Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de Puebla y otras entidades federativas a realizar en el caso del feminicidio de Mara Fernanda Castilla Miranda la reparación integral del daño y garantizar la no repetición de delitos similares; y tomar medidas para salvaguardar la seguridad y tranquilidad de niñas y adultas en el servicio de transporte público y privado, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del PRI

No te golpea por ser alta o baja, gorda o flaca, necia o inteligente, licenciada o analfabeta, te golpea por ser mujer.

Las suscritas, Laura Nereida Plascencia Pacheco y Mariana Benítez Tiburcio, diputadas federales, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo una de las violaciones de los derechos humanos más graves –y más toleradas– en todo el mundo. Dicha violencia es tanto causa como consecuencia de la desigualdad y la discriminación de género. La violencia no es un problema de las mujeres, sino de la sociedad en su conjunto, es inaceptable y tenemos el deber de evitarla.

Dentro de la violencia que sufren las mujeres, lamentablemente destaca la violencia sexual, que se ha convertido en un problema universal que ocurre en las calles, en el transporte público, en las escuelas, en las universidades, en los lugares de trabajo, en los parques, en los baños públicos, en los puntos de distribución de agua y alimentos, en los mercados y en los propios hogares. Las mujeres y las niñas sufren y temen diversos tipos de violencia sexual en espacios públicos que van desde comentarios sexuales hasta el manoseo, violación, llegando al feminicidio.

En este contexto de grave violencia en contra de la mujer es que fue asesinada Mara Fernanda Castilla Miranda, quien desapareció la madrugada del 8 de septiembre de 2017, en la ciudad de Puebla. La joven abordó un auto de alquiler de la empresa Cabify. Horas después el chofer de esta unidad, presuntamente, la violó sexualmente y la privó de la vida.

Lastimosamente y, a pesar de las diversas acciones que nuestro país ha realizado en la materia, la violencia contra las mujeres no cesa.

Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) dio a conocer los datos preliminares de la ENDIREH 2016.1

La encuesta señala que:

* De las mujeres de 15 años y más, 66.1 por ciento han enfrentado al menos un incidente de violencia por parte de cualquier agresor, alguna vez en su vida.

* 43.9 por ciento de las mujeres han sufrido violencia por parte de su actual o última pareja, esposo o novio, a lo largo de su relación.

* En los espacios públicos o comunitarios, 34.3 por ciento de las mujeres han experimentado algún tipo de violencia sexual.2

El segundo ámbito de mayor violencia contra las mujeres es en espacios como la calle, el parque y el transporte, entre otros, donde:

* 38.7 por ciento de las mujeres fueron víctima de actos de violencia por parte de desconocidos.

* De los actos de violencia más frecuentes destaca la violencia sexual, que han sufrido 34.3 por ciento de las mujeres de 15 años y más, ya sea por intimidación, acoso, abuso o violación sexual.3

Asimismo, diez entidades están por encima de la media nacional, tanto para la violencia total a lo largo de la vida, como para la violencia reciente ocurrida en los últimos 12 meses (octubre de 2015 a octubre de 2016): Ciudad de México, estado de México, Jalisco, Aguascalientes, Querétaro, Chihuahua, Yucatán, Durango, Coahuila de Zaragoza y Baja California.

Los datos revelados por el Inegi muestran que la violencia en contra de las mujeres no disminuye, y que adquiere nuevas formas de manifestarse, como ocurrió en el hecho en contra del que hoy nos manifestamos, ya que esta violencia se ha extendido del servicio público de transporte al servicio privado del mismo, es decir, ha alcanzado a las empresas de transporte que surgieron supuestamente para garantizar seguridad a las y los usuarios.

El feminicidio de Mara se une, muy a nuestro pesar, a una larga lista de mujeres que han sido asesinadas por su condición de género, pese a los distintos esfuerzos que distintas instituciones han hecho para erradicarlo.

Me uno al dolor que sienten familiares, amigas, amigos, toda la sociedad. Comparto la indignación y la frustración que el hecho nos genera. Parafraseando a Denisse Dresser: te fallamos.

“Te fallaron la sociología, la historia, la cultura de México. Te fallaron las Instituciones, el sexismo, el machismo, la misoginia...”4

Mara Fernanda no debió ser asesinada esa noche. No podemos quedarnos calladas, ni permitir que la violencia estructural que pesa sobre las mujeres, siga ofreciendo incentivos para los feminicidas, para las desapariciones, para la trata y para los secuestros contra las mujeres y las niñas.

En virtud de lo anterior exigimos a las autoridades del estado Puebla a que se condene al responsable, se repare integralmente el daño a sus familiares y se garantice que estos delitos no vuelvan a ocurrir.

A la empresa Cabify operadora de estos vehículos de alquiler, le exigimos se garantice cabalmente la seguridad de las usuarias.

Exigimos a todas las empresas y a las o los propietarios particulares de vehículos de servicio privado de transporte como Uber, Cabify, Easy y otras similares o análogas, se sometan a los registros de las autoridades de los estados, donde se haga constar las características y el tipo de vehículo, así como de su operador.

Demandamos que se legisle en los estados para que: como implementación y ejercicio de una acción afirmativa, en la prestación de estos servicios la persona que tenga antecedentes penales no pueda ser operador, ni contar con licencia de chofer; para que se otorgue un seguro para las usuarias; que se cuente con una identificación plena sobre las unidades y los operadores que prestan dicho servicio; que se exijan exámenes de personalidad, y que las unidades cuenten con cámaras de vigilancia y localizador satelital.

En todo el país existen casos registrados de choferes de estos servicios que han abusado de su condición para cometer ilícitos. Por mencionar un ejemplo, se encuentra el caso de la mujer que fue abusada sexualmente en un auto de Uber en la Ciudad de México, en mayo de 2016;5 o el caso de la mujer del municipio de Coacalco, estado de México, que lamentablemente fue violada por un chofer de Uber.6

Sabemos que, aunque en 13 estados de la república se encuentra emitida la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, los delitos cometidos en contra de las mujeres no decrecen, por ello es importante implementar acciones por todas las vías posibles.

No nos cansaremos de gritar: ¡Ni una más! ¡Vivas nos queremos!

Desde la más alta tribuna de este país exigimos una vez más que casos como éste no queden impunes, que se castigue al responsable, que se proteja a los familiares y, en su caso, que se repare integralmente el daño.

Tenemos la obligación constitucional y convencional de garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, de garantizar su seguridad, de garantizar su vida.

Por lo anterior, es por lo que elevo a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:

Puntos de acuerdo

Primero. De urgente u obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente, al gobernador del estado de Puebla, a efecto de que en el caso del feminicidio de Mara Fernanda Castilla Miranda, se realice la reparación integral del daño y se garantice la no repetición de estos delitos.

Segundo. Se exhorta a la y los titulares de las entidades federativas del país, especialmente a aquellos en los que se encuentra emitida y vigente la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, a efecto de que se implementen las medidas necesarias, con la finalidad de garantizar la seguridad, la tranquilidad y la vida de mujeres y niñas que utilizan servicios de transporte públicos y privados, incluyendo, entre otras, las siguientes acciones:

a) Se reforme la legislación en la materia, para obligar a que las empresas que ofrecen el servicio de transporte privado con chofer como Uber, Cabify, Easy y otras similares o análogas, se sometan a: 1) registros vehiculares que los acrediten como prestadores de servicio privado de transporte; 2) la creación de un padrón vehicular que incluya información detallada sobre la unidad (automóvil) y la empresa y/o plataforma a la que pertenece; y 3) la creación de un padrón de los operadores (choferes) de dichas unidades.

b) Que se regule la contratación de los operadores de las unidades de dichas empresas, quienes deberán aprobar un riguroso proceso de selección, que incluya exámenes toxicológicos, de confianza y de perfil de personalidad. Además, como una medida afirmativa, que se prohíba que una persona que tenga antecedentes penales, pueda ser operador de estas unidades;

c) Que se legisle para obligar, por mandato de ley, a los prestadores de este tipo de servicios para que cuenten con cámaras de vigilancia, botones de pánico y localizador satelital;

d) Que se otorgue un seguro para las usuarias;

e) Que se legisle para retirar los permisos a las empresas antes aludidas, si no colaboran para la plena identificación de las unidades y de las personas que prestan dicho servicio;

f) Qué sean operadoras y no operadores quienes brinden este servicio de transporte a las usuarias.

g) Las demás que sean necesarias para salvaguardar la seguridad e integridad de las usuarias.

Notas

1 Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016, disponible en: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/endireh/endireh2017 _08.pdf

2 Ibídem.

3 Ibídem.

4 Disponible en http://www.mural.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/
default.aspx?id=120270&urlredirect=http://www.mural.com/aplicaciones/editoriales/
editorial.aspx?id=120270

5 La nota puede consultarse en: http://xww.excelsior.com.mx/comunidad/2017/05/19/1164430 y en
http://noticieros.televisa.com/especiales/uber-y-el-caso-joven-violada/

6 La nota puede consultarse en
https://lasillarota.com/metropoli/denuncian-a-chofer-de-uber-por-violar-a-mujer-en-coacalco/159170

Referencias

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/09/18/1188655

http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-4130354 2

https://elpais.com/internacional/2017/09/17/mexico/15056 66780_800518.html

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/endi reh/endireh2017_08.pdf

http://www.milenio.com/jalisco/

http://www.mural.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/
default.aspx?id=120270&urlredirect=http://www.mural.com/aplicaciones/
editoriales/editorial.aspx?id=120270

Palacio legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre del 2017.

Diputadas Laura Nereida Plascencia Pacheco y Mariana Benítez Tiburcio

Con punto de acuerdo, por el que se propone al pleno de esta soberanía crear una comisión especial encargada de investigar las denuncias ciudadanas sobre el presunto enriquecimiento inexplicable del presidente del CEN del PRI, Enrique Ochoa Reza, y el caso del inmueble de Sierra Gorda 150, Lomas de Chapultepec, a cargo del diputado Jorge López Martín, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito Jorge López Martín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracciones I y 11, del Reglamento de la Cámara de Diputados, propone la siguiente resolución con punto de acuerdo a partir de los siguientes considerandos:

Consideraciones

I. La vida pública de nuestro país se encuentra en pleno estado de deterioro en virtud de los últimos escándalos de corrupción en los que se han vuelto envueltos diversos ex gobernadores del PRI. A este grupo de ex servidores públicos se les llegó a considerar como los representantes más conspicuos del Partido Revolucionario Institucional. Dicha distinción fue realizada no por otra persona sino por el propio presidente de la República, quien dijo que ellos eran representantes del nuevo PRI. Dicho Partido, lejos de dar ejemplo de honestidad, sigue empeñándose en cubrir el desastre, no solamente administrativo de esta administración, sino el cataclismo que en materia de corrupción ha significado este sexenio.

II. Esta Cámara de Diputados está obligada a actuar en consecuencia con la sociedad para aclarar y llegar a fondo y de manera real, sin simulaciones respecto de ese y otros casos de corrupción. Muestra de lo anterior es que las acusaciones federales en contra Javier Duarte. No fueron enderezadas por las cantidades señaladas por la auditoría superior de la federación, sino que la PGR realizó imputaciones muy menores, levantando justificadas sospechas de componendas y arreglos para beneficiar a quien aportó presuntamente recursos millonarios a la campaña presidencial del PRI en 2012.

III. Adicionalmente a los mencionados gobernadores, que vieron incrementar sus fortunas, vía prestanombres y lavado de dinero, es público y conocido que dicha circunstancia puede ser el caso del dirigente del Partido Revolucionario Institucional: Enrique Ochoa Reza.

IV. Han trascendido trabajos periodísticos sobre las anomalías graves en el desempeño patrimonial de Enrique Ochoa. Datos vertidos en medios de comunicación reportan en la declaración patrimonial de Ochoa de 2013, declaró poseer 108 vehículos –la mayoría Tsuru de Nissan y Corsa de Chevrolet, así como algunos Atos de Chrysler–, presuntamente habilitados como taxis, pues reportó la compra de 109 placas en la Ciudad de México, Monterrey y Puebla.

Además, aseguró ser dueño de una camioneta Porsche Cayenne Triptronic.

Resulta notable que dichas compras, de los vehículos y las placas de taxis, fueron realizadas de contado cuando Ochoa era estudiante de maestría en Estados Unidos, sin ingresos que acreditasen actividad empresarial que justificara dichas compras, habiendo sido solamente un nobel servidor público en la secretaría de Energía.

Al comparar las declaraciones de 2013, 2016 y la última -la 3 de 3-, se observó que sus taxis van a la baja, y sus propiedades al alza, además de que nunca desglosó sus ingresos por concepto de las ganancias generadas por sus taxis.

Como es común en los priístas, este aplicó la transparencia a medias.

De su primera declaración presentada en 2013 como servidor público, detalla que el 1 de enero de 2000 compró 76 placas de taxi en la Ciudad de México y 28 más en Monterrey, Nuevo León, cuando estaba en Nueva York como estudiante de la maestría.

Es decir, de acuerdo a la modificación patrimonial del 30 de mayo de 2013, Enrique Ochoa Reza era dueño de 109 placas de taxis e igual número de vehículos. Todo ello comprado de contado.

Sin embargo, del documento de marras se desprende que primero adquirió las placas –en 2000 y 2009–, y luego los vehículos, de 2006 a 2012.

También apuntó que era dueño de una casa de 457 metros cuadrados, comprada a crédito en 2008, que ahora se sabe está ubicada en San Ángel, al sur de la Ciudad de México, y tiene un valor de 6 millones 900 mil pesos.

De igual forma reportó a detalle su menaje de casa, 31 obras de arte de artistas modernos que abarcan óleos y litografías, y una colección de 4 mil 850 libros. Todo adquirido de contado.

En febrero de 2009, Enrique Ochoa entró a laborar como director del Centro de Capacitación Judicial Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde estuvo hasta el agosto de 2011.

De agosto de 2011 a septiembre de 2012 quedó desempleado, hasta que se incorporó al equipo de transición del presidente electo Enrique Peña Nieto.

Ya en la administración de Peña Nieto, el abogado y economista Enrique Ochoa Reza se reincorporó al servicio público como subsecretario la Secretaría de Energía, hasta febrero de 2014.

Y de su modificación a la declaración patrimonial de 2016, presentada el 31 de mayo de ese año, se desprendió lo siguiente:

Mientras la flotilla de vehículos disminuyó a 100, y ya no aparece la camioneta Porsche Cayenne, las obras de arte se incrementaron en número, de 31 a 48.

Y sin aportar un desglose, Ochoa Reza registró 50 placas de taxi, a diferencia de las 109 reportadas tres años antes.

En sus bienes inmuebles, anotó su casa en San Ángel, y un nuevo departamento en copropiedad de 287 metros, sin dar mayores datos.

Ya como líder nacional del PRI, hace unos días Enrique Ochoa dio a conocer su declaración 3 de 3. En esta, reportó ser el dueño de 50 automóviles, 41 Tsuru, y 9 Tiida, y las placas de taxi ya no las reportó.

Lo que sí incrementó, fue su colección de arte, con 54 obras, al igual que sus bienes inmuebles: de su casa en San Ángel que vale 6 millones 900 mil pesos, y su departamento que ahora se sabe está ubicado en La Paz, Baja California Sur –con un valor de 9 millones 708 mil 552 pesos, adquirido a crédito–, se suma un terreno en su natal Morelia, Michoacán.

En este predio, el líder del PRI detalló que el terreno le costó 3 millones 371 mil 688 pesos, mide 588.53 metros cuadrados, y se está construyendo una casa cuyas medidas serán 488 metros cuadrados, la cual tiene en copropiedad con su esposa.

De la revisión de sus declaraciones y su tres de tres, se observa que Enrique Ochoa Reza cumplió a medias con la transparencia, pues no detalló cuánto ganó con sus taxis, cuál fue la ganancia de la compra y venta de su flotilla de autos. Dio a conocer sus bienes, pero no el valor de todos éstos, y mucho menos quiso hacer públicos sus ingresos por “actividad industrial, comercial, financiera y otros”.

El historial de la muy sospechosa riqueza de Ochoa Reza, no solo es la muestra de cómo muchos servidores públicos pertenecientes al PRI se hacen multimillonarios con solamente ingresar a la administración pública.

V. Siendo el PRI, partido que preside Ochoa Reza y que gobierna la nación, la institución que ha llevado a México a ocupar los primeros lugares en corrupción, es obligado que las instituciones del Estado mexicano realicen una tarea que no han realizado y que, aplicando las disposiciones en las materias anticorrupción y antilavado de dinero, expliquen al pueblo, investigaciones exhaustivas de por medio, los medios de enriquecimiento e incremento patrimonial de dicho ex servidor público.

VI. Por otro lado, la delicada situación económica por la que atraviesa nuestro país pone en evidencia la presencia del fenómeno de la corrupción como la principal causa de las problemáticas y desigualdades sociales en México, en donde la impunidad, la negligencia y la opacidad por parte de las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento del Estado de derecho, se presentan como las constantes en la vida pública de nuestro país, lastimando de manera preocupante a la sociedad mexicana.

En el informe en cuestión en torno al conflicto de intereses previamente señalado, la Secretaría de la Función Pública exoneró al licenciado Enrique Peña Nieto por las compras de la casa de Ixtapan de la Sal, en donde además se confirmó que no se adquirió inmueble después de la toma de protesta en 2012 de su actual puesto. Por otro lado, el entonces encargado del despacho de la Secretaría de la Función Pública, Virgilio Andrade, aseguró que la primera dama, señora Angélica Rivera, tampoco adquirió ninguna propiedad tras diciembre del mismo año y que los bienes que tiene han sido producto de su trabajo como actriz, refiriéndose a la casa de Sierra Gorda 150, en Lomas de Chapultepec la llamada “casa blanca”.

La indagatoria por parte de la Secretaría de la Función Pública, se limitó al periodo de Peña Nieto como presidente de la República y omitió por completo su trayectoria política como gobernador del estado de México, cuando él y su señora esposa Angélica Rivera pactaron con Juan Armando Hinojosa Cantú, presidente de Grupo HIGA, la construcción de la casa, su diseño, la compra de los terrenos y la edificación. Asimismo, durante el gobierno del presidente Peña Nieto, dicho Grupo “ganó” contratos millonarios para construir autopistas, hospitales, obras viales, entre otros al amparo de la discrecionalidad.

Cabe mencionar que las respuestas sobre el caso se han dado en escenarios proclives al aplauso, bajo el cobijo de abnegados seguidores, que no hacen otra cosa que amparar y fomentar la existencia de evidentes actos de corrupción cuyas consecuencias se traducen en la vulneración directa de los cimientos mismos de la eficiencia de las instituciones encargadas de fomentar la transparencia y la rendición de cuentas, como los ejes rectores que brindan congruencia al sistema democrático; lo que representa una burla y afrenta directa en torno la promoción y establecimiento del bien común.

Por otro lado, la ambigüedad en las resoluciones del informe presentado, así como la demora del mismo, demuestran de forma evidente que en esta problemática situación no se estudió a fondo el tema del conflicto de intereses, sino únicamente el de la responsabilidad administrativa por parte de los involucrados; lo que pone de manifiesto la urgente necesidad de la correcta implementación del Sistema Nacional Anticorrupción en los términos que establece la propia Constitución, como un mecanismo que garantice la debida rendición de cuentas mediante la ausencia de monopolios institucionales; y por tanto, que se asegure la congruencia necesaria en el ejercicio público como garante de la libre manifestación de la voluntad popular.

Asimismo, el Sistema Nacional Anticorrupción versa en torno a un esquema diseñado para imponer verdaderos límites y vigilar a los servidores públicos estableciendo las bases necesarias para la exitosa coordinación de las instituciones responsables de combatir la corrupción; por lo que se traduce en la ausencia en las demoras y resoluciones de los informes que den cuenta de la transparencia en términos de las investigaciones relacionadas con este tipo de hechos.

Por lo expuesto y fundado se propone la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados crea la Comisión Especial responsable de investigar las denuncias ciudadanas sobre el presunto enriquecimiento inexplicable del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Ochoa Reza; así como del caso de la Casa de Sierra Gorda 150, en Lomas de Chapultepec.

Segundo. El objeto de la comisión especial será el que se desprende de su propia denominación y se allegará de todos los documentos e información que solicite a las autoridades de la administración pública federal, autoridades estatales y municipales en su caso, para lograr su objeto.

Tercero. La presidencia de la comisión especial recaerá en un integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional.

Cuarto. La Comisión desarrollará sus funciones desde el momento de su instalación y hasta el término de la LXIII Legislatura. Los trabajos de la comisión se regirán conforme a la normatividad de la Cámara y tendrán inicio de inmediato.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2017.

Diputado Jorge López Martín (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la asignación de recursos para rehabilitar la red carretera y terminar las autopistas en construcción en Oaxaca, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Sergio López Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 3, 79, numerales 1, fracción II, y 2, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los sismos que han sacudido al país y especialmente a Oaxaca no sólo siguen cobrando vidas sino también siguen afectando a toda la infraestructura del estado y en especial la carretera.

El asunto es tan delicado que en un mensaje enviado desde Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, por el presidente, dio constancia de la gravedad de la situación. Calificando como devastadoras las consecuencias del sismo y declarando luto nacional por todas las víctimas:

La fuerza de este sismo fue devastadora, pero también estamos ciertos que la fuerza de la unidad, la fuerza de la solidaridad y la fuerza de la corresponsabilidad serán mayores.

Peña Nieto informó que tanto en Chiapas como Oaxaca se emitió una declaratoria de emergencia e instruyó a las dependencias federales y las locales para atender la contingencia.

El presidente manifestó que se necesita todo tipo de ayuda.

Por ello solicitó a los secretarios de Hacienda, y de Comunicaciones y Transportes que destinen recursos suficientes para reparar los caminos dañados en Oaxaca y terminen pronto las carreteras que se encuentran en proceso de construcción.

La rehabilitación y el crecimiento de la red carretera es una condición necesaria para el desarrollo regional y estatal y detonador de competitividad, crecimiento, bienestar y desarrollo económicos.

El estado lo necesita con urgencia. La Secretaria de Hacienda y la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, deben ejercer oportunamente los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2017, para la conservación, el mantenimiento, la reconstrucción y la terminación de infraestructura carretera.

No hacerlo implica mantener a Oaxaca en una tasa de crecimiento de las más bajas del país que, de 2013 a 2017, reporta un crecimiento promedio de 1.8 anual y con un nivel de informalidad laboral en su población trabajadora de las más altas del país: 74 por ciento.

La productividad laboral, medida por pesos producidos por hora, es de sólo 67. Esta situación implica que el porcentaje de personas que no pueden adquirir la canasta básica con su ingreso laboral (pobreza laboral), alcanza ya 64 por ciento de la población del estado.

Por ello urge llevar a cabo la rehabilitación, el mantenimiento y la modernización, y sobre todo concluir las carreteras, los caminos y los puentes del estado, necesarios para la promoción del desarrollo y el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades en las ocho regiones de Oaxaca.

Rehabilitar caminos, fortalecer la red carretera y terminar autopistas fortalecerán a Oaxaca y lo habilitaran en forma más competitiva para contribuir a proceder a la declaratoria de una de las zonas económicas especiales más importantes.

Por ello es urgente terminar los subejercicios. Al respecto damos algunos datos:

En el proyecto Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco, el presupuesto aprobado en 2016 fue de 479 millones de pesos, y se ejercieron sólo 372 millones de pesos.

En 2017 persisten los subejercicios, el presupuesto aprobado es de 187 millones y el ejercido al segundo trimestre es de sólo 60 millones de pesos.

En la carretera alimentadora Ampliación Barranca Larga-Ventanilla y Puerto Escondido-Huatulco y ramal San Sebastián, los recursos aprobados en 2016 fueron de 12 millones y el ejercido fue de sólo 9 millones de pesos. En 2017 para el mismo proyecto el presupuesto aprobado es de 18 millones de pesos y el ejercido, al segundo trimestre, es de cero.

En la carretera alimentadora Ampliación Barranca Larga-Ventanilla y Puerto Escondido-Huatulco y ramal San José del Llano, los recursos aprobados en 2016 fueron de 23 millones y el ejercido fue de sólo 4 millones de pesos. En 2017 para el mismo proyecto el presupuesto aprobado es de 18 millones de pesos y el ejercido al segundo trimestre es de sólo 323 mil pesos.

Urge terminar con los subejercicios y la corrupción en el ejercicio del gasto en inversión carretera y caminos rurales.

Por toda esta situación tan preocupante y porque Oaxaca está en emergencia, propongo los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Que la Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Comunicaciones y Transportes no incurran en subejercicios y transfieran en tiempo y forma los recursos necesarios y suficientes para rehabilitar la red carretera y terminar las autopistas iniciadas en Oaxaca.

Segundo. Que las secretarías involucradas den seguimiento a los avances en la rehabilitación carretera y la construcción de las autopistas en Oaxaca.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2017.

Diputado Sergio López Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Ssa federal y el gobierno de Veracruz a continuar e implantar nuevas acciones que contribuyan a prevenir y combatir la posible epidemia en Coxquihui, suscrita por los diputados Norma Rocío Nahle García y Cuitláhuac Jiménez García, del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben, diputada Norma Rocío Nahle García y Cuitláhuac Jiménez García de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente proposición, la cual se realiza de acuerdo con los siguientes

Antecedentes

Primero. Coxquihui es uno de los 212 municipios de Veracruz encumbrado en la región del Totonacapan de la entidad, que cuenta con 26 comunidades rurales entre las que se encuentra Ojite de Matamoros.

Su población está mayormente conformada por grupos indígenas lo que representa una barrera también de lenguaje.

Está región presenta un alto grado de marginación por diversos motivos entre los que se destaca el difícil acceso por la pésima condición de los caminos y carreteras, la falta de especialistas en el sector médico ya que el centro médico más cercano se encuentra en la ciudad de Poza Rica, esto sin mencionar las obras fantasmas a las que se les dio el banderazo pero nunca fueron puestas en marcha como el hospital abandonado a las afueras de Papantla de Olarte, situación que se ha visto agravada por el olvido y negligencia de las autoridades estatales.

Según datos de los cuadernillos municipales elaborados por el Centro de Información Estadística y Geografía del estado de Veracruz, la insuficiencia de servicios de salud se observa de la siguiente manera:

(http://ceieg.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/sities/21/2017/05/C oxquihui.pdf)

En México, nuestro máximo ordenamiento jurídico establece en su artículo 4 el derecho que tenemos los mexicanos para recibir los servicios de salud.

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Por lo que, partiendo de la premisa de que el Estado mexicano tiene como obligación brindar los servicios de salud a los mexicanos, se requiere contemplar éstos servicios en sus diferentes aristas, es decir no sólo las acciones para atacar la enfermedad, sino también para prevenirla.

A su vez, la Ley General de Salud establece en su artículo 6 los objetivos del Sistema Nacional de Salud.

Artículo 6. El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos:

I. Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas;

En el caso de Morelos, su Ley de Salud establece las acciones que le corresponden al Estado para brindar y garantizar el derecho a la salud.

Artículo 3. En los términos de la Ley General de Salud, los acuerdos para la descentralización de los servicios de salud y la presente ley:

A) Corresponde al Estado en materia de salubridad general:

I. a XII. ...

XIII. La prevención v el control de enfermedades transmisibles:

...

Pero con tristeza observamos que no se actualiza para toda la población en la realidad.

Segundo. En las semanas pasadas de acuerdo a los habitantes del municipio en mención tanto como por diferentes notas periodísticas se indica que hubo dos decesos y cerca de once afectaciones en adultos y niños a causa de una enfermedad respiratoria aguda en la localidad Ojite de Matamoros, se presume que dicho brote inició en el preescolar “María Montessori” y la escuela primaria “Ignacio Altamirano” donde los mismos comenzaron a presentar diversos síntomas tales como fiebre, vómito, diarrea, disnea o dificultad para respirar, tos, gripe y angustia.

A la fecha no han podido constatar el origen o siquiera el nombre de la enfermedad para dar un seguimiento adecuado o suficiente.

Derivado de lo anterior, habitantes de esta comunidad se manifestaron bloqueando la carretera, ubicada a 180 kilómetros de la capital del estado, en demanda al gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares de que preste atención médica urgente ante el brote de una posible epidemia que en los últimos diez días ha dejado una decena de personas hospitalizadas y dos niños muertos.

Por lo motivado y fundado, sometemos a la consideración de ésta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal y al gobierno del estado de Veracruz para que continúen e implementen nuevas acciones que coadyuven en la prevención y combate de la posible epidemia en la zona de Coxquihui.

Ciudad de México, a 17 de octubre de 2017.

Diputados: Norma Rocío Nahle García y Cuitláhuac García Jiménez (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol a hacer público el fomento de las compras de bienes y servicios en dependencias y entidades de la APF a cooperativas mexicanas, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Rosa Alba Ramírez Nachis, diputada federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XX, 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Anualmente, el gobierno mexicano ha expresado su voluntad de incrementar la eficiencia de los procesos y procedimientos en materia de adquisición y arrendamiento de bienes muebles y contratación de servicios de las dependencias y entidades de la administración pública federal, a fin de mejorar la calidad en el abasto y provisión de bienes y servicios, a la vez de garantizar a los ciudadanos servicios de calidad en la materia.

En el papel esto suena congruente y de alto beneficio para la sociedad mexicana; sin embargo, no se ha emprendido el esfuerzo necesario para que todos los sectores de la economía mexicana participen en estos procesos de compras públicas, como lo es el sector cooperativo.

Es el sector cooperativo que agrupa a grupos de la sociedad que buscan entre sí, lograr un desarrollo comunitario y donde todos buscan poner lo mejor de sí para lograr resultados.

Es una realidad histórica que en nuestro país no existe la planeación de las compras gubernamentales, lo anterior por la falta de cifras e historial de adquisiciones con los que se podría planear de manera estratégica y lograr mejores condiciones.

El sector cooperativo no es ajeno a la competitividad y productividad de tal modo que podría ser considerado como una real alternativa de proveeduría en nuestro país.

Quizá la falta de información del sector cooperativo no permite que los funcionarios del gobierno encargados de las compras gubernamentales conozcan el potencial que los cooperativistas y los consideren como alternativas reales en los procesos de adquisiciones.

Asimismo, deseo resaltar que es casi nula la promoción del gobierno federal al fomento del sector cooperativista, a pesar que este tipo de empresas son las que promueven la responsabilidad social y de las cuales dependen muchas familias.

Y la pregunta que surge es, ¿qué hace falta para que se logre el desarrollo de la economía social?.

Parece que el gobierno de este sexenio no alcanzará cumplir con lo descrito en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,1 en particular, me refiero a la estrategia 4.8.5 “Fomentar la economía social”, incluida en el objetivo 4.8 “Desarrollar los sectores estratégicos del país” que forma parte de la meta nacional “México Próspero”.

En la consideración de los cooperativistas en México, al gobierno de nuestro país se le ha olvidado que “una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada”2 definición puntual que se puede consultar en el portal electrónico de las Cooperativas de las Américas.

La voz de los cooperativistas en México no tiene eco a pesar de que lo que ellos emprenden está bien hecho, poniendo esfuerzo propio y fomentando valores con son los de “ayuda mutua, responsabilidad, igualdad, equidad y solidaridad”.3

No es menor, el hecho que estas empresas buscan preservar y respetar su entorno, algo que los grandes capitalistas se les olvida en la gran mayoría de las ocasiones.

Luego entonces, desde su organización y ejecución de los bienes y servicios que ofrecen son estas empresas un reflejo del compromiso que se tiene por su comunidad y su desarrollo, por lo que no existe una explicación lógica al hecho que este tipo de empresas no participen ni se vinculen en el proceso de compras gubernamentales.

De la lectura del quinto Informe de Gobierno4 no se identificaron argumentos sólidos que impidan al gobierno federal a comprar bienes y servicios a estas organizaciones cooperativas y que de esta manera, sus socios cooperativistas tengan beneficios y sus comunidades mayor prosperidad.

Quizá, los grandes consorcios tengan mejores precios y mayor capacidad de respuesta, pero lo que es claro, es que el beneficio de comprar lo que producen las cooperativas permitiría, en un corto plazo, a reactivar la economía de ciertas regiones del país donde están establecidas estas entidades, a poner en marcha el fomento de la economía social.

En México, nos falta mirar a la experiencia de éxito no solo a nivel nacional sino también internacional en temas de cooperativas.

Por ello, me gustaría citar lo que los expertos de Cooperativas de las Américas nos comparten: se debe alentar a la juventud a crear cooperativas para que unan sus fuerzas a la hora de compartir riesgos, responsabilidades y conocimientos técnicos; algunas cooperativas de este tipo están empezando a surgir, pero requieren el apoyo adecuado para continuar y aquí es donde el movimiento cooperativo es necesario :5 Simel Esim, Jefa de la Unidad Cooperativas (COOP) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cita que se incluyó del artículo denominado La capacidad de las cooperativas para proporcionar empleo sostenible debe inspirar el futuro del trabajo, de fecha 2 de mayo de 2017.

Por igual, destaco las conclusiones que se incluyen en el Estudio Cooperativas y Empleo: un informe mundial, elaborado por la Organización Internacional de las Cooperativas de Producción Industrial, Artesanal y de Servicios en el 2014: “teniendo en cuenta el empeoramiento de la situación del empleo en el mundo, especialmente para los jóvenes, los gobiernos no pueden permitirse el lujo de mirar a un lado cuando el movimiento cooperativo puede ofrecer una parte importante de la solución”. 5

Al parecer el fomento de las cooperativas en México no es visto como una alternativa de fomento de la economía social, pero la realidad en el mundo es que esta experiencia de trabajo favorece a la mezcla de participación, provee una sensación de pertenencia a una familia y una fuerte identificación con la propia empresa, desarrolla un sentimiento de orgullo y reputación, y fomenta el sentimiento de implementar valores a través del trabajo de uno mismo, mientras que, al mismo tiempo, se tiene, al interior, una fuerte conciencia de las demandas económicas de la empresa, y de su necesidad de ser eficaz y flexible.

Por lo anterior, considero compañeros diputados que es conveniente que el Gobierno Federal considere fomentar, entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la compra de bienes y servicios de las empresas cooperativas en México bajo la consideración que estas empresas dan empleo a mucha gente y, al mismo tiempo, muestran capacidad de resistencia a las crisis y las recesiones, ofrecen alta estabilidad laboral tanto en áreas rurales como urbanas así como responden de manera más eficiente a las necesidades de las comunidades, aplican actividades de reestructuración como parte de su práctica habitual, y están integradas territorialmente y tienen propensión a buscar la eficiencia en lo que hacen o producen.

Nuestro gobierno no puede permitirse el lujo de mirar a un lado cuando el movimiento cooperativo puede ofrecer soluciones a problemáticas como lo es el empleo y desarrollo social de las comunidades.

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de ésta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social para que, de acuerdo a sus atribuciones, haga público el fomento de las compras de bienes y servicios en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a empresas cooperativas mexicanas, con el objeto de resaltar y destacar la importancia que tienen estas empresas en el desarrollo de sus comunidades, al ofrecer empleo a mucha gente, mostrar capacidad de resistencia a las crisis y las recesiones, tener propensión a buscar la eficiencia en lo que hacen o producen, brindar alta estabilidad laboral tanto en áreas rurales como urbanas y responder de manera más eficiente a las necesidades de las comunidades, a fin de impulsar el desarrollo del cooperativismo en México y lograr el cumplimiento del objetivo 4.8 “Desarrollar los sectores estratégicos del país” incluido en la Meta Nacional “México Prospero” del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

Notas

1 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, disponible en http://pnd.gob.mx/, consultado el 12 de octubre de 2017.

2 Definición de una Cooperativa – Principios y Valores Cooperativos, disponible en https://www.aciamericas.coop/Principios-y-Valores-Cooperativos-4456, consultado el 12 de octubre de 2017.

3 Valores cooperativos, disponible en disponible en

https://www.aciamericas.coop/Principios-y-Valores-Cooper ativos-4456, consultado el 12 de octubre de 2017.

4 Quinto Informe de Gobierno, disponible en

https://www.gob.mx/lobuenocuenta/, consultado el 12 de octubre de 2017.

5 Cooperativas y Empleo: un informe mundial – Organización Internacional de las Cooperativas de Producción Industrial, Artesanal y de Servicios, disponible en http://www.cicopa.coop/Cooperativas-y-Empleo-un-informe.html, consultado el 12 de octubre de 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2017.

Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al fortalecimiento de políticas públicas, programas e instrumentos de coordinación que beneficien a los jóvenes en México, a cargo del diputado Jesús Rafael Méndez Salas, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, Jesús Rafael Méndez Salas, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2 y 79, numerales 1, fracción II y 2, fracción I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Organización de las Naciones Unidas considera a los jóvenes como el grupo de personas entre los 18 y los 29 años de edad que actualmente conforman la generación más numerosa de la historia,1 y reconoce que los jóvenes de todos los países constituyen un recurso humano importante para el desarrollo y son agentes fundamentales del cambio social, el desarrollo económico y la innovación tecnológica.2

Asimismo, en la Resolución 54/120 Políticas y programas que afectan a la juventud, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de enero de 2000,3 acoge la Conferencia Mundial de Ministros encargados de la Juventud el tercer periodo de sesiones del Foro Mundial de la Juventud en Braga (Portugal, agosto de 1998). En ella retoman la Resolución 50/81 Programa de Acción Mundial para los Jóvenes hasta el año 2000 y años subsiguientes, postulando en la resolución número 7, la recomendación de la Conferencia Mundial de que el 12 de agosto sea declarado Día Internacional de la Juventud, y recomienda que durante ese día se organicen actividades de información pública que sirvan para promover una mayor toma de conciencia sobre los principios del Programa de Acción Mundial para los Jóvenes, creado en 1995.

El Programa de Acción Mundial para los Jóvenes4 proporciona un marco de políticas públicas y directrices prácticas para la acción nacional y el apoyo internacional para mejorar la situación de los jóvenes, y contiene las propuestas de acción que fomenten las condiciones y los mecanismos para mejorar el bienestar y los medios de vida de los jóvenes. El Programa de Acción propone medidas para fortalecer las capacidades nacionales en materia de juventud y para aumentar la cantidad y calidad de oportunidades para la participación plena, efectiva y constructiva de los jóvenes en la sociedad; y así, fortalecer la participación de los jóvenes en el proceso de toma de decisiones, a todos los niveles, para intensificar su contribución al desarrollo nacional y a la cooperación internacional.

En su formato original, el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes esbozaba diez áreas que debían abordarse con prioridad. Sin embargo, durante el examen decenal de la aplicación del Programa de Acción Mundial, los estados miembros acordaron agregar otras cinco áreas prioritarias, aprobadas en el año 2007. Juntas, estas quince áreas prioritarias abarcan: educación, empleo, pobreza, salud, medio ambiente, drogas, delincuencia juvenil, actividades recreativas, genero, globalización, tecnología de la información y las comunicaciones (TIC), VIH/Sida, conflictos armados, aspectos intergeneracionales y participación de los jóvenes en la vida de la sociedad y en la adopción de decisiones. Estas áreas tienen sus correspondientes planes de acción y todas constituyen el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes, documento orientador para los estados miembros sobre la política y la acción en el ámbito del desarrollo de la juventud.

Cada Día Internacional de la Juventud se reafirman los compromisos asumidos en ese programa de acción. Las acciones de difusión de los gobiernos tratan de dar a conocer a la población la situación mundial de la juventud, el reconocimiento de sus derechos, sus necesidades y aspiraciones; así como, la promoción a nivel nacional de las políticas públicas, programas y mecanismos de coordinación para la protección y promoción de los derechos de este sector de la sociedad.

En México, conforme las cifras presentadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en la Encuesta Intercensal de 2015, residen 29.9 millones de jóvenes de 15 a 29 años, monto que representa 24.9 por ciento de la población total, representando poco más de la cuarta parte de la población en el país. En cuanto a su estructura por edad, del total de jóvenes, 36.8 por ciento son adolescentes de 15 a 19 años, uno de cada tres (34.1 por ciento) son jóvenes de 20 a 24 años y tres de cada 10 (29.1 por ciento) tienen de 25 a 29 años de edad. En los adolescentes y en los jóvenes de 20 a 24 años la población masculina es mayor a la femenina, con 106.8 y 102.8 hombres por cada cien mujeres, respectivamente; en el grupo de 25 a 29 esta relación se invierte (92.9) debido a la sobremortalidad masculina y a la migración internacional que es predominantemente masculina y que empieza a ser notoria a partir de este grupo de edad.5

Así también, informa que la tasa de desempleo de los adolescentes de 15 a 19 años y de los jóvenes de 20 a 24 años es de 8.6 y 8.3 por ciento, respectivamente.6 La tasa de desocupación de los jóvenes en el primer trimestre de ese año fue de 7.2 por ciento, siendo el principal obstáculo para emplearse la falta de experiencia laboral, ya que dos de cada diez jóvenes desocupados no cuentan con experiencia; de los que tienen empleo 80.7 por ciento lo hace de manera subordinada y remunerada; 9.4 por ciento son trabajadores por cuenta propia; 8.8 por ciento labora sin pago y sólo 1.2 por ciento son empleadores. También, 38.8 por ciento trabaja en el sector servicios; 20.1 por ciento en el comercio; 18.9 por ciento en la industria manufacturera; 12.3 por ciento en el sector agropecuario y 8.6 por ciento en la construcción. Y un dato sobresaliente es que 71.8 por ciento trabaja de manera informal.7

En 2014, 63.5 por ciento de los jóvenes son solteros; 33.1 por ciento están unidos y 3.4 por ciento se encuentran divorciados, separados o viudos. Datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014 indican que 44.9 por ciento de las adolescentes de 15 a 19 años, sexualmente activas, declaró no haber usado un método anticonceptivo durante su primera relación sexual. En 2013, 83.9 por ciento del total de egresos hospitalarios en mujeres de 15 a 19 años se relacionan con causas obstétricas (embarazo, parto y/o puerperio) y del total de mujeres en edad fértil (15 a 49 años) que presentaron un aborto, 18.7 por ciento son adolescentes. Durante 2014, de las mujeres embarazadas de 19 años de edad, 30.6 por ciento no recibieron consultas prenatales8 .

En cuanto a escolaridad, datos de la ENADID 2014 muestran que 33.8 por ciento de los jóvenes cuentan con educación media superior y 19.9 por ciento con educación superior, el 1.2 por ciento no cuenta con instrucción o sólo tiene el preescolar y 3 por ciento tiene primaria incompleta.9

La Encuesta Nacional de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (Ecopred) 2014, revela que la población joven de nuestro país vive en entornos caracterizados por la violencia, la desigualdad, la insuficiencia de oportunidades y la pobreza; 4.48 millones han sido víctimas de algún delito o de alguna agresión o maltrato. De ese total, 2.24 millones han sido víctimas de robo sin violencia; 2.035 millones han sido víctimas de acoso por sus atributos o apariencia física; 1.29 millones han sido víctimas a través de sus cosas (se las esconden, se las tiran, rompen, etcétera.); 855 mil han sido víctimas de robo con violencia; 725 mil han sido víctimas de violencia física; 610 mil han recibido amenazas; 538 mil han sido víctimas de delitos sexuales; 194 mil han sido víctimas de difamación por medios electrónicos, mientras que 173 mil han sido víctimas de extorsión.10

La población juvenil en México está expuesta a problemas como la pobreza, el desempleo, la violencia, la delincuencia y la discriminación, entre otros. Sin embargo, también es la misma juventud la que tiene la potencialidad de ser la solución de sus propios problemas mediante la participación. Por ello, es nuestra labor impulsar las políticas públicas, los programas y los mecanismos de coordinación que apoyen a nuestros jóvenes para coadyuvar a resolver estas problemáticas, necesidades y aspiraciones.

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, por su importancia estratégica para el desarrollo del país, las personas con edades entre los 12 y 29 años serán objeto de las políticas, programas, servicios y acciones que el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) lleve a cabo. Para ello, el Imjuve cuenta con los programas: E016 “Generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud”, con modalidad E “Prestación de Servicios Públicos”, y U008 “Subsidios a Programas para Jóvenes”. Iniciando operaciones cuando el instituto se encontraba sectorizado a educación pública, con la Secretaría de Educación Pública (SEP) como cabeza de sector; en 2013, como parte de la nueva estrategia de política social –que agrupó en el sector del desarrollo social a los institutos que atienden el ciclo de vida de la población y a grupos vulnerables de la misma–, el Imjuve y los dos programas a su cargo fueron re sectorizados a desarrollo social, con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) como cabeza de sector.

La fracción III del artículo 3 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud indica que será objeto del Imjuve: “Definir e instrumentar una política nacional de juventud que permita incorporar plenamente a los jóvenes al desarrollo del país”; para ello, las Políticas de Operación del Programa E016 2017 indican tres objetivos específicos (modalidades de apoyo) referentes a: desarrollo de capital humano (tres categorías: transición escuela trabajo, rumbo joven y apoyo a los proyectos sociales); impulso a la participación social (tres categorías: Premio Nacional de la Juventud, Concurso Juvenil de Debate Político y Concurso Nacional de Tesis sobre Juventud), y divulgación y promoción de la salud (dos categorías: de joven a joven y jóvenes por la inclusión).11 El programa contó con una asignación presupuestal de 189,574,873 millones de pesos para el desarrollo de dichas actividades en el ejercicio 2017.12

Por otro lado, las Políticas de Operación del Programa U008 201713 establecen tres objetivos específicos (modalidades de apoyo): Coordinación con el sector social. Proyectos y acciones en pro del desarrollo juvenil (tres categorías: Jóvenes Ecosol, Joven, AC, Apoyo a proyectos sociales de Organizaciones de la Sociedad Civil, Vaivemonos a Francia, Pasos Latinoamericanos); coordinación con instituciones educativas (dos categorías: Joven-es Servicio, Diplomado en Políticas Públicas de Juventud), y Coordinación con los estados y municipios (cinco categorías: Proyectos Locales Juveniles, Casa del Emprendedor, Centros Poder Joven, Red Nacional de Programas de Radio y Televisión, Lazos por la Inclusión). Este programa tuvo un presupuesto de 35,130,000 millones de pesos para el desarrollo de sus acciones en el ejercicio 2017.14

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) a partir de la evaluación de consistencia y resultados de los programas mencionados en el Ejercicio Fiscal de 201615 determinó que los componentes con los que cuentan no son suficientes ni adecuados para lograr fortalecer el acceso de los jóvenes al desarrollo, así como, que los apoyos actuales no se consideran los adecuados para resolver el problema, atendiendo parcialmente lo determinado en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2014-2018 y el Programa Nacional de Juventud 2014-2018.

En Nueva Alianza somos conscientes de que ser joven en México es un gran reto, el de mantenerse en un papel de agentes estratégicos de cambio en las políticas públicas del país, de impulsar desde la iniciativa ciudadana la incorporación del tema de la juventud en las agendas políticas del país, con el fin de que cada día se elaboren mejores políticas públicas que garanticen un mejor futuro y desarrollo para este sector de la población mexicana.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Desarrollo Social y al director general del Instituto Mexicano de la Juventud a fortalecer las políticas públicas, programas y mecanismos de coordinación que atiendan las problemáticas, necesidades y aspiraciones de los jóvenes en México, en el marco del Día Internacional de la Juventud, observando las orientaciones del Programa de Acción Mundial para los Jóvenes de la Organización de las Naciones Unidas.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Desarrollo Social y al director general del Instituto Mexicano de la Juventud para que brinden atención a las recomendaciones realizadas en la evaluación de consistencia y resultados de los programas E016 y U008 del ejercicio de 2016, por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Notas

1 Organización de las Naciones Unidas, Día Internacional de la Juventud-12 de agosto, disponible en:

http://www.un.org/es/events/youthday/index.shtml

2 Resolución 50/81 Programa de Acción Mundial para los Jóvenes hasta el año 2000 y años subsiguientes. Asamblea General de las Naciones Unidas, 13 de marzo de 1996, recuperado de:

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/50/81

3 Disponible en:

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/54/120

4 Programa Acción Mundial para los jóvenes, Organización de las Naciones Unidas, 1995, disponible en: http://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/publications/wpay2010SP.pd f

5 Estadística a propósito del Día Internacional de la Juventud (12 de Agosto). Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 10 de agosto de 2015. Disponible en: file:///C:/Users/USUARIO.6Q1KTW1/Downloads/EAP_DIA_INTERNACIONAL_DE_LA_ JUVENTUD_2015%20(1).pdf

6 Ibídem.

7 Día Internacional de la Juventud (El caso de México). Molina Carrillo, Julián Germán. 13 de agosto de 2016. Milenio.com – Firmas. Recuperado de: http://www.milenio.com/firmas/german_molina_carrillo/Dia-internacional- juventud-caso-Mexico_18_792100830.html

8 Estadística a propósito del Día Internacional de la Juventud (12 de Agosto). Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 10 de agosto de 2015. Disponible en: file:///C:/Users/USUARIO.6Q1KTW1/Downloads/EAP_DIA_INTERNACIONAL_DE_LA_ JUVENTUD_2015%20(1).pdf

9 Ibídem

10 México Social: la Juventud y el malestar social. Fuentes, Mario Luis. 18 de agosto de 2015. Exelsior.com. Recuperado: de

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/08/18/1040792

11 Políticas de Operación del Programa E016. 2017. disponible en: http://www.imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/POE0162017_VF6.pdf

12 Presupuesto de Egresos de la Federación 2017.

13 Políticas de Operación del Programa U008 2017. Disponible en:

http://www.imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/POU0082017_VF6 .pdf

14 Presupuesto de Egresos de la Federación 2017

15 Evaluación de consistencia y resultados de los programas E016- generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud y U008- subsidios a programas para jóvenes. Coneval. Octubre de 2016. Recuperado de:

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2017/0 2/asun_3477338_20170202_1486087688.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2017.

Diputado Jesús Rafael Méndez Salas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IMSS a crear un hospital en Matamoros, Coahuila, suscrita por los diputados Flor Estela Rentería Medina, Ana María Boone Godoy y Armando Luna Canales, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I, II, III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados; 22, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables, las que suscriben, diputadas Flor Estela Rentería Medina y Ana María Boone Godoy, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI de la LXIII Legislatura, someten a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución con base en la siguiente

Exposición de motivos

La Organización Mundial de la Salud define a esta como el completo estado de bienestar físico, mental y social; sin la salud, todas las actividades humanas se ven imposibilitadas de hacerse a plenitud, y la vida diaria simplemente no puede ser.

En México y en todo el mundo, la salud es un derecho humano. Todas y todos los mexicanos, por el hecho de serlo, tienen garantizada la tutela a su salud a través de las distintas instituciones de seguridad social, y la inversión que se ha hecho en salud en este sexenio ha sido sin precedentes; tan solo el año pasado se confirmó, con cifras oficiales, que los recursos en esta área ascendieron a más de 40 mil millones de pesos, una cifra sin precedentes para nuestro país.

Los servicios de salud públicos, por su naturaleza, siempre han presentado importantes retos; la calidad de los insumos y la cobertura del sistema son las dos grandes áreas de oportunidad que existen no solo en México, sino en virtualmente cualquier organización de salud sea pública o privada, por lo que siempre es necesario hacer un ejercicio responsable de los recursos, para poder invertir a lo que es urgente, pero también a lo que es necesario e importante.

La ciudad de Matamoros, Coahuila, con una población de más de 110 mil habitantes, y con cerca de 55 mil derechohabientes del IMSS, el Seguro Social solo tiene dos instalaciones para atender a la ciudadanía: por un lado la Unidad Médica Familiar número 83, que cuenta solo con 6 consultorios por turno, no tiene camas para hospitalización, ni servicios de especialidad básico como ginecología, y por el otro, el Hospital Rural número 79, el cual forma parte de Prospera y no del servicio médico para los derechohabientes del seguro.

Estas dos instalaciones dan servicio no solo a la gente de Matamoros, sino a la de Viesca y de todos los municipios de la Laguna, por lo que la falta de un servicio digno afecta a estas ciudades; tanto Matamoros como Viesca, en la administración del gobernador Rubén Moreira, han visto un crecimiento como nunca antes, y con la instalación de nuevas empresas como LEAR, más laguneros podrán tener un ingreso digno, y con ello, su respectiva adscripción al Seguro Social, sin embargo, debido a la falta de instalaciones para atender a los derechohabientes, estos tienen que trasladarse a Torreón a veces hasta para una simple consulta.

Compañeras y compañeros diputados, para un matamorense, trasladarse a la ciudad de Torreón a las clínicas del IMSS implica un traslado mínimo de 40 minutos de ida y 40 de regreso, esto si cuenta con un vehículo propio, en camión, los traslados son de prácticamente el doble de tiempo y, para los viesquenses, la faena es de prácticamente medio día; para ellos, acudir a una simple consulta implica perder un día de trabajo, y eso los obliga a ignorar su salud hasta que esta empeora, o en caso contrario, acudir a un servicio privado no obstante a que ya pagan sus cuotas como derechohabientes.

En el mismo sentido, para el caso de ciudades como Francisco I. Madero y San Pedro de las Colonias, también de la región lagunera, también se ven obligadas a trasladarse exclusivamente a la ciudad de Torreón, lo cual genera gastos importantes que las y los trabajadores más pobres difícilmente podrán solventar.

Es por esta razón, que las autoridades municipales, del gobierno del estado, y la sociedad civil, tenemos ya años trabajando en sinergia para lograr que el Instituto Mexicano del Seguro Social contemple dentro de sus proyectos próximos a Matamoros Coahuila, y construya una unidad hospitalaria digna para la ciudad que con orgullo llamamos El Futuro de la Laguna.

Por parte de las autoridades municipales y estatales, se cuenta ya con terrenos asignados y listos para la construcción, y de parte de la sociedad civil y de los cuerpos patronales como la Canacoto, existe la toda la disposición, la expectativa y las ganas de seguir haciendo equipo porque solo así, juntos, podemos construir el futuro que la gente se merece.

Es por todo lo anteriormente expuesto, que vengo aquí a pedirles su respaldo, alejada de colores y de partidos, y en mi calidad de representante en esta Soberanía de la gente de la Laguna de Coahuila, para presentar este punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, a fin de exhortar al IMSS a que analice a la brevedad las necesidades de infraestructura para garantizar un servicio adecuado y digno para la ciudad de Matamoros, Coahuila, y de los casi 60 mil derechohabientes del IMSS que en ella radican.

Habiendo dicho lo anterior, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, respetuosamente, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano del Seguro Social a que analice a la brevedad las necesidades de infraestructura para garantizar un servicio adecuado y digno para la ciudad de Matamoros Coahuila y de los casi 60 mil derechohabientes del IMSS que en ella radican.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de septiembre de 2017.

Diputadas: Flor Estela Rentería Medina, Ana María Boone Godoy (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Segob a poner con la Sedena bajo resguardo, control y custodia del Ejército las instalaciones penitenciarias de Nuevo León mientras se retoman el orden y la estabilidad ahí, suscrita por el diputado Juan Carlos Ruiz García e integrantes de dicho estado del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Juan Carlos Ruíz García, así como los diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional del estado de Nuevo León de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El ejercicio del cargo de representación popular con el que me encuentro investido me impone la obligación de velar y resguardar los intereses y el bienestar de los ciudadanos de mi estado, Nuevo León, razón por la cual me dirijo hoy a esta honorable asamblea con el objeto de denunciar y poner en antecedentes los lamentables sucesos que, desde hace algunos meses, vienen ocurriendo en los centros de reclusión del estado al cual represento.

Con fecha 23 de febrero de 2016, el Centro Preventivo y de Reinserción Social (Ceprereso) Topo Chico, Monterrey, Nuevo León, fue testigo de uno de los motines más violentos y crueles del cual se tenga conocimiento en la historia penitenciaria de México, aparentemente, producto de disputas entre fracciones del Cártel del Golfo y Cártel de los Zetas, quienes se disputaban el control del poder dentro de dicho recinto. Como consecuencia de éste, fallecieron 49 internos, 12 personas quedaron lesionadas, 5 de extrema gravedad.

En el curso de la investigación fueron sometidos a proceso, por orden de la Procuraduría estatal, los entonces funcionarios de dicho penal, señora Gregoria Salazar Robles (directora del penal), señor Fernando Domínguez Jaramillo (comisario de la Agencia de Administración Penitenciaria), y el señor Arturo Bernal González (subdirector del reclusorio), quienes actualmente se encuentran recluidos en distintos centros penitenciarios del país, imputados por homicidio calificado y abuso de autoridad.1

Sin perjuicio de lo anterior, el pasado 24 de abril de 2017, el Ceprereso Topo Chico nuevamente fue objeto de un intento de motín, por lo que las autoridades penitenciarias de dicho centro activaron los protocolos antimontines, reprimiendo a los internos mediante disparos de cartuchos de gas pimienta, no registrándose lesionados ni víctimas fatales.2

Estos hechos se han reiterado en forma constante en dicho penal, el último de ellos ocurrió el 20 de junio de 2017 cuando a consecuencia de un operativo sorpresivo de traslado de 38 internos de alta peligrosidad a penales de otras entidades federativas, realizado por elementos de la Policía Federal y de Fuerza Civil de Nuevo León, generó disturbios en los que participaron la totalidad de la población penal existente (alrededor de 3 mil reclusos), provocando la disuasión de los mismos mediante gas pimienta, cuyo resultado fue un interno lesionado por arma cortopunzante.

Los regiomontanos tampoco hemos olvidado el motín acaecido el 19 de febrero de 2012, en la cárcel de Apodaca, Monterrey, Nuevo León, donde 44 internos fueron masacrados, aparentemente, por internos pertenecientes al grupo criminal de los zetas en concomitancia con autoridades de dicho centro, y donde 30 reclusos lograron fugarse.3

El último de estos motines ocurrió el pasado 9 de octubre de 2017, esta vez en el Centro de Readaptación Social de Cadereyta, Monterrey, Nuevo León, donde los internos “iniciaron un motín presuntamente en protesta contra el director, Edgardo Aguilar Aranda; sin embargo, algunas versiones señalan que la rebelión se inició porque los reclusos no querían a un grupo del cártel de los Zetas.”4 , resultando 17 reclusos fallecidos (desconociéndose si a manos de estamentos de la policía federal y estatal o de sus propios compañeros) y 54 internos investigados, según informó el procurador de Nuevo León.

Estos hechos han puesto en alerta no sólo a la población penal que se encuentra en los reclusorios existentes en Nuevo León, sino también a sus familiares, autoridades y a toda la comunidad regiomontana que ve con estupor y miedo el desgobierno penitenciario que se vive en el estado.

La Organización de Naciones Unidas ha hecho eco de este sentimiento estatal y ha llamado “a las autoridades de Nuevo León a investigar de manera pronta, diligente y respetando el debido proceso, el motín del penal de Cadereyta que dejó al menos 16 reos muertos.

“Una medida fundamental de prevención para que hechos similares no vuelvan a suceder es una completa y exhaustiva investigación, así como la sanción de quienes resultaran responsables”, dijeron la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en un comunicado.

Las agencias aseguraron que “resulta imprescindible” poner fin a los brotes de violencia en los centros de privación de libertad de Nuevo León, investigando de manera efectiva los hechos sucedidos en los penales de Topo Chico, Apodaca y el propio penal de Cadereyta.

Recordaron también que recae en las autoridades la responsabilidad de acreditar, mediante una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial, si se llevó a cabo un uso de la fuerza ajustado a la ley.”5

Asimismo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) “expresó su preocupación por la falta de atención a los problemas que ha denunciado en los penales de Nuevo León.

Hoy Reforma publicó que desde mayo la CNDH advirtió que existía autogobierno de los internos en el penal de Cadereyta, en el cual el martes se registró un motín con un saldo de 17 muertos.

“Este organismo nacional expresa su preocupación ante la falta de respuesta adecuada de las autoridades para atender la problemática que se ha denunciado en los centros de reclusión de la entidad, y que se ve reflejada de manera recurrente en hechos violentos como los que hoy de nueva cuenta se presentan en Cadereyta ”, expresó esta mañana la CNDH.

El ombudsman recordó que no sólo ha emitido recomendaciones por el Centro de Readaptación Social de Cadereyta, sino también referente a hechos violentos en el penal de Apodaca, donde murieron 43 internos y 73 quedaron heridos, y en el Topo Chico, donde en 4 meses hubo 52 reos fallecidos y 55 lesionados.

“Así también el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en su Recomendación M-01/2016 dio cuenta de las irregularidades que imperan en los tres centros de la entidad, incluyendo Cadereyta”, afirmó.

Sobre las labores que realiza ante el motín del martes, expuso que visitadores ya acudieron al centro de reclusión para verificar que se respeten los derechos de los internos y sus familiares.

Además de que emitió medidas cautelares para que se brinde información a los parientes de los internos y se les dé un trato adecuado por parte de las autoridades del sistema penitenciario.

Los visitadores constataron que familiares de los internos ingresaron al centro de reclusión en grupos de cinco personas, mientras que los 37 lesionados que dejó el motín son atendidos en el Hospital Universitario.”6

Así las cosas, es evidente que la CNDH ha denunciado la desatención de la alerta sobre la crisis de los penales existentes en el estado por parte del gobierno de Nuevo León, en la que “detectó riesgos de tortura y maltrato contra los internos, al igual que sobrepoblación, hacinamiento, autogobierno, carencia de alimentos e higiene, deficiencias en las instalaciones y condiciones indignas, sobre en particular para las mujeres recluidas, lo cual podía generar violencia.”7

Cabe recordar que el 16 de junio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Nacional de Ejecución Penal, ordenamiento normativo por el que se estableció las bases legales para la reestructuración del debilitado sistema penitenciario, a la luz de los nuevos retos que imponía la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia de justicia penal del año 2008, y por el cual se instituyó el nuevo sistema de justicia penal, pasándose de un sistema penal inquisitivo a uno de corte acusatorio.

Este cambio de paradigma significó, en la práctica, un desafío para todos y cada uno de los operadores del sistema penal en el ámbito federal y en las entidades federativas de la cual el sistema penitenciario no fue ajeno.

Bajo esta perspectiva, el Congreso de la Unión expidió la Ley Nacional de Ejecución Penal, teniendo como ejes centrales el respeto y garantía efectiva de los derechos humanos dentro de los centros penitenciarios, en el contexto de las normas nacionales que puedan tener incidencia en el tratamiento penitenciario (particularmente lo mandatado en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos; y la reinserción social, entendida como el conjunto de elementos y competencias, de carácter preventivo, especial y positivo, que se desea desarrollar en la persona que ha estado privada de libertad, con el fin que no vuelva a delinquir y pueda reintegrarse, productivamente, en la sociedad, poniéndose para ello especial énfasis en el trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte de los privados de libertad, de conformidad al párrafo segundo, del artículo18 de la Constitución Política.

Esta ley se aplica, indistintamente, a quienes se encuentren internados por concepto de prisión preventiva, por ejecución misma de la pena o como medida de seguridad impuesta por resolución judicial, por lo cual establece los procedimientos aplicables para dirimir las controversias que puedan presentarse en dichas hipótesis y regula los medios idóneos para lograr la reinserción social, en los términos del mandato constitucional ya aludido.

Sin perjuicio de reconocer los avances que la promulgación de esta ley ha podido significar para la población penal en México, es innegable que su puesta en marcha en la entidad federativa de Nuevo León no ha logrado, en lo más mínimo, dar cumplimiento a la directrices dogmáticas y normativas que en ella se estipulan, especialmente en su artículo 1, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte.

En este sentido, resulta pertinente comprender que la “dignidad humana” es una condición propia e inherente de las personas, y no sólo un principio de interpretación y aplicación del derecho que, en el contexto penitenciario, se traduce en el respeto absoluto de persona recluida en atención a su esencia o naturaleza humana.

Bajo este razonamiento, habrá de entenderse que los derechos humanos son la manifestación jurídica de la dignidad humana, esto es, el mecanismo a través del cual la doctrina y la jurisprudencia han promovido, propiciado y garantizado su respeto efectivo, y que en ella se encuentran comprendidos y comprometidos todos y cada uno de los derechos humanos universales, como el derecho a la vida, a la igualdad, a la seguridad de la persona, a igual protección ante la ley, a verse libre de todas las formas de discriminación, a no ser sometida a tortura, ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, por mencionar sólo algunos, derechos todos que se encuentran en una estrecha relación y sinergia según se puede desprender de los múltiples tratados internacionales existentes en la materia, como los son la Declaración de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas, todos instrumento jurídicos que reconocen, primeramente, que “Todos los seres humanos nacen [...] iguales en dignidad y derechos.”; y que “Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.”

En atención a los hechos descritos, y que cuentan con una amplia cobertura periodística en los diversos medios de comunicación social, es posible observar una violación sistemática y reiterada, por parte de las autoridades penitenciarias del estado de Nuevo León, de los derechos humanos de las personas que se encuentran internadas en los centros penitenciarios existentes en la entidad, en particular, de aquellos internos que han sido víctimas de verdaderas “masacres” como lo ha consignado la prensa.

Estos hechos justifican, en la práctica, y de forma consistente, la intervención del orden federal, en cuanto a la necesidad de resguardo, control y custodia, por parte de las fuerzas federales, de las instalaciones penitenciarias mencionadas en el presente punto de acuerdo, por el periodo de tiempo que sea necesario y suficiente para retomar el orden y la estabilidad al interior de los mismos.

Igualmente, urge reactivar el proyecto de un nuevo penal para el estado de Nuevo León, el que cumpla con los más altos estándares internacionales en la materia, y en el que se proporcionen las condiciones más idóneas para la coexistencia de la población penal correspondiente al fuero federal y estatal, de modo de velar y resguardar, satisfactoria y adecuadamente, el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales de éstos.

No hay que olvidar que dicho proyecto deberá cumplir, en su planeación como en su ejecución, con la nueva normativa en anticorrupción, de forma de transparentar el ejercicio de los recursos invertidos en él.

Finalmente, resulta impostergable que las autoridades competentes en la materia establezcan un calendario periódico de revisiones a los centros penitenciarios de la entidad, con la cooperación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Nuevo León, con el fin de velar por el fiel y estricto cumplimiento de la normativa legal y constitucional vigente en materia de derechos humanos y robustecer y eficientar el Programa de Atención y Protección a los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad, a cargo de la Coordinación Penitenciaria de la precitada institución.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

De urgente u obvia resolución.

Primero. Se solicita respetuosamente al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que en apego a sus atribuciones y en coordinación con el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda, pongan bajo resguardo, control y custodia del Ejército Mexicano, las instalaciones penitenciarias del estado de Nuevo León, por el tiempo que permita retomar el orden y la estabilidad al interior de los mismos.

Segundo. Se solicita respetuosamente al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reactivar el proyecto de un nuevo penal en el estado de Nuevo León, con un mayor grado de seguridad, y que permita albergar en un único espacio a los presos del fuero federal, que hoy conviven en los penales con sentenciados del fuero común, creando condiciones idóneas para generar disturbios al interior de estos centros. Asimismo, se solicita que dicho proyecto sea elaborado por expertos en diseño de centros penitenciarios y éste se transparente, tanto en su construcción como en el ejercicio de los recursos invertidos en él.

Tercero. Se solicita respetuosamente al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, establecer un calendario de revisiones periódicas a los centros penitenciarios del estado de Nuevo León, donde no sólo participe la autoridad estatal, sino el resto de los órdenes de gobierno además de incluir a las Comisiones Estatal y Nacional de los Derechos Humanos, así como ciudadanos pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil, a fin de verificar que dichas revisiones se hagan con estricto apego a la legalidad, el respeto a los derechos humanos y de cara a la sociedad, que tiene derecho a saber lo que pasa en los penales de Nuevo León.

Cuarto. Se solicita respetuosamente al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a que para las reclusas que tengan a sus hijos viviendo con ellas en los centros penitenciarios del estado de Nuevo León, se evalúe la pertinencia de trasladarlos a otros que cuenten con condiciones de seguridad que garanticen la integridad de los menores de edad.

Notas

1 Información consignada en nota del periódico Milenio, versión on line, de fecha 10 de febrero de 2017, disponible en:

http://www.milenio.com/policia/masacre-penal-topo_chico- milenio-monterrey_0_900510071.html

2 Información consignada en nota periodística de Proceso on line, fecha: 24 de abril de 2017, disponible en:

http://www.proceso.com.mx/483674/reprimen-gas-pimienta-m otin-en-penal-topo-chico

3 Información consignada en la nota periodística de MVSNoticias On line, fecha 22 de febrero de 2012, disponible en:

http://www.mvsnoticias.com/#!/noticias/investigara-cndh- motin-y-masacre-en-penal-de-apodaca-nuevo-leon-571

4 Nota periodística de Aristegui Noticias, fecha 11 de octubre de 2017, disponible en: https://aristeguinoticias.com/1110/mexico/al-menos-16-muertos-en-motin- de-cadereyta-54-bajo-investigacion-pgje/

5 Nota consignada en Aristegui Noticias, fecha: 11 de junio de 2017, disponible para su consulta en:

https://aristeguinoticias.com/1110/mexico/pide-onu-a-nue vo-leon-investigar-motin-de-cadereyta-y-uso-de-la-fuerza/

6 Nota periodística diario.mx, fecha: 12 de octubre de 2017, disponible para su búsqueda en: http://diario.mx/Nacional/2017-10-12_1caf20a4/preocupa-a-cndh-desatenci on-de-nuevo-leon-a-penales-/

7 Información consignada la Jornada On Line, fecha: 13 de octubre de 2017, disponible en:

http://www.jornada.unam.mx/2017/10/13/estados/030n2est

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2017.

Diputados: Juan Carlos Ruiz García (rúbrica), Ximena Tamariz García, Carlos Alberto de la Fuente Flores, Pedro Garza Treviño, José Adrián González Navarro, Baltazar Martínez Montemayor, Alfredo Javier Rodríguez Dávila, Brenda Velázquez Valdez.

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Segob a solicitar a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que intervenga en las entidades afectadas por el sismo del 19 de septiembre, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, Cristina Ismene Gaytán Hernández, diputada en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 y 79 numeral 2 fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 19 de septiembre de 2017 se reportaron dos fuertes sismos que impactaron en las Entidades Federativas de Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Chiapas, Oaxaca, Puebla y Guerrero.

Como consecuencia de este fenómeno natural varias construcciones y edificios colapsaron, provocando que más de 300 personas perdieron la vida y muchas otras sufrieran lesiones. Asimismo, cientos de familias perdieron su vivienda y patrimonio a causa del temblor, restringiendo el goce de varios derechos humanos, incluyendo el de la alimentación, el agua y la vivienda.

Además de lo anterior, es importante señalar que durante el despliegue de los distintos elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno se han presentado señalamientos de tratos arbitrarios y de violaciones a los derechos humanos por parte de dichos elementos.

En lo que respecta a las condiciones que propiciaron que los edificios y construcciones que colapsaron a causa del temblor, no son pocos los señalamientos relacionados con que los permisos y condiciones de construcción no eran los adecuados para soportar un temblor de esta magnitud, lo cual incumple con los lineamientos establecidos a partir del temblor del 19 de septiembre de 1985 y que tenían como finalidad evitar una tragedia como la vivida hace 32 años. Esto abre la puerta para que autoridades y particulares involucrados en la autorización y construcción de dichas edificaciones puedan ser investigados por la vía penal y administrativa.

Debido a lo anterior, es de vital importancia que las víctimas de este suceso puedan tener acceso a las medidas de ayuda y de reparación contempladas en la Ley General de Víctimas. En este sentido, es importante que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas pueda atender de manera subsidiaria a las víctimas que habitan en las Entidades Federativas de Ciudad de México, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Puebla por los daños provocados a raíz del temblor del 19 de septiembre.

A este efecto, el presente Punto de Acuerdo tiene como finalidad solicitar al Secretario de Gobernación a que ejerza la facultad prevista en el artículo 88 bis fracción VI inciso c) de la Ley General de Víctimas, para que solicite a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que pueda ayudar, atender, asistir y en su caso cubrir una compensación subsidiaria a las víctimas del presente caso. El artículo en cuestión establece:

“Artículo 88 Bis. La Comisión Ejecutiva podrá ayudar, atender, asistir y, en su caso, cubrir una compensación subsidiaria en términos de esta Ley, en aquellos casos de víctimas de delitos del fuero común o de violaciones a derechos humanos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal en los siguientes supuestos: (...)

VI. Cuando la Comisión Ejecutiva, atendiendo a las características propias del hecho delictivo o violatorio de derechos humanos, así como a las circunstancias de ejecución o la relevancia social del mismo, así lo determine en los siguientes supuestos: (...)

c) A solicitud de la Secretaría de Gobernación, cuando el hecho constitutivo victimizante revista trascendencia nacional.”

Es importante señalar que la respuesta del Estado mexicano debe ser contundente y acorde con las necesidades de las víctimas de este terrible suceso y atender a las posibles violaciones a los derechos humanos cometidas por funcionarios públicos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación para que en el ejercicio de la facultad prevista en el artículo 88 Bis, fracción VI, inciso c) de la Ley General de Víctimas solicite a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que pueda ayudar, atender, asistir y en su caso cubrir una compensación subsidiaria a las víctimas que pudieran resultar de los delitos u omisiones de los servidores públicos, encargados de la autorización y supervisión de inmuebles, cuyos actos administrativos generaron pérdidas humanas y daños materiales, re victimizando a las personas en las entidades federativas de Ciudad de México, Chiapas, estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Puebla, a raíz de los sismos del 19 de septiembre.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2017.

Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profepa a realizar diligencias para inspeccionar la actividad de la empresa Endeavour Silver en El Cubo, Guanajuato, a cargo del diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra, del Grupo Parlamentario de Morena

Ángel Antonio Hernández de la Piedra, diputado integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición, con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En Guanajuato como en otros estados del país las mineras canadienses se han ocupado de explotar las minas provocando graves problemas ambientales y de convivencia en las comunidades circunvecinas. De acuerdo a un informe del Instituto Fraser, el 74% de las concesiones para exploración minera en México son canadienses.

Por otro lado el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina ha registrado que 17 mineras canadienses han dañado a comunidades mexicanas con usos y costumbres propios a su vez ha detectado 37 casos donde se reportan menoscabos a las comunidades originarias del territorio donde las mineras canadienses realizan su actividad.

Cabe señalar que las mineras canadienses Great Panther Silver y la Endeavour Silver, han explotado las viejas minas guanajuatenses y se les ha señalado en repetidas ocasiones de ocasionar problemas ecológicos, sociales, daños en las estructuras de viviendas y edificios, algunos de ellos considerados, inmuebles protegidos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), como los templos religiosos de La Luz y Mellado.

Debido a la explotación minera enormes presas de jales1 han estado creciendo, una de ellas en una cañada cercana al poblado de La Luz y otro sobre el barrio de Cata, aunque es evidente el daño ecológico las autoridades a las que pertenece la encomienda de vigilar la actividad minera no encuentran nada anormal.2

En la misma línea del presente ocurso se detalla que la minera canadiense Endeavour Silver, está provocando daños al medio ambiente y a la comunidad de El Cubo, al reactivar una presa de desechos que estaba en desuso.

Todo ello a pesar de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ya había determinado con antelación que se suspendiera su actividad, ya que se trata de un recinto de confinamiento de desechos denominados jales que estaba cerrada desde hace 12 años.

El vaso de jales se encuentra ubicado en una cañada encima de la comunidad El Cubo y se teme se llegue a desbordar, es por ello que los habitantes de la zona, aseguran que el túnel para desaguar puede colapsarse, pues fue construido para soportar determinada presión, lo que no se está respetando con el hecho de reactivar la presa.

Derivado de estos hechos la comunidad afectada presento una denuncia el pasado 29 de septiembre de 2016, sin embargo el delegado municipal la retiro bajo el argumento de que se buscaría conciliar con directivos de la empresa canadiense, lo que resulto siendo un engaño toda vez que se continuaron tirando desechos de la actividad minera.

La denuncia descrita en el párrafo anterior se interpuso a través de la asociación civil “Renacimiento del Mineral del Cubo Pueblo Mágico”, quien en febrero de este año ya presento otra queja ante Profepa.

A partir de los hechos acontecidos la asociación antes citada presento un escrito ante el vicepresidente de operaciones de la minera canadiense, pues no se ha cumplido con los trabajos para apoyar al poblado y resarcir los daños ambientales.

Uno de los habitantes de la comunidad de El Cubo, el cual responde al nombre de Miguel Ramírez, manifestó que la presa de lodos ha provocado el malestar de los vecinos del mineral, expreso que la gente se encuentra enojada porque la empresa canadiense causa más daños que beneficios a la comunidad ya que es muy poca la gente del pueblo que trabaja ahí.

Ramírez afirmo lo siguiente:

“Dañan los caminos, arrojan tepetate al río, dañan los veneros, el polvo se levanta cuando hay vientos, causa problemas de salud, lo más grave es lo de la presa de jales, si llega a colapsarse el túnel de desagua el problema sería grave, por eso se tiene que actuar”.3

La actividad de la empresa Endeavour Silver es sumamente notoria, pues se están realizando exploraciones con taladros de diamante, a lo que se suma el frecuente paso de camiones de volteo por los caminos y de camiones trasladando obreros, todo ello indica que la mina continua siendo rica, situación que no se refleja en el viejo pueblo minero, el cual está sumergido en la pobreza envuelta de diversos problemas de salud.

En morena no estamos en contra de las actividades productivas, sin embargo consideramos que el crecimiento económico debe realizarse en un margen de legalidad, donde la población mexicana cercana a los lugares donde se llevan a cabo actividades como la minera se vean activamente beneficiadas, para ello la industria citada debe adecuarse a nuevos sistemas de explotación que no dañen el medio ambiente ya que hacer caso omiso al marco jurídico ambiental trae severas consecuencias como la que se detalló en el presente libelo.

De acuerdo con diversos análisis explotar minas mexicanas a las empresas canadienses les resulta una actividad muy rentable, pues además de que el salario que se les paga a los obreros es menor al que se paga en Canadá, también la aplicación de la normatividad ambiental es bastante débil.

Por otro lado es oportuno señalar que la violación al marco jurídico aplicable al caso descrito transfiere aparejadas violaciones a derechos humanos, de los pobladores que han establecido su vida y sus costumbres cerca de sitios mineros, ya que el mal manejo de desechos derivados del giro detallado trae consigo problemas a la salud.

Es evidente hay una violación concreta al artículo 4 constitucional en su párrafo quinto el cual a la letra dice:

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

Aunado al incumplimiento del artículo 123 constitucional el cual manifiesta:

Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

Se incumple el numeral anterior, debido a la falta de empleos para los habitantes de las comunidades afectadas, ya que retomando sus expresiones, únicamente las personas que laboran en las minas son pocas, debido a que las empresas traen consigo a sus propios empleados.

Es importante que el desarrollo económico invada a todas las esferas de la población mexicana, con políticas de crecimiento. Es inadmisible que para hacer crecer la economía las ganancias se las lleven extranjeros a costa de dejar a la población mexicana en la pobreza y nuestro medio ambiente destrozado.

Se determina necesaria la participación de las autoridades encargadas de vigilar y regular esta actividad, el Congreso de la Unión debe hacer lo que este en el marco de sus facultades para eliminar la opacidad con la que operan las empresas mineras y coadyuvar para que esta actividad extraiga ingresos adecuados para la economía de nuestra nación.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de Guanajuato a examinar la situaciones de salud, laboral y medio ambiente en que se encuentran los habitantes de la comunidad de El Cubo ubicada el municipio identificado con el homónimo del Estado, determinando acciones para salvaguardar su integridad y desarrollo pleno.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para realizar las diligencias necesarias dentro de sus atribuciones a fin de inspeccionar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas de la empresa Endeavour Silver, en la comunidad citada en el numeral precedente.

Notas

1 Son uno de los sistemas para la disposición final de los residuos sólidos generados por el beneficio de minerales contemplados en el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Residuos Peligrosos.

2 http://zonafranca.mx/como-en-gran-parte-de-mexico-en-guanajuato-canadie nses-explotan-las-minas-locales/

3 http://www.sinembargo.mx/09-09-2017/3303950

Palacio Legislativo, a 17 de octubre de 2017.

Diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra

Con punto de acuerdo, relativo a intensificar las líneas de acción de la estrategia nacional de lactancia materna, y la difusión de información sobre los beneficios de esta práctica, a cargo de la diputada Melissa Torres Sandoval, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La que suscribe, Melissa Torres Sandoval, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza de la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con lo estimado por la Organización Mundial de la Salud, la lactancia materna resulta la forma ideal de aportar a los recién nacidos y menores de hasta 2 o más años de edad, los nutrientes necesarios para tener un crecimiento y desarrollo saludables.1

Ese organismo constata que la práctica exclusiva de la lactancia durante los primeros meses de vida colabora al desarrollo integral de los niños y a la preservación de la salud de las madres. En el caso de los menores de edad, los protege contra las infecciones gastrointestinales; el riesgo de muerte por diarrea y otras infecciones, reduciendo así la mortalidad neonatal.2

Además de ser una fuente importante de energía y nutrientes, la leche materna ayuda a reducir la tasas de obesidad y diabetes, al desarrollo cognitivo, y a fortalecer el sistema inmunológico de los menores de edad. Sin olvidar que brinda más de la mitad de las necesidades energéticas del niño entre los 6 y los 12 meses, y un tercio entre los 12 y los 24 meses.3

Para las madres, amamantar a los hijos contribuye a reducir el sangrado posparto; a recuperar el tamaño y la posición de útero; a la remineralización ósea después del parto; a la disminución de riesgo de padecer de ovario y de mama, etcétera.4

Para que los menores de edad reciban una lactancia materna óptima, las madres y las familias necesitan de la adopción de medidas que se traduzcan en apoyo de los servicios de salud, proporcionando asesoramiento sobre la alimentación del lactante y del niño pequeño.

Es necesario romper con una de las principales barreras que se enfrentan las madres de familia, lo que impide una práctica de lactancia materna exitosa y la falta de información y asesoría ante complicaciones en la lactancia o mala técnica al alimentar a los menores de edad.

México cuenta con una amplio marco normativo y una estrategia nacional que protege los derechos de las madres y los recién nacidos en cuanto a la lactancia materna. Sin embargo, en nuestro país el promedio de lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida del bebé es de 14.4 por ciento, lo que coloca al país en el último lugar de Latinoamérica en este rubro.5

Esa situación resulta notable si lo comparamos con otros países como Bolivia, China, Colombia, Brasil, Camboya, Guatemala y Kenia, que reciben leche materna como único alimento, ya que en esas naciones 60 por ciento de las madres amamantan a sus recién en la primera hora de haber nacido y alrededor de 45 por ciento es alimentado exclusivamente con leche materna antes de llegar a los seis meses de vida.6

La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica efectuada en 2104 arrojó cifras contundentes acerca de las razones por las que las madres decidieron no dar su leche a los hijos; las tres principales: “nunca tuvo leche”, con 33.4 por ciento, seguido de “el (la) niño(a) la rechazó”, con 25.9, y “estaba enferma”, con 12.4. Por último, 5 por ciento de las encuestadas argumentó que el médico le recomendó dar fórmula.7

Durante el periodo de lactancia se pueden presentar diversos problemas, los cuales se llegan a malinterpretar. En ocasiones, un amplio sector femenino argumenta no tener leche al principio de esta etapa, cuando tienen calostro o presentan lactogénesis retardada sin saberlo. Por otra parte, las dificultades en la succión del recién nacido por una mala postura o algún trastorno orofacial del neonato se puede tomar como un rechazo a la leche o al pecho. Si bien la recomendación de dar fórmula por parte de los médicos no es de las más mencionadas, sigue siendo necesaria la promoción de la práctica de la lactancia materna por parte de los prestadores de servicios de salud, con énfasis en su ingesta exclusiva durante los primeros 6 meses.

Como se observa en los datos que suministra la encuesta en comento, la mayoría de las mujeres, impulsadas por una mala información que derivó en una malinterpretación de su situación, decidió no dar leche materna a los recién nacidos.

Ante esta situación y para contrarrestar esta problemática, formulamos la presente propuesta, con la intención de proteger cabalmente los derechos de alimentación y salud de las niñas y niños, así como de las madres, la cual versa en la solicitud expresa y respetuosa a la Secretaría de Salud para que intensifique las líneas de acción de la estrategia nacional de lactancia materna, así como la difusión de información acerca de los beneficios de la lactancia materna.

Como dispone la Constitución en el artículo 4o.:

[...] Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará [...]

[...] Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución [...]

En Nueva Alianza estamos conscientes de la necesidad de integrar y desarrollar las acciones que se realizan en el país para proteger, promover y apoyar la práctica de la lactancia materna que brinde pleno desarrollo a los menores de edad en el país.

Por lo expuesto y fundado someto respetuosamente a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a intensificar en el ámbito de sus atribuciones las líneas de acción de la estrategia nacional de lactancia materna, así como la difusión de información acerca de los beneficios de esta práctica, a fin de incrementar el número de niñas y niños alimentados del seno materno desde su nacimiento y hasta los dos años de edad.

Notas

1 Lactancia materna. Organización Mundial de la Salud. Recuperado de http://www.who.int/topics/breastfeeding/es/

2 Alimentación del lactante y del niño pequeño, julio de 2017. Organización Mundial de la Salud. Recuperado de

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs342/es/

3 Ibídem.

4 Ibídem.

5 La lactancia materna puede salvar la vida a millones de niños y niñas y prevenir enfermedades graves: UNICEF, abril de 2017. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. México. Recuperado de

https://www.unicef.org/mexico/spanish/noticias_29440.htm

6 El estado mundial de la infancia de 2014 en cifras. Todos los niños y niñas cuentan. Revelando las disparidades para impulsar los derechos de la niñez, (enero de 2014), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. México (UNICEF) Recuperado de https://www.unicef.org/spanish/sowc2014/numbers/documents/spanish/SP-FI NAL%20Table%202.pdf

7 “Estadísticas a propósito de... la Semana Mundial de la Lactancia Materna (1 a 7 de agosto)”, Datos Nacionales (agosto de 2016). Instituto Nacional de Estadística y Geografía,

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/lac tancia2016_0.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2017.

Diputada Melissa Torres Sandoval (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a considerar como de restauración forestal la actividad de preaclareo y aclareo en predios forestales, a cargo de la diputada Laura Mitzi Barrientos Cano, del Grupo Parlamentario del PRI

Laura Mitzi Barrientos Cano, diputada federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numerales 1 y 2, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que la actividad de preaclareo y aclareo en predios forestales sea considerada como una actividad de restauración forestal. Actividad con amplios beneficios ecosistémicos, ya que promueve la ordenación, la protección, la conservación, la restauración y el aprovechamiento sustentables de todos los recursos naturales contenidos y servicios ambientales, respetando la integralidad funcional e interdependencia de recursos forestal, sin que merme la capacidad productiva de los ecosistemas y recursos existentes del mismo.

Consideraciones

1. Dentro de la política ambiental la restauración y mitigación de los daños provocados a los ecosistemas debe de ser atendida de forma responsable, donde las acciones a emprender contemplen acciones a corto, mediano y largo plazo, garantizando la continuidad biológica y evolutiva de las especies, donde estas, son un indicador de un ecosistema sano.

Si bien es cierto, existen estrategias para dar atención a esta problemática, instrumentos que, en materia forestal, no se han utilizado para combatir esta situación. La Comisión Nacional Forestal ha instrumentado estrategias al respecto, sin embargo, sus alcances son limitados, no contemplan acciones de fondo y sus instrumentos no son parte de una línea de política pública del sector en su conjunto.

2. La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en su artículo 126 establece que La Secretaría y la Comisión, escuchando la opinión de los Consejos y tomando en cuenta los requerimientos de recuperación en zonas degradadas y las condiciones socioeconómicas de los habitantes de las mismas, promoverán la elaboración y aplicación de programas e instrumentos económicos que se requieran para fomentar las labores de conservación y restauración de los recursos forestales y las cuencas hídricas.

De acuerdo al artículo 13, fracción XIX y XXXI de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, los gobiernos estatales tienen como atribuciones elaborar e instrumentar programas de reforestación y forestación en zonas degradadas que no sean competencia de la Federación, y promover acciones de protección y mantenimiento de las zonas reforestadas o forestadas, así como de emitir recomendaciones a la federación para el establecimiento de restricciones a la forestación y reforestación en su territorio.

Asimismo, el artículo 15, fracción XII de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece que los municipios deberán participar en la planeación y ejecución de la reforestación, forestación, restauración de suelos y conservación de los bienes y servicios ambientales forestales, dentro de su ámbito territorial de competencia y se coordinarán con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, entre otras, para la conservación de los bosques y la promoción de reforestaciones y de plantaciones agroforestales.

Conjuntamente el artículo 112 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, considera la necesidad de recuperar las áreas forestales bajo aprovechamiento y atribuye a las Unidades de Manejo Forestal la responsabilidad de planear y organizar las tareas de zonificación forestal, reforestación, restauración, prevención y combate de incendios, plagas y enfermedades forestales, así como de compatibilidad de usos agropecuarios con los forestales y de la producción de planta con fines de producción, protección, conservación y/o restauración a nivel predial.

3. Todo indica que, en la política forestal de México, el termino restauración significa “reforestar”, y es en los sitios que de manera natural o artificial se ha perdido la vegetación, y en muchos casos no se usan especies nativas, lo que provoca cierto grado de perturbación.

La Sociedad de Restauración Ecológica define a la restauración como “el proceso que intencionalmente altera un sitio para establecer un ecosistema determinado, “reproduciendo” la estructura, función, diversidad y dinámica específica.

Con fundamento en lo anterior, y entendiendo las políticas forestales de México, la restauración aplicada está fundamentada en la reconstrucción, al establecer plantaciones forestales con fines de reforestación. No obstante, dicha estrategia está resultando inadecuada, ya que el concepto se basa en una población y no en el ecosistema.

Igualmente, existe gran confusión en los términos plantación, reforestación y restauración, ya que se plantea restaurar solamente al reforestar, restableciendo la cubierta vegetal del ecosistema, aunado a que no se permite la regeneración natural de especies nativas, y en muchos casos se utilizan especies exóticas para la región, lo que impide un adecuado proceso evolutivo de ciertas especies de flora y fauna silvestre.

4. El objetivo principal de la restauración es la recuperación integral de un ecosistema que se encuentra parcial o totalmente degradado, en cuanto a su estructura vegetal, composición de especies, funcionalidad y autosuficiencia, hasta llevarlo a condiciones semejantes a las originales, tomando en cuenta que se trata de un ecosistema dinámico.

Todas las obras o estrategias encaminadas a la restauración del ecosistema deben partir del manejo integral de la biodiversidad considerando los procesos y funciones ecológicos iniciales.

5. Los aclareos y preaclareos tienen como objeto la ordenación, la protección, la conservación, la restauración y el aprovechamiento de los recursos y servicios ambientales de un ecosistema forestal, se considera los principios ecológicos, respetando la integralidad funcional e interdependencia de recursos y sin que merme la capacidad productiva de los ecosistemas y recursos existentes del mismo.

Los aclareos y preaclareos se pueden considerar como tratamientos silvícolas, ya que generan la acción de la remoción del arbolado o partes de él, las cuales tienen como finalidad mejorar y conducir el desarrollo de una unidad mínima de manejo hasta su madurez, así como crear las condiciones ecológicas para el establecimiento de una nueva, estable y saludable masa forestal, además de que se mejora la producción y rentabilidad (económica y social), sin deteriorar el recurso forestal en su conjunto, en conclusión se promueve un adecuado manejo forestal sustentable.

Los aclareos y preaclareos se realiza en rodales o predios donde se encuentra arbolado deformes, mal conformados, enfermos, plagados sobremaduros y/o algunos sanos con problemas de densidad derivado de una inadecuada o mal reforestación o forestación, donde los árboles son plantados sin seguir las recomendaciones y se plantan a una corta distancia. Es importante considerar que la distancia entre planta y planta dependerá del espaciamiento que la especie demande al ser adulta, tomando en cuenta que en sus etapas juveniles la plantación debe tener por lo menos el doble de densidad que cuando es adulta, se recomienda una densidad de 1,100 plantas por hectárea, y en algunos predios o rodales se encuentran hasta el doble de lo recomendado.

6. Existe una gran superficie forestal se encuentra en un abandono total sin un manejo adecuado del bosque, propiciando su deterioro por plagas y enfermedades forestales principalmente, causada por el envejecimiento del bosque denominado declinamiento forestal, así como diversos fenómenos meteorológicos entre ellos las heladas y sequías principalmente.

El potencial productivo y la importancia ecológica de estos recursos naturales son de un valor incalculable. Los beneficios económicos y ambientales que representan dichos recursos con el adecuado manejo sustentable, aseguran su existencia, permanecía y regeneración que es el factor más importante en la conservación de bosques, selvas y zonas áridas del estado. Cuando los árboles crecen altos y delgados, con un diámetro de entre 10 o 20 centímetros, es que están compitiendo por la luz, que llega sólo por arriba. Cuando las copas de los árboles están concentradas en la parte de arriba, y si escarbamos un poco el suelo (sotobosque) y encontramos tierra seca, entonces los árboles están compitiendo por agua. Cuando encontramos que las hojas de los árboles se tornan rojas o amarillentas, se caen sin razón aparente, y las copas se reducen, entonces hay competencia por agua y nutrientes del suelo, en cualquiera de estos casos requiere la aplicación de un preaclareo o aclareo.

7. Los preaclareos y aclareos es una actividad de restauración forestal y ecosistémica, ya que promueve al desarrollo del sotobosque por penetración de mayor luz solar al suelo; también favorece a la descomposición de la materia orgánica por el aumento de la temperatura del suelo. Se aumenta el nivel freático, debido a la disminución de la transpiración. Se reduce la mortalidad y presencia de enfermedades por la competencia. Los árboles alcanzan copas más largas pues las ramas bajas permanecen mayor tiempo, y también, las copas de los árboles se expanden para ocupar el campo de los árboles eliminados, lo que brinda mayor área de fotosíntesis. Los efectos del aclareo sobre el crecimiento del árbol individual, se pueden resumir en que se estimula el crecimiento en diámetro de los árboles al redistribuir el crecimiento futuro en pocos árboles, se obtiene un rodal con árboles más grandes.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que la actividad de preaclareo y aclareo en predios forestales sea considerada como una actividad de restauración forestal. Actividad con amplios beneficios ecosistémicos, ya que promueve la ordenación, la protección, la conservación, la restauración y el aprovechamiento sustentables de todos los recursos naturales contenidos y servicios ambientales, respetando la integralidad funcional e interdependencia de recursos forestal, sin que merme la capacidad productiva de los ecosistemas y recursos existentes del mismo.

Palacio del Poder Legislativo de San Lázaro, 17 de octubre de 2017.

Diputada Laura Mitzi Barrientos Cano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Presidencia de la República a informar a la opinión pública sobre el criterio aplicado para usar las aeronaves adscritas al EMP en presuntas actividades de tipo particular, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 70 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 6, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía, el presente punto de acuerdo con base en las siguientes:

Consideraciones

Parece ser que el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, es amante de los helicópteros. A él le gusta viajar en este medio de transporte para ir a sus actividades privadas, lo malo es que los helicópteros que usa son ajenos.

De acuerdo con la información y fotografías del periódico Reforma , Emilio Gamboa empleó un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana en el Campo Marte, acompañado de personal con equipo para jugar golf.

La secuencia fotográfica da cuenta del momento en que el senador priista se subía a la aeronave con matrícula XC-LNR, uno de los 11 helicópteros de la Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales, dependiente del Estado Mayor Presidencial.

“Antes de que la aeronave despegara, Gamboa conversó con uno de los pilotos de la Fuerza Aérea, mientras lo seguían sus dos acompañantes. En tanto, uno de sus colaboradores se acercó al transporte oficial con una bolsa de bastones de golf”, refiere la nota del periódico Reforma .

En el Campo Marte se realizaba una práctica del equipo femenil de tiro con arco, la cual se vio interrumpida por 20 minutos por el aterrizaje y despegue de dicho helicóptero.

Sin embargo, ésta no es la primera vez que Emilio Gamboa hace uso “indebido” de este tipo de transporte.

Cuestión de recordar. En el mes de octubre de 2016, Emilio Gamboa se vio involucrado en un escándalo luego de que el helicóptero en el que viajaba aterrizó en el parque nacional Arrecife Alacranes, en Yucatán.

En aquella ocasión, el senador priista y Guillermo Ruiz de Teresa, funcionario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, “fueron invitados a un paseo en helicóptero, y luego en yate, por el presidente de Grupo Dicas, Emilio Díaz Castellanos”, reportaron los medios de comunicación.

En aquella ocasión “Gamboa reconoció que había sido un error. En tanto, la Profepa sólo multó al piloto del helicóptero, al arrendador y al propietario de la embarcación”.

Cabe también recordar que en 2015, David Korenfeld renunció al cargo de director de la Comisión Nacional del Agua, luego de que en Semana Santa varias fotografías que circularon en redes sociales lo exhibieron utilizando un helicóptero de dicha dependencia, para fines personales, como transporte familiar.

En aquella ocasión Korenfeld también dijo: “Por eso manifesté mi sincera disculpa y la reitero a la sociedad. Como seres humanos siempre seremos susceptibles a equivocarnos, pero tenemos que tener la valentía de aceptarlo, pedir disculpas y aceptar las consecuencias”.

En el caso de Korenfeld, por esta acción, tuvo que presentar su renuncia a su cargo y además pagó de su bolsillo este uso indebido de un helicóptero oficial para fines personales.

En el caso del senador Emilio Gamboa, además de una disculpa que debe ofrecer a la sociedad mexicana, deberá asumir las consecuencias de este comportamiento inadecuado que violenta la ética parlamentaria a la que está obligado a apegarse o solicitar licencia en lo que se lleva una investigación a fondo por estos hechos.

Por lo anteriormente expuesto, se presenta esta proposición con

Puntos de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de Asuntos Jurídicos de la Presidencia de la República a que presente un informe puntual a la opinión pública sobre los criterios implementados para el uso de las aeronaves adscritas al Estado Mayor Presidencial y se sancione a quien haya dado la autorización de utilizar la aeronave para el traslado del legislador Emilio Gamboa Patrón a una actividad de carácter particular.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de la Función Pública a que inicie un procedimiento administrativo de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a efecto de investigar el posible desvío de recursos públicos en la utilización de la aeronave adscrita al Estado Mayor Presidencial en actividades de carácter particular en el traslado del legislador Emilio Gamboa Patrón.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión emite un extrañamiento al senador Emilio Gamboa Patrón por su participación en este tipo de situaciones que afectan la probidad e investidura como integrante del Poder Legislativo federal.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 17 de octubre de 2017.

Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Personas, según la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, Cristina Ismene Gaytán Hernández, diputada en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La desaparición forzada de personas es una grave violación a los derechos humanos y un crimen de lesa humanidad de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

A nivel regional y universal se han creado tratados internacionales específicos para prevenir esta conducta. En el año 2006, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó el primer documento internacional de carácter global que reconocía este fenómeno: la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Anteriormente, en el año 1994, fue aprobada la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas de la Organización de Estados Americanos. Asimismo, el Estatuto de la Corte Penal Internacional reconoció esta conducta como un crimen contra la humanidad.

De acuerdo con la Convención Internacional, se entiende por desaparición forzada de personas:

El arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.

Si bien la representación diplomática del Estado mexicano jugó un papel determinante en la discusión y aprobación de la Convención en el seno de las Naciones Unidas, presentó una reserva a los artículos 31 y 32 de la misma, relativos a la Competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para que conozca de comunicaciones individuales presentadas por las víctimas de este fenómeno. Dichos artículos establecen:

Artículo 31

1. Cada Estado Parte podrá declarar, en el momento de la ratificación o con posterioridad a ésta, que reconoce la competencia del Comité para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas que se encuentren bajo su jurisdicción o en nombre de ellas, que alegaren ser víctima de violaciones por este Estado Parte de las disposiciones de la presente Convención. El Comité no admitirá ninguna comunicación relativa a un Estado Parte que no haya hecho tal declaración.

2. El Comité declarará inadmisible cualquier comunicación si:

a ) Es anónima;

b ) Constituye un abuso del derecho a presentar tales comunicaciones o es incompatible con las disposiciones de la presente Convención;

c ) La misma cuestión está siendo tratada en otra instancia internacional de examen o arreglo de la misma naturaleza; o si

d ) Los recursos internos efectivos disponibles no han sido agotados. Esta regla no se aplica si los procedimientos de recurso exceden plazos razonables.

3. Si el Comité considera que la comunicación responde a las condiciones establecidas en el párrafo 2 del presente artículo, la transmitirá al Estado Parte interesado y le solicitará que le proporcione, en un plazo que habrá de fijar el Comité, sus observaciones y comentarios.

4. En cualquier momento, tras haber recibido una comunicación y antes de llegar a una decisión sobre el fondo, el Comité podrá dirigir al Estado Parte interesado, a los fines de su examen urgente, una solicitud de que adopte las medidas cautelares necesarias con miras a evitar posibles daños irreparables a la víctima o las víctimas de la supuesta violación. El ejercicio de esta facultad por el Comité no implica juicio alguno sobre la admisibilidad o sobre el fondo de la comunicación.

5. El Comité celebrará sus sesiones a puerta cerrada cuando examine las comunicaciones previstas en el presente artículo. El Comité informará al autor de la comunicación sobre las respuestas proporcionadas por el Estado Parte de que se trate. Cuando el Comité decida poner término al procedimiento, comunicará su dictamen al Estado Parte y al autor de la comunicación.

Artículo 32

Cada Estado Parte en la presente Convención podrá declarar en cualquier momento que reconoce la competencia del Comité para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte no cumple con las obligaciones que le impone la presente Convención. El Comité no admitirá ninguna comunicación relativa a un Estado Parte que no haya hecho tal declaración, ni una comunicación presentada por un Estado Parte que no haya hecho dicha declaración.

La urgencia por el reconocimiento de la competencia del Comité contra la desaparición forzada ha sido una recomendación reiterada por distintos organismos internacionales hacia el Estado mexicano durante los últimos años. En este sentido, el propio Comité contra la Desaparición Forzada en sus Observaciones Finales sobre el informe presentado por el Estado mexicano en el año 2015 señaló:

“14. El Comité alienta enérgicamente al Estado parte a reconocer la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones individuales e interestatales en virtud de los artículos 31 y 32 de la Convención con miras a reforzar el régimen de protección contra las desapariciones forzadas previsto en la misma.”1

Asimismo, en su visita a nuestro país en el año 2015, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos recomendó al Estado mexicano:

“9. Ratificación de instrumentos internacionales:

a) (...) reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada conforme a los artículos 31 y 32 de la Convención...”2

En este sentido, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación en su Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México:

“Si bien es preciso señalar que han existido algunos avances, como lo fue la reforma al 73 Constitucional y el proyecto de iniciativa presentado por el Ejecutivo Federal que posibilita la emisión de una Ley General sobre este tema, así como la elaboración de diversos protocolos, a la fecha los avances no son los esperados y los pendientes aún son muchos. En este sentido, es preciso adoptar, entre otras cosas, las siguientes medidas para la atención integral de esta problemática:

(...)

-La necesidad de que el Estado mexicano acepte la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir peticiones individuales...”3

De conformidad con datos del Registro Nacional para Personas Desaparecidas en México existen más de 30 mil personas de las cuales se desconoce su paradero.4 Reconocer la competencia del Comité sería una muestra de compromiso por parte del Estado mexicano hacia sus obligaciones internacionales y de solidaridad y de respeto a las exigencias de las víctimas y sus familiares.

Por todo lo anterior, el presente punto de acuerdo tiene como finalidad hacer un llamado al gobierno federal con la finalidad de que con fundamento en los artículos 31 y 32 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas se reconozca la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por las víctimas de esta terrible violación a los derechos humanos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente:

Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal, a efecto que, de conformidad con lo establecido en los artículos 31 y 32 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, declare el reconocimiento del Estado mexicano de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas que se encuentren bajo su jurisdicción o en nombre de ellas, que argumenten ser víctimas de violaciones por el Estado mexicano.

Notas

1 La desaparición forzada en México: Una mirada desde los organismos del sistema de Naciones Unidas . Disponible en:

http://www.hchr.org.mx/images/2015_DesapForz_CNDH_ONUDH_ WEB.pdf

2 Recomendaciones a México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, Resultado de su visita oficial al país en octubre de 2015. Disponible en:

http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/RecomendacionesMX_ AltoComisionadoDH_ES.pdf

3 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Informe Especial Sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México . Disponible en:

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales /InformeEspecial_20170406_Resumen.pdf

4 Informe Anual 2016. Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. Disponible en:

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-09-12-1/a ssets/documentos/Informe_Anual_RNPED_2016_FINAL.pdf

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro a 17 de octubre de 2017.

Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la difusión de las acciones tomadas por el gobierno de Puebla para atender la recomendación de la CNDH número 54/2016, a cargo del diputado Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Alejandro Armenta Mier, diputado de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta Soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo , bajo las siguientes:

Consideraciones

El 19 de agosto de 2014 a las 9:20 horas se presentó en el Centro de Salud de Xiloxochico una mujer de 21 años de edad con embarazo de 38 semanas, debido a que presentaba síntomas de trabajo de parto, por lo que fue referida al hospital general de Cuetzalan, ambos de la Secretaría de Salud del estado de Puebla.

Tras su arribo al hospital a las 13:22 horas, la paciente fue revisada, se le pidió que por sus propios medios se realizara un ultrasonido, lo realizó y regresó con él para que el médico lo revisara, éste le indicó que podía regresar a su domicilio ya que no presentaba suficiente dilatación, al día siguiente se presentó nuevamente en dos ocasiones, en ambas se le pidió que regresara después.

El 20 de agosto a 16:00 horas, la paciente se presentó por cuarta vez en el hospital, el médico que la revisó confirmó que se encontraba en trabajo de parto y se le ingreso para su atención, pocos minutos después nació su hija, pero no tuvo contacto con ella porque la llevaron rápidamente al área de recuperación porque ingirió meconio (primer desecho del recién nacido). Al día siguiente, 21 de agosto de 2014, a las 16:00 horas le informaron que la menor perdió la vida debido a un paro cardiaco.

El 3 de septiembre del 2014, y con motivo de una nota periodística publicada el 27 de agosto titulada “Madre acusa negligencia por muerte de su bebé en el hospital de Cuetzalan”, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos inició de oficio el expediente de queja CNDH/4/2014/5663/Q, solicitando información a la Secretaría de Salud del estado de Puebla, además se tuvo conocimiento de que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla inició el Expediente de Queja 1; por lo que la CNDH determinó ejercer la facultad de atracción del caso. La investigación realizada por la CNDH registró las siguientes irregularidades en la atención médica otorgada a la paciente en cuestión en el hospital de Cuetzalan:

Los médicos incurrieron en responsabilidad en el desempeño de sus funciones, de acuerdo a las acciones y omisiones que configuraron violaciones a los derechos a la salud de la paciente y a la vida de la recién nacida; en ese orden de ideas, los médicos involucrados en el caso incumplieron sus obligaciones de actuar con legalidad, honradez, lealtad, y eficiencia como servidores públicos, contenidas en el artículo 50, fracciones I, XXI y XXIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.

La CNDH también advirtió falta de cobertura de personal médico especializado en ginecología y obstetricia para atender las necesidades del nosocomio. Asimismo, de las constancias aportadas por la autoridad no se desprende el motivo por el cual se indicó la práctica de un ultrasonido obstétrico de carácter privado el 19 de agosto de 2014, a pesar de que el hospital gGeneral contaba con el servicio. Lo anterior permite acreditar una responsabilidad institucional que contraviene los estándares nacionales e internacionales en materia de salud, por lo que, teniendo en cuenta los elementos anteriormente plasmados, se considera, que se generó un gasto innecesario a la paciente con motivo de la realización del citado estudio, y al no contar con el personal capacitado para proveer la atención médica adecuada a la recién nacida, quien fue atendida por un médico residente no supervisado.

El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que toda persona tiene derecho a la protección de la salud; sobre el derecho a la protección de la salud, en relación con la protección de la salud reproductiva, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en su Recomendación General número 24 señaló que “el acceso a la atención la salud, incluida la salud reproductiva, es un derecho básico previsto en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”.

Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el derecho a la vida “consiste en el goce de la conservación de la existencia humana, la cual debe cumplir un ciclo natural que no puede ser suspendido o interrumpido por acciones y omisiones de agentes externos, ya que ello implicaría la privación de un derecho básico y esencial, de un valor superior en el conjunto de ordenamientos que protegen y regulan la esfera jurídica del ser humano”.

La Corte Interamericana ha sostenido que: “El derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos. De no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido [...] los Estados son responsables de regular y fiscalizar con carácter permanente la prestación de los servicios y la ejecución de los programas nacionales relativos al logro de una prestación de servicios de salud públicos de calidad, de tal manera que disuada cualquier amenaza al derecho a la vida y a la integridad física de las personas sometidas a tratamiento de salud”.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluye que la protección a la salud de la paciente se encontraba interconectada con la preservación y el adecuado desarrollo del producto hasta la conclusión de la gestación, es decir, en la medida en que fueran satisfechos con efectividad los derechos de la mujer embarazada al acceso al derecho a la salud, se garantizaría la viabilidad del producto. Es decir, las irregularidades en la atención médica otorgada a la paciente y en la resolución de su embarazo, por parte del personal adscrito al hospital general, permitieron que las complicaciones que presentaba el producto evolucionaran, reduciendo su expectativa de supervivencia una vez que se suscitó su nacimiento, derivando en la pérdida de la vida.

Por los hechos descritos la CNDH emitió las siguientes recomendaciones:

Primera. Se tomen las medidas para reparar el daño a los afectados con motivo de la responsabilidad en que incurrió el personal del hospital general, conforme a la Ley General de Víctimas y a la Ley de Protección a las Víctimas para el Estado de Puebla, que incluyan una compensación y rehabilitación con base en las consideraciones planteadas en esta Recomendación y se envíen a esta Comisión Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Segunda. Se otorgue atención médica de seguimiento, con oportunidad, calidad y calidez, para la paciente en el hospital general, dependiente de la Secretaría de Salud del gobierno del estado de Puebla, o en algún otro centro de atención médica perteneciente a la misma, así como atención psicológica, y, se envíen a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

Tercera. Se diseñen e impartan en clínicas, hospitales y centros de salud de la Jurisdicción Sanitaria 3, “Zacapoaxtla”, Puebla, dos cursos integrales de educación, formación y capacitación sobre los derechos humanos que el orden jurídico reconoce a las mujeres, niñas y niños, que garantice el trato digno y la calidad y calidez, especialmente a mujeres, niñas y niños, así como sobre la observancia de la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida. Dichos cursos deberán ser impartidos por personal especializado, con perspectiva de género, con énfasis en el trato humanizado hacia las mujeres para sensibilizar al personal de salud con el objetivo de evitar daños como los que dieron origen a este pronunciamiento, y se remitirán a esta Comisión Nacional las constancias con las que se acredite su cumplimiento.

Cuarta. Gire sus instrucciones a quien corresponda, para que se emita una circular dirigida al personal médico de la Jurisdicción Sanitaria 3, “Zacapoaxtla”, Puebla, en la que se le exhorte al personal médico, en los casos que así proceda, a entregar copia de la certificación y recertificación que tramiten ante los Consejos de Especialidades Médicas, con la finalidad de que se acredite tener la actualización, experiencia y conocimientos suficientes para mantener las habilidades necesarias que permitan brindar un servicio médico adecuado y profesional y se remitan las constancias que acrediten su cumplimiento.

Quinta. Se tomen las medidas necesarias para contar con la infraestructura necesaria y el personal especializado suficiente en el Área de Ginecología del hospital general.

Sexta. Se colabore ampliamente con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el trámite de la queja administrativa para iniciar procedimiento disciplinario ante la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla, en virtud de las consideraciones vertidas en esta Recomendación, remitiendo para tal efecto, las pruebas que le sean requeridas. Asimismo, se inicie una investigación administrativa en contra de quien conoció del presente caso en la Contraloría del Estado del Puebla, quien en su momento determinó: “no ha lugar a iniciar formal procedimiento de determinación de responsabilidad en contra del personal médico adscrito al hospital general”, lo anterior, para que se investigue si dicha resolución fue sustentada en una investigación suficiente y en su caso se finque la responsabilidad que corresponda.

Séptima. Se colabore ampliamente con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el trámite de la denuncia que se presente ante la Fiscalía General del Estado de Puebla, para que se realicen las investigaciones correspondientes por los hechos del presente caso.

Octava. Se inscriba a los afectados en el Registro Estatal de Víctimas de Puebla, a fin de que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos, y se remitan las constancias que acrediten su cumplimiento.

Por lo anteriormente expuesto, en términos de los preceptos legales invocados, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

Puntos de acuerdo

Primero. Se exhorta al gobierno del estado de Puebla a hacer públicas las acciones realizadas para atender la Recomendación 54/2014 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Segundo. Se solicita a la Secretaría de Salud del estado de Puebla hacer pública la información sobre la situación actual de equipamiento y la asignación de personal especializado en los hospitales y centros de salud adscritos a las distintas jurisdicciones en Puebla.

Dado en el Palacio Legislativo, a 17 de octubre del 2017.

Diputado Alejandro Armenta Mier (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a fortalecer las políticas de conservación, protección, trato digno y manejo de especies, poblaciones y hábitat de la vida silvestre, a cargo de la diputada Laura Mitzi Barrientos Cano, del Grupo Parlamentario del PRI

Laura Mitzi Barrientos Cano, diputada federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numerales 1 y 2, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Dirección General de Impacto y Riesgo a que solicite al promovente, que en los programas de restauración, en las acciones de protección de la fauna silvestre, cuente con la autorización o visto bueno por parte de la Dirección General de Vida Silvestre de la Semarnat, con el objeto de fortalecer el campo de aplicación de las acciones y garantizar que los trabajos se hagan acorde a las políticas de conservación, protección, trato digno y manejo de las especies, poblaciones y hábitat de la vida silvestre.

Consideraciones

1. El sector forestal en México ha tenido diversas etapas respecto del manejo y aprovechamiento de los recursos, donde las necesidades sociales han marcado las características que se viven en la actualidad, diseños legales y regulaciones que se deben de fortalecer, impulsando de forma responsable la forma de mitigar el daño ambiental provocado a los ecosistemas, acciones que deben centrarse en obras sostenibles que beneficien al ecosistema en general y no a uno en particular.

2. El daño ambiental es producto en su gran mayoría, de las actividades antropogénicas, destruimos hábitat, introducimos especies invasoras, contaminamos el agua, fomentamos al crecimiento urbano, sobreexplotamos a las especies y desarrollamos sistemas agropecuarios insostenibles.

El doctor Sarukhán Kermez menciona que no existe una fórmula para la conservación, sino que son varios los mecanismos aplicados para llevar a cabo la protección de la biodiversidad. El problema se agrava por falta de información de los ecosistemas nacionales, y de sus seres vivos que habitan en ellos, desde información elemental como su clasificación taxonómica, estudio genético y valor económico que brindan a la población. México tiene 10 sitios críticos con especies amenazadas, se pierden aproximadamente 484 mil hectáreas de área natural, cada año. En el país, existen 800 especies invasoras, 665 plantas, 77 peces, 2 anfibios, 8 reptiles, 30 aves y 6 mamíferos.

3. De acuerdo al análisis técnico realizado por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, en programas de manejo forestal estos proponen medidas de prevención, mitigación y/o compensación, dirigidas a los recursos agua, suelo, fauna, vegetación, etc., las cuales se basan en obras simples de remediación o restauración, al parecer, son sólo paliativos a los impactos reales que provocan en los ecosistemas.

La gran mayoría de los promoventes, proponen acciones o trabajos que no implican mayor esfuerzo ambiental, ya que estas obras las realizan durante sus jornales, sin considerar los beneficios a largo plazo que estos puedan tener en el ecosistema.

Por ejemplo, en la gran mayoría de estudio técnico-científico de la Manifestación de Impacto Ambiental, encontramos como trabajos de restauración las siguientes acciones de protección de la fauna silvestre:

• Establecer medida para ahuyentar la fauna silvestre presente en las zonas que estarán sujetas al aprovechamiento. En caso de ser necesario, se procederá a efectuar el rescate de las especies de lento desplazamiento.

• Identificación y descripción de las áreas de liberación

• Métodos de captura y liberación de la fauna.

• Reporte de las actividades y resultados obtenidos.

• Realizar en caso de ser necesario, el establecimiento y la construcción de sitios de anidación y refugio para fauna silvestre, mediante rocas amontonadas o dejando troncos huecos en pie y/o derribados aledaños a las zonas a intervenir.

4. El manejo de los ecosistemas debe ser de forma responsable y multidisciplinaria, acorde con la intensidad de la actividad humana y de la integridad del ecosistema a manejar, especialmente en escenarios, en los que las perturbaciones humanas o naturales han generado un cambio drástico en la cobertura del suelo, inhibiendo el proceso de regeneración.

Las estrategias existentes para dar atención a esta problemática, se están quedando cortas, sus alcances son limitados, no contemplan acciones de fondo y sus instrumentos no son parte de una línea de procuración en la conservación o restauración de los ecosistemas. Entre las obras que comúnmente proponen encontramos a la roturación del suelo para la regeneración y el desarrollo programas de reforestación.

5. Consideramos graves las medidas autorizadas por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, ya que no se hace con fundamentos éticos y científicos, se deja a libertad del promovente establecer medidas, entre las más graves consideramos que se encuentra el ahuyentar a la fauna silvestre presente en las zonas que estarán sujetas al aprovechamiento, esta acción provoca graves daños a ejemplares y poblaciones de fauna silvestre, ocasionando la desaparición o reducción de las áreas de distribución natural, dando como resultado que las poblaciones de especies silvestres disminuyan o simplemente desaparezcan. Se impediría el libre tránsito de los ejemplares a las áreas de alimentación, refugio y de reproducción, obstaculizando el flujo genético entre las poblaciones, poniendo en riesgo su continuidad a largo plazo. La simple presencia de personas y maquinaria involucradas en el proyecto, provoca perturbaciones y alteraciones a los ecosistemas y biodiversidad, debemos considerar que el manejo de algunos recursos forestales es a diez años, por lo tanto, encontramos 10 años de perturbación, sin programas efectivos de mitigación o restauración de la fauna silvestre, importante para el mantenimiento de los ecosistemas.

Asimismo, la captura y liberación de fauna silvestre debe realizarse de forma responsable y de gran ética (en forma sostenible), ésta, debe ser realizada por personal especializado en el manejo de fauna, y para su liberación, se deben conocer de forma específica los sitios, desarrollar estudios poblacionales, de capacidad de carga, hábitat, etc., fauna que por lo regular, se libera en la misma zona, la cual, regresa al mismo sitio, ya que allí esta su nicho, y de no regresar por encontrarse destruido o perturbado, migra a otros sitios, donde este puede ser presa de depredadores, morir por inanición, ser cazado o muerto por atropellamiento en alguna carretera.

Igualmente, el establecimiento y la construcción de sitios de anidación y refugio para fauna silvestre, debe hacerse mediante programas de condicionamiento, previo a estudios de campo para conocer los hábitos y densidades poblacionales de las especies.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, que solicite a los promoventes que en los programas de restauración presentados, en lo que se refiere a las acciones de manejo y protección de la fauna silvestre, se realice con base en lo establecido por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y cuente con la autorización por parte de la Dirección General de Vida Silvestre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el objeto de fortalecer el campo de aplicación de las acciones y garantizar que los trabajos se hagan acorde a las políticas de conservación, protección, trato digno y manejo de las especies de vida silvestre, a efecto de continuar con los procesos evolutivos de las especies y mediante el manejo del ecosistema en conjunto y lograr el desarrollo sostenible.

Palacio del Poder Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2017.

Diputada Laura Mitzi Barrientos Cano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a promover por la Sectur el turismo en Chiapas y Oaxaca, a cargo del diputado Joaquín Jesús Díaz Mena, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Joaquín Jesús Díaz Mena, diputado federal de la LXIII legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Históricamente los estados de Chiapas y Oaxaca han sido objeto de enorme apreciación por su riqueza cultural, inigualable belleza natural, así como por la calidez y atención de sus habitantes, lo que los ha convertido en algunos de los destinos preferidos de los turistas, tanto nacionales como extranjeros.

De acuerdo con información proporcionada por el Sistema Nacional de la Información Estadística del Sector Turismo de México –Datatur– de la Secretaría de Turismo el estado de Chiapas recibió, durante el año de 2015, un total de 4 millones 163 mil 125 turistas, de los cuales fueron 3 millones 773 mil 914 nacionales y 389 mil 211 extranjeros.

La misma Secretaría de Turismo informa que el estado de Oaxaca recibió durante el año 2015, un total de 3 millones 361 mil 83 turistas, de los cuales 3 millones 194 mil 626 fue turismo nacional y 166 mil 457 fue extranjero.

Consideraciones

El pasado jueves 7 de septiembre México sufrió el mayor sismo en su historia desde hace 85 años con una magnitud de 8.2 grados en la escala de Richter, el cual se inició a las 23:49 horas y tuvo como epicentro Tonalá, Chiapas. El saldo del mismo fue una aterradora tragedia, 98 personas muertas —78 en Oaxaca, 16 en Chiapas y 4 en Tabasco—, un sinnúmero de desaparecidas, además de la gran cantidad de pérdidas materiales.

De acuerdo a los informes del Poder Ejecutivo, los estados de Chiapas y Oaxaca son los que más afectaciones sufrieron: 300 mil damnificados -200 mil afectados en Chiapas y 100 mil en Oaxaca-, cuyas viviendas sufrieron daños totales o parciales.

En Oaxaca fue donde se presentaron mayores afectaciones a inmuebles, con al menos 57 mil, mientras que en Chiapas se contabilizan 53 mil 395 negocios y viviendas con daños.

De acuerdo a lo informado por el titular de la Secretaría de Educación Pública, en el resultado del censo de escuelas hay 1,072 escuelas afectadas están en Oaxaca y 1,606 en Chiapas. Del total 262 tuvieron daños graves -86 en Chiapas y 176 en Oaxaca-, por lo que su rehabilitación o reconstrucción podría tardar hasta ocho meses, informó la SEP. Con daños medios hay 1,445, y con afectaciones menores, 927.

Todos estos daños intensificaron de manera lamentable la ya de por sí terrible situación de pobreza extrema en que se encontraban muchas comunidades.

Es por ello, que es tan importante que se dé celeridad al proceso de reactivación de la economía; resulta urgente que el turismo se renueve en estas zonas y permita con ello, que las miríadas de personas afectadas vuelvan a tener un trabajo que les permita poco a poco salir de la tragedia en la que se encuentran sumidas.

Chiapas y Oaxaca requieren ayuda de manera urgente y expedita, un excelente apoyo es regresándole la vida al turismo de la región; las acciones que se realicen para su promoción en sus comunidades contribuirán de manera significativa a mejorar las precarias condiciones sociales y económicas que actualmente padecen sus habitantes y serán un factor determinante que les permita salir avante de la tragedia que les ha tocado sufrir.

Con base en lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Turismo para que se estimule y promueva la actividad turística en los estados de Chiapas y Oaxaca, a efecto de que se reactive su economía y pueda ayudar a superar las afectaciones sufridas a causa del sismo del pasado 7 de septiembre de 2017.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2017.

Diputado Joaquín Jesús Díaz Mena (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedatu a crear un diseño oficial de aseguramiento de viviendas y construcciones en México, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Diputada María Luisa Beltrán Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes

Considerandos

Primero. El último sismo que golpeó a la Ciudad de México, el 19 de septiembre del 2017, recordando el acaecido en la misma fecha, pero en 1985, evidenció lo que sucede en nuestro país: la ausencia de una cultura de la prevención en los ámbitos gubernamental y ciudadano.

Año con año nuestro país es abatido por huracanes, inundaciones y, muy de vez en cuando, sismos de intensidad importante que dejan millones de pérdidas de vidas humanas y patrimonios familiares.

En 1985, la magnitud del sismo fue de 8.1 grados Richter; el número de muertos, según datos oficiales, fue de 3,192 personas fallecidas, pero pudo haber alcanzado la cifra de 20,000; los daños alcanzados fueron de 8,000 millones de dólares, y las personas que se quedaron sin hogar fueron 250,000, mientras que 900,000 tuvieron que abandonar sus hogares.1

Un sismo de estas magnitudes sólo fue precedido por el ocurrido en 1957, de 7.7 grados en la escala Richter, cuyo saldo fue de 700 muertos y 2,500 heridos; al respecto, no existen datos fiables de los daños materiales.

El jueves 7 de septiembre del 2017 ocurrió un movimiento telúrico que golpeó la zona del Istmo de Tehuantepec, reportando 78 muertos en Oaxaca, 16 en Chiapas, y 4 en tabasco; las pérdidas económicas aún están valorándose, pero lo que trasciende es que 85 mil inmuebles fueron afectados y hubo más de 300 mil damnificados. Este sismo es el más fuerte a nivel mundial, desde el acaecido en Chile en 2015, de 8.2 grados.2

Apenas se estaba recuperando la Nación, de este golpe al sureste mexicano, cuando ocurrió un fuerte sismo, el 19 de septiembre del 2017, denominado el sismo de Morelos, que hasta la fecha lleva un recuento de 369 muertos y 7,289 heridos, distribuidos en la Ciudad de México, Puebla, Morelos, Estado de México, Oaxaca y Guerrero. Los daños materiales aún están por valorarse, pero lo impresionante es saber que, a pesar de las modificaciones a los reglamentos de análisis símico, fue evidente que sólo con corrupción pudieron pasarse por alto muchos requerimientos estructurales de diseño.3

Otros fenómenos de carácter natural que, como ya dijimos, golpea a nuestro país, son los huracanes, que conllevan inundaciones, pérdidas materiales al patrimonio particular y al patrimonio nacional.

México, siendo bioceánico, es visitado por depresiones y tormentas tropicales que, en muchos casos, se transforman en huracanes; tan sólo en 2017, 5 huracanes importantes tocaron tierra; pero, aun siendo tormentas o depresiones tropicales, éstas originan inundaciones y deslaves, por lo que hemos visto cómo se ha activado la alerta DNIII, por situaciones como ésta, en varios casos, cada año.4

Es importante señalar que, gracias al Ejército y la Marina mexicanos, la recuperación de nuestra Nación es más rápida, porque estas instituciones se hacen cargo frente a estas contingencias, en materia de protección civil, cuando estas últimas han sido rebasadas.

Segundo. No obstante estos datos alarmantes, no concuerda con la madurez del pueblo mexicano en cuanto a las estrategias de aseguramiento, como una manera de protección patrimonial. Tan sólo el 8.6 por ciento de las viviendas en nuestro país cuentan con un seguro de daños catastróficos; aun así, uno de cada 10 asegurados cubre, a su vez, contenidos, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).5

Cuando no se invierte en seguros, el ciudadano queda a merced de los posibles daños causados por un sismo, huracán o inundación, robos o accidentes, y la población tiene que conformarse con las indemnizaciones que ofrece el gobierno, que siempre serán, cuanto mucho, el valor catastral, si no es que nada.

Pero, sin duda, esta subvención o indemnización consiste, también, en socializar las pérdidas económicas del sector de la población en desgracia, cuando debería aprovecharse que sean las empresas de seguros las que adsorban una parte de las pérdidas y devuelvan la cantidad suficiente para una rápida reconstrucción, lo cual generaría un boom de empleos.

En países como Estados Unidos puede verse que, en cada una de las últimas tragedias derivadas de huracanes, las pérdidas son compartidas entre el gobierno, pero una parte mayoritaria la absorben las empresas aseguradoras ¿Cuál es el resultado? La reconstrucción y el regreso a la normalidad de la población. En este mismo país vecino, cuando sucede un siniestro la noticia es el impacto económico hacia las aseguradoras, mientras que en México se tiene que echar mano del apoyo de muchos sectores, para la reconstrucción.

Un dato importante es que, además del bajo porcentaje de aseguramiento de las viviendas, en México (8.6 por ciento), cubiertas por desastres naturales, sólo el 5 por ciento de las microempresas cubre sus propiedades y el 15 por ciento cubre las de empresas pequeñas. Es importante señalar que en las viviendas nuevas con crédito hipotecario, el seguro es para que el banco o la financiera recuperen su préstamo, no tanto para que haya una reconstrucción del patrimonio inmobiliario.5

Sin duda, la falta de prevención hace muy difícil una pronta recuperación de las pérdidas económicas, que puede generar un desastre natural en el patrimonio. Al respecto, consideremos que México está entre los países con mayor riesgo de terremotos en América Latina, y con mayor exposición a pérdidas no aseguradas.

Tercero. De acuerdo con información de expertos, en México se asegura más a un auto que a la propia vivienda, siendo el seguro de esta última el más económico, sin duda; esto, debido a que es más bajo, estadísticamente hablando, un siniestro catastrófico, que un accidente automovilístico; pero el impacto patrimonial, sin duda, no tiene comparación. El Estado, en las legislaciones de movilidad, establece claramente la obligatoriedad del aseguramiento vehicular, y algo similar deberíamos, como legisladores, establecer en los requisitos de construcción.

Los seguros de daños protegen al beneficiario frente a un siniestro, que puede ser un desastre natural o un incendio, en la reconstrucción total del valor total del inmueble, sin considerar el terreno; es posible proteger contenidos e incluso la responsabilidad civil en los que pueda caer un propietario, por alguna fuga, mascota o servidumbre, además de la adecuada asesoría legal, en caso necesario.

Los incendios y las explosiones son algo común en nuestro país, debido al sistema de distribución de gas; además, estamos expuestos a dos frentes oceánicos que, año con año, nos dejan la visita de huracanes de magnitud importante, y México está ubicado en una área fragmentada en varias placas tectónicas, cuyos movimientos cotidianos y acumulación de energía, al menos cada 10 años, generan un sismo catastrófico.

En nuestro país no se le ha dado, por parte del gobierno y la población, una debida importancia al aseguramiento por daños a causa de desastres naturales y accidentes a las construcciones, y eso propicia que, cada que ocurre un siniestro importante, las perdidas recaen principalmente en el gasto gubernamental, concretamente en el Fondem que, año con año, ha necesitado importantes incrementos; por ejemplo, según cifras de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), México tiene la cifra de 1.9 por ciento primas PIB, contra el 11.9 por ciento de Inglaterra, o el 8.0 por ciento de los Estados Unidos. Esto es contradictorio, debido a que México es la decimo cuarta economía del mundo, pero respecto a la participación de primas es el número 63.6

Cambiar la mentalidad hacia el seguro de daños para viviendas y construcciones debe ser algo prioritario para todos los habitantes, y una política central de gobierno que debe promover la introducción de esta forma de prevención hacia las pérdidas económicas debidas a los desastres naturales.

Cuarto. México debe transitar de ser un país limitado en seguros a un país con una amplia cultura en la contratación de este tipo de protecciones, con la finalidad de minimizar las pérdidas ante catástrofes que, sin duda, tarde que temprano sucederán. Y el gobierno debe ser artífice de ello. Es necesario impulsar una política de prevención, para que las pérdidas sean paulatinamente absorbidas por el sector privado, poco a poco sea menor el impacto a las finanzas públicas, y el apoyo o gasto gubernamental deje ser primario a ser secundario.

De transitar a esta cultura de la contratación de este tipo de protecciones, el mercado de seguros se beneficiaría de una economía más moderna y productiva, y también las economías serían más modernas y productivas a medida que cuenten con un mercado de seguros desarrollado.

Las políticas asistenciales del gobierno son un desincentivo para asegurarse en México, además de la costumbre de informalidad. Es importante que viviendas nuevas contengan un seguro exclusivo contra desastres naturales, y hacer posible que las viviendas existentes sean a sus propietarios un atractivo bajo este esquema de protección.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano diseñe y promueva la incorporación de la vivienda y construcciones, a nivel nacional, de un esquema de aseguramiento por daños catastróficos, según la zona donde se ubique el inmueble.

Segundo. La Honorable Cámara de Diputados exhorta, a través de sus órganos, a la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, a elaborar una propuesta global y nacional sobre las ventajas de implementar, a gran escala, un esquema de aseguramiento contra daños, por zonas específicas, con el objetivo de hacer frente a la siniestralidad en nuestro país.

Tercero. La Honorable Cámara de Diputados exhorta, de la manera más respetuosa, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), considere llevar a cabo una campaña informativa, a nivel nacional, sobre la importancia de los seguros contra daños catastróficos en viviendas y construcciones en lo general.

Referencias

1. Servicio Sismológico Nacional. 2015. Evocaciones del Sismo de 1985. Dirección General de Comunicación Social, UNAM. Recuperado de:

http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2015_543.html

2. Segob. 2017. DECLARATORIA de Emergencia Extraordinaria por la presencia de sismo magnitud 8.2, el día 7 de septiembre de 2017, para 118 municipios del Estado de Chiapas. Diario Oficial de la Federación. Recuperado de: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5497536&fecha=18/09/2017

3. 2017. Terremoto de Puebla del 2017. Wikipedia. Recuperado de:
https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Puebla_de_2017

4. Bravo, M. 2017. Hasta 5 Huracanes podrían golpear costas mexicanas este 2017: CONAGUA. Publimetro. Publicado el 25 de mayo del 2017. Recuperado de:

https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2017/05/25/pro nostica-conagua-27-ciclones-tropicales-2017.html

5. Hernández, L. 2017. Menos del 10% de las casas tienen seguro contra sismo. El Financiero. Publicado el 21 de septiembre del 2017. Recuperado de: http://m.elfinanciero.com.mx/economia/solo-el-de-las-viviendas-en-mexic o-estan-aseguradas.html

6. El financiero. 2014. Sector Asegurador representa 1.9% del PIB. Recuperado de: http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/sector-asegurador-representa-de l-pib-en-mexico.html

Dado en el Palacio Legislativo, a 17 de octubre de 2017.

Diputada María Luisa Beltrán Reyes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal a continuar la capacitación de los funcionarios que intervengan en el proceso de impartición de justicia y a realizar una campaña de información clara para la ciudadanía, a cargo del diputado Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Alejandro Armenta Mier, diputado de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

El 18 de junio de 2016 entró en vigor el Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA), un nuevo modelo que busca hacer más flexibles y transparentes los procesos, cuya característica principal son los juicios orales, además privilegia la transparencia, lo cual permitirá que la ciudadanía pueda denunciar cualquier irregularidad. Con lo que se pretende erradicar la corrupción.

En el sistema anterior, el proceso era en base a los expedientes, se iba armando un expediente en donde se recopilaban las pruebas, los testigos; al juez se le hacía un proyecto de sentencia, leía el expediente y, en base a eso, decidía si el imputado era culpable o inocente.

En cambio, en el nuevo sistema existe una metodología en base a audiencias, lo cual quiere decir que el juez no decide sobre un expediente, sino que decide sobre lo que le exponen las partes en una audiencia. El juez tiene que escuchar directamente a dos partes contrarias, escucha al Ministerio Público (MP), escucha a la defensa, y luego decide.

Las audiencias son públicas, en donde siempre tiene que estar el juez presente escuchando directamente a los testigos y a las partes. Además, son audiencias que se deben dar de forma continua. De ser posible, todas las pruebas se tienen que presentar en un mismo día, o bien, un día tras otro. Las pruebas se deben desahogar lo más rápido posible para que el juez tenga un panorama completo de lo que pasó.

El SJPA también establece mayor intervención y facultades a las policías del país debido a que la policía que hace la detención y puesta a disposición, será la misma que tendrá que aportar las pruebas en las audiencias de juicio oral que permitan al juzgador llevar a una sentencia condenatoria.

Uno de los objetivos de este nuevo sistema es tener opciones para que menos casos lleguen a juicio y los procesos se agilicen, lo que representará menores costos para el Estado y justicia pronta para los implicados. Para lo que se consideran las siguientes opciones:

Criterio de oportunidad: El MP puede no acusar al inculpado si éste repara el daño o la víctima manifiesta su falta de interés en dicha reparación. También puede desistir si el delito es de mínima afectación o si el inculpado colabora en la investigación de un hecho más grave.

Justicia Alternativa: Es el método para lograr un acuerdo entre las partes para reparar el daño, la alternativa no aplica cuando el acusado haya recurrido a un acuerdo en el pasado por la misma causa, o cuando se trate de un caso donde existe un interés público importante.

Suspensión Condicional del Proceso: La persona que por primera vez cometa un delito no grave podrá solicitar al juez de control que suspenda el juicio a cambio de aceptar su culpa, comprometerse a indemnizar por el daño causado y asumir las condiciones que le imponga el juez.

Proceso Abreviado: Cuando el inculpado acepta su responsabilidad para poder acelerar el juicio, y con ello puede recibir una pena menor a la que le corresponde, siempre y cuando sea solicitado por el Ministerio Público, no exista oposición de la víctima y el imputado renuncie al Juicio Oral.

La asociación civil México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), realizó un monitoreo sobre el SJPA, el cual refiere que jueces, ministerios públicos, defensores públicos y asesores jurídicos, no están lo suficientemente capacitados, dichas figuras incurren en prácticas inadecuadas en las audiencias de juicio oral, lo que repercute en la operación del nuevo modelo de impartición de justicia.

Estas prácticas inadecuadas vulneran los derechos tanto de las víctimas a un acceso adecuado a la justicia, y se pierden los derechos de presunción de inocencia; la asociación civil se declaró en favor de mayor capacitación para cada uno de los funcionarios participantes en el proceso.

A decir de los especialistas, las deficiencias del Nuevo Sistema de Justicia Penal se manifiestan en la falta de capacitación previa y ahora que ya se ha puesto en marcha, también de voluntad y recursos. Y es que, en los ocho años que transcurrieron desde su aprobación hasta su implementación, pocos comprendieron los detalles y trascendencia de su función en el nuevo esquema de impartición de justicia.

Uno de los grandes retos es que la población participe y vuelva a tener confianza en las instituciones, ya que también nos enfrentamos a la falta de denuncias.

Ante la opinión pública se ha generado determinada percepción, la cual ha derivado en múltiples pronunciamientos en contra del SJPA, en el sentido que resulta más favorable para los delincuentes que para las víctimas, e incluso lo perciben como una posible causa del incremento de la inseguridad, mermando su confianza en las instituciones.

Es importante que la ciudadanía conozca claramente el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, ya que en este sistema se respetan mejor los derechos humanos del imputado y de la víctima. En el caso del imputado, antes no se respetaba el derecho de presunción de inocencia, el derecho a ser juzgado en una audiencia imparcial y el derecho a tener un abogado defensor en el proceso y de tener la posibilidad de réplica. En el caso de la víctima, el nuevo sistema también respeta derechos que antes estaban olvidados, como el derecho a la reparación del daño, el derecho de protección y el derecho de participación en el proceso.

El Sistema de Justicia Penal Acusatorio, orienta sus beneficios a la víctima del hecho delictivo, nada es posible, sin la garantía de la reparación del daño, respecto a la cual la victima exprese su conformidad, con una adecuada representación legal y defensa de sus intereses por parte del Ministerio Público, que a la vez debe garantizar el pleno respeto a los Derechos Humanos del imputado.

En el SJPA, la denominación de Delitos No Graves, cambia por la de delitos que se persiguen por querella necesaria, por requisito equivalente de parte ofendida o que admiten perdón de la víctima o el ofendido; así como en los delitos culposos; y, en los delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas; así como los Delitos Graves, pasan a ser los que ameritan Prisión Preventiva Oficiosa, en los términos del Código Nacional de Procedimientos Penales.

A dieciséis meses de la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, se plantean muchos retos y hay distintas opiniones sobre su funcionamiento y sus resultados, la desinformación ha sido la constante; cuando el Estado implementa políticas y las ejecuta sin que exista un convencimiento de los particulares, se genera el rechazo de la sociedad.

Por lo anteriormente expuesto, en términos de los preceptos legales invocados, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, a continuar con capacitaciones a todos los funcionarios que intervengan en el proceso de impartición de justicia con el objetivo de mejorar los procesos.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, a realizar una campaña de información clara para que la ciudadanía conozca los beneficios del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Dado en el Palacio Legislativo, a 17 de octubre del 2017.

Diputado Alejandro Armenta Mier (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a prohibir la práctica de quemas en los ecosistemas de pastizal alpino y páramos de altura, a cargo de la diputada Laura Mitzi Barrientos Cano, del Grupo Parlamentario del PRI

Laura Mitzi Barrientos Cano, diputada federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numerales 1 y 2, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para prohibir la práctica de quemas en los ecosistemas de pastizal alpino y páramos de altura.

Consideraciones

1. Los ecosistemas de vegetación alpina en México se pueden referenciar a pastizales alpinos y a páramos de altura. En el caso del Parque Nacional Iztaccíhuatl Popocatépetl esta vegetación se ubica entre los 4 mil 400-4 mil 800 metros sobre el nivel del mar, donde predomina la pradera de alta montaña o zacatonal alpino compuesta por gramíneas de los géneros Agrositis, Bromus, Calamagrostis, Festuca y Muhlenbergia , mientras que en el piso de los 4 mil 800 – 5 mil 800 metros sobre el nivel del mar no hay cobertura vegetal, los glaciares son perennes (Challenger, 1998; Chávez y Trigo, 1996; Rzedowski, 2006; citados en García y Rodríguez Bustos, 2016).1

2. Los ecosistemas alpinos son ecosistemas compuestos principalmente por vegetación herbácea integrada por gramíneas, compuestas, leguminosas y apiáceas. De acuerdo a Almeida-Leñero et-al (2004)2 la vegetación tropo alpina denominada como zacatonal o pastizal alpino por Rzedowski (1978) es una comunidad clímax ubicada entre el límite superior del bosque de coníferas, compuesto por Pinus hartwegii , y la zona de desiertos periglaciares hacia la parte alta de las montañas. Se compone de comunidades herbáceas dominadas por gramíneas amacolladas que están sometidos a un drástico régimen estacional y diurno de temperaturas extremas, alta radiación ultravioleta, heladas y granizadas y una limitada disponibilidad de nutrientes por suelos jóvenes y de poco desarrollo, con mínima disponibilidad de nitrógeno y fósforo, daño una sensación de condiciones climáticas crio-xerófilas que inducen un desarrollo lento, tallas reducidas y arreglo en macollos, cojines o rosetas. Este ecosistema alpino tiene equivalentes ecológicos en diversas zonas de alta montaña en el mundo. Por ejemplo, en los Andes sudamericanos se les conoce como “páramo” o páramo de altura; pajonal tropoalpino en sus fases más húmedas y punas en las más secas; en Colombia reciben el nombre de “páramo” (Almeida-Leñero, op-cit.)

3. Almeida-Leñero (op-cit.), por sus investigaciones realizadas en volcanes de la faja neovolcánico como el Iztaccíhuatl-Popocatépetl, nevado de Toluca y la Malinche, entre otros, identifican una composición vegetal de 22 familias, 42 géneros y 61 especies de plantas vasculares, siendo las familiares más representativas Caryophyllaceae, Asteraceae, Brassicaceae, Poaceae, Apiaceae, Plantaginaceae; los géneros más comunes son Arenaria, Agrostis, Bromus, Calamagrostis, Draba, Festuca, Muhlenbergia, Plantago, Senecio y Trisetum y de las especies más representativas se citan a Arenaria brioides, Calamagrosits tolucensis, Draba jorullensis, D. nivicola, Senecio procumbens y Trisetum spicatum; se pueden sumar también a Festuca tolucensis, F. hephaestophila, F. livida, Muhlenbergia macroura y M. nigra, M. quadridentata y Plantago tolucensis , entre otras.

4. Estos sistemas vegetales alpinos, aunado al poco desarrollo de los suelos de esas zonas altas, principalmente regosoles y litosoles, tienen poca o nula estructura, se ubican en zonas de alta pendiente, mayor a 15º y un régimen de precipitación mayor a 1,200 milímetros, por lo que son vitales para la captación, retención e infiltración vertical de agua de lluvia para alimentar manantiales aguas abajo, o incluso acuíferos; asimismo, son importantes bancos de fijación de carbono en su estructura vegetal, raíces y en suelo; además las raíces de las plantas son los únicos retenedores de suelo, que pueden llegar a tener profundidades de 30 a 60 centímetros.

5. La práctica tradicional de la ganadería extensiva en el centro del país, ha migrado de las quemas periódicas de pastizal en las zonas de pastizal natural o bajo los bosques de coníferas y hojosas en las zonas templadas, hacia la zona alpina, poniendo en riesgo la estabilidad del ecosistema alpino, la estabilidad de los frágiles suelos ubicados arriba de las cotas mayores a los 3 mil 800, afectado en consecuencia a la capacidad de captación de agua de lluvia y potencial recarga del acuífero, iniciando procesos erosivos de formación de cárcavas arriba de cotas tan elevadas como los 3 mil 800 metros sobre el nivel del mar.

6. Almeida-Leñero (op cit. página 125) cita que las quemas periódicas en la zona alpina, aunado al sobrepastoreo da lugar a una mayor presencia de Lupinus mon tanus y Penstemon gentianoides , especies indicadoras de fuego, mientras que Eryngium proteiflorum es indicadora de sobrepastoreo.

7. En evaluaciones recientes de 2017 en zonas de incendio de la montaña del Nevado de Toluca, se han registrado temperaturas de suelo forestal quemado de hasta 74ºCelsius a 5 y 10 centímetros de profundidad, mientras la temperatura en suelo de bosque no quemado llega a ser de 13 y 9ºCelsius, respectivamente. Asimismo, la pérdida de materia orgánica en pastizal alpino, después de cinco meses del incendio pasa a 9.99 por ciento, mientras que en el pastizal alpino no quemado es de 24.83 por ciento; en el caso del suelo de bosque alpino pasa de 19.58 por ciento de M.O. el bosque no quemado a 10.9 por ciento en el bosque quemado. De igual forma, la concentración de fósforo se reduce de manera importante, al pasar de 101.3 partes por millón en pastizal alpino no quemado a 43.96 partes por millón en el quemado; en el caso del bosque alpino de P. hartwegii pasa de 80.32 a 45.6 partes por millón del no quemado al quemado. De igual forma, la desecación del suelo por efecto del incendio genera grietas que en época de lluvias provocan el escurrimiento del agua de lluvia a través de estas grietas, desprendiendo bancales completos de zacatón, con todo y raíz, dando lugar a un crecimiento de cárcavas y una escorrentía superficial, en lugar de una infiltración vertical (López Cano, et-al, 2017).3

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a las dependencias en cada entidad federativa y de la Ciudad de México para prohibir la práctica de quemas en los ecosistemas de pastizal alpino y páramos de altura y donde los suelos están muy poco desarrollados, no se aplique ningún método de quemas o incendios, ya sea con fines de ganadería y pastoreo, toda vez que se genera un fuerte impacto ambiental hacia las mismas comunidades vegetales, así como a la función ecológica de recarga vertical del acuífero, y elevada generación de gases de efecto invernadero, generando fuertes pasivos ambientales.

Segundo . Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales excluir a estas zonas de la autorización de la aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA-2007, que establece las especificaciones técnicas de métodos de uso del fuego en los terrenos forestales y en los terrenos de uso agropecuario

Tercero . Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y a los gobiernos de las entidades federativas, de la Ciudad de México y los gobiernos municipales coadyuvar con el Gobierno Federal, a emprender las acciones correspondientes para la preservación, restauración y conservación del medio ambiente y el equilibrio ecológico particularmente en áreas naturales protegidas bajo cualquiera de las categorías establecidas por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Notas

1 García, Leopoldo y Rodríguez-bustos, Laura. 2016. Causas locales de la transformación del paisaje en una región montana del centro de México. Acta Universitaria. 26(6) noviembre-diciembre, 83-94 páginas.

2 Almeida-Leñero, L; Giménez de Azcárate, J.; Cleef, A. M.; González Trápaga, A. 2004. Las comunidades vegetales del zacatonal alpino de los volcanes Popocatépetl y Nevado de Toluca, Región Central de México. Phytocoenologia. Berlin. 34(1):91-132 páginas.

3 López Cano, Rubén; González Castorena, M.G.; Benítez López, D. 2017. Análisis de los incendios 2017 en la zona alpina del Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca, y su relación con la Ganadería Extensiva. Segundo foro de Ganadería Sustentable en territorios de Montaña. CONANP-ICAR-GIZ

Palacio del Poder Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2017.

Diputada Laura Mitzi Barrientos Cano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a elaborar con prontitud por la SEP, la STPS, la SCT y el Inapam programas para fortalecer y difundir las valiosas aportaciones de los adultos mayores al desarrollo social, a cargo de la diputada Gabriela Ramírez Ramos, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Gabriela Ramírez Ramos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Educación Pública; la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, elaboren con prontitud programas para fortalecer y difundir las valiosas aportaciones de las personas adultas mayores al desarrollo de la sociedad, mediante su experiencia, sabiduría, compromiso y productividad a la vida laboral nacional, así como la concientización del respeto y aprecio por los derechos humanos de este sector de la población, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

“Los árboles más viejos dan los frutos más dulces.”

Proverbio alemán

I. La Organización de los Estados Americanos (OEA), de la que México es integrante, el 15 de junio de 2015, en Washington, D.C., Estados Unidos de América, celebró su Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores 1 , en la que en su preámbulo estableció:

“Que la persona mayor tiene los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas, y que estos derechos, incluido el de no verse sometida a discriminación fundada en la edad ni a ningún tipo de violencia, dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano.

Por ello, reconocieron que la persona, a medida que envejece, debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa en las esferas económica, social, cultural y política de sus sociedades; además de reconocer la necesidad de abordar los asuntos de la vejez y el envejecimiento desde una perspectiva de derechos humanos que reconoce las valiosas contribuciones actuales y potenciales de la persona mayor al bienestar común , a la identidad cultural, a la diversidad de sus comunidades, al desarrollo humano, social y económico y a la erradicación de la pobreza.

Para erradicar dicha discriminación, la convención en comento, establece dentro de su declaración en el artículo 18, de manera textual lo siguiente:

“Artículo 18.

La persona mayor tiene derecho al trabajo digno y decente y a la igualdad de oportunidades y de trato respecto de los otros trabajadores, sea cual fuere su edad.

Los estados parte adoptarán medidas para impedir la discriminación laboral de la persona mayor. Queda prohibida cualquier distinción que no se base en las exigencias propias de la naturaleza del cargo, de conformidad con la legislación nacional y en forma apropiada a las condiciones locales.

El empleo o la ocupación debe contar con las mismas garantías, beneficios, derechos laborales y sindicales, y ser remunerado por el mismo salario aplicable a todos los trabajadores frente a iguales tareas y responsabilidades.

Los estados parte adoptarán las medidas legislativas, administrativas o de otra índole para promover el empleo formal de la persona mayor y regular las distintas formas de autoempleo y el empleo doméstico, con miras a prevenir abusos y garantizar una adecuada cobertura social y el reconocimiento del trabajo no remunerado.”

Finalmente, en este apartado de la convención en su artículo 32, señala que los estados parte acuerdan, entre otras cuestiones: Fomentar una actitud positiva hacia la vejez y un trato digno, respetuoso y considerado hacia la persona mayor y, sobre la base de una cultura de paz, impulsar acciones de divulgación, promoción de los derechos y empoderamiento de la persona mayor, así como evitar el lenguaje e imágenes estereotipadas sobre la vejez; y, promover el reconocimiento de la experiencia, la sabiduría, la productividad y la contribución al desarrollo que la persona mayor brinda a la sociedad en su conjunto.

II. En ese sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en el primer párrafo del artículo 1o., lo siguiente:

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte , así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.”

En esa tesitura, es claro que el gobierno mexicano, tiene el deber de velar por el cumplimiento de los derechos humanos, tanto los que establece nuestra Carta Magna, como los que se encuentran estipulados en los tratados internacionales, de los que México forme parte.

III. Además, nuestra Carta Magna en sus artículos 1o. y 5o. en cuanto a la discriminación laboral por motivo de la edad establece lo siguiente:

“Artículo 1o. ...

(...)

(...)

(...)

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad , las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

En esa tesitura, el artículo 5o., párrafo primero de la Constitución, señala a la letra:

“Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos...”

De manera, que a todas luces podemos observar que los artículos 1o. y 5o. de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen sin lugar a dudas, primero, que ninguna persona puede ser discriminada por causa de la edad; y, segundo, que toda persona tiene derecho al trabajo digno; y, por lo tanto a nadie se le podrá impedir que trabaje lícitamente si se encuentra calificado para ello. De manera que, está claro que la edad por sí sola no es un impedimento para desempeñar un trabajo.

IV. Al respecto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 2, señala que:

Al igual que las demás personas, los adultos mayores tienen todos los derechos que se encuentran reconocidos tanto en nuestra Constitución Política y los ordenamientos jurídicos que de ella se derivan, como en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En especial, menciona entre otras cuestiones que las personas adultas mayores tienen derecho a:

• No ser discriminadas en razón de su edad, por lo que la observancia de sus derechos se hará sin distinción alguna.

• Gozar de las oportunidades que faciliten el ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad.

• Recibir el apoyo de las instituciones creadas para su atención en lo relativo al ejercicio y respeto de sus derechos; y,

• Contar con un trabajo mediante la obtención de oportunidades igualitarias para su acceso, siempre que sus cualidades y capacidades las califiquen para su desempeño.”

V. La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores , publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio de 2002, señala en su artículo 5o., lo siguiente:

“Artículo 5o. (...) esta ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos:

(I. a la IV.)

V. Del trabajo:

A gozar de igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo o de otras opciones que les permitan un ingreso propio y desempeñarse en forma productiva tanto tiempo como lo deseen, así como a recibir protección de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de otros ordenamientos de carácter laboral.”

Así también, el artículo 10 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en comento, señala que los objetivos de la Política Nacional sobre las Personas Adultas Mayores deberán entre otras: garantizar a las personas adultas mayores el pleno ejercicio de sus derechos y garantizar la igualdad de oportunidades y una vida digna, promoviendo la defensa y representación de sus intereses.

En ese sentido, la ley en comento, también establece las atribuciones de las secretarías del gobierno federal en materia de personas adultas mayores, dentro de las que en esta ocasión me gustaría resaltar algunas que tiene la Secretaría de Educación; la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y que a continuación cito de manera textual:

“Artículo 17 . Corresponde a la Secretaría de Educación Pública, garantizar a las personas adultas mayores:

I. y II. (...)

III. En los planes y programas de estudio de todos los niveles educativos, la incorporación de contenidos sobre el proceso de envejecimiento y la inducción de una cultura de respeto a los derechos humanos fundamentales de las personas adultas mayores;

IV. a VII . Derogadas.

VIII. Fomentar entre toda la población una cultura de la vejez, de respeto, aprecio y reconocimiento a la capacidad de aportación de las personas adultas mayores.”

“Artículo 19. Corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social , garantizar en beneficio de las personas adultas mayores:

I. La implementación de los programas necesarios a efecto de promover empleos y trabajos remuneradores así como actividades lucrativas o voluntarias, conforme a su oficio, habilidad o profesión, sin más restricción que su limitación física o mental declarada por la autoridad médica o legal competente;

II. a la VII. (...)”

“Artículo 20. Corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes , garantizar:

I. a IV. (...)

V. El establecimiento de convenios de colaboración con las instituciones públicas y privadas dedicadas a la comunicación masiva, para la difusión de una cultura de aprecio y respeto hacia las personas adultas mayores .”

En esta tesitura, y aunque se ha establecido el deber de hacer programas e incluso en algunos casos hacer convenios de colaboración entre las dependencias del gobierno federal, con instituciones y organismos públicos, sociales y privados, a efecto de llevar a cabo acciones en beneficio de las personas adultas mayores, ya sea en lo colectivo o en lo individual, sí puedo decir con certeza que falta aún mucho por hacer y dar seguimiento, puesto que estimo que no sólo debe quedar en un cúmulo de acciones específicas en un tiempo determinado, sino ampliar la gama de posibilidades y oportunidades que se efectúen de manera ininterrumpida para mejorar las condiciones de vida de nuestros adultos mayores.

Además, paralelo a las atribuciones y responsabilidades que la ley de la materia le encomienda a las dependencias del gobierno federal, y para que se puedan alcanzar los propósitos establecidos en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, se creó el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), como un organismo público descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión; mismo que el artículo 25, de la ley aquí citada, señala:

“Artículo 25. Este organismo público es rector de la política nacional a favor de las personas adultas mayores, teniendo por objeto general coordinar, promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones públicas, estrategias y programas que se deriven de ella, de conformidad con los principios, objetivos y disposiciones contenidas en la presente ley.

El instituto procurará el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores, entendiéndose por éste, el proceso tendiente a brindar a este sector de la población, empleo u ocupación, retribuciones justas, asistencia y las oportunidades necesarias para alcanzar niveles de bienestar y alta calidad de vida, orientado a reducir las desigualdades extremas y las inequidades de género, que aseguren sus necesidades básicas y desarrollen su capacidad e iniciativas en un entorno social incluyente.”

En ese sentido, al Inapam se le dotó de atribuciones para la consecución de sus propósitos, mismas que se encuentran señaladas en el artículo 28 de la ley referida en este apartado y de las cuales a continuación me permito señalar sólo algunas:

“Artículo 28. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores tendrá las siguientes atribuciones:

I. a IV. (...)

V. Establecer principios, criterios, indicadores y normas para el análisis y evaluación de las políticas dirigidas a las personas adultas mayores, así como para jerarquizar y orientar sobre las prioridades, objetivos y metas en la materia, a efecto de atenderlas mediante los programas impulsados por las dependencias y entidades de la administración pública federal, por los estados y municipios y por los sectores privado y social, de conformidad con sus respectivas atribuciones y ámbitos de competencia;

VI. Convocar a las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatales y municipales dedicadas a la atención de las personas adultas mayores, así como a las instituciones de educación, investigación superior, académicos, especialistas y cualquier persona interesada en la vejez, a efecto de que formulen propuestas y opiniones respecto de las políticas, programas y acciones de atención para ser consideradas en la formulación de la política social del país en la materia y en el programa de trabajo del instituto;

VII. Diseñar, establecer, verificar y evaluar directrices, estrategias, programas, proyectos y acciones en beneficio de las personas adultas mayores ;

VIII. (...)

IX. Elaborar y difundir campañas de comunicación para contribuir al fortalecimiento de los valores referidos a la solidaridad intergeneracional y el apoyo familiar en la vejez, revalorizar los aportes de las personas adultas mayores en los ámbitos social, económico, laboral y familiar, así como promover la protección de los derechos de las personas adultas mayores y el reconocimiento a su experiencia y capacidades;”

No obstante lo anterior, de nueva cuenta se palpa que lamentablemente hay muy buenas intenciones para trabajar a fin de crear mejores condiciones para las personas adultas mayores; sin embargo, observamos que éstas son insuficientes ante lo hechos que hablan por sí solos, donde vemos que los adultos mayores y aún peor las personas más jóvenes no cuentan con las oportunidades que les permitan cubrir sus necesidades básicas al no poder acceder a trabajos dignos, sencillamente porque no cuentan con veinte años; además, vemos a todas luces que no hay una verdadera campaña que fomente la cultura del respeto y aprecio al adulto mayor. Por ello, es necesario que las instituciones y dependencias del gobierno federal, con todo y su cúmulo de atribuciones y responsabilidades, trabajen coordinadamente hasta lograr alcanzar el bien común para este sector y no sólo para cumplir con un programa en específico que emprendan.

VI. Así también la Ley Federal del Trabajo (LFT), en su artículo 2o., en su párrafo segundo señala lo siguiente:

“Artículo 2o . (...)

Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil...”

Además, en el artículo 3o. de la ley referida en este apartado, establece de manera textual:

“Artículo 3o. El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es artículo de comercio.

No podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana.

(...)”

VII. En esa tesitura, es importante señalar que dentro de la proyección de principios de doctrina3 del Partido Acción Nacional, se establece que nuestro partido centra su pensamiento y acción en la primacía de la persona humana, protagonista principal y destinatario definitivo de la acción política. Por ello, menciona que toda forma de discriminación o desigualdad de oportunidades por razones de sexo, edad, capacidad física, etnia, religión, convicción, condición económica o cualquier otra, debe ser rechazada, corregida y en su caso sancionada.

Sin embargo, en México no necesariamente necesitas ser adulto mayor para ser discriminado, en muchos de los trabajos con el sólo hecho de rebasar los 35 años ya puede resultar una condición para ser discriminado laboralmente.

Sé sin duda que falta mucho por hacer, y por eso hoy como legisladora pretendo desde mi trinchera fortalecer estos puntos de los que he hablado, para así cumplir con mi objetivo de beneficiar a los sectores más desprotegidos, en esta oportunidad a favor no sólo de las personas adultas mayores, sino de aquellos que por no seguir teniendo veinte años, se les niegan oportunidades laborales que les permitan progresar y contar con las condiciones que les permitan alcanzar su bienestar personal y familiar.

Por lo antes expuesto es que someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en conjunto con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, elaboren con prontitud campañas de difusión en los medios de comunicación para promover la concientización, respeto y protección de los derechos de las personas adultas mayores y el reconocimiento a sus valiosas aportaciones a la vida laboral nacional, y por ende al desarrollo de la sociedad, mediante su experiencia, capacidades, sabiduría, compromiso y productividad.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública a implementar en los planes y programas de estudio de todos los niveles educativos, la cultura del respeto a los derechos humanos de las personas adultas mayores; así como el reconocimiento a sus valiosas aportaciones a la vida laboral nacional y por ende al desarrollo de la sociedad, mediante su experiencia, capacidades, sabiduría, compromiso y productividad.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a reforzar, en beneficio de las personas adultas mayores, la implementación de los programas necesarios a efecto de promover empleos y trabajos remunerados así como actividades lucrativas o voluntarias, conforme a su oficio, habilidad o profesión, sin más restricción que su limitación física o mental declarada por la autoridad médica o legal competente.

Notas

1http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/
tratados_multilaterales_interamericanos_A-70_derechos_humanos_personas_mayores.pdf

2 www.cndh.org.mx/Derecho_Adultos_Mayores

3 https://www.pan.org.mx/wp-content/uploads/2013/04/Principios-de-doctrin a-2002.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2017.

Diputada Gabriela Ramírez Ramos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a diseñar e implantar un programa especial de atención urgente y prioritario para pescadores y comunidades del alto golfo de California afectados por los decretos de veda publicados en el DOF el 30 de junio de 2017, a cargo de la diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, diputada federal de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 6, numeral 1, fracción I; 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El 30 de junio de 2017 la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dos acuerdos que tienen por objeto reforzar el aprovechamiento sustentable de los recursos de la flora y fauna acuáticas en el Norte del Golfo de California.

El primero de estos acuerdos amplió (por tercera ocasión) la vigencia de la prohibición de la pesca comercial mediante el uso de redes de enmalle, cimbras y/o palangres, operadas con embarcaciones menores, la cual se encuentra vigente desde el 10 de abril de 2015. El segundo acuerdo prohibió de forma permanente para las embarcaciones menores el uso de las denominadas redes de enmalle –incluyendo las denominadas agalleras– para la realización de actividades de pesca. Asimismo, estableció sitios de desembarque y el uso de sistemas de monitoreo para este tipo de embarcaciones.

La publicación de estos acuerdos da cuenta del compromiso del Gobierno de la República con la protección de los ecosistemas marinos de nuestro país, sin embargo, su entrada en vigor también impone nuevos retos para asegurar la supervivencia económica de los pescadores de la región del Alto Golfo de California.

Los tres asentamientos urbanos en la zona de la biósfera del Alto Gofo de California son San Felipe, El Golfo de Santa Clara y Puerto Peñasco.

La población que habita en estas zonas se calcula en 69,700 habitantes, misma que se distribuye en 210 localidades, de las cuales 207 son rurales. Del total de habitantes, aproximadamente 2 mil 699 son pescadores y permisionarios que forman parte de la cadena productiva.i

Hoy en día, Baja California es uno de los principales estados pesqueros.ii Se estima que el valor anual de la captura pesquera del Alto Golfo ronda los 72.4 millones de pesos, lo que lo convierte en una de las zonas pesqueras más productivas de México.iii Con la puesta en marcha de la veda desde 2015, se calcula que se ha afectado a casi mil 300 familias que dependen de esta actividad.

Como era de esperarse, los acuerdos publicados en el DOF el 30 de junio pasado han causado una gran irritación en los pescadores de esta región, pues nuevamente se les está prohibiendo salir a ganarse el pan de cada día y utilizar las artes de pesca que les permiten capturar un mayor número de peces.

El que México se tome en serio la protección del medio ambiente es una cuestión digna de celebrarse. Desafortunadamente, como diversos especialistas han advertido, en nuestro país generalmente no se evalúan los aspectos sociales y económicos derivados del diseño y ejecución de las políticas regulatorias o restrictivas.iv Y es que, si bien las medidas de protección al ambiente buscan un beneficio para la Nación, lo cierto es que estas decisiones tienen un impacto en las comunidades en donde son aplicadas, sobre todo para las personas que se emplean en las actividades económicas que son sometidas a las nuevas políticas de control y restricción en pos del cuidado del ambiente. De ahí la importancia de conocer a fondo las externalidades negativas de las políticas medioambientales, a efecto de complementarlas con otras acciones que permitan aminorar sus daños colaterales.

En ese sentido, es indispensable que las limitaciones para la actividad pesquera en el Alto Golfo de California, vengan acompañadas de políticas públicas que compensen económicamente a los pescadores de la región y generen verdaderas alternativas de empleo e ingreso digno, apoyando a la actividad pesquera, pero también procurando diversificar la creación de empleos, explorando opciones como el turismo, la acuicultura y la agricultura, entre otras actividades productivas que tienen un importante potencial para beneficiar económicamente a los pescadores.

La que suscribe el presente documento ha asumido como una prioridad la atención de las demandas de los pescadores de Santa Clara y de San Felipe, ante las restricciones crecientes que se les han venido imponiendo durante los últimos años. De esta manera, a principios de este año, solicitamos a la SAGARPA por medio de un punto de acuerdo la instrumentación de un programa de compensación económica para pescadores de curvina golfina de las comunidades de San Felipe, Baja California y Golfo de Santa Clara, Sonora.

La respuesta del gobierno federal ha sido positiva, pero hay que reconocer que los programas de apoyo implementados hasta el momento son insuficientes. En el caso de PROPESCA, los 8 mil pesos que se les entregan anualmente a los pescadores, evidentemente, no alcanzan a reparar las pérdidas económicas que representa la prohibición de salir a pescar. En el caso de otros apoyos económicos, no existe certeza sobre su duración, lo que deja a miles de pescadores en una situación de vulnerabilidad.

Por lo anterior, el presente punto de acuerdo hace un llamado al Gobierno de la República, a diseñar e implementar un Programa Especial de Atención Emergente y Prioritaria para los Pescadores del Alto Golfo de California, que atienda desde un punto de vista integral las principales demandas de los pescadores.

La compensación económica es un aspecto crucial pero el problema va más allá de darles dinero a los pescadores. Se trata de crear oportunidades y ofrecer opciones viables. Por ello, además de solicitar apoyos económicos para los pescadores, se propone que este Programa Especial contemple acciones para generar empleos temporales, otorgar estímulos fiscales, implementar esquemas de simplificación administrativa para los pescadores, impulsar proyectos de ecoturismo en la región, diversificar las actividades productivas, instrumentar programas de capacitación laboral, fomentar la modernización de las embarcaciones apoyando a los pescadores de escasos recursos, y, en general, para promover el desarrollo integral de las personas y comunidades pesqueras afectadas por los decretos de veda.

Con este programa especial, estaríamos generando certeza para los pescadores y sus familias y disminuyendo los efectos negativos de las vedas pesqueras, lo cual no solo es justo para las comunidades pesqueras, sino que también abonaría a la propia efectividad de las políticas de protección al ambiente, pues está demostrado que, al no crearse alternativas productivas, se da lugar a incentivos para violar la regulación.

Valle Chico: una oportunidad de desarrollo

Ante la pérdida de oportunidades que han traído consigo las vedas pesqueras, los bajacalifornianos no nos hemos quedado con los brazos cruzados, sino que hemos venido diseñando propuestas para promover la inversión y la diversificación del empleo. Precisamente desde este enfoque se ha concebido el Proyecto de Desarrollo Valle Chico,v como una alternativa para recuperar la economía regional afectada por las políticas de conservación al ambiente.

Hoy en día, Valle Chico es considerado como el corazón agrícola de Baja California, pero posee un gran potencial ganadero, acuícola, forestal, ecoturístico y energético que debe ser aprovechado en beneficio de los habitantes de la región.

Uno de los primeros pasos para consolidar a Valle Chico como polo de desarrollo ha sido el comienzo de la construcción de la carretera San Felipe-Valle Chico (de 118 km de extensión), con una inversión de 50 millones de pesos para el primer tramo carretero de 51 km que permitirá comunicar a ambos poblados, facilitando la movilidad segura y rápida de personas y mercancías. Esto, hay que recalcarlo, no habría sido posible sin el respaldo de la Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones y Transportes, que siempre se han mostrado sensibles a las problemáticas que afectan al pueblo bajacaliforniano.

Ante la entrada en vigor de los nuevos decretos de veda, es momento de reforzar las acciones que se están llevando a cabo para hacer de Valle Chico una nueva ventaja de oportunidades para las comunidades afectadas por las vedas pesqueras. Por ello, el segundo resolutivo de la presente proposición, consiste en solicitarle al Gobierno de la República que siga realizando las acciones de inversión e infraestructura necesarias para convertir a Valle Chico en un polo de desarrollo económico que beneficie a los habitantes de la región, con base en el impulso de proyectos agrícolas, ganaderos, forestales, acuícolas, turísticos y de energía renovable.

Es verdad que estas acciones requieren recursos, pero no son un gasto sino más bien una inversión que nos conviene a todos. Si nos atrevemos a invertir en Valle Chico, en tan solo diez años, esta región estaría generando un ISR superior a los 1,300 millones de pesos y una recaudación de IVA superior a 700 millones de pesos, lo que representa una recuperación de más del doble de la inversión requerida para su detonación.

En el fondo, lo que los pescadores de Baja California demandan es que se les garantice una fuente de trabajo que les permita llevar un ingreso a sus hogares. Ser omisos ante esta demanda legítima sería un acto de irresponsabilidad tan grave como descuidar el medio ambiente.

Por todo lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a diseñar e implementar un Programa Especial de Atención Emergente y Prioritaria para los Pescadores y Comunidades del Alto Golfo de California afectados por los decretos de veda publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2017; contemplando en dicho programa acciones para:

• Compensar económicamente a los pescadores y a sus familias hasta en tanto se les garantice el acceso a una actividad productiva que les provea un ingreso digno.

• Poner en marcha programas de empleo temporal que garanticen un ingreso mínimo a los pescadores afectados.

• Otorgar estímulos fiscales especiales para las comunidades pesqueras afectadas.

• Implementar esquemas de simplificación administrativa para los trámites de concesiones y permisos.

• Diversificar el empleo en la región por medio del impulso de proyectos turísticos, agrícolas, ganaderos y forestales.

• Fortalecer el capital humano, a través de la educación, capacitación y adiestramiento en materia de artes y técnicas de pesca sustentables, acuacultura, turismo, agricultura y ganadería.

• Apoyar a los pescadores de bajos recursos para dotar a sus embarcaciones de la tecnología y el equipo necesarios para desempeñar su actividad económica, en términos de lo dispuesto en las concesiones o permisos de pesca correspondientes, así como para adecuar las embarcaciones con la finalidad de que puedan prestar servicios turísticos.

• Considerar el fomento a la pesca deportiva-recreativa de la totoaba.

• Impulsar y financiar proyectos de ecoturismo que generen empleos e ingresos en las comunidades pesqueras del Alto Golfo de California afectadas por las vedas y restricciones pesqueras.

• En general, promover el desarrollo integral de las personas y comunidades pesqueras afectadas por los decretos de veda.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a llevar a cabo las acciones de inversión e infraestructura necesarias para convertir al área de Valle Chico, Baja California, en un polo de desarrollo económico que beneficie a los habitantes de la región, con base en el impulso de proyectos agrícolas, ganaderos, forestales, acuícolas, turísticos y de energía renovable.

Notas

i http://www.carlosslim.com/pdf/wwf/fs01-goc-alto-golfo.pdf

ii http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-39 252010000100002

iii http://www.carlosslim.com/pdf/wwf/fs01-goc-alto-golfo.pdf

iv Carlos Vázquez y José Luis Fermán, “Evaluación del impacto socioeconómico de la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado en la actividad pesquera ribereña de San Felipe, Baja California, México”, en Revista Región y sociedad vol.22 no.47 Hermosillo ene./abr. 2010, disponible en http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-39 252010000100002

v http://www.el-mexicano.com.mx/informacion/noticias/1/3/estatal/2015/10/ 26/893539/presentan-proyecto-de-desarrollo-valle-chico

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro el 17 de octubre de 2017.

Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a las acciones de educación para la salud orientadas a la alimentación nutritiva y la activación física, a cargo de la diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, diputada federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral I, fracción I, y 79, numeral I, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo a los datos arrojados en la Encuesta Nacional en Salud (ENSANUT 2012), el sobrepeso y la obesidad representan una amenaza al equilibrio del sistema nacional de salud en nuestro país, toda vez que estos se asocian con diversas enfermedades no transmisibles, razón por la cual el prevenirlas y atenderlas significa utilizar cada vez más herramientas especializadas lo que a su vez implica incentivar mayores investigaciones, así como la aplicación de recursos presupuestarios con los que a la fecha no se cuenta.

La encuesta antes mencionada, señala que entre la población infantil (5-11 años), la prevalencia de sobrepeso se estima en 19.8 por ciento y la obesidad en un 14.6 por ciento. Esto vuelve imprescindible y necesario tomar medidas preventivas que ayuden a combatir estos males, desde la regulación en etiquetados, así como la regulación de bebidas no alcohólicas dirigidas a esta población en concordancia con las mejores prácticas internacionales.

La agudización del sobrepeso y la obesidad en nuestro país hace necesario que la Secretaría de Salud, de manera conjunta con la Secretaría de Educación Pública, deben promover campañas que ayuden a la población infantil a incentivar la decisión sobre un consumo de alimentos saludables, proporcionándoles los elementos necesarios para tal efecto, pues el problema de la obesidad es cada vez más común en nuestro país, y este problema sin duda impacta en todos los ámbitos de la vida nacional y de la población en general.

Derivado de lo anterior es importante que las acciones que se tomen sean tendientes a optimizar los recursos existentes y evitar un colapso en nuestro sistema de salud ya que es evidente que los esfuerzos aislados se difuminan, los costos se elevan y los beneficios se reducen.

Actualmente existen programas federales y locales que se encargan de atender esta problemática, sin embargo debe atacarse el problema de raíz para prevenir las posibles consecuencias razón por la cual es necesario involucrar a toda la comunidad escolar para combatir este problema.

De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, nuestro país ocupa a nivel mundial el cuarto lugar en obesidad infantil en un rango de edad de 5 a 17 años de edad, resultados que sin duda afectarán el desarrollo económico y laboral en el futuro para nuestro país, tal y como se ha dejado constancia en la declaración de emergencia epidemiológica dada a conocer en noviembre de 2016 (para la cual no existían recursos etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados, días antes de hacerse dicha declaración).

Todos estos datos demuestran que la población mexicana en general consume alimentos de bajo valor nutrimental, sin embargo la población más vulnerable en este sentido es ya la población infantil, por lo que se hace necesario que la población infantil reciba información que la haga consciente que el problema de la obesidad contribuirá en la precariedad de su salud y la de su economía familiar.

Asimismo es necesario dar a conocer a la población en general, que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable. Por ello, una de las principales preocupaciones del Poder Legislativo debe ser la educación a nivel básico y su concientización sobre temas de salud, así como que los menores tengan las bases para decidir por una sana alimentación.

Sin duda hay hábitos entre la población infantil que podrían tener efectos positivos, si las dependencias correspondientes en el ámbito de sus respectivas competencias se coordinaran a fin de combatir la desnutrición crónica y aguda, así como el sobrepeso y obesidad y los diferentes trastornos de conducta alimentaria, haciendo esto mediante la promoción de una alimentación equilibrada, el consumo de agua, el fomento de la realización de algún deporte o ejercicio y el impulso constante de programas de prevención e información sobre estos temas.

El Poder Ejecutivo ha realizado diversas campañas, sin embargo éstas no han tenido el impacto suficiente entre los niños y niñas, ya que las mismas no tienen la continuidad, tanto a nivel de medios masivos de comunicación y mucho menos en los planes de estudio, dependiente del Sistema Educativo Nacional.

Hoy en día dos son las principales limitantes que se han identificado para combatir el problema de obesidad:

-Las económicas, mismas que dificultan la adquisición de alimentos que permitan una alimentación balanceada,

-Y la falta de conocimiento que permita llevar a cabo una adecuada combinación de los alimentos para mantener una ingesta calórica balanceada.

Uno de los brazos que ayudaría a mermar la epidemia de obesidad, sería que, como coadyuvantes, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, realizaran campañas permanentes donde se incluyeran y explicaran de manera correcta y reiterativa entre la población escolar infantil y juvenil las herramientas con las cuales ya se cuenta hoy en día tales como:

-El plato del buen comer, contenido en la NOM 043-SSA-2-2012.

-Especificaciones generales del etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasados – información comercial y sanitaria. NOM 051-SCFI/SSA1-2010.

-La jarra del buen beber.

Esto ayudaría a que los menores en educación básica tuvieran mayor conocimiento de la importancia de obtener una dieta balanceada, pudiéndolo replicar y llevar a cabo en casa y tratar de bajar los niveles de obesidad que son altos de acuerdo a los estudios que han sido multicitados en diversas iniciativas.

Por lo anteriormente expuesto me permito someter a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a que, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, los gobiernos de las entidades federativas y la colaboración de las dependencias y entidades del sector salud, intensifique las acciones de educación para la salud orientadas a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, y la activación física, procurando optimizar los recursos y alcanzar una cobertura total de la población, en concordancia con lo señalado en el artículo 113 de la Ley General de Salud.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2017.

Diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a establecer un programa de financiamiento y estímulos fiscales en materia del ISR, IVA, cuotas obrero-patronales, IEPS e impuesto al comercio exterior en favor de las empresas del sur de Quintana Roo, suscrita por diputados de esa entidad e integrantes de diversos grupos parlamentarios

Los suscritos, Paloma Canales Suárez, Carlos Gutiérrez García, Mario Machuca Suárez, Arlet Mólgora Glover, Isaura Ivanova Pool Pech, Sara Latife Ruiz Chávez, Patricia Sánchez Carrillo y José Luis Toledo Medina, diputados por el estado de Quintana Roo a la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

A pesar de que Quintana Roo se distingue por su dinamismo, lo cierto es que es una entidad que necesita corregir las disparidades que existen entre las zona norte y el sur de su geografía; la primera, destacada por su contribución al desarrollo nacional debido al ingreso de divisas provenientes del turismo, en tanto que, la segunda, limitada en cuanto a su desarrollo y posibilidades de crecimiento. Así, mientras los complejos turísticos de Cancún, Cozumel, Playa del Carmen, Tulum e Isla Mujeres constituyen un fuerte imán para las inversiones y la actividad económica, en Chetumal, a pesar de ser la capital estatal, frontera con Centroamérica y puerto hacia el Mar Caribe, lo que priva es un estancamiento que deriva en migración de la población más joven y en el deterioro de las condiciones de vida de la población.

Con el objetivo de poner fin a los desequilibrios antes señalados, es indispensable diversificar la economía estatal, adoptando para ello medidas que fomenten el desarrollo industrial en la zona sur. Para lograr dicho fin, se está llevando a la práctica un plan para transformar la zona sur de Quintana Roo en un Centro Regional Logístico, Industrial, de Agregación de Valor y de Servicios, para conectarse con la península de Yucatán, el Caribe y Centroamérica, a partir de la creación de un Parque Industrial con Recinto Fiscalizado Estratégico ubicado en Chetumal, el cual posea las siguientes cualidades:

• 300 hectáreas de terreno propiedad del gobierno del estado;

• Vecindad con el aeropuerto internacional de Chetumal;

• Cercanía de 8 kilómetros con el puente internacional México-Belice;

• Instalaciones de la Universidad Tecnológica de Chetumal;

• Infraestructura reforzante del proyecto como la Ciudad Hospital;

• Colindancia con el río Hondo, afluente que marca la frontera con Belice, y

• Cercanía con el norte del estado que reclama insumos por 9 mil millones de dólares anuales.

El proyecto a que hacemos referencia, considera la instalación de industria ligera de bajo impacto ambiental, actividades logísticas y empresas tecnológicas e incluye áreas industriales y comerciales y una reserva para el desarrollo de un parque tecnológico. Con la operación del mencionado parque industrial lo que se espera es detonar el desarrollo industrial, atraer las inversiones productivas que contribuyan al desarrollo científico, tecnológico, logístico, industrial y de servicios, así como generar cadenas productivas. En el recinto fiscalizado estratégico se podrán realizar en condiciones aduaneras y fiscales especiales operaciones, tales como almacenaje, custodia, manejo, exhibición, venta, distribución, elaboración, transformación y reparación de mercancías y productos.

Sin embargo, la aplicación de una política en este sentido se encuentra limitada, toda vez que Quintana Roo ha sido excluido de la estrategia que el Estado mexicano ha implementado para atraer inversiones nacionales y extranjeras, consistente en el establecimiento de Zonas Económicas Especiales, la cual, en su primera etapa contempla a los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Michoacán, Guerrero y Yucatán y en una segunda etapa podrá incluir a Campeche, Tabasco, Hidalgo y Puebla, lo cual puede ahondar la desventaja regional competitiva del sur de Quintana Roo, si tomamos en cuenta que dicha entidad es frontera con Centroamérica y en tal zona existen esquemas similares para la promoción del desarrollo regional conocidos bajo el nombre de Zonas Francas.

Si bien es cierto las y los suscriptores del presente, compartimos el espíritu de la Ley de Zonas Económicas Especiales aprobada por esta legislatura, no por ello estimamos ocioso señalar, que es un ordenamiento susceptible de mejoras, toda vez que no contempla, de manera justa y equitativa, la distribución real de los incentivos, infraestructura, financiamiento y apoyos, pues se limita a favorecer a diez estados de la República –bajo el criterio de clasificación por pobreza extrema, y no por su carácter estratégico–, y que termina por excluir al estado de Quintana Roo.

La exclusión a que hacemos referencia resulta más incomprensible si tomamos en cuenta tres factores fundamentales: i) Que Quintana Roo, al igual que otros estados favorecidos por el establecimiento de Zonas Económicas Especiales, forma parte de la región sur-sureste del país; ii) Que nuestro estado realiza importantes aportaciones al desarrollo nacional, vía el turismo, y iii) Que en la entidad se observan profundas desigualdades entre las zona sur y norte, similares a las que existen en el país.

Ahora bien, dado que los criterios para crear Zonas Económicas Especiales vienen determinados por la ley de la materia, y que éstos sólo pueden ser modificados previo agotamiento de un proceso parlamentario, el cual tiene una duración y resultado indeterminados, lo que resulta más adecuado para insertar al recinto de Chetumal en un esquema competitivo específico, es la emisión de un acuerdo presidencial, que contemple estímulos fiscales, aduaneros, administrativos y financieros que sean competitivos regionalmente, estímulos que sean lo más parecido a aquellos que ya se contemplan para las zonas económicas del sureste del país, beneficiando así a aquellas empresas que radiquen en la zona sur de nuestro estado y particularmente en el Parque Industrial con Recinto Fiscalizado Estratégico, cuya construcción promueve el actual gobierno estatal.

Al hablar de estímulos fiscales nos referimos a aquellos que resulten socialmente justificados en virtud de la lejanía de las regiones y clusters competitivos del país, así como proporcionales a las características micro-regionales de pobreza en el sur de Quintana Roo, como herramienta de promoción económica en la medida posible similares a los que se encuentran en proceso deliberativo por el Ejecutivo federal para las Zonas Económicas Especiales de Puerto Chiapas, Salina Cruz y Coatzacoalcos, tal y como lo anunció la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el pasado 10 de febrero:

• Una propuesta de descuento por concepto de Impuesto sobre la Renta durante un periodo suficiente para atraer la inversión tanto para personas física como morales que inviertan en el recinto estratégico fiscalizado;

• Tratamiento especial similar al de operaciones de comercio exterior, en el caso del Impuesto al Valor Agregado;

• Un esquema de descuento o facilidades en el pago de cuotas obrero-patronales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante el periodo que se identifique pertinente, y

• Establecimiento de un régimen aduanero especial que se traduzca en reducciones en cuotas de derechos y exención de impuestos al comercio exterior, entre otros.

• Por parte del gobierno del estado así como del municipio donde se establecerá el Recinto Estratégico Fiscalizado se propone establecer algún descuento por concepto de Impuesto Predial, así como tratamiento especial al concepto 2 por ciento sobre nómina.

Consideramos también aplicable el establecimiento de programas de financiamiento que incluyan tasas de interés competitivas, plazos extendidos, esquemas flexibles de pago y financiamiento al emprendedurismo y a la proveeduría local.

De aplicarse una propuesta como la que estamos planteando se insertará a Quintana Roo en los beneficios de un esquema de promoción económica de la inversión competitivo y equitativo regionalmente, de los cuales hasta ahora ha sido excluido como consecuencia del diseño previsto en la ley, lo que traerá consigo la diversificación de la economía en la entidad y el replanteamiento del turismo como una actividad complementaria y no la principal.

Asimismo, será posible detener el deterioro en cuanto a la competitividad se refiere, estableciendo así las bases para el desarrollo sostenible de la región sur del estado de Quintana Roo.

Finalmente, también será posible establecer condiciones económicas de igualdad a favor de Quintana Roo respecto de otras entidades de la región sur-sureste, en especial, los estados vecinos de Yucatán y Campeche, con los cuales en la micro-región sur del estado se registran niveles similares de pobreza.

En virtud de lo anteriormente fundado y motivado, ponemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al secretario de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que se establezca un programa de financiamiento, así como también estímulos fiscales en materia del Impuesto sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado, cuotas obrero-patronales, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios e Impuesto al Comercio Exterior, a favor de las empresas que radiquen en la zona sur del estado de Quintana Roo y particularmente en el Parque Industrial con Recinto Fiscalizado Estratégico que promueve el gobierno del estado en Chetumal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2017.

Diputados: Paloma Canales Suárez, Carlos Gutiérrez García, Mario Machuca Suárez, Arlet Mólgora Glover, Isaura Ivanova Pool Pech, Sara Latife Ruiz Chávez, Patricia Sánchez Carrillo, José Luis Toledo Medina (rúbricas)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a revisar y concluir por la SCT el proyecto del libramiento ferroviario de Celaya, Guanajuato, a cargo de la diputada Adriana Elizarraraz Sandoval, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Adriana Elizarraraz Sandoval, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción 1; y 79, numeral 1, así como, 62, 65 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Durante el presente sexenio y como parte de los compromisos a cumplir por parte de la administración pública a cargo de Enrique Peña Nieto, se comprendían 104 obras enfocadas en la construcción de megaproyectos consistentes en carreteras, puertos aéreos y ferroviarios. La dependencia a cargo en la elaboración de estos planes de infraestructura estaría a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

El Programa Nacional de Infraestructura 2012-2018, es el documento que establece las obras a realizar para el presente sexenio, el cual está orientado a que las distintas modalidades de transporte se interconecten de manera eficiente a través de corredores logísticos para hacer más rápido, seguro, eficiente, y con menos costos los traslados de personas y bienes a todas las regiones del país, así como promover la competencia económica.

El libramiento ferroviario de Celaya, es uno de los proyectos incluidos en el Plan Nacional de Infraestructura (PNI) del gobierno federal, este libramiento tiene una longitud de 46 kilómetros de línea troncal, 19 kilómetros de vías de intercambio; dos pasos superiores vehiculares, 12 kilómetros de patio de operaciones de Ferromex, así como de un canal hidráulico cuyos beneficios económicos son el ahorro de costos generalizados de viaje e infraestructura vial, reducción en los costos de tiempo de la carga ferroviaria, eliminación del mantenimiento de las vías actuales; así como el traslado más eficiente de las mercancías, materias primas e insumos.

Este proyecto de construcción inició en el 2012 para finalizar en 2015, sin embargo, a la fecha no ha sido concluido.

En el segundo informe de labores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del año 2015, se hizo referencia a que existía un avance del 45 por ciento del libramiento ferroviario de Celaya con una inversión de 5 mil 582 millones de pesos.

Sin embargo, la Auditoria Superior de la Federación determino que la obra realizada en el periodo que comprende el año 2015 no había sido concluida debido a que el proyecto original fue modificado, así como, no se había llevado un adecuado control y seguimiento de la obra, además de no cumplir con las metas y objetivos del mismo. Por lo que, recomendó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes implementar mecanismos de supervisión para que a través de este éste y sus áreas responsables verificaran la factibilidad de conclusión de los trabajos.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016 y 2017, dentro del programa carretero, en los proyectos identificados en anexos del ramo administrativo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en lo relativo al libramiento ferroviario de Celaya, Guanajuato, se observó que no se destinaron recursos para continuar esta obra, lo que a la fecha genera incertidumbre y falta de compromiso para la concusión de dicho proyecto.

Por otro lado, en el Quinto Informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, en el apartado que se refiere a México Prospero, establece que para el mes junio de 2017, en materia de transporte ferroviario de carga se ejercieron 10,551 millones de pesos, destinados a la construcción de cinco proyectos que tuvieron ciertos avances, dentro de los cuales el libramiento ferroviario de Celaya, Guanajuato, cuenta con un avance físico de 54 por ciento. Sin embargo, como parte de una realidad para la conclusión de dicho libramiento no se han llevado a cabo.

Durante abril de 2016, presenté un punto de acuerdo por el que exhorté a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la conclusión de los trabajos del libramiento ferroviario, mismo que fue aprobado en todos sus términos.

No obstante lo anterior, y como una forma de continuar los trabajos de construcción, durante 2016 empresas concesionarias como Kansas City Southern de México y Ferrocarril Mexicano, que cruzan la Ciudad de Celaya de Norte-Sur y de Oriente-Poniente, propusieron asociarse con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para concluir con los trabajos de infraestructura. Durante ese año, se firmó el convenio a favor de Ferromex para reactivar la obra y seguir con la construcción en una parte de los tramos que comprende el proyecto, por lo que se prevé que la misma esté concluida para el año 2018.

Concluir el libramiento ferroviario en Celaya, Guanajuato, conlleva a contribuir en la solución de los problemas en materia de transporte en los estados, que permitirá contar con la infraestructura necesaria con un impacto menor en los costos de las actividades económicas y un desarrollo e innovación tecnológica de las telecomunicaciones que amplíen la cobertura y accesibilidad para impulsar mejores servicios que promuevan la competencia, buscando la reducción de costos y la eficiencia.

Por lo anterior, y con el fin de que nuestro país pueda llegar a un desarrollo de infraestructura que permita una conectividad que facilite el desplazamiento correcto de personas y bienes, con el apoyo de las empresas mencionadas es factible llegar a la conclusión del Libramiento ferroviario en Celaya, Guanajuato, por lo que resulta necesario que se establezca una estrategia por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para avanzar y lograr concluir los proyectos de obra e infraestructura pública que se diseñaron como parte de los compromisos del gobierno federal, y que se encuentran comprometidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el Plan Nacional de Infraestructura (PNI) de la actual administración del Presidente Enrique Peña Nieto.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto De Acuerdo

Único. Se exhorta al Poder Ejecutivo federal a través de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, para que revise y concluya el proyecto del libramiento ferroviario de Celaya, Guanajuato.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2017.

Diputada Adriana Elizarraraz Sandoval (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México a mantener la propuesta de eliminar totalmente el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos en los términos vigentes para 2018 y años fiscales subsecuentes, a cargo del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Grupo Parlamentario del PAN

Edmundo Javier Bolaños Aguilar, diputado federal, integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento la siguiente proposición con punto de acuerdo , con base en la siguiente:

Antecedentes

1. El Impuesto a la Tenencia aparece en México por vez primera en la Ley de Ingresos de la Federación de 1962 que se publicó el 30 de diciembre de 1961, en donde aparece en el Capítulo IV, “Impuesto a las Industrias y sobre la Producción y Comercio, Tenencia y Uso de Bienes y a Servicios Industriales”, Numeral 5:

A. Ensamble de Automóviles y Camiones.

B. Especial sobre Tenencia y Uso de Automóviles.

Posteriormente, el presidente de la república, Adolfo López Mateos, presentó a la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley del Impuesto sobre Tenencia y uso de Vehículos, la cual fue aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1962 . En donde el objetivo principal es el de “contribuir al gasto público, que en caso de la expansión de carreteras, autopistas, vías, etc., requieren de recursos cada vez más cuantiosos.1

En fecha 21 de diciembre del 2007, la Ley del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos por decreto presidencial fue abrogada pero fue hasta el 1 de enero de 2012, donde “se suspenderá el cobro del impuesto federal correspondiente en la entidad federativa de que se trate.”2

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) se ha venido pronunciando en contra del cobro de tenencia que debió desaparecer el 31 de diciembre de este año como la anunció el gobierno federal, en vez de pasarle la responsabilidad de cobrarlo a los 31 estados y el Distrito Federal.

2. Con fecha 10 de enero del 2012 y con fundamento en el Capítulo VI del Código Fiscal del Distrito Federal de fecha 30 de diciembre del 2011, el jefe de gobierno del Distrito Federal emite un “Acuerdo de Carácter General por el que se Otorga el Subsidio Fiscal para el Pago del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos”, que tiene por objeto otorgar un subsidio fiscal del 100 por ciento en el pago del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, siempre y cuando:

-El vehículo no pase de determinado precio;

-Que el contribuyente acuda dentro de un plazo de tres meses; y

-El beneficio fiscal se renovara cada año.

3. El impuesto consiste en cobrar a los propietarios de automóviles, ómnibus, camiones y tractores no agrícolas con independencia del uso que hagan ya sea para vehículos de fabricación nacional o importada.

En 2017, 19 estados han eliminado completamente el Impuesto a la Tenencia Vehicular; en 13 persiste, pero de éstos 11 mediante subsidios y dos con descuentos. (Véase Cuadro número 1).

4. Con la finalidad de apoyar la economía de las familias y atendiendo a la política social, resulta necesario eliminar el Impuesto a la Tenencia Vehicular, en virtud de que se perdió el objetivo principal, que es el de “contribuir al gasto público, que en caso de la expansión de carreteras, autopistas, vías, etc., requieren de recursos cada vez más cuantiosos”.

5. La eliminación del Impuesto a la Tenencia Vehicular es una decisión que beneficia a todos los contribuyentes poseedores o tenedores de vehículos que no están de acuerdo en pagar este impuesto que parece inútil.

6. De igual forma, se debe de plantear en el Código Fiscal del Distrito Federal, que no exista ningún gravamen relacionado con el tema de la propiedad de vehículos, que en su caso pudiera “sustituir” este impuesto.

Por lo antes expuesto, a usted ciudadano presidente de la Mesa Directiva,

Solicito, se tenga por presentado el siguiente:

Puntos de acuerdo

Primero. El pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la honorable Asamblea de Representantes de la Ciudad de México a mantener la propuesta de eliminar de forma definitiva el cobro del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos en los términos vigentes, así como el cobro de derechos por refrendos correspondientes , para el año fiscal 2018 y subsecuentes.

Segundo. El pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al ciudadano jefe de gobierno de la Ciudad de México a mantener la propuesta de eliminar totalmente el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos en los términos vigentes, para el año fiscal 2018 y subsecuentes.

Notas

1 http://www.animalpolitico.com/wp-content/uploads/2011/10/Tenencia-1961- 11.png

2 DOF, 21 de diciembre del 2007.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, 17 de octubre de 2017.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica)


Efemérides

Con motivo de “Un anhelo igualitario a 64 años del voto de las mujeres”, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La Independencia y la Revolución no habrían sido posibles sin la participación de las mujeres, y hace apenas 64 años, se tradujo en el reconocimiento como sujetas de derecho para ejercer el voto.

Hoy se hace urgente el reconocimiento social y colectivo de 52 por ciento de la población que somos las mujeres y que participamos de manera activa, solidaria y constante por el país.

Hoy atestiguamos, algunas de manera activa y otras no tanto, el debate sobre las mujeres y el poder. Se habla del empoderamiento femenino como si éste fuera un objeto y no como competencia o potencia personal. Quizá porque no hemos comprendido que para transformar el sistema de dominación necesitamos llevar nuestras vindicaciones a luchas organizadas; ejemplo: legislar contra la violencia política y el derecho pleno a una vida libre de violencias.

Los espacios que hemos conquistados por y para las mujeres han sido históricos, procesuales y con mucho trabajo, especialmente de mujeres feministas que más allá de beneficios propios, pusieron al alcance de muchas el acceso a los cargos de poder y decisión. Hoy, el reto es reflexionar para que estos logros abran nuevos procesos cognitivos de mujeres y hombres para el reconocimiento pleno de derechos, porque ese supuesto “universal” masculino no representa lo universal de mujeres ni de hombres.

Se hace urgente, como dice Celia Amorós, una crítica de la ética para no mantener una actitud acrítica de la ética, que nos quiere presentar los mecanismos prácticos y simbólicos de la dominación como prácticas cotidianas, legítimas y normales.

Desde 1993, en el Congreso se debatió la cuota de género; hoy con la sentencia 12624 presenciamos la paridad. Ante esto, las mujeres y los hombres tenemos un compromiso de presente y de futuro: reivindicar una vida de derechos como sujetos iguales.

La igualdad con los varones en el espacio de la política nos obliga a las mujeres a construir un grupo juramentado basado en la sororidad, que nos dice que hay que construir alianzas. Porque todas y repito: todas, de diversas maneras, hemos experimentado la desigualdad, opresión y discriminación. Por ello requerimos convertirnos en cómplices para trabajar y llevar una vida con sentido profundamente libertario, diría Marcela Lagarde.

Las mujeres sabemos ser enemigas y tener enemistades porque el sistema patriarcal nos ha educado para ello y repetimos ese orden a conveniencia y de manera acrítica. No todas aquí vamos a ser amigas, pero podemos construir y dejar un piso mínimo de igualdad para las que vienen, pues quienes hoy estamos aquí hemos trabajado y nos hemos beneficiado de años de lucha de quienes nos antecedieron.

De muchas hemos aprendido, a otras podemos enseñar, unas son nuestro espejo y muchas nos podemos interpelar pero, sin duda, los logros siempre serán para todas las mujeres. El reconocimiento pasa por la escucha, la mirada, la crítica y el afecto, por la experiencia de unas y la inexperiencia de otras, pues para construir debemos reconstruir el anhelo de un mundo igualitario.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de octubre de 2017.

Diputada María Candelaria Ochoa Ávalos (rúbrica)

Con motivo del 17 de octubre, conmemoración del voto femenino, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Cada 17 de octubre conmemoramos la iniciativa del Presidente Adolfo Tomas Ruiz Cortines para conceder a las mujeres el derecho a votar y ser votadas. Desde 1953 las mujeres alcanzamos los mismos derechos políticos que el sexo masculino, pero la lucha no comienza ni se agota con la promulgación y entrada en vigor de la norma.

Lo cierto es que los derechos políticos de las mujeres no son ninguna concesión, es el resultado de una lucha histórica.

La historia con perspectiva de género nos enseña que el llamado sexo débil ha reivindicado su participación en la “res pública” o política, en principio, al igual que los hombres, valiéndose del poder de las palabras y en los tiempos de la independencia y la revolución, también con las armas.

La presencia de la mujer en la esfera pública viene emparejada con el movimiento feminista-sufragista al inicio del siglo XX. Bajo la consigna “lo personal es político” las inquietudes y demandas de la mitad de la población (las mujeres) se empiezan a visualizar en debate público.

Retrospectivamente, los movimientos sufragistas en México de manera formal se empiezan a gestionar en 1916 con los llamados Congresos Feministas celebrados en Yucatán y en 1922, se realiza el “Primer Congreso Nacional Feminista” y se exige el voto para el sexo femenino y la posibilidad de ser electas en cargos de representación popular.

La historia y las mujeres recordamos a Rosa Torres, primera regidora electa en el ayuntamiento de Mérida. Posteriormente en 1923, Elvia Carrillo Puerto, Raquel Dizip Cicero y Beatriz Peniche de Ponce fueron electas diputadas en el Congreso de Yucatán.

La sororidad entre las mujeres también se vio reflejada en los congresos nacionales de obreras y campesinas, en 1931, 1933 y 1934; un congreso más sobre Prostitución en 1934. En 1935 se formó el Frente Único Pro Derechos de la Mujer (FUPDM) y finalmente en 1937, el Instituto Revolucionario Femenino.

La exigencia de la participación de las mujeres en la vida pública a mediados del siglo XX se caracteriza por la congruencia del discurso público apelando al sentido de la igualdad, contraria a la construcción patriarcal que defendía “el ideal femenino”, como refiere la Dra. Julia Tuñón, que se mantiene como un horizonte a lo largo de los siglos, y que determina las conductas humanas en forma de código moral pretendiendo haber sido dictado por la naturaleza o por Dios, o por los dioses y que obliga a las mujeres a negociar entre ese constante deber ser y sus posibilidades concretas de vida.1

No obstante, la politización de la participación femenina en la esfera pública estaba sujeta aún a las decisiones del sexo masculino. Los hombres -como en la actualidad- decidían qué derechos otorgar a las mujeres y cuáles, por la coyuntura política debían ser limitados.

Reconocemos la visión democrática del Presidente Lázaro Cárdenas que en su proyecto de nación contemplaba la igualdad integral entre hombres y mujeres y la necesidad de adecuar el marco jurídico para compensar la desventaja histórica que imposibilitaba el desarrollo pleno de las mujeres.

En el discurso pronunciado el 1° de septiembre de 1937, con motivo de la iniciativa enviada al congreso para otorgar el derecho al sufragio femenino consideró como “justa reparación la rehabilitación integral de la mujer en su elevación al plano de equidad del hombre”,2 infortunadamente la iniciativa no prosperó.

En 1946, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa presentada por el Presidente Miguel Alemán Valdés que reformó el artículo 158 concediendo el voto a las mujeres en las elecciones municipales; una vez más, el sexo masculino decidió otorgar a medias los derechos políticos.

Al ser la política la que construye al género y a la vez, el género construye e influye en las políticas de Estado, resulta necesario cuestionar el papel que jugó la mujer en la consolidación del proyecto de nación contemporánea.

Érika Gómez Mendoza, siguiendo a Carmen Ramos, refiere que “el interés del Estado en la cuestión femenina radicaba en obtener el voto femenino y evitar que éste beneficiara a los partidos católicos, por lo tanto, la posición priista sobre la mujer en esos años fue la de legitimar su participación en el aparato político desde una perspectiva oficial, sin que se incluyeran o se atendieran formalmente sus peticiones”.3

A 64 años de la materialización de la norma jurídica que otorga plenitud de derechos políticos a las mujeres, seguimos cuestionando la eficacia y el papel de las mujeres en la esfera pública, las acciones afirmativas como las cuotas de género, son mecanismos que en teoría, buscan equilibrar la participación de las mujeres en las decisiones de estado; sin embargo, en la praxis del quehacer político, las mujeres somos relegadas a un segundo plano y siguen siendo los hombres quienes deciden sobre los cuerpos y los derechos del sexo femenino, ejemplo de ello es que en esta LXIII Legislatura se pospuso la discusión y el debate, por decisión unilateral del patriarcado de la NOM 046.

La igualdad ciudadana no resuelve el problema de desigualdad sustantiva, mientras la política siga siendo masculinizada y el poder de decisión se concentre en manos de los varones, la democracia seguirá siendo una falacia: no se toma en consideración la demanda de más del 50% de la población y por lo tanto, la promesa de votar y ser votadas se vuelve una promesa incumplida.

Notas

1 Tuñón, Julia. “Mujeres, entre la imagen y la acción”, Debate, Conaculta, Ciudad de México, 2016. p 51

2 Tuñón, Julia. “Voces a las mujeres”, Antología del pensamiento feminista mexicano. UACM, 2011. P. 344

3 Gómez Mendoza, Érika. La presencia de mujeres en la esfera pública y su participación en el sistema político mexicano, un ensayo historiográfico. CIDE P. 202

Dado en el Palacio Legislativo, a 17 de octubre de 2017.

Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica)

Con motivo del 17 de octubre, 64 aniversario del reconocimiento del derecho femenil al sufragio en México, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del PRI

“No permitamos pues sólo caricaturas de democracia”

Ana Lilia Ulloa Cuellar

Ante esta honorable Cámara de Diputadas y Diputados del honorable Congreso de la Unión, es necesario destacar la conmemoración de una fecha que es de suma importancia para todas las diputadas de esta Cámara y para todas las mujeres mexicanas, ya que el reconocimiento constitucional del derecho de las mujeres al sufragio universal, a 64 años de su aprobación, marcó un hito en la lucha de las mujeres por un ejercicio pleno de su ciudadanía en este país.

La historia señala que las mujeres alcanzaron la mayoría de edad política el 3 de julio de 1955, ya que fue la primera vez que la mujer mexicana emitía su voto en unas elecciones federales, a fin de integrar la XLIII Legislatura del Congreso de la Unión.

Aunque antes, el 17 de octubre de 1953, el Diario Oficial de la Federación publicó las reformas que permitían votar a las mujeres en elecciones federales mediante las reformas a los artículos 34 y 35 constitucionales, que les concedieron a las mexicanas plenitud de derechos civiles y políticos.

No obstante que desde 1853, un grupo de mujeres zacatecanas habían solicitado que se les otorgara el estatus de ciudadanas, lo que implicaba por supuesto el derecho a votar.

Por otro lado la Convención sobre los Derechos Políticos de las Mujeres estableció la obligación de los estados para garantizar la posibilidad de que las mujeres puedan votar o ser votadas (1954).

Por su parte, la incorporación e intervención de las mujeres en los espacios de toma decisiones, como señala la Plataforma de Acción de Beijing: “no sólo es una exigencia básica de justicia o democracia sino que puede considerarse una condición necesaria para que se tengan en cuenta los intereses de las mujeres. Sin la participación activa de las mujeres y la incorporación del punto de vista de las mujeres a todos los niveles del proceso de adopción de decisiones no se podrán conseguir los objetivos de igualdad, desarrollo y paz”.

Así las cosas, las mujeres, en ese proceso histórico, hemos transitado de la exigencia de ejercer el derecho al voto a la demanda de incorporarnos a los puestos de representación popular o de toma de decisiones.

Así nacieron las famosas cuotas de género, y de las cuotas de género transitamos a la paridad de género, donde se estableció que dicha representación femenina deber ser al 50 por ciento en todos los procesos comiciales “a fin de garantizar el alcance de la paridad efectiva y total”.

Sin dejar de reconocer la influencia que tuvo en esta reforma la “Sentencia Histórica” SUP-JDC-12624/2011, emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

No obstante ello, es relevante mencionar que una cuestión es garantizar el acceso a estos espacios, pero otra es, en la realidad, alcanzar el empoderamiento de las mujeres en la vida pública, en donde el respeto y reconocimiento en igualdad de condiciones de su trabajo, dentro de un ambiente como la política, históricamente masculinizado, sea una constante y no una excepción.

Todas hemos sido testigas que en el ambiente político, a menudo las burlas, las desestimaciones, los descréditos, los cuestionamientos o comentarios sexistas, la infamia, las calumnias, la estigmatización y la crítica, continúan persistiendo e impactando negativamente en el desarrollo de la actividad política de las mujeres.

La democracia como sistema incluyente, popular y representativo, debe ser respetuosa de los derechos humanos de las mujeres.

Considero que para alcanzar un estándar de estado verdaderamente democrático, excepcionalmente democrático, debemos promover a la democracia conceptual y filosóficamente, como una forma de vida, una forma de vida que toma en cuenta la voz, opinión y decisiones de las mujeres en todos los ámbitos, desde la familia, la escuela, el trabajo, las organizaciones y, por supuesto, la política.

Donde lo significativo sea no sólo ver más mujeres en los puestos de elección popular y en los partidos políticos, sino que todas las mujeres, en todos los espacios, participen en igualdad de condiciones y oportunidades del ejercicio del poder de cualquier índole, sin violencia, sin discriminación y con condiciones que hagan accesible su incorporación.

Debemos entender que la democracia de género, como sistema inclusivo y de vigencia de derechos humanos, es la ¡democracia completa!

Y que mientras entre las mujeres y los hombres siga existiendo una distribución tan desigual de las posiciones de poder y de decisión, así como del trabajo, el ingreso y el tiempo, seguirá existiendo un déficit democrático.

Los exhorto pues a revertir esta deuda y que construyamos juntos una sociedad justa e igualitaria para hombres y mujeres.

Referencias

1. Diagnóstico sobre la Participación Política de las Mujeres en México. ONUMujeres-PNUD. Disponible en

http://www.cinu.mx/minisitio/voto_mujeres/2-Cap1-Diagnos tico.pdf.

2. Historia de la Ciudadanía de las Mujeres en México. Recuperado de http://griseldaalvarez.org/pdf/femenino.pdf

3. Gómez Galvarratio, Aurora. Historia de los derechos políticos de las Mujeres en México: Una perspectiva internacional. Recuperado de

http://genero.ife.org.mx/sitio60Aniv/docs/23lun/m1_02_Au roraGomez.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2017.

Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco (rúbrica)