Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT, la SHCP y Capufe a realizar acciones para reducir hasta en 50 por ciento las cuotas en la Autopista del Sol, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputadas y diputados Silvia Rivera Carbajal, Beatriz Vélez Núñez, Julieta Fernández Márquez, Ricardo Taja Ramírez, Salomón Majul González y Verónica Muñoz Parra del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional e integrantes de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1 fracción I; 62 numeral 2, 65; 76, numeral 1 fracción II; 79, numeral 1 fracción II y numeral 2, así como los artículos 79 numeral 2, fracción III, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo invocando respetuosamente el carácter de urgente y obvia resolución para exhortar respetuosamente a los titulares de la Secretarías enunciadas en el proemio de la citada proposición, al tenor de los siguientes

Antecedentes

En los últimos años el turismo con destino al estado de Guerrero, ha ido a la baja debido a múltiples factores entre los que destaca la inseguridad, fue a partir del año 2015 donde se dio la verdadera importancia y un cambio completo a la estructura turística en el municipio de Acapulco de la mano del gobierno estatal.

Lo que provocaron las anteriores administraciones estatales fue el efecto en que los viajeros ya sean nacionales o extranjeros, no tomaran como su opción principal de viaje los puertos y pueblos mágicos guerrerenses recurriendo a otros destinos turísticos en otras regiones del país para vacacionar.

Actualmente los tres órdenes de gobierno cooperan intensamente para impulsar estrategias encaminadas a garantizar la seguridad de las familias que vistan Acapulco, no perdamos de vista que el sector turístico es de gran importancia en la captación de recursos para las finanzas del Estado, el cual, es uno de los más golpeados por la pobreza a nivel nacional, es importante que las acciones con el objetivo de brindar seguridad, vayan acompañadas de una estrategia diseñada para generar flujo de paseantes, como lo son los descuentos en costos carreteros.

Si bien es cierto que Caminos y Puentes Federales (Capufe) en un esfuerzo por apoyar el sector turístico, ha ofrecido esporádicamente un descuento de hasta un 25 por ciento en el peaje de la Autopista del Sol de cara en los periodos vacacionales, sin embargo no es suficiente, el presente punto de acuerdo pretende motivar nuevamente el desplazamiento de los paseantes con un poder adquisitivo limitado a las atracciones turísticas que ofrece actualmente el estado de Guerrero, en especial el municipio de Acapulco.

Cabe destacar las acciones en beneficio del estado de Guerrero en materia turística, según el informe proporcionado por el Gobierno Federal con el objetivo de optimizar la seguridad y agilizar el movimiento de carga y pasajeros, se instalaron Sistemas Inteligentes de Transporte en diferentes carreteras de cuota, para que los usuarios de las autopistas realicen el pago de peaje, a través de telepeaje con un solo dispositivo TAG.

Dando como resultado el conteo de 1,370 carriles inter-operando en más de 350 plazas de cobro del país que disponen de este sistema, concluyéndose además la modernización tecnológica que permite la inclusión a la interoperabilidad de 10 autopistas entre las que destacan México-Acapulco. Además, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), durante septiembre de 2015 a agosto de 2016 se realizó mantenimiento en 1,230 kilómetros-cuerpo de la autopista México-Acapulco.

En conjunto con el Gobierno Federal en materia de seguridad, se puso en marcha el primer Centro de Atención y Protección al Turista en Acapulco, en el que participó la Policía Municipal, Protección Civil, Bomberos, Gendarmería, la Secretaría de Marina, Cruz Roja, Ángeles Verdes, entre otros. Lo que resultó hasta el momento 7,034 atenciones entre rescates acuáticos, asistencias médicas, mecánicas y turísticas, además de servicios de atención a quejas y fraudes.

Es decir, las cifras anteriores garantizan el bienestar y seguridad al turista que arriba al municipio de Acapulco tanto nacional como extranjero, volviendo como en un principio al municipio de Acapulco como uno de los primeros destinos turísticos, de esta manera impulsando la economía para la creación de empleos, impulso a la infraestructura y a miles de familias que viven del sector hotelero.

Cabe recordar que dicha autopista fue construida para convertir a Acapulco en un destino turístico de fin de semana favorito ofreciendo tiempos de traslado cortos para los habitantes de la zona central de México.

Con la intención de contribuir no sólo al fortalecimiento de la economía guerrerense sino también con la firme intención de impulsar la sana convivencia familiar y el tránsito de personas hacia uno de los Estados más ricos en cultura y tradiciones que todos debemos conocer.

Los Diputados guerrerenses, consideramos exhortar a las autoridades señaladas a fin de aplicar el cincuenta por ciento de descuento en la tarifa de las casetas de la Autopista del Sol, con el propósito de generar incentivos para incrementar el número de visitas al puerto, y de esta manera garantizar el desarrollo turístico y económico de nuestro estado.

Por todo lo anterior, sometemos a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único . Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretarías Comunicaciones y Transportes, de Hacienda y Crédito Público y a la Dirección General de Caminos y Puentes Federales en ejercicio de sus atribuciones, realicen las acciones que haya lugar a fin de reducir hasta en un cincuenta por ciento en las plazas de cobro por concepto de cuotas en la Autopista del Sol.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2017.

Diputados: Silvia Rivera Carbajal, Beatriz Vélez Núñez, Julieta Fernández Márquez, Salomón Majul González, Ricardo Taja Ramírez, Verónica Muñoz Parra (rúbricas).

Con punto de acuerdo, sobre el establecimiento de campañas informativas y de concienciación sobre la importancia de la educación financiera, la cultura del ahorro, los derechos de los consumidores financieros y demás datos necesarios para obtener las mejores opciones de financiamiento e inversión, a cargo de la diputada Karina Padilla Ávila, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Karina Padilla Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XX, 6, numeral 1, fracción I, y 79 numerales 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

El crecimiento económico mundial y regional obligan a fortalecer o crear mecanismos que permitan mayor desarrollo no solo en beneficio de las economías de los países, sino que éste permee a los individuos propiamente.

Es una realidad que a mayor progreso, mayor necesidad de conocer la forma responsable e idónea del manejo de las finanzas personales de cada individuo, para poder acceder a los beneficios de la oferta y demanda de mercados financieros, sin llegar a comprometer el patrimonio familiar.

A decir de la ONU,1 la economía mundial no ha logrado expandirse conforme a las perspectivas, pues para el 2016 solamente aumentó en 2.2 por ciento, la menor tasa de crecimiento desde la Recesión de 2009. Esto impacta significativamente en el poder adquisitivo de la persona, incluso en la cobertura de necesidades básicas para su bienestar y el de su familia.

Este panorama se vuelve todo un reto para los consumidores buscar alternativas para hacer frente a los gastos de la alimentación, educación, salud y otros servicios primarios esenciales para el hombre. Aunado a esta realidad, sumemos el poco o nulo conocimiento sobre educación financiera responsable, entendida ésta como “proceso de desarrollo de habilidades y actitudes que, mediante la asimilación de información comprensible y herramientas básicas de administración de recursos y planeación, permiten a los individuos: a) tomar decisiones personales y sociales de carácter económico en su vida cotidiana, y b) utilizar productos y servicios financieros para mejorar su calidad de vida bajo condiciones de certeza”,2 lo cual resulta invariablemente en mayores consecuencias y serías desventajas a la situación financiera del consumidor y por ende a la familiar.

México no se encuentra exento de esta problemática, al contrario, pues en la última década las entidades financieras han jugado un papel muy importante en la economía de la población; tan es así que en la última década, ha surgido sociedad financieras cuyo objeto las ha convertido en líderes mercantiles de préstamos personales al ofertar sus servicios con laxos requisitos que representan a simple vista la mejor opción.

Lo anterior derivado de que las instituciones bancarias solo atienden a un parte poblacional, dejando a otra parte sin mayores opciones crediticias, por lo que se ven en la necesidad de optar por préstamos que en mucho de los casos llegan a rayar en prácticas de usura legitimando tales actos a través de contratos con cláusulas abusivas que sin haber sido plenamente leídas y entendidas por el cliente, lo colocan en considerable desventaja económica y legal generando mayor endeudamiento del que tenía previo a adquirir el préstamo.

Cifras de la Condusef señalan que de “marzo de 2015 a julio de 2017, la Condusef ha revisado 4 mil 447 contratos, en los cuales se han encontrado mil 357 cláusulas abusivas; se han eliminado mil 219 y 138 se encuentran en proceso de eliminación”.3

Si bien dicha problemática se ha intensificado en los últimos años, no es reciente su surgimiento; tan es así que ya en otras legislaturas diversos diputados han levantado la voz en este sentido; pese a ello, no se ha logrado materializar al cien dicho objetivo.

Es innegable que ha habido avances en la tarea para concientizar, enseñar y alentar a la población a implementar mejores prácticas económicas que permitan cumplir con las obligaciones financieras a efecto de cubrir el capital y las tasas de interés que generan la adquisición de préstamos o créditos, para lo cual es esencial una educación financiera y cultura del ahorro.

El periódico El Financiero 4 abordó el tema y, al respecto, estableció en su nota que en México es escaso el conocimiento de productos financieros de ahorro, inversión, seguro y crédito, y a esta problemática se suman los millones de habitantes sin acceso al sector y la baja penetración de esta actividad en la economía.

Pese a la importancia que tiene la cultura financiera, en el país sólo 10 por ciento de las instituciones promueven programas de educación sobre los servicios y productos que ofrecen.

Reitero lo común que resulta ver que personas que contratan créditos con altas tasas de interés, que ahorran en instituciones no reguladas, que se encuentran sobreendeudadas, en cartera vencida, o bien que tienen su ahorro en Afores con una comisión muy alta y rendimientos por debajo del promedio, lo que a la larga afectará el monto de su pensión o deuda.

Estadísticas señalan que de los 45 bancos que operan en el país, sólo cinco promueven programas de educación, según reportes por el buró de entidades financieras.

Entre las instituciones que carecen de programas de educación financiera, están las casas de cambio, afianzadoras y uniones de crédito.

Cada persona es diferente; cada quien tiene objetivos, planes, acceso a algún tipo de financiamiento, distintas capacidades de ahorro, entre muchas otras cosas, por esto la Educación Financiera acompaña el crecimiento de cada individuo y genera conocimiento y confianza al momento en que se decide utilizar un producto o servicio financiero.

Celebramos que el Ejecutivo haya llevado a cabo del 2 al 8 de octubre del presente año, la Semana Nacional de Educación Financiera, con la cual se busca “sensibilizar a la población de la importancia de la Educación Financiera a través de la realización de actividades educativas que desarrollan las instituciones públicas, privadas y sociales, impulsando con ello una mejor administración de los recursos en los hogares; difusión de los derechos como consumidores financieros y aminorar los riesgos de sobreendeudamiento y mal uso de productos y servicios financieros”.5

Sin embargo, estamos convencidos de que falta concretar acciones coordinadas, homologadas e impulsadas desde los diversos ámbitos y niveles de gobierno a efecto de generar el engranaje cultural-financiero que de manera responsable deriven en una educación financiera plena, real e informada, que permita solvencia económica para cubrir necesidades básicas de toda personas y cultura de ahorro para gastos extraordinarios.

Desde el Legislativo y en plena congruencia entre el decir y el quehacer, es que resulta idóneo que en el Marco de este importante evento, nos sumemos haciendo un respetuoso exhorto para la difusión e implantación de campañas a nivel estatal y municipal respecto a la educación financiera y la cultura de ahorro.

Por todo lo expuesto someto a consideración de la asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos de la entidades federativas y de los municipios, para que en el ejercicio de sus atribuciones y considerando la reciente celebración de la Semana Nacional de Educación Financiera promovida por el Ejecutivo, se sumen a estos esfuerzos mediante la implantación de campañas informativas y de concientización sobre la importancia de ésta educación financiera, la cultura del ahorro, los derechos de los consumidores financieros y demás información necesaria para acceder a las mejores opciones de financiamiento e inversión.

Notas

1 Situación y perspectivas de la economía mundial 2017, página 2.

2 Definición de Bansefi extraída de la página web
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/83054/Educaci_n_Financiera.pdf

Consultada el 18 de agosto de 2017.

3 Información retomada del sitio web https://www.gob.mx/condusef/articulos/que-las-letras-chiquitas-no-sean- un-problema-en-tu-contrato?idiom=es Consultada el 18 de agosto de 2017.

4 http://www.elfinanciero.com.mx/economia/educacion-financiera-ausente-en -90-de-las-instituciones-en-mexico.html

5 https://eduweb.condusef.gob.mx/SNEF/index.html Consultada el 4 de septiembre de 2017.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2017.

Diputada Karina Padilla Ávila (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Zacatecas a investigar urgentemente el feminicidio de la estudiante de la preparatoria 1 de la UAZ Cinthia Nayeli Vázquez, a cargo del diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

El diputado Felipe Reyes Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los feminicidios se caracterizan por ser homicidios motivados por la misoginia, expresan situaciones extremas de violencia contra las mujeres y niñas con diversas formas de humillación, abandono, maltrato físico y emocional, hostigamiento y abuso sexual.

El artículo 325 del Código Penal Federal tipifica al feminicidio como: “Quien prive de la vida a una mujer por razones de género”.

En México los homicidios han sido uno de los problemas más graves identificados por la sociedad, desde 1997 hasta lo que va de 2017 se han cometido 322 mil 463 homicidios1 , 9 mil 581 han sido contra las mujeres, de los cuales mil 887 fueron tipificados como feminicidios2 .

En los últimos seis años más de mil 900 mujeres y niñas fueron asesinadas de forma violenta en México. Esto ubica a nuestro país, entre los 25 países con la mayor tasa de feminicidios del mundo.3

En el caso del estado de Zacatecas fueron 300 homicidios de mujeres cometidos del año 2016 a la fecha, de los cuales sólo 18 fueron tipificados como feminicidios y la mayoría no han sido esclarecidos.4

Muestra de ello tenemos el asesinato reciente de la joven de 16 años Cinthia Nayeli Vázquez, originaria del municipio de Loreto, alumna de la preparatoria 1 de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), quien al trasladarse a clases la madrugada del pasado viernes 13 de octubre fue violada y asesinada en la cabecera del municipio.5

La noche del domingo, la Procuraduría General de Justicia del Estado dio a conocer los avances de la investigación y resultados de la necropsia, calificando como feminicidio el asesinato de la alumna de la UAZ cuyo cuerpo fue encontrado la tarde del sábado.6

Tras darse a conocer la noticia el rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Antonio Guzmán, solicitó que este delito no quedará impune y pidió a la Procuraduría General de Justicia del Estado que trabaje en las distintas líneas de investigación.7

Aproximadamente 6 mil 500 alumnos, docentes y trabajadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), se manifestaron en las principales avenidas de la capital del estado, realizando una marcha de manera pacífica en la cual se exigía justicia por el feminicidio reciente de estudiantes de las unidades académicas de veterinaria y zootecnia, economía, derecho, ciencias de la tierra y especialmente por el caso más reciente de Cinthia Nayeli Vásquez, que cursaba la preparatoria, con este caso se suman 11 asesinatos de estudiantes de dicha institución.8

Ante el lamentable hecho, la Coordinadora de Estudiantes Becarios de la Universidad Autónoma de Zacatecas (CEBUAZ), exigió la pronta intervención de las autoridades competentes, ese acto criminal es muestra de la omisión que se ha tenido por parte del gobierno del estado para frenar los altos índices de inseguridad en Zacatecas, debido a que, en menos de un mes ya son dos los estudiantes de la Universidad Autónoma de Zacatecas asesinados.

Como podemos ver la inseguridad, la violencia e impunidad que viven hoy en día las mujeres son cada vez más alarmantes.

Por lo anteriormente citado me permito poner a consideración de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Zacatecas para que a través de la Procuraduría General del Estado investigue y aclare de manera urgente el feminicidio de la joven Cinthia Nayeli Vázquez, originaria del municipio de Loreto, Zacatecas.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Zacatecas para que de manera coordinada con la Universidad Autónoma de Zacatecas, refuercen las medidas necesarias para frenar y evitar la inseguridad en contra de los estudiantes en los campus de la institución.

Notas

1 http://www.reporteindigo.com

2 http://www.animalpolitico.com

3 http://www.animalpolitico.com/

4 http://www.jornada.unam.mx

5 http://ljz.

6 http://www.proceso.com.mx

7 http://www.proceso.com.mx

8 http://ljz.mx

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2017.

Diputado Felipe Reyes Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, a hacer uso del artículo 86 constitucional y presentar renuncia inmediata al cargo por los graves hechos de corrupción evidenciados en el caso Odebrecht, de cuyos recursos ilícitos se benefició en la campaña electoral de 2012, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Norma Rocío Nahle García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter ante esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión como de urgente u obvia resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA . La corrupción es uno de los principales problemas que laceran a la sociedad mexicana y vulneran el Estado de derecho. Frente a los sucesos de esta naturaleza que se han denunciado en nuestro país y en otras latitudes, las autoridades gubernamentales han sido ineficaces o se han coludido para mantenerlos en la impunidad. La corrupción que se produce en la esfera del gobierno federal es quizá la más preocupante por la magnitud del daño que produce al erario público y porque pone al desnudo grandes operaciones ilícitas en las que participan servidores públicos, responsables de conducir las instituciones del Estado.

Petróleos Mexicanos (Pemex) es un ejemplo notable de ello: hechos denunciados recientemente, derivados de la firma de grandes contratos otorgados por esta empresa productiva al consorcio brasileño Odebrecht involucran al actual Presidente de la República, quien, según una investigación independiente, recibió recursos ilícitos durante la campaña electoral de 2012.

En efecto, la ahora denominada empresa productiva del Estado Pemex, que a raíz de la contra reforma que privatizó nuestros recursos energéticos naturales fue reconvertida para competir con los inversores particulares en condiciones de desventaja, ha sido presa del saqueo sistemático de los gobiernos en turno. El escándalo de la empresa brasileña Odebrecht, ejemplifica un modus operandi que se ha utilizado para enriquecer a funcionarios y para poner a disposición de los partidos en el poder una fuente inagotable de recursos de origen ilícito, que utilizan en las campañas electorales como ha salido a la luz pública en diversos países donde la acción corruptora de la empresa brasileña se ha demostrado. En México, esos recursos pudieron utilizarse, además, para comprar el voto en las elecciones presidenciales pasadas.

SEGUNDA. Como lo ha sostenido el Grupo Parlamentario de Morena, apoyándose en fuentes periodísticas e investigaciones independientes Brasil es el punto de partida de todo el escándalo Odebrecht. Fue la Operación Lava Jato la que develó toda una inmensa red de corrupción en la que se encuentran involucrados funcionarios, políticos y empresarios brasileños. En lo que concierne al caso de Odebrecht, fue en Brasil en donde esta empresa realizó la mayor cantidad de sobornos, con un monto total de 349 millones de dólares entre 2003 y 2016. Varios altos funcionarios han sido señalados por Marcelo Odebrecht y 77 ex funcionarios de Odebrecht se han cobijado en acuerdos de colaboración para reducir los años en prisión.

Entre algunos funcionarios que se encuentran actualmente cumpliendo condena tras las rejas está José Dirceu, jefe de gabinete de Lula da Silva, y el cual fue condenado a 23 años de prisión; también el ex presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien fuese el artífice de la destitución de Dilma Rousseff, y el ex ministro de finanzas de Lula, Antonio Palocci, se encuentran cumpliendo condena tras las rejas.1 Cientos de funcionarios desde el presidente actual, la destituida Dilma Rousseff y el ex presidente Lula da Silva, hasta senadores, diputados y otros funcionarios, están siendo investigados por el caso Odebrecht.

Marcelo Odebrecht habría admitido ante la justicia brasileña que había financiado la campaña de Rousseff-Temer en 2014. Debido a las sospechas de financiamiento ilícito de campañas el pasado 01 de marzo el Tribunal Superior Electoral de Brasil citó a Marcelo Odebrecht para ser interrogado. Según las declaraciones que se filtraron en la prensa brasileña, Marcelo Odebrecht aceptó que su empresa había pagado 64 millones de dólares para la campaña de Rousseff y del vicepresidente Michel Temer en 2014. En sus declaraciones el ex CEO de Odebrecht aseguró que había conversado del tema con Temer en una cena; y otro ex ejecutivo de la empresa involucró al actual presidente de Brasil en el pedido de dinero a cambio de favores políticos. También en las declaraciones ante el Tribunal Superior Electoral, Marcelo Odebrecht admitió haber pagado 7.5 millones de dólares a Aécio Neves, entonces candidato a la presidencia de Brasil, hoy presidente del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).2 De comprobarse el financiamiento ilícito a la campaña de Rousseff-Temer, se iniciaría el proceso de anulación del mandato presidencial de Michel Temer.

TERCERA. Los orígenes del escándalo Odebrecht se remontan a 2014 cuando se difundieron los resultados de la investigación por lavado de dinero realizada por la Policía Federal de Curitiba, en Brasil, y la cual fue denominada como Operación Lava Jato . Las indagatorias de esta operación condujeron a Odebrecht, ya que uno de sus principales involucrados, Paulo Roberto Costa, aportó información que permitió establecer que grandes constructoras, entre ellas la mencionada brasileña, participaban en un sistema corrupto que implicaba a funcionarios de Petrobras y a tres grandes partidos políticos.

Las investigaciones realizadas en Brasil y por autoridades estadounidenses, revelan que los funcionarios de Odebrecht admitieron que entre 2010 y 2014 la empresa brasileña realizó el pago de 10.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos en México para asegurar la adjudicación de contratos públicos, y como resultado de ello Odebrecht obtuvo un beneficio de 39 millones de dólares. En un documento publicado en diciembre de 2016 por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se señala que, “por ejemplo, alrededor de octubre de 2013, Odebrecht acordó pagar un soborno a un alto funcionario de una empresa estatal mexicana a cambio de que el funcionario ayudara a Odebrecht a ganar un proyecto. Alrededor de o entre diciembre de 2013 y finales de 2014, Odebrecht, a través de la División de Operaciones Estructuradas, pagó al alto funcionario 6 millones de dólares”.

A partir de estas declaraciones y de los procesos judiciales respetivos, varios países procedieron a cancelar los contratos que tenían con la empresa Odebrecht y sus filiales, lo que no ha ocurrido en México.

Aquí, apenas el 16 de febrero de 2017, la Procuraduría General de la República (PGR) acudió a una reunión de procuradores latinoamericanos convocada por la Procuraduría General de la República Federativa de Brasil, el objetivo de la misma fue la firma de un acuerdo de cooperación jurídica internacional contra la corrupción a fin de dar seguimiento a las investigaciones y acciones penales contra Odebrecht y sus filiales. Entre los compromisos asumidos por los fiscales y procuradores generales está el de “Insistir en la recuperación de activos y la reparación integral de los daños causados por los ilícitos, incluyendo el pago de multas, según la legislación de cada país”.

Después de revisar las acciones que se han tomado en otros países tanto como consecuencia de la Operación Lava Jato, como del escándalo de Odebrecht se evidencia que México ha quedado rezagado. Mientras en otros países, entre las primeras medidas tomadas se encuentran la investigación y auditoría de los contratos, la cancelación de contratos y la confiscación de bienes a Odebrecht y filiales y consorcios liderados por Odebrecht a los cuales se les haya adjudicados un contrato o proyecto; en México, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y Pemex solo han realizado declaraciones en el sentido de que se han iniciado las investigaciones. Al renunciar Raúl Cervantes Andrade al cargo de Procurador General, dio a conocer que la investigación que la dependencia realizaba sobre el caso había concluido; sin embargo, hasta la fecha, no se conocen los resultados.

En diversos comunicados de prensa la SFP ha señalado que se está realizando una auditoría transversal con relación a los contratos que la administración pública federal tiene con la empresa Odebrecht y sus filiales. El 20 de febrero del presente año, en un comunicado de prensa, la titular de la SFP, Arely Gómez, señaló que en un primer momento la Secretaría había solicitado a todos los órganos internos de control identificar los contratos suscritos con Odebrecht y sus filiales; y que una vez identificados los contratos se “suscribieron los documentos de trabajo que dieron inicio a una auditoría transversal sobre todos los contratos”.

CUARTA . A partir de una proposición con punto de acuerdo presentada por Morena, la Cámara de Diputados aprobó el 5 de abril de 2017, los siguientes resolutivos:

“ PRIMERO.- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a las autoridades federales, a Petróleos Mexicanos y sus empresas subsidiarias y filiales, a los gobiernos y Congresos de las entidades federativas y a los gobiernos municipales a que, en el ámbito de sus atribuciones determinen la procedencia de la nulidad, rescisión o revocación de todas las concesiones, contratos, proyectos de prestación de servicios y asociaciones público privadas otorgados a la empresa brasileña Odebrecht, S.A., sus filiales o subsidiarias y en su caso, rescindan y se abstengan de promover, realizar o suscribir cualquiera de los actos jurídicos antes mencionados con dicha empresa, en virtud de las diversas denuncias de actos de corrupción presentadas en su contra ante autoridades internacionales y nacionales y en las que se ha hecho pública la probable participación de servidores públicos mexicanos.

SEGUNDO. - La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Pública y a la PGR a que, en el ámbito de sus atribuciones, informe a esta Soberanía los avances de las investigaciones sobre el caso Odebrecht, así como la lista de todos los contratos que fueron suscritos entre Odebrecht, S.A., sus filiales o subsidiarias y la administración pública federal.

TERCERO. - La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita a Petróleos Mexicanos a informar a esta Soberanía el estado que guarda el contrato de gas etano denominado “Etileno XXI”, así como la situación que guardan las relaciones contractuales con Odebrecht, S.A.

CUARTO. - La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión instruye a la Auditoria Superior de la Federación a iniciar, dentro del ámbito de sus atribuciones, las investigaciones que resulten procedentes para revisar la legalidad de los contratos, concesiones, proyectos de prestación de servicios y/o asociaciones público privadas en la que haya participado o esté participando la empresa Odebrecht, sus filiales o subsidiarias.”

El pasado 15 de septiembre la Secretaría de Gobernación, remitió la respuesta de la Secretaría de la Función Pública a este acuerdo de la Cámara de Diputados. En donde solo se informó que se habían iniciado cuatro procedimientos administrativos sancionatorios (dos en contra de empresas filiales de Odebrecht y dos contra sus representantes legales) a través de las Unidades de Responsabilidades de PEMEX, referentes al contrato de obra pública en la refinería en Miguel Hidalgo; también se informó que se seguían analizando los contratos de Odebrecht y que en la etapa de investigación comparecerían los servidores públicos presuntamente involucrados. En dicha respuesta no se informó sobre el listado de los contratos celebrados entre Odebrecht, sus filiales o subsidiarias con la administración pública federal que la SFP empezó a revisar y a auditar desde febrero.

En comparecencia de la titular de la Secretaría de la Función Pública celebrada el 25 de octubre del año en curso, informó ante las comisiones unidas de Transparencia y Anticorrupción y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de esta Cámara, que los procedimientos administrativos sancionatorios por el caso Odebrecht se habían ampliado a ocho. Empero, también informó que la empresa había conseguido un amparo ante las actuaciones de la autoridad mexicana, lo que aplazaría las determinaciones que la dependencia pueda tomar al respecto. Malas noticias.

Así, a la fecha no se sabe cuál será el alcance de las investigaciones y auditorías que ha realizado la SFP a dichos contratos, ni cuáles son los contratos en donde se presumen existen irregularidades o indicios de sobornos. Tampoco si se podrá rescindir o revocar algún contrato o alguna concesión otorgada a Odebrecht o sus filiales.

QUINTA . El 18 de mayo se dio a conocer que Odebrecht México ofreció a la PGR un acuerdo de reparación económica y su colaboración para aportar la información en la indagatoria que lleve a cabo sobre los presuntos sobornos a funcionarios de Pemex. Trascendió, además, que Odebrecht pidió no utilizar contra sus empleados y ex empleados la información que revelen y “respetar la inmunidad que tienen ante la justicia de Brasil y los Estados Unidos”. La prensa recoge declaraciones de Carlos Requena, representante legal de la constructora brasileña en nuestro país:

“Lo que se está pidiendo es el acuerdo reparatorio en favor de la persona jurídica Odebrecht México, porque las personas físicas tienen ya un procedimiento penal y administrativo y civil en Brasil y Estados Unidos, donde ya han llegado a un acuerdo conciliatorio”... Son los que han estado declarando, cuya declaración o relato debe estar bajo la reserva en las investigaciones penales y administrativas, pero respetándoles a ellos su derecho a la no autoincriminación y, sobre todo, respetándoles la inmunidad, en virtud de tener ya procedimientos legales en Brasil”.

“¿Cuántas personas de Odebrecht México tienen un procedimiento en Brasil?”, se le cuestionó. “Eso lo sabe PGR. Lo que sí puedo decir es que esas personas están bajo el amparo del derecho a la no autoincriminación, el derecho a no ser juzgadas dos veces por los mismos hechos, al derecho de mantener la reserva en sus declaraciones y al derecho de inmunidad mientras mantengan un espíritu de colaboración en favor, en este caso, de las investigaciones en Brasil; seguramente, también en un futuro próximo en México”. De concretarse el acuerdo con Odebrecht México, sólo serían acusados penalmente los funcionarios y ex servidores públicos. Ante dicho escenario, el abogado rechazó que se genere impunidad al no imputar a los integrantes de la empresa. “La respuesta es que no puede ser entendido ni interpretado como favorecimiento de impunidad, sino todo lo contrario”, apuntó.

El día 7 de junio, nos enteramos que en sesión el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) ordenó a Petróleos Mexicanos entregar en versión pública todos los contratos, convenios y anexos que ha suscrito con la empresa brasileña Odebrecht y sus filiales.

La resolución del INAI fue recogida por la prensa de la manera siguiente:

“Por segunda ocasión en una semana, el Instituto revirtió la respuesta de la empresa productiva del Estado, que se ha negado a entregar los documentos argumentando varias cláusulas de reserva, las cuales han sido consideradas improcedentes por el INAI.

En una votación de mayoría de cuatro contra tres, el Instituto ordenó la entrega del contrato PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4-14, así como sus anexos y convenios modificatorios, que fue firmado en febrero de 2014 por Pemex y Odebrecht para el movimiento de tierras y conformación de plataformas para el proyecto de aprovechamiento de residuales para la Refinería Miguel Hidalgo Tula I.

En la sesión pública de este miércoles, con el mismo número de votos, el Pleno resolvió otras dos solicitudes de información, una de ellas referente al mismo contrato de la semana anterior y otra en la que se requirieron todos los contratos firmados del 2006 a 2016.

El 5 de abril pasado, Pemex subió a su página de Internet versiones públicas de todos los contratos que dijo haber firmado con Odebrecht y sus filiales, sin embargo, en ellos no están los convenios modificatorios ni los anexos, que es donde se detallan los alcances de cada contratación.

En todos los casos Pemex negó la entrega de la información argumentando que era reservada debido a que se están realizando investigaciones penales y administrativas, que los documentos contienen información que es parte de un proceso deliberativo y que contiene datos confidenciales.

La comisionada Patricia Kurczyn expuso que ninguna de las causales invocadas por Pemex es procedente debido a que se trata de contrataciones que por naturaleza son públicas y que los documentos no dan cuenta de las indagatorias que en su caso llevan a cabo la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Función Pública.

Odebrecht ha sido acusada en Estados Unidos y Brasil de haber dado sobornos en varios países, incluido México, para obtener contratos de obra pública”.

La noticia puso de manifiesto que la sociedad mexicana está atenta al proceso judicial abierto en Brasil contra Odebrecht y de funcionarios mexicanos por corrupción y exige que se llegue hasta las últimas consecuencias. Que no tolerará, como lo han insinuado los propios medios de comunicación que siguen el caso, más maniobras para aplazar al infinito la difusión de los nombres de quienes utilizaron a Petróleos Mexicanos para obtener beneficios propios.

SEXTA. El lunes 23 de octubre del año en curso, se reveló a través de diversos diarios de circulación nacional el vínculo PRI – Odebrecht para financiar la campaña del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto en 2012.

Con la finalidad de fundamentar lo antes expuesto, se transcribe parte de la información que se hizo del conocimiento público.

“Braskem, la filial petroquímica de Odebrecht, acompañó “de tiempo completo” la campaña presidencial de Enrique Peña en 2012, según Carlos Fadigas, ex director de la compañía.

Fadigas actualmente es testigo colaborador ante la justicia de Brasil para esclarecer el caso de corrupción internacional conocido como Lava Jato.

“Acompañamos de tiempo completo toda la campaña del PRI, del partido PRI, y del actual Presidente Enrique Peña Nieto.

“No sólo de él, sino también de su equipo”, expresó Fadigas en una reunión privada con inversionistas realizada en febrero de 2013, según consta en una transcripción del encuentro.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) obtuvo nuevos documentos que revelan que Braskem intervino durante la campaña de Peña con tres transferencias por 1.5 millones de dólares en total a Latin America Asia Capital.

Esta firma, ubicada en Islas Vírgenes, ha sido relacionada por testigos protegidos en Brasil con Emilio Lozoya Austin, quien se desempeñaba en 2012 como coordinador de Vinculación Internacional del candidato del PRI.

El 14 de agosto pasado, MCCI dio a conocer que, en plena contienda electoral de 2012, la constructora Odebrecht transfirió 3 millones 140 mil dólares en siete depósitos a la empresa ligada a Lozoya, en pago por supuestos favores.

Con los nuevos documentos, ahora se sabe que tres de esas transferencias provenían de Braskem, que en aquellos días construía la planta Etileno XXI en Veracruz en alianza con la mexicana Idesa.

Los documentos revelados por MCCI —que incluyen estados de cuenta de transferencias desde el Meinl Bank— fueron integrados a la carpeta de investigación FED/FEPADE/UNAI- CDMX/0001139/2017, que tiene abierta la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), cuyo titular fue recientemente removido de su cargo por el actual encargado de despacho de la PGR por hacer declaraciones precisamente sobre el caso Odebrecht.

“Ya hemos tenido conversaciones con el Gobierno de México, no sólo con el Presidente Enrique Peña Nieto, también con Emilio Lozoya, actual presidente de Pemex, y me parece que la dirección en la que quieren ir es muy coherente con la campaña”, dijo Fadigas a inversionistas en la reunión en la que reveló que Braskem había acompañado “de tiempo completo” al candidato priísta.

En la primera semana de abril de 2010, Peña, entonces Gobernador del Estado de México, viajó a Brasil para reunirse con Marcelo Odebrecht, y en octubre de 2011 -cuando ya se perfilaba como candidato presidencial- se agendó otra cita de ambos personajes en Toluca, de acuerdo con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

Ésta es la primera vez que se conoce de este segundo encuentro, el cual es mencionado en una cadena de correos electrónicos interceptados por la Policía Federal de Brasil.

Según estos correos, el 25 de octubre de 2011 Marcelo Odebrecht agendó una reunión de dos horas con Peña Nieto; ese mismo día voló de Toluca a Xalapa para encontrarse con el entonces Gobernador Javier Duarte y, por la noche, acudiría a la entrega de un reconocimiento que una fundación presidida por Cuauhtémoc Cárdenas le otorgó al ex presidente brasileño Luiz Inacio Lula Da Silva.

El día anterior visitó en Los Pinos al Presidente Felipe Calderón, en compañía de Carlos Fadigas, el director de Braskem. En dos días, Odebrecht se reunió con personajes de tres partidos (PRI, PAN y PRD).

Peña Nieto se volvió a encontrar con Marcelo Odebrecht en la ciudad de Querétaro el 12 de noviembre de 2012, a unos días de tomar protesta, de acuerdo con otra cadena de correos obtenida para esta investigación.

Por esos mismos días habló con Carlos Fadigas sobre el proyecto Etileno XXI, según relató el director de Braskem en otra reunión con inversionistas efectuada el 9 de noviembre de 2012, de cuya transcripción MCCI también tiene copia.

“Tenemos el pleno apoyo (para el proyecto Etileno XXI) no sólo del actual Presidente Calderón, sino que también hemos tenido contacto con el Presidente electo, Enrique Peña Nieto. Conoce el proyecto. Lo hemos discutido con él, y también apoya cien por ciento”, aseguró Fadigas en aquella reunión.

Apenas asumió la Presidencia, Peña Nieto se reunió de nuevo con Fadigas, quien actualmente está procesado en Brasil por corrupción.

En octubre de 2013, Peña tuvo una cuarta reunión privada con Marcelo Odebrecht en la residencia oficial de Los Pinos.

Las planillas de pagos de Braskem a la empresa ligada a Lozoya aparecen en un expediente de la investigación, en las que se detalla que un primer pago se efectuó el 23 de mayo de 2012 por 500 mil dólares a través del Meinl Bank de Antigua.

A los siete días (el 30 de mayo) hubo otra transferencia por 490 mil dólares, y una semana después (el 8 de junio) una más por 510 mil dólares. En suma, 1.5 millones en dos semanas.

Odebrecht utilizaba en cada transacción una clave o código con el que se identifica al supuesto operador de los pagos o sobornos.

En el caso de la empresa ligada a Lozoya aparece la clave “Salvador”.

Según el expediente, Luis Alberto de Meneses Weyll, quien durante siete años se desempeñó como director de Odebrecht en México, concertó un par de citas con Lozoya en marzo de 2012, justo cuando iniciaba la contienda electoral.

De acuerdo con su delación premiada rendida en diciembre de 2016, en una de las reuniones se acordó transferir cuatro millones de dólares a Lozoya, quien en aquel entonces no desempeñaba ningún cargo público y sólo colaboraba en la campaña.

Los depósitos se harían a dos empresas: Latin America Asia Capital Holding y Zecapan SA, ambas afincadas en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes.

...”.3

No obstante esta revelación, y de que el ex Procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, anunció que la investigación a su cargo estaba concluida, la sociedad mexicana no conoce los nombres de los principales funcionarios mexicanos implicados ni la acción de la justicia en su contra.

Los hechos de corrupción derivados del escándalo internacional que involucran a Petróleos Mexicanos y a la empresa Odebrecht, y vinculan ahora el Presidente de la República, obligan al Congreso de la Unión a pronunciarse con firmeza. Morena ha sostenido en diferentes momentos que la corrupción que impera en nuestro país es estructural y que parte de la cúspide del poder. Las nuevas revelaciones de la investigación ampliamente citada sólo confirman un hecho: la campaña electoral de 2012 fue intervenida por dinero ilícito proveniente de actos de corrupción a gran escala, perpetrados por la empresa brasileña Odebrecht en favor del entonces candidato de PRI, quien es directamente responsable y sobre el que debe recaer una consecuencia jurídica y política.

El actual Presidente de la República no tiene ya autoridad ética para conducir al país, ni garantiza la gobernabilidad que se requiere para atender los grandes problemas nacionales; los hechos graves de corrupción en que se encuentra involucrado y de los que se benefició, profundizarán su descrédito y su impopularidad, por lo que ya no tiene condiciones de seguir al frente de su encargo. Por ello, Morena le solicita que presente de inmediato su renuncia ante el Congreso, en virtud de que se ha configurado la hipótesis contenida en el artículo 86 constitucional, que considera su renuncia por causa grave como son los actos de corrupción denunciados.

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con las disposiciones invocadas en el proemio, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

ÚNICO . La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, a que haga uso del artículo 86 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y presente su renuncia inmediata al cargo, por los graves hechos de corrupción evidenciados en el caso Odebrecht, de cuyos recursos ilícitos se benefició durante la campaña electoral de 2012.

Notas

1 “Así nació (y crece) el escándalo Odebrecht en Brasil”. Semana . 30 de enero de 2017. Disponible en:

http://www.semana.com/mundo/articulo/escandalo-odebrecht -en-brasil-nacio-con-operacion-lava-jato/513829

2 “Expresidente de Odebrecht asegura que financió campaña de reelección de Rousseff-Temer”. Ecuavisa . 02 de marzo de 2017. Disponible en: http://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/internacionales/246611-expres idente-odebrecht-asegura-que-financio-campana y Gosman, Eleonora (2017). “Un testimonio de Odebrecht complica al presidente brasileño Temer”. Clarín . 02 de marzo. Disponible en: http://www.clarin.com/mundo/testimonio-odebrecht-complica-presidente-br asileno-temer_0_Hy7UXmU5e.html

3 Raúl Olmos, MCCI., “Revelan vínculo PRI-Odebrecht”, Diario Reforma, Cd. de México (23 octubre 2017). Disponible en: http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1240024&v=8

Salón de sesiones del Congreso de la Unión, 30 de octubre de 2017.

Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a endurecer las acciones y estrategias de obligatoriedad en el combate de la contaminación acústica en zonas urbanas del país, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Germán Ernesto Ralis Cumplido, diputado del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de acuerdo con lo fundamentado en el artículo 156 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a endurecer las acciones y estrategias de obligatoriedad para el combate de la contaminación acústica en zonas urbanas de la República Mexicana, en conjunto con las autoridades competentes en la materia, con base en lo siguiente

Exposición de Motivos

La contaminación acústica o auditiva es uno de los problemas ambientales más apremiantes (y menos regulados) que afecta a ciudades y zonas urbanas en la actualidad. La polución a través del sonido es un factor rezagado en la discusión contemporánea sobre los efectos de la contaminación en el bienestar social.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) identifica en el ruido excesivo el origen de múltiples padecimientos, incluidos la privación del sueño, el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y la aparición de síntomas psicofisiológicos en respuesta a los estímulos.1

En México, la contaminación acústica es ya un fenómeno bien documentado. La Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México la define como “el exceso de sonido, de ruidos que alteran las condiciones normales del ambiente y son generados por actividades humanas; [...] la cual produce efectos negativos en la salud de las personas”.2 Investigaciones que documentan su presencia en urbes mexicanas como la Ciudad de México,3 Guadalajara4 y Querétaro5 coinciden en el peligro que dicho fenómeno representa para quienes viven en estas ciudades.

La contaminación acústica, a diferencia de otro tipo de contingencias ambientales, presenta la notable situación de ser frecuentemente minimizada en sus consecuencias. A diferencia de, por ejemplo, la polución atmosférica, sus efectos sobre la salud son graduales y sensibles a distintas interpretaciones. Síntomas como la privación del sueño o la irritabilidad causada a su frecuente exposición pueden ser interpretados por quienes los padecen como efectos del estrés de la vida diaria, producto de faltas personales a la salud o sencillamente el resultado de otro padecimiento.6

Los efectos de la exposición constante al ruido pueden desencadenar con el tiempo, padecimientos de mayor gravedad e importancia que una simple mala noche de sueño. Existe evidencia sustancial para afirmar que quienes se encuentran (de manera constante y prolongada) expuestos a niveles elevados de ruido pueden desarrollar un estado de discapacidad similar a aquella causada por un padecimiento crónico de Hepatitis B.7 Adicionalmente, también es posible corroborar la existencia de una relación latente entre la exposición constante al ruido y el incremento en la incidencia de alta presión arterial, infracción del miocardio y riesgo de infarto cerebral.8

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que 55 decibeles es el límite recomendable de exposición sonora al aire libre , no debiendo excederse dicha cantidad por ningún periodo considerable de tiempo.9 La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en tanto, establece que los límites máximos permisibles para el territorio nacional no habrán de ser superiores a 68 decibeles durante el día y 65 decibeles durante la noche.10 Sin embargo, un sencillo registro de las condiciones sonoras en la Ciudad de México, zona urbana prototípica del país, basta para confirmar que el ciudadano promedio se ve expuesto a cantidades muy superiores de ruido, llegando a experimentar cifras de hasta 100 decibeles en puntos y horarios conflictivos .11

La normatividad existente plantea límites concretos a la emisión de ruido, sin embargo, la deficiente aplicación de la misma, permite que la contaminación acústica persista en gran parte de las zonas urbanas del país.

Justificado en lo anterior, propongo se exhorte a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a endurecer las acciones y estrategias de obligatoriedad para el combate de la contaminación acústica en zonas urbanas del país; procurando establecer puentes de comunicación con otras autoridades facultadas en la materia con el fin de impulsar soluciones concretas a esta problemática.

Considerandos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el párrafo quinto de su artículo 4o. que: “toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.12

El artículo 155 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en tanto, establece que “quedan prohibidas las emisiones de ruido, [...], en cuanto rebasen los límites máximos establecidos en las normas oficiales mexicanas que para ese efecto expida la Secretaría, considerando los valores de concentración máxima permisibles para el ser humano de contaminantes en el ambiente que determine la Secretaría de Salud. Las autoridades federales o locales, según su esfera de competencia, adoptarán las medidas para impedir que se transgredan dichos límites y en su caso, aplicarán las sanciones correspondientes”.13

Adicionalmente, el Artículo 156 de esta misma legislación también establece que “la Secretaría de Salud realizará los análisis, estudios, investigaciones y vigilancia necesarias con el objeto de localizar el origen o procedencia, naturaleza, grado, magnitud y frecuencia de las emisiones para determinar cuándo se producen daños a la salud”, y que “la Secretaría, en coordinación con organismos públicos o privados, nacionales o internacionales, integrará la información relacionada con este tipo de contaminación, así como de métodos y tecnología de control y tratamiento de la misma”.14

Es importante considerar que existen cuatro Normas Oficiales Mexicanas que detallan los límites máximos de emisión de ruido. La NOM-081-SEMARNAT-1994 establece los límites máximos de emisión de ruido para toda fuente fija,15 así como los estándares de medición con los cuales habrán de corroborarse. La NOM-080-SEMARNAT-1994, en tanto, provee información detallada sobre estos mismos parámetros aplicados a vehículos automotores en circulación, como lo son automóviles y motocicletas.16 Finalmente, la NOM-079-SEMARNAT-199417 y la NOM-082-SEMARNAT-199418 establecen, respectivamente, los estándares de emisión de ruido de vehículos automotores y motocicletas nuevos de fábrica. La existencia de estas normas, sin embargo, no significa una mejora considerable en el combate de la contaminación acústica. Una ejecución empobrecida y la falta de políticas complementarias en apoyo de la misma, han provocado faltas continuas y reiteradas de esta normatividad.

Por lo antes descrito, someto a consideración lo siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaria de Salud y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de acuerdo con lo fundamentado en el artículo 156 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a endurecer las acciones y estrategias de obligatoriedad para el combate de la contaminación acústica en zonas urbanas de la República Mexicana, en conjunto con las autoridades competentes en la materia.

Notas

1 Organización Mundial de la Salud. Noise . Copenhague. Oficina Regional para Europa – OMS. 2017.

http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and -health/noise/noise.

2 Secretaría de Protección Civil. Contaminación Acústica en la Ciudad de México . México. Gobierno del Distrito Federal. 2013. http://proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/swbcalendario _ElementoSeccion/169/CONTACUS.PDF.

3 Delgado, Diana. CDMX, Capital de los decibeles: El ruido en la ciudad supera el nivel recomendado por la OMS . México. Animal Político. 2016. http://www.animalpolitico.com/2016/09/decibeles-cdmx-ruido-oms/.

4 Muñoz, Montserrat. El Ruido me Enferma . Tlajomulco de Zúñiga. CONACYT. 2017. http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/salud/16211-el-ruido-me-enfer ma.

5 Pérez, Israel. Contaminación Acústica en México . Querétaro. CONACYT. 2016. http://www.conacytprensa.mx/index.php/sociedad/asociaciones/6672-concie ntizan-sobre-el-problema-del-ruido-en-mexico.

6 Organización Mundial de la Salud – Europa. Night Noise Guidelines for Europe. Copenhague. Oficina Regional para Europa – OMS. 2009. Pág. 42.

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/4331 6/E92845.pdf.

7 Ibid. Pág 96.

8 Munzel, Thomas; Gori, Tommaso; Babisch, Wolfgang; Basner, Mathias. “Cardiovascular Effects of Environmental Noise Exposure”. En European Heart Journal – Oxford Journals . Abril 1; 35 (13). Oxford. Oxford University. 2014. Pág. 829-836. Consultado en:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3971384/.

9 De Regil, Miriam. Contaminación Auditiva; Una Amenaza Creciente . México. El Financiero Bloomberg. 2014. Consultado en: http://www.elfinanciero.com.mx/mas/enfoques/contaminacion-auditiva-una- amenaza-creciente.html.

10 NOM-081-SEMARNAT-1994. Límite en Zona Comercial o Industrial. Para Zona Residencial el límite corresponde a 55 decibeles durante el día y 50 decibeles durante la noche.

11 Ibidem.

12 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 4o. Párrafo Quinto.

13 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Artículo 155. (Última Reforma: 24-01-2017)

14 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Artículo 156. (Última Reforma: 24-01-2017)

15 NOM-081-SEMARNAT-1994. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

16 NOM-080-SEMARNAT-1994. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

17 NOM-079-SEMARNAT-1994. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

18 NOM-082-SEMARNAT-1994. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2017

Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al despliegue de una campaña de difusión de las acciones emprendidas en las localidades de Oaxaca y Chiapas afectadas por el sismo del 7 de septiembre, a cargo de la diputada Karina Sánchez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La que suscribe, diputada Karina Sánchez Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2 y 79, numerales 1, fracción II y 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 7 de septiembre nuestro país fue azotado por un terremoto de dimensiones catastróficas. Este fenómeno natural de magnitud 8.2 grados sobre la escala de Richter, tuvo lugar en las costas de Chiapas, azotando al Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, dejando cerca de un millón 479 mil damnificados.

Ante esta situación, el presidente Enrique Peña Nieto informó que el gobierno federal implementaría tres ejes de acción para la atención y la ayuda de la población de Oaxaca y Chiapas: en primer lugar, dar la primera atención que comprende garantizar la alimentación, el resguardo y la atención médica de los afectados; en segundo término, se planteó realizar un censo para determinar los daños en viviendas, y por último, la reconstrucción.

A pesar de que nuestro país se encuentra en una zona de alto riesgo sísmico a nivel mundial, y lo que esto implica en cuanto a tener un plan de acción mejor articulado para atender estas emergencias, los hechos han demostrado que no estamos completamente preparados para afrontar este tipo de situaciones; en el último mes hemos sido testigos de diversos problemas de organización y falta de comunicación por parte de las autoridades delegadas para atender esta emergencia, lo que ha afectado la entrega de víveres a las familias afectadas, minimizado el apoyo de las entidades municipales, locales y federales, donde pareciera que no fluye este sustento y se obstaculiza un censo apropiado de los daños evitando desarrollar un proyecto que aborde de forma sistémica la problemática.

A poco más de un mes de este sismo que azotó el sureste mexicano, las primeras dos etapas han concluido en esta zona. Respecto de la segunda etapa que comprende el censo de los daños para la eventual reconstrucción a través del apoyo del gobierno y la inversión privada, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) publicó las cifras preliminares del Censo de Viviendas Dañadas por el Sismo del 7 de septiembre de 2017, un total de 121 mil 701 hogares dañados.1

Del total de las casas afectadas, la base de datos proporcionada por la Sedatu indica que en Oaxaca existen 63 mil 335 viviendas dañadas, siendo el municipio de Juchitán el más afectado, toda vez que ahí se concentra 23.5 por ciento (14 mil 918) de hogares perjudicados en el estado.2

Por su parte, en Chiapas se registran 58 mil 366 afectaciones en domicilios particulares, manifestándose Jiquilpas como el municipio más afectado con 5 mil 115 casas deterioradas.3

Haciendo a un lado la mala coordinación y ausencia de una estrategia de comunicación, lo que ha propiciado al momento un mal desempeño por parte de las entidades municipales y gubernamentales, existe un problema mucho más grande y a largo plazo: la reconstrucción de los daños ocasionados por este sismo.

Las cifras que nos arroja el Censo de Viviendas Dañadas nos llama a atender de manera adecuada las necesidades de los pobladores de esta región, en aras de salvaguardar su integridad física y patrimonial.

En este sentido, el presente exhorto radica en la idea de dotar a las comunidades afectadas en Oaxaca y Chiapas de toda la información necesaria para que éstas puedan llevar a cabo la reconstrucción de sus hogares de manera eficiente y sin contratiempos.

Si bien el gobierno ha implementado diversas acciones de difusión en cuanto a la atención que se brinda a estas comunidades, consideramos que esta estrategia no está bien dirigida; la publicidad de los esfuerzos realizados no está llegando a las personas que realmente requieren saber cómo pueden llevar a cabo los diversos trámites para recuperar sus viviendas.

Además, se ha difundido a través de la radio y la televisión, la ayuda que se está brindado a las comunidades afectadas por el terremoto del 7 de septiembre; sin embargo, tomemos en cuenta que una gran parte de los afectados pertenece a una población indígena y han perdido todo, quedándose incomunicados, y en el peor de los casos el gobierno está utilizando medios no convencionales ni tradicionales a la región como el internet y las redes sociales, a las cuales muchos tampoco tienen acceso.

Por lo cual, es necesario implementar los medios tradicionales como el perifoneo, anuncios caseros y letreros, todos éstos en su lengua materna, a fin de que las y los afectados tengan acceso a esta información.

Imagen tomada de la cuenta oficial de twitter de Presidencia

Asimismo, haciendo un recorrido por la zona de desastre es fácil notar que no existe autoridad alguna a la vista que pueda dar información y, en el mejor de los casos, auxiliar a las personas que requieren ayuda. En municipios como Juchitán, Oaxaca, donde la sede de gobierno se derrumbó, la gente no sabe dónde acudir para solicitar asistencia.

Además, la región del sureste representa un enorme reto para llevar a cabo esta labor de información y atención, debido a su riqueza cultural. En ella podemos encontrar diversas lenguas indígenas con sus variantes, entre las que destacan el mixteco, el zapoteco, el mazateco, el chinanteca, el mixe, el zoque y el amuzgo, aquí es donde la actual estrategia de comunicación y difusión de los apoyos está fallando, toda vez que existen comunidades y pobladores que no hablan español y solo hablan su lengua materna y no se está considerando esto para llevar a cabo las labores del gobierno.

Asimismo, el rezago social y educativo de la región propicia que muchos pobladores no sepan leer ni escribir, requiriendo de otra vía de comunicación, difusión e información, lo que ha dificultado la trasmisión de avisos para la consecuente asesoría.

Otro factor que ha entorpecido la atención en esta región tiene que ver con la transparencia y el acceso a la información, el gobierno informó que comisionó a funcionarios para que éstos atendieran a la población de la región; no obstante, no se tiene conocimiento de cuál es la estructura de delegados que atiende cada zona, dificultando así las tareas de atención a los ciudadanos.

Ante esta situación, en Nueva Alianza consideramos urgente que el gobierno rediseñe su estrategia de comunicación hacia la población directamente afectada, en cuanto a la atención por el sismo, y que sea el gobierno quien determine en razón de la condición social, cultural y demográfica de la región sureste de nuestro país, las líneas de acción en las que dará difusión para que quienes perdieron o vieron afectado su patrimonio tengan la posibilidad de acceder a los recursos y acciones que el gobierno federal ha implementado ante este desastre natural, partiendo de su cosmovisión y lengua materna.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto respetuosamente a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que en el ámbito de sus atribuciones, y a través de las dependencias encargadas de atender la emergencia en los estados de Oaxaca y Chiapas, derivada del sismo del 7 de septiembre del presente año, despliegue una estrategia integral de difusión en la lengua materna de las comunidades indígenas, acerca de las acciones que se están emprendiendo por parte del gobierno federal, misma que tendrá que comprender los aspectos sociales, culturales y demográficos propios de la región.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que en el ámbito de sus atribuciones y, a través de las dependencias encargadas de atender la emergencia en los estados de Oaxaca y Chiapas, derivada del sismo del 7 de septiembre del presente año, instalen módulos de información y atención ciudadana en su lengua materna en las regiones afectadas.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que en el ámbito de sus atribuciones haga pública la estrategia que se está implementando por acciones y regiones, así como el nombre de los funcionarios públicos responsables a nivel federal, local y municipal, derivada de la emergencia en los estados de Oaxaca y Chiapas a raíz del sismo del 7 de septiembre del presente año.

Notas

1 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Censo de Viviendas Dañadas por el Sismo del 7 de septiembre de 2017. Recuperado de http://transparencia.sedatu.gob.mx/estadisticosMunicipios.php

2 Ibídem

3 Ibídem

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2017.

Diputada Karina Sánchez Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a emitir la declaratoria de emergencia para diversos municipios de Guerrero para atender los daños ocasionados por las recientes lluvias, a cargo de la diputada Silvia Rivera Carbajal, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Silvia Rivera Carbajal, diputada a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II; y 2, fracciones I a III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las intensas lluvias que se han precipitado en la región de la Tierra Caliente, han provocado la inundación de centenares de viviendas, la mayoría de ellas, por el desbordamiento de los arroyos Padichi y Chacamero, que han generado múltiples daños materiales.

De acuerdo con información de Protección Civil de Guerrero, en Ajuchitlán del Progreso, el arroyo Padichi se desbordó e inundó más de 100 viviendas, y los habitantes de la zona fueron desalojados y llevados a un albergue temporal.

La dependencia gubernamental dio a conocer que además en las comunidades de El Cantón y Corral Falso, un arroyo ubicado entre esas dos comunidades también se desbordó, causando daños a viviendas y caminos.

En la población de Las Juntas de Chacámero, del municipio de Pungarabato, el desbordamiento de un arroyo del mismo nombre inundó otras viviendas y por el arrastre de material que genera, la corriente ha rebasado el puente que comunica a esa población y la vialidad quedó interrumpida.

Protección Civil de Guerrero ha informado de numerosas viviendas inundadas en los municipios de Pungarabato y Ajuchitlán del Progreso, en la región de Tierra Caliente, así como 32 familias evacuadas en Eduardo Neri, Tepecoacuilco y Huitzuco, de la zona norte de Guerrero, debido a la crecida de los ríos Balsas y Amacuzac.

Por lo que se han realizado desfogues de la presa El caracol en Tierra Caliente.

Ante esta situación, el gobierno de Guerrero solicitó la declaratoria de emergencia, enviando un oficio el martes 5 de septiembre del año en curso, a la Coordinación Nacional de Protección Civil pidiendo la declaratoria de emergencia para los siguientes municipios: Arcelia, Ajuchitlán del Progreso, Tlapehuala, Coyuca de Catalán, Pungarabato, Acatepec, Atlixtac, Ahuacotzingo, Atenango del Río, Eduardo Neri, Mártir de Cuilapan, José Joaquín de Herrera, Tepecoacuilco, Taxco, Cuetzala, Tetipac, Tlapa, Olinalá, Iliatenco, Metlatónoc, Ometepec, Tecpan y Atoyac.

Sumando esfuerzos con el gobierno estatal, queremos destacar la necesidad de acceder al fondo para la atención de emergencias, con el propósito de auxiliar en la capacidad operativa y financiera a los municipios, que han sufrido daños como consecuencia de las lluvias.

Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta soberanía de urgente u obvia resolución la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, a que emita la Declaratoria de Emergencia para los municipios de Arcelia, Ajuchitlán del Progreso, Tlapehuala, Coyuca de Catalán, Pungarabato, Acatepec, Atlixtac, Ahuacotzingo, Atenango del Río, Eduardo Neri, Mártir de Cuilapan, José Joaquín de Herrera, Tepecoacuilco, Taxco, Cuetzala, Tetipac, Tlapa, Olinalá, Iliatenco, Metlatónoc, Ometepec, Tecpan y Atoyac, pertenecientes al estado de Guerrero, para que dichos municipios puedan acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales destinados para la atención de emergencias, con el propósito de que se puedan atender los daños ocasionados de manera inmediata.

Segundo . La Cámara de Diputados exhorta a las autoridades en materia de protección civil de los tres órdenes de gobierno, para que informen oportunamente a la población sobre las medidas de seguridad que habrán de decretarse para salvaguardar la vida de la población y sus bienes, ante un eventual desbordamiento del río Balsas, así como información relativa a la probable incidencia de otros fenómenos climatológicos en la región.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2017.

Diputada Silvia Rivera Carbajal (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a promover por la Semarnat y la SEP la utilización de energía solar y otras fuentes renovables y limpias para producir electricidad en los planteles de la SEP, a cargo de la diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracción I y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Energía y la Secretaría de Educación Pública, para que en el ámbito de sus competencias, promuevan la utilización de energía solar y otras fuentes renovables y limpias para producir energía eléctrica en los planteles pertenecientes a la Secretaría de Educación Pública, al tenor de los siguientes considerandos:

Exposición de Motivos

La energía solar es aquella que deriva directamente del sol, ésta se puede transformar en energía eléctrica a través de celdas solares que captan la energía solar para producirla en energía eléctrica. A este tipo de producción de energía se le conoce como energía limpia, ya que el sistema en el cual se produce no genera ninguna contaminación en el medio ambiente ni genera residuos que puedan dañarlo, por lo que se reconoce como una energía inagotable.

Los estudios sobre la transformación de la energía solar a energía eléctrica señalan que uno de los grandes beneficios de esta práctica es que el costo de producción de energía necesaria para el consumo humano se disminuye considerablemente. Es por esa razón que en los últimos años ha aumentado el consumo de la energía solar, sustituyendo otras prácticas como el de la energía hidroeléctrica o con la energía eólica, las cuales tienen un mayor costo.

El uso de las energías limpias ha ido en aumento. En un estudio de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en 2015, las energías limpias representan cerca de la mitad de la nueva capacidad de generación eléctrica instalada en 2014, toda vez que se han constituido en la segunda fuente global de electricidad, sólo superada por el carbón.1

Por su parte la demanda de la energía eléctrica por parte de la población también está aumentando. De acuerdo con la AIE, la demanda mundial de electricidad aumentará un 70 por ciento hasta 2040, además de que se considera que elevará su participación en el uso de energía final del 18 al 24 por ciento en el mismo periodo.

A partir de los estudios especializados en el tema de suministro de energía eléctrica, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció como uno de sus objetivos el de lograr el acceso universal a la electricidad en 2030. Esto se ha convertido en un reto debido a que las proyecciones de la AIE estiman que para ese año aun existirán 800 millones de personas sin acceso al suministro eléctrico. Pese a que esta tendencia es internacional, es un problema que observamos a nivel nacional y que nos obliga a pensar en alternativas para que la población mexicana cuente con el suministro de la energía eléctrica sin que se encuentre sujeto a los recursos económicos de los usuarios.

Es por eso que en este contexto se potencializa el uso de las energías limpias ya que hasta ahora ha aportado grandes avances al desarrollo sustentable, ejemplo de ello es que en el 2014, considerado el año más cálido desde que existen registros, se pudo crear energía solar suficiente para el consumo de grandes ciudades.

En 2015, la revista National Geographic publicó un número especial sobre el Cambio Climático en el que señala que nuestro planeta ha sufrido un calentamiento de 0,85ºC2 de media desde finales del siglo XIX, por lo que los especialistas aseguran que este dato puede utilizarse favorablemente para la promoción del uso de la energía solar.3

Diferentes organizaciones han promocionado el uso de la energía solar, entre los argumentos recurren a la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA, por sus siglas en inglés) para explicar que la transición a un sistema energético renovable no solo ayuda al desarrollo sustentable de un país sino que además apoya a la economía de un país debido a que los costos de generación e instalación de los equipos son, a la larga, menores a la producción tradicional de energía eléctrica.

Además, de acuerdo con la Ley para el aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, el aprovechamiento de las fuentes de energía renovable y el uso de tecnologías limpias son de utilidad pública y debe ser considerada en la estrategia nacional para lograr una transición energética.

El objetivo que se persigue con el uso de energías renovables es promover la eficiencia y sustentabilidad energética, así como la reducción de la dependencia de los hidrocarburos como fuente primaria de energía.

Esta misma ley detalla que las energías renovables y limpias son: El viento, la radiación solar, el movimiento del agua en cauces naturales o artificiales, la energía oceánica, el calor de los yacimientos geotérmicos y los bioenergéticos que contemple dicha ley.

A partir de lo anterior, se entiende que es posible obtener energía eléctrica a través de otras fuentes con lo que no solo es posible ayudar al medio ambiente sino que además, puede apoyar al Estado a suministrar un servicio como lo es la electricidad.

En nuestro país, existe un porcentaje de escuelas pertenecientes a la Secretaría de Educación Pública que han demostrado serias carencias en las instalaciones de energía eléctrica, o peor aún, planteles educativos que no cuentan con el servicio debido a los altos costos en las tarifas de luz o que no pueden pagar adeudos de hace varios años.

En 2016, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que el 10.4 por ciento de las instituciones no cuentan con electricidad, esta situación se agrava en los estados más pobres del país en los que existen planteles con adeudos de incluso millones de pesos.

A partir de los análisis internacionales y nacionales sobre la utilización de las energías renovables y conscientes del problema de suministro de energía eléctrica persistente en las escuelas de educación básica de nuestro país, se considera que el uso de energías renovables podría constituir una respuesta al problema en la infraestructura educativa en términos de suministro de luz.

La energía solar se convierte en una opción que permitiría por una parte que las escuelas que tengan instalaciones deficientes puedan contar con un servicio de energía de calidad mientras que aquellas escuelas que no tengan los recursos económicos para pagar las tarifas de luz, puedan acceder a la instalación de sistemas de energía solar con los que asegurarían el suministro de electricidad.

El presente exhorto está dirigido a las Secretarías de Educación, Energía y Medio Ambiente y Recursos Naturales debido a que corresponde al Ejecutivo Federal, a través de éstas, los asuntos en materia de energía, protección al medio ambiente y educación. Asimismo, se atiende a lo dispuesto en la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, a la Ley General de Cambio Climático y a la Ley de Transición Energética y a la Ley de la Industria Eléctrica.

Por lo anterior, se pone a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente propuesta de exhorto.

Propuesta de exhorto

Único: La honorable Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al titular del Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaria de Energía y la Secretaria de Educación Pública, para que en el ámbito de sus competencias, promuevan la utilización de energía solar y otras fuentes renovables y limpias para producir energía eléctrica en los planteles pertenecientes a la Secretaría de Educación Pública.

Transitorio

Único: El presente decreto entrará en vigor entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.

Notas

1 https://www.acciona.com/es/energias-renovables/Energías renovables, Acciona, ultima vez consultado 19 de junio de 2017.

2 http://www.abc.es/sociedad/20130927/abci-responsabilidad-humana-cambio- climatico-201309271132.html, La ciencia confirma que el aumento de la temperatura se ha ralentizado, ABC sociedad, consultado el 15 de junio de 2017.

3 Consultado en
http://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/grandes-reportajes/el-cambio-climatico-es-una-realidad-2_9756/2 (3 de junio 2017)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2017.

Diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la visita del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU al país, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, Cristina Ismene Gaytán Hernández, diputada en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La desaparición forzada de personas es una grave violación a los derechos humanos y un crimen de lesa humanidad de conformidad con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

A nivel regional y universal se han creado Tratados internacionales específicos para prevenir esta conducta. En el año 2006, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó el primer documento internacional de carácter global que reconocía este fenómeno: la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Anteriormente, en el año 1994, fue aprobada la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas de la Organización de Estados Americanos. Asimismo, el Estatuto de la Corte Penal Internacional reconoció esta conducta como un crimen contra la humanidad.

De acuerdo con la Convención Internacional en su artículo segundo, se entiende por desaparición forzada de personas:

el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.

Asimismo, la Convención en comento establece en su artículo 26 que “[p]ara la aplicación de las disposiciones de la presente Convención, se constituirá un Comité contra la Desaparición Forzada” el cuál tendrá dentro de sus facultades, de conformidad con el artículo 33, solicitar a los Estados parte, realizar una visita a su territorio cuando recibe información fidedigna que revele violaciones graves a las disposiciones del presente Tratado cometidas por agentes del propio Estado parte. El artículo en comento señala:

Artículo 33

1. Si el Comité recibe información fidedigna que revele violaciones graves de las disposiciones de la presente Convención por un Estado parte podrá, después de consultar con dicho Estado, solicitar a uno o varios de sus miembros que efectúen una visita al mismo y le informen al respecto sin demora.

2. El Comité informará por escrito al Estado parte interesado de su intención de efectuar una visita, señalando la composición de la delegación y el objeto de la visita. El Estado parte dará su respuesta en un plazo razonable.

3. Ante una solicitud motivada del Estado parte, el Comité podrá decidir postergar o cancelar la visita.

4. Si el Estado parte otorga su acuerdo a la visita, el Comité y el Estado parte de que se trate, cooperarán para definir las modalidades de aquélla y el Estado parte ofrecerá todas las facilidades necesarias para su desarrollo.

5. El Comité comunicará al Estado parte de que se trate sus observaciones y recomendaciones como resultado de la visita.

En este sentido, el mismo Comité se ha pronunciado en su informe anual 2014, 2015, 2016 y 2017, respecto de la falta de respuesta del Estado mexicano a sus solicitudes para realizar una visita a nuestro país, así como en las Observaciones Finales del año 2015 sobre el informe presentado por nuestro país.

En su informe anual de 2017 el Comité señaló:

90. El Comité recordó el anterior intercambio de correspondencia con México, iniciado en mayo de 2013, sobre la posibilidad de visitar el Estado parte en virtud del artículo 33 de la Convención.

91. El Comité señaló que había enviado solicitudes oficiales, con fecha 6 de enero de 2014, 31 de marzo de 2014 y 17 de marzo de 2016, para visitar el Estado parte, y que había solicitado una respuesta a más tardar el 1 de julio de 2016. Observó con grave preocupación que, hasta la fecha, no había recibido ninguna respuesta a su última solicitud en virtud del artículo 33 de la Convención.

92. El Comité lamentó la falta de respuesta del Estado parte a sus reiteradas solicitudes de una visita en virtud del artículo 33, párrafo 1, de la Convención. Señaló que el artículo 33, párrafo 2, de la Convención establecía que el Estado parte daría su respuesta en un plazo razonable. El Comité tomó nota de la falta de cumplimiento por parte de México de la mencionada disposición de la Convención.

93. El Comité siguió ocupándose de la situación en el Estado parte e invitó a los organismos y programas de las Naciones Unidas, las instituciones regionales e intergubernamentales, las instituciones nacionales de derechos humanos, las organizaciones no gubernamentales y los familiares de víctimas de desapariciones forzadas a que siguieran proporcionando información al Comité sobre las presuntas infracciones de la Convención por el Estado parte, con miras a preparar una visita a México.

94 . El 17 de marzo de 2017, el Comité decidió reiterar por escrito su solicitud de visitar México en el marco del artículo 33, párrafo 1, de la Convención.

Asimismo, la presidenta del Comité Suela Janina en días recientes lamentó una vez más que el Gobierno Mexicano haya negado la visita del organismo internacional después de cuatro años de intercambio de información entre las partes para llegar a un acuerdo.

Por su parte, la Organización de derechos humanos Amnistía Internacional señaló en su Informe Anual 2016/2017 que en nuestro país:

Las desapariciones forzadas con implicación del Estado y las desapariciones perpetradas por agentes no estatales seguían siendo práctica generalizada, y los responsables seguían gozando de una impunidad casi absoluta. Las investigaciones de los casos de personas desaparecidas seguían adoleciendo de irregularidades y sufriendo demoras indebidas. En general, las autoridades no iniciaban inmediatamente la búsqueda de las víctimas. (Disponible en:

https://www.amnesty.org/es/countries/americas/mexico/report-mexico/)

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que permita la visita del Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de Naciones Unidas a nuestro país de conformidad con el artículo 33 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2017

Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Puebla a difundir el costo real y el beneficio de las obras financiadas mediante proyectos de prestación de servicios y de asociaciones público-privadas de 2010 a 2015, a cargo del diputado Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Alejandro Armenta Mier, diputado de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Las asociaciones público privadas (APS), son aquéllas que se realizan con cualquier esquema para establecer una relación contractual de largo plazo, entre instancias del sector público y del sector privado, para la prestación de servicios al sector público y en los que se utilice infraestructura provista total o parcialmente por el sector privado con objetivos que aumenten el bienestar social y los niveles de inversión en el país+ 1 .

Los proyectos de prestación de servicios (PPS), se realizan mediante la firma de un contrato de servicios a largo plazo entre una dependencia y una empresa privada para desarrollar un PPS se debe demostrar, a través de un análisis costo-beneficio, que su valor social neto será positivo en comparación con un proyecto de inversión pública tradicional2 .

Durante el sexenio pasado, en el estado de Puebla se realizaron una serie de obras de ornato, mediante esquemas financieros de prestación de servicios, obras que endeudaron al estado en niveles históricos, además, al efectuarse mediante esquemas financieros con obligaciones generan un costo adicional por intereses.

La construcción del Centro Integral de Servicios dio inicio en noviembre de 2011, sitio donde se centralizaron oficinas de atención del gobierno del estado, se anunció que tendría un costo de mil 200 millones de pesos; quince meses después se inauguró a pesar de no estar terminado, con un costo de 3 mil 800 millones de pesos a pagar en 23 años y 9 meses.

El proyecto original de la Estrella de Puebla consistía en instalar la rueda de observación en el Paseo Bravo, lo cual fue rechazado por académicos e investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, posteriormente se propuso instalarla en la zona del centro escolar Niños Héroes de Chapultepec (Cench) lo cual también generó inconformidad; finalmente la rueda se instaló en un predio de la zona comercial de Angelópolis, dentro del Parque Lineal, inaugurada en julio de 2013, cuyo costo aproximado es de 400 millones de pesos.

En noviembre de 2012 se anunció la construcción de un nuevo edificio de la Procuraduría General de Justicia, con una inversión de 158 millones de pesos, el proyecto incluía la demolición del edificio antiguo para construir el nuevo en el mismo lugar; se inauguró en enero de 2014, el costo real se calcula en 321 millones de pesos. Tras los sismos de septiembre pasado el edificio tuvo que ser desalojado debido a que presenta daños estructurales que podrían ocasionar su colapso, el actual gobernador declaró que el edificio no era seguro, debido a que no se construyó adecuadamente.

El teleférico de Puebla, catalogado como el más corto y caro del país, fue proyectado por 166.4 millones de pesos; se localiza en la zona histórica de los fuertes de Loreto y Guadalupe, aunque la idea original, concebida en 2012, era que llegara hasta el centro histórico, lo que implicaría una distancia de 2 kilómetros; sin embargo, activistas pararon la construcción a principios de enero de 2013 mediante un proceso judicial, ya que se derrumbó un edificio considerado patrimonio de la ciudad, donde estaría una de las estaciones de descenso. Inaugurado en enero de 2016, con un costo de más de 427 millones de pesos, más del doble de lo planeado inicialmente.

El 28 de agosto de 2014 se inició la construcción del Museo Internacional Barroco, el cual fue inaugurado diecinueve meses después, el 4 de febrero de 2016; para su construcción se proyectó un costo de 760 millones de pesos, sin embargo, el costo real se calcula en 7 mil 280 millones de pesos, generando un gasto mensual de 26 millones de pesos por 23 años.

Por lo anteriormente expuesto, en términos de los preceptos legales invocados, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Puebla a hacer pública la información relativa a los costos finales y condiciones de pago de la construcción de El Museo Internacional Barroco, el Centro Integral de Servicios, la Estrella de Puebla y Parque Lineal, el Parque Paseo del Teleférico y el nuevo edificio de la Procuraduría General de Justicia, obras financiadas mediante proyectos de prestación de servicios y de asociación público-privada.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Puebla a hacer pública la información relativa a los beneficios que generan a los poblanos la realización de las obras de El Museo Internacional Barroco, el Centro Integral de Servicios, la Estrella de Puebla y Parque Lineal, el Parque Paseo del Teleférico y el nuevo edificio de la Procuraduría General de Justicia.

Notas

1 Artículo 2, Ley de Asociaciones Público Privadas.

2 http://www.cefp.gob.mx/intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp01 92007.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2017.

Diputado Alejandro Armenta Mier (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno y los ayuntamientos de Guerrero a fortalecer los protocolos de actuación en caso de siniestro o desastre natural, a través de programas permanentes de difusión y orientación para salvaguardar la integridad física de las personas, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Marbella Toledo Ibarra, diputada a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo bajo la siguiente

Exposición de Motivos

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), señala en su estudio El impacto de los desastres en la agricultura y la seguridad alimentaria 1 que “las sequías, inundaciones, tormentas y otros desastres provocados por el cambio climático han aumentado en frecuencia y gravedad en las últimas tres décadas, lo cual ha repercutido en un incremento significativo de las víctimas y de los daños materiales a causa de estos fenómenos. De acuerdo con el Informe Global de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Reducción de Riesgo de Desastres, las pérdidas económicas ocasionadas por desastre tales como terremotos, tsunamis, ciclones e inundaciones se han elevado hoy en día a un promedio de entre 250 mil y 300 mil millones de dólares cada año2 .

Los cada vez son más constantes los embates de la naturaleza que constituyen un riesgo para la población. De acuerdo con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, cada año, una media de 221 millones de personas se ven directamente afectadas por los desastres naturales a nivel global3 .

Los desastres naturales ponen en peligro la vida de millones de personas, especialmente en aquellos lugares donde no están preparados para hacer frente a este tipo de situaciones de emergencia. La ausencia de mecanismos eficientes para la prevención y atención de dichos fenómenos agudizan aún más la situación, razón por la cual es necesario una mejor planeación y coordinación entre las autoridades y la sociedad en general.

La mala atención de emergencias y de una adecuada planeación financiera para hacer frente a los desastres, puede crear dificultades y demoras en la respuesta, con lo cual se podrían agravar las consecuencias en términos de pérdidas humanas y económicas.

Guerrero no es ajeno a esta clase de problemáticas, hace apenas unos días fuimos testigos de los estragos causados por el huracán Max4 , así como los registrados luego del sismo suscitado el pasado 19 de septiembre, con una magnitud de 7.15 .

En este punto es importante significar que, para atender y asistir a la población, se ha activado el Plan MX, que coordina la respuesta de todas las dependencias federales, en conjunto con los gobiernos locales; así como la instalación del Comité Nacional de Emergencias y la operación de los Planes DN-III-E y Marina; los cuales se emplean para restablecer, en la medida de lo posible, las zonas afectadas.

Si bien ha existido una respuesta institucional frente a las adversidades provocadas por la fuerza de la naturaleza; ante este panorama, resulta imperante hacer un llamado a las autoridades de protección civil estatal y municipales, para que una vez concluidos los trabajos de restablecimiento, se aboquen a la actualización y mejoramiento de los protocolos de actuación en caso de siniestro o desastre natural a través de programas permanentes de orientación, con el objeto de reforzar y difundir entre la población las medidas preventivas y de seguridad para salvaguardar su integridad física, máxime que nuestro estado se ubica en una zona altamente sísmica, que además es golpeada continuamente durante la temporada de huracanes.

Hoy más que nunca, se requiere que las instancias de gobierno actúen de forma coordinada para que todos y cada uno de los esfuerzos realizados lleguen a las personas que verdaderamente necesitan, realizando tareas permanentes que permitan el fortalecimiento de los protocolos de actuación en caso de siniestro o desastre natural, a través de programas permanentes de difusión y orientación para salvaguardar la integridad física de las personas, pues los fenómenos naturales son un riesgo latente para Guerrero.

Por ejemplo, en cuanto a movimientos telúricos, tiene una especial relevancia la Brecha de Guerrero, en donde entre 1899 y 1911 ocurrieron 4 sismos cuyas magnitudes oscilaron en una magnitud entre 7.5 y 7.8; adicionalmente, de acuerdo con información del Sistema Sismológico Nacional, es la entidad que concentra 25 por ciento de la actividad sísmica nacional, por lo cual, ha sido considerada por el Sistema Nacional de Protección Civil, como una zona de riesgo6 ; aunado a que Guerrero es considerado un estado con alta incidencia sísmica, también corre un riesgo considerable ante el embate de los fenómenos meteorológicos, como los huracanes Paulina, Max o el que se suscitó durante 2013. El huracán Manuel, que además golpeó al estado junto a la tormenta tropical Ingrid. Por ello, nos permitimos someter a consideración del pleno, la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con pleno respeto a los órdenes de gobierno y esferas de competencia, hace un atento y respetuoso exhorto al licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero; así como a los ayuntamientos que administran los 81 municipios que conforman el estado; para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezcan los protocolos de actuación en caso de siniestro o desastre natural, a través de programas permanentes de difusión y orientación para salvaguardar la integridad física de las personas.

Notas

1 Food and Agriculture Organization of the United Nations. The impact of disasters on agriculture and food security. Noviembre de 2015.

2 1 http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2015/en/gar -pdf/GAR2015_SP.pdf

3 http://www.un.org/ es/humanitarian/overview1disaster.shtm

4 El Centro Nacional de Huracanes (National Hurricane Center) de los Estados Unidos de América, calificó a Max como huracán categoría 1, en la escala Saffir-Simpson con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora (km/h) y rachas de 150 km/h, causando fuertes lluvias en Petatlán, San Marcos, Cruz Grande, Copala, Marquelia y Azoyú.

5 Servicio Sismológico Nacional. Sismo 2017-09-19 Puebla-Morelos. Magnitud: 7.1. Ocurrido el 2017-09-19 a las 13:14:40 horas (tiempo del Centro de México). Referencia de localización del epicentro: 12 km al sureste de Axochiapan, Morelos. Latitud: 18.4°. Longitud: -98.72°. Profundidad: 57 km. Réplicas: 34 (la mayor de magnitud 4.0) hasta las 5:30 hrs del 21 de septiembre.

6 El Universal . Sección Estados. Brecha de Guerrero podría causar un terremoto en México: Protección Civil. 7 de marzo de 2017. Consultable en: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/03/7/brecha-de-guer rero-podria-causar-un-terremoto-en-mexico-proteccion-civil

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2017.

Diputada Marbella Toledo Ibarra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a exentar del pago de derechos por reposición de cartilla militar, pasaporte y cédula profesional a las ciudadanas y los ciudadanos afectados por los sismos de los pasados 7 y 19 de septiembre, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Ana Georgina Zapata Lucero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 Y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás aplicables, someto a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El pasado 7 de septiembre, se registró en el país un sismo con magnitud de 8.2 grados en la escala de Richter, con epicentro en el Municipio de Pijijiapan en el Estado de Chiapas, el cual además de causar severos daños materiales en los Estados de Oaxaca y Chiapas, lamentable también cobro la vida de 95 personas1 y a su vez, dejo a su paso cientos de heridos.

Ante ese fenómeno natural, la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió una Declaratoria de Emergencia Extraordinaria, para 118 municipios2 del Estado de Chiapas, 41 municipios 3 en el Estado de Oaxaca y 6 municipios del Estado de Veracruz,4 lo cual permitió activar los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias (FONDEN) y con ello, los estados afectados a partir de la citada declaratoria, pudieran contar con recursos para mitigar los efectos producidos por dicho fenómeno.

Por otra parte y con el objetivo de acelerar la reactivación económica en las comunidades afectadas por el sismo del 7 de septiembre en los estados de Chiapas y Oaxaca y preservar las fuentes de empleo en esas zonas de emergencia, el Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, emitió un Decreto a través del cual se otorgaron beneficios fiscales, en materia de ISR, IVA, IEPS, regularización fiscal y en Cuotas de Seguridad Social5 en los estados antes citados.

Es preciso recordar que el Estado de Veracruz, también recientemente había sido azotado por el huracán “Katia”, razón por la que 29 municipios del Estado contaban con declaratoria de emergencia,6 así mismo Puebla también fue declarado emergencia, por el mismo fenómeno en 27 municipios.7 “Katia” causo estragos en su paso por el norte de Veracruz, Tamaulipas y Puebla donde se registraron fuertes lluvias, por lo que familias enteras tuvieron que ser trasladadas a albergues habilitados por esta situación y quienes en muchos casos también perdieron su patrimonio.

Nuevamente y a tan solo a 12 días de ocurrido el sismo con epicentro en Chiapas, y los acontecimientos por el Huracán “Katia”, nuestro país se vio afectado el 19 de septiembre, por otro sismo, de magnitud de 7.1 en la escala de Richter, con epicentro a 12 km. al sureste del Municipio de Axochiapan del Estado de Morelos, afectando los estados de Morelos, Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Veracruz y Tlaxcala, dejando un saldo preliminar hasta el día 24 de septiembre de 320 muertos; 182 en la Ciudad de México, 73 en Morelos, 45 en Puebla, 13 en el Estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca.8

Además de las vidas que cobro el sismo del pasado 19 de septiembre, los daños materiales son cuantiosos y a la fecha aún se sigue contabilizando el total de inmuebles que colapsaron o que presentan afectaciones leves, moderadas y graves. Así mismo y con el objeto de activar los recursos del FONDEN, se declaró emergencia extraordinaria para 33 municipios del Estado de Morelos;9 75 municipios del Estado de Oaxaca;10 112 municipios del Estado de Puebla;11 5 municipios del estado de Guerrero12 y en las 16 Delegaciones a la Ciudad de México.13

Dentro de los estados que presentaron mayor afectación, la pérdida patrimonial fue sumamente grave, muchas personas se quedaron sin un hogar, pues prácticamente sus viviendas desparecieron y otras simplemente no podrán mantenerse en pie y tendrán que ser demolidas, sin que incluso exista la posibilidad de accesar a ellas para recuperar algo de su patrimonio. Aunado a lo anterior, la perdida de documentación valiosa, como lo son el Acta de Nacimiento, de Matrimonio, Cartilla Militar, Pasaporte, Cédula Profesional, Licencia de manejo, Credencial para Votar, escrituras públicas entre otras, también acompaño este desastre natural y es justo en estos momentos que, ante una eventualidad de tal naturaleza, que suelen ser sumamente necesarios, ya sea para poder cobrar algún seguro, acceder algún servicio de salud, programa social, cuentas bancarias, o simplemente para poder continuar con algunas actividades cotidianas.

Conscientes de lo anterior, algunas instituciones públicas y gobiernos locales, han emprendido acciones que buscan facilitar a la ciudadanía reponer esta documentación, ejemplo de ello, es el Instituto Nacional Electoral, quien el pasado 22 de septiembre, anuncio que, en aquellos estados y municipios que han sido declarados en emergencia por causa del sismo, repondrá de inmediato credenciales para votar, incluso sin necesidad de presentar documentos. Por su parte, el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, mediante comunicado de fecha 20 de septiembre,14 informó que atenderán y asesoran gratuitamente a la población que se vio afectada en su patrimonio, para la recuperación de documentación notarial y que de manera gratuita y con la mayor celeridad posible realizara trámites como fe de hechos y testamentos.

Pese a lo anterior, es preciso recordar que la reposición de muchos de documentos oficiales, suelen tener un costo, el cual en estos momentos, para muchas personas prácticamente es imposible pagar, pues la mayoría de sus recursos han tenido que ser invertidos sobre todo en alimentación, vestido, medicamentos y hay quienes han decido invertirlos en comprar víveres para donarlos a otras personas.

A efecto de ilustrar lo anterior, a continuación se presentan dos tablas, en las que se muestra el costo que se tiene para la tramitación de documentación oficial considerada como básica, expedida tanto por el gobierno federal, como por los gobiernos de los estados en los que se ha declarado zona de emergencia:

Tal y como es de apreciarse en las tablas anteriores, a diferencia del CURP, Credencial para Votar y Cartilla de Salud, cuya expedición es totalmente gratuita, la mayoría de los documentos que suelen ser solicitados para cualquier trámite tienen un costo, el cual en estos momentos de emergencia, para la mayoría de la personas, es prácticamente imposible de pagar, al existir otras prioridades.

Pareciera menor el gasto que se tiene que erogar para obtener un acta de nacimiento, la cual oscila en los estados con emergencia, entre los $64 y $110 pesos, sin embargo, si consideramos que los hogares familiares en México tienen 4.1 integrantes en promedio, según datos del INEGI,34 esta suma se incrementa de manera considerable, además que a eso se le tendría que sumar el gasto de una acta de Matrimonio, la licencia de manejo para los integrantes de la familia con edad para hacerlo y en los casos en que también existió la perdida de las escrituras públicas la cual representa el gasto más elevado, forman una cantidad incosteable para muchas familias afectadas por los Sismos.

Es por todo lo antes planteado, que solicito a esta soberanía, se haga un atento exhorto tanto a Secretarías de Estado como a los gobiernos locales, de aquellas entidades en que han sido declaradas como zona de emergencia, para que puedan exentar del pago de derechos por reposición de Acta de Nacimiento, de Matrimonio, Defunción, Divorcio Cartilla Militar, Pasaporte, Cédula Profesional, Licencia de manejo, Credencial para Votar, escrituras públicas, para a las ciudadanas y ciudadanos afectados tras los sismos ocurridos los pasados 7 y 19 de septiembre, en el país.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo de Urgente u Obvia Resolución

PRIMERO.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en el marco de la respetuosa colaboración entre poderes, exhorta a las Secretarías de la Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y de Educación Pública a exentar del pago de derechos por reposición de Cartilla Militar, Pasaporte y Cedula Profesional a las ciudadanas y ciudadanos afectados por los sismos de los pasados 7 y 19 de septiembre en los estados de Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla y Veracruz, en los municipios y delegaciones declarados como zona de emergencia, así como aquellos afectados también por el huracán “Katia” y declarados también con la misma calidad.

SEGUNDO.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, de manera respetuosa exhorta a los Titulares del Poder Ejecutivo de los Estados de Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla y Veracruz a exentar del pago de derechos por reposición de Acta de Nacimiento, Matrimonio, Defunción, Divorcio, Licencia para conducir y Escrituras Públicas, a las ciudadanas y ciudadanos afectados por los sismos de los pasados 7 y 19 de septiembre del año en curso, en los municipios y delegaciones declarados como zona de emergencia, así como aquellos afectados también por el huracán “Katia” y declarados también con la misma calidad.

Notas

1 https://www.gob.mx/sre/prensa/ante-las-emergencias-causadas-por-el-sismo-del
-7-de-septiembre-y-el-huracan-katia-mexico-ya-no-esta-en-condiciones-de-enviar-ayuda-a-texas

2 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5497536&fecha=18/09/2017

3 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5497539&fecha=18/09/2017

4 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5497977&fecha=20/09/2 017

5 https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-177-decreto-por-el-que-se-otorgan
-diversos-beneficios-fiscales-a-los-contribuyentes-de-las-zonas-afectadas

6 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5497541&fecha=18/09/2 017

7 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5497540&fecha=18/09/2017

8 https://twitter.com/LUISFELIPE_P/status/912061737842675712

9 https://www.gob.mx/segob/prensa/la-segob-declara-emergencia-extraordina ria-para-33-municipios-del-estado-de-morelos-por-la-ocurrencia-de-sismo -de-magnitud-7-1

10 https://www.gob.mx/segob/prensa/declara-la-secretaria-de-gobernacion-em ergencia-para-75-municipios-del-estado-de-oaxaxaca?idiom=es

11 https://www.gob.mx/segob/prensa/la-segob-declara-emergencia-extraordinaria
-para-112-municipios-del-estado-de-puebla-por-la-ocurrencia-de-sismo-de-magnitud-7-1

12 https://www.gob.mx/segob/prensa/la-segob-declara-emergencia-extraordinaria
-para-cinco-municipios-del-estado-de-guerrero-por-la-ocurrencia-de-sismo-de-magnitud-7-1

13 https://www.gob.mx/segob/prensa/la-secretaria-de-gobernacion-declara-emergencia
-extraordinaria-para-la-ciudad-de-mexico-por-la-ocurrencia-de-sismo-de-magnitud-7-1

14 http://www.colegiodenotarios.org.mx/doctos/comunicado_sismo.pdf

15 http://www.ingresos.haciendachiapas.gob.mx/Gobierno_Expres/requisitos.a sp

16 https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/formato_lc/soloCivil.php

17 http://guerrero.gob.mx/tramites/expedicion-de-actas-certificadas-3/

18 http://tramites.morelos.gob.mx/tramites/ver.php?idTram ite=SG/DGRC/17

19 http://www.registrocivil.oaxaca.gob.mx/tarifas/

20 https://www.tramitapue.puebla.gob.mx/infoh.zul?clave=SGG-01-T001&na me=Actas%20certificadas

21 http://gevoasapp.veracruz.gob.mx/RegistroCivil/NacimientoInicioServlet

22 http://chiapas.gob.mx/servicios/3263

23 https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/formato_lc/conceptos.php

24 http://tramites.morelos.gob.mx/tramites/ver.php?idTram ite=smt/dgtp/20

25 http://www.sevitra.oaxaca.gob.mx/expedicion-de-licencias/

26 http://sit.puebla.gob.mx/images/banners/Licencias/Lista-de-precios-Lic. -y-Cap.-Feb-2017.pdf

27 http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/files/2015/07/8.LICENCIAS-TRAMITES -Y-SERVICIOS-2014-UAI_SSP.pdf

28 http://www.registropublico.chiapas.gob.mx/

29 http://www.tramites.cdmx.gob.mx/ts/581/0

30 http://guerrero.gob.mx/tramites/expedicion-de-copias-certificadas-y
-simples-de-los-protocolos-del-archivo-general-de-notarias/

31 http://tramites.morelos.gob.mx/tramites/ver.php?idTram ite=ISRyC/SAGN/92

32 http://www.ifreo.oaxaca.gob.mx/tramites-y-servicios/

33 http://tramites.veracruz.gob.mx/tramites?idTram=43525

34 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/familia2017_Nal.pd f

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de septiembre de 2017.

Diputada Ana Georgina Zapata Lucero (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Comisiones de Transportes, de Desarrollo Metropolitano, y de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía a solicitar la presencia del director general del Metro, licenciado Jorge Gaviño Ambriz, en una reunión de trabajo, a cargo del diputado Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del PAN

Ulises Ramírez Núñez, diputado de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y artículo 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados; somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo por el que se exhorta a las Comisiones de Transportes, Desarrollo Metropolitano y de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, para que soliciten la presencia del director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, licenciado Jorge Gaviño Ambriz, a una reunión de trabajo con legisladores integrantes de dichas comisiones y se especifiquen las inversiones más importantes que requiere el Metro. Asimismo, se identifiquen alternativas para que los gobiernos de la Ciudad de México y del estado de México, asuman proporcionalmente los costos derivados de la prestación del servicio, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Inaugurado el 4 de septiembre de 1969, el Sistema de Transporte Colectivo Metro , transporta diariamente a 5.5 millones de pasajeros y es el medio de transporte más demandado por los habitantes de la ciudad capital y del estado de México. A pesar de múltiples inconvenientes, sigue siendo un trasporte económico y altamente valorado por su contribución en la reducción de contaminantes al ser un sustituto del automóvil.

Desde su creación constituye el puente de comunicación más importante con el estado de México y le ha permitido a millones de personas facilitarles el traslado a planteles educativos, hospitales y centros de trabajo. De acuerdo con diversos estudios, el crecimiento urbano se ha concentrado en el oriente de la Ciudad de México, de ahí la importancia de contar con un servicio capaz de hacer frente a las necesidades de movilidad de los mexiquenses que ingresan a la ciudad capital.

Actualmente el Metro cuenta con 12 líneas , 195 estaciones (84 ubicadas en la Ciudad de México y 11 en el estado de México ) y el parque vehicular está formado por un total de 390 trenes, subrayando que en horas punta operan sólo 282 trenes y los 108 trenes restantes se encuentran distribuidos en mantenimiento sistemático, mantenimiento mayor, rehabilitación, proyectos especiales y algunos como reserva. La longitud total de la red es de más de 226 kilómetros (km) y alrededor de 197 km se emplea para prestar el servicio1 .

Vale la pena señalar que algunos de los trenes que corren en las Líneas 1, 5 (Pantitlán-Politécnico) y B (Buenavista-Ciudad Azteca), son de modelo MP68 y fueron fabricados en el año 1968 por las compañías Alstom, ANF y JS. Otros trenes que corren en la Línea 1, fueron fabricados por CAF en 19932 .

Del análisis de la información anterior, podemos observar que la afluencia entre 2010 y 2013 en las 11 estaciones que se encuentran en el estado de México, se incrementó de 141 millones a cerca de 155 millones, lo que representa 13.5 millones de desplazamientos adicionales en estas estaciones. Además, no perdamos de vista que los trenes que circulan por la línea 1 son los de mayor antigüedad, lo que en definitiva es de gran relevancia.

Por otra parte, si tomamos en cuenta la afluencia de las estaciones empleadas por los mexiquenses que se mueven en Metro , podemos observar el siguiente comportamiento entre 2012 y 2016.

De la tabla anterior, destacaré que cerca de 30 por ciento de los desplazamientos en el Metro corresponden a habitantes provenientes del estado de México y en 6 años se ha incrementado en más de 110 mil el número de mexiquenses que diariamente se trasladan en Metro.

En este orden de ideas, la Línea 1 juega un papel preponderante en el desplazamiento de los mexiquenses a la Ciudad de México. En Pantitlán confluyen cuatro líneas del Metro y por su ubicación es considerado el nodo de comunicación más importante del oriente de la ciudad capital. San Lázaro es una estación estratégica, ya que además de albergar una central de autobuses, conecta con la línea B, que facilita el ingreso de la población radicada en el municipio de Ecatepec. Pino Suarez y Balderas son puntos neurálgicos del tránsito de estudiantes, empleados y comerciantes y se ha convertido es la vía más eficaz si deseas desplazarte al corazón de la capital. Y la estación Observatorio , un nodo trascendental para todo el que desea desplazarse en autobús a diversos destinos del estado de México y de otras entidades federativas.

Tomando en cuenta la trascendencia de la Línea 1 , en junio del presente año el director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Jorge Gaviño Ambriz , señaló que para mejorar los tiempos del recorrido de trenes, es necesaria una inversión de 6 mil 475 millones de pesos. En cuanto a la renivelación de la Línea A se requiere una inversión cercana a los 798 millones y para la renovación integral de la Línea 1 son necesarios alrededor de 3 mil 851 millones.

Recientemente en una entrevista de televisión el director del Metro, señaló lo siguiente:

“La tarifa se subió hace 3 años. Necesitamos más recursos, no necesariamente que haya otro incremento. El recurso lo da el gobierno de la Ciudad de México con los impuestos de los que vivimos en la ciudad, pero estamos transportando también a personas del estado de México. Cerca de 2 millones diarias son del estado de México que estamos subsidiando. Un boleto cuesta 13 pesos y nosotros lo estamos dando en 5 y al diferenciar, ese es un gran cuello de botella que se convierte en una necesidad económica que debemos tener para que pueda funcionar.

30 mil millones de pesos costaría arreglar todos los trenes, los túneles, estaciones y vías para dar un servicio de excelencia. Tenemos un Metro que no tiene la capacidad suficiente para movilizar a todas las personas que movilizamos, es decir, fue ideado para movilizar a 4.5 millones de usuarios y estamos movilizando a 5.5 millones.

Ya se compraron 10 trenes nuevos, se tardan 2 años en fabricar, por lo que en julio del año 2018 llegará el primero y tenemos además que cambiar todas las subestaciones de Línea 1, ya que las estaciones tienen más de 47 años funcionando y son estaciones obsoletas, con transformadores muy antiguos que fallan mucho y gastan mucha energía eléctrica”.

Otro dato importante que debemos considerar es que en 2015 se contabilizaron cerca de 3 mil 500 millones de pesos en subsidios y de esta cantidad 25 por ciento correspondió a los usuarios provenientes del estado de México.

A partir de todo lo anterior, en el Partido Acción Nacional , consideramos que el gobierno del estado de México debe ser corresponsable con los gastos derivados del tránsito de millones de mexiquenses a la Ciudad de México y será necesario impulsar una ecuación que obligue a los gobernantes a afrontar los gastos e inversiones en forma proporcional.

Señoras y señores legisladores, no podemos postergar un año más las inversiones que requiere el Metro. Urgen recursos adicionales para cumplir con el servicio que siempre se la ha prometido a la ciudadanía pero que por múltiples circunstancias sigue en el renglón de los pendientes. Este Congreso y en especial, los legisladores del estado de México y de la Ciudad Capital, debemos encabezar un esfuerzo para impulsar un presupuesto lo suficientemente robusto para que los gobiernos de la Ciudad de México y del estado de México asuman proporcionalmente el costo de la prestación del servicio y que no recaiga exclusivamente en la ciudad capital la responsabilidad total.

Si el servicio que presta el Metro es el pilar de comunicación entre el estado de México y la ciudad capital, requerimos darle la seriedad que merece el tema, por lo que se solicita la presencia del director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, para que en reunión de trabajo ante comisiones comparta las necesidades más apremiantes del Metro y sobre todo la inversión que debemos considerar para elevar la eficiencia y la seguridad en el servicio prestado.

5.5 millones de pasajeros usan diariamente el Metro para trasladarse y en los últimos meses se han incrementado el número de incidentes (apagones, incendios, inundaciones, suspensión de servicio) que han provocado el retraso o la demora de quienes tienen que llegar a su trabajo o regresar a su hogar. Los conmino a reflexionar en lo desgastante que resulta para 5.5 millones de usuarios tener que enfrentarse diariamente a un servicio tachado de ineficiente. Pensemos en toda esa gente que tiene que esperar 5 o 10 convoyes para poder subir al Metro, pensemos en las incomodidades por la falta de ventiladores, exceso de personas, fallas eléctricas o inundaciones.

5.5 millones de personas exigen una solución de fondo, no esperemos a las elecciones para que sea promesa de campaña. ¡Necesitamos resolverlo ya!

Derivado de lo anterior, se estima conveniente que la reunión de trabajo se efectué con las comisiones involucradas en la materia, por lo que se somete a consideración del pleno, que la reunión se lleve a cabo con la presencia de los integrantes de las Comisiones de Transportes, Desarrollo Metropolitano y de Presupuesto y Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados, con la finalidad de que se discuta este tema y logremos materializar una solución que le permita a millones de mexicanos recibir un servicio de calidad.

Dicho lo anterior, se somete a consideración de la asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se hace un atento exhorto a las Comisiones de Transportes, Desarrollo Metropolitano y de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, para que soliciten la presencia del director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, licenciado Jorge Gaviño Ambriz, en una reunión de trabajo con legisladores integrantes de dichas comisiones y se especifiquen las inversiones más importantes que requiere el Metro. Asimismo, se identifiquen alternativas para que los gobiernos de la Ciudad de México y del estado de México, asuman proporcionalmente los costos derivados de la prestación del servicio.

Notas

1 http://data.metro.cdmx.gob.mx/

2 De acuerdo con la solicitud con folio 0325000108317 (InfoDF)

http://www.reporteindigo.com/reporte/df/metro-antiguo-fr abricados-hace-cuarentaynueve-anios

3 http://metro.cdmx.gob.mx/operacion/mas-informacion/
afluencia-de-estacion-por-linea/afluencia-de-estacion-por-linea-2017

4 http://metro.cdmx.gob.mx/operacion/mas-informacion/
afluencia-de-estacion-por-linea/afluencia-de-estacion-por-linea-2010

5 http://metro.cdmx.gob.mx/operacion/mas-informacion/
afluencia-de-estacion-por-linea/afluencia-de-estacion-por-linea-2013

6 http://metro.cdmx.gob.mx/operacion/mas-informacion/
afluencia-de-estacion-por-linea/afluencia-de-estacion-por-linea-2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2017.

Diputado Ulises Ramírez Núñez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al ejercicio del derecho al voto en el extranjero para las elecciones de 2018, a cargo del diputado Miguel Alva y Alva, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Miguel Alva y Alva, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos define los partidos políticos como entidades de interés público que tienen como fin “promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público”.

El mismo artículo señala en el Apartado A que, en el ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones, el Instituto Nacional Electoral se conducirá bajo los principios rectores de “certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad”.

El artículo 6 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece en la fracción 1. “La promoción de la participación ciudadana para el ejercicio del derecho al sufragio corresponde al Instituto, a los organismos públicos locales, a los partidos políticos y sus candidatos. El Instituto emitirá las reglas a las que se sujetarán las campañas de promoción del voto que realicen otras organizaciones”.

El mismo artículo señala en la fracción 2. “El instituto, en el ámbito de sus atribuciones, dispondrá lo necesario para asegurar el cumplimiento de las normas antes establecidas y de las demás dispuestas en esta ley”.

El artículo 329 del mismo cuerpo legal establece en la fracción 1. “Los ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y senadores, así como de Gobernadores de las entidades federativas y del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, siempre que así lo determinen las Constituciones de los Estados o el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal”.

El artículo 330, fracción 1, refiere que para el voto de los ciudadanos residentes en el extranjero deberá cumplir, según el inciso a) “Solicitar a la Dirección Ejecutiva del Registro Nacional de Electores, cumpliendo los requisitos a través de los medios que apruebe el Consejo General, su inscripción en el padrón electoral y en el listado nominal de los ciudadanos residentes en el extranjero;

En el inciso b) “Manifestar, bajo su más estricta responsabilidad y bajo protesta de decir verdad, el domicilio en el extranjero al que se le harán llegar la o las boletas electorales o, en su caso, el medio electrónico que determine el Instituto, en el que podrá recibir información en relación al proceso electoral”.

La experiencia mexicana en el ejercicio del voto desde el extranjero es poco alentadora en materia de participación ciudadana. En el proceso electoral federal de 2005-2006 la votación de los mexicanos residentes en el extranjero para la elección de Presidente los votos totales fueron 32,621; y en las elecciones de 2011-2012 la votación fue de 40,714 ciudadanos.

En los procesos electorales locales donde está legislado ese derecho, la participación ha sido muy escasa también. En 2016 aplicó para Aguascalientes, Oaxaca y Zacatecas; y en 2017 operó para Coahuila y el estado de México.

En la elección de 2018, al mismo tiempo que los mexicanos podrán votar desde el extranjero por presidente de la República y senadores, los ciudadanos de Chiapas, Ciudad de México (por segunda vez), Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán, también ejercerán ese derecho.

Hasta el momento, las entidades federativas que tienen legislado el derecho al voto desde el extranjero son 17: Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Colima, Ciudad de México, estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Yucatán y Zacatecas.

Para el ejercicio pleno del derecho a votar desde el extranjero, los mexicanos residentes fuera de nuestro territorio requieren contar con la credencial de elector. Justamente la reforma electoral de 2014 hizo posible el proceso de credencialización desde el extranjero.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, en un encuentro con dreamers, dijo: “Ustedes son justamente la punta de lanza, déjenme decirlo así, de una plena ciudadanía de los mexicanos en los Estados Unidos, que no solamente los lleve, y los invito a ello, no solamente a credencializarse, sino eventualmente a votar en la próximas elecciones en nuestro país, en 2018 por primera vez se va a poder desde el extranjero, no solamente para presidente, sino también para senadores, va a ver dos tipos de votación desde el extranjero; no solamente pues la invitación para credencializarse y votar y con ello contribuir a decidir el futuro de nuestro país, sino también a empoderarse como ciudadanos, no solamente de los derechos y del ejercicio de los mismos allá en Estados Unidos”.

Pero ese deseo del consejero presidente del INE enfrenta realidades de carácter técnico que tienen que ser resueltas con sentido político por parte de los órganos colegiados del INE que están involucrados en la tarea de credencialización desde el extranjero y, en específico, el tema de la activación de la misma.

De acuerdo con el consejero electoral Enrique Andrade González, presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores y de la Comisión del Voto de los Mexicanos en el Exterior, el Programa de Credencialización de mexicanos en el exterior, que inició el 8 de febrero de 2016, al corte de marzo de 2017, registra un total de 310 mil solicitudes.

De ese total, se han entregado 270 mil credenciales de elector con fotografía y sólo 81 mil, esto es, 30 por ciento han sido activadas, requisito indispensable para poder votar en las elecciones federales de 2018.

Este informe es preocupante porque como dice el Consejero Electoral Ciro Murayama Rendón “cuál es el desafío grande que tenemos nosotros, el mayor, hacer bien las elecciones”. Hacer bien las elecciones entraña la tarea de facilitar el ejercicio pleno del derecho humano de votar.

Por esa razón es necesario que lo establecido en las Políticas y Programas del Instituto Nacional Electoral se materialice en medidas, mecanismos y estrategias efectivas que no hagan de la activación de la credencial de elector, un dique para la práctica democrática de votar desde el extranjero.

La autoridad electoral está obligada a generar confianza entre los ciudadanos. Para ello debe desplegar todas sus atribuciones y capacidades institucionales para que la voluntad de los mexicanos que viven en el exterior se vea reflejada en votos.

Según el propio consejero electoral Enrique Andrade González, para marzo de 2018, fecha en que termina el programa de credencialización que se lleva a cabo en 150 consulados, se estima que se habrán expedido 500 mil credenciales de elector.

Pero a pesar de que esa cifra es alentadora, en el sentido de que es la evidencia de que los mexicanos en el exterior desean participar, el mismo funcionario señala que de los trámites realizados con corte a marzo de este año, solamente el 30 por ciento de las 310 mil credenciales han activado la misma; es decir, solamente 81 mil.

Esa realidad debe obligar al Consejo General del INE a impulsar medidas inmediatas y sensatas para que todas las credenciales que se tramiten y sean entregadas, en ese mismo momento queden activadas.

Uno de los proyectos centrales del INE busca que en la mejora de los procesos operativos registrales se requiere revisión en lo relacionado con el voto de los mexicanos en el extranjero. “Es necesario que los procedimientos, criterios y mecanismos de implementación que establece la Comisión Nacional de Vigilancia en cuanto a credencialización, campañas de promoción y difusión privilegien el objetivo de incrementar la participación política de los mexicanos en el extranjero”.

La Comisión Nacional de Vigilancia estableció que para agilizar la expedición de la credencial de elector es suficiente con presentar la matrícula consular, por lo que “ya no será necesario que los connacionales presenten su acta de nacimiento, comprobante de domicilio e identificación oficial, toda vez que esos documentos los entregaron cuando tramitaron la matrícula”.

La relevancia de esa medida consiste en que 2 millones de mexicanos han tramitado la matrícula consular desde que se expide dicho documento.

Hay que recordar, además, que de acuerdo con el Anuario de Migración y Remesas México 2016, en 2015 había 36.9 millones de personas de origen mexicano en Estados Unidos, de las cuales 12.2 millones eran migrantes nacidos en México.

El anuario agrega que hay 119 mil mexicanos en Europa, 94 mil en Canadá, 38 mil en Centroamérica y el Caribe, 28 mil en Sudamérica, 10 mil en Asia y Oceanía, y mil en África.

El estudio citado refiere que entre 2009 y 2014, el mayor flujo de migrantes hacia otros países corresponde a la Ciudad de México (70 mil 288), Michoacán (65 mil 298), Guanajuato (63 mil 519), Jalisco (41 mil 581) y Puebla (30 mil 962), precisamente entidades donde además de que votarán por presidente de los Estados Unidos Mexicanos y senadores, lo harán por gobernador del estado. En consecuencia, requiere mayor atención y coordinación de acciones entre las autoridades electorales federal y local.

Por lo expuesto sometemos a consideración de esta soberanía, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral para que, el Consejo General, la Comisión del Registro Federal de Electores, la Comisión del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero y la Comisión Nacional de Vigilancia tomen los acuerdos y las medidas necesarias para que los ciudadanos mexicanos que han tramitado su credencial de elector en el extranjero no vean impedido el ejercicio pleno de su derecho al voto por presidente de los Estados Unidos Mexicanos, senadores de la república, gobernadores de las entidades federativas y el jefe del gobierno de la Ciudad de México en 2018, como consecuencia del proceso obligatorio de activación de ésta.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los representantes de los partidos políticos y del Poder Legislativo ante el Consejo General, la Comisión del Registro Federal de Electores, la Comisión del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero y la Comisión Nacional de Vigilancia a cumplir los mandatos constitucional y legal de promover la participación ciudadana en la vida democrática y participen y propongan las medidas que permitan que por cada credencial de elector emitida en el extranjero se convierta en la posibilidad real de ejercer el derecho al voto, sin que el requisito de la activación lo impida.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2017.

Diputado Miguel Alva y Alva (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a investigar y atender denuncias sobre actos de corrupción entre servidores públicos federales y productores agropecuarios, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, María Elena Orantes López, integrante de la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y párrafo segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de la Función Pública del Gobierno de la República y a la Procuraduría General de la República a que en el marco de sus respectivas competencias redoblen esfuerzos para investigar y atender denuncias sobre actos de corrupción entre funcionarios públicos federales y productores del sector agropecuario. Asimismo, se exhorta a la Procuraduría Agraria a mejorar los mecanismos de consultas jurídicas, a fortalecer los medios mediante los cuales previene y denuncia ante la autoridad competente las violaciones a las leyes agrarias, a agilizar los procesos de emisión de recomendaciones y a considerar mejoras en el desempeño de las áreas que generan las propuestas para fortalecer la seguridad jurídica en el campo, con base en las siguientes

Consideraciones

Aunque en los últimos 100 años el campo mexicano ha disminuido su impacto porcentual en el PIB, el porcentaje de población que emplea, la proporción en la participación dentro de la economía nacional, las cadenas productivas o la balanza comercial, y a pesar de la pobreza en que viven las grandes masas la mayoría del sector agropecuario, este ámbito productivo sigue siendo uno de los espacios más importantes de la actividad económica de México y un motivo de orgullo para los mexicanos en cuanto a la competitividad que ha desarrollado en los mercados internacionales.

En este sentido, considerando el volumen de nuestras exportaciones y la importancia del mercado interno de nuestro país, a nivel mundial México ocupa el lugar número 11 como productor ganadero; el número 12 como productor mundial de alimentos en general; el número 13 como productor agrícola, y el número 16 como productor de pesca y acuacultura.

Asimismo, en 2015, la producción agropecuaria y pesquera del país, generó una derrama económica de 26 mil 714 millones de dólares, superando los ingresos de 24 mil 785 millones de dólares por concepto de remesas; los 23 mil 173 millones de dólares derivados de las exportaciones petroleras y los 17 mil 734 millones de dólares que deja el turismo extranjero.

Derivado de todo lo anterior, las cadenas productivas del sector agropecuario han encontrado una reestructuración en los mercados internos, durante los últimos 25 años, que definitivamente ha profundizado la desigualdad social en nuestro país.

Así, esta expansión sin precedentes en el mercado externo que impactó en el reordenamiento de los productores nacionales, generó oportunidades de desarrollo, crecimiento y la posibilidad de una mejor distribución de la riqueza.

Desafortunadamente, a pesar de los casos de éxito como el mercado aguacatero, atunero y en la participación mexicana en la producción mundial de berries, el desarrollo no se ha difundido como hubiésemos esperado, entre otras cosas, debido a la corrupción. Esta circunstancia se ha alimentado sistemáticamente de la disfuncionalidad de algunos programas y políticas del sector que debido a corrupción, deficientes mecanismos de control sobre las autoridades agrarias y falta de rendición de cuentas han propiciado y alentado una deficiente certidumbre jurídica entre los productores.

En consecuencia, apreciamos pertinente exhortar a instancias como la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Función Pública que fortalezcan sus tácticas para perseguir y judicializar los casos de corrupción en la asignación de recursos, manejo de padrones y registro de apoyos que detecten o que sean denunciados en el ejercicio y administración de programas y políticas agropecuarias y de desarrollo social.

Asimismo, es importante hacer un llamado a instituciones como la Procuraduría Agraria que aunque su perfil se enfoca decididamente a casos relacionados con la tenencia de la tierra, de acuerdo con el artículo 136 de la Ley Agraria, sus atribuciones le permiten tener un rol más activo en cuanto a dotar de recomendaciones y certidumbre jurídica al campo. Ello puede, necesita y urge que se haga en el sector agropecuario, abriendo las miras del rol ministerial al ámbito del combate a hechos ilegales para lo que se requiere decisión administrativa, en lo que la decisión político legislativa se abre paso para aumentar sus facultades.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de la Función Pública del gobierno de la república y a la Procuraduría General de la República a que en el marco de sus respectivas competencias redoblen esfuerzos para investigar y atender denuncias sobre actos de corrupción entre funcionarios públicos federales y productores del sector agropecuario. Asimismo, se exhorta a la Procuraduría Agraria a mejorar los mecanismos de consultas jurídicas, a fortalecer los medios mediante los cuales previene y denuncia ante la autoridad competente las violaciones a las leyes agrarias, a agilizar los procesos de emisión de recomendaciones y a considerar mejoras en el desempeño de las áreas que generan las propuestas para fortalecer la seguridad jurídica en el campo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2017.

Diputada María Elena Orantes López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semar a mantener su presencia en Veracruz y preservar así la seguridad y el patrimonio de los habitantes de la entidad, a cargo del diputado Alberto Silva Ramos, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Alberto Silva Ramos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 2, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 4 de octubre de 2011, el gobierno federal inició con las autoridades estatales el operativo Veracruz Seguro, el cual incluyó acciones como patrullajes por cielo, tierra y mar, así como controles en carreteras y en el ingreso de poblaciones, en particular donde había mayor índice delictivo. Las acciones incluyeron instrumentos de información e inteligencia, depuración de las fuerzas policiacas estatales, reclutamiento de uniformados para incrementar la fuerza local y mayor subsidio federal en materia de seguridad para el ejercicio fiscal de 2012.

Desde entonces, la Armada de México se ha constituido en un baluarte en la protección de los derechos y la integridad de los habitantes de Veracruz, un elemento de disuasión frente al crimen, una garantía del respeto del derecho y el orden. Tal afirmación no es gratuita: se sustenta en las cifras emitidas al efecto por el Sistema Nacional de Seguridad Pública durante dos administraciones federales de distinto signo partidista. Mientras que en 2011 fueron cometidos 74 mil 2411 delitos en la entidad, para 2016 éstos habían descendido a 42 mil 312.2

Estamos lejos de arribar a un estado ideal de cosas, pero no podemos regatear los logros obtenidos en este sensible rubro, que a todos los veracruzanos preocupa.

Tales números no podrían entenderse si no fuera por la presencia de los elementos de la Marina, por su valentía y responsabilidad, por el acercamiento que han logrado con la población a partir del entendimiento de sus necesidades y preocupaciones. La participación de la Armada de México no se ha limitado al ofrecimiento de seguridad, sino que va mucho más allá y el mejor elemento de convicción lo constituye la puesta en marcha del Plan Marina, el cual tuvo como objetivo auxiliar a los veracruzanos como consecuencia del huracán Katia.

La relación entre la Marina y Veracruz es sólida y tiene raíces históricas, memorables. Recordemos tan sólo que el puerto jarocho ha sido una de las principales puertas de entrada del país y que por dicha causa las agresiones hacia la patria necesariamente transitaron por dicha ciudad, convirtiéndola en símbolo de heroísmo y resistencia frente a los invasores.

De esta forma, los nombres de José Azueta y Virgilio Uribe sellaron de forma permanente la relación entre la Marina y Veracruz.

Los resultados obtenidos por la Marina en ejercicio de funciones de seguridad han resultado tan alentadores que, apenas en octubre del año pasado, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, expresó ante la sociedad veracruzana la necesidad de mantener las acciones del Grupo de Coordinación Veracruz, el cual se encuentra bajo el mando de la Marina.

En febrero de este año, el encargado de la política interna reiteró la voluntad de las autoridades federales de brindar mayor seguridad a los veracruzanos.

Pese a los logros obtenidos hasta ahora, la vigencia del convenio en comento está por concluir, el próximo año, lo que podría suponer la finalización de la cooperación que hasta ahora han entablado los tres niveles de gobierno, la cual –insistimos– ha generado resultados favorables en la disminución de la incidencia delictiva.

Ante la conclusión del convenio en comento, se necesita la adopción de compromisos institucionales que permitan caminar juntos a la federación, el estado y los municipios, a fin de otorgar certeza a la población de que la presencia de Armada seguirá en la entidad, colaborando así en una materia tan delicada como la preservación de la paz pública y el respeto de la ley.

En vez de generar desunión y disputas, tales rubros pueden y deben provocar la concordia y buena voluntad entre los actores políticos. Estamos seguros de que la construcción de acuerdos será la ruta por seguir durante los próximos días y que contaremos con la generosidad de todos quienes tienen responsabilidades al respecto, con independencia de filiaciones partidistas.

Sin embargo, la presencia de la Marina no basta para garantizar las condiciones de seguridad en Veracruz. Quienes desempeñamos una función legislativa estamos obligados a ofrecer soluciones transexenales y de largo plazo que fortalezcan a las instituciones.

Por ello se vuele urgente la aprobación de la Ley de Seguridad Interior que actualmente se discute en el Congreso de la Unión, la cual –como todos sabemos– creará un marco normativo mucho más adecuado para la participación de las Fuerzas Armadas en tareas relacionadas con el mantenimiento del orden interno, lo cual ha sido solicitado desde hace tiempo y con no poca razón, por los secretarios de la Marina, y de la Defensa Nacional, así como por diversos sectores de la opinión pública nacional. Hacemos votos para que se construyan acuerdos a fin de lograr la aprobación de tan importante propuesta parlamentaria.

Se propone por eso a través de la presente proposición con punto de acuerdo exhortar respetuosamente a la Secretaría de Marina a mantener su presencia en Veracruz, a fin de preservar la seguridad y el patrimonio de los habitantes de la entidad, condición necesaria para garantizar la paz y la prosperidad.

Por lo expuesto elevo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Marina a mantener su presencia en Veracruz a fin de preservar la seguridad y el patrimonio de los habitantes de la entidad.

Notas

1 Fuente: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuer o%20comun/Cieisp2011_092017.pdf Consultada el 24 de octubre de 2017, a las 20:59 horas.

2 Fuente: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuer o%20comun/Cieisp2016_092017.pdf Consultada el 24 de octubre de 2017, a las 20:59 horas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2017.

Diputado Alberto Silva Ramos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la creación de medidas innovadoras y estrategias específicas en materia de difusión y promoción del voto de los mexicanos en el extranjero, a cargo del diputado Miguel Alva y Alva, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Miguel Alva y Alva, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el proceso electoral federal de 2005-2006 la votación de los mexicanos residentes en el extranjero para la elección de presidente arrojó un total de 40 mil 876 ciudadanos inscritos, de los cuales 17 mil 622 fueron mujeres y 23 mil 254 hombres. Los votos totales fueron 32 mil 621 que representó un 79.8 por ciento de participación.

Los resultados por candidato fueron: 19 mil 16 para Felipe Calderón Hinojosa; 1 mil 360 para Roberto Madrazo Pintado; 11 mil 90 para Andrés Manuel López Obrador; 128 para Roberto Campa Cifrián; y 887 para Patricia Mercado Castro.

En el proceso electoral federal de 2011-2012 la votación de los mexicanos residentes en el extranjero para la elección de presidente arrojó un total de 59 mil 115 ciudadanos inscritos, de los cuales 26,755 fueron mujeres y 32,360 hombres. Los votos totales fueron 40 mil 714 que representó un 68.8 por ciento de participación.

Los resultados por candidato fueron: 17 mil 169 para Josefina Vázquez Mota; 6 mil 359 para Enrique Peña Nieto; 15 mil 878 para Andrés Manuel López Obrador; y 829 para Gabriel Quadri de la Torre.

De acuerdo con el artículo 329, inciso 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los ciudadanos residentes en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto para la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos y senadores, así como gobernadores de las entidades federativas y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, siempre que así lo determinen las Constituciones locales.

Es el caso que estos procesos ya están legislados y se han tenido diversas experiencias para la elección de Gobernador. En el año 2016 aplicó para los estados de Aguascalientes, Oaxaca y Zacatecas. En el año de 2017 operó para los estados de Coahuila y el Estado de México.

Para 2018, al mismo tiempo que los mexicanos podrán votar desde el extranjero por presidente de la República y Senadores, los ciudadanos de Chiapas, Ciudad de México (por segunda vez), Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla y Yucatán.

Hasta el momento las entidades federativas que tienen legislado el derecho al voto desde el extranjero son 17: Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Yucatán y Zacatecas.

De acuerdo con la misma Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), el ejercicio del voto desde el extranjero se puede realizar por las vías del correo postal; entrega personal de la boleta en los módulos que se instalen en las embajadas o consulados; y vía electrónica.

En cualquier de los casos, el INE, a través de su Consejo General, deberá determinar la modalidad por la cual los ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto y los lineamientos correspondientes, tanto para las elecciones federales (presidente y senadores) como para las elecciones locales (gobernadores), de acuerdo con el artículo 102 del Reglamento de Elecciones.

El Plan Estratégico 2016-2026 del Instituto Nacional Electoral es la ruta de largo plazo que se plantea para modernizar las tareas electorales que demanda la democracia mexicana. Dicho instrumento requiere ser revisado sobre todo en la implementación de sus proyectos estratégicos, en particular en lo que se refiere al voto de los mexicanos en el extranjero.

Los Proyectos Estratégicos que establece el documento están alineados con las Políticas Generales y los Objetivos Estratégicos. De los 7 proyectos conviene establecer como prioridad y precisión la importancia del voto de los mexicanos en el extranjero en algunos de ellos.

El proyecto “Organizar Procesos Electorales” requiere que las actividades vinculadas al voto de los mexicanos en el extranjero efectivamente propicien una concurrencia operativa con los órganos locales que derive en “incrementar los niveles de efectividad y ejercer la función electoral con resultados operativos que generen confianza entre los distintos actores políticos y la sociedad en su conjunto”.

En cuanto al proyecto “Fortalecer los mecanismos de actualización de los procesos registrales” la mejora en los procesos operativos registrales requiere revisión en lo relacionado con el voto de los mexicanos en el extranjero. Es necesario que los procedimientos, criterios y mecanismos de implementación que establece la Comisión Nacional de Vigilancia en cuanto a credencialización, campañas de promoción y difusión privilegien el objetivo de incrementar la participación política de los mexicanos en el extranjero.

Sobre el proyecto “Coordinar el Sistema Nacional Electoral” es conveniente tener presente que “el INE se encuentra obligado a planear y ejecutar proyectos, programas y acciones de carácter específico, en correspondencia de las facultades que ejerza en este nivel” sobre todo en cuanto al intercambio de experiencias, estrategias y acciones que pueden incentivar la participación política de los mexicanos en el extranjero.

Con relación al proyecto “Fortalecer la Cultura Democrática, la Igualdad de Género y la Inclusión” es urgente establecer una línea de acción transversal para el fortalecimiento del voto de los mexicanos en el extranjero sobre todo en las acciones que se realizan y realicen en el marco de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 (Enccivica).

La Enccivica se plantea como una Política Pública sustentada en tres ejes estratégicos: Verdad, Diálogo y Exigencia. Se trata de profundizar en la apropiación del derecho a la información por parte de los ciudadanos, la promoción de redes y espacios de debate favorables a prácticas democráticas, y el involucramiento de los ciudadanos en la solución de demandas de la sociedad hacia las autoridades e instituciones. Dichas estrategias deben considerar la importancia del voto de los mexicanos en el extranjero como una práctica democrática obligada.

Al respecto, el “Informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México” ha confirmado que el proceso de construcción de ciudadanía está marcado por una profunda desconfianza hacia las autoridades y entre los propios conciudadanos. El documento recomienda que “la participación y el ejercicio de los derechos de los ciudadanos sean más sencillos y menos costosos, así como para promover su acceso igualitario a bienes y servicios públicos”. Esto debe incidir en el Instituto Nacional Electoral para que maximice las acciones a favor de una mayor participación de los mexicanos en el extranjero “siempre y cuando se abran canales de comunicación, control y participación ciudadana en el proceso de la toma de decisiones de los asuntos públicos”.

De acuerdo con el “Anuario de Migración y Remesas México 2016”, en 2015 había 36.9 millones de personas de origen mexicano en Estados Unidos, de las cuales 12.2 millones eran migrantes nacidos en México. Entre los migrantes mexicanos que laboran en ese país las mujeres se concentran principalmente en el sector de hostelería y esparcimiento, mientras que los hombres en la construcción.

La misma fuente refiere que menos de la mitad de las mexicanas migrantes son parte de la población económicamente activa (PEA); mientras que los hombres ocho de cada diez están en la PEA. Adicionalmente, un dato paradójico y preocupante señala que tres de cada diez migrantes (hombres y mujeres) mexicanas tenía la ciudadanía estadounidense.

El anuario agrega que hay 119 mil mexicanos en Europa; 94 mil en Canadá; 38 mil en Centroamérica y el Caribe; 28 mil en Sudamérica; 10 mil en Asia y Oceanía; y mil en África.

Llama la atención que el estudio citado refiere que entre 2009 y 2014, el mayor flujo de migrantes hacia otros países corresponde a la Ciudad de México (70 mil 288), Michoacán (65 mil 298), Guanajuato (63 mil 519), Jalisco (41 mil 581) y Puebla (30 mil 962), precisamente entidades donde además de que votarán por presidente de los Estados Unidos Mexicanos y senadores, lo harán por gobernador del estado. En consecuencia, requiere mayor atención y coordinación de las acciones entre las autoridades electorales, federal y locales.

En consecuencia, lo referido en el artículo 356, inciso 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que “el Consejo General y los Consejos de los organismos públicos locales en cada entidad federativa proveerán lo conducente para la adecuada aplicación de las normas contenidas en el presente Libro”, el sexto que se refiere al voto de los mexicanos en el extranjero.

Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral para que se tomen las medidas innovadoras, las estrategias específicas y los acuerdos necesarios en materia de difusión y promoción del voto de los mexicanos en el extranjero para que los partidos políticos, las organizaciones sociales defensoras de los derechos políticos de los migrantes, las federaciones y clubes de migrantes, la Secretaría de Relaciones Exteriores, los gobiernos de las entidades federativas, los gobiernos municipales, y los medios de comunicación mexicanos e hispanos en Estados Unidos, actúen a favor de una mayor participación de los mexicanos que radican en el extranjero para votar por presidente de los Estados Unidos Mexicanos y senadores de la República y gobernadores en el año 2018.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los partidos políticos, las organizaciones sociales defensoras de los derechos políticos de los migrantes, las federaciones y clubes de migrantes, la Secretaría de Relaciones Exteriores, los gobiernos de las entidades federativas, los gobiernos municipales, y los medios de comunicación mexicanos e hispanos en Estados Unidos, para que demuestren voluntad y contribuyan con decisiones, acciones e iniciativas a favor de una mayor participación de los mexicanos que radican en el extranjero para votar por presidente de los Estados Unidos Mexicanos y senadores de la República y gobernadores en el año 2018.

Palacio Legislativo De San Lázaro, a 30 octubre de 2017.

Diputado Miguel Alva y Alva (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al establecimiento de un plan nacional de seguridad para resguardar la integridad de los estudiantes de universidades públicas y privadas, a cargo del diputado Alfredo Basurto Román, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe Alfredo Basurto Román, en mi calidad de Diputado Federal del Grupo Parlamentario de MORENA de la LXIII Legislatura con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, fracción II, numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Primera: El pasado miércoles 3 de mayo de 2017 Lesvy Berlín Osorio, de 22 años, apareció estrangulada y atada en una caseta telefónica en el campus de la Universidad Nacional Autónoma de México, en los jardines aledaños al Instituto de Ingeniería,

Por este hecho el 5 de mayo marcharon miles de estudiantes de la Universidad, La indignación colectiva fue una reacción a las respuestas institucionales que intentaron normalizar la tragedia, tanto con datos falsos y ofensivos hacia la víctima y su familia, como con el silencio, omisión, la negación o desconocimiento de la joven como parte de la comunidad universitaria y de la tipificación del feminicidio.

Segunda: Posteriormente el día 8 de septiembre de 2017 desapareció la joven Universitaria Mara Fernanda, estudiante de Ciencias Políticas, tras abordar un transporte privado en el Estado de Puebla.

Tercera: Así mismo el viernes 13 de octubre de 2017 Cinthia Nayhelli Vázquez, de 16 años salió de casa rumbo a la preparatoria número 1, en el campus UAZ siglo XXI, y no se supo más de ella sino hasta el mediodía del sábado que su cuerpo fue encontrado sobre las aguas negras de un arroyo que cruza la colonia Orquídeas, en el municipio conurbado de Guadalupe.

Al principio de su desaparición se comenzó su búsqueda en las redes sociales por parte de amigos y familiares, sin embargo, el desenlace fue fatal al confirmarse que el hallazgo, de aquel cadáver que, por la tarde reportaron las autoridades de Seguridad Publica, correspondía al de Cinthia.

El reporte pericial mencionaba que a las 15;50 horas del sábado, se recibió un reporte al número de emergencias 911 para informar sobre el cuerpo de una mujer que estaba semidesnudo y boca arriba en un arroyo, al cual se le practicaría la necropsia de ley para conocer las causas de deceso.

A las pocas horas se supo que se trataba de Cinthia, muerte que confirmó en un comunicado la Rectoría de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), al identificarla como su alumna. La institución condenó su asesinato y exigió a las autoridades estatales el esclarecimiento del crimen y aplicación de la justicia.

Cuarta: Ante los lamentables hechos de la muerte de la joven de 16 años más de 10 mil personas, entre alumnos y profesorado de la Universidad Autónoma de Zacatecas, marcharon el lunes 16 de octubre junto con familiares y amistades de la alumna de preparatoria Cinthia Nayhelli Vázquez, para pedir paz y exigir justicia por su asesinato.

El rector Antonio Guzmán Hernández marchó al frente del contingente conformado por miles de estudiantes, al que se integraron también organizaciones, que con pancartas reclamaron la inseguridad prevaleciente, los feminicidios y la violencia que se vive en el estado.

La marcha salió desde el patio de las ingenierías de la UAZ y culminó en la Plaza de Armas, donde se guardó un minuto de silencio

“¡Queremos paz, queremos paz!”, fueron los gritos que lanzó la comunidad universitaria en esta marcha multitudinaria. A la vez que reclamaban la demanda contra el gobernador para que renuncie, porque no ha cumplido el contrato que firmó cuando fue candidato, por el que prometió devolver la paz a los zacatecanos.

En las pancartas, las jóvenes escribieron todo tipo de consignas: “No quiero sentirme valiente cuando salgo a la calle”, “Gobierno, te reto a responder”, “Somos UAZ, exigimos justicia”1.

Quinta: Para desgracia, la noche del pasado día 19 de este mes, en la Ciudad de Guadalupe, Zacatecas acribillaron a cuatro personas, dos de ellos jóvenes –uno de los cuales tenía apenas 14 años de edad, de nombre Valentín Velázquez- pertenecientes a una familia de gran arraigo en esta ciudad. Sólo uno de ellos no murió. El dolor es de la familia y de todos los zacatecanos porque estamos contra el paredón ante esta creciente ola de violencia y la omisión del gobierno para contrarrestarla.

En Zacatecas y en el país entero, cada día se oyen balazos y mueren personas inocentes en el ajuste de cuentas y ante la fracasada estrategia de seguridad que implementan las instituciones encargadas de salvaguardar el orden nacional.

Sexta: De acuerdo a cifras del INEGI en 2016 la muerte de jóvenes por homicidios de 15 a 19 años asciende a 1,732 mientras que de 20 a 24 años aumenta a 3,392, dentro de ellos estudiantes.

Séptima: Es importante que se realice un plan nacional para salvaguardar la integridad de todos los jóvenes universitarios, de escuelas públicas y privadas, pues los casos expresados son mínimos a la gran cantidad de sucesos similares, en respeto a los Derechos Humanos y las garantías individuales consagradas en nuestra Constitución Política y en las Leyes y decretos que emanan de ella.

Artículo 21 de la Constitución Federal párrafo noveno y décimo:

“La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala”. 1

El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:”

Inciso c)

c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos”.

El artículo 2 y 4 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica indica:

Artículo 2. “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del sentenciado, en términos de esta Ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

Artículo 4. “El Sistema Nacional de Seguridad Pública contará para su funcionamiento y operación con las instancias, instrumentos, políticas, acciones y servicios previstos en la presente Ley, tendientes a cumplir los fines de la Seguridad Pública.”

El programa nacional de seguridad publica 2014- 2018 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de abril de 2014, señala:

Estrategia 1.1:” Promover mecanismos de coordinación entre dependencias del Gobierno de la República para garantizar la efectividad en las políticas de seguridad”.

Líneas de Acción:

“1.1.5 Vincular a las instituciones de los sectores salud, educación, turismo y medio ambiente en acciones de seguridad pública”.

Y a su vez el “acuerdo por el que se crea la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia cuyo objeto es la coordinación de las dependencias y entidades de la administración pública federal en el diseño y la ejecución de políticas, programas y acciones en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia”; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de febrero de 2013.

Octava: La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia tiene como función crear, ejecutar, dar seguimiento y evaluar políticas en materia de seguridad mismo que expresa en el capítulo IV artículo 25 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica:

“Artículo 25.- Son funciones de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia:

I. Formular políticas generales de procuración de justicia, así como ejecutar, dar seguimiento y evaluar las acciones en la materia;

II. Promover la coordinación y colaboración entre las Instituciones de Procuración de Justicia y las Instituciones Policiales;

III. Formular propuestas para la integración del Programa Nacional de Procuración de Justicia y demás instrumentos programáticos relacionados con el ámbito de su competencia, así como darles seguimiento;

IV. Formular, de conformidad con los criterios del Consejo Nacional, el Programa Rector de Profesionalización de las Instituciones de Procuración de Justicia;

V. Elaborar propuestas de reformas legislativas y ordenamientos administrativos en materia de Procuración de Justicia;

VI. Integrar los Comités que sean necesarios para el desempeño de sus funciones; “

Por los acontecimientos recientemente suscitados, vengo a plantear ante esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero: La Cámara de Diputados del congreso de la Unión exhorta a la Comisión Intersecretarial para la prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, a elaborar un plan nacional de seguridad conjuntamente con las universidades públicas y privadas para salvaguardar la integridad de todos los estudiantes del país.

Segundo: La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública a implementar en el ámbito de sus competencias un operativo conjunto con un plan nacional para garantizar la seguridad de los estudiantes de las Universidades Publicas y privadas del país.

Nota

1. El pulso de Colima.

http://elpulsodecolima.com/2017/10/17/marchan-en-zacatec as-por-cinthia-nayeli/

Palacio Legislativo de San Lázaro a 30 de octubre de 2017.

Diputado Alfredo Basurto Román (rúbrica)