Gaceta Parlamentaria, año XX, número 4897-IV, martes 31 de octubre de 2017
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedatu a solucionar la problemática de asentamientos humanos irregulares en terrenos ejidales de Pomuch y Champotón, en Hecelchakán y Champotón, Campeche, a cargo de la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción a evaluar y hacer público un informe con las recomendaciones necesarias para el debido cumplimiento del proceso de implantación del Sistema Nacional Anticorrupción, a escalas nacional y local, a cargo del diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a agilizar las acciones relativas al regreso a clases para garantizar el derecho humano de la niñez a la educación, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
- Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a las autoridades que ejercen material o formalmente funciones ejecutivas en Baja California y el resto de la república a orientarse por los principios de certeza, legalidad, honradez, independencia, lealtad, imparcialidad, objetividad, eficiencia y profesionalismo al fallar en todo tipo de licitaciones y concursos públicos, alejadas de cualquier criterio electoral, de amistad y partidista, a cargo de la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del PES
Proposiciones
- Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a diversas autoridades de la Ciudad de México a realizar investigaciones para deslindar responsabilidades por las supuestas violaciones de la normativa vigente en materia de construcción, edificación, remodelación y conservación respecto al sismo del 19 de septiembre de 2017, que tuvo como consecuencia la pérdida de decenas de vidas humanas y cuantiosos daños materiales y patrimoniales, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al CJF a llevar a cabo gestiones para reubicar los Juzgados Mixtos Primero y Segundo de Distrito del Vigésimo Circuito del Centro de Tapachula, Chiapas, al Cefereso número 15 en Villa Comaltitlán, suscrita por el diputado Enrique Zamora Morlet e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México y la delegación de Coyoacán a realizar en apoyo de la Secretaría de Cultura federal y el INAH trabajos urgentes de apuntalamiento en el arco de piedra de Calzada del Hueso 139, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del PRI
- Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CFE a implantar medidas extraordinarias para facilitar el pago de adeudos por concepto de electricidad en el sur-sureste del país, suscrita por el diputado Enrique Zamora Morlet e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedatu a solucionar la problemática de asentamientos humanos irregulares en terrenos ejidales de Pomuch y Champotón, en Hecelchakán y Champotón, Campeche, a cargo de la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, Adriana del Pilar Ortiz Lanz, Diputada Federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la Camara de Diputados del H. Congreso de la Unión, la presente Proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a fin de solucionar la problemática de regularización de asentamientos humanos irregulares en terrenos ejidales de Pomuch y Champotón, en los Municipios de Hecelchakán y Champotón del Estado de Campeche, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Los problemas de la tenencia de la tierra no sólo han persistido por años en México, sino que han derivado en hechos que han afectado tanto a la economía como al bienestar social de las localidades, así como de las entidades federativas donde estos conflictos se suscitan.
Los conflictos agrarios han estrechado la posibilidad de acceder al desarrollo económico y al mejoramiento de la calidad de vida de las familias por carecer de certeza jurídica en la tenencia de la tierra que les permita llevar a cabo con plenitud las actividades que realizan.
El entorno político, social y económico que enmarca a estas comunidades, preponderantemente indígenas, en ocasiones ha desencadenado conflictos y hechos violentos que tienen origen en esa incertidumbre jurídica.
Los estudiosos de este fenómeno concerniente al agro-mexicano distinguen dos factores fundamentales: los de tipo jurídico y administrativo y los que derivan de la interacción social.
En ambos casos, coinciden en que la mejor manera de solucionar los conflictos agrarios es instrumentando una estrategia de coordinación, eficaz y eficiente de las autoridades competentes, con base en las normas emanadas de la reforma agraria; es decir, aplicando la ley, pero sobre todo, con la oportunidad debida a fin de evitar que los conflictos se agraven.
Campeche, como el resto del país, no ha sido ajeno al problema de la tenencia de la tierra y la necesidad de su regularización.
Desde hace varios años, autoridades de los tres órdenes de gobierno han atendido tanto a quienes refieren ser dueños legítimos, pero no cuentan con la documentación jurídica que los acrediten, como a quienes cuentan con estos documentos, pero no tienen la posesión.
En todos estos casos, es importante resaltar el compromiso del gobierno del estado para impulsar las gestiones que permitan resolver el tema de regularización, siempre con absoluto respeto al marco jurídico vigente.
Como lo ha reiterado el gobernador, el Lic. Alejandro Moreno Cárdenas, Campeche es un estado seguro, tranquilo y con una excelente paz y estabilidad social que es necesario preservar, privilegiando el diálogo y la concertación.
Mantener la estabilidad y la paz social en nuestro país en un marco de certeza jurídica es y debe ser la responsabilidad y el compromiso de todos, sea cual sea el ámbito de ejercicio de nuestras facultades y atribuciones.
Sabedores de que la emisión de exhortos a dependencias de la administración pública federal se sustenta en el principio de cooperación entre los Poderes de la Unión, es por ello que se presenta esta Proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, toda vez que la problemática lo amerita no solo por la magnitud de la misma, sino por el tiempo que se ha padecido sin lograr una resolución firme.
Se busca la regularización de 64,973 hectáreas en los ejidos de Pomuch y Champotón, ubicados en los municipios de Hecelchakán y Champotón, respectivamente, ambos pertenecientes al Estado de Campeche.
El conflicto tiene sus orígenes desde hace más de una década y se ha ido agravando en los últimos años tal y como consta en documentos en los cuales se ha solicitado reiteradamente la regularización de los asentamientos humanos existentes, sin que hasta la fecha se haya dado solución a esta problemática por parte de las autoridades competentes.
Como se aprecia, esta problemática no es reciente y está debidamente sustentada en las diversas minutas de las reuniones en donde han intervenido pobladores de estas comunidades afectadas junto con representantes del Gobierno del Estado de Campeche, diputados locales, funcionarios de la SEDATU y legisladores federales.
Como hecho importante, tal y como se establece en minuta de trabajo con fecha 06 de junio de 2014, la SEDATU a través de su Dirección de Regularización de Predios de la Dirección General de Pago de Predios e Indemnizaciones, determinó que "existen elementos jurídicos suficientes para que la Secretaría participe y la posibilidad de que se encuadre como una propuesta tripartita con mezcla de recursos entre la Dependencia Federal, el Estado y los Posesionarios Irregulares". (SIC)
A partir de esa resolución se realizaron diversas gestiones ante la Delegación de la SEDATU en Campeche, así como ante la propia Dependencia en la Ciudad de México, sin obtener respuesta.
Dos años después, como consta en minuta de trabajo con fecha 07 de junio de 2016, la SEDATU a través de la Dirección de Programas Interinstitucionales manifestó la imposibilidad de contar con recursos vía el Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural, por sus siglas COSOMER, así como tampoco podía resolverse por la expropiación, y "que las únicas vías susceptibles a efectos de contar con recursos fiscales para solventar dichos problemas, pudieran ser en el tenor de sus facultades y funciones de la cámara de Diputados Federales, a efecto de incluirse en algún apartado en la Ley de Egresos, de igual manera pudiera ser por una sentencia por parte del Tribunal Agrario que obligara en su caso". (SIC)
Resulta relevante puntualizar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se asignaron recursos al Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (COSOMER) para los ejercicios fiscales de 2014, 2015 y 2016, por un monto de 471 millones 507 mil 900 pesos; 471 millones 507 mil 900 pesos; y 400 millones de pesos, respectivamente.
Es necesario señalar que este programa cambió su denominación a la que actualmente tiene: “Programa de Atención de Conflictos Agrarios”. Dicho programa se encuentra a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y sus objetivos son: solucionar conflictos agrarios en el medio rural; proporcionar certeza jurídica a la propiedad rural y a los sujetos agrarios, así como contribuir a reducir la conflictividad rural, preservar la paz social, ordenar el patrimonio campesino y mejorar las condiciones de vida de ejidatarios y comuneros del país.
Cabe destacar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, la Cámara de Diputados asignó al Programa de Atención de Conflictos Agrarios un recurso de 300 millones de pesos.
Por otra parte, se han llevado a cabo diversas reuniones en la Cámara de Diputados, desde donde, en mi carácter de Diputada Federal por el Estado de Campeche, he impulsado la atención a la problemática, recibiendo en 3 ocasiones a los involucrados y acompañándolos en 5 reuniones ante la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados, a las que he sido convocada.
He gestionado además, de manera oficial, recursos para el pago de indemnización por la expropiación de 64,973 hectáreas en los ejidos Pomuch y Champotón con motivo de su regularización, por la cantidad de $60´000,000.00 (Sesenta millones de pesos M.N.), mediante oficios CC/LXIII-197/2016, con fecha 21 de septiembre de 2016, dirigidos a la Titular de la SEDATU, por tratarse de un asunto de su competencia y al Presidente de la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados, para fines de su intervención en materia de gestión y apoyo para su incorporación al Presupuesto de Egresos de la Federación.
Estoy convencida de que para avanzar en la solución definitiva de esta problemática es necesario contar con la participación de todas las instancias y de todas las partes involucradas.
En Campeche, hemos continuado promoviendo, procurando y privilegiando el diálogo y la voluntad de todas las partes para mantener el entorno social en calma, inclusive durante las manifestaciones en el Estado y cuando han sido tomadas las instalaciones de la Delegación Estatal de la SEDATU.
Seguir demorando la solución, sin duda, generará un mayor y profundo encono social dentro de los núcleos de las familias de los indígenas y campesinos que habitan las localidades afectadas.
Es por lo antes señalado, que solicito respetuosamente poner a consideración de la honorable asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo de Urgente u Obvia Resolución
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que, en el ámbito de sus atribuciones, analice y, en su caso, lleve a cabo las acciones necesarias para solucionar la problemática de los asentamientos humanos en terrenos ejidales de Pomuch y Champotón, municipios de Hecelchakán y Champotón, respectivamente en el Estado de Campeche.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2017.
Diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción a evaluar y hacer público un informe con las recomendaciones necesarias para el debido cumplimiento del proceso de implantación del Sistema Nacional Anticorrupción, a escalas nacional y local, a cargo del diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El suscrito, Clemente Castañeda Hoeflich, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, mediante el cual se exhorta al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción para que realice una evaluación y haga público un informe que contenga las recomendaciones necesarias para el debido cumplimiento del proceso de implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, tanto a nivel nacional como de las entidades federativas, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
I. El 19 de julio del presente año entró en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), derivado de un conjunto de nuevas leyes e instituciones que contaron con el impulso y la participación de organismos de la sociedad civil, para replantear y configurar un diseño institucional que permita un mejor andamiaje para prevenir y combatir la corrupción.
Entre las características del SNA se encuentra la apertura de espacios colegiados para mejorar la coordinación de las instituciones responsables de observar y aplicar las leyes en materia de combate a la corrupción en sus tres órdenes de gobierno. Así mismo, se contempla la apertura de espacios de colaboración, seguimiento y supervisión por parte de la sociedad, a través del Comité de Participación Ciudadana, para evaluar, proponer e instrumentar medidas de observancia y aplicación general para todos los servidores públicos.
Sin embargo, a la fecha, algunas de las instancias que de acuerdo al nuevo diseño institucional conforman el SNA, aún se encuentran pendientes de designación, por lo que la debida implementación y correcta operación del mismo se encuentra retrasada y limitada.
La operatividad del Sistema Nacional Anticorrupción se sustenta en siete pilares legislativos:
1. Ley General de Responsabilidades Administrativas.
2. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
3. Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
4. Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.
5. Adecuaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
6. Adecuaciones al Código Penal.
7. Adecuaciones a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
La plena operación tanto de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, como de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa requiere del nombramiento de Magistrados en materia de responsabilidades administrativas. Si bien, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha previsto dar trámite a estos asuntos, lo cierto es que por falta de cumplimiento a los plazos establecidos para el nombramiento de los Magistrados especializados la puesta en marcha del SNA se ha visto incompleta por no contar con los servidores públicos e instituciones que el SNA prevé.
También, la plena operación de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, requiere del nombramiento del fiscal especializado en materia de combate a la corrupción, pues es uno de los funcionarios que por disposición constitucional conforma el Comité Coordinador del SNA.
Asimismo, el combate a delitos relacionados con hechos de corrupción requiere de una Fiscalía General de la República desvinculada de injerencias políticas, pues a la fecha del presente exhorto ya han transcurrido más de tres años y medio, desde el 10 de febrero del 2014, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Reforma Constitucional al artículo 102, mediante la cual se inscribió en la Carta Magna la Fiscalía General de la República como un órgano público constitucional autónomo, desvinculándolo la subordinación y adscripción al Ejecutivo federal.
Por ello, desde el primero de diciembre de 2016, ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, han expresado su preocupación y exigencia para la implementación de un óptimo y verdadero proceso de transformación de la Procuraduría General en Fiscalía General de la República, proponiendo: Autonomía, perfiles idóneos del personal, recursos presupuestales y la garantía de continuidad de los acuerdos alcanzados independientemente del proceso de sucesión en la Presidencia, para la transición de la Procuraduría General de la República (PGR) a la nueva Fiscalía.1
II. El Comité de Participación Ciudadana es de las instancias más importantes del Sistema Nacional Anticorrupción: es un órgano ciudadanizado y el que preside el Comité Coordinador del Sistema. Lamentablemente, la clase política no le da dado su lugar, y hoy este Comité les ha resultado incómodo, como se ha observado en diversos casos.
En cuanto a la armonización y sujeción normativa de las entidades federativas, el 7 de agosto de 2017 el Comité de Participación Ciudadana promovió dos juicios de amparo. Uno tiene por objeto que un juez federal obligue a los estados que incumplieron con reformar sus respectivos marcos normativos para adecuarlos a la Constitución Federal y a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, y un segundo amparo dirigido en contra de las leyes locales de responsabilidades administrativas que han generado incertidumbre.2
Con base al seguimiento del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), al cierre del plazo constitucional, 18 de julio de 2017, para que las entidades federativas establecieran las reformas constitucionales necesarias para implementar sus respectivos Sistemas Anticorrupción Locales, se identificó que 31 estados contaban con reformas constitucionales: 22 consideradas como satisfactorias, 8 regulares y 1 deficiente (Baja California), para esa fecha sólo Chihuahua permanecía sin una reforma constitucional, con una iniciativa de reforma constitucional satisfactoria.
Asimismo 29 estados contaban con una Ley del Sistema Local Anticorrupción: 21 satisfactorias y 8 regulares, Tlaxcala permanecía con una iniciativa de ley satisfactoria; Chihuahua y Veracruz no tenían propuestas para diseñar sus Sistemas Locales Anticorrupción.3
Lo anterior evidencia la presencia de rezagos y contratiempos en la implementación de las leyes del SNA en las entidades federativas, por lo que resulta urgente impulsar la debida implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, de la mano de la instancia de participación ciudadana con la que se cuenta, que es el Comité de Participación Ciudadana, que ha dado muestra y ejemplo de su compromiso con el combate a la corrupción y con el nuevo modelo institucional que se configura alrededor del naciente Sistema Nacional Anticorrupción.
III. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, el Comité de Participación Ciudadana cuenta con atribuciones para opinar, proponer, evaluar y dar seguimiento al funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, como se constata a continuación:
Artículo 21. El Comité de Participación Ciudadana tendrá las siguientes atribuciones:
...
V. Acceder sin ninguna restricción, por conducto del secretario técnico, a la información que genere el Sistema Nacional;
VI. Opinar y realizar propuestas, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, sobre la política nacional y las políticas integrales;
...
X. Opinar o proponer, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, indicadores y metodologías para la medición y seguimiento del fenómeno de la corrupción, así como para la evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas de la política nacional, las políticas integrales y los programas y acciones que implementen las autoridades que conforman el Sistema Nacional;
...
XV. Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, la emisión de recomendaciones no vinculantes;
XVI. Promover la colaboración con instituciones en la materia, con el propósito de elaborar investigaciones sobre las políticas públicas para la prevención, detección y combate de hechos de corrupción o faltas administrativas;
XVII. Dar seguimiento al funcionamiento del Sistema Nacional,
Por lo expuesto, se somete a consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción a que realice una evaluación y haga público un informe sobre el proceso de implementación del Sistema Nacional Anticorrupción tanto a nivel nacional como de las entidades federativas, considerando las recomendaciones necesarias para el debido cumplimiento de dicho proceso.
Notas
1 Expansión. 4 peticiones de 67 líderes para la transición a la Fiscalía General. 1 de diciembre de 2016. http://expansion.mx/nacional/2016/12/01/4-peticiones-de-67-lideres-para -la-transicion-a-la-fiscalia-general
2 Amparos presentados por el CPC en relación a los sistemas locales anticorrupción y leyes locales de responsabilidades administrativas. 11 de agosto 2017.
http://cpc.org.mx/2017/08/11/
amparos-sistemas-locales-anticorrupcion-y-leyes-locales-de-responsabilidades-administrativas/
3 Imco. Semáforo Anticorrupción al cierre del plazo constitucional. 19 de Julio 2017.
http://imco.org.mx/temas/semaforo-anticorrupcion-al-cier re-del-plazo-constitucional/
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2017
Diputado Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a agilizar las acciones relativas al regreso a clases para garantizar el derecho humano de la niñez a la educación, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Los Diputados Federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En las últimas décadas hemos sido testigos de un marcado aumento de los desastres naturales, ya sea provocados por la huella ecológica que el hombre ha impreso en el medio ambiento, así como por fenómenos que están fuera de nuestro control, propios de nuestro planeta en el contexto de su evolución geológica. Tales catástrofes son impredecibles dadas sus características, pero en cierta medida comparten un alto potencial de destrucción material y humana.
Nuestro país no es ajeno a este tipo de situaciones, dadas sus condiciones geofísicas; nos encontramos en una región que año con año presenta fenómenos meteorológicos devastadores, además de contar con un alto índice de riesgo sísmico, lo que provoca periódicamente afectaciones en nuestra comunidad educativa.
Esta situación nos obliga a plantear una estrategia integral y efectiva para los responsables de planificar y atender las emergencias.
Para efectos del presente exhorto, haremos hincapié en lo que respecta a las afectaciones que sufrió la comunidad educativa que se derivaron de los sismos ocurridos el pasado mes de septiembre en nuestro territorio.
De acuerdo a cifras publicadas por la Secretaría de Educación Pública, son 2 mil 646 escuelas las afectadas en Chiapas y Oaxaca por el primer terremoto;1 para el caso de la Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo Michoacán y Tlaxcala, la cifra final fue de 16,136 centros educativos dañados en el segundo fenómeno telúrico que sufrió nuestro país.2
De lo anterior, destaca que en Oaxaca existen 177 planteles con afectaciones severas en Oaxaca y 78 en Chiapas. Por su parte, en los estados de la región centro de nuestro país se reportaron 10,797 escuelas con daños menores, 5,063 que requieren de reconstrucción parcial y 276 que serán reconstruidas en su totalidad
En este sentido, el Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, informó en días pasados que el regreso a clases y la reconstrucción de escuelas tras los eventos ocurridos el 7 y 19 de septiembre se hará en tres fases para salvaguardar la integridad de las y los niños, las cuales consistes en la revisión de la infraestructura educativa; la reubicación de los alumnos para que no vean detenida su formación académica y, por último, la reconstrucción de los planteles.
De la revisión de esta estrategia se despende que al momento las autoridades educativas de las entidades en las que continúa la primera fase del regreso a clases reportan que en Chiapas han regresado a clases 1.6 millones de estudiantes, lo que representa el 88 por ciento del total de alumnos; por su parte, en el Estado de México retomaron sus actividades 2.8 millones estudiantes, lo que representa prácticamente el 70 por ciento de la matrícula estatal.3
En Morelos han regresado a clases 167 mil estudiantes, lo que significa el 30 por ciento del total de alumnos. En Oaxaca, 916 mil estudiantes también están en clases, lo que representa el 76 por ciento del total de la matrícula estudiantil de la entidad. Por último, en Puebla se han reincorporado a clases 1.8 millones de estudiantes, lo que constituye el 86 por ciento del total de alumnos.4
Sin embargo, como podemos observar, aún falta que decenas de miles de menores regresen a sus aulas para continuar con su educación, y asegurar su formación.
Además de poner en riesgo el derecho de las y los niños a acceder a una educación, esta situación también propicia distintas complicaciones de índole personal y social. En primer lugar, podrían derivar problemas psicológicos; al respecto, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) recomendó que el regreso a clases por parte de las y los niños deba ser inmediato para superar un posible trauma.
En segundo término, representa una situación compleja para los padres de familia que tienen la necesidad de salir a trabajar y no cuentan con el apoyo necesario para el cuidado de los menores. Esta situación dificulta la vida laboral de los tutores, ya que la incertidumbre de la situación de sus hijos aumenta su estrés y merma su productividad.
Si bien el Secretario Aurelio Nuño ha notificado que a más tardar el 6 de noviembre del presente se normalizará de manera completa el regreso a las aulas de los alumnos afectados, la presente propuesta reside en solicitar de la manera más atenta que se agilice, sin que esto represente un riesgo para nuestra niñez, los procesos ya establecidos para cumplir con la meta señalada por la Secretaría de Educación Pública lo antes posible.
En Nueva Alianza reconocemos los esfuerzos por parte del gobierno federal y sus dependencias en cuanto a la atención que se ha brindado a la comunidad educativa para restablecer a la brevedad la normalidad. No obstante, les solicitamos acelerar estos procesos para poder garantizar el derechos de todos los niños en México a recibir una educación en los términos fundados en los principios y fines del artículo tercero constitucional.
Como legisladores tenemos la responsabilidad de desarrollar mecanismos en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por su interés superior.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, respetuosamente sometemos a consideración de esta H. Soberanía la siguiente Proposición con carácter de Urgente y Obvia resolución:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que, en el ámbito de sus atribuciones, agilice las acciones que se están emprendiendo respecto al regreso a clases en los planteles afectados a causa de los desastres naturales ocurridos durante el mes de septiembre, para así garantizar el derecho humano de la niñez mexicana a la educación
Notas
1 Secretaría de Educación Pública. (17 de Septiembre de 2017). “Comunicado 259.- Hay afectaciones en 2 mil 646 escuelas de Oaxaca y Chiapas, por sismo: Nuño Mayer”
Recuperado de https://www.gob.mx/sep/prensa/comunicado-259-hay-afectaciones-en-2-mil- 646-escuelas-de-oaxaca-y-chiapas-por-sismo-nuno-mayer?idiom=es
2 Secretaría de Educación Pública. (18 de Octubre de 2017). “Comunicado 313.- Para reconstrucción de escuelas no se pedirá cooperación a padres de familia, ni se requiere ajuste presupuestal...”
Recuperado de https://www.gob.mx/sep/prensa/comunicado-313-para-reconstruccion-de-esc uelas-no-se-pedira-cooperacion-a-padres-de-familia-ni-se-requiere-ajust e-presupuestal
3 Secretaría de Educación Pública. (18 de Octubre de 2017). “Comunicado 314.- Avanza el regreso a clases en Chiapas, Estado de México, Morelos, Oaxaca y Puebla”
Recuperado de https://www.gob.mx/sep/prensa/comunicado-314-avanza-el-regreso-a-clases -en-chiapas-estado-de-mexico-morelos-oaxaca-y-puebla?idiom=es
4 Ibídem
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 31 de octubre de 2017
Diputados: Luis Alfredo Valles Mendoza, Mirna Isabel Saldivar Paz, Luis Manuel Hernández León, María Eugenia Ocampo Bedolla, Carlos Gutiérrez García, Karina Sánchez Ruiz, Ángel García Yáñez, Jesús Rafael Méndez Salas, Franciso Javier Pinto Torres, Melissa Torres Sandoval, Carmen Victoria Campa Almaral, Angélica Reyes Ávila (rúbrica)Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a las autoridades que ejercen material o formalmente funciones ejecutivas en Baja California y el resto de la república a orientarse por los principios de certeza, legalidad, honradez, independencia, lealtad, imparcialidad, objetividad, eficiencia y profesionalismo al fallar en todo tipo de licitaciones y concursos públicos, alejadas de cualquier criterio electoral, de amistad y partidista, a cargo de la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del PES
La que suscribe, Cynthia Gissel García Soberanes, Diputada Federal, miembro del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social (PES) a la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás aplicables, someto a la consideración de esta H. Cámara de Diputados, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente a las autoridades que ejercen material o formalmente funciones ejecutivas en el Estado de Baja California y en toda la República Mexicana, a que se orienten por los principios de certeza, legalidad, independencia, honradez, imparcialidad, lealtad, objetividad, eficiencia y profesionalismo, al fallar en todo tipo de licitaciones y concursos públicos que se les presenten, alejándose por tanto, de cualquier criterio electoral, de amistad y de partido; a cargo dela Diputada Federal Cynthia Gissel García Soberanes, con base en las siguientes:
Consideraciones
En agosto 22 de 2014, se aprueba en el Estado de Baja California, la Ley Estatal de Asociaciones Publico Privadas, que permite que el sector privado participe de obras de infraestructura.
Sin avisar a nadie, el Gobernador del Estado de Baja California, licitó la construcción de dos plantas desalinizadoras, una en el poblado de San Quintín y otra en el municipio de Playas de Rosarito, endeudando a dicha Entidad Federativa por una suma inicial de NUEVE MIL MILLONES DE PESOS más IVA por los próximos 37 años.
El pretexto lo es, que el agua que llega del Río Colorado no es suficiente y que habrá escases del vital líquido en un futuro no muy lejano; por lo que, la única solución viable es la puesta en operación de dichas desalinizadoras, que ha entregado a Aguas de Rosarito, S. A. y a Desaladora Kenton, S. A., quienes además operarán el Sistema Integral Hídrico San Quintín, en el municipio de Ensenada. Lo que no dicen, es que se tiene garantizado el abasto por lo menos hasta el año 2028, según datos proporcionados por CONAGUA.
En ese tenor, también se intentó modificar la Ley del Agua mediante el Dictamen 57; sin embargo, se llevó a cabo la manifestación pública y popular más grande y auténtica que jamás se haya realizado en dicho Estado, por lo que al Ejecutivo Estatal y a los diputados del PAN, PRD y MC no les quedó otra más que dar marcha atrás a lo que ya habían aprobado.
Al quedarse sin sustento jurídico para tal despropósito, ya que los socios de las constructoras y operadoras de las desalinizadoras son amigos y socios del Gobernador en diversos proyectos, intentan aprobar el dictamen 95 que reduce de desalinizadora a desaladora el nivel de las empresas que han de ser construidas, pero al mismo costo y con mucho menos tecnología; quintuplicando la deuda del Estado con el único y perverso fin de vender el agua que viene del Río Colorado al Estado de California en los Estados Unidos de Norteamérica y dotar de esa agua con un alto contenido de sal a los habitantes de Baja California.
Tan ruin resulta la ansiedad por lograr el negocio, que en el propio dictamen 95 se estipula que el dinero será obtenido de recaudar el impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal y de aumentar en un 92% el valor de cada metro cubico de agua.
Además, se justifica tal dictamen por "Rentabilidad Social".
Por "Rentabilidad Social" se entiende, aquella actividad que provee más beneficios que pérdidas a la sociedad en general, independientemente de si se obtienen ganancias económicas o no.
Dicha obra millonaria, como ya se ha señalado, se otorga por el gobierno del Estado de Baja California, de extracción panista, bajo el esquema de Asociación Público Privada, a una empresa cuyos socios son amigos y parientes tanto del Gobernador como de diversos altos funcionarios del Estado, casualmente panistas al igual que el gobierno en turno, para ser construidas en una ciudad como Playas de Rosarito, también gobernada por el Partido Acción Nacional y en el poblado de San Quintín, donde toda la familia del Secretario de Fomento Agropecuario del Estado, tiene sus sembradíos.
Lo peor, aún sin la anuencia del Congreso Local, ya que las manifestaciones populares no han cesado, por lo que no se han atrevido a autorizar el dictamen respectivo, las compañías constructoras han iniciado los trabajos.
En consecuencia, al cobrarse un derecho por el uso del agua, el que además va a ser incrementado substancialmente, resulta imposible que esa obra tan necesaria sea de "RENTABILIDAD SOCIAL"; ya que no beneficia a la sociedad, tan sólo a los particulares que habrán de ser concesionarios.
Más aún, cuando existe la certeza de surtido hasta el año 2028.
La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, claramente establece en su artículo 47 primer párrafo, en relación con el numeral 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, principios sobre los que debe regirse el actuar de todo aquel que ocupa un cargo en la administración pública, como en éste caso lo son tanto el titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Baja California y el propio Gobernador; y entre otros destacan los de honradez, imparcialidad, lealtad, objetividad y profesionalismo.
En ese tenor, es claro que no han actuado siguiendo esos principios, máxime cuando la fracción XVI del propio diverso 47 de la normatividad citada reza:
"Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones....
XVI. Desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que el Estado le otorga por el desempeño de su función, sean para él o para las personas a las que se refiere la fracción XIII;"
De lo anterior se colige, que al momento que familiares y amigos tanto del Gobernador como de funcionarios públicos del Estado acuden a una licitación, como el tío del actual titular de la Secretaría de Fomento Agropecuario y Forestal, donde quienes deciden son miembros de su partido, con los que ha entablado una amistad y fraternidad, estos no actúan libres de prejuicios o intereses de cualquier índole, ni con independencia de criterio; por lo que no preservan la imparcialidad ni la objetividad a que se encuentran obligados.
Así las cosas, ni el Gobernador, ni el Titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado de Baja California, ni el titular de la Secretaría de Fomento Agropecuario, ni los Diputados del Congreso Local del PAN, PRD, MC y PT, actúan con lealtad ni para con los ciudadanos ni para con Baja California, ya que ponen su interés personal por encima de los intereses y de lo que puedan querer, sentir o decir los ciudadanos y la Entidad Federativa que representan.
A la par, al hacerlos merecedores de la obra, no están siendo imparciales ni objetivos al momento de asignárselas.
Aunado a lo anterior, al parecer en Baja California las autoridades correspondientes no conocen la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios, la que en sus artículos 6 primer párrafo, 8 primer párrafo y 13 penúltimo y último párrafo, ordena:
"Artículo 6.- El Gasto total propuesto por el Ejecutivo de la Entidad Federativa en el proyecto de Presupuesto de Egresos, aquél que apruebe la Legislatura local y el que se ejerza en el año fiscal, deberá contribuir a un Balance presupuestario sostenible."
"Artículo 8.- Toda propuesta de aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos, deberá acompañarse con la correspondiente iniciativa de ingreso o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto."
Artículo 13.- Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos, para el ejercicio del gasto, las Entidades Federativas deberán observar las disposiciones siguientes:
Tratándose de proyectos de Inversión pública productiva que se pretendan contratar bajo un esquema de Asociación Público-Privada, las Entidades Federativas y sus Entes Públicos deberán acreditar, por lo menos, un análisis de conveniencia para llevar a cabo el proyecto a través de dicho esquema, en comparación con un mecanismo de obra pública tradicional y un análisis de transferencia de riesgos al sector privado.
Dichas evaluaciones deberán ser públicas a través de las páginas oficiales de Internet de las secretarías de finanzas o sus equivalentes de los gobiernos locales;
Al quintuplicarse la deuda y ordenar se eleve el costo del agua al consumidor final hasta en un 92%, no se está pensando en obtener un balance presupuestario sostenible, aunado al hecho de que se pretende mandar todo lo recaudado por el impuesto sobre producto del trabajo, que actualmente es un remanente para el Estado y que sirve para obra pública.
Por lo tanto, la forma como se pretende obtener el ingreso para pagar la obra, vulnera directamente el bolsillo de los bajacalifornianos y golpea su economía; derivando en una baja en su bienestar, lo que es contrario a toda finalidad del Estado.
En ese orden de ideas, no se justifica ni por error, como es que conviene más el elaborar la construcción por conducto de una Asociación Público Privada y no, por conducto de un mecanismo de obra pública tradicional.
Es pertinente hacer notar, que tal actuar ha sido motivo de múltiples señalamientos por parte de la sociedad civil y medios de comunicación, tales como, La Jornada, que el 28 de septiembre de 2017 dedica una nota intitulada "En vilo, dos plantas desalinizadoras en BC". La Jornada, 22 de septiembre, cuyo rubro dice: "Kiko Vega dejaría BC mas endeudada que Chihuahua y Coahuila". La Jornada, 17 de septiembre de 2017, bajo el título "Desalinizadoras dispararían la deuda del estado: Diputado Osuna Millán".
Igualmente, Periódico El Norte, en su edición del 24 de octubre de 2017 publica: "Inician trabajos para Desaladora en BC".
Así mismo, el portal digital 4 Vientos, subió el 4 de febrero de 2017, la nota cuyo título dice: "El agua sí se negocia: Los decretos de Kiko Vega".
Por lo tanto, para evitar suspicacias futuras en asuntos similares, para otorgar claridad y certeza a todos los participantes de licitación pública en cualquier Entidad Federativa; es que me permito formular y proponer el presente punto de acuerdo.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía, como de urgente y obvia resolución, la aprobación de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Baja California y del resto de las Entidades Federativas, a que se orienten por los principios de certeza, legalidad, independencia, honradez, imparcialidad, lealtad, objetividad, eficiencia y profesionalismo, al fallar en las licitaciones y concursos públicos que se les presenten, tomando siempre en consideración a la población y al Congreso Local, alejándose por tanto, de cualquier criterio electoral, partidita o de amistad, considerando en todo momento la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de su Estado; a cargo de la Diputada Federal Cynthia Gissel García Soberanes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social (PES).
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2017.
Diputada Cynthia Gissel García Soberanes (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a diversas autoridades de la Ciudad de México a realizar investigaciones para deslindar responsabilidades por las supuestas violaciones de la normativa vigente en materia de construcción, edificación, remodelación y conservación respecto al sismo del 19 de septiembre de 2017, que tuvo como consecuencia la pérdida de decenas de vidas humanas y cuantiosos daños materiales y patrimoniales, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, Laura Nereida Plascencia Pacheco diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Como es de todos lamentablemente conocido, el día 19 de septiembre del presente año, un sismo de 7.1 en la escala de Richter sacudió a varios estados de nuestro país, resultando gravemente afectados la Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Morelos. Tal como lo relata José Gil Olmos:
El pasado martes 19, como hace 32 años, un sismo removió la Ciudad de México. Pero si en 1985 salieron afectados 2 mil 850 edificios y 15 mil viviendas tuvieron que ser derrumbadas, el reciente ha dejado hasta ahora un saldo de 3 mil 848 edificios con daños estructurales, muchos de fecha reciente y cuya construcción ha sido denunciada por ilegalidades cometidas supuestamente con el aval de instancias de gobierno local como la Secretaría de Desarrollo Urbano (Seduvi), el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y las jefaturas delegacionales.1
Es de resaltar que, después del sismo de 1985, se emitieron y perfeccionaron una serie de instrumentos jurídicos para garantizar la seguridad de las y los ciudadanos, donde destacan dos normas, la primera de ellas es la NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad,2 cuyo objetivo es “Establecer las condiciones de seguridad de los edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo para su adecuado funcionamiento y conservación, con la finalidad de prevenir riesgos a los trabajadores”.
Dicha Norma señala como:
5. Obligaciones del patrón
5.1. Conservar en condiciones seguras las instalaciones de los centros de trabajo, para que no representen riesgos.
5.2. Realizar verificaciones oculares cada doce meses al centro de trabajo, pudiendo hacerse por áreas, para identificar condiciones inseguras y reparar los daños encontrados. Los resultados de las verificaciones deben registrarse a través de bitácoras, medios magnéticos o en las actas de verificación de la comisión de seguridad e higiene, mismos que deben conservarse por un año y contener al menos las fechas en que se realizaron las verificaciones, el nombre del área del centro de trabajo que fue revisada y, en su caso, el tipo de condición insegura encontrada, así como el tipo de reparación realizada.
5.3. Efectuar verificaciones oculares posteriores a la ocurrencia de un evento que pudiera generarle daños al centro de trabajo y, en su caso, realizar las adecuaciones, modificaciones o reparaciones que garanticen la seguridad de sus ocupantes. De tales acciones registrar los resultados en bitácoras o medios magnéticos. Los registros deben conservarse por un año y contener al menos la fecha de la verificación, el tipo de evento, los resultados de las verificaciones y las acciones correctivas realizadas.
Sin embargo y, a pesar de que el 7 de septiembre del presente año, nuestro país había sido fuertemente sacudido por un sismo de 8.2 grados en la escala de Richter, dichas medidas de seguridad no se llevaron a cabo, poniendo en riesgo la seguridad, la integridad y la vida de miles de trabajadores que seguían laborando en esas condiciones de inseguridad.
La segunda Norma que es necesario destacar es la Norma Mexicana NMX-R-079-SCFI-2015 Escuelas-Seguridad Estructural de la Infraestructura Física Educativa-Requisitos. El objetivo de esta Norma es establecer los requisitos mínimos para el diseño estructural y construcción que deben cumplir las edificaciones nuevas, y para la revisión y rehabilitación, en su caso, de estructuras existentes. En dicha norma se concede, por su importancia, un apartado especial al diseño por sismo, donde se establecen de manera detallada y técnica los requisitos que los planteles educativos, públicos y privados, deben cumplir en esta materia. Asimismo, contiene un apartado para el Diagnóstico y reparación de estructuras existentes, donde se desataca lo siguiente:
16.2. Criterios generales para el diagnóstico, evaluación, modelado y análisis
16.2.1. Necesidad de evaluación
Se deberá revisar la seguridad estructural de una edificación cuando se tengan indicios de que ha sufrido algún daño, presente problemas de servicio o de durabilidad, vaya a sufrir alguna modificación, o bien, cuando se requiera verificar el cumplimiento del nivel de seguridad establecido en estas normas.
16.2.2. Proceso de evaluación
El proceso de evaluación deberá incluir:
a) Investigación y documentación de la estructura, incluyendo daños causados por sismos u otras acciones.
b) Si es aplicable, clasificación del daño en cada elemento de la edificación (estructural y no estructural) según su severidad y modo de comportamiento.
c) Si aplica, estudio de los efectos del daño en los elementos estructurales en el desempeño futuro de la edificación.
16.2.3. Investigación y documentación de la edificación y de las acciones que la dañaron
Información básica.
Se deberá recolectar información básica de la edificación y de las acciones que la dañaron; en particular se procurará:
a) Recopilar memorias, especificaciones, planos arquitectónicos y estructurales, así como informes y dictámenes disponibles.
b) Inspeccionar la edificación, así como reconocer su edad y calidad de la construcción.
c) Estudiar el reglamento y normas de construcción en vigor la fecha de diseño y construcción de la estructura.
d) Determinar las propiedades de los materiales y del suelo.
e) Definir el alcance y magnitud de los daños.
f) Tener entrevistas con los propietarios, ocupantes, así como con los constructores y diseñadores originales.
g) Obtener información sobre las acciones que originaron el daño, tal como su magnitud, duración, espectros de respuesta u otros aspectos relevantes.
Al menos, se debe realizar una inspección en sitio con el fin de identificar el sistema estructural, su configuración y condición. Si es necesario, se deben retirar los recubrimientos y demás elementos que obstruyan la revisión visual de la estructura.
16.2.4. Procedimientos de diagnóstico y evaluación
En este capítulo se reconocen tres niveles de diagnóstico y evaluación. En el proceso de diagnóstico y evaluación se deberá aplicar cualquiera de los siguientes procedimientos, según el nivel de evaluación requerido:
a) Nivel 1. Se refiere al diagnóstico y evaluación preliminares para establecer las condiciones actuales sobre la seguridad estructural de la INFE. En este nivel de evaluación se podrá utilizar una cédula que contenga la información necesaria para efectuar el diagnóstico y evaluación preliminares, dicha información podrá ser obtenida de manera visual en el sitio y/o a partir de la información del proyecto estructural y arquitectónico de la construcción existente. Al usar el Nivel 1 se determinará un índice preliminar de riesgo para ello podrá utilizarse el criterio propuesto en Ismael et al. (2013), o bien otro que sea aprobado para el mismo fin.
b) Nivel 2. Se refiere al diagnóstico y evaluación de las condiciones actuales sobre el nivel de vulnerabilidad estructural de las construcciones existentes ante la posible ocurrencia de algún fenómeno perturbador que aumente tal vulnerabilidad. En este nivel, además de la información obtenida para el Nivel 1, se deberá utilizar alguno de los métodos de análisis propuestos en la Sección
16.2.5 para verificar el desempeño de la construcción de interés ante el escenario supuesto que caracterice al fenómeno perturbador
c) Nivel 3. Se refiere al diagnóstico y evaluación de las construcciones existentes que tengan evidencia de experimentar, a corto o largo plazo, niveles de vulnerabilidad elevados que pongan en riesgo su integridad estructural. En este nivel, además de lo dispuesto en el Nivel 2, se podrán efectuar pruebas experimentales en los materiales o en la construcción de interés con el fin de reducir las incertidumbres en sus propiedades. En este nivel también deberán emplearse algunos de los métodos de la Sección 16.2.5.
Para una evaluación post-sísmica se podrán aplicar cualquiera de los tres niveles antes mencionados.
A pesar de que existe normatividad en la materia, es evidente que no se cumplió, y que esta inobservancia de la Ley implicó, lamentablemente, decesos de infantes y adultos que asistían a sus clases y centro de trabajo respectivamente, en condiciones de inseguridad, como lo ocurrido en el Colegio Enrique Rébsamen, del cual haremos especial referencia.
El caso del Colegio Enrique Rébsamen
Tal como lo señala Areli Villalobos,3 este colegio “operó desde su edificación en 1983 con un permiso de uso de suelo presuntamente apócrifo; uno de los directores responsables de Obra validó la seguridad del inmueble aun con un carnet caduco; no se ejecutaron en su totalidad las pruebas de carga; ya existían dos clausuras por nuevas construcciones sin autorización, y el Programa Interno de Protección Civil aún no estaba aprobado, entre otras observaciones”.
Lo que pone de relieve la situación irregular del funcionamiento de dicho colegio.
En la investigación realizada por Proceso, 4 se señala que la delegada de Tlalpan, Claudia Sheinbaum Pardo, entregó a los medios de comunicación una carpeta con los documentos que obran en la demarcación, que arrojan los siguientes datos:
En seguridad estructural
• El 26 de junio de 2014, la entonces directora de Manifestaciones y Licencias de la delegación Tlalpan, Julieta Cortés Fregoso, solicitó en el oficio DGODY/ DML/ 2014/ 1322 a la directora de la escuela y propietaria del predio, Mónica García Villegas, una evaluación del inmueble, así como una carta responsiva en la que se constatara el cumplimiento del edificio según el Reglamento de Construcciones para la capital. Cortés Fregoso escribió que “no existía suficiente evidencia teórica o experimental para juzgar de manera confiable la seguridad de la estructura”, por lo que además solicitó el resultado de las pruebas de carga aplicadas y las constancias de los directores responsables de obras y el corresponsable en seguridad estructural.
• La escuela, que ocupó los terrenos marcados con los números 11 y 19 de la calle Rancho Tamboreo, en la colonia Nueva Oriental Coapa, delegación Tlalpan, era considerada por el artículo 139 del Reglamento de Construcciones como una edificación del tipo A; es decir, que una falla estructural podría constituir un “peligro significativo”. Sin importar el riesgo del inmueble, la respuesta del 17 de julio de 2014 de los directivos del colegio fue la entrega incompleta del formato AU-17 firmado por el corresponsable de obra, el ingeniero Francisco Arturo Pérez Rodríguez. A su vez el ingeniero arquitecto Juan Mario Velarde Gámez –quien fungió como director responsable de obra– aseguró que la edificación contaba con todos los quipos y sistemas de seguridad para situaciones de emergencia.
Afirmaciones tras las cuales se emitió una constancia de la seguridad estructural del inmueble.
• Sin embargo, tres meses después, y sin dar más motivos de ello, el 17 de septiembre de ese año, la directora de Manifestaciones y Licencias insistió en una nueva entrega de documentos con los que se diera certeza de la seguridad del edificio escolar.
• Cortés Fregoso sólo indicó en el oficio DGODU/DML/2014 que los archivos entregados en julio no estaban completos, pues no existía referencia a la manifestación de construcción, a la cantidad de sótanos y algunos otros detalles del inmueble.
• Nuevamente, el cuerpo directivo respondió el 22 de septiembre de 2014 que la edificación ya había sido inspeccionada sin encontrar daños estructurales o reparaciones. En conclusión, sostuvo, “no existen defectos en la calidad de los materiales ni en la ejecución de la obra. El sistema estructural es el idónea para resistir las fuerzas estáticas y sísmicas”.
• Por esta misma razón el director de Obras no repitió las pruebas de carga en el edificio.
• El dictamen estuvo firmado otra vez por Mario Velarde Gámez, quien según consta en la copia de su registro ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) tenía licencia para operar de esa forma hasta el 31 de julio de ese año, es decir su permiso de director responsable ya estaba vencido. Sin embargo, el documento se entregó con una validación por cinco años.
• En esa materia no existe copia de alguna respuesta u observación de la delegación, tampoco algún otro documento de seguimiento. Claudia Sheinbaum recalcó que la autorización fue en la administración del perredista Héctor Hugo Hernández Rodríguez. Así, de no ser por el movimiento telúrico del 19 de septiembre, el Colegio Enrique Répsamen aún estaría calificado como “seguro”.
En uso de suelo
En la investigación de referencia5 se señala que uno de los documentos clave en la investigación del derrumbe del inmueble es el documento referente al uso de suelo, mismo que a la fecha no se encuentra en ninguna dependencia.
En la información proporcionada por la delegación sólo costa una licencia de construcción fechada en octubre de 1983 y en marzo de 1984. En los documentos se constata el permiso de la delegación para la construcción de un jardín de niños y dos departamentos en 2 mil m2. También de la edificación de oficinas y un salón de juegos. Esto según el uso de suelo 1372 del 1 de junio de 1983 del que no se anexa copia. La versión del titular del Invea, Meyer Klip Gervitz, es que el documento podría ser falso.
En la rueda de prensa la funcionaria detalló que el 29 de septiembre de 2016, a solicitud de una queja de vecinos, se llevó a cabo una visita de verificación en el inmueble, pues supuestamente no contaba con el uso de suelo requerido para albergar ahí una escuela.
El único documento que entregó Mónica García Villegas fue una constancia de uso de suelo fechado en 1993, que el Invea envió a la Secretaría de Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).
Esta última respondió que dicha constancia no se radica en sus archivos, acción tras la cual el Instituto de Verificación Administrativa interpuso una demanda penal ante la Procuraduría local (PGJ-CMDX) por la falsedad del documento, conminó a la directora del colegio a obtener un certificado de uso de suelo vigente que amparara el uso de suelo utilizado, e impuso una multa de 107 mil 448 pesos.
La repuesta de la institución educativa fue un amparo de nulidad presentado ante el Tribunal de los Contencioso Administrativo de la ciudad, cuya resolución favorable emitió un magistrado en enero de este año, dejando sin acción legal las medidas tomadas por el Invea, narró Klip Gervitz.
En este punto, el funcionario fue cuestionado sobre la facultad de la dependencia para imponer una sanción más grande. A ello respondió que debido a que las escuelas son consideradas en el artículo 35 de la Ley de Establecimientos Mercantiles como un “giro de bajo impacto”, únicamente se llevó a cabo una advertencia para que presentara el documento correspondiente.
“Un magistrado emitió la resolución en la que le dio la nulidad o la suspensión del acto a la verificación del Invea, con lo que evitó que se implementaran las medidas recomendadas. Nosotros únicamente verificamos por uso de suelo, que es la facultad que tenemos”, justificó.
En marzo pasado, el instituto a su vez impugnó la resolución del magistrado, del que no se dio su nombre ni alguna otra referencia. Antes del derrumbe ocurrido el martes pasado, el juicio seguía su proceso y la escuela operando con un uso de suelo presuntamente apócrifo.
Sin embargo, enfatizó Klip Gervitz, el proceso sólo operó para el predio del número 19, pues la denuncia ciudadana de 2016 únicamente fue de esa área.
Con todo, ninguna de las dependencias da razón de por qué una obra tan cuestionada pudo albergar un kínder, primaria y secundaria sin ninguna sanción.
Las investigaciones continúan y ahora se espera un dictamen del Colegio de Ingenieros Civiles de México, a petición de la delegada. El análisis podría dar luz de si la principal responsabilidad recaería en los directores responsable de obras y el corresponsable en seguridad estructural –certificados por la Seduvi–, al avalar una construcción que no cumplía con los requerimientos de ley. Por cierto, la Seduvi es la única institución que a la fecha no ha dado una versión oficial sobre el caso.
Nuestro país ha sufrido por los sismos, pero ha sufrido más por la negligencia de las autoridades; de los dueños de los edificios y o de las desarrolladoras inmobiliarias, de los patrones y/o dueños de las empresas y escuelas, que han privilegiado, por encima de los derechos humanos de las personas, su bienestar económico, colocando, por ese hecho, en peligro a quienes tenían y tienen la obligación de garantizarles un centro de trabajo o de estudio seguro.
Las violaciones a la normatividad vigente son múltiples, según lo expuesto por diversos medios de comunicación. Así, por ejemplo, el diario Reforma señala que “De los 186 muertos reportados en la Ciudad de México por el sismo de la semana pasada, al menos 165 fallecieron en inmuebles con un promedio de antigüedad de 43 años”. El mismo diario resalta que “Reforma acudió a 35 de ellos y confirmó que 25 de esos inmuebles tenían una antigüedad de entre 30 y 60 años”, haciendo referencia al Colegio Enrique Rébsamen, señala que tenía una antigüedad de 34 años y que además se han documentado fallas estructurales en la construcción y ampliación de la escuela.6
Por su parte El Universal señala que el terremoto del 19 de septiembre evidenció graves fallas en el proceso de construcción de edificios, que dejaron sin patrimonio a decenas de familias. Dice a la letra “El caso emblemático es el del complejo Residencial San José, ubicado en Zapata 57 y Tlalpan, colonia Portales. Tiene 24 departamentos en seis torres, con un valor entre 2.3 y 2.5 millones de pesos cada uno, y que apenas hace tres meses fueron entregados. Ahí seis departamentos se derrumbaron. La constructora Canada Building envió un correo electrónico a los dueños en los que informó que ‘por tratarse de eventos fortuitos de la naturaleza’ se deslindaba de cualquier responsabilidad y pidió realizar un nuevo peritaje”.7
El Heraldo de México menciona que la procuraduría capitalina indaga, desde el 8 de febrero del presente año, a la dueña del Colegio Enrique Rébsamen, porque operaba con papeles falsos, relacionados con el uso de suelo, en dicho colegio, indica el diario, murieron 19 niños y 7 adultos.
El semanario Proceso señala que, de acuerdo a estadísticas oficiales, en la Ciudad de México existe un déficit de un millón 350 mil viviendas y en los últimos siete años se han construido 300 mil. Pero no todas ofrecen garantía de seguridad y legalidad. La agrupación civil Obra Chueca, continúa el semanario, elaboró un mapa en el cual se aprecia que la mayor parte de los desarrollos inmobiliarios irregulares están en las delegaciones donde los sismos de 1985 y el reciente tuvieron mayor impacto: Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán y Xochimilco. Asimismo, nos indica que Ignacio Cabrera, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la Ciudad de México, denunció el lunes 18, el día anterior al del sismo, que los desarrolladores de vivienda destinan entre 30 y 50 por ciento total de los trámites a “mordidas” para las autoridades.8
Para terminar su estudio, Proceso indica que el Atlas de Riesgo de la Ciudad de México, es guardado por el gobierno capitalino casi hasta la secrecía de Estado. Dicho atlas contiene información especializada sobre el tipo de suelo en cada zona y los peligros que implica construir en algunos por la posibilidad de sismos, inundaciones, desbordamientos de ríos y otras catástrofes. Nos señala también que, al menos 113 ciudadanos han solicitado mediante la Ley de Transparencia que se les entregue dicho atlas, pero la Secretaría de Protección Civil, ha contestado que dicha información es de carácter reservado y que únicamente tendrán acceso a ella quienes acrediten interés jurídico.
Lo que resulta totalmente inaudito, ya que dicha información es de vital importancia para las personas que desean adquirir un bien inmueble, lo que coloca a la autoridad en el supuesto de acción por omisión, ya que dicho documento contiene la interpretación de un grupo de expertos que establece la probabilidad de que ocurra una catástrofe si se rebasan determinados límites y cómo se incrementa el grado de esos riesgos.
Los dos sismos que han golpeado a nuestro país han dejado grandes enseñanzas y muestras de solidaridad de las y los mexicanos, que son dignas de resaltarse, sin embargo, también ha demostrado una vez más, la ilegalidad en la que se desempeñan sus autoridades, en este caso las autoridades capitalinas, quienes han antepuesto el criterio económico a la seguridad de las y los habitantes de esta urbe, convirtiendo el desarrollo urbano en una cuestión discrecional, donde se otorgan permisos de construcción no basados en estudios de ingeniería y arquitectura, sino en el monto económico que se puede cobrar por el otorgamiento de dichos permisos. Es decir, detrás del supuesto desarrollo urbano se encuentran prácticas deshonestas y corruptas que han devastado materialmente a la ciudad capital y que ha cobrado la vida de decenas de personas inocentes que acudían ese, como todos los días, a sus centros de trabajo y/o estudio a desempeñar sus actividades y que fueron sorprendidos por el sismo, pero aún más por la negligencia de las autoridades quienes no les garantizaron su seguridad y su vida.
Por lo expuesto elevo a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Primero. De urgente u obvia resolución por el que se exhorta al jefe de gobierno, al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, al titular del Instituto de Verificación Administrativa, al titular de la Secretaría de Protección Civil y a las y los jefes delegacionales, todos de la Ciudad de México, a que, en el ámbito de sus competencias, emprendan lo siguiente:
I. La realización de las investigaciones necesarias, a efecto de deslindar responsabilidades, por las supuestas violaciones realizadas a la normatividad vigente en materia de construcción, edificación, remodelación y conservación, a todas y cada una de las construcciones que, con el sismo del pasado 19 de septiembre del presente año, presentaron daños estructurales y/o se derrumbaron, causando la pérdida de decenas de vidas y cuantiosos daños materiales. Y en el caso de encontrar responsabilidad se proceda conforme a derecho.
II. De manera particular, se realicen las investigaciones necesarias en el Colegio Enrique Rébsamen; que se solicité el peritaje respectivo, que el mismo se haga del conocimiento público y que; en su caso, se sancione conforme a derecho, a todas las personas involucradas (tanto a autoridades como a dueña y/o directora), en el funcionamiento irregular de dicho colegio, que provocó el derrumbe de parte de sus instalaciones y el deceso de 19 niños y 9 adultos.
III. De manera particular, se realicen las investigaciones necesarias a las constructoras y/o desarrolladoras inmobiliarias de los edificios derrumbados, colapsados y o con daño estructural y, en caso de encontrarse alguna irregularidad se proceda a: 1) que los dueños de las constructoras indemnicen a las personas afectadas, y 2) que se sancione conforme a derecho, tanto a autoridades como a dueños de las constructoras y/o desarrolladoras inmobiliarias, en virtud de que dichas irregularidades resultaron en el deceso de decenas de vidas y cuantiosos daños materiales.
IV. No se permita la demolición de ninguna edificación colapsada, si no se cuenta con el peritaje respectivo que permita deslindar causas y responsabilidades.
V. Que se solicite el peritaje respectivo a los dueños, directores o encargados de las construcciones colapsadas en el sismo del 19 de septiembre, respecto del sismo del 7 de septiembre, y en el caso de que se haya incurrido en responsabilidad se proceda conforma derecho.
VI. La realización de las investigaciones necesarias en los planteles educativos, respecto de la aplicación de los protocolos de evacuación correspondientes, y en su caso, se proceda conforme a derecho, en caso de que no se hayan aplicado correctamente.
VII. Se revise la legislación en la materia para garantizar la seguridad e integridad de las personas que acuden a sus centros de trabajo y de estudio.
VIII. Se haga de conocimiento público el Atlas de Riesgo de la Ciudad de México.
IX. Las demás que sean necesarias para salvaguardar la seguridad e integridad de las y los habitantes de la Ciudad de México.
Notas
1 Gil Olmos, José, “Los cimientos podridos del boom inmobiliario”, Proceso, México, 2017, número 2134, páginas 22-24.
2 NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad. Disponible en: http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-001.p df.
3 Villalobos Areli, Gil Olmos, José, “Rosario de irregularidades sale a la luz tras derrumbe del Colegio Rébsamen”, Proceso versión electrónica, México, 2017. Disponible en http://www.proceso.com.mx/505104/rosario-irregularidades-sale-a-la-luz- tras-derrumbe-del-colegio-rebsamen.
4 Ibídem.
5 Ibídem.
6 Reforma, 26 de septiembre de 2017.
7 El Universal, 26 de septiembre de 2017.
8 Gil Olmos, José, obra citada.
Palacio legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2017.
Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al CJF a llevar a cabo gestiones para reubicar los Juzgados Mixtos Primero y Segundo de Distrito del Vigésimo Circuito del Centro de Tapachula, Chiapas, al Cefereso número 15 en Villa Comaltitlán, suscrita por el diputado Enrique Zamora Morlet e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM
Quienes suscriben, diputado Enrique Zamora Morlet, y diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguiente
Exposición de Motivos
Actualmente el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 15 no cuenta con juzgado en sus instalaciones tras haber sido negada la apertura por parte del Consejo de la Judicatura Federal, instancia con la facultad para autorizar la creación de nuevos órganos.1
Lo anterior representa un peligro para la población de los municipios de Nuevo Brasil, Tuzatán, Huixtla, Huehuetán, Mazatán, Unión Miramar, Viva México y principalmente Tapachula, por ser la carretera número 200 el paso obligado para el traslado de reos del Cefereso número 15 hacia los Juzgados Mixtos, Primero y Segundo de Distrito en el Centro de Tapachula, lugar en donde se continúa con el proceso de audiencias en las que se dicta sentencia.
Cabe señalar que por el tipo de traslado de reos (vía terrestre) pueden darse las condiciones para que se presenten diferentes eventos como posibles fugas de reos o enfrentamientos armados, los cuales pondrían en peligro la integridad física de la población de los municipios antes mencionados, mismos que se encuentran a lo largo de los 60 kilómetros de recorrido.
El siguiente mapa muestra el recorrido que se lleva a cabo para el traslado de los reos de Villa Comaltiltlán, a los Juzgados Mixtos Primero y Segundo de Distrito de Tapachula, así como las comunidades que quedan expuestas:
La problemática antes citada se ve agravada por la localización de los Juzgados Mixtos Primero y Segundo de Distrito, ubicados en Calle Tercera Oriente 23, en el centro del municipio de Tapachula, en donde a escasos metros se encuentran lugares públicos, entre ellos escuelas, tiendas de autoservicio y plazas comerciales, además de estar ubicados en una avenida sumamente concurrida, lo cual expone a los ciudadanos de Tapachula a ser posibles víctimas de delitos o enfrentamientos, en donde a cada ingreso y salida de reos se aprecian operativos policiacos con armas de grueso calibre, lo cual hace sentir temor a los vecinos, por la presencia de reos de alta peligrosidad.
Ante tal situación, padres de familia de alumnos de las diferentes instituciones educativas, pero principalmente de las establecidas en los alrededores de los Juzgados de Tapachula, muestran total rechazo y miedo por la vulnerabilidad a la que quedan expuestos sus hijos, en su mayoría menores de edad, al existir la posibilidad de quedar en medio de enfrentamientos entre grupos criminales.
La intranquilidad por parte de los ciudadanos va en aumento tras el alza de los niveles de inseguridad en el Municipio de Tapachula, situación que comenzó con la operación del Cefereso número 15 en el año de 2015, centro del que son trasladados los reos. Tal inseguridad hace que el municipio sea percibido por parte de la población como altamente inseguro, según los datos que se muestran a continuación.
Cabe destacar que los habitantes de la zona, desde que tuvieron conocimiento del proyecto de instalación del Cefereso, se pronunciaron en contra de su puesta en operación ya que éste tiene una capacidad para albergar a 2 mil 500 internos de alta peligrosidad y a la fecha suman ya mil 630 reos, de los cuales un gran porcentaje aún se encuentra bajo proceso.
Es de resaltar que cuando se inició el proyecto de construcción y operación de dicho Cefereso, se planteó que sería una prisión para reos sólo del orden federal, ya sentenciados y de mínima peligrosidad; sin embargo, al Cefereso número 15 se han trasladado internos de los penales de Chiapa de Corzo, Tapachula, San Cristóbal de Las Casas, Huixtla, Villaflores, Acapetahua, Comitán, Pichucalco, Yajalón, Tonalá, El Amate, Ocosingo y Playas de Catazajá.
Cabe indicar, que algunos delincuentes de los trasladados al Cefereso multicitado, presentan cargos por tráfico de drogas, trata de personas, homicidio, secuestro, extorsión, robo con violencia, portación de armas de fuego, entre otros delitos; asimismo, debe destacarse que muchos de estos no pudieron permanecer en los penales de sus entidades de origen por los problemas que generaban al interior de los centros en los que se encontraban recluidos. Por otro lado, cabe puntualizar que una parte de los internos es procedente del norte del país, zona en la que actualmente la lucha contra el narcotráfico es más intensa, por lo que entre los cargos que les son imputados se encuentran: homicidio y narcotráfico, siendo reos de alta peligrosidad.3
En virtud de lo anterior, para procurar el bienestar de la población deben tomarse en cuenta los problemas y riesgos que se han descrito y que son derivados de la ubicación de los juzgados dentro del municipio de Tapachula Chiapas, lo cual representa un alto nivel de inseguridad para la población de los municipios que se encuentran sobre la carretera federal número 200, principalmente para los habitantes de Tapachula, destino de los traslados; razón por la cual, se hace necesaria la reubicación de los Juzgados mixtos Primero y Segundo de Distrito al Cefereso número 15 en Villa Comatitlán.
En virtud de lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo de la Judicatura Federal para que, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, artículo 81, fracción VI, lleve a cabo las gestiones necesarias para que sean reubicados los Juzgados Mixtos, Primero y Segundo de Distrito, pertenecientes al Vigésimo Circuito, ubicado en el Centro del Municipio de Tapachula, Chiapas, al Centro Federal de Reinserción Social número 15 en Villa Comaltitlán.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2017.
Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Enrique Zamora Morlet, Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Gálico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Samuel Rodríguez Torres, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Lorena Corona Valdés.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México y la delegación de Coyoacán a realizar en apoyo de la Secretaría de Cultura federal y el INAH trabajos urgentes de apuntalamiento en el arco de piedra de Calzada del Hueso 139, a cargo del diputado Benjamín Medrano Quezada, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado Benjamín Medrano Quezada, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Al sur de la Ciudad de México se encuentra la zona de Coapa, un rumbo que es conocido a nivel mundial por albergar dentro de su geografía al Estadio Azteca, inmueble que ha sido sede de dos campeonatos mundiales de futbol, los Juegos Olímpicos de 1968, los Juegos Panamericanos de 1975 y una interminable lista de eventos que abarcan desde conciertos y actos políticos, hasta peleas de box y liturgias católicas. Apenas el 27 de octubre, Paul McCartney estremeció con su música a cerca de 50 mil personas que asistieron al también llamado Coloso de Santa Úrsula, obra diseñada por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez.
Pero Coapa es más que eso. En lo que hoy es la Unidad Habitacional Narciso Mendoza se hospedaron los jueces y periodistas que arbitraron y cubrieron la justa olímpica. En sus plazas comerciales la gente se divierte y adquiere múltiples productos los fines de semana. Pericoapa, un bazar que se está extinguiendo de a poco para dar paso a un nuevo espacio comercial, es el vestigio de una forma de mercadeo que nació en los años ochenta del siglo pasado y que diera forma a un conocido éxito musical de aquellos años. Los salones de baile y restaurantes son un verdadero bullicio a partir de los viernes. Cada mes de octubre, las calles del antiguo pueblo de Santa Úrsula se visten de fiesta y en ellas bailan los chinelos, se come antojitos, se admira la pirotecnia que ilumina las noches y se le reza a la patrona del barrio. El primero de noviembre, la gente acude al viejo panteón para recibir a los difuntos y recordar que, en esa fecha, los muertos resucitan y los vivos mueren un poco.
Coapa no siempre fue así. Ubicada entre pedregales derivados de la explosión del volcán Xitle y la orilla del antiguo lago de Xochimilco, esta comunidad recibió dicho nombre de los pueblos nahuas, ya que en el lugar abundaban las culebras. Ahí existían pastizales, manantiales, arroyuelos y ciénagas. Tras la conquista y la desecación de los lagos, la zona fue destinada a labores agrícolas y pecuarias, manteniéndose así hasta los años ochenta del siglo pasado, cuando cerraron los últimos establos ubicados en las calzadas del Hueso y de las Bombas. San José y San Antonio fueron dos de las haciendas que se formaron durante la época colonial y cuyas edificaciones sirvieron en tiempos más recientes para la filmación de películas estelarizadas por actores de la talla de Luis Aguilar o del tristemente célebre género de “ficheras”. De hecho, las instalaciones de la actual preparatoria número cinco de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sirvieron en un inicio como estudios de cine, al igual que los Clasa, los cuales ahora albergan instalaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El 19 de septiembre pasado, Coapa fue herida de muerte en varios de sus puntos. El colapso de estructuras y los daños provocados hicieron caer a los pobladores en la cuenta de que la zona no es inmune a los movimientos telúricos. La tristeza y el dolor se apoderaron de la zona. Diversas plazas y centros comerciales han cerrado para dar paso a las labores de reconstrucción. Otros inmuebles más se encuentran a la espera de ser demolidos o reparados. Se cuentan por cientos las personas que han perdido su patrimonio. Las cicatrices son visibles en Prolongación División del Norte, Canal de Miramontes y la calzada del Hueso, en las colonias Nuevo Oriental Coapa, Floresta Coyoacán, los Girasoles y Prado Coapa. La tragedia quedará para siempre asociada al colegio Enrique Rébsamen, al Tecnológico de Monterrey, al edificio ubicado en Rancho del Arco.
El sismo no sólo acabó con la vida y el patrimonio de gente buena, de personas que vivían de su trabajo y que se habían asentado en Coapa con la esperanza de un futuro mejor. El movimiento telúrico también ha puesto en peligro el patrimonio cultural de la zona y la muestra más palpable de ello lo es el arco ubicado en el número 139 de la calzada del Hueso, colonia Ejido Viejo de Santa Úrsula Coapa, el cual se encuentra adjunto a lo que fueran las trojes de la hacienda de San José, mismas que habrían sido clasificadas desde hace varios años como monumento histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Dicho arco, el cual fuera construido probablemente en 1876, tiene aproximadamente unos diez metros de altura y está constituido de rocas volcánicas y ladrillo. Aunque la casa a la que fuera adosado en su extremo norte fuera segmentada desde hace varios años para ampliar la calzada del Hueso, lo cierto es que el arco no ha perdido su valor estético y es, actualmente, una construcción única en toda la ciudad, pues no se conserva otro de las mismas características ni que evoque la antigua tradición agrícola de algunas regiones de la urbe.
Tras el terremoto, el arco ha sido rodeado por cintas amarillas para evitar que la gente pase por debajo de él, pues el riesgo de colapso es más que evidente: una gran grieta lo recorre desde arriba hacia abajo, cayeron diversas piedras y el continuo paso de vehículos pesados puede terminar de derrumbar lo que el sismo no pudo. De ello han dado cuenta algunos medios de comunicación1 y lo cierto es que no se han realizado trabajos de apuntalamiento que impidan la caída de la construcción.
Los daños aquí referidos se suman a otros registrados como consecuencia de los terremotos del pasado mes de septiembre. Miles de edificaciones civiles y religiosas ubicadas en Chiapas, Oaxaca, Puebla, Morelos, México, Guerrero, Tlaxcala y la Ciudad de México han sufrido daños incalculables y en no pocos casos han colapsado. Todavía no se tiene la conciencia de la magnitud de las pérdidas sufridas, pero muchas comunidades han padecido el resquebrajamiento de inmuebles que coadyuvaban en su sentido de pertenencia, en su idea de identidad.
Derivado de esta situación, los Institutos Nacionales de Antropología e Historia y de Bellas Artes y Literatura, han emprendido acciones de rescate cuyos resultados, dadas las características de las edificaciones, tardarán años en reflejarse. De ello dio cuenta en este recinto hace apenas unos días la secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, quien refirió el tamaño del reto que tenemos frente a nosotros y de los requerimientos presupuestales necesarios para emprender el salvamento de nuestro patrimonio artístico e histórico.
El rescate del patrimonio cultural es urgente, toda vez que mientras más tiempo transcurra, el riesgo de mayores de daños puede hacerse realidad, esto debido a la fragilidad de algunas construcciones y a las inclemencias del tiempo. De no actuarse con prontitud, podrían perderse para siempre edificios, pinturas, retablos, esculturas y restos arqueológicos. Es un lujo que no podemos darnos, pues de ello depende no sólo la identidad de millones de mexicanos, sino la subsistencia de éstos, pues muchas personas dependen de los ingresos que proporciona el turismo, como, por ejemplo, en la Ruta de los Conventos del Estado de Morelos, por citar sólo un ejemplo.
En el caso del arco de Coapa, insistimos, se trata de una edificación única en la capital del país, pero también de una construcción que aún se está a tiempo de rescatar. No esperemos a que ocurra un colapso para remediar la situación. Es por ello que urgimos de la manera más respetuosa posible a las autoridades centrales de la Ciudad de México y a la delegación Coyoacán, para que, en apoyo al Instituto Nacional de Antropología e Historia, realicen labores de apuntalamiento en el multicitado arco, en espera de que los expertos de dicha institución pongan en marcha trabajos de rescate definitivos.
La presente petición se realiza de esta forma, en virtud de que el INAH se encuentra trabajando a su máxima capacidad en diversos puntos del país, a fin de restaurar los daños provocados por los sismos de septiembre, pero también porque dicho organismo ha venido trabajando de forma precaria, pues, incluso, su propia sede también fue afectada por el último terremoto. De igual forma, creemos que en una labor de esta magnitud debe conjuntarse el esfuerzo de instituciones y organizaciones sociales, pues lo que está en riesgo de perderse es un patrimonio de valor imposible de cuantificar. Diversas comunidades afectadas ya han puesto manos a la obra para apuntalar iglesias y con ello nos dan la muestra de cómo se puede trabajar en beneficio de nuestro acervo cultural.
El rescate del patrimonio cultural de Coapa requiere de metas mucho más ambiciosas, como el rescate y reapertura de la parroquia de Santa Rosa, la intervención en los muros de las trojes de la antigua hacienda para reparar los daños provocados por los grafiteros y el reacondicionamiento del antiguo casco de la hacienda de San José, pero por el momento nos conformamos únicamente con el apuntalamiento del arco. Estamos ciertos de que, si las autoridades locales apelaran a la generosidad de los empresarios de la zona, seguramente encontrarían una respuesta favorable para recibir apoyos para la puesta en marcha de esta acción que estamos proponiendo.
En virtud de lo anteriormente fundado y motivado, ponemos a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta al jefe del gobierno de la Ciudad de México y al jefe delegacional en Coyoacán, a efecto de que, en apoyo a la Secretaría de Cultura federal y al Instituto Nacional de Antropología e Historia, realicen trabajos urgentes de apuntalamiento en el arco de piedra ubicado en Calzada del Hueso número 139.
Nota
1 Consultado en <http://www.eluniversal.com.mx/especiales/cultura/2017/09/28/1005252 /nota/1031063/0/el-casco-de-la-ex-hacienda-coapa-victima-del-sismo>, el 30 de octubre de 2017 a las 8:50 horas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2017.
Diputado Benjamín Medrano Quezada (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CFE a implantar medidas extraordinarias para facilitar el pago de adeudos por concepto de electricidad en el sur-sureste del país, suscrita por el diputado Enrique Zamora Morlet e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM
Quienes suscriben, diputado Enrique Zamora Morlet y diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados someten a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) recientemente dio a conocer que alrededor de 740 municipios del país tienen adeudos aproximados de 50 mil millones de pesos, por el consumo de energía eléctrica, siendo los municipios correspondientes a la zona sur-sureste los que más registran la falta de pago.
En un comunicado, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) informó que la CFE dio a conocer la relación de adeudos al mes de agosto de 2016, luego de que se solicitara conocer el monto de los cargos.
La CFE en un inicio proporcionó datos en los que se detalló la deuda por zonas geográficas, para luego entregar el listado de todos aquellos estados y municipios que tienen adeudo por el servicio de energía eléctrica.
Entre los deudores del sur-sureste de México, encontramos los siguientes municipios1 :
Es así que se registran ocho estados con adeudos por servicio eléctrico en la región del sur-sureste, donde se concentra gran porcentaje a nivel nacional de la deuda de estados y municipios con la CFE, no sólo por parte de usuarios domésticos y comerciales, sino también por parte de gobiernos locales e incluso instituciones educativas.2
De acuerdo con información del IFAI, los estados del sur-sureste, principalmente Tabasco y Chiapas, acumulan un adeudo de 37 mil 360 millones de pesos.
Dicho monto representa 86.3 por ciento de la cartera vencida de más de 43 mil 321 millones de pesos de todo el país, lo cual ha generado importantes afectaciones financieras a la región, aun cuando ya se ha implementado una serie de estrategias, programas y convenios, con los cuales se busca el pago y la regularización de los usuarios.
Tabasco se coloca como el estado que mayores afectaciones genera a la CFE por su falta de pago del servicio, no sólo por parte de entidades gubernamentales, sino por usuarios finales. Según cifras de la CFE, esa entidad adeuda 10 mil 646 millones de pesos, cantidad equivalente a 24.6 por ciento del total nacional.
Por su parte, Chiapas es el segundo estado de la región sur-sureste con más deudas, las cuales ascienden a 3 mil 748 millones de pesos, seguido de Quintana Roo, con más de mil 150 millones de pesos.
En el caso de Guerrero, registros del IFAI, indican que el estado disminuyó su deuda con CFE durante el primer semestre de 2016, en términos nominales, esta reducción se da por primera vez después de ocho años y, de acuerdo a analistas, se prevé que continúe disminuyendo.
Para los estados de Veracruz, Campeche y Yucatán sucede algo similar, las deudas por el servicio eléctrico han decrecido hasta por 1.2 por ciento, teniendo como resultado una deuda a corto plazo, situación que les otorga mayor pertinencia para el pago total.
En el caso de los usuarios particulares es necesario trabajar en una cultura de pago oportuno y de cobros justos, es decir, llegar a consensos que convengan a ambas partes y con ello se pueda ayudar a la empresa a mantener su competitividad, de lo contrario podría generar un importante deterioro a sus finanzas.
Para el estado de Oaxaca es necesaria la implementación de una estrategia financiera que contribuya una subvención para la entidad y adquiera la deuda con CFE a corto plazo para que no represente mayor problema, de esta forma el estado podrá reducir los pendientes económicos que tiene arraigados.
Es importante considerar que para solucionar los adeudos de los estados y municipios es necesario un decreto federal, donde parte del presupuesto asignado a estos gobiernos sea retenido y entregado a la CFE de manera paulatina hasta cubrir la totalidad de las deudas.
Se debe trabajar en la creación de soluciones con los deudores mediante programas y convenios que permitan posibilitar los pagos, pues esta situación ha provocado que algunos estados enfrenten situaciones extremas, como cortes de energía eléctrica, o bien, falta de agua por no poder bombearla. Aparte de no tener presupuesto para subsanar del todo la deuda, en algunos casos los municipios se ven orillados a empeñar activos de uso colectivo, como camiones de basura, para obtener recursos y poder así abonar a la deuda, lo cual, sin duda, afecta la prestación de otros servicios en detrimento de la población.
Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad a implementar medidas extraordinarias para facilitar el pago de las deudas por concepto de consumo de electricidad de los estados y municipios pertenecientes a la región sur-sureste del país.
Notas
1 http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/cfe-entrega-a-ifai-cifras-sobre- deudas-de-municipios-en-electricidad-278
2http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/11/13/1127921 #imagen-3
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 31 de octubre de 2017.
Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Enrique Zamora Morlet, Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, José de Jesús Galindo Rosas, Daniela García Treviño, Edna González Evia, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Lía Limón García, Nancy López Ruiz, Uberly López Roblero, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Samuel Rodríguez Torres, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Francisco Alberto Torres Rivas, Claudia Villanueva Huerta.