Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al jefe del gobierno de la Ciudad de México a dar celeridad por la PGJ a las investigaciones sobre los presuntos actos de abuso sexual contra menores en el kínder Círculo Infantil Personalizado, SC, en Cuajimalpa de Morelos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputadas y diputados federales de diversos grupos parlamentarios e integrantes de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, 65; 76, numeral 1, fracción II; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2; así como los artículos 79, numeral 2, fracción III, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo invocando respetuosamente el carácter de urgente y obvia resolución para exhortar respetuosamente al titular enunciado en el proemio de la citada proposición, al tenor de los siguientes.

Antecedentes

En los últimos años. de acuerdo con las cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y compartido por la Asociación Civil para el Desarrollo Integral de Personas en su edición “El crecimiento urbano y las violencias en México” señala que, cada nueve minutos se violenta sexualmente a una persona, y por lo que solo consta a la Ciudad de México presenta sesenta mil víctimas por año.

El abuso sexual es uno de los delitos más graves cometidos contra la integridad y derechos de la otra persona, en el caso de menores de edad, la gravedad de este delito aumenta y las consecuencias son más devastadoras, desgraciadamente los abusos comienzan dentro de casa o en los centros educativos y continúa durante años perpetuándose incluso hasta la adolescencia o vida adulta de la víctima.

Así las cosas, es el caso especial del kínder Circulo Infantil Personalizado, SC, con respecto a la carpeta de investigación ministerial número CI-FDS/FDS-6/UIFDS-6-02/0074/07-2017 radicada en la Unidad de Investigación 3-02 Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales ubicada en la Ciudad de México presentada desde el día 4 de julio del presente año.

Dentro de la denuncia interpuesta por los padres de los menores se relata la presunta realización y ejecución de violaciones y abusos sexuales por parte de personal docente a aproximadamente 20 víctimas menores de 4 años de edad que fungían como alumnos en el interior de un colegio privado de la Ciudad de México, dicho documento argumenta la alteración del comportamiento de una de las menores alumnas del colegio en mención, donde los padres detectaron alteración de sueño acompañado de pesadillas enunciando que “veía unos ojos en las puertas del closet y que tenía mucho miedo” en otras ocasiones mencionaba que “que se la iban a llevar unas personas extrañas”, estos comportamientos iban acompañados de pocos periodos de sueño, al momento de cuestionar el origen de las pesadillas, solo se negaba a decir que le sucedía.

Continuando con el relato de la carpeta de investigación, días después el comportamiento de la menor víctima de los supuestos delitos, se mostró temblorosa, con llanto, con falta de apetito, intranquila, angustiada, con sudoración excesiva y en diversas ocasiones pedía que sus padres la acompañaran en todo momento, circunstancia que dejó en constante preocupación a sus padres.

La situación se agravó cuando la niña menor víctima de los presuntos delitos, cuando se bajó el pantalón y calzón, quedando completamente desnuda, a lo que el padre de la menor le refirió que se subiera inmediatamente su ropa interior y su pantalón, toda vez que nunca se le ha dado esa educación de exhibicionismo, e inmediatamente se le cuestionó quien le había enseñado a realizar dicho comportamiento a lo que refirió la menor víctima que, “le enseñó su compañero de clase”.

Aunado a lo anterior, los padres continuaron observaron comportamiento anormales de su hija menor, manifestaron que “de forma directa ingresó su dedo en su vagina y lo empezó a mover en forma de masturbación y acto seguido sacó el dedo de su vagina y manifestó mira huele rico”, así las cosas los padres de la menor decidieron mantener comunicación con los demás padres de familia que tienen a sus hijos en el mismo colegio, para verificar si también lo demás menores manifestaban comportamientos anormales.

Los padres de la menor afectada, con los demás padres de familia, se reunieron de manera inmediata, donde se concluyó que diversos menores tenían conductas anormales similares, lamentablemente solo dos padres de familia decidieron denunciar a la escuela, los demás padres de familia no denunciaron por miedo a represalias o algún otro tipo de daño.

Dentro de las preguntas que los padres le hicieron a la menor afectada, en la mayoría de las respuestas coincidía que ese tipo de comportamientos anormales se los enseñaron sus maestras del colegio, a lo que ella denominaba “me enseñaron a como tocarme”, además que esa misma maestra de clases ·les pedía los niños que todos los compañeros de sus salón se tocaran sus partes íntimas del cuerpo entre ellos (pecho, vagina y nalgas)”.

Las declaraciones de la menor afectada, también señala que en reiteradas ocasiones ·su maestra era la persona que las tocaba en las partes íntimas de su cuerpo a ella y a sus otros compañeritos del salón, asimismo explica que la maestra los golpeaba en la cabeza si los menores no realizaban las conductas que ella les indicaba”, declaraciones que a todas luces son constitutivas de diversos delitos que se castigan con cárcel.

Posteriormente a la denuncia presentada por los padres de los menores afectados, enviaron un oficio de manera electrónica dirigido a la Secretaria de Educación Pública (SEP), a fin de solicitar acciones preventivas en contra de la escuela “Circulo Infantil Personalizado, S.C” con el objetivo de que las niñas y niños que están inscritos en el ciclo escolar no sufran algún tipo de abuso en lo que se deslinda las responsabilidades en la carpeta de investigación promovida, por lo que la SEP contestó con oficio de fecha 27 de julio de 2017 con número AFSEDF/ DGOSE/ DIEPPE/ SCOIEP/ DAJ /3309/ 2017 signado por la Licenciada María Guadalupe Flores García Directora de Incorporación de Escuelas Particulares y Proyectos Específicos donde expresa que “se están llevando a cabo las acciones correspondientes para dar atención a la queja” y que hasta la fecha no ha habido acción alguna.

Sin soslayar, por los que respecta al Colegio en comento, sigue operando con normalidad hasta el día de hoy, recibiendo a miles de niñas y niños que pudieran ser víctimas actos de abuso sexual, posible violación equiparada, pornografía infantil, corrupción de menores, así como violencia física y moral, por lo que es de extrema importancia avanzar en las investigaciones a fin de castigar a los responsables de estos lamentables actos.

Las diputadas y diputados federales somos responsables de salvaguardar la integridad de las niñas y niños por medio de la elaboración de reformas que permitan perfeccionar el sistema de educación y la persecución de conductas constitutivas de delitos, como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño aprobada en 1990 por la Asamblea de las Naciones Unidas en su artículo 28, a niñas, niños, adolescentes y jóvenes como sujetos plenos de derecho.

Estos derechos son inalienables, inviolables y obligatorios, por su parte el artículo 29 de dicha convención, cita, que los estados parte convienen en que la educación del niño, debe estar encaminada a: Desarrollo de la personalidad, capacidad mental y física del niño, inculcar el respeto a los derechos humanos, inculcar al niño el respeto por su padres, de su identidad cultural y sus valores, preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia e igualdad de sexos, así como amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos nacionales y religiosos.

Como se refiere en los anteriores párrafos, a más de dos meses de investigación por parte de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, solo ha mostrado pasividad de la función ministerial solo efectuando diligencias de mero trámite, omitiendo indagar la totalidad de los hechos sometidos a su consideración, además, la Policía de Investigación ha sido pasiva para obtener información y datos de prueba necesarios para la indagatoria, es decir, no se observa una indagación más que de mero trámite y no así exhaustiva, completa, ágil y eficaz.

Finalmente, los diputados suscritos solicitamos de manera puntual para que la Procuraduría en mención, al tratarse de menores de edad y cuyo interés superior debe procurarse, a efecto de que los hechos denunciados se indaguen con exhaustividad, congruencia, habilidad, imparcialidad e inteligencia de investigación ministerial y policial, supervisando que los auxiliares ministeriales se reencausen las averiguaciones ministeriales al dirigirse correctamente para obtener los datos de prueba necesarios, para en su caso las presuntas víctimas puedan tener acceso a la administración de justicia y así, ninguna niña o niño más sea víctima de estos abusos.

Por todo lo anterior, sometemos a consideración los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al jefe de gobierno de la Ciudad de México para que, a través de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, de celeridad a las investigaciones por los presuntos actos de abuso sexual de niñas y niños dentro del kínder “Circulo Infantil Personalizado S.C” ubicado en la delegación de Cuajimalpa de Morelos en la Ciudad de México.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que, en el ámbito de sus competencias, coadyuve con la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México con las investigaciones y aplique, en la medida de lo posible, medidas precautorias al kínder mencionado.

Dado en el salón de sesiones del recinto legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes de octubre del año 2017.

Diputados: Julieta Fernández Márquez (rúbrica), Verónica Muñoz Parra (rúbrica), Beatriz Vélez Núñez, Silvia Rivera Carbajal, Ricardo Taja Ramírez, Salomón Majul González.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a retomar los compromisos y las reuniones de las mesas de atención interinstitucional de la fibrosis quística; y al Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud, a publicar la Guía de Práctica Clínica de Tratamiento de la Fibrosis Quística, a cargo de la diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del Grupo Parlamentario del PAN

La que se suscribe, diputada federal Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confiere la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Secretaría de Salud a retomar los compromisos y reuniones de las Mesas de Atención Interinstitucional de la Fibrosis Quística, con el objetivo de consolidar una política pública de control del padecimiento; así como exhortar al Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud, para que publique la Guía de práctica clínica de tratamiento de la fibrosis quística, como herramienta de consulta y referencia para las instituciones del Sistema Nacional de Salud, bajo las siguientes

Consideraciones

La fibrosis quística (FQ) es una enfermedad hereditaria letal, que se transmite de manera autosómica recesiva. Es una enfermedad multisistémica, de evolución crónica, progresiva y letal, con una sobrevida dependiente del manejo multidisciplinario, sistemático y coordinado, el que debe ir incorporando los avances de la investigación clínica y genética.1

La FQ hace que ciertas glándulas en el cuerpo no funcionen adecuadamente. Estas glándulas se llaman exocrinas (que secretan hacia afuera), normalmente producen secreciones líquidas y resbalosas, como el sudor, el moco, las lágrimas, la saliva y los jugos digestivos. Estas secreciones pasan por conductos (pequeños tubos) hasta llegar a la superficie del cuerpo o a los órganos huecos, como los intestinos o las vías respiratorias. Las glándulas exocrinas y sus secreciones ayudan a que el cuerpo funcione normalmente.

Los pacientes con este padecimiento, producen un moco espeso y pegajoso debido al comportamiento de estas glándulas exocrinas, el cual puede obstruir los conductos y otras vías de paso. Los tapones de moco se encuentran con mayor frecuencia en los pulmones y los intestinos y pueden causar problemas en la respiración y la digestión.

También afecta las glándulas sudoríferas, con exceso de sal (sodio y cloro) y potasio en el sudor. Esto puede causar problemas cuando se suda mucho.

La FQ es una enfermedad compleja y discapacitante que requiere de un diagnóstico temprano y tratamiento específico en centros de atención especializados.

A nivel mundial, se estima que la FQ ocurre en uno de cada 3.200 niños nacidos vivos.2 En nuestro país, según datos de la Asociación Mexicana de Fibrosis Quística, alrededor de 350 niños nacen cada año en nuestro país con este padecimiento.3

Anteriormente era un padecimiento mortal en los primeros años de vida y en la actualidad aún con la misma variante que determina un mal pronóstico a corto plazo se ha logrado aumentar la esperanza y calidad de vida en estos pacientes. Mientras en 1994, la esperanza promedio de vida en México era de 9 años (0.497), en aquel entonces se iniciaron los esfuerzos encaminados a tratar al paciente con FQ en forma multidisciplinaria, en 2004, la sobrevida promedio ya era de 12 años (0.506) y 10 años después en 2014 fue de 18 años (0.496), según datos obtenidos de 1,209 pacientes seguidos desde 1986.4

Si bien se ha avanzado, este ha resultado lento para la expectativa del paciente en México. Aunado a ello, encontramos barreras importantes para que los niños y niñas logren acceder a un diagnóstico oportuno y tratamiento integral en el Sistema Nacional de Salud.

Mientras los primeros 28 días del nacimiento son fundamentales para detectar la enfermedad5 y brindar un tratamiento integral antes de que se presenten los síntomas, actualmente en nuestro país, el promedio de diagnóstico es de 3 años.6 La falta de inversión en capacitación e implementación de protocolos también impacta el diagnóstico.7

Adicional, bajo el sistema de salud actual, el acceso a tratamiento varía de institución a institución. La AMFQ ha señalado que: “la mayoría de nuestros pacientes no tienen actualmente la posibilidad de obtener todos los medicamentos necesarios para su tratamiento ya que los actuales programas solamente cubren aproximadamente a un 20 por ciento de ellos.”8 En países desarrollados hasta el 50 por ciento de los pacientes reciben trasplantes pulmonares, mientras que en México el número es marginal.

Debido a ello, las familias realizan un gasto de bolsillo importante para cubrir el tratamiento integral de los pacientes y aún con algún tipo de afiliación o derechohabiencia, terminan desembolsando miles de pesos al mes.

Finalmente, debido a la falta de suficientes especialistas para el diagnóstico de la FQ, los niños y niñas, sujetos al tipo de afiliación y derechohabiencia de sus padres o tutores, pierden tiempo clave identificando la institución que cuente con el equipo multidisciplinario que cuente con las mejores prácticas clínicas, ajustando en la familia el tipo de seguridad social que garantice las mejores posibilidades para los pacientes, aumentando con ello, aún más, los tiempos de acceso a tratamiento.

Existen casos en que menores son atendidos de sus padecimientos por medio del Seguro Popular y es el caso que se configura cuando sus padres o tutores acceden a otro esquema de seguridad social, entiéndase Seguro Social, el ISSSTE u otro esquema de seguridad social, dichos sistemas al no contemplar el tratamiento que recibe el menor en sus esquemas de protección y atención, éste debe suspenderse, incurriendo así el Estado Mexicano en una violación de los derechos humanos de los menores.

De la misma manera, hay pacientes derechohabientes del IMSS o del ISSSTE que recibían los medicamentos y que por alguna circunstancia perdieron esa prestación y al afiliarlos al Seguro Popular, ya han cruzado la barrera de los 5 años, lo cual impide el acceso a los beneficios de la cartera del Seguro Médico S.XXI.

En otras ocasiones, los niños y niñas con FQ han sido atendidos en hospitales estatales, sin afiliarse a tiempo a Seguro Popular debido a la falta de información sobre la cobertura del padecimiento, situación que genera gastos de bolsillo para las familias.

Para dar solución a esto, en 2015 se pusieron en marcha las Mesas de Atención Interinstitucional de la Fibrosis Quística, con el objetivo de convocar a profesionales de la salud, instituciones y organizaciones de la sociedad civil entre las que destacan:

• Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia; Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud; Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva; Centro Nacional de Protección Social en Salud; Dirección General de Epidemiología; Asociación Mexicana de Fibrosis Quística; Hospital Infantil de México Federico Gómez.

En estas reuniones, se consensuaron los lineamientos generales para abordar a la Fibrosis Quística desde una perspectiva integral, multidisciplinaria y alineada para todas las instituciones de salud. Entre los temas a tratar se incluyeron: tamiz neonatal ampliado; Guía de Práctica Clínica; Sistema de Registro de Fibrosis Quística; diagnóstico y atención en Seguro Popular.

Sin embargo, a pesar de que se efectuaron distintas reuniones que dieron origen a documentos preliminares, al 2017 no se ha publicado la Guía de Práctica Clínica de Tratamiento de la Fibrosis Quística, documento de referencia para la toma de decisiones de todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud.

El artículo 1o. constitucional, obliga a toda autoridad a actuar en congruencia y procuración de la protección más amplia de los derechos humanos reconocidos por la Constitución. Asimismo, el artículo 4o. constitucional, cuarto párrafo, indica que “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud”.

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero . Se exhorta a la Secretaría de Salud, para que se retomen los compromisos y reuniones de las Mesas de Atención Interinstitucional de la Fibrosis Quística, con el objetivo de consolidar una política pública integral de control del padecimiento.

Segundo . Se exhorta al Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud, para que se publique la Guía de práctica clínica de tratamiento de la fibrosis quística, que servirá como documento de referencia para la toma de decisiones de todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud.

Notas

1 Consenso Nacional de Fibrosis Quística, Chile 2001. Disponible en:

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&p id=S0370-41062001000400013

2 Cystic Fibrosis Foundation. Disponible en:
https://www.cff.org/PDF-Archive/En-Español/
Una-Introduccion-A-La-Fibrosis-Quistica-Para-Los-Pacientes-Y-Sus-Familias/

3 Asociación Mexicana de Fibrosis Quística. Disponible en: http://amfq2.agenda28.net/informacion-general/

4 “Proyecto para la Implementación de Centros de Excelencia para Fibrosis Quística”, Asociación Mexicana de Fibrosis Quística

5 https://www.gob.mx/salud/prensa/en-mexico-cada-ano-se-presentan-350-nue vos-casos-de-fibrosis-quistica

6 “Proyecto para la Implementación de Centros de Excelencia para Fibrosis Quística”, Asociación Mexicana de Fibrosis Quística

7 “Fibrosis quística, su tratamiento y futuro”, Wellness Foundation 2016

8 “Proyecto para la Implementación de Centros de Excelencia para Fibrosis Quística”, Asociación Mexicana de Fibrosis Quística, AC.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2017.

Diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SFP a investigar el uso con fines particulares de un helicóptero oficial por el ciudadano Emilio Gamboa Patrón, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Omar Ortega Álvarez, diputado de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con información difundida por medios de comunicación, el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, fue denunciado públicamente por el uso de la aeronave de la Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales (CGTAP), dependiente del Estado Mayor Presidencial, con matrícula XC-LNR para, supuestamente, tener una reunión de trabajo y un juego de golf con el presidente Enrique Peña Nieto.1

El domingo 15 de octubre del presente año, el equipo femenil de tiro con arco en el Campo Marte, practicaba de cara al campeonato mundial, pero fue interrumpido por el aterrizaje y despegue del helicóptero que transportaba al senador y a su equipo de golf.2

El incidente nos recuerda lo ocurrido hace un año –también en octubre–, cuando Emilio Gamboa, acompañado del funcionario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Guillermo Ruiz de Teresa, hizo un aterrizaje en helicóptero en el arrecife protegido Alacranes, en Yucatán, acción por la cual pidió disculpas por ir como pasajero.

Después de lo acontecido, y a pesar de la seriedad del asunto, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) sólo multó al piloto del helicóptero, al arrendador y al propietario de la embarcación, sin ningún otro castigo.

El uso particular e irresponsable de helicópteros oficiales en el sexenio del presidente Peña Nieto, parece ser una constante, tal es el caso del ex titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), David Korenfeld Federman.

Los medios de transporte oficiales no pueden usarse a discrecionalidad y capricho de los funcionarios públicos, y las sanciones correspondientes a todos aquellos que hiciesen este uso, deben aplicarse con objetividad y sin dilación. Para ello debe existir la mayor transparencia en su ejercicio.

En un país que atraviesa un proceso de reconstrucción y de recortes al gasto social, el derroche de los recursos públicos es una ofensa nacional y una falta grave que no puede ser pasada por alto.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública a iniciar la investigación correspondiente sobre el uso de un helicóptero oficial con fines particulares del ciudadano Emilio Gamboa Patrón.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al Estado Mayor Presidencial a hacer públicas las bitácoras de viaje que han realizado desde 2012 a la fecha, así como el costo de cada uno de los viajes y sus reglas de operación y uso.

Notas

1 Proceso . “Después de trabajar, jugué golf con el presidente, acepta Gamboa”. Consultado en línea el 17 de octubre de 2017 en http://www.proceso.com.mx/507693/despues-trabajar-jugue-golf-presidente -acepta-gamboa

2 Redacción Animal Político . “Senador Emilio Gamboa usa helicóptero oficial para ir a jugar golf; tenía reunión con EPN, dice”. Consultado en línea el 17 de octubre de 2017 en http://www.animalpolitico.com/2017/10/emilio-gamboa-helicoptero-jugar-g olf/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2017.

Diputado Omar Ortega Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer un plan estratégico de recuperación económica para Guerrero a través de la promoción turística, a cargo del diputado Roberto Guzmán Jacobo, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Roberto Guzmán Jacobo, diputado de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo estipulado en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición de urgente y obvia resolución con puntos de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Las actividades económicas de los estados de Guerrero y Morelos, dos entidades vecinas y de vocación turística y productiva, durante los últimos meses, y quizá podemos señalar que por un periodo prologado de tiempo, se han visto inmersas en una clara caída de las economías regionales de la zona.

Los altos índices de criminalidad que se dispararon durante 2016 y principios del 2017, así como conflictos sociales en la región, impactaron en su momento a la recuperación económica que en la zona turística de Guerrero se venía generando por la puesta en marcha de un proyecto de reactivación económica de la zona.

Los huracanes, las lluvias torrenciales, los terremotos del 7 y 19 de septiembre han colapsado la frágil economía de Morelos y Guerrero, en especial la de los guerrerenses, dañando severamente la infraestructura pública de la entidad, justo en medio de un proceso de recuperación económica que se ha visto frenada por desastres naturales e incidencias delictivas.

Guerrero y Morelos, requieren de asistencia e intervención inmediata. Cientos de miles de empleos en estos estados, dependen de la derrama económica que genera la industria turística y que se ha visto frenada desde mediados de 2015.

En materia de la recuperación económica y reconstrucción de la zona, se ha estimado que los daños causados por los sismos ascienden a casi 40 mil millones de pesos, los cuales permitirán regresar a la normalidad a las 250 mil familias afectadas, para lo cual, la recuperación económica es prioritaria en aras de avanzar a una consolidación plena de la actividad económica.

Guerrero es uno de los estados de la República con Producto Interno Bruto (PIB) mediano, en el que la mayor parte de la población se ocupa en el comercio y el turismo. Esta última actividad económica es la que más recursos deja al estado, pues aporta gran parte del PIB total del estado y emplea a miles de personas.

La zona turística en el estado de Guerrero recorre la Sierra Madre del Sur. Esta zona turística llamada “Triángulo del Sol” está conformada por las ciudades de Acapulco, en el sur; el binomio de Ixtapa-Zihuatanejo, en el norte; y Taxco, en el centro del estado. Estas ciudades son las que reciben más turistas en Guerrero, teniendo en su conjunto 24 mil 635 habitaciones de hospedaje en el 2016.

Durante 2016 once millones 500 mil turistas visitaron Guerrero, además de la llegada de 39 cruceros.

El Puerto de Acapulco es un destino de playa que se mantiene como el gran atractivo turístico del país, especialmente para las más de 20 millones de personas que habitan el Valle de México, por su cercanía a esta gran urbe y por su belleza paradisiaca.

Guerrero y Morelos, en el llamado Triángulo del Sol, dependen en gran medida de la Autopista del Sol, principal vía de comunicación de Gurrero con el centro del país y, una de las vías más transitadas en México y, principal vía de acceso entre Morelos y Guerrero.

El 6 de julio de 2017, al inicio de las vacaciones de verano, Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó sobre un aumento en las tarifas de la red carretera del país, de 3.9 por ciento, desde el primer minuto de este día.

Sin embargo, mediante un comunicado, Capufe detalló que la tarifa del corredor México-Acapulco se mantendría con un descuento de 25 por ciento.

Hay que recordar que este descuento en la Autopista del Sol se otorgó para apoyar el proceso de recuperación de los municipios que se vieron afectados a finales de 2013 por los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel, para así impulsar el turismo y el desarrollo económico de la entidad.

Sin embargo, el 1 de septiembre de 2017 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a través de Capufe, de manera sorpresiva canceló el citado 25 por ciento de descuento, por lo que las tarifas de la Autopista del Sol se vieron aumentadas en dicho porcentaje.

Esto, señalan varios especialistas1 propiciará el aumento de precios de productos diversos de consumo básico cuyo traslado es por vía terrestre, el aumento al pasaje foráneo, y repercutirá principalmente en la afluencia turística nacional, ya que con las nuevas cuotas esa vía de comunicación es ahora una de las más caras del país.

Con las nuevas tarifas de la Autopista del Sol, a partir de septiembre, el viaje redondo de la Ciudad de México a Acapulco en vehículo particular cuesta mil 46.00 pesos, lo que representa un aumento de 250.00 pesos. Este monto podría aumentar si los usuarios usan la vía Metlapil para tener un traslado más rápido a Punta Diamante; o si utilizan el Maxitúnel que para los usuarios no residentes el peaje es de casi 100 pesos.

Aparte de que la Autopista del Sol es de las más caras del país, entre el 40 y 50 por ciento de su totalidad está en muy malas condiciones, después de los sismos y hay varios tramos en los que sólo funciona uno de los dos carriles lo que la hace extremadamente peligrosa poniendo en riesgo la seguridad de los usuarios.

Una de las prioridades del estado de Guerrero es que la actividad turística se sostenga y se incremente, para una pronta recuperación de su población después de los sismos. Para ello el gobierno federal debe de apoyar otorgando permanentemente el 50 por ciento de descuento que se venía aplicando en meses anteriores y que a la mayor brevedad posible se hagan las reparaciones a la misma, para poder reincorporar a la población al comercio y turismo.

Liberar el peaje del tránsito por la Autopista del Sol, se ha comprobado, genera la afluencia de turismo entre la capital y Guerrero, dejando derrama económica en Morelos y los municipios aledaños a la autopista hasta el destino final, Acapulco.

Este Punto de Acuerdo tiene el objetivo de invitar al Gobierno Federal a través de Caminos y Puentes Federales, para que facilite el tránsito entre la capital de la república y el estado de Guerrero, con ésta acción se beneficia la reactivación económica que generará un aproximado de medio millón de empleos directos, según cifras del propio Inegi y la Secretaría de Economía.

Por lo anteriormente expuesto, presento a este pleno el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, como sigue:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, en la facultad de sus atribuciones, para que se considere la exención de pago de peaje, o en su caso, el subsidio del 50 por ciento del costo del mismo, en la casetas de cobro de la Autopista del Sol como medida extraordinaria en aras de la recuperación económica de Guerrero y Morelos, favoreciendo con ello, la recuperación de 500 mil empleos directos en la zona por el alza en el turismo a través de ésta medida especial.

Segundo. La Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura Federal, exhorta al titular de Caminos y Puentes, para que en la facultad de sus competencias, establezca mecanismos inmediatos de reconstrucción de las vías carreteras en el estado de Guerrero dañadas por los sismos, lluvias y deslaves durante éste periodo de huracanes.

Tercero. La Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura Federal, exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación para establecer un programa estructural de seguridad pública en Guerrero y Morelos con el fin de garantizar la seguridad el turismo y los habitantes de estas entidades.

Cuarto. La Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura Federal exhorta al titular de la Secretaría de Turismo, a fin de invertir y promocionar los destinos turísticos de Guerrero y Morelos en un plan estratégico nacional para fortalecer la afluencia turística en estas entidades.

Nota

1 http://www.redesdelsur.com.mx/2016/index.php/guerrero/22619-incrementa- sct-tarifas-de-la-autopista-del-sol

Palacio Legislativo de San Lázaro a 19 de octubre de 2017.

Diputado Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo tanto a los programas urgentes implantados en la Ciudad de México para atender a los damnificados del sismo del 19 de septiembre como a las presuntas responsabilidades administrativas y penales por su mal uso, suscrita por el diputado Samuel Rodríguez Torres e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputado Samuel Rodríguez Torres y diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguiente

Exposición de Motivos

El sismo ocurrido el pasado martes 19 de septiembre con una magnitud de 7.1 grados con epicentro en los estados de Puebla y Morelos de acuerdo a lo establecido por el Servicio Sismológico Nacional revivió en nuestro país, y particularmente en la Ciudad de México, la pesadilla ocurrida hace 32 años con el sismo de 1985. Si bien tanto las pérdidas materiales como humanas fueron menores en comparación con 1985, lo cierto es que hubo una importante cifra de muertos en los estados afectados (el sismo del pasado 19 de septiembre, según lo señala el Boletín UNAM-DGCS-638 del 27 de septiembre de 2017, fue 30 veces menor al de 1985). De acuerdo a lo publicado en la cuenta oficial de Twitter de Luis Felipe Puente Espinosa, coordinador nacional de Protección Civil, de la Secretaría de Gobernación, al 4 de octubre la suma total de fallecidos ascendió a 369 personas, de las cuales 228 corresponden a la Ciudad de México.

Las pérdidas económicas y materiales son igualmente cuantiosas, sin embargo, resalta que ante la tragedia tanto la ciudadanía como las autoridades de los tres niveles de gobierno actuaron de forma solidaria y conjunta para hacer frente a la emergencia, al colaborar con recursos humanos, materiales y económicos para atender las necesidades de las personas en desgracia.

Derivado de lo anterior, el gobierno federal y los gobiernos locales han implementado diversas acciones gubernamentales para atender la emergencia y, de forma posterior, generar condiciones que permitan la reconstrucción de la Ciudad de México y de las demás comunidades afectadas.

Entre las acciones realizadas en la Ciudad de México se encuentran el establecimiento de centros de acopio, acciones especiales en materia de salud, así como la implementación de programas emergentes de entrega de recursos económicos para el pago de rentas a los damnificados del sismo, así como a cientos de microempresarios que resultaron afectados y que requieren retomar lo antes posible la normalidad en sus negocios y en sus vidas.

A pesar de los grandes esfuerzos emprendidos tanto por la ciudadanía como por las autoridades, algunos hechos aislados ocurridos en la operación de los centros de acopio instalados por el gobierno de la Ciudad de México y en la implementación de los programas de entrega de apoyos económicos a los afectados por el sismo han puesto sobre la palestra diversos cuestionamientos en relación a la transparencia con la que se manejan dichos insumos por parte de las autoridades. Además, se debe señalar que ha habido casos en los cuales algunos ciudadanos se han hecho pasar por víctimas para acceder a los apoyos gubernamentales, en detrimento de quienes realmente necesitan la ayuda.

Lo anteriormente señalado se ejemplifica tomando en cuenta dos casos en particular; en días pasados se difundió en las redes sociales y en diversos medios impresos que en el Velódromo Olímpico Agustín Melgar de la Delegación Venustiano Carranza presuntamente se estaban almacenando de forma irregular diversos insumos para atender las emergencias derivadas del sismo, contraviniendo con ello lo establecido en la Ley General de Protección Civil dentro de sus artículos 68, 69 y 72 que a la letra dicen lo siguiente:

Artículo 68. Las autoridades correspondientes establecerán las bases y lineamientos, con apego a lo establecido en la presente Ley y su Reglamento, para emitir las convocatorias, recepción, administración, control y distribución de los donativos que se aporten con fines altruistas para atención de emergencias o desastres.

Las personas físicas o morales, que deseen colaborar con la captación de donaciones en especie deberán obtener la autorización de las Unidades Estatales de Protección Civil, conforme a los requisitos y criterios que establezca el Reglamento y la legislación aplicable.

Artículo 69. Serán las autoridades competentes en los diferentes órdenes de gobierno las que determinarán con apego a su regulación local, los criterios de uso y destino de los donativos, debiendo en todos los casos rendir un informe detallado.

Artículo 72. Las autoridades correspondientes deberán verificar que en todo momento las donaciones se apliquen estrictamente para beneficiar a la población afectada por la emergencia y/o desastre con nivel económico y social bajo, y en su caso, a favor de programas de apoyo específicos a microempresarios y pequeños productores.

Asimismo, en adición a lo anterior, se puede señalar lo ocurrido con el programa de entrega de apoyos económicos para el pago de rentas para las personas que resultaron damnificadas por el sismo, toda vez que se ha manifestado que presuntamente fueron entregados apoyos a personas que no eran realmente acreedoras a los mismos.

En relación al ejemplo del programa de entrega de recursos para el pago de rentas destinados a personas que carecen de vivienda por colapso o declaratoria de inhabitabilidad, el gobierno de la capital estableció acciones de forma inmediata con la finalidad de sancionar a aquellas personas que hicieron mal uso de dicho apoyo, por lo que se emitió el Boletín número 37 por parte de la Contraloría General, donde se describen las acciones emprendidas al respecto para corregir las observaciones en esa materia y se señala que “La Contraloría General de la Ciudad de México avaló 88 por ciento de los apoyos para renta destinados a personas que carecen de vivienda por colapso o declaratoria de inhabitabilidad tras el sismo del 19 de septiembre, los cuales se mantendrán como beneficiarios susceptibles”.

Es así que resulta de vital importancia reforzar los mecanismos preventivos y correctivos de abusos en el uso de los recursos destinados para las víctimas con la finalidad de que la confianza en las instituciones públicas se siga manteniendo, por lo que consideramos que la Contraloría General de la Ciudad de México, de conformidad a las funciones y facultades que le son atribuidas en el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, debe implementar acciones de carácter extraordinario con la finalidad de garantizar que la actuación de las autoridades encargadas de la operación de los programas públicos destinados a la atención de las víctimas del sismo del 19 de septiembre se realice en estricto apego a derecho, y de no ser el caso se determinen responsabilidades y se establezcan las sanciones correspondientes.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Contraloría General de la Ciudad de México a establecer medidas especiales para garantizar que los programas emergentes implementados por el Gobierno de la Ciudad de México para atender a los damnificados del sismo del 19 de septiembre se realicen con apego a derecho y, en su caso, se implementen las medidas conducentes para fincar responsabilidades administrativas y penales cuando se compruebe que se está haciendo mal uso de los mismos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes de octubre de 2017.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Samuel Rodríguez Torres, Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Gálico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, la Cofepris y la Semarnat a garantizar la protección de las abejas contra plaguicidas nocivos, y las políticas y los instrumentos en materia de protección y conservación de polinizadores, suscrita por los diputados Verónica Delgadillo García, Clemente Castañeda Hoeflich y Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos, Verónica Delgadillo García, José Clemente Castañeda Hoeflich y Jorge Álvarez Máynez, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración proposición con puntos de acuerdo por los cuales se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a proteger a las abejas contra plaguicidas nocivos; a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, a regular o, en su caso, prohibir el uso de los neonicotinoides y todo plaguicida evidenciado como tóxico para los polinizadores; y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a explicar la política y los instrumentos en materia de protección y conservación de polinizadores, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Para dimensionar la importancia de las abejas y el proceso de polinización que realizan, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) señala que de las especies de plantas cultivadas en el territorio mexicano, 80 por ciento depende de un agente polinizador para su producción.1 Por tanto, se vuelve fundamental proteger al sector apícola y, por ende, a los sectores agropecuarios encargados de la producción de alimentos vegetales en el país.

Sin embargo, el sector apícola en México se ha visto gravemente afectado por el fenómeno denominado como “síndrome del colapso de las colonias” (SCC), el cual se caracteriza por el abandono de los panales por las abejas obreras o la muerte masiva de estas. Si bien, es cierto que diversos factores pueden contribuir en este fenómeno, el uso no regulado de plaguicidas en diversos cultivos agrícola también es un factor determinante.

La población de abejas sufrió severas pérdidas en los últimos años; desde hace 15 años, la cantidad de colonias disminuye en todo el planeta, en el SCC. La tasa de mortalidad de las abejas es de alrededor de 30 por ciento cada año desde 2007.2

Las poblaciones de abejas y otros polinizadores han disminuido en todo el mundo en los últimos años. Una variedad de factores han sido implicados como causas potenciales, incluyendo los plaguicidas agrícolas [...] Insecticidas neonicotinoides, que son ampliamente utilizados y altamente tóxicos para las abejas, han sido encontrados en análisis previos de miel y polen de abeja.3

Diversos estudios científicos a nivel mundial asocian el SCC con el uso de plaguicidas destinados a la agricultura, especialmente de la familia de los Neonicotinoides,4 ha sido demostrado que dichos compuestos, incluyendo plaguicidas organofosforados y carbamatos, son altamente tóxicos para las abejas, generando daños irreversibles en su sistema nervioso, lo que genera desorientación y pérdida de la memoria hasta muerte.5

En vista de ello, las autoridades europeas han declarado la prohibición de los neonicotinoides: imidacloprid, clotianidina y tiametoxam; también se ha restringido el uso del fipronil (European Comission 2013a, 2013b). En Reino Unido, los apicultores deben ser notificados 48 horas antes de una fumigación. Pese a ello, son ampliamente utilizados por diversos países, entre ellos México.6

En México, el SCC es un problema emergente por lo que aún no se cuenta con estadísticas oficiales del número de apiarios afectados, zonas afectadas, además de la escasa información sobre los factores involucrados en este fenómeno.

Sin embargo, a través de diversos medios de comunicación, algunos apicultores han declarado sobre el impacto que representa este fenómeno para el sector apícola.

En el caso de la comarca lagunera, región comprendida por 5 municipios de Coahuila y 10 de Durango, se ha reportado pérdidas promedio de 49 por ciento de colmenas desde finales de 2015 hasta inicios de 2016, de 6 mil 256 colmenas sobrevivieron alrededor de 3 mil 190, los apicultores relacionan la pérdida de colmenas a las aspersiones de plaguicidas aplicados a los cultivos de sorgo.7

Información no oficial proporcionada sólo por asociaciones de apicultores de diferentes estados han reportado la pérdida masiva de colmenas: Chihuahua de 4 mil 500 a 2 mil en 2015 (-55.5 por ciento), Querétaro de 26 mil a 300 en 2016 (-88.4), Zacatecas de 48 mil a 30 mil en 2016 (-37.4), San Luis Potosí de 38 mil a 14 mil en 2016 (-63), Jalisco de 177 mil colmenas a 127 mil en 2016 (-30).8

La mayoría de los apicultores que han reportado despoblamiento de abejas refieren aspersiones de plaguicidas efectuadas en cultivos cercanos a sus apiarios, en todos los casos se han reportado dos tipos de efectos: 1. La desaparición de abejas con abandono del panal, sin encontrar sus cadáveres en la colmena, ni cerca de ella; y 2. La muerte masiva de abejas, observándose miles de cadáveres en las colmenas o cerca de ellas.9

Nuestros resultados demuestran que las abejas se exponen a estos compuestos y otros pesticidas agrícolas de varias maneras durante todo el periodo de alimentación. Durante primavera, se encontraron niveles extremadamente altos de clotianidina y tiametoxam, material utilizado durante la plantación de semillas de maíz tratada.10

Una de las investigaciones realizadas por el Centro de Investigaciones en Ecosistemas, de la Universidad Nacional Autónoma de México, llevó a cabo el informe final del proyecto “Evaluación de los impactos del cambio climático en polinizadores y sus consecuencias potenciales en el sector agrícola en México” del cual se confirman distintas conclusiones con el objetivo de la presente iniciativa.

Una de ellas es la gran relevancia que tienen los polinizadores en la conservación de los cultivos en México, donde las abejas juegan todavía un papel importante en la polinización de diferentes especies vegetales, y la otra, es respecto a los factores que están dañando su desarrollo, siendo además del cambio climático, el uso de cierto tipo de plaguicidas.

Una de las principales amenazas a los polinizadores y plantas nativas de las que se alimentan son el uso de insecticidas y herbicidas, respectivamente; principalmente aquellos de amplio espectro con fórmulas sistémicas o microencapsulados que pueden contaminar el néctar y polen. Por tanto, se debe fomentar un buen manejo de la tierra, evitando el uso de plaguicidas y herbicidas; así como fomentar un eficiente manejo de nutrimentos y agua, incorporación de residuos de cosechas y disminuir la labranza intensiva, lo cual incrementa la producción y ayuda a alcanzar una agricultura sustentable.11

“Por otro lado, en México ya se están realizando estudios que analizan residuos de plaguicidas en miel y ceras de provenientes de apiarios de varios estados de México, en los que preliminarmente se han encontrado un conjunto de diversas familias: organofosforados, organoclorados, fenoles, carbamatos, benzimidazoles, piretroides, neonicotinoides, entre otros”.12 Previamente había encontrado cumafós, un organofosforado, en 100 por ciento de muestras de cera y en 64 por ciento de muestras de miel provenientes de apiarios de Yucatán.13

En otro estudio se analizaron muestras de miel y cera de colmenas de la Comarca Lagunera que fueron afectadas por el SCC, los autores reportan la presencia de imidacloprid y tiametoxam (neonicotinoides) así como metamidofos y dimetoato (organofosforados) en muestras de miel, mientras que en muestras de cera reportan la presencia de 8 residuos: dimetoato, carbendazim, cumafós, etión, malatión, pimetrozina, cis-permetrina y trans-permetrina.14 Es importante señalar que en estos apiarios los apicultores reportan que las abejas abandonaron las colmenas tras aspersiones de plaguicidas en campos de sorgo a 2 kilómetros de distancia.15

Aunque los residuos encontrados están por debajo de los límites de cuantificación (0.005 mg/kg), la presencia en miel nos indica una exposición reciente, posiblemente dosis subletales, que llevaron a la desorientación y pérdida de la memoria, razón por la que no regresaron a sus panales. Caso contrario, en Cd. Guzmán, Jalisco, los apicultores reportaron muerte masiva de abejas en sus apiarios, tras la aplicación de plaguicidas a cultivos de aguacate ubicadas a 600 m; muestras de miel y abejas fueron analizadas por el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ), AC.16

En el estudio, reporta el investigador del CIATEJ Octavio Gaspar Ramírez, “no encuentran residuos en muestras de miel pero sí en muestras de abejas muertas, incluso a concentraciones por arriba de las DL50 reportadas en HSDB (Hazardous Substances Data Bank); considerando que el peso promedio de una abeja es de 0.12 g se estimó las dosis de exposición por abejas fueron de: Fipronil 15.0 ng/abeja (DL50=3.86 ng/abeja), imidacloprid 6.12 ng/abeja (DL50=5.0 ng/abeja), dinotefuran 58.2 ng/abeja (DL50=32.0 ng/abeja), cumafós 3.48 ng/abeja (DL50=20.29 µg/abeja), además se encontró el metabolito del fipronil (fipronil-sulfona) a una concentración de 24.48 ng/abeja, lo que indica que la dosis de exposición a fipronil fue muy alta. Tanto el fipronil como los neonicotinoides (imidacloprid y dinotefuran) son considerados altamente tóxicos para las abejas, y en este caso los resultados nos indican una exposición reciente relacionada con una intoxicación aguda y letal”.

En 2014 ya se había realizado un diagnóstico en la región citrícola de Nuevo León, en el que se reporta un coctel de plaguicidas (15 residuos) en muestras de naranjas, en su mayoría plaguicidas organofosforados, así como un neonicotinoide (Imidacloprid), entre otros.17

Esos datos son importantes pues, gran parte de la producción de miel es obtenida en la floración de cítricos por la polinización de la flor a donde se llevan las colmenas como servicio de polinización.

En contraste con la atención que se ha dado en otros países para controlar, restringir o hasta prohibir algunos plaguicidas, en México está permitido el uso de plaguicidas como el fipronil, los neonicotinoides, organofosforados como malatión y paratión-metil, avermectinas, piretroides como cipermetrina, permetrina, cialotrina y tau-fluvalinato, por mencionar algunos,18 todos ellos con actividad insecticida y que se convierten en potenciales agentes tóxicos para los insectos polinizadores.

Un estudio conducido por la Universidad Autónoma de Yucatán determinó para tres especies de abeja melipona la dosis letal de las principales familias de plaguicidas que se usan en la agricultura de la península de Yucatán, en dicho estudio se corrobora que las tres especies son altamente susceptibles, siendo los neonicotinoides (Imidacloprid, Tiametoxam y Tiacloprid) los más letales, le sigue permetrina, diazinon y metomil.19

El uso indiscriminado y no regulado de plaguicidas está contribuyendo a la desaparición y mortandad masiva de las abejas en México, esto conlleva a la identificación de 3 problemas prioritarios:

1. Un impacto directo a la apicultura en México y a otras actividades agropecuarias que dependen de la polinización.

2. Contaminación por residuos plaguicidas en productos de la colmena y otros productos básicos y estratégicos que ponen en riesgo su aceptación en el mercado internacional, impactando directamente al sector primario y agroindustria.

3. Impacto directo a los ecosistemas y a la salud humana, identificando como grupos de riesgo: consumidores de alimentos contaminados con residuos plaguicidas, y quienes los aplican directamente al cultivo.

Tomando en cuenta la problemática que se desarrolla por el uso indiscriminado y no regulado de plaguicidas, se considera pertinente iniciar una serie de acciones que permitan su buen uso en la agricultura mexicana, y se restrinjan, o en su caso se prohíban los plaguicidas que atenten contra: la vida de la abeja, la salud del ser humano, la producción, la inocuidad y calidad de los alimentos.

La mayoría de los plaguicidas mencionados son tóxicos para los insectos polinizadores, lo que representa un riesgo en sí para el sector apícola y para los cultivos que dependen de los insectos polinizadores. Aunado a lo anterior, son plaguicidas regulados por estándares internacionales de inocuidad en productos agroalimentarios debido a que representan riesgos a la salud humana ya que muchos de ellos han sido clasificados por la International Agency Research on Cancer como cancerígenos humanos.20

La presente proposición con punto de acuerdo, además de lo anteriormente expuesto se encuentra fundada en las demandas emitidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018. El objetivo es llevar a México a su máximo potencial en un sentido amplio. Además del crecimiento económico o el ingreso, factores como el desarrollo humano, la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la protección de los recursos naturales, la salud, educación, participación política y seguridad, forman parte integral de la visión que se tiene para alcanzar dicho potencial.

Líneas de acción:

Ampliar la cobertura de infraestructura y programas ambientales que protejan la salud pública y garanticen la conservación de los ecosistemas y recursos naturales.

Por otro lado, de acuerdo con el Código Internacional de Conducta para la Gestión de Plaguicidas (FAO/OMS) de 2015,21 los gobiernos y la industria deberían cooperar además en la reducción de los riesgos a fin de proteger la biodiversidad y reducir al mínimo los efectos adversos de los plaguicidas en el medio ambiente (agua, suelo y aire) y sobre organismos no blanco.

De acuerdo con las guías de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) sobre buenas prácticas de aplicación terrestre de plaguicidas (2002)22 y sobre buenas prácticas para la aplicación aérea de plaguicidas (2002) es importante que los aplicadores de plaguicidas lleven a cabo advertencias antes y después de las fumigaciones tanto terrestres como aéreas;23 en particular a apicultores locales y los que están en terrenos adyacentes a los que se va a tratar, avisos que deberán hacerse con suficiente antelación.

Asimismo, las directrices de la FAO sobre plaguicidas altamente peligrosos de 201624 mencionan los costos indirectos de los PAP sobre el ambiente, asociados con contaminación de agua, y pérdida de biodiversidad, incluyendo funciones de polinización.

La Ley Federal de Sanidad Animal tiene por objeto fijar las bases para el diagnóstico, prevención, control y erradicación de las enfermedades y plagas que afectan a los animales; procurar el bienestar animal; regular las buenas prácticas pecuarias aplicables en la producción primaria, entre otros (artículo 1o.).

Menciona también que la autoridad agrícola deberá asumir medidas zoosanitarias a fin de prevenir, controlar los riesgos provenientes de aditivos, contaminantes, toxinas u organismos causantes de enfermedades y daños que afecten a los animales (artículo 6o.); incluso en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para el caso de las enfermedades y plagas que afecten a la fauna silvestre, que implica desde realizar diagnósticos, identificar y evaluar factores de riesgo, hasta aplicar medidas de bioseguridad vigilancia, entre otras (artículo 16).

De forma similar son consideradas las medidas y acciones del Manual de Buenas Prácticas de Producción de Miel que la propia Sagarpa emitió, con el objetivo de evitar los riesgos que pueden ocasionarse con el uso de agroquímico:

En las áreas donde se practica la agricultura intensiva, existe el riesgo de contaminación de la miel por agroquímicos, por lo que debe establecerse una coordinación estrecha entre el agricultor y el apicultor para la aplicación de los mismos. También se deben tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

Utilizar productos de poco efecto residual para las abejas.

Convenir la fecha y hora de la aplicación para retirar o proteger el apiario.

Colocar guardapiqueras de malla criba y cubrir el apiario con mantas húmedas.

Aplicar los plaguicidas preferentemente por la tarde o noche.

Tomando como eje principal la protección a la salud de las abejas, se exhorta a hacer efectivas las recomendaciones de la Coordinación General de Ganadería de la Sagarpa, conjunto con un programa de comunicación de riesgo con el sector apícola que permita identificar los riesgos asociados tras un tratamiento de agroquímicos con los cultivos agrícolas.25

La Ley General de Vida Silvestre define como parte de los servicios ambientales “los beneficios de interés social que se derivan de la vida silvestre y su hábitat, tales como (...) la polinización de plantas , el control biológico de plagas (...)” (artículo 3o., fracción XLIV). Además, “queda prohibido cualquier acto que implique la destrucción, daño o perturbación de la vida silvestre, en perjuicio de los intereses de la Nación (Artículo 4o); la Semarnat diseñará y promoverá en las disposiciones que se deriven de la presente Ley, el desarrollo de criterios, metodologías y procedimientos que permitan identificar los valores de la biodiversidad y de los servicios ambientales que provee, a efecto de armonizar la conservación de la vida silvestre y su hábitat, con la utilización sustentable de bienes y servicios, así como de incorporar éstos al análisis y planeación económicos (artículo 20).

Por lo expuesto se somete a consideración la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a llevar a cabo una comunicación de riesgo con el sector apícola, como medida de emergencia para los daños ocasionados por plaguicidas nocivos para la salud de las abejas, teniendo como objetivo prevenir el abandono de colmenas y su alto índice de mortandad. De igual forma, a implantar las medidas y acciones consideradas tanto en el Manual de Buenas Prácticas de Producción de Miel para contrarrestar los riesgos ocasionados por el uso de agroquímicos como en las guías y directrices de la FAO en materia de plaguicidas.

Segundo. Se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a regular o, en su caso, prohibir el uso de los neonicotinoides y todo plaguicida que por sustento científico sea evidenciado como tóxico para los polinizadores. Asimismo, a regular e implantar una eficiente vigilancia de cualquier plaguicida que por sus mecanismos de toxicidad dañen la salud de la abeja, entre ellos los organofosforados, carbamatos y piretroides.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a explicar la política y los instrumentos en materia de protección y conservación de polinizadores, dada su importancia por los servicios ambientales que proporcionan; comenzando por señalar los criterios, las metodologías y los procedimientos que permitan identificar los valores de los servicios ambientales que provee la polinización de plantas, a efecto de armonizar la conservación de la vida silvestre y su hábitat, con la utilización sustentable de estos servicios, de acuerdo con las disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre.

Cuarto. Se exhorta a la Cofepris, la Sagarpa y la Semarnat a hacer efectivos los acuerdos internacionales que el Estado mexicano convino: Convenio de Rotterdam para la Aplicación del Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional, y Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes que incluye la “docena sucia” más los nuevas familias de sustancias tóxicas enlistadas en agosto de 2010.

Notas

1 Coro Arizmendi, M. La crisis de los polinizadores, Conabio Biodiversitas, boletín bimestral de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, julio-agosto de 2009, http://www.biodiversidad.gob.mx/Biodiversitas/Articulos/biodiv85art1.pd f

2 Ibídem.

3 Traducción propia del trabajo realizado por los investigadores Krupke, C. H., Hunt, G. J., Eitzer, B. D., Andino, G., y Given, K., investigación publicada en 2012 como Multiple routes of pesticide exposure for honey bees living near agricultural fields .

4 Ibídem.

5 Blacquiére, y otros. “Neonicotinoids in bees: a review on concentrations, side-effects and risk assessment”, en Ecotoxicology (2012).

6 Ibídem.

7 Reyes-Carrillo JL, Berlanga-de la Peña JJ. Pérdida catastrófica de colmenas en la comarca lagunera en el invierno 2015-2016. Memoria XXIII Congreso Internacional de Actualización Apícola. Asociación Nacional de Médicos Veterinarios Especialistas en Abejas, 8 a 10 de junio Mérida, Yucatán, México, páginas 121-127.

8 Información obtenida de diversas fuentes periodísticas nacionales: radio y televisión, notas de internet y redes sociales.

9 Información también sustentada con diversas fuentes periodísticas nacionales: radio y televisión, notas de internet y redes sociales.

10 Krupke, C. H., Hunt, G. J., Eitzer, B. D., Andino, G., y Given, K. Multiple routes of pesticide exposure for honey bees living near agricultural fields, 2012.

11 El informe final del proyecto “Evaluación de los impactos del cambio climático en polinizadores y sus consecuencias potenciales en el sector agrícola en México” por el Centro de Investigaciones en Ecosistemas, de la Universidad Nacional Autónoma de México, forma parte de las publicaciones disponibles en la página del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático,

www.inecc.gob.mx

12 Información en proceso de publicación.

13 Valdovinos-Flores C. Boron and Coumaphos Residues in Hive Materials Following Treatments for the Control of Aethina tumida Murray, 2016 PlosOne.

14 Alcantar-Rosales V. M. Current situation of pesticide use in Mexico and its relationship with colony collapse disorder, an emerging problem. Abstract, XIV International Congress of Toxicology. Mérida, Yucatán, México, 6 a 8 de octubre de 2016.

15 Ibídem.

16 Ibídem.

17 Suárez-Jacobo A. Pesticide residues in orange fruit from citrus orchards in Nuevo Leon State, Mexico. Food Additives & Contaminants. 2017.

18 Catálogo de Plaguicidas. Disponible en Cofepris:

http://www.cofepris.gob.mx/AZ/Paginas/Plaguicidas%20y%20 Fertilizantes/CatalogoPlaguicidas.aspx

19 Valdovinos-Núñez. “Comparative toxicity of pesticides to stingless bees”, en J Econ Entomol, 2017.

20 IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinigenic Risks to Human, http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/PDFs/index.php

21 Código Internacional de Conducta para la Gestión de Plaguicidas, FAO/OMS, 2015, http://www.fao.org/3/a-i3604s.pdf

22 Guías sobre Buenas Prácticas para la Aplicación Terrestre de Plaguicidas, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Roma, 2002, http://www.fao.org/docrep/006/Y2767S/Y2767S00.HTM

23 Guías sobre Buenas Prácticas para la Aplicación Aérea de Plaguicidas, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Roma, 2002, http://www.fao.org/docrep/006/Y2766S/Y2766S00.htm

24 Guidelines on Highly Hazardous Pesticides (FAO), Roma, 2016, http://www.fao.org/3/a-i5566e.pdf

25 Tomado del Manual Buenas Prácticas de Producción de Miel de la Sagarpa, disponible en

http://www.sagarpa.gob.mx/ganaderia/Publicaciones/Pagina s/manualesapicolas.aspx

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2017.

Diputados: Verónica Delgadillo García (rúbrica), José Clemente Castañeda Hoeflich, Jorge Álvarez Máynez (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y la SE a emitir e impulsar un programa de regularización de vehículos extranjeros internados ilegalmente en el país, a cargo de la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del PES

La que suscribe, Cynthia Gissel García Soberanes, diputada federal, miembro del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social (PES) a la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concatenado a los diversos 6, fracción I, y 79, párrafo primero, fracción II, al igual que el segundo párrafo de dicho numeral, ambos de Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal y a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Economía, a emitir e impulsar un decreto y programa de regularización de vehículos extranjeros internados ilegalmente en el país, con base en las siguientes:

Consideraciones

Desde sus comienzos, la industria automotriz junto con el sector de autopartes, ha jugado un papel importante en la economía internacional; a grado tal, que algunos economistas la refieren como la sexta economía de categoría mundial.

Derivado de su importancia y trascendencia, varios países (incluido México) han celebrado tratados internacionales que han permitido y favorecido el desarrollo del comercio y la industria automotriz.

Muestra de ello, fue la celebración del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), dirigido a atender el mercado interno para la industria automotriz de México, Estados Unidos y Canadá; en esta norma de jerarquía superior se establecieron reglas de carácter general para la importación de vehículos usados, cuyo origen fueran los países miembros.

Ante la legalización de la importación definitiva de los autos usados provenientes de Estados Unidos y Canadá, se ha causado un revuelo entre agrupaciones relevantes relacionadas con la industria automotriz de México y la administración pública federal, que ha generado diversas modificaciones al marco normativo sobre esta materia, a través de la promulgación de varios decretos que no han hecho más que generar una constante incertidumbre tanto para los inversionistas como para los consumidores.

Desde el 1 de julio de 2011, fecha en que se publica por primera vez el Decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados, y sus decretos posteriores , se estableció la regulación únicamente para aquellos vehículos usados que hubieren sido fabricados o ensamblados en México, Estados Unidos de Norteamérica o Canadá, cuyo año modelo sea de cinco a nueve años anteriores al año en que sea realizada la importación.

De un análisis riguroso y serio podemos concluir, que las circunstancias económicas durante los últimos años no han sido propicias, ya que la frontera norte ha venido perdiendo competitividad, y el poder adquisitivo al igual que el ingreso per cápita ha disminuido; tal como lo dicen las estadísticas publicadas por el INEGI.

Ello, ha propiciado que las personas de escasos recursos , cuyo ingreso no supera los cuatro salarios mínimos, se vean obligados a comprar vehículos en el extranjero con un precio más bajo que en los Estados Fronterizos e introducirlos de forma indebida a nuestro país.

Incluso, a que muchos de ellos acudan a tramitar juicios de amparo, mediante los cuales les permitan circular sin importar el tipo de automóvil ni sus condiciones, sin contar con seguro por daños a terceros, sin cubrir impuestos, sin portar placas de circulación y sin pasar por los centros de verificación y control de emisiones al ambiente.

Además, han nacido una serie de supuestas asociaciones en defensa de los derechos de los usuarios de esos vehículos, que solo engañan a la gente y disminuyen su patrimonio.

Es decir, hoy día transitan por la zona fronteriza, infinidad de vehículos de motor de procedencia ilegal, amparados en las “placas” , “credenciales” y “hologramas” que les proporcionan dichas agrupaciones; en pésimas condiciones mecánicas, que emiten emisiones negativas a la atmosfera, que ponen en peligro a todos los ciudadanos y ocasionan problemas de seguridad pública y saneamiento, amén de que no han cubierto los derechos e impuestos correspondientes.

Por otra parte, encontramos gente de escasos recursos, que quieren traer su automóvil debidamente registrado y reuniendo todos los requisitos de ley, pero que no cuentan con dinero suficiente para ello.

En resumen, el decreto actual no protege a los más necesitados, a los grupos vulnerables de la sociedad, que aparte de obtener un ingreso exiguo, tienen que cubrir un transporte caro y pésimo para trasladarse dentro de las ciudades existentes en la frontera norte.

Es de reconocerse, que se carece de políticas públicas que permitan alcanzar un esquema de movilidad urbana realmente sustentable, por lo que, mientras no se desarrollen opciones de transporte público y no motorizado, el control de la oferta de vehículos usados seguirá siendo limitado.

Resulta conveniente hacer notar, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1 claramente ordena que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la misma y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

En consecuencia, un derecho humano reconocido e inalienable al ser humano lo es, el derecho a la propiedad; por lo que no podemos limitar el derecho de importación definitiva a ese sector de la población.

Así las cosas, lo mínimo que como Estado Mexicano podemos hacer, es facilitar el acceso a bienes muebles que hoy en día se han convertido en sumamente necesarios, como lo es el tener un vehículo automotor.

Por otra parte, el TLCAN que entró en vigor el primero de enero de 1994, prevé en los anexos 300-A, apéndice 300-A.2, párrafo veinticuatro; que a partir del primero de enero de 2009 y gradualmente hasta el año 2019, no se puede prohibir ni restringir a la importación de vehículos originarios usados, provenientes de Estados Unidos de Norteamérica o Canadá, en función del año modelo de antigüedad de los automóviles.

Así las cosas, el TLCAN permite la importación libre de aranceles de vehículos usados entre los países parte del mismo, siempre y cuando se certifique que tales automotores son de “origen regional”.

Por lo tanto, la problemática se circunscribe a la acreditación de tal circunstancia, que conforme al Decreto en comento y posteriores, sólo es posible mediante “certificado de origen”; lo cual se traduce en una traba contraria al propio tratado.

El numeral 501 del capítulo V del Instrumento Legal signado por México no establece ni por error, la hipótesis prevista en el diverso 3 del Decreto en mención y posteriores, por lo que es evidente que, al excederse en requisitos, contraviene lo ordenado por el artículo 133 de nuestra Carta Magna y, en consecuencia, al TLCAN.

En ese orden de ideas, debe considerarse, que para tener conocimiento respecto de si el bien califica como “originario” , basta, con el número de identificación vehicular, compuesto por diversos dígitos que se encuentran adheridos al vehículo y que son únicos, de los que se desprende el lugar de origen, año de fabricación, marca, modelo, entre otros, y que la autoridad hacendaria (ahora exhortada) siempre ha aceptado como válido y legal; ya que así lo estipula el capítulo 3.5 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2014 y sus anexos 10 y 21, publicados el 29 de agosto de 2014 en el Diario Oficial de la Federación.

Igualmente, actualmente se le carga un gasto extraordinario a todo aquel que compra un vehículo en los Estados Unidos de Norteamérica, ya que para avalar que se ha dado cumplimiento a la normatividad ambiental, se exige un certificado que es emitido por la autoridad competente de aquel país, el cual tarda alrededor de quince días; por lo que estas personas se ven obligadas a internarlo en un “estacionamiento”, el cual asciende a un costo mínimo diario de 25.00 dólares. (Veinticinco dólares, moneda de curso legal en los Estados Unidos de Norteamérica).

Ante tal situación, deriva inexcusablemente lo siguiente:

Único. Es de imperiosa necesidad, el otorgar un marco de seguridad jurídica a los propietarios de autos usados, quienes, en ejercicio de sus derechos previstos en el TLCAN, han optado por adquirir un vehículo de esas características e internarlos ilegalmente al país; por lo que, urge decreto de regularización de vehículos regionales que se encuentren internados ilegalmente en los estados fronterizos .

Por ello, deben evitarse regulaciones y restricciones arancelarias o no arancelarias respecto de la importación de autos usados, que puedan ser contrarias o impliquen mayores requisitos a los establecidos en el TLCAN, tal y como lo ordena el artículo 59 segundo párrafo de la propia Ley Aduanera (las que actualmente son impuestas por las autoridades exhortadas).

Lo que encuentra sustento en el diverso 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que ordena:

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.

Actualmente, la lista de precios que resulta imposible de cubrir por parte de las personas que reciben hasta cuatro salarios diarios, y que además es contraria a la Constitución y al TLCAN, se encuentra agregada en el anexo 2 de la “Resolución que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicada el 28 de febrero de 1994 y sus posteriores modificaciones”; la cual no nos dice cómo es que se determinó cada uno de los precios.

En corolario, se propone que el decreto de regularización considere los siguientes puntos:

1. Para la importación libre de aranceles, se certifique el origen del automóvil mediante el número de identificación vehicular, también conocido como VIN por sus siglas en inglés.

2. Se consideren únicamente los vehículos que no sean clasificados como “de lujo”, que ya están internados en el país dentro de los seis Estados que hacen frontera con los Estados Unidos de Norteamérica.

3. Para efecto del pago del impuesto de importación, se tome como base el valor de factura y no, la lista de precios que elabora la SHCP y la SE.

4. Que el trámite de la importación del vehículo usado, lo haga directamente el importador sin necesidad de agente o apoderado aduanal.

5. De conformidad con el Anexo 300-A del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cuyo rubro es “Comercio e inversión en el sector automotriz” , los años modelo factibles de importar dentro del programa de regularización, serán aquellos de cuatro a quince años con anterioridad al año que se pretende importar (de 2013 hasta 2002); de vehículos originarios usados, provenientes de Canadá o de los Estados Unidos de Norteamérica.

6. El cumplimiento de la normatividad ambiental de todas y cada una de las unidades que se pretendan importar, deberá ser acreditado mediante un certificado de origen norteamericano o documento expedido por autoridad competente mexicana o canadiense; en concordancia a lo dispuesto por el artículo 137 bis 5 fracción IV de la Ley Aduanera.

7. Aquellas personas que acrediten obtener un ingreso hasta de cuatro salarios mínimos generales diarios, podrán cubrir el impuesto general de importación, mediante un programa o convenio de pagos de cuatro parcialidades que abarcarán en su totalidad noventa días, contados a partir del momento de la importación.

8. Se firme un Convenio de Colaboración entre la Federación y las seis diversas Entidades Federativas Fronterizas del Norte, con la finalidad de que los derechos de tarjeta de circulación y placas, sean cubiertos con un 50% de descuento y en parcialidades, por quienes se apeguen al programa de regularización.

9. Se busque el acercamiento con las diversas compañías de seguros y siniestros, para que implementen una cobertura de fácil acceso y pago en parcialidades.

10. Que dicho decreto sea temporal y no mayor a 6 meses. Una vez concluido ese periodo, todo aquel vehículo de motor que se pretenda importar, deberá sujetarse a la normatividad vigente, sin las facilidades que otorgue el decreto.

Señala la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), corroborado por estadísticas elaboradas por Inegi, que existen alrededor de siete millones de vehículos usados provenientes del extranjero internados en México de forma irregular, mismos que en un setenta por ciento han sido introducidos por personas de escasos recursos, los cuales no pueden comprar un auto nuevo ni son sujetos de crédito. Por lo tanto, no se afecta a las armadoras existentes en nuestra nación, con la presente propuesta de decreto.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía, como de urgente y obvia resolución, la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal y a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Economía, a que emitan Decreto y Programa de Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera Internados Ilegalmente en el País, en el que se tome en consideración lo siguiente:

1. Para la importación libre de aranceles, se certifique el origen del automóvil, mediante el número de identificación vehicular, también conocido como VIN por sus siglas en inglés.

2. Se consideren únicamente los vehículos que no sean clasificados como “de lujo”, que ya están internados en el país dentro de los seis Estados que hacen frontera con los Estados Unidos de Norteamérica.

3. Para efecto del pago del impuesto de importación, se tome como base el valor de factura y no, la lista de precios que actualmente elabora la SHCP y la SE.

4. Que el trámite de la importación del vehículo usado lo haga directamente el importador, sin necesidad de agente o apoderado aduanal.

5. De conformidad con el Anexo 300-A del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cuyo rubro es “Comercio e inversión en el sector automotriz” , los años modelo factibles de importar dentro del programa de regularización, serán aquellos de cuatro a quince años con anterioridad al año que se pretende importar (desde 2012 hasta 2002); de vehículos originarios usados, provenientes de Canadá o de los Estados Unidos de Norteamérica.

6. El cumplimiento de la normatividad ambiental de todas y cada una de las unidades que se pretendan importar, deberá ser acreditado mediante un certificado de origen norteamericano o documento expedido por autoridad competente mexicana o canadiense; en concordancia a lo dispuesto por el artículo 137 bis 5 fracción IV de la Ley Aduanera.

7. Aquellas personas que acrediten obtener un ingreso hasta de cuatro salarios mínimos generales diarios, podrán cubrir el impuesto general de importación, mediante un programa o convenio de pagos de cuatro parcialidades que abarcarán en su totalidad noventa días, contados a partir del momento de la importación.

8. Se firme un Convenio de Colaboración entre la Federación y las seis diversas Entidades Federativas Fronterizas del Norte, con la finalidad de que los derechos de tarjeta de circulación y placas, sean cubiertos con un 50% de descuento y en parcialidades, por quienes se apeguen al programa de regularización.

9. Se busque el acercamiento con las diversas compañías de seguros y siniestros, para que implementen una cobertura de fácil acceso y pago en parcialidades.

10. Que dicho decreto sea temporal y no mayor a 6 meses. Una vez concluido ese periodo, todo aquel vehículo de motor que se pretenda importar, deberá sujetarse a la normatividad vigente, sin las facilidades que otorgue el decreto.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2017.

Diputada Cynthia Gissel García Soberanes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedatu a beneficiar en la publicación de las Reglas de Operación del Fondo Minero a los estados y los municipios dedicados a la actividad, suscrita por integrantes de la Comisión Especial de Minería

Los que suscriben, Susana Corella Platt, Rosa Guadalupe Chávez Acosta, Juan Fernando Rubio Quiroz, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Agustín Rodríguez Torres, Juan Antonio Meléndez Ortega, Araceli Guerrero Esquivel, Leonel Gerardo Cordero Lerma, Ricardo del Rivero Martínez, Francisco Xavier Nava Palacios, Refugio Trinidad Garzón Canchola, Alfredo Basurto Román y Cynthia Gissel García Soberanes, diputadas y diputados integrantes de la Comisión Especial de Minería de la LXIII Legislatura Federal, con fundamento en lo dispuesto en los artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados presentan ante esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. El 12 de marzo del año de 2013, los diputados Adolfo Bonilla Gómez y Marco Antonio Bernal Gutiérrez, presentaron ante el honorable pleno una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes Minera y, de Coordinación Fiscal, cuyo fin era establecer el pago de una contraprestación por aprovechamiento de la extracción de sustancias minerales en beneficio de los estados y municipios en donde se realice la extracción minera.1 De donde se desprende la idea original de creación del hoy denominado Fondo Minero.

2. En el dictamen presentado al pleno en fecha 25 de abril de 2013 se menciona que en relación a la iniciativa original enunciada anteriormente y considerando, el análisis del contenido total de la iniciativa objeto del dictamen y su cotejo con las leyes vigentes, para ese caso se optó por establecer en la Ley Minera una obligación genérica, dispuesta en la fracción II del artículo 27, a efecto de que los concesionarios deban “pagar los derechos de minería”, lo que le da mayor claridad a la norma. Por otra parte, en la disposición relativa a “la forma de distribución de los nuevos recursos recaudados, en el dictamen se consideró procedente remitir la propuesta a las disposiciones contenidas en la Ley de Coordinación Fiscal, por considerar que este es el medio idóneo para establecer la creación de un nuevo Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, el cual recibirá 70 por ciento de la recaudación de los derechos que se propone establecer en la Ley Minera, y su distribución, una vez integrados al fondo en un 50 por ciento a los municipios y demarcaciones del Distrito Federal en los que tuvo lugar la explotación y obtención de sustancias minerales y 50 por ciento restante a la entidad correspondiente, a efecto de ser aplicados en inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo. El remanente se considerará recaudación federal participable y se aplicará conforme a la Ley de Coordinación Fiscal.”2

3. El 11 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas leyes en materia de ingresos entre las que destacan para el caso la Ley Federal de Derechos, en sus artículos 268, 269 y 270, a través de los cuales se crearon los derechos especial, adicional y extraordinario sobre minería. En consideración de esto y, de conformidad con los artículos 271 y 275 de la ley en mención, se prevé la integración del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, el cual se integrará con 80 por ciento de la recaudación total que se obtenga de los derechos a que se refieren los artículos 268, 269 y 2703 Texto que había venido funcionando como sigue, hasta la reforma que se votó el 18 de octubre de 2016:

4. El objetivo del Fondo Minero es que en cada municipio donde se explota la minería y en los estados donde haya actividad de explotación mineral, se lleven a cabo acciones que propicien la generación de condiciones favorables al desarrollo sostenible de esas poblaciones y regiones, considerando el momento en que las minas dejen de operar, a razón de ello y considerando la reforma aprobada por la Cámara de Diputados, en el marco del paquete de leyes de Ingresos para 2017, se lograron ampliar los beneficios para los cuales se ha planteado el fondo, quedando como sigue:

5. El Fondo Minero obtuvo 2 mil 132 millones de pesos, conforme a datos declarados por la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, lo cual equivale a un 3 por ciento superior a lo recaudado durante el ejercicio anterior; de suerte que habrá más oportunidad para que los municipios mineros tengan ingresos extraordinarios en sus haciendas, los cuales deberán dedicarse a los fines que han sido explicados. Conforme a la información de la secretaría en comento, los municipios han incluso triplicado sus recursos para realizar obras de infraestructura, mejoramiento en los centros educativos, centros de salud, también se contempla la reforestación, recuperación de ríos y la construcción de carreteras; es decir, se busca que el impacto sea regional y no sólo donde se realiza la extracción.

6. Las entidades beneficiadas por el Fondo Minero son Sonora, Zacatecas, Chihuahua, Durango, Coahuila, Michoacán, San Luis Potosí, Guerrero, Sinaloa, estado de México, Baja California Sur, Oaxaca, Colima, Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes, Hidalgo, Querétaro, Baja California, Veracruz, Nuevo León, Nayarit, Puebla, Yucatán, Tamaulipas. Actualmente, los estados con mayor producción minera en el país son: Sonora, Zacatecas, Chihuahua, Durango y Coahuila.

7. No obstante que en la publicación del 25 de septiembre de 2014, del Diario Oficial de la Federación, aparecen los lineamientos para la aplicación de los recursos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de los Estados y Municipios Mineros; en cuyo contenido se hace acercamiento a la manera en la que debe operar la distribución de los recursos del fondo en comento y, que en su artículo octavo menciona que se publicarán las reglas de operación de los denominados Comités de Desarrollo Regional de las Zonas Mineras, hasta este momento no existe tal publicación.

8. En el capítulo IV de los lineamientos en comento, se establece la forma en la que se habrán de llevar a cabo la asignación de los recursos del fondo, sin embargo y, considerando que conforme a la exposición de motivos de la reforma aprobada a la Ley de Ingresos para 2017, en su artículo 275, se asignará un 2.5 por ciento extra, el cual habrá de ser retenido por la federación, que para el caso será usado para la operación del fondo; es necesario contribuir con mayor claridad para que los municipios y estados mineros reciban el beneficio proyectado por la reforma al artículo 271 de la Ley Federal de Derechos mencionada con antelación. A efecto de lo anterior y considerando el espíritu que generó al fondo minero, los que suscribimos el presente punto, consideramos que lo lineamientos vigentes no tiene la claridad de reglas de operación, ni aparecen formatos que sean de fácil acceso a los municipios y las autoridades estatales.

9. En fecha 7 de diciembre de 2016, se publicó en el Diario Oficial de La Federación, la reforma a los artículos 271 y 275 de la Ley Federal de Derechos, considerando los cambios arriba mencionados, dando como resultado la necesidad establecer mecanismos concretos que dieran certeza a los involucrados directamente en los beneficios del fondo, y sujetando de mayores obligaciones para el debido cumplimiento de los objetivos originales del fondo por parte de la autoridad federal.

10. En pasada reunión de fecha 14 de diciembre de 2016, la Comisión Especial de Minería, se reunión con licenciado José Ricardo López Pescador, titular de la Unidad de Utilización del Suelo para Proyectos en Energía e Inversiones Físicas de los Fondos Mineros y el maestro José Enrique Rodríguez Oseguera, director general de Organización y Evaluación del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros; en el desarrollo de la misma, los mencionados comentaron que estarían en condiciones de hacer la publicación de las reglas de operación del Fondo Minero a la brevedad, sin embargo hasta esta fecha no se ha tenido noticia de publicación alguna.

11. Toda vez que en fecha 20 de julio de 2017, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, las denominadas Reglas Generales de Operación de los Comités de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras; mecanismo que sirve para ampliar la forma de operación de los organismos legalmente facultados para definir la aplicación de los recursos del Fondo Minero en las regiones, municipios y poblaciones mineras, sin que la mencionada publicación considere generar un documento que compacte en un solo ordenamiento el funcionamiento, formatos y facilidades para el acceso de los municipios a los recursos recaudados.

A razón de lo anterior expuesto, sometemos a esta soberanía los presentes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que se logre agilizar y eficientar la ministración de recursos a los municipios beneficiarios del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, a través de reglas de operación que contengan en conjunto tanto la operación de los Comités de Desarrollo Regional de las Zonas Mineras y los Lineamientos para la Aplicación de los Recursos del Fondo; así como los formatos y requisitos estandarizados para la inscripción de proyectos teniendo como finalidad cumplir con el espíritu original del fondo y los postulados del artículo 271 de la Ley Federal de Derechos.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que, en consideración de la reforma al artículo 275 de la Ley Federal de Derechos, aprobada por esta soberanía en el paquete de leyes de ingresos para 2017, se procure maximizar los recursos extra asignados para simplificar los procesos en beneficio del desarrollo de los municipios y estados mineros.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que haga del conocimiento público los avances en la ministración de recursos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros en todos los estados receptores y el destino de los proyectos autorizados.

Notas

1 Véase Gaceta Parlamentaria del 25 de abril de 2013, en: http://gaceta.diputados.gob.mx/

2 Ibíd.

3 Tomado de Diario Oficial de la Federación: 25/04/2014

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de septiembre de 2017.

Diputados: Susana Corella Platt (rúbrica), Rosa Guadalupe Chávez Acosta (rúbrica), Luis Agustín Rodríguez Torres (rúbrica), Juan Fernando Rubio Quiroz (rúbrica), Alma Lucía Arzaluz Alonso (rúbrica), Alfredo Anaya Orozco (rúbrica), Juan Antonio Meléndez Ortega (rúbrica), Araceli Guerrero Esquivel (rúbrica), Alfredo Miguel Herrera Deras (rúbrica), Leonel Gerardo Cordero Lerma (rúbrica), Francisco Xavier Nava Palacios (rúbrica), Refugio Trinidad Garzón Canchola (rúbrica), Alfredo Basurto Román, Rocío del Rebollo Mendoza (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la PGR que informe a la opinión pública sobre el desahogo de la indagatoria del caso Lozoya-Odebrecht, a cargo del diputado Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Jorge López Martín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, 116 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Primera. El 16 de octubre de 2017, el procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, presentó su renuncia al encargo como titular de la dependencia encargada de la investigación de los delitos a nivel federal. El senador con licencia duró en su encargo menos de un año y su salida se produce en un entorno complejo para el país y especialmente en la materia de seguridad y justicia.

Cervantes Andrade deja la Procuraduría General de la República (PGR) apenas unos días antes de la comparecencia obligada por la glosa del quinto Informe de Gobierno, que es una de las escasas oportunidades de acreditación y rendición de cuentas a las que este gobierno federal ha sido tan desapegado.

Como titular del Ministerio Público federal deja importantes indagatorias abiertas, dentro de ellas sobresale el caso de la investigación de corrupción por el caso Odebrecht. Como se sabe, dicho caso ha implicado a servidores públicos de alto nivel en diversos países de América Latina, incluidos varios expresidentes.

Segunda. Ni la opinión pública ni esta Cámara de Diputados han conocido información relativa a los avances relacionados con el caso Odebrecht. Si acaso lo que ha trascendido es que el principal implicado, el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, compareció ante la PGR.

Ante la salida del ex procurador Cervantes, cercano política y personalmente al presidente de la República, es muy importante que esta representación popular tenga de manera urgente la información pertinente en relación con dicha indagatoria. No se debe olvidar que la lenidad y descuido de la PGR y las autoridades federales pusieron en riesgo las investigaciones y el patrimonio público en los casos de Javier Duarte, Roberto Borge y César Duarte, precisamente por actuar de manera tardía y opaca.

Tercera. Dadas las implicaciones del caso Lozoya-Odebrecht y otros casos de corrupción, es fundamental conocer los avances en los procesos de investigación, fechas y de manera destacada, las acciones eficaces en materia de recuperación de activos. El Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados ha exigido de manera reiterada a las autoridades federales que se activen todas las acciones de asistencia jurídica internacional a efecto de que la información existente en otros países se pueda agregar a las carpetas de investigación.

Del mismo modo, se deben rastrear bienes y cuentas en diferentes jurisdicciones. Lo anterior implica el despliegue de mecanismos de cooperación y asistencia para que con toda oportunidad se evite que los recursos desviados o mal habidos se puedan transferir.

Cuarta. Igualmente es imprescindible conocer los alcances de las indagatorias realizadas por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), a efecto de verificar el destino de recursos presuntamente obtenidos por actos de corrupción, y que pudieron haber llegado a campañas en el año 2012. Dado que los hechos fueron cometidos hace más de cinco años es importante que el Ministerio Público acelere y concluya a la brevedad las indagatorias en las que de manera exhaustiva se agoten todas las líneas de investigación.

Quinta. El día de ayer el titular del Ejecutivo realizó una declaración en la que se dolía que en la opinión pública todos los males se relacionaban con corrupción. Lejos de demostrar con hechos que existe una voluntad de erradicar la corrupción, en este gobierno se le soslaya, se minimiza en el discurso y en los hechos... se fomenta y no se castiga. Ante la opinión pública nacional, se exige que el caso Lozoya-Odebrecht se resuelva de manera inmediata, categórica y con toda transparencia.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita a la Procuraduría General de la República y a su titular a informar a la opinión pública de manera urgente, respetando la secrecía de las indagatorias, sobre el desahogo de la indagatoria del caso Lozoya-Odebrecht. Se deberá incluir información relativa al agregado estadístico del número de personas llamadas a entrevistas al Ministerio Público, testigos, aportación de pruebas periciales y aprovechamiento de testimonios realizados en el extranjero.

Segundo. Dentro de la información que se dé a conocer, se deberán incluir los agregados estadísticos y la prospectiva de judicialización. Considerando la temporalidad de los hechos, se deberá contar con un plazo estimado para estar en condiciones para la determinación de las indagatorias.

Tercero. Se solicita a la Procuraduría General de la República la información relativa a agregados estadísticos los recursos asegurados o embargados en el caso Lozoya-Odebrecht, a efecto de garantizar la reparación del daño por los presuntos actos de corrupción cometidos en contra de la sociedad mexicana. En dicha información se deberá señalar dónde se encuentran los bienes asegurados, cuántas cuentas fueron objeto de aseguramiento, si se aplicó el aseguramiento por valor equivalente y la posibilidad de que se inicien procedimientos de extinción de dominio.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2017.

Diputado Jorge López Martín (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la conmemoración del Día sobre la Reconstrucción Mamaria el tercer miércoles de octubre, a cargo del diputado Daniel Ordóñez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Daniel Ordóñez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 2, 65, 76, numeral 1, fracción II, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, y 100, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo para conmemorar el tercer miércoles del mes de octubre de cada año como el “Día sobre la Reconstrucción Mamaria” en el marco del mes de la sensibilización contra el cáncer de mama.

Al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que el cáncer más frecuente entre las mujeres es el de mama. A nivel mundial representa 16 por ciento de todos los cánceres femeninos1 y se estima que cada año se detectan 1.38 millones de casos2 nuevos. En América Latina, el Cáncer de Mama (CaMa) es también la principal causa de muerte por un tumor maligno en la mujer, con 43,208 defunciones y una tasa de mortalidad promedio de 13 en la región, que varía de 5.0 en Guatemala a 22.6 defunciones, por cada 100,000 mujeres, en Uruguay.3

2. El cáncer de mama (CaMa) se presenta con mayor frecuencia en países desarrollados, pero tiene un mayor impacto en la población de países de ingresos bajos y medios como México. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, tan sólo en el año 2012 fallecieron alrededor de 37 mil mujeres por tumores malignos en México, entre los cuales se encuentra con mayor incidencia los cánceres de mama, cuello uterino y ovario ocasionando en conjunto el 30.9 por ciento de todas las defunciones por cáncer en mujeres.

3. En la última década, por primera vez en la historia de nuestro país el CaMa ha superado la mortalidad del Cáncer Cérvico Uterino, es decir, 14 mujeres mueren diariamente por CaMa, lo anterior debido a que es un padecimiento que es detectado de manera mucho más tardía, lo que disminuye de manera considerable las tasas de supervivencia, así como la utilización de tratamientos más asequibles y menos agresivos para la mujer.

4. Desde el año 2009 se han llevado a cabo acciones en materia legislativa, tanto a nivel local como federal que pretenden focalizar a las mujeres que sufren dicho padecimiento, ya que al menos en el marco legal en salud de 17 entidades federativas se incluye al CaMa como un padecimiento prioritario e incluso se encuentra en legislaciones particulares, para su prevención detección, atención y control integral; cabe destacar que algunas de éstas legislaciones incluyen la rehabilitación integral (reconstrucción) y el acompañamiento emocional (cuidados paliativos) como lo establece la Norma Oficial Mexicana.

5. En materia de política pública el Programa de Acción Específico Prevención y Control del Cáncer de la Mujer 2013-2018, que emana del Programa Sectorial de Salud para el mismo período, el documento rector para la estrategia de reducción de la mortalidad por CaMa. En él, se marcan las directrices y acciones entre las que se incluye la coordinación entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y autoridades municipales.

6. Es de destacar que desde la publicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011, Para la Prevención, Diagnóstico, Tratamiento, Control y Vigilancia Epidemiológica del Cáncer de Mama se han incluido conceptos como: el tratamiento integral, la necesidad de que las unidades médicas con atención oncológica cuenten con personal calificado para brindar la atención psicológica y acompañamiento emocional de las pacientes que asegure la prevalencia en el tratamiento, que consiste en la exploración y expresión de sentimientos que se experimentan durante el tratamiento, como lo son: angustia, temor, ambivalencia, depresión, ira, negación. El objetivo es disminuir y facilitar la toma de decisiones y poner en práctica la acción a seguir.

7. En los últimos años, mediante artículos científicos especializados como “Reconstrucción mamaria y beneficio psicológico”, publicado por la Universidad de Navarra en España, la reconstrucción mamaria tras la mastectomía es una opción decisiva que contribuye a disminuir o evitar posibles trastornos emocionales, debidos a la sensación de mutilación y agresión de la enfermedad. Los factores de recuperación en los que contribuye son:

a) Posibilidad de recuperar una imagen adecuada.

b) Evita la pérdida de autoestima.

c) Impide que las emociones negativas se apoderen del estado de ánimo y se cronifiquen.

d) Mejora ambulatoria mediante el uso de prótesis para mantener la posición simétrica de los hombros.

8. Por lo anterior, se considera necesario enfatizar sobre la importancia terapéutica de la reconstrucción mamaria como parte del proceso de tratamiento de las pacientes que, posterior a su detección, diagnóstico y tratamiento se encuentran libres de CaMa, pero con limitaciones para su reincorporación a sus actividades sociales y productivas.

9. En México, se ha identificado que los programas estatales entre los años 2010 y 2017 llevaron a cabo menos de 1400 reconstrucciones, en este contexto destaca el caso del Estado de México, pues realizó 200 procedimientos en el último año sin incluir el término en su legislación estatal; la segunda entidad con mayor número de procedimientos fue la Ciudad de México, misma que cuenta con una legislación especializada, en la cual se contempla presupuesto la reconstrucción mamaria.

10. El Día Mundial sobre la Reconstrucción Mamaria es una iniciativa que promueve la educación, la conciencia y el acceso de las mujeres a la reconstrucción mamaria post-mastectomía por Cáncer de Mama. A nivel mundial uno de los principales mensajes de esta conmemoración es que “la reconstrucción mamaria puede no ser la elección correcta para cada mujer, pero cada mujer merece tener acceso a información precisa e imparcial para que pueda tomar una decisión informada”.

Considerandos

Primero. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 4º establece el derecho a la protección de la salud, del cual debe gozar toda persona dentro del territorio nacional sin excepción alguna; texto constitucional que en su parte conducente es del tenor siguiente:

“Artículo 4o. ...

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XI del artículo 73 de ésta Constitución.”

Segundo. Que la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo octavo señala que:

“Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.”

Tercero. Que es facultad de las y los diputados de ésta soberanía presentar proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido con el Reglamento de la Cámara de Diputados en el artículo 6° numeral 1, fracción I; mismo que señala:

“Artículo 6.

1. Serán derechos de los diputados y diputadas:

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones ante la Cámara;

...”

Cuarto. Que el ordenamiento antes señalado precisa en el artículo 79 numeral 1, fracción II lo siguiente:

“Artículo 79.

1. El Pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso de sus integrantes, a través de:

I...

II. Puntos de acuerdo, que representan la posición de la Cámara, en relación con algún asunto específico de interés nacional o sus relaciones con los poderes de la Federación, organismos públicos, entidades federativas y municipios, y

2. a 3. ...”

Quinto.- Que la presente proposición con Punto de Acuerdo da cumplimiento a lo señalado por la fracción I del numeral 2 del artículo 79, y se sujetará a lo previsto por las fracciones II y V del numeral 2 del mismo artículo:

“Artículo 79.

1. ...

2. Las proposiciones con punto de acuerdo se sujetarán a lo siguiente:

I. Deberán presentarse a través de un escrito fundado, con una propuesta clara de resolutivo y firmadas por sus autores;

II. Las proposiciones presentadas por las diputadas y los diputados y las que se registren a nombre de Grupo, pasarán a comisión;

III. a IV. ...

V. Las proposiciones que la Junta no considere proponer ante el Pleno con el carácter de urgente u obvia resolución, se tramitarán conforme al artículo 62, numeral 3 de este Reglamento;

VI. a VII. ...

3. ...”

Sexto. Que de conformidad con el artículo 3 de la Ley General de Salud es materia de salubridad general:

“Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

I. a X. ...

XI. Educación para la salud;

XII. La prevención, orientación, control y vigilancia en materia de nutrición, sobrepeso, obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares y aquellas atribuibles al tabaquismo;

XIII. a XV. ...

XVI. . La prevención y el control de enfermedades no transmisibles y accidentes;

XVI. a XXVIII. ... ”

Séptimo. De acuerdo con las cifras presentadas en el apartado anterior de este Punto de Acuerdo, el cáncer de mama se encuentra dentro de las primeras causas de mortalidad y morbilidad de las mexicanas, por lo que en la estrategia del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 2.3.2 Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud, permiten afirmar como acción preferente en materia de salud sexual:

• Controlar las enfermedades de transmisión sexual, y promover una salud sexual y reproductiva satisfactoria y responsable.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de ésta soberanía, el siguiente:

Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Cámara de Diputados a conmemorar el tercer miércoles del mes de octubre de cada año como el “Día sobre la Reconstrucción Mamaria” en el marco del mes de sensibilización contra el cáncer de mama.

Segundo. Se exhorta al gobierno federal a que mediante la Secretaría de Salud y el Instituto de las Mujeres conmemoren el tercer miércoles del mes de octubre el “Día sobre la Reconstrucción Mamaria”.

Tercero. Publíquese el presente acuerdo en el Diario Oficial de la Federación a fin de dar a conocer a las legislaturas estatales la conmemoración.

Notas

1 Cáncer de mama: prevención y tratamiento, Organización Mundial de la Salud, disponible en su página web:

http://www.who.int/topics/cancer/breastcancer/es/index1. html [Consultado: 13 de octubre del 2017]

2 Octubre: Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, Organización Mundial de la Salud, disponible en su página web: http://www.who.int/cancer/events/breast_cancer_month/es/ [Consultado: 14 de octubre del 2017]

3 Programa de Acción Específico Prevención y Control del Cáncer de la Mujer 2013-2018, Secretaría de Salud, disponible en su página web: http://www.cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/descargas/cama/PrevencionyCon troldelCancerdelaMujer_2013_2018.pdf [Consultado: 14 de octubre del 2017]

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes de octubre del año 2017.

Diputado Daniel Ordoñez Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Zacatecas a emitir la alerta de violencia de género, retomar el proyecto del banco estatal de datos de violencia contra las mujeres y establecer protocolos para salvaguardar la vida e integridad de éstas en la entidad, a cargo de la diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Mariana Trejo Flores, de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante de Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados que somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Antecedentes

El incremento de la violencia en el estado de Zacatecas ha tomado rumbos exorbitantes, colocando a la entidad como el séptimo lugar nacional en violencia de género.

Zacatecas ha dejado de ser una entidad en paz, la desaparición de personas, el secuestro, los homicidios, se han incrementado en la actualidad a ritmos que superan los escenarios vividos en sexenios anteriores.

En cuatro años se han asesinado en Zacatecas a 100 mujeres y, sólo se ha procesado un caso por feminicidio de los 100 asesinatos de mujeres, esto según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), y de una investigación que se realizó en el Senado de la República, cuando se buscaba generar un banco de datos estatal al respecto de violencia de género para Zacatecas.

En 2016, la directora del Centro de Justicia para la Mujeres de la entidad, Mara Muñoz, manifestó que en 2016 se tenían sólo 38 casos de investigación por feminicidio. Las investigaciones por la línea de feminicidio han sido muy cuestionadas, pues la Procuraduría de Justicia del estado trata, y ha conseguido, de minimizar la prevalencia de la palabra feminicidio en los procesos de investigación por homicidio en Zacatecas.

Nadie sabe con exactitud cuántas mujeres en Zacatecas se encuentran desaparecidas, los familiares temen hacer las denuncias ante las autoridades competentes o correspondientes. Las cifras no cuadran entre una realidad que se palpa en la entidad y la serenidad o pasividad con la que se ha conducido el gobierno estatal.

El número de mujeres desaparecidas no existe, no existe un banco de datos que dé seguimiento. La sociedad no denuncia desapariciones. La sociedad no confía en las instituciones, la sociedad ve a las instituciones federales y estatales como ajenas e inoperantes, exige justicia y no encuentra respuestas, exige un alto a la corrupción, a la impunidad y no encuentra respuestas, siguen muriendo mujeres por homicidios que plasman la crueldad con la que se vive la violencia en la entidad.

Datos extraoficiales generados por organizaciones no gubernamentales dejan de manifiesto que en Zacatecas desaparecen un promedio de 150 mujeres al año sin dejar rastro alguno, sólo el 27 por ciento de los casos son expuestos ante las autoridades competentes, la mayoría se quedan en el silencio de una sociedad que vive atemorizada por el terror de ser mujer y salir a las calles y no regresar jamás a su hogar.

De 2011 a 2013, en Zacatecas, el 58 por ciento de las mujeres admitió ser víctima de violencia en su casa, trabajo o localidad, según datos de una encuesta realizada por el Inegi, colocando a la entidad dentro de los siente estados más peligrosos de México para ser mujer.

El Senado de la República ha generado una serie de documentos e investigaciones donde se plasma la exigencia de urgir a la creación del Banco Nacional de Datos de Mujeres Desaparecidas y Casos de Violencia, en el contexto del marco regulatorio de la Ley Federal y del Ordenamiento Local de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado de Zacatecas, que en su artículo 15 establece que dicho Banco Estatal de Datos de Mujeres Desaparecidas y Violentadas “se integrará principalmente de casos o incidencia de violencia contra las mujeres, trámites, órganos competentes, regionalización, frecuencia, edad, número de víctimas, tipos y modalidades de violencia, causas, características, efectos, recursos asignados o erogados, investigaciones y estudios en la materia”.

La indagación del Senado asegura que el Centro de Justicia para las Mujeres de la Procuraduría General de Justicia del Estado declara que en Zacatecas “no se respeta con estricto apego a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia” y que a pesar de que la Ley no permite procedimientos conciliatorios para casos de violencia contra mujeres, en el estado es común este tipo de prácticas.

Zacatecas atraviesa por una crisis de inseguridad y violencia contra las mujeres, es necesario aplicar medidas cautelares, resarcitorias y de atención prioritaria ante este cruel fenómeno que se ha disparado en los últimos años en la entidad, es necesario decir “Ya basta” a la violencia contra las mujeres y contra los hombres en Zacatecas. Morena es promotor del derecho a vivir en paz, con dignidad y justicia. Es urgente que las autoridades estatales ejecuten planes de acción pertinentes para encauzar una demanda de las mujeres ante su gobierno: la seguridad.

Se están cometiendo crímenes en la entidad que quedan impunes, es por ello que algo se tiene que hacer en esta materia. La muerte de la joven estudiante de preparatoria Cinthia Nayeli Vázquez ha marcado una nueva etapa en esta lucha de las y los zacatecanos. Urgimos al gobierno de la entidad a emitir la alerta de género y la creación de un Banco de Datos de Mujeres Desaparecidas, así como la Fiscalía Especializada de Delitos Contra la Mujer en la Entidad. Urgimos al gobierno del estado a que establezca las condiciones necesarias de seguridad para los 58 municipios de la entidad.

Basta de impunidad y corrupción.

Con lo anteriormente expuesto y, con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, propongo al pleno el siguiente:

Puntos de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura Federal del Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, a emitir la Alerta de Violencia de Género en la entidad por los lamentables casos de homicidios en contra de mujeres como una constante frecuente en Zacatecas.

Segundo. La Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura federal exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo del estado de Zacatecas a implementar las acciones necesarias para la Creación de la Fiscalía Especializada Para Seguimiento de Delitos Contra la Mujer (FEPSDCM), el Banco Estatal de Datos de Mujeres Desaparecidas (BEDMUD) y el Centro Estatal de Prevención de Delitos Contra la Mujer.

Tercero. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo del estado de Zacatecas y al gabinete de Seguridad ampliado del estado a garantizar la seguridad de todos los ciudadanos zacatecanos en los 58 municipios de la entidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2017.

Diputada Mariana Trejo Flores (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Semarnat a revisar el proyecto minero La Paila, por desarrollar en Alto Lucero y Actopan, Veracruz, suscrita por el diputado Javier Octavio Herrera Borunda e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputado Javier Octavio Herrera Borunda y diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguiente:

Exposición de motivos

Gracias a la gran riqueza geológica con la que contamos, la minería en nuestro país ha sido históricamente un sector de relevancia para la economía nacional. En la actualidad la minería extractiva representa aproximadamente un 2 por ciento del PIB y genera más de 300 mil empleos directos, sin contar aquellos que se crean en otros sectores derivados de las necesidades de la industria.

Lo anterior es una clara muestra del dinamismo que el sector minero nacional ha tenido en tiempos recientes y que, de acuerdo a las proyecciones económicas a futuro, seguirá teniendo en los próximos años.

Si bien es cierto que debido a la fluctuación constante de los precios de los metales en el mercado internacional, la boyante situación del sector minero podría transformarse en un panorama menos alentador, tampoco se puede soslayar que durante los últimos años la industria minera ha sido una de las actividades de mayor rentabilidad en México.

Así pues, desde hace décadas era evidente la necesidad de encontrar un nuevo esquema fiscal que permitiera al Estado recibir mayores ingresos de los particulares a quienes se les concede la autorización para la extracción de sustancias minerales y que reflejara más adecuadamente el beneficio económico que las empresas obtienen.

Era igualmente imprescindible, además de razonable, garantizar que los recursos obtenidos por la reestructuración del régimen fiscal al que las empresas mineras están sometidas en nuestro país se destinarán a financiar el desarrollo de las comunidades en las que la labor extractiva se lleva a cabo, de manera tal que sus pobladores percibieran de forma directa un beneficio producto de la actividad minera.

Por estas razones se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Minera y de la Ley de Coordinación Fiscal, con el objeto de establecer el pago de una contraprestación, por parte de las empresas mineras, por el aprovechamiento de la extracción de sustancias minerales en beneficio de los estados y municipios en donde se realice la extracción de los mismos.

Si bien la minería es para algunas regiones la principal actividad generadora de empleos y desarrollo, lo cierto es que la explotación de las minas y el uso de sustancias químicas pueden llegar a afectar a los ecosistemas y a la salud humana, por ello es fundamental vigilar que la actividad se realice con apego a la normatividad vigente.

Lamentablemente, en muchas ocasiones, los intereses económicos se anteponen al interés colectivo. Éste es el caso del proyecto denominado La Paila, el cual es promovido por la empresa Caballo Blanco, subsidiaria de la empresa canadiense Candelaria Mining Group . Este proyecto pretende desarrollarse en los municipios de Alto Lucero y Actopan, en el estado de Veracruz, y plantea la explotación a cielo abierto de plata, oro y otros minerales, así como el cambio de uso de suelo en terrenos forestales en 260 hectáreas, en un área de gran importancia para el equilibrio ecológico de la región, según lo han señalado diversas organizaciones ambientalistas.

Anteriormente, en 2012, la empresa Candymin, propiedad de Goldgroup, buscó llevar a cabo el proyecto, sin embargo, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), el Consejo Consultivo de Desarrollo Sustentable, la sociedad civil y el propio gobierno de Veracruz se pronunciaron en contra de su ejecución, por lo que la minera decidió retirarlo.

De acuerdo con activistas y expertos ambientalistas, el proyecto denominado La Paila podría cambiar el uso de suelo de más de 260 hectáreas en terrenos forestales. Dicha superficie ha sido reconocida a nivel nacional e internacional, por ser uno de los corredores migratorios y sitio de alta concentración de especies migratorias más importante del planeta, señaló Xavier Martínez, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), en entrevista para el portal de periodismo digital sinembargo.mx

Igualmente, agregó que la actividad causaría una grave devastación de la vegetación de selva baja caducifolia, donde habita una gran variedad de especies endémicas, entre ellas, los encinos tropicales.

La protección de las 265 hectáreas de valor ambiental ubicadas en los municipios de Alto Lucero y Actopan, en Veracruz, le corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), específicamente a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, dijo Miguel Rivas Soto, de Greenpeace México.

Por otra parte, resulta muy preocupante la cercanía geográfica que existe entre la zona en la cual se pretende realizar la extracción de minerales y la Estación Nucleoeléctrica Laguna Verde, pues en caso de algún accidente podría generarse la liberación de material radioactivo que afectaría a las poblaciones aledañas.

“Estamos hablando de dos actividades sumamente peligrosas en una distancia corta. Sería catastrófico para la naturaleza y para las personas. Es un asunto de seguridad nacional”, manifestó Miguel Rivas. Los daños a la salud, explicó, se traducirían en distintos tipos de cáncer en las personas que viven en los alrededores. “Es importante que estos dos proyectos no convivan en un espacio tan estrecho”, añadió. Se debe señalar que ninguna mina a cielo abierto en el mundo está tan cerca de una planta nuclear como lo estaría La Paila de Laguna Verde, lo cual sería menos de 3 kilómetros de distancia.

Investigadores del Instituto de Ecología, AC, como Patricia Moreno Casasola y Javier Laborde Dovalí, han señalado que la manifestación de impacto ambiental presentada por la empresa solo considera una pequeña parte del proyecto cuando, por la magnitud de éste, debería existir una manifestación de impacto ambiental que considerará a toda la región y especificara todas las actividades a realizar, aunque no se lleven a cabo en este momento.

Por lo aquí expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en el ámbito de sus atribuciones, revise minuciosamente el proyecto minero denominado La Paila, que busca desarrollarse en los municipios de Alto Lucero y Actopan, en el estado de Veracruz, el cual pretende la explotación a cielo abierto de plata, oro y otros minerales, así como el cambio de uso de suelo en 260 hectáreas de terrenos forestales.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes de octubre de 2017.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, José de Jesús Galindo Rosas, Daniela García Treviño, Edna González Evia, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Lía Limón García, Nancy López Ruiz, Uberly López Roblero, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Samuel Rodríguez Torres, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Edgar Spinoso Carrera, Francisco Alberto Torres Rivas, Claudia Villanueva Huerta y Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SHCP a promover la reducción o eliminación de contenido promocional o adicionado en comprobantes fiscales simplificados y a hacer público su impacto financiero, ambiental y de salubridad, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Germán Ernesto Ralis Cumplido, diputado del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a promover la reducción o eliminación de contenido promocional o adicionado en comprobantes fiscales simplificados y se haga de conocimiento público el impacto financiero, ambiental y de salubridad que conlleva el uso innecesario de los mismos, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La emisión de comprobantes fiscales simplificados dejó de ser, desde 2013,1 una acción obligatoria para personas morales que realicen intercambios comerciales. El SAT definía al comprobante fiscal simplificado como aquel que no contase con el desglose necesario para motivos de contabilidad fiscal, es decir, toda nota que tan solo presentase el monto de la transacción y fungiese como garantía para el consumidor.2 La opcionalidad del trámite, sin embargo, no ha disminuido su uso habitual en negocios de todo giro; bien como un producto más de la costumbre o como un elemento de apoyo en la contabilidad propia de la empresa.

El uso persistente y generalizado de notas de pago o tickets (formas comunes de referirse a este tipo de comprobantes fiscales) constituye un gasto innecesario para la mayoría de las empresas mexicanas, una herramienta usada más por costumbre que por genuina utilidad. La función esencial de este tipo de comprobantes fiscales es el crear una constancia de la transacción que se produce, permitiendo a quien adquiere el producto o servicio la posibilidad de realizar aclaraciones posteriores, o inclusive una devolución del monto utilizado en su adquisición.

En tiempos recientes, sin embargo, es posible percibir el incremento de un número importante de establecimientos que utilizan estas notas de pago como un medio publicitario, ofreciendo distintas promociones a partir de presentar la nota de compra o invitando al consumidor a atender su sitio web o redes sociales. Esta práctica, aparentemente inofensiva, constituye no solo un elemento ajeno a la función esencial del documento, sino también un gasto innecesario de recursos financieros para quien la replica.

Adicionalmente, el papel utilizado en estas notas de pago representa un importante foco potencial de contaminación,3 tratándose de una producción adicional e injustificada de un desecho con limitado valor de reciclaje (al estar recubierto de un plástico especial para su uso).4

Partiendo de lo anteriormente expuesto, es posible observar las razones por las que la emisión de comprobantes fiscales simplificados debiese ser una práctica en franco declive. Los costos financieros,5 ambientales6 y de salubridad7, 8 habrían de ser la mejor justificación para detenerla y, sin embargo, la situación se repite. Es necesario crear una campaña que promueva estas razones y busque desincentivar el uso adicional de notas de pago con motivos ajenos a su función.

Considerando esta situación y apoyándonos de la información expuesta, propongo que se exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria, a crear una campaña informativa que comunique la situación presente, evidenciando los costos financieros, ambientales y de salubridad que conlleva el uso de papel térmico en la emisión de notas de pago y fomentando su uso sólo en aquellos casos necesarios. De manera conjunta, dicha campaña tendrá el cometido de fomentar la desaparición de contenido promocional o adicional de las notas de pago que sigan utilizándose, buscando reducir la prevalencia de dicha práctica.

Considerandos

El Código Fiscal de la Federación establece en su artículo 29 que “cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que se perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen, los contribuyentes deberán emitirlos mediante documentos digitales a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria. Las personas que adquieran bienes, disfruten de su uso o goce temporal, reciban servicios o aquéllas a las que les hubieren retenido contribuciones deberán solicitar el comprobante fiscal digital por Internet respectivo”.9 La obligación solo se encuentra determinada para quienes expiden comprobantes fiscales digitales. Adicionalmente, el Artículo 29-A de la misma legislación propone los requisitos de contenido tan sólo de los comprobantes fiscales digitales, sin hacer mención de su contraparte simplificada.

La mención de los comprobantes fiscales simplificados y su obligatoriedad fueron eliminados de la legislación a partir de un decreto para abrogar el artículo 29-C del documento propio. 10

Por lo antes descrito, someto a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a promover la reducción o eliminación de contenido promocional o adicionado en comprobantes fiscales simplificados y se haga de conocimiento público el impacto financiero, ambiental y de salubridad que conlleva el uso innecesario de los mismos.

Notas

1 El 9 de diciembre de 2013 se deroga el Artículo 29-C del Código Fiscal de la Federación (CFF), en el cual se detalla la obligatoriedad de la emisión de comprobantes fiscales simplificados para personas morales que realizasen intercambios comerciales.

2 SAT. Comprobantes fiscales: ¿Qué son? ¿Quiénes los deben expedir? ¿Para qué sirven? México. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. SAT. 2008. Consultado en: ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_ftp/publicaciones/folletos08/comprofis c.pdf.

3 Harkola, Suzi. Digital Receipts Save Money, Trees and Time . Florida. POS. 2015. Consultado en

https://pointofsale.com/201302241306/Point-of-Sale-News/ Digital-Receipts-Save-Money-Trees-and-Time.html.

4 Ibid.

5 Ibid.

6 Hines, Will. Going Paperless: The Hidden Cost of a Receipt . Nueva York. The Huffington Post. 2013. Consultado en:

https://www.huffingtonpost.com/will-hines/going-paperles s-the-hidde_b_3008587.html.

7 Martín, Alejandro. “Toxicología del Bisfenol A”. En Revista Digital de Ciencias . Buenos Aires. Universidad de Belgrano. Vol. 11; Núm. 5. 2012.

8 Minnesota Pollution Control Agency. BPA in Thermal Paper . San Pablo. Gobierno del Estado de Minnesota. 2017. Consultado en: https://www.pca.state.mn.us/green-chemistry/bpa-thermal-paper.

9 Artículo 29, Primer Párrafo. Código Fiscal de la Federación. (Última reforma: DOF 27-01-2017)

10 Diario Oficial de la Federación. Publicado el 9 de diciembre de 2013.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2017

Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la creación de un fondo económico para estimular a los estados con mejor desempeño en desarrollo social y combate de la inseguridad, a cargo del diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del Grupo Parlamentario del PES

El que suscribe, José Alfredo Ferreiro Velazco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, de conformidad con la siguiente

Exposición de Motivos

Sin duda alguna, la expectativa de todo ciudadano es tener una ciudad segura, por ello los gobiernos han implementado e invertido a través del tiempo en distintos programas tendientes a combatir la inseguridad, tales como instalación de cámaras, procurar mayor iluminación, etcétera.

Si bien estos programas inciden en la inhibición de la delincuencia, estas medidas no han sido suficientes para hacer sentir a la ciudadanía mayor seguridad en su entorno, lo que se demuestra con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana cifras correspondientes a marzo de 20171 .

Pues según dicha encuesta en marzo de 2017, las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más consideraron que vivir en su ciudad es inseguro, ejemplo de ellos son: Ecatepec de Morelos, Villahermosa, Chilpancingo de los Bravo, la región norte de la Ciudad de México, Fresnillo y Coatzacoalcos, con 93.6, 93.4, 93.3, 92.9, 91.3 y 91.2 por ciento, respectivamente.2

Mientras que los lugares en los que se sienten más inseguros, según la encuesta y detallado en la siguiente gráfica son:

Y es que la inseguridad es una sensación por temor al delito y las expectativas que tiene la población sobre la seguridad pública se generan por la influencia de diversos factores, el más grave es el ser testigo de hechos delictivos o antisociales que ocurren en el entorno del ciudadano.

Derivado del mismo estudio, la población mencionó haber visto o escuchado conductas delictivas o antisociales en los alrededores de su vivienda, tales como: consumo de alcohol en las calles (64.7 por ciento), robos o asaltos (63 por ciento), vandalismo (51.8 por ciento), venta o consumo de drogas (40 por ciento), bandas violentas o pandillerismo (34 por ciento) y disparos frecuentes con armas (32.5 por ciento).3

La pregunta es ¿Qué puede hacer el sector gobierno para erradicar ese estado de inseguridad?

Pues desafortunadamente, como se sabe, la inseguridad engloba muchos otros problemas que como sociedad estamos teniendo. Tales como la educación.

Por ejemplo, en fechas pasadas fueron publicados los resultados del Concurso de Ingreso a la Educación Media Superior de México (Comipems) en los cuales se encuentra que este año se registraron en el concurso de asignación a media superior 325 mil 403 aspirantes, de los jóvenes que se registraron, 21 mil 40 no cumplieron con los requisitos lo que quiere decir que no hicieron el examen o no contaban con su certificado de secundaria; y 50 mil 980 que quedaron como estudiantes con derecho a otra opción (CDO).4

Datos estadísticos del concurso, disponibles en:
https://resultados2017.comipems.org.mx/
internas.php?6L1_K0ERnIaO8ZnbgiV4tvp7wAZw8Mrjz93-7pwYnj_QBaKTxFUvI9Sy34EW0HxcwkbZHHZEgq_5MzzyL3iljg.

Estos datos solo corresponden al examen que se realiza en el Valle de México, faltarían las estadísticas del resto de la República, pero se puede observar que el balance no es bueno, pues de nuestros estudiantes sólo tres sacaron calificación perfecta.

Y el mismo caso lo tenemos con la salud pues según el censo de Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) de 2014, la seguridad social era el derecho social más rezagado en México, pues 61.2 por ciento de la población carece de éste y en la mayoría de las entidades federativas la mitad de sus habitantes no lo tienen garantizado.

Cifras que se destacan después de concluir que el principal problema para tener acceso a la seguridad social es el financiamiento y depende de las contribuciones obrero-patronales, lo que deja fuera a los trabajadores de menores ingresos y más vulnerables.5

En términos de seguridad social, en 27 entidades federativas más de la mitad de su población ocupada no tiene acceso a instituciones de salud; a nivel nacional, 62.5 por ciento se ubica en esta situación.

De acuerdo con datos de junio de este año del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los mayores coeficientes se encuentran en Oaxaca (85.1 por ciento de sus ocupados sin acceso al sector salud), Chiapas (84.6 por ciento), Guerrero (82.3 por ciento), Michoacán (79.5 por ciento), Puebla (78.9 por ciento), Hidalgo (77.5 por ciento), Tlaxcala (76.0 por ciento), Veracruz (75.6 por ciento), Nayarit (71.5 por ciento), Morelos (71.1 por ciento) y Zacatecas (70.1 por ciento).6

Otro problema ligado a la falta de seguridad social, es la falta de una vivienda digna, pues si las personas se encuentran sin afiliación al sistema de seguridad social, difícilmente puede tener acceso para adquirir una vivienda, pues según la facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es un reto atender a más de 43 por ciento de mexicanos sin acceso a dicho sistema.7

Respecto al tema de deporte, México también se encuentra en crisis, pues pese a que en nuestro país se encuentran grandes deportistas, éste no tiene la organización suficiente para involucrar profesionalmente a un mayor número de nuestros jóvenes.

Pese a que existen políticas públicas encaminadas a que nuestra población realice algún tipo de deporte, esto no sucede, ya sea por falta de interés de los jóvenes o porque si bien existen las políticas éstas muchas veces son de difícil acceso.

Derivado de todo lo mencionado, si tenemos un número de población que no tuvo acceso a educación, salud, vivienda, cultura, deporte, etcétera, lo que vamos a encontrar como resultado es una sociedad con graves problemas de inseguridad, porque las personas tendrán que hacer lo que sea con tal de sobrevivir, aunque eso implique cometer delitos, cosa que de ninguna manera es aceptable.

Por lo cual considero la necesidad de crear un plan el cual pueda disponer de recursos económicos, esto para que cada uno de los estados de nuestro país puedan ser calificados por medio de aspectos estadísticos medibles en cuanto a los rubros de desarrollo social, humano y de seguridad.

De hecho ese recurso puede destinarse del presupuesto destinado a partidos políticos, pues hay que recordar que existen diversas iniciativas que pretenden se reduzca ese monto, de hecho existe la presentada por Encuentro Social en la que pedimos cero financiamiento a partidos políticos.

Una vez que se tenga la calificación global del comportamiento de cada estado en los aspectos mencionados, al estado mejor evaluado en cada uno de ellos se le podrá asignar ese recurso, con el objetivo de que ese estado pueda seguir trabajando en dichos temas.

En conclusión, el objetivo central del presente punto de acuerdo es tener un país sostenible, sustentable, responsable y en el que todos y cada uno de los que lo habitamos podamos percibir la seguridad tanto hacia el interior como al exterior.

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al presidente de México, al secretario de Gobernación y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para analizar la viabilidad de la creación de un fondo económico, para estimular a los estados con mejor desempeño en los rubros de alimentación, salud, educación, deporte, vivienda y combate a la inseguridad.

Notas

1 Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, cifras correspondientes a marzo de 2017, disponible en;

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/ensu /ensu2017_04.pdf

2 Ídem.

3 Ídem, P.6

4 El Universal , Listos, resultados de examen a nivel medio superior disponible en; http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/edomex/2017/08/5/listo s-resultados-de-examen-nivel-medio-superior

5 Tania L. Montalvo, en Animal Político, “Mas del 60% de mexicanos carecen de seguridad Social”, 20 de enero de 2015, disponible en; http://www.animalpolitico.com/2015/01/mas-de-60-de-los-mexicanos-carece n-de-seguridad-social-es-el-derecho-social-mas-rezagado/

6 Vanessa Cisneros, en El Economista , “Sin acceso a salud 62.5% de la población ocupada”, 16 de octubre de 2016, disponible en; http://eleconomista.com.mx/estados/2016/10/16/sin-acceso-salud-625-pobl acion-ocupada

7 El Universal , “Proponen crear créditos de vivienda para personas sin acceso a seguridad social”, disponible en; http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/finanzas/2017/05/24/prop onen-crear-creditos-de-vivienda-para-personas-sin-seguridad

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2017.

Diputado José Alfredo Ferreiro Velazco (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al estado de Chihuahua a fin de implementar de manera urgente un plan estratégico de seguridad pública para solventar la creciente tasa de homicidios y delitos de alto impacto en la entidad, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Ana Georgina Zapata Lucero, Diputada Federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

C O N S I D E R A C I O N E S

El domingo 15 de octubre fue ejecutada una mujer cuando se encontraba a bordo de una camioneta en la colonia México 68, en Ciudad Juárez;1 ese mismo día otro individuo fue asesinado al exterior en el cruce de las calles Isla Curazao y Atengo de la Colonia Plutarco Elías Calles,2 también Ciudad Juárez.

Por otro lado, el pasado 26 de septiembre, quince personas fueron asesinadas y siete más resultaron con heridas graves, tras el ataque de un grupo armado a un centro de rehabilitación ubicado en la Colonia el Rosario en la Ciudad de Chihuahua;3 lamentablemente y de acuerdo a reportes oficiales, el número de personas fallecidas se elevó a dieciocho.

A penas cuatro días antes del hecho citado anteriormente, el 22 de septiembre, cinco personas fueron asesinadas y tres más resultaron graves, también derivado de un ataque armado en un centro nocturno conocido como “El Show” ubicado en la avenida Los Arcos, en la Colonia Los Portales, al norte de la ciudad de Chihuahua.

El 17 de septiembre y de acuerdo a lo informado por el medio de comunicación SDP Noticias,4 en tan solo 12 horas, se registraron 10 asesinatos en Ciudad Juárez, Chihuahua, el primer hecho violento sucedió alrededor de las 7:30 la tarde cuando una mujer fue localizada sin vida en una casa; minutos más tarde se reportó el asesinato de dos hombres y una mujer quienes fueron ejecutados dentro de una vivienda ubicada en el Paseo de la Gloria y José Ramón Yepes del fraccionamiento Villas del Sur.

A las 8 de la noche un hombre fue hallado sin vida dentro de una vivienda en las calles Emeterio Betances e Internacionalismo de la colonia Andrés Figueroa; a las 9 de la noche, se informó de una mujer sin vida en las calles Portal del Encino y Puerto Anzio del fraccionamiento Portal del Roble. Otro hombre fue reportado sin vida en las calles Mar de Japón número 5176 y Mar Báltico quien fue privado de la vida con arma blanca y finalmente durante la madrugada del 18 de septiembre fueron reportados dos hechos violentos más y antes de mediodía se dio aviso de la muerte de un hombre a martillazos.

Lo antes narrado, no se tratan de hechos aislados, si no es algo que se vive a diario en el Estado de Chihuahua, pues el nivel de inseguridad, ha crecido de manera considerable en lo que va de 2017. En efecto, de acuerdo con el “Informe de victimas de homicidio, secuestro y extorsión 2017” emitido por el Centro Nacional de Información del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Publica, en el Estado de Chihuahua, de enero al mes de agosto de 2017, se reporta un total de 1,584 homicidios5 de los cuales 184 corresponden a enero, 205 a febrero, 177 a marzo, 148 en abril, 202 en mayo, 260 en junio, 227 en julio y 181 en agosto, números que en contraste con las estadística de enero a agosto de 2016, nos revelan el incrementó que ha tenido la tasa de homicidios en el Estado de Chihuahua pues se elevó en 477 homicidios,6 es decir 30 % más alto que en 2016.

A las cifras anteriores, también se le debe sumar, los delitos que tiene que ver con secuestros, extorsiones, robos con violencia, robos de vehículos, robos a casa habitación, robos a negocio, robos a transeúntes y violaciones, las cuales en su conjunto revelan que continúa el alza de la incidencia delictiva, sin que las políticas implementadas por el gobierno en turno puedan lograr frenar esta crisis de seguridad y violencia por la cual atraviesa el Estado de Chihuahua.

Es lamentable y una triste realidad, que muchos de los delitos cometidos en Chihuahua sigan sin resolverse o queden en la impunidad total, basta recordar el homicidio del periodista Jesús Adrián Rodríguez Samaniego, ocurrido el pasado diciembre de 2016, en el Municipio de Chihuahua y de la periodista Miroslava Breach Velducea, asesinada en marzo de este año, también en el mismo municipio, crímenes de los que a la fecha no se ha podido castigar a ningún responsable.

Ante tales consideraciones, es necesario que esta soberanía, solicite al titular del ejecutivo del Estado de Chihuahua, implemente de manera urgente, una estrategia que permita garantizar la integridad y seguridad de las y los ciudadanos que habitan el Estado, así como así como preservar el orden y la paz pública.

Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados, el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa al Gobernador del Estado de Chihuahua Javier Corral Jurado, a implementar de manera urgente un plan estratégico de seguridad pública, para solventar la creciente tasa de homicidios y delitos de alto impacto en la entidad.

Notas

1 http://entrelineas.com.mx/seguridad/ejecutan-a-mujer-en-un-vehiculo-en- ciudad-juarez/

2 http://www.cronicadechihuahua.com/Asesinan-a-un-individuo-afuera-de,511 04.html

3 http://eldiariodechihuahua.mx/Local/2017/09/26/masacre-en-centro-de-reh abilitacion-al-menos-15-muertos-y-7-heridos-/

4 https://www.sdpnoticias.com/estados/2017/09/18/racha-violenta-en-ciudad -juarez-deja-10-muertos

5 http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/victimas/Victimas2017_062 017.pdf

6 http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/victimas/Victimas2016_122 016.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes de octubre de 2017.

Diputada Ana Georgina Zapata Lucero (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la posible declaratoria de alerta de género en la Ciudad de México, así como a coordinar y ejecutar las medidas provisionales que implantaría la Segob derivadas de la declaratoria, suscrita por las diputadas Araceli Damián González y Alicia Barrientos Pantoja, del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, Araceli Damián González y Alicia Barrientos Pantoja, integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta soberanía la siguiente proposición, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. La violencia de género contra las mujeres es una realidad persistente en los últimos años en la Ciudad de México. Las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) para homicidios contra mujeres demuestran que hay una tendencia persistente de violencia feminicida: en el año 2012 se registraron 122 de estos crímenes contra mujeres; en 2013, 145; en 2014, 147; en 2015, 136; en 2016, 148. Desafortunadamente, como señaló la abogada Karla Michel Salas Ramírez en entrevista al portal Animal Político el 9 de mayo de 2017, un gran número de los homicidios contra mujeres no son tipificados como feminicidios por errores y omisiones de las autoridades encargadas de investigar estos delitos.1 El caso de la joven Lesvy Berlín Osorio ejemplifica esta situación, pues la Procuraduría General de Justicia local mantiene la hipótesis del suicidio y han rechazado implementar los protocolos y criterios para investigar y sancionar la violencia de género. Por tanto, no es posible dimensionar debidamente la violencia de género y obstruye la implementación de medidas extraordinarias para resolver esta inaceptable situación.

Segunda. De acuerdo con el mapa y base de datos que desarrolla la activista María Salguero,2 del 1 de enero al 22 de septiembre de 2017 se han registrado 85 feminicidios en la Ciudad de México. Tan sólo en el período del 13 de agosto al 22 del mes siguiente se registran 16 homicidios contra mujeres. La base de datos antes mencionada ofrece una cruda imagen de la grave crisis que se vive en la república y que se ha acentuado en la capital. Se han realizado diversas manifestaciones para denunciar la violencia feminicida; la más reciente protesta se llevó a cabo el 17 de septiembre pasado debido al cruel asesinato de la estudiante Mara Castilla, el 8 de septiembre, en Puebla.

Tercera. En días recientes se difundió ampliamente el feminicidio en agravio de la joven Anayetzin Damaris Fragoso González, quien desapareció el 6 de octubre. Ella fue brutalmente asesinada por estar embarazada, además, el feminicida escondió su cuerpo en un clóset.3 Esta reciente muestra del desprecio por la vida y dignidad de las mujeres en la Ciudad de México demuestra la impostergable necesidad de implementar medidas extraordinarias que protejan a las mujeres, erradiquen la violencia feminicida y concienticen a la población sobre la obligación de reconocer, respetar y hacer valer los derechos humanos de las mujeres.

Cuarta. El 9 de octubre las organizaciones Justicia Pro Persona, AC, y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, AC, informaron que la Secretaría de Gobernación aceptó la solicitud de conformar un grupo de trabajo que examine si en la Ciudad de México se violan los derechos humanos de las mujeres para, eventualmente, dar elementos para que la Secretaría de Gobernación declare la alerta de violencia de género. Este grupo de trabajo deberá preparar un informe sobre el cual se determinará si procede la declaratoria de alerta de género; es por ello que se requiere el mayor apoyo institucional a nivel local y federal para cumplir diligentemente con el sensible encargo que tiene. Las autoridades locales y federales deben actuar con la mayor apertura y transparencia ante las solicitudes de información que haga el grupo de trabajo, porque es inaplazable implementar esta medida. Las medidas provisionales señaladas en la fracción III del artículo 36 Bis del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia no resolverán la crisis de violencia de género que se vive en la Ciudad de México. La evidente y lacerante realidad demanda acciones rápidas y efectivas de las autoridades federales y locales que garanticen el pleno respeto y ejercicio de los derechos humanos de todas las personas.

Por lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a que, en uso de sus facultades y atribuciones, mediante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres facilite el encargo del grupo de trabajo que examina declarar la alerta de violencia de género en la Ciudad de México, y dé la mayor celeridad posible a las medidas provisionales que sugiera el grupo de trabajo y a una eventual declaratoria de alerta de violencia de género.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, a garantizar la disponibilidad de información para el grupo de trabajo que examina la posible declaratoria de alerta de género; así como a coordinar y ejecutar las medidas provisionales que pudiere implementar la Secretaría de Gobernación y aquéllas que llegaren a resultar como producto de una eventual declaratoria de alerta de violencia de género.

Notas

1 Arturo Ángel, “En CDMX menos del 40 por ciento de los homicidios de mujeres están reconocidos como feminicidios”, Animal Político , 9 de mayo de 2017, en:

http://www.animalpolitico.com/2017/05/cdmx-feminicidios- asesinatos-mujeres/

2 Véase el portal https://feminicidiosmx.crowdmap.com/

3 David Fuentes, “Anayetzin estaba embarazada, revela necropsia”, El Universal , 10 de octubre de 2017, en:

http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/ultima-de-1 6-punaladas-su-novia-y-la-esconde-en-el-closet

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2017.

Diputadas: Araceli Damián González y Alicia Barrientos Pantoja (rúbricas)

Con punto de acuerdo, relativo a hacer públicas las acciones tomadas respecto al manejo de recursos federales realizado por la Ssa de Jalisco con relación al fondo de aportaciones a los Servicios de Salud y el Seguro Popular, a cargo del diputado Macedonio Tamez Guajardo, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito Macedonio Salomón Tamez Guajardo, diputado del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 59, 76, fracción IV; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión; así como en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables, que establecen la competencia de diputados para presentar puntos de acuerdo, someto a consideración la proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a autoridades del Poder Ejecutivo federal, particularmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Salud, a que hagan públicas las acciones que han tomado respecto del manejo de recursos federales realizado por la Secretaría de Salud de Jalisco, con relación al Fondo de Aportaciones a los Servicios de Salud y el Seguro Popular, el cual resulta contrario a la legislación vigente.

Específicamente se exhorta a que tomen medidas e informen respecto de las acciones seguidas con relación a las fallas que detectó la Auditoría Superior de la Federación, y que hace constar mediante el Oficio OASF/1341/2017, el cual fue solicitado por esta diputación y detecta un manejo que en algunas ocasiones resulta contrario a la ley del “Seguro Popular” y el “Fondo de Aportaciones a los Servicios de Salud”, durante los años 2013, 2014, 2015 y 2016 , con base en lo siguiente:

Exposición de motivos

El derecho a la salud se encuentra previsto en el bloque de constitucionalidad mediante el artículo 4, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 10 del Pacto de San Salvador, Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Por lo tanto, se trata de un derecho cuyo reconocimiento y respeto para el Estado mexicano resulta de enorme importancia. La procuración de servicios de salud de calidad que permitan que las personas gocen del mayor bienestar físico, mental y social es parte de la realización de este derecho.

En virtud de lo anterior, cualquier menoscabo al presupuesto asignado a los servicios de salud debe ser investigado y sancionado de manera urgente, toda vez que constituye una conducta sumamente lesiva a los derechos de la sociedad, particularmente de aquellos que se encuentran vulnerables debido al deterioro en su estado de salud y pobreza.

Ante ello, esta diputación consideró pertinente solicitar la rendición de cuentas del ejercicio de los recursos públicos con los que cuenta la Secretaría de Salud de Jalisco, particularmente con el ejercicio de las aportaciones federales en materia de salud que por conducto de la Secretaría de Salud ha recibido dicha entidad durante el 2013, 2014, 2015 y 2016, encontrando irregularidades en el manejo de recursos públicos.

Antecedentes

I. Se solicitó a la Auditoría Superior de la Federación conocer los resultados de las auditorías que se realizaron a los recursos federales recibidos por la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco durante los años 2013, 2014, 2015 y 2016, particularmente, los recursos para la operación del programa denominado “Seguro Popular” y para el “Fondo de Aportaciones de Servicios de Salud” mediante el oficio LXIII/GPMC/MSTG/225/2017.

II. En respuesta a dicha solicitud, la Auditoría Superior de la Federación envió los siguientes los informes de la auditoría realizada al gobierno de Jalisco:

a. Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa. 2016. No. Audit: 1066-DS-GF

b. Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud. 2016. No. Audit: 1064-DS-GF

c. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud. 2015. No. Audit: 1026-DS-GF

d. Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa. 2014. No. Audit: 750

e. Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud. 2014. No. Audit: 745.

f. Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa. 2013. No. Audit: 831

g. Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud. 2013. No. Audit: 767

III. En dichos documentos consta una serie de irregularidades en el ejercicio del presupuesto público por parte de la Secretaría de Salud del estado de Jalisco.

Situación financiera de la Secretaría de Salud de Jalisco

a. De la Auditoría 1066-DS-GF se desprende que Jalisco incurrió en inobservancias a la normativa ya que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 419.7 miles de pesos; y existe una afectación hacia la población objetivo del programa ya que no se ejercieron 7,385.8 miles de pesos. En el mismo sentido, se incumplieron obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa ya que no existió remisión de la información.

b. De la Auditoría 1064-DS-GF se presume que existe un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 999,951.88 pesos; más los rendimientos generados , por no haber aplicado, a la fecha de la auditoría, los recursos reintegrados a la cuenta específica del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a los objetivos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.

c. De la auditoría 1026-DS-GF se desprende que se tiene registro de inobservancias a la normativa, principalmente en materia de servicios personales, así como de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, debido a que hay personal laborando que no contempla los requisitos, como es el de tener cédula, resultando en un probable daño a la Hacienda Pública Federal de 124.9 miles de pesos.

d. De la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 14-A-14000-02-0750 GF-295 se establece que, al 31 de diciembre de 2014, Jalisco no había devengado el 49.5 por ciento de los recursos transferidos, lo que representan 1,725,402.4 miles de pesos, pendientes de aclarar. En el mismo sentido, las inobservancias de la normativa por parte de dichas autoridades generaron recursos por aclarar por un monto de 1,248,956.2 miles de pesos.

e. De la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 14-A-14000-02-0745 GF-262 se desprende que, al 31 de diciembre de 2014, el Gobierno de Jalisco no había devengado 11.5 por ciento de los recursos transferidos mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, lo que representa 448,614.5 miles de pesos, pendientes de aclarar.

f. De la auditoría con enfoque de desempeño 13-A-14000-14-0831 GF-846 se determina que de los recursos transferidos al gobierno de Jalisco mediante el programa Seguro Popular existieron inobservancias a la ley lo cual generaron un probable daño a la Hacienda Pública de la Federal por un importe de 652,510.1 miles de pesos y adicionalmente existe un monto por aclarar de 1,649,918. miles de pesos principalmente a los rubros de Medicamentos, Material de Curación y Otros Insumos y Pagos a Terceros por Servicios de Salud.

g. De la auditoría con enfoque de desempeño 13-A-14000-14-0767 GF-091 se determinó que de una muestra del presupuesto transferido al Gobierno de Jalisco mediante el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, se determinó que al no existir información confiable no se puede verificar que la población objetivo haya sido atendida; existieron inobservancias a la normativa en el ejercicio fiscal 2013 lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 59,501.5 y adicionalmente se tiene un monto por aclarar de 71,710.0 miles de pesos referente al rubro de adquisiciones.

h. Asimismo, en repetidas ocasiones, los informes de la Auditoría Superior de la Federación ponen en evidencia que el Gobierno de Jalisco no está cumpliendo sus obligaciones de transparencia de forma cabal.

Fundamento jurídico

De los informes de la Auditoría Superior de la Federación se desprende también el incumplimiento normativo que realizó el gobierno del estado de Jalisco en el caso concreto. Particularmente cabe mencionar las siguientes disposiciones:

I. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su artículo 54:

Una vez concluida la vigencia de un Presupuesto de Egresos sólo procederá hacer pagos, con base en él por los conceptos efectivamente devengados en el año que corresponda, siempre que se hubieren contabilizado debida y oportunamente las operaciones correspondientes, hayan estado contempladas en el Presupuesto de Egresos, y se hubiere presentado el informe a que se refiere el artículo anterior, así como los correspondientes al costo financiero de la deuda pública. Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos que no se encuentren devengadas al 31 de diciembre, no podrán ejercerse. Los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, las dependencias, así como las entidades respecto de los subsidios o transferencias que reciban, que por cualquier motivo al 31 de diciembre conserven recursos, incluyendo los rendimientos obtenidos, deberán reintegrar el importe disponible a la Tesorería de la Federación dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio. Queda prohibido realizar erogaciones al final del ejercicio con cargo a ahorros y economías del Presupuesto de Egresos que tengan por objeto evitar el reintegro de recursos a que se refiere este artículo.

II. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su artículo 82, fracción IX:

Las dependencias y entidades con cargo a sus presupuestos y por medio de convenios de coordinación que serán públicos, podrán transferir recursos presupuestarios a las entidades federativas con el propósito de descentralizar o reasignar la ejecución de funciones, programas proyectos federales y, en su caso, recursos humanos y materiales.

En la suscripción de convenios se observará lo siguiente:

(...)

IX. En el caso que involucren recursos públicos federales que no pierden su naturaleza por ser transferidos, éstos deberán depositarse en cuentas bancarias específicas que permitan su identificación para efectos de comprobación de su ejercicio y fiscalización, en los términos de las disposiciones generales aplicables;

III. La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, en su artículo 79:

En el caso de que la falta administrativa grave cometida por el servidor público le genere beneficios económicos, a sí mismo o a cualquiera de las personas a que se refiere el artículo 52 de esta Ley, se le impondrá sanción económica que podrá alcanzar hasta dos tantos de los beneficios obtenidos. En ningún caso la sanción económica que se imponga podrá ser menor o igual al monto de los beneficios económicos obtenidos. Lo anterior, sin perjuicio de la imposición de las sanciones a que se refiere el artículo anterior.

En razón de lo anterior, se reitera la necesidad de exhortar a autoridades del Poder Ejecutivo federal, particularmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Salud a que, en el marco de sus atribuciones respecto del ejercicio de recursos públicos y sanciones por el incumplimiento de la normativa vigente, informen a esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión sobre las medidas adoptadas y acciones seguidas respecto a las fallas que detectó la Auditoría Superior de la Federación en el ejercicio del gasto público por parte de la Secretaría de Salud de Jalisco y que hace constar mediante el Oficio OASF/1341/2017, el cual detecta un manejo que en algunas ocasiones resulta contrario a la ley del “Seguro Popular” y el “Fondo de Aportaciones a los Servicios de Salud”, durante los años 2013, 2014, 2015 y 2016.

Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración la siguiente proposición:

Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Salud a que hagan públicas las medidas adoptadas y acciones seguidas respecto a las fallas que detectó la Auditoría Superior de la Federación en el ejercicio del gasto público por parte de la Secretaría de Salud de Jalisco y que hace constar mediante el Oficio OASF/1341/2017, el cual detecta un manejo que en algunas ocasiones resulta contrario a la ley del “Seguro Popular” y el “Fondo de Aportaciones a los Servicios de Salud”, durante los años 2013, 2014, 2015 y 2016

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2017.

Diputado Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al alcalde de Guadalajara, Jalisco, a abstenerse de vender dos predios de propiedad municipal en El Dean, suscrita por los diputados José Luis Orozco Sánchez Aldana y Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, José Luis Orozco Sánchez Aldana y Laura Nereida Plascencia Pacheco, diputado y diputada federales, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Con intenciones soterradas y con el pretexto de redensificar la ciudad, el presidente municipal de Guadalajara pretende vender dos predios de propiedad municipal para construir cerca de 10 mil viviendas o departamentos, de ésos que su colega municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, prohibió se siguieran construyendo en aquella demarcación municipal.

Los inmuebles que el alcalde tapatío pretende vender se encuentran ubicados en la zona conocida como El Deán, con las siguientes características: uno de 81 mil metros cuadrados al noroeste del predio El Deán o San Nicolás de las Higuerillas, y otro de 11 mil metros cuadrados, en el sitio de la planta de trasferencia de basura de la empresa Caabsa Eagle; para lo cual modificaron en sigilo los planes parciales para permitir a los eventuales compradores la construcción de edificios y miles de viviendas.

Pero, más allá de su costo económico, estos terrenos, de tener una visión de Estado, podrían representar para la ciudad una oportunidad para repoblar la ciudad sí de personas, pero más de espacio verdes, ya que es de todos y todas conocido que la ciudad se encuentra en un déficit medio ambiental, de acuerdo con el índice mundial de áreas verdes por habitante.

Guadalajara carece de suficientes áreas verdes y arbolado, ya que tiene un déficit de más de ocho millones de metros cuadrados, así lo han revelado diversos estudios, entre estos los de la Universidad de Guadalajara.1

Por otra parte, organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), desde hace muchos años, han recomendado que deben existir nueve metros cuadrados de áreas verdes por habitante y que todos los residentes de una ciudad tengan a una distancia no mayor de 15 minutos a pie, un sitio arbolado. Lo cual aun en nuestra ciudad no ocurre.

Por otra parte, un estudio más reciente denominado: “Análisis espacial del arbolado público del centro metropolitano de Guadalajara, utilizando tecnologías de la información geográfica”, el cual fue elaborado por Elizabeth Guadalupe Aguirre Arévalo, alumna del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), de la Universidad de Guadalajara, estableció claramente las deficiencias del arbolado por persona en la zona uno de Guadalajara, pues en promedio sólo hay un árbol por cada cinco habitantes.2

Además de lo anterior, repoblar estos predios sin un plan de manejo ambiental, ya que uno de ellos fue utilizado como depósito de basura, podría representar un riesgo para la salud de las personas que se pretende habiten en los departamentos que se construirán ahí, pues en realidad no se sabe a ciencia cierta si este sitio fue contaminado con algún tipo de residuo peligroso y si se activó algún plan de remediación, conforme la normatividad de la materia.

Porque de ser el caso que este último predio estuviera contaminado, el mismo no podría venderse conforme lo estipulado por la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, la cual señala que:

Artículo 71. No podrá transferirse la propiedad de sitios contaminados con residuos peligrosos, salvo autorización expresa de la Secretaría. 3

Pero, no obstante lo anterior, lo que aun determina con mayor fuerza la improcedencia de la venta de estos terrenos propiedad municipal, es el proceso poco claro de esta intención inmobiliaria, de esta venta a escondidas que pretende realizar el alcalde.

¿Por qué esta acción de gobierno no la somete a consulta ciudadana para que se le pregunte a la población si quieren parque o quieren viviendas en una zona con una alta carga contaminante en la atmósfera?

Ésas y otras interrogantes son las que diversos medios de comunicación se preguntan y las que un gran número de personas que vivimos en la zona metropolitana de Guadalajara nos seguimos cuestionando cada que escuchamos intenciones como estas.

Por lo anterior, es por lo que elevamos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. El honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al presidente municipal de Guadalajara a efecto de que se abstenga de vender dos predios de propiedad municipal localizados en la zona conocida como El Deán, los cuales pretenden ser destinados a la construcción de miles de viviendas y que se encuentran ubicados al noroeste del predio El Deán o San Nicolás de las Higuerillas y en el sitio de la planta de trasferencia de basura de la empresa Caabsa Eagle; por no justificarse su enajenación y representar posiblemente un atentado contra la salud de las personas, por ir en contra de la planeación y el desarrollo urbano sustentable y por significar un atentado al patrimonio de las y los tapatíos.

Segundo. De la misma forma se exhorte respetuosamente a la Procuraduría de Desarrollo Urbano y a la de Protección al Ambiente, ambas del estado de Jalisco, para que en el ámbito de competencia intervengan en este caso, y se pronuncien en torno a la posible venta de estos y otros terrenos de propiedad municipal, determinando la conveniencia de re densificar éstos o destinarlos a áreas verdes en beneficio de la ciudad y su zona metropolitana.

Tercero. En los mismos términos se exhorte de forma respetuosa a la Comisión Municipal dictaminadora para la venta de estos predios, a efecto de que se suspendan los trabajos de esta instancia y en relación con la enajenación de los bienes inmuebles en cuestión, hasta en tanto no cuenten con un estudio sobre la factibilidad de uso de suelo y subsuelo para la construcción de vivienda en terrenos ostensiblemente contaminados.

Referencias

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

http://www.udg.mx/es/noticia/hay-un-arbol-por-cada-cinco -habitantes-en-la-zona-centro-de-guadalajara

http://www.gaceta.udg.mx/Hemeroteca/paginas/321/321-10.p df

Notas

1 http://www.gaceta.udg.mx/Hemeroteca/paginas/321/321-10.pdf

2 http://www.udg.mx/es/noticia/hay-un-arbol-por-cada-cinco-habitantes-en- la-zona-centro-de-guadalajara

3 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/263_220515.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2017.

Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al ayuntamiento de Urique, Chihuahua, a prestar en el marco de sus atribuciones el servicio de agua potable a la comunidad indígena de Mogótavo, a cargo del diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

En una rueda de prensa ofrecida en octubre de 2017, la comunidad indígena de Mogótavo, localizada en el municipio de Urique de la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, acusó a los inversionistas Ricardo Valles Alvealis, Agustín López Daumas, Jesús Alberto Cano Vélez, Omar Bazán Flores y Ricardo Orviz Blake, de ser responsables de obstruirles el acceso al agua, ya que se asumen como propietarios de ese territorio y ante autoridades judiciales han declarado que el poblado no existe. Dos de los inversionistas tienen carrera política: Bazán Flores, quien es presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, y Orviz Blake, exdiputado local y candidato priista a la alcaldía de Delicias.1

En la rueda de prensa, la representante de la comunidad de Mogótavo, Rosario Batista Cruz, denunció que la crisis de agua por la que atraviesa la comunidad indígena se debe a la suspensión del proyecto hidráulico que construía la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) en beneficio de los habitantes de esa región, ya que los inversionistas aseguran tener la posesión del territorio donde se construye la red de agua potable.2

Los inversionistas ordenaron detener en 2015 la obra de agua potable que realizaba la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, por considerar que los indígenas afectaban su propiedad y desconocieron la existencia de la comunidad de Mogótavo.3

La postura de los particulares contradice el reconocimiento que la CDI y el gobierno del estado ya dieron a la comunidad, por su posesión ancestral.4 La CDI reconoce en su portal de datos abiertos a la comunidad de Mogótavo en Urique, Chihuahua, con una población de 61 personas indígenas.5

El acceso al agua potable es indispensable para la vida y el desarrollo de la población, por lo que es necesario atender a las comunidades que requieren acceso a este bien y que no han podido obtener debido a factores como la discriminación y la marginación. La prestación de este recurso está prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 115, fracción III, señalando que son los municipios quienes tendrán a su cargo este servicio público.

Consideraciones

El acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico es un derecho humano establecido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) presentó el Informe 2015 del Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoreo (PCM), el cual revela que la meta mundial relativa al agua potable, la cual era que el 88 por ciento de la población tuviera acceso a fuentes mejoradas para 2015, se alcanzó y se superó en 2010. No obstante, también señala que hay disparidades entre zonas urbanas y rurales, ya que ocho de cada 10 personas siguen sin acceso a fuentes de agua potable mejorada.6

En México, las disparidades en el acceso al agua para su población no distan mucho de los datos del Informe 2015 del Programa Conjunto OMS/UNICEF. La Comisión Nacional de Agua (Conagua) considera en su informe de Estadísticas del Agua en México 2016, que la provisión de agua para el consumo humano en la cantidad y calidad necesaria incide directamente en la salud y bienestar de la población. Además, la Conagua reconoce que la población urbana cuenta generalmente con una cobertura más elevada que el ámbito rural ya que hasta 2015, la población urbana con acceso a los servicios de agua entubada era de 90 millones de habitantes, en contraste con la población rural, cuya cifra de habitantes con acceso a este servicio es de 23.9 millones de habitantes.7

Frente a este escenario, todavía queda mucho que resolver en torno al acceso al agua potable, principalmente en medios rurales y en las comunidades indígenas.

Ante el reto que implica dar mayor cobertura a la población para el acceso al agua, Léo Heller, relator especial de Naciones Unidas para agua potable y saneamiento, presentó conclusiones alarmantes durante su visita oficial en México en 2017. En una conferencia de prensa en la sede de las Naciones Unidas del país, señaló como injustificable el recorte de recursos públicos de 37 por ciento para el sector hídrico. También refirió que en México las comunidades indígenas son las que tienen un menor acceso al servicio a diferencia del resto de la población, siendo un 70 por ciento contra 90 por ciento de la media nacional.8

Por este motivo, se expone que en el 2014 la comunidad indígena de Mogótavo, del municipio de Urique, Chihuahua, padeció la sequía de la región de la Sierra Tarahumara, por lo que solicitó ayuda a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) para construir un sistema hidráulico en beneficio de la colectividad.9 Por su ubicación geográfica, Mogótavo se ubica en la cima de la Barranca del Cobre,10 por lo que este proyecto hídrico se abastecería del río Urique.11

La solicitud hecha por la comunidad indígena de Mogótavo para la construcción de un sistema hidráulico en beneficio de su localidad fue aprobada por el Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado de Chihuahua, con número de licitación LO-908040997-N6-2015 y cuyos recursos provienen del Programa de Infraestructura Indígena 2015, de acuerdo con la publicación del Resumen de Convocatoria Pública Nacional 001 del Diario Oficial de la Federación el 12 de febrero de 2015.12

La Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado de Chihuahua hizo público lo resultados de la licitación LO-908040997-N6-2015, la cual otorgó el contrato 006-2015-N6-JCAS-PI a la empresa Anuncios Unipolares, SA de CV, por un monto sin IVA de 3 millones 870 mil 820.73 pesos y cuya fecha de entrega era el 19 de agosto de 2015.13

A pesar de que el plazo de término de la obra se contemplaba para el 19 de agosto de 2015, hasta noviembre de ese año, la obra hidráulica sólo llevaba un avance de poco más del 50 por ciento.14 Sin embargo, la obra hidráulica fue suspendida por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas ante la presión del grupo de inversionistas de la inmobiliaria Mesa de la Barranca, alegando que eran propietarios del terreno en que se construía,15 motivo por el cual la comunidad indígena de Mogótavo interpuso un juicio de amparo indirecto ante el Juzgado Octavo de Distrito de la Ciudad de Chihuahua, con expediente 345/2016, en el que demanda a la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), la Conagua y posteriormente ampliaron la demanda en contra del Comité de Regulación y Seguimiento de Infraestructura Indígena y de la ex delegada estatal de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Azucena Ruiz Zúñiga, por la violación al derecho constitucional y humano de acceso al agua potable.16

Es por ello que, con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno municipal de Urique, Chihuahua, a realizar las acciones necesarias en el marco de sus atribuciones constitucionales para proveer del servicio de agua potable a la comunidad indígena de Mogótavo.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado de Chihuahua a hacer del conocimiento público los motivos por los que el contrato 006-2015-N6-JCAS-PI otorgado a la empresa Anuncios Unipolares S.A. de C.V. no cumplió con el plazo de término de la construcción del sistema hidráulico en beneficio de la comunidad de Mogótavo.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) a promover y defender los derechos de la comunidad indígena de Mogótavo para poder continuar con el proyecto hidráulico y así garantizar su derecho humano al agua potable.

Notas

1 http://www.proceso.com.mx/506801/inversionistas-impiden-acceso-al-agua- potable-a-comunidad-indigena-en-chihuahua

2 http://www.proceso.com.mx/506801/inversionistas-impiden-acceso-al-agua- potable-a-comunidad-indigena-en-chihuahua

3 http://www.jornada.unam.mx/2017/10/11/estados/029n1est

4 http://www.proceso.com.mx/506801/inversionistas-impiden-acceso-al-agua- potable-a-comunidad-indigena-en-chihuahua

5 http://www.cdi.gob.mx/datosabiertos/2010/locali-indi-2010.csv

6 http://www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/jmp-2015-key-fact s/es/

7 http://201.116.60.25/publicaciones/EAM_2016.pdf

8 http://www.jornada.unam.mx/2017/05/13/sociedad/029n1soc

9 http://nwnoticias.com/#!/noticias/de-pueblo-inexistente-a-desarrollo-tu ristico

10 http://elpueblo.com/notas/Comunidad-indigena-de-Mogotavo-sin-acces

11http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/
contenidos/espanol/bvinegi/productos/historicos/2104/702825224332/702825224332_5.pdf

12 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5381904&fecha=12/02/2015

13http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/jcas/uploads/12015/ Fraccion14aLicitaci%C3%B3nPblica_opt.pdf

14 http://tiempo.com.mx/noticia/2661-exigen_raramuris_continuidad_de_obra_ de_agua_potable_en_su_comunidad/1

15 http://www.jornada.unam.mx/2017/10/11/estados/029n1est

16 http://www.proceso.com.mx/506801/inversionistas-impiden-acceso-al-agua- potable-a-comunidad-indigena-en-chihuahua

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2017.

Diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fepade y el gobierno de Puebla a fortalecer por la Secretaría de la Contraloría las acciones y políticas públicas a fin de identificar, sancionar y prevenir irregularidades de servidores públicos estatales en la entrega de víveres y apoyos para reconstruir viviendas a consecuencia del sismo del 19 de septiembre, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Xitlalic Ceja García, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 19 de septiembre de 2017, el Servicio Sismológico Nacional reportó un movimiento telúrico de magnitud 7.1 grados Richter con epicentro a por lo menos 12 kilómetros de Axochiapan entre los límites de Morelos y Puebla.1 A consecuencia de este sismo, 21 mil 929 viviendas se vieron afectadas y por lo menos 1 mil 230 escuelas presentaron daños.2

Puebla es una de las entidades con mayores afectaciones a su patrimonio cultural, ya que 163 estructuras fueron dañadas, entre ellos, el Museo Internacional del Barroco, la Biblioteca Palafoxiana y la Casa del Alfeñique en el Centro Histórico.

Por lo menos 100 municipios fueron declarados zona de desastre, particularmente de las regiones de la Mixteca, del valle de Atlixco y Matamoros, así como de la Angelópolis, tales como Atlixco, Atzala, Tehuitzingo, Huejotzingo, Huaquechula, Metepec, Tepemaxalco, Xuchapa, Chiautla de Tapia, Tlapanalá, Epatlán, Tzicatlacoyan, Piaxtla, Jolalpan, Izúcar de Matamoros, Acatlán de Osorio y Puebla de Zaragoza, entre otros, muchos de ellos aún presentan serios daños no solo en las viviendas, sino también en su infraestructura carretera, educativa, de salud y de telecomunicaciones.

Afortunadamente, la ayuda en recursos económicos y en especie (alimentos no perecederos, artículos de limpieza e higiene, quipos de primeros auxilios, medicamentos y apoyos funcionales como sillas de ruedas y muletas) por parte de la sociedad civil, gobierno de otras entidades y organizaciones internacionales ha sido generosa. Solo para dimensionar esta asistencia, basta señalar que el DIF estatal de Puebla ha canalizado por lo menos 90 toneladas de víveres.

Un tráiler con apoyo de organizaciones de la sociedad civil de Chihuahua llegó a la entidad con 30 toneladas de suministros, los cuales fueron entregados por la asociación Grupo Pro Niñez, AC, a los afectados. Por su parte, a través de la iniciativa “Redoblando Esfuerzos para México” empresarios, activistas y personas radicadas en Estados Unidos, enviaron 3 toneladas de víveres para los estados damnificados, entre ellos Puebla.

Aunado a lo anterior, el Instituto Mexicano del Seguro Social del estado de Nuevo León mandó a Puebla 25 toneladas de medicamentos, materiales de curación y herramientas para la atención de los primeros auxilios de las personas afectadas. Entre esta ayuda, también está el de las mismas comunidades, ejemplo de esta situación son los habitantes de Santa Inés Ahuatempan quienes recaudaron 15 toneladas de productos que destinaron a las zonas más afectadas de la entidad como San Juan Pilcaya, el Coacalco y Chiautla de Tapia.

Lamentablemente, existen denuncias públicas sobre el ejercicio indebido o irregular en el uso de los apoyos para los damnificados, entre estas anomalías se encuentran reetiquetamiento de productos, condicionamiento en su entrega y uso para la promoción personal de servidores públicos estatales.

Por lo menos una diputada federal y una diputada local del Partido Acción Nacional ya están siendo investigadas por el presunto uso con fines electorales de víveres. Además, camionetas del ayuntamiento de Puebla con los logotipos tapados adscritos a la coordinación de Proyectos Estratégicos recorren las zonas afectadas, sin embargo, el marco jurídico vigente señala que los logotipos de las unidades oficiales no pueden ser ocultados, ya que de hacerlo, amerita una infracción a la ley administrativa.3

Las autoridades estatales, también han manifestado limitaciones logísticas y de infraestructura para atender y hacer llegar lo suministros a todos los municipios afectados, por si esto no fuera suficiente, se ha evidenciado desorganización por parte de las autoridades locales que derivan en la entrega extemporánea de los productos de primera necesidad.

En el municipio de Puebla de Zaragoza, habitantes de la colonia Las Granjas denunciaron que despensas para los afectados no se están entregando a la población más necesitada, por el contrario, están siendo almacenadas en una bodega de esta demarcación.4

A decir de voluntarios y brigadistas, las autoridades locales acaparan toda la ayuda que llega y que deberían ser entregada a la brevedad a las comunidades, al contrario, no dejan que se reparta de manera directa a los afectados, tales irregularidades se encontraron en los municipios de Huaquechula y Tehuitzingo, dos de las demarcaciones más afectadas.5

La entrega de víveres se ha dado con gran opacidad por parte de las autoridades estatales en lugares como Ahuehuetzingo, Atlixco, Atzala, Chietla, Huejotzingo, Izúcar de Matamoros y Tilapa, prueba de ello, es que hasta este momento no es de conocimiento público el número total de beneficiarios, los lugares en los que se entregaron los apoyos y las personas que falta por recibir esta ayuda. Es decir, existen condiciones para que se den malversación de fondos y desvío de recursos públicos.

Todo acto contrario a nuestro marco jurídico, debe ser investigado y en su caso sancionado conforme a derecho, más cuando se trata de un ejercicio indebido en la entrega de la ayuda humanitaria para los municipios y localidades que fueron afectados por los sismo del pasado mes de septiembre.

Ante este panorama de anomalías, es necesario que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y el gobierno de Puebla, fortalezcan sus políticas públicas para identificar, sancionar y prevenir irregularidades por parte de servidores públicos estatales en la entrega de víveres y apoyos para la reconstrucción de viviendas, a fin de esclarecer denuncias públicas sobre el presunto condicionamiento de programas sociales, retención y robo de vehículos con ayuda humanitaria, así como el uso de apoyos con fines electorales.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta.

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados, exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y al gobierno del estado de Puebla para que a través de la Secretaría de la Contraloría, fortalezcan sus acciones y políticas públicas para identificar, sancionar y prevenir irregularidades por parte de servidores públicos estatales en la entrega de víveres y apoyos para la reconstrucción de viviendas a consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017, a fin de esclarecer denuncias públicas sobre el presunto condicionamiento de programas sociales, retención y robo de vehículos con ayuda humanitaria, así como el uso de apoyos con fines electorales.

Notas

1 http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/reportes-especiales/2017/SSNMX_rep_es p_20170919_Puebla-Morelos_M71.pdf

2 https://www.gob.mx/presidencia/videos/avances-para-la-reconstruccion-de -los-estados-afectados-por-los-sismos-128534

3 http://www.angulo7.com.mx/2017/09/24/exhiben-supuestos-trabajadores-la- segom-robando-viveres/

4 http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2017/10/03/viveres-almacenados-bod ega/

5 http://www.proceso.com.mx/504926/brigadistas-denuncian-irregularidades- en-reparto-ayuda-en-puebla

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes de octubre de 2017.

Diputada Xitlalic Ceja García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a prestar por el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado el servicio de agua potable a la comunidad indígena de San Felipe Ecatepec, a cargo del diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Una planta embotelladora de Coca-Cola ubicada en la comunidad indígena de San Felipe Ecatepec, localizada en San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas, está dejando secos los pozos de la región, lo cual obliga a los residentes a comprar agua embotellada, de acuerdo con una investigación de la organización Truthout.1

La planta embotelladora de Coca-Cola, operada por la empresa Femsa, abrió sus puertas en 1994, ha consumido más de 1.08 millones de litro de agua por día. La Conagua renovó su permiso en 2005 y en la actualidad opera dos pozos con 40 permisos para explotarlos.2

Dicha planta extrae agua de los alrededores del volcán Huitepec, donde el recurso es de mejor calidad. La cantidad de extracción del líquido sería suficiente para abastecer a los 200 mil habitantes de la capital de Chiapas con los 80 litros de agua diaria que necesitan.3

La escasez de agua ha ocasionado que muchas comunidades indígenas y pobres de la zona enfrenten problemas de salud como caries y diabetes, ya que ante el desabasto del recurso hídrico, las comunidades han recurrido a sustituirlo por el consumo de refresco para satisfacer sus necesidades de alimentación.4 Además, es cada vez menor el número de personas en la comunidad que se dedican a la agricultura debido a la falta de agua.5

De acuerdo con información del Atlas del agua en México 2015, emitido por la Conagua, a pesar de que Chiapas tiene el mayor nivel de recursos hídricos renovables per cápita en México, al ubicarse en el séptimo lugar de las entidades federativas con 113 mil 002 hectómetros cúbicos por año de agua renovable, una de cada tres personas en zonas rurales carece de agua potable segura. Además, factores como el cambio climático y los brotes de salmonela en el estado han contribuido a exacerbar el problema del acceso al agua potable.6

El acceso al agua potable es un tema pendiente con las comunidades indígenas. Por esta razón y como parte de su visita oficial al México en 2017, Léo Heller, relator especial de Naciones Unidas para agua potable y saneamiento, señaló que estas comunidades son las que tienen un menor acceso al servicio a diferencia del resto de la población, siendo un 70 por ciento contra 90 por ciento de la media nacional.7

Además del problema de escasez de agua, el consumo del refresco ante la falta de agua ha intensificado los problemas de salud entre las comunidades indígenas afectadas de San Cristóbal de las Casas.8 Dicha situación es alarmante, considerando que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) registró en 2015 que el padecimiento que registró más muertes fue la diabetes mellitus, contabilizando 98 mil 521 personas.9

El municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, debe atender el problema de desabasto de agua de las comunidades indígenas toda vez que son los municipios los encargados de brindar este recurso a su población, de acuerdo con lo previsto en la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con:

Puntos de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno municipal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para que, a través del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, provea del servicio de agua potable a la comunidad indígena de San Felipe Ecatepec, la cual ha sido afectada por el desabasto del recurso hídrico ocasionado por la planta embotelladora de Coca-Cola de la región.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) a colaborar con la Secretaría de Salud del estado de Chiapas a operar los programas de salud que prevengan y, en su caso, den tratamiento a las enfermedades que padezcan los habitantes de comunidad indígena de San Felipe Ecatepec, respetando sus usos y costumbres.

Notas

1 https://regeneracion.mx/coca-cola-acaba-con-agua-de-comunidad-en-chiapa s-personas-reemplazan-agua-por-refresco/

2 http://www.sinembargo.mx/03-10-2017/3310826

3 http://www.sinembargo.mx/03-10-2017/3310826

4 http://www.sinembargo.mx/03-10-2017/3310826

5 http://aquinoticias.mx/embotellan-toda-el-agua-de-san-cristobal/

6 http://www.sinembargo.mx/03-10-2017/3310826

7 http://www.jornada.unam.mx/2017/05/13/sociedad/029n1soc

8 https://regeneracion.mx/coca-cola-acaba-con-agua-de-comunidad-en-chiapa s-personas-reemplazan-agua-por-refresco/

9 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/03/16/inegi -diabetes-el-mas-mortifero-en-mexico

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2017.

Diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a disminuir el número de reductores de velocidad, o “topes”, en las ciudades del país, a cargo de la diputada Edith Yolanda López Velasco, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe diputada Edith Yolanda López Velasco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta con absoluto respeto a los titulares del Poder Ejecutivo de todas las entidades federativas, a sus Secretarías de Vialidad y de Transporte y por conducto de los gobernadores a los presidentes municipales, para que en atención al marco político, normativo nacional e internacional y de los instrumentos de los que el estado mexicano es parte sobre la materia de medio ambiente y de los seres vivos, procedan a reducir el número de reductores de velocidad conocidos como “topes” que hay en las ciudades de sus respectivas entidades federativas; consecuentemente difundir la cultura vial en el rubro ecológico, fortaleciendo este renglón cuyo aspecto le corresponde a los estados.

Objetivo: Que las emisiones de CO2 y otras sustancias tóxicas provenientes de automotores que contaminan el medio ambiente disminuyan durante el trayecto de aquéllos por calles o carreteras del país, ya sea que se trate de vehículos que sean propulsados por combustibles fósiles (a gasolina y diésel), híbridos o eléctricos, ya que las emisiones y sustancias indicadas se producen, entre otras causas, al acelerar demasiadas veces los vehículos durante su recorrido, debido a la gran cantidad de “topes” existentes en las ciudades de la República Mexicana, cuya disminución es tendente también a contribuir en el cuidado de la salud.

Exposición de Motivos

La poca difusión y no tan atinada información que circula sobre la materia del medio ambiente, aunado a la poca preocupación y apatía que hay en nuestra sociedad sobre el conocimiento que deberíamos tener para cuidar eficazmente nuestros mares, ríos, lagos, lagunas, los ecosistemas, a nuestros animales, el aire que respiramos, y todo aquello que nos permita tener una mejor calidad de vida, es preocupante y un tema del que nos debemos de ocupar; saber qué actos o acciones son los que tendríamos que hacer con más frecuencia o diariamente, e incluirlos en nuestra lista del día, con el propósito natural de difundir esas ideas, es una tarea que debe reiterarse y falta circular con mayor fuerza dentro de nuestra sociedad, provocando así, que sea un ingrediente fundamental de la globalización contemporánea en la que vivimos.

A decir de Mahatma Gandhi, “el buen hombre es el amigo de todos los seres vivos”, tenemos que tener presente en nuestras mentes que el regalo que abrimos todos los días es el de respirar, e inhalar la naturaleza a través de nuestros sentidos, al admirar cada uno de los bellos colores que pintan como el arcoíris al cielo, y nuestro ser en lo grande y profundo del universo.

Sin embargo; tenemos que tener pendiente, también que eso que es bello por existir en su naturaleza, es cien por ciento susceptible de irse agotando; así, el mar, los ríos, arroyos, lagos, son contaminados por la acción humana, ya sea con residuos agrícolas, urbanos, industriales, radioactivos, de petróleo, con minerales no propios del mar, entre otros:1 el aire, por una mezcla de partículas sólidas y gases, las emisiones de CO2 de los automóviles, los compuestos químicos de las fábricas, el polvo, las esporas de moho, el ozono, pueden suspenderse en el aire fácilmente quedando fijas ahí y provocando una mala calidad de aire para respirar, formándose entonces también, el esmog.2

La acuñación del término “esmog” se atribuye al Dr. Henry Antaine Des Voeux en su artículo de 1905, “La niebla y humo” para una reunión de Salud Pública del Congreso Francés.3 El esmog es un una especie de combinación de humo, niebla y diversas partículas que se encuentran en la atmósfera de lugares con altos índices de contaminación. Esto es, un fenómeno que se produce cuando el aire se queda en un mismo lugar por un largo tiempo y es cuando las partículas contaminantes quedan flotando en las capas inferiores de la atmósfera, gracias a que poseen mayor densidad. Los rayos del sol junto a la canalización de partículas orgánicas volátiles y de óxidos de nitrógeno del humo de los automóviles, generan lo que se conoce como esmog fotoquímico. Asimismo, deriva en la formación de nitrato de peroxiacilo y de ozono, que provoca la irritación del sistema respiratorio y molestias en los ojos. El hecho que se trate de un fenómeno tan común en muchas ciudades, es de gran importancia a nivel mundial, ya que son diversas las consecuencias del esmog. Una de ellas es que puede generar problemas en el sistema respiratorio, sobre todo en aquellos individuos que sufren de asma; si la intensidad de esta enfermedad es muy fuerte puede resultar imposible resistir un día entero en un lugar donde el esmog sea parte indivisible del lugar.4 Al respecto, la inversión térmica, se vuelve peligrosa cuando el aire está contaminado, ya que las capas más altas impiden el movimiento del aire contaminante, lo que provoca que éste se estanque. Esto, a su vez, ocasiona un aumento progresivo de la concentración de los contaminantes a niveles que pueden ser nocivos para los seres vivos. A efecto de ser más ilustrativo, señalo lo anterior con la imagen que aparece en la siguiente página:

3 Cfr. http://www.ecologiahoy.com/esmog

4 Cfr. http://conceptodefinicion.de/smog/

Ahora bien, debemos propugnar por medidas que aminoren la emisión de partículas tóxicas en el medio ambiente, y que genera el esmog.

Una acción que se considera no genera inversión de grandes recursos económicos para los Estados y Municipios en general, y que propiciaría sin lugar a dudas una disminución importante del esmog, en beneficio de la salud y de nuestro medio ambiente en atención al artículo 4° constitucional, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano, es la disminución de topes que a lo largo de las calles y carreteras del país existen, toda vez que todos los vehículos al acelerar cuando pasan el reductor de velocidad (tope) generan diversos contaminantes.

El tope, como sabemos, es el montículo físico, usualmente hecho de concreto, que sirve para que los usuarios de la calle, carretera o autopista, disminuyan su velocidad, y tiene entre otros fines, que se reduzca el número de accidentes de tránsito; entre los que destacan los atropellamientos o el accidente provocado por la pérdida de control del vehículo por conducir a exceso’ de velocidad.

Realmente el problema no es que existan los “topes” por donde se tiene que circular, sino el número desmedido de “topes” que hay dentro de todo nuestro territorio nacional; a manera de ejemplo debo señalar que en la Ciudad de México hay aproximadamente 30,000 (treinta mil) topes, de los cuales, 2,316 topes no se encuentran apegados a las normas, esto, a decir de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México.

En este importante tema, también se ha pronunciado el doctor René Raúl Drucker Colín, titular de la Secretaría de Ciencia Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (SECITI), quien informó que utilizar un tope, tiene un costo para el conductor de alrededor de 30 centavos de gasolina y el coche al pasar un tope emite 10 veces más dióxido de carbono al medio ambiente que si fuera circulando continuamente,5 cabe resaltar sobre este rubro, que cuando un autobús de pasajeros, es sometido al esfuerzo de cruzar un tope, el efecto de emisiones por aceleración se incrementa, de manera que las llega a generar hasta nueve veces más; afirmó también que por cada tope un vehículo llega a consumir hasta diez mililitros de gasolina.

Así también, no solamente es la contaminación que generan los vehículos al pasar los topes, los gastos generados por los reductores de velocidad, conocidos como topes en un eje vial, pueden ascender hasta 400 mil dólares al año, así lo afirmó Arón Jazcilevich Diamant, investigador del Centro de Ciencias de la Atmosfera de la Universidad Nacional Autónoma de México. (UNAM).6

Por su parte, Bernardo Mendoza del Centro de Investigaciones en Óptica (CIO) abona al tema, afirmando que “El problema es que para pasar un tope primero debe frenarse, pasarlo y segundo, volver a acelerar para llegar a la velocidad permitida, en esto se gasta energía y gasolina y genera alta contaminación”, se le suma Luis Mochán del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM, al decir que, los topes en México no cumplen con la función para lo que fueron “diseñados”, al contrario, provocan más accidentes.

Al respecto, señalo el ejemplo que los especialistas han apuntado: En el trayecto de la carretera de Jojutla-Alpuyeca en Morelos hay aproximadamente 50 topes, uno cada trescientos metros; en promedio cada 30 segundos pasa un coche, por lo que en un día transitan tres mil coches que desperdician siete mil litros de gasolina y energía con un costo de más de 70 mil pesos diarios. La energía que se gasta serviría para mantener encendidos 1.5 millones de focos ahorradores durante cuatro horas al día o tener funcionando tres mil 500 refrigeradores. En este trayecto se arrojan a la atmósfera seis mil toneladas de dióxido de carbono cada año, gas responsable del calentamiento global.

Definitivamente, los topes surgieron muy posiblemente para reducir el número de accidentes de tránsito debido al exceso de velocidad; sin embargo, no ha sido una medida idónea poner desmedidamente los topes en cualquier calle o carretera; la cultura vial es la que tiene que ser fortalecida y debe de integrarse por una verdadera educación de tránsito, que mucha falta hace ser promocionada continuamente. El gasto en su caso, que se ocupa para colocar topes7 y sus señalizaciones, sería conveniente aplicarlo para colocar otros mecanismos para reducir la velocidad, tales como los semáforos, los monitores de velocidad, las 7 Para la construcción de un tope, en términos generales, se requiere 1.7 metros cúbicos de piedra, 290 litros de arena, 90 litros de cemento y 40 metros de varilla. Además, los topes provocan choques y los automovilistas gasta en las reparaciones mecánicas, suspensiones rotas y golpes al chasis.

cámaras que identifiquen los vehículos de los infractores, topes inteliqentes8, o bien alguna otra medida ingeniosa que prevean las autoridades respectivas; así también el gasto destinado para realizar o construir los topes podría ocuparse para la adopción de sistemas de generación de energía eléctrica que responden al frenado de los autos9, y principalmente en concientizar a la sociedad a manejar a una velocidad moderada y con la debida precaución, para evitar los frenados de emergencia por los topes y para evitar accidentes.

La sociedad en la actualidad, -se pudiera considerar- no ha evaluado per se, las consecuencias que se tienen al frenar de manera brusca y continua, para después acelerar fuertemente para recuperar la velocidad al pasar un tope, por lo que también siempre será necesaria la constante y profunda difusión de este aspecto en nuestra sociedad, para tratar de atenuar en su caso los efectos de la conducta relativa. Es de precisar en torno al tema propuesto, que los daños que pueden repercutir en los automóviles y a la salud de los usuarios y al efecto, a manera de ejemplo cito los siguientes:

Daños mecánicos:

• La suspensión, por la cantidad de topes que se pasan en un solo día, sin tomar en cuenta si se pasan algunos a una velocidad baja o alta.

• Los amortiguadores.

• El daño en silenciador en autos bajos (más al cruzar topes muy altos)

• El filtro de aceite y la coladera, en algunos modelos.

• Las llantas.

• La dirección.

• Los rines.

• Los tapones.

• La parte baja de las puertas delanteras y traseras.

• Los estribos.

Claro, que los costos dependiendo del lugar de donde se consigan las piezas a reparar, pueden ir de los 200 pesos a los ocho (8) mil pesos.

En la salud puede haber también algunos problemas con el paso del tiempo, principalmente si el usuario no se percata del “tope”, ya que muchos además carecen de señalizaciones adecuadas y lo pasa a una velocidad alta o simplemente a más de 30 km/h, entre los que destacan los siguientes:

• Desprendimiento paulatino de la retina

• Problemas en cuello, cintura, cadera (se reflejan más estos daños en usuarios o pasajeros que tienen algún problema físico en su cuerpo, o bien son pequeños o avanzados en la edad). 10

• Golpes contra el volante (afectando el tórax, la reacción cardiovascular, los pulmones, el abdomen, el hígado y el vaso –estos, normalmente al saltarse un tope a una velocidad de 40 kilómetros por hora–).

No se tiene información exacta y sin error sobre cuántos topes hay en total en el país (ya se indicaba el número aproximado en la ciudad de México), pero al hacer un estimado contando los Estados y sus Municipios (el promedio de topes por municipio es de 500) por lo que se puede determinar que hay un aproximado de (1,227,000) un millón doscientos veintisiete mil topes en México.

Estamos por la cultura del cuidado del medio ambiente y el cuidado a la vida y a la salud de los mexicanos; los “topes” tal vez en sus inicios cuando se colocaron los primeros, tuvieron repercusiones positivas en la disminución de accidentes; actualmente ante la proliferación de éstos, en muchos de los casos, sin señalización, y sin cumplir las reglas de su colocación, han sido causa de accidentes viales, por lo que se pugna por su disminución y sólo su persistencia será necesaria de no contarse en el lugar con otros mecanismos para reducir la velocidad.

Los expertos como se ha indicado, han puesto de manifiesto el aumento de contaminantes al pasar un tope, que si se manejara de manera continua, con independencia del factor económico en cuanto al gasto de combustible, por lo que sin lugar a dudas la disminución de topes sin lugar a dudas se reflejaría en la disminución de aquellos contaminantes y en pro de la salud del pueblo mexicano. Sin que además, podamos dejar de lado, que además de ser un obstáculo en carreteras, y representar un riesgo de accidentes, actualmente también son puntos aprovechados por delincuentes para cometer delitos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta respetable soberanía, la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta con absoluto respeto a los titulares del Poder Ejecutivo de todas las entidades federativas, a sus Secretarías de Vialidad y de Transporte y por conducto de los gobernadores a los presidentes municipales, para que en atención al marco político, normativo nacional e internacional y de los instrumentos de los que el estado mexicano es parte sobre la materia de medio ambiente y de los seres vivos, procedan a reducir el número de reductores de velocidad conocidos como “topes” que hay en las ciudades de sus respectivas entidades federativas; consecuentemente difundir la cultura vial en el rubro ecológico, fortaleciendo este renglón cuyo aspecto le corresponde a los estados.

Notas

1 Cfr.

http://www.icarito.d/2010/03/47-8844-9-3-contaminacion.s html/

2 Cfr. https://medlineplus.gov/spanish/airpollution.html

3 Cfr. http://www.ecologiahoy.com/esmog

4 Cfr. http://conceptodefinicion.de/smog/

5 Cfr.

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/20 16/04/4/topes-inutiles-y-excesivos

6 Cfr. http://www.jornada.unam.mx/uItimas/2014/10/08/201ctopes201d-en-calles-y -ejes-viales-incrementan-emision-de-contaminantes-investigador-5147.htm l

7 Para la construcción de un tope, en términos generales, se requiere 1.7 metros cúbicos de piedra, 290 litros de arena, 90 litros de cemento y 40 metros de varilla. Además, los topes provocan choques y los automovilistas gasta en las reparaciones mecánicas, suspensiones rotas y golpes al chasis.

8 Se trata de reductores de velocidad que -a diferencia de los topes tradicionales- permiten la circulación continua para los automovilistas que respetan el límite de velocidad, desarrollados por Speedtrap.mx.

Por el contrario, se mantiene como tope para quienes circulan por encima de 20 kilómetros por hora o transitan en sentido contrario a la vialidad. Los primeros en su tipo en la capital del país, están el cruce de Miguel Lanz Duret y Ángel Pala, y en Dolores Jiménez y Muro e Ingenieros Militares. Así, son resultado de casi 10 años de trabajo que han contado con el respaldo del Tecnológico de Monterrey, campus Estado de México, el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP) y el Centro de Experimentación y Seguridad Vial (Cesvi).

9 Esta modalidad se aplica en países de Europa.

10 Cfr. http://ciudadanosenred.com.mx/movilidad-lo-que-no-sabias-sobre-los-tope s/

Recinto Legislativo de San Lázaro, México, Ciudad de México, a 19 de octubre de 2017.

Diputada Edith Yolanda López Velasco (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a las diligencias para dar con los responsables del asesinato del fotoperiodista Édgar Daniel Esqueda Castro, a cargo del diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Ángel Antonio Hernández de la Piedra, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía la proposición de urgente u obvia resolución al tenor de los siguientes:

Antecedentes:

1. El 4 de julio de 2017, el foto periodista Daniel Esqueda Castro, tuvo un altercado con policías ministeriales de San Luis Potosí los cuales lo amenazaron con quitarle la cámara además de golpearlo, si continuaba tomando fotografías, obligándolo a borrar el material y correrlo del lugar, todo ello ocurrió cuando el foto periodista de la fuente de seguridad y justicia para los medios de comunicación Vox Populi y Metrópoli San Luis arribara a una balacera en la que intervenían policías ministeriales y presuntos delincuentes.

2. El 13 de julio Daniel acudió a cubrir otro evento y los ministeriales volvieron a interferir en su trabajo, fotografiaron su credencial de elector y amenazaron con desaparecerlo, luego de que le dijeran que “quizá con sus notas les daba información a los malos”.

3. A partir del segundo incidente con los policías, el hecho de que estos tuvieran sus datos personales y el seguimiento periodístico que Vox Populi y Metrópoli San Luis venían realizando a una serie de violaciones graves a los derechos humanos, cometidas presuntamente por policías ministeriales, llevaron a Daniel a interponer una denuncia ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en San Luis Potosí, así como en el Comité Estatal de Protección a Periodistas, instancias que solicitaron la intervención del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas de la SEGOB.

4. En un comunicado de prensa el Mecanismo de Protección de la SEGOB informó que, tras conocer las amenazas lanzadas contra el fotoperiodista potosino, la dependencia se comunicó “inmediatamente con él para su incorporación el cual comentó que ya no había tenido ningún nuevo incidente de agresión, amenazas o correos intimidatorios, además que ya había presentado la denuncia penal”.

A partir de la respuesta de Daniel, según el Mecanismo le solicitaron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos información sobre las medidas de protección dictadas por ese organismo en favor del periodista, “a lo cual el organismo respondió que se había turnado oficio al Comisario General de la Policía Ministerial del Estado, Comándate José Guadalupe Castillo Celestino, mismas que fueron aceptadas el 24 de julio de 2017”.

5. El miércoles 4 de octubre el periodista acudió a dar cobertura a un hecho noticioso de corte policiaco donde en un principio se manejó la versión que en un vehículo abandonado se encontraba una hielera con restos humanos con un mensaje dirigido al director de la policía ministerial de San Luis Potosí.

La versión oficial refirió que todo se trató de una “trampa”, porque la hielera no contenía restos humanos de una mujer, sino bombas caseras que estallaron y dañaron a dos agentes ministeriales y dos peritos cuando la abrieron. El reporte del incidente fue publicado por Vox Populi, luego que Daniel les proporcionara la información.

Cabe señalar que en la cobertura de la hielera Daniel se encontró con un policía ministerial del grupo que lo había amenazado en junio de acuerdo con una de las fuentes para el medio Animal Político, el cual manifestó lo siguiente:

“No creemos que esto se trate de una casualidad, porque además los policías que llegaron por él lo llamaron por su primer nombre, Edgar, el cual sólo conocían sus familiares y amigos más cercanos, además de los policías ministeriales con los que Daniel tuvo el incidente en julio y amenazaron con desaparecerlo”.1

6. De acuerdo a las versiones obtenidas a través del portal de Artículo 19 se detalló que el jueves 5 de octubre aproximadamente a las 8:30 horas, sujetos armados entraron al domicilio del periodista, en la colonia Julián Carrillo, sometieron a un familiar y lo sustrajeron con violencia de la recamara donde dormía con su esposa. Los perpetradores portaban uniformes de la Policía Ministerial y no informaron de la razón de su acción ni presentaron documento alguno que justificara su actuar.

Frente a familiares le dijeron: “Párate ya, Edgar. Ya nos vamos.” Esqueda les preguntó quiénes eran. “Somos policías ministeriales”, respondieron. Después de ser sustraído, los sujetos regresaron al domicilio por el teléfono celular del periodista.

Las organizaciones Artículo 19 y el Comité de Protección a Periodistas (CPJ) denunciaron el caso y exigieron a las autoridades la activación inmediata del protocolo de búsqueda de personas desaparecidas para su localización con vida.2

Los diarios Vox Populi de San Luis Potosí, así como el sitio Metrópoli de la misma ciudad denunciaron la desaparición del fotoperiodista Edgar Daniel Esqueda Castro.

Sin una investigación diligente y exhaustiva, las autoridades de la PGJE SLP deslindaron la participación de fuerzas estatales en las agresiones. Por medio de Twitter, esta dependencia aseguró que la Policía Ministerial del Estado (PME) no realizó “ninguna acción policial en contra de un reportero de la capital.3

Por otro lado, el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras informó el jueves que el Comité Estatal de Protección a Periodistas y la Procuraduría ya trabajaban para encontrarlo con vida.

7. La mañana del viernes 6 de octubre, un cadáver con signos de ejecución fue localizado cerca del Camino al Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga, luego del hallazgo personal allegado a la Procuraduría General de Justicia del Estado confirmó que se trataba de Edgar Daniel Esqueda Castro, quien había sido reportado como desaparecido un día antes.

A partir del lamentable suceso, la delegación de la Unión Europea en México y las embajadas de Noruega y Suiza en el país, llamaron a las autoridades mexicanas a desplegar todos los esfuerzos posibles para llevar a cabo una investigación expedita y transparente con el fin de identificar y juzgar a los responsables.4

Por otro lado, la representante de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) Irina Bokova, solicito a las autoridades del país no escatimar esfuerzos para esclarecer el crimen que socava los derechos a la libre expresión y libre información.

La condena que manifestó Bokova al asesinato de Edgar, responde a la resolución 29 aprobada por la UNESCO en 1997que considera un crimen contra toda la sociedad, la violencia ejercida contra los profesionales de los medios, a quienes se ve como garantes de la libertad de expresión.5

Es oportuno detallar que Daniel se desempeñaba como foto periodista de seguridad y justicia por lo que acudía a gran parte de los eventos policiacos ocurridos en la ciudad de San Luis Potosí el cual es un estado que en los últimos años ha vivido un repunte de la violencia, de acuerdo las cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En 2015, el estado reportó 21 mil 419 denuncias por diferentes delitos del fuero común, en 2016 las denuncias se incrementaron a 28 mil 613. Además, de enero a mayo de 2017, las denuncias aumentaron un 89 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2016. De éstas, 288 fueron por homicidios dolosos, lo que significó un incremento del 50 por ciento comparado con el año anterior.

En medio de este panorama de inseguridad Daniel incremento su ritmo de trabajo como foto periodista de nota roja, que alternaba como rescatista voluntario. Días antes de su secuestro y asesinato, viajó a la Ciudad de México para trabajar como voluntario del sismo y a su regreso, retomó sus labores.

En lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto, la organización internacional Artículo 19 ha reportado el asesinato de 36 periodistas, con el asesinato de Daniel la cifra asciende a 37, nueve de ellos cometidos en los primeros seis meses de este año. En el mismo periodo, 276 periodistas denunciaron haber sido agredidos principalmente por funcionarios de los tres órdenes de Gobierno, el dato es del 9 de agosto 2017.

Del informe “Violencia contra la prensa en México”, se desprende que en el país se ataca a un periodista cada 15.7 horas y entre enero y junio de 2017 se reportaron 1.5 agresiones diarias y, además, expuso, 50.7 por ciento de esos atentados fueron cometidos por funcionarios públicos (con 140 de los 276 atentados).

De acuerdo al informe anual de Reporteros Sin Fronteras México se ubica en el tercer puesto como país más peligroso para periodistas, se identificó que “cuando los periodistas cubren temas relacionados con el crimen organizado o la corrupción política (sobre todo a escala local), inmediatamente se convierten en blancos y con frecuencia son ejecutados a sangre fría”, crímenes que en su mayoría quedan en la impunidad.6

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión solamente ha resuelto 3 casos de periodistas asesinados en 6 años con ello es evidente que nuestro país forma parte de la cuna a violaciones a los derechos humanos, ya que la libertad de expresión se consagra como un derecho fundamental en nuestra carta magna, aunado a los reiterados instrumentos internacionales que ha adoptado México con la finalidad de prever el respeto a esta garantía.

En repetidas ocasiones morena ha presentado ante esta cámara diversidad de proposiciones con punto de acuerdo en relación a la violencia que ataca al gremio periodístico, quedando estas pendientes de resolver o desechadas. Nuestro país se encuentra en una grave crisis de libertad de expresión, como poder legislativo debemos de coadyuvar con las autoridades correspondientes para establecer medidas que conlleven a soluciones concretas.

Como lo he señalado en cifras ya citadas, en lo que va del año una ola de inseguridad ha tomado a los periodistas como blancos sencillos de atacar. En repetidas ocasiones se han documentado ataques a comunicadores y a pesar de que los actos de violencia cada día van en aumento no se ha detenido a individuos que formen parte de esa gama delictiva quedando cada ilícito en un margen de notoria impunidad.

Es de suma importancia que el estado tome la debida atención para esclarecer la ola de asesinatos que han vulnerado al gremio periodístico, no debe tolerar una agresión más, de lo contrario sería cómplice de los criminales.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión a realizar las diligencias necesarias en la averiguación del asesinato del foto periodista Edgar Daniel Esqueda Castro, con el objetivo de capturar a los responsables, sin dejar de lado ninguna posible línea de investigación, incluyendo la línea de trabajo del periodista.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, al gobierno de San Luis Potosí y la Fiscalía General del estado hacer del conocimiento público las acciones realizadas para la protección de las y los periodistas en el estado de San Luis Potosí.

Notas

1 http://www.animalpolitico.com/2017/10/periodista-asesinado-san-luis-pot osi-denuncio-amenazas-policias-ministeriales/

2 http://www.animalpolitico.com/2017/10/muerto-fotoperiodita-edgar-daniel -esqueda-castro-san-luis-potosi/

3 https://articulo19.org/feadle-debe-investigar-posible-implicacion-de-au toridades-en-el-asesinato-del-fotoperiodista-edgar-esqueda/

4 http://www.jornada.unam.mx/2017/10/10/politica/012n2pol

5 http://www.sinembargo.mx/10-10-2017/3326127

6 http://www.proceso.com.mx/483967/mexico-peligroso-periodistas-siria-afg anistan-alertan-rsf-articulo-19

Palacio Legislativo, a 19 de octubre de 2017.

Diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al gobernador de Tamaulipas y el Ejecutivo federal a realizar acciones coordinadas para atender la situación de inseguridad y violencia prevaleciente en Reynosa, Río Bravo, Matamoros y Valle Hermoso, suscrita por los diputados Edgardo Melhem Salinas y María Esther Camargo Félix, del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, Edgardo Melhem Salinas y María Esther Camargo Félix, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo estatal de Tamaulipas y al Ejecutivo federal a implementar las acciones necesarias para disminuir el elevado índice de inseguridad y violencia en los municipios de Reynosa, Rio Bravo, Matamoros y Valle Hermoso, y garantizar la seguridad de la sociedad tamaulipeca.

Consideraciones

Los medios de comunicación y las redes sociales han dado cuenta de los actos de violencia, cometidos por integrantes del crimen organizado, que se han suscitado en días pasados en los municipios de Reynosa, Rio Bravo, Matamoros y Valle Hermoso del estado de Tamaulipas.

A lo largo de los últimos días hemos observado con preocupación, un incremento en los índices de inseguridad, en el estado de Tamaulipas, especialmente en los municipios de Reynosa, Rio Bravo, Matamoros y Valle Hermoso

La administración estatal ha anunciado la implementación de distintas acciones para combatir este flagelo, sin embargo, resulta evidente que han resultado insuficientes.

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe, 2017 e Inegi 2016a), Tamaulipas es el tercer estado con mayor percepción de inseguridad, sólo después del Estado de México y de Tabasco, de tal modo que Tamaulipas tiene un índice de percepción de inseguridad de 86.9 por ciento, muy por arriba del promedio nacional de 73.2 por ciento.

La prevención del delito y la suma de esfuerzos de la sociedad y el Estado, por sí mismos, son dos metas fundamentales que contribuyen al establecimiento de un orden social y que fomentan la sana convivencia, pero quizá los esfuerzos no han rendido frutos todavía.

La sociedad en general, así como organizaciones no gubernamentales, cámaras empresariales se han manifestado por la inseguridad que prevalece en la entidad, externando su desconfianza hacia las autoridades.

Cada vez son más frecuentes las voces de representantes de sectores productivos, empresariales, educativos; de líderes sociales, de medios de comunicación, de organizaciones civiles y de ciudadanos expresando su preocupación por esta circunstancia. Esta misma semana el tema ha trascendido a los encabezados de la prensa nacional.

Ante los hechos de violencia que se viven en Reynosa, Rio Bravo, Matamoros y Valle Hermoso yo mismo he manifestado que se requiere reforzar la estrategia de seguridad.

Los límites de violencia e inseguridad han sobre pasado límites nunca antes vistos en #Reynosa y #RioBravo, la gente no puede salir a trabajar. Hago un llamado al Gobierno Federal y al Gobierno del Estado para que garanticen la Paz y la Tranquilidad en esta región.

Tamaulipas es una de las entidades donde el aumento de la incidencia delictiva ha puesto en jaque a las autoridades y roto la tranquilidad de la ciudadanía. Hasta hoy, la falta de logros reales se manifiesta en la violencia generada en las diferentes regiones del estado. Sin embargo, el fenómeno delictivo es mayor en la zona norte del estado, sobre todo en los municipios de Reynosa, Rio bravo Matamoros y Valle Hermoso.

Es indispensable acciones inmediatas para que los agricultores, los empresarios los trabajadores los estudiantes puedan regresar de inmediato a sus actividades cotidianas.

Hacemos una condena de los hechos violentos en la frontera norte de Tamaulipas.

Por eso queremos hacer un exhorto al gobierno de la república y al gobierno del estado de Tamaulipas para hacer acciones inmediatas, no de reacción, sino de prevención y poder regresar la tranquilidad, la paz a esta parte norte de Tamaulipas, particularmente Reynosa, Río Bravo, Matamoros y Valle hermoso, que tenemos varios días con una situación difícil para los ciudadanos, donde está paralizada la actividad comercial, las escuelas. Hacemos un llamado para que se refuerce la estrategia y poder dar tranquilidad y paz ahí en Tamaulipas. Muchas gracias.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos al pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al titular del Ejecutivo estatal de Tamaulipas y al titular del Ejecutivo federal, para que de manera inmediata y urgente establezcan una coordinación, con la finalidad de emprender acciones para atender la grave situación de inseguridad y violencia que ha venido prevaleciendo en los municipios de Reynosa, Río Bravo, Matamoros y Valle Hermoso, que amenaza la paz pública, el estado de derecho y que ha puesto en peligro a la sociedad tamaulipeca.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2017.

Diputados: Edgardo Melhem Salinas, María Esther Camargo Félix (rúbricas)


Efemérides

Con motivo de la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, a cargo de la diputada María Verónica Muñoz Parra, del Grupo Parlamentario del PRI

El 19 de octubre se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama.

Quiero referirme hoy a uno de los problemas que en materia de salud son muy complicados en el mundo y en particular en México, es el cáncer de mama.

Dentro del marco de la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, es de suma importancia no solo prestar atención el día de hoy, sino todos los días y a todas horas.

En esta ocasión, 2017, el lema es “Nosotros podemos, yo puedo”.

Es importante reflexionar que cada 3 minutos hay un nuevo caso de cáncer de mama diagnosticado en el mundo, es lamentable que cada minuto, muera una mujer en el mundo por este padecimiento.

Este padecimiento es de todos, porque lastima a la hija, a la hermana, a la madre, a la esposa y a la amiga de alguien. El cáncer de mama está atacando cada vez más mujeres; en contraste con el cáncer cérvico-uterino, el cáncer de mama continúa avanzando tanto en el número de mujeres afectadas como en el número de muertes.

Estamos hoy, ante un enemigo que llegó silenciosamente escondido, en el propio tejido de nosotras las mujeres y hoy, el cáncer de mama, es un desafío para la salud de la mujer y también para el sistema de salud.

Ante este gran reto, nuestro mensaje como mujeres diputadas es el siguiente: el cáncer de mama es curable, si se detecta a tiempo. Un día al año que le dediques a tu cuerpo explorándolo “hace la diferencia”. Nuestra mejor arma para proteger a nuestras hijas, hermanas, amigas y mamás es la detección temprana y oportuna.

Este es el gran reto que tenemos las y los mexicanos, porque en la mayoría de los casos se detecta demasiado tarde, según una publicación reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, durante el año 2014, entre la población de 20 años y más, 3 de cada 10 mujeres con cáncer padecen de tumor maligno de mama, siendo las principales neoplasias malignas para cada sexo en la población adulta del país; y aún más preocupante, según la Organización Mundial de la Salud en el año 2015 se clasificó a los cinco principales cánceres detectados en las mujeres, repuntando el de mama, colon y recto, pulmón, cuello uterino y estómago.

La mayoría de las mujeres que perdieron la vida en los últimos años por cáncer de mama, se podían haber salvado con una detección temprana y un mejor acceso a los servicios de salud,

La Secretaria de Salud, refiere que a la fecha en las mujeres, el cáncer de mama cuyas tasas de morbilidad hospitalaria muestran los mayores incrementos con la edad (hasta los 64 años de edad), al pasar de 7.43 en el grupo de 20 a 29 años (por cada 100 mil mujeres de ese grupo de edad) a 218.24 (en el grupo de 60 a 64 años de edad), confirmándose como el tumor maligno de mayor impacto en su salud, y siendo esta última tasa la más alta de todas las de morbilidad hospitalaria por principales tumores malignos entre las mujeres mayores de 20 años de edad.

Respecto a la tasa de letalidad hospitalaria por tumores malignos en población de 20 años y más para el año 2014, se observa que a partir de los 30 años de edad aumenta paulatinamente conforme se incrementa la edad hasta alcanzar la cifra de 16 fallecimientos por cada 100 egresos hospitalarios en el grupo de población de 80 y más años.

La solución a todo ello depende en gran parte, de que actuemos a tiempo y depende en primer lugar de nuestra determinación de exigir los servicios de salud, que merecemos como mujeres para poder protegernos de esta devastadora enfermedad.

Es necesario coadyuvar con el sistema de salud, a fin de fomentar la detección oportuna de cáncer de mama y hacer un mayor énfasis en la autoexploración mamaria.

El cáncer de mama puede constituirse en una fuerza extremadamente potente para exigir los derechos, que como mujeres y como pacientes tenemos en la atención de nuestra salud, hablo del derecho a la información, al trato digno, con calidad y calidez, al acceso a los servicios de prevención y a los tratamientos oportunos. Lo importante es lograr una mayor cultura de prevención e invertir en mejorar la infraestructura.

En esta gran labor, se requiere la participación de todas y de todos, para ser sensibles e incansables ante la búsqueda de un mejor presupuesto que esté a la altura de las necesidades del sistema de salud, es lamentable mencionar que día a día fallecen más mujeres debido a este padecimiento, quedando nuestros hogares tristes y nuestros niños huérfanos.

Se espera que para el año 2020 se tenga alrededor de veinte mil casos nuevos por año, desafortunadamente, siete de cada diez mujeres diagnosticadas llegan en etapa ya avanzada, necesitamos disminuir las muertes y transformar estas historias de dolor en historias de éxito, en historias de oportunidad, en historias de supervivencia.

Hagamos un ejercicio de reflexión, hagámoslo con sentido de solidaridad con las instituciones que se dedican a salvar vidas y lidiar con el dolor humano de nuestra gente, incrementar el presupuesto para su atención es símbolo de vida y esperanza.

Apliquemos nuestros esfuerzos de manera conjunta, sumando esfuerzos y voluntades, gobierno y sociedad para que este padecimiento lo ataquemos todos, es tiempo de tomar conciencia, es tiempo de cuidarnos y de cuidar a quienes más nos quieren y a los que nosotros queremos.

Hay que erradicar el cáncer de la indiferencia y de la mezquindad, tendamos hoy nuestras manos y conciencia, abramos nuestros corazones, abramos nuestros brazos para que todas las mujeres puedan ser atendidas con oportunidad y así evitar su muerte y el dolor que causa a tantas familias.

Busquemos promover criterios más rigurosos en la prevención, en el diagnóstico y en el tratamiento de la enfermedad, implementemos una cultura de la detección temprana, haciendo énfasis en la autoexploración, el examen clínico y la mamografía. Procuremos formas más eficaces para que la información llegue a todos los rincones del país.

Estoy segura que, con el esfuerzo de las diputadas y diputados federales de los diferentes grupos parlamentarios, será el punto de partida de un esfuerzo extraordinario sin precedente, necesario, amplio y productivo destinado a sentar las bases de un sistema de salud que abrace a toda la sociedad en todos los rincones de nuestro país.

Nadie puede negar que la influencia de la mujer, es tan incesante, tan universal y por lo mismo tan decisiva que el engrandecimiento de todo pueblo moderno se alza sobre un soberbio pedestal formado por las energías, las virtudes y la cultura de sus mujeres.

En esta fecha tan significativa las diputadas y los diputados reconocemos y nos unimos a la lucha admirable que vibra a un sin número de mujeres guerreras, decididas a no dejarse vencer por esta terrible enfermedad, teniendo como inspiración primordial el amor a su familia y el amor a la vida.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de octubre de 2017.

Atentamente

Diputada Verónica Muñoz Parra (rúbrica)