte, existe también una disposición de esta naturaleza en la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, que fue adicionada en diciembre de 2016, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 172. Son sujetos de este impuesto las personas físicas, morales o las unidades económicas que presten los servicios objeto de este gravamen.

(Adicionado segundo párrafo, P.O. 30 de diciembre de 2016)

Son responsables solidarios del pago de este impuesto los intermediarios o facilitadores de la prestación de los servicios de hospedaje, ya sea que se realicen a través de internet o de cualquier otro medio electrónico, respecto de personas físicas, morales o las unidades económicas contribuyentes del impuesto.

Con el fin de incrementar los ingresos propios de otras entidades federativas, es necesario que se implemente una contribución análoga en el resto de las entidades en las que opera esta modalidad de economía compartida; lo que se propone es hacer extensiva esta contribución también a la modalidad de economía compartida que ofrece AIRBNB y otras empresas, y que actualmente ya se aplica al servicio tradicional de hospedaje en hoteles.

Por lo expuesto, se somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a los Congresos de la entidades federativas para que, en atención a la facultad de imponer contribuciones para cubrir el presupuesto, legislen para implementar las modificaciones pertinentes a la normatividad hacendaria local, con el fin de aplicar el impuesto al servicio de hospedaje, a los servicios de hospedaje contratados bajo la modalidad de intermediarios, promotores o facilitadores de la prestación de los servicios de hospedaje, que se realicen a través de internet o de cualquier otro medio electrónico, quienes deberán ser quienes enteren el pago del impuesto a la autoridad correspondiente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2017.

Diputada Cecilia Soto González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la instalación de una generadora de energía con basura en Tepojaco, localizada en Tizayuca, Hidalgo, a cargo de la diputada Sandra Luz Falcón Venegas, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Sandra Luz Falcón Venegas, diputada de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México se recolectan diariamente 86 mil 343 toneladas de basura, es decir, 770 gramos por persona y son generadas principalmente en viviendas, edificios, calles y avenidas, parque y jardines.1

Derivado de lo anterior, durante la temporada de lluvias el 50 por ciento de los encharcamientos e inundaciones son provocados por la basura.

Cuando los desperdicios se tiran de manera desordenada, obstruyen la corriente de agua de lluvia, propiciando su estancamiento, lo que genera un foco de infección y, a su vez, un peligro para la salud.

Cabe mencionar que, según datos de Raúl Sergio Cuéllar Salinas, investigador de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional (IPN), en el país se reciclan aproximadamente sólo el cinco por ciento de los residuos depositados en los tiraderos de basura.

La incipiente cultura de separación de basura, el número reducido de plantas de tratamiento de residuos, el que no exista mercado para reciclar todos los materiales y se carezca de empresas formales que efectúen esta labor, son algunas de las causas por las que no se aprovechan.2

Por consiguiente, la generación de residuos es un problema al cual la sociedad debe hacer frente. Tanto los ciudadanos como las industrias generamos residuos cada día, y el destino de la mayoría de ellos es el vertido, con el impacto negativo al medioambiente que implica esta práctica.

Ante la generación excesiva de basura, existen alternativas de gestión más recomendables y sostenibles, como es la reducción de la producción de residuos, el reciclaje y la reutilización, o la valoración material o energética.

En este sentido, en Europa se plantea la valoración energética de los residuos mediante mecanismos como la incineración directa, la producción y valorización de biogás, o el aprovechamiento de los residuos como combustible. Se trata de convertir la basura en energía útil, alternativa que ha querido adoptarse en nuestro país, la cual no resulta cien por ciento viable.3

La valorización de los residuos o su transformación en energía útil es considerada como una opción de aprovechamiento de una fuente de energía renovable, aunque más compleja que otras.

La combustión de residuos orgánicos genera componentes químicos que pueden ser perjudiciales para la atmósfera. La parte negativa de la incineración es la generación de metales pesados, ya que son contaminantes, que hay que gestionar.

Aunado a lo anterior, entre los contaminantes tóxicos que se liberan al aire al producirse la quema, se encuentran dioxinas y furanos (sustancias altamente cancerígenas, resistentes a la degradación y que tienden a bioacumularse en el ser humano), plomo, cadmio, mercurio, gases de efecto invernadero (link), gases ácidos y partículas finas.

Las toxinas liberadas por los incineradores también representan riesgos para los seres vivos. Los contaminantes del aire, tanto gaseoso como articulado, pueden tener efectos negativos sobre los pulmones. Las partículas sólidas se pueden impregnar en las paredes de la tráquea, bronquios y bronquiolos. La respiración continua de aire contaminado disminuye la función de limpieza normal de los pulmones.4

A pesar de los efectos negativos de la incineración de basura, está el caso que la localidad de Tepojaco, municipio de Tizayuca, Hidalgo se está construyendo una planta incineradora de basura, destinada a tratar 2 mil 800 toneladas diarias de basura provenientes de la Ciudad de México y delos estados de México y de Hidalgo, para la generación de energía eléctrica para la Comisión Federal de Electricidad.

De acuerdo con la naturaleza del proyecto, se trata de una planta de energía que combustionará el RDF (Combustible derivado de residuos) o carbón verde en dos calderas de lecho fluidizado circulante.

De acuerdo con el comunicado, los vapores que se generen con la incineración serán utilizados para dar energía a la turbina y dirigirla al generador eléctrico.

Las estimaciones de generación de energía alcanzan los 455 mil megawatts/hora por año, aproximadamente.

El fluido eléctrico que logren como parte de la incineración de basura será vendido a las comunidades cercanas y a la industria asentada en la zona industrial de Tizayuca, según lo plantean.5

Cabe mencionar que, además de que la instalación de ésta no sólo llevara a cabo la contaminación del aire, tierra y el manto acuífero 1508, el cual está vedado sobre explotado, también se afectará un santuario de aves migratorias por la cantidad de contaminación generada por la incineración de basura.

Valosrum SA de CV es la empresa en la que está la planta a unos metros de la llamada Cuenca Lechera, y es importante señalar que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en un principio negó el permiso de cambio de uso de suelo porque el polígono se ubica fuera de la zona industrial; sin embargo, en el año 2014 se adelantaron las fechas para ampliar la zona industrial, por lo que el predio fue considerado como una ampliación y la Secretaría otorgó el permiso en agosto de 2016.

De acuerdo a las estudios realizados por GAIA (Alianza Global Anti incineración y sus Alternativas) así como los lineamientos internacionales establecidos en el tratado internacional de Estocolmo de 2010, ratificado por México en el 2013, este proyecto representa un altísimo riesgo para los habitantes que se encuentran viviendo en un rango de 30 kilómetros a la redonda de la planta incineradora, esto debido a los catamientos que desprenderá la planta de basura, problemas como cáncer, deformaciones congénitas, problemas respiratorios entre otras.

Aunado al desabasto de agua potable de los municipios cercanos, esto debido a que el manto freático 1508 Cuatitlán-Pachuca no tiene la capacidad para abastecer la enorme cantidad de agua, que el proceso de incineración requiere.

El proyecto representa un riesgo para los habitantes de las localidades de Tepojaco, El Chopo, El Mogote, La Posta, El Manantial y Huitzila, no sólo por los problemas ambientales que generarán a su vez problemas de salud entre los habitantes, sino también por la enorme cantidad de agua que el proceso requiere, misma que se pretende sea tomada del manto freático 1508 Cuautitlán-Pachuca, parte del cual se encuentra en el subsuelo de Tizayuca.

Es evidente que el predio sobre el que se quiere colocar la incineradora no cuenta con el uso de suelo que esta requiere, basta con recordar que en el año 2002 la Comisión Nacional del Agua emitió un dictamen en el que se establecía que no era viable la construcción del nuevo aeropuerto en Tizayuca precisamente por las afectaciones que habría en el manto freático 1508.

Los municipios afectados por este proyecto son: Tizayuca, Tolcayuca, Villa de Tezontepec, Temascalapa, Axapusco, Otumba, San Juan Teotihuacán, Acolman, Tecamac y Zumpango.

La presa que se pretende afectar sirve de punto de procreación de garzas, pelícanos, patos y otras aves.

Aunado a lo anterior, cabe hacer mención que el predio sobre el que se está contrayendo la incineradora no cuenta con el uso de suelo, los representantes de la empresa han presentado a los vecinos afectados un dictamen de viabilidad del proyecto realizado por Semarnat en el que, sin embargo, se especifica que no debe tomarse como una autorización para el proyecto.

Conjuntamente, en 2015, la alcaldía de Tizayuca, a cargo de Juan Núñez Perea, ya había entregado a Valorsum los permisos de construcción y de uso de suelo sin informar a la población sobre el proyecto.6

A todas luces podemos darnos cuenta de que el proyecto cuenta con muchas irregularidades, mismas que reflejan la inviabilidad del proyecto.

Fundado y motivado en las consideraciones anteriormente expuestas, someto a consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a que haga públicas las condiciones del otorgamiento del uso de suelo al proyecto denominado “Instalación y operación de una planta de generación de energía eléctrica” en la localidad de Tepojaco, municipio de Tizayuca, Hidalgo.

Segundo. Esta soberanía exhorta a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que haga pública su opinión sobre la viabilidad del proyecto de la incineradora en la localidad de Tepojaco, municipio de Tizayuca, Hidalgo.

Notas

1 Véase

http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/ambiente/basura. aspx?tema=T

2 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/03/15/en-mexico-se-recicla-solo -el-5-de-basura-experto

3 http://www.certificadosenergeticos.com/generacion-energia-basura-energi a-100-limpia

4 http://www.lareserva.com/home/incineracion_residuos_consecuencias_medio _ambiente

5 http://www.criteriohidalgo.com/noticias/hidalgo-ujul/quieren-generar-el ectricidad-con-basura

6 http://www.jornada.unam.mx/2016/10/30/estados/027n1est

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre del 2017.

Diputada Sandra Luz Falcón Venegas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa y diversas autoridades a hacer efectiva la liquidación del incentivo a la producción de cultivos de oleaginosas, y coordinarse y otorgar el correspondiente al sistema de riego tecnificado de 2017, suscrita por el diputado Enrique Zamora Morlet e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputado Enrique Zamora Morlet y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En la década de 1940, México contaba con casi 20 millones de habitantes, de los cuales el 80 por ciento habitaba en el campo. Asimismo, 65 por ciento de la fuerza de trabajo se dedicaba a actividades agropecuarias, lo anterior a causa del impulso de la Reforma Agraria por parte del entonces Presidente de la República, Lázaro Cárdenas. En este contexto, los ejidatarios representaban 41.8 por ciento de la población económicamente activa y alcanzaban un total de 5 millones de personas, que constituían el 25 por ciento de la población del país.1

Actualmente existen 9.3 millones de terrenos rurales en el país, de los cuales el 67.6 por ciento son ejidales, de estas tierras el 69 por ciento son utilizadas para la actividad agrícola,2 las cuales generan 4 por ciento del producto interno bruto (PIB) anual y representan el sustento de 4.6 millones de familias. En 2011 se reportó que aproximadamente 24 por ciento de la población en el país vivía en zonas rurales.

56 por ciento del total del territorio del estado de Chiapas es aprovechado para la actividad agrícola,3 actualmente esta entidad ocupa el segundo lugar a nivel nacional en cultivo de soya, sembrada aproximadamente en 14 mil hectáreas, con una producción de más de 39 mil toneladas al año,4 es decir, se reporta un rendimiento aproximado de 1.85 toneladas por hectárea al año.

Además de la soya, en Chiapas también se cultiva ajonjolí, cuya producción representa un total de 4 mil 20 toneladas, sembradas en una superficie de aproximadamente 7 mil 620 hectáreas, obteniendo de esta forma un rendimiento de 0.564 toneladas por hectárea al año.

Estos dos productos son regados generalmente con agua residual, sin embargo, debido al cambio climático, en los últimos años esta forma de riego ha representado un riesgo inminente para la siembra del ajonjolí y la soya, por lo que se requieren nuevas técnicas, especialmente en la zona del Soconusco, para garantizar que estas tierras continúen produciendo como hasta ahora.

Cabe señalar que el ajonjolí y la soya representan el sustento de aproximadamente 5 mil familias organizadas por casi 500 productores que conforman la Unión de Ejidos Emiliano Zapata de Tapachula en el estado de Chiapas. Es de resaltar que actualmente nuestro país, para abastecer el mercado interno, importa cerca de 95 por ciento del total de estos productos de los Estados Unidos de América, siendo evidente que la producción nacional requiere de apoyo financiero para la obtención de mayores índices de desarrollo económico de los productores agrícolas, especialmente en el estado de Chiapas.

Por lo anterior, el objetivo de este punto de acuerdo es coadyuvar con la coordinación institucional entre la Unión de Ejidos Emiliano Zapata, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), el Registro Agrario Nacional (RAN), la Procuraduría Agraria y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) para dar solución a dos problemáticas que han surgido en fechas recientes:

a) Negativa para proporcionar financiamiento a un programa adecuado de tecnificación de sistemas de riego, y

b) El atraso en el pago a la Unión de Ejidos Emiliano Zapata, correspondiente al Programa de Incentivos a la Producción de Cultivos de Oleaginosas del periodo otoño-invierno 2015.

En primer lugar, la Unión de Ejidos Emiliano Zapata señaló en una conferencia de prensa el día 9 de agosto del año en curso que el Registro Agrario Nacional no había logrado generar los mecanismos suficientes respecto a la obtención de los recursos necesarios para tecnificar las tierras en materia hidroagrícola y con ello impulsar la siembra de soya y ajonjolí. Como se mencionó anteriormente, el cambio climático ha alterado la frecuencia de las lluvias y la técnica de riego aplicada hasta ahora resulta poco eficiente para mantener húmedas las tierras.

En este aspecto, el Programa de Fomento a la Agricultura 2017, componente de mejoramiento Productivo de Suelo y Agua, Incentivo de Sistema de Riego Tecnificado, tiene como principal objetivo el incremento en la producción de las Unidades Económicas Rurales y Agrícolas, mediante el otorgamiento de incentivos económicos cuyo potencial en el mercado sea medio o alto.5

En ese sentido, la Unión de Ejidos Emiliano Zapata, cumplió en tiempo y forma con los requisitos publicados en la convocatoria 2017 para dicho apoyo, sin embargo, por cuestiones administrativas, éste les fue negado, generándose así una situación de incertidumbre para los agricultores, quienes argumentan que es urgente tecnificar sus tierras para poder seguir produciendo ajonjolí y soya; además, argumentan que hay falta de comunicación entre el RAN, la FND, la Procuraduría Agraria y la SAGARPA, las tres instancias encargadas de generar los mecanismos y gestiones correspondientes para que los agricultores puedan recibir los apoyos e incentivos para la producción.

En lo que se refiere a la primera problemática es importante resaltar que la Unión de Ejidos Emiliano Zapata, se encuentra en un profundo problema, ya que la negación de este apoyo genera un atraso importante en el avance de las técnicas utilizadas para que el riego de estas tierras se pueda llevar a cabo de manera eficiente, además, los factores climáticos afectan de manera severa esta región, por ello es necesario que sea otorgado el apoyo solicitado, con la finalidad de iniciar la renovación de las técnicas de riego.

La segunda problemática se refiere al señalamiento hecho por los agricultores de que no ha sido liquidado el pago del Incentivo a la Producción de Cultivos de Oleaginosas del ciclo otoño-invierno 2015, cuyos beneficiarios son apoyados con una cantidad de hasta $1,500 pesos por tonelada comercializada de grano,6 por lo cual solicitan la agilización del pago del incentivo mencionado, además del correspondiente al del ciclo primavera-verano 2016.

En resumen, las dos problemáticas planteadas generan incertidumbre legal, jurídica y económica para los productores agrícolas de ajonjolí y soya de las casi 12,000 hectáreas que conforman las organizaciones correspondientes al Soconusco y otros municipios aledaños a Tapachula, Chiapas, ya que el atraso en la tecnificación de riego y los cambios en los factores ambientales pueden afectar la producción de granos, cuya comercialización representa el sustento de más de 5 mil familias chiapanecas, además, el atraso en el pago de incentivos afecta directamente a las familias pertenecientes a estas organizaciones, por lo que es indispensable el pago puntual de dichos incentivos.

En virtud de lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea los siguientes:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que, en el ámbito de sus competencias, haga efectiva la liquidación del Incentivo a la Producción de Cultivos de Oleaginosas del periodo otoño-invierno 2015, además de agilizar el pago del mismo incentivo, correspondiente al ciclo primavera-verano 2016.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, al Registro Agrario Nacional, a la Procuraduría Agraria y a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero a que, en un ámbito de coadyuvancia, se coordinen con el objetivo de que se otorgue el Incentivo de Sistema de Riego Tecnificado solicitado en el año 2017 por la Organización de Ejidos Emiliano Zapata de Tapachula, Chiapas.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a instruir a su delegación en el estado de Chiapas a organizar una mesa de diálogo con sede en Tapachula entre los titulares del Registro Agrario Nacional (RAN); el titular de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND); el titular de la Procuraduría Agraria y los representantes de la Unión de Ejidos Emiliano Zapata, con el objetivo de que, en un ambiente de respeto, coadyuvancia, diálogo y coordinación, sean escuchados y atendidos de manera institucional los principales problemas agrarios de los productores de soya y ajonjolí de la región sur-sureste de Tapachula y municipios aledaños al Soconusco, del estado de Chiapas.

Notas

1 Véase:

http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/188/6/RCE 6.pdf

2 Véase: http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/ contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/promo/PR_AMCA2016.pdf

3 Ibídem.

4 Véase:

http://ntrzacatecas.com/2010/06/20/ocupa-chiapas-segundo -lugar-nacional-en-produccion-de-soya/

5 Véase: http://www.sagarpa.gob.mx/Delegaciones/nuevoleon/Documents/CONVOCATORIA S/2017/CONVOCATORIA%20SISTEMAS%20DE%20RIEGO%20TECNIFICADO%202017.pdf

6 Véase:

http://www.sagarpa.gob.mx/Delegaciones/hidalgo/Documents /Difusi%C3%B3n/Anexo%201.%20(Mec%C3%A1nica)%20Incentivos%20a%20la%20pro ducci%C3%B3n%20de%20cultivos%20Oleaginosas.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2017.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Enrique Zamora Morlet, María Guadalupe Alcántara Rojas, Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Fidel Cristóbal Serrato, Victorino Cruz Campos, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Daniela de los Santos Torres, Pablo Elizondo García, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Alex Le Baron González, Lía Limón García, Nancy López Ruíz, Uberly López Roblero, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Juan Antonio Meléndez Ortega, Cándido Ochoa Rojas, Elvia Graciela Palomares Ramírez, Miguel Ángel Ramírez Ponce, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Claudia Villanueva Huerta.

Con punto de acuerdo, relativo a la estrategia en torno a Marca Chiapas, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, María Elena Orantes López, integrante de la LXIII Legislatura en la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 6, número 1, los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la honorable Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al gobierno del estado de Chiapas a replantear la estrategia en torno a Marca Chiapas, considerando el desarrollo de capacitación para la promoción de los productos hechos en Chiapas desde el sector turístico; alentando una mejor interacción de productores con operadores turísticos, micros, pequeños y medianos empresarios; generando más incentivos a la protección ambiental impulsada por los productores y el sector turístico, y participando con mayor decisión en la adopción de árbitro que fomente una distribución más equitativa de rutas turísticas y los puntos de venta de Marca Chiapas, con base en las siguientes

Consideraciones

Fortalecer la industria turística, aprovechando todas las potencialidades de los destinos turísticos y los recursos económicos locales, es uno de los motores más importante de las economías alrededor del mundo. El turismo constituye una fuente sólida y constante de recursos que incentivan a una gran cantidad de cadenas productivas, tal y como sucede en España, Francia, los Estados Unidos de América y, en menor escala, México.

En este entendido, en lo que va del siglo, nuestro país ha impulsado diversas políticas desde la federación y otras tantas a nivel estatal para detonar el desarrollo en diversos puntos del territorio nacional. Derivado de ello, México se ha posicionado en el noveno lugar más visitado del mundo y el segundo de nuestro continente, reportando, en 2014, 16.3 mil millones de dólares, equivalente al 8.7 por ciento del producto interno bruto (PIB) y propiciando 2.3 millones de empleos, proporcionados por más de 43 mil empresas turísticas.

En este sentido, por ejemplo, Chiapas tiene un potencial extraordinario en el patrimonio cultural con el que proyecta a México en escala internacional. Así, en 2014, San Cristóbal de las Casas se posicionó como el segundo pueblo mágico más exitoso del país y a nivel estatal, en octubre de 2016, concentraba 40.9 por ciento de las Unidades Económicas de Turismo que se generan en Chiapas.

Fuente: Tabla elaborada por la Secretaría de Turismo del gobierno de la República.

En este contexto, los datos sobre turismo en nuestro país arrojan al menos dos reflexiones. La primera es que al ser 88 por ciento de esa derrama económica, producto del turismo nacional se debe tener el compromiso de aumentar los estándares de calidad en el servicio para nuestros connacionales y generar con mayor agresividad las condiciones que permitan ganar más afluencia de turismo internacional. La segunda reflexión consiste en que, a la luz de dinámicas observadas en los impactos positivos generados al mejorar la infraestructura turística, resulta evidente la necesidad de mejores inversiones en nodos de comunicación, en la protección de nuestros recursos naturales y en el cuidado de nuestro patrimonio cultural.

En consecuencia, además de que el gobierno estatal debe percibir como prioritario generar condiciones de estabilidad en el sector y de certidumbre al turista, es urgente que asuma el papel de árbitro para evitar un crecimiento desordenado en el sector. Ello podrá reducir las posibilidades de generación de monopolios turísticos; mejorará la permeabilidad social de la derrama económica derivada del turismo; facilitará la creación de contextos en los que se generen cadenas de valor, y fortalecerá una cultura turística de largo plazo entre los inversores y todos los sectores involucrados en esta industria.

Todo lo anterior, puede impulsarse desde mecanismos que ya han sido probados como políticas económicas y comerciales acertadas, indirectamente benéficas para el sector turístico, pero cuyo abandono o bloqueo, ante condiciones nuevas en el mercado y en el turismo, han evitado que logren sus máximos alcances. Tal y como sucede con la Marca Chiapas.

La Marca Chiapas surge como un esfuerzo de empresarios que en 2009 decidieron integrar sus experiencias y coadyuvar en el desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas, partiendo de un concepto comercial, sustentado en 3 elementos, que son: 1) un símbolo que refiriera a lo mejor del estado de Chiapas; 2) coordinación con la Secretaría de Economía del estado, y 3) estructurar un consejo autónomo que regule el otorgamiento de esta marca o símbolo a los productores locales.

Hoy, ese esfuerzo que inició hace 8 años, respalda a mil 544 productos y 292 empresas1 . Sin duda alguna ha sido útil, pero se ha quedado corto al no vincularlo de mejor manera a la industria turística chiapaneca. Ello, considerando las posibilidades de desarrollo económico que pueden estar vinculadas a este tema si se aborda desde una perspectiva más integral que acompañe a un reforzamiento del sector turístico.

El éxito inicial de la Marca Chiapas y el estancamiento que parece haber tenido desde hace unos años, nos permite observar que sería deseable reposicionar los principales referentes comerciales que tiene Chiapas, es decir los aspectos culturales y antropológicos, a través de un relanzamiento de la marca con el aspecto mercadológico de las raíces chiapanecas vinculándola con mayor fuerza al turismo. Asimismo, podría impulsarse de manera mejor coordinada en los destinos turísticos y con coadyuvancia de más operadores y empresas turísticas.

Adicionalmente, considera que puede ser una gran herramienta para constituir campañas y políticas de protección ambiental y del patrimonio cultural y finalmente, el relanzamiento de un elemento como este, puede ofrecer la oportunidad de reordenar de la mano de los empresarios a todo el sector turístico chiapaneco e impulsar un elemento de cohesión social, en torno al turismo y a proteger el sector.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al gobierno del estado de Chiapas a replantear la estrategia en torno a Marca Chiapas, considerando el desarrollo de capacitación para la promoción de los productos hechos en Chiapas, desde el sector turístico; alentando una mejor interacción de productores con operadores turísticos, micros, pequeños y medianos empresarios; generando más incentivos a la protección ambiental impulsada por los productores y el sector turístico, y participando con mayor decisión en la adopción de árbitro que fomente una distribución más equitativa de rutas turísticas y los puntos de venta de Marca Chiapas.

Nota

1 Véase http://marcachiapas.com/se/resultados/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2017.

Diputada María Elena Orantes López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Poderes Ejecutivos federal y locales a difundir los beneficios que el Estado mexicano otorga en materia fiscal respecto a la adquisición de vehículos eléctricos, a cargo de la diputada Edith Yolanda López Velasco, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Edith Yolanda López Velasco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta con absoluto respeto al Ejecutivo federal, así como a los titulares del Poder Ejecutivo de todas las entidades federativas, para que a través de sus respectivas secretarías se le otorgue difusión a los beneficios vigentes que el Estado mexicano da en materia fiscal; en el no pago de la tenencia; en materia de circulación de tránsito vehicular; y en la instalación de medidores especiales por parte de la comisión federal de electricidad, esto, al adquirir cualquier vehículo cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables, así como de aquellos eléctricos que además cuenten con motor de combustión interna o con motor accionado por hidrógeno o cualquier otro tipo de energía considerada como “alterna”; los llamados autos “verdes” o “ecológicos” para redundar en el cuidado del medio ambiente, de la naturaleza y en el desarrollo de la industria automotriz sobre este segmento.

Objetivo: Que la población de México, de manera accesible se entere que actualmente existen a la venta en distribuidoras vehiculares de nuestro país, autos de los denominados “verdes” o “ecológicos”, y que el Estado Mexicano ha previsto en ordenamientos y en políticas públicas beneficios a favor de la población que adquiera alguno(s) de esos vehículos.

Exposición de Motivos

José Mario Molina Pasquel y Henríquez, Premio Nobel de Química 1995, egresado de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha advertido del peligro al que nos enfrentamos de no disminuir la emisión de gases contaminantes en cualquier ciudad del mundo, puesto que ocasiona y ocasionaría que la temperatura se eleve, como ya lo estamos viendo en nuestro país y que a nivel global sería terrible para la estabilidad del mundo.

La emisión de gases contaminantes producida, entre otros, por los vehículos automotores, es un problema actual, al que se debe mirar con seriedad, pero no solo esto, contribuir, está en nuestras manos, a aminorar sus efectos de manera inmediata y urgente.

Nuestra naturaleza, nuestros ecosistemas, su biodiversidad, nuestro mundo, nuestro universo al que llamamos “Tierra” y único lugar donde actualmente tiene y goza de las cualidades completamente suficientes y necesarias para poder vivir y desarrollarse física, intelectual y espiritualmente el ser humano al cien por ciento, nos lo estamos acabando y como consecuencia natural a la propia humanidad y a los demás seres vivos.

Cada día contamos con la luz del sol para todos, al igual que la luna por las noches, los días son testigos de cómo nuestras sociedades en el mundo se desarrollan, han visto como la humanidad ha aprovechado la tecnología para desarrollar nuevos instrumentos o medios para el acercamiento de los seres humanos y para la movilidad de las personas en general; así nos remontaríamos a la invención de la rueda, los automóviles, los trenes, las embarcaciones y demás medios de transporte marítimos, los vehículos de transporte aéreo; el correo, el telégrafo, los teléfonos fijos y los móviles, el internet, las aplicaciones para dispositivos móviles, entre muchos y muy distintos inventos que alrededor del mundo se vienen creando día a día y que también tienen como fin, en su mayoría, el lograr acercar o conectar a la población.

Es cierto que el avance de la ciencia, concretada en la tecnología ha traído consigo un confort para la sociedad, y que envuelve a su vez una comunicación cada vez más cercana y eficaz, cada vez más íntima y personalizada entre todos nosotros, entre los que conformamos a la sociedad; pero es cierto también desde luego, que la globalización ha tenido y tiene una participación destacada al respecto, ya que como consecuencia de la misma, el efecto expansivo de la ciencia, aterrizada en el ámbito tecnológico ha inundado al mundo coadyuvando con las actividades cotidianas sencillas y también aquéllas complejas y complicadas que realizamos todos los seres humanos.

Empero, la globalización y el avance de la tecnología ha provocado que se haya generalizado el poco cuidado y falta de atención a la naturaleza y a los seres vivos, incluyendo naturalmente a los seres humanos y a la cultura denominada como “verde” para que predomine entre los habitantes; se compran vehículos (automóviles, camionetas, autobuses, tráileres, volteos, etc.) siempre que se tenga el suficiente capital para adquirirlo o estén de moda, y no porque exista una verdadera necesidad de movilidad; generalmente también, no se tiene conciencia de la contaminación que generan los vehículos al usarlos desmedidamente; así también conviene tener presente que al automóvil es el medio de transporte con mayores emisiones por viajero transportado. Es decir, que el automóvil es el medio de transporte menos eficiente, y que cualquier viaje realizado en transporte público supondrá unas emisiones de CO2 inferiores que si se realizaran en coche. Asimismo, cuanto menos ocupado vaya el automóvil más ineficiente resulta1 .

Actualmente, en la Ciudad de México existen 4.7 millones de vehículos automotores registrados. Pero de acuerdo con las Estadísticas de Vehículos de Motor Registrados en Circulación (VMRC) el estado de México tiene un total de 5.1 millones de autos registrados, esto quiere decir que en conjunto circulan un total de 9.8 millones de vehículos en la megalópolis. En el país existen 38 millones de vehículos, según indica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los estados con más autos registrados son el estado de México, la Ciudad de México, Nuevo León y Veracruz; mientras que los estados que tienen una menor cantidad de autos registrados son Colima y Campeche.2 Así, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Intercensal 2015, 43.5 por ciento de los 31 millones 924 mil 863 hogares mexicanos disponen de al menos un automóvil o camioneta3 . Por lo que en días cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis declara alguna de las fases de la contingencia ambiental, la sociedad se ha decidido por comprar algún otro vehículo o bien (si lo tiene), alternarlo con alguno que si pueda circular y, por lo que pese a la activación de alguna de estas fases y del programa “Hoy no circula”, siguen circulando un gran número de autos, no pudiendo entonces tener grandes beneficios al respecto de esa medida.

Así, el avance de la ciencia tecnológica en su relación con la movilidad en medios de transporte terrestre no debe de estar peleada con la naturaleza, por lo que para que la evolución tecnológica y sus beneficios para la sociedad se dé en una mayor medida y alcance, el Estado deberá intervenir eficientemente a manera de desarrollador, impulsor, mediador y protector de la naturaleza, de sus habitantes y sus seres vivos.

La mayoría de vehículos que circulan en nuestro país, son propulsados por gasolina y diesel, elemento que deriva del petróleo y que es considerado preponderantemente contaminante de las capas de la atmósfera y de nuestros ecosistemas; los vehículos propulsados por combustibles fósiles generan en gran medida emisiones de CO2, este tipo de emisiones se producen por la quema del combustible y son expulsadas a través del tubo de escape. La cantidad de CO2, emitida, si atendemos únicamente al tipo del vehículo –y no a la forma de conducción–, depende de la cantidad de energía necesaria para circular y de la eficiencia del motor. La cantidad de energía necesaria depende del peso del vehículo y de su potencia. Por tanto, a mayor potencia y mayor peso, mayor consumo de combustible y mayores emisiones de CO24 ; sin embargo las emisiones de dióxido de carbono siguen siendo bastantes independientemente de la potencia y del peso.

El dióxido de carbono (CO2) es un gas de efecto invernadero y también necesario y vital para la vida en nuestra Tierra; sin embargo, la quema exagerada de combustibles ha venido incrementando rápidamente y como consecuencia se ha concentrado en gran medida en nuestra atmósfera, lo que ha propiciado el calentamiento global y como consecuencia natural, ha acelerado el efecto invernadero. Es de considerarse también, que es la principal causa de la acidificación del océano , ya que se disuelve en el agua para formar ácido carbónico.5 Así también se advierte lo que señaló Joseph Black, descubridor del dióxido de carbono al hacer uno de sus experimentos que consistió en encerrar un ratón y una vela encendida, dentro de un recipiente con CO2. Dado que la vela se apagó y el ratón murió, llegó a la conclusión de que era un gas irrespirable. Y, en 1754 lo denominó “aire fijo”6

Por tanto es necesario, ante la situación real, en que las ciudades del país, preponderantemente las más pobladas, que se encuentran respecto a su medio ambiente, ocuparse de que los avances científicos no afecten a la naturaleza y sus ecosistemas y naturalmente a la sociedad civil, por lo que, atendiendo a esta obligación clara que el Estado mexicano tiene, resulta evidente señalar que se tiene que difundir por parte del Ejecutivo federal y los Ejecutivos estatales, a través de sus secretarías correspondientes, informar a la sociedad civil sobre la existencia de autos que están a la venta, y que afectan en menor medida al ambiente, a la naturaleza, a los seres humanos y a todos los seres vivos en relación con las emisiones de CO2, y me refiero a los vehículos que son propulsados a través de baterías eléctricas recargables, así como de aquellos eléctricos que además cuenten con motor de combustión interna o con motor accionado por hidrógeno o cualquier otro tipo de energía considerada como “Alterna”, incluyendo a todo tipo de los autos denominados como “autos eléctricos”, “híbridos” “de hidrógeno”, “verdes” o “ecológicos”.

Los autos eléctricos son aquellos que utilizan la energía química guardada en una o varias baterías recargables. Usan motores eléctricos que se pueden enchufar a la red para recargar las baterías mientras está aparcado, siempre que la infraestructura eléctrica lo permita.7 Por lo que un coche eléctrico es un vehículo impulsado por motores eléctricos cuyo movimiento se produce por hélices propulsadas por motores rotativos. La energía para producir la electricidad puede provenir de diversas fuentes, pero actualmente la más usada son las baterías: normalmente son baterías de litio que se cargan enchufándolas a una fuente de alimentación cuando el coche está parado. Esto tiene la ventaja de que el coste de recarga es mucho menor debido al elevado coste actual de la gasolina.8

Los autos híbridos son aquellos que poseen un doble motor, el de combustión interna y el eléctrico, utilizan el motor eléctrico pero disponen del motor convencional para complementar las carencias, de potencia y de autonomía, del motor eléctrico, para conseguir unas prestaciones similares a la de un coche convencional. Existen diferentes tipos en función de cómo se recarga la batería y del papel desarrollado por cada uno de los motores. En cualquier caso, son por lo general coches que aprovechan bastante mejor la energía que los convencionales, y que por tanto presentan unas menores emisiones de CO2.9

Al respecto de lo anterior y con un fin ilustrativo, adjunto la siguiente imagen sobre el funcionamiento de los autos eléctricos e híbridos:

En atención a las emisiones de CO2, hay que tomar en cuenta que el rango de emisiones es muy amplio y va desde coches que emiten por debajo de los 100 gramos de CO2 por kilómetro hasta los que emiten más de 400 g/km. La siguiente tabla se puede utilizar como referencia:

Los autos verdes que se venden en nuestro país deben de ser nuestros aliados para combatir la contaminación ambiental, las contingencias ambientales, el “Hoy no circula” y el cambio climático que la propia contaminación produce, que no solo constituye en nuestro medio un problema local o regional, sino nacional e incluso global. En 2016 se han sumado al parque vehicular en toda la República Mexicana, mil 323 unidades nuevas, entre eléctricos e híbridos. Si lo contrastamos a la venta de autos tradicionales, es decir de motor de combustión, que ascendió a 118 mil 407, la comercialización de autos verdes apenas representa 1.11 por ciento de la venta total acumulada.10

Los autos verdes son transportes que no afectan o dañan en un porcentaje tan elevado al medio ambiente en el que vivimos y nos desarrollamos. Los vehículos ecológicos nacieron con el fin de disminuir las emisiones de gases contaminantes producidos por autos cuya propulsión es a base de gasolina o diesel (elemento no renovable), dentro de los principales contaminantes emitidos por los automóviles no verdes o ecológicos son: dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO), óxido de nitrógeno (NOx), hidrocarburos no quemados (HC) y compuestos de plomo y anhídrido sulfuroso estimulando al crecimiento de esmog que hay en las ciudades y al calentamiento global. A nivel global, según diversos estudios más de 20 por ciento del total de las emisiones de gases contaminantes se le atribuyen a los autos propulsados por combustibles fósiles.

Al respecto de los combustibles fósiles, conviene destacar que son un recurso natural no renovable, y lo conforman el carbón, el petróleo y el gas natural, y para que se formen, requieren de complejos procesos biogeoquímicos, que se desarrollan durante millones de años, la materia prima por la que se generan estos combustibles fósiles, son: restos vegetales y antiguas comunidades planctónicas. Por ejemplo: El carbón o carbón de piedra se forma a partir de material vegetal, muchas veces se pueden distinguir vetas de madera o improntas de hojas que permiten reconocer su origen. El petróleo se forma principalmente del plancton, frecuentemente con el petróleo se encuentra gas natural, originado durante el mismo proceso en que se genera el primero. Ambos tipos de combustibles fósiles se encuentran acompañados de azufre y derivados azufrados, ya que se forman en condiciones anaeróbicas. Su descubrimiento produjo un cambio revolucionario en las tecnologías de producción de la humanidad, esto a partir de la Revolución Industrial; sin embargo, su empleo desmedido ha producido un alto impacto negativo en el medio ambiente y aunado a la demanda de energía, bienes, servicios que hace a la población a las grandes, medianas y pequeñas empresas de productos generados por elementos naturales no renovables, agrava la situación para nuestra tierra y todos los seres vivos, aunado a esto debemos de considerar las pautas de consumo y el aumento de la población que incrementa cada día.

El transporte es el sector con mayor crecimiento de emisiones de CO2 en Latinoamérica y éstas aumentarán significativamente a menos que se acelere la transformación tecnológica y se pongan en marcha políticas innovadoras”, sostiene por su parte Agustín Matteri, especialista legal en la Coordinación Regional de Cambio Climático de ONU Medio Ambiente, quien además explica cuál es la propuesta para activar la transición a la movilidad eléctrica a un ritmo mayor:

“Se deberían eliminar barreras en el mercado y generar condiciones habilitantes en materia de infraestructura, promoviendo, a su vez, un adecuado diseño de incentivos, políticas y mecanismos financieros para su aplicación específica en la región”.11

Derivado del calentamiento global, efecto invernadero y cambio climático, entre otros, surgió el Protocolo de Kioto que rige entre otros a industrias de motor, con el objeto de que realicen cambios considerables en los diseños de cada vehículo provocando así una disminución de los gases contaminantes en el aire, contraatacando también al calentamiento global.

Las consecuencias en la salud producidas por esos contaminantes van desde la irritación de ojos, nariz, garganta, enfermedades infecciosas respiratorias, bronquitis, neumonía, hasta aquellas a largo plazo, de infecciones crónicas, cáncer de pulmón, problemas cardiacos, daños al cerebro y al sistema nervioso.

Así, la contaminación ambiental producida en gran parte por el uso de los automotores a gasolina representan una de las amenazas severas para la salud en general, en la que desde luego quedan incluidos los más pequeños, los niños, niñas y recién nacidos.

La industria automotriz en nuestro país, ha tenido grandes avances, y si se conoce que quienes tienen vehículos adquieren más de uno para su uso personal, debe incentivarse que la adquisición de nuevos automotores sea tendente a tomar en cuenta de manera consciente y por propia salud, en beneficio propio, de las generaciones actuales y las futuras, los vehículos a los que aquí me he referido. En efecto, en México la venta de vehículos eléctricos e híbridos ha sido baja, así como el número de electrolíneras, al respecto señaló la siguiente gráfica:

12

A pesar de que no se hayan adquirido hasta la actualidad muchos vehículos híbridos o eléctricos, nuestro Estado Mexicano ha contemplado diversos beneficios para que el adquirente de ese tipo de automotores pueda obtener al adquirir algún tipo o modelo de estos vehículos, dentro de los beneficios que hay, destaco la exención del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, que contempla la Ley de Ingresos de la Federación vigente, en su artículo 16, Apartado B, fracción I, en los términos siguientes:

1. Se exime del pago del impuesto sobre automóviles nuevos que se cause a cargo de las personas físicas o morales que enajenen al público en general o que importen definitivamente en los términos de la Ley Aduanera, automóviles cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables, así como de aquéllos eléctricos que además cuenten con motor de combustión interna o con motor accionado por hidrógeno.

Así también, lo contemplado en el artículo 2o. de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos.

El impuesto para automóviles nuevos se calculará aplicando la tarifa o tasa establecida en el artículo 3o. de esta Ley, según corresponda, al precio de enajenación del automóvil al consumidor por el fabricante, ensamblador, distribuidores autorizados o comerciantes en el ramo de vehículos, incluyendo el equipo opcional, común o de lujo, sin disminuir el monto de descuentos, rebajas o bonificaciones.

Por otra parte, la labor que la Comisión Federal de Electricidad hace en esta materia y que se ve reflejado en la Guía Para Contratación de Servicios de Recarga de Vehículos Eléctricos para Clientes Residenciales, donde establece los pasos que hay que seguir para obtener el servicio de suministro de energía eléctrica destinado a la recarga de vehículos eléctricos en casas habitación.13

Así, el costo actual de la gasolina es considerable para los usuarios de automóviles en general, de acceder a un vehículo accionado de manera diversa como se ha dejado indicado, no solo mejorarán su entorno personal y contribuirán los ciudadanos al beneficio general del medio ambiente sino que a corto plazo verán reflejado en sus erogaciones o gastos un considerable beneficio, al no hacer inclusive desembolsos por contaminantes que afectan al medio ambiente y a la salud personal, social o colectiva.

De lo anterior se sintetiza que resulta indispensable la participación activa en materia de difusión e información de este tipo de contenido que el Estado Mexicano tiene ya previsto, esto, a través del Poder Ejecutivo Federal y de los titulares del Poder Ejecutivo de las Entidades Federativas a través de sus Secretarías, promoviendo así estos contenidos, alentando con eso a la sociedad a informarse sobre el tema del medio ambiente, contaminación y contingencias ambientales y los vehículos existentes que actualmente pueden coadyuvar a la conservación, protección y preservación de nuestros recursos naturales, seres vivos y medio ambiente, con el objetivo de que la sociedad en general considere y se decida en mayor medida por la opción de adquirir algún tipo de los vehículos híbridos, eléctricos y de hidrógeno, “ecológicos” o “verdes” que se distribuyen en el mercado automotriz mexicano.

Lo anterior atendiendo a una obligación en la materia que tiene el Estado y como así se ha considerado por el Poder Judicial de la Federación, citando como ilustrativo lo siguiente:

Época: Décima Época Registro: 2014304 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 19 de mayo de 2017 10:24 h Materia(s): (Constitucional) Tesis: I.3o.A.1 CS (10a.)

Derechos a la salud y a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar. Acciones que debe realizar el Estado mexicano para su salvaguarda y para ajustarse a los estándares internacionales, en materia de medidas de restricción a la circulación de vehículos por la aparición de contingencias ambientales.

El Estado mexicano (tanto a nivel federal, como local) tiene la obligación de realizar las gestiones necesarias para la salvaguarda del medio ambiente y del derecho a la salud, ya que existen normas nacionales e internacionales que defienden y consolidan el derecho de la persona humana a vivir en un medio ambiente sano, el cual ha dejado de ser asunto de uno o dos Estados, para pasar a ser un tema mundial. Así, para la efectividad del derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar, previsto en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es evidente y patente que constituye una obligación a cargo del Estado Mexicano, llevar a cabo acciones tendentes a proteger el medio ambiente, acceder al derecho a la salud y evitar el daño a ésta por la aparición de contingencias ambientales. En estas condiciones, si bien es cierto que, prima facie, es constitucionalmente válido restringir por razón de emergencia natural, la circulación de vehículos, también lo es que el propio Estado debe realizar acciones como: mejorar la calidad de los combustibles; proveer y garantizar medios de transporte público eficiente y que propicie que los gobernados dejen de usar sus vehículos particulares; controlar que las unidades de servicio público dejen de ser obsoletas y abiertamente contaminantes, como en la actualidad lo son; vigilar y evitar que la llamada industria “con chimeneas” continúe abiertamente emitiendo contaminantes al medio ambiente que dañan igual o más que los propios vehículos la salud de los pobladores, entre otros. Por tanto, si el Estado Mexicano lleva a cabo las acciones indicadas, consolidará su calidad de rector en la protección al medio ambiente y será copartícipe en la mejora en la calidad del aire, lo que permitirá estimar que México se ajusta a los estándares contenidos en los tratados internacionales, además de que armoniza su propia condición al marco normativo mundial.

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Esta tesis se publicó el viernes 19 de mayo de 2017 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta respetable soberanía, la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta con absoluto respeto al Ejecutivo federal, así como a los titulares del Poder ejecutivo de todas las entidades federativas, para que a través de sus respectivas secretarías se le otorgue difusión a los beneficios vigentes que el Estado mexicano da en materia fiscal; en el no pago de la tenencia; en materia de circulación de tránsito vehicular; y en la instalación de medidores especiales por parte de la comisión federal de electricidad, esto, al adquirir cualquier vehículo cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables, así como de aquellos eléctricos que además cuenten con motor de combustión interna o con motor accionado por hidrógeno o cualquier otro tipo de energía considerada como “alterna”; los llamados autos “verdes” o “ecológicos” para redundar en el cuidado del medio ambiente, de la naturaleza y en el desarrollo de la industria automotriz sobre este segmento.

Notas

1 http://www.ecologistasenaccion.org/article16233.html

2 http://www.roshfrans.com/sabes-cuantos-autos-circulan-en-nuestro-pais/

3 http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/09/22/1118438

4 Consultado en: http://www.ecologistasenaccion.org/article16233.html el 28 de Mayo de 2017.

5 National Research Council. “Summary.” Ocean Acidification: A National Strategy to Meet the Challenges of a Changing Ocean. Washington, DC: The National Academies Press. 2010.

6 https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Black.

7 https://www.evwind.com/sobre-el-vehiculo-electrico/definicion-y-tipos/

8 http://cocheselectricosdiocesano.blogspot.mx/2011/11/los-coches-electri cos.html

9 http://www.ecologistasenaccion.org/article16233.html

10 http://carplanet.mx/noticia/general/cuantos-hibridos-y-electricos-hay-e n-mexico/57866bc1a8e06

11 https://www.fenercom.com/pdf/publicaciones/Guia-del-Vehiculo-Electr ico-II-fenercom-2015.pdf

12 Consultado en: http://motorbit.com/cuantos-autos-hibridos-y-electricos-se-venden-en-me xico/?pais=, el 5 de junio de 2017.

13 Consultado en: http://www.cfe.gob.mx/casa/4_Informacionalcliente/SiteAssets/Paginas/Pa ra-contratar/Guiacontratacionservicios.pdf

Recinto Legislativo de San Lázaro, México, Ciudad de México, a 12 de septiembre de 2017.

Diputada Edith Yolanda López Velasco (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a restablecer el descuento de 25 por ciento en la tarifa de la Autopista del Sol, a cargo de la diputada Guadalupe González Suástegui, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Guadalupe González Suástegui, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que exhorta al ciudadano Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, a restablecer el descuento de 25 por ciento en la tarifa de la Autopista del Sol, a fin de no afectar la economía y el turismo que acude a los destinos del Triángulo del Sol, en Guerrero, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Como se dio a conocer, el 1 de septiembre Caminos y Puentes Federales eliminó el descuento de 25 por ciento que desde 2013 mantenía en la Autopista del Sol.

Esa decisión afecta en muchas vertientes: en primera instancia, es prioritario recordar que esta medida de otorgar el descuento fue para incentivar la llegada del turismo a diferentes puntos de interés en Guerrero, a raíz del paso de los huracanes Ingrid y Manuel y su afectación en el estado.

Otro de los aspectos por abordar es que con esta decisión de eliminar el descuento se afecta a los automovilistas que a diario se trasladan con fines laborales, pues tendrán que pagar 33 por ciento más por recorrer los tramos carreteros.

Las casetas que aumentan el peaje son Tlalpan, Ingeniero Francisco Velasco, Paso Morelos, Palo Blanco y la venta. Éste es el recorrido desde la Ciudad de México hasta el puerto de Acapulco, destino turístico por excelencia de los capitalinos; sin embargo, también es el camino para llegar a destinos como Ixtapa y Zihuatanejo.

Además, quienes nos trasladamos por estas vías conocemos las condiciones en que se encuentra las carreteras. Baste recordar el socavón en la carretera de Cuernavaca, que causó la muerte de dos personas.

El sector hotelero de Acapulco ya manifestó su indignación al respecto, debido a que esta medida traerá efectos negativos hacia los turistas, y ante la falta de turismo verán mermada la economía local.

Una mayor derrama económica en un sitio turístico se traduce en mejores trabajos y reactivación de la económica local.

El presidente de la Asociación de Hoteles señaló que Guerrero y Acapulco enfrentan importantes desafíos por los cuales se ocupan medidas que incentiven al viajero y no que los afecten.

Por ello es prioritario que no se suspenda el porcentaje de descuento sobre la tarifa de las casetas sobre este ramo, ya que esta decisión afecta a la población que acude a destinos turísticos como Acapulco, Zihuatanejo e Ixtapa.

Ante esa situación, como diputada de Guerrero y del Partido Acción Nacional, vengo a proponer a esta asamblea un llamado al gobierno federal y en específico al secretario de Comunicaciones y Transportes a mantener el descuento que hasta el 31 de agosto tenían en el tramo carretero hacia el puerto de Acapulco a fin de apoyar la economía local y el turismo del estado.

Por lo expuesto y fundado solicito de urgente u obvia resolución que esta soberanía apruebe el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a ciudadano Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, a restablecer el descuento de 25 por ciento en la tarifa de la Autopista del Sol, a fin de no afectar la economía y el turismo que acude a los destinos del Triángulo del Sol, en Guerrero.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2017.

Diputada Guadalupe González Suástegui (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la protección de la zona de Cuatrociénegas, a cargo de la diputada Cecilia Soto González, del Grupo Parlamentario del PRD

Cecilia Soto González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración del pleno de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Primero. Que constituye una garantía constitucional establecida en el párrafo cuarto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el derecho de toda persona de gozar de un ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.

Segundo. Que es facultad del Congreso legislar en materia que establezca las competencias concurrentes entre los gobiernos federal, estatal y municipal para el equilibrio ecológico y la protección del ambiente; así como legislar en materia de monumentos y zonas arqueológicas, históricas y artísticas.

Tercero. Que el propio artículo 27 constitucional señala que la nación tendrá en todo tiempo el derecho de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación así como para cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país (integral y sustentable), dictando las medidas necesarias para establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, aludiendo a la facultad federal de llevarlas a cabo, así como para preservar y restaurar el equilibrio ecológico, esto de manera concurrente entre los distintos órdenes de gobierno.

Cuarto. Que la importancia de Cuatrociénegas radica por su invaluable riqueza cultural y natural. Alberga 1,134 especies de flora y fauna, 70 de las cuales son endémicas. La NASA lo califica como uno de los espacios donde se puede conocer y entender la evolución en la Tierra debido a que en el interior de las pozas se encuentran estromatolitos, primigenias en el proceso de fotosíntesis. Es el sitio con más estromatolitos vivos del mundo, formados por una comunidad microbiana que lleva más de 3 mil 500 millones de años. Son las únicas comunidades autosustentables del planeta.

Quinto. Que Cuatrociénegas cuenta con diversas categorías de conservación. Es un área natural protegida federal en la categoría de área de protección de flora y fauna, a través de la Conanp, dese 1994. El mismo espacio está inscrito en la Lista Mundial de Humedales en la Convención Ramsar.

Sexto. Que en la declaratoria de veda de agua por la Comisión Nacional del Agua se reconoce la existencia de instrumentos como éstos:

• Acuerdo por el que se dan a conocer los límites de 188 acuíferos de los Estados Unidos Mexicanos, los resultados de los estudios realizados para determinar su disponibilidad media anual de agua y sus planos de localización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2003, en el que se dieron a conocer la disponibilidad del acuífero Cuatrociénegas, clave 0528, y sus límites;

• Acuerdo por el que se dan a conocer los estudios técnicos del Acuífero 0528 Cuatrociénegas y se modifican los límites y planos de localización que respecto del mismo se dieron a conocer en el Acuerdo por el que se dan a conocer los límites de 188 acuíferos de los Estados Unidos Mexicanos, los resultados de los estudios realizados para determinar su disponibilidad media anual de agua y sus planos de localización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2008;

• Acuerdo por el que se da a conocer la ubicación geográfica de 371 acuíferos del territorio nacional, se actualiza la disponibilidad media anual de agua subterránea de 282 acuíferos, y se modifica, para su mejor precisión, la descripción geográfica de 202 acuíferos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de agosto de 2009, se perfeccionaron los límites de los acuíferos que en el mismo se mencionan, siendo coincidente dicha delimitación geográfica, para el caso del acuífero Cuatrociénegas, clave 0528, a la establecida por el instrumento referido en el considerando anterior, y se desprende la existencia de una disponibilidad susceptible de ser concesionada de 11.084782 millones de metros cúbicos anuales en el acuífero mencionado;

• Norma Oficial Mexicana NOM-011-CONAGUA-2000, “Conservación del recurso agua. Que establece las especificaciones y el método para determinar la disponibilidad media anual de las aguas nacionales”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril de 2002; y

• Aviso por el que se informa al público en general que la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca ha concluido la elaboración del programa de manejo del área natural protegida con el carácter de área de protección de flora y fauna, la región denominada Cuatrociénegas, en el municipio del mismo nombre, en Coahuila, la cual fue establecida por decreto presidencial publicado el 7 de noviembre de 1994”, que establece como una de las políticas de manejo en la zona de protección la prohibición de desarrollo de nuevas obras o actividades que amenacen los flujos y ciclos naturales del agua; no obstante lo anterior, dicha limitación ha resultado insuficiente dado que el alumbramiento de agua del subsuelo sigue siendo libre mientras no se establezca en la zona el ordenamiento correspondiente, motivo por el cual se hace necesario reforzar la preservación del recurso hídrico.

Séptimo. Que debido a las particularidades geomorfológicas, hidrológicas y ecológicas de los valles de Cuatrociénegas, El Hundido y Las Calaveras, se necesita mayor profundidad en las investigaciones sobre los impactos ambientales del uso del suelo en esta región. El área protegida y las regiones prioritarias de la Conabio enfrentan severos impactos por las transformaciones históricas en el espacio geográfico que comprometen la sustentabilidad de la región misma. Los recursos naturales, incluidos los aprovechamientos de yeso, sal y candelilla, están siendo extraídos con escasos lineamientos legales. Los recursos hídricos se explotan para cultivos agrícolas en una región que representa uno de los dos oasis en el desierto chihuahuense del suroeste estadounidense y el noreste mexicano.

Por ello se considera pertinente que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas inicie el proceso de recategorización de esta área al nivel más alto de conservación, la reserva de la biosfera, área que por sus características reúne los requisitos para que se opte por esta categoría, además de ser incluida en el programa Man and the Biosphere, de la UNESCO en la red mundial de este tipo de reservas.

Octavo. Que debido al valor ecológico de Cuatrociénegas, el Instituto Nacional de Antropología e Historia decidió ingresar la solicitud de incorporación a la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO a la zona de Cuatrociénegas en el año de 2004, quedando en dicho organismo en la Lista Tentativa, es decir, las que tienen posibilidad de ser consideradas como patrimonio mundial. Sin embargo, desde ese año, poco o nada se ha hecho por parte del gobierno federal para avanzar hacia su declaración en las sesiones del Comité de Patrimonio Mundial.

En tal virtud, se somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Antropología e Historia a solicitar a la Oficina del Convenio sobre Patrimonio Mundial de la UNESCO la reactivación del procedimiento y lograr la inscripción de Cuatrociénegas en la Lista de Patrimonio Mundial Natural, en la cuadragésima segunda sesión del Comité de Patrimonio Mundial de 2018, así como hacer pública la documentación sobre las acciones realizadas desde 2004 para lograr su incorporación en dicha lista.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a evaluar la pertinencia de recategorizar el área de protección de flora y fauna de Cuatrociénegas por la de reserva de la biosfera, así como hacer públicas las acciones de restauración de las pozas y protección de los endemismos ahí presentes.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional del Agua a hacer públicas, de manera detallada, las acciones realizadas para garantizar la veda de agua en los valles de Cuatrociénegas, El Hundido y Las Calaveras, Coahuila; las sanciones impuestas a particulares por violaciones de la veda y las reparaciones del daño realizadas, así como las acciones encaminadas a restaurar y mantener el equilibrio ecológico a causa del aprovechamiento hídrico.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2017.

Diputada Cecilia Soto González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a evitar la instalación de la cervecera Constellations Brands en Mexicali, Baja California, a cargo del diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Ángel Antonio Hernández de la Piedra, diputado federal a la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6o. y el artículo 79, numeral 1, fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

En lo referente a la gestión del agua en nuestro país el territorio nacional ha sido dividido en 13 regiones hidrológicas administrativas, integradas por cuencas hidrológicas naturales en vez de ser definidas por límites estrictamente geopolíticos. De tal forma que la Región Hidrológico Administrativa I Península de Baja California (RHA I PBC) comprende la totalidad de los estados de Baja California y Baja California Sur, y el municipio de San Luis Río Colorado de Sonora. Limita al norte con la frontera de Estados Unidos de América que se extiende a lo largo de 265 kilómetros.

En cuanto a las características de esta región, es de señalarse que el clima de la península de Baja California es en general seco y cálido, con una precipitación media anual de 169 mm, lo que es un valor muy bajo respecto al resto de las regiones del país (77 por ciento menor que la media nacional de 760 mm), y si bien en promedio para la parte del estado de Baja California la precipitación media anual es un poco mayor con respecto a toda la península, con 200 mm anuales, está sigue siendo baja con respecto a la media nacional, es más, en esta entidad federativa se tienen zonas como la de Mexicali en donde la precipitación total anual es todavía menor con valores inferiores a los 50 mm y temperaturas que llegan a los 45°Celsius entre los meses de julio y agosto.

Además, las fuentes de abastecimiento del vital líquido en el estado de Baja California son limitadas, las aguas superficiales en lagos, ríos, arroyos, manantiales, etcétera, y las friáticas, debido a las bajas precipitaciones, a la carencia de escurrimientos superficiales permanentes, a la evaporación elevada y las condiciones geológicas adversas, pues la mayoría de las unidades de roca permiten que el agua fluya libremente debido a las elevadas pendientes y sólo una mínima parte de esos escurrimientos llegan a los acuíferos, por lo que la recarga de los mismos es pobre.

De lo anterior resulta que en el estado de BC se tengan 18 acuíferos en condiciones de déficit, es decir, en los que el agua que ya se extrae es mayor a la cantidad de agua que recarga el cuerpo de agua subterráneo y como parte de éstos 18 se tiene el del Valle de Mexicali.

Para revertir la sobreexplotación de acuíferos y cuencas del país, el gobierno federal dispone de diversas medidas regulatorias, entre las que se encuentran las zonas de veda, definidas en el artículo 3, fracción LXV de la Ley de Aguas Nacionales como “Aquellas áreas específicas de las regiones hidrológicas, cuencas hidrológicas o acuíferos, en las cuales no se autorizan aprovechamientos de agua adicionales a los establecidos legalmente y éstos se controlan mediante reglamentos específicos, en virtud del deterioro del agua en cantidad o calidad, por la afectación a la sustentabilidad hidrológica, o por el daño a cuerpos de agua superficiales o subterráneos,...”

Para BC de acuerdo a las condiciones geohidrológicas del estado, todo el territorio se considera como zona de veda a la extracción y en los acuíferos sobreexplotados no es posible aumentar los aprovechamientos de agua sin causar abatimientos o sin afectar a terceros.

Abundando en lo anterior, dicha entidad federativa posee escasos recursos hídricos, y la presencia de sistemas acuáticos continentales, tanto lacustres (lagos) como potamológicos (ríos, arroyos, manantiales, etcétera) es limitada, por lo mismo, la disponibilidad natural media (DNM) de toda la península es de 4 mil 423 hm3; con una DNM per cápita de mil 318 m3/hab/año, lo que se considera como muy baja y las estimaciones futuras no son alentadoras. Se estima que para el año 2030 la DNM per cápita será de 775 m3/hab/año, siendo esta extremadamente baja.1

Por todo lo anterior no es de extrañar que la cantidad máxima de agua que es factible explotar de forma sustentable, es decir el agua renovable, esté entre las más bajas del país, ya que este parámetro es el resultado de el escurrimiento superficial virgen anual, más la recarga media anual de los acuíferos, más las importaciones de agua de otras regiones o países, menos las exportaciones de agua a otras regiones o países. Siendo el indicador de agua renovable para el estado de Baja California de 2 mil 989 hm3/año o 858 m3 por habitante al año.

En el caso del municipio de Mexicali, este obtiene el vital líquido del Río Colorado y del acuífero del Valle de Mexicali, este último como ya se señaló presenta déficit en cuanto a la disponibilidad de sus aguas, es decir, está sobrexplotado y por lo mismo se encuentra en veda, como consta en la “Actualización de la disponibilidad media anual de agua en el acuífero valle de Mexicali (0210), Estado de Baja California.” Publicada en el Diario Oficial de la Federación del día 20 de abril de 2015:

“El volumen anual de extracción, de acuerdo con los títulos de concesión inscritos en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), de la Subdirección General de Administración del Agua, con fecha de corte al 31 de diciembre del 2005 es de 892 millones 949 mil 214 m3 /año.”

...

Conforme a la metodología indicada en la norma referida anteriormente, la disponibilidad de aguas subterráneas se obtiene de restar al volumen de recarga total media anual, el valor de la descarga natural comprometida y el volumen de aguas subterráneas concesionado e inscrito en el REPDA. -374’949,214 = 520’500,000 – 2’500,000 – 892’949,214 (m3 anuales) La cifra indica que no existe volumen disponible para nuevas concesiones en la unidad hidrogeológica denominada acuífero Valle de Mexicali en el Estado de Baja California.”

En cuanto a la veda en el acuífero Valle de Mexicali, en la actualización antes mencionada se puede leer lo siguiente:

El acuífero pertenece a la región Hidrológico-Administrativa I Península de Baja California y se encuentra sujeto a las disposiciones del “decreto por el que se establece veda tipo III para el alumbramiento de aguas del subsuelo en el estado de Baja California”, publicado el 15 de mayo de 1965. La veda establece que la capacidad del acuífero permite extracciones limitadas para usos domésticos, industriales, de riego y otros. Menciona que “Excepto cuando se trate de alumbramientos para usos domésticos, desde la vigencia de este Decreto, nadie podrá extraer aguas del subsuelo dentro de la zona vedada ni modificar los aprovechamientos existentes sin previo permiso por escrito de la Autoridad del Agua, la que sólo concederá permisos únicamente en los casos en que de los estudios relativos se concluya que no se causarán los perjuicios que con el establecimiento de la veda tratan de evitarse”.

Pero no solo para el consumo del agua de la ciudad de Mexicali es que se explota el acuífero antes referido, sino también para el riego agrícola y el abrevadero de ganado, de hecho, casi toda el agua del acuífero valle de Mexicali está concesionada al Distrito de Riego 014 y las Unidades de Riego que conforma este distrito de riego, siendo la producción agropecuaria de esta zona la más importante del estado de BC e incluso en algunos cultivos del país.

Con vista a la anterior, resulta incomprensible que en la ciudad de Mexicali las autoridades fomenten la instalación de una planta industrial para la elaboración de cerveza por parte de la firma estadounidense Constellations Brands, quien por medio de la consultora internacional CBRE Economic Incentives Group y la filial de esta última, Tenedora Inmobiliaria de Coahuila, S de RL de CV, ha conseguido terrenos estatales a un bajo precio y ahora pretende acceso al agua en grandes cantidades.

De llegarse a concretar el proyecto, la cervecera consumirá 20 millones de m3 anuales de un agua por lo menos durante los próximos 50 años. Para lo anterior, a decir de la revista Proceso, 2 con base en documentos oficiales que argumenta tener en su poder, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM)3 pondrá a disposición de Constellations Brands, por medio de Tenedora Inmobiliaria de Coahuila, S de RL de CV, 15 millones de m3 de agua del Acuífero del Valle de Mexicali y 5,000,000 de m3 de agua superficial, comprometiéndose la CESPM a mantener disponibles para suministro exclusivo de la cervecera las cantidades antes referidas.

Es decir, la CESPM dará preferencia en cuanto al suministro de agua a la cervecera, sobre otros posibles usos que se le pueda dar al vital líquido, contraviniendo la prelación que mandata la Ley de Aguas Nacionales en el décimo quinto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2004, miso que a la letra señala:

Décimo Quinto. En tanto se cumple con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 22 de esta ley, se observará el siguiente orden de prelación de los usos del agua para la concesión y asignación de la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, superficiales y del subsuelo, aplicable en situaciones normales:

1. Doméstico;

2. Público urbano;

3. Pecuario;

4. Agrícola;

5. Uso para la conservación ecológica o uso ambiental;

6. Generación de energía eléctrica para servicio público;

7. Industrial;

8. Acuacultura;

9. Generación de energía eléctrica para servicio privado;

10. Lavado y entarquinamiento de terrenos;

11. Uso para turismo, recreación y fines terapéuticos;

12. Uso múltiple; y

13. Otros.

Lo anterior se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 29 Bis 5 y en el Título Quinto, de esta ley.”

Además, Proceso sostiene que el contrato para el suministro de agua a la cervecera es confidencial, a decir de esta publicación:

“Y para mantener en la oscuridad la entrega del agua de la ciudad a la cervecera, la empresa le advierte a la funcionaria estatal que el contrato para el suministro del líquido es –confidencial-, como lo establece la cláusula decimotercera: Cada una de las partes acuerda que no difundirá a ninguna persona el contenido del presente contrato de suministro, así como de cualquier información que le sea proporcionada por cualquiera de las partes, afiliadas o subsidiarias...”.

También resulta incomprensible cómo es que la CESPM se compromete a suministrar en todo momento las cantidades de agua antes señaladas en una zona donde las sequias son frecuentes, cuando es claro que primero tiene que abastecer a los hogares y después de esto permitir el uso pecuario y agrícola antes del que le podría corresponder a la cervecería.

Además, por encontrarse en veda el acuífero valle de Mexicali no es posible que obtener nuevas títulos de concesiones para la explotación de sus aguas, esto por efectos del artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales. Ante este impedimento la empresa cervecera ha buscado el apropiarse de terrenos agrícolas que cuenten ya con estos títulos.

Si bien la transmisión de la concesión del agua es posible bajo el amparo de la ley vigente, esto conlleva un trámite ante la Semarnat-Conagua, que viene a ser un aviso en el caso de que esta transmisión no implique la modificación de las características del título de concesión, pero, cuando se pretende cambiar el uso consultivo establecido en el título correspondiente, como sería el caso de la cervecera, lo que se requiere es de autorización.

En febrero del presente año, en conferencia de prensa el delegado de la Conagua en BC aseguró que hasta ese momento no se había presentado ninguna solicitud de transmisión por parte de Constellations Brands.

Pero dese nuestro punto de vista, de presentarse solicitudes por parte de Constellations Brands para la operación de una planta cervecera está debe de ser rechazada, por afectar a terceros en cuanto a las actividades agropecuarias, al ambiente y más importante, por poner en riesgo el abasto de agua potable para uso doméstico.

Por ejemplo, agricultores del Valle de Mexicali han argumentado que las cantidades de agua que pretende usar Constellation Brands afectaría mil 500 hectáreas de cultivo y a cerca de 15 mil familias, por su parte, el gobierno estatal, pretende minimizar el problema y afirma que se afectarían 750 hectáreas de riego.4

Si bien el que se afecte a miles de familias que verían afectadas sus actividades productivas es en sí mismo motivo más que suficiente para que las autoridades impidan semejante situación, es aún más preocupante la afectación que van a tener los usuarios de agua para uso doméstico.

El doctor Jesús Adolfo Román Calleros, investigador del Instituto de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma de Baja California, haciendo cálculos con tan solo 7.5 millones de m3 al año nos advierte del problema que se avecina si Constellation Brands se establece en Mexicali, a decir del reconocido especialista en la materia de concretarse la instalación de la cervecera cerca de 30 mil mexicalenses dejarían de tener acceso al agua. Según calcula, se requieren 350 litros de agua diarios por habitante, si se consideran los 7.5 millones de metros cúbicos de agua planeados por la cervecera, equivale a dejar sin agua a 30 mil personas.5

?De darse las transmisión de la concesión del agua que requiere la cervecera se estará actuando en contra de la observación general número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ya que su párrafo 23 específica como parte de la obligación del estado para proteger el derecho humano al agua el que el estado impida la explotación inequitativa del vital líquido por parte de terceros, que es lo que ocasionaría la puesta en marcha de la citada cervecera. A decir del citado párrafo:

23. La obligación de proteger exige que los Estados parte impidan a terceros que menoscaben en modo alguno el disfrute del derecho al agua. Por terceros se entiende particulares, grupos, empresas y otras entidades, así como quienes obren en su nombre. La obligación comprende, entre otras cosas, la adopción de las medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias y efectivas para impedir, por ejemplo, que terceros denieguen el acceso al agua potable en condiciones de igualdad y contaminen o exploten en forma no equitativa los recursos de agua, con inclusión de las fuentes naturales, los pozos y otros sistemas de distribución de agua.

De todo lo anteriormente expuesto en esta proposición con punto de acuerdo, resulta incomprensible que las autoridades estatales y municipales de Baja California estén apoyando la puesta en marcha de una planta elaboradora de cerveza en Mexicali.

En Morena no estamos en contra de las actividades productivas y la creación de empleos, pero, somos convencidos de que el desarrollo debe ser sustentable, que las actividades productivas deben de ser acordes con el medio ambiente y que los derechos humanos deben de prevalecer sobre los intereses de las transnacionales. Si quieren invertir en México, sean bienvenidas, siempre y cuando sea con respeto a los derechos de los mexicanos, entre ellos el derecho al agua y al medio ambiente sano.

Por lo expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Comisión Nacional del Agua, al gobierno del estado de Baja California y al gobierno municipal de Mexicali, Baja California, a que en ámbito de sus atribuciones protejan el acuífero valle de Mexicali y nieguen concesiones, autorizaciones para la transmisión de títulos de concesión, o cualquier otro acto administrativo que ponga en riesgo el acceso al vital líquido de dicho acuífero para el uso doméstico, público urbano y agropecuario, como es el caso de la pretendida instalación de la planta cervecera de Constellation Brands en la ciudad de Mexicali.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado, a que en los términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, haga del conocimiento público los contratos que dicha Comisión Estatal ha celebrado con Constellations Brands, y/o con Tenedora Inmobiliaria de Coahuila, S de RL de CV.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al Congreso del Estado de Baja California a que instruya al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California a que en el ámbito de sus atribuciones, a que revise la legalidad de los contratos que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali a celebrado con Constellations Brands, y/o con Tenedora Inmobiliaria de Coahuila, S. de R.L. de C.V.

Notas

1 La clasificación de las disponibilidad media per cápita es la siguiente: menos de 1,000 extremadamente baja; 1,000 a 2,000 muy baja; 2,001 a 5,000 baja; 5,001 a 10,000 media; 10,001 a 20,000 alta y mayores de 20,000 muy alta. (La gestión ambiental en México, Semarnat, 2006).

2 http://www.proceso.com.mx/498510/la-batalla-agua-constellations-brands- contra-mexicali-resiste

3 La CESPM es el organismo público descentralizado del gobierno del estado de BC, encargado de atender la planeación, construcción, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario en el municipio de Mexicali.

4 http://zetatijuana.com/2017/01/agua-o-sangre/

5 http://www.unimexicali.com/noticias/mexicali/485784/30-mil-personas-que darian-sin-agua-si-se-le-otorga-a-constellation.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2017.

Diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra

(rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Cultura a iniciar los procesos conducentes a incluir en la lista de patrimonio cultural inmaterial de México ante la UNESCO la fiesta de San Roque, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, María Elena Orantes López, integrante de la LXIII Legislatura en la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Cultura del gobierno de la república a considerar iniciar los procesos correspondientes a incluir la fiesta de San Roque, celebrada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dentro de la lista de patrimonio cultural inmaterial de México ante la Unesco, con base en las siguientes

Consideraciones

Entre las expresiones indígenas que fundamentan la riqueza cultural de nuestro país se encuentra la del pueblo zoque. Esta etnia mexicana se encuentra distribuida en los estados de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, y aunque tiene una proximidad cultural importante con las etnias mixes y popolucas, mantiene expresiones culturales originales.

La visión del mundo zoque ha tenido retos importantes para su sobrevivencia, debido a la tendencia a la integración no incluyente en la cultura nacional mestiza y a fenómenos naturales como la explosión del volcán Chichonal que obligó al desplazamiento de varios pueblos zoques chiapanecos, mermando sus expresiones.1

No obstante ello, Chiapas mantiene algunos aspectos fundamentales de la cultura zoque como las festividades de San Roque, que se manifiestan cada año en el barrio más antiguo de Tuxtla Gutiérrez, dentro de las celebraciones a San Roque y San Bartolo. Estas fiestas, llevadas a cabo a mediados de agosto, inician a las 5:30 horas con una procesión con la imagen de San Roque (santo patrono para las enfermedades difíciles y de los animales)2 por las principales calles de los barrios zoques; seguida de una misa y una convivencia popular con comida tzispolá (comida tradicional zoque), tamales y café.

Después de las 9:00 horas se presentan peregrinos de distintas puntos de la ciudad con arreglos e indumentarias coloridas, acompañados de los “parachicos” y música tradicional de flautas y percusiones con la que se ameniza la participación de danzantes3 provenientes de distintos puntos de la ciudad.4 Estas danzas se realizan con indumentarias tradicionales, portando los danzantes un bastón de mando con la flor de brómelia, y tiene rasgos prehispánicos.

En este contexto, se concentran las “comideras zoques” quienes preparan desde temprano comida para todos como caldos locales de res (uaziscaldu ), niminjuti , acompañados de pozol, aguardiente y mistela, distribuidos a los participantes de la festividad por familias voluntarias. Todo esto, acompañado de artesanías, puestos de dulces tradicionales y juegos mecánicos.5

El colorido, la antigüedad y el respeto de esta tradición, la hacen una de las fiestas religiosas más antiguas del país y la última festividad zoque viva en Chiapas.

Derivado de todo lo anterior y considerando que la tendencia a la desarticulación de nuestras tradiciones debido a la comercialización, la urbanización y la globalización entendida como homogeneidad cultural, pone en peligro la supervivencia de esta fiesta y, con ello, la continuidad de una parte importante del patrimonio cultural de Chiapas, México y la humanidad, resulta necesaria la intervención de nuestras autoridades culturales.

En consecuencia, se considera importante que el gobierno de la república, a través de la Secretaría de Cultura, refrende su función protectora, promotora y difusora de las expresiones artísticas y culturales de México, así como la labor de salvaguarda de la diversidad cultural, redoblen esfuerzos en fortalecer esta festividad y busquen iniciar los procesos correspondientes a su preservación y adecuada valoración internacional.6

En atención a esto último, en primera instancia se considera necesario que nuestro gobierno incluya en la lista de patrimonio cultural inmaterial a la fiesta de San Roque para hacer viable su salvaguarda. Asimismo, que redoble los esfuerzos para establecer mecanismos para proteger esta fiesta y proceda a los procesos que correspondan para que toda vez que dicha fiesta es una expresión artística del espectáculo, es un uso ritual, e implica un acto festivo relativo a la concepción del universo, saberes y técnicas en la vestimenta y gastronomía, se busque su inclusión entre el patrimonio cultural inmaterial reconocido por la Unesco.7

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Cultura del gobierno de la república a considerar iniciar los procesos correspondientes a incluir la fiesta de San Roque, celebrada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dentro de la lista de patrimonio cultural inmaterial de México ante la Unesco.

Notas

1 Véase: http://www.uxpanapa.gob.mx/wp-content/uploads/sites/155/2014/05/Zoques. pdf

2 Se le atribuye salvar a Tuxtla Gutiérrez de la peste durante la guerra cristera

3 Las danzas zoques involucran a cuatro danzantes representantes de cuatro santos de los cuatro barrios de Tuxtla Gutiérrez (San Bartolo, San Roque, San Jacinto y Santo Domingo)

4 Véase: http://www.nvinoticias.com/nota/26535/algarabia-y-tradicion-en-festivid ad-de-san-roque

5 Véase: http://www.chiapas.gob.mx/fiestas-y-ferias/

6 Véase: https://www.gob.mx/cultura/que-hacemos

7 Véase: https://ich.unesco.org/es/que-es-el-patrimonio-inmaterial-00003

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2017.

Diputada María Elena Orantes López

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades federales y locales a instalar más electrolineras en el país, a cargo de la diputada Edith Yolanda López Velasco, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe diputada Edith Yolanda López Velasco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta con absoluto respeto a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a sus respectivas dependencias en las Entidades Federativas, para que se ejerza la acción de instalación de un mayor número de electrolineras en el país, así como en su caso, se otorguen incentivos a la iniciativa privada para su instalación, para brindar el servicio a bajo costo, a efecto de que se vaya modificando el uso de vehículos propulsados por combustibles fósiles, por aquellos cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables, así como de aquellos que además cuenten con motor de combustión interna o con motor accionado por hidrógeno o cualquier otro tipo de energía considerada como “alterna”; de los llamados autos “verdes” o “ecológicos” para redundar en el cuidado del medio ambiente, de la naturaleza y los seres vivos, así como en el desarrollo de la industria automotriz sobre este rubro.

Objetivo: Instalar el mayor número de electrolineras posibles en el país, incentivando a la iniciativa privada para que proceda a imbuirse en este renglón, atendiendo a su bajo costo en comparación con el precio del combustible (gasolina o diesel) que se utiliza por la mayoría de vehículos actualmente, a efecto de que paulatinamente se pueda hacer una efectiva transición de vehículos “convencionales” o de los propulsados por combustibles fósiles a vehículos “verdes” o “ecológicos”, al tiempo de que las armadoras de vehículos prevean más elementos biodegradables o “ecológicos” en la fabricación de sus vehículos, respecto a cuyos temas debe brindarse difusión general en todo el país, para que la población en general conozca las bondades que acarrea el uso de vehículos “verdes” o “ecológicos”, tópico que está vinculado con otro punto de acuerdo que formulo de manera separada.

Exposición de Motivos

Interesados en el medio ambiente, su mejoramiento y en tratar de evitar problemas de salud a la población, mismos que pueden empeorar con el paso del tiempo, debido al incremento de emisiones de CO2, entre otros elementos que se quedan fijos en el aire que respiramos y en la atmosfera, se pone de manifiesto la importancia de la instalación de un mayor número de electrolineras a nivel nacional, que son los dispositivos en los que los automotores denominados “verdes” o “ecológicos” pueden recargar sus baterías o depósitos de propulsión respectivos.

Así, las electrolineras, son estaciones de carga para autos que utilizan electricidad en vez de gasolina y para híbridos recargables, en el país se encuentran instaladas 699, de las cuales 477 son públicas (68 por ciento) y 222 son privadas (32 por ciento). La red de Electrolineras está distribuida en varias partes del país, siendo en la Ciudad de México y los estados de Nuevo León y Aguascalientes en donde se concentran el 53 por ciento de su totalidad.

Al respecto, existen dos tipos de electrolineras que cargan los vehículos a velocidades diferentes: Las electrolineras de nivel 2 cargan un vehículo completamente en un tiempo de entre 2 y 4 horas y las de nivel 3 que lo hacen en entre 20 y 30 minutos.1 Es dable destacar, que según la Agencia Internacional de Energía (AIE), el número de vehículos eléctricos existentes en todo el mundo, incluidos los híbridos, supera el millón.2

Entre otras razones, es la falta de cultura “verde” la que le hace falta a nuestra sociedad tomar en cuenta para pensar en las consecuencias que provocan las emisiones de CO2 en nuestro cuerpo, para nuestra salud, para nuestras plantas, animales, es decir, para todo nuestro medio ambiente y sus seres vivos; se sufre entonces una muerte lenta de todos los seres de este planeta. El dióxido de carbono (CO2) es un gas de efecto invernadero y también necesario y vital para la Vida en nuestra Tierra; sin embargo, la quema exagerada de combustibles ha venido incrementando rápidamente y como consecuencia se ha concentrado en gran medida en nuestra atmósfera, lo que ha propiciado el calentamiento global y como consecuencia natural, ha acelerado ese efecto invernadero.3 Es de considerarse también, que es la principal causa de la acidificación del océano, ya que se disuelve en el agua para formar ácido carbónico.4 Así también se advierte lo que señaló Joseph Black, descubridor del dióxido de carbono al hacer uno de sus experimentos que consistió en encerrar un ratón y una vela encendida, dentro de un recipiente con CO2, dado que la vela se apagó y el ratón murió, llegó a la conclusión de que era un gas irrespirable, al que en 1754 lo denominó “aire fijo“.5

Los principales contaminantes emitidos por los automóviles No verdes o ecológicos son: dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO), óxido de nitrógeno (NOx), hidrocarburos no quemados (HC) y compuestos de plomo y anhídrido sulfuroso estimulando al crecimiento de smog que hay en las ciudades y al calentamiento global. A nivel global, según diversos estudios más del 20 por ciento del total de las emisiones de gases contaminantes se le atribuyen a los autos propulsados por combustibles fósiles.

Así, el transporte es el sector con mayor crecimiento de emisiones de CO2 en Latinoamérica y éstas aumentarán significativamente a menos que se acelere la transformación tecnológica y se pongan en marcha políticas innovadoras”, sostiene por su parte Agustín Matteri, Especialista Legal en la Coordinación Regional de Cambio Climático de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Medio Ambiente, quien además explica cuál es la propuesta para activar la transición a la movilidad eléctrica a un ritmo mayor:

“Se deberían eliminar barreras en el mercado y generar condiciones habilitantes en materia de infraestructura, promoviendo, a su vez, un adecuado diseño de incentivos, políticas y mecanismos financieros para su aplicación específica en la Región”.6

Otros países en Europa como Noruega,7 Países Bajos, España,8 destacan por la preocupación que tienen de incentivar el uso de energías renovables y alternas en el uso de vehículos eléctricos o híbridos. Por su parte, en América Latina destaca Chile, Brasil, Argentina, el primero en mención, en 2012 inauguró el primer centro para cargar autos eléctricos, o electrolinera, en un parqueadero público. Esta estación ofrece una recarga de 30 minutos, que constituye hasta un 80 por ciento de la capacidad de una batería de auto eléctrico y le permite una autonomía de aproximadamente 130 kilómetros.

Sin embargo, en ese país ya se habían instalado en 2011 otras dos estaciones, pero en diferentes formatos. La primera está ubicada en una estación de servicio y fue “la primera Electrolinera de carga rápida en América Latina”. La segunda está localizada en la sede principal de la compañía energética Endesa, en la capital Santiago. Chile fue el primer país del continente en tomar la iniciativa de instalar una estación de carga para carros eléctricos. El mandatario Chileno de ese entonces, señaló “El hecho de estar inaugurando hoy la primera ‘electrolinera’ de América Latina representa un buen símbolo de que Chile, que llegó tarde a la Revolución Industrial, no va a llegar nunca más tarde a ninguna otra revolución” . 9

Sin embargo; a pesar de que no se hayan adquirido hasta la actualidad muchos vehículos híbridos o eléctricos en nuestro País, nuestro Estado Mexicano ha contemplado diversos beneficios para que el adquirente de ese tipo de automotores pueda obtener al adquirir algún tipo o modelo de estos vehículos, pero a cuyos beneficios se considera ha faltado difusión; dentro de éstos, se destaca la exención del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, que contempla la Ley de Ingresos de la Federación vigente, en su artículo 16, apartado B fracción I, en los términos siguientes:

1.- Se exime del pago del impuesto sobre automóviles nuevos que se cause a cargo de las personas físicas o morales que enajenen al público en general o que importen definitivamente en los términos de la Ley Aduanera, automóviles cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables, así como de aquéllos eléctricos que además cuenten con motor de combustión interna o con motor accionado por hidrógeno.

Así también, lo contemplado en el artículo 2° de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos.

El impuesto para automóviles nuevos se calculará aplicando la tarifa o tasa establecida en el artículo 3o. de esta Ley, según corresponda, al precio de enajenación del automóvil al consumidor por el fabricante, ensamblador, distribuidores autorizados o comerciantes en el ramo de vehículos, incluyendo el equipo opcional, común o de lujo, sin disminuir el monto de descuentos, rebajas o bonificaciones. Por otra parte, la labor que la Comisión Federal de Electricidad hace en esta materia y que es de gran soporte para el impulso de estas políticas, se ve reflejado en la Guía Para Contratación de Servicios de Recarga de Vehículos Eléctricos para Clientes Residenciales , donde establece los pasos que hay que seguir para obtener el servicio de suministro de energía eléctrica destinado a la recarga de vehículos eléctricos en casas – habitación. 10

El costo actual de la gasolina es considerable para los usuarios de automóviles en general, de manera que si se cuenta con automóviles con batería recargable y estaciones de servicio de carga o casas habitación con instalación para carga eléctrica vehicular, el costo de la movilidad sin duda decrecerá en sus erogaciones o gastos, trayendo a los particulares, usuarios de autos, un considerable beneficio preponderantemente económico,11 también se contribuiría en no hacer grandes desembolsos por contaminantes que afectan al medio ambiente y a la salud personal, social o colectiva que afectan la calidad de vida.

Al respecto, dependiendo del nivel de exposición a los agentes contaminantes, así como la resistencia física de cada persona, la contaminación que se encuentra en el aire y que respiramos afecta de las siguientes maneras:

* Reacción alérgica a través de tos o estornudos, irritación de los ojos debido al ozono y partículas suspendidas, comezón en la piel y resequedad de las mucosas.

* Agotamiento físico. Cansancio, baja productividad laboral y escolar, así como sensación de pesadez, irritabilidad, insomnio, ansiedad e incluso mareos también son producto de la contaminación.

* Síntomas relacionados a enfermedades específicas, principalmente respiratorias (como cáncer bronquial y efisema pulmonar), digestivas, vasculares y cardiacas (trombosis, coágulos, infartos). Disminución de la capacidad de la sangre para transportar sustancias nutritivas y oxígeno.

La contaminación ambiental siempre deberá atenderse de mejor manera y nunca ser subestimada, de acuerdo con la OMS, causa alrededor de 1.3 millones de muertes al año en todo el mundo, una cifra similar resulta de la contaminación del aire en interiores (por combustión de carbón o leña) que es responsable de dos millones de muertes prematuras, más de la mitad de defunciones se deben a neumonías en menores de 5 años. La mayoría de estas muertes se encuentran en países subdesarrollados. De acuerdo con las Guías de Calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una reducción de contaminación por partículas (PM10) de 70 a 20 microgramos por metro cúbico, permite reducir en un 15 por ciento las muertes relacionadas con la calidad del aire.

El máximo órgano de la salud en el mundo ha recomendado reiteradamente bajar los límites de concentración de algunos contaminantes en el aire (partículas suspendidas), ozono (O2), dióxido de nitrógeno (NO2) y dióxido de azufre (SO2), así como tomar medidas preventivas y de higiene con enfermedades que se transmiten a través del aire como influenza y gripe. Las únicas partículas capaces de penetrar hasta el sistema respiratorio son aquéllas cuyo tamaño está entre 0.1 y 1.0 g, intervalo que abarca desde virus (como la influenza que se transmite a través de la saliva) y esporas fúngicas (contaminación por hongos), hasta células bacterianas individuales (como el caso de la tuberculosis pulmonar)

La OMS declaró a la contaminación ambiental como cancerígena, principalmente de pulmón y de vejiga. Según los expertos, no existe una sustancia en particular que sea determinante sino que intervienen todos los agentes que componen la polución.

La gente respira alrededor de 10 ml de aire por día, por consiguiente, el pulmón recibe dosis significativas de muchos contaminantes del aire, desde plomo y diesel, hasta materia fecal. En conclusión, cuanto menor sea la contaminación atmosférica de una ciudad, mejor será la salud respiratoria y cardiovascular de su población.12

La OMS estima que un 72 por ciento de las defunciones prematuras relacionadas con la contaminación del aire exterior en 2012 se debieron a cardiopatía isquémica y accidente cerebrovascular, mientras que un 14 por ciento se debieron a neumopatía obstructiva crónica o infección aguda de las vías respiratorias inferiores, y un 14 por ciento a cáncer de pulmón.

Una evaluación de 2013 realizada por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer de la OMS determinó que la contaminación del aire exterior es carcinógena para el ser humano, y que las partículas del aire contaminado están estrechamente relacionadas con la creciente incidencia del cáncer, especialmente el cáncer de pulmón. También se ha observado una relación entre la contaminación del aire exterior y el aumento del cáncer de vías urinarias y vejiga.

Por otro lado, existen numerosos ejemplos de políticas fructíferas relativas a los sectores de transporte, planificación urbana, generación de electricidad e industria, que permiten reducir la contaminación del aire:

• Industria: utilización de tecnologías limpias que reduzcan las emisiones de chimeneas industriales; gestión mejorada de desechos urbanos y agrícolas, incluida la recuperación del gas metano de los vertederos como una alternativa a la incineración (para utilizarlo como biogás);

• Transporte: adopción de métodos limpios de generación de electricidad; priorización del transporte urbano rápido, las sendas peatonales y de bicicletas en las ciudades, y el transporte interurbano de cargas y pasajeros por ferrocarril; utilización de vehículos pesados de motor diésel más limpios y vehículos y combustibles de bajas emisiones, especialmente combustibles con bajo contenido de azufre;

• Planificación urbana: mejoramiento de la eficiencia energética de los edificios y concentración de las ciudades para lograr una mayor eficiencia;

• Generación de electricidad: aumento del uso de combustibles de bajas emisiones y fuentes de energía renovable sin combustión (solar, eólica o hidroeléctrica); generación conjunta de calor y electricidad; y generación distribuida de energía (por ejemplo, generación de electricidad mediante redes pequeñas y paneles solares).

• Gestión de desechos municipales y agrícolas: estrategias de reducción, separación, reciclado y reutilización o reelaboración de desechos, así como métodos mejorados de gestión biológica de desechos tales como la digestión anaeróbica para producir biogás, mediante métodos viables y alternativas económicas en sustitución de la incineración de desechos sólidos.13

Así, cabe destacar lo que se dice en el Informe de la Secretaría sobre Salud y Medio ambiente – Impacto Sanitario de la Contaminación del Aire del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud en sus puntos dos (2), cinco (5), seis (6), siete (7):

“2. El CIIC ha definido recientemente la contaminación del aire propiamente dicha, además de las partículas de pequeño diámetro presentes en ella (PM2.5), como causa de cáncer del pulmón. El CIIC ya había clasificado los gases procedentes de la combustión de diesel y el humo de carbón (dos de los principales componentes de la contaminación ambiental y del aire de interiores) como sustancias carcinógenas.”

“5. Aunque todas las poblaciones, con independencia de su nivel de ingresos, resultan afectadas por la contaminación del aire, las personas pobres y desfavorecidas, por ejemplo las que viven en barrios míseros, a menudo están expuestas a mayores niveles de contaminación del aire y son con mucho las más afectadas. Hoy en día los niveles de contaminación del aire y la mortalidad asociadas son particularmente altos en los países que se industrializan rápidamente.”

“6. La contaminación del aire por partículas finas (PM10 y PM2.5) puede ser transportada a miles de kilómetros de distancia y no respeta fronteras nacionales, de modo que la contaminación producida en un país puede afectar a otros. Por consiguiente, las soluciones exigen una acción concertada entre los países.”

“7. Las fuentes de contaminación del aire (uso de combustibles fósiles y combustión de biomasa) también son fuentes de gases de efecto invernadero. Las medidas que tratan de abordar esas fuentes dan lugar a importantes beneficios para la salud, no solo en lo que se refiere al impacto directo de la contaminación del aire en la incidencia de accidentes cardiovasculares, cardiopatías, cánceres y neumonías, sino también en cuanto a los impactos sanitarios indirectos del cambio climático (como fenómenos meteorológicos extremos, escasez de agua, menor productividad agrícola y malnutrición o cambios en los vectores de enfermedades). Por ejemplo, el uso más generalizado de combustibles y cocinas limpios en las viviendas puede reducir los niveles de carbono negro (contaminante climático de vida corta) y prevenir neumonías infantiles y enfermedades no transmisibles, contribuyendo también al logro de varios de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud.” 14

Al respecto, el Estado Mexicano sobre esta materia deberá de cumplir su función de protección del medio ambiente y a la salud, por lo que la participación activa en esta materia será indispensable.

Instalar electrolineras y promover su eficacia por parte del sector privado debe de ser una tarea que tendrá que incrementarse necesariamente con el paso del tiempo, así como también debe alentarse a la sociedad a informarse más sobre el tema del medio ambiente, contaminación, contingencias ambientales y el cómo determinados vehículos ahora existentes pueden coadyuvar a la conservación, protección y preservación de nuestros recursos naturales, seres vivos y medio ambiente, con el objetivo de que la sociedad en general considere y se decida en mayor medida por la opción de adquirir algún tipo de los vehículos híbridos, eléctricos y de hidrógeno, “ecológicos” o “verdes” que se distribuyen en el mercado automotriz mexicano.

Cabe hacer el señalamiento, que debido a que hay muy pocas electrolineras en el país,15 éste ha sido otro factor determinante para que la industria automotriz tampoco produzca tantos vehículos dentro de su gama y la sociedad civil como consecuencia no tenga un catálogo tan amplio como lo hay para el caso de autos convencionales o los que son propulsados por combustibles fósiles al 100 por ciento, para elegir algún vehículo de su preferencia o gusto; actualmente dentro de los vehículos que destacan por ser eléctricos e híbridos, mismos que están a la venta son: Chevrolet Volt y Spark EV, Nissan Leaf, Prius de Toyota, i3 e i8 de BMW, Twizy de Renault y los modelos e-Hybrid de Porsche y el eléctrico de Tesla, Modelo S.16

La acción que se propone exige una mayor o profusa difusión hacia la población, para que quienes siendo propietarios o poseedores de vehículos y quienes en lo futuro lo serán, atiendan a los beneficios que acarreará contar con automotores “verdes” o “ecológicos”, aquéllos que compatibilicen con el medio ambiente y sus seres vivos, logrando también la no restricción del uso de autos en determinados tiempos y lugares, debido a que no contaminan como lo hacen hasta ahora los autos convencionales al ambiente y a sus seres vivos; por lo que se precisa, además de darle más difusión al tema en comento, que el Estado se encargue de coadyuvar en la instalación de Electrolineras que considere convenientes, en los lugares que sean viables para ello, y se estimule o incentive al sector privado para que instalen las Electrolineras que mucha falta le hacen al Estado, todo, en beneficio de la población.

A manera ilustrativa se cita la siguiente tesis:

Época: Décima Época Registro: 2014304 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 19 de mayo de 2017 10:24 h Materia(s): (Constitucional) Tesis: I.3o.A.1 CS (10a.)

Derechos a la salud y a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar. Acciones que debe realizar el Estado mexicano para su salvaguarda y para ajustarse a los estándares internacionales, en materia de medidas de restricción a la circulación de vehículos por la aparición de contingencias ambientales.

El Estado Mexicano (tanto a nivel federal, como local) tiene la obligación de realizar las gestiones necesarias para la salvaguarda del medio ambiente y del derecho a la salud, ya que existen normas nacionales e internacionales que defienden y consolidan el derecho de la persona humana a vivir en un medio ambiente sano, el cual ha dejado de ser asunto de uno o dos Estados, para pasar a ser un tema mundial. Así, para la efectividad del derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar, previsto en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es evidente y patente que constituye una obligación a cargo del Estado Mexicano, llevar a cabo acciones tendentes a proteger el medio ambiente, acceder al derecho a la salud y evitar el daño a ésta por la aparición de contingencias ambientales. En estas condiciones, si bien es cierto que, prima facie, es constitucionalmente válido restringir por razón de emergencia natural, la circulación de vehículos, también lo es que el propio Estado debe realizar acciones como: mejorar la calidad de los combustibles; proveer y garantizar medios de transporte público eficiente y que propicie que los gobernados dejen de usar sus vehículos particulares; controlar que las unidades de servicio público dejen de ser obsoletas y abiertamente contaminantes, como en la actualidad lo son; vigilar y evitar que la llamada industria “con chimeneas” continúe abiertamente emitiendo contaminantes al medio ambiente que dañan igual o más que los propios vehículos la salud de los pobladores, entre otros. Por tanto, si el Estado Mexicano lleva a cabo las acciones indicadas, consolidará su calidad de rector en la protección al medio ambiente y será copartícipe en la mejora en la calidad del aire, lo que permitirá estimar que México se ajusta a los estándares contenidos en los tratados internacionales, además de que armoniza su propia condición al marco normativo mundial.

Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito.” Esta tesis se publicó el viernes 19 de mayo de 2017 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Al respecto, y con el fin de abundar en el marco jurídico de protección interno e internacional al medio ambiente y a los seres vivos cito en lo que interesa al tema en exposición, el artículo 4° Constitucional, La Ley General de Cambio Climático, La Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano.

Artículo 4° Constitucional.

“...Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”...

Artículo 2o. de la Ley General de Cambio Climático.

“Esta ley tiene por objeto:

I. Garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer la concurrencia de facultades de la federación, las entidades federativas y los municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero; II. Regular las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero para lograr la estabilización de sus concentraciones en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático considerando en su caso, lo previsto por el artículo 2o. de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y demás disposiciones derivadas de la misma;”...

Artículo 3o. Para efectos de esta Ley se entenderá por:

“III. Cambio climático: Variación del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera global y se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos comparables”...

“V. Compuestos de efecto invernadero: Gases de efecto invernadero, sus precursores y partículas que absorben y emiten radiación infrarroja en la atmósfera;”

XI. Emisiones: Liberación a la atmósfera de gases de efecto invernadero y/o sus precursores y aerosoles en la atmósfera, incluyendo en su caso compuestos de efecto invernadero, en una zona y un periodo de tiempo específicos.

XII. Emisiones de línea base: Estimación de las emisiones, absorción o captura de gases o compuestos de efecto invernadero, asociadas a un escenario de línea base.

XVII. Fuentes emisoras: Todo proceso, actividad, servicio o mecanismo que libere un gas o compuesto de efecto invernadero a la atmósfera.

XVIII. Gases de efecto invernadero: Aquellos componentes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como antropógenos, que absorben y emiten radiación infrarroja.

Artículo 7o. Son atribuciones de la federación las siguientes:

I. Formular y conducir la política nacional en materia de cambio climático;...

Artículo 8o. Corresponde a las entidades federativas las siguientes atribuciones:

I. Formular, conducir y evaluar la política estatal en materia de cambio climático en concordancia con la política nacional;...

III. Incorporar en sus instrumentos de política ambiental, criterios de mitigación y adaptación al cambio climático;

VII. Celebrar convenios de coordinación con la federación, entidades federativas y los municipios, para la implementación de acciones para la mitigación y adaptación;

VIII. Fomentar la investigación científica y tecnológica, el desarrollo, transferencia y despliegue de tecnologías, equipos y procesos para la mitigación y adaptación al cambio climático;

Artículo 9o. Corresponde a los municipios, las siguientes atribuciones:

I. Formular, conducir y evaluar la política municipal en materia de cambio climático en concordancia con la política nacional y estatal;

Artículo 26. En la formulación de la política nacional de cambio climático se observarán los principios de:

...”V. Adopción de patrones de producción y consumo por parte de los sectores público, social y privado para transitar hacia una economía de bajas emisiones en carbono”...

Principio 11 de la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.

“Los Estados deberán promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente. Las normas ambientales, y los objetivos y prioridades en materia de ordenación del medio ambiente, deberán reflejar el contexto ambiental y de desarrollo al que se aplican”...

Principio 7 de la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano.

“Los Estados deberán tomar todas las medidas posibles para impedir la contaminación de los mares por sustancias que puedan poner en peligro la salud del hombre, dañar los recursos vivos y la vida marina, menoscabar las posibilidades de esparcimiento o entorpecer otras utilizaciones legítimas del mar.”

Principio 24. Todos los países, grandes o pequeños, deben ocuparse con espíritu de cooperación y en pie de igualdad de las cuestiones internacionales relativas a la protección y mejoramiento del medio ambiente. Es indispensable cooperar, mediante acuerdos multilaterales o bilaterales o por otros medios apropiados, para controlar, evitar, reducir y eliminar eficazmente los efectos perjudiciales que las actividades que se realicen en cualquier esfera puedan tener para el medio ambiente, teniendo en cuenta debidamente la soberanía y los intereses de todos los Estados.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta respetable soberanía, la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, Exhorta con absoluto respeto a la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Energía, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en atención a sus competencias, así como a las respectivas dependencias en las Entidades Federativas, para que se ejerza la acción de instalación de un mayor número de electrolineras en el país, así como en su caso, se otorguen incentivos diversos a la iniciativa privada para que sean ellas las que instalen el mayor número de electrolineras posibles, a efecto de que se vaya modificando el uso de vehículos propulsados por combustibles fósiles, por aquellos cuya propulsión sea a través de baterías eléctricas recargables, así como de aquellos autos eléctricos que además cuenten con motor de combustión interna o con motor accionado por hidrógeno o cualquier otro tipo de energía considerada como “alterna”; de los llamados autos “verdes” o “ecológicos,” para contribuir eficazmente desde luego en el cuidado del medio ambiente, de la naturaleza y los seres vivos, así como en el desarrollo de la industria automotriz sobre este rubro.

Notas

1 Cfr. https://www.gob.mx/aperturagasolinas/articulos/que-son-las-electroli neras

2 Cfr. http://electromovilidad.net/cuantos-vehiculos-electricos-hay-en-el-mund o/

3 Aunque el efecto invernadero se produce por la acción de varios componentes de la atmósfera planetaria, el proceso de calentamiento se ha acentuado por la acción del hombre , con la emisión de dióxido de carbono, metano y otros gases.

4 Cfr. National Research Council. “Summary.” Ocean Acidification: A National Strategy to Meet the Challenges of a Changing Ocean. Washington, DC: The National Academies Press. 2010.

5 Cfr. https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Black.

6 Cfr. https://www.fenercom.com/pdf/publicaciones/Guia-del-Vehiculo-Electri co-II-fenercom-2015.pdf

7 Noruega ha apostado a la generación de energías limpias desde hace décadas. Hoy, 99 por ciento de la electricidad en ese país es creada con plantas hidroeléctricas. Tanto es su avance en este rubro que ya hay grupos de científicos estudiando si ese país pudiera abastecer a todo Europa.

Allá las políticas medioambientales y en contra de la contaminación se toman en serio. Tampoco hay cobros de cuota para quienes conducen estas unidades. Las autopistas, túneles y ferries son, con algunas excepciones, libres de pago para quienes viajan en autos ecológicos. También se les permite usar los estacionamientos municipales sin cargos y tienen autorizado circular por los carriles de autobuses, lo cual les ahorra tiempos de traslado, especialmente durante las horas pico. Las zonas de carga en plazas comerciales son gratuitas, y el gobierno noruego está habilitando cada vez más puntos de llenado rápido para facilitar las largas distancias. En contraste, además del combustible los vehículos contaminantes tienen muchos impuestos con los que cumplir debido a la política “el que contamina, paga”. Consultado en:

https://www.fenercom.com/pdf/publicaciones/Guia-del-V ehiculo-Electrico-II-fenercom-2015.pdf

8 En España se deben reducir los gases de efecto invernadero entre un 80 por ciento y un 95 por ciento. Y para ello son necesarias políticas y objetivos de reducción de emisiones más ambiciosos para el transporte que los actuales. Consultado en: https://www.fenercom.com/pdf/publicaciones/Guia-del-Vehiculo-Electri co-II-fenercom-2015.pdf

9 Cfr. http://vidamasverde.com/2012/brasil-y-chile-pioneros-en-la-instalacion- de-electrolineras-en-suramerica

10 Consultado en: http://www.cfe.gob.mx/casa/4_Informacionalcliente/SiteAssets/Paginas/Pa ra-contratar/Guiacontratacionservicios.pdf

11 Para hacer el cálculo económico, se recomienda consultar la página siguiente: http://www.chargenow.mx/

12 Cfr. http://www2.esmas.com/salud/salud-natural/660548/enfermedades-causadas- contaminacion-del-aire/

13 Cfr. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/es/

14 Cfr. http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB135/B135_4-sp.pdf

15 Actualmente son 699 electrolineras instaladas en el país.

16 Cfr. http://carplanet.mx/noticia/general/cuantos-hibridos-y-electricos-ha y-en-mexico/57866bc1a8e06

Recinto Legislativo de San Lázaro, México, Ciudad de México, a 12 de septiembre de 2017.

Diputada Edith Yolanda López Velasco (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita a la SRE un informe a la opinión pública sobre la situación jurídica y migratoria del periodista Martín Méndez Pineda, a cargo de la diputada Brenda Velázquez Valdez, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Brenda Velázquez Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, fracción II, numeral 2, fracción VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

El pasado 5 de febrero el periodista mexicano Martín Méndez Pineda solicitó asilo en Estados Unidos para huir de las amenazas de muerte que recibió en el Estado de Guerrero y terminó tras las rejas.

Cruzó la frontera con Estados Unidos, presentó todos los documentos necesarios, siguió el trámite al pie de la letra y acreditó que su vida corría peligro. Pero el proceso dio un giro. Las autoridades estadounidenses argumentaron que no tenía “lazos comunitarios sólidos” y que temían que huyera cuando fuera liberado para continuar con el procedimiento.

Permaneció en The West Texas Detention Facility , conocido por las personas allí detenidas como “el gallinero” ya que se trata literalmente de un establo para ganado o gallinas, diseñado para un aproximado de 60 personas, con problemas de sobrepoblación, con más de 90 e incluso 100 individuos expuestos a todo tipo de enfermedades, quienes no reciben la atención medica correspondiente. Por su parte, la liberación del señor Méndez fue constantemente rechazada, ya que las autoridades argumentaron la posibilidad de que pudiera huir una vez que fuera liberado para continuar con el procedimiento.

Martín Méndez fue detenido en El Paso, Texas, sin certeza sobre su situación migratoria y con la angustia de volver a México, donde han sido asesinados 10 periodistas desde noviembre de 2016, y permaneció durante tres meses y medio en los Centros de Detención a cargo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con la organización Reporteros sin Fronteras “México es el país más peligroso de la región para los periodistas, desde el año 2000 han sido asesinados más de 100 periodistas en el país y 20 reporteros. Por otro lado, de acuerdo con la clasificación Mundial de la Libertad de Presa publicada por reporteros sin fronteras, México ocupa el lugar 147 de 180 países”.

Por otro lado, cabe a consideración que Martín Méndez se entregó voluntariamente a las autoridades migratorias en el Paso Texas, tal como se expone en el fragmento de una carta que el mismo envió a su abogado tras haber permanecido 66 días detenido.

El abogado Carlos Spector señaló que “es gravísimo, se criminaliza el asilo y se le niega la fianza sin ninguna razón, se tiene que entender como un ataque político a la comunidad mexicana en la frontera”,

La defensa acusa que se trata de una decisión “arbitraria” e “inhumana” y que es un reflejo de la nueva política migratoria que Donald Trump ha puesto en marcha desde su llegada a la Casa Blanca en enero pasado.

Martín Méndez, de 26 años, trabajó como reportero del periódico Novedades de Acapulco. Denunció un ataque de policías federales después de publicar una nota sobre un choque entre una patrulla y un vehículo particular. “Elementos de la Gendarmería violan flagrantemente los derechos de los ciudadanos al tratarlos como delincuentes”, se lee en la crónica del 24 de febrero de 2016. Un mes más tarde seis hombres llegaron a su casa, le apuntaron con un arma y amenazaron con matarlo.

Méndez huyó a Tijuana, Baja California, a más de 3.000 de kilómetros de Acapulco, pero ni el hostigamiento ni las llamadas a su teléfono móvil pararon, asegura en su solicitud de asilo.

El periodista aprobó a inicios de marzo el examen de miedo creíble (credible fear interview) , un examen que supone el primer paso en el proceso. En circunstancias normales, el solicitante continúa su caso después de ser puesto en libertad condicional ante un tribunal especializado.

Pero el Servicio de Control de Inmigración (ICE) consideró que existe el riesgo de que Méndez, que iba a quedarse en casa de una prima con pasaporte estadounidense, no atienda sus audiencias y permanezca sin papeles en Estados Unidos.

En un reportaje de la Revista Proceso, el reportero narra la “discriminación, abusos y humillaciones que ha vivido” en West Texas Detention Facility .

De acuerdo con los oficiales de ICE el 99.9por ciento de las personas que califican para la salida condicional, les es negada y son deportados. Por otro lado, el ICE argumenta que se trata de una detención y no una prisión y que en el momento que decidan se les puede mandar a su país de origen; sin embargo, cuando se les solicita la deportación, las personas ahí confinadas son retenidas hasta por seis meses, causándoles profundos daños psicológicos

Por otro lado, se relata que una de las estrategias empleadas consiste en articular la separación familiar, con el objetivo de vulnerar el sustento económico, obligando a que finalmente la familia completa decida abandonar el país.

Ante esta situación a todas luces violatoria de derechos humanos de la cual, son víctimas cientos de familias mexicanas, el Servicio Exterior acreditado en nuestro vecino del norte, debe llevar a cabo y actuar con eficacia y eficiencia respecto a la defensa de nuestros connacionales en sus respectivas circunscripciones, toda vez que de acuerdo con la Ley del Servicio Exterior en su artículo 2o., fracción II, se establece que “corresponde al Servicio Exterior proteger, de conformidad con los principios y normas del derecho internacional, la dignidad y los derechos de los mexicanos en el extranjero y ejercer las acciones encaminadas a satisfacer sus legítimas reclamaciones”.

Méndez Pineda fue trasladado a tres centros de detención distintos en donde señalo graves abusos psicológicos que perjudicaron seriamente su salud, razón por la cual decidió abandonar ese país, aún con las amenazas que pesaban sobre su persona y que lo motivaron a solicitar asilo político en Estados Unidos

Tras pasar 100 días en ese centro de detención estadounidense y después de que las autoridades se negaran a que saliera bajo libertad condicional a principios de mayo, el periodista mexicano Martín Méndez Pineda decidió volver a México.

Por lo anteriormente expuesto se presenta esta proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores, un informe a la opinión pública del caso del compatriota Martín Méndez Pineda, y si le fue proporcionada debida y oportunamente asistencia consular, en aras de proteger sus derechos humanos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2017.

Diputada Brenda Velázquez Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política a proponer ante el pleno de esta soberanía la creación de la comisión especial de la abeja y la apicultura, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe la presente, diputada María Luisa Beltrán Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34, numeral 1, incisos b) y c); 39, numeral 2, y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, numeral 2; 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, bajo los siguientes:

Considerandos

1. La apicultura es una de las actividades productivas pecuarias más importantes del ser humano, tal es su trascendencia que 139 países han incursionado en el aprovechamiento de esta actividad.

Dichos países han decidido impulsar la apicultura como un motor de desarrollo de su sector primario, para lo cual se han dotado de una legislación adecuada que permite dar certeza y que conlleva a la generación de políticas públicas integrales que buscan generar un impacto positivo en las comunidades productoras generando un beneficio económico, social y saludable.

A nivel mundial existen 81 millones de colmenas que producen un volumen de 1.6 millones de toneladas de miel, lo que genera empleos directos e indirectos que benefician a millones de personas.

2. Como todo sector pecuario, la apicultura no se encuentra exenta de problemas, siendo el más trascendental el de la oferta y la demanda que ocasionan la competencia desleal de mercados agresivos como el de China; esta presión en los mercados internacionales a ocasionado la caída, en el último año, de 3 mil 200 dólares a 2 mil 500 dólares la tonelada de miel, afectando las exportaciones de países en vías de desarrollo que no pueden enfrentar este dumping .

La apicultura ha sufrido un importante deterioro en los últimos 10 años como consecuencia de fenómenos climatológicos, principalmente huracanes que ocasionaron la pérdida de la población de las colmenas sobre todo en el Sudeste del país, zona en la que se genera más del 30 por ciento de la producción nacional.

La reducción significativa de las poblaciones de abejas causadas por el cambio climático, la desertificación, nuevas plagas, y el uso intensivo de plaguicidas cuyos efectos nocivos en las abejas apenas se están investigando, han generado inestabilidad en las épocas de floración, pudiéndose encontrar retrasos en los inicios de las cosechas, la baja o nula producción de néctar, o la falta de polinización de la flora lo que impide que los árboles florezcan.

Según la Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en voz del director general, José Graciano da Silva, “un mundo sin polinizadores sería un mundo sin diversidad de alimentos, y a largo plazo, sin seguridad alimentaria”.

La presencia de las abejas es señal inequívoca de que un ecosistema está sano, por lo que los estados deben estar al pendiente de estos parámetros como lo hizo la anterior administración de los Estados Unidos, con Barack Obama, al emitir una orden ejecutiva a las agencias federales con el fin de investigar el colapso de las colmenas ocurridas de manera alarmante en ese país, lo que repercutió en su producción de miel y en la polinización de cultivos causando pérdidas por millones de dólares.

Los cambios naturales y los provocados por el hombre están ocasionando reducciones en la población de insectos polinizadores como las abejas, poniendo en peligro la producción agrícola, y desestabilizando a los ecosistemas.

3. La respuesta por parte de las naciones desarrolladas ha sido rápida y contundente para enfrentar el reto de la muerte de miles de abejas y el deterioro de la apicultura, la realidad es que en los países que se encuentran en vías de desarrollo han tenido una respuesta insuficiente y lenta.

Un ejemplo claro que evidencia el problema que representa la perdida de colmenas es el aprovechamiento por parte del gobierno de China quienes frente a esta problemática han inundado los países que cuentan con restricciones y controles sanitarios estrictos con tecnología a base de resina que oculta el verdadero origen de las mieles comercializadas. Por otro lado, se beneficia de aquellos países cuyas reglas de importación, y medidas fitosanitarias son más flexibles como los de México y Sudamérica introduciendo miel adulterada a base de fructuosa con precios por la mitad de los de la miel natural.

El sector apícola en México parecía tener un crecimiento sostenido, ya que según informes del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) en el año 2015 se tuvieron cifras record de producción ubicándose el país como el tercer lugar exportador y sexto productor a nivel mundial, pero al año siguiente fue todo lo contrario, sufriendo una fuerte caída del 40 por ciento en las exportaciones, y siendo desplazado hasta el octavo lugar en producción mundial, en 2015 los ingresos reportados fueron por 150 millones de dólares, muy lejos de los 93.7 millones reportados en 2016.

El efecto de este abandono dentro de las políticas hacia este sector ha tenido como consecuencia enormes pérdidas. Por ejemplo la caída en la producción en el estado de Yucatán, con 348 mil colmenas y 11 mil apicultores sufrió un descenso sin precedentes en la producción, arrastrando la producción del país ya que Yucatán produce el 30 por ciento del total nacional; Chihuahua no había padecido un descenso en su cantidad de colmenas ni aun en la sequía de fin de siglo pasado, actualmente de 300 apicultores solo quedan 150 y de 45 mil colmenas sólo cuentan actualmente con 20 mil, siendo esta cantidad insuficiente para polinizar sus cultivos, en este mismo tenor de ideas se encuentran los estados como Durango, Coahuila, Zacatecas y Querétaro, donde las pérdidas no sólo son considerables sino que los apicultores han tenido que abandonar sus oficios debido a las presiones que esto conlleva, por ejemplo en Veracruz se le realiza un cobro a los apicultores por permitirles aprovechar el néctar del azahar de los naranjos de 45 pesos por colmena.

Son varios los motivos que buscan dar explicación a este decrecimiento en la producción en nuestro país: la competencia desleal que ha mantenido China con tal de ser un fuerte competidor, la modificación de los ecosistemas además de situaciones ambientales, y por último el uso intensivo de plaguicidas y las enfermedades no controladas han reducido el 1.9 millones de colmenas existentes en el país. Estas causas ponen en peligro tanto la actividad productiva de más 45 mil apicultores registrados en el cuidado de las abejas, como los 100 mil empleos directos, del millón que se produce por todo el sector ganadero.

La pérdida de colmenas y de la apicultura como un oficio solvente para muchos productores, a corto plazo ocasionara problemas sociales como desempleo, marginación y, por ende, falta de oportunidades para continuar con esta actividad en las siguientes generaciones aunado a la perdida de la soberanía alimentaria, pues se cree que la humanidad desaparecerá cuatro años después del exterminio de las abejas.

Los gobiernos tanto federal como estatales no han sido capaces de generar políticas públicas que detenga su desaparición y generen ecosistemas propicios para la crianza de la abeja y obtención de derivados, en caso de que se siga por la misma línea existirá un desplome en la producción.

Cabe resaltar que ante esta problemática el gobierno solo ha otorgado ciertos apoyos económicos y coberturas de seguro pero, según lo mencionado por el presidente de la Federación Mexicana de Apicultores: “Lo que se necesita es que la Secretaría de Agricultura tome cartas y haga algo de emergencia que llegue directamente a los productores con recursos para alimentar y salir adelante; y digo a los apicultores directamente porque luego llega a las organizaciones y nunca les llega a ellos”.

4. La situación actual de la apicultura en México, por lo ya expuesto, es alarmante. Si no se hace frente de forma integral, donde se incluya a los tres órdenes de gobierno y a los tres poderes que conforman el Estado mexicano, las consecuencias serán graves e irreversibles para este sector productivo como ya ha sucedido con otros, ahora somos un país con gran producción lo cual nos permite tener soberanía y una autonomía en derivados de la abeja, de lo contrario podríamos perderlas y ser presa del mercado internacional, el cual ya está siendo desleal con prácticas de dumping , que de acuerdo con la Organización Mundial de Comercio están prohibidas.

La honorable Cámara de Diputados debe representar los intereses de diversos sectores de la sociedad, por lo tanto ante esta situación debe tener una participación activa, a fin de respaldar y dar seguridad a aquellos productores apícolas, además de escuchar a las organizaciones, investigadores, universidades y demás actores que tengan que ver con esta actividad.

Una forma de comunicación y colaboración entre representante y representado es por medio de las comisiones, cuando un tema en particular toma mayor relevancia por la trascendencia que representa para el país se conforman comisiones especiales que tienen como objetivo analizar, diagnosticar, revisar políticas que se aplican a este sector por los tres órdenes de gobierno, además de escuchar a los gremios y organizaciones afectadas con el fin de que dentro de las facultades conferidas puedan lograr una mejor solución donde se proteja, posicione, y revierta las cuestiones negativas que afectan auxiliando a las comisiones ordinarias respectivas a fin de lograr un mejor ordenamiento jurídico.

En cada una de las legislaturas han existido preocupaciones que derivan en formación de comisiones especiales y la LXIII no ha sido la excepción, del sector primario existen ya comisiones especiales en citricultura, la industria vinícola, berries y del café. Lo que está sucediendo con el sector apícola en el país es una emergencia, lo cual amerita que sea creada una comisión especial en apicultura que sea el punto de encuentro de los diversos actores, para que juntos puedan diseñar las estrategias para este sector productivo tan importante para el país.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta honorable Cámara de Diputados a proponer ante el pleno de esta soberanía la creación de la Comisión Especial de la Abeja y la Apicultura, cuyo objetivo sea atender de manera preferente a la emergencia ocasionada por la disminución de producción, y exportación de miel junto con otros derivados de la producción apícola; conociendo las políticas implementadas en este sector productivo, evaluando los resultados y escuchando a las organizaciones de apicultores e investigadores de este país, a fin de lograr un mejor desarrollo productivo del sector.

Segundo. La Comisión especial cumplirá en su integración los requisitos señalados en los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero. La Comisión Especial de la Abeja y la Apicultura funcionará por la duración de la LXIII Legislatura, o hasta en tanto quede agotado su objeto, si esto sucediere antes.

Referencias

1. Da Silva Graciano, 2016. La abeja, un indicador para comprobar la salud de los ecosistemas agrícolas. Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. Recuperado 24 de abril de 2017

http://fao.org/news/story/es/item/415604/icode/

2 Salomon, R. 2017. Bohemia. Desafíos del mercado mundial de miel de abeja. Recuperado el 22 de abril de 2017 de http://bohemia.cu/mundo/2016/08/desafios-del-mercado-mundial-de-miel-de -abeja/

3 Phipps R. Mercado Internacional de Miel: tecnologías de resinas aplicadas a la miel crea productos que no pueden ser etiquetados como miel. Noticias apícolas y otras yerbas. Recuperado de http://beatrizachaval.blogspot.mx/2016/03/mercado-internacional-de-miel -marzo.html

4. Notiabeja. Coordinación General de Ganadería. Sagarpa. Reciéradp de http://sagarpa.gob.mx/ganaderia/Documents/2015/APICULTURA/notiab%202015 -1.pdf

5. Torres, Y. 2017. Exportación de miel cae 40%. El Financiero, Economía. Recuperado de

http://elfinanciero.com.mx/economia/exportacion-de-miel- cae-40-durante-2016.html

6. Sagarpa 2016. Reafirma México su posición como sexto lugar productor de miel. Recuperado de http://sagarpa.gob.mx/delegaciones/yucatan/Boletines/paginas/201601B006 .aspx

7. Agencia Reforma 2016. Matan producción de mil. El Vigía. Recuperado el 1 de marzo de 2016 de: http://www.elvigia.net/nacional/2016/3/1/matan-produccionmiel-mexicana- 227862.html

8. Pérez, M. 2016. México exportó 45 toneladas de miel en 2015, su valor, 150 millones de toneladas. La Jornada. Recuperado el 22 de enero de 2016 de: http://jornada.unam.mx/2016/01/22/politica/016n1pol

9. Medinas antidumping. Organización Mundial de Comerciio, OMC. Recuperado el 24 de abril de 2017 de:

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/adp_s.htm

10 Portal de estadísticas STADISTA. Recuperado en abril del 2017 de: https://es.statista.com/estadisticas/612365/principales-paises-producto res-de-miel-a-nivel-mundial/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2017

Diputada María Luisa Beltrán Reyes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Veracruz a realizar las investigaciones necesarias en el caso del asesinato del periodista Cándido Ríos Vázquez, suscrita por los diputados Norma Rocío Nahle García, Ángel Antonio Hernández de la Piedra, Virgilio Dante Caballero Pedraza y Cuitláhuac García Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena

Rocío Nahle García, Ángel Antonio Hernández de la Piedra, Virgilio Dante Caballero Pedraza y Cuitláhuac García Jiménez, diputados integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición, con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. El periodista veracruzano Cándido Ríos Vázquez,1 fue asesinato el pasado día 22 de agosto cerca de una gasolinera en la comunidad de Juan Díaz Covarrubias, municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz.2

Cándido Ríos Vázquez es el noveno periodista3 que ha perdido la vida en este año. Veracruzano y corresponsal del Diario Acayucan quien cubría la nota roja y era fundador de La Voz de Hueyapan , tuvo en varias ocasiones amenazas de muerte4 y se encontraba dentro del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.5

El comunicador se encontraba con otras tres personas: Víctor Acrelio Alegría Antonio quien fuera ex agente municipal de Corral Nuevo, ex inspector de la policía de Acayucan6 y fue candidato a Síndico Municipal;7 Hilario Jiménez Jiménez quien era un policía municipal asignado como seguridad de Cándido Ríos éste8 y Antonio Grajales Montero9 que se dedicaba a la ganadería.10

Al día siguiente en Xalapa, durante una reunión de trabajo, Roberto Rafael Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, negó que la muerte de Cándido Ríos estuviera vinculada a su actividad periodística.11 Indicó que el ataque era para las personas con las cuales estaba reunido y que este tipo de agresión no se correspondía con el análisis de riesgo que en 2013 se había realizado para el periodista. Según afirmó, la protección era basada en las amenazas de la autoridad municipal.12 Así que Cándido Ríos Vázquez contaba con un circuito de cámaras en su casa y un celular satelital.

Segundo. 24 periodistas han sido asesinados desde el año 2000 hasta la fecha en el estado de Veracruz. De ellos, tres comunicadores han sido privados de la vida en 2017, y 9 durante el presente sexenio. 13

La inseguridad que para el ejercicio del periodismo reina en Veracruz es más que sobresaliente. La tendencia a criminalizar, desacreditar o como en el caso de Cándido Ríos Vázquez, a deslindar la labor periodística de los casos de agresión o asesinato, aún antes de que las investigaciones correspondiente sean realizadas, es un claro indicio de que no se da el verdadero valor al trabajo de los periodistas en este país.

Es imposible saber si Cándido Ríos Vázquez realizando su labor informativa, se reunió en ese momento con las personas junto a quienes fue asesinado, pero no es posible tampoco afirmar que se encontraba en el lugar equivocado cuando sucedieron los hechos tal y como lo afirmó el Subsecretario de Gobernación Roberto Campa Cifrián quien dijo “que hasta el momento los indicios que han sido recabados, apuntan que “que el ataque está vinculado con otra persona, no con el periodista”, pues existe “información en medios de algunos elementos que indican que se trató de un ataque contra otra persona y contra los escoltas de esa persona ”.14

Morena, con anterioridad ha denunciado la gravedad de las violaciones a los derechos humanos elementales de los y las periodistas; hemos hecho hincapié constantemente en la obligación que tienen los tres niveles de gobierno de garantizar los derechos consagrados en los artículos 6° y 7° de nuestra Constitución que establecen los derechos a la información, a la difusión por cualquier medio de la misma y a su acceso irrestricto, así como al inviolable derecho a la libre expresión de ideas y opiniones por cualquier medio.

Es nuestra prioridad que los periodistas puedan ejercer su labor informativa con la tranquilidad y seguridad que la ley les garantiza.

Tan grave y preocupante ha resultado este asesinato, que el pasado 29 de agosto de 2017, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington, D.C. emitió comunicado R129/17 en el que señala:

“Washington, D.C.– La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del periodista Cándido Ríos Vázquez, corresponsal del Diario de Acayucan y fundador de La Voz de Hueyapan, en México e insta a las autoridades mexicanas a actuar de manera pronta y oportuna para investigar, identificar y sancionar a los responsables del crimen, tanto materiales como intelectuales, y esclarecer su posible relación con la actividad periodística.

De acuerdo a la información disponible, el 22 de agosto Ríos fue víctima de un ataque con arma de fuego en Covarrubias, estado de Veracruz, perpetrado por al menos tres individuos. Junto al periodista se encontraban dos hombres quienes también fallecieron. Con larga trayectoria en el periodismo de investigación, el comunicador estaba bajo protección del Mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas de México desde julio de 2013 y recibía asistencia jurídica de la Comisión Estatal de Protección de Periodistas de Veracruz desde 2012, cuando interpuso una denuncia por amenazas de muerte contra el exalcalde de Hueyapan de Ocampo, Gaspar Gómez Jiménez. Según información de público conocimiento, el 26 de octubre de 2016 el periodista remitió una comunicación a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Contra la Libertad de Expresión (Feadle) y al Mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos en la cual denunció diversas agresiones y amenazas en su contra perpetradas por Gómez Jiménez desde 2001. Días antes de la muerte de Ríos, Gómez Jiménez publicó en redes sociales un video en el cual profiere distintas amenazas contra el periodista.

De acuerdo con información suministrada por el Estado, la Feadle inició una carpeta de investigación el mismo 22 de agosto con motivo del homicidio en agravio de Cándido Ríos Vásquez. El Estado de México también informó que la Feadle continuará con la investigación.

La Relatoría Especial exhorta al Estado a investigar de manera completa e imparcial la hipótesis según la cual el crimen estaría relacionado con el ejercicio de la libertad de expresión y a poner en práctica todos los instrumentos con los que cuenta para identificar, procesar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales. También considera fundamental que se adopten medidas de reparación justas para los familiares de las víctimas.

La Relatoría Especial recuerda al Estado que, sobre la impunidad de los crímenes relacionados a la libertad de expresión, es fundamental agotar la línea de investigación relativa al ejercicio de la profesión en casos de delitos cometidos contra periodistas, así como proveer con recursos adecuados y personal especializado a las instituciones encargadas de la investigación de este tipo de asuntos. Cuando tales delitos quedan impunes, esto fomenta la reiteración de actos violentos similares y puede resultar en el silenciamiento y en la autocensura de los y las comunicadoras.

Tanto la Comisión como la Corte IDH se han referido al efecto amedrentador que los crímenes contra periodistas tienen para otros y otras profesionales de los medios de comunicación así como para los y las ciudadanas que pretenden denunciar abusos de poder o actos ilícitos de cualquier naturaleza. Este efecto amedrentador solamente podrá evitarse, según afirma la Comisión, “mediante la acción decisiva del Estado para castigar a quienes resulten responsables, tal como corresponde a su obligación bajo el derecho internacional y el derecho interno”.

El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: “[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio sometemos a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión condena el asesinato del periodista Cándido Ríos, ocurrido el pasado 22 de agosto de 2017 en el municipio de Covarrubias, Veracruz.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos la Libertada de Expresión (FEADLE) para que en el marco de sus atribuciones y competencia, investigue de manera completa e imparcial la hipótesis según la cual el crimen estaría relacionado con el ejercicio de la libertad de expresión y a poner en práctica todos los instrumentos con los que cuenta para identificar, procesar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para que se adopten todas las medidas de reparación justas para los familiares de las víctimas.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación para que se abstenga de efectuar apreciaciones sobre el móvil del asesinato del periodista Cándido Ríos, hasta en tanto continúan las indagatorias y se consigne a los responsables del crimen, a fin de no minimizar su muerte y revictimizarlo, así como a su deudos.

Notas

1 http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/periodista-es-asesinado-en-vera cruz.html

2 http://www.reporteindigo.com/reporte/mexico/asesinan-candido-rios-perio dista-veracruz

3 https://articulo19.org/proteccion-fallida-e-impunidad-en-agresiones-pre vias-derivan-en-asesinato-de-candido-rios/

4 http://www.sinembargo.mx/23-08-2017/3291419

5 http://www.milenio.com/policia/asesinan_periodista_veracruz-candido_rio s-pabuche-hueyapan_ocampo-milenio_0_1016298746.html

6 http://www.milenio.com/policia/asesinan_periodista_veracruz-candido_rio s-pabuche-hueyapan_ocampo-milenio_0_1016298746.html

7 http://golfopacifico.com/2017/08/22/acribillan-a-victor-acrelio-alegria -y-al-reportero-candido-rios-pabuche/

8 http://imagendelgolfo.mx/noticiasveracruz/policiaca/41203647/escolta-de -funcionario-testigo-oculto-del-caso-candido-rios-la-seido-inicia-inves tigaciones.html

9 http://imagendelgolfo.mx/noticiasveracruz/policiaca/41204081/candido-ri os-una-semana-del-triple-homicidio-en-hueyapan-y-no-hay-detenidos.html

10 http://imagendelgolfo.mx/noticiasveracruz/policiaca/41203647/escolta-de -funcionario-testigo-oculto-del-caso-candido-rios-la-seido-inicia-inves tigaciones.html

11 http://www.eluniversal.com.mx/estados/ataque-no-iba-dirigido-reportero- roberto-campa

12 http://www.proceso.com.mx/500188/candido-rios-en-mecanismo-proteccion-a -periodistas-la-segob-ataque-era-contra-campa

13 https://articulo19.org/periodistasasesinados/

14 SDPNoticias. Ataque no fue dirigido a Cándido Ríos; estaba en el lugar equivocado: Campa 23-08-2017.

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=& esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjX nbSC8oTWAhVrwFQKHRHDCbgQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.sdpnoticias.c om%2Flocal%2Fveracruz%2F2017%2F08%2F23%2Fataque-no-fue-dirigido-a-candi do-rios-estaba-en-el-lugar-equivocado-campa&usg=AFQjCNFtKUY__SR7WU_ UXjN9agMShvLEGw

15 Comunicado prensa R129/17. La Relatoría Especial condena el asesinato del periodista Cándido Ríos Vázquez en México e insta a investigar relación con su actividad.

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?art ID=1074&lID=2

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre del 2017

Diputados: Rocío Nahle García (rúbrica), Ángel Antonio Hernández de la Piedra, Virgilio Dante Caballero Pedraza, Cuitláhuac García Jiménez.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público del Congreso de la Unión a establecer en el marco del dictamen de la iniciativa de Ley de Ingresos de Federación de 2018 y la miscelánea fiscal correspondiente un instrumento a fin de reducir la carga que el pago del IEPS representa para los productores de mezcal artesanal y ancestral, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, Claudia Sofía Corichi García, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La resolución mediante la cual se otorga la protección prevista a la denominación de origen “Mezcal”, para ser aplicada a la bebida alcohólica del mismo nombre, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de noviembre de 1994, y sus respectivas modificaciones (véase cuadro 1), definen la región geográfica de nuestro país protegida por la Denominación de Origen Mezcal, la cual abarca en la actualidad 963 municipios en un total de nueve entidades federativas (véase cuadro 2).

La Norma Oficial Mexicana NOM-070-SCFI-2016, Bebidas alcohólicas-Mezcal-Especificaciones, publicada en el DOF el 23 de febrero de 2017, establece las características y especificaciones que debe cumplir la bebida alcohólica destilada denominada “Mezcal” para su producción, envasado y comercialización. Esta Norma Oficial señala que, de acuerdo con el proceso específico utilizado para la cocción del maguey o agave, molienda, fermentación y destilación, se obtienen tres categorías de mezcal: Mezcal, Mezcal Artesanal, y Mezcal Ancestral.

La citada Norma Oficial Mexicana establece que, independientemente del tipo de mezcal de que se trate, el mezcal debe cumplir con la especificación de un Alcohol Volumen a 20 °C (% Alc. Vol.) mínimo de 35 y máximo de 55.

Por lo establecido en la Norma Oficial Mexicana, todos los productores de mezcal, independientemente del tipo producido, están obligados a pagar una tasa del 53 por ciento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), pues así lo establece la Ley en la materia:

Artículo 2. Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas y cuotas siguientes:

I. En la enajenación o, en su caso, en la importación de los siguientes bienes:

A) Bebidas con contenido alcohólico y cerveza:

1. Con una graduación alcohólica de hasta 14° G.L............................ 26.5 por ciento

2. Con una graduación alcohólica de más de 14° y hasta 20°G.L............ 30 por ciento

3. Con una graduación alcohólica de más de 20°G.L............................53 por ciento

...

...

...

Sin embargo, el proceso de elaboración del mezcal de tipo artesanal y ancestral, de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana (véase cuadro 3), es un proceso mucho más tardado, exigente y complicado, lo cual respalda su pureza y calidad, muy superiores respecto a las del mezcal elaborado de manera industrializada.

Así pues, de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana los productores artesanales y ancestrales de mezcal están obligados a un proceso productivo que tiene costos unitarios mucho más elevados en comparación al proceso productivo industrial, y a diferencia de estos últimos, los productores artesanales y ancestrales no pueden recurrir a la sustitución de insumos y/o de técnicas que reduzcan el costo unitario de producción.

La producción a escala industrial (producción en serie) reduce el costo unitario de producción, lo cual permite al productor fijar un precio menor respecto a aquellos productores que utilizan un método artesanal (producción unitaria). Si se trata de pantallas planas o refrigeradores, la producción en serie es beneficiosa para la sociedad en su conjunto; sin embargo, cuando hablamos de productos artesanales, como el mezcal, éstos deben producirse bajo ciertos métodos establecidos en una Norma Oficial a fin de conservar precisamente su carácter artesanal o ancestral, y no existe forma de recudir el costo unitario, pues no es posible sustituir la técnica de producción por otra menos costosa.

Esta situación provoca que los productores artesanales o ancestrales de mezcal tengan que fijar un precio muy elevado a su producto a fin de cubrir sus altos costos de producción, mientras que los productores de mezcal industrializado pueden fijar precios menores a su producto porque logran reducir sus costos de producción recurriendo a la sustitución de insumos, mejorando la técnica de producción o simplemente ampliando la escala de producción.

Así pues, el alto precio que llega a alcanzar el mezcal artesanal o ancestral limita fuertemente su demanda, y lo único que puede hacer el productor de este tipo de mezcal es recudir el precio de su producto prácticamente al nivel del costo unitario, lo cual ha reducido sus beneficios a tal grado que está seriamente amenazada la continuidad de la producción artesanal y ancestral de mezcal en nuestro país, según el testimonio de los representantes de los productores que asistieron al Foro “Diálogos por el Mezcal” celebrado el pasado 24 de agosto en las instalaciones de esta honorable Cámara de Diputados.

A fin de apoyar a los productores artesanales y ancestrales de mezcal, este punto de acuerdo propone reducir la carga fiscal que representa para ellos el pago del IEPS. La carga fiscal del IEPS para todos los productores de mezcal se define como el cociente del monto del impuesto pagado y el beneficio obtenido por la venta del producto, es decir:

Los beneficios se definen como el ingreso total por ventas menos el costo total de producción (o ventas). El ingreso total se obtiene de multiplicar la producción total vendida por el precio de venta del producto; y el costo total de producción es igual al costo unitario de producción multiplicado por la cantidad producida.

La carga fiscal de IEPS para los productores industriales de mezcal siempre será menor respecto a los productores artesanales y ancestrales porque los primeros tienen un costo de producción mucho menor gracias a que pueden aplicar la producción en serie, algo que los productores artesanales y ancestrales, por definición, no pueden hacer, pues el principio que rige la producción artesanal no es la eficiencia económica, sino la conservación de las características propias de un producto único que no admite la sustitución ni de insumos ni de técnicas de elaboración. El cuadro 4 ilustra, mediante un ejemplo hipotético, el tamaño de la carga fiscal de IEPS para ambos tipos de productores de mezcal.

El artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su fracción IV, que es obligación de los mexicanos “Contribuir para los gastos públicos, así de la federación, como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”.

El esquema actual del IEPS no resulta ni proporcional ni equitativo para los productores artesanales y ancestrales de mezcal, en comparación con los productores industriales de mezcal. Por ello, es necesario reducirles la carga fiscal que les representa el pago del IEPS.

Básicamente existen dos alternativas para lograr ese objetivo. La primera opción es cobrar la misma tasa de IEPS a ambos tipos de productores de mezcal (industrial y artesanal/ancestral) pero utilizar una base gravable diferente, por ejemplo, cada 333 mililitros vendidos. El cuadro 5 ilustra que, con este cambio de base gravable, la carga fiscal para los productores de mezcal artesanal y ancestral se reduce en comparación a la carga fiscal del cuadro 4.

La segunda opción es cobrar una tasa diferenciada de IEPS a ambos tipos de productores, por ejemplo, establecer que los productores de mezcal artesanal y ancestral pagarán la mitad de la tasa que se cargue a los productores industriales. El cuadro 6 ilustra que, con este esquema de tasas diferenciadas, la carga fiscal para los productores de mezcal artesanal y ancestral también se reduce en comparación a la carga fiscal del cuadro 4.

Así pues, he aquí dos opciones para reducir la carga fiscal que representa el pago del IEPS para los productores artesanales y ancestrales de mezcal, opciones que no tendrían impactos dignos de mención en el monto total recaudado por el Gobierno por concepto de este impuesto, y en cambio, harían una gran diferencia para aumentar la producción, el empleo y el nivel de bienestar material para los productores artesanales y ancestrales de mezcal.

Nuestros productores artesanales y ancestrales de mezcal están en franca desventaja frente a los productores de mezcal de tipo industrial. No se trata de perjudicar a los segundos para beneficiar a los primeros, se trata de establecer en la legislación mecanismos que generen los incentivos correctos para que no desaparezca la producción de tipo artesanal y ancestral de esta bebida orgullosamente mexicana.

La producción de mezcal artesanal y ancestral contribuye a la generación de fuentes de trabajo dignas y permanentes en comunidades caracterizadas por la pobreza y el bajo nivel de desarrollo humano, pues la mitad de los 963 municipios que son parte de la Denominación de Origen se encuentran en la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, presento ante esta Soberanía la siguiente Proposición con

Punto de acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público de la honorable Cámara de Diputados y de la honorable Cámara de Senadores para que, en el marco del Dictamen de la Iniciativa de Ley de Ingresos de Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018 y de la correspondiente Miscelánea Fiscal, establezcan un mecanismo a fin de reducir la carga fiscal que representa el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para los productores de mezcal artesanal y ancestral.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2017.

Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a realizar acciones para agilizar la operación del programa Escuelas al Cien en Tamaulipas, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscriben, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, María Esther Camargo Félix, Yahleel Abdala Carmona, Edgardo Melhem Salinas, Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, Alejandro Guevara Cobos de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la honorable Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, al Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa y a la Secretaría de Educación Pública en Tamaulipas, para que realicen, en el ámbito de sus atribuciones, las acciones necesarias a fin de agilizar la operación del Programa de Escuelas al Cien en el estado de Tamaulipas, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su Artículo 3° que le Estado garantizará la calidad de la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro del aprendizaje de los educandos.

II. El Plan Nacional de desarrollo 2013-2018 establece como una de las metas nacionales, lograr un México con educación de calidad, reconociendo que existen condiciones que generan inequidad en el servicio educativo, investigaciones en torno a la problemática del rezago y abandono escolar, han identificado que una de las causas relevantes de abandono escolar, tiene que ver con que las escuelas no cuentan con condiciones de infraestructura, mobiliario y equipamiento adecuados que permitan desarrollar con éxito las actividades educativas

III. El censo de maestros, escuelas y alumnos de educación básica y especial 2013, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, permitió identificar el rezago físico de las escuelas de ese nivel de educación, como uno de los problemas urgentes que el sistema educativo debe atender.

IV. El Estado mexicano, a través de sus tres órdenes de gobierno está obligado a garantizar que los inmuebles escolares cuenten con las condiciones físicas básicas, que permitan su funcionamiento, los datos en el censo revelaron que el 26% de los inmuebles escolares de educación pública en el país, no se construyeron con fines educativos y el 2% de los inmuebles están construidos con materiales ligeros y precarios.

V. Como parte de la Reforma Educativa, y en el marco del 3er. Informe de Gobierno, el Presidente anunció diez medidas a desarrollar durante la segunda mitad de su sexenio, entre ellas se contempla la mejora de las instalaciones de las escuelas públicas del país con el programa Escuelas al cien, que tiene como objetivo mejorar todas o algunas de las siguientes prioridades, respetando el orden que se señala a continuación:

1. Seguridad Estructural y condiciones generales de funcionamiento. Atención a daños en muros, pisos, techos, ventanas, pintura, impermeabilización, escaleras, barandales, instalación eléctrica y barda o cerco perimetral.

2. Servicios Sanitarios. Rehabilitación de instalaciones hidráulicas y sanitarias, mejoramiento de muebles sanitarios.

3. Mobiliario y equipo. Proveer de pupitres, mesas, pizarrón, estantería, escritorio, silla y armario para maestro.

4. Sistema de bebederos. Instalación y mantenimiento de sistemas de bebederos con agua potable para el consumo humano.

5. Accesibilidad. Dotar de las condiciones pertinentes para asegurar la inclusión de personas con discapacidad a las instalaciones educativas al menos en servicios sanitarios y sistema de bebederos.

6. Áreas de servicios administrativos. Desarrollo de mejores espacios para maestros y personal directivo y administrativo.

7. Infraestructura para la conectividad. Construcción y/o rehabilitación del aula de medios y/o servicios administrativos (techos y muros firmes). Esto se atiende mediante el componente 1. Así como protectores para ventanas.

8. Espacios de Usos Múltiples. Infraestructura de arco techo o techumbre para un mejor desarrollo de actividades cívicas y deportivas. Asimismo, instalar comedores para escuelas de tiempo completo.

VI. Para dar cumplimiento a esta prioridad el 19 de octubre de 2015 se firmó un Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de los Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) con los Gobernadores de las 32 entidades federativas, entre ellas, el estado de Tamaulipas.

VII. Entre las obligaciones de la Entidad Federativa estipuladas en la cláusula cuarta de dicho Convenio, se señala: que “la entidad federativa se obliga a destinar y aplicar invariablemente las cantidades que se obtengan de la monetización de la “Aportación FAM” en términos de lo previsto en el artículo 52 de la “LCP” a la ejecución y realización de los “Proyectos INIFE” contenida en el “Anexo A” del presente convenio, manifestando estar conforme con la totalidad de los proyectos y términos previstos en la relación que integra el citado anexo”.

Además, en el Convenio se establece que las entidades federativas, por conducto de sus organismos responsables de la INFE, deberán planear, instrumentar y llevar a cabo los procedimientos de contratación de los proyectos de infraestructura de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (Anexo B, Numeral 1, inciso (i), del Convenio), es decir, ejecutar todos y cada uno de los proyectos de la INFE (Cláusula Décima, inciso (ii) del Convenio

VIII. Por su parte, el propio Convenio establece que el Inifed es el encargado de instruir al fiduciario del Fideicomiso de Distribución (Banobras), transferir a cada una de las cuentas aperturadas para tal efecto, y que corresponden a cada entidad federativa, los recursos derivados de la monetización de la Aportación FAM (Anexo B, Numeral 2, inciso (v), del Convenio).

Además, el Inifed es quien tiene la obligación de revisar y aprobar los proyectos ejecutivos elaborados por los organismos locales de infraestructura, de manera previa a la contratación de los proyectos de infraestructura física educativa (Anexo B, numeral 1, inciso (ii), del Convenio).

IX. Bajo ese marco regulatorio y competencial que demanda coordinación entre las autoridades federales y locales, el Programa de Escuelas al Cien ha reportado un avance lento en el estado de Tamaulipas, ya que de la meta de 1,193 planteles educativos por atender, apenas se han ejecutado trabajos en 166 planteles educativos, lo que representa apenas un 13.9% de la meta.

X. De una inversión total de 1,340,675,526.00 millones de pesos contemplada para el Estado de Tamaulipas, desde diciembre de 2015 el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed) ha liberado únicamente $404,088,394.18 millones de pesos, correspondiente a 358 proyectos de infraestructura educativa.

XI. Por su parte, de los datos que reporta el Inifed en su portal de internet, se desprende que el Gobierno tamaulipeco ha contratado obras por un monto de 193,919,431.35 millones de pesos , lo que equivale a un subejercicio de más de 212 millones de pesos.

XII. Dicho rezago resulta un caso atípico conforme a los datos globales que arroja el Programa de Escuelas al Cien, los cuales son mayormente positivos, donde entidades como Querétaro, San Luis Potosí, Puebla, Michoacán o Aguascalientes, por poner algunos ejemplos, reportan avances superiores al 50 por ciento.

XIII. Los datos anteriores, revelan que a casi dos años de haber comenzado a operar el Programa de Escuelas al Cien, especialmente para el caso de Tamaulipas, existe una presunta falta de coordinación entre el Gobierno Federal, a través del Inifed, y el Gobierno del Estado de Tamaulipas, ya que de otra manera no se entienden las razones por las cuales siguen sin liberarse mayores recursos para el Estado y por qué el Gobierno de Tamaulipas ni siquiera ha ejercido el total de lo que ya se le ha liberado.

XIV. Esa falta de debida operación por parte de los órganos encargados para tal efecto, de ninguna manera puede justificar el incumplimiento de sus obligaciones derivadas de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el propio Convenio de Coordinación para la Potenciación de los Recursos del Fam.

XV. En el supuesto de que el gobierno del estado de Tamaulipas hubiese cumplido con sus obligaciones de contratar en tiempo y forma los proyectos aprobados, el estado de Tamaulipas estaría reportando desde tiempo atrás avances significativos en el ejercicio de los recursos y, por ende, en las obras ejecutadas, lo que traería consigo una regularidad en el cumplimiento de sus obligaciones para aplicar los recursos y la liberación de mayores insumos financieros que le permitieran continuar con la dinámica del Programa.

XVI. Con base a lo anterior, es claro que la inactividad del Inifed y de la Administración Estatal en Tamaulipas es hoy en día un real obstáculo para que el Programa de Escuelas al Cien avance con la regularidad que reporta en otras entidades federativas, ya que a la fecha válidamente se podrían estar ejerciendo mayores recursos disponibles en el Fideicomiso a favor de los planteles educativos del estado de Tamaulipas.

Derivado de lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, particularmente la bancada tamaulipeca coincide en su preocupación por las omisiones en que han incurrido los operadores del Programa de Escuelas al Cien y que han redituado en perjuicio de la comunidad escolar tamaulipeca.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único . La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, al Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa y a la Secretaría de Educación Pública en Tamaulipas para que realicen, en el ámbito de sus atribuciones, las acciones necesarias a fin de agilizar la operación del Programa de Escuelas al Cien, en el estado de Tamaulipas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2017.

Diputados: María Esther Camargo Félix, Yahleel Abdala Carmona, Edgardo Melhem Salinas, Baltazar Hinojosa Ochoa, Alejandro Guevara, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Esdras Romero Vega (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a informar a la opinión pública mediante la SRE sobre las principales acciones del Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, a cargo de la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Martha Cristina Jiménez Márquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción I, del artículo 6, numerales 1, fracción II, y 2 del artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, por los que se exhorta al Poder Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores se informe a la opinión pública respecto de las principales acciones del Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, así como se solicita mayor apoyo para las comunidades de mexicanos en el exterior para que éstas sean principalmente articuladas a través del consejo nacional creado con este objetivo, conforme a las siguientes

Consideraciones

Primera . Que la política exterior de un país –según el escritor mexicano doctor Antonio Flores Carrillo, secretario a finales de la década de 1960 de Relaciones Exteriores– es el resultado de un complejo de fuerzas, algunas constantes, como la geografía, la historia, o la idiosincrasia de un pueblo, otras transitorias como el cambiante panorama internacional, cuando las constantes son particularmente importantes la política externa de un país presenta un perfil bien definido y una marcada uniformidad para el curso de la historia.

Paralelamente, para el emérito profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México doctor Edmundo Hernández-Vela, la política exterior es parte de la política general de la nación y al mismo tiempo causa y efecto de la política interna, a la que facilita, impulsa y respalda permanentemente, por lo que la política exterior se corresponde con las orientaciones y tendencias de cada gobierno.

Por tanto, la política exterior es una manifestación del buen gobierno de cualquier país, toda vez que su ejercicio tiene como objetivo el articular relaciones internacionales que permiten asegurar el desarrollo de mecanismos efectivos de cooperación, en aras de atender las necesidades de una población bajo las herramientas de la interdependencia entre los distintos actores de la escena mundial.

Así se reitera, de acuerdo con las anteriores conceptualizaciones, que sólo un Estado-nación vigoroso puede aspirar a cooperar, coordinarse y avanzar verdaderamente por el camino de la integración con sus similares, porque los que no procuren dicha actividad, sucumbirán progresivamente ante los embates de una coyuntura internacional, cuyos retos se perciben cada vez más complejos y turbulentos.

Segunda . Que es un hecho innegable que el México de hoy ya no tiene mucho que ver con el del siglo pasado e, igual que la cambiante dinámica internacional la coyuntura que rodea a la comunidad migrante marcada por un aumento alarmante de su vulnerabilidad a consecuencia de acciones, discursos y retóricas de criminalización, demanda una serie de acciones fuertes y decididas que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los connacionales que radican fuera de nuestras fronteras.

Tercera . Que en este contexto, resulta prioritario revisar el actuar de las instituciones diseñadas para la defensa de sus intereses, que no son otra cosa más que la manifestación de los propios intereses nacionales, cuyo objetivo no es otro que el de procurar mejores condiciones de vida para la sociedad.

Cuarta. Que es menester reconocer como parte de su gran utilidad e importancia, el hecho de que un sistema de gestión de política exterior, debe tomar debidamente en cuenta que una de las principales bondades que se encuentran inherentes al mismo, es la que se direcciona a la pronta detección y posterior análisis de las distintas y variadas problemáticas que pueden presentarse, en torno a la vulneración de los derechos humanos, ya que en ellos se encierra el compromiso del Estado de construir una auténtica gobernanza global que tenga como piedra angular y en consecuencia la defensa de dignidad humana.

Quinta . En este contexto y bajo el supuesto de que las naciones colindantes con la mexicana deben estar buscando solucionar de manera paralela su propia política internacional, se pretende en esta proposición, que la protección de los intereses y derechos de las personas y comunidades mexicanas en el extranjero, sea una temática de amplia prioridad en el entorno de los rubros que constantemente se deben estar abordando dentro de la política exterior.

Sexta. Que ésta es también una muy buena oportunidad para recordar la gran importancia que tiene la aportación de los connacionales que están en el extranjero. En ésta tónica el mejoramiento en sus niveles de calidad de vida, es una tendencia que tiene que estar siempre presente en el diseño de la política exterior mediante la inclusión de sus intereses particulares, aspecto que necesariamente debe abonar al logro de una disminución en la ancestral brecha del estatus de abandono que durante décadas han estado padecido dichas comunidades.

En este sentido, resulta un tema de justicia social el hecho de que se emprendan acciones cada vez más enérgicas y decididas que contribuyan al mejoramiento de los aspectos de la real representación de sus intereses, en concordancia y correspondencia con el recurrente envío de recursos que resultan de gran utilidad a sus familias y paralelamente fungen como un importante aporte a la economía nacional.

Séptima . Por todo lo anterior, la presente proposición busca el refuerzo de la posición de los intereses y derechos de la comunidad migrante dentro de los rubros que componen el ejercicio de la política exterior del Estado mexicano, en virtud de las grandes aportaciones que realizan y que indudablemente se materializan en el mejoramiento de la calidad de vida de miles de familias mexicanas, al tiempo de fungir como aportaciones importantes a la economía nacional.

Octava. Que en el caso del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 de la actual administración, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013, se observa que define como parte medular las prioridades nacionales que ha establecido el actual gobierno a través de metas nacionales; estableciendo paralelamente cinco prioritarias y señalando adicionalmente tres estrategias transversales.

Así, las metas nacionales consideradas son México en Paz, México Incluyente, México con Educación de Calidad, México Próspero y México con Responsabilidad Global.

Dicho documento rector señala como sus estrategias transversales democratizar la productividad, gobierno cercano y moderno y perspectiva de género.

Novena Que con base en las metas nacionales señaladas, el Programa Sectorial de Relaciones Exteriores plantea cinco objetivos, alineados con el Plan Nacional de Desarrollo:

1. Impulsar relaciones bilaterales que contribuyan a ampliar la presencia de México en el mundo.

2. Contribuir activamente en los foros multilaterales en torno a temas de interés para México y el mundo.

3. Impulsar una política de cooperación internacional para el desarrollo en beneficio de México y de otros países.

4. Promover a México mediante la difusión de sus fortalezas y oportunidades en materia económica, turística y cultural.

5. Proteger los intereses y derechos de las personas mexicanas en el extranjero, fomentando así la inclusión en el país.

Décima. El 16 de abril de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de creación del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, con el carácter de órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Así, el esfuerzo en la integración de un instituto de esta naturaleza tiene que ver con el objeto de promover estrategias, integrar programas, recoger propuestas y recomendaciones de las comunidades, sus miembros, sus organizaciones y órganos consultivos, tendientes por supuesto a elevar el nivel de vida de las comunidades mexicanas en el extranjero.

Undécima. Adicionalmente y de acuerdo con el decreto de creación del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, se establece el Consejo Consultivo del propio instituto, que tiene como objetivo analizar los problemas, los retos y las oportunidades que enfrentan las comunidades en el extranjero, coadyuvando en la elaboración de propuestas y recomendaciones tendientes también a elevar el nivel de vida de los connacionales que residen en el extranjero.

Duodécima. Con fecha 8 de agosto de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se crea el Consejo Nacional para las Comunidades Mexicanas en el Exterior, como una comisión intersecretarial de carácter permanente, que tiene por objeto elaborar propuestas que coadyuven en la adopción de las políticas y ejecución de acciones de gobierno encaminadas a la atención de las necesidades y demandas de las comunidades mexicanas que radican fuera del país, respetando en todo momento la soberanía y autoridad de los estados donde residen.

Decimotercera. En ese orden de ideas, se ha visualizado como la principal misión de la Secretaría de Relaciones Exteriores la de ampliar y profundizar las relaciones políticas, económicas, culturales y de cooperación con las distintas regiones del mundo a favor del desarrollo integral de todos los mexicanos, preservar y fortalecer la soberanía e independencia de México y garantizar los intereses y la seguridad nacional con base en los principios constitucionales de política exterior.

Dicha visión propugna paralelamente por asegurar la coordinación de las acciones y programas en el exterior de los tres niveles de gobierno, así como de los distintos poderes que inciden en las relaciones de México con otros países.

Decimocuarta. Otro factor por destacar de manera importante en este producto legislativo se relaciona de manera directa con el hecho de que los legisladores debemos asegurarnos de que los connacionales cuentan con la garantía de que tienen a su alcance los espacios de interlocución justos, necesarios, suficientes y equitativos para poder interactuar de manera efectiva, no solo en la región donde viven, sino para que su voz pueda ser escuchada analizada y procesada en su propio país, buscando encontrar las fórmulas necesarias para lograr mayores áreas de oportunidad para ellos.

Por todas las razones y los argumentos anteriores, con la intención de apoyar de manera coordinada entre poderes a la gran comunidad de mexicanos que viven en el exterior, presento a esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión presenta punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría Relaciones Exteriores se informe a la opinión pública del resultado de los trabajos del Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior que abarque de manera enunciativa, mas no limitativa, los aspectos siguientes:

• El informe y la prospectiva de las últimas actividades realizadas.

• La lista de la composición actual de los consejeros, considerando las diferentes categorías y características que lo integran.

• El resultado del trabajo de las comisiones formadas con base en los indicadores aprobados por los órganos de gobierno respectivos.

• Información relativa al desarrollo de las distintas sesiones ordinarias y extraordinarias que se haya llevado a cabo.

• El avance de los principales acuerdos que se hayan generado.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que a través del Consejo Nacional de las Comunidades Mexicanas en el exterior se intensifique el apoyo del esfuerzo realizado por éstas, así como se le insta de manera respetuosa para que se articulen mayores y mejores acciones de manera coordinada, a fin de hacer más eficientes los mecanismos para el procesamiento de quejas y denuncias por las comunidades mexicanas que residen en el extranjero.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2017.

Diputada Martha Cristina Jiménez Márquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Inegi a elaborar un atlas de la apicultura en México, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe la presente, María Luisa Beltrán Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

Primero. Uno de los sectores económicos que le dan una base económica a cualquier nación es el sector primario, que comprende las actividades de agricultura, ganadería, silvicultura, apicultura, acuicultura, caza, pesca, explotación forestal y minería. Para tomar las decisiones gubernamentales o privadas es imprescindible contar con una síntesis de la realidad física, social y económica que reúna toda la información geográfica de la actividad a potencializar, y esto se lleva a cabo con los atlas nacionales.

La generación de un atlas interactivo, disponible y actualizable, es de importancia estratégica para cualquier actividad y para el país. Sin este instrumento, cada uno de los organismos que interactúan en una actividad tienen datos subjetivos y obtenidos por sus medios limitados, con la consecuencia de que no coincidan los datos gubernamentales con los de las cámaras o asociaciones productivas, siendo muy difícil para los investigadores crear conocimiento nuevo, al no existir un consenso en los datos; por consiguiente, las decisiones gubernamentales tienden a ser, también, subjetivas, según los tiempos políticos, y no con una base científica y de rigor económico.

Un atlas nacional expone con rigor científico las interacciones geográficas, de clima, ciudades, habitantes, vías de comunicación, relieves, ecosistemas relacionadas con la actividad en cuestión.

En conclusión, un atlas nacional es una herramienta interactiva que permite visualizar lo que produce México, dar seguimiento a la dinámica económica y explorar oportunidades de crecimiento; además, ayuda en el proceso de identificar qué industrias y sectores tienen mayores posibilidades de volverse competitivas en las distintas regiones del país.1

Segundo. En el país ya existen varios atlas que concentran la información de cierto sector. Existe, por ejemplo, el Atlas Agroalimentario 2016, entre otros, pero llama la atención un Atlas Nacional del Tabaco.2 y 3

El tabaco, al ser cultivo de la época prehispánica y un importante sector económico de consumo nacional y de exportación, durante muchos años fue ponderado por el gobierno de México, con recursos humanos y financieros, de manera interactiva. Ahora, es necesario hacer un concentrado de toda la información pertinente, para que el gobierno tenga datos y estadísticas reales y precisas, que sean referente oficial a empresas e inversionistas.

Es insuficiente que, siendo la actividad apícola uno de los sectores pecuarios que más divisas ingresan a nuestro país, su tratamiento en el Atlas Agroalimentario 2016 sólo se le mencione en cuatro páginas, limitándose a cifras de la venta únicamente de miel, dejando de lado el resto de los productos importantes de esta actividad: el polen, la jalea real, los propóleos, la cera, la apitoxina, y las enormes regiones agrícolas polinizadas de manera profesional.

Tercero. La apicultura cada día cobra mayor importancia en el nivel mundial, tal vez valorada, precisamente, por las amenazas que se ciernen sobre esta actividad que genera un desarrollo humano y regional. Tan sólo en México, durante años, sutilmente ha representado un oficio con múltiples beneficios y una derrama económica muy importante. Si revisamos la literatura y los estudios de hace 20 años, de acuerdo con un informe ejecutivo,4 ya se hablaba de un deterioro de los anteriores 10 años, debido a la llegada de la abeja africana (1986), situación que se agravó, con nuevas amenazas en la década reciente.

En el precitado informe ejecutivo, que data de 1998, México figuraba como el tercer lugar mundial en exportación y sexto lugar en producción, con un volumen total de 53 mil 700 toneladas (en 1990 la producción fue de 69 mil 500 toneladas), un consumo interno per cápita de 330 gramos.

En dicho informe 40 mil apicultores daban empleo directo e indirecto a 400 mil personas; en 1997 contaban con 1.8 millones de colmenas en producción, muy inferior a las 2.4 millones que, tan sólo 5 años antes, se tenían en inventario. Las regiones apícolas en las que se divide el país son: Norte, Altiplano, Pacífico, Golfo y Península.4

El pasado 17 de agosto de 2017, dentro del recinto del Senado de la República se llevó a cabo un foro sobre apicultura, con motivo del Día Nacional de las Abejas; en el mismo, el subsecretario de Agricultura de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Jorge Armando Narváez Narváez, informó que México tiene una producción, en datos de 2016, de 58 mil toneladas anuales y 2´017,000 colmenas, gracias a 43 mil apicultores, siendo el tercer exportador a nivel mundial, pero el octavo productor mundial, con un consumo per cápita de 250 gramos.5

De acuerdo con datos conservadores del mismo gobierno, en casi 30 años la producción nacional ha caído drásticamente y el consumo per cápita ha sufrido una sensible caída; pero el aumento de la demanda de miel, por el crecimiento demográfico, ha sido absorbido por la presencia de miel adulterada. Desgraciadamente, en este último año las asociaciones de apicultores reportan una terrible caída en sus producciones, que será reflejada hasta los informes del 2018. Los motivos sólo generan especulación, dado a que no existe información veraz y concentrada.

Es notorio que los datos oficiales contrastan abiertamente con el de los gremios y asociaciones involucradas en esta noble actividad, de ahí la necesidad de una medida unificadora pues, al no haber una correcta apreciación del sector sobre la caída de la producción en las últimas décadas, ha dado como resultado un desconocimiento y desinterés gubernamental sobre este importante sector.

Los costos de producción de los derivados apícolas cada día son más elevados, debido a todas las adversidades del apicultor: variaciones de la floración por el cambio climático, excesiva aplicación de pesticidas en los cultivos, africanización de las especies comerciales y proliferación de plagas, inundación de productos importados de China y prácticas de dumping en productos como la miel y la cera; a lo que se debe sumar el bajo conocimiento de la población sobre los beneficios de los derivados de la apicultura. En suma, el consumidor nacional tiene una percepción de que los precios de la miel y sus derivados son muy altos, de ahí que optan por los productos imitación o de miel adulterada.

Cuarto. Por los planteamientos en mención, es necesario y estratégico la elaborar un atlas sobre las abejas y los derivados apícolas, que contemplen los siguientes apartados:

• Importancia sociocultural de las abejas.

• Acciones y programas gubernamentales en beneficio de la abeja.

• Las regiones apícolas en nuestro país.

• Tipo de climas.

• Ranking nacional de apicultura.

• Asociaciones nacionales y locales de apicultores, profesionales y de especies nativas.

• Legislaciones vigentes en los distintos estados.

• Inventarios productivos, de todos los derivados apícolas.

• Valores de producción y cifras de exportación.

• Comportamientos estacionales de producción.

• Sistemas de explotación: tecnificados, semitecnificado y tradicional.

• Producción y zonas de miel orgánica.

• Abeja melipona.

• Polinización.

• Movilización de colmenas para polinización e impactos en la agricultura.

• Consumos per cápita en cada uno de los estados de la República.

• Consumos de los derivados por la industria.

• Balanza comercial de México, importación y exportación.

• Centros científicos de investigación exclusiva y mejoramiento genético.

Sin duda, la generación de un atlas nacional sobre las abejas y derivados apícolas traerá innegables beneficios, que se traducirán en mejores políticas públicas, ya que se podrán visualizar mejoras, programas de inversión, padrones reales, monitoreo de plagas, planeación a largo plazo, profesionalización de los apicultores y un renovado interés de los emprendedores mexicanos sobre una actividad que trae dividendos económicos y mejoras al medio ambiente.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) cuenta con la estructura humana, presupuestal y técnica, para hacer frente a un reto de esta envergadura; y, sin duda, la interacción de los distintos gremios y asociaciones, de la comunidad científica y de la Sagarpa, potenciarán la calidad del documento, para lograr que el producto terminado cumpla con los estándares científicos necesarios.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados solicita, de manera respetuosa, al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que, con base en sus facultades, emprenda la elaboración de un Atlas Nacional de Abejas y Derivados Apícolas.

Segundo . La honorable Cámara de Diputados solicita, de manera respetuosa, a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, promueva y coordine que las organizaciones apícolas nacionales entreguen información al Inegi, para la elaboración de un Atlas Nacional de Abejas y Derivados Apícolas.

Referencias

1 Gobierno de la Republica. 2015. Atlas de la complejidad Económica de México. Publicado el 28 de octubre del 2015. Recuperado de: https://www.gob.mx/productividad/articulos/atlas-de-complejidad-economi ca-de-mexico-14291?idiom=es

2 Gobierno de la Republica. 2017. Atlas Agroalimentario 2016: El SIAP presenta los éxitos del campo Mexicano. Recuperado de: http://nube.siap.gob.mx/gobmx_publicaciones_siap/pag/2016/Atlas-Agroali mentario-2016

3 Inegi. 2016. Atlas del Tabaco en México. Recuperado de: http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/ contenidos/espanol/bvinegi/productos/historicos/1334/702825129040/70282 5129040_1.pdf

4 Secretaria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Situación actual y perspectiva de la Apicultura en México 1990-1998. Tacubaya, DF. Recuperado de: http://www.sagarpa.gob.mx/ganaderia/Publicaciones/Lists/Estudios%20de%2 0situacin%20actual%20y%20perspectiva/Attachments/25/sppa9098.pdf

5 Estado Mayor. 2017. Celebran en el Senado el Día Nacional de las Abejas. Blog de Información Militar y Seguridad Nacional. Publicado el 17 de agosto del 2017. Recuperado de: http://www.estadomayor.mx/76152

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2017.

Diputada María Luisa Beltrán Reyes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la garantía de autonomía de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena

La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de los siguientes:

Antecedentes y consideraciones

Diversas entidades de nuestro país viven una crisis de inseguridad provocada por una ola de violencia criminal desbordada. Ni el gobierno federal ni los gobiernos locales han sido capaces de detener este clima insostenible y devolver a la población la paz y la tranquilidad que tanto anhela y a la que tiene derecho.

Morelos no se salva, pero tampoco se salva de que el gobierno estatal tenga secuestrada la educación del estado, sí, la educación que es un derecho humano y a la que todos debemos tener acceso, considerando que es fundamental y un elemento clave en el desarrollo de nuestro país, a partir de la descentralización educativa de 1992.

Que el gobierno mexicano en esa fecha transfirió a las entidades federativas los servicios de educación básica y normal, para que estas iniciaran su operación, dándose desde ese día nuevos ordenamientos jurídicos atendiendo a las necesidades de cada estado, particularmente.

Por otro lado, el propio artículo 3o., fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, refiere la autonomía universitaria considerada como una garantía institucional, tal y como lo ha definido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los fines que deben perseguir, y para mejor entendimiento, se lee en nuestra Carta Magna:

Artículo 3o.

...

VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el Apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere;...

En ese sentido, se debe señalar que la Universidad Autónoma del estado de Morelos, se encuentra impedida no solo de cumplir con sus fines constitucionales, sino sociales debido a que se encuentra secuestrada económicamente hablando, ello derivado de que el Gobierno del Estado, no le proporciona los recursos a los que tiene derecho y de los cuales no solo la sociedad Morelense sino la del país pagamos con nuestros impuestos.

Dicha afirmación deriva, de la circular número 32 que se encuentra publicada en el portal de la universidad en mención y que lastimosamente no solo para la comunidad, sino para la sociedad en general nos enteramos que el estado mantiene retenidos los recursos con los que la universidad realiza sus actividades, tal y como se desprende de la circular de mérito, y por consiguiente se encuentra impedida para operar de manera continua y con ello a dar clase a los educandos, máxime que no ha pagado los sueldos a sus trabajadores, tanto académicos, como operativos y pensionados o jubilados, misma que se reproduce por encontrase publicada en el propio portal de la universidad en los siguientes términos:

1

En ese sentido, el doctor Jesús Alejandro Vera Jiménez, rector de la Universidad Autónoma del estado de Morelos, denuncia en la liga

https://www.youtube.com/watch?v=fuczvqFIM-Q&feature =youtu.be entre otras cosas lo siguiente:

...lamento que, al día de hoy, no hayamos recibido los salarios que ya devengamos como trabajadores académicos administrativos o de confianza, y que tampoco hayan recibido sus jubilaciones nuestros compañeros...

“...esto se debe a que Graco Ramírez, gobernador del estado de Morelos por el PRD ha retenido desde hace más de un mes, de manera ilegal arbitraria e inhumana los recursos federales y estatales que nos pertenecen a los universitarios...

En ese orden de ideas, debemos mencionar que la Universidad Autónoma de Morelos requiere de los recursos necesarios para su operación, ello derivado de la retención de los mismos, hace imposible que continúe con su operación, además de que el pago por trabajo devengado no se puede retener, lo que puede acarrear también problemas graves en materia laboral a dicha institución, por lo que hace a las relaciones laborales, por consiguiente es conveniente hacer un llamado urgente al gobierno del estado de Morelos con el fin de que libere los recursos tanto federales como locales necesarios y autorizados para la operación de la Universidad Autónoma de Morelos.

Por otro lado, es conveniente se exhorte respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Secretaría del Contraloría del estado de Morelos, a la Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos, a que atiendan de manera urgente, pronta y expedita las quejas que señala el rector de la Universidad Autónoma de Morelos haber presentado ante dichas instituciones, en términos de ley, así como a la Procuraduría General de la Republica y a la Fiscalía General del Estado de Morelos para que en el ámbito de sus facultades investiguen y determinen la existencia de uno o varios delitos cometidos en perjuicio de la multicitada Universidad por parte de las autoridades del Gobierno del Estado de Morelos.

En razón de lo anterior, Morena hace un respetuoso, pero enérgico llamado al respeto de la autonomía universitaria y solicita al gobierno del estado no se inmiscuya en la vida interna de la Universidad Autónoma de Morelos.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Morelos a que respete la garantía de autonomía universitaria a que se refiere la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto de la vida interna de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Morelos, para que libere los recursos necesarios y autorizados para la operación de la Universidad Autónoma de Morelos.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Secretaria del Contraloría del estado de Morelos, a la Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos, a que atiendan de manera urgente, pronta y expedita las quejas que señala el rector de la Universidad Autónoma de Morelos haber presentado ante dichas instituciones, en términos de ley, así como a la Procuraduría General de la Republica y a la Fiscalía General del estado de Morelos a que en el ámbito de sus facultades investiguen y determinen la existencia de uno o varios delitos cometidos en perjuicio de la multicitada Universidad por parte de las autoridades del gobierno del estado de Morelos.

Dado en el recinto legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2017.

Diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la investigación derivada por las amenazas de que es objeto el periodista Héctor de Mauleón, a cargo del diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, diputado Jorge Álvarez Máynez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante la cual se exhorta a la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México al tenor de lo siguiente

Exposición de Motivos

El miércoles 16 de agosto1 , el periodista Héctor de Mauleón recibió una amenaza en la red social twitter, mediante un vídeo en el que alguien dispara contra una fotografía del propio periodista; dicho vídeo fue acompañado por un mensaje que decía: “la sentencia está por cumplirse, la muerte le ha llegado”. Sin embargo, no se trata de la primera amenaza que recibe De Mauleón en redes sociales, en diversas ocasiones se han publicado amenazas similares contra el periodista2 .

Héctor de Mauleón fue objeto de una serie de amenazas el 22 de junio de 2016, perpetradas vía twitter, lanzadas por supuestos integrantes de la Asamblea de Barrios, a raíz de la publicación –el 18 de mayo de 2016– de la columna titulada “El narcomenudeo en La Condesa tiene nombre y apellido”, en la que da cuenta de una red de narcomenudeo que opera en dicha colonia, operada, presuntamente, por integrantes de la Asamblea de Barrios. En las amenazas contra el periodista se podían leer las siguientes: “ahora si cuídate porque sabes que estamos en todo el DF y somos miles” y “ahora si vivo cuando salgas de tu casa”3 .

Posteriormente, Héctor de Mauleón fue amenazado “después de que denunciara el caso de un edificio tomado por la Asamblea de Barrios en la colonia Condesa, y donde, según reportó, se vendía droga”4 , y hacía eco de las denuncias por agresiones de las que eran objeto el periodista Rafael Pérez Gay y su familia por parte de vecinos. Estas amenazas se lanzaron los días 22 y 24 de septiembre de 2016, la primera contenía el siguiente mensaje: “Como ya va siendo costumbre, les comparto esta nueva amenaza recién salidita del horno”; la segunda amenaza decía lo siguiente: “@rperezgay y tu pendejo @hdemauleon ante de publicar algo tienes que oír las dos partes. Te haré que me pidas una disculpa pública”5 .

Igualmente, en diciembre del año pasado, De Mauleón fue amenazado a través de twitter mediante un vídeo en el que se observa un papel con el nombre del periodista, balas regadas y con una voz de fondo que dice: “Señor Héctor de Mauléon, el comandante Z-24 se encuentra molesto por su artículo de las fosas. Se le solicita de la manera más atenta y amable lo baje de la plataforma en la que se encuentre y deje de mencionar al grupo operativo ‘Los Zetas’, la letra grade, muchas gracias señor”6 . “Ese mismo día, el periodista difundió la columna “La década de las fosas”, en El Universal, donde habla de las 62 fosas clandestinas y 148 cadáveres encontrados por el colectivo Solecito de Veracruz en un terreno ocupado por Los Zetas con el fin de dejar los cuerpos de sus víctimas”7 .

También, el 27 de julio del año en curso, el periodista fue amenazado mediante un vídeo publicado, igualmente por twitter –que también se dirigía a la escritora Ángeles Mastretta–, en el que se percibía un letrero con el apellido del comunicador, cubierto por unas balas y con la siguiente amenaza: “Señor de Mauleón se le ha sugerido guardar silencio, el señor salgado ha ordenado su ejecución, recuerde que la mano todo lo ve (sic)”8 . Asimismo, el 31 de julio de este año, Héctor de Mauleón informó que recibió un correo electrónico por parte de un sujeto que se ostentaba como presidente de una organización de la sociedad civil que investiga al cártel de Tláhuac, en donde le informaba que, a partir de información obtenida por integrantes de la organización infiltradas dicho cártel, habían dado instrucción de obtener su dirección y asesinarlo9 .

Los ataques reiterados en contra del periodista Héctor de Mauleón han obligado a Artículo 19 a exigir a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México que actúe “de manera objetiva y diligente” en la indagatoria sobre los ataques contra Héctor de Mauleón, y a demandar a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México que investigue la falta de debida diligencia en las investigaciones relacionadas con las amenazas en contra del periodista10 .

En ese sentido, diversos escritores, periodistas, académicos, políticos y empresarios han solicitado al gobierno capitalino la investigación inmediata de los sucesos denunciados y las amenazas recibidas por parte del gobierno capitalino11 . De igual manera, la revista Nexos se pronunció y explicó que “las autoridades han cuidado al periodista día y noche, con medidas que incluso han llegado a restringir su libertad”12 , pues, “ofrecer protección no es ofrecer seguridad. De hecho, es un pobre sustituto de la investigación y el castigo”13 . Asimismo, Nexos “reiteró que la intensidad y la frecuencia de las amenazas contra el columnista crecen, pero los resultados de las investigaciones no avanzan, por lo que hacen un llamado a las autoridades a tomar las amenazas de manera seria para que sean investigadas y castigadas.”14

Por si fuera poco, lo preocupante de la última amenaza publicada contra el periodista radica en que, del análisis del vídeo –como bien apunta el penalista Gabriel Regino–, se puede observar que éste fue grabado en un estand de tiro oficial, pues “la silueta es de las que se emplean en las prácticas de tirón y el fondo arenoso es para recibir las ojivas”15 , e, “incluso hay otros disparos durante y después de que dispara el revólver”16 , por lo que es indudable concluir que se trata de un stand de tiro; asimismo –apunta Gabriel Regino–, se observa que “a lado de la silueta (donde se efectúa el disparo contra la imagen del periodista) está la mesa donde se hacen las recargas de las armas”17 . También, “la silueta tiene unas frases de lado izquierdo que pueden ser de la corporación correspondiente”18 , que, presuntamente, corresponde al Servicio Panamericano de Protección19 empresa de traslado de valores que cuenta con campos de tiro.

Sin embargo, a partir de la nota publicada por El Universal 20 , se desprende que la publicación en twitter fue realizada desde el oriente de la Ciudad de México, por lo que resulta pertinente cuestionar, como bien hace Gabriel Regino “¿Qué dependencias policiales tienen stand de tiro en el oriente de la Ciudad de México? Lo anterior, porque la nota ubica el tuit en esa área”21 .

En ese sentido, y no obstante que se han iniciado carpetas de investigación –tanto por parte de la Procuraduría General de la República, como por parte de la Comisión Nacional de Seguridad y de la Procuraduría capitalina–, no ha habido resultados, ni se ha dado con los responsables, ni han cesado las amenazas contra el periodista, mismas que han escalado el nivel de terror, y la gravedad de las mismas. Por lo que es indispensable exhortar a las autoridades, tanto federales como capitalinas, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, arrojen resultados sus investigaciones, y los responsables sean castigados. Como bien apunta Jesús Silva-Herzog Márquez, tan sólo se exige “a las autoridades lo elemental: que cumplan con su deber”22 , para que –como escribe el propio Héctor de Mauleón– “las autoridades den por fin con los responsables de este inaceptable intento de amedrentamiento”23 .

Lo anterior, porque –en palabras de Jesús Silva Herzog Márquez– “pocas profesiones tan solitarias y vulnerables como lo es el periodismo en el México de hoy. Dejar letras en un diario es un acto de enorme responsabilidad cívica. En tiempos de violencia y sectarismo, frente a una sociedad desinteresada en la verdad fastidiosa y una política polarizada que exige lealtades por encima de cualquier otra cosa, no es fácil escribir con lucidez, decoro y valentía. Pocos periodistas están a la altura del drama que vivimos como Héctor de Mauleón”24 , quien, “con terquedad sigue buscando la horrible verdad cuando muchos quieren ocultarla y pocos quieren conocerla”25 .

Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acuerda exhortar a la Procuraduría General de la República, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, apresure las investigaciones que lleva a cabo, respecto de las amenazas reiteradas de las que es objeto el periodista Héctor De Mauleón, dé con los responsables de las mismas, ejerza la acción penal contra estos, y garantice el cese a las amenazas contra el periodista.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acuerda exhortar a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, apresure las investigaciones que lleva a cabo, respecto de las amenazas reiteradas de las que es objeto el periodista Héctor de Mauleón, dé con los responsables de las mismas, ejerza la acción penal contra estos, y garantice el cese a las amenazas contra el periodista.

Notas

1 Amenazan al periodista Héctor de Mauleón con un video donde disparan contra su foto, Animal Político, disponible en: http://www.animalpolitico.com/2017/08/video-periodista-hector-mauleon/

2 “Exigen protección para De Mauleón y Pérez Gay tras ser amenazados”, Animal Político, disponible en: http://www.animalpolitico.com/2016/09/ciudadanos-proteccion-mauleon-per ez-gay/

3 “Se intensifican amenazas de muerte contra Héctor de Mauleón; Artículo 19 exige una investigación “objetiva y diligente”, Proceso, disponible en: http://www.proceso.com.mx/499389/intensifican-amenazas-muerte-contra-he ctor-de-mauleon-articulo-19-exige-investigacion-objetiva-diligente

4 Obra citada, Animal Político.

5 Obra citada, Proceso.

6 Ibíd.

7 Ibíd.

8 Ibíd.

9 Ibíd.

10 Ibíd.

11 Obra citada, Animal Político.

12 “Revista Nexos se solidariza con Héctor de Mauleón”, El Universal, disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/revista-nexos-se-solidar iza-con-hector-de-mauleon

13 Ibíd.

14 Ibíd.

15 Para más información, consultar: https://twitter.com/gabrielregino/status/897895683914690560; https://twitter.com/gabrielregino/status/897895796376555524

16 https://twitter.com/gabrielregino/status/897896360128782337

17 https://twitter.com/gabrielregino/status/897897075865735168

18 https://twitter.com/gabrielregino/status/897896494400806912

19 Rastrean amenaza de muerte hecha a Héctor de Mauleón, El Universal, disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/rastrean-amenaza-de-muer te-hecha-hector-de-mauleon#.WZWkXXAT3P4.twitter

20 “Disparan a foto de Héctor de Mauleón”, El Universal, disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/disparan-foto-de-hector-d e-mauleon#.WZSVwI1Z2d8.twitter

21 https://twitter.com/gabrielregino/status/897895965599834112

22 Silva-Herzog Márquez, Jesús, “Por terquedad informo...”, Reforma, disponible en: http://www.reforma.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=11855 5&po=3

23 Ibíd.

24 Ibíd.

25 Ibíd.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2017.

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y la Conagua a reparar la infraestructura dañada por el paso del huracán Franklin en Vega de Alatorre y Alto Lucero, Veracruz, a cargo del diputado Adolfo Mota Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Adolfo Mota Hernández, legislador integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Nacional del Agua a reparar la infraestructura dañada por el paso del huracán Franklin en los municipios de Vega de Alatorre y Alto Lucero, Veracruz, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los días 9, 10 y 11 de agosto, el huracán Franklin impacto diversos municipios del estado de Veracruz. Este fenómeno meteorológico desplegó rachas superiores a los 160 km por hora, tocando tierra como huracán categoría uno en la comunidad de Lechuguillas, municipio de Vega de Alatorre y abandonó el territorio veracruzano para internarse en Puebla como tormenta tropical.

Si bien la Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una Declaratoria de Emergencia para 70 municipios del estado de Veracruz, por la ocurrencia de la tormenta tropical Franklin, las afectaciones en la infraestructura carretera e hidráulica son aún visibles.

A partir de la declaratoria solicitada por el gobierno estatal, las autoridades municipales contaron con recursos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada. Sin embargo las afectaciones se han dado en los caminos y puentes que comunican a diversas comunidades de los municipios veracruzanos.

Las afectaciones del huracán pudieron observarse en la carretera Xalapa-Actopan, a la altura de la desviación a Coyolillo; en la carretera Naolinco a la altura de la desviación a Tonayán; en la carretera a Alto Lucero; la carretera rumbo a Tenampa por El Espinal, donde se desbordó de río y se derrumbó un tramo de la carretera y se registraron caídas de árboles en diferentes localidades.

Además, el Huracán Franklin afectó las carreteras Poza Rica-Nautla, Nautla- Cardel, Santa Cruz-Tlapacoyan, Tempoal y Huatusco-Conejos. También se presentaron afectaciones en la carretera Xalapa-Veracruz, en el tramo Tamarindo-Cabeza Olmeca y en la carretera Paso del Toro-Acayucan.

En especial fueron afectadas las comunidades que forman los municipios de Alto Lucero y Vega de Alatorre. Municipios que fueron impactados directamente por el huracán y por las lluvias continuas que implicó su degradación a tormenta tropical.

Alto Lucero cuenta con una población de 29 mil 550 habitantes en 7 localidades principales, la mayoría de escasos recursos y poco comunicadas hacia la cabecera municipal y hacia el resto del estado.

Por lo que toca a Vega de Alatorre, más de 20 mil 490 habitantes se encuentran distribuidos en 5 localidades productoras de plátano que fueron prácticamente devastadas por el huracán.

Se calcula que el huracán Franklin devastó más de 600 hectáreas dedicadas a la producción de plátano en los municipios de Vega de Alatorre y Nautla, registrándose pérdidas totales por las rachas de viento y lluvia que arrasó con los plantíos.

Varias comunidades de la zona costera de Alto Lucero se vieron afectadas pues los caminos que las conectan con la cabecera municipal fueron obstruidos por enormes rocas y árboles que se deslizaron como resultado de las intensas lluvias que el huracán Franklin generó en esa región.

El tramo de Plan de las Hayas-Rancho Nuevo y Abazal-Xomotla fueron los que tuvieron interrumpida la circulación por diversos obstáculos. También la carretera Alto Lucero-Xalapa resultó afectada y caminos que alimentan a estos municipios y a sus comunidades, se encuentran fracturados parcial o totalmente. El puente de Pacheco que comunica a varias localidades alteñas presentó graves daños en su infraestructura.

Aún no son atendidos diversos deslaves y caminos deteriorados como parte del saldo de las afectaciones del meteoro en estos municipios. Se han reportado cierre de carreteras por inundaciones, derrumbes y deslaves.

Resulta prioritario para los habitantes de estos municipios y para todas las localidades que los conforman, contar con una infraestructura carretera que permita transportarse seguramente dentro del estado y en las regiones aledañas. Es por eso imperante hacer un exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que inicie la reparación de la infraestructura carretera dañada en el estado de Veracruz y en especial la zona que mayormente fue impactado por el huracán Franklin.

De la misma manera, resulta de la mayor importancia que la Comisión del Agua repare la infraestructura hidráulica dañada en la región impactada por el meteoro y que depende sustancialmente del buen funcionamiento de la red hidráulica.

En virtud de lo antes expuesto, se somete ante esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de acuerdo para quedar como sigue

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Comisión Nacional del Agua a reparar la infraestructura dañada por el paso del huracán “Franklin” en los municipios de Vega de Alatorre y Alto Lucero, Veracruz.

Cámara de Diputados, a 12 de septiembre de 2017.

Diputado Adolfo Mota Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Pemex a dar a conocer el plan de contratación de plataformas y embarcaciones para prestarle servicios y el programa de producción y exploración de 2018, a cargo de la diputada Claudia Sánchez Juárez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Claudia Sánchez Juárez, diputada federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, numeral 1 fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La industria marítima y portuaria contribuye de manera importante en la generación de más de 300 mil fuentes de empleo. A pesar de ello, la Marina Mercante está viviendo un momento muy crítico, las repercusiones económicas a nivel mundial que afectan el precio del crudo, han impactado severamente a la industria. Por ello, consideramos es necesario fortalecer el tráfico de cabotaje, principalmente el relacionado con el negocio Costa Afuera y donde es requerido reducir el número de embarcaciones extranjeras que quieren prestar servicio en las aguas mexicanas, tanto en el mar territorial, zonas contiguas y en la zona económica exclusiva de México.

En lo que se refiere a la flota mercante dedicada a los servicios costa afuera y que sirve de apoyo a la industria petrolera, en los últimos años se han realizado inversiones por más de seis mil millones de dólares en la adquisición de equipos nuevos y más modernos, que nos han permitido llegar a ser la quinta potencia en Latinoamérica.

Actualmente, más del 50 por ciento de las embarcaciones de bandera y matrícula mexicanas dedicadas a prestar servicios Costa Afuera se encuentran amarradas, fondeadas o sin operaciones comerciales, sin producir actividad económica alguna, lo cual ha repercutido en la pérdida de empleos altamente calificados y remunerados. La falta de contratos o la falta de certeza en la continuidad de los existentes y la suspensión de otros, están generado una constante pérdida de fuentes de trabajo, imposibilidad para cumplir con los financiamientos de las embarcaciones y plataformas petroleras modernas que se fueron adquiriendo para que México estuviera listo para la correcta implementación de la reciente Reforma Energética, la cual a más de dos años, no ha generado la certidumbre necesaria y suficiente de que traerá beneficios para la marina mercante mexicana, además del impacto negativo para el País, por la disminución de ingresos fiscales.

Como es sabido el 80 por ciento de la actividad petrolera se realiza en el mar y las posibilidades de desarrollo para la industria marítima pueden ser inmejorables, siempre y cuando se cumplan al 100 por ciento las leyes que aplican a la misma. Es por ello que la reactivación de Pemex y el incremento de la producción de crudo permitirán reactivar las actividades de nuestra flota costa afuera, así como mejorar la balanza de pagos que se ha visto afectada de forma importante por la reducción del precio del crudo, pero sobre todo por el impacto en la caída de la producción.

Punto de Acuerdo

La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de Petróleos Mexicanos, para que dé a conocer el Plan de Contratación de plataformas y embarcaciones para prestar Servicios a esa Empresa Productiva del Estado, así como el Programa de Producción y Exploración para el año 2018.

Palacio Legislativo, a 12 de septiembre de 2017.

Diputada Claudia Sánchez Juárez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México a dejar sin efectos la declaratoria por la cual se desafecta del servicio público y desincorpora el área natural protegida con la categoría de parque estatal del Santuario del Agua Sistema Hidrológico Presa Huapango, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Omar Ortega Álvarez, diputado de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 8 de junio de 2004 fue establecida el área natural protegida con la categoría de Parque Estatal denominada Santuario del Agua Sistema Hidrológico Presa Huapango. El citado Parque Estatal fue creado en una superficie boscosa de 71 mil 24 hectáreas abarcando los municipios de Acambay, Aculco, Jilotepec, Polotitlán y Timilpan del estado de México.

La decisión para proteger dicha área respondió a las capacidades de “captación y almacenamiento de grandes cantidades de agua de lluvia, que alimenta diversos ríos, así como mantos freáticos, debido a lo cual no sólo cumple una función ambiental, sino social, al ser fuente de abasto de agua de toda la región.”1

En este sentido, cabe destacar que el presidente de la República, en su 5o Informe de Gobierno, presumió que el país cuenta con más áreas naturales y mejor protegidas -90 millones de hectáreas-. Sin embargo, a la par de este anuncio, el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, avalado por la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, Órgano Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de México y sectorizado a la Secretaría del Medio Ambiente, emitió un decreto para desincorporar 2 mil 201 hectáreas pertenecientes al Santuario del Agua Sistema Hidrológico Presa Huapango, para destinarlas a la ganadería, comercio y distribución de materias primas y productos procesados.2

Aunque la Comisión Estatal en su “Estudio previo justificativo referente a la desafectación del servicio público y desincorporación de una superficie de 2,201.67 hectáreas del área natural protegida con la categoría de Parque Estatal denominado “Santuario del Agua Sistema Hidrológico Presa Huapango””, reconoce la importancia ambiental del Parque señala que “el predio se ha visto sumamente alterado por el gran impacto que ha generado el aprovechamiento agrícola” y que aunque las hectáreas de suelo forestal estaban bien conservadas en 2004 y “mantenían gran relevancia en la recarga de los mantos acuíferos y de las escorrentías superficiales” ya no la tienen debido a que las autoridades nunca aplicaron ninguna medida de preservación.3

Debido a la irresponsabilidad y omisión de las autoridades que debían encargarse de proteger el Parque Estatal, el suelo fue impactado por actividades agropecuarias. Aunado a esta seria omisión, el no señalar que el propio Estudio de la Comisión del gobierno estatal mexiquense comunica, que aunque en la zona aún existen especímenes de pino, sauce llorón, eucalipto, agaváceas, liebres, tuzas, tejones, tlacuaches, armadillos, zorrillos, patos silvestres, codornices y garzas, éstas no representan “riqueza biológica”.4

Es importante, comentar que el propio decreto de creación del Parque Estatal de 2004, contemplaba la posibilidad de establecer Zonas de Restauración en el propio Parque. Por ello, no se explica esta desincorporación, sino como una forma de sustraer el destino de conservación para actividades incompatibles con dicho destino, con la sospecha de que sea la búsqueda de un beneficio económico para unos cuantos beneficiarios de esta desincorporación.

Finalmente, cabe señalar que, actualmente, en México en la zona centro-norte del país se concentra 27 por ciento de la población, se genera 79 por ciento del producto interno bruto (PIB) y se cuenta con sólo 32 por ciento del agua renovable.5 Sin embargo, proyectos carreteros con graves impactos ambientales adversos. como el de San Francisco Xochicuautla y ahora esta acción contraria a la protección del medio ambiente, no representan otra cosa más que una seria amenaza al equilibrio ecológico y ambiental de la región y el país, por lo que debe acciones políticas de denuncia deben emprenderse para detener esta situación.

Por lo anteriormente expuesto, someto a esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a respetuosamente al gobierno del estado de México para que deje sin efectos la declaratoria por el que se desafecta del servicio público y desincorpora del área natural protegida con la categoría de parque estatal denominado Parque Estatal Santuario del Agua Sistema Hidrológico Presa Huapango, una superficie de 2 mil 201.66 hectáreas, impulsando en su lugar un proceso planificado de acciones de restauración ecológica en esa superficie.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México a realizar las investigaciones correspondientes sobre el ejercicio de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna entre 2004 hasta la fecha con relación al cumplimiento de las funciones para la que fue creada.

Notas

1 Martínez, P. “Antes de irse, Eruviel Ávila le quita 2 mil hectáreas a reserva natural y se las da a ganaderos”. Consultado en línea el 01 de septiembre de 2017 en:

http://www.animalpolitico.com/2017/08/eruviel-avila-rese rva-natural/

2 Declaratoria del Ejecutivo del Estado por el que se desafecta del servicio público y desincorpora del área natural protegida con la categoría de Parque Estatal denominado “Parque Estatal Santuario del Agua Sistema Hidrológico Presa Huapango”, una superficie de 2,201.67 hectáreas (27/ julio /2017) Periódico Oficial. Gaceta del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México.

3 Estudio Previo Justificativo de la Desafectación del Servicio Público y Desincorporación de una superficie de 2,201.67 hectáreas, del Parque Estatal denominado “Parque Estatal Santuario del Agua Sistema Hidrológico Presa Huapango” (26/ junio /2017) Periódico Oficial. Gaceta del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México.

4 Ibídem

5 Consejo Consultivo del Agua. Consultado en línea el 1 de septiembre de 2017; http://www.aguas.org.mx/sitio/index.php/panorama-del-agua/diagnosticos- del-agua

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2017.

Diputado Omar Ortega Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Veracruz a retirar la caseta de peaje Puente Coatzacoalcos 1, en el kilómetro 2+100 de la carretera federal número 180, Matamoros-Puerto Juárez, en Coatzacoalcos, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal Norma Rocío Nahle García, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de esta LXIII Legislatura, con fundamento en el artículo 79, apartado 1, fracción II, apartado 2, fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al gobierno del estado de Veracruz el retiro inmediato de la caseta de peaje denominada puente Coatzacoalcos 1 ubicada en el kilómetro 2+100 de la carretera federal número 180 Matamoros-Puerto Juárez, en el municipio de Coatzacoalcos del estado de Veracruz, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Ante la parálisis económica que padece nuestra nación desde hace algunos años, las regiones de nuestro país requieren hoy más que nunca del fortalecimiento de las comunicaciones, en especial de infraestructura carretera que permita el traslado de productos, y servicios así como un tránsito de las personas de manera rápida, eficiente y a un bajo costo.

EI sistema de transporte mexicano depende fundamentalmente de la red de carreteras el transporte carretero es el principal medio de comunicación para los mexicanos y el movimiento de mercancías. A través de ella fluye el 80 por ciento de las cargas que se mueven en el territorio y aproximadamente el 98 por ciento del movimiento de pasajeros.

Con información del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, en 2016 estima que en promedio circularon en todo el país 26.3 millones de automóviles particulares, 356.9 mil autobuses de pasajeros y 10.9 millones de camiones y vehículos de carga.

En el sur del estado de Veracruz, la carretera No. 180, cuenta con una caseta de peaje denominada puente Coatzacoalcos 1, en un tramo de aproximadamente de 6.5 kilómetros en los cuales circulan diariamente 18 mil 986 vehículos, que une las ciudades de Coatzacoalcos y Minatitlán con los complejos petroquímicos de PEMEX, contando con dos recintos portuarios, Coatzacoalcos y Pajaritos, los cuales movilizan el 23% del comercio exterior de Petróleos Mexicanos, tanto en importación de gasolinas como en exportación de petróleo crudo.

Además el puerto de Coatzacoalcos cuenta con el único Ferrobuque en el país, el cual es un barco que transporta hasta 119 carros de ferrocarril en los que se traslada principalmente papel, alta fructuosa, madera, productos químicos, azúcar y graneles agrícolas a Estados Unidos y Canadá. Este conducto para la distribución de productos en diferentes mercados, nacionales e internacionales, el tramo de la carretera número 180 es de gran importancia para los pobladores de toda esta región del sur de Veracruz.

El 29 de diciembre de 2014, el gobierno del estado de Veracruz, público la convocatoria mediante la cual se licitaba la Prestación de Servicios para la Administración Operación, Explotación, Mantenimiento y Conservación de la Caseta de Cobro del Puente Coatzacoalcos I, ubicado en la carretera federal 180 Matamoros-Puerto Juárez, en el municipio de Coatzacoalcos del Estado de Veracruz.

El gobierno de Javier Duarte asignó a una empresa fantasma (ya que no hay datos oficiales de esta empresa) como ganadora de la licitación, si es como la empresa Operadora Puerto México inició el 4 de febrero de 2015 un contrato con una duración de 5 años. Estimado que la administración de esta caseta de cobro le generarán recursos por aproximadamente mil 500 millones de pesos de los cuales pagarán 100 millones a Operadora Puerto México.

Como todo el gobierno de Javier Duarte, la corrupción y el abuso no se hicieron esperar, a casi dos meses que empezara la Administración del cobro de la caseta del puente Coatzacoalcos 1, los automovilistas y empresas que se dedican al servicio de trasporte de personal y público, no pudieron realizar su facturación correspondiente a los gastos que erogan todos los días por el cruce del puente, ya que no fueron entregados los boletos de comprobación fiscal, ya que esta empresa no contaba con ninguna razón social ni con alguna página de internet para la elaboración de este comprobante. Estimando una evasión fiscal por 150 mil pesos en promedio diario.

El 27 de octubre de 2016, usuarios de la caseta del puente Coatzacoalcos 1, pidieron al gobierno estatal poner fin el excesivo cobro que realizó la Operadora Puerto México, en el canje de la tarjeta de residente, ya que señalaron que sin ninguna justificación se incrementó el costo de la renovación de la tarjeta y no fue expedida la factura por el pago de los 300 pesos del trámite.

La escandalosa complicidad entre Javier Duarte con la Empresa Operadora Puerto México, se comprende ya que resultó ser vecina del ex gobernador la dueña de esta empresa, ya que sus oficinas se ubican a unos metros de la residencia en la ciudad de Córdoba, del hoy imputado por corrupción, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Ante todas las irregularidades que presentó la asignación y operación en la administración de la caseta del puente Coatzacoalcos 1, se suma que Coatzacoalcos se integra a la Zona Económica Especial conocida como corredor del Istmo de Tehuantepec, el cual abarca los polos de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca. Al incluirse Coatzacoalcos en la Zona Económica Especial, las empresas que inviertan serán beneficiarias de deducciones importantes en materia impositiva como el Impuesto Sobre la Renta, sobre exportación e importación, así como gravámenes estatales y municipales, como ya lo hicieron los cabildos de Coatzacoalcos, Nanchital e Ixhuatlán del Sureste que aprobaron la condonación de impuestos a nivel local. Por ello, se solicita que al eliminar la caseta del puente Coatzacoalcos 1, no sólo se dan beneficios a fiscales a las empresas que inviertan a la Zona Económica Especial, sino se extendería el beneficio a un millón 175 mil ciudadanos de los municipios de Coatzacoalcos, Minatitlán, Cosoleaque, Jaltipan, Acayucan, Nanchital, Ixhuatlán del Sureste, Moloacán, Villa Cuichapa, Agua Dulce y Las Choapas.

Con estos antecedentes y en mi calidad de Diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someto a la consideración de este pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al gobierno del estado de Veracruz el retiro inmediato de la caseta de peaje denominada puente Coatzacoalcos 1 ubicada en el kilómetro 2+100 de la carretera federal No.180 Matamoros-Puerto Juárez, en el municipio de Coatzacoalcos del Estado de Veracruz.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2017.

Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la revocación de la autorización de la tala de 3 mil hectáreas de bosque en el ejido Soledad de Zaragoza, en Xilitla, San Luis Potosí, a cargo del diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, diputado Jorge Álvarez Máynez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante la cual se exhorta al titular de la Delegación Federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el estado de San Luis Potosí al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho fundamental al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las personas. Dicho derecho posee una doble dimensión: por una parte protege al medio ambiente como un bien jurídico fundamental, que posee un valor intrínseco, es decir, es valioso por sí mismo, más allá de su relación con el ser humano; por otra parte, en atención al principio de interdependencia de los derechos humanos, la protección y garantía al derecho al medio ambiente resulta indispensable para la vigencia del resto de los derechos humanos.

Asimismo, el Estado Mexicano se adhirió a la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, adoptada en 1992 en el seno de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Dicho instrumento internacional señala que “A fin de alcanzar el desarrollo sustentable, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada.”

En ese sentido, mediante el desarrollo sustentable se busca armonizar la aparente contradicción entre la exigencia de desarrollo económico y el cuidado al medio ambiente. En otras palabras, el desarrollo sustentable satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus necesidades.

La noción de desarrollo sustentable es definida por el artículo 3o., fracción XI, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente como “El proceso evaluable mediante criterios e indicadores del carácter ambiental, económico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.”

Sin embargo, el Estado mexicano incumple constantemente con su obligación constitucional, convencional y legal de garantizar el derecho al medio ambiente sano y promover el desarrollo sustentable, al privilegiar la explotación indiscriminada de ecosistemas y recursos naturales para la producción, sin ponderar el impacto ambiental que ello trae consigo. El ejemplo más reciente de dicha situación, es el que se está presentando en el municipio de Xilitla, San Luis Potosí.

Hace unos días, trascendió que la delegada de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en San Luis Potosí, Libia Lizzete Santa Ana Castro, emitió un permiso autorizando la tala, a lo largo de diez años, de alrededor de 3 mil hectáreas de bosques templados y de niebla en el ejido Soledad de Zaragoza, municipio de Xilitla, en un proceso plagado de irregularidades.

Cabe destacar que el municipio de Xilitla es considerado una reserva forestal de porciones boscosas por la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, y que el área es una zona de recarga para los acuíferos que alimentan a diversos ríos de la Huasteca, perteneciente a la región hidrológica del río Pánuco.1 Además, el ejido colinda con la Reserva de la Biósfera de Sierra Gorda, protegida por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

A través de un comunicado de fecha 14 de agosto de 2017, el Grupo Ecológico Sierra Gorda, que en 2016 ganó el Premio Patrimonio Mundial organizado por National Geographic2 , denunció que “dicho programa de manejo, integrado por el ingeniero Clemente Rubio Tovar, se caracteriza por la pobreza de sus contenidos, flaqueza en su componente técnico y soslayar y minimizar la presencia de una importante riqueza de especies de flora y fauna, endémicas y con estatus de protección en la NOM ECOL 059 SEMARNAT 2010...Su desconocimiento destaca a lo largo del documento.”3

Además, señalan que el programa “va por la madera de manera descarada sin contemplar siquiera el impacto ambiental y el daño a un ecosistema prioritario y relictual”. Indican que el listado de flora presentado para obtener los permisos es “raquítico y tendencioso” porque presentan esta zona como un bosque de pino-encino sin gran riqueza biótica4 , a la vez que se minimiza la presencia de una variedad de flora y fauna que alberga el bosque de niebla, entre otros, pumas, jaguares, ocelotes y chivizcoyos. De hecho, el Grupo Ecológico Sierra Gorda señala que, pese a ocupar apenas 1 por ciento de la superficie del territorio mexicano, se calcula que los bosques de niebla albergan 12 por ciento de la flora del país, 30 por ciento de la cual es endémica.5

Por ello, el grupo ecológico envió un oficio a la delegada federal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en San Luis Potosí, solicitándole revocar o cancelar el permiso de aprovechamiento del ejido; la respuesta que recibieron fue que no era procedente.6 Ante esta situación, se creó una petición en el portal change.org, para que el permiso para la tala fuera revocado. Al 21 de agosto, dicha petición contaba con las firmas de más de 76 mil ciudadanos.7

En ese sentido, el artículo 68, fracción IV, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable señala que las autorizaciones de aprovechamiento forestal serán revocadas “Cuando se cause daño a los recursos forestales, a los ecosistemas forestales o comprometido su regeneración y capacidad productiva.”

En el caso de la autorización para la tala de bosques en Xilitla, existe evidencia de que el programa de manejo es deficiente, irregular y compromete la biodiversidad de la región. No podemos permitir que se sigan anteponiendo los intereses económicos al derecho de los mexicanos y, en el caso concreto, de los potosinos al medio ambiente sano.

No obstante que recientemente se ha dado a conocer en diversos medios de comunicación que la delegada de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Libia Lizette Santa Anna Castro, suspendió temporalmente8 el permiso para el aprovechamiento de recursos forestales maderables del ejido Soledad de Zaragoza, en Xilitla, se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a revocar la autorización para el aprovechamiento de dichos recursos forestales, en términos de lo establecido en los artículos 66, fracción V; 70, 163, 164, fracción IV; 168, y demás aplicables de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, independientemente de los resultados que arroje la revisión que efectúe la Subsecretaría de Gestión Ambiental de la Semarnat respecto del proceso del otorgamiento de permisos.

Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión acuerda exhortar a la titular de la delegación federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el estado de San Luis Potosí, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, revoque la autorización de aprovechamiento forestal que permite la tala de tres mil hectáreas de bosque en el ejido Soledad de Zaragoza, municipio de Xilitla, San Luis Potosí, independientemente de los resultados que arroje la revisión que efectúe la Subsecretaría de Gestión Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales respecto del proceso del otorgamiento de permisos.

Notas

1 La defensa de los bosques de niebla en Xilitla, Milenio, disponible en: http://www.milenio.com/tendencias/bosques-niebla-ecoturismo-xilitla-hua steca-milenio-noticias-la_trinidad_0_938306311.html

2 National Geographic and ITB Berlin Announce World Legacy Awards Winners, disponible en:

http://www.nationalgeographic.com/worldlegacyawards/WORL D-LEGACY-AWARDS-WINNER-RELEASE-2016.pdf

3 Semarnat autorizó destrucción del Bosque de Niebla en Xilitla, Código San Luis, disponible en:

http://www.codigosanluis.com/semarnat-autorizo-destrucci on-del-bosque-niebla-xilitla/

4 Peligra bosque de niebla en Xilitla, San Luis Potosí, por proyecto forestal, Crónica, disponible en:

http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1035264.html

5 Ibíd.

6 Ibíd.

7 Petición para Revocar el permiso para la tala de 2 mil hectáreas de bosque en Xilitla, S.L.P, disponible en:

https://www.change.org/p/semarnat-mx-revocar-el-permiso- para-la-tala-de-2-mil-hect%C3%A1reas-de-bosque-en-xilitla-s-l-p

8 Semarnat suspende temporalmente la tala autorizada en Xilitla, El Financiero, disponible en: http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/semarnat-suspende-temporalmente-la -tala-autorizada-en-xilitla.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2017.

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a implantar un instrumento de coordinación entre las instituciones y los organismos del sector público de salud para garantizar un proceso efectivo de farmacovigilancia, a cargo de la diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, diputada federal de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y IV; 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Farmacovigilancia

La farmacovigilancia es, de acuerdo con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris),1 una actividad dirigida a detectar, identificar y evaluar los riesgos que podrían presentarse derivados de la utilización de medicamentos. El fin último de tal actividad es prevenir tales riesgos en pos de mantener la salud poblacional, asegurando la calidad de los medicamentos prescritos.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), considera a la farmacovigilancia como una de las actividades más importantes en salud pública que deben implementar los gobiernos ya que, si bien, los medicamentos que se ofrecen para el consumo público han pasado por diversas y rigurosas pruebas consistentes en ensayos clínicos, es necesario y fundamental su control y evaluación en condiciones reales,2 en pos de evitar desastres sanitarios.

Por su importancia, la OMS recomienda que la farmacovigilancia sea considerada como una actividad prioritaria para los gobiernos que tengan en marcha uno o más programas de salud pública y control de enfermedades,3 toda vez que las características intrínsecas de tales programas implican la interacción de los medicamentos tanto con otros productos farmacéuticos como con alimentos. Con base en tal recomendación y en las características epidemiológicas nacionales, resulta imprescindible que México cuente con un esquema de farmacovigilancia eficiente.

Normatividad en Farmacovigilancia

La farmacovigilancia es una actividad que implica el monitoreo de todos los productos medicamentosos dentro del sistema de salud. Actualmente, el marco normativo referente a la farmacovigilancia está contenido en tres disposiciones jurídicas:

• Norma Oficial Mexicana NOM-220-SSA1-2016

• Ley General de Salud (LGS) en su artículo 222 Bis

• Reglamento de Insumos para la Salud (RIS) en su artículo 81 Bis

Al respecto, resulta conveniente tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

• La NOM-220-SSA1-2016 deriva de la actualización de la NOM-220-SSA-2012, para atribuir a la Cofepris, para que, a través de un área adscrita a la Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos, denominada Centro Nacional de Farmacovigilancia (CNFV) y asesorada por el Comité de Moléculas Nuevas, emita las políticas y lineamientos para la operación de dicho proceso. Es referente a la farmacovigilancia de medicamentos y vacunas en general.

• El artículo 222 bis de la LGS y el 81 Bis del RIS hacen referencia a medicamentos biotecnológicos:

– LGS

• “Artículo 222 Bis

[...] una vez comercializado el medicamento biotecnológico se deberá realizar la farmacovigilancia de éste conforme la normatividad correspondiente.

[...]

Los medicamentos biotecnológicos deberán incluir en sus etiquetas el fabricante del biofármaco y su origen, el lugar del envasado y en su caso el importador, debiendo asignarse la misma Denominación Común Internacional que al medicamento de referencia correspondiente sin que esto implique una separación en las claves del Cuadro Básico y de los catálogos de medicamentos de las instituciones de salud asignadas para éstos.”

Si bien, la NOM es de observancia nacional obligatoria “para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y local, así como para las personas físicas o morales de los sectores social y privado, que formen parte del Sistema Nacional de Salud, profesionales de la salud, instituciones o establecimientos donde se realiza investigación para la salud, así como para los titulares de los registros sanitarios o sus representantes legales, distribuidores y comercializadores de medicamentos y vacunas”, es la Secretaría de Salud, a través de la Cofepris, la institución que funge como ejecutora de la farmacovigilancia.

Asimismo, la norma oficial mexicana contempla como instancias ejecutoras a los Centros Estatales de Farmacovigilancia (designados por las Secretarías de Salud locales) y a los Centros Institucionales de Farmacovigilancia, pertenecientes a las distintas instituciones del Sistema Nacional de Salud que tienen actividades al respecto.

Retos de la farmacovigilancia en México

Para entender los retos a los que se enfrenta la farmacovigilancia en el país, es necesario hacer la identificación de tres tipos de medicamentos que hay en México.4

Medicamento de síntesis química: Toda substancia o mezcla de substancias de origen natural o sintético que tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, que se presente en forma farmacéutica y se identifique como tal por su actividad farmacológica, características físicas, químicas y biológicas.

Medicamento biotecnológico: Toda sustancia que haya sido producida por biotecnología molecular, que tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, que se presente en forma farmacéutica, que se identifique como tal por su actividad farmacológica y propiedades físicas, químicas y biológicas. Los medicamentos biotecnológicos innovadores podrán ser referencia para los medicamentos biotecnológicos no innovadores, a los cuales se les denominará biocomparables.

Medicamento biotecnológico biocomparable: medicamento biotecnológico no innovador que demuestre ser biocomparable en términos de seguridad, calidad y eficacia al medicamento biotecnológico de referencia a través de las pruebas que establezca la Ley General de Salud, el Reglamento de Insumos para la Salud y demás disposiciones aplicables.

La cada vez mayor interacción dentro del Sistema Nacional de Salud entre los tres tipos de medicamentos mencionados, puede derivar en una serie de complejidades para el adecuado control y seguimiento del paciente.

Si bien, los procesos de elaboración de medicamentos biotecnológicos son controlados estrechamente para garantizar tanto su uniformidad como su acción terapéutica, los cambios en dichos procesos, ya sean intencionales (al fabricar medicamentos biocomparables, por ejemplo) o no intencionales, pueden desencadenar reacciones adversas que se producirían meses después del inicio del tratamiento.

Debido a lo anterior, es de suma importancia que se mantenga un estricto control sobre tales medicamentos, es decir, una estricta farmacovigilancia en las instituciones. Una de las herramientas que coadyuva a controlar el suministro de medicamentos es la trazabilidad. Se trata de un mecanismo que permite controlar en tiempo real las transacciones de los medicamentos, dicho de otro modo, la trazabilidad funciona para detectar anomalías en los circuitos establecidos de provisión de medicamentos. De esta forma, un sistema de trazabilidad adecuado permitirá la localización inmediata de los lotes de productos que, por una razón sanitaria, deben ser retirados de circulación.

Como se puede inferir, la trazabilidad de un medicamento es intrínseca a la farmacovigilancia, puesto que para considerarse como “completa”, implica no solo el informe de las reacciones adversas de los productos, sino la verificación de que el producto que se dispensó al paciente, es en realidad el que le fue prescrito.

Las anomalías en la trazabilidad de medicamentos resultan en anomalías del sistema de farmacovigilancia en general y pueden tener consecuencias graves. Es por ello que el contar con un sistema de farmacovigilancia fuerte, eficaz y adecuado, que permita no solamente reconocer y prever las reacciones adversas a los medicamentos, sino tener un control absoluto sobre su trazabilidad, coadyuvará en primer lugar al mejor control del paciente con garantía de seguridad y eficacia en su tratamiento y seguimiento, lo cual impulsaría al fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud en general.

Conclusiones

Un uso intercambiado entre medicamentos biotecnológicos y biocomparables, sin garantizar farmacovigilancia y trazabilidad correcta centrada en el adecuado control del paciente, puede traer consigo, riesgos potenciales de reacciones adversas al tratamiento intercambiado. Tales riesgos pueden ocasionar que las indicaciones terapéuticas de los medicamentos pierdan eficacia, al ser combatidos por el sistema inmune de los pacientes a quienes se suministran. El riesgo de reacciones adversas se intensifica cuando la manufactura de los medicamentos sufre modificaciones (intencionales o no), lo que complica la prevención de crisis sanitarias. Debido a lo anterior, es necesario contar con un sistema de farmacovigilancia homologado y adecuado, que asimismo cuente con un control estricto sobre la trazabilidad de los productos, en pos de minimizar los riesgos a la salud de los pacientes, y mejorar los procesos de tratamiento basados en un adecuado control y manejo de la enfermedad en los pacientes, que les garantice plenamente seguridad, calidad y eficacia.

Con base en lo expuesto anteriormente, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud en su calidad de rectora del Sistema Nacional de Salud a implementar un mecanismo de coordinación entre las distintas instituciones y organismos del sector público de salud, para que aseguren un proceso efectivo de farmacovigilancia para el adecuado control de los pacientes que se atienden en las instituciones de salud.

Notas

1http://www.cofepris.gob.mx/AZ/Paginas/Farmacovigilancia /Farmacovigilancia.aspx

2 http://apps.who.int/medicinedocs/es/d/Js6166s/2.html

3 http://apps.who.int/medicinedocs/es/d/Js6166s/2.5.html

4 Las definiciones son tomadas de la NOM-220-SSA1-2016

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2017.

Diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno y la Secretaría de Salud del estado de México a destinar los recursos económicos de los programas de atención y protección de la salud por el grave desabasto de medicamentos en las instituciones locales del sector, a cargo del diputado David Gerson García Calderón, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado David Gerson Gracia Calderón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), de la Sexagésima Tercera Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo , al tenor de las siguientes

Exposición de Motivos

I. El derecho a la salud está garantizado en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que, toda persona tiene derecho a la protección de la salud, además de establecer la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de nuestra Carta Magna.

II. La Ley General de Salud. Artículo 6o. El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos:

Párrafo reformado DOF 19-09-2006, 13-01-2014

Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas.

Fracción reformada DOF 13-01-2014.

III. La Ley de Ingresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación son dos de los instrumentos de política pública más importantes de nuestro país, en ellos se establecen la cantidad, distribución, destino y fuente de los recursos públicos que habrán de ejercer los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos que cuentan con autonomía constitucional. Como son las Entidades Federativas.

IV. En ese sentido y en cumplimiento del citado precepto constitucional, exigimos al gobierno del estado de México, aplique de manera correcta y justa, el presupuesto aprobado para el sector salud, para dar respuesta pronta al clamor de la ciudadanía que reclama el abasto de medicamentos e instrumentación para la oportuna atención de la ciudadanía.

V. Ante el reclamo de la ciudadanía, nos hemos dado la tarea de realizar un monitoreo (recorrido) en tres unidades de salud que dan atención a la población de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán.

• Hospital general La Perla: avenida Escondida entre Poniente 21 y 25 sin número, Nezahualcóyotl, colonia La Perla Reforma.

• Hospital general doctor Gustavo Bas Prada: avenida Bordo de Xochiaca, Nezahualcóyotl.

• Hospital general “90 camas”: avenida del Peñón número 1, Chimalhuacán, México.

VI. En las tres unidades de salud encontramos lo mismo, el grave déficit de medicamentos, de personal médico y de enfermería, el reclamo es generalizado de trabajadores y pacientes, el personal médico dice que no cuentan con los medios necesarios para dar una atención de calidad, en consecuencia el reclamo de pacientes y familiares cada vez es mayor, lo que constatamos, concuerda con la información de los medios de comunicación que dan fe de los hechos que están sucediendo en este sector.

Grupo Fórmula : Denuncian negligencia en hospital del estado de México. Con Ciro Gómez Leyva. 23 de marzo del 2017: Un señor de nombre Gilberto Flores Franco, de 74 años de edad, ingresó al hospital general La Perla, en Ciudad Nezahualcóyotl, el pasado 6 de marzo, donde se le diagnosticó hematoma vascular cerebral hemorrágica. Fue atendido por el doctor Ulises Palacios Zúñiga y operado el 9 de marzo, para lo cual le pidieron 35 mil pesos para comprar material, y desde entonces se encuentra convaleciente e inconsciente.

La familia de Gilberto Flores Franco, de escasos recursos, consiguió el dinero y no les dieron factura. Mientras que el cirujano-neurólogo Ulises Palacios Zúñiga no les informa nada.

El Grafico: Por Alma Ríos. 28 de marzo 2017. Ni médicos, ni medicinas en Estado de México:

Habitantes de municipios de la zona norte del estado de México denunciaron que parece que tienen prohibido enfermarse, pues cuando acuden a su clínica del Sector Salud Mexiquense se enfrentan al desabasto de medicamentos o simplemente no son atendidos por falta de personal médico.

AlmomentoMX. Por redacción. 31 de marzo 2017. El desabasto de medicamentos, materiales de curación y en general graves limitaciones en hospitales y centros de salud del estado de México se ha vuelto preocupante y requiere acciones inmediatas para resolver la problemática...

@Fondo: Por Cristian de Jesús: Mueren pacientes por desabasto de medicinas en hospitales del estado de México. Ahora fueron familiares de pacientes internados en hospitales de la zona norte del estado de México que forman parte de la Secretaría de Salud, quienes denunciaron el desabasto de medicamentos, obligándolos a tener que comprarlos.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la Sexagésima Tercera Legislatura exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de México, Eruviel Ávila Villegas, para que a través del secretario de Salud del estado de México, maestro César Tomar Gómez Morge, aplique de manera diligente los recursos económicos aprobados por las Cámaras de Diputados federal y local, lo anterior con el objeto de fortalecer los programas de atención a la salud y atender el clamor de la ciudadanía en toda la entidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2017.

Diputado David Gerson García Calderón (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Coneval a revisar la metodología para medir la pobreza; y al Inegi, a respetar cuando realice cambios metodológicos en sus encuestas los lineamientos de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena

Araceli Damián González, en mi calidad de Diputada Federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Primera. De acuerdo con el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), corresponde al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) la definición, identificación y medición de la pobreza, tomando como base la información que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) le proporcione.

Segunda. El artículo 3° de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica señala que los datos suministrados a la sociedad deberán ser veraces, objetivos y de calidad. Por su parte, el artículo 54° de esa Ley establece que la información de interés nacional debe ser comparable en el tiempo y en el espacio.

Tercera. En julio de 2016, a través del boletín de prensa número 286/16, el Inegi señaló que se había mejorado la captación del ingreso de los hogares, ya que “los informantes tienden a declarar menos de lo que realmente perciben”. Sin embargo, las acciones instrumentadas para mejorar la captación del ingreso en campo, por parte del Inegi, hicieron que el Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) 2015 no fuera comparable con los ejercicios estadísticos previos.1

Cuarta. De acuerdo con el secretario ejecutivo del Coneval, doctor Gonzalo Hernández Licona,

[...] en el levantamiento de la encuesta del MCS 2015 el ingreso fue mayor de lo que se hubiera esperado, no resultando comparable con años previos. Si el Coneval hubiera medido pobreza con esos datos, habría sido una pobreza tan baja que hubiera sido totalmente increíble.

El Coneval prefirió no medir pobreza, porque lo más relevante para el cálculo de la misma es la comparabilidad en el tiempo. Lo importante es dotar de certidumbre a la medición para que exista confianza en la población, es decir, calcular con el mismo parámetro.

Dado que el ingreso no fue comparable con años previos, lo que hizo Coneval fue medir las variables que sí eran comparables (rezago educativo, carencia por acceso a servicios de salud, carencia por acceso a la seguridad social, carencia por calidad y espacios en la vivienda, carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda, carencia por acceso a la alimentación).

El gran reto es que la encuesta 2016 que el Inegi levantó el año pasado, y que dará a conocer a finales de agosto de este año, es que se tenga un ingreso 2016, comparable con los años 2014, 2012, 2010 y CONEVAL pueda determinar la pobreza 2016, así como sus componentes, para dar certidumbre a la población.2

Quinta. El Inegi presentó, el 28 de agosto de 2017, “[...] los resultados del Modelo Estadístico 2016 para la continuidad del MCS-ENIGH [Módulo de Condiciones Socioeconómicas- Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares], cuyo objetivo es proveer a los usuarios de la información con los insumos necesarios para la medición de la pobreza multidimensional, de tal manera que se mantenga consistencia con los resultados de la serie bienal 2008-2014”.3

Una de las problemáticas al considerar el Modelo Estadístico 2016, es que dicho Modelo utilizó la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) para determinar el ingreso de la población mexicana, constituyendo ésta una mera estimación de la percepción de los ingresos de las personas. Es absolutamente inadecuado e inconveniente que las mediciones de pobreza se basen en estimaciones, cuando deben sustentarse en fuentes primarias.

Lo anterior, debido a que las estimaciones de ingreso presentan serios problemas. En este caso, por ejemplo, los meses de levantamiento de la ENIGH y la ENOE son diferentes; por otra parte, el Inegi asumió que el ingreso no laboral (utilidades, transferencias de programas sociales, jubilaciones, etc.) crece en la misma proporción que el ingreso por trabajo, lo cual carece de sustento. Las pensiones y jubilaciones presentan mayor deterioro que los salarios, las utilidades suelen crecer más que éstos y no hubo crecimiento real de las transferencias en los programas sociales. De igual forma, el Inegi imputa el ingreso de los hogares basándose en medias estadísticas, sin considerar las posibles desviaciones en la distribución del ingreso entre ambas fuentes.

Sexta. Según declaraciones del Dr. Hernández Licona, la ENIGH 2016 que publicó el Inegi “[...] cuenta con mejores elementos para tener una mejor visión del poder adquisitivo de las familias, pero no puede ser comparada [con años anteriores]”.4

Al no ser comparable la ENIGH 2016 con otros años, se viola el artículo 54 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, el cual señala que la información de interés nacional debe ser comparable en el tiempo y en el espacio. Al utilizar el Modelo Estadístico 2016, en lugar de la ENIGH, se rompe con la certeza en la medición de la pobreza multidimensional y la de ingresos.

Séptima. La metodología de medición de la pobreza multidimensional del Coneval se elaboró con base en una estructura de ingresos y gastos de los hogares, que se desprende de la ENIGH 2008, con parámetros que no corresponden con lo que el Inegi presenta a través de los MCS 2015 y la ENIGH 2016.

Octava. Es preocupante que el Inegi haya alterado arbitrariamente la metodología de captación del ingreso de los hogares, debido a que ello no sólo afecta la serie histórica de la evolución del ingreso de los hogares y de la pobreza en México, sino que viola el artículo 88 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, que a la letra dice:

El Instituto deberá definir las metodologías que habrán de utilizarse en la realización de las Actividades Estadísticas y Geográficas, a través de Internet, antes de su implantación, a fin de recibir y, en su caso, atender las observaciones que se formulen al efecto.

De igual forma, el Instituto deberá dar a conocer y conservar los metadatos o especificaciones concretas de la aplicación de las metodologías que se hubieren utilizado en la elaboración de la Información.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo, la Junta de Gobierno deberá expedir los lineamientos generales que habrán de seguirse para publicar dichas metodologías y atender las observaciones que, en su caso, se reciban.

Considerando que la comparabilidad en las cifras de los ingresos de los hogares y de la evolución de la pobreza en México es imprescindible para dar certeza y credibilidad a los datos que emite órganos autónomos como el Inegi y Coneval, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social a revisar, a la luz de la nueva información sobre ingreso de los hogares generada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía a partir de la ENIGH 2016, la metodología de medición de la pobreza, con la finalidad de no basar sus estimaciones en modelos estadísticos, sino en información primaria, para dar mayor certeza, continuidad y credibilidad a las cifra de pobreza en México.

Segundo. Se solicita respetuosamente al Instituto Nacional de Estadística y Geografía que, en caso de realizar cambios metodológicos en las encuestas que produce, respete los lineamientos establecidos en la Ley Nacional de Información Estadística y Geográfica a fin de hacer públicos dichos cambios antes de su aplicación para poder recibir y, en su caso, atender las observaciones que realicen los usuarios de dichas fuentes.

Tercero. A la junta de gobierno del Inegi, a expedir los lineamientos generales que habrán de seguirse para publicar dichas metodologías y atender las observaciones que, en su caso, se reciban.

Notas

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) (2016). El Inegi mejora la captación del ingreso de los hogares. Disponible para consulta en: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/especiales/especial es2016_07_03.pdf

2 Reunión de trabajo de la Comisión de Desarrollo Social, de la Cámara de Diputados, con el titular del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Dr. Gonzalo Hernández Licona, el 28 de junio de 2017.

3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) (28 de agosto de 2017). Modelo Estadístico 2016 para la continuidad del MCS-ENIGH. Disponible para consulta en: http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/investigacion/eash/2016/

4 Albarrán, E. (28 de agosto de 2017). La ENIGH 2016 no se debe comparar: Coneval (El Economista). Disponible para consulta en: http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2017/08/28/enigh-2016-no-s e-debe-comparar-coneval

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 12 de septiembre de 2017.

Diputada Araceli Damián González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México a reforzar las medidas de seguridad y disminuir así los feminicidios en la entidad, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, María Victoria Mercado Sánchez, diputada de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el siguiente:

Consideraciones

Desde hace mucho tiempo el estado de México, se ha convertido en un lugar peligroso para todos sus habitantes, sin embargo, son las mujeres quienes se han visto envueltas en las garras de sectas y delincuentes, logrando colocar al estado en el primer lugar de feminicidios a nivel nacional, superando a Ciudad Juárez.1

Ahora Ciudad Juárez, aquel lugar que entre 1993 y 2005 estuvo en el ojo del huracán por los asesinatos múltiples a mujeres, cedió la estafeta al estado de México. Ese que ahora mismo se pelean por gobernar, es el primer lugar en feminicidios en México.

Las cifras oficiales dicen que en 2016 fueron únicamente 61 las mujeres que murieron en la entidad. Maquilladas. Las cifras verdaderas terminan ocultas para no mostrar una realidad que a todas luces nos está golpeando todos los días. Según el Observatorio Ciudadano en contra de la Violencia de Género, durante 2016 los feminicidios en el estado de México sumaron 263. Muere casi una mujer por día. Tan sólo en Ecatepec se cometieron 55 feminicidios, según datos de Humberto Padget, autor del libro “Las muertas del estado”.2

Tal es el caso de la doctora Jessica Sevilla Pedraza, quien fue hallada sin vida, decapitada, desollada y con signos de tortura, en un paraje de Huixquilucan, esto de acuerdo con datos del periódico, El Gráfico del estado de México:

Su cuerpo fue encontrado por pobladores de la colonia El Hielo, alrededor de las 20:00 horas, en donde fue vista por última vez el día sábado 4 de agosto, cuando viajaba en su vehículo tipo Mazda color rojo sobre la carretera Toluca-Naucalpan y a las 4 de la tarde le perdieron el rastro en una gasolinera de San Antonio, en Xonacatlán. Al no saber nada de ella, familiares informaron sobre el caso, autoridades emitieron una Alerta Odisea para dar con el paradero de Jessica. Su cuerpo fue encontrado a unos 100 metros del sitio donde fue vista por última vez; estaba boca abajo y tenía huellas de extrema violencia. Familiares que identificaron el cadáver dijeron que Jessica era madre soltera de un pequeño de dos años y se dirigía a su trabajo en el Centro Médico de Xonacatlán.3

Este hecho ha causado pánico en la entidad, dado a la falta de vigilancia, todo tipo de delitos se comenten, sin embargo, las desapariciones han sido frecuentes en los últimos tres meses, como ha sido en los siguientes casos:

• Señora Francisca Moreno Guadarrama, originaria de la comunidad de Santa María Zolotepec. Esta mujer, de 50 años, desapareció el 26 de mayo después de salir de su domicilio; hasta el momento no se sabe nada de ella.

• El 29 de julio, una mujer de nombre Rosa Isela Tenorio Clemente salió de su domicilio en este municipio, rumbo a San Mateo Atarasquillo, en Lerma. Sus familiares aún no tienen rastro de ella.

• Tan sólo 24 horas después, Amairany Belén Hernández Vargas, de 16 años, fue vista por última vez en la colonia Santa María Zolotepec, sitio de donde son cinco de las siete personas desaparecidas.

• Para los primeros días de agosto se han registrado el resto de las desapariciones, entre ellos Mikyhael, de 9 años.

• Brianna, de 12, acompañados de su madre Yazmín Sayago Lucio, de 34, quienes fueron vistos por última vez cuando salían de su domicilio en Santa María Zolotepec”.4

Hasta el momento, no existe información, y ninguna autoridad ha dado parte sobre las frecuentes desapariciones de las personas en este punto rojo del municipio de Xonacatlán. Por lo que solicito de la manera más atenta, se instalen puntos de vigilancia y se vean reforzadas las medidas de seguridad dentro el municipio y el estado entero y así disminuir este delito.

Por lo expuesto, me permito presentar ante esta Honorable Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al gobierno del estado de México a reforzar sus medidas de seguridad y así disminuir el feminiciido en la entidad, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Único. Se exhorta respetuosamente al gobierno del estado de México a reforzar sus medidas de seguridad y así disminuir el feminicidio en la entidad, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Notas

1 El estado de México: los feminicidios que ya superan a Ciudad Juárez https://culturacolectiva.com/noticias/estado-de-mexico-supera-feminicid ios/

2 Decapitan y desollan a doctora en Huixquilucan. http://www.elgrafico.mx/la-roja/08-08-2017/decapitan-y-desollan-doctora -en-huixquilucan

3 Decapitan y desollan a doctora en Huixquilucan. http://www.elgrafico.mx/la-roja/08-08-2017/decapitan-y-desollan-doctora -en-huixquilucan

4 Decapitan y desollan a doctora en Huixquilucan. http://www.elgrafico.mx/la-roja/08-08-2017/decapitan-y-desollan-doctora -en-huixquilucan

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días de septiembre del 2017.

Diputada María Victoria Mercado Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México a implantar acciones tendentes a garantizar la seguridad pública en la entidad, suscrita por el diputado Carlos Bello Otero e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado federal Carlos Bello Otero, y diputados que suscriben integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura; con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados; someten a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de México para que, en el ámbito de su competencia, implemente las acciones necesarias tendentes a garantizar la seguridad pública en la entidad, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La seguridad pública es sin duda una de las preocupaciones centrales a nivel nacional. El 27 de junio de 2004 se realizó en la Ciudad de México la marcha ciudadana contra la delincuencia y el secuestro, fue la manifestación más numerosa en los últimos años de una sociedad que se sentía impotente frente a la delincuencia.

A más de 13 años de este hecho social, el reclamo ciudadano continúa escuchándose y exigiendo no sólo mayor seguridad sino corresponsabilidad entre las autoridades de los tres órdenes de Gobierno y de las diferentes instancias vinculadas a la seguridad pública en nuestro país.

Cabe destacar que en junio de 2008, entró en vigor la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal, entre otros preceptos se reformó el artículo 21 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por el que se establece que la función de seguridad estará a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios.

Artículo 21. ...

...

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

...

Asimismo el Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018 enmarca un pacto social en el que los ciudadanos otorgan el ejercicio de la autoridad al gobierno, para que éste haga cumplir la ley, regido por los principios de legalidad, objetividad, eficacia, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

También se establece:

México en Paz

“... En México, debemos fortalecer nuestro pacto social, reforzar la confianza en el gobierno, alentar la participación social en la vida democrática y reducir los índices de inseguridad.

Aspiramos a una sociedad donde todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos, que participen activamente y cumplan sus obligaciones en el marco de una democracia plena; y que, por lo mismo, ninguna persona en México se enfrente a la falta de seguridad, a un inadecuado Sistema de Justicia Penal o a la opacidad en la rendición de cuentas.”

Particularmente la inseguridad en el estado de México se ha acentuado alarmantemente. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (ENCIG-Inegi), para los habitantes del Estado de México el principal problema es la inseguridad. De los 32 estados de la República, el Estado de México es el que tiene el porcentaje más alto de su población (76 por ciento) que percibe a la inseguridad y a la delincuencia como el peor problema en el Estado. Tan solo por mencionar el caso de los homicidios dolosos, en 2015 se registró el número más alto en todo el país, con 2 mil 070 casos. En 2016 se registraron 2 mil 053 registros de muertes por homicidio, solo por debajo de Guerrero que presentó 2 mil 213 casos el año pasado.

Actualmente y de acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a junio de 2017 en el Estado de México suman: 505 extorciones, 1,558 homicidios —siendo mayo y abril los meses con mayor número, ascendiendo a 277 y 282 asesinatos respectivamente. Se estima un promedio de 223 personas que pierden la vida mensualmente en la entidad, lo que representa un promedio de 7.4 personas diariamente—; 8,475 delitos patrimoniales (sin extorsión); 989 violaciones; 26,268 casos de robo con violencia; y 22,984 lesiones.

En resumen de enero a junio de 2017 se han cometido en la entidad 60 mil 779 delitos en sus diversas modalidades en el Estado de México —sin considerar datos de cifra negra no denunciados.

No soslayamos los avances en la materia; sin embargo los indicadores estadísticos en principio nos permiten afirmar que las autoridades supuestamente encargadas de velar por la tranquilidad e integridad física de los mexiquenses se encuentran rebasadas por el fenómeno de inseguridad.

Cada día los delitos se concentran e intensifican en los municipios metropolitanos principalmente en: Naucalpan, Tlalnepantla de Baz, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Nezahualcóyotl; Chimalhuacán, Huixquilucan, Nicolás Romero y Valle de Chalco Solidaridad. Nadie vive tranquilo, son frecuentes los hechos de violencia, balaceras, enfrentamientos, impunidad, corrupción y casos donde los propios ciudadanos asumen su protección con su propia mano.

La protección de la población es prioritaria. Se requiere avanzar hacia un cambio estructural, reducir la violencia, reducir la incidencia de delitos del orden común; como son el robo a transeúnte, robo a casa habitación, robo a negocio y robo de vehículos, principalmente aquellos cometidos con violencia, por lo que requieren de la atención prioritaria de las instituciones de seguridad pública en la entidad y sus municipios, con el decidido apoyo de las instituciones federales.

Es tiempo de exigir decididamente ante este panorama, los Diputados Federales del Partido Acción Nacional del Estado de México, consideramos que el Gobierno Estatal debe de fortalecer sus acciones para combatir este grave problema que vulnera la vida de nuestra población. Trabajamos institucionalmente para recuperar la tranquilidad de las familias mexiquenses.

Por todo lo anterior, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de México para que, en el ámbito de su competencia; implemente las acciones necesarias tendientes a garantizar la seguridad pública en la entidad.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al Gobierno Federal para que en coordinación con el Gobierno del Estado de México, y autoridades municipales; refuercen la presencia militar y de policías federales ante el incremento de actos delictivos e inseguridad en el estado.

Tercero. Se exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de México para que divulgue a la opinión pública en sus portales de internet del Gobierno del Estado sobre las condiciones actuales de inseguridad en la entidad.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a los doce días del mes de septiembre de 2017.

Diputado Carlos Bello Otero (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa de Sonora a garantizar el acceso a servicios de salud materno-infantil a las mujeres, las niñas y los niños de Sonoyta, conforme a los estándares internacionales de disponibilidad y accesibilidad, a cargo de la diputada Concepción Villa González, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Concepción Villa González, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de esta LXIII Legislatura, con fundamento en el artículo 79, apartado 1, fracción II, apartado 2, fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Salud de Sonora a garantizar el acceso a servicios de salud materno-infantil a las mujeres, niñas y niños de Sonoyta, Sonora, de acuerdo a los estándares internacionales disponibilidad y accesibilidad de los elementos esenciales del derecho a la salud.

Exposición de Motivos

Sonoyta es una ciudad al noroeste del estado de Sonora. Es cabecera del municipio General Plutarco Elías Calles en la frontera entre Estados Unidos y México. Sonoyta se encuentra enclavada en el Desierto de Sonora, por lo que en ella se registran temperaturas muy elevadas; es conocida también por ser un importante cruce de migrantes de tránsito desde México hacia los Estados Unidos. Sonoyta se encuentra a 100 km al norte de Puerto Peñasco, por la Carretera Federal 8, un importante destino turístico para el suroeste estadounidense.

Para 2015, el municipio General Plutarco Elías Calles registró 16,931 habitantes. De acuerdo a cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2010 el 53.3% de la población del municipio se encontraban en pobreza, de los cuales 4,950 (36.8%) presentaban pobreza moderada y 2,222 (16.5%) pobreza extrema. En el mismo año, se reportó que el porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud fue de 58.8% ; de las cuales 6,381 correspondían a la ciudad de Sonoyta. La carencia por acceso a la seguridad social afecto? a 78.8% de la población del municipio, es decir 10,594 personas se encontraban bajo esta condición.1

El Plan Municipal de Desarrollo de Sonoyta reconoce que aun cuando un número significativo de sus habitantes son derechohabientes de alguna institución de salud y seguridad social, las condiciones geográficas y de dispersión poblacional dificultan la prestación de los servicios de salud; ya que actualmente, Sonoyta cuenta únicamente con tres unidades médicas de las cuales dos son de consulta externa.

Bajo este contexto, las mujeres Sonoytenses tratan de ejercer su derecho a la salud y a sus derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, la falta de unidades médicas, profesionales, medicamentos e insumos imposibilitan el efectivo ejercicio de dichos derechos y pone en riesgo la vida de las mujeres, del producto de la gestación y de niñas y niños durante el periodo de embarazo, parto y puerperio.

Así lo documenta el “Grupo Tu Voz Mujer Sonoytense”, organización de la sociedad civil que lleva años señalando la falta de acceso a servicios de salud para mujeres embarazadas y la vulneración que representa esta carencia al derecho a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos. De igual forma, denuncian los riesgos a la integridad personal y a la vida que representa el desplazamiento de 100 km de mujeres embarazadas y sus hijos para acceder a la unidad de salud más cercana (en la ciudad de Puerto Peñasco) que cuenta con los especialistas e insumos necesarios para brindar atención materno-infantil.

De acuerdo al artículo 4º constitucional, toda persona tiene derecho a la protección de la salud y al acceso a los servicios de salud necesarios. Es un derecho constitucional y un derecho humano que se encuentra consagrado en el artículo primero constitucional, en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en el artículo 10 del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales “Protocolo de San Salvador”, instrumentos que establecen las obligaciones de proteger, promover, respetar y garantizar el derecho a la salud al Estado mexicano.

Como derecho humano fundamental la salud es indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos, por lo que todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente. Así, el Estado tiene la obligación de crear condiciones que aseguren asistencia médica y servicios médicos a todas las personas.

De acuerdo a la Recomendación General no. 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, el derecho a la salud en todas sus formas y a todos los niveles abarca los siguientes elementos esenciales e interrelacionados:2

- Disponibilidad . Cada Estado Parte deberá? contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de atención de la salud, así como de programas. Dichos servicios incluirán los factores determinantes básicos de la salud, como agua limpia potable y condiciones sanitarias adecuadas, hospitales, clínicas y demás establecimientos relacionados con la salud, personal médico y profesional capacitado así como los medicamentos esenciales definidos en el Programa de Acción sobre medicamentos esenciales de la OMS.

- Accesibilidad . Los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles a todos, sin discriminación alguna. La accesibilidad presenta cuatro dimensiones superpuestas:

1. No discriminación.

2. Accesibilidad física: los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán estar al alcance geográfico de todos los sectores de la población, en especial los grupos vulnerables o marginados. La accesibilidad también implica que los servicios médicos se encuentren a una distancia geográfica razonable, incluso en lo que se refiere a las zonas rurales.

3. Accesibilidad económica.

4. Acceso a la información que comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir información e ideas acerca de las cuestiones relacionadas con la salud.

- Aceptabilidad . Todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados.

- Calidad . Además de aceptables desde el punto de vista cultural, los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser también apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad.

El derecho humano a la protección de la salud se dirige a todas las personas y debe ocuparse de las necesidades específicas de cada etapa de la vida, de las niñas, niños y adolescentes, de los hombres y las mujeres adultas, de las mujeres en etapa reproductiva, y de los adultos mayores.3

Así, la salud reproductiva es un estado de bienestar general físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedad o dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. Es decir, la salud reproductiva implica la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, la capacidad de reproducirse, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. En este sentido, la atención de la salud reproductiva se define como el conjunto de métodos, técnicas y servicios que contribuyen a la salud y al bienestar reproductivo, al evitar y resolver los problemas relacionados con la salud reproductiva.4

También así lo señala la Ley General de Salud, en su artículo 27 establece que para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a la atención materno-infantil, misma que es considerada de carácter prioritario por la condición de vulnerabilidad en que se encuentra la mujer y el producto durante el embrazo, parto, post-parto y puerperio.5 De igual forma, la Ley General de Salud establece que las actividades de atención médica abarcan las preventivas, curativas, de rehabilitación y paliativas.

Es justamente por la condición de vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres embarazadas que la falta de una unidad de salud que cuente con los especialistas e insumos necesarios para brindar atención materno-infantil constituye una doble violación de los derechos humanos de las mujeres Sonoytenses: derecho a la salud, derechos sexuales y reproductivos, derecho a la integridad personal. Más aun incumple con las obligaciones internacionales del Estado mexicano para lograr la realización el objetivo 5.6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que busca asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen.

Ante las necesidades de las mujeres de Sonoyta y las obligaciones que tiene el Estado mexicano respecto del derecho a la salud es que se señala la necesidad de construir un hospital de segundo que brinde atención materno-infantil adecuada.

Por lo anteriormente expuesto, con el fin de promover y garantizar el efectivo goce y ejercicio del derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud de las mujeres en el municipio General Plutarco Elías Calles, Sonora, se somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud de Sonora a garantizar el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud y el acceso a servicios de salud materno-infantil de acuerdo a los estándares internacionales de accesibilidad a las mujeres de Sonoyta cabecera del municipio General Plutarco Elías Calles, Sonora.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud de Sonora a construir un hospital de segundo que brinde atención materno-infantil adecuada a las mujeres, niñas y niños de la ciudad de Sonoyta cabecera del municipio General Plutarco Elías Calles, Sonora.

Notas

1 Coneval, Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social: General Plutarco Elías Calles, Sonora, disponible en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/46449/Sonora_070.pdf (consultado: 24 de agosto, 2017).

2 ONU, Observación General 14. El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, E/C.12/2000/4, 11 de agosto de 2000.

3 CNDH, El derecho a la salud en México, Octubre 2015, disponible en http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/lib_DerSaludMexico.p df

4 ONU, Declaración y Plataforma de Acción de Beijin, aprobada en la 16ª sesión plenaria, celebrada el 15 de septiembre de 1995.

5 Ley General de Salud, artículo 61.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2017.

Diputada Concepción Villa González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa federal a garantizar con su homóloga y el Instituto de Salud de Chiapas la aplicación transparente, con base en criterios de justicia y legalidad, del proceso de formalización laboral de trabajadores eventuales del sector en el estado, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, diputado ante la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral I, fracción I; y 79, numeral I, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

En estos momentos, el sistema de salud pública en Chiapas enfrenta una crisis histórica cimentada en la carestía generalizada de medicamentos y materiales de uso elemental para el funcionamiento de los servicios de salud, así como en los constantes actos de corrupción que han distinguido la conducción de la Secretaría e Instituto de Salud en la entidad. En este escenario, desde 2016, cientos de trabajadores del sector salud han manifestado su inconformidad ante las pésimas condiciones en las que se ven obligados a desempeñar sus funciones, incluida la falta de medicamentos, insumos de laboratorio, vacunas, materiales de curación e instrumental y equipo médico, así como por el incumplimiento con las obligaciones patronales y presunto desvió de recursos públicos en que ha incurrido la citada secretaria.

Estos hechos han resultado en una clara afectación al ejercicio del derecho humano a la salud en Chiapas, considerando que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido a este derecho no sólo como la ausencia de enfermedad o dolencia, sino también como el acceso a instalaciones sanitarias y servicios de salud adecuados, así como la garantía de condiciones de trabajo seguras.

La crisis que atraviesa el sistema de salud en Chiapas es reflejo de la incapacidad que ha mostrado el gobierno del estado para atender eficaz, integral y oportunamente las demandas y necesidades de la sociedad chiapaneca; una incapacidad íntimamente ligada con las prácticas de corrupción que han caracterizado la administración del gobernador Manuel Velasco Coello, quien indolente a las graves problemáticas que azotan al pueblo de Chiapas, incluida la grave crisis de salud, ha preferido privilegiar intereses privados y negocios personales, antes que atender con seriedad las demandas y clamores populares.

Por estas razones, no es sorpresa que a lo largo de la administración de Velasco Coello se hayan incrementado las manifestaciones y actos de protesta por parte de trabajadores de la salud, las cuales han servido para exhibir las múltiples carencias bajo las cuales realizan diariamente sus labores, entre las que se incluye la retención injustificada de sueldos y pensiones, el desvío de fondos de jubilación y vivienda, así como la falta de personal suficiente para brindar la atención necesaria en hospitales y centros de atención médica en todo el estado. Uno de los casos más emblemáticos de esta resistencia tuvo lugar el pasado abril en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, capital del estado, en donde nueve enfermeras iniciaron una huelga de hambre frente al hospital Rafael Pascasio Gamboa, para demandar la anulación de despidos injustificados, la entrega de salarios vencidos, el pago íntegro de sus fondos de ahorros y el pleno abastecimiento de medicamentos e insumos.

Sin duda, la falta de profesionales de la salud y personal calificado para cubrir las demandas de atención sanitaria de pacientes y enfermos es uno de los más importantes problemas que obstaculizan el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la salud para el pueblo de Chiapas. Al existir una cantidad insuficiente de profesionales se crea un vacío en la calidad de la atención médica que reciben los usuarios del servicio, de por si precaria como consecuencia de la falta de insumos, el mal equipamiento de los centros de salud y el pésimo estado de las instalaciones.

Por si estas condiciones no bastaran para denigrar la labor médica y menoscabar la calidad de los servicios de salud, las y los trabajadores, tanto médicos como administrativos, de la mayoría de los hospitales y centros de salud en Chiapas deben aceptar salarios pírricos que desdeñan la calidad y el valor de su trabajo. De la misma forma, deben enfrentar el acoso de una constante incertidumbre laboral, pues son muy pocos quienes cuentan con una base o plaza que les ofrezca la estabilidad económica suficiente para garantizar su bienestar y el de sus familias.

La situación es aún más grave si se considera que las diferencias salariales que existen entre un trabajador formalizado y uno que está contratado de manera temporal alcanzan un abismo de distancia. Aproximadamente, un trabajador eventual gana mensualmente de dos a tres veces menos que uno con plaza o base. Adicionalmente, los trabajadores dependientes de contratos temporales deben soportar la falta de prestaciones, tales como vacaciones y aguinaldo, así como la inhabilitación para participar en concursos de escalafones y diversas restricciones para el goce de las condiciones generales de trabajo que caracterizan a los contratos colectivos.

Actualmente, la Secretaría de Salud de Chiapas tiene registrado a un total de 23 mil 427 trabajadores, entre administrativos y trabajadores de la salud, de los cuales sólo 40 por ciento se encuentran en calidad de trabajador de base o formalizado, mientras que 60 por ciento de los trabajadores faltantes que están por contrato o aún no se han formalizado, quienes todavía tienen que luchar ante la diferencia salarial y falta de igualdad respeto a las condiciones generales de trabajo.

Por otro lado, es importante recalcar la falta de médicos y enfermeras que existe a nivel estatal. Según cifras oficiales del Instituto de Salud, el número de médicos generales en el estado asciende 2 mil 801 y el de enfermeras a 5 mil 465, los cuales tienen la responsabilidad de atender a más de 5 millones de habitantes. Sin duda, la brecha que existe entre la cantidad de personal para la atención médica y la población que demanda el servicio de salud es enorme, lo cual conlleva inevitablemente que la atención médica brindada sea insuficiente y de mala calidad. Sin duda, la formalización de más trabajadores de la salud ayudaría a resarcir estos obstáculos al dotar al pueblo chiapaneco de una mejor calidad de atención médica y a resguardar su pleno derecho a la salud.

Con la finalidad de combatir estas deficiencias, el Estado mexicano creó e implementa desde hace años, el Programa de Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud, cuya finalidad consiste en dar “soporte en la operación del sistema de Protección Social en Salud, a través de la realización de diversas actividades que van desde el desarrollo de infraestructura y equipamiento, hasta el apoyo en gastos de operación para la integración de las redes de servicios de salud.”

Para el cumplimiento de este objetivo se realizan transferencias de recursos a diversas entidades para solventar la ejecución de un amplio mosaico de programas y actividades destinados al mejoramiento de los servicios de salud en México. Parte de estos recursos son utilizados para el financiamiento del Proceso de Formalización de Trabajadores Eventuales del Sector Salud. El proceso de formalización laboral contempla a trabajadores de salud (médicos, enfermeras, paramédicos, grupos afines y administrativos) que estén prestando servicios en las entidades federativas, primordialmente para el funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Social en Salud, bajo distintos esquemas de contratación y que carecen de las prestaciones establecidas en la legislación laboral vigente y de seguridad social1 .

Cabe destacar que, de conformidad con la cláusula tercera de los lineamientos que se deberán observar en el proceso de formalización laboral de los trabajadores de salud en las entidades federativas, el proceso de formalización de trabajadores se lleva a cabo con base en la disponibilidad presupuestaria que, para ese rubro, autoriza anualmente la Cámara de Diputados, según el correspondiente Presupuesto de Egresos de la Federación, priorizando en todos los casos el criterio de antigüedad en el servicio público, bajo un estricto sentido de justicia laboral. Asimismo, la integración, análisis y propuesta del personal que podrá ser considerado en el proceso de formalización laboral en cada entidad federativa debe realizase tomando en cuenta los resultados de Diagnóstico Especificativo en materia de Recursos Humanos, elaborado por la Secretaría de Salud federal.

Cumplido lo anterior, se procede a extender un catálogo con los códigos de los puestos o plazas disponibles para concurso, que incluye un tabulador de sueldos elaborado por la Secretaría de Salud de la federación. Las subcomisiones para la formalización laboral creadas en cada entidad federativa deben realizar entonces un análisis pormenorizado de los resultados del Diagnostico Especifico en Materia de Recursos Humanos y enviar a la Comisión Nacional para la Formalización Laboral de los Trabajadores de Salud los comentarios y observaciones correspondientes, así como la propuesta de los trabajadores que eventualmente pudieran ser sujetos del proceso de formalización, para su autorización. Los códigos otorgados bajo este proceso deben ser considerados como pie de rama, salvo aquellas plazas cuyos códigos no sean sujetos de escalafón. De igual manera, los trabajadores deben cumplir con los requisitos establecidos en el Catálogo Sectorial de Puestos (profesiograma) de la Secretaria de Salud federal.

En el caso específico de Chiapas, la ejecución del Programa de Formalización se realiza en coordinación con la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), siento esta la única sección autorizada para llevar a cabo dicho proceso. El Instituto de Salud del Estado de Chiapas inicia el proceso al expedir una convocatoria realizada en colaboración con la sección 50 del SNTSA para invitar a los interesados. Para participar en el proceso, los aspirantes deben entonces acreditar el cumplimiento de los lineamientos generales, entre los que destacan el periodo de antigüedad y no contar con una base o plaza formal. Una vez conformada la lista de solicitantes, se integran una relación que se somete a concurso.

La lista de trabajadores, así como los documentos que se les solicite para participar en el concurso (a saber, su historial laboral y el puesto por el que son aspirantes) son enviados a la Comisión Nacional de Formalización para el análisis y evaluación respectiva. Terminado el análisis, dicha Comisión envía a la Subcomisión del estado de Chiapas los comentarios, recomendaciones y resultados que hayan derivado de dicha evaluación, para su notificación y posteriores nombramientos.

Sin embargo, al igual que en estados como Puebla2 , Michoacán3 , Jalisco4 o Tlaxcala5 , en Chiapas se han presentado importantes irregularidades en la dirección de los procedimientos de formalización y homologación, atribuidas a la corrupción de los organismos encargados de su aplicación. Destaca el caso de la injustificada dilación de la publicación de las listas correspondientes a la tercera etapa del proceso de formalización laboral 2017, cuando la normativa exigía su exhibición desde el pasado 3 de julio, con la intención de beneficiar a personal que no cumplía con los criterios de antigüedad requeridos para ser sujetos de dichos procesos, así como para impedir, a través del ocultamiento de la información, el derecho de impugnación de los afectados tras la parcialidad de los nombramientos. Dicha situación ha despertado la inconformidad de diversas subsecciones sindicales en el estado que han exigido a las autoridades competentes la suspensión del proceso de formalización hasta que no se aclare el fondo del asunto.

El problema no es menor pues tan sólo en 2017 Chiapas recibió recursos de la federación para el Programa de Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud por un monto de 165 millones 750 mil 525 pesos, convirtiéndose en el quinto estado con mayor presupuesto en el rubro. Contradictoriamente, en reiteradas ocasiones el Instituto de Salud del Estado de Chiapas ha argumentado, frente a las demandas de las y los trabajadores por la contratación y formalización de personal médico para mejorar la atención a la salud en la entidad, insuficiencia financiera para cumplir con la promesa de formalización de más de dos mil trabajadores anunciada en 2015.

La irregularidad en el proceso permite inferir que se están perpetrando delitos de peculado y tráfico de influencias por parte de la Subcomisión para la Formalización Laboral de los Trabajadores de Salud en el estado de Chiapas (de la que forma la Secretaría e Instituto de Salud del gobierno del estado), evidenciada tras la formalización de trabajadores que no cuentan con los requisitos establecidos en la norma, afectando con ello los derechos laborales de cientos de trabajadores que efectivamente cubrían con lo exigido en ley. Por ello es indispensable una revisión exhaustiva del proceso de formalización del personal, para descartar asignaciones arbitrarias y favoritismos fuera del marco que establece la ley y garantizar la aplicación de la justicia en la designación de los beneficiados por el programa.

Ante la gravedad de los hechos, es indispensable que diputados y diputadas asumamos con decisión nuestra responsabilidad por velar por el pleno ejercicio de los derechos laborales en el estado de Chiapas, incluida la garantía de reconocimiento a las aptitudes y la antigüedad del trabajador, enunciada en las obligación del Congreso de la Unión previstas en el artículo 123, sección B, fracción VII, de nuestra Carta Magna, que versa:

Artículo 123. ...

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

...

VII. La designación del personal se hará mediante sistemas que permitan apreciar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes. El Estado organizará escuelas de administración pública...

Asimismo, en nuestra calidad de promotores de una cultura de la legalidad en nuestro país, debemos exigir el respeto de los lineamientos del acuerdo para la formalización laboral de los trabajadores de Salud en las entidades federativas, emitido el 15 de noviembre de 2013 por la Secretaría de Salud federal, con estricto sujeción al criterio de antigüedad en el servicio público y atendiendo al sentido de justicia laboral previstos en el apartado tercero de los lineamientos ahí descritos.

Por lo expuesto y fundando, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal, en coadyuvancia con la Secretaría de Salud e Instituto de Salud del estado de Chiapas, para garantizar la aplicación transparente, con base en criterios de justicia y legalidad, del proceso de formalización de trabajadores eventuales del sector salud en el estado de Chiapas.

Notas

1 Secretaría de Salud y SNTSA. Acuerdo para la formalización laboral de los trabajadores de salud en las entidades federativas . 15 de noviembre de 2013.

2 La Jornada de Oriente. “Formalización laboral en salud: Turbios, 7 de cada 10 pesos destinados”. 27 de septiembre de 2016.

3 La Silla Rota. “Formalización laboral en Michoacán con 80 por ciento de irregularidades.” 20 de septiembre de 2015.

4 Proceso. “SSJ y sus trabajadores: una relación.” 2 de julio de 2016.

5 La Jornada de Oriente. “SESA se niega a cumplir con tercera fase de formalización laboral”. 10 de octubre de 2016.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2017

Diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez

(rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE a respetar la declaratoria de “municipio libre de minería”, suscrita y certificada por el ayuntamiento, de Acacoyagua, Chiapas, y a cancelar todo acuerdo, licencia, concesión o permiso para la exploración y explotación mineras ahí, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, diputado a la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral I, fracción I; y 79, numeral I, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

México se ha convertido en un atractivo mundial para los inversionistas en materia extractivista minera debido a las facilidades de operación, privilegios fiscales y alto nivel de producción. Por ejemplo, México es el primer productor mundial de plata, undécimo de oro y duodécimo de cobre. También es el segundo mayor productor de fluorita, el tercero más grande de bismuto y el quinto más grande de plomo, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Economía.

La industria minera en México ha crecido a pasos agigantados a lo largo de todo el territorio del país. Sólo en el gobierno de Felipe Calderón, la inversión extranjera directa en el sector minero aumentó más de 224 por ciento con respecto al sexenio anterior. Así, “desde 2000, las minas han sido capaces de extraer el doble de oro y la mitad de plata, comparado con lo que se extrajo en los 300 años de conquista y colonización, según datos de la Unidad Académica de Desarrollo en la Universidad Autónoma de Zacatecas”1 .

Las condiciones laborales de la rama de la minería se llevan a cabo en condiciones muy desfavorables de higiene y seguridad, con muy bajos salarios. El cáncer de pulmón, neumoconiosis y silicosis son enfermedades comunes entre los mineros. La minería es una actividad de alto riesgo que hace necesaria una valoración médica cada dos años. De todas las actividades económicas, la minería es la que causa más efectos negativos en la salud y enfermedades que pueden reducir la esperanza de vida hasta en 15 años, según la Organización Panamericana de la Salud. Por otra parte, la subcontratación cancela derechos laborales como prestaciones, seguro y jubilación; la subcontratación es una forma de trabajo muy común en las minas ya que reduce costos de operación y evita la sindicalización.

La nueva modalidad de la minería es una de las actividades productivas más contaminantes. Dicha actividad extractivista es inherentemente insostenible, debido a que se finca en la producción de recursos no renovables. La industria minera es una actividad económica con un gran costo; tiene un alto impacto irreversible para el medio ambiente, lo que implica la contaminación desde el subsuelo hasta la atmosfera, incluyendo suelos y cuerpos de agua superficiales y subterráneos.

En Mazapil, Zacatecas, una zona de alta marginación y con condiciones semidesérticas y, por tanto, una zona con escasez de cuerpos de agua para las poblaciones. Es en Mazapil donde se encuentra la mina de oro más grande del país, concesionada a la empresa canadiense Gold Corp, que ha provocado problemas debido a las grandes cantidades de agua que utiliza para los procesos de lixiviación, dejando a la comunidad sin suficiente líquido para realizar sus actividades agrícolas. Asimismo, rompe las cadenas productivas regionales y agrava los índices de desigualdad y marginación, en una de las zonas más ricas en oro. En resumen, la actividad minera no responde a la necesidad y mucho menos contribuye al desarrollo de las comunidades y municipios.

El mismo caso se ha vivido en Oaxaca, en donde la minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, ha sido responsable por diversos impactos ambientales que traen como consecuencias deterioros y daños a la salud pública. Asimismo, derivado de la cooptación y confrontación con autoridades locales, ha provocado la resistencia a los proyectos mineros y fuertes protestas por parte de las comunidades.

Otro caso de resistencia a la extracción de minerales es Wirikuta en San Luis Potosí, en donde la minera canadiense Firsit Majestic amenaza a la comunidad huichol y su legado histórico, violentando los derechos a la información y a la consulta, es decir, violentando el debido proceso para la implementación de proyectos mineros.

En el estado de Chiapas, actualmente se tienen en puerta 99 concesiones mineras para la explotación y extracción para los siguientes 50 años. En suma, con las ya existentes equivalen a un millón 57 mil 81 de hectáreas campesinas e indígenas a lo largo de 16 municipios de la entidad, lo que significa el 14.2 por ciento de territorio concesionado a la minería de todo el estado. Empresas extranjeras canadienses y chinas extraerán 13 metales, entre estos, oro, plata, cobre, zinc, fierro, plomo y titanio. Las concesiones están otorgadas principalmente a cuatro empresas extranjeras, de acuerdo con datos de la organización Otros Mundos. Tres de ellas son canadienses: Linear Gold, ahora llamada Brigus Gold, BlackFire, Riversides Resoures Inc., y una China llamada Honour Up Trading2

Los números parecen no ser claros pues de acuerdo al informe denominado Panorama minero de Chiapas , en el estado existen 187 minas y bancos de material, 85 de arena, seis de arena, 90 de grava y arena, uno de cal, uno de limo y arcilla, dos de tabique, cuatro de ámbar (según el registro)3 . Por desgracia, en este informe se omiten los nombres de los municipios.

De las 99 concesiones expedidas en el año del 2015, 44 se encuentran dentro de la zona ecológica del Soconusco. 22 tienen como objetivo principal la extracción de titanio. Esto implica una fuerte amenaza para la conservación ecológica de la región del Soconusco, que alberga, por sus condiciones únicas y particulares, especies de flora y fauna endémicas.

De acuerdo con el Programa Regional de Desarrollo de la región del Soconusco, en esta área existen seis reservas ecológicas continuas, tres estatales: El Cabildo-Amatal, El Gancho-Murillo y Cordón Pico El Loro-Paxtal y tres federales: La Encrucijada-Volcán, Tacaná y El Triunfo. Asimismo, la región del Soconusco alberga los ríos Suchiate Cahuatán, Coatán, Huixtán, Huehuetán, Cavo Ancho, Cintalapa, Doña María, Cacalupa, Sesecapa, San Nicolás, Bobo, Coapa, Pijijiapan, Nancinapa, Higuerilla, Mosquitos, Patos, Jesús, Parral, Amates, y diversos manantiales4 .

En la región del Soconusco, donde una de cada tres hectáreas está concesionada a la industria minera, los habitantes de la región y legítimos dueños de las tierras han efectuado una serie de manifestaciones desde enero de 2015 para exigir a los tres niveles de gobierno respeto a su territorio. Las manifestaciones de protesta y resistencia han sido encabezadas por los pobladores de los municipios Acacoyagua y Escuintla, que forman parte de la reserva ecológica “La Encrucijada”. Sostienen como principal argumento que la industria minera constituye una amenaza para el ecosistema y la salud de los habitantes de la región. Acciones de protesta y resistencia dieron pie a que el 15 y 16 de agosto del año 2015 en el municipio de Acacoyagua se llevara a cabo el “Foro Estatal de Afectados por la Minería”. Como producto de dicho foro se dio a conocer la Declaración de Acacoyagua, documento en donde los representantes de los pueblos y diversas organizaciones civiles como el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, AC (CDMCh), la Asociación Civil Otros Mundos/Amigos de la Tierra, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) manifestaron su exigencia de la cancelación de las licencias otorgadas, la declaratoria de Municipio Libre de Minería, así como la adopción de medidas, acordadas con las comunidades, que garanticen la seguridad e integridad física y psicológica de quienes ejercen su derecho a la protesta.5

Por su parte, el Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS) se ha pronunciado fuertemente en contra de las operaciones de la mina de titanio Casas Viejas, propiedad de la empresa El Puntal SA de CV, ubicada entre las comunidades Magnolia, Los Cacaos y Satélite Morelia. Estas acciones comenzaron a emprenderse desde el 26 de septiembre de 2016, al dar cuenta de cómo el presidente municipal de Acacoyagua, ingeniero Patricio Eli Matías, no estaba cumpliendo con la Declaratoria de Municipio Libre de Minería que él mismo había firmado en agosto de 2015. La demanda del FPDS es la exigencia del cierre de la mina Casas Viejas, así como la cancelación de las trece concesiones mineras que existen en el municipio. Entre todas ellas también destaca la concesión expedida a la empresa china Honour Up Trading en el año 2013, denominada La Joya, establecida en el ejido El Triunfo, del municipio de Escuintla, región del Soconusco, con una superficie de 207 hectáreas y con vigencia hasta el año 2063.

El FPDS ha decidido suspender las mesas de trabajo, que se han venido realizando desde octubre del año 2016, con el gobierno de Chiapas con el objetivo de investigar la legalidad de los proyectos mineros. La suspensión de las mesas de trabajo se ha debido al incumplimiento de los acuerdos por porte del gobierno del estado; incluso el FPDS ha denunciado los conflictos causados por la protección y complicidad del gobierno a la minera de El Puntual SA de CV.

En mesas de trabajo con los representantes de la Subsecretaría de Gobierno Región X Soconusco y dirigentes del FPDS, se suscribieron tres compromisos que, por desgracia, no han sido respetados por parte del gobierno estatal.

1. Abrir un espacio de trabajo multidisciplinario para la revisión técnica y legal del proyecto Casas Viejas y para tomar las medidas necesarias ante los daños a la salud y al medio ambiente causados por el proyecto en Acacoyagua y en las reservas naturales de El Triunfo y La Encrucijada;

2. Solicitar estudios para la atención a la salud y a la contaminación de los ríos de Acacoyagua;

3. Realizar un protocolo de investigación de los impactos a la salud por la minería coordinado por especialistas y académicos con el fin de atender los casos de muertes por cáncer y enfermedades en la piel en Acacoyagua6 .

Así pues, desde el 26 de mayo del año 2015 y hasta la fecha, campesinos de los municipios de la costa de Chiapas están inconformes con las actividades de minería que se desarrollan en Escuintla y Acacoyagua, por los problemas que ocasiona al medio ambiente, ya que ha provocado la muerte de peces, enfermedades en la piel y un brote de casos de cáncer, además de los constantes riesgos de deslaves.

Es el 16 de agosto del 2016, luego de la realización de diversas campañas de concientización, movilizaciones y mesas de trabajo con autoridades, el ayuntamiento de Acacoyagua expresó en su declaratoria que:

“Los proyectos mineros en la región no garantizan una fuente económica ni beneficio social (las familias se han visto en la necesidad de gastar grandes cantidades de dinero para atender las enfermedades y los decesos de sus familiares) por las consecuencias en la contaminación al ambiente y el conflicto social que ha causado”, termina expresando que su administración: “prioriza la garantía de los derechos de los habitantes por sobre los intereses de las empresas mineras o la propiedad privada”.

La declaratoria cristaliza la inconformidad del pueblo de Acacoyagua a la minería en razón de que la explotación ha devastado la flora y fauna de la Sierra Madre de Chiapas, contaminado los ríos Doña María y Cacaluta, así como los cerros y llanuras aledañas. En la zona también existe un preocupante incremento en los casos de cáncer en útero, hígado y piel y enfermedades en los ojos por la alta exposición al aire contaminado por la trituración de ilmenita. Dicha declaratoria puntualiza que el presidente municipal y regidores de Acacoyagua se comprometen a no otorgar licencias municipales a minería, considerando que los proyectos no representan una fuente de desarrollo económico ni beneficio social y que los habitantes de Acacoyagua no permitirán la reanudación de los proyectos mineros en nuestro territorio.

Por todo lo expuesto y fundando, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Economía del gobierno federal para que respete la Declaratoria de Municipio Libre de Minería, suscrita y debidamente certificada por el honorable ayuntamiento de Acacoyagua, Chiapas, y cancele todo tipo de acuerdo, licencia, concesión o permiso para la exploración y explotación minera en dicho municipio, en razón de la grave contaminación al ambiente y severas afectaciones a la salud de sus habitantes causadas por la operación de empresas mineras.

Notas

1 Galván, M. M. Minería en México: La nueva colonización. Sin Embargo. 09 de abril de 2013.

2 El Financiero. Chiapas tiene en puerta 99 concesiones mineras. 27 de julio de 2015.

3 Servicio Geológico Mexicano. Panorama Minero del Estado de Chiapas. 2014

4 Gobierno del Estado de Chiapas. Programa Regional de Desarrollo 2013-2018 Región X Soconusco. 2014.

5 El Estado. En magna lucha contra la minería en Chiapas, no se detendrán las acciones. 17 de septiembre de 2015.

6 Regeneración. En el Soconusco gobierno crea conflictos en beneficio de mineras. 17 de febrero de 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2017.

Diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez

(rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Inifed a garantizar la aplicación puntual y transparente de los recursos públicos destinados a la edificación, la rehabilitación y el mejoramiento de la infraestructura física en instituciones educativas de Chiapas, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, diputado ante la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral I, fracción I; y 79, numeral I, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las últimas estimaciones de pobreza en México del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) dan cuenta de la grave crisis en que se encuentra sumido el sistema educativo en Chiapas. De acuerdo con información de este instituto, del total de la población en el estado, el 30.7 por ciento sufre rezago educativo, es decir, más de un millón 593 mil personas en edad escolar no asisten ni han concluido su formación básica. Las estadísticas sobre eficiencia terminal y abandono escolar tampoco son alentadoras. Informes oficiales de la Secretaría de Educación Pública correspondientes al último ciclo escolar señalan que en Chiapas la cobertura en educación secundaria es de 92.2 por ciento, en educación media superior es de 68.2 por ciento y en educación superior es de 13.2 por ciento. Por otra parte, el abandono escolar a nivel secundaria es de 5 por ciento, mientras que en nivel medio superior es de 10.5 por ciento y en educación superior es de 4.1 por ciento1 . El grado promedio de escolaridad en el estado es de 7.4 años, casi dos años menos que la media nacional y siete años por debajo del promedio recomendado entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Finalmente, la relación de alumnos por maestro también deja entrever la gravedad de la crisis, pues mientras que en Chiapas la relación es de 27 alumnos por docente, el promedio de la OCDE es de entre 13 a 15 educandos por docente2 . Ante semejante panorama, no es casualidad que la organización Mexicanos Primero haya ubicado al estado de Chiapas en el lugar 32 del ranking nacional del Índice de Cumplimiento de la Responsabilidad Educativa Estatal (ICRE), al obtener una calificación de 3.4 sobre 10 en el cumplimiento de su responsabilidad por garantizar el derecho a aprender, destacando entre sus hallazgos los siguientes:

• 4 de cada 10 niños de 3 años se quedan fuera de la educación preescolar.

• 5 de cada 10 futuros maestros no reciben la formación adecuada.

• 6 de cada 10 escuelas públicas (que no son multigrado) cuentan con un director de tiempo completo.

• Sólo 1 de cada 10 escuelas públicas cuentan con rampas para personas en condición de discapacidad móvil3 .

Si bien, por sí solo el rezago educativo impacta negativamente en el ejercicio efectivo de los derechos humanos, es importante tener presente que sus efectos se engranan con el resto de carencias sociales, agudizando los niveles de pobreza y desempleo, agravando la falta de acceso a la salud y vivienda, inhibiendo la participación política y contribuyendo al deterioro del medio ambiente, es decir, afectando el progreso de la entidad y limitando el pleno desarrollo de las personas. A pesar de las exigencias que esta situación plantea al sistema educativo en Chiapas, el Gobierno del Estado se ha caracterizado por desestimar estas problemáticas que parecer estar condenadas a la perpetuidad debido a la corrupción que impera en la actual administración.

Toda esta situación contrasta con el crecimiento sostenido que durante los últimos 15 años ha experimentado el presupuesto educativo en Chiapas. Si en el año 2000 el presupuesto destinado a la educación en el estado fue de 7 mil 830 millones de pesos, para 2006 el presupuesto había alcanzado los 14 mil 424 millones de pesos, mientras que en 2010 era ya superior a 16 mil 525 millones de pesos. Desde 2014, el presupuesto anual estatal en este rubro ha rebasado los 23 mil millones de pesos, alcanzado su máximo histórico en 2017, con un monto asignado de $25,180’040,474.86, convirtiendo a Chiapas en el segundo estado con mayor presupuesto educativo en toda la república, solamente por debajo del Estado de México, sin que hasta el momento se haya traducido en mejoras significativas en la calidad de la enseñanza en la entidad.

Las cifras son evidencia suficiente para reconocer los pobres resultados del presupuesto estratosférico destinado anualmente a la educación en Chiapas, así como la mínima capacidad mostrada por las autoridades educativas para potencializar el gasto de inversión e impulsar, entre otras cosas, la infraestructura educativa.

Esto es particularmente grave en el estado de Chiapas, donde el rezago en este rubro ha sido, desde hace décadas, uno de los mayores y más importantes obstáculos tanto para el rendimiento académico de los educandos, como para la operación del sistema educativo estatal en su conjunto, haciendo de Chiapas una de las entidades federativas con mayores carencias en infraestructura en el sector. El problema es complejo y diverso pues no sólo hacen falta más aulas para los miles de niños y niñas que anualmente se integran al sistema educativo en Chiapas, sino que urge la rehabilitación de decenas de escuelas que se encuentran en una situación deplorable, poniendo en riesgo la salud e integridad de docentes y educandos.

De acuerdo con datos hechos públicos por la asociación Mexicanos Primero, actualmente más de 50 por ciento de las escuelas en Chiapas ni siquiera cuentan con instalaciones sanitarias funcionales, que se suman a la deficiencias en aulas y mobiliario que afectan a más de 40 por ciento de las instituciones educativas en la entidad. Aunado a lo anterior, la organización ha señalado que más del 31 por ciento de las escuelas en Chiapas carecen de agua corriente, 46 por ciento no tienen drenaje, 36 por ciento necesitan áreas deportivas y el 10 por ciento ni siquiera cuentan con suministro de energía eléctrica.

Por su parte, el último censo educativo realizado por la organización México Evalúa ha revelado que Chiapas ocupa el primer lugar nacional en número de escuelas con piso de tierra, así como en número de escuelas sin sanitarios, pues al menos 33.3 por los centros educativos en la entidad carecen de baños. El estudio señala que de los dos mil 623 plantes públicos que no se encuentran en condiciones para la enseñanza en toda la república, 541 se ubican en el estado de Chiapas4 .

El impacto que producen las carencias de infraestructura en el proceso educativo no deben tomarse a la ligera. Recientemente, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha alertado sobre la relación que existe entre la calidad de la infraestructura educativa y el aprendizaje y rendimiento de niñas, niños y jóvenes. En su informe Infraestructura escolar y aprendizajes en la educación básica latinoamericana , se señala que los alumnos que estudian en planteles educativos con mejores condiciones de infraestructura se sienten más interesados por asistir a clase que aquellos que lo hacen en instalaciones que no disponen de servicios básicos y atractivos adicionales5 .

Por otro lado, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación ha reconocido la existencia de casos en donde la seguridad de comunidades escolares enteras está en riesgo debido al deterioro de la infraestructura educativa, expresando al mismo tiempo la importancia de implementar acciones prontas para salvaguardar la integridad de alumnos y personal educativo.

No obstante, a pesar de estas carencias, la mayor parte del presupuesto educativo en Chiapas se sigue destinando a la cobertura de salarios y prestaciones de la burocracia y el magisterio, dejando pocos recursos disponibles para el equipamiento de los centros educativos y el mejoramiento de su infraestructura física. En ese sentido, el sector más afectado ha sido el de las telesecundarias, ya que muchas de ellas están habilitadas en casa ejidales o casas del pueblo en las comunidades, así como en galeras o bodegas no aptas para este tipo de uso. Este es el caso de la Telesecundaria, ubicada en la localidad de López Hernández, municipio de Venustiano Carranza, que a falta de un espacio adecuado para la impartición de clases debe realizar diariamente sus actividades en una pequeña vivienda construida por los habitantes de la comunidad, que a pesar de ser una muestra inmejorable de la férrea voluntad del pueblo chiapaneco por garantizar la educación de sus familias, no deja de ser un espacio escolar inapropiado e insuficiente, pues presenta cimientos y castillos expuestos, así como paredes de carrizo y techos de palma y lámina capaces de derrumbarse en cualquier momento, constituyendo un riesgo latente para la salud e integridad de docentes y educandos.

Otro caso digno de mención es el de la escuela primaria Manuel Castellanos Castellanos, ubicada en pleno centro histórico de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, en donde directivos y padres de familia han denunciado por años el peligro que representa para toda la comunidad escolar el pésimo estado de la infraestructura, que incluye severas afectaciones en todas las columnas, techado y vigas que sostienen la edificación, una amenaza que se cierne sobre las cabezas de los más de setecientos niños y niños que diariamente acuden a la escuela. En reciente rueda de prensa, maestros de la institución señalaron que “cuando llueve, la descarga de agua es absorbida por las tejas, generando toneladas de presión sobre la techumbre, ese es el miedo y para nosotros razón de una gran zozobra”6 .

Historias como estas abundan en todo el estado de Chiapas; escuelas que deben asumir la tarea docente en un contexto de pésimas instalaciones que inevitablemente menoscaban y entorpecen el proceso educativo. No obstante, los casos más indignantes son aquellos que involucran a centros educativos que, habiéndoseles asignado formalmente presupuestos para la construcción y/o rehabilitación de su infraestructura, continúan, hasta el día de hoy, sin ser objeto de ninguna intervención en la materia, manteniendo el mal estado de su infraestructura y, por consiguiente, afectando significativamente la calidad de la enseñanza. Ejemplos de esta problemática son las escuelas secundarias “Del Soconusco”, en Tapachula, y “Artículo 115” en San Cristóbal de Las Casas, instituciones que si bien aparecen en los listados públicos oficiales como beneficiadas por el programa federal de infraestructura educativa Escuelas al Cien para la construcción de aulas, sanitarios y áreas administrativas, por montos de $6,191,869.73 y $1,807,747.56 respectivamente, han denunciado la injustificada dilación e inaplicación de dichos recursos. La misma situación se repite en las primarias Jaime Nunó en Tzimol, 10 de abril en Motozintla y Clemente S. Trujillo en Yajalón, con presupuestos de $1,800,000.00, $755,414.07 y $1,219,119.31 respectivamente.

Estos hechos contrastan con el compromiso manifestado por el propio presidente de la República, tras anunciar, durante su tercer Informe de Gobierno, la implementación del programa Escuelas al Cien, una iniciativa que serviría para garantizar, a través de una inversión histórica de recursos públicos, la construcción y rehabilitación de la infraestructura en planteles educativos de nivel básico, medio superior y superior en todo el país. Para dar cumplimiento a este objetivo, el 19 de octubre de 2015 se firmó un Convenio de Coordinación y Colaboración para la potencialización de los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) con los gobernadores de las 32 entidades federativas, mediante el cual se alcanzó concretar la inversión de 50 mil millones de pesos en Certificados de Infraestructura Educativa Nacional (CIEN) que, supuestamente, apoyarían a 33 mil plantes en 2 mil 11 municipios del país, beneficiando a más 5.2 millones de estudiantes, 1 de cada 3 procedentes de comunidades indígenas.

En Chiapas, el programa contempla acciones en 2,268 planteles, con un presupuesto etiquetado cercano a los dos mil 600 millones de pesos. Con una inversión de esa magnitud, Chiapas se convertiría en una de las entidades más beneficiadas por el programa Escuelas al Cien. Sin embargo, la promesa de mejoramiento que inspiraba semejante presupuesto terminaría lejos de la realidad. Para entender tal fracaso, es vital tomar en cuenta que, si bien los recursos del programa provienen de la federación, ha sido el gobierno del estado, a través del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (Inifech), la entidad encargada de licitar, asignar y ejecutar las obras en todo el estado. Sin embargo, en esta encomienda, el Inifech se ha desempeñado con opacidad e ineficacia. Las acciones de mejora de las instalaciones de las escuelas se han caracterizado por la falta de transparencia, mientras que siguen sin obtenerse los resultados para los cuales el cual el programa fue creado. Por el contrario, diversos medios han denunciado que los recursos destinados al programa Escuelas al Cien están siendo desviados en beneficio del patrimonio particular de funcionarios del Inifech.7

Los casos de la escuela primaria Moctezuma y secundaria General Miguel Barrales Hernández, ambas ubicadas en la colonia Viva México, al poniente de la ciudad de Tapachula, son representativos de las anomalías e irresponsabilidades cometidas por el Inifech en la operación del programa Escuelas al Cien. En la primera, el instituto se había comprometido a edificar cinco aulas y un módulo de sanitario, así como a rehabilitar seis salones, mientras que en la secundaria se había programado la construcción de tres aulas y baños. En conjunto, la inversión sumaba recursos por un monto superior a ocho millones de pesos que impactarían positivamente en el desarrollo de una de las zonas más vulnerables de la ciudad fronteriza. Sin embargo, tras meses de dilación en la aplicación de los recursos, docentes y directivos de los dos planteles se vieron obligados a acudir a las oficinas de la dependencia en la capital del estado para exigir de su parte un compromiso para dar inicio inmediato a las obras. Ante la antipatía hacia los reclamos mostrada por parte de las autoridades, los inconformes ha denunciado que se instalarán sobre el parque central de la ciudad para impartir clases a la intemperie, en protesta por el injustificado incumplimiento de los compromisos8 .

El severo rezago en la calidad de instalaciones que experimentan más de la mitad de las instituciones educativas en la entidad obliga a reconocer que se han cometido errores importantes en lo que respecta a la aplicación de los recursos asignados al desarrollo de infraestructura física educativa, mientras que constituye condición suficiente para iniciar un proceso administrativo que sirva para deslindar responsabilidades por el ejercicio anómalo de los recursos públicos. La situación en Chiapas amerita una investigación meticulosa, de la mayor profundidad pues los resultados obtenidos durante este sexenio aún distan mucho de los presupuestos asignados por la federación para resarcir el rezago.

Tan sólo para este año, el Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas ha etiquetado, a través del Instituto de la Infraestructura Física Educativa en el Estado de Chiapas (Inifech), más de 651 millones 888 mil pesos para el desarrollo de la infraestructura escolar, mientras que durante todo el sexenio encabezado por Manuel Velasco Coello, el mismo instituto ha recibido recursos para atender ese mismo rubro por un monto de $3,522’156,067.05. Con lo anterior, resulta evidente el contraste que Chiapas representa como una de las dos entidades con mayor presupuesto federal destinado a la educación y al mismo tiempo uno de los estados de mayor rezago en infraestructura educativa. Es pues innegable que la aplicación de recursos no ha sido efectiva.

De esta problemática dan cuenta también los informes de fiscalización de la cuenta pública elaborados por la Auditoría Superior de la Federación. En su reporte 2015 se incluyeron diversas observaciones al gobierno del estado de Chiapas por irregularidades en la administración de los recursos procedentes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)9 , principal fuente de financiamiento del programa Escuelas al Cien, uno de los programas más importantes para el desarrollo de infraestructura educativa en el país, ejecutado en Chiapas mediante el Inifech. En el dictamen de la auditoria citada se da cuenta de las siguientes observaciones:

• Al 31 de diciembre de 2015, el gobierno del estado de Chiapas no había ejercido el 11.8 por ciento de los recursos transferidos en 2015 por concepto de este fondo, mientras que al cierre de la auditoría, 31 de agosto de 2016, seguía sin ejercerse 3.2 por ciento de los recursos. La dilación en la aplicación de los recursos es causa de que no se haya atendido eficazmente a la población objetivo, ni se realizara la totalidad de las obras y acciones programadas.

• En el ejercicio de los recursos, el gobierno del estado de Chiapas incurrió en inobservancias de la normativa que generaron daños a la Hacienda Pública Federal por un importe de 25 millones 589 mil 700 pesos.

• Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el gobierno del estado de Chiapas no publicó la totalidad de los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos en sus medios locales oficiales de difusión.

Ante este escenario, el desempeño de la Secretaría de Educación en Chiapas, específicamente del Inifech, durante los últimos genera dudas lógicas. Algo ha estado ocurriendo con la ejecución de los millonarios presupuestos que no terminan reflejándose en mejores condiciones físicas para las escuelas de la entidad. La persistente corrupción entre la autoridad y las empresas ejecutoras perece ser la respuesta más viable ante tan controversiales cifras. Hoy, las prácticas de “inflar” presupuestos, abaratar la calidad del material y el pago de cuotas por el otorgamiento de obras siguen cobrando costosas facturas al sistema educativo estatal que vive sumido en el rezago más vergonzoso.

Así pues, en los cinco años que lleva de su administración, el gobierno de Manuel Velasco Coello ha destinado más 115 mil 778 millones de pesos para la educación, una cantidad a todas luces significativa, que sirve como prueba fehaciente de que el problema educativo en Chiapas no es causa de la falta de presupuesto sino por la corrupción, opacidad y nepotismo que ha distinguido, al menos en años recientes, su aplicación.

Ante el reconocimiento del papel preponderante que tiene la infraestructura en la garantía de calidad del proceso educativo y ante las evidencias de incumplimiento por parte del Gobierno del Estado de Chiapas en la operación puntual, transparente y eficaz del programa federal Escuelas al Cien, es menester que diputados y diputadas asumamos con decisión la responsabilidad, en nuestra calidad de centinelas del orden jurídico nacional, por velar por el pleno ejercicio del derecho a la educación en el estado de Chiapas, incluida la garantía de calidad en la infraestructura educativa, consagrada en el artículo 3o., párrafo tercero, de nuestra Carta Magna, que versa:

“Artículo 3o. ...

...

El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.”

Asimismo, frente a las evidencias del pésimo estado y graves carencias que guarda la infraestructura de cientos de planteles educativos en todo el estado de Chiapas, lo que a su vez dificulta la prestación de servicios educativos de calidad, inhibiendo el óptimo desarrollo de sus educandos, es crucial que diputados y diputados nos manifestemos en favor del respeto irrestricto de los principios que, en la materia, están contenidos en el artículo 7o. de la Ley General de Infraestructura Física Educativa, el cual establece:

“Artículo 7. La infraestructura física educativa del país deberá cumplir requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, pertinencia y oferta suficiente de agua potable para consumo humano, de acuerdo con la política educativa determinada por el Estado –federación, estados, Distrito Federal y municipios–, con base en lo establecido en el artículo 3o. constitucional; la Ley General de Educación; las leyes estatales de educación y del Distrito Federal; el Plan Nacional de Desarrollo; el Programa Sectorial; los programas educativos estatales y del Distrito Federal, así como los programas de desarrollo regional.”

Por todo lo expuesto y fundando, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero: La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa para que garantice, ante las evidencias de incumplimiento en el ejercicio de los recursos correspondientes al programa federal Escuelas al Cien, la aplicación puntual y transparente de los recursos públicos destinados a la edificación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura física en instituciones de educación en el estado de Chiapas.

Segundo: Se exhorta al gobernador del estado de Chiapas, Manuel Velasco Coello, para que implemente las medidas correctivas pertinentes ante las evidencias de incumplimiento en el ejercicio de los recursos correspondientes al programa federal Escuelas al Cien por parte del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas.

Notas

1 Secretaría de Educación Pública. Estadísticas del Sistema Educativo en Chiapas. Ciclo Escolar 2015-2016.

2 OCDE. Panorama de la Educación: Indicadores de la OCDE. 2016

3 Mexicanos Primero. ¿En qué lugar está Chiapas en educación? 2016

4 México Evalúa. Censo Educativo. Radiografía de dispendio presupuestal. 2014

5 BID. Infraestructura escolar y aprendizajes en la educación básica latinoamericana: Un análisis a partir del SERCE. 2011

6 Quadratín. Mala infraestructura podría ocasionar caída de escuela de SCLC. 11 de octubre de 2016.

7 Es! Diario Popular . Varada rehabilitación de escuela por falta de dinero. 26 de abril de 2016.

8 El Orbe . INIFECH incumple rehabilitación en escuela de “Viva México”. 11 de marzo de 2017.

9 Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-07000-14-0634 634-DS-GF

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2017.

Diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez

(rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua a garantizar con el gobierno de Chiapas el pronto acondicionamiento y puesta en operación de las plantas locales de tratamiento de aguas residuales, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, diputado ante la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral I, fracción I; y 79, numeral I, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

No es posible afirmar la dignidad de la persona si ésta carece de los recursos mínimos suficientes para cubrir con sus necesidades básicas, entre las que indudablemente se incluye el agua. En efecto, el derecho al agua forma parte del contenido mínimo constitutivo del derecho a la dignidad humana, de la misma manera en que la ausencia del vital líquido se traduce en una calidad de vida precaria. Por consiguiente, podemos afirmar que el concepto de propiedad del agua es condición imprescindible de la calidad de vida e igualmente, podemos cumplir con el razonamiento de la función social del agua a partir del reparto equitativo y necesario para vivir con dignidad.1

Desde esta perspectiva, naciones y organizaciones alrededor del mundo han reconocido la urgencia e importancia de garantizar para todos los seres humanos el acceso adecuado y suficiente al agua, una exigencia en donde el Estado, en tanto máxima organización social encargada del bienestar del conjunto social, debe asumir un rol preponderante. Esto ha motivado que el derecho al agua sea reconocido como un elemento esencial de la agenda de derechos humanos, lo que a su vez ha llevado a la comunidad internacional a destinar cada vez mayores esfuerzos para motivar a los Estados a adoptar instrumentos internacionales mediante los cuales sea posible garantizar el derecho al agua y ponerlo en marcha a través de planes, protocolos y programas que mejoren y amplíen el acceso a este vital líquido. El amplio consenso internacional en la materia ha propiciado que al día de hoy existan numerosos tratados y acuerdos que contemplan el derecho humano al agua, entre los que destacan la Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Observación General número 15) y la Resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Adoptadas por organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Consejo Europeo (CE), la mayoría de estas normas consideran que el derecho al agua incluye no sólo el acceso sino también la garantía de abastecimiento, así como el saneamiento de aguas residuales, en el marco de la instrumentalización de servicios integrales de administración de los recursos acuíferos. Asimismo, implican el compromiso de los Estados para el reconocimiento de éste recurso básico como parte conformante del patrimonio común de los pueblos, lo que implica que a pesar de la heterogeneidad económica, social y cultural de las sociedades el acceso al agua debe ser garantizado para todas las personas sin distinción alguna.

De acuerdo con estos lineamientos, los factores que componen el derecho del agua son:

• El derecho de las personas al agua;

• La responsabilidad de los poderes públicos en la materia;

• La implementación de servicios integrales de abastecimiento; y

• El ámbito de jurisdicción de acuerdo al régimen interior de los Estados.

En México, el compromiso de Gobierno de la República hacia la garantía del derecho humano al agua puede constatarse claramente en los objetivos descritos en el Plan Nacional De Desarrollo 2013-2018, específicamente los puntualizados en la Estrategia 4.2.2. “Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso” , que incluye entre sus líneas de acción:

– Asegurar agua suficiente y de calidad adecuada para garantizar el consumo humano y la seguridad alimentaria.

– Incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

– Sanear las aguas residuales con un enfoque integral de cuenca que incorpore a los ecosistemas costeros y marinos.2

Adicionalmente, el Programa Nacional Hídrico 2014-2018 establece entre sus objetivos el fortalecimiento del abastecimiento de agua y el acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento . La política gubernamental incluye, en este sentido, estrategias como las siguientes:

Estrategia 3.1. Fortalecer el abastecimiento de agua y el acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Estrategia 3.2. Mejorar las eficiencias de los servicios de agua en los municipios.

Estrategia 3.3. Sanear las aguas residuales municipales e industriales con un enfoque integral de cuenca hidrológica y acuífero.

Estrategia 3.4. Promover la construcción de proyectos que contribuyan a mitigar la pobreza, incluyendo la Cruzada Nacional Contra el Hambre.

Estrategia 3.5. Promover los instrumentos de coordinación que propicien la certeza jurídica para garantizar el derecho humano de acceso al agua.3

Mediante estos documentos, rectores de la política pública en materia de agua en el país, el Estado Mexicano se ha comprometido con la conservación, distribución, saneamiento y explotación racional del agua. En el marco de ese compromiso, el tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales constituye una tarea fundamental para evitar la contaminación del medio ambiente y garantizar la preservación de los recursos para su uso futuro.

Sin embargo, a pesar de la elocuencia del discurso institucional, en nuestro país el ejercicio pleno del derecho al agua continúa siendo uno de los grandes rezagos de la agenda de gobierno. Uno de los factores que despiertan mayor preocupación es el de la garantía de su distribución, pues de acuerdo con estimaciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), 7.5 por ciento de la población en el país carece de acceso a agua potable, cifra que se agrava en zonas rurales y marginales, donde al menos el 18.4 por ciento de la población no dispone del vital líquido.4 . Si bien tales cifras son por sí mismas bastante alarmantes, en reciente visita a nuestro país, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos al Agua y el Saneamiento denunció que:

“...aunque el gobierno mexicano presume que la infraestructura permite acceso al agua y al saneamiento a más de 90 por ciento de la población, estas cifras reflejan una parte de la realidad, pues responden a una lógica “tecnocrática” que corresponde a la medición del cumplimiento de los Objetivos Del Milenio. En esta medición lo importante es tener una red de agua en la calle, sin importar la calidad del agua, ni que corra las 24 horas del día, ni tampoco que sea tratada de manera adecuada...” 5

Efectuada durante la primera semana de mayo de este año, la visita oficial del relator Léo Heller sirvió como escenario para que diversas organizaciones se pronunciaran sobre la precaria situación de acceso al agua que se vive en México. Marcos Arana, representante del Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos y Defensoría del Derecho a la Salud, AC (CCESC-DDS) y acompañante del relator durante su visita al estado de Chiapas, indicó que en una comunidad cercana a Tuxtla Gutiérrez, el relator presenció cómo mujeres y niñas, acompañadas de burros, acudían a un charco de agua turbia varias veces al día para llenar pesadas garrafas de plástico para abastecerse de la única agua a la que tienen acceso durante varios meses del año. Al ver eso, el relator comentó que la situación ahí era peor de la que había visto en varios países africanos.

Si bien esta es una escena que se replica en todo el estado, el CCESC-DDS ha señalado que casos como estos son lastimosos debido a que tienen lugar a escasos kilómetros de bombas de agua que trabajan día y noche para extraer más de un millón 600 mil litros diarios para producir refrescos y agua embotellada. Por su parte, diversas organizaciones han agregado que también existen “agonizantes humedales”, que se reducen cada día por la avaricia y la inconsciencia de sus propietarios y la complacencia de autoridades municipales y estatales.6

Tras estas declaraciones, es razonable concluir que en México las dificultades que experimenta el ejercicio efectivo del derecho al agua no radican únicamente en la distribución de los recursos hídricos, sino que además implican la insuficiencia presupuestal y mala gestión de los sistemas locales de agua potable, el abandono de obras para el tratamiento de aguas residuales, la falta de mantenimiento de la infraestructura hidráulica y la cada vez más aguda contaminación de los acuíferos.

La contaminación del agua resultante de la descarga de residuos domésticos, industriales, agrícolas y mineros ocupa un lugar preponderante en esta discusión, pues a pesar de que el Estado Mexicano ha invertido recursos por décadas para desarrollar una red de infraestructura capaz de sanear el agua, lo cierto es que al día de hoy muchas familias se ven obligadas a potabilizar su agua a través de sistemas de purificación domésticos o bien, eligen comprarla a empresas privadas a muy altos costos, pues se sabe que las plantas purificadoras y las redes de conducción dispuestas por el gobierno no funcionan adecuadamente, contaminando el vital líquido antes de llegar al consumidor. Esta injusticia ha resultado ser un muy lucrativo negocio, convirtiendo el agua potable en un bien privado.

Como se ha señalado, si bien el acceso y saneamiento del agua representan un problema de índole nacional, en el estado de Chiapas la problemática presenta una de sus más agudas expresiones. Esto es especialmente indignante si se considera que en este estado se encuentran dos de las más importantes regiones hidrológicas del país: la de la Costa y la del Grijalva-Usumacinta. A pesar de esta disponibilidad, siete de cada diez personas no cuenta con acceso a agua potable y saneamiento, agudizando los desequilibrios sociales.7 Ejemplos de esta situación abundan en la entidad; por ejemplo, en los municipios de Huixtán, Oxchuc, Chanal, Tenejapa y San Juan Cancuc, ubicados en la región de los Altos de Chiapas, al menos una tercera parte de la población padece enfermedades asociadas a la falta de saneamiento del agua.

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), menos del 50 por ciento de la población en Chiapas tiene posibilidades de abastecerse de agua suficiente para cubrir sus necesidades básicas, esto debido a las dificultades y altos costos que implica trasladar el líquido hasta sus hogares, sobre todo en las zonas Selva, Sierra y Altos, donde se asientan las comunidades de mayor pobreza en la entidad. Paralelamente, las cuencas hidrológicas que existen en el estado muestran problemas de azolve y contaminación, producto de la deforestación y el uso de agroquímicos en áreas colindantes.

En el mismo tenor, cifras del Consejo Nacional de Población (Conapo) indican que del 50 por ciento de la población chiapaneca que tiene acceso al recurso, sólo en la mitad de los casos la toma de agua se encuentra en el interior de las viviendas; es decir, únicamente el 26 por ciento de las viviendas de Chiapas cuenta con agua entubada. Aunado a ello, Conapo ha señalado que entre 40 y 50 por ciento del agua se desperdicia en fugas causadas por la deficiente red hidráulica. La pobreza y marginación que sufre la entidad solo han agravado esta situación, extendiendo su impacto a rubros tan delicados como el de la salud. Es así como desde hace años Chiapas mantiene uno de los más altos índices de mortalidad causada por desnutrición e infecciones gastrointestinales en toda la república, dos padecimientos tradicionalmente asociados a la falta de acceso a agua segura y confiable.

Un problema que históricamente ha contribuido al debilitamiento del derecho de acceso al agua en Chiapas es el de las irregularidades cometidas por parte de los organismos locales encargados del manejo y suministro del agua. Recientemente, el diario Cuarto Poder publicó una investigación mediante la cual da cuenta, con base en declaraciones de funcionarios públicos e informes especializados de la OCDE, de la gravedad de la situación, que afecta por igual a áreas rurales como a municipios metropolitanos:

En Tuxtla Gutiérrez , Carlos Flores Pérez, director general del Servicio Municipal de Agua Potable (SMAPA), informó que el objetivo del organismo operador del agua es el de “atacar” los primeros 150 puntos críticos de la red hidráulica y sanitaria, para reducir la pérdida del 60 por ciento del agua que se produce y se distribuye actualmente en la ciudad.

En el municipio de Reforma , de los 50 millones de litros de agua mensuales que se suministran a la población, el 50 por ciento se desperdicia. Así lo confirmó el coordinador del Sistema de Agua Potable y director del Departamento de la Cultura del Agua en éste municipio, Julio Gutiérrez Morales.

En Tapachula , de los 600 litros por segundo de agua que fluyen desde la planta potabilizadora municipal hacia los más de 75 mil hogares que tienen contratado el servicio, por lo menos el 20 por ciento se pierde entre las redes, principalmente por fugas.

Por su parte, en el municipio de Villaflores se tiene registro de que se desperdician al día por lo menos 45 mil litros de agua por causas relacionadas con fugas en la red de distribución y desperdicios de la población que no raciona su consumo. Se trata de una pérdida que suma más de un millón 300 mil litros cada mes.

En San Cristóbal de Las Casas , integrantes del Comité de Cuenta del Valle de Jovel han señalado que entre un 35 y un 40 por ciento del agua que suministra el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (SAPAM) en la ciudad se desperdicia en fugas. El mayor problema se registra en la zona del Centro Histórico, debido a que la mayoría de la red hidráulica data del año 1937, por lo que la tubería es obsoleta.

En Comitán , la falta de recursos económicos y la mala administración en la infraestructura de la red de distribución de agua han derivado en que el Comité de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Comitán (Coapam) sea denunciado como ineficiente e incapaz de resolver las cuantiosas pérdidas de agua que diariamente sufre el municipio.8

Como se observa, la problemática ni es menor ni está focalizada en unos cuantos municipios. Por el contrario, es extensa en todo el estado y se profundiza en los municipios con mayor desarrollo urbano, en donde aunado al pésimo estado de la infraestructura para la distribución del acuífero, se ha presentado un problema cada vez más importante que pone en evidencia la incompatibilidad entre el tamaño de los recursos públicos invertidos en la materia y la accesibilidad del derecho de acceso al agua en la entidad: la inoperancia y abandono de plantas de tratamiento de aguas residuales .

De acuerdo con el Inventario Nacional de Plantas Municipales de Potabilización y de Tratamiento de Aguas Residuales en Operación, se tiene registro de la existencia de 31 plantas de tratamiento en el estado de Chiapas, mismas que no se encuentran operando al cien por ciento, bajo el argumento de dificultades técnicas y financieras, según señalamientos realizados por el investigador y miembro del Sistema Integral del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Alberto Cedillo.9

Las 31 plantas de tratamiento se ubican prácticamente en municipios de los cuatro puntos cardinales del estado: en Tuxtla Gutiérrez hay una en Paso Limón, otra en Copoya y una más en El Jobo, otras se encuentran en Chiapa de Corzo, Ocozocoautla y Suchiapa. En Tapachula hay dos, una en Hermosillo y otra en el Sur Oriente; también están Suchiate I y II, en la misma región se encuentran una en Pijijiapan y otra en Unión Juárez, más cercana a la Biosfera del volcán Tacaná. Las demás se ubican en los municipios de Aldama, Chalchihuitán, Chiapilla, Comitán de Domínguez, La Concordia, Francisco León, Frontera Comalapa, Ixtapa, Maravilla Tenejapa, Ostuacán, Osumacinta, Palenque, Pantelhó, Pantepec, Santo de Agua, San Andrés Duraznal, La Trinitaria, Tumbalá y Tzimol.

No obstante, el número total de plantas de tratamiento de agua en Chiapas es difuso, pues otros medios han señalado en el estado existen 119 plantas de este tipo, que han requerido recursos públicos para su construcción por más de 120 mil millones de pesos. Sin embargo, al día de hoy sólo dos de ellas funcionan y el resto se encuentran inservibles y/o abandonadas. Por esta razón, desde hace varios años las aguas negras continúan descargándose sin tratamiento a los arroyos, ríos y cuerpos de agua de toda la entidad.

Sobre el tema, el titular de la Secretario Estatal de Medio Ambiente e Historia Natural (SEMAHN), Carlos Morales Vázquez, indicó recientemente que es muy probable que esas plantas de tratamiento abandonadas en los municipios de Chiapas nunca operen, argumentando que las autoridades locales deben elegir entre utilizar los recursos del erario para “acciones municipales” o bien, para sufragar los altos costos de operación gastos que implica este tipo de infraestructura, desestimando por completo el derecho al agua previsto tanto en la Constitución Federal como en la Constitución Política del Estado de Chiapas.

Por su parte, el Gobierno Federal, lejos de asumir responsabilidad por las afectaciones a la salud de toda la población en la entidad acaecidas como consecuencia de la contaminación acuífera, se ha encargado solo de emitir sanciones económicas a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a los municipios que han incurrido en ese tipo de descargas contaminantes. Lo que es más grave es que a pesar de la inoperatividad y falta de mantenimiento de estos proyectos, el Gobierno Federal ha señalado que en breve se construirán otras cuatro plantas de tratamiento en la entidad.10 La incongruencia es evidente pues mientras que por un lado se realizan fuertes recortes presupuestales a este rubro, por otro se continúan financiando obras que lejos de resolver los principales rezagos de la entidad, sólo suman a la larga lista de elefantes blancos que existen en Chiapas.

El asunto es aún más grave si se considera que, de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Estado de Chiapas está endeudado con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) por un monto superior a los 7 mil millones de pesos.11

Esta situación ha obligado a activistas y líderes sociales a emprender acciones de denuncia para exigir mejoras inmediatas en la prestación de los servicios de agua. Así lo ha hecho Francisco Rojas Toledo, excandidato a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, quien recientemente denunció que las dos plantas de tratamiento de aguas residuales en la ciudad (Tuchtlán y Paso Limón) no sólo no están trabajando, sino que están contribuyendo con la contaminación de los ríos Sabinal y Grijalva. Pese a ello, los cobros por saneamiento y alcantarillado en la capital continúan. Mensualmente, el cobro de estos servicios a la ciudadanía genera ingresos a la tesorería municipal por más de cuatro millones 800 mil pesos, recursos que poco o nada han servido para mejorar la infraestructura municipal y garantizar a la sociedad mejores servicios de agua.12

Otros han acudido ante instancias ambientales, órganos jurisdiccionales y medios de comunicación para solicitar información sobre las razones por las cuales las plantas de tratamiento de aguas residuales no se están utilizando, especialmente cuando se trata de obras que han recibido inversiones millonarias sin que hasta el momento hayan entrado en operación. Sin embargo, el Gobierno del Estado se ha mantenido omiso ante estos clamores ciudadanos.

Así pues, ante las cada vez más agudas condiciones de vida que sufre la población en Chiapas, agravadas por el acelerado deterioro ambiental y la devastación de sus recursos acuíferos, es menester que diputados y diputadas asuman con decisión su responsabilidad, en su calidad de vigilantes del orden jurídico nacional, para la procuración de los derechos humanos enmarcados en nuestra Carta Magna, exigiendo por parte de los organismos encargados del manejo, distribución y cuidado del agua el pleno cumplimiento de sus responsabilidades, a fin de asegurar para la sociedad chiapaneca el pleno ejercicio del derecho de acceso, disposición y saneamiento de agua previsto en su artículo 4º, que versa:

“Artículo 4o....

(Párrafo quinto).- Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

(Párrafo sexto).- Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.”

En el mismo sentido, es crucial hacer valer los principios que, en la materia, están enunciados en el párrafo tercero del artículo 27 constitucional, el cual establece:

“Artículo 27...

(Párrafo tercero) La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico.”

Para la consecución de este objetivo, las y los legisladores debemos apelar por el reconocimiento de las causas de utilidad pública relativas al mejoramiento de la calidad de las aguas residuales, previstas en el artículo 7o. de la Ley de Aguas Nacionales, que señalan:

“Artículo 7o. Se declara de utilidad pública:

...

VII. El mejoramiento de la calidad de las aguas residuales, la prevención y control de su contaminación, la recirculación y el reúso de dichas aguas, así como la construcción y operación de obras de prevención, control y mitigación de la contaminación del agua, incluyendo plantas de tratamiento de aguas residuales...”

Finalmente, ante una situación de estas características, en donde las capacidades ejecutivas locales son imprescindibles para la atención integral de la problemática, legisladores debemos exigir la participación y pleno involucramiento del Gobierno del Estado en su solución, tanto porque es necesaria como porque así lo requiere la ley, tal y como lo señala el artículo 119 de la Ley General de Salud, en donde se afirma:

“Artículo 119. Corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas , en sus respectivos ámbitos de competencia:

...

II. Vigilar y certificar la calidad del agua para uso y consumo humano...”

Por todo lo expuesto y fundando, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que, en coadyuvancia con el Gobierno del Estado de Chiapas, garantice la pronta habilitación y puesta en funcionamiento de la totalidad de las plantas de tratamiento de aguas residuales existentes en el estado de Chiapas, en razón del injustificado abandono de las obras y la agudización de la contaminación ambiental en la entidad, particularmente de sus recursos acuíferos.

Notas

1 Álvarez, R.B. El agua como derecho fundamental y su protección jurídico penal . 2011.

2 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Gobierno de la Republica.

3 Programa Nacional Hídrico 2014-2018. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua.

4 NUM3RAGUA México 2016 . Comisión Nacional del Agua. 2016

5 Proceso. El agua en México, un problema “crónico”: relator de la ONU . 12 de mayo de 2017.

6 Proceso. Violación al derecho al agua en Chiapas, “peor que en África”, dicen organizaciones a relator de la ONU . 15 de mayo de 2017.

7 Chiapas Paralelo. Chiapas: mucha agua y escasa disponibilidad, puertas abiertas a la inversión privada . 23 de septiembre de 2013.

8 Cuarto Poder. Chiapas desperdicia el 50% de su agua en fugas . 15 de agosto de 2017

9 Cuarto Poder. Más de tres decenas de plantas de tratamiento . 14 de julio de 2017.

10 El Orbe. Inoperantes y abandonadas las plantas de tratamiento de aguas residuales en Chiapas . 08 de mayo de 2017.

11 Imparcial de Chiapas. Gobierno de Chiapas está endeudado con BANOBRAS por más de 7,000 mdp: SHCP. 10 de agosto de 2017.

12 El Imparcial de Chiapas. Plantas de tratamiento de aguas residuales sin operar, denuncian . 10 de agosto de 2017.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2017.

Diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez

(rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y la Conagua a intervenir ante el incremento de la contaminación del río Suchiapa y garantizar para la población dependiente de sus recursos acuíferos los derechos a un ambiente sano y acceso al agua en forma salubre y aceptable, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, diputado a la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral I, fracción I; y 79, numeral I, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Ubicado sobre las extensas planicies de la Depresión Central de Chiapas, a los márgenes de uno de los afluentes más importantes del río Grijalva, se encuentre el municipio de Suchiapa. Por su ubicación estratégica, vecina de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, capital del estado, el municipio ha sido integrado con vertiginosidad a la dinámica económica de la principal zona metropolitana en la entidad. Sin embargo, lejos de que su cercanía con la capital haya implicado beneficios para su población, ésta ha sido razón de incontables daños ecológicos a los abundantes recursos naturales con los que cuenta el municipio.

Las descargas de aguas residuales que diariamente desembocan en el arroyo Sabinalito, procedentes de colosales fraccionamientos ubicados al sur y oriente de la capital, así como las explotaciones de cal y arena que se han instalado sobre la región hidrológica prioritaria Boquerón-La Sepultura, en clara contravención con las disposiciones ambientales aplicables, así como el saqueo indiscriminado de materiales pétreos del que continúa siendo objeto el río Suchiapa, utilizados para la ampliación de la mancha urbana, amenazan la estabilidad del rico ecosistema que acoge al municipio de Suchiapa, mientras mantiene en grave riesgo la salud pública no sólo de los más de 23 mil habitantes de Suchiapa, sino también de poblaciones aledañas en Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo.

Sin embargo, la causa más importante de la degradación ambiental que sufre Suchiapa radica en la puesta en operaciones de la empresa Proactiva, recientemente integrada al grupo Veolia, encargada del manejo de los residuos sólidos urbanos que se producen en la metrópoli, es decir, el procesamiento de la basura que genera Tuxtla Gutiérrez. Desde su establecimiento, la empresa ha violado sistemáticamente la normatividad federal y estatal vigente en materia ambiental, causando graves estragos al delicado ecosistema que circunda al municipio. Entre estas infracciones, destaca la omisión que hiciera de la condicionante 21, emitida por el Instituto de Historia Natural y Ecología (INHE), hoy Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), disposición que prohíbe hacer uso de explosivos para el establecimiento de celdas de disposición final de residuos sólidos urbanos y de lagunas de captación de lixiviados, así como su decisión de abandonar el uso de geomembranas para cubrir sus rellenos sanitarios.

La Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003 y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, artículo 5o. fracción XVI, definen como lixiviados al “líquido que se forma por la reacción, arrastre o filtrado de los materiales que constituyen los residuos y que contiene en forma disuelta o suspensión, sustancias que pueden infiltrarse en los suelos o escurrirse fuera de los sitios en los que se depositan los residuos y que puede dar lugar a la contaminación del suelo y de cuerpos de agua, provocando su deterioro y representar un riesgo potencial a la salud humana y de los demás organismos vivos”.

Cabe mencionar que previo al otorgamiento de la concesión para el manejo de residuos de la capital, la empresa Proactiva/Veolia fue beneficiada con contratos para ejecutar la clausura del tiradero a cielo abierto utilizado hasta ese entonces, acción que serviría para eliminar el escurrimiento de lixiviados de manera superficial sobre el arroyo El Lacandón. Sin embargo, la clausura jamás se ha llevado a cabo. Asimismo, dentro del contrato de concesión se estipula que durante el tiempo que perdure el contrato Proactiva estará obligada a supervisar y dar mantenimiento a dicho basurero clausurado, lo cual tampoco ha sucedido pues los lixiviados no sólo se siguen generando en el lugar, sino que además se siguen vertiendo de manera directa en los arroyos circundantes.

Así pues, estas acciones han resultado en el escurrimiento de lixiviados a través de todo el sistema kárstico del municipio y, por ende, la contaminación de sus mantos freáticos, lo que a su vez ha permitido el desplazamiento de agua contaminada con lixiviados al arroyo Sabinalito, que a su vez desemboca en el río Suchiapa, que más adelante se une al río Santo Domingo para desembocar finalmente en el río Grijalva, el segundo más caudaloso de toda la república. De esta forma, las omisiones en las que por años ha incurrido la empresa Proactiva/Veolia han producido severas afectaciones al sistema hidrológico de la cuenca del Medio Grijalva, de donde provienen gran parte de los recursos acuíferos imprescindibles para la región.

La gravedad de la situación ya ha llamado la atención del Laboratorio Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural del gobierno del estado de Chiapas (Semahn), que recientemente ha constatado la degradación de la cuenca del río Suchiapa y sus alrededores, producto de la descarga de aguas negras, así como la contaminación de la que es responsable la empresa Proactiva/Veolia, al tiempo que ha demandado la actuación urgente por parte de autoridades de nivel federal, estatal y municipal antes que se produzca un ecocidio irreversible. Los estudios del Laboratorio Ambiental de la Semahn dan cuenta del enorme grado de contaminación que experimentan los sitios de muestreo, en donde se han encontrado rastros de coliformes fecales, materia flotante, grasas, aceites y fósforo, así como metales pesados tales como plomo, mercurio, cromo, cobre y níquel. Estos metales pesados pertenecen a un grupo de elementos químicos que presentan alta densidad toxica para los seres vivos, pudiendo ocasionar enfermedades graves como cáncer de riñón, próstata, páncreas e hígado, entre otras.

Por estas razones, el mismo instituto también ha señalado la importancia de la inmediata aplicación de la legislación para implementar un nuevo plan de recolección de basura en la capital, junto con la edificación y puesta en marcha de plantas para el tratamiento de aguas negras en los fraccionamientos circunvecinos.

Las consecuencias del daño ambiental que sufre Suchiapa son cada vez más evidentes. Hace apenas unos meses, el 14 de mayo del año en curso, pobladores del ejido Pacú, ubicado a las afueras de la cabecera municipal, acudieron al río Suchiapa, del que históricamente se han servido para la realización de sus tareas cotidianas, sólo para recibir la sorpresa de que cientos de peces flotaban muertos sobre el torrente del río, desde el tramo del puente de Plan de Mulumí hasta Piedra Parada, en Pacú. De acuerdo con información de expertos, una situación de este tipo sólo puede explicarse por la filtración de lixiviados y productos químicos procedentes del relleno sanitario manejado por la empresa Proactiva/Veolia, así como por la inoperancia de plantas de tratamiento para aguas residuales, las cuales diariamente desembocan en el río Sabinalito. Estas acciones son responsables no sólo de la muerte de la biota sino el incremento del número de casos entre la población de enfermedades diarreicas e infecciones gastrointestinales.

La contaminación de la red hidrológica de la región metropolitana de Chiapas ha puesto en alerta no sólo a expertos y activistas, sino a habitantes de buena parte de las localidades que rodean el sur de la capital, quienes han manifestado su preocupación respecto a las complicaciones a la salud pública que puedan presentarse a mediano y largo plazo tras estos alarmantes niveles de contaminación. Y es que, por desgracia, los procesos de tratamiento del agua utilizados en el municipio se reducen únicamente a la cloración del agua que se distribuye en la red pública, la cual obtiene 90 por ciento de su abasto a través de cárcamos que están conectados directamente al río, lo que hasta el momento hace imposible garantizar la inocuidad del recurso acuífero. Además, parte de esa agua se utiliza para el desarrollo de actividades pecuarias y el riego de parcelas agrícolas dedicadas a la producción de alimentos para el consumo local.

Mientras el problema se agudiza, tanto Proactiva/Veolia como las empresas constructoras de los fraccionamientos Bonanza, Real del Bosque y Homex continúan incumpliendo con las normas medioambientales, la primera omitiendo la adecuación de sus protocolos para el acopio y tratamiento de residuos y las segundas faltando a su obligación de instalar plantas para el tratamiento de aguas en los asentamientos, sin que hasta el momento alguna autoridad les haya imputado responsabilidad alguna por el desastre. Ante este clima de impunidad, el deterioro del río Suchiapa ha sido imparable, rápido y homicida, incubando una potencial catástrofe a la fauna y flora de toda la región, en la que se incluyen parques nacionales como el del Cañón del Sumidero.

En este contexto, diversas asociaciones de la sociedad civil, autoridades gubernamentales y ciudadanía organizada ha presentado denuncias tanto a la Semahn como a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Instituto Estatal del Agua (Inesa), así como a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Ambientales del Gobierno Estatal (Feade), y la Secretaría de Medio Ambiente del municipio, para exigir la inmediata atención del asunto y deslindar las responsabilidades que correspondan, sin que hasta el momento se hayan implementado las medidas pertinentes para frenar la cada vez más aguda contaminación de la cuenca.

No obstante, cabe destacar que las críticas al desempeño irregular de Proactiva/Veolia no sólo han provenido del exterior, pues también desde el interior de la empresa han surgido importantes cuestionamientos sobre sus prácticas. De hecho, hace apenas unas semanas, personal de la empresa decidió emprender un paro de labores a raíz de la falta de pagos y equipamiento para realizar su trabajo. A decir de los propios empleados, desde hace alrededor de tres años la empresa se ha desentendido por completo de la entrega del equipo de seguridad mínima como guantes, calzado, uniformes y material especial de manejo de residuos para el personal que diariamente realiza la recolección, separación y transferencia de la basura. El conflicto ha escalado al punto en el que por momentos se ha paralizado el servicio de recolección de basura en la capital chiapaneca, agudizando la acumulación de residuos urbanos, justo con la llegada de las primeras lluvias torrenciales.

Por su gravedad, los hechos que aquí se describen constituyes violaciones flagrantes a los derechos humanos en materia ambiental y por tanto, ameritan la intervención de la Cámara de Diputados, que en su condición de órgano custodio de la Constitución federal, debe velar por el pleno ejercicio del derecho a un medio ambiente sano, así como por la garantía de impartición de justicia contra actos de daño y deterioro ambiental, tal y como está consagrado en el artículo 4o. de nuestra Carta Magna, que en quinto párrafo estipula:

“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.”

Asimismo, diputados y diputadas estamos obligados a exigir y hacer valer por parte de todas las instituciones del Estado mexicano la observancia del orden jurídico nacional, entre los que se incluye la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que en su artículo 1o., fracción I, establece por objeto de sus disposiciones:

“I. Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar.”

En el mismo sentido, y ante los riesgos latentes de la ocurrencia de un ecocidio en una de las regiones naturales más ricas y biodiversas de nuestro país, es crucial velar por la oportuna y responsable aplicación de las normas dedicadas a preservar y salvaguardar la calidad del medio ambiente, incluidos los principios contenidos en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, que en su artículo 10o. establece:

“Artículo 10. Toda persona física o moral que con su acción u omisión ocasione directa o indirectamente un daño al ambiente, será responsable y estará obligada a la reparación de los daños, o bien, cuando la reparación no sea posible a la compensación ambiental que proceda...”

No cabe duda que la contaminación provocada por los lixiviados del relleno sanitario de Proactiva/Veolia se ha agravado durante los últimos años, extendiendo sus afectaciones hacia los afluentes y mantos acuíferos que a final de cuentas se derraman sobre zonas de abastecimiento para las actividades agropecuarias o de consumo humanos en las localidades de Suchiapa y municipios vecinos, incluidos Tuxtla Gutiérrez. Es por ello que es urgente recuperar la cuenca y el río de Suchiapa. No es posible que Proactiva/Veolia siga desencadenando una catástrofe ecológica por lixiviados y que colonias y fraccionamientos tiren sus desechos a este afluente hoy raquítico, contaminado y víctima de la corrupción.

Por todo lo expuesto y fundando, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal para que intervenga ante el alarmante incremento de los niveles de contaminación del río Suchiapa y tributarios y garantice para la población dependiente de sus recursos acuíferos el pleno y efectivo ejercicio del derecho a un ambiente sano.

Segundo: Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a implementar todas las medidas necesarias para salvaguardar, ante las evidencias de contaminación que presenta la Subregión Hidrológica del Medio Grijalva, el derecho constitucional de acceso, disposición y saneamiento de agua en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible para las y los habitantes de la zona metropolitana de Chiapas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2017.

Diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez

(rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Cuajimalpa a realizar acciones para combatir la inseguridad en la demarcación, a cargo de la diputada Sara Paola Galico Félix Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena

Las suscrita, Sara Paola Galico Félix Díaz, diputada federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I; así como 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La inseguridad es un grave problema que impacta de manera negativa a toda la sociedad, sin distinción de clases sociales, género, edad, religión, etc., colocando a la población en una situación crítica, en donde la intranquilidad, el miedo, la desconfianza y la incertidumbre están siempre presentes ante la amenaza constante de perder su patrimonio, sus bienes, sus ahorros, ver lesionada su integridad física, e incluso perder la vida.

Desafortunadamente la inseguridad y la percepción ciudadana de ésta, son muy similares. Ambas reportan altos índices, ya que cada vez más mexicanos forman parte de la estadística, al haberse convertido en víctima de algún tipo de delito.

De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del total de las 139,896 incidencias delictivas a nivel nacional en el mes de abril de 2017, la entidad con menor cantidad de incidencias fue Campeche con 157 (1.12 por ciento), y la mayor el estado de México con 20,589 (14.71 por ciento); en tanto que, el segundo lugar le corresponde a la Ciudad de México con un total de 15,213, lo que representa el 10.87 por ciento del total registrado.1

En la Ciudad de México se vive cada día más expuesto a la violencia en sus diversas manifestaciones, más vulnerable ante las redes criminales y con más miedo de ser vulnerados en nuestros bienes o en nuestra persona. Realidad, que no nos permite habitar y disfrutar de la ciudad con libertad, obligándonos, en ocasiones a ser prisioneros de nuestros propios hogares.

Las plazas, los parques públicos y las calles han sido abandonados por las familias, ante la creciente ola de inseguridad que estamos viviendo. Inseguridad que ha permeado en las escuelas, centros de trabajo, comercios, e incluso en los hogares.

Es urgente revisar las políticas públicas y evaluar sus resultados. Es necesario frenar las políticas erráticas, así como desterrar la simulación, las omisiones y la impunidad del ejercicio gubernamental. Toda vez que la inseguridad, el aumento de la violencia y la comisión de delitos cada vez más recurrentes y crueles, no sólo menoscaban los derechos de las y los mexicanos, sino que además impiden el acceso a nuevas oportunidades para una mejor calidad de vida y frenan el desarrollo.

Para darnos una idea del costo de la inseguridad, basta señalar que, el Índice de Paz México 2017, señaló que, el impacto económico de la violencia en México en el año 2016 fue del 18 por ciento del Producto Interno Bruto, lo que representa 3.07 billones de pesos, 25 mil130 pesos per cápita.2

De acuerdo al estudio Social Progress Index 2017, la violencia que hay en México, la corrupción y la falta de libertad de prensa son los puntos más débiles del país en su camino hacia el progreso social. México, obtuvo sus peores resultados en el indicador de Seguridad Personal, ubicándose en el lugar 118 de 128 países, por su tasa de homicidios (15.70 por cada 100 mil habitantes), el nivel de crímenes violentos y violencia política.

El “Informe de víctimas de homicidio, secuestro y extorsión 2017”,3 indica que de enero a abril en la Ciudad de México hubo un total de 370 homicidios dolosos, 273 homicidios culposos, 16 secuestros y 158 extorsiones.

De acuerdo con el informe “Incidencia Delictiva en la Ciudad de México”, elaborado por el Observatorio Nacional Ciudadano, el primer cuatrimestre de 2017 se ha caracterizado por el incremento de la inseguridad en la capital, ubicándola en el cuarto lugar en robo con violencia, el tercero en robo a negocios y el segundo en robo a transeúnte, siendo este último el de mayor crecimiento con un 38 por ciento, así como el homicidio doloso con 16 por ciento y el homicidio culposo en 22 por ciento.

Desafortunadamente, la delegación Cuajimalpa de Morelos, no es la excepción. Los vecinos viven cotidianamente inseguridad y sus consecuencias. Cabe señalar que, en cifras oficiales, la demarcación presenta un incremento sustancial en los índices de ilícitos de alto impacto a comparación del año pasado. A pesar de que, en muchas ocasiones, no se denuncian los delitos por temor a represalias y por falta de confianza en las autoridades.

El clima de inseguridad en la delegación es un tema recurrente por los delitos de robo a casa habitación, robo con violencia a transeúntes, negocios y vehículos, la compraventa de droga, el narcomenudeo, así como la presencia de bandas de secuestradores. Es de resaltar que, dentro de esta inseguridad, la violación y el abuso sexual son un problema recurrente en Cuajimalpa, que afecta principalmente a las y los menores de edad y a las mujeres.

Es cierto que, la conformación geográfica de la delegación, resulta un reto a superar en materia de seguridad, toda vez que, el 70 por ciento de la superficie está catalogado como Suelo de Conservación, también es cierto que, este reto fue asumido por las autoridades en turno desde que estaban en campaña compitiendo por el cargo.

A pesar de las promesas, a pesar de los discursos, a pesar de los informes incompletos y las cifras maquilladas, en la delegación Cuajimalpa, conforme a los datos oficiales, el delito de violación se ha incrementado en 120 por ciento y el homicidio culposo en un 100 por ciento.4

Cuajimalpa, está muy lejos de ser una delegación pacífica, amigable, habitable y segura. Como bien explica Sergio García Ramírez, la seguridad pública es “una cualidad de los espacios públicos y privados, que se caracteriza por la inexistencia de amenazas que socaven o supriman los bienes y derechos de las personas y en la que existen condiciones propicias para la convivencia pacífica y el desarrollo individual y colectivo de la sociedad”.5

La inseguridad y la impunidad, han ido de la mano, hasta conformar un problema estructural y endémico difícil de erradicar. Un verdadero cáncer social que amenaza constantemente a las y los cuajimalpenses.

En razón de lo anterior, es que esta Cámara se constituye como el espacio adecuado, en tanto casa del pueblo y máxima instancia de representación para abordar la problemática en comento. No podemos dar la espalda a las y los habitantes de Cuajimalpa, ni hacer oídos sordos a sus demandas.

Desde el ámbito de nuestra competencia, es necesario visibilizar su problemática, y hacer lo conducente para que sus voces sean escuchadas. No sólo por un asunto de elemental justicia, sino también, porque es nuestra responsabilidad ética como representantes populares.

No podemos dar la espalda a las y los ciudadanos, ni hacer oídos sordos a sus demandas.

Por lo anteriormente expuesto y debido a la gravedad del problema, ponemos a consideración de esta Asamblea, la presente Proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al jefe delegacional de Cuajimalpa de Morelos, Miguel Ángel Salazar, con el objeto de que:

• Implemente políticas, programas, estrategias y acciones necesarias, a efecto de combatir la comisión de delitos dentro de la delegación y brindar seguridad a las familias que habitan en la demarcación, tanto en sus personas como en sus bienes.

• Realice las mejoras necesarias de infraestructura y alumbrado, para que los espacios públicos de la delegación Cuajimalpa puedan ser utilizados por las y los habitantes, con libertad y sin temor de ser violentados por la delincuencia.

Segundo. La LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al jefe delegacional de Cuajimalpa de Morelos, Miguel Ángel Salazar, para que, bajo el principio de transparencia y máxima publicidad, dé a conocer a la opinión pública y a la ciudadanía el monto, manejo y destino de los recursos públicos asignados al rubro de seguridad, así como los resultados de las evaluaciones a que deben estar sujetos las políticas y programas públicos en la materia.

Notas

1 http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-del ictiva-actual.php

2 http://visionofhumanity.org/news/indice-de-paz-mexico-2017/

3 http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/victimas/Victimas2017_042 017.pdf

4http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2 017/06/6/crece-inseguridad-en-cdmx-segun-observatorio-ciudadano y http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/06/7/ong-den uncia-incremento-de-inseguridad-en-la-ciudad”

5 Sergio García Ramírez, “En torno a la seguridad pública. Desarrollo penal y evolución del delito”, en Pedro José Peñaloza y Mario A. Garza Salinas (coords.), Los desafíos de la seguridad pública en México, Universidad Iberoamericana, UNAM, PGR, México, 2002, p. 81.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2017.

Diputada Sara Paola Galico Félix Díaz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y la CNDH a revisar y anular la prohibición del acceso de las asistentes de inclusión o maestras sombra que auxilian el proceso educativo de dos menores de edad con trastorno del espectro autista que requieren este apoyo para hacer efectivo y pleno su derecho a la enseñanza incluyente, a cargo de la diputada Patricia Elena Aceves Pastrana, del Grupo Parlamentario de Morena

Las suscritas, diputadas federales Patricia Elena Aceves Pastrana y Mirna Isabel Saldívar Paz integrantes de los Grupos Parlamentarios del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y de Nueva Alianza, respectivamente, de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable Cámara, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:

Consideraciones

Las personas con trastorno del espectro autista (TEA) al igual que el total de los seres humanos, deben disfrutar de los mismos derechos y privilegios. Estos derechos deben estar fomentados, protegidos y garantizados por la legislación nacional e internacional y por todas las instituciones públicas.

Sin embargo, las personas con TEA, no siempre tienen la oportunidad de participar activamente y en condiciones de igualdad en su entorno social, debido a la discriminación que sufren por su condición.

El espectro autista es considerado como un trastorno neurobiológico que, de acuerdo con los datos preliminares, afecta a uno de cada cien niños.1

El TEA, es calificado como un trastorno infantil que se presenta en los primeros años de vida de los infantes –entre uno y los tres años de edad– y que afecta el desarrollo de las funciones cerebrales de la pequeña o el pequeño. Esto le impedirá comunicarse adecuadamente de acuerdo con sus ciclos de desarrollo y conectarse emocionalmente con los otros y con su entorno de vivencia. Cabe señalar que el autismo tiene mayor incidencia en los niños que en las niñas.

Pese a la relevancia de este padecimiento, no existen datos oficiales sobre el número de niñas y niños mexicanos que viven con autismo. Sin embargo, se estima que cada año habrá 6 mil nuevos casos, y que uno de cada 160 niños vive con algún tipo de TEA, según cifras recabadas por la Organización Mundial de la Salud.2

Se sabe que persiste un gran desconocimiento social sobre este trastorno y su sintomatología, por lo que en años recientes se consideraba que las y los niños que padecían impedimentos lingüísticos, intelectuales, de relación social y una conducta inusualmente repetitiva, era diferente o “raro” y al no contar con un diagnostico basado en información científica, sólida y suficiente sobre el trastorno autista, se recurría a lo más común y cotidiano; la discriminación y el rechazo.

Ahora es notorio que nuestra sociedad no está lo suficientemente sensible y preparada para convivir con las niñas, niños, adolescentes o con adultos que presenten algún tipo de trastorno del desarrollo, lo cual requiere visualizar un rubro más que reclama atención y solución urgente, pues aquí también debemos lograr la igualdad para todas y todos.

Cuando se observa de manera puntual a las y los niños con espectro autista, debe reconocerse su derecho a una educación de calidad e incluyente, y para contribuir en la superación del trastorno, la sociedad, las familias y las personas en general, pueden y deben desempeñar un papel relevante en el tratamiento de los infantes, contrarrestando el ensimismamiento o el aislamiento, estimulando la imitación y la atención compartida, facilitando la comunicación y el desarrollo de competencias sociales, y muchos otros aspectos que deberán de tomarse en cuenta en la planificación personalizada del modelo de atención para un niño o niña afectada por el espectro autista.

La importancia de hacer efectivo para todas y todos el derecho a la educación, es tal que “el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó el 27 de junio de 2017, en el marco de su 35 periodo de sesiones, una nueva resolución sobre el derecho a la educación, ...La Resolución reitera la importancia de garantizar los derechos humanos a la educación, tal como está definido por las convenciones internacionales, fundamentalmente por la Convención de la UNESCO relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza.

Durante años, el Consejo de Derechos Humanos ha dejado constancia de sus serias preocupaciones acerca de la situación de millones de niños y adultos que no tienen la posibilidad de disfrutar plenamente de su derecho a la educación, y ha aprobado un número importante de resoluciones que reiteran su compromiso con miras a hacer realidad el derecho de todos a la educación”.3

Por lo anterior, resulta inaceptable la negación de los directivos del jardín de niños “Jamaica” y del jardín de niños “Juana Pavón”, situados en las delegaciones Azcapotzalco e Iztapalapa respectivamente, quienes niegan la autorización de las asistentes de inclusión o maestras sombra que apoyan el proceso educativo de dos menores de edad que requieren de este apoyo pedagógico para hacer efectivo y pleno su derecho a la educación. Debemos mencionar que, con anterioridad estas escuelas no habían objetado la presencia de estas personas que realizan el apoyo pedagógico de estos menores de edad.

Al ser denunciado el hecho por las responsables del Programa de Inclusión Educativa, impartido por la Clínica Mexicana de Autismo y Alteraciones del Desarrollo, AC, (Clima), del cual los dos menores de edad forman parte, al igual que otros treinta niñas y niños. Sorprendentemente la negación del permiso fue ratificada por la directora de Educación Inicial y Preescolar número 1 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), basando su negación en la Guía Operativa para la Organización y el Funcionamiento del Servicio Educativo Inicial. Sin tomar en consideración que algunas personas afectadas con espectro autista, requieren de manera permanente de su asistente de inclusión dentro del aula.

Es importante señalar que la inclusión de las personas con TEA en los centros educativos, requiere que se fomente su presencia a través de diferentes métodos flexibles de escolarización, encontrándose entre ellos: el acompañamiento de los y las asistentes de inclusión, maestros sombra o familiar, que coadyuven junto con la o el maestro responsable del grupo, en su proceso de aprendizaje educativo.

El papel del maestro sombra es favorecer la integración de la o el niño autista en la escuela regular, también será el encargado de hacer las adaptaciones necesarias en el plan de estudios del educando para priorizar los contenidos que fomenten su aprendizaje, otra labor fundamental de él o ella, será la creación de un puente de comunicación y entendimiento entre el niño, niña o adolescente con autismo y el ambiente escolar.

Asimismo, sobre el tema del maestro sombra hace falta que se generalicen las experiencias y modelos de buenas prácticas que se han mostrado eficaces en este tipo de tareas, dotando de apoyos y recursos necesarios para hacer este tipo de trabajo con las personas con trastorno del espectro autista.

Por otra parte, es necesario mencionar que la incorporación de esta figura en el proceso educativo de las personas con TEA, será también una garantía a su seguridad, ya que en la actualidad existe una alta tasa de ausencia y abandono escolar, proporcionalmente directa a la gran vulnerabilidad de este grupo, que le hace especialmente susceptible de ser víctima de situaciones de agresiones, abuso y acoso escolar.

Así entonces, es notorio que requerimos una sociedad solidaria, más humana, que avance hacia el objetivo de garantizar el goce de derechos y plena ciudadanía a las personas afectadas de autismo, o cualquier discapacidad, favoreciendo y apreciando sus cualidades, aceptando su diversidad, impulsando su bienestar y su contribución positiva al mundo que todas y todos compartimos.

Por lo expuesto, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública para que revise y anule la prohibición del acceso de las asistentes de inclusión o maestras sombra que apoyan el proceso educativo de dos menores de edad con trastorno del espectro autista que requieren de este apoyo pedagógico para hacer efectivo y pleno su derecho a la educación incluyente.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que investigue y recomiende lo conducente a la prohibición del acceso de las asistentes de inclusión o maestras sombra que apoyan el proceso educativo de dos menores de edad con trastorno del espectro autista que requieren de este apoyo pedagógico para hacer efectivo y pleno su derecho a la educación incluyente.

Notas

1 México tendrá primer estudio nacional sobre autismo, el Financiero, México, abril 2, 2017.

2 http://www.educacionespecial.sep.gob.mx/pdf/doctos/6Boletin/Infografia_ generalidades_autismo.pdf

3 http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international -agenda/right-to-education/single-view/news/new_un_resolution_on_the_ri ght_to_education_adopted/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2017.

Diputadas: Patricia Elena Aceves Pastrana y Mirna Isabel Saldívar Paz (rúbricas)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a adoptar medidas y acciones para garantizar la seguridad de los mexicanos que viven en Estados Unidos de América o transitan por él, a cargo del diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Vidal Llerenas Morales, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, y con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6o. y el artículo 79, numeral 1, fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. El pasado viernes 25 de agosto, el presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump, firmó un decreto por medio del cual concedió un indulto a Joe Arpaio, exalguacil del condado de Maricopa, en Arizona, a quien se le acusaba de desacato de una orden judicial que le ordenó detener cualquier acto de detención de personas sobre la base de su aspecto físico, bajo sospechas de que fueran migrantes indocumentados.

2. Joe Arpaio suele ser considerado como “el alguacil más duro de Estados Unidos” por hacer uso de políticas altamente discriminatorias en contra de la población latina, a quien solía detener sin causas justificadas, mientras ocupó la titularidad del condado de Maricopa. Sin embargo, dicho oficial fue sometido a un proceso judicial por desacato por no cumplir la decisión de un juez que prohibió que sus agentes utilizaran criterios raciales para detener a indocumentados.

3. El indulto conferido por el presidente Trump, si bien se encuentra sustentado en una facultad presidencial prevista por la legislación norteamericana, también puede generar importantes repercusiones para la población mexicana que vive y transita por los Estados Unidos.

4. Ello es así, ya que dicha medida puede derivar en la reproducción de un mensaje de legitimación que fomente e incremente la detención y persecución de personas mexicanas en los Estados Unidos de América. En esta medida, es importante precisar que los actos jurídicos no sólo pueden generar efectos estrictamente jurídicos, sino que también puede significar el desenvolvimiento de consecuencias simbólicas y sociales que incentiven o desincentive cierto tipo de conductas.

5. Una situación como la descrita puede significar que otras autoridades locales en los Estados Unidos perciban el mensaje del presidente estadounidense como una clase de mensaje permisivo y de legitimación para llevar a cabo detenciones arbitrarias en contra de personas migrantes, independientemente de si gozan de una situación migratoria regular o irregular. Ello derivaría en la generación de una situación particular de riesgo que acrecentaría las condiciones de vulnerabilidad de las y los connacionales que viven y transitan por el territorio de aquel país.

6. Esto significa que si bien es cierto que el indulto otorgado por el presidente Donald J. Trump a Joe Arpaio genera efectos jurídicos en el territorio de Estados Unidos, ello no es óbice para que las autoridades mexicanas, especialmente aquellas vinculadas con la protección de mexicanos en el exterior, puedan y deban adoptar medidas reforzadas de protección para hacer frente a posibles escenarios de violaciones a sus derechos humanos.

7. En esta medida, las disposiciones adoptadas por el actual gobierno de Estados Unidos de América colocan en las autoridades mexicanas una obligación reforzada de garantizar de manera plena y reforzada los derechos de las y los connacionales en aquél país, con el objetivo de evitar abusos, arbitrariedades, actos de discriminación y, en general, vulneraciones a sus derechos humanos. La protección efectiva de mexicanos en el exterior requiere, por tanto, de un compromiso firme y decidido materializado en acciones concretas capaces de ofrecer esquemas de protección y aseguramiento reales, tangibles y exigibles por parte de quienes lleguen a requerirlo.

8. Al respecto, vale la pena señalar que bajo la perspectiva del derecho internacional, las personas migrantes –en especial aquéllas en condición migratoria irregular– se encuentran en una posición particular de vulnerabilidad, pues son los más expuestos a las violaciones potenciales o reales de sus derechos y sufren, a consecuencia de su situación, un nivel elevado de desprotección de sus derechos y diferencias en el acceso a los recursos públicos administrados por el Estado en relación con los nacionales o residentes.1 Por tal razón, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que en el marco de sus obligaciones de garantía de los derechos reconocidos en la Convención Americana, el Estado debe abstenerse de actuar de manera tal que propicie, estimule, favorezca o profundice esa vulnerabilidad y ha de adoptar, cuando sea pertinente, medidas necesarias y razonables para prevenir o proteger los derechos de quienes se encuentren en tal situación.2

9. Por tanto, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta, de manera respetuosa, a las instituciones de la administración pública federal a adoptar medidas de política pública que, desde un enfoque de derechos humanos, sean capaces de ofrecer condiciones de protección a los derechos e intereses de las y los nacionales mexicanos. Ello supone la articulación de medidas legales, administrativas, presupuestales, institucionales y de promoción que, en conjunto, sean capaces de establecer una respuesta auténtica, firme y comprometida.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, a adoptar las medidas y acciones que resulten necesarias para garantizar la seguridad de las y los mexicanos que viven o transitan por Estados Unidos de América, con motivo del indulto concedido por el presidente Donald J. Trump al exalguacil del condado de Maricopa, en Arizona, Joe Arpaio.

Notas

1 Corte IDH. Caso Vélez Loor vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010. Serie C No. 218, Párrafo 207.

2 Ibídem, párrafo 207.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2017.

Diputado Vidal Llerenas Morales (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y el gobierno de Querétaro a garantizar los derechos humanos de los docentes separados injustificadamente del empleo por irregularidades en el proceso de evaluación para su permanencia en el ciclo escolar 2016-2017, y regularizar su situación laboral, suscrita por el diputado Juan Romero Tenorio e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben, diputadas y diputados federales de la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentarios de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I, III, IV y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos someto a consideración de esta asamblea, proposición con punto de acuerdo con carácter de obvia y urgente resolución, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El cinco de noviembre del 2013, se reunieron representantes del gobierno federal, coordinados por la Secretaría de Gobernación, con la Comisión de Negociación del Movimiento Magisterial, con el objeto de abordar diversas cuestiones relacionadas con la reforma educativa, expuestas en la reunión celebrada el 30 de octubre de 2013, precisándose por parte del gobierno federal, entre otros puntos , que ningún maestro que se encuentre en servicio podrá ser despedido como consecuencia de un mal resultado en las evaluaciones practicadas, y que además, los maestros conservarán los derecho adquiridos a lo largo de su carrera magisterial.

En el proceso de convocatoria y posterior aplicación, para el Examen de la Permanencia Ciclo Escolar 2016-2017, se presentaron diversas irregularidades como convocatorias sin la notificación correspondiente, formas arbitrarias y no públicas de selección de los sustentantes, entre otras.

En forma ilegal se han cesado a las y los maestros del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro que se enuncian a continuación:

El 21 de agosto de 2017, en los centros educativos a los que están adscritos, se impidió la entrada a las y los maestros que se señalan a continuación:

1. Acosta García Adiel

2. Alvarado Martínez Ana Cecilia

3. Ángeles Reséndiz Juan Enrique

4. Azuara Jiménez Alma Areli

5. Barrientos Salazar Laura Albina

6. Barrón Ríos Guillermo

7. Barrera Rangel Lorena

8. Bautista Puga Angélica

9. Becerra Figueroa Norma Elizabeth

10. Benítez Román Linda Cithlalic

11. Bocanegra Trejo Alma Delia

12. Botello Pérez Susana

13. Buenrostro Mejía Azucena

14. Chávez Hernández Alicia

15. Chávez Hernández Vianey

16. Cabrera Olvera Mayra

17. Centeno Noguez Alicia

18. Cervantes Trejo Lucía

19. De Jesús Mendoza Yurutzi Mayeli

20. De la Vega Estrada Sergio

21. Díaz Rodríguez Elizabeth

22. Díaz Sosa Rosa Patricia

23. Durán Mendoza María Esmeralda

24. Flores Martínez Miguel Ángel

25. Flores Montero Julio César

26. Fuentes Zaragoza Rosa Angélica

27. García García María del Carme

28. García Fernández blanca Ruth

29. Gilberto Ávila Juan William

30. Gómez Mata María Paloma

31. Gómez Solís Martha Elen

32. González Flores Ángel

33. Hernández Segura Yeni

34. Hernández Velázquez Eusebia

35. Hurtado Rodríguez Irma

36. Leal Ruíz Ana Laura

37. López Martínez Ma. Guadalupe

38. Macías Anguiano Rocío Elizabeth

39. Mata Maqueda José Antonio

40. Martínez Ugalde Mónica

41. Méndez Bueno Nancy Martha

42. Méndez Jacobo Noelia

43. Mendoza Hernández Simón

44. Mendoza Herrera Alma Iliana

45. Montes Martínez Érika

46. Ordaz Casas Mary Carmen

47. Gómez Bravo Adriana

48. González Castillo Silvia Edith

49. Guerrero Reséndiz Ma. Luisa

50. Lovera Centeno María Elisa

51. Moreno Santos Hugo César

52. Monroy Vázquez Noé

53. Sosa Martínez Liliana Magdali

54. Ortiz Juárez Jaqueline

55. Osornio Gómez Yazmín

56. Pascual Marcial Dora Elia

57. Pichardo Rodríguez María Teresa

58. Quintanar Tovar María de la Luz

59. Quijada García Ana Bertha

60. Ramírez Durán Susana

61. Rangel de Santiago María del Carmen

62. Reséndiz Isassi Analía

63. Reséndiz Pedraza Rogelio

64. Ruíz Mejía María Isabel

65. Sánchez Sotelo Blanca Estela

66. Rivera Contreras Irma

67. Ríos Hernández Martín Fernando

68. Rodríguez Gómez María Genoveva

69. Rodríguez Mentado Violeta

70. Rodríguez Peralta Verónica

71. Rodríguez Vega Ruth

72. Ruíz Hernández Claudia

73. Salgado Bravo Leticia

74. Santos Trejo Daniel

75. Santos Trejo Rita

76. Segovia Osornio Gabriela

77. Trejo Guerrero Ma. Guadalupe

78. Trejo Magos Hayde

79. Torres Sebastián Javier

80. Vargas Altamirano Judith

81. Valenzuela Becerra Urania

82. Velasco Pacheco Liliana

83. Trejo Ángeles J. Salomón

84. Ocampo Uribe Hipólito Eleazar

85. Pérez Nájera Valentín

86. Portillo Pérez Ana María

87. Rivera Hernández José

El hecho de impedir el acceso a los centros educativos a los que se encuentran adscritos violenta el derecho humano al trabajo y consecuentemente el derecho a un proceso administrativo o judicial para el pleno ejercicio de su derecho a un debido proceso ante autoridades previamente establecidas. La autoridad educativa del Estado de Querétaro no puede imponer el cese de las y los maestros sin un procedimiento administrativo o juicio que motive o justifique el cese de la relación laboral de los docentes.

La supuesta responsabilidad de las y los maestros debe acreditarse mediante procedimiento administrativo, sin el cese arbitrario de la relación laboral en el centro de adscripción. El cese es una decisión política de un gobierno que adelanta el castigo para desgastar y dejar sin defensa jurídica al trabajador, esto es totalmente ilegal. El gobierno del estado de Querétaro ha negado el derecho de petición, de organización y de manifestación a colectivos y organizaciones, con ello cierra el dialogo constituyéndose como un gobierno autoritario.

El ilegal cese de las y los maestros no respeta el mínimo procedimiento de legalidad nos da cuenta de un gobierno que no respeta los Derechos Humanos. La decisión del gobierno del Estado de Querétaro es una decisión política sin ningún mínimo de legalidad y con la clara intención de desmantelar la educación pública en el estado. Es un acto criminal que violenta los derechos humanos de los maestros, los padres de familia y los niños:

a) A los maestros les quita los derechos adquiridos y su adscripción a un centro de trabajo.

b) A los padres de familia les elimina su derecho a la educación gratuita y la continuidad pedagógica de sus hijos.

c) A los niños los obliga a un desarme cultural con planes y programas empobrecidos, donde les han eliminado las materias y temas que los hacían pensantes, críticos, reflexivos, comprometidos con su comunidad y la Nación.

La actuación arbitraria elimina los derechos adquiridos de los maestros y violenta principio de progresividad de los derechos humanos al trabajo.

En razón de lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal y al gobierno del estado de Querétaro para que garanticen los derechos laborales de los trabajadores de la educación que fueron separados injustificadamente de su trabajo por irregularidades en el proceso de evaluación para su permanencia en el ciclo escolar 2016-2017 y garantice su regularización laboral.

Palacio legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2017.

Diputados: Juan Romero Tenorio (rúbrica), Blandina Ramos Ramírez, Margarita Cuata Domínguez, María Chávez García, Mario Ariel Juárez Rodríguez, Carlos Hernández Mirón, Miguel Alva y Alva.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa y el gobierno de Veracruz a apoyar por el Componente de Atención a Siniestros Agropecuarios a los productores locales afectados por los huracanes Franklin y Katia, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Norma Rocío Nahle García, diputada a la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6o. y el artículo 79, numeral 1, fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

El 10 de agosto del año en curso el huracán Franklin de categoría 1, impactó en la zona costera de Veracruz con lluvias intensas y vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora, dejando a su paso casas destechadas, comunidades sin energía eléctrica y cientos de árboles caídos.

Como parte de los daños ocasionados por este fenómeno meteorológico se tienen más de 159 mil hectáreas de cultivos afectadas. Sembradíos de vainilla, frijol y maíz, entre otros, a la par de plantaciones de plátano y cítricos, en algunos casos dejarán de producir por espacio de un año, afectando seriamente la economía de miles de familias que de estos obtienen su sustento.

Plantaciones de plátano y cítricos vainilla, frijol, maíz y cítricos, entre otros, afectadas. De estos cultivos dependen miles de familias que habitan.

Si bien una parte de estas tierras perjudicadas cuentan con un seguro que cubre daños como los provocados por Franklin, otras no cuentan con esta cobertura, perteneciendo estas últimas por lo general a productores de escasos recursos, varios de ellos vecinos de los municipios veracruzanos de Martínez de la Torre y de Papantla, sin que hasta el momento hayan sido atendidos en su totalidad.

En cuanto al huracán Katia, éste al igual que Franklin causó estragos en la producción agrícola, de tal forma que a los miles de afectados que ya se tenían, ahora se suman otros más.

En otro orden de ideas, el Anexo 11. Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2016, contiene el Programa de Apoyos a Pequeños Productores, mismo que cuenta con el componente “Atención a Siniestros Agropecuarios”, a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

Este componente cuenta con un presupuesto de 3 mil 866 millones 600 mil pesos, siendo su objeto brindar apoyo económico por los daños que causan los fenómenos hidrometeorológicos, como lo son las sequías, heladas, granizadas, nevadas, lluvias torrenciales, inundaciones significativas, tornados, ciclones; y fenómenos geológicos como los terremotos, erupciones volcánicas, maremotos y movimientos de laderas, así como cualquier otra condición climatológica atípica e impredecible que provoque afectaciones en la actividad agrícola, pecuaria, pesquera o acuícola.

Los apoyos del componente Atención a Siniestros Agropecuarios se otorgan a los productores de bajos ingresos, aún en el caso de que no estén asegurados, pero para que estos productores puedan acceder a los recursos del componente se requiere que se publique la Declaratoria de Desastre Natural en el Diario Oficial de la Federación. Cabe señalar que dicha publicación puede ser gestionada por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario o equivalente en la entidad federativa y la delegación de la Sagarpa en el estado.

Asimismo, el gobierno estatal debe realizar la evaluación de daños en campo, integrar el listado de productores afectados en regiones o sectores que no cuenten con algún tipo de aseguramiento o bien cuando las afectaciones rebasen lo asegurado. Los resultados de esta evaluación se presentan en el Acta de Diagnóstico de Daños. Dicha acta, deberá enviarse por conducto del gobernador de la entidad para su análisis por la Comisión Dictaminadora del Componente, que es una instancia deliberativa a cargo de la Sagarpa, dotada de poder de decisión, responsable de emitir el dictamen de aprobación o rechazo de apoyo del propio componente.

De lo anterior se desprende que se cuenta con el mecanismo y los recursos económicos para apoyar a los productores agropecuarios que han sido afectados por los huracanes Franklin y Katia.

Por lo expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y al gobierno del estado de Veracruz, a que en el ámbito de sus atribuciones hagan lo conducente para que los productores agropecuarios de bajos ingresos, afectados en sus cultivos por el huracán Franklin en los municipios de Martínez de la Torre y Papantla, del estado de Veracruz, reciban apoyos en recursos económicos a cuenta del Componente Atención a Siniestros Agropecuarios.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y al gobierno del estado de Veracruz, a que en el ámbito de sus atribuciones hagan lo conducente para que los productores agropecuarios de bajos ingresos del estado de Veracruz, afectados en sus actividades agroproductivas por el huracán Katia, reciban apoyos consistentes en recursos económicos a cuenta del Componente Atención a Siniestros Agropecuarios.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2017.

Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la aplicación del Programa de Apoyo a la Vivienda para 41 municipios de Oaxaca afectados por el sismo del pasado 7 de septiembre, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Natalia Karina Barón Ortiz, diputada del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, relativo a la aplicación inmediata del Programa de Apoyo a la Vivienda para 41 municipios del estado de Oaxaca afectados por el sismo de 8.2 grados richter del pasado 7 de septiembre al tenor de las siguientes

Consideraciones

La noche del jueves 7 de septiembre, un sismo de 8,2 grados richter tuvo epicentro en las costas del estado de Chiapas impactando al sureste mexicano particularmente el territorio del estado de Oaxaca provocando serias afectaciones a diversos municipios. De acuerdo con la declaratoria de emergencia extraordinaria, publicada en el boletín 277/17 de la Secretaría de Gobernación y de la Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil, 41 municipios del estado resultaron con serias afectaciones materiales y con miles de damnificados por lo que se activaron los recursos del fondo de atención de emergencias:

La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una Declaratoria de Emergencia Extraordinaria para los municipios del estado de Oaxaca por la ocurrencia del sismo de magnitud 8.2 con epicentro en el estado de Chiapas el 7 de septiembre de 2017

La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió hoy una Declaratoria de Emergencia Extraordinaria para los municipios de Asunción Ixtaltepec, Chahuites, Ciudad Ixtepec, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero Avendaño, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blas Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Tapanatepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo del estado de Oaxaca por la ocurrencia del sismo de magnitud 8.2 con epicentro en el municipio de Pijijiapan en el estado de Chiapas el 7 de septiembre de 2017.

Con esta acción se activan los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden).

A partir de esta declaratoria, las autoridades contarán con recursos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada.

En el primer día después del impacto del sismo, la región del Istmo de Tehuantepec registró importantes daños, casas derruidas, infraestructura colapsada, derrumbes y casi 324 escuelas afectadas. Se habían registrado 71 personas fallecidas los municipios con mayores afectaciones y daños materiales fueron Juchitán, Unión Hidalgo, Ixtatepec y Santiago Astata. Más de 800 mil personas están afectadas en su patrimonio.

Si bien los tres órdenes de gobierno actúan para mitigar la emergencia, es urgente acelerar el censo de viviendas afectadas a fin de que se realicen, de inmediato, las labores de reconstrucción, rehabilitación o entrega de viviendas nuevas a las personas más afectadas y que ahora se encuentran damnificadas a través de los recursos de los programas correspondientes para que sean liberados de forma oportuna y expedita. Ante estos hechos, la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano ha hecho recorridos por las diversas zonas afectadas para garantizar la pronta aplicación de recursos de los programas correspondientes.

Entre ellos está el Programa de Apoyo a la Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la instancia normativa es el Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), responsable del fideicomiso de vivienda. De acuerdo a las Reglas de Operación del Programa para el ejercicio fiscal 2017, publicadas el viernes 30 de diciembre de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, el mismo está integrado por recursos que se destinarán a las entidades federativas en los términos de las disposiciones aplicables y exclusivamente a la población con carencias en materia de vivienda, en condiciones de vulnerabilidad, rezago y de marginación, de acuerdo con los criterios de resultados que defina el Consejo Nacional de Población y a las evaluaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

El objetivo general del fondo, de acuerdo con las Reglas de Operación, es el de contribuir a fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares de calidad óptimos, mediante el otorgamiento de subsidios federales para acciones de vivienda y mejorar las condiciones habitacionales de los hogares con ingresos por debajo de la línea de bienestar y con carencia por calidad y espacios de la vivienda, con la finalidad de reducir el rezago habitacional de los hogares mexicanos.

El capítulo 4 de las Reglas de Operación señala cuáles serán los beneficiarios de los subsidios del Programa de Apoyo a la Vivienda y son:

a) Hogares cuyos ingresos están por debajo de la línea de bienestar, y cuya vivienda presente alguna de las siguientes carencias:

• Que el piso de la vivienda, sea de tierra.

• Que el material del techo de la vivienda, sea de lámina de cartón o desechos.

• Que el material de los muros de la vivienda, sea de embarro o bajareque; de carrizo, bambú o palma; de lámina de cartón, metálica o asbesto; o material de desecho.

• Que el número de personas por cuarto, sea en promedio mayor a 2.5.

b) Hogares cuya vivienda se encuentre situada geográficamente en las siguientes zonas:

• Municipios de Alto y Muy Alto Índice de Rezago Social, definidos por el Coneval.

• Zonas declaradas de riesgo natural por la autoridad federal o estatal competente, con una residencia en la zona anterior al 1 de enero de 2001, que sean objeto de reubicación, por parte de la autoridad local y que cumplan con los requisitos establecidos en estas Reglas.

• Zonas de Atención Prioritaria Rurales (ZAP).

• Polígonos de actuación de las demarcaciones que sean el ámbito de acción del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y Delincuencia, así como la población objetivo que determine dicho Programa.

• Los municipios de menor IDH.

c) Hogares con alguna de las siguientes características:

• Que la o el solicitante o alguno de sus dependientes económicos tenga alguna discapacidad.

• Que la o el solicitante sea madre soltera o padre soltero independientemente de su mayoría de edad.

• Que la jefa o el jefe de familia sea persona adulta mayor aunque no tenga dependientes económicos.

• Que alguno de sus integrantes sea menor de 14 años de edad.

d) Jefa o jefe de familia que forme parte del Registro Nacional de Victimas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Las aportaciones del programa se darán en participación con los gobiernos estatales y los beneficiarios refiriéndose a las siguientes cantidades como se señala a continuación y como aparecen publicadas en las Reglas de Operación para los municipios que no se encuentren catalogados como de Alta o Muy Alta Marginación:

Las mismas reglas de operación determinan que, ante eventos catastróficos atribuidos a la naturaleza y previo la declaratoria de emergencia o de desastre natural, los subsidios podrán ser modificados en cuanto su aplicación y prioridades privilegiando las zonas impactadas:

6.1. Desastres Naturales

En situación de emergencia originada por un fenómeno natural, previa emisión de la Declaratoria de Emergencia o publicación de la Declaratoria de Desastres Naturales por la Secretaría de Gobernación, el FONHAPO podrá llevar a cabo acciones para atender la contingencia, de acuerdo con la magnitud de los daños y la inmediatez requerida para atender a la población afectada. La Instancia Normativa, llevará a cabo las acciones de coordinación con las instancias federales y locales competentes y con el Fonden, con el fin de evitar duplicidades.

El programa podrá apoyar a la población afectada por fenómenos naturales con recursos federales no comprometidos.

En estas situaciones la instancia normativa podrá autorizar la modificación de los criterios de priorización para la selección de las/los beneficiarias (os), tipos y montos de apoyo; de acuerdo a la declaratoria de emergencia o desastres naturales emitida por la Secretaría de Gobernación (Segob).

El sismo del 7 de septiembre destruyó zonas muy pobres del estado de Oaxaca cuyos habitantes perdieron su patrimonio en un instante. Muchas de ellos se encuentran por debajo de la línea de bienestar y sus viviendas fueron las más impactadas en lugares con evidentes rezagos sociales.

Si bien las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la Vivienda para el ejercicio fiscal 2017 ofrecen los tabuladores de aportaciones federales, estatales y de los beneficiarios, la situación que hoy vive el estado de Oaxaca hace urgente que la aplicación de las medidas extraordinarias, como lo establecen las mismas Reglas de Operación, tengan previamente el estudio pormenorizado de los posibles beneficiarios de estos recursos para iniciar las obras de reconstrucción de sus viviendas. En este sentido, es necesario dirigir un exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el ámbito de sus facultades, realice los ajustes que permitan el fortalecimiento de los recursos de los diversos programas y de medidas emergentes de apoyo a la vivienda ante esta emergencia para que las instancias competentes cuenten con los medios que permitan acciones rápidas para la reconstrucción de viviendas.

Igualmente, y ante la entrega del paquete económico 2018 a la Cámara de Diputados, se considera oportuno un exhorto la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que, de manera urgente, considere el fortalecimiento de los programas y de medidas emergentes de apoyo a la vivienda para que, durante los meses posteriores a la tragedia, se realicen acciones rápidas para la reconstrucción de viviendas en los municipios de Oaxaca que resultaron afectados por el sismo.

Asimismo, es urgente el trabajo coordinado entre los distintos órdenes de gobierno para lograr la entrega eficaz de los recursos a través de las instancias pertinentes y de manera transparente, a fin de que los afectados en esta tragedia puedan habitar una casa conforme a lo garantizado por el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: gozar de una vivienda digna y decorosa.

Por lo anterior expuesto, se presenta a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a realizar de manera expedita los censos que permitan conocer los daños y afectaciones en las viviendas de los 41 municipios del estado de Oaxaca impactados por el sismo del 7 de septiembre.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que en el ámbito de su competencia, realice la liberación de recursos del Programa de Apoyo a la Vivienda para la rehabilitación y reconstrucción de las viviendas y hogares afectados en los 41 municipios del estado de Oaxaca impactados por el sismo del 7 de septiembre.

Tercero. Se exhorta al secretario de Hacienda y Crédito Público para que en el ámbito de su competencia realice los ajustes de recursos que permitan el fortalecimiento de los diversos programas y de medidas emergentes de apoyo a la vivienda para los 41 municipios del estado de Oaxaca impactados por el sismo del 7 de septiembre.

Cuarto. Se exhorta al director del Fondo Nacional de Habitaciones Populares a llevar a cabo acciones para atender la contingencia, de acuerdo con la magnitud de los daños y la inmediatez requerida para atender a la población afectada cuyas viviendas fueron afectadas en los 41 municipios del estado de Oaxaca impactados por el sismo del 7 de septiembre.

Quinto. Se exhorta a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que, de forma urgente, considere el fortalecimiento de los programas y de medidas emergentes de apoyo a la vivienda para los 41 municipios del estado de Oaxaca impactados por el sismo del 7 de septiembre.

Sexto. Se exhorta al gobernador del estado de Oaxaca para que, en el ámbito de su competencia, realice los convenios y acciones correspondientes que permitan la aplicación de los recursos suficientes para contribuir a la rehabilitación y reconstrucción de las viviendas de los 41 municipios del estado afectados por el sismo del 7 de septiembre.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre 2017.

Diputada Natalia Karina Barón Ortiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la aplicación del Programa de Empleo Temporal Inmediato para 41 municipios de Oaxaca afectados por el sismo del pasado 7 de septiembre, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Natalia Karina Barón Ortiz, diputada del Grupo Parlamentario del Morena de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, relativo a la aplicación del Programa de Empleo Temporal Inmediato para 41 municipios del estado de Oaxaca afectados por el sismo de 8.2 grados en la escala de richter del pasado 7 de septiembre al tenor de las siguientes

Consideraciones

La noche del jueves 7 de junio, un sismo de 8.2 grados richter tuvo epicentro en las costas del estado de Chiapas impactando al sureste mexicano particularmente el territorio del estado de Oaxaca provocando serias afectaciones a diversos municipios. De acuerdo con la declaratoria de emergencia extraordinaria, publicada en el boletín 277/17 de la Secretaría de Gobernación y de la Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil, 41 municipios del estado resultaron con serias afectaciones materiales y con miles de damnificados por lo que se activaron los recursos del fondo de atención de emergencias:

La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una Declaratoria de Emergencia Extraordinaria para los municipios del estado de Oaxaca por la ocurrencia del sismo de magnitud 8.2 con epicentro en el estado de Chiapas el 7 de septiembre de 2017.

La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió hoy una Declaratoria de Emergencia Extraordinaria para los municipios de Asunción Ixtaltepec, Chahuites, Ciudad Ixtepec, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero Avendaño, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blas Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Tapanatepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo del estado de Oaxaca por la ocurrencia del sismo de magnitud 8.2 con epicentro en el municipio de Pijijiapan en el estado de Chiapas el 7 de septiembre de 2017.

Con esta acción se activan los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden)

A partir de esta declaratoria, las autoridades contarán con recursos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada.

En el primer día después del impacto del sismo, la región del Istmo de Tehuantepec registró importantes daños, casas derruidas, infraestructura colapsada, derrumbes y casi 324 escuelas afectadas. Se habían registrado 71 personas fallecidas los municipios con mayores afectaciones y daños materiales fueron Juchitán, Unión Hidalgo, Ixtatepec y Santiago Astata. Más de 800 mil personas están afectadas en su patrimonio.

Si bien los tres órdenes de gobierno actúan para mitigar la emergencia activando la distribución de ayuda humanitaria urgente para ayudar a las poblaciones afectadas, además del reparto de materiales y alimentos, es necesario superar la etapa crítica para conocer cuáles han sido los daños, especialmente al sector agrícola para proceder a la declaratoria de desastre y así liberar los recursos del Fondo Nacional de Desastres.

De acuerdo a lo anterior, la aplicación de recursos no sólo debe ceñirse a los del fondo de desastres; una vez sean hechas las declaratorias, otras dependencias deben realizar la pronta aplicación de diversos apoyos asignados a los Programas de Desarrollo Social para que, de esta forma, se logren abatir las condiciones de emergencia de la población de Oaxaca afectadas por la tormenta sismo del 7 de septiembre.

En ejercicios fiscales anteriores al 2017, por ejemplo, el Programa de Empleo Temporal sirvió para paliar las condiciones de pobreza; sin embargo, una vez realizadas las declaratorias de emergencia, la respuesta de las autoridades delegacionales federales de la Secretaría de Desarrollo Social debe abonar a la aplicación inmediata y sin dilación de los recursos dependiendo de la autoridad central conforme a las Reglas de Operación del Programa de Empleo Temporal (PET) para el ejercicio fiscal 2017 que, respecto al Programa de Empleo Temporal Inmediato (PETI) dice:

b) PET Inmediato

Del total de recursos asignados al programa, las dependencias harán una reserva denominada PET Inmediato, para la atención de zonas que demanden la aplicación prioritaria de recursos, conforme al siguiente cuadro:

Estos recursos se podrán canalizar a emergencias naturales, sociales o económicas.

Los recursos del PET Inmediato se destinarán a acciones y proyectos que contribuyan a superar la situación de emergencia.

La aplicación y ejercicio de estos recursos no estará sujeta a cubrir los requisitos de elegibilidad, criterios de cobertura, porcentaje para jornales y materiales, número máximo de jornales por día, número de jornales por ejercicio fiscal, ni ser un proyecto tipo del numeral 3.5.1. Se mantiene, para las personas, el tener al menos 16 años de edad.

Las dependencias podrán considerar la constitución de los Comités Comunitarios de Participación Social para la ejecución de estos proyectos.

El ejercicio de estos recursos se sujetará a lo establecido en los lineamientos de cada una de las dependencias.

Es por lo anterior que se dirige un exhorto al secretario de Desarrollo Social para que, dada la situación de emergencia y habiendo una declaratoria al respecto, realice la liberación de recursos a fin de aplicar el Programa de Empleo Temporal Inmediato en los 41 municipios en estado de emergencia por el fuerte impacto del sismo de 8.2 grados richter que afectó el estado de Oaxaca.

Por lo anterior expuesto, se presenta a la consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al secretario de Desarrollo Social a realizar la liberación de recursos que permitan la aplicación del Programa de Empleo Temporal Inmediato para 41 municipios del estado de Oaxaca declarados en emergencia por el sismo de 8.2 grados richter del pasado 7 de septiembre.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre 2017.

Diputada Natalia Karina Barón Ortiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Pemex y la Sedena a difundir las acciones promovidas respecto a las observaciones y recomendaciones formuladas por la ASF sobre la auditoría financiera y de cumplimiento número 15-6-90T9N-02-0497 de la Cuenta Pública de 2015, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada Norma Rocío Nahle García, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. Con fecha del 23 de febrero del año 2016, la suscrita presentó ante esta soberanía, proposición con punto de acuerdo por el cual solicitó un exhorto a Pemex para cancelar los contratos licitados y asignados que no garanticen las mejores condiciones en precio, calidad, financiamiento y oportunidad.

De las consideraciones que en su momento se presentaron, se pueden destacar las siguientes:

Petróleos Mexicanos es, junto con la administración pública, uno de los principales adquirientes de bienes y servicios en el país. Por esa razón, las convocatorias para adquisiciones de bienes y servicios que lleva a cabo esta Empresa Productiva del Estado tienen una gran importancia para el universo de empresas proveedoras.

El esquema que se aplica actualmente, es diferente al que se utilizaba hasta antes de las reformas aprobadas en 2013. Ahora a Pemex ya no le serán aplicables la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y tampoco la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados.

El nuevo marco legal en la materia promovido por el Ejecutivo quedó establecido en la Ley de Petróleos Mexicanos, en su Capítulo III, denominado “Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras”. En dicho Capítulo se establece que, para realizar este tipo de operaciones, Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas sí deberán basarse en el artículo 134 de la Constitución Política, “con sujeción a los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, a efecto de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes de acuerdo con la naturaleza de la contratación ”.

Pemex reconoce que las reformas han implicado cambios estructurales y organizacionales profundos, que impactan en diferentes procesos de la empresa, pero particularmente en los administrativos y financieros. De entrada, señala que, como consecuencia de la reforma, Petróleos Mexicanos integra siete empresas productivas subsidiarias, con una nueva regulación entre ellas, incluyendo lo relativo a adquisiciones, contrataciones, administración de proyectos, transparencia y rendición de cuentas.

Por lo pronto, Pemex trata de definir la Relación con Proveedores y Contratistas (RPC), reconociendo las interacciones de Petróleos Mexicanos con la industria, diseñando el conjunto de acciones y mecanismos necesarios para generar ventajas competitivas para Petróleos Mexicanos. Para ello se propone colaborar con proveedores clave, generando valor al bien o servicio adicional al establecido contractualmente para satisfacer una necesidad operativa. La RPC que propone Pemex busca realizar acciones que superan los límites establecidos por la relación contractual Pemex-Empresa, mediante esquemas de mejora continua que redunden en beneficio de la calidad, innovación, tiempo de entrega y logística, entre otros. El propósito es que sistemáticamente superen las condiciones establecidas contractualmente e incluso la normatividad aplicable a fin de distinguirse ante un mercado competido.

En la concepción de la dirección de Pemex, la RPC se basa en un tratamiento diferenciado de proveedor a proveedor, que si bien parte de criterios firmes y reconocidos generalmente, busca dar un trato individual e incluso personal al proveedor. Y agrega que la RPC no trata de obtener un mejor costo o el cumplimiento de determinadas especificaciones, sino superar las expectativas con las oportunidades de mejora que en cada caso lo posibilite la relación comercial entre Pemex y la empresa.

Y explica que la Relación con Proveedores y Contratistas considera la vinculación de la oferta con la demanda; la relación de los participantes en la cadena de suministro; la gestión integral de la cadena de suministro; los procesos, tecnología y personas para soportar las operaciones, y la gestión empresarial.

Con el propósito de adoptar las mejores prácticas internacionales para la definición de estrategias de contratación de bienes, arrendamientos, servicios, obra pública y servicios relacionados con la misma, la función de “procura y abastecimiento” se orienta a la Gestión por Categorías, utilizando como principal herramienta de transformación la Metodología de Abastecimiento Estratégico, la cual está en proceso de generalizar su aplicación en Petróleos Mexicanos y empresas productivas subsidiarias, lo que permitirá maximizar el valor económico de las contrataciones y la reducción de costos a través de nuevas y/o mejores condiciones de contratación.

Como parte de ello, Pemex divulga el nuevo marco legal, el programa anual, la normatividad de Metrología y Administración que deberán cumplir los bienes y servicios, así como los calendarios preliminares de concursos abiertos y los contactos con las áreas contratantes. Es decir, busca cumplir con la formalidad.

No obstante, todo lo anterior, existe una gran preocupación entre proveedores y ciudadanos, por la consistencia entre lo establecido normativamente y lo realizado en la práctica.

En lo que corresponde a Pemex, en las bases para la participación de las empresas interesadas, se define que el servicio se prestará a Pemex en 5,530 vehículos, más un número mínimo de operadores y responsables de talleres y de la coordinación de esos transportes mediante un sitio web en los ejercicios de 2016 a 2019. El presupuesto registrado en el Programa para 2016, de 2 mil millones de pesos, se dispara a 4 mil 751 millones de pesos en cuatro años.

No está de más señalar que en este proceso de licitación para la asignación de los contratos de las diferentes partidas, se incurrió en posibles irregularidades que dieron lugar a un litigio de parte de uno de los participantes, por lo que el ejercicio presupuestal está suspendido mientras se mantenga la disputa legal. Al final, este tipo de procesos, aparentemente muy avanzados, implican tal complejidad que se corre el riesgo de no definir y no valorar correctamente la propuesta de cada una de las etapas del proceso, incumpliendo lo establecido en el artículo 134 constitucional.

Es muy probable que en este servicio se puedan identificar las prioridades de transporte, lo realmente necesario y que eso permita reducir el presupuesto dejando sólo lo más importante. Y como ese gasto, seguramente se podrán identificar otros que permitan ahorrar recursos no indispensables para la operación de Pemex.

Por otra parte, para evaluar la calidad del gasto es indispensable que Pemex, como se desprende de la presentación en su página, mejore realmente la calidad de su información y la proporcione de manera completa, transparente, en archivos amigables, con los informes de avances también en archivos modificables. Como señalan la Ley General y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere que sea pública, accesible, oportuna y con posibilidades de ser analizada.

Por lo anteriormente se solicitaron los siguientes resolutivos:

Primero. Se exhorta a Petróleos Mexicanos, Empresa Productiva del Estado, para que, en el ejercicio de su programa anual de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios, en los diferentes procesos de licitación y asignación de contratos aplique los principios de máxima publicidad, transparencia y austeridad y facilite el acceso de los ciudadanos a esa información y la que derive de los informes de avances en el ejercicio, de acuerdo con lo establecido en la legislación en materia trasparencia.

Segundo. Se exhorta a Petróleos Mexicanos para que cancele los contratos que se hayan licitado y asignado que no garanticen para el Estado las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, como lo establece el artículo 134 constitucional.

Segunda. Esta proposición con punto de acuerdo fue turnada a la Comisión de Energía, junto con otra proposición con punto de acuerdo presentada por el Diputado Efraín Arellano Núñez del Grupo Parlamentario del PRI.

El cual proponía un único resolutivo:

Único. Se exhorta respetuosamente a Petróleos Mexicanos a que revise que los contratos de arrendamiento que tiene actualmente cumplan con los requisitos de ley y presenten las mejores condiciones económicas para el Estado mexicano; y que, en su caso, al tener las mejores condiciones del mercado, los mantenga para evitar gastos en nuevos contratos de arrendamiento y/o de servicio integral, en momentos de recorte.

La Comisión de Energía aprobó el dictamen en abril del 2016, con un solo resolutivo, mismo que quedó de la siguiente manera:

Único: La Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión exhorta a Petróleos Mexicanos para que se revisen los contratos del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios y se determine si cumplen con las mejores condiciones de precio y calidad para las empresas, en caso contrario se proceda conforme a derecho, Asimismo, se insta a revisar el diseño de los formatos en los que se presenta la información, para considerar alternativas que faciliten su acceso y comprensión.

Mismo que se aprobó y publicó en Cámara de Diputados, el 29 de abril de 2016.

Tercera. Apenas hace unas semanas, se conoció por diversos medios de comunicación que, durante la administración de Emilio Lozoya Austin en Pemex, se había adquirido una flotilla de autos y aeronaves con la finalidad de vigilar una de las redes de ductos de la Empresa Productiva de Estado. Sin embargo, la información que se hizo pública afirmaba que tres de las aeronaves adquiridas con recursos públicos, hasta la fecha no se encontraban registradas como activo fijo de Pemex.

Entre las diversas publicaciones, se puede destacar la siguiente información:

“Para vigilar la red de ductos en el territorio nacional, Petróleos Mexicanos (Pemex) adquirió en 2014 una flotilla de aeronaves, en la cual estaba un avión Cessna Citation Sovereign 2009.

Un año después, en la bitácora de esta aeronave, entregada por la Secretaría de la Defensa Nacional a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), fueron registrados algunos viajes que en apariencia, no tuvieron como objetivo la vigilancia estratégica de las instalaciones petroleras. Más bien, fueron traslados a la playa, realizados por Emilio Lozoya Austin, en ese momento Director de la otrora paraestatal.

Emilio Lozoya Austin viajó en el avión Cessna Citation 2009 a Cancún, Zihuatanejo, Acapulco y Huatulco, en México. También fue a los exclusivos Westhampton y Esthampton en Nueva York. En la misma aeronave llegó a Los Ángeles (California), Houston y San Antonio (Texas), Westchester (Nueva York), así como algunos puntos en Maine y New Jersey en Estados Unidos, consta en las bitácoras de vuelo, revisadas en la fiscalización de la cuenta pública 2015 por la ASF.

Así llegó el Año Nuevo de 2015. En enero, el escándalo que se desprendió de la serie de audios sobre el caudal de corrupción en la empresa Obrascón Huarte Lain (OHL), publicada en YouTube, lo alcanzó. Lozoya Austin, quien fue integrante del consejo de administración de esa empresa, se habría puesto de acuerdo para celebrar un contrato con el presidente global de la constructora española, Juan Miguel del Villar, cuando era funcionario público.

En febrero de 2016, el Presidente Enrique Peña Nieto le recibió la renuncia. Se fue mientras la producción petrolera iba en declive, los precios del crudo subían en el mundo, el nivel de importación de gasolinas y la refinación alcanzaba mínimos históricos. Había entrado a dirigir la petrolera nacional durante la histórica reforma energética que abrió el sector al capital del mundo por primera vez en 75 años y la dejaba sumida en crisis.

Hubo algo que dejó pendiente el ex Director de Pemex: registrar el avión Cessna en los activos fijos de la otrora paraestatal. En el análisis de la “Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio Cuenta de la Hacienda Pública Federal 31 de diciembre de 2015”, la ASF observó que la aeronave no había sido “capitalizada” al activo fijo conforme a la normativa. Además, faltó incluir tres helicópteros Bell 407. En total, una cantidad por 94,690.3 miles de pesos.

Ahora, ¿por qué volaba tanto Emilio Lozoya Austin? ¿Quién lo acompañaba? La Administración de Pemex, bajo el cargo del ex funcionario, dejó toda esta información bajo #DatosCerrados. El Cessna Sovereign es un avión ejecutivo de ocho plazas; pero Pemex le informó a la Auditoría que no apuntó en ningún registro los nombres de los otros viajeros en los traslados que realizó Lozoya Austin.

Tampoco hizo ninguna nota del motivo de los vuelos.

Del avión Cessna Sovereign, la ASF indica en su reporte: “Todos los vuelos se solicitaron telefónicamente a la Sedena por la Dirección General de Pemex. Al respecto, la Sedena elaboró bitácoras en las que se indica el destino al que se trasladó al “DG” (Director General) y pasajeros, sin especificar los nombres de sus acompañantes. Cabe señalar que, en cuanto a la justificación de los destinos y nombres de los pasajeros, la Sedena informó que esa es responsabilidad de Pemex; no obstante, dicha Secretaría, por su experiencia en la operación de aeronaves, debió haber dejado constancia del nombre y cargo de los servidores públicos que abordaron el avión, independientemente de que Pemex lo indicara”.

Para evitar el robo “hachicolero”, Pemex, bajo la Dirección de Emilio Lozoya Austin pidió recursos para el proyecto de inversión “Fortalecimiento de las Capacidades Operativas de Pemex por 1,114,272.8 miles de pesos. Además, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos aprobó la creación de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica (SSE), adscrita a la Dirección Corporativa de Administración y Servicios, en cuyo cargo quedó el General Eduardo León Trauwitz.

Esta Subdirección era el área responsable en Pemex de la administración y operación del avión. Pero emitió una nota informativa con la que notificó que no genera información del motivo de los vuelos ni nombre de los pasajeros. Al respecto la ASF asentó que esta instancia no hizo los registros, “a pesar de ser quien salvaguarda y custodia la seguridad de las operaciones de Pemex y sus funcionarios; administra los recursos tecnológicos (avión) y coordina la transportación aérea de personal conforme a lo establecido en el Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos modificado en septiembre de 2014 y el 28 de abril de 2015, ambos publicados en el Diario Oficial de la Federación”.

Sus altos vuelos no sólo los hizo a destinos de playa. En el helicóptero Eurocopter EC-145 201, también adquirido a través del proyecto de inversión para vigilar las instalaciones, Emilio Lozoya fue a la Torre GAN (donde se encuentra la sede de Altos Hornos de México), Toluca, el periódico El Financiero, el Hospital Central Militar, el Hospital Ángeles, el Parque Bicentenario, la Torre IUSA, Atizapán, Valle de Bravo, Cuernavaca, el Hotel Hilton, el Hotel One y Teotihuacán, según la bitácora que reproduce la ASF.

En el análisis de las bitácoras de vuelo proporcionadas por la Sedena a la ASF, se determinó que el helicóptero realizó 193 horas de vuelo (11,580 minutos) en 727 traslados en 2015, lo que equivale a dos traslados por día (727 traslados en 365 días) con una duración promedio de 16 minutos cada uno.

Sus vuelos más frecuentes en el helicóptero fueron a la Torre Arcos y la Torre GAN. 94 veces el ex funcionario se trasladó a la Torre Arcos, ubicada en Paseo de los Tamarindos, Colonia Bosques de las Lomas, Delegación Cuajimalpa, Ciudad de México. Y otras 54 fueron a la Torre GAN, en Campos Elíseos, colonia Polanco.

El helicóptero tiene siete plazas. Pero tampoco quedó registro de los nombres de quienes pudieron acompañar a Lozoya Austin. La Auditoría evidenció: “Todos los vuelos se solicitaron telefónicamente a la Sedena por la Dirección General de Pemex. Al respecto, la Sedena elaboró bitácoras en las que se indica el destino al que se trasladó al “DG” (Director General) y pasajeros, sin especificar los nombres de sus acompañantes. Cabe señalar que, en cuanto a la justificación de los destinos y nombre de los pasajeros, la Sedena informó que esa es responsabilidad de Pemex; no obstante, dicha Secretaría, por su experiencia en la operación de aeronaves, debió haber dejado constancia del nombre y cargo de los servidores públicos que abordaron el helicóptero, independientemente de que Pemex lo indicara”.

Por sus viajes en el avión y helicóptero de Pemex, Lozoya fue llamado a comparecer en la Cámara de Diputados, pero renunció dos días antes. En su lugar se presentó quien lo sustituyó José Antonio González Anaya. Ante los diputados, indicó que el convenio para comprar la flotilla de aviones quedó bajo reserva y no brindó ni un dato más”.1

Cuarta. Con motivo de las diversas publicaciones el Grupo Parlamentario de Morena se dio a la tarea de verificar la información publicada. Se revisó el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del año 2015. En efecto, como se mencionó en diversos medios de comunicación, la ASF ya había realizado auditoría a la adquisición de la flotilla de autos y aeronaves.2

Con la finalidad de sintetizar dicha auditoria, sólo se transcriben textualmente las recomendaciones y observaciones realizadas por la ASF en seis aspectos:

1. Concurso abierto del “Servicio integral de transportación terrestre

Recomendación Promoción de responsabilidad Para que Petróleos Mexicanos fortalezca los mecanismos de control y supervisión que aseguren que la contratación de servicios de arrendamiento de transporte terrestre se realice conforme a la normativa, con el fin de asegurar las mejores condiciones de cantidad, calidad, precio y oportunidad para Petróleos Mexicanos. Ante la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión llevaron a cabo el proceso de licitación del servicio de arrendamiento de vehículos terrestres sin contar con un Testigo Social, con la finalidad de tener un testimonio imparcial que trasparentara el procedimiento de contratación; mantuvieron un requisito que no era objetivo, y consideraron “la mediana” de los precios del análisis de mercado para la evaluación económica, aun cuando no estaba previsto en las Bases del Concurso, por lo que los precios unitarios considerados no correspondieron a las mejores condiciones.

2. Arrendamiento de Ambulancias en 2015

Recomendación Para que Petróleos Mexicanos fortalezca los mecanismos de control y supervisión que aseguren la validación de los pagos por concepto de arrendamiento de ambulancias, conforme a los servicios recibidos por el prestador de servicios.

3. Activo fijo

Recomendación Promoción de responsabilidad Para que Petróleos Mexicanos establezca mecanismos de control y supervisión que aseguren que se capitalicen las configuraciones del equipo de transporte Aéreo SSE en el Activo Fijo. Ante la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no capitalizaron en el Activo Fijo las configuraciones realizadas al equipo de transporte Aéreo de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica.

5. Adquisiciones al amparo del proyecto de inversión “Fortalecimiento de las capacidades operativas de Pemex”

Recomendación Promoción de responsabilidad Para que Petróleos Mexicanos fortalezca los mecanismos de control y supervisión que aseguren que se reporte el presupuesto ejercido acumulado de los proyectos de inversión en el “Detalle de Programas y Proyectos de Inversión de la Cuenta Pública”. Ante la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión reportaron erróneamente el presupuesto ejercido del proyecto de inversión “Fortalecimiento de las Capacidades Operativas de Pemex”, en el “Detalle de Programas y Proyectos de Inversión de la Cuenta Pública” de la Cuenta Pública 2015.

6. Destino y uso del equipo aéreo adquirido al amparo del proyecto de inversión “Fortalecimiento de las capacidades operativas de Pemex”

Recomendación Promoción de responsabilidad Para que Petróleos Mexicanos implemente mecanismos de control y supervisión en los que se especifiquen las actividades que se consideran como movilidad táctica y estratégica de funcionarios de alto nivel para la toma de decisiones y otras actividades de seguridad nacional, la documentación que debe ser generada por el traslado de funcionarios, así como el motivo y la justificación de los vuelos realizados con el helicóptero Eurocopter EC-145 y con el avión Cessna Sovereign. Asimismo, que establezca mecanismos de control para identificar los costos relacionados con el uso y operación de las aeronaves citadas. Ante la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos de las áreas de Pemex involucradas en la operación, que en su gestión no coordinaron el transporte aéreo de personal en el helicóptero Eurocopter EC-145 ni en el avión Cessna Sovereign, mediante la implementación de un procedimiento en el que se establecieran las actividades que se consideran como movilidad táctica y estratégica de funcionarios de alto nivel para la toma de decisiones y otras actividades de seguridad nacional; la documentación que debe ser generada por el traslado de funcionarios, el motivo y la justificación de los vuelos realizados, así como para la identificación de los costos relacionados con la operación de las aeronaves citadas, por lo que no se realizó una adecuada administración de los recursos tecnológicos de la SSE.

7. Uso del equipo de transporte terrestre adquirido al amparo del proyecto de inversión “Fortalecimiento de las capacidades operativas de Pemex”

Recomendación Promoción de responsabilidad Para que Petróleos Mexicanos realice las gestiones necesarias, a fin de que se formalice el contrato de comodato con la Secretaría de la Defensa Nacional, por los 33 vehículos terrestres entregados en 2014. Ante la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión, después de 2 años, no han elaborado ni formalizado el contrato de comodato por la entrega de vehículos, establecido en el “Convenio Específico de Colaboración Sedena-Pemex, para el uso de vehículos terrestres 2015-2018”.

Ante la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no acreditaron el uso en 2015 de las camionetas, una Chevrolet Express Van y una Land Rover, asignadas a la Subdirección de Salvaguardia Estratégica para el patrullaje y vigilancia de instalaciones estratégicas de Pemex.

Quinta. Como se puede constatar la ASF, revisó la adquisición de las flotillas que en su momento adquirió Pemex durante la administración de Emilio Lozoya Austin.

Sobre la proposición con punto de acuerdo que fue aprobada y publicada en esta Cámara de Diputados, hasta la fecha de la elaboración del presente punto de acuerdo, Pemex no ha informado a esta Asamblea absolutamente nada.

De las diversas publicaciones en las que se evidencia la compra de aviones y que son utilizados para uso personal del extitular de Pemex, Emilio Lozoya Austin, la Empresa Productiva del Estado no ha ofrecido comunicación o explicación alguna a la sociedad mexicana.

De la auditoría realizada a la compra de las flotillas de autos y aeronaves, no se sabe si las observaciones y recomendaciones que realizó la ASF has sido atendidas en tiempo y forma.

Por lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, solicita a los titulares de Petróleos Mexicanos y de la Secretaría de la Defensa Nacional que, en el ámbito de sus atribuciones, hagan públicas las acciones promovidas respecto de las observaciones y recomendaciones que hizo la Auditoria Superior a la Federación en relación de la Auditoria Financiera y de Cumplimiento: 15-6-90T9N-02-0497 de la Cuenta Pública 2015.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Pública a que, en el ámbito de sus atribuciones, haga públicas las acciones que realizó mediante los Órganos Internos de Control, respecto de las observaciones y recomendaciones que hizo la Auditoria Superior de la Federación y los procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos involucrados en el proyecto de inversión: “Fortalecimiento de las capacidades operativas de Pemex” y la Auditoria Financiera y de Cumplimiento: 15-6-90T9N-02-0497 de la Cuenta Pública 2015.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión instruye a la Auditoria Superior de la Federación a que, en el ámbito de sus competencias legales, haga público el estado que guardan la solventación de observaciones y acciones promovidas a Pemex y Sedena respecto del proyecto de inversión: “Fortalecimiento de las capacidades operativas de Pemex” y la Auditoria Financiera y de Cumplimiento: 15-6-90T9N-02-0497 de la Cuenta Pública 2015.

Notas

1 Sin embargo, “Pemex compró avión para vigilar ductos; Lozoya lo usó para ir a playas, y ahora está desaparecido”, agosto 21 2017, http://www.sinembargo.mx/21-08-2017/3288557

2 Auditoría Superior de la Federación, ente auditado: Petróleos Mexicanos, “Adquisición, Arrendamiento, Mantenimiento y Uso de Equipo de Transporte Terrestre y Aéreo”, Tipo de auditoria: financiera y de cumplimiento, Número: 15-6-90T9N-02-0497, 497-DE

Palacio Legislativo de San Lázaro, 12 de septiembre de 2017.

Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a las recientes inundaciones que afectaron gravemente a Xochimilco, Ciudad de México, a cargo del diputado Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Renato Josafat Molina Arias, diputado del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La palabra Xochimilco proviene del náhuatl y se compone de las partículas xochi(tl) – flor, mil(li) – milpa (sembradío) y co – lugar “En el sembradío de las flores”. Se localiza al sureste de la Ciudad de México, sus colindancias son: Al norte con las delegaciones Tlalpan, Coyoacan, Iztapalapa y Tláhuac; Al sur con las delegaciones Milpa Alta y Tlalpan; al oeste con la delegación Tlalpan; Al este con las delegaciones Tláhuac y Milpa Alta. Esta demarcación cuenta con una extensión territorial de 12,517.8 hectáreas de las cuales el 20 por ciento es suelo urbano y el 80 por ciento corresponde a suelo de conservación.

En cuanto a su hidrografía “El origen del agua en el lago de Xochimilco puede interpretarse como resultado de la llegada de filtraciones de lluvia que produjeron flujos locales e intermedios. Se presentan como pequeñas corrientes los ríos Parres y Santiago que bajan desde las estribaciones de la sierra del Ajusco, el Rio San Lucas que desagua en el lago y el Río San Buenaventura, que baja por el este del Ajusco y desemboca en el Canal Nacional.

Las corrientes que configuran la cuenca de Xochimilco son los Ríos San Buenaventura, Santiago, San Lucas y San Gregorio, así como numerosas y pequeñas corrientes que bajan a Nativitas, San Luis Tlaxialtemalco, Tulyehualco, Iztapalapa y Tláhuac, proviniendo, en los dos últimos casos del cerro de la Estrella y de la sierra de Santa Catarina.

Dentro de los humedales en la zona lacustre, sobresalen por sus dimensiones, las “Chinampas” y su red de canales, que a pesar de la gran importancia productiva y su fragilidad ecológica, es en años recientes que se ha tomado en cuenta la relevancia que representan como unidades de producción agrícola.”.1

Xochimilco constituye el último reducto de una forma única de convivencia armónica con la naturaleza en un espacio lacustre, que construyó, a lo largo de varios siglos un nuevo ecosistema: la chinampería.

La importancia de la chinampería, en tanto sistema agrícola y ecosistema construido por el accionar humano, ha sido reconocida nacional e internacionalmente por su carácter único, innovador y ecológicamente sustentable, en este sentido se cuenta con las siguientes declaratorias y decretos:

1. Decreto por el que se declara una zona de monumentos históricos en las Delegaciones de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, D.F., publicado en el Diario Oficial de la Federación, DOF, el día 4 de diciembre de 1986.

2. Inclusión de Xochimilco en la Lista de Patrimonio Mundial auspiciada por la Organización de la Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia, UNESCO (por sus siglas en inglés), junto con el Centro Histórico de la Ciudad de México, el 11 de diciembre de 1987; al considerarse que ambos sitios son dos caras de una misma moneda: la construcción de una ciudad sustentable en un lago, por un lado la traza urbana del Centro Histórico con sus edificaciones representativas del periodo colonial y, por el otro, la base material de sustento alimenticio de la Ciudad de México, la chinampería.

3. Decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de terrenos de temporal de uso individual y colectivo del ejido San Gregorio Atlapulco, Delegación Xochimilco, D. F., DOF del 21 de noviembre de 1989; que lleva a la construcción de los distritos de riego en Xochimilco y San Gregorio.

4. El Acuerdo de Concentración para el Rescate Integral de Xochimilco, signado el 4 de Diciembre de 1990 por el, entonces, Departamento del Distrito Federal en pleno, los rectores de la UNAM, UAM, la Dirección General del IPN, diversas instituciones académicas, más de 30 organizaciones de la Sociedad Civil, todos los ejidos existentes en Xochimilco, y más de 700 productores y representantes de núcleos agrarios de Xochimilco.

5. Declaratoria que establece como Zona Prioritaria de Preservación y Conservación del Equilibrio Ecológico y se declara como Área Natural Protegida bajo la categoría de Zona Sujeta a Conservación Ecológica, la superficie que se indica de los ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco, DF, DOF 11 de mayo de 1992.

6. La inclusión, el 2 de febrero de 2004, de los ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco en la relación Ramsar de Humedales de Importancia Internacional, al cobijo del artículo 2.1. de la Convención Ramsar.

7. La inclusión de la Chinampería como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial, SIPAM, como primer sitio en América del Norte, en julio de este año, por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO (por sus siglas en inglés)

En el programa delegacional de desarrollo urbano para Xochimilco publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 6 de mayo de 2005, se reconoce la existencia de una serie de riesgos y situaciones de vulnerabilidad que enfrenta esta demarcación, entre las que se encuentran las inundaciones, respecto de las cuales se menciona que: “las zonas susceptibles de inundación son Deportivo San Luis Tlaxialtemalco, Camelia y Floricultor, 21 de marzo y 5 de mayo, San Gregorio Atlapulco, Centro de Xochimilco, Desiderio Peña (San Jerónimo, Nativitas), Canal Pinahuizac Prolongación Ahuehuetitla y Pocitos, de la zona Chinampera (Caltongo, Ampliación San Marcos), Embarcadero Fernando Celada (Cabecera Delegacional), la Laguna de Regulación Periférico frente a Cafetales (por desbordamiento), Barrio 18, la Cebada, Ampliación San Marcos, Ciénega Chica, Calle Nardo de la Colonia Tierra Nueva, Avenida San Bernardino, Potrero de San Bernardino, Periférico (de Vaqueritos a la pista Cuemanco), Periférico lateral suroeste de Vaqueritos por desbordamiento del canal de San Buenaventura, Colonia El Arenal, Carretera San Pablo (frente al Panteón Xilotepec), Colonia el Arenal costado Reclusorio sur San Mateo Xalpa, Presa de San Lucas Xochimanca, parte baja de San Lucas Xochimanca, Zona baja de la Colonia San Sebastián, Barrio de Tejomulco y las calles del Mercado, Galeana, Ciclamen y Central del Barrio Xaltocan.”2

Este problema no es reciente, así ya desde el 26 de enero de 1975 se presentó una gran inundación en la zona centro de Xochimilco, lo que obligó a las autoridades a iniciar los primeros estudios para determinar el grado de la problemática en la zona. En términos generales no puede olvidarse que la ciudad de México se ubica en una cuenca cuya vocación natural es captar y almacenar agua. “La Cuenca de México originalmente fue una cuenca endorreica, es decir, no tenía salidas hacia el mar y toda la lluvia que se precipitaba generaba escurrimientos, por lo que se creó un gran lago. En el siglo XV, en una parte central de la cuenca había topográficamente zonas como islas en donde se asentaba la población azteca. Además, debido al Albarradón de Nezahualcóyotl, quedó dividida en el Lago de México y el Lago de Xochimilco. Los albarradones son obras hidraúlicas que permitían controlar el paso del agua de los lagos y evitar inundaciones.”3

Ahora las inundaciones acechan cada vez más a la ciudad de México y así Xochimilco las ha padecido constantemente en los últimos años. Con costosos y complejos sistemas

hidráulicos para sacar el agua de la cuenca, se ha pretendido evitar estos desastres desde el inicio de la construcción del Tajo de Nochistongo (1607), pasando por el porfisita Gran Canal del Desagüe (1867-1900), la construcción de los Túneles de Tequixquiac 1 y 2 (1867-1946) y el Drenaje Profundo con su emisor Poniente (1962), emisor central (1975), hasta la construcción del Emisor Oriente (aún en obra y sin tener fecha para su conclusión). Dejando de lado otro tipo de proyectos como aquellos con los que se podría inyectar el agua a los sobreexplotados mantos freáticos (evitando así otros problemas como hundimientos, aparición de grietas y socavones), u otros para generar reservorios superficiales para su potabilización y consumo y de su captación para uso humano, agrícola e industrial.

Así la actual contingencia que se vive en Xochimilco tiene que ver, fundamentalmente, con volúmenes de agua atípicos, que por el calentamiento global serán cada día más comunes, y por la incapacidad del sistema hidráulico existente de canalizarlos adecuadamente. En este contexto se encuentra en riesgo todo el bordo del Rio San Buenaventura ya que por la cantidad de agua se están presentando desgajamientos en las zonas de golpe hidráulico desde la zona de Tepepan hasta Vaqueritos.

Los miles de litros de lluvia que se precipitaron durante los últimos días y de manera particular el pasado 6 de septiembre provocaron que se colapsara un frente de más de 30 metros del bordo del río San Buenaventura, por lo que más de 217 viviendas resultaron seriamente afectadas particularmente en las colonias San Lorenzo la Cebada, Barrio 18, San Bartolo el Chico, Bosques Residenciales del Sur, Huichapan, UH Nativitas, así como el Barrio de San Francisco Caltongo, San Juan Tepepan, los pueblos de Santa María Tepepan y Santa Cruz Xochitepec. De igual forma más de 50 vehículos automotores severamente dañados por el agua y lodo.

Por otra parte se perdieron más de un millón de plantas de cempasúchitl y nochebuena en San Luis Tlaxialtemalco y San Gregorio Atlapulco, así como infinidad de plantas aromáticas, de ornato y alimentos en dichos pueblos e invernaderos de la zona de Barrios en Xochimilco Centro, lo que representa un duro golpe a la economía de cientos de familias que viven de la producción y comercialización de dichas plantas.

Por todo lo anterior resulta imprescindible que este órgano de representación popular se pronuncie y solicite a las autoridades competentes emprender acciones inmediatas para evitar en un futuro que se sigan presentando estas devastadoras afectaciones y que por otro se apoye a los damnificados.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía, el siguiente

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) para que inviertan de manera prioritaria mayores recursos en la infraestructura hidráulica de la Cuenca del Valle de México, especialmente en el polígono de humedales y canales de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta para infiltrar hacía los mantos freáticos los excedentes de agua de lluvia, que los sistemas actuales no pueden canalizar a los drenajes y construir también reservorios de agua superficiales para su almacenamiento y posterior utilización.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) para que conjunta y coordinadamente emprendan de manera inmediata acciones de limpieza, desazolve, mantenimiento y consolidación de laderas de los ríos San Buenaventura, San Lucas y Santiago de Xochimilco, en primer lugar, así como de los demás ríos y afluentes de la Cuenca del Valle de México.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno Federal y al Gobierno de la Ciudad de México para que se brinden los apoyos necesarios a los vecinos afectados por las recientes inundaciones en Xochimilco, particularmente los habitantes de las colonias San Lorenzo la Cebada, Barrio 18, San Bartolo el Chico, Bosques Residenciales del Sur, Huichapan, UH Nativitas, Barrio de San Francisco Caltongo, San Juan Tepepan, los pueblos de Santa María Tepepan y Santa Cruz Xochitepec, así como a los productores de San Luis Tlaxialtemalco, San Gregorio Atlapulco y la zona de Barrios del Centro de Xochimilco.

Notas

1 http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM09DF/delegaciones/09013a.htm l

2http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/docs/programa s/PDDU_Gacetas/2015/PDDU_XOCHIMILCO_GODF_6-MAY-05.pdf

3 http://www.fundacionunam.org.mx/ecopuma/la-unam-te-explica-la-historia- hidrologica-de-la-cuenca-de-mexico/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro sede de la honorable Cámara de Diputados, a 12 de septiembre de 2017.

Diputado Renato Josafat Molina Arias (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la rescisión del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, a cargo de la diputada Modesta Fuentes Alonso, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Modesta Fuentes Alonso, Diputada de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes:

Consideraciones

El programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA , por sus siglas en inglés) fue puesto en marcha en los Estados Unidos de América, en agosto del año 2012, durante la administración del entonces Presidente Barack Obama con el objetivo de proteger a los migrantes llevados a ese país sin autorización y cuando aún eran menores, de la deportación y otorgarles permisos de trabajo. Este sector beneficiado por el mencionado programa es reconocido bajo el nombre de “Dreamers”, apelativo que surge de la idea que tienen todas aquellas personas que salen del territorio nacional para alcanzar el llamado “Sueño Americano”.

Dicho Programa tenía una durabilidad de dos años con opción a renovarse, así mismo protege a 790 mil 077 migrante no autorizados (cerca del 80%, son nacidos en México), que pudieron demostrar haber entrado a territorio estadounidense sin haber cumplido 16 años, haber residido en el país sin interrupción durante varios años y sin cometer delitos.1

Gracias a este programa los “Dreamers” pueden trabajar en aquel país sin ser deportados, tener un número de seguro social, una licencia de conducir, entre otros beneficios. Ocho de cada diez personas que lograron beneficiarse bajo este esquema, son mexicanos, le sigue El Salvador , con 28 mil; Guatemala con 19 mil 792; Honduras con 18 mil 262; Perú con 9 mil 066; Corea del Sur con 7 mil 250; Brasil con 7 mil 361; Ecuador con 6 mil 696 y Colombia con 6 mil 591.2

Aunado a lo anterior y bajo la violenta retórica antimigrante durante su campaña, el actual Presidente del vecino país, Donald Trump, aseguró que acabaría con el programa que protege a los “Dreamers” , pues bajo su argumento, esta protección significa un abuso de poder por parte de Barack Obama.

La Directora Interina de Seguridad Interior, Elaine Duke declaró en un comunicado que el Presidente “decidió desactivar el programa de una manera ordenada que proteja a los beneficiarios en el mediano plazo mientras trabajan con el Congreso para pasar legislación”.

Es decir, Donald Trump está dejando el programa en manos del poder legislativo de ese país.

El pasado martes 5 de Septiembre, el Fiscal General de los Estados Unidos de América, Jeff Sessions, ofreció una conferencia de prensa en la que anunció de manera oficial el fin de DACA , bajo el argumento de que no se pueden recibir a todas las personas que lleguen al país en comento, pues caería en una política de fronteras abiertas, lo cual es bien sabido que es rechazado por Trump. Según Sessions, “la Nación Norteamericana debe definir y defender un límite de cuántos inmigrantes admite cada año y eso significa que no todos pueden ser aceptados”.

Ante este escenario, el Congreso de los Estados Unidos tiene seis meses para crear una legislación que defienda el derecho de los “Dreamers” para poder permanecer dentro del territorio del vecino país, así como acceder a universidades y al Sistema de Seguridad Social Norteamericano.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores lleve a cabo las acciones pertinentes para garantizar la más amplia protección a los jóvenes mexicanos que sean afectados por la rescisión del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA , por sus siglas en inglés).

Notas

1 Véase http://www.eluniversal.com.mx/mundo/que-es-daca-y-cuales-seran-las-cons ecuencias-de-su-cancelacion

2 Véase http://www.unotv.com/noticias/portal/internacional/detalle/quienes-son- los-dreamers-y-porque-les-llaman-asi-309707/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre del 2017.

Diputada Modesta Fuentes Alonso (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Baja California Sur a solicitar de la Segob la declaratoria de desastre natural por las consecuencias de la tormenta tropical Lidia para tener acceso a los recursos económicos del Fonden, a cargo de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal Norma Xóchitl Hernández Colín, integrante del Grupo Parlamentario de Morena a la XLIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, por medio del presente someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por la que se exhorta al gobierno de Baja California Sur a solicitar de la Secretaría de Gobernación la declaratoria de desastre natural a las consecuencias del paso de la tormenta tropical Lidia, a efecto de que puedan acceder a los recursos económicos del Fondo de Desastres Naturales

Lo anterior, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Todos los años, el planeta se ve sacudido por el paso de fenómenos y eventos de origen natural cuyos efectos trastocan la vida cotidiana de las personas. Huracanes, tornados, tormentas eléctricas, inundaciones, erupciones volcánicas, incendios forestales, avalanchas y muchos más suceden con cierta frecuencia y son comunes en todas las regiones geográficas.

A estas afectaciones, normalmente se les conoce como “desastres naturales”. La Agencia Europea de Medio Ambiente los define como cambios violentos, súbitos y destructivos en el medio ambiente cuya causa es natural, no antropogénica. De acuerdo con esto, un desastre natural es el resultado de un proceso que ocurre normalmente en la naturaleza, pero que al contacto con la civilización humana provoca efectos adversos y a menudo devastadores.

Los desastres naturales tienen un poder que sobrepasa a la humanidad y suelen desencadenar problemas más graves y duraderos. A lo largo de la historia varios pueblos han sufrido el embate de un evento particularmente fuerte y se han visto seriamente amenazados. Uno de los más conocidos ocurrió en el año 79, cuando el volcán Vesubio hizo erupción y las ciudades de Pompeya y Herculano y demás sitios aledaños quedaron literalmente sepultados bajo toneladas de ceniza, roca fundida, piedra pómez y material expulsado, hecho que causó la muerte de los habitantes y el final de las ciudades.

Los efectos de un desastre natural pueden ser ligeros o de proporciones dramáticas, como en el caso de Pompeya. Pueden causar la muerte de los seres vivos, daños materiales, pérdidas económicas, daño a la belleza natural y pueden constituir una vía de propagación de enfermedades. Por ejemplo, las inundaciones acarrean polvo, basura y otros materiales que contaminan a su paso por los terrenos; las personas que entran en contacto con todo ello es proclive a padecer enfermedades del estómago y de la piel, y de contagiar a otras personas.

Aunque los desastres naturales son causados por fenómenos de origen natural, se cree que el hombre tiene cada vez mayor responsabilidad en la cantidad e intensidad de algunos, puesto que en las últimas décadas se han producido tornados, huracanes y terremotos sumamente fuertes. La grave sequía que azotó Estados Unidos en la década de los años 30 y la que en esta segunda década del 2000 afecta su región occidental están relacionadas con el cambio climático, mismo que también incide en los huracanes al proveer más aire caliente.

Gracias a la tecnología actual es posible tomar medidas precautorias que elevan las probabilidades de salir ileso de un desastre natural. La Tierra es continuamente monitorizada para detectar a tiempo cambios que podrían poner en peligro la vida. Por eso, los terremotos, los huracanes, los tornados, las inundaciones y las erupciones volcánicas suelen ser advertidos semanas, días y horas antes de que ocurran, aunque algunos fenómenos suceden de forma repentina e inesperada.1

Además, Global Facility for Disaster Reduction and Recovery 2 menciona que los desastres naturales constituyen una fuente significativa de riesgo en materia fiscal, presentando así pasivos contingentes de considerable magnitud para sus gobiernos. La ausencia de mecanismos eficientes de preparación y atención de emergencias y de una adecuada planeación financiera para hacer frente a los desastres puede crear dificultades y demoras en la respuesta, lo que podría agravar las consecuencias en términos de pérdidas humanas y económicas. En estado de emergencia por desastres naturales, los gobiernos pueden verse obligados a utilizar fondos que habían sido previamente destinados a otros proyectos y, esto, a largo plazo, puede impactar negativamente el proceso de desarrollo y crecimiento económico de los países.

Los gobiernos son cada vez más conscientes que el riesgo fiscal derivado de desastres naturales no puede ser ignorado. El importante crecimiento económico en algunos países en desarrollo hace que éstos se enfrenten con pérdidas económicas cada vez más importantes. Al mismo tiempo, aunque la exposición de la población y de los activos físicos a los desastres sigue en crecimiento, poca atención se dirige a la construcción de una sociedad resiliente ante fenómenos naturales adversos.

Incrementos en la frecuencia y magnitud de fenómenos climatológicos extremos que se prevén debido al cambio climático puede potencialmente agravar la tendencia creciente en las pérdidas económicas causadas por desastres. En este contexto, es de suma importancia que se le dé un mayor énfasis a la gestión integral del riesgo de desastres que incluya medidas de protección financiera y aseguramiento ante desastres para poder hacer frente a estas tendencias disruptivas.

Nuestro país se encuentra en la vanguardia de iniciativas encaminadas al desarrollo de un marco integral en gestión del riesgo de desastres, incluyendo el uso efectivo de mecanismos de financiamiento del riesgo y aseguramiento para manejar el riesgo fiscal derivado de los desastres; esto, debido principalmente a que estamos altamente expuestos a una gran variedad de fenómenos geológicos e hidrometeorológicos. No resulta ocioso mencionar que estamos catalogados como uno de los países con mayor actividad sísmica en el mundo, experimentando anualmente más de 90 sismos con una magnitud de 4 o más grados en la escala de Richter, asimismo, cerca del 40 % del territorio nacional y más de una cuarta parte de su población están expuestos a tormentas, huracanes e inundaciones constantes.

En atención a ello, el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) fue establecido en el marco de la estrategia de gestión integral del riesgo con el propósito de apoyar actividades de emergencia, recuperación y reconstrucción después de la ocurrencia de un desastre natural. El Fondo fue originalmente establecido como un instrumento presupuestario a través del cual los fondos federales eran anualmente presupuestados para financiar gastos en respuesta a emergencias por desastres. Desde entonces, ha evolucionado significativamente a través de cambios en las reglas de operación y procedimientos operativos que han mejorado su eficiencia y eficacia. Asimismo, la introducción de ventanas adicionales de operación en temas preventivos ha fortalecido aún más la gestión del riesgo de desastres.

En el año 2005, con el propósito de aumentar la cobertura del fondo, el gobierno le otorgó facultades para desarrollar una estrategia de cobertura del riesgo catastrófico, que incluye instrumentos y/o mecanismos financieros para la retención y transferencia del riesgo. En el año 2006, México emitió el primer bono catastrófico soberano del mundo, mismo que fuera renovado en el 2009 ampliando su cobertura. En la actualidad, se ha convertido en uno de los vehículos financieros de manejo del riesgo catastrófico más avanzado en el mundo.

En la materia, el Banco Mundial y el gobierno mexicano tienen una larga historia de cooperación. Entre los años 2000 y 2004, el Banco Mundial proporcionó servicios de asesoría a México en el marco del Proyecto de Gestión de Desastres Naturales. México fue el primer país en emplear el programa MultiCat, el cual proporciona asesoría técnica a los países en el diseño y emisión de bonos catastróficos con cobertura para múltiples amenazas y áreas geográficas. Con esta asesoría, México emitió un bono catastrófico por 290 millones de dólares contra riesgos de terremotos y huracanes en diversas regiones del país.

La estrecha colaboración continúa en la actualidad, con la coordinación conjunta de proyectos destinados a fortalecer la resiliencia del país a los desastres e iniciativas para mejorar la gestión del riesgo fiscal. A través de los años, el progreso en estos temas en México ha constituido un importante punto de referencia para el Banco Mundial en su diálogo con otros países, compartiendo experiencias a fin de promover una gestión integral del riesgo de desastres.

El Fonden originalmente fue creado como un programa del Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación de 1996, y se hizo operacional en 1999 cuando se emitieron sus primeras Reglas de Operación. Sus recursos se destinaban únicamente a la realización de actividades ex post de rehabilitación y reconstrucción de infraestructura pública de los tres órdenes de gobierno; vivienda de la población de bajos ingresos; y ciertos elementos del medio ambiente, tales como selvas, áreas naturales protegidas, ríos y lagunas.

En la actualidad, el Fonden está compuesto por dos instrumentos presupuestarios complementarios: 1) El programa para la reconstrucción y, 2) El programa para la prevención. El instrumento original y el más importante es el programa para la reconstrucción, sin embargo, en reconocimiento de la necesidad de promover ex ante el manejo proactivo del riesgo, a inicios del año 2000 el gobierno comenzó a asignar recursos específicamente destinados a actividades preventivas.

El Fonden es financiado a través del Presupuesto de Egresos de la Federación. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone que al inicio de cada ejercicio fiscal, una cantidad no menor al 0.4 % del presupuesto federal anual sea destinada al Fonden, al FOPREDEN y al fondo agropecuario para los desastres naturales. En la práctica, el requisito mínimo de 0.4 % (equivalente a alrededor de 800 millones de dólares) se ha convertido en la asignación presupuestaria estándar para el Fonden anualmente. En caso de que esta asignación sea insuficiente, la ley estipula que recursos adicionales pueden ser transferidos de otros programas y fondos, tales como los ingresos de excedentes de la venta del petróleo, por ejemplo.

El programa para la reconstrucción es el principal instrumento presupuestario; en caso de ocurrencia de un desastre, los fondos autorizados son transferidos a sub-cuentas específicas para ser ejecutados. El Fideicomiso Fonden, a través de la institución fiduciaria administra estos recursos hasta que los programas de reconstrucción son implementados y realiza los pagos por las obras y acciones de reconstrucción.

La evolución del Fonden permitió que en el año 2009 se implementara el mecanismo denominado Apoyos Parciales Inmediatos (APIN), con el que se han podido destinar recursos inmediatamente después de la ocurrencia de un desastre natural para atender las acciones prioritarias y urgentes dirigidas a solventar la situación crítica, tales como el restablecimiento de las comunicaciones, los servicios básicos, la limpieza de las calles y viviendas afectadas, remoción de escombros, pasos provisionales, y todo aquello que coadyuve a la normalización de la actividad en la zona afectada.

En materia de prevención, el Centro Nacional de Prevención de Desastres Naturales,3 busca salvaguardar en todo momento la vida, los bienes e infraestructura de las personas a través de la gestión continua de políticas públicas para la prevención y reducción de riesgos de desastres, por medio de la investigación y el monitoreo de fenómenos perturbadores, así como la formación educativa y la difusión de la cultura de protección civil, con objeto de lograr una sociedad más resiliente, sin embargo, dadas las inclemencias de los fenómenos naturales, los desastres ocurren con frecuencia en nuestro país.

El caso más reciente es el de la tormenta tropical Lidia, que provocó que el Sistema Nacional de Protección Civil activara la alerta roja en Baja California Sur y Sinaloa.4 Luis Felipe Puente, titular del sistema, informó que en Los Cabos se desplegaron 150 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, 169 de la Marina y 209 de la Policía Federal.

Ante tal situación, se recomendó a las personas evacuar las zonas de riesgo y acudir a un refugio temporal si la vivienda no es segura; además, quienes viven cerca de ríos o lagunas debieron vigilar los niveles del agua; así como cerrar puertas y ventanas y cortar el suministro tanto de electricidad como de gas.

Se exhortó a la población en general a tomar precauciones, evitar el cruce de ríos, vados y cuerpos de agua, reportar escurrimientos y reblandecimientos de tierra, así como conducir con precaución, debido a que las lluvias se prolongaron por más de 72 horas.

Por desgracia, a pesar de las alertas, la tormenta dejó al menos cuatro muertos en el municipio de Los Cabos; una mujer fue arrastrada por la corriente en una calle inundada; dos personas murieron electrocutadas; la cuarta víctima es un bebé que fue arrastrado por el agua mientras era transportado por su madre a una zona segura.

Debido a las lluvias, los cinco municipios de Baja California Sur fueron declarados en emergencia, los aeropuertos fueron cerrados, las clases suspendidas, edificios, puentes e infraestructura para la comunicación terrestre colapsaron, además, se registraron cortes de energía, así como la evacuación de personas que viven en zonas de riesgo.5

Luis Felipe Puente, coordinador nacional de Protección Civil,6 confirmó que el fenómeno dejó “una cantidad histórica de agua” , señaló que las vías de comunicación que conectan la terminal aérea siguen afectadas por inundaciones, por lo que esperan el apoyo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para desazolvar esas arterias viales.

Aseguró que se buscará abrir las avenidas para permitir el traslado de los afectados entre San José del Cabo, Los Cabos y el aeropuerto. Precisó que la lluvia afectó la ciudad de La Paz, afectando la circulación en gran parte del estado.

De igual manera, cientos de negocios y locales ubicados en las principales playas se vieron afectados, por lo que aunado a las condiciones de desastre, las personas se encuentran imposibilitadas para continuar con la obtención de recursos económicos para su subsistencia, lo que agrava aún más su condición de vulnerabilidad.

Por tanto, la declaración de desastre natural y la recepción de recursos económicos por parte del Fonden, coadyuvaría a que las personas que vieron afectado su patrimonio y su modo de subsistencia, pudieran volver a su vida normal lo antes posible.

Por las consideraciones anteriormente vertidas, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno de Baja California Sur a solicitar a la Secretaría de Gobernación, la declaratoria de desastre natural a las consecuencias del paso de la tormenta tropical Lidia, a efecto de que puedan acceder a los recursos económicos del Fondo de Desastres Naturales, y se coadyuve a mejorar las condiciones de vida de quienes se vieron afectados por el fenómeno meteorológico.

Notas

1 http://www.geoenciclopedia.com/desastres-naturales/

2 http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/Almacen/f onden_resumen_ejecutivo.pdf

3 https://www.gob.mx/cenapred/que-hacemos

4 http://www.animalpolitico.com/2017/08/lluvias-cdmx-pais-tormenta-lidia/

5 http://www.animalpolitico.com/2017/09/baja-california-sur-lluvias-lidia /

6 http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/estados/2017-09-01/torm enta-lidia-deja-muertos-baja-california-sur/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de septiembre de 2017.

Diputada Norma Xóchitl Hernández Colín (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Pemex, la CNH, la ASEA y el gobierno de Puebla a atender de inmediato las constantes fugas de combustible en tierras de cultivo y resarcir daños a los productores, a cargo del diputado Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Alejandro Armenta Mier, diputado de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

Durante los últimos años el robo de combustible en el Estado de Puebla se ha incrementado exponencialmente, en el año 2010 se detectaron 49 tomas clandestinas, para diciembre de 2016 ya se tenía registro de un total 1,533 tomas; durante el sexenio de Rafael Moreno Valle este delito creció en más de un 3 mil por ciento.1

Según cifras oficiales de Pemex, hasta el primer semestre del presente año se han registrado 669 tomas en Puebla,2 en total desde el año 2010 hasta junio de 2017 el Estado suma un total de 2,202 tomas clandestinas.

Las sorprendentes cifras mencionadas no sólo representan perdidas millonarias para Pemex, también una serie de afectaciones en la seguridad, economía y estabilidad social de los habitantes de los municipios donde más se presenta la extracción ilegal.

En Puebla, los ductos atraviesan 28 municipios y al menos en 24 de ellos se han presentado tomas clandestinas, principalmente en la región de la Sierra Norte y en el ahora llamado “Triángulo Rojo”, ubicado en el centro del Estado por donde pasa el poliducto Minatitlán-México, zona en la que se encuentran los municipios del Distrito que represento.3

Las constantes fugas que ocasionan las tomas clandestinas contaminan suelo, aire, cuerpos de agua e incluso mantos acuíferos, dicha contaminación al ambiente genera daños que no se han atendido, hay afectados por consumir agua contaminada, así como por los incendios y las explosiones que ponen en riesgo la vida de comunidades enteras.

Actualmente, desde San Martín Texmelucan hasta el municipio de Esperanza hay al menos 17 mil hectáreas de cultivo y más de 250 sociedades de pozos agrícolas en riesgo debido a su proximidad con ductos de Pemex, lo cual afectaría directamente a más de 6 mil productores de hortalizas, tuna, nopal, lechuga, entre otros.

Los diputados del Grupo Parlamentario de Morena consideramos el rescate al campo como parte fundamental para el desarrollo nacional, debemos impulsar la producción agrícola mejorando las condiciones de vida de los campesinos y fortaleciendo sus actividades productivas.

Por lo anteriormente expuesto, en términos de los preceptos legales invocados, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a Petróleos Mexicanos, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, y al Gobierno del Estado de Puebla; a cuantificar los daños ambientales y económicos ocasionados por los derrames de combustibles en tierras de cultivo y cuerpos de agua.

Segundo. Se exhorta a Petróleos Mexicanos, a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, y al Gobierno del Estado de Puebla; para llevar a cabo las medidas necesarias para limpiar las tierras contaminadas por hidrocarburos.

Tercero. Se solicita que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, y el Gobierno del Estado de Puebla, realice el pago de indemnizaciones a los afectados por pérdida de cosechas, daños físicos, así como resarcir los daños ocasionados al ambiente.

Notas

1 Obtenido de

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2017/02/03/robo-de- combustible-sexenio/

2 Obtenido de http://www.pemex.com/acerca/informes_publicaciones/Paginas/tomas-clande stinas.aspx

3 Obtenido de http://www.cartocritica.org.mx/2017/ductos/

Dado en el Palacio Legislativo, a 12 de septiembre del 2017.

Diputado Alejandro Armenta Mier (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al diseño y la implantación de un plan de acción y respuesta frente a la cancelación del programa Deferred Action for Children Arrivals, que coloca en riesgo a un número importante de jóvenes de origen mexicano en Estados Unidos de América, a cargo del diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Vidal Llerenas Morales, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, y con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6o. y el artículo 79, numeral 1, fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. El programa Deferred Action for Children Arrivals (o Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, en español) fue un programa gubernamental impulsado por la administración del expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que tenía como principal objetivo diferir posibles deportaciones y, con ello, salvaguardar los derechos en aquel país de todos aquellos jóvenes que hubieren llegado de manera irregular a territorio estadunidense durante su infancia.

2. Sobre la base de la aplicación de dicho programa, las y los jóvenes beneficiados podrían acceder a servicios de educación, seguridad social, trabajo y crédito siempre que se encontraran estudiando y no que no tuvieran ninguna clase de antecedentes criminales, entre algunos otros requisitos. Desde el momento de su promulgación, la implementación del programa DACA ha beneficiado a cerca de 787 mil 580 beneficiarios de los cuales, aproximadamente, 78 por ciento son jóvenes de origen mexicano.

3. El programa DACA no representa un mecanismo que garantice la vigencia de derechos exclusivamente de personas de origen mexicano, sino que también ha sido aplicable para personas provenientes de otros contextos como Guatemala, El Salvador, Honduras, Ecuador, Colombia, e incluso Polonia, Filipinas, India y Paquistán. Sin embargo, lo cierto es que una gran parte de las y los beneficiarios representan jóvenes de origen mexicano.

4. El pasado 5 de septiembre de 2017, el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, decretó la cancelación del programa DACA. Dicha noticia fue dada a conocer por el Fiscal General de aquél país, Jeff Sessions, quien señaló que la cancelación se debe a que el programa se sustenta en “un ejercicio inconstitucional de autoridad por parte del Poder Ejecutivo” de ese país.

5. La cancelación de este programa coloca a un número importante de jóvenes de origen mexicano en una especial situación de riesgo, ya que la imposibilidad de beneficiarse de esta medida gubernamental abre la puerta para que puedan ser intimidados, perseguidos deportados, lo que representaría privarlos y despojarlos del contexto social, familiar, educativo, político y cultural en el que han estado inmersos durante gran parte de su vida.

6. Es decir, con la cancelación del programa DACA se abre la puerta para que el gobierno de los Estados Unidos pueda iniciar acciones tendientes a la deportación de más de 500 mil jóvenes mexicanos, lo que generaría una importante crisis no sólo para los jóvenes afectados, sino también para las instituciones mexicanas encargadas de garantizar los derechos y las condiciones de vida de quienes puedan verse afectados por una medida de deportación.

7. Si bien es cierto que el presidente de los Estados Unidos concedió un plazo de seis meses para que el Congreso de aquél país ofreciera una posible solución a este problemática, lo cierto es que dicha solución puede nunca llegar si las y los legisladores estadunidenses no llegan a algún acuerdo sobre este particular, lo cual colocaría en un importante contexto de riesgo a miles de jóvenes de origen mexicano.

8. Aun con ello, el plazo de seis meses concedido por el gobierno estadunidense, debe ser entendido como un periodo corto de tiempo que puede ser aprovechado para diseñar una estrategia de amplio alcance e impacto que permita hacer frente a un posible escenario de deportaciones masivas de jóvenes provenientes de los Estados Unidos, quienes en términos de nuestra legislación constitucional y convencional vigente, cuentan con los mismos derechos de acceder a la educación, al empleo, a la salud, entre otros, que las personas que habitan en territorio nacional.

9. Una estrategia de tal magnitud requiere de actividades y esfuerzos coordinados entre diversas dependencias del gobierno federal, quienes deben de asumir este reto con compromiso, seriedad y responsabilidad. En el marco de sus funciones, dichas dependencias tienen a su cargo la obligación de generar esquemas de solución duraderos y efectivos para todas y todos los jóvenes que puedan verse afectados por la cancelación del programa DACA.

10. De esta manera, es importante que el gobierno federal logre generar esquemas de intervención y programas de acción concretos y específicos para atender una situación como la descrita; en donde se diseñen programas y políticas públicas adecuadas que permitan recibir a los miles de jóvenes de origen mexicano en un esquema incluyente, próspero y de calidad, de modo que puedan convertirse en un motor importante para el desarrollo, la economía, la ciencia, la política y la tecnología de nuestro país.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el presente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Economía, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como al Instituto Mexicano de la Juventud, a adoptar todas las medidas y acciones que resulten necesarias para diseñar e implementar un plan de acción y respuesta frente a la cancelación del programa “Deferred Action for Children Arrivals”, que coloca en riesgo a un número importante de jóvenes de origen mexicano en Estados Unidos, con el objetivo de garantizar sus derechos al debido proceso, a la educación, la salud, el trabajo, entre otros, en caso de que sean sujetos de alguna medida de deportación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de septiembre de 2017.

Diputado Vidal Llerenas Morales (rúbrica)