Proposiciones de urgente u obvia resolución
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Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS a reforzar las acciones de inspección en los centros laborales en las entidades federativas afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Ana Georgina Zapata Lucero, Diputada Federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente u Obvia Resolución, al tenor de las siguientes:

C O N S I D E R A C I O N E S

El pasado martes 19 de septiembre de 2017, a las 13:14:40 horas del centro del país, tuvo lugar un terremoto que afectó severamente diversas entidades federativas. Dicho fenómeno natural, según informó oportunamente el Servicio Sismológico Nacional (SSN), tuvo una magnitud de 7.1; su epicentro fue localizado en el límite estatal entre los estados Puebla y Morelos, a 12 km al sureste de Axochiapan, Morelos y a 120 km de la Ciudad de México y fue sentido fuertemente en la zona central del país.

Ante ello, previo a entrar en materia, considero oportuno reconocer a través de este instrumento parlamentario, la solidaridad de la sociedad civil cuya intervención y altruismo ha sido esencial para afrontar las tareas de búsqueda y rescate, de recolección de ayuda humanitaria, así como de limpieza y remoción escombros en aquellas zonas que ha sido posible.

Desafortunadamente, las afectaciones provocadas por el citado sismo, consistieron, hasta el pasado 24 de septiembre, en un total de 321 personas fallecidas, 183 de ellas en la Ciudad de México; 73 en Morelos; 45 en Puebla; 13 en el Estado de México; seis en Guerrero, y uno en Oaxaca. Cifra que lamentablemente puede aumentar en las próximas horas. Asimismo causó lesiones o algún tipo de daño que requirió atención médica a más de 3 mil personas, según informó el Gobierno Federal a través de cuenta de Twitter (@gobmx), uno de los principales mecanismos de comunicación que han sido empleados para retroalimentar información entre sociedad civil y gobierno durante y posterior al acontecimiento el fenómeno natural.

Por otra parte, según información disponible hasta el 25 de septiembre, el sismo causó el derrumbe de 38 edificios1 en la Ciudad de México; en el Estado de Puebla, según informó el Gobernador, se contabilizaron más de 10 mil viviendas afectadas que se repararán o reconstruirán, según sea el caso y alrededor de 200 iglesias dañadas;2 por su parte, en el Estado de Morelos se reportaron cerca de 10 mil viviendas afectadas en 17 municipios del Estado;3 mientras que en el Estado de México, según informó el gobernador Alfredo del Mazo, se tienen registrados daños en 2 mil 34 casas, 2 mil 236 escuelas, de las cuales 234 sin inoperables y en 136 iglesias.4

Lo anterior se suma a los daños registrados anteriormente en los estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco, debido precisamente a un sismo ocurrido el 7 de septiembre con una magnitud de 8.2, que afectó directamente dichas entidades y cuyos daños fueron incrementados por el reciente sismo del pasado 19 de septiembre.

Aunado a ello, una gran variedad de edificaciones han quedado con daños que a la fecha no han podido ser cuantificados en su totalidad, debido al arduo trabajo que actualmente mantienen las autoridades de protección civil a nivel estatal y federal.

En tal sentido, resulta fundamental que las diversas autoridades refuercen las medidas de inspección en aquellos inmuebles que hayan sido afectados por el sismo y que deriven en un riesgo latente y potencial para los ciudadanos que hemos podido sobrevivir a un evento de semejante magnitud. Ello es precisamente la intención de esta Proposición, coadyuvar a ejercer la tarea de información y de control evaluatorio conforme a lo dispuesto por el artículo 93 constitucional, a efecto de que dichas tareas proporcionen mayor certeza a los ciudadanos respecto a las labores y acciones institucionales que se implementan en esta coyuntura en la que desafortunadamente se encuentran diversas zonas del país, una de las demandas más sensibles que se han externado por parte de la sociedad civil. Asimismo, se busca que la información obtenida sirva de herramienta para el perfeccionamiento de las medidas preventivas y reactivas de carácter normativo desde el Poder Legislativo, en favor de los ciudadanos.

Al efecto, se busca que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en acompañamiento de las autoridades correspondientes a nivel federal y estatal, refuercen las acciones de inspección en los centros laborales para garantizar que las condiciones de trabajo, especialmente aquellas de carácter estructural de los inmuebles, luego del sismo del 19 de septiembre, no representen peligro y un foco potencial de riesgos de trabajo.

Es oportuno señalar que según la propia STPS, a través de Rogelio Figueroa Velázquez, Director General de Inspección Federal del Trabajo, ha señalado que hasta el momento han emitido 22 restricciones a centros de trabajo de las cuales 17 son totales y 6 parciales debido a que los daños en los edificios representan un riesgo para los empleados. Asimismo, ha detallado que hasta el 24 de septiembre, se han recibido en dicha dependencia federal, 645 quejas en la CDMX, Estado de México, Morelos y Puebla relacionadas con daños en los centros del que pueden ser un riesgo para los trabajadores, de las cuales se han atendido 551.5

También resulta oportuno señalar lo establecido por el artículo 427, fracción I de la Ley Federal del Trabajo, mismo que se transcribe a continuación para su pronta referencia:

“Artículo 427.- Son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento:

I. La fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón , o su incapacidad física o mental o su muerte, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa, la suspensión de los trabajos;

II. a VII. ...”

Al respecto, es necesario reconocer que la cantidad de trabajo que en estos momentos posee la STPS en esta materia es mucho y arduo. Pese a ello, se han implementado medidas institucionales importantes, tal es el caso de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), quien pone a disposición del público en general los números gratuitos 01 800 911 7878 y 01 800 911 7877 para, entre otros servicios, atender casos de trabajadores que han sido despedidos injustificadamente por ausencia laboral debido a que sus viviendas se derrumbaron o sufrieron algún daño.

Sin embargo, ello no obsta para que aún existan denuncias de centros labores que obligan a sus trabajadores a ingresar a instalaciones que no han sido evaluadas y cuenten con la aprobación respectiva que garantice la seguridad del total de los trabajadores. En ello también radica la principal preocupación de esta Proposición, ya que dicha garantía resulta fundamental para asegurar de forma previa, la salvaguarda de la integridad de vidas humanas y evitar en la mayor medida posible, secuelas aún más catastróficas del multicitado fenómeno natural.

El hecho de que algunos patrones imprudentemente obliguen a sus trabajadores a ingresar en centros laborales con daños que comprometan la seguridad personal de los trabajadores y sin contar con las autorizaciones correspondientes, a todas luces configura el supuesto contenido en el artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo, mismo que se cita a continuación en las partes que interesan:

“Artículo 51.- Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el trabajador:

I. a VI. ...

VII. La existencia de un peligro grave para la seguridad o salud del trabajador o de su familia, ya sea por carecer de condiciones higiénicas el establecimiento o porque no se cumplan las medidas preventivas y de seguridad que las leyes establezcan;

VIII. Comprometer el patrón, con su imprudencia o descuido inexcusables, la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentren en él; y (Sic.)

IX....

X. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera graves y de consecuencias semejantes, en lo que al trabajo se refiere.”

Lo anterior, al mismo tiempo, incurre en una contravención a lo previsto por el artículo 132, en sus fracciones XVI, XVII y XVIII de la propia LFT, que a la letra señala:

Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones:

I. a XV. ...

XVI. Instalar y operar las fábricas, talleres, oficinas, locales y demás lugares en que deban ejecutarse las labores, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo , a efecto de prevenir accidentes y enfermedades laborales. Asimismo, deberán adoptar las medidas preventivas y correctivas que determine la autoridad laboral;

XVI Bis. ..

XVII. Cumplir el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad , salud y medio ambiente de trabajo, así como disponer en todo tiempo de los medicamentos y materiales de curación indispensables para prestar oportuna y eficazmente los primeros auxilios;

XVIII. Fijar visiblemente y difundir en los lugares donde se preste el trabajo, las disposiciones conducentes de los reglamentos y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo , así como el texto íntegro del o los contratos colectivos de trabajo que rijan en la empresa; asimismo, se deberá difundir a los trabajadores la información sobre los riesgos y peligros a los que están expuestos;

Ahora bien, como se mencionó anteriormente, con esta Proposición se busca también que la autoridad laboral informe a esta Soberanía, una vez concluidas las labores de inspección, sobre los resultados de las mismas, a efecto de conocer puntualmente los resultados y derivado de ello, analizar posibles perfeccionamientos jurídicos que permitan, en coyunturas como la que se presenta ahora, contar con herramientas legislativas que aseguren la seguridad de los trabajadores mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta Soberanía, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN

PRIMERO. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en el marco de la respetuosa colaboración entre poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a que, en acompañamiento de las autoridades correspondientes a nivel federal y estatal, refuercen las acciones de inspección en los centros laborales en todas aquellas entidades federativas afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre, para garantizar que las condiciones de trabajo, especialmente aquellas de carácter estructural de los inmuebles, no representen peligro y un foco potencial de riesgos de trabajo.

SEGUNDO.- En el mismo marco se exhorta a que, una vez concluidas las inspecciones en materia de seguridad, haga públicos los resultados de éstas, informando puntualmente el total de centros de trabajo que hayan sido revisados, aquellos donde se hayan emitido restricciones totales y parciales, y aquellos que hayan obtenido alguna sanción.

Notas

1 http://www.milenio.com/df/
derrumbes-cdmx-df-ciudad_de_mexico-edificios_colapsados-sismo-temblor-milenio_5_1034946497.html

2 http://www.puebla.gob.mx/prensa-y-comunicacion/item/1503-inicia-tony-gali-censos-en-las-zonas-afectadas-por-el-sismo

3 http://www.milenio.com/estados/
fotos-morelos-sismo-jojutla-zonas_afectadas-municipios-milenio-noticias_5_1034346557.html

4 http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/edomex-pide-declaratoria -de-desastre-en-12-municipios-por-sismo

5 http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/patrones-que-expongan-tra bajadores-riesgos-seran-sancionados-stps

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de octubre de 2017.

Diputada Ana Georgina Zapata Lucero (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a informar a la opinión pública sobre el destino de los recursos asignados al Programa de Fomento a la Agricultura, componente Proagro Productivo, a cargo del diputado Armando Rivera Castillejos, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado federal Armando Rivera Castillejos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones III y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a la consideración del Pleno la presente proposición con Punto de Acuerdo de Urgente u Obvia Resolución por el que la Cámara de Diputados, del H. Congreso de la Unión exhorta al Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), para que informe a la opinión pública el destino otorgado a los recursos asignados al programa de Fomento a la Agricultura: Componente Proagro Productivo, con base en las siguientes:

Consideraciones

Primera. El pasado 30 de junio de 2017 la Auditoria Superior de la Federación presentó la Primera Entrega de Informes Individuales Cuenta Pública 2016. En el sector de desarrollo rural pesca y alimentación elaboró la Auditoría Financiera y de Cumplimiento (16-0-08100-02-0288 288-DE), cuyo objetivo es fiscalizar la gestión financiera de los organismos que reciban y administren recursos públicos.

Segunda. La muestra auditada de 10,796,980.4 miles de pesos representa el 99.5% de los recursos ejercidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación durante el ejercicio 2016 en el programa S259 “Programa de Fomento a la Agricultura” mediante el Componente “Proagro Productivo”, los cuales se aplicaron en la partida 43101 “Subsidios a la Producción”.

Tercera. Como parte del dictamen a dicha revisión, el 29 de mayo de 2017, la Auditoría determinó el que se presentaron las siguientes irregularidades: “Falta de control en el otorgamiento y seguimiento de los apoyos, lo cual originó que se efectuaran pagos en demasía por 47,424.0 miles de pesos debido a que se autorizaron incentivos por superficies superiores o en estratos distintos de los que correspondían; se pagaron apoyos por 4,637.3 miles de pesos a personas que fallecieron con anterioridad a la fecha en que se autorizaron, así como a 174 servidores públicos sin demostrar que, en su caso, se hayan excusado de intervenir en las actividades directamente vinculadas con los asuntos relacionados con el componente, situaciones que contravienen la normativa aplicable al componente; en la base de datos se reportó que 25,064 beneficiarios no acreditaron la vinculación del incentivo por 79,498.1 miles de pesos; en la delegación estatal de la Sagarpa en el estado de Puebla se identificaron tres predios que recibieron apoyos por 58.4 miles de pesos en los que se sembró un cultivo distinto, así como un caso por 56.0 miles de pesos que al momento de la verificación física el predio no contaba con indicios de haber sido sembrado; además, un beneficiario no presentó la vinculación del incentivo por 16.0 miles de pesos y no se cuenta con el expediente que acreditara la elegibilidad de un beneficiario apoyado por 56.0 miles de pesos”1.

Cuarta. El 19 de julio de 2017, presenté ante la Comisión Permanente la Proposición con Punto de Acuerdo por la cual se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a fin de que aclare el destino otorgado a los recursos asignados al Programa de Fomento a la Agricultura, principalmente en el Componente de Proagro Productivo.

Quinta. La Proposición con Punto de Acuerdo fue turnada el mismo día para su estudio y dictamen, a la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión.

Sexta. El 1 de agosto de 2017, la Tercera Comisión aprobó por unanimidad el Punto de Acuerdo, que se mantuvo por varias sesiones en la agenda de discusión y votación de la Comisión Permanente. No obstante, la conclusión del periodo de sesiones impidió su aprobación por el Pleno, por lo que la propuesta de acuerdo se archivó en los expedientes de dicho órgano.

Séptima. En la antesala de la discusión y votación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio presupuestal 2018, es indispensable que esta Cámara de Diputados tenga claridad respecto de uno de los rubros más destacados del gasto social, como es el Proagro Productivo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito presentar a la consideración de esta Asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), para que informe a la opinión pública el destino otorgado a los recursos asignados al programa de Fomento a la Agricultura: Componente Proagro Productivo.

Cámara de Diputados, recinto legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de octubre de 2017.

Diputado Armando Rivera Castillejos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual esta soberanía expresa su solidaridad a los comunicadores Leonardo Antonio Curzio Gutiérrez, Ricardo Raphael de la Madrid y María Amparo Casar Pérez, y condena cualquier acto que pudiera considerarse censura, suscrita por los diputados Francisco Martínez Neri y Jesús Zambrano Grijalva, del Grupo Parlamentario del PRD

Los que abajo suscriben, diputadas y diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo que disponen los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes:

Consideraciones

El pasado miércoles 4 de octubre, el periodista y politólogo Leonardo Curzio anunció en el noticiero Enfoque, espacio que conducía desde hace dieciocho años, que esa sería la última vez que dirigía el programa noticioso matutino, explicando que era una decisión personal que se originaba en la petición de uno de los directivos de la estación para despedir a dos de sus colaboradores: Ricardo Raphael y María Amparo Casar, basándose en que, durante las Tertulias –así denominaban este espacio de discusión y análisis político—disminuían los índices de audiencia.

En muchas ocasiones, desde el Grupo Parlamentario del PRD hemos insistido en que es necesario garantizar los derechos de las audiencias, respecto al abusivo ejercicio del poder que se realiza desde las directivas de las empresas de comunicación, sea por presiones externas o porque así conviene a sus intereses, sin importar cuál es el sentir de aquellos que, a través de su aceptación, las hacen rentables: las audiencias.

Justamente el impulso que dimos en su momento a la reforma constitucional en materia de Telecomunicaciones obedeció a nuestra convicción de construir un marco jurídico que permitiera ir abriendo a la libre competencia el espectro radioeléctrico, que diera las bases jurídicas para que nuevos actores pudieran ofrecer servicios de radio y televisión, y, sustancialmente, para que los derechos de las audiencias quedaran plasmados en la Constitución y en la Ley de la materia.

Para nosotros es fundamental que todo lo anterior se traduzca en una mayor riqueza en cuanto a la libre expresión y circulación de las ideas, a mayores espacios para la participación de todos los actores sociales interesados, a un mayor y mejor debate público en radio y televisión, a espacios más amplios para el libre ejercicio de la crítica, en síntesis, para la democratización de los medios de comunicación.

Es por ello que este caso que nos ocupa es muy delicado, porque estamos en el inicio del proceso electoral para elegir presidente de la república, senadores, diputados, gobernadores, diputados locales, alcaldes, etcétera, y justamente la libertad de expresión y opinión en los medios de comunicación debe estar garantizada y en paralelo, el derecho de las audiencias debe prevalecer sobre cualquier interés particular.

No nos puede resultar indiferente que en el programa Enfoque Noticias, dirigido por Leonardo Curzio, y como él mismo lo dio a conocer, su renuncia obedeció a presiones de su propio medio de comunicación, cuyos directivos le solicitaron que despidiera a Ricardo Raphael y a María Amparo Casar del programa. Este hecho, de confirmarse, nos da elementos para suponer que estamos frente a un caso de censura a los periodistas y comunicadores, así como a la violación a los derechos de las audiencias que, en otros países, no sólo están garantizados, sino que cuentan con mecanismos que permiten su exigibilidad y protección.

Esta situación debe revertirse toda vez que el marco jurídico que define el derecho de audiencias fue concebido para proteger la libertad de expresión así como los derechos colectivos de los ciudadanos en la materia, y la integridad de los periodistas y comunicadores en contra de este tipo de abusos que consideramos reprobables.

En nuestro país, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece que:

Artículo 256. El servicio público de radiodifusión de interés general deberá prestarse en condiciones de competencia y calidad, a efecto de satisfacer los derechos de las audiencias, para lo cual, a través de sus transmisiones brindará los beneficios de la cultura, preservando la pluralidad y veracidad de la información, además de fomentar los valores de la identidad nacional, con el propósito de contribuir a la satisfacción de los fines establecidos en el artículo 3o. de la Constitución. Son derechos de las audiencias:

...

II. Recibir programación que incluya diferentes géneros que respondan a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad;

En el mismo sentido, los Lineamientos Generales sobre los Derechos de las Audiencias, emitidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, establecen en el artículo 5 fracción III, que constituyen derechos de las audiencias:

III. Ejercer libremente, sin persecución o investigación judicial o administrativa alguna, el derecho de información, de expresión y de recepción— de contenidos -audiovisuales a través del Servicio de Radiodifusión y del Servicio de Televisión y/o Audio Restringidos, el que no será objeto de limitación alguna ni censura previa, y se ejercerá en los términos de la Constitución, los tratados internacionales y las leyes aplicables;

Es por lo anterior que, en caso de que así lo consideren los comunicadores Leonardo Curzio, María Amparo Casar y Ricardo Raphael, tienen el derecho para presentar las denuncias correspondientes en contra de quienes pudieran haber ejercido abusivamente el poder, dentro de la concesionaria de telecomunicación o desde el propio gobierno.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, plenamente comprometidos con la libertad de expresión y los derechos de las y los mexicanos, sometemos a consideración de esta H. Soberanía, el siguiente punto de:

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión expresa su solidaridad con los comunicadores Leonardo Antonio Curzio Gutiérrez, Ricardo Raphael de la Madrid y María Amparo Casar Pérez y condena cualquier acto que pudiera ser considerado como censura.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a que, en el presente caso, inicie las investigaciones correspondientes sobre las conductas de los directivos de la empresa Núcleo Radio Mil, que pudieran considerarse constitutivas de violaciones a los derechos humanos y en particular a la libertad de expresión.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita al Instituto Federal de Telecomunicaciones inicie una investigación de las conductas de los directivos de la empresa Núcleo Radio Mil, respecto a posibles violaciones cometidas contra lo establecido en el Capítulo IV de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión así como en los Lineamientos Generales sobre los Derechos de las Audiencias.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2017.

Diputados: Francisco Martínez Neri y José de Jesús Zambrano Grijalva (rúbricas)


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Semarnat a desarrollar políticas, estrategias, programas o incentivos fiscales y financieros para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y fomentar el desarrollo sostenible del país y de los agentes que intervienen en la consecución de dicho objetivo, suscrita por las diputadas María Guadalupe Oyervides Valdez, Flor Estela Rentería Medina y Ana María Boone Godoy, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones jurídicas aplicables, las suscritas, María Guadalupe Oyervides Valdez, Flor Estela Rentería Medina y Ana María Boone Godoy, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentan a esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos, fundamentos y consideraciones

Los efectos negativos relacionados con el cambio climático son evidentes y, en definitiva, representan uno de los mayores retos de la humanidad.

En atención de su conocimiento y experiencia en el tema objeto del presente instrumento, considero innecesario, para sus efectos, definir el cambio climático y ahondar en los factores que lo producen. Sin embargo, me permito enumerar algunos de los efectos de mayor relevancia según el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, considerando la investigación del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático:1

• Aumento de la temperatura promedio global de los océanos y la superficie terrestre;

• Aumento promedio mundial del nivel del mar;

• Alteración de la abundancia de algas, plancton y peces en los ambientes marinos;

• Modificación de los patrones naturales de precipitación;

• Inundaciones recurrentes;

• Incremento del número y la intensidad de huracanes, principalmente en el Atlántico norte;

• Sequías más prolongadas;

• Ondas cálidas más frecuentes y pronunciadas en Europa, Asia y Australia;

• Disminución de la disponibilidad de agua para consumo humano, agrícola e hidroeléctrico;

• Disminución de la productividad agrícola;

• Disminución de los glaciares a escala mundial;

• Disminución de la capa de nieve primaveral del hemisferio norte;

• Pérdida de biodiversidad y cambio en la composición de los ecosistemas;

• Disminución de la temperatura promedio en ciertos lugares;

• Mayor propensión a incendios forestales;

• Alteración de los ciclos biológicos y distribución geográfica de la flora y fauna; y

• Alteración de los vectores de enfermedades infecciosas en ciertas áreas.

Lo anterior hace obvia e impostergable la necesidad del tomar acciones globales frente al cambio climático, por lo cual en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se adoptó en fecha 12 de diciembre de 2015 el Acuerdo de París, cuyo objeto principal consiste en establecer medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a través de la mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas a efectos del calentamiento global.2

En 2016, el país se adhirió al acuerdo y recientemente (junio de 2017), ante la salida de Estados Unidos de América, ratificó el compromiso realizado.

El propio Acuerdo de París manifiesta que su objeto consiste en reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza, y refiere, en su artículo cuarto, como puntos clave para conseguir dicho objetivo:

• Promover la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero, fomentando al mismo tiempo el desarrollo sostenible;

• Incentivar y facilitar la participación, en la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero, de las entidades públicas y privadas que cuenten con la autorización de las partes;

• Contribuir a la reducción de los niveles de emisión en las partes de acogida, que se beneficiarán de actividades de mitigación por las que se generarán reducciones de las emisiones que podrá utilizar también otra parte para cumplir su contribución determinada a escala nacional;3

Con antelación pero respecto al compromiso internacional realizado y como consecuencia de lo establecido en la Carta Magna, la cual refiere que toda persona tiene derecho a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar y que el Estado garantizará el respeto de dicho derecho,4 el 6 de junio de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Cambio Climático, que determina de manera clara el alcance y contenido de la política nacional de cambio climático, define las obligaciones de las autoridades del Estado y las facultades de los tres órdenes de gobierno. Además, establece los mecanismos institucionales necesarios para enfrentar este reto.

Conforme a la ley, la federación es la encargada de formular y conducir la política nacional de cambio climático de acuerdo con principios claramente definidos.5

A continuación relaciono algunos artículos que me parecen relevantes para los efectos del presente instrumento:

Artículo 26. En la formulación de la política nacional de cambio climático se observarán los principios de

XII. Compromiso con la economía y el desarrollo económico nacional, para lograr la sustentabilidad sin vulnerar su competitividad frente a los mercados internacionales.

Artículo 32. La política nacional de mitigación se instrumentará con base en un principio de gradualidad, promoviendo el fortalecimiento de capacidades nacionales para la mitigación de emisiones y la adaptación a los efectos adversos del cambio climático, priorizando en los sectores de mayor potencial de reducción hasta culminar en los que representan los costos más elevados, además de atender los compromisos internacionales de los Estados Unidos Mexicanos en la materia.

Para las políticas y actividades que impliquen o que trasladen un costo al sector privado o a la sociedad en general, y que no existan fondos o fuentes internacionales de financiamiento que puedan cubrir los costos para la implantación de dichas políticas y actividades, éstas podrán instrumentarse en dos fases, cuando exista área de oportunidad para los sectores regulados:

I. Fomento de capacidades nacionales en la cual, las políticas y actividades a ser desarrolladas, deberán implementarse con carácter voluntario, con el objetivo de fortalecer las capacidades de los sectores regulados, considerando

e) Análisis de la competitividad de los productos mexicanos en el mercado internacional, después de que se haya aplicado la herramienta o mecanismo objeto de estudio, en el sector analizado, si ese fuere el caso;

f) Determinación de las metas de reducción de emisiones que deberá alcanzar el sector analizado, considerando su contribución en la generación de reducción del total de emisiones en el país, y el costo de la reducción o captura de emisiones;

h) Análisis del desempeño del sector industrial sujeto de medidas de mitigación comparado con indicadores de producción en otros países y regiones;

II. Establecimiento de metas de reducción de emisiones específicas, considerando la contribución de los sectores respectivos en las emisiones de gases o compuestos efecto invernadero en el país, considerando

b) El análisis costo-eficiencia de las políticas y acciones establecidas para la reducción de emisiones por sector, priorizando las que promuevan mayor reducción de emisiones al menor costo.

Artículo 33. Los objetivos de las políticas públicas para la mitigación son

II. Reducir las emisiones nacionales, a través de políticas y programas, que fomenten la transición a una economía sustentable, competitiva y de bajas emisiones en carbono, incluyendo instrumentos de mercado, incentivos y otras alternativas que mejoren la relación costo-eficiencia de las medidas específicas de mitigación, disminuyendo sus costos económicos y promoviendo la competitividad, la transferencia de tecnología y el fomento del desarrollo tecnológico;

XIII. Desarrollar incentivos económicos y fiscales para impulsar el desarrollo y consolidación de industrias y empresas socialmente responsables con el medio ambiente;

XVI. Promover la competitividad y crecimiento para que la industria nacional satisfaga la demanda nacional de bienes, evitando la entrada al país, de productos que generan emisiones en su producción con regulaciones menos estrictas que las que cumple la industria nacional.

Artículo 34. Para reducir las emisiones, las dependencias y entidades de la administración pública federal, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de su competencia, promoverán el diseño y la elaboración de políticas y acciones de mitigación asociadas a los sectores correspondientes.

Artículo 36. La secretaría promoverá de manera coordinada con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Energía, en el ámbito de sus competencias, el establecimiento de programas para incentivar fiscal y financieramente a los interesados en participar de manera voluntaria en la realización de proyectos de reducción de emisiones.

Del contenido de dicha ley se desprende que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la participación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y la opinión del Consejo de Cambio Climático tendrían la responsabilidad de generar una Estrategia Nacional de Cambio Climático, el cual fungirá como instrumento rector de la política nacional en el mediano y largo plazos para enfrentar los efectos del cambio climático y transitar hacia una economía competitiva, sustentable y de bajas emisiones de carbono.

La estrategia referida fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de junio de 2013 y en términos generales se puede decir que en consistente con la Ley General de Cambio Climático al referir que es un instrumento de planeación que define la visión de largo plazo y que además rige y orienta la política nacional con una ruta a seguir que establece prioridades nacionales de atención y define criterios para identificar las prioridades regionales.

Asimismo, enuncia que su visión a largo plazo plantea que el país crecerá de manera sostenible y promoverá el manejo sustentable y equitativo a fin de dirigirlo hacia un país resiliente y bajo en emisiones.6 Lo anterior, en la inteligencia de que sus líneas de acción requieren de integración, continuidad de esfuerzos y la participación, en muchos casos, de los tres órdenes de gobierno, así como del Poder Legislativo y de todos los sectores de la sociedad.

Lo anterior es importante porque además de definir la problemática señala que la solución en México sólo será factible si se planea para que sea sostenible y si incluye a todos los sectores de la sociedad; de hecho cualquier política, estrategia o mandato debe cumplir dichas características, pues la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, llevando a cabo la regulación y fomento de actividades que demande el interés general.7

El presidente, licenciado Enrique Peña Nieto, incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013, en el objetivo 4.4 la estrategia 4.4.3, sobre fortalecimiento de la política nacional de cambio climático y cuidado del medio para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y de bajo carbono donde, entre otras cosas, señaló como planes o estrategias prioritarias para su administración:

• Contar con políticas transversales, coordinadas y articuladas; desarrollar políticas fiscales e instrumentos económicos y financieros con enfoque climático; fomentar la investigación; promover una cultura climática en la sociedad; instrumentar mecanismos de medición, reporte y verificación así como monitoreo y evaluación; y fortalecer la cooperación internacional.

• El cumplimiento de los objetivos de mitigación de reducir en 30 por ciento las emisiones respecto a la línea base en 2020 y 50 por ciento en 2050 en relación con las emisiones de 2000, requiere transformaciones estructurales en el modelo de desarrollo del país.

• Pese al tamaño del reto, es el reflejo de la actuación decidida del Estado Mexicano de enfrentarlo contundentemente.

En conclusión, la problemática no sólo es clara sino que es grave y demanda acciones urgentes. En México prevalecen condiciones de alta vulnerabilidad ante el cambio climático.

La información sobre los impactos climáticos históricos y las tendencias socioecológicas y socioeconómicas, aunados a los fenómenos actuales de industrialización y urbanización, el uso indiscriminado y consecuente deterioro de los recursos naturales, entre otros, representan un problema ambiental, social y económico que se agudizará por los efectos del cambio climático, por lo que resulta necesario que en atención a lo establecido en aquel pacto internacional que ratificamos, en la Carta Magna, en la legislación y en el Plan Nacional de Desarrollo se realicen los esfuerzos necesarios y urgentes para la creación de políticas públicas, estrategias específicas, incentivos, que incluyan a todos los sectores de la sociedad con la intención de no quedar estancados en este proceso de desarrollo sostenible, pues si no se toman medidas drásticas desde hoy, será más difícil y costoso adaptarse a estos efectos en el futuro.8

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a intensificar en el ámbito de sus atribuciones los esfuerzos para el desarrollo de políticas, estrategias, programas o incentivos fiscales y financieros que promuevan la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero y fomenten el desarrollo sostenible delo país y de los agentes que intervienen en la consecución de dicho objetivo.

Notas

1 https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/efectos-del-cambio-climat ico

2 Acuerdo de París, artículo 1.

3 Acuerdo de París, artículo 4.

4 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4o.

5 Ley General de Cambio Climático.

6 Estrategia Nacional de Cambio Climático.

7 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 25.

8 http://www.un.org/es/sections/issues-depth/climate-change/index.html

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2017.

Diputadas: María Guadalupe Oyervides Valdez, Flor Estela Rentería Medina, Ana María Boone Godoy (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud de Jalisco a promover el alcance oportuno sobre los servicios médicos durante el embarazo, parto, posparto y puerperio, a cargo del diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Elías Octavio Íñiguez Mejía, diputado de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a las malformaciones congénitas de la siguiente manera: “toda anomalía del desarrollo morfológico, estructural, funcional o molecular que se presenta en un recién nacido, sea externa o interna, familiar o esporádica, hereditaria o no, única o múltiple, y que resulta de la embriogénesis defectuosa”.

Este organismo internacional subraya que las anomalías congénitas son en muchos países causas primordiales de muerte infantil, enfermedades crónicas o de discapacidad, y se tiene conocimiento de que cada año un aproximado de 276 mil recién nacidos fallecen durante las primeras cuatro semanas de vida en el mundo, debido a estas anomalías.

En este orden de ideas, se presenta la siguiente estadística respecto del número de muertes neonatales y sus causas que sucedieron en el año 2013 en el mundo:

Causas de las muertes neonatales en 2013 a escala mundial1

Nota: “Si bien es cierto, que las anomalías congénitas cuentan con el menor número de defunciones neonatales a nivel mundial, no se debe soslayar su importancia, ya que muchos de estos padecimientos suceden en países latinoamericanos o países de economía baja que no cuentan con servicios de salud fehacientes”.

Estas anomalías congénitas pueden tener un origen de carácter genético, infeccioso, ambiental o por complicaciones durante el embarazo, sin embargo, muchos de estos problemas son vistos por primera vez al momento del parto, ello debido a la falta de atención y vigilancia en el transcurso del desarrollo del embrión.

Si bien es cierto, que algunas anomalías congénitas solamente se pueden dilucidar al momento del alumbramiento, existen otras que, a criterio de la OMS, son consideradas prevenibles mediante las providencias precautorias sanitarias fundamentales, ejemplo de lo anterior, es que la madre en desarrollo gestacional se vacune, ingiera componentes suficientes como el ácido fólico, el yodo, se alimente correctamente, se suplemente con supervisión de un experto en la salud y realice los cuidados prenatales adecuados.

También se deja en claro que las anomalías congénitas son una problemática de salud pública, ya que, si no se tiene al alcance los servicios de atención y detección, la prevalencia de las mismas se incrementara.

La detección de las anomalías congénitas, es más fácil diagnosticarlas durante el embarazo (periodo periconceptivo) y en el periodo neonatal, donde las enfermedades que se pueden detectar son las siguientes:

a) Periodo periconceptivo. Los resultados de las pruebas deben utilizarse para determinar la atención más adecuada en función del riesgo asociado a determinadas características maternas, tales como la edad temprana o avanzada o el consumo de alcohol, tabaco u otros medicamentos psicoactivos. La ecografía permite detectar el síndrome de Down durante el primer trimestre y las anomalías fetales graves durante el segundo trimestre. Además, la amniocentesis y otras pruebas pueden ayudar a detectar los defectos del tubo neural y las anomalías cromosómicas durante el primero y el segundo trimestres.

b) Periodo neonatal. En el periodo neonatal se puede realizar una exploración física y pruebas para detectar trastornos hematológicos, metabólicos y hormonales. Las pruebas para detectar la sordera y las malformaciones cardíacas y la detección precoz de las anomalías congénitas pueden facilitar la instauración de tratamientos capaces de salvar la vida y prevenir la evolución hacia discapacidades físicas, intelectuales, visuales o auditivas. En algunos países se somete a los recién nacidos a pruebas sistemáticas de detección de anomalías tiroideas y suprarrenales antes de que abandonen la maternidad.

El tratamiento y atención para algunas de las anomalías congénitas pueden ser corregidas mediante la cirugía pediátrica, sin embargo, es una materia en la que apenas resonó en vislumbraría, además de que son pocos los padecimientos congénitos que resultan efectivos, por tanto, se deja en claro que es mejor prevenir dichas anomalías congénitas, debido a que la ciencia en este tipo de atención es todavía primigenia.

2. La OMS pidió a los Estados Miembros que se ocupen de la equidad sanitaria a través de la cobertura sanitaria universal, de modo que todos los niños puedan tener acceso a servicios de salud esenciales sin excesivas dificultades económicas.

Se proponen orientaciones estratégicas para cambiar de la labor convencional a planteamientos innovadores, múltiples e individualizados para aumentar el acceso a los servicios de salud para los niños y su cobertura y calidad mediante una combinación óptima de la atención en la comunidad (en particular en el domicilio) y en centros sanitarios y hospitales. También son necesarios esfuerzos multisectoriales, y en particular del sector de la salud, para superar las desigualdades y los determinantes sociales de la salud.

3. En el año 2010 en México a nivel nacional se reportaron un total de 6 mil 477 infantiles por causas congénitas, representando un estimado de 22 por ciento de todas las muertes infantiles.

Debido a la tendencia descendente de los nacimientos, la tasa crece entre 299 y 336 muertes por cada cien mil nacimientos durante los últimos diez años En un análisis más detallado, se observa que de las malformaciones congénitas destacan particularmente las del corazón con 2, 287 muertes, seguidas por las del sistema osteomuscular con 366, las de las grandes arterias con 350 defunciones y la anencefalia y malformaciones congénitas similares 274.2

4. Trasladándonos al ámbito local en México, estadísticas de la Secretaria de Salud de Jalisco estiman que las anomalías congénitas presuponen el segundo lugar en mortalidad materna en dicha entidad, contando con un total de 497 defunciones en el año de 2013, cifra que no ha disminuyo en 2016.

De igual manera, la Secretaria indica que la principal causa de mortalidad infantil en el periodo preescolar son este tipo de anomalías congénitas que repercutieron en los primeros años del infante, quedando como tal, con un total de 50 defunciones en el año 2013.3

5. En el año 2015 la Secretaría de Salud de Jalisco, a través de Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva “José Guerrerosantos”, llevo a cabo jornadas gratuitas de 100 días, para atender padecimientos congénitos, tales como labio y paladar hendido, podidactilia y sindactilia.4

Los pacientes fueron valorados y canalizados en las unidades médicas dependientes de la Secretaria de Salud de Jalisco, para posteriormente atenderlo conforme a esta política pública local.

En menester reconocer esta labor por parte de la Secretaria de Salud y del Director del Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva, al fomentar el derecho al acceso total de los servicios de salud, y creemos conveniente que sería de igual modo aplaudible que se centraran en campañas como estas pero sobre valoración y diagnostico preventivo en las mujeres embarazadas, con los métodos médicos que para su efecto corresponden.

Marco Jurídico Aplicable

5. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4o establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de la propia Constitución.

6. La Declaración Universal de Derechos Humanos, reconoce la protección de la salud como un derecho fundamental que debe ser garantizado a toda la ciudadanía en condiciones de igualdad

7. La Ley General de Salud en cuanto a las áreas de salubridad general que se deben cubrir, en su artículo 3 determina que una de ellas es, la “atención materno infantil”.

El capítulo específico de la Ley General de Salud denominado “Atención Materno Infantil”, que contempla y alberga las disposiciones bajo las cuales se prestará la atención materna y dentro del cual se plasma a través del artículo 62 que, en los servicios de salud se promoverá la organización institucional de comités de prevención de la mortalidad materna e infantil, a efecto de que se conozca, sistematice y evalúe el problema y se adopten las medidas conducentes.

8. La Norma Oficial Mexicana NOM-007ssa2-2016 “Para la atención de la Mujer durante el Embarazo, Parto y Posparto y de la Personas Recién Nacida”, tiene por objetivo el establecer los criterios conducentes para atender y vigilar la salud de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio.

Dicha determinación ejecutiva señala en su numeral 5.1 lo siguiente, sobre la atención médica en mujeres en etapa reproductiva:

“La atención médica que reciban las mujeres en edad reproductiva en los establecimientos para la atención médica públicos, privados y sociales del país, debe ser con un enfoque preventivo, educativo, de orientación y consejería”.

9. A manera de conclusión, las autoridades públicas deben disminuir la mortalidad infantil por malformaciones congénitas, por lo que es imprescindible apoyar, mantener y fomentar las políticas y programas de prevención primarias implementadas.

Por otra parte, la generación de conocimiento a través de la investigación científica, por medio de estudios epidemiológicos y de casos-controles, permitirán la implementación de medidas preventivas con mayor eficacia.

Por lo anterior, someto a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a la Secretaria de Salud del estado de Jalisco, para que en el ámbito de sus facultades, promueva el alcance oportuno sobre los servicios médicos para todas las mujeres durante el embarazo, parto, post-parto y puerperio, con el fin de diagnosticar y prevenir oportunamente las malformaciones congénitas que se lleguen a suscitar en el desarrollo embrional y fetal

Notas

1 Organización Mundial de la Salud. (2015). Anomalías Congénitas. 4 de julio de 2017, de Centro de Prensa Sitio web:

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs370/es/

2 Secretaría de Salud, Dra.Sonia B. Fernández Cantón. (2012). Principales causas de mortalidad infantil en México: tendencias recientes. 5 de julio de 2017, de Dirección de Información Epidemiológica Sitio web:

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-11462012000200011

3 Secretaria de Salud de Jalisco. (2014). Principales causas de mortalidad. 5 de julio de 2017, de Salud Pública Sitio web: http://ssj.jalisco.gob.mx/estadisticas-e-indicadores/63

4 Secretaria de Salud de Jalisco. (2015). Atenderá gratis la SSJ pacientes con deformidades por anomalías congénitas. 5 de julio de 2017, de Prensa Sitio web:

http://www.jalisco.gob.mx/es/prensa/noticias/25945

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2017.

Diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al desarrollo y la implantación de instrumentos de planeación que permitan ordenar las acciones, los procedimientos, las herramientas y los responsables específicos para cada etapa del ciclo de vida de la prevención, facilitando aplicar una gestión integral de residuos generados en un desastre, a cargo del diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Felipe Reyes Álvarez, diputado federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

México, por su localización geográfica y disposición territorial, es un país, como ningún otro, que mayores previsiones ante diversos fenómenos naturales como ciclones tropicales, lluvias torrenciales, mar de fondo, ondas de calor, sequías, sismos, entre los más importantes, que causan severos daños a las poblaciones. Estos fenómenos son cada vez menos predecibles y más anómalos, llegando a extremos que provocan daños nunca antes vistos.

Claro ejemplo de lo anterior, fue el mes de septiembre de este año. El pasado 7 de septiembre del presente año, un fuerte terremoto de 8.3 grados Richter sacudió con mucha fuerza a los estado de Chiapas, Oaxaca y Tabasco. En especial, el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, fue muy afectados por este fenómeno, los municipios y localidades de Asunción Ixtaltepec, Chahuites, Ciudad Ixtepec, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero Avendaño, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blas Atempa y San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Tapanatepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa y Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo.

El 19 de septiembre se registró un nuevo terremoto de 7.1, esta vez afectando gravemente a la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Aunado a esto el sábado 23 septiembre, otro sismo volvió a sacudir a los habitantes del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, dejando más afectaciones y nuevos damnificados.

La consecuencia de todos estos sismos, es que además de la lamentable pérdida de vidas humanas, hubo grandes daños a la infraestructura, se derrumbaron o resultaron con graves daños muchas viviendas, escuelas y hospitales, entre otros bienes materiales, dejando a la población expuesta y desprotegida.

En la teoría del desastre, se dice que éstos son socialmente construidos. Es decir, no es posible magnificar a los sismos, como el simple causante de los desastres, que azotaron el Centro y Sur del país. El principal problema fue, que se habían creado las condiciones de vulnerabilidad social, ambiental y económica, que llevaban a potenciar los peligros de dichos sismos. Se ha visto, que muchas viviendas y demás infraestructuras no han sido bien hechas, que el desastre no es meramente propiciado por la naturaleza, sino provocado por los propios seres humanos.

Uno de los efectos visibles en una situación de desastre, debido a las pérdidas materiales es la gran generación de residuos, más allá de lo que normalmente se gestiona en tiempos normales. Con ello, se da una disposición inadecuada de los mismos, que afecta directa o indirectamente a la salud de la población por el riesgo asociado de residuos con características corrosivas, reactivas, tóxicas, inflamables o explosivas, así como la exposición a organismos patógenos, sustancias tóxicas y metales pesados, que se presentan por la contaminación del suelo, agua y aire.

Por ello, en situaciones de emergencia debido a desastres naturales, el manejo de los residuos sólidos debe ser prioritario para la salud de las poblaciones afectadas. En general, es conocido que después de ocurrido un desastre natural además de las lesiones por trauma, a veces existe un incremento significativo de infecciones respiratorias y diarreicas muchas de ellas ocasionadas por los puntos de acumulación de residuos domésticos y material orgánico putrescible, que se convierten en focos de agentes transmisores de enfermedades y del desarrollo de vectores patógenos. La acumulación de lodos, escombros y restos de demolición se convierte en causa principal de las afecciones respiratorias y de la piel, al igual que la presencia de grandes cantidades de cenizas. De igual manera, el manejo inadecuado de residuos potencialmente peligrosos como los residuos infecciosos generados en establecimientos de salud y los químicos tóxicos constituye un factor de riesgo para la salud humana si no se realiza un adecuado almacenamiento, tratamiento y disposición final.

Por ejemplo, en la población de Asunción Ixtaltepec, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, se ha observado un grave problema de encharcamiento porque los residuos, que conforman el escombro, está bloqueando las coladeras y los cauces construidos para el desagüe pluvial, por lo que se puede convertir en un problema mayor al estar expuestos los damnificados a las enfermedades originadas por el agua estancada. Pero la problemática más grave es que el actual sitio de disposición del escombro es en la orillas del río de Los Perros, con el riesgo de que debido a lluvias, esta acumulación de escombros podría generar un derrame de aguas y residuos, que puede destruir el puente que comunica a Asunción Ixtaltepec con el poblado de El Espinal, además de contaminar a las aguas del caudal de este río. Por ello, a un mes del primer sismo urge reubicar los residuos de la construcción de dicho sitio, a un sitio de disposición final. Esto debe realizarse conforme a la legislación y normativa en la materia. Cabe señalar, que la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos establece que los residuos de construcción y demolición son catalogados como de manejo especial y que por tanto su manejo adecuado es responsabilidad de los Gobiernos de las Entidades Federativas.

Al respecto, es importante comentar, que el pasado 29 de septiembre del presente año, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en representación del Gobierno Federal firmó un acuerdo de colaboración con los Gobiernos de la ciudad de México, Estado de México, Morelos y Puebla, con el propósito de establecer las bases de colaboración para realizar la disposición y el manejo adecuado de los escombros generados por los sismos. Además de la Semarnat, por parte del Gobierno Federal interviene en el Acuerdo la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Las bases de colaboración se apoyan en el documento “Criterios para el manejo de los residuos de construcción y demolición generados por el sismo del 19 de septiembre para los estados de México, Morelos, Puebla y Ciudad de México”, y fue elaborado por la Semarnat.

En dicho sentido, es necesario que dicho acuerdo se amplié para sus efectos a otros estados afectados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Tabasco y Tlaxcala, en los cuales es urgente la correcta disposición y el manejo adecuado de los escombros generados por los sismos.

Además de atender esta urgencia, también es necesario, dejar de improvisar y actuar de manera reactiva ante los desastres, que generan residuos. Es necesario contar con instrumentos rectores de planeación en las Entidades Federativas, que permita ordenar las acciones, los procedimientos, las herramientas y los responsables específicos para cada una de las etapas del ciclo de vida de la prevención, facilitando aplicar una gestión integral de residuos generados en un desastre. Así, se buscaría establecer las estrategias necesarias tomando en cuenta las condiciones de las poblaciones de las Entidades Federativas y los niveles de actuación de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal). Este proceso previo de planeación debe ser resultado de un amplio ejercicio de consulta pública con la sociedad. Al respecto, existen experiencias a revisar, como es la del estado de Guerrero, que en el año 2015, en el anterior Gobierno Estatal, como producto de desastres ocurridos en la Entidad, desarrolló su “Plan Estatal de Manejo de Residuos de Desastres del Estado de Guerrero”, así como una “Guía para la Atención de Residuos en caso de Desastres para el Estado de Guerrero”. Se trata de contribuir al fortalecimiento de las capacidades locales, regionales y nacionales para diseñar e implementar medidas de gestión de riesgos, mediante la coordinación de una amplia gama de actores, así como a replantear las vías del desarrollo, las políticas y los marcos institucionales tradicionales, para esta generación y las futuras.

Por lo anteriormente señalado, someto a consideración de la Soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita de manera respetuosa a los gobiernos de las entidades federativas del país, a que desarrollen e implementen instrumentos de planeación, que permitan ordenar las acciones, los procedimientos, las herramientas y los responsables específicos para cada una de las etapas del ciclo de vida de la prevención, facilitando aplicar una gestión integral de residuos generados en un desastre.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que en el marco de sus atribuciones, promueva y establezca bases de colaboración para realizar la disposición y el manejo adecuado de los escombros generados por los sismos con aquellos estados del país, que por la magnitud de los desastres sísmicos del mes de septiembre del presente año, así lo requieran.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita de manera respetuosa al Gobierno del estado de Oaxaca, para que en el ámbito de sus atribuciones, coordine las acciones de las instituciones responsables a efecto de realizar la correcta disposición final y el manejo adecuado de los escombros generados por los sismos del mes de septiembre del presente año, mitigando con ello los riesgos de generar otros desastres por su inadecuada disposición.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2017.

Diputado Felipe Reyes Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a solicitar la declaratoria de zona de desastre natural en Tláhuac, a cargo de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal Norma Xóchitl Hernández Colín, integrante del Grupo Parlamentario de Morena a la XLIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, por medio del presente, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta al jefe de Gobierno de la Ciudad de México a solicitar la declaratoria de zona de desastre natural en la delegación Tláhuac

Lo anterior, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera. Como reporta Animal Político, el sismo del día diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete abrió la tierra en Tláhuac. Enormes grietas atraviesan las calles de la colonia Del Mar de esa delegación.

El temblor partió a la mitad el pavimento y hundió las calles hasta 30 centímetros. A 72 horas del sismo los vecinos de esta colonia no tienen luz ni agua, pues el movimiento rompió tuberías lo que provocó fugas y la aparición de socavones. En toda la delegación hay al menos 25, según el reporte preliminar de la delegación. “Hay postes tirados, hasta hoy no hay luz, no hay agua, se cayeron bardas, hay socavones. En mi casa se cayó una barda”, cuenta un habitante de la Conchita Zapotitlán, vecina a la colonia Del Mar.

La delegación inició este viernes la reparación de las calles. En las que tuvieron que abrir las zanjas de hasta metro y medio de profundidad para reparar las fisuras en el pavimento. Las autoridades delegacionales explicaron que las afectaciones en las calles son producto de varias fallas geológicas en la región que se magnificaron con el sismo.

Los vecinos piden a las personas no olvidar a Tláhuac, pues “no todo es la Condesa y la Roma” . El gobierno delegacional reporta hasta el momento 419 bardas y viviendas afectadas; 63 transformadores dañados; 34 postes; 11 árboles y 25 socavones.

De acuerdo al delegado, en el pueblo de San Juan Ixtayopan, en los barrios La Lupita y La Asunción hay por lo menos 120 casas afectadas. También viviendas en la unidad habitacional Ana Bolena y Villa Centroamericana se tienen registrados daños en algunas viviendas, grietas y fugas de agua.

La delegación pidió apoyo de voluntarios para repartir la ayuda. Las donaciones son recibidas en el Puesto de Mando de la explanada delegacional.1

Excelsior comenta que columnas que sostienen el Viaducto elevado de la Línea 12 del Metro presentan grietas y fracturas que mantienen sin servicio seis estaciones que son Tezonco, Olivos, Nopalera, Zapotitla, Tlaltenco y Tláhuac.

En un recorrido por el tramo de las estaciones Olivos, Nopalera y Zapotitla se contabilizaron tres columnas dañadas ubicadas sobre Avenida Tláhuac a la altura de las calles Guillermo Prieto, María Estuardo y Gitana, respectivamente.

Debajo del viaducto elevado se formó un socavón de un metro y medio de diámetro a la altura de la calle Magdaleno Ita.

En todo el tramo de Avenida Tláhuac también se observaron banquetas estrelladas, postes dañados y pavimentos agrietados o hundidos. Además, cristales y plafones dañados en diferentes estaciones.

En el Centro de Transferencia Modal Tláhuac también hay daños. Una pasarela elevada está acordonada pues tiene una separación de unos cinco centímetros de las escaleras, presenta un hundimiento de unos diez centímetros con respecto al vestíbulo de la terminal.

Un tren quedó varado en la zona de las curvas 11 y 12. El Sistema de Transporte Colectivo indicó que realiza revisiones estructurales en la Línea 12 pero no ha informado aún la magnitud de los daños ni si existe la posibilidad de reanudar el servicio.

Vecinos de Tláhuac exigieron que se realicen las reparaciones pertinentes para evitar accidentes pues aseveran que durante el temblor creían que la Línea 12 se derrumbaría. “Se tambaleaba mucho, la verdad yo sentí que se iba a caer y si se dan cuenta la estructura de allá se rompió, ahora sí que debían clausurarlo o arreglarlo porque sí es un peligro” , señaló un vecino. 2

La Jornada publica que vecinos de la colonia Del Mar en la Delegación Tláhuac viven en medio de la angustia, tras la apertura de una grieta que se extendiendo a lo largo de la calle Camarón luego del sismo que se registró el 19 de septiembre.

Los habitantes de la calle aseguraron que prácticamente se partió el pavimento en dos y que está hundiendo, debido a qué hay una falla en el subsuelo. En el lugar se encuentra trabajando personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y refieren que se fracturaron las tuberías, por el movimiento de la tierra.

En la colonia hay varias calles cerradas y es difícil acceder a la zona, la gente tiene temor y algunos decidieron salir de sus hogares, por iniciativa, porque hasta el momento no se les ha informado si hay algún riesgo.

Al ver la calle de frente se puede apreciar cómo queda un desnivel, como si fuera un escalón, y al acercarse se puede ver una profundidad de entre 60 a 70 centímetros, en ambos lados de la fisura se ven afectaciones en el pavimento.

En la colonia Del Mar se han reportado casas con cuarteaduras, bardas caídas, y mucho temor de las familias comentó Rosaura Gómez, porque ha sido poca la ayuda. La fisura en el pavimento tiene “grietitas” que pasan por debajo de algunos inmuebles y los vecinos aseguran que ha habido varios hundimientos.3

Proceso publica que la delegación Tláhuac informó que personal de Protección Civil, en compañía de geólogos de la empresa Ingeniería Geotécnica, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, realizaron diversos recorridos por la colonia Del Mar, donde se han presentado hundimientos y grietas, a fin de conocer el grado de afectación y llevar a cabo las acciones correspondientes.

De acuerdo con un comunicado, el director de Protección Civil en Tláhuac, en conjunto con el grupo de geólogos, “trabajaron en la obtención de las curvas de nivel de terreno que se presentan en las calles de Gitana, Sirena, Pingüino, Aleta y Camarón, esta última luce una grieta importante” .

Las autoridades delegacionales explicaron que, en una primera etapa, un dron sobrevoló las zonas con mayor afectación de la colonia Del Mar recabando imágenes y con ello facilitar el trabajo. Posteriormente, el grupo de geólogos trabajaron en determinar el hundimiento de las calles que presentan mayor afectación y posteriormente, de acuerdo a los resultados, dar alternativas que permitan asegurar y garantizar la seguridad de los vecinos.

Los resultados “se canalizarán a la Dirección de Protección Civil de Tláhuac y ésta a su vez, al Jefe Delegacional, Rigoberto Salgado Vázquez, para poner en marcha acciones que permitan resolver el problema de las grietas, sus afectaciones y asentamientos del terreno” . El funcionario delegacional informó que se mantienen acordonadas las zonas que presentan algún tipo de riesgo, por mínimo que sea, a fin de evitar que los vecinos se acerquen y puedan sufrir un accidente, por ello hizo un llamado a los habitantes de la demarcación para que denuncien cualquier problema que presente su vivienda y pueda ser atendido de inmediato.4

El Big Data publica que el sismo de 7.1 grados Richter afectó a todas las delegaciones, siendo la parte sur-oriente de la ciudad una de las más afectadas.

Aunque los reflectores se han concentrado en delegaciones como Benito Juárez, Cuauhtémoc, Xochimilco y Tlalpan, delegaciones como Tláhuac también sufrieron estragos.

Los vecinos comenzaron a documentar en redes sociales las afectaciones que tuvieron debido al sismo.

Reportes oficiales de las autoridades delegacionales indican que se registraron daños en:

• 419 bardas y viviendas

• 63 transformadores

• 34 postes

• 11 árboles

• 25 socavones

• 28 grietas

• 14 fugas de gas5

TKM publica que ahora que más del 80 % de los servicios de telecomunicaciones como internet han sido reactivados, ha salido a la luz los muchos lugares que han sufrido graves daño, tras el sismo, y que por falta de difusión se encuentran en el completo abandono.

La ayuda se ha enfocado en las colonias del centro de la Ciudad de México, en la Roma y la Condesa las personas se han volcado para ayudar a los damnificados, pero nadie ha prestado atención a las personas que están pasándola muy mal en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta.6

La Otra Opinión hace público que en la Ciudad de México han existido tantas muestras de solidaridad por el sismo del pasado de 19 de septiembre que en algunas de las colonias más afectadas (como la Roma o la Condesa) hubo voluntarios de sombra para mover escombros. Pronto, hubo centros de acopio donde la comida y los alimentos ya sobraban, y comenzaron a solicitarse otro tipo de artículos, como medicinas e instrumentos de curación.

Pero al mismo tiempo que esto ocurría en algunos puntos focalizados, al sur y al oriente de la Ciudad hay colonias que permanecen ignoradas, o donde la ayuda todavía es insuficiente.

En la delegación Tláhuac, por ejemplo, hay lugares donde las autoridades todavía no llegan a auxiliar a vecinos que permanecen sin luz y sin agua potable, o cuyas viviendas están dañadas o a punto de colapsar, pero no han sido revisadas por Protección Civil.

Según información del gobierno delegacional, el saldo del sismo en Tláhuac es, hasta ahora, de 419 bardas o viviendas dañadas, 63 transformadores de luz afectados, 34 postes y 11 árboles caídos y 25 socavones.

En algunas colonias, la energía eléctrica no se restableció sino hasta el día posterior al sismo, mientras que en otras todavía no hay servicio. De cierta forma, ello ha contribuido a que la información sobre las afectaciones en la demarcación fluya más lento y, por ende, no se focalice ayuda hacia las comunidades necesitadas.

Quizá el punto más dañado en la delegación es la colonia Del Mar. Allí, una gran grieta se extendió por la calle Sirena, penetrando incluso dentro de algunas casas. Ante la tardanza de las autoridades de Protección Civil, los vecinos se han visto obligados a apuntalar sus viviendas con madera, y siguen a la espera de que alguien les informe si el inmueble es seguro.

En la misma colonia, pero en la calle Camarón, hay una grieta de más de 250 metros de longitud, con un metro de ancho y 60 centímetros de profundidad. El sismo provocó la fractura de las tuberías, ocasionando fugas. Y aunque sí se reporta la presencia de personal del Sistema de Aguas de la Ciudad, escasea el agua potable.

Las autoridades han sido incapaces de mandar pipas, por lo que los vecinos solicitan donativos de agua embotellada.

Otro problema es el del transporte. Tras el sismo, se cerró el tramo de la línea 12 del Metro que va de las estaciones Tláhuac a Tezonco. Apenas este viernes se reabrieron las estaciones Tezonco y Olivos, pero Nopalera, Zapotitlán, Tlaltenco y Tláhuac continúan cerradas.

Y es que una de las columnas que sostienen el tramo elevado del metro a la altura de la estación Nopalera sufrió afectaciones. Además, a la altura de Zapotitlán se abrió un gran socavón entre otras dos columnas que soportan el tramo elevado.

Así como Tláhuac, en delegaciones del sur-oriente de la Ciudad de México, tales como Xochimilco y Milpa Alta, escasea la ayuda. Sus habitantes siguen a la espera de más voluntarios, de donaciones y de la atención de las autoridades, que en muchos casos no se han acercado para verificar la zona e indicar a los vecinos si sus viviendas son o no seguras.7

Segunda. Aunado a los daños a inmuebles, existe el problema ocasionado por la falta de agua, en tal materia, Excélsior publicó que habitantes de Tláhuac, Iztapalapa y Xochimilco viven una crisis de agua, las afectaciones del sismo a la red de tuberías de agua potable han provocado escasez. Tan sólo en la delegación Iztapalapa un millón y medio de personas padecen por falta del líquido, mientras que, en Tláhuac, los conflictos sociales por el agua ya comenzaron.

Conductores de pipas y vecinos afirman que los carros tanque no llegan a sus destinos porque son interceptados por grupos de personas quienes, a la fuerza, incluso a punta de pistola, se las llevan a sus unidades habitacionales o calles.

Los vecinos claman ayuda porque no hay suministro de líquido, las pipas están escasas o son muy caras y en las tiendas ya se agotó la venta de garrafones. Tal es el caso de la unidad habitacional San Rafael Atlixco.

El jefe de Gobierno anunció que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México ya está operando el Acueducto de Xochimilco que se había dañado y estimó que este lunes se esté regularizando parte de suministro,8 sin embargo, esto no ha ocurrido.

Proceso menciona que alrededor de 200 vecinos de 16 colonias de la delegación Tláhuac se manifiestan en la explanada delegacional para exigir el servicio de pipas de agua potable, pues desde el sismo del pasado 19 (y algunos desde el del 7) no tienen ni una gota.

Antes de trasladarse a la explanada delegacional, los habitantes intentaron retener un par de pipas que llegaron al lugar. Sin embargo, sobre éstas ya iba gente que desde calles atrás guiaba a los choferes para ir solo a ciertas colonias.

Enojados, acusaron que están formados desde las 05:00 horas y no les han respetado el número de folio que les dieron en la delegación desde el pasado martes para distribuirles el servicio. De una carpa que funge como Puesto de Mando para reportar los daños por el sismo, los vecinos sacaron a un funcionario y, entre empujones, le reclamaron que les dieran agua. El empleado fue resguardado por policías, quienes lograron meterlo al edificio delegacional entre gritos y reclamos de la gente.

En entrevistas, los afectados contaron que debido a la falta del líquido e higiene, sus familiares ya comenzaron a tener problemas de salud, como diarrea. Acusaron también que los choferes de las pipas les ofrecen algunos litros a cambio de 150 pesos, cuando el servicio es gratuito.

Se trata de habitantes de las siguientes colonias y barrios: San Francisco Tlaltenco, San José, Centro de Tláhuac, Miguel Hidalgo, Santa Cecilia, La Guadalupe, San Mateo, La Draga, La Conchita Zapotitlán, San Juan, La Habana, Celene, Santa Catarina, San Andrés y San Mateo.9

El Universal reporta que los daños por el sismo de 7.1 grados se agravaron en la Delegación Tláhuac por la falta de agua, debido a que el movimiento telúrico afectó tuberías importantes y se sumó el “secuestro” de pipas por parte de gente armada en la zona.

Las grietas que se abrieron con el sismo provocaron rupturas en diversas tuberías. Por ejemplo, hubo tres fracturas en una tubería de 54 pulgadas que corre por la calle Langosta, por lo que ya se realizan reparaciones por parte de una compañía.

A más de una semana del terremoto, vecinos de colonias como Del Mar siguen sin agua, mientras que otras a penas se reanudó el suministro. Justo en uno de los frentes de obra en calle Langosta, decenas de personas acudieron con cubetas y tambos para recibir un poco de líquido provisto por el personal que se encarga de las reparaciones, pero fue en cuestión de minutos cuando se terminó de brindar el abasto.

Las pipas de la delegación no han llegado a la colonia porque “han sido secuestradas” por personas armadas que se las han llevado a otras zonas, de acuerdo con denuncias. Antonio Rangel, director de protección civil, confirmó ante vecinos el “secuestro de 10 pipas” en un solo día por parte de gente armada que se las lleva a otros puntos y no deja que lleguen a colonias como Del Mar.

Ese día sólo se vio que una camioneta del gobierno capitalino pudo ingresar a la colonia a repartir garrafones de agua para beber. Al respecto, el propio director aseguró que ya se comenzó a restablecer el servicio en colonias como Agrícola Metropolitana y Selene,10 sin embargo, aún existen muchas familias afectadas por la falta del suministro.

La Jornada menciona que ante el desabasto de agua, habitantes de Tláhuac e Iztapalapa toman pipas y realizan bloqueos para exigir el suministro del líquido en sus colonias. En el primer caso, las autoridades, incluso, están considerando pedir a la Marina acordonar algunos sitios por la inseguridad que prevalece, pues aunque se ha iniciado con el reparto de pipas, resulta insuficiente por la alta demanda que existe entre los pobladores.

La Delegación Tláhuac tiene un registro de 700 solicitudes, de las cuales sólo se había podido atender 131, pues se presentaron once grietas de consideración que afectaron la red hidráulica. Además, resultaron afectadas mil 800 viviendas, de las cuales 122 requieren de atención prioritaria y dos más deben ser demolidas ante el riesgo de colapso.

Una situación similar se vive en Iztapalapa, en donde 200 colonias de las 293 que hay en el perímetro delegacional se encuentran sin una gota del líquido en su domicilio, lo que representa el 80 por ciento de la población. Por lo que vecinos realizan bloqueos en la calle de Insurgentes y Manuel Altamirano.

Las autoridades detallaron que se han registrado 400 fugas en el perímetro delegacional; y dos de los tres tanques de almacenamiento de agua están vacíos.11

El portal, Sin Embargo, informa que desde hace semanas o meses, miles de colonos de las delegaciones Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco, en la Ciudad de México, enfrentan el desabasto de agua por fallas e insuficiencia de la infraestructura de las redes hidráulicas. Sin embargo, el sismo de 7.1 grados provocó más de 700 fugas y el aumento en la demanda ha sobrepasado la capacidad de las pipas, algunas de ellas “secuestradas” por personas desesperadas, aseguraron vecinos afectados y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

En las calles, además de huellas del temblor, se observan filas largas de afectados que se forman con cubetas y botes (desde la noche o por la madrugada) para obtener el vital líquido. También compran garrafones en las purificadoras, aunque están por agotarse.

Vanessa, de Iztapalapa, relató que por la delegación te encuentras “una escena de película zombi” : las personas secuestran pipas, las peleas por el líquido vital son constantes y los dueños de pipas “hacen su agosto” . La desesperación es tanta que los vecinos ya destaparon los ductos de agua para sacarlo con cubetas y así poder bañarse o lavar su ropa.

Las autoridades de las tres delegaciones han suministrado a algunas colonias llenando cisternas o llevando pipas gratuitas, además de solicitar la reparación de las redes de agua potable dañadas. Pero en gran parte de la zona no han llegado porque no hay suficientes pipas, las asaltan o las desvían a lugares donde les ofrecen dinero, de acuerdo con los testimonios.

Rodrigo García, trabajador del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y miembro del colectivo Agua para Todos, aseguró en entrevista que dicho sistema ha abandonado durante años el mantenimiento de las redes primarias y las delegaciones no han atendido las redes secundarias. Las reposiciones se han otorgado a empresas privadas como Industrias del Agua de la Ciudad de México, lo que resulta en un gasto doble.

Sin embargo, los trabajadores del Sistema de Aguas “tienen que hacer milagros” porque no cuentan con las herramientas necesarias para reparar las fugas. Las delegaciones les niegan presupuesto, “pero más bien se desvía el recurso para otra cosa aunque sea una prioridad” . Además, aunque se cuenta con algunas plantas de rebombeo para suministrar, “han sufrido abandono en su mantenimiento y tienen fugas internas sin atender” .

En Iztapalapa, donde también colapsaron o se dañaron inmuebles, hasta el martes se reportaban 900 mil afectados por la falta de agua. Vecinos consultados coincidieron en que su problema data antes del sismo.

En el caso de Mar, que vive en un edificio de 120 departamentos, ya va para un mes. La última pipa que surtió, “ya fue hace mucho” , les cobró 20 pesos por departamento. Pero esa unidad habitacional necesita cuatro para llenar la cisterna.

Raúl también lleva un mes sin agua. Para bañarse, lavar trastes o hacer la comida, compra garrafones para cinco personas, por lo que gasta 50 pesos al día. Contó que hay vecinos que se van a formar desde la una de la mañana para poder obtener una pipa, la cual tienen que compartir con otras personas. Consideró que a raíz del sismo “empeoró más porque ya son más colonias las afectadas” .

Alejandra se unió a esa escasez por las consecuencias del terremoto. Para poder cubrir la semana, compró cuatro garrafones de agua y reutilizaron la sucia para el baño. “No ha caído y pues solo nos han dicho que las pipas las están mandando al centro” , expuso.

Desde hace quince días, Hikari no tenía acceso al servicio, pero “con el sismo empeoró la situación” porque ahora las pipas no llegan a su colonia Parajes, Buenavista. Ha optado por comprar garrafones en la purificadora, aunque “es un gasto muy fuerte [100 pesos diarios] que no podremos sobrellevar tanto tiempo” .

Al sur de la Ciudad de México, sacudida hace una semana, los habitantes también han reclamado por el servicio antes y después del siniestro. En Tláhuac, afirmó Jaqueline Ríos, es constante el desabasto. Tras el sismo de 8.2 registrado la noche del 7 de septiembre, algunos locatarios ya denunciaban fallas en el suministro. Con la llegada del terremoto similar al de 1985 toda la delegación se unió a la exigencia.

El domingo el caos reinaba. “Las pipas de la Delegación brillaban por su ausencia y las privadas no querían dar ya el servicio, porque estaban secuestrando las pipas, no las dejaban llegar a su destino y mucho menos pagarles el agua” , lamentó.

En el caso de Raúl Ramos, las gotas dejaron de fluir desde el 19 de septiembre, el martes del temblor. Aunque se ha formado tres días seguidos, la pipa no había llegado “porque las secuestran” . Este lunes logró arribar una a tres calles de su casa, pero sólo le dieron un bote de 100 litros. “Fue a la mitad porque era demasiada gente” .

En la Delegación Xochimilco, donde poblados fueron víctimas de la sacudida, habitantes de San Marcos, San Cristóbal, San Esteban, San Bernardino y San Gregorio Atlapulco llevan días sin agua. “Este problema también lo teníamos antes del sismo” , acusó Alma.

Rodrigo García, trabajador del Sistema de Aguas, reflexionó que el desabasto radica en las políticas de gestión al haber abandonado el mantenimiento de la infraestructura hidráulica, la cual, al igual que las edificaciones, colapsó con los temblores del 7 y 19 de septiembre pasados.12

Huffpost publica que a través de redes sociales, colonos de las delegaciones Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco demandan la falta de agua, incluso antes del sismo del 19 de septiembre. Vecinos aseguran que llevan casi un mes sin agua; el desabasto radica, según explican, en que no se le ha dado mantenimiento a la infraestructura hidráulica, la cual, tras el sismo del pasado 7 de septiembre, empezó a fallar y provocó la falta de agua. Después, con el sismo del 19 de septiembre, la situación empeoró.

En Tláhuac e Iztapalapa se reportan avenidas bloqueadas por los vecinos, que desesperados piden que les resuelvan el problema ya que la demanda es cada vez mayor. En estas zonas se observan personas haciendo largas filas para llenar cubetas y botes, además de que la compra de garrafones (que empiezan a escasear) está incrementando. “La desesperación es tanta que los vecinos ya destaparon los ductos de agua para sacarlo con cubetas y así poder bañarse o lavar su ropa” .

Asimismo, demandan el secuestro o desvío de las pocas pipas gratuitas que han suministrado las autoridades, que sólo llegan a donde la gente ofrece dinero.13

Uno Tv informa que habitantes de la delegación Tláhuac pasaron del temor por el sismo a la angustia por la falta de agua, y las pocas pipas que han llegado son prácticamente secuestradas por algunos vecinos que las llevan a sus hogares.

A lo anterior se le suman los daños en tuberías de agua potable y de drenaje, hundimientos y socavones. Ha pasado ya una semana después del sismo, y los vecinos ahora se organizan para recoger escombros y acopiar alimentos.

Las necesidades en Tláhuac son muchas, y los vecinos afectados dicen que no estarán tranquilos hasta que llegue el agua potable a sus hogares por lo que hacen un llamado a las autoridades.14

Publimetro comparte que vecinos y piperos de diferentes poblados y barrios de las delegaciones Xochimilco, Tláhuac e Iztapalapa han denunciado el robo de camiones con los que se abastece el agua para zonas que no cuentan con el recurso desde el sismo del 19 de septiembre pasado.

A pesar de que las autoridades delegaciones han desplegado decenas de pipas para aminorar la crisis del líquido, residentes acusaron que a punta de pistola varios de estos camiones fueron desviados de sus rutas por grupos de personas armadas.

Los casos más graves se reportan en Tláhuac, donde los conductores de las pipas fueron interceptados por comandos armados y fueron obligados a suministrar agua potable a varias unidades habitacionales de la demarcación.

“Nos están secuestrando pipas, no hemos podido llegar a varios poblados porque hay varios grupos armados que no exigen a punta de pistola que esa agua sea para las colonias donde viven” , sostuvo a Publimetro, Omar Hernández, conductor de una de las pipas de agua.

Incluso, agregó que una vez que es robado el líquido, los grupos armados llegan a revender las pipas hasta en cuatro mil pesos en Iztapalapa y Tláhuac.

El modus operandi es sencillo: en varias avenidas principales, diversas personas se agrupan para bloquear el camino a las pipas y obligar al conductor a trasladarse a un punto específico.

Mientras que en Xochimilco el conflicto ha escalado a tal grado que ha provocados distintas movilizaciones, protestas y bloqueos a avenidas principales en los últimos días.

El caso más grave se viven en San Gregorio, ya que los pobladores han optado por comprar garrafones para realizar sus actividades normales como bañarse y lavar ropa.

En tanto, Iztapalapa reportó un millón y medio de personas con afectaciones por la falta de agua potable, según información de la demarcación.15

Crónica narra que debido a la ruptura de una tubería sobre la avenida Tláhuac, ocasionada por el sismo, 40 colonias de la demarcación continúan sin suministro de agua y sus habitantes denuncian el poco o nulo envío de pipas por parte de autoridades capitalinas.

El incidente, que se localiza sobre la avenida Tláhuac esquina con la calle Magdaleno Ita, propició que el Servicio de Aguas de la Ciudad de México levantara el asfalto para cavar un hoyo en el lugar y reparar el desperfecto.

Al respecto, el ingeniero Mario Flores Campero, jefe regional de la oficina Milpa Alta-Tláhuac del Sistema de Aguas, señaló que esta tubería del acueducto Chalco-Xochimilco presenta cinco fracturas, de las cuales tres ya han sido reparadas.

“Esto ha afectado el suministro de agua hacia algunas colonias porque esta tubería es el alma de todo el sistema hidráulico de Tláhuac. Conforme vayamos solucionando fugas iremos restableciendo el servicio, ahorita ya tienen agua en Tetelco, Mixquic y San Juan Ixtayopan, y de este último para acá es donde tenemos afectado” , dijo.

Asimismo, mencionó que esta tubería tiene más de 40 años de servicio por lo que ya está llegando a su vida útil. No obstante, señaló que esta reparación es sólo parcial “a modo de que aguante un movimiento” , dijo.

A pesar de que el ingeniero del Sistema de Aguas aseguró que se puso en marcha un operativo de 80 transportes para suministrar agua a través de pipas privadas que contrató Servicios de Aguas, además de las que proporciona la delegación, vecinos de la colonia Del Mar señalaron que desde el martes y hasta hoy, ha sido poca o nula la llegada de éstas.

Sobre la avenida Sirena y en la calle de Piraña, en la colonia Del Mar, dos pipas abastecen a los vecinos, quienes con cubetas, ollas y tinacos hacen fila para poder obtener un poco del vital líquido, del cual carecen desde el pasado 19 de septiembre.

Vecinos de esta colonia, señalaron que ambas pipas están siendo entregadas por una organización política de la zona, mientras consiguen que las autoridades capitalinas y de la delegación les puedan abastecer con estos transportes para llevarles agua.

Asimismo, sobre la avenida Langosta, en la colonia Del Mar, así como en la avenida Guillermo Prieto, en la colonia Miguel Hidalgo de esta demarcación, con bandeja en mano, habitantes llenan cubetas con el agua sucia que corre por sus calles, la cual sale de las excavaciones que están realizando las autoridades para arreglar las tuberías.

El señor David Rodríguez llena pacientemente una pequeña cubeta con el agua sucia que corre frente a su casa ubicada en la avenida Langosta. Mientras, a escasos metros, se encuentra un grupo de personas que llenan botes con el agua sucia que sale de la manguera que está sacando agua de una de estas excavaciones.16

La Silla Rota informa que vecinos de la colonia Del Mar no sólo sufren los daños que ocasionó el sismo del pasado 19 de septiembre en sus casas y calles. Desde entonces no tienen agua y ya es un problema.

Habitantes de esa colonia comentan que debido a que las pipas de agua de los gobiernos, delegación y de la Ciudad de México no se dan abasto, vecinos de otras zonas las “secuestran” .

“Toda la semana que no ha habido agua, las pipas no se daban abasto. Al entrar (a colonia Del Mar) las interceptaban y se las llevaban. Aquí en Canal de Chalco y avenida Tláhuac. Venían para acá y se las llevaban a otras colonias” , señala José De Montaña Aranda.

Edliz González relata que a raíz del temblor se quedaron sin agua, pues con la falla geológica que se manifestó, y los hundimientos del suelo, las tuberías de agua potable se fracturaron.

“Vamos para nueve días sin agua. Hemos tenido que estar cazando las pipas. A veces llegan en la madrugada. Hay que estarlas buscando y esperando”, cuenta que en la colonia Del Mar hubo levantamiento del piso, hundimientos en todas las calles y la mayoría de las casas.

“Nos dicen que probablemente tendremos que evacuar toda la colonia Del Mar. Es muy probable que se hagan socavones. Aunque nuestra casa está bien, después del sismo, es probable que se hunda, porque no hay nada que la sostenga” . González agrega que el gobierno no se ha aparecido. Quienes los están ayudando son voluntarios.

“Quienes nos están ayudando son las brigadas de los Topos Aztecas, voluntarios, vinieron de la UNAM, pero por parte de la delegación no ha habido nada. De hecho nos han dicho que las pipas vienen de otro lado y no de la demarcación” .

Dice que hasta el fin de semana pasado no tenían luz. Tampoco agua. Ha sido muy complicado por la situación de las grietas y luego fallan los servicios. “Se nos fue la luz, después del sismo. Hay partes que regresaron después de cuatro días. A nosotros nos llegó al día y medio. Ahorita lo que más sufrimos es por el agua y estamos esperando el dictamen para ver si podemos habitar esta zona” .

Indica que incluso las pipas las han secuestrado. Se las llevan a otras colonias que tampoco tienen agua. “Nos han comentado que las han secuestrado, las mandan de la delegación y se las llevan. Han bajado a los choferes a punta de pistola y hay en ciertas colonias que las han resguardado con patrullas. Sí es un problema, porque todos queremos agua en la delegación. No hay suficientes pipas para que lleguen a todos lados” , lamenta.

En relación a la inseguridad, habitantes de la colonia Del Mar y La Planta en Iztapalapa no se ha sabido de robos. Sin embargo, por la noche hay vecinos que realizan recorridos por las zonas donde las casas fueron declaradas inhabitables.17

Reforma reporta que vecinos de las Colonias La Conchita y Miguel Hidalgo, en la Delegación Tláhuac, bloquean el cruce de las avenidas Guillermo Prieto y Tláhuac para exigir el abasto de agua, pues no cuentan con el servicio desde el temblor del pasado 19 de septiembre.

Los afectados explicaron que, tras el sismo, dieron aviso de la problemática a la Delegación, pero aún carecen del servicio.

Por la zona han circulado pipas de Gobierno, detallaron, pero no se han detenido a abastecer del líquido. “Ya es una situación intolerable, hay niños, hay personas ya adultas, lo que estamos pidiendo al Gobierno de la Ciudad de México que nos apoye, que nos abastezca”. “No mandan pipas porque dicen que la gente las toma cuando vienen, hemos metido oficios a la Delegación para que traigan pipas, pero cuando ya vienen, la gente las abordan y se las llevan para otro lado” , explicó Martha Arzate, vecina de la Miguel Hidalgo, quien vive en una unidad habitacional con 22 torres, y en cada una hay 16 departamentos. Todos sin agua.

La desesperación de no tener agua en su casa desde el sismo magnitud 7.1, hizo que Martha colocara cubetas a la intemperie para captar lluvia. En su casa viven tres personas más y ya lleva la cuenta de 400 pesos gastados en la compra del líquido. Junto con su familia, han decidido comer en la calle o comprar garrafones para consumo humano.

“Captamos muy poquita lluvia, pusimos las cubetitas y lo poquito que se juntó, esa agua la ocupé para el sanitario, porque no hay manera de consumirla” , agregó.18

Tercera. En atención a lo anterior, el veinte de septiembre de dos mil diecisiete, el Jefe de Gobierno publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la “Declaratoria de Emergencia con motivo del fenómeno sísmico ocurrido el día diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete en la Ciudad de México” ,19 donde menciona que con motivo del sismo ocurrido el día diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, la Secretaría de Protección Civil remitió el informe a que se refieren los artículos 108 y 109 del Reglamento de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal.

Que la Secretaría de Protección Civil analizó los datos contenidos en el informe de referencia, y constató la evidencia fehaciente relativa a la población afectada, considerando personas lesionadas, fallecidas y evacuadas; los daños a los servicios vitales, sistemas estratégicos y medio ambiente, y los daños a la infraestructura urbana.

Que en términos del informe remitido, existe riesgo inminente de que ocurra un desastre que ponga en riesgo la vida humana, el patrimonio de la población, los servicios vitales o los servicios estratégicos, por lo que la actuación expedita del Sistema de Protección Civil se vuelve esencial para evitar la ocurrencia, por lo que:

Artículo 1. Se declara la Emergencia en las dieciséis delegaciones de la Ciudad de México por el fenómeno sísmico ocurrido el diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete en la Ciudad de México.

Artículo 2. La presente Declaratoria se emite con el fin de que el Secretario de Protección Civil, en su carácter de Coordinador del Sistema de Protección Civil de la Ciudad de México, inicie el procedimiento especial de atención de emergencias a que se refiere el artículo 128 de la Ley de la materia.

Artículo 3. Para los efectos del artículo anterior, se instruye la integración del Comité de Emergencias de Protección Civil de la Ciudad de México, mismo que deberá constituirse en los términos del artículo 130 de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, mismo que se instalará y operará en el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5).

Artículo 4. El Comité de Emergencias de Protección Civil de la Ciudad de México tendrá las atribuciones establecidas en el artículo 131 de la Ley de la materia.

Artículo 5. Las acciones de atención y emergencia, se cubrirán con cargo a los recursos del Fondo de Atención a Desastres (FADE) en términos de sus Reglas de Operación.

Artículo 6. Se suspenden todos los términos y procedimientos administrativos a cargo de las Dependencias, Entidades, Órganos Desconcentrados y Delegaciones de la Ciudad de México, hasta en tanto se publique en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el término de la presente Declaratoria.

Artículo 7. Todos los servidores públicos adscritos a las Dependencias, Entidades, Órganos Desconcentrados y Delegaciones del Gobierno de la Ciudad de México, deberán sumarse a las labores de atención a la emergencia que determine el Comité de Emergencias de Protección Civil, en los términos de la normatividad aplicable.

Artículo 8. Todos los centros de enseñanza de nivel preescolar, básica, media, media superior y superior ubicados dentro de los límites territoriales de la Ciudad de México, deberán suspender labores docentes hasta en tanto estén debidamente evaluados los planteles y dictaminada la seguridad estructural y de protección civil de los mismos.

Artículo 9. Se suspenden todos los eventos, concentraciones y espectáculos masivos en espacios públicos en la Ciudad de México durante la vigencia de la presente Declaratoria.

Artículo 10. Los efectos de la presente Declaratoria estarán vigentes desde la fecha de su emisión y salvo lo previsto en el artículo inmediato que antecede, hasta en tanto se publique su término en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

El día veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, el Jefe de Gobierno publicó en la Gaceta Oficial la “Declaratoria de desastre con motivo del fenómeno sísmico ocurrido el diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete en la Ciudad de México” ,20 donde menciona que con motivo del sismo ocurrido, la Secretaría de Protección Civil remitió el informe a que se refieren los artículos 108 y 109 del Reglamento de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal.

Que la Secretaría de Protección Civil analizó los datos contenidos en el informe de referencia, y constató la evidencia fehaciente relativa a la población afectada, considerando personas lesionadas, fallecidas y evacuadas; los daños a los servicios vitales, sistemas estratégicos y medio ambiente, y los daños a la infraestructura urbana.

Que en términos del informe, el fenómeno sísmico ha causado daños que rebasan la capacidad de recuperación de las delegaciones afectadas y han causado afectaciones a la estructura productiva, la infraestructura vial y de servicios, que alteran las condiciones ordinarias de vida y ponen en riesgo la estructura social, la paz pública y el orden social, por lo que

Artículo 1. Se declaran como Zona de Desastre las áreas de la Ciudad de México afectadas por el fenómeno sísmico ocurrido el diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete en la Ciudad de México.

Artículo 2. La presente Declaratoria se emite para efecto de que, en el ámbito de sus respectivas competencias, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, lleven a cabo las acciones tendientes a cubrir las necesidades básicas para la protección de la vida, la salud y la integridad física de las personas.

Artículo 3. Las acciones de atención a que se refiere el artículo anterior, se cubrirán con cargo a los recursos del Fondo de Atención a Desastres (FADE) en términos de sus Reglas de Operación.

Artículo 4. Los efectos de la presente Declaratoria estarán vigentes desde la fecha de su emisión y hasta en tanto se publique su término en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

El día veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, el Jefe de Gobierno publicó en la Gaceta Oficial el “Decreto por el que se instruye la elaboración del Programa y se crea el Órgano de Apoyo Administrativo a las Actividades del Jefe de Gobierno denominado Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una CDMX cada vez más Resiliente” ,21 donde menciona que con motivo del fenómeno sísmico, la Secretaría de Protección Civil emitió informe que determinó la existencia de riesgo inminente de que ocurra un desastre que ponga en riesgo la vida humana, el patrimonio de la población, los servicios vitales o los servicios estratégicos, que dio lugar a emitir la Declaratoria de Emergencia, mediante la que se instruyó el inicio de procedimiento especial de atención de emergencias, así como la integración del Comité de Emergencias de Protección Civil de la Ciudad de México, para su instalación y operación en el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5).

Que en términos del informe, el fenómeno sísmico ha causado afectaciones a la estructura productiva, la infraestructura vial y de servicios, que alteran las condiciones ordinarias de vida y ponen en riesgo la estructura social, la paz pública y el orden social, lo que hizo necesario emitir la Declaratoria de Desastre.

Que de conformidad con el marco normativo del orden federal y local, el Jefe de Gobierno cuenta con atribuciones para expedir Decretos, Acuerdos, Circulares entre otros, que contengan las estrategias de Gestión Integral de Riesgos, incluyendo acciones de prevención y, en su caso, de reubicación de personas damnificadas, así como acciones reactivas tales como previsiones financieras y operativas para la recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas por el siniestro, entre otras.

Que con ello, se pretende promover medidas que permitan a la Ciudad incrementar su Resiliencia y continuar con las acciones transitorias orientadas a alcanzar el entorno de normalidad social y económica que prevalecía entre la población, antes de sufrir los efectos del fenómeno sísmico, buscando la reducción de los riesgos existentes.

Que conforme a la normatividad aplicable se requiere de un Programa de Contingencia para la Recuperación y Reconstrucción de la Ciudad de México, en el que conforme a las evaluaciones de daños y a las facultades de las autoridades locales, a través de los Comités de Emergencias, de Evaluación de Daños, y Subcomités, se prevean y ejecuten las acciones emergentes, así como los trabajos de obras de carácter prioritario y urgente para la lograr la reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad, en una cada vez más resiliente.

Que ante la emergencia es responsabilidad de las autoridades de la Ciudad de México, entre otras, restablecer los servicios vitales y estratégicos, proteger bienes tales como inmuebles críticos, para la gobernanza, información y procesos esenciales, así como el restablecimiento de los procesos administrativos y los servicios; por lo que:

Primero. Se elaborará el Programa para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, en una CDMX cada vez más resiliente, en lo sucesivo el “Programa”, derivado del “Fenómeno Sísmico” acontecido en fecha diecinueve de septiembre actual, el cual contendrá las acciones de coordinación necesarias para la atención de las necesidades inmediatas y la posterior recuperación de la Ciudad de México, así como su replanteamiento y transformación en una CDMX cada vez más resiliente, en el inmediato, corto, mediano y largo plazo.

Segundo. Para asegurar la ejecución del “Programa” se crea la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, en una CDMX cada vez más resiliente, en adelante la “Comisión”, como un órgano de apoyo administrativo a las actividades del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Tercero. La “Comisión” operará de manera conjunta y coordinada con el Comité de Emergencias de Protección Civil, en las acciones necesarias para la Reconstrucción y Recuperación de la Ciudad de México, en una CDMX cada vez más resiliente y de manera coordinada con el Comité en las acciones de Transformación, previstas en el “Programa”.

Cuarto. La “Comisión” deberá detonar en el inmediato, corto, mediano y largo plazo en coordinación con el conjunto de Dependencias, Entidades y Órganos de la Administración Pública local, el potencial humano, social y económico de las personas para la Transformación de la Ciudad de México, en una CDMX cada vez más resiliente, en los términos que establezca el “Programa”.

Quinto. Se implementará una plataforma tecnológica única denominada “PLATAFORMA CDMX”, que consistirá en una base de datos oficiales para el seguimiento, coordinación y control de las acciones de apoyo de la CDMX cada vez más resiliente, como respuesta a las necesidades.

En la “PLATAFORMA CDMX” se registrará, validará, integrará, coordinará y consolidará la información de las personas, viviendas, negocios, inmuebles y espacios públicos, afectados por el “Fenómeno Sísmico”, así mismo se integrará y coordinará el despliegue de programas de atención y apoyo de un sistema que permita dar seguimiento, coordinación y control, de forma continua a los esfuerzos de atención, recuperación y transformación de la Ciudad de México, en una CDMX cada vez más resiliente.

Sexto. Las atribuciones de la “Comisión” serán las siguientes:

I. Identificar las acciones emergentes y las de naturaleza ordinaria ejecutadas por las Dependencias, Entidades y Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México que estén vinculadas a los objetivos y metas del “Programa”;

II. Elaborar el “Programa” y someterlo a la consideración del Jefe de Gobierno;

III. Ejecutar las acciones de mando y coordinación para alcanzar los objetivos y metas propuestos en el “Programa” y las modificaciones que por razones de su operación se pudieran generar;

IV. Representar al Gobierno de la Ciudad de México ante las instancias públicas o privadas, locales, nacionales e internacionales, respecto a los temas y acciones que conforman el “Programa”;

V. Proponer la suscripción de Decretos, Acuerdos, Contratos, Convenios y Lineamientos o cualquier otro instrumento jurídico y/o administrativo, necesario para el cumplimiento de sus atribuciones;

VI. Celebrar los instrumentos jurídicos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones;

VII. Administrar la “Plataforma CDMX”;

VIII. Gestionar la obtención de recursos o fuentes de financiamientos públicos o privados para la ejecución de acciones definidas en el “Programa” o en su caso canalizarlas a la instancia correspondiente;

IX. Coadyuvar en la comprobación del ejercicio de recursos recibidos;

X. Establecer los mecanismos correspondientes de concertación, coordinación, comunicación, ejecución institucional y de gestión con la ciudadanía;

XI. Llevar a cabo el monitoreo del “Programa”, de acuerdo con los indicadores establecidos, evaluar su ejecución y los resultados obtenidos;

XII. Conocer y opinar sobre los programas, acciones institucionales y esfuerzos de gobierno, que en el ámbito de sus atribuciones realicen los entes públicos que se encuentren vinculados con la atención de las personas afectadas por el “Fenómeno Sísmico”, para garantizar sus derechos en materia de alimentación, vivienda, salud, empleo, educación, seguridad jurídica, atención psicológica, servicios básicos, seguridad social y las demás que resulten necesarias;

XIII. Proponer y llevar a cabo todos los actos jurídicos y administrativos que sean necesarios para la atención de la infancia, adultos mayores, grupos vulnerables, y en general personas afectadas por el “Fenómeno Sísmico”, así como para la reconstrucción, rehabilitación y demolición de inmuebles dañados;

XIV. Proponer a las autoridades competentes el otorgamiento de incentivos, facilidades fiscales y administrativas relacionadas con la consecución de su objeto; y

XV. Las demás que le asigne el Jefe de Gobierno y las que por norma le puedan corresponder.

Séptimo. La “Comisión” contará con un Órgano Colegiado de carácter consultivo para hacer más efectiva la toma de decisiones y la coordinación de acciones establecidas en el “Programa”.

Octavo. El Órgano Consultivo se integrará por:

I. Secretaría de Gobierno;

II. Secretaría de Desarrollo Económico;

III. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;

IV. Secretaría del Medio Ambiente;

V. Secretaría de Obras y Servicios;

VI. Secretaría de Desarrollo Social;

VII. Secretaría de Salud;

VIII. Secretaría de Finanzas;

IX. Secretaría de Movilidad;

X. Secretaría de Seguridad Pública;

XI. Secretaría de Cultura;

XII. Procuraduría General de Justicia;

XIII. Oficialía Mayor;

XIV. Secretaría de la Contraloría General;

XV. Consejería Jurídica y de Servicios Legales;

XVI. Secretaría de Protección Civil;

XVII. Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo;

XVIII. Secretaría de Educación;

XIX. Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México;

XX. Instituto de la Juventud;

XXI. Instituto para las Personas con Discapacidad;

XXII. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia;

XXIII. Sistema de Aguas de la Ciudad de México;

XXIV. Agencia de Gestión Urbana;

XXV. Procuraduría Social;

XXVI. Instituto para la Seguridad de las Construcciones; y

XXVII. Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México.

Se convocará la representación de las instancias nacionales o internacionales de sociedad civil organizada y sectores sociales y académicos que se determinen y las demás que se requieran en casos específicos a invitación de los integrantes del Órgano.

Noveno. El Consejo Consultivo, cuyos integrantes tendrán carácter honorífico, se constituye en un órgano colegiado de consulta y opinión para el desarrollo de las funciones de la “Comisión”. El Consejo se regirá por el principio de consenso y aprobará sus reglas de operación una vez que se instale.

Décimo. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México designará al Titular de la “Comisión”.

Décimo Primero. Las atribuciones del Titular de la “Comisión” serán las siguientes:

I. Coordinar los trabajos de elaboración del “Programa”;

II. Someter a la aprobación del Jefe de Gobierno el “Programa”;

III. Llevar a cabo las acciones de mando y coordinación para alcanzar los objetivos y metas propuestos en el “Programa”;

IV. Representar a la “Comisión” ante las instancias públicas y/o privadas respecto a los temas que conforman el “Programa”;

V. Celebrar, suscribir y expedir los instrumentos y actos jurídicos necesarios para el cumplimiento de las atribuciones de la “Comisión”;

VI. Gestionar la obtención de recursos o fuentes de financiamiento público o privado, para la ejecución de acciones definidas en el “Programa” o en su caso canalizarlas a la instancia correspondiente;

VII. Realizar el monitoreo del “Programa”, de acuerdo con los indicadores establecidos, evaluar su ejecución y los resultados obtenidos;

VIII. Verificar el cumplimiento de los Acuerdos tomados por el Órgano Consultivo en el marco de la ejecución del “Programa”;

IX. Cumplir las obligaciones que en materia de transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas y protección de datos personales establece la normatividad de la materia, y

X. Las demás que resulten necesarias para el debido cumplimiento de sus atribuciones.

Cuarta. Que el Fondo de Desastres Naturales es un instrumento financiero mediante el cual dentro del Sistema Nacional de Protección Civil, a través de las Reglas de Operación del propio Fondo y de los procedimientos derivados de las mismas, integra un proceso respetuoso de las competencias, responsabilidades y necesidades de los diversos órdenes de gobierno, que tiene como finalidad, bajo los principios de corresponsabilidad, complementariedad, oportunidad y transparencia, apoyar a las entidades federativas de la república mexicana, así como a las dependencias y entidades de la administración pública federal, en la atención y recuperación de los efectos que produzca un fenómeno natural, de conformidad con los parámetros y condiciones previstos en sus reglas de operación.

Que su objetivo es atender los efectos de desastres naturales, imprevisibles, cuya magnitud supere la capacidad financiera de respuesta de la dependencias y entidades paraestatales, así como de las entidades federativas.22

Que de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, se establece una estrategia clara y viable para avanzar en la transformación de los Estados Unidos Mexicanos sobre bases sólidas, realistas y sobre todo, responsables, de ahí la necesidad de transitar de un sistema de protección civil reactivo a uno preventivo con la participación de los tres órdenes de gobierno, existiendo una responsabilidad en aquellos programas que requieran la coordinación para la atención de los desastres naturales, así como la revisión cuidadosa de los procedimientos para asignar los recursos del Fondo de Desastres Naturales con la agilidad que esta materia requiere.

Que resulta necesario continuar fortaleciendo las medidas en materia de atención de desastres naturales para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, al Programa Nacional de Protección Civil y al Sistema Nacional de Protección Civil.

Que ante los índices de incremento de la exposición a los fenómenos naturales perturbadores, así como un aumento de la vulnerabilidad física y social que se registra en nuestro país, el Estado Mexicano debe asumir su responsabilidad y liderazgo en aras de garantizar a la población su seguridad y tranquilidad.

Que una de las prioridades del Ejecutivo Federal es la atención de manera oportuna, ágil y eficiente de los daños ocasionados por los fenómenos naturales perturbadores, a través de mecanismos eficaces en la operación del Fondo de Desastres Naturales.

Que la ocurrencia cada vez más frecuente de desastres naturales en nuestro país, provocados por el cambio climático, ha significado, además de su impacto en la vida cotidiana de la población, daños considerables en la infraestructura de comunicaciones y transportes, hidráulica, eléctrica, educativa, de salud, urbana, de vivienda, e incluso turística.

Que el aumento en la frecuencia, intensidad y diversidad de los fenómenos naturales perturbadores podría ocasionar consecuencias catastróficas de mayor magnitud, que requieren de atención inmediata; en este sentido, es un compromiso del Gobierno Federal contar con un sistema capaz de responder de manera pronta y efectiva.

Que para avanzar en el desarrollo de esquemas más eficaces y con el objeto de simplificar la normativa y operación para la atención de desastres naturales, por lo que:

Artículo 1o. El Fondo de Desastres Naturales es un instrumento interinstitucional que tiene por objeto ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que produzca un fenómeno natural perturbador, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil.

Artículo 2o. Las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales tienen por objeto regular el acceso a los recursos del Fondo de Desastres Naturales, de acuerdo con los principios de complementariedad, oportunidad y transparencia, de conformidad con los parámetros y procesos definidos en los Lineamientos de Operación específicos que regulan cada uno de los procedimientos a que hacen referencia las presentes Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales que para tal efecto emitan las secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público.

Los procesos de acceso, autorización y seguimiento del ejercicio de los recursos previstos en las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales, entre otros, podrán realizarse con el apoyo de los medios, tecnologías y sistemas disponibles, para coadyuvar en la atención oportuna de la población y la mitigación de los efectos de los desastres naturales, en los términos de las disposiciones aplicables.

Artículo 4o. Son fines del Fondo de Desastres Naturales:

I. Canalizar recursos para la reconstrucción de los daños sufridos por un fenómeno natural perturbador en los sectores de competencia federal, estatal o municipal, en términos de los Lineamientos de Operación específicos que regulan cada uno de los procedimientos a que hacen referencia las presentes Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales.

En los trabajos de reconstrucción o restitución de los bienes se deberán incluir, en lo posible y por separado, medidas de mitigación para daños futuros, a través de normas de diseño o construcción que reduzcan su vulnerabilidad ante futuras amenazas, en el entendido de que la dependencia o entidad de la Administración Pública Federal responsable del sector deberá evaluar y, en su caso, validar los argumentos técnicos y los documentos de las mejoras y adiciones en las acciones incluidas en el programa de restauración de los daños, de tal manera que garanticen que los bienes operarán dentro de márgenes de seguridad recomendables;

II. Transferir recursos al Fondo Revolvente Fonden y al Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales a que se refiere el artículo 3o. anterior;

III. Otorgar recursos a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para la adquisición de equipo especializado destinado a la atención de emergencias y desastres naturales;

IV. Constituir mediante subcuentas específicas en el Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, fondos y reservas financieras con el propósito de asegurar la oportuna asignación y aplicación de los recursos a proyectos preventivos y a solventar aspectos prioritarios y urgentes relacionados o derivados de fenómenos naturales perturbadores;

V. Otorgar recursos para la realización de proyectos y el establecimiento de instrumentos de administración y transferencia de riesgos que estén relacionado con la prevención y atención de los efectos ocasionados por fenómenos naturales perturbadores; para la protección financiera del patrimonio del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales, así como para los servicios necesarios relacionados con dichas contrataciones, en términos de lo previsto en los Lineamientos de Operación específicos que regulan cada uno de los procedimientos a que hacen referencia las presentes Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales;

VI. Canalizar recursos para llevar a cabo las contrataciones de terceros independientes especializados que requiera el Gobierno Federal para las evaluaciones de daños, cuya finalidad sea la valoración de los montos requeridos para la reconstrucción de la infraestructura afectada por la ocurrencia de un fenómeno natural perturbador, de conformidad con las disposiciones aplicables, y

VII. Aportar y recibir recursos del Programa Fondo para la Prevención de Desastres Naturales y del Fideicomiso Preventivo a cargo de la Secretaría de Gobernación y de otros programas e instrumentos financieros relacionados con los fines del Fondo de Desastres Naturales, en términos de las disposiciones aplicables.

Artículo 6o. Los Fenómenos Naturales Perturbadores por los cuales la SEGOB podrá emitir Declaratoria de Desastre Natural, son los que a continuación se enlistan:

I. Geológicos:

a) Alud;

b) Erupción volcánica;

c) Hundimiento;

d) Maremoto;

e) Movimiento de ladera;

f) Ola extrema;

g) Sismo, y

h) Subsidencia.

Para efectos de los incisos “c”, “e”, “g” y “h”, no se consideran aquéllos producidos por actividad antrópica, tales como el llenado o la falla de presas, minería, explosiones, extracción de materiales, extracción de agua del subsuelo, túneles, obras de ingeniería, líneas vitales en malas condiciones, disposición inadecuada de aguas residuales en laderas, taludes improvisados, tránsito de vehículos con peso excesivo, vibración por maquinaria pesada, obra hidráulica, canalizaciones, cortes, deforestación, actos vandálicos, derrames químicos, etcétera.

II. Hidrometeorológicos:

a) Granizada severa;

b) Huracán;

c) Inundación fluvial;

d) Inundación pluvial;

e) Lluvia severa;

f) Nevada severa;

g) Sequía severa;

h) Tormenta tropical, y

i) Tornado;

III. Incendio forestal, y

IV. Otros.

Se podrán cubrir con cargo al Fonden los daños derivados de cualquier otro Fenómeno Natural Perturbador no previsto en las Reglas, o situación meteorológica excepcional o extraordinaria, con características similares a los fenómenos antes señalados, de acuerdo con el origen, periodicidad y severidad de los daños, siempre y cuando se cumpla con el procedimiento establecido en los Lineamientos de Operación.

Artículo 7o. Cuando una Entidad Federativa se encuentre en Desastre Natural deberá solicitar, dentro de los tres días hábiles siguientes a la ocurrencia de éste, a las Instancias Técnicas Facultadas señaladas en el artículo 5o., fracción XX, de las Reglas, que corroboren la ocurrencia del Fenómeno Natural Perturbador, debiendo marcar copia de la misma a la Dirección General del Fonden.

La solicitud deberá estar suscrita por el titular del Ejecutivo de la entidad federativa de que se trate o, en su defecto, por el servidor público facultado para tal fin, y deberá contener:

I. La descripción del Fenómeno Natural Perturbador, así como la fecha de su ocurrencia;

II. Las denominaciones de los municipios o delegaciones políticas involucradas. En este rubro se deberán incluir todos aquellos municipios o Delegaciones Políticas que se considera sufrieron o pudieron haber sufrido afectaciones a causa del fenómeno natural perturbador de que se trate y que se encuentren ubicados dentro del área de influencia del fenómeno en cuestión. Dichas denominaciones deberán coincidir con el registro del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y

III. Nombre, localización, número telefónico y correo electrónico de un servidor público con quien la instancia técnica facultada pueda establecer comunicación para atender cualquier duda o requerimiento específico.

En el caso de sequía severa y cuando se cuente con información que permita inferir una afectación en el abastecimiento de agua potable, además de cubrir los requisitos previstos en este artículo, las Entidades Federativas podrán solicitar la corroboración de la sequía severa en un plazo de hasta ocho días hábiles, contados a partir de que concluya el periodo normal de lluvias.

En los casos en que una dependencia o entidad federal detecte que la entidad federativa no ha solicitado la corroboración del fenómeno natural Perturbador que ocurrió en su territorio, podrá solicitarla directamente a las Instancias Técnicas Facultadas.

Artículo 9o. Para acceder a los recursos del Fonden, en la sesión de instalación del comité de evaluación de daños a que se refiere la sección siguiente, la Entidad Federativa deberá entregar al representante de la Segob la solicitud de emisión de una Declaratoria de Desastre Natural firmada por el titular del Ejecutivo de dicha Entidad Federativa, en la que se deberá manifestar lo siguiente:

I. Los municipios o delegaciones políticas afectados que han sido corroborados por la Instancia Técnica Facultada, incluyendo la descripción del Fenómeno Natural Perturbador y la fecha de su ocurrencia;

II. Que ha sido rebasada su capacidad financiera y operativa, para atender, por sí misma, la totalidad de los efectos del Fenómeno Natural Perturbador;

III. Su compromiso para incorporar en sus respectivos programas y presupuestos anuales subsecuentes, los recursos necesarios para asegurar la infraestructura pública;

IV. Que ha regularizado los recursos recibidos por concepto de apoyos parciales inmediatos, y

V. El nombre del servidor público designado para dar seguimiento a la solicitud.

Artículo 21. Con cargo al Fonden se podrán otorgar apoyos a las entidades federativas que lo soliciten para desarrollar una estrategia de gestión integral de riesgos, de conformidad con las Reglas y los Lineamientos de Operación, con el compromiso de adquirir el instrumento de administración y transferencia de los mismos que resulte de dicha estrategia, así como informar al Comité Técnico, por conducto de la SEGOB, la conclusión de cada una de las acciones que comprenda dicha estrategia.

Las entidades federativas que aseguren sus bienes podrán disponer de los recursos que reciban por parte de las aseguradoras en caso de siniestro, para obras de reconstrucción y prevención de Desastres Naturales, así como para cubrir el pago de primas de cobertura de bienes.

Es responsabilidad de los tres órdenes de gobierno asegurar sus bienes de acuerdo con las disposiciones aplicables.

Quinta. Que el diez de junio de dos mil quince, el Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, publicó en la Gaceta Oficial, las “Reglas del Fondo para Estabilizar los recursos Presupuestales de la Administración Pública del Distrito Federal”,23 donde menciona que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 134, establece que los recursos económicos de que dispongan la federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Que los actos y procedimientos de la Administración Pública del Distrito Federal, atenderán a los principios de simplificación, agilidad, economía, información, precisión, legalidad, transparencia e imparcialidad, tal como lo establece el artículo 7° de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.

Que conforme al artículo 1° de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, la administración de los recursos públicos se deberá realizar con base en criterios de legalidad, honestidad, austeridad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, resultados, transparencia, control y rendición de cuentas.

Que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, mediante el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, publicado el 22 de diciembre de 2014 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, tuvo a bien establecer en el quinto párrafo del artículo 71 de dicha Ley, que de los remanentes se destinará como mínimo una cantidad equivalente al 30 % del total, a un fondo para estabilizar los recursos presupuestales de las Dependencias, Entidades, Órganos Desconcentrados y Delegaciones, el cual será destinado a la atención de contingencias y emergencias epidemiológicas y de desastres naturales; así como a mejorar el balance fiscal, de conformidad con las reglas que para tal efecto emita la Secretaría de Finanzas. Una vez que el fondo alcance el valor equivalente al 0.50 % del PIB del Distrito Federal del año inmediato anterior, los excedentes del fondo podrán ser destinados a los siguientes proyectos: a) infraestructura hasta por un 40 %; b) ambientales hasta por un 25 %; y, c) infraestructura de las Delegaciones hasta por un 35 %, por lo que:

Primera. Las presentes Reglas tienen por objeto regular la composición, manejo, inversión, aplicación, control, destino y transparencia del Fondo para Estabilizar los Recursos Presupuestales de la Administración Pública del Distrito Federal; lo anterior sin perjuicio de las demás disposiciones aplicables en la materia.

Cuarta. La finalidad del Fondo es constituir, administrar y transparentar los Recursos para la atención de lo dispuesto en el párrafo quinto del artículo 71 de la Ley.

Séptima. Los Recursos se destinarán a mejorar el balance fiscal, así como a la atención de contingencias y emergencias epidemiológicas y de desastres naturales, los cuales podrán asignarse a cubrir las aportaciones locales convenidas para acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales.

Los Recursos destinados a mejorar el balance fiscal podrán aplicarse a compensar la caída de ingresos locales o ante la disminución de Participaciones en Ingresos Federales.

Conforme a lo estipulado en el párrafo quinto del artículo 71 de la Ley, cuando los Recursos alcancen el valor establecido, los excedentes podrán ser destinados a proyectos de infraestructura, proyectos ambientales y proyectos de infraestructura de las Delegaciones, atendiendo a lo previsto en los incisos a), b) y c) del referido párrafo.

En tanto no sean utilizados los Recursos deberán invertirse conforme a la normatividad aplicable.

Décima Segunda. El Comité determinará el procedimiento y los criterios para seleccionar los proyectos de infraestructura y los proyectos ambientales que se aluden en los incisos a) y b) del párrafo quinto del artículo 71 de la Ley, y que se ejecutarán con cargo a los excedentes a que se refiere la Regla SÉPTIMA.

Tratándose de los proyectos de infraestructura de las Delegaciones a que se refiere el inciso c) del párrafo quinto del artículo 71 de la Ley, deberán estarse a las Reglas que para tal efecto emita la Secretaría de conformidad con el Artículo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 22 de diciembre de 2014.

De lo anterior se desprende que, dado el fenómeno sísmico y los daños ocasionados por este, con relación a la normatividad aplicable al caso concreto, es prudente solicitar la Declaratoria de Desastre Natural en Tláhuac, a efecto de que la delegación cuente con los recursos económicos necesarios a efecto de hacer frente a la situación de emergencia, permitiendo el restablecimiento de la normalidad y el pleno ejercicio de los derechos humanos de los habitantes de la demarcación.

Por las consideraciones anteriormente vertidas, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al jefe del gobierno de la Ciudad de México a solicitar la declaratoria de Zona de Desastre Natural en la Delegación Tláhuac, a efecto de que le sean asignados recursos económicos del fondos federal y local, con la intención de resarcir los daños ocasionados por el sismo del día diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete.

Notas

1 http://www.animalpolitico.com/2017/09/tlahuac-danos-sismo-grieta-socavo n/

2 http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/09/20/1189627

3 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/09/21/angustia-en-tlahuac-por-g rieta-en-la-calle-9704.html

4 http://www.proceso.com.mx/504954/geologos-recorren-areas-afectadas-sism o-en-tlahuac

5 http://elbigdata.mx/city/se-abren-grietas-y-socavones-en-tlahuac-por-si smo-de-7-1/

6 http://www.mundotkm.com/mx/actualidad/223010/auxilio-xochimilco-tlahuac -y-milpa-alta-se-han-convertido-en-los-olvidados-del-sismo

7 http://laotraopinion.com.mx/articulo/en-tlahuac-ignoran-a-los-damnifica dos-por-el-sismo

8 http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/09/24/1190460

9 http://www.proceso.com.mx/504657/habitantes-de-tlahuac-reclaman-agua-po table-el-servicio-fue-suspendido-tras-el-sismo-video

10 http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/vecinos-de-la-colonia-del- mar-en-tlahuac-continuan-sin-agua

11 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/09/23/desabasto-de-agua-tras-si smo-en-tlahuac-e-iztapalapa-7756.html

12 http://www.sinembargo.mx/28-09-2017/3316815

13 http://www.huffingtonpost.com.mx/2017/09/29/
iztapalapa-tlahuac-y-xochimilco-sin-agua-antes-y-despues-del-sismo_a_23227796/

14 http://www.unotv.com/noticias/portal/investigaciones-especiales/detalle /habitantes-tlahuac-agua-pidensolucion-pronta-860147/

15 https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2017/09/28/se-agudiza-escasez -agua-xochimilco-tlahuac-e-iztapalapa.html

16 http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1044715.html

17 https://lasillarota.com/metropoli/vecinos-de-tlahuac-sin-agua-desde-el- sismo/179893

18 http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/
default.aspx?id=1221246&v=4&md5=5f2907df6911529a68162a9b244b1806&ta=
0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe

19 http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/9f49ae033 79f5a7b40fa03d1a94b12bb.pdf

20 http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/401d3109b 178b82f72737a4ea0fa71c8.pdf

21 http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/54604f27a 811442813b86ae18e0ffebe.pdf

22 https://www.gob.mx/segob/documentos/fideicomiso-fondo-de-desastres-natu rales-fonden

23 http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/d4344f347 19472d781f6184ea5402d8b.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2017

Diputada Norma Xóchitl Hernández Colín (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la realización de campañas informativas sobre la protección de salud y afectiva brindada por la lactancia materna en situaciones de urgencia, y detener la promoción y distribución de sucedáneos de leche materna en albergues, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita Claudia Sofía Corichi García, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que la honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que instruya a la Secretaría de Salud a realizar una campaña de información sobre la protección en salud y afectiva que brinda la lactancia materna en situaciones de emergencia, y detener las prácticas de promoción y distribución de sucedáneos de leche materna en albergues, tanto los de la sociedad civil como los institucionales, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

I. La leche materna es el único alimento que el niño o la niña necesita para los primeros seis meses de vida. Otro tipo de alimentos o bebidas, inclusive de agua, aumentaría el riesgo de que tenga diarrea u otra enfermedad. La leche materna es la “primera inmunización” del bebé, no existen fórmulas alternativas para su protección.

II. La evidencia científica existente permite documentar los múltiples beneficios de la lactancia materna en la salud física y emocional tanto de la madre como de la hija o hijo. Se ha identificado que la Lactancia Materna puede salvar vidas, mejorar la salud en el corto y largo plazo en las niñas y niños que la reciben, además de potenciar su desarrollo cognoscitivo. Además, la Lactancia Materna protege al niño amamantado de desarrollar obesidad y otras enfermedades crónicas en etapas posteriores de la vida. En las madres, por ejemplo, previene enfermedades como hipertensión, obesidad, diabetes, cáncer de mama y ovario, así como la depresión postparto.

III. La leche humana es sin duda la más adecuada y es específica; alimentar a niñas y niños con otra leche diferente a la leche de madre es alimentarles con sucedáneos de leche de madre que, a pesar de los diseños sofisticados y de su precio elevado, están muy lejos de poder ofrecer todas las ventajas de la leche de madre.

IV. La Lactancia materna tiene múltiples beneficios, como “proteger a los niños y niñas frente a infecciones y atopias, ya que desde hace varios años se ha venido demostrando en estudios de cohortes que los niños alimentados con lactancia materna presentaban menos diarreas e infecciones respiratorias y otitis medias. Ayuda a su crecimiento, ya que estudios realizados en las últimas décadas sugieren que niñas y niños amamantados, sobre todo durante tiempos prolongados, alcanzaban un peso y una talla a los 6 y 12 meses de edad inferiores a la de los niños alimentados con sucedáneos de leche de madre.

Muchos estudios en la literatura médica y psicológica han examinado la relación entre la lactancia materna y el desarrollo intelectual. La mayoría de estos estudios han comunicado un efecto positivo de la lactancia materna en la evolución cognitiva de la o el niño.

Hay también numerosos trabajos que indican un posible efecto beneficioso de la lactancia materna en la salud de la madre. Después del parto las mujeres que lactan a sus hijas e hijos tienen menos sangrado y al retrasarse el inicio ·de las menstruaciones, se produce un ahorro de hierro que compensa de forma fisiológica las pérdidas que se producen durante el parto.1

V. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), es recomendable que las niñas y niños sean alimentados de forma exclusiva con leche materna desde la primera hora de su nacimiento. Después de los seis meses se inicia la alimentación complementaria con otros líquidos y alimentos densos en micronutrimentos adecuados para la edad, continuando con la lactancia hasta los 24 meses de edad. La Lactancia Materna puede extenderse si ambos (madre e hija/o) así lo desean.2

VI. “En1979, ante la disminución de las tasas de lactancia materna a nivel mundial, UNICEF y la Organización Mundial de la Salud (OMS), organizaron una reunión sobre la alimentación del lactante y niño pequeño. El resultado fue la recomendación de un Código Internacional para controlar las prácticas de comercialización de fórmulas infantiles y otros productos utilizados como sucedáneos de la leche materna, es decir, como sustitutos parciales o totales de la leche materna.”3

VII. El pasado 3 de octubre, y después de los sismos del 7 y 19 de septiembre en varios estados de la República Mexicana, 18 OSC’s junto con varios actores de la academia demandaron a la Secretaría de Salud promover públicamente la Lactancia Materna en zonas damnificadas.

VIII. En su demanda señalan que en “situaciones de emergencia, la lactancia materna es de importancia crítica y salva la vida de bebés, y que las fórmulas infantiles NO deben ser distribuidas de manera general, su distribución debe ser controlada, para evitar así que la industria aproveche esta oportunidad para promoverlas.”*

IX. Como todos sabemos, parte de la emergencia a partir de los sismos de septiembre en nuestro país, fue el desplazamiento de familias enteras que se quedaron sin un techo y que temporalmente tienen que vivir en albergues, con familia o amigos, y estas organizaciones mencionan una real preocupación sobre la promoción indiscriminadamente en el consumo de fórmulas infantiles, ya que éstas “nunca podrán sustituir los beneficios de la leche materna” y de hecho es probable que pongan en riesgo de “infecciones, desnutrición, obesidad y otras enfermedades”.

X. Partiendo de ésta petición y desde el legislativo, recordamos los “puntos recomendados y acordados internacionalmente en situaciones de emergencia:

1. Abstenerse de solicitar, aceptar, donar o distribuir sucedáneos de leche materna y biberones. 2. Identificar a todas las madres gestantes y de menores de tres años, con el fin de brindarles apoyo y orientación para amamantar sin problemas e instruirlas sobre los riesgos del uso de fórmulas y biberones; así como sobre las ventajas del amamantamiento durante la emergencia. 3. A los menores que excepcionalmente requieran de una alimentación artificial, asegurar el acceso a agua potable, utensilios y combustible para la administración de la misma bajo control. 4. Promover la creación de espacios especiales en los albergues para que las madres gestantes y con hijos menores de dos años puedan amamantar cómodamente, puedan beber agua y descansar, así como preparar alimentos frescos e higiénicos para los mayores de seis meses, apoyados por personal profesional o voluntario capacitado para apoyar la lactancia.”4

XI. “Los niños y niñas alimentados artificialmente están más expuestos a sufrir diarreas e infecciones, sobre todo por la escasez de agua, la poca calidad e higiene del entorno en estas zonas damnificadas, lo que complica la preparación de estos sustitutos de leche materna, así como la esterilización de biberones y chupones. En los casos que los niños menores de 24 meses hayan sido alimentados con fórmula previo a la emergencia, es importante asegurarse que existen los medios para preparar la fórmula de manera segura proporcionando agua potable, combustible, utensilios para la preparación de fórmula y materiales de limpieza, así como capacitación para que las madres y demás personas que están al cuidado de los menores puedan preparar y administrar las fórmulas de la manera menos riesgosa posible.” *

Por todo lo anteriormente expuesto, es que someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente Proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que instruya a la Secretaria de Salud a realizar una campaña de información sobre la protección en salud y afectiva que brinda la lactancia materna en situaciones de emergencia; y

Segundo.- La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, para que instruya a la Secretaria de Salud a detener las prácticas de promoción y distribución de sucedáneos de leche materna en albergues, tanto los coordinados por la sociedad civil como por instituciones públicas, donde se ha registrado donaciones directas de algunas empresas, productoras de sucedáneos de leche materna.

Notas

1 Con datos de UNICEF. Oficina Regional para América Latina y el Caribe. 2016.

2 Visible en: http://www.unicef.org/spanish/nutrition/index_24805.htm

3 Secretaría de Salud. Gobierno de México. www.gob.mx

4 Visible en:

https://www.unicef.org/lac/UNICEF_Emergency_Field_Handbo ok_SP.PDF

* Comunicado de Prensa “Alianza por la Salud Alimentaria” del 3 de octubre de 2017

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de octubre del 2017.

Diputada Claudia Sofía Corichi García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Secretaría de Economía a analizar la posibilidad de ampliar el plazo de los decretos por el que se modifica la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, y por el que se establecen diversos programas de promoción sectorial, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones jurídicas aplicables, la suscrita, diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo lo siguiente:

Exposición de motivos, fundamentos y consideraciones

Como bien sabemos, la dinámica del comercio internacional del acero se ha visto seriamente perjudicado, entre las principales causas se encuentran: la disminución en la demanda del acero a nivel mundial, el exceso de capacidad productiva mundial, una perspectiva generalizada de bajo crecimiento económico y la comercialización en condiciones desleales. 1

Diversos países productores de acero han actuado para proteger su industria siderúrgica, han adaptado medidas que van desde investigaciones anti-dumping, cuotas compensatorias e incrementos arancelarios a productos de este sector, entre otras.

Nuestro país debió de actuar para que la industria siderúrgica no se siguiera viendo afectada ante la falta de condiciones para una sana competencia entre las industrias de diferentes países y considerando el carácter transversal de la industria siderúrgica como proveedor primario de diversos insumos a un sinnúmero de sectores productivos, bajo este marco, a través de la Secretaría de Economía se implementaron medidas a fin de que la industria siderúrgica nacional tuviera la capacidad de integrar su defensa, el día 07 de octubre de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación y el Decreto por el que se establecen diversos programas de promoción sectorial, en el cual se estableció incrementar temporalmente el arancel de importación en un 15 por ciento, a 97 fracciones arancelarias que corresponden a mercancías del sector siderúrgico relacionadas con planchón, placa en hoja, placa en rollo, lámina rolada en frío, lámina rolada en caliente y alambrón.

Al observarse que siguió persistiendo la competencia desleal entre las industrias de diferentes países, se vio necesario y urgente que la medida antes mencionada continuara vigente 180 días naturales posteriores a la fecha de publicación el 4 de abril de 2016; posterior a esta ampliación se han realizado 2 ampliaciones más para que este arancel siga vigente.

En este último decreto, publicado el 06 de abril se manifestó que la demanda del acero se recuperó en el 2016, sin embargo, también se mostraron indicios de que la tendencia podría ser temporal; así mismo se presentaron retos derivados de la sobreoferta de producción del acero a nivel mundial.2

Es gracias a dichos esfuerzos del Estado que México aumentó su producción, de hecho entre enero y mayo de 2017 se reportó un alza de 12.1 por ciento respecto del mismo periodo del año pasado, esto como consecuencia de las medidas aplicadas por el gobierno federal para detener la importación subvaluada de acero, lo cual perjudicó el año pasado a la planta manufacturera siderúrgica porque les quitaba participación en el mercado nacional. Al respecto, asegura Guillermo Vogel, presidente de la Cámara Nacional del Acero, que aunque el nivel de rentabilidad es adecuado la sobreproducción de acero en China sigue siendo un tema sin resolver que continúa afectando al mercado nacional.3

En virtud de lo anterior y dado a que la competencia desleal sigue presente y la industria siderúrgica a nivel mundial no se ha recuperado, los países productores siguen incrementando y reforzando medidas, en México no se puede bajar la guardia, es necesario que la vigencia de estas medidas se extienda a un plazo mayor, hasta que se pueda descartar que la sobreproducción de algunos países o alguna otra medida de competencia desleal afecte al mercado del acero en mexicano. Resulta primordial, que en coordinación con lo expuesto en nuestro Plan Nacional de Desarrollo, coadyuvemos en promover un crecimiento sostenido de la productividad en un clima de estabilidad económica, fomentando la adecuada competencia a fin de obtener condiciones favorables para el desarrollo económico.4

Punto de Acuerdo

Primero. Se envíe un respetuoso exhorto al titular de la Secretaría de Economía para que en apego a sus facultades y en el ámbito de sus atribuciones, analice la posibilidad de ampliar el plazo del decreto por el que se modifica la tarifa de la ley de los impuestos generales de importación y de exportación y el Decreto por el que se establecen diversos programas de promoción sectorial, a fin de conservar el arancel de importación de 97 fracciones arancelarias de productos siderúrgicos, próximo a vencer en el mes de octubre.

Notas

1 Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación y el Decreto por el que se establecen diversos programas de promoción sectorial.

2 Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación y el Decreto por el que se establecen diversos programas de promoción sectorial.

3 El Financiero. Sánchez Axel. Sección de economía. 25 de junio de 2017. México.

4 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 12 días del mes de septiembre de 2017.

Diputados: Armando Luna Canales (rúbrica), María Guadalupe Oyervides Valdez (rúbrica), Jorge Enrique Dávila Flores, Ana María Boone Godoy (rúbrica), Francisco Saracho Navarro, Jericó Abramo Masso (rúbrica), Flor Estela Rentería Medina (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a prestar con las instituciones de salud estatales atención especializada en geriatría, a cargo del diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Elías Octavio Iñiguez Mejía, diputado federal del estado de Jalisco a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Datos recientes de la organización mundial de la salud (OMS) notifican que de 2015 a 2050 la proporción de la población mundial con más de 60 años de edad pasará de 900 millones hasta 2 mil millones, lo que representa un aumento del 12 por ciento al 22 por ciento. Dicha organización explica que el envejecimiento de la población es más rápido en la actualidad que en años precedentes.

Por otra parte, la OMS argumenta que no existen pruebas que indiquen que las personas de edad gocen actualmente de mejor salud, ya que es posible que la proporción de las personas que viven en países de ingresos bajos y medianos soporten una carga de morbilidad más elevada que en las que viven en los países desarrollados. Con independencia del lugar en donde viven, las principales causas de muerte en los ancianos son las cardiopatías, el accidente cerebrovascular y las neumopatías crónicas. En cuanto a las causas de la discapacidad, son fundamentalmente el deterioro sensorial (principalmente en los países de ingresos bajos y medios), el dolor en el cuello y espalda, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (sobre todo en los países de ingresos bajos y medios), los trastornos depresivos, las caídas, la diabetes, la demencia y las artrosis. Discapacidades que se verán en incremento en los siguientes años, por lo que la OMS ha hecho hincapié para su posible prevención y tratamiento adecuado.

Para dar solución a las enfermedades que aquejan a la población, en el continente americano, en él año de 1984, surge la carrera de Geriatría para tratar las enfermedades derivadas de la vejez, lo que ha significado un hito fundamental en lo referido a la vejez y al envejecimiento en forma coincidente en los países de América Latina, ya que los países de este continente son vasto y sumamente heterogéneo a nivel de su población, de sus necesidades, de sus recursos económicos, sociales y culturales y de sus posibilidades. En este sentido, se corre el riesgo de no comprender las dimensiones reales su complejidad, por lo que el trabajo la geriatría no se ha visto reflejada en esta población de personas con la fuerza necesaria para combatir y tratar las enfermedades que le competen a este campo de la medicina.

En este contexto, los antecedentes de la Geriatría se remontan a 1957 en el país, cuando se realizó en la Ciudad de México el Primer Congreso Panamericano de Gerontología, por gestión del doctor Manuel Payno, presidente de la Academia Mexicana de Gerontología. Asimismo, se han realizado estudios, a través del Consejo Nacional de Población (Conapo), de estimación del envejecimiento de la población mexicana y se ha determinado que el aumento de adultos mayores será consecuencia del incremento en la expectativa de vida, que en el caso de hombres es de 80 años y en las mujeres con un promedio de 85 años.

Con base a estos datos de la Conapo, y con relación a uno de los problemas que representa el envejecimiento de la población en México, aproximadamente 69.3 por ciento de la población de 65 años o más habita en municipios de nivel social bajo o muy bajo, con poco acceso a servicios básicos de salud a pesar de la existencia de programas sociales de apoyo. Es por ello, que se requieren de programas destinados a brindar servicios sociales que beneficien a estas personas en condiciones vulnerables.

Sin embargo, las intervenciones no deben limitarse a la población de adultos mayores, sino establecerse programas nacionales de envejecimiento exitoso que permitan establecer estilos de vida saludable a la población de jóvenes que para 2050 serán adultos mayores. Por otra parte, es necesario reforzar esta área de especialidad, considerando que la población adulta no recibe la atención necesaria en algunas zonas del país, como ya se ha mencionado.

Derivado de los anterior, la American Geriatrics Society (Sociedad Estadounidense de Geriatría) considera que lo ideal es contar con un geriatra por cada 10 mil habitantes de 75 años o más. Confirmando que, dadas las tendencias que apuntan hacia el envejecimiento poblacional en gran parte del mundo, la Organización Mundial de la Salud sitúa a la Geriatría entre las cuatro especialidades con más potencial de desarrollo en los próximos años.

Considerando el aumento de la expectativa de vida de las personas, la disminución de la natalidad, el mayor número de enfermedades crónicas y la importante presencia de discapacidad entre las personas adultas mayores constituyen problemas a los que ya hace frente nuestro sistema de salud. Sin embargo, debido a que la población nacional actualmente se encuentra en un promedio de 24 a 54 años, es necesario aplicar la atención en geriatría en la población mayor, ya que más de 10 millones de adultos mayores habitan en México, y esta cifra se dispara en los siguientes años, lo que dificultara al sistema de salud en atención médica para los adultos de la tercera edad.

Para combatir este problema es necesario atender a la población adulta que presenta alguno de los síntomas de salud que más les aqueja durante la vejez, ya que esta población carece de los recursos económicos necesarios para acceder a un tratamiento adecuado, o recurrir a un hospital privado que lo atienda a la brevedad. Asimismo, brindarles el apoyo de manera eficiente y eficaz, ya que al ser personas adultas y de edad avanzada, se requiere de una atención inmediata, por lo que la idea central de este trabajo legislativo es dar prioridad a estas personas para que sean atendidas a la brevedad.

Por lo anterior expuesto, no se busca discriminar a otros pacientes que esperan su turno para ser atendidos, sino que se trata de comprender la situación por la que viven las personas adultas, y dada su edad no pueden soportar largas horas en tiempo de espera para ser atendidas. Por lo que es necesario hacer un llamado a todas las instituciones de salud pública del país, para que asistan a la brevedad posible a las personas de edad avanzada a ser valoradas medicamente y brindarles el adecuado tratamiento.

Asimismo, se requiere que dicha especialidad esté disponible en el mayor número de instituciones de salud pública, ya que se ha detectado que en algunos estados del país no cuentan con dicha especialidad, y que sólo en algunos lugares del país el paciente pude acceder a la atención medica en las zonas conurbanas de su domicilio.

En atención a este problema de salud es necesario hacer hincapié en este sentido, dado que este problema al que se enfrenta la población adulta, sumado a los gastos de atención médica y gastos de transporte a las zonas con disposición de atención medica disponible, representa un duro golpe económico para estas personas, sumado a la carga económica que ya tiene para poder subsistir.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de ésta Soberanía la proposición siguiente:

Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a que, en coordinación con las instituciones de Salud de cada entidad federativa, promueva la capacitación y las especialidades médicas de Geriatría y Gerontología, y fortalezca la atención médica a las personas adultas mayores en los hospitales y clínicas del país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2017.

Diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la modificación de diversas normas tendentes a modernizar el parque vehicular de autotransporte federal, a través de un esquema que combine estímulos fiscales y créditos, en especial las del hombre-camión y pequeño transportista, suscrita por los diputados Jorge Tello López y Alfredo Basurto Román, del Grupo Parlamentario de Morena

Jorge Tello López y Alfredo Basurto Román, diputados federales, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permiten someter ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en los siguientes

Antecedentes

Primero. El del autotransporte es un sector que se encuentra directa e indirectamente relacionado con la mayor parte de las actividades económicas de nuestro país, participa con el 4.9 por ciento del producto interno bruto nacional y contribuye con más de 78 por ciento del producto interno bruto del sector transporte. Además, genera alrededor de 2 millones de empleos directos.

A través del autotransporte federal se mueve 82 por ciento de la carga terrestre y el 56 por ciento de la carga nacional.

De acuerdo con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se al finalizar 2012 se tenían registradas aproximadamente un total de 715 mil 683 unidades, de las cuales 86.1 por ciento correspondían al autotransporte de carga general y 13.9 por ciento al de carga especializada.

De ese gran total de unidades registradas:

• 203 mil 219 vehículos correspondían al hombre-camión (1 a 5 unidades) con un registro de 110 mil 385 empresas;

• 220 mil 676 vehículos pequeña empresa (6 a 30 unidades), con un registro de 19 mil 544 empresas;

• 121 mil 583 vehículos mediana empresa (31 a 100 unidades), con un registro de mil 373 empresas;

• 170 mil 205 vehículos gran empresa (+ de 100 unidades) con un registro de 170 mil 205 empresas;

Los datos revelan que la pequeña empresa y el hombre-camión son quienes ostentan el mayor número de unidades con 59 por ciento, además son quienes poseen una mayor participación en la estructura empresarial con 98 por ciento por ciento del total de empresas que prestan el servicio y que proporcionan un importante volumen de carga a los diferentes sectores productivos y comerciales del país.

Sin embargo, es precisamente el hombre-camión el que no ha podido modernizar sus vehículos por la falta de esquemas financieros y fiscales que les permitan obtener condiciones favorables para la sustitución de sus unidades, muchas de las cuales tienen una antigüedad superior a los 20 años. Ellos se han visto en la necesidad de repotenciar sus unidades para seguir proporcionando el servicio y subsistir en esta competida actividad.

Es cambiar todas las partes del camión o del autobús a excepción del chasis.

En 2000 la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial aprobó el decreto del Acuerdo de Carácter Esencial, el cual permite repotenciar camiones y autobuses de modelos atrasados con autopartes nuevas o usadas, respetando el chasis como original.

Este hecho promovió la modernización de más de 15 mil unidades con partes importadas de Estados Unidos; y permitió la subsistencia de los hombres-camión y pequeños empresarios. Este, sin duda, fue un buen inicio sin embargo, es un hecho que el hombre-camión necesita mayores apoyos para seguir realizando su trabajo.

Para el caso es necesaria la intervención de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Hacienda y Crédito Público y de Economía lleven a cabo nuevos esquemas financieros e incentivos fiscales que permitan a estos trabajadores del transporte, sustituir o en su caso des chatarrizar sus unidades de carga a fin de hacer más eficiente y moderno al sector. Esto permitiría de manera inmediata repotenciar las más de 200 mil unidades con partes legalmente importadas y ensambladas en cada una de las diferentes configuraciones vehiculares que poseen el hombre-camión y la pequeña empresa.

La problemática que enfrenta el sector del autotransporte particularmente el hombre-camión, debido al incremento constante que se tiene en los gastos de mantenimiento de las unidades, el costo del combustible, el alto peaje en las carreteras, y los diversos gastos relacionados con la normatividad existente.

De igual forma debe señalarse la falta de créditos que se ajusten a las necesidades del hombre-camión, a diferencia de las medianas y grandes empresas que cuentan con acceso a créditos más accesibles ya que cuentan con capacidad financiera para hacer frente a sus obligaciones.

El hombre-camión tiene un escenario complejo, ya su acceso al crédito es restringido ya que en la mayoría de los casos no posee las garantías suficientes haciendo que este sea costoso, además de que los precios en la adquisición de unidades son más altos, ya que no pueden adquirirlas en volumen, por lo que sus posibilidades se limitan a la obtención de seminuevos o, en su caso, autopartes y refacciones, para la repotenciación de sus vehículos para seguir manteniendo el servicio.

El Programa de Chatarrización que lleva a cabo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no favorece la situación que atraviesa el hombre-camión, por lo que se requiere que se implanten esquemas financieros más flexibles e incentivos fiscales más favorables que permitan modernizar y hacer más eficiente el autotransporte de carga en nuestro país.

Esta demanda para que se modernice el sector de autotransporte proviene de organizaciones sociales y gremiales como la Asociación Nacional Transportista Asociación Civil en representación de hombre camión.

Segundo. El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la letra refiere que:

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio.

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución.

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación.

El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan. Tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, la nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución. En las actividades citadas la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado, así como el régimen de remuneraciones de su personal, para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en las mejores prácticas, y determinará las demás actividades que podrán realizar.

Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo.

Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.

La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.

La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución.

Por su parte, el artículo 26 constitucional, Apartado A, consagra la facultad del Estado para organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

Asimismo, el artículo 3o. de la Ley de Planeación prevé que, mediante la planeación, se fijarán objetivos, metas, estrategias y prioridades se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinarán acciones y se evaluarán resultados.

En este orden de ideas, el artículo 16 del mismo ordenamiento legal establece la responsabilidad de las dependencias para elaborar programas sectoriales, tomando en cuenta las propuestas que presenten las entidades del sector, los gobiernos de las entidades federativas, y las opiniones de los grupos sociales y de los pueblos y comunidades indígenas interesados; asegurando la congruencia de los programas sectoriales con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas regionales y especiales que determine el presidente de la República.

Finalmente, el artículo 26 de la Ley de Planeación contempla que los programas especiales se referirán a las prioridades del desarrollo integral del país fijadas en el Plan o a las actividades relacionadas con dos o más dependencias coordinadoras de sector.

Con fundamento en lo anterior, el 20 de mayo de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el cual establece cinco metas nacionales: México en Paz, México Incluyente, México con Educación de Calidad, México Próspero y México con Responsabilidad Global; así como tres estrategias transversales: Democratizar la Productividad, Gobierno Cercano y Moderno, y Perspectiva de Género. Todas para llevar a México a su máximo potencial.

Conviene destacar que el capítulo VIII del citado Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 denominado “Sistema Nacional de Planeación Democrática”, refiere que con fundamento en el artículo 22 de la Ley de Planeación, la presente Administración elaborará, entre otros programas, el “Programa Nacional de Infraestructura”, y que los programas que emanen del Plan Nacional de Desarrollo deberán ser sujetos de medición y seguimiento.

Por ello, y con base en el Acuerdo 01/2013 por el que se emiten los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2013, en los cuales se establecen los elementos y características que deben contener los programas que deriven del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; el Programa Nacional de Infraestructura contiene objetivos, estrategias y líneas de acción que reflejan las actividades prioritarias y concretas en materia de infraestructura, impulsadas por el gobierno de la República, que se llevarán a cabo en esta administración.

Tercero. Por su parte el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018 1 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 2013 señala:

Por su parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el artículo 36 establece que corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entre otros:

I) Formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a las necesidades del país;

III) Otorgar concesiones y permisos para: establecer y operar servicios aéreos en el territorio nacional; para la prestación de servicios de autotransporte en las carreteras federales; el establecimiento y explotación de servicios relacionados con las comunicaciones por agua y para construir las obras que le corresponda ejecutar;

IX) Construir y conservar los caminos y puentes federales;

X) Construir y conservar caminos y puentes, en cooperación con los gobiernos de las entidades federativas, con los municipios y los particulares y;

...

Además, los ordenamientos legales siguientes establecen diversas atribuciones para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en las materias que se indican:

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que tiene por objeto regular la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de los caminos y puentes que constituyen vías generales de comunicación; así como los servicios de autotransporte federal que en ellos operan, sus servicios auxiliares y el tránsito en dichas vías.

El programa está alineado para formular y conducir las acciones que necesita México para el desarrollo del transporte y las comunicaciones.

...

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes es una dependencia del gobierno de la República con una influencia significativa en el desarrollo económico nacional y en la calidad de vida de los mexicanos.

El programa desarrolla la visión de llevar a México a su máximo potencial y contribuye al cumplimiento de las cinco metas nacionales y las tres estrategias transversales del PND 2013-2018.

...

El Plan Nacional de Desarrollo en materia de Comunicaciones y Transportes se resume en:

1. a 3. ...

4. Mejorar la productividad con costos competitivos de servicios de comunicaciones y transportes.

Autotransporte federal

Apoyar la modernización del parque vehicular de autotransporte federal, el principal modo de transporte de personas y bienes, a través de un esquema que combine estímulos fiscales y créditos con el objetivo de reducir la edad promedio de las unidades, especialmente las del hombre-camión y pequeño transportista.

Cuarto. Sin embargo persisten una serie de problemas estructurales y normativos que contradicen los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes, que frenan el desarrollo del sector.

En específico el Reglamento de Tránsito en Carreteras Federales y las normas oficiales NOM-012-SCT-2-2014, Sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal2 ; La NOM-068-SCT-2-2014, Transporte terrestre-Servicio de autotransporte federal de pasaje, turismo, carga, sus servicios auxiliares y transporte privado-Condiciones físico-mecánica y de seguridad para la operación en vías generales de comunicación de jurisdicción federal3 ; la NOM-086-SCT2-2004, Señalamiento y dispositivos para protección en zonas de obras viales4 , en su conjunto conforman un sistema que favorece a las grandes empresas y que oprimen el crecimiento de lo que se denomina hombre camión y que representan con un total de 203 mil 219 vehículos correspondían al hombre-camión (1 a 5 unidades) con un registro de 110 mil 385 empresas.

En este contexto cabe señalar que la fracción XVI del artículo 40 de la Ley Sobre Metrología y Normalización dispone que las normas oficiales mexicanas tendrán como finalidad establecer las características y/o especificaciones que deben reunir los vehículos de transporte a fin de garantizar la protección de las vías generales de comunicación y la seguridad de sus usuarios.

Por su parte el artículo 36 fracción XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal faculta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para fijar las normas técnicas del funcionamiento y operación de los servicios públicos de comunicaciones y transportes.

Para ejemplificar basta un botón: la norma NOM-012-SCT-2-2014 es totalmente discriminatoria, puesto aquellos que poseen un camión y es su inca forma de sustento los deja indefensos al pedir demasiadas especificaciones técnicas las cuales no afectan la conducción, si bien es cierto se busca la seguridad del conductor, no se especifica que una vez cumplido estos requisitos, el camión pueda circular sin ningún inconveniente, se debe expedir por parte de la autoridad competente un comprobante de aceptación para circular, ya que en la práctica muchos operadores son detenidos por dicha revisión pero aun teniendo la autorización de poder circular al no existir un artículo que especifique: una vez cumplido con todo lo establecido puede circular el camión del año que sea o determine que antigüedad debe tener con esto se apoya más al camionero porque de lo contrario quedan vulnerables a cualquier estafa.

Quinto. El crecimiento económico es un tema estratégico y prioritario para México porque representa el medio para generar desarrollo y es la pieza clave para incrementar la competitividad.

Por esta razón, y con el objeto de elevar el nivel de bienestar de la sociedad, se deben crear las condiciones necesarias que hagan posible el desarrollo integral de todas las regiones y sectores del país, a fin de que todos los mexicanos puedan desarrollar su potencial productivo conforme a las metas que se hayan propuesto.

Una de las condiciones para que México pueda alcanzar su máximo potencial es la inversión nacional y extranjera en los sectores que detonen el crecimiento sostenido y sustentable.

Debido a que el crecimiento demanda grandes cantidades de recursos y los efectos sobre el nivel de crecimiento y desarrollo se concretan en el mediano y largo plazo, es necesaria la formulación de un Programa Nacional que cuente con una visión integral para su planeación.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND 2013-2018) se vislumbra como metas nacionales un “México Próspero” y un “México Incluyente”, donde se considera que una infraestructura adecuada y el acceso a insumos estratégicos, fomentan la competitividad y conectan el capital humano con las oportunidades que genere la economía.

Es decir, si “al Estado le corresponde la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales”, esto no podrá lograse si el Estado es presionado para otorgar franquicias de paso a sectores o particulares que libremente dispongan de que bienes y servicios pueden ser ofrecidos o quiénes son los facultados para prestarlos.

Por lo anterior, someto ante esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal para que inicie el proceso de modificación de las normas oficiales NOM-012-SCT-2-2014, Sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal; NOM-068-SCT-2-2014, Transporte terrestre-Servicio de autotransporte federal de pasaje, turismo, carga, sus servicios auxiliares y transporte privado-Condiciones físico-mecánica y de seguridad para la operación en vías generales de comunicación de jurisdicción federal; NOM-086-SCT2-2004, señalamiento y dispositivos para protección en zonas de obras, a fin de apoyar al hombre-camión y pequeño transportista de autotransporte federal.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a la Secretaría de Economía para que se establezca un programa para apoyar la modernización del parque vehicular de autotransporte federal, a través de un esquema que combine estímulos fiscales y créditos, especialmente las del hombre-camión y pequeño transportista.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación para que modifique el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de jurisdicción federal a fin de evitar la extorsión y violación de derechos humanos en contra de los hombre-camión y los pequeño transportistas, se prohíba la retención de los vehículos de autotransportes de carga sino se demuestra fehacientemente un daño inminente a la población y se de paso al uso de la tecnología para el pago de multas o el retiro de permisos según corresponda.

Notas

1 DOF: 13/12/2013 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326590&fecha=13/12/2 013

2 DOF: 14/11/2014 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5368355&fecha=14/11/2 014

3 DOF: 19/01/2015 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5378850&fecha=19/01/2 015

4 DOF 11/04/2008 h

ttp://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/PE/APF/APC/SCT/No rmas/Oficiales/2008/11042008(1).pdf

Palacio legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2017.

Diputado Jorge Tello López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SRE a emprender acciones en favor de los mexicano-catalanes y condenar la represión contra los ciudadanos de Cataluña, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Mirza Flores Gómez, diputada federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea, el punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de motivos

La democracia como principio rector y forma de gobierno de los Estados modernos se construye con la participación de la sociedad civil y toma en cuenta la manifestación de las ideas de la ciudadanía para crear un modelo de gobernanza en donde todas las expresiones culturales encuentren su libre desarrollo y representatividad dentro de las instituciones.

Por ello, consideramos que cualquier movimiento de la sociedad civil debe ser escuchado por los gobiernos; a lo largo de la historia, ha sido la propia sociedad organizada que ha salido a las calles a exigir derechos que van desde la abolición de la esclavitud hasta la conquista de los llamados DESCA (derechos económicos, políticos, sociales y culturales). La participación activa de la sociedad ha generado que los derechos humanos sean visibilizados y positivizados en normas de derecho interno. Si bien es cierto, su cumplimiento está limitado a diversos factores relacionados con temas estructurales propios de cada país, la protesta social juega un rol determinante en la progresividad en el cumplimiento y aplicación de los mismos.

En una verdadera democracia, el derecho de asociarse y manifestar pacíficamente las ideas como forma de entablar un diálogo directo con las autoridades, lejos de perturbar el orden público constituye una forma de participación activa de la comunidad en los asuntos públicos.

Así pues, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, documento rector de la sana convivencia entre los gobiernos de las naciones y de éstos con sus gobernados consagra el derecho a la libertad de reunión: “Artículo 20. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación”. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 reconoce el derecho de reunión pacífica.

La manifestación de las ideas como resultado de las expresiones políticas de la ciudadanía, aun en los estados de derecho del siglo XX, es tomado como un atentando a la desestabilización del orden institucional, cuando de hecho, no podemos hablar de instituciones democráticas sin participación ciudadana.

Predomina una percepción de las reivindicaciones ciudadanas como amenazas a la autoridad del Estado, con el consiguiente enfoque en contener y disuadir las protestas, ofreciendo una respuesta policial a un problema social.

A su vez, se percibe el ejercicio de la protesta como contrapunto a la seguridad ciudadana -especialmente por la posibilidad que en el contexto de las manifestaciones se cometan actos delictivos que afecten a la integridad física de las personas o a la propiedad pública y privada-; y por tanto, insisten en reportar actos de violencia -a menudo, aislados e inconexos- que han surgido en algunas protestas para justificar discursos populistas y políticas de “mano dura”.

Si bien es cierto que el Estado tiene el deber de garantizar la seguridad ciudadana y el orden público, debe hacerlo respetando los derechos de las personas, entre los que se encuentra el derecho a manifestase pacíficamente.

Cuando la respuesta policial consiste en el uso de la fuerza de forma desproporcionada y no focalizada, sin atender a la magnitud de los desórdenes que se trata de controlar, y sin distinguir a las personas que provocan estos incidentes de manifestantes pacíficos; se vulneran los compromisos internacionales asumidos por los Estados en materia de derechos humanos.

Por lo anterior, venimos a expresar nuestra consternación por los infaustos hechos ocurridos en Cataluña el día domingo 1 de octubre del presente año. En televisión y en internet hemos presenciado cómo votantes pacíficos eran agredidos con lujo de violencia por las fuerzas públicas del Estado español.

En el año 1936 en España ocurrió una asonada militar que, tras tres años de guerra civil, acabaría con un gobierno democrático legalmente instaurado para dar paso a una dictadura, encabezada por el general Francisco Franco, que duró 39 años, a la que, por su falta de democracia y de respeto a los derechos humanos, el Estado mexicano negó las relaciones diplomáticas.

Muchos españoles vinieron a exiliarse a México huyendo de la verdadera masacre que realizaron los alzados, una vez su “movimiento” tomó el poder. Las represalias contra los defensores del régimen democrático fueron especialmente duras contra las minorías eusquera y catalana. Ya que uno de los lemas de los fascistas españoles era, refiriéndose a España: “Antes roja que rota”.

Hay muchos mexicanos que son hijos, nietos y bisnietos de las varias decenas de miles de españoles exiliados en México. Un número significativo, a raíz de la Ley de la Memoria Histórica (2007) promulgada por las Cortes Españolas, son dobles nacionales mexicanos y españoles. Algunos de ellos, ya sea por estudios o por trabajo, viven hoy en Cataluña. En contrapartida muchos catalano-mexicanos conservan estrechos lazos familiares con los habitantes de Cataluña. Cabe mencionar que la comunidad catalano-mexicana ha sido y es una fuerza dinámica y pujante en nuestra sociedad.

A partir de 1978, el reino de España se convirtió en una monarquía constitucional y se instauró un régimen democrático con amplias garantías para los derechos fundamentales de los ciudadanos y elecciones confiables. Ya en 1977, en el periodo así llamado “de transición a la democracia”, se habían reanudado las relaciones diplomáticas con nuestro país. Algunos de los exiliados volvieron, pero una gran cantidad permaneció con sus familias en México.

Hoy vemos con enorme preocupación que el espíritu totalitario y represor de esas épocas no desaparece del todo en el reino de España, el hecho de que las fuerzas del Estado ataquen a multitudes de civiles pacíficos e inermes que sólo pretendían emitir su voto nos hace pensar que el franquismo no ha muerto en España, que los años transcurridos en democracia no han alcanzado a desterrar influencias retardatarias y oscuras de la conciencia de algunos españoles.

Precisamente en Cataluña, que aún no se repone de los atentados terroristas del mes de agosto de este año, la Policía Nacional Española y la Guardia Civil perpetraron serias violaciones a los derechos humanos cuando cargaron contra ciudadanos indefensos en su afán de impedir su participación en unos comicios que los tribunales habían considerado inválidos.

Diferimos de las declaraciones del gobierno español en el sentido de que las cargas policiales se ajustaron a la proporcionalidad. No hay proporcionalidad alguna en atacar a una boleta con una macana, no puede, ni debe considerarse proporcional en una sociedad democrática atacar los resultados de las urnas por medio de las armas.

Reconociendo la labor de la cancillería mexicana y coincidiendo con la postura y la invitación al diálogo permanente entre la sociedad española y el gobierno para encontrar una solución pacífica a los conflictos suscitados entre Cataluña y el resto de España, atendiendo siempre a la voluntad general del pueblo y tomando en consideración el principio de la libertad de autodeterminación dentro del marco de la legalidad, y en el entendido que no basta con “lamentar” los hechos ocurridos, sino condenar todos los hechos de violencia para que las naciones encuentre paz en sus gobiernos, me dirijo ante esta soberanía para proponer la siguiente:

Proposición con puntos de acuerdo

Primero. Se exhorta al secretario de Relaciones Exteriores a que condene los hechos de violencia y represión ocurridos el pasado 1 de octubre durante los comicios en Cataluña, España.

Segundo. Se exhorta al secretario de Relaciones Exteriores a que instruya al consulado de México en Barcelona para que realice una acuciosa investigación para determinar si entre los heridos y los detenidos hay ciudadanos mexicanos y, de ser así, se les preste todo el auxilio que sea posible.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2017.

Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa, el IMSS y el ISSSTE a presentar los avances de la aplicación del expediente clínico electrónico, a cargo del diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Elías Octavio Iñiguez Mejía, diputado federal del estado de Jalisco a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral I, fracción I, y 79, numeral I, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el núcleo de cualquier sistema de salud se encuentran las personas. En primer lugar, como sujetos de acciones de prevención de enfermedades y accidentes, también como pacientes, cuando padecen alguna dolencia, y finalmente como profesional de los servicios de salud en su carácter de médico o personal paramédico en cualquiera de sus categorías.

El avance tecnológico en materia de sistemas y tecnologías de información y comunicaciones, permite almacenar, organizar, recuperar y extraer información de grandes volúmenes de datos en poco tiempo, además de poder transmitirla prácticamente de forma inmediata. En casi cualquier actividad cotidiana contemporánea, los sistemas de información y telecomunicaciones tienen un rol destacado que permite acelerar acciones, elevar la productividad y generar un mayor desarrollo de todo tipo de actividades económicas y sociales.

En el ámbito de la salud se prestan servicios a distancia, como terapia psicológica, y también se pueden realizar consultas y diagnósticos aprovechando comunicación en video y transmisión de imágenes. En el caso de las instituciones públicas de seguridad social y prestación de servicios de salud, la aplicación de sistemas para solicitar citas por teléfono o por internet han permitido mejorar la calidad de la atención de los derechohabientes.

No obstante, todavía es mucho lo que se puede avanzar y al parecer no se aprovechan las oportunidades que hoy en día ofrecen estas tecnologías. En México, se modificó la Ley General de Salud en enero de 2012 para adicionar un artículo 109 Bis que a la letra señala:

Artículo 109 Bis. Corresponde a la Secretaría de Salud emitir la normatividad a que deberán sujetarse los sistemas de información de registro electrónico que utilicen las instituciones del Sistema Nacional de Salud, a fin de garantizar la interoperabilidad, procesamiento, interpretación y seguridad de la información contenida en los expedientes clínicos electrónicos.

Adicionalmente, se expidió la Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2012, Sistemas de información de registro electrónico para la salud. Intercambio de información en salud, con el objetivo de: “regular los Sistemas de Información de Registro Electrónico para la Salud, así como establecer los mecanismos para que los Prestadores de Servicios de Salud del Sistema Nacional de Salud registren, intercambien y consoliden información.”

En términos normativos al parecer se cuenta con los instrumentos necesarios para el establecimiento y uso del expediente clínico electrónico. Sin embargo, es conocido que en la realidad este no opera en todos los establecimientos de salud del sector público.

El objetivo del expediente clínico electrónico, antes que acumular información de un gran número de pacientes, es el de facilitar al paciente y sus médicos tratantes, la información sobre sus padecimientos actuales y previos, así como los tratamientos a que se hubiera sometido, lo que permite tomar decisiones con más y mejor información. Cuando un expediente se lleva de forma electrónica, se puede almacenar mucha información, precisa y de calidad, que de otra manera, cuando se confía solo a la memoria del paciente y sus familiares, se puede perder.

Es necesario, aunque no suficiente, que el expediente clínico electrónico funcione para elevar la calidad del servicio que reciben los derechohabientes, y también para generar información veraz y oportuna en materia de salud pública, así como de los resultados en salud que se obtienen de los recursos presupuestales asignados a cada institución.

Como legislador, estoy comprometido en que la prestación de servicios de salud que ofrecen las instituciones públicas sea cada día mejor y en que el uso de los siempre escasos recursos públicos genere el mayor beneficio para la población. Por ello es indispensable conocer el estado en que se encuentra la aplicación del expediente clínico electrónico. Si se requieren modificaciones legales se pueden promover las necesarias; si es un tema de presupuesto asignado se deberán hacer las economías y adecuaciones para subsanarlo; si hay obstáculos por falta de capacitación para los profesionales de la salud, habrá que remediarlos.

Lo que no puede admitirse es que este tema, como otros, se quede como letra muerta de la Ley y las normas. Es de la mayor relevancia garantizar su operación adecuada.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Secretario de Salud, al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social y al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a que presenten los avances en la puesta en práctica del expediente clínico electrónico en los establecimientos de salud a su cargo.

Dado en el salón de sesiones, a 12 de octubre de 2017.

Diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y la Agencia Nacional de Seguridad, Energía y Ambiente a difundir el daño generado al medio por minas, hidroeléctricas y fractura hidráulica en la Sierra Norte de Puebla, a cargo del diputado Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Alejandro Armenta Mier, diputado de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta Soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo , bajo las siguientes:

Consideraciones

La Sierra Norte de Puebla se caracteriza por su riqueza cultural, bellos paisajes y una gran variedad de recursos naturales. En los últimos años hemos visto como a pesar del rechazo de las comunidades, en su mayoría pueblos originarios, se han establecido cientos de empresas que atentan contra la conservación del ambiente.

Los llamados “proyectos de muerte”: minería a cielo abierto, plantas hidroeléctricas de nueva creación, fractura hidráulica o fracking y gasoductos, tienen en la Sierra Norte de Puebla un objetivo claro para su explotación a costa de la devastación de ríos, montañas y subsuelo. La gran riqueza natural de esta zona está siendo utilizada en todas las formas posibles, sin importar los daños al ambiente, a los habitantes y al territorio. Para otorgar las concesiones frecuentemente se violan los derechos más elementales de los indígenas: el de autonomía, el de consulta previa a cualquier acuerdo, y el de acceso a información clara y confiable.

En la Sierra Norte de Puebla conviven comunidades nahuas, totonacas y otomíes en esta naturaleza salvaje; conservan muchos de los usos y costumbres de sus antepasados; aplican las técnicas medicinales ancestrales y han sabido aprovechar la naturaleza para convertirla en su principal fuente de sustento.

Sin embargo, también existe una peligrosa riqueza mineral. Verdaderas minas de abundancia para quién sepa aprovecharlas y explotarlas; razón por la que esta región de Puebla se ha convertido paulatinamente en un verdadero laboratorio de extracción y expropiación.

El despojo de tierras, el ecocidio y el hecho de que es un proyecto para beneficio de la iniciativa privada y no de los pueblos, han sido los principales argumentos de quienes los han rechazado; los pueblos originarios de esta parte del país continúan con estas amenazas latentes a sus bosques y ríos. Frente a esta clase de atentados, resulta indispensable la organización social para defender el territorio y el patrimonio.

El apego a los ecosistemas va más allá de la necesidad económica; espiritualmente, la naturaleza también es fuente de identidad: es la tierra que vio nacer una diversidad de culturas y religiones. Para estas comunidades no se trata sólo de conservar el capital natural para sobrevivir sino de mantener su identidad y autonomía para poder transmitirlas a las siguientes generaciones.

Los principales beneficiarios de las actividades mineras son empresas multinacionales que explotan la región; para las comunidades, todas las repercusiones negativas terminan por recaer sobre ellas: paisajes devastados, montañas fracturadas, suelos removidos hasta el núcleo, aguas contaminadas. Tierra en la que ya nada crece y que deja desamparados a los pobladores una vez que las prometedoras multinacionales se han retirado.

En esta región son 141 títulos de concesiones mineras para más de 160 mil hectáreas, más del 18 por ciento del territorio estatal, para extraer principalmente oro, plata, cobre y zinc, con métodos devastadores que utilizan cianuro, arsénico, dinamita y metales pesados para sus objetivos de explotación indiscriminada; proyectos mineros que enfrentan los municipios de Tetela de Ocampo, Ixtacamaxtitlán, Zautla, Cuetzalan del Progreso, Tepango de Rodríguez, Libres, Zapotitlán, Teziutlán, Guadalupe Victoria, Xicotepec, Tlatlauquitepec, Zacatlán, entre otros. Tan sólo en los sexenios panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón se concesionó el 30 por ciento del territorio nacional para la minería.

El efecto de las mineras en el suelo que tienen bajo concesión implica que éste reciba aguas ácidas que tienen metales pesados de mineralizaciones sulfuradas aflorantes. Además cuando la minería es a cielo abierto hay afectación a los bosques, destrucción de suelos, contaminación del agua, despojo de tierras, daño a los mantos freáticos, inestabilidad de las capas geológicas, entre otros.

Las hidroeléctricas de nueva creación proyectadas para Olintla, San Felipe Tepatlán, Ahuacatlán, Hueyapan, Zapotitlán, entre otros. Con repercusión en tres principales ríos: Ajajalpan, Zempoala y Apulco para la construcción de 10 presas y unas 35 mini hidroeléctricas. En todos los casos han ido surgiendo resistencias de las diferentes poblaciones. El despojo de tierras y la afectación a los ríos por su estancamiento o su desviación hasta en un 90 por ciento en tramos de hasta cinco kilómetros, son las principales inconformidades.

En mayo de 2016, la Comisión Nacional de Hidrocarburos autorizó la extracción, por 25 años, de petróleo por medio de fractura hidráulica, fracking , en los municipios de Francisco Z. Mena y Venustiano Carranza.

Más de 448 mil hectáreas de terrenos ubicadas en 35 municipios de la Sierra Norte de Puebla han sido entregadas por la Secretaría de Energía a empresas nacionales y extranjeras para la eventual extracción de hidrocarburos no convencionales a través de la fractura hidráulica o fracking .

El área que podría ser explotada a través del fracking , una práctica prohibida en otros países debido ya que genera severos impactos al ambiente y en las comunidades, abarca un total de 448 mil 341.58 hectáreas y representa el 13.07 de la superficie total del estado de Puebla

Se trata de terrenos ubicados en los municipios de Acateno, Atlequizayan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Cuetzalan del Progreso, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Huauchinango, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Huyetlalpan, Ixtepec, Jalpan, Jonotla, Jopala, Juan Galindo, Nauzontla, Olintla, Pantepec, San Felipe Tepatlán, Tenampulco, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlatlauquitepec, Tlaxco, Tuzamapan de Galeana, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xiutetelco, Yainahuac, Zihuateutla y Zoquiapan.

En Puebla se proyecta la perforación de 10 mil 92 pozos con la técnica del fracking, se debe conocer el grave riesgo que esto representa, ya que para perforar un solo pozo y fracturar las rocas se necesitan 14 millones de litros de agua pura, de la mejor calidad, es decir más de 140 mil millones de litros de agua pura para los pozos proyectados.

Las llamadas “reformas estructurales”, permiten la explotación indiscriminada de los recursos naturales, principalmente de hidrocarburos. De esta forma, el Golfo-Centro de México, en los límites de Veracruz, Hidalgo y Puebla, retoma una importancia industrial, hoy todo lo que se extrae es para el enriquecimiento de grandes consorcios.

Las luchas de resistencia a los gasoductos han sido ejemplares por parte de los pueblos originarios. En Cuacuila, municipio de Huauchinango, se organizó una lucha política y jurídica que evidenció las ilegalidades con las que operó la empresa Gasomex para construir el gasoducto Tuxpan-Atotonilco que transporta gas LP a lo largo de 300 kilómetros. En San Pablito, en el municipio de Pahuatlán, la inconformidad contagió a varias comunidades que se aglutinaron para defender sus tierras ante el próximo paso del gasoducto Tuxpan-Tula.

En la mayoría de los casos, los habitantes han denunciado que las autoridades locales fueron sobornadas para favorecer los intereses de las empresas y no de los habitantes, las comunidades indígenas llevan años organizándose para crear frentes de oposición a los proyectos de las multinacionales y del gobierno. La lucha es ardua y las corporativas y el gobierno están dispuestos a dividir a las comunidades, ofrecer dinero y hasta encarcelar a los líderes con tal de lograr la materialización de los proyectos.

Los tipos de conflictos generados por el establecimiento de las mineras son impacto ambiental, relación inequitativa, despojo del territorio, agua, seguridad, patrimonio, salud, minería ilegal y reubicación.

Los proyectos extractivos ambicionan invadir la totalidad de la fisiografía serrana. En las zonas altas se han concesionado más de 160 mil hectáreas a la minería, en las zonas de mediana altura, se ha detectado la intensión de establecer más de 10 proyectos hidroeléctricos y las zonas bajas han sido focalizadas para la extracción de hidrocarburos, a donde ya se ubican puntos de fracturación hidráulica, fenómeno que irá avanzando conforme evolucionen las rondas de licitación.

Además se vive la profundización de un ambiente de hostigamiento, intimidación y agresión física, verbal y psicológica, hacia defensores y defensoras del territorio en el estado de Puebla.

Por lo anteriormente expuesto, en términos de los preceptos legales invocados, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Puntos de acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que haga público, de manera objetiva, el impacto ambiental en las comunidades de la Sierra Norte de Puebla que albergan proyectos de extracción minera, instalación de nuevas hidroeléctricas, perforación de pozos para la extracción de petróleo por medio de la fractura hidráulica y la instalación de gasoductos.

Segundo. Se exhorta a la Agencia de Nacional de Seguridad, Energía y Ambiente a revisar las concesiones entregadas para proyectos de explotación de recursos naturales en la Sierra Norte de Puebla, con el objetivo de preservar y respetar los derechos fundamentales de los habitantes de las comunidades donde están establecidos.

Tercero. Se exhorta a la Semarnat y a la ASEA a realizar una investigación minuciosa y objetiva sobre la práctica de la técnica “fractura hidráulica” para la perforación de pozos petroleros, que pone en riesgo el derecho humano al agua.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre del 2017.

Diputado Alejandro Armenta Mier (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a declarar alerta de violencia de género contra las mujeres en las 32 entidades federativas, y abatir la violencia feminicida en el país, suscrita por la diputada Verónica Delgadillo García e integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos, Verónica Delgadillo García, José Clemente Castañeda Hoeflich, Mirza Flores Gómez, María Candelaria Ochoa Avalos, María Victoria Mercado Sánchez, René Cervera García, Germán Ernesto Ralis Cumplido, Salvador Zamora Zamora, Rosa Alba Ramírez Nachis, Marbella Toledo Ibarra, Angie Dennisse Hauffen Torres y Víctor Manuel Sánchez Orozco, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados someten a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Secretaría de Gobernación a declarar Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en las 32 entidades federativas, así como a abatir la violencia feminicida en nuestro país, bajo la siguiente:

Exposición de motivos

I. Según datos del Inegi, del año 2000 al 2015 han sido asesinadas 28 mil 710 mujeres en nuestro país,1 la tendencia de violencia contra la mujer va en aumento por lo que de seguir así con las cifras, para 2016 y 2017 podríamos estar llegando a los 33 mil 2102 homicidios de mujeres.

Un claro ejemplo del alarmante incremento en los casos de homicidios contra mujeres, además del registro histórico de información oficial que lleva el Inegi, son las notas periodísticas que dan cuenta de los miles de casos donde prevalece una violencia feminicida. Y se hace referencia a notas periodísticas porque en México no existe información oficial de las mujeres asesinadas por el simple hecho de ser mujeres.

“Hay algunas estimaciones: en un artículo publicado en 2014, José Merino, Jessica Zarkin y Joel Ávila llegaron a una cifra estimada de 4 mil 306 feminicidios durante el periodo 2006-2012. Ésa es tal vez la mejor aproximación existente sobre el tamaño del problema. Pero, como reconocen los autores, es apenas una estimación que bien puede estar muy por debajo de la realidad. No lo sabemos con precisión. Y no lo sabemos porque ninguna autoridad cuenta los casos”.3

Ante esta alarmante, triste y vergonzosa situación, es indispensable que nuestro país lleve a un máximo de esfuerzos sus acciones preventivas, de seguridad y de justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida. No podemos seguir permitiendo más casos como el de Valeria, Lesvy, Mara y el de otras miles de mujeres que fueron asesinadas en nuestro país por el simple hecho de ser mujeres.

II. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece la alerta de violencia de género contra las mujeres, como un mecanismo de emergencia que busca la protección de los derechos humanos de las mujeres, con el objetivo de combatir los actos reiterados de violencia feminicida, así como la eliminación de la desigualdad que sufren las mujeres.

El artículo 21 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define a la violencia feminicida como “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.”

El feminicidio se considera como la culminación de esta violencia extrema hacia las mujeres, el Código Penal Federal lo define como la privación de la vida de una mujer por razones de género presentándose alguna de estas circunstancias:

“I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;

III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;

IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;

V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;

VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;

VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.”

Actualmente, en México ha habido 26 solicitudes de alertas de violencia de género contra las mujeres, de las cuales hasta el momento han procedido 12:4 en el estado de México, a finales de julio de 2015; en Morelos, a principios del mismo año; Michoacán, el 27 de junio de 2016; Chiapas, Veracruz y Nuevo León, en noviembre de 2016; Sinaloa, a finales de marzo del presente año; así como Colima, San Luis Potosí y Guerrero, en junio de 2017; Quintana Roo, julio 2017, y Nayarit, en agosto 2017.

Para los casos de Guanajuato, Baja California, Querétaro, Puebla, Cajeme, de Sonora, Tabasco y Tlaxcala se decidió no declarar la alerta de violencia de género contra las mujeres, por la razón de que supuestamente dichos estados dieron cumplimiento a las recomendaciones hechas por los grupos de trabajo correspondientes,5 por lo que aún quedan pendientes siete solicitudes en distintas entidades federativas.

Cabe recordar que una vez que la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra la Mujer acepta la solicitud de declaratoria de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres, se procede a la convocatoria e instalación de un grupo de trabajo encargado de analizar la violencia contra las mujeres en un territorio determinado para que este elabore sus conclusiones y propuestas de acciones preventivas que deberán ser primero aceptadas y atendidas por la entidad federativa que está siendo analizada.

III. Para dar cuenta de la delicada lamentable realidad que viven las mujeres, y que la violencia que padecen día con día se encuentra en un nivel donde las instituciones siguen si llevar a cabo las acciones efectivas, para erradicar tanto la violencia contra las mujeres como el alto número de feminicidios en el país, a continuación se presentan algunas conclusiones de diferentes grupo de trabajo que realizaron un análisis en su respectiva entidad, conclusiones que pueden reflejar la situación de vulnerabilidad que viven las mujeres en todo el país:

En el estado de Nayarit: “Las mujeres enfrentan condiciones sociales y culturales adversas, principalmente para ciertos sectores de la población, enmarcadas en un contexto complejo de prácticas culturales que las coloca en una situación de alta vulnerabilidad. En este sentido, se advierte un contexto general de violencia social enraizado, que si bien no es determinante, contribuye a que se generen las condiciones idóneas para que se produzca y reproduzca la violencia contra las mujeres en la entidad. Lo anterior se pudo observar durante las visitas in situ, en las cuales las autoridades que atienden a mujeres víctimas de violencia, vinculan y asocian los casos de violencia a problemas de alcoholismo en los agresores, baja educación en la población en general y una cultura machista y de estereotipos género.”6

En el estado de México: “Se observa que un número significativo de los casos de homicidios dolosos de mujeres y feminicidios perpetrados en el estado de México de 2005 al 2014 se encuentran inconclusos. En particular, el grupo observó que en más de la mitad de los casos de homicidios cometidos en contra de mujeres en el periodo comprendido entre 2005 y 2010, no se ha formulado imputación alguna, lo que podría indicar que las investigaciones llevadas a cabo no han sido realizadas con la debida diligencia y de manera exhaustiva. Por su parte, por lo que hace a los casos de feminicidios ocurridos de 2011 a agosto de 2014, casi el 40 por ciento de éstos se encuentran en la misma situación.”7

Para el caso de Michoacán: “Las instancias encargadas de brindar atención a las mujeres víctimas de violencia no implementan procesos articulados y coordinados de atención que les permitan proporcionar servicios integrales de manera adecuada. Esta situación provoca una atención deficiente a las mujeres víctimas de violencia y, en ocasiones, las revictimiza.”8

Para el caso de Quintana Roo: “La información proporcionada al grupo de trabajo por las organizaciones solicitantes y por el gobierno estatal, así como con aquélla complementaria obtenida durante las entrevistas a las organizaciones de la sociedad civil y las visitas in situ , se detectó que existen índices considerables de violencia, particularmente contra las mujeres, en los municipios de Benito Juárez y Solidaridad. En específico, en una zona delimitada en la ciudad de Cancún (municipio de Benito Juárez), en las que se da la mayor cantidad de eventos de violencia feminicida, como son delitos sexuales, homicidios dolosos de mujeres y feminicidios.”9

De forma similar coinciden las conclusiones elaboradas por los grupos de trabajo conformados para los Estados de Morelos, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, así como en los demás donde se han elaborado informes de grupos interinstitucionales y multidisciplinarios para atender solicitudes de alerta de violencia de género contra las mujeres.

IV. Para el caso de la entidad federativa de Puebla, el cual será expuesto como ejemplo de la necesidad de implementar un máximo de esfuerzos para abatir la violencia feminicida en todo el país, podemos mencionar dos elementos fundamentales y que creemos es una constante en todo México. Primero la no procedencia de la alerta de violencia de género contra las mujeres, y segundo los alarmantes hechos recientes de feminicidios que han captado la atención a nivel nacional.

Respecto a la no procedencia de la alerta de violencia de género, ésta puede darse por dos motivos principalmente: que no existan los elementos suficientes para comprobar los hechos que dieron origen a la solicitud, o; que a partir del informe que presenta el grupo de trabajo sean aceptadas y atendidas las conclusiones y propuestas en un plazo no mayor a seis meses por parte de la entidad federativa correspondiente.

La alerta de género para el estado de Puebla no procedió bajo el entendido de que ésta se colocó bajo el segundo supuesto, y el gobierno poblano aceptó y atendió las conclusiones así como las propuestas del informe del grupo de trabajo, acciones que se dan a conocer en el dictamen sobre la implementación del mismo informe. 10

Si la no procedencia de alerta de género para Puebla se encuentra sustentada en la aceptación y atención de las conclusiones y propuestas elaboradas por el grupo interdisciplinario de trabajo, ¿cómo puede ser posible que en dicha entidad el número de homicidios en contra de mujeres siga en aumento11 y que tan sólo en lo que va del presente año existan registrados por lo menos 87 casos que pueden ser catalogados evidentemente como feminicidios?12

Aunado a lo anterior la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió voto razonado al respecto, en donde manifestó:

“Si bien se reconoce que el gobierno del estado de Puebla ha realizado actividades tendientes al cumplimiento de las conclusiones previstas en el Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la solicitud AVGM/03/2016 de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, se considera que las acciones llevadas a cabo no son suficientes para contribuir a la prevención y erradicación de la violencia feminicida, en el marco del procedimiento de AVGM, al no haberse cumplido, o cumplido parcialmente propuestas de gran relevancia contenidas en el Informe del Grupo de Trabajo”.13

“Por su parte, la CNDH considera que existen los elementos suficientes para una declaratoria de alerta de género, derivado del incumplimiento o cumplimiento parcial a la acciones que tenía que llevar a cabo el estado de Puebla” [...]

Al parecer, esta situación se ve reflejada en las demás entidades federativas donde existe la no procedencia de alerta de violencia de género contra las mujeres,15 razón por la cual se vuelve trascendental una declaratoria a nivel nacional, así como la implementación de todas las facultades y mecanismos que tiene el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, con el objetivo de erradicar la violencia feminicida. Estos esfuerzos no podrán ser disminuidos hasta que exista una verdadera tendencia en la reducción de feminicidios en México.

Por todo lo anteriormente expuesto se somete a la consideración la siguiente proposición con punto de:

Acuerdo

Primero. Debido a los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres en México, se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional para prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) a que emitan la declaratoria de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres en las 32 entidades federativas del país.

Segundo. Se exhorta al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres a implementar en toda su extensión sus facultades y los mecanismos establecidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de alcanzar las acciones preventivas, de seguridad y de justicia, necesarias para enfrentar y abatir la violencia feminicida en nuestro país.

Tercero. Se exhorta al gobierno estatal de Puebla a implementar de forma urgente cada una de las competencias establecidas en el artículo 49 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la finalidad de reducir y eliminar la violencia feminicida en la entidad.

Cuarto. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación a que dé a conocer las acciones implementadas, así como los avances, en el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres; de qué forma están siendo rediseñadas las acciones y medidas para avanzar en la eliminación de la violencia contra las mujeres; y qué tipo de política integral se está implementado para la prevención, atención, sanción y erradicación de los delitos violentos contra las mujeres, ya que el número de homicidios dolosos contra mujeres así como de feminicidios siguen en aumento en nuestro país.

Notas

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2017), Mortalidad defunciones por homicidio según el año de registro y el sexo de la víctima, consulta realizada el 11 de julio de 2017, http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/continuas/mortalidad /defuncioneshom.asp?s=est

2 Cálculo propio con cifras obtenidas del Inegi, considerando el número de homicidios de mujeres en el país durante los últimos seis años que se tiene registro oficial http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/continuas/mortalidad /defuncioneshom.asp?s=est

3 Alejandro Hope, “¿Por qué fue asesinada Mara Castilla?” El Universal, consultado el 18 de septiembre de 2017.

http://www.eluniversal.com.mx/columna/alejandro-hope/nac ion/por-que-fue-asesinada-mara-castilla

4 Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres, Instituto Nacional de las Mujeres, 27 de junio de 2017, http://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/alerta-de-violencia-de -genero-contra-las-mujeres-80739

5 Ibídem.

6 Informe del Grupo de Trabajo para Atender la Solicitud AVGM/06/2016 de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres del Estado de Nayarit, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/133816/Informe_del_Grupo _de_Trabajo_conformado_para_atender_la_Solicitud_de_AVGM_en_el_estado_d e_Nayarit.pdf

7 Informe del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario conformado para Atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres en el Estado de México

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/210866/In forme_AVGM_EdoMex.pdf

8 Informe del Grupo de Trabajo para atender la solicitud de Alerta de Género contra las Mujeres en el Estado de Michoacán https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/105433/Informe__Michoac_ n_reducido.pdf

9 Informe del Grupo de Trabajo para atender la solicitud de Alerta de Género contra las Mujeres en el Estado de Quintana Roo https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/85948/Informe_AVGM_Quint ana_Roo_-_Notifi.pdf

10 Dictamen Sobre la Implementación de las Propuestas Contenidas en las Conclusiones del Informe Emitido por el Grupo de Trabajo Conformado para Atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género Contra las mujeres para el Estado de Puebla, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/240410/Dictamen_AVGM_Pue bla.pdf

11 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2017), Mortalidad defunciones por homicidio según el año de registro, la entidad y municipio de ocurrencia, así como el sexo de la víctima, consulta realizada el 11 de julio de 2017,

http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/M DXQueryDatos.asp?#Regreso&c=

12 “Mariana Fuentes, alumna de la BUAP, es asesinada a tiros en Puebla; investigan feminicidio”, por la redacción de sinembargo.mx, 1 de octubre de 2017, http://www.sinembargo.mx/01-10-2017/3319571

13 Comisión Nacional de los Derecho Humanos, Voto Razonado sobre el Dictamen sobre la implementación de las propuestas contenidas en las conclusiones del informe emitido por el grupo de trabajo conformado para atender la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado de Puebla,

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/240412/Vo to_Razonado_CNDH.pdf

14 Gobierno de Guanajuato no ha frenado feminicidios: ONG; en 2016 se registraron 56 casos, redacción Sin Embargo, 26 de julio de 2016, http://www.sinembargo.mx/26-07-2016/3071915

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2017.

Diputadas y diputados: Verónica Delgadillo García (rúbrica), José Clemente Castañeda Hoeflich, Mirza Flores Gómez, María Candelaria Ochoa Ávalos, María Victoria Mercado Sánchez, René Cervera García, Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica), Salvador Zamora Zamora, Víctor Manuel Sánchez Orozco (rúbrica), Angie Dennisse Hauffen Torres, Rosa Alba Ramírez Nachis y Marbella Toledo Ibarra.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud de Jalisco a considerar la práctica de campañas informativas sobre la donación de leche materna, a cargo del diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Elías Octavio Iñiguez Mejía, diputado de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. La Organización Mundial de la Salud sostiene que la leche materna es la primera comida natural para los lactantes. Aporta toda la energía y los nutrientes que el niño necesita en sus primeros meses de vida, y sigue cubriendo la mitad o más de las necesidades nutricionales del niño durante el segundo semestre de vida, y hasta un tercio durante el segundo año.

La leche materna fomenta el desarrollo sensorial y cognitivo, y protege al niño de las enfermedades infecciosas y las enfermedades crónicas. La lactancia materna exclusiva reduce la mortalidad del lactante por enfermedades frecuentes en la infancia, tales como la diarrea o la neumonía, y ayuda a una recuperación más rápida de las enfermedades.1

Este mismo organismo internacional recomienda que la lactancia sea exclusivamente materna durante los primeros seis meses de vida. A los seis meses deben introducirse alimentos sólidos, como purés de frutas y verduras, a modo de complemento de la lactancia materna durante dos años o más. Además: la lactancia debe comenzar en la primera hora de vida; y, el amamantamiento debe hacerse “a demanda”, siempre que el niño lo pida, de día y de noche.

2. En fecha 10 de noviembre de 2014, el titular de la Secretaría de Salud de Jalisco, Jaime Agustín González Álvarez, inauguró el primer “Banco de Leche Humana en el Estado de Jalisco” dentro de las instalaciones del Hospital Materno Infantil “Esperanza López Mateos”, cuyo objetivo medular es promover la lactancia materna directa para poder reducir la mortalidad infantil.

Asimismo, el secretario de Salud de la entidad sostuvo que toda la leche recaudada será suministrada a bebés prematuros o que hayan sido sometidos a intervenciones quirúrgicas, alérgicos, huérfanos o aquellos hijos cuyas madres no producen leche materna.2

Dicho banco de leche tiene la capacidad de recaudar hasta 40 mil litros al mes, no obstante opera a menos del 50 por ciento de su capacidad por lo que las reservas actuales de leche materna pueden alimentar al 37 por ciento de los bebés internados.

3. En el Hospital Materno Infantil “Esperanza López Mateos” nacen cada año un aproximado de 8 mil 500 bebes, mismos que necesitan de una alimentación nutrimentalmente suficiente en sus primeras horas de vida y los demás días por venir en la etapa neonatal.

El problema radica en que el estado de Jalisco se caracteriza por tener el segundo lugar a nivel nacional en mortalidad infantil, derivado de anomalías congénitas (bebes prematuros), desnutrición y problemas intestinales, generando así una alta incidencia que debe ser atendido por el sector salud público.

4. El Banco de Leche Materna de Jalisco sólo atiende a una tercera parte de los bebes internados que requieren alimentarse con esta sustancia, debido que hasta la fecha solo se han reportado muy pocos casos de donación.

De febrero a octubre del año 2015 el banco ha recabado 900 litros de leche humana: 200 litros provenientes de donadores y 700 de leche homologada, esta última es leche que la madre le da a su propio hijo hospitalizado.

Se menciona que el 30 por ciento de los bebés prematuros y de bajo peso se alimenta con leche donada, estos bebés son los que tienen mayor estancia hospitalaria y con eso se prevé reducir su estancia. Hace mucha falta promoción, cultura de donación de leche.

5. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de la propia Constitución.

6. La Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce la protección de la salud como un derecho fundamental que debe ser garantizado a toda la ciudadanía en condiciones de igualdad

7. La Ley General de Salud, en cuanto a las áreas de salubridad general que se deben cubrir, en su artículo 3 determina que una de ellas es la “atención materno infantil”.

De ahí que cuenta con un capítulo específico de la Ley General de Salud denominado “Atención Materno Infantil”, que contempla y alberga las disposiciones bajo las cuales se prestará la atención materna y dentro del cual se plasma a través del artículo 62 que, en los servicios de salud se promoverá la organización institucional de comités de prevención de la mortalidad materna e infantil, a efecto de que se conozca, sistematice y evalúe el problema y se adopten las medidas conducentes.

8. La Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012, Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria, en su numeral 3.37 define a la leche materna como:

“la secreción producida por las glándulas mamarias después del calostro y cuya función es alimentar al lactante; contiene todos los nutrimentos que el niño o niña requiere para su crecimiento y desarrollo en los primeros meses de la vida, y le proporciona los anticuerpos o sustancias que lo protegen de las infecciones.”

Por las consideraciones que anteceden, someto a consideración el siguiente:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud de Jalisco a que en el ámbito de sus facultades considere la posibilidad de llevar a cabo campañas informativas sobre la donación de leche materna con el fin de abastecer el Banco de Leche del Hospital Materno Infantil “Esperanza López Mateos”.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Salud federal a que, en el ámbito de sus facultades, realice campañas informativas sobre la donación de leche materna.

Notas

1 Organización Mundial de la Salud. (2012). Lactancia materna exclusiva. 31/07/2017, de Programas y Proyectos Sitio web:

http://www.who.int/nutrition/topics/exclusive_breastfeed ing/es/

2 Secretaría de Salud de Jalisco. (2014). Inaugura la SSJ el primer banco de leche materna en Jalisco. 31/07/2017, de Prensa Sitio web:

https://www.jalisco.gob.mx/es/prensa/noticias/17692

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2017.

Diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la terminación y puesta en funcionamiento del hospital básico comunitario de 12 camas en Las Rosas, Chiapas, según el convenio de colaboración ayuntamiento-gobierno estatal del 24 de febrero de 2011, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral I, fracción I, y 79, numeral I, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que por salud debe entenderse el “estado completo de bienestar físico y social que tiene una persona”.

Añade la OMS que para que una persona goce de semejante nivel de bienestar se requiere cumplir con cierto número de criterios, entre los que se encuentran el acceso a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, apropiado para el bienestar físico y mental, así como el equilibrio mental/psicoemocional, es decir, la armonía que experimenta una persona con su entorno, permitiéndole ocupar los recursos disponibles a su alrededor para resolver con ecuanimidad los conflictos que se le presentan.

El tercer componente se refiere a la salud social, la cual es resultado de la combinación entre la forma en la que el individuo mantiene su salud física y su relación con las reglas de convivencia que norman la vida en sociedad.

La OMS afirma en su acta constitutiva que es responsabilidad de los gobiernos el resguardo de la salud de sus pueblos, pues esta se considera un derecho humano de carácter universal, al cual todas y todos tienen acceso. En consecuencia, los Estados deben adoptar las medidas sanitarias y sociales que contribuyan al pleno cumplimiento de esta misión.

En virtud de lo anterior, el derecho a la salud y el bienestar físico y mental se ha convertido en un elemento imprescindible de los tratados y normales internacionales en materia de derechos humanos.

El derecho a la salud está reconocido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 4o. ...

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Como indica la Constitución, todos los ciudadanos debemos ser capaces de ejercer plena y efectivamente de nuestros derechos. En el caso del derecho a la salud, como en el resto de los derechos humanos fundamentales, éste debe ser guiado, tanto por los principios de universalidad, interdependencia, progresividad e indivisibilidad, como por el principio de no discriminación, el cual establece que en el ejercicio de estos derechos no habrá distinción alguna por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o posición económica.

El papel del Estado es asumir la tarea de la procuración de la salud de su población, para lo cual está obligado a garantizar la accesibilidad del derecho a la salud, tanto en lo que se refiere a la existencia de unidades médicas, como la dotación de servicios de calidad.

Por desgracia, en México la mayor parte de las unidades de salud sufren de abandono institucional e innumerables carestías, fruto del desdén de las autoridades gubernamentales. Por un lado, la insuficiente cantidad de profesionales de la salud incorporados al sistema estatal de salud pública ha resultado en una sobreexplotación de la fuerza laboral que, a su vez, ha contribuido a la precarización de la atención médica. Por otro, la falta de infraestructura adecuada y suficiente para responder a las necesidades que, en materia de salud, tiene la población sólo ha agravado el problema.

A lo anterior se agrega la cada vez más severa escasez de medicamentos, materiales e insumos imprescindibles para la prestación de los servicios, la falta de reactivos e instrumental de diagnóstico, y la ausencia de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo médico y las instalaciones.

El sistema de salud pública enfrenta diariamente un conjunto de limitaciones que afectan de forma importante la calidad en la prestación de los servicios médicos.

Esa situación se traduce en una crisis del derecho de acceso a la salud, denunciada ya por trabajadores del sector, organizaciones civiles, sectores empresariales, colectivos de pacientes y ciudadanía en general.

Las peores consecuencias de la crisis del sistema de salud pública se observan en las regiones que sufren los mayores índices de marginación y pobreza, entre las que destacan Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Chiapas.

En Chiapas, la crisis de salud ha sido especialmente perniciosa como consecuencia de la grave situación económica que el estado ha debido enfrentar por décadas.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social ha señalado que Chiapas es la entidad que sufre de mayores carencias sociales y pobreza económica. Con base en sus últimas mediciones, en Chiapas, de los 5.18 millones de personas que habitan la entidad, 76.2 por ciento vive en situación de pobreza y 31.8 en condiciones de pobreza extrema.

Chiapas también encabeza la lista de las entidades con menor acceso a la seguridad social y se ubica como uno de los estados con mayores carencias de acceso a servicios de salud ya que al menos 1 millón 73 mil chiapanecos carecen de cualquier tipo de cobertura médica.

En esas condiciones, los problemas que derivan de la creciente carestía de insumos en los centros de salud de Chiapas; se ha vuelto cada vez más crítica. La insuficiencia de recursos humanos y financieros ha derivado en el colapso de la oferta de los servicios de salud, haciendo que los nosocomios sean incapaces de satisfacer la totalidad de las solicitudes de atención médica e internación que reciben diariamente.

La situación afecta más duramente a los municipios con menor desarrollo económico, cuya población ve cada vez más deteriorado el ejercicio efectivo de su derecho a la salud. Éste es el caso de Las Rosas, situado en la meseta comiteca, al oriente del estado.

De acuerdo con el último censo del Inegi, Las Rosas tiene una población de 28 mil 261 personas; sin embargo, el municipio sólo cuenta con un pequeño centro médico que no tiene ni la capacidad ni los recursos suficientes para brindar la atención que la población requiere.

A petición de la población de Las Rosas, en un intento por resolver la falta de instalaciones dignas y óptimas donde brindar servicios médicos de calidad en el municipio, el entonces alcalde, José Domingo Velasco, solicitó el 14 de julio de 2010, mediante un oficio dirigido al diputado Mauricio Alonzo Toledo Gutiérrez, de la LXI Legislatura, el apoyo para construir y equipar un hospital, en su calidad de presidente del Comité de Información, Gestoría y Quejas, del cual se recibió una repuesta favorable a la petición.

Se sumaron a esa gestión los esfuerzos de la diputada Olga Luz Espinoza Morales quien, mediante un oficio dirigido al entonces secretario de Salud en el estado, James Gómez Montes, informó de la disposición del Congreso de la Unión para apoyar la solicitud promovida por el municipio de Las Rosas.

A fin de dar continuidad al proceso de gestión, el 24 de febrero de 2011 se firmó un convenio entre el ayuntamiento de Las Rosas y el gobierno de Chiapas, a través de la Secretaría de Salud de Estado (Ssech), mediante el cual ambas partes quedaban obligadas a cumplir con las acciones necesarias para la edificación de un hospital básico comunitario (HBC) de 12 camas en dicho municipio.

El documento da cuenta de cómo tanto la Ssech como el ayuntamiento de Las Rosas realizarían de manera conjunta las mejoras necesarias para garantizar una mejor prestación de los servicios de salud en el municipio. El primero se comprometía con la edificación de un HBC en la cabecera municipal de Las Rosas, cuya construcción se llevaría a cabo a través de la entonces llamada Secretaría de Infraestructura del estado, hoy Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones.

El ayuntamiento de Las Rosas se comprometía a donar el predio y entregarlo listo para su construcción, es decir, despalmado y nivelado.

Además, se encargaría de dotar de banqueta exterior el predio, embovedar la cuneta que circunda al terreno en su parte frontal, entregar el material necesario para que la empresa ejecutora pudiera realizar la plataforma de desplante, pavimentar la calle posterior, dotar de energía eléctrica de alta tensión, agua potable y drenaje al pie de la unidad y colocar el alumbrado público necesario para dar seguridad a los usuarios del centro.

Por requerimiento de la Ssech, el ayuntamiento de Las Rosas elaboró un expediente técnico-administrativo publicado en el acta extraordinaria de cabildo número 7, con fecha de 24 de febrero de 2011.

En dicho documento se formalizaba la donación de un terreno de superficie de 15 008.73 metros cuadrados para construir un hospital de 12 camas, a la vez que se solicitaba iniciar los trámites para desincorporar el predio.

Posteriormente, el 1 de junio de 2012 fue realizada la entrega formal del terreno para construir el HBC al gobierno del estado. El predio fue recibido, en representación de la Secretaría de Infraestructura, por los arquitectos Francisco Javier García Reséndiz, jefe del Área de Proyectos, y José Ramón Martínez, gestor de la Dirección de Infraestructura, así como por el ingeniero David Alvarado Jiménez, jefe del Departamento de Cálculo Estructural e Instalaciones. Por la Ssech se presentó el arquitecto Julio Enrique Morfín Martínez, director de Estudios y Proyectos. Aquel día, el predio, situado entre la carretera a Pujiltic y la 7a. Avenida Poniente, fue entregado por el presidente municipal, José Domingo Meneses Velazco, en compañía de su cabildo.

La adjudicación quedó constatada en una minuta de entrega suscrita por el ayuntamiento y la Ssech el 1 de junio del 2012. En virtud de la representación que los investía, los arquitectos Francisco Javier García Reséndiz y Julio Enrique Morfín Martínez fueron nombrados encargados de dicha construcción. Días más tarde, el 26 de junio de 2012, la Ssech notificó la autorización de la construcción del HBC de Las Rosas al arquitecto Juan Jesús Nieto López, entonces subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Infraestructura. Posteriormente, a través de un oficio signado con fecha 10 de julio de 2012, la Subsecretaría Técnica de la Dirección de Estudios y Proyectos notificó al ayuntamiento de Las Rosas que la empresa concesionada para la construcción del hospital sería Afinaciones Computarizadas del Sureste, SA de CV, representada por el ingeniero David Ortega Grillasca, con el número de contrato SI-OBRA.2012/232F. En el documento se da aviso de que la fecha de terminación de la obra sería en noviembre de 2012 y tendría un costo de 43 millones de pesos.

Pese a que la presidencia municipal y la Regiduría de Obras del ayuntamiento de Las Rosas cumplieron su parte en el convenio al ordenar puntualmente la donación del terreno para la construcción del hospital, realizar las adecuaciones especificadas en el acuerdo y conceder los permisos y autorizaciones requeridas por la Secretaria de Salud del Estado para la edificación de un centro de salud, esta obra sigue sin ser concluida y, por el contrario, a casi cinco años del inicio de la construcción, se encuentra en un terrible estado de abandono.

Como suele suceder en estos casos, los afectados se cuentan por miles de personas, quienes siguen sin poder recibir atención médica local y ante cualquier emergencia médica deben trasladarse al hospital regional más cercano, situado en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, aproximadamente a 70 kilómetros de distancia, casi 3 horas de camino, lo cual se agrava debido a las malas condiciones del camino.

Sin duda, el hecho de que, en un municipio de casi 30 mil habitantes, la población no tenga más remedio que ser atendida, ante el embate de los accidentes y las enfermedades, en un pequeño centro de salud construido hace poco menos de 30 años, es motivo de alarma e indignación.

La falta de atención médica rápida, oportuna y calidad pone en riesgo la vida y seguridad de la población de Las Rosas y los municipios aledaños, quienes día con día deben enfrentarse a un sistema de salud pública insuficiente y precario.

Resulta indignante cómo, pese a haberse destinado recursos suficientes para construir el HBC de Las Rosas, la obra no logra concluirse. Este hecho sugiere la posibilidad de que, en el manejo del presupuesto inicialmente asignado para construir el proyecto, por un monto de 43 millones de pesos, se incurriera en delitos de desvío y malversación del erario.

Por ello urge esclarecer el motivo de la demora de la entrega de la obra, la cual ha ocasionado afectaciones a más de 28 mil personas que han debido conformarse con un sistema de atención médica precario, disfuncional y de mala calidad, atentando contra el derecho a la salud que consagra la Constitución.

Por todo lo expuesto y fundando, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobierno de Chiapas, a través de sus Secretarías de Salud, y de Obra Pública y Comunicaciones, a garantizar la inmediata terminación y puesta en funcionamiento del hospital básico comunitario de 12 camas en Las Rosas, de conformidad con el convenio de colaboración suscrito entre el ayuntamiento y el gobierno del estado el 24 de febrero de 2011.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría y el Instituto de Salud de Chiapas a elaborar y hacer público un informe de fiscalización del ejercicio de los recursos públicos destinados a la construcción y habilitación del hospital básico comunitario de 12 camas de Las Rosas, a fin de facilitar la rendición de cuentas del proyecto en comento.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2017.

Diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a los gobiernos de Chiapas, Morelos, Oaxaca y Puebla a garantizar el respeto y los derechos humanos de las mujeres y los niños alojados en los albergues temporales, con acciones preventivas de violencia contra ellos, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Mirza Flores Gómez, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 77 numeral I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea, el presente punto de acuerdo, al tenor de la siguientes

Consideraciones

“V. es una señora de 62 años que habita desde hace 16 años en la esquina de Yákatas y Concepción Béistegui, y si bien el edificio de departamentos en el que vivía no se derrumbó, sí sufrió daños aún no determinados, por el desplome del inmueble aledaño. Desde el día siguiente al temblor del pasado 19 de septiembre, V. permanece en un albergue, junto con Moni, su perrita.

El día del temblor yo tenía cita con el doctor –recuerda, enfundada en un suéter verde, tejido-, entonces, me fui de la casa al mediodía y dejé a la Moni solita, y cuando iba ya por avenida Vértiz, empezó a temblar muy fuerte, y ya no quise ir al doctor, me regresé lo más rápido que pude por la Moni”1 .

“Aquí estamos bien atendidos –explica Mirna Cano, profesora de música que junto a sus dos hijas y su esposo tuvieron que abandonar su departamento, luego de que las dos torres aledañas se desplomaran el 19 de septiembre pasado–. Pero la seguridad en el albergue no es la mejor: entra mucha gente, y no a todos los registran. A los damnificados nos piden firmar de entrada y salida, pero por las noches entra mucha gente, brigadistas que están ayudando en las labores de rescate, y hemos visto que luego se ha quedado gente extraña”.2

“María Elena Morales, de 64 años, era conserje de un edificio en Vértiz y Viaducto que resultó con daños severos y fue desalojado por personal de Protección Civil. Desde el 21 de septiembre abandonó el cuarto que fue su hogar durante 32 años y ahora vive en el albergue de la delegación Benito Juárez junto con más de 200 personas”.3

Las experiencias anteriormente narradas, forman parte de las secuelas que dejó en nuestro país el sismo del 19 de septiembre de 2017, a las 13:14:40 horas con 7.1 grados de magnitud, cuyo epicentro estuvo a 12 kilómetros de Axochiapan, Morelos; en los límites entre Morelos y Puebla y a 120 kilómetros de la Ciudad de México; que datos oficiales de la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación al 4 de octubre, la cifra de personas fallecidas son:

• Ciudad de México: 228

• Morelos: 74

• Puebla: 45

• Estado de México: 15

• Guerrero: 6

• Oaxaca: 1

Dando como resultado un total de 369 fallecimientos.

En lo concerniente a las afectaciones que sufrieron inmuebles, aún no hay cifras oficiales. La incertidumbre debido a la falta de dictámenes que avalen la seguridad de los inmuebles, ha hecho que se retrase el reinicio de clases, al tiempo, aquellos negocios que recibieron un dictamen favorable, se esfuerzan por mantener las cortinas abiertas; qué decir de aquellas personas que habitaban en las zonas que fueron castigadas por el sismo, algunas afortunadas tuvieron la oportunidad de rescatar algunas pertenencias y mudarse, pero hay quienes se encuentran en los albergues, porque perdieron todo.

Así tras el sismo, los estados de la República que recibieron el impacto del sismo, habilitaron albergues temporales, tales fueron: Ciudad de México, Chiapas, estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Oaxaca.

La Ley General de Protección Civil, define al albergue de la siguiente manera:

“Artículo 2. Para los efectos de esta ley se entiende por:

I. ...

II. Albergado: Persona que en forma temporal recibe asilo, amparo, alojamiento y resguardo ante la amenaza, inminencia u ocurrencia de un agente perturbador;

III. Albergue: Instalación que se establece para brindar resguardo a las personas que se han visto afectadas en sus viviendas por los efectos de fenómenos perturbadores y en donde permanecen hasta que se da la recuperación o reconstrucción de sus viviendas;

IV. a LXI...”

Si bien las opiniones de la mayoría de las personas que se encuentran en los albergues son buenas en cuanto al trato y la comida; hay reservas respecto a la seguridad, que se agudiza más en familias que tienen hijas e hijos menores de edad.

Lo anterior es porque “en situaciones de desastre, la violencia sexual puede presentarse en campamentos o albergues de personas damnificadas, debido al desorden, la falta de espacios y a las propias condiciones de vulnerabilidad de los afectados. Aunado a que de acuerdo con la doctora María Teresa Incháustegui, estadísticas de organismos internacionales muestran que en situaciones de campamentos y de albergues, aumenta el número de embarazos en niñas por abuso sexual hasta en treinta por ciento.”4

“Al respecto, las Misiones de Evaluación Rápida del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en la Ciudad de México, Morelos y Puebla indican una apremiante necesidad de medidas de protección, higiene y regreso al entorno escolar, para salvaguardar la integridad física y emocional de la infancia en los núcleos de población peor afectados.

Como resultado de sus misiones de evaluación, UNICEF plantea el siguiente plan de respuesta en apoyo a los municipios afectados:

• En cuanto a protección infantil : Creación de Espacios Amigables para la Infancia, en los que los niños afectados puedan jugar, recuperarse de la experiencia y recibir el apoyo necesario a nivel emocional; diseminación de información sobre cómo proteger a los niños durante un terremoto, y cómo evitar la separación accidental de sus familias o cuidadores en este tipo de emergencias; implementación de actividades de prevención de violencia, explotación y abuso; apoyo a familias de acogida temporal para niños separados de sus padres ; y suministro de artículos básicos como mantas, ropa impermeable, lonas, etc.”5

Al tiempo, el pasado 3 de octubre se dio a conocer que hubo 8 nacimientos en albergues del estado de Morelos, tras el sismo del 19 de septiembre,6 por lo que es menester incorporar en los albergues los servicios necesarios acorde a la población, garantizando con ello el respeto a sus derechos humanos.

Sin embargo, no omito comentar que hasta el momento no hay reporte alguno de agresiones sexuales hacia niñas, niños o mujeres, en los albergues, empero estoy convencida que la prevención es la mejor herramienta para evitar la violencia, y con ello preservar la convivencia pacífica dadas las condiciones que se presentan en dichos espacios.

Muestra de ello es la Ciudad de México, que en compañía de organizaciones de la sociedad civil y el Instituto de las Mujeres a nivel local, han trabajado para sensibilizar en materia de violencia sexual con la población damnificada y con las autoridades responsables de los albergues, brindando capacitación y emitiendo recomendaciones.

Fundado y motivado en las consideraciones antes expuestas, someto a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de los estados de Chiapas, Morelos, Oaxaca y Puebla, a garantizar el respeto a los derechos humanos de las mujeres, niñas y niños que se encuentran en los albergues temporales, con acciones que prevengan cualquier tipo de violencia hacia ellas y ellos.

Notas

1 ¿Cómo es la situación de los damnificados en albergues de la CDMX? Ellos lo cuentan. Animal Político en línea 24 de septiembre de 2017. Fecha de consulta 10 de octubre 2017. Disponible en: http://www.animalpolitico.com/2017/09/albergues-damnificados-sismo/

2 Ibídem

3 ¿Dónde voy a vivir? La preocupación de los damnificados que permanecen en albergues. Animal Político [en línea] 6 de octubre de 2017 [Fecha de consulta 10 Octubre 2017] Disponible en: http://www.animalpolitico.com/2017/10/vivienda-damnificados-albergues/

4 Evitan en albergues la violencia sexual. Reforma [en línea] 8 octubre de 2017 [Fecha de consulta 10 Octubre 2017] Disponible en: http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.asp x?id=1228262&v=2&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicacione s/articulo/default.aspx?id=1228262&v=2

5 UNICEF: Urgen medidas de protección, escolarización e higiene para los niños. UNICEF [en línea] 22 de septiembre de 2017 [Fecha de consulta 10 Octubre 2017] Disponible en:

https://www.unicef.org/mexico/spanish/noticias_37135.htm l

6 Reportan 8 nacimientos en albergues de Morelos, tras 19:S. Excélsior [en línea] 3 de Octubre de 2017 [Fecha de consulta 10 Octubre 2017] Disponible en http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/10/03/1192318

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2017.

Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno y la Secretaría de Salud de Jalisco a promover las campañas públicas y privadas contra la drogadicción entre adolescentes, a cargo del diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Elías Octavio Iñiguez Mejía, diputado de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define las drogas como una sustancia natural o química que, introducida en un organismo vivo por cualquier vía de administración, ingestión, inhalación, vía intravenosa o intramuscular, es capaz de actuar sobre el cerebro y producir un cambio en las conductas de las personas debido a que modifica el estado psíquico experimentando nuevas sensaciones y tiene capacidad para generar dependencia.

De tal forma, este organismo internacional estima que en el año 2015 murieron 1.2 millones de adolescentes, es decir, más 3 mil al día, la mayoría por causas que pudieron ser prevenibles o tratables, donde uno de los principales factores que incentivaron dicha situación era el consumo nocivo de drogas, ya que se tiene conocimiento de que la edad promedio en que los adolescentes empiezan a ingerir drogas va desde los 14 a los 19 años, y las sustancias principales que más consumen son: el cannabis, las anfetaminas, la cocaína y los opioides.1

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (dependencia adscrita de la OMS y de la Unicef) subraya que la dependencia de sustancias ilícitas es debido a diversos factores de los cuales se desprenden los siguientes:2

a) Factores biológicos y genéticos

b) Factores psicosociales

c) Factores culturales

d) Factores ambientales

En este orden de ideas, también la OMS señala que un aproximado de 205 millones de personas en el mundo consumen algún tipo de droga, sin embargo, el grupo más prevalente en consumirlas son los adolescentes, donde se destaca que el género más propenso son los hombres de 15 a 19 años de edad.

La dependencia de sustancias es un trastorno crónico, y a menudo recurrente, que con frecuencia concurre con otros trastornos físicos y mentales, ha declarado la doctora Catherine Le Galès-Camus, subdirectora general de la OMS para Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental. “Todavía no sabemos en qué medida es curable –dadas las alteraciones a largo plazo que causa el abuso de sustancias en el funcionamiento cerebral– pero sí sabemos que existen intervenciones capaces de lograr la recuperación de la dependencia”.

2. El informe Mundial sobre las Drogas 2016 indica que un total de 247 millones de personas en el mundo han consumido drogas en 2016 y, de dicho número, un aproximado 29 millones padecen trastornos relacionados con el consumo de dichas sustancias, y una de cada seis personas recibe el tratamiento correcto para mitigar su padecimiento dependiente.

Por desgracia, según este informe, México es uno de los países en el mundo que cuenta con un tráfico de drogas preocupante, ya que en éste se sitúan todas las mercancías ilícitas provenientes de lugares como Colombia y algunos países de Centroamérica, asimismo, también contamos con el tercer lugar en producción y venta de metanfetaminas.3

3. Una recomendación de la OMS, que es necesario atender y tomar en cuenta, versa en la petición hecha a los gobiernos de los países que cuentan con un alto índice de fabricación, venta y consumo de drogas, para que los temas y situaciones referentes a las sustancias ilícitas, sean abordados desde una perspectiva en “salud pública” y no tratar de disminuirlos con medidas punitivas, ya que es menester entender que en si es un tema de salud, por ende, hay que tratarlo desde esa materia.

4. La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014 revela que al menos 713 mil 963 menores de edad en México necesitan de tratamiento por adicción de drogas.

Asimismo, la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) nos hace del conocimiento de que los tres estados que cuentan con una alta incidencia en consumo de drogas en el sector adolescente son: el estado de México, Ciudad de México y, por último, el estado de Jalisco que computa un estimado de 51 mil 211 menores adictos a sustancias.

5. El gobierno del estado de Jalisco, con ayuda del Instituto de Información Estadística y Geografía (IIEG) y el Consejo Estatal de Población (COEPO), sostiene que hoy en día, el problema de las adicciones es uno de los principales temas en salud pública y mucho más trascendente en la localidad jalisciense, esto debido a que el uso ,o en su caso, abuso de sustancias psicotrópicas afectan directamente al sistema central nervioso de los consumidores, principalmente a los jóvenes, quienes de los que gozan uno de los estándares más altos en ingerir drogas.4

En Jalisco 257 mil personas consumen o han consumido drogas; esto es el 5.3 por ciento de la población de 12 a 65 años de edad. La población masculina es la de mayor incidencia, con un 7.6 por ciento; del grupo que presenta una mayor proporción de la población consumidora es el de los varones de una edad entre 16 a 34 años, ya que un 9.1 por ciento ha consumido algún tipo de sustancia psicotrópica, inclinándose más hacia tipos de drogas prohibidas por las leyes penales y salubres, como son: la cocaína, marihuana, derivados del opio, anfetaminas y metanfetaminas, inhalantes y alucinógenos.

Nota: “Los anteriores estándares son fundamentados por la Encuesta Nacional sobre las Adicciones y son representados de manera más sistemática, en la siguiente tabla”.

Ahora bien, abocándonos específicamente en los niños y jóvenes jaliscienses, el problema del consumo de drogas se presenta mayoritariamente en la escuela y sus alrededores, puesto que el Consejo Estatal de Población, sostiene que donde, en estos lugares, los jóvenes de 12 a 25 años representan el 84.9 por ciento de la ingesta de sustancias en espacios específicos, haciendo énfasis de que el otro 19.1 por ciento de los lugares donde se consumen drogas, es en las calles o en espacios públicos.

Las estadísticas mostradas en el párrafo anterior son significativamente preocupantes, ya que las drogas que consumen los niños y jóvenes jaliscienses son adquiridas tanto en las calles como en la escuela, sin embargo, su consumo mayoritario respecto del lugar se presenta en las instituciones educativas, dejando en claro de que existe un serio problema a atender en el sector infantil y adolescente.

Los niveles de escolaridad más afectados son la secundaria y el nivel medio superior o bachillerato, y las estadísticas locales del COEPO arrojaron los siguientes resultados:

Prevalencia del consumo de drogas alguna vez en estudiantes de secundaria y bachillerato según su sexo 5

Marco jurídico aplicable

6. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza el derecho humano a la salud, que a la letra de la norma indica lo siguiente:

Artículo 4.

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Asimismo, la Constitución de la Organización Mundial de la Salud indica que: El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social.

En lo particular, la Ley General de Salud, en su artículo 3, fracción XXI, sostiene que es materia de salubridad general en cuestión de adicciones lo siguiente:

Artículo 3. En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

I a XX...

XXI. La prevención del consumo de estupefacientes y psicotrópicos y el programa contra la farmacodependencia.

En otros estatutos, en el marco de las determinaciones ejecutivas de la Secretaria de Salud, la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009, Para la prevención, tratamiento y control de las adicciones, tiene por objetivo el establecer los procedimientos y criterios para la atención integral de las adicciones.

Los numerales 6.2, 6.2.1, 6.2.1.1, 6.2.1.2, 6.2.1.3, 6.2.1.4 y 6.2.1.5 de dicha norma oficial, sostienen lo siguiente:

La promoción de la salud es aquel proceso que permite fortalecer los conocimientos, aptitudes y actitudes de las personas para participar corresponsablemente en el cuidado de su salud y para optar por estilos de vida saludables, facilitando el logro y conservación de un adecuado estado de salud individual, familiar y colectiva, mediante actividades de participación comunitaria, comunicación social y educación para la salud.

En materia de educación para la salud se debe:

I. Informar a la población sobre el problema social y de salud pública que genera el consumo de sustancias psicoactivas y requerir la participación organizada de toda la sociedad para combatir este problema.

II. Informar sobre factores protectores y factores de riesgo en torno a las adicciones, particularmente a niños, niñas, adolescentes y otros grupos de alto riesgo.

III. Orientar sobre medidas preventivas y conductas responsables para evitar y, en su caso, retrasar la edad de inicio del consumo de sustancias psicoactivas, así como los riesgos y daños asociados al consumo.

IV. Desarrollar programas educativos encaminados a influir positivamente en la formación integral del individuo, de la familia y la comunidad, así como promover el autocuidado, mejores relaciones, estilos de vida y entornos saludables.

Extenuadas las consideraciones antecesoras, el suscrito considera urgente que las autoridades sanitarias públicas, específicamente la Secretaría de Salud de Jalisco, promuevan las campañas contra las adicciones en la entidad, ya que uno de los principales problemas de salud pública que aquejan a la localidad, es el consumo de sustancias ilícitas en el sector juvenil.

Por lo anterior, someto a consideración el siguiente:

Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de Jalisco a que, a través de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación estatales, refuerce y promueva las campañas y programas dirigidos a atender y prevenir el consumo de drogas entre adolescentes, a fin de que se reduzcan y erradiquen los estándares de dependencia en la entidad, para así contribuir al mejoramiento de la salud juvenil.

Notas

1 Organización Mundial de la Salud. (2017). Adolescentes: riesgos para la salud y soluciones. 30 de junio de 2017, de Centro de Prensa Sitio web:

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs345/es/

2 Organización Mundial de la Salud. (2004). “La dependencia de sustancias es tratable, sostiene un informe de expertos en neurociencias”. 30 de junio de 2017, de Centro de Prensa Sitio web:

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2004/pr18/e s/

3 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. (2016). Informe sobre las drogas. 30 de junio de 2017, de Division for Policy Analysis and Public Affairs Sitio web:

https://www.unodc.org/doc/wdr2016/WDR_2016_ExSum_spanish .pdf

4 Gobierno de Jalisco. (2011). Diez problemas de la población de Jalisco: Una perspectiva sociodemográfica . 30 de junio de 2017, de Dirección de Publicaciones Sitio web:

http://iieg.gob.mx/contenido/PoblacionVivienda/libros/PD F/libroDiezproblemasJalisco.pdf

5 Consejo Estatal de Población, con base en CECAJ, Encuesta Escolar sobre Adicciones en el Estado de Jalisco 2012.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2017.

Diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la terminación, con base en los más altos estándares de calidad, de los proyectos de infraestructura carretera de Chiapas financiados parcial o totalmente con recursos federales aún sin entregar, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, diputado ante la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral I, fracción I; y 79, numeral I, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El estado de las vías de transporte y comunicación es uno de los más importantes indicadores del desarrollo económico y la conectividad regional de una nación. La existencia de puentes, caminos y carreteras es indispensable para conectar y articular a sus distintas regiones y entidades federativas, haciendo posible el traslado de personas y la comercialización de productos, dinamizando la economía y fortaleciendo la integración cultural. Por esta razón, el Estado mexicano destina anualmente una fuerte cantidad de recursos económicos para la ampliación de las redes estatales y nacional carretera, así como para la elaboración de planes, programas y proyectos que contribuyan al mejor desarrollo de la infraestructura en comunicaciones y transportes.

Entre este mosaico de instrumentos de política, destaca el Programa Sectorial de Infraestructura y Comunicaciones (PSIC), cuyo objetivo es el “el desarrollo de políticas que promuevan una complementariedad, solidaridad, inclusión, sustentabilidad, equidad e innovación en el desarrollo regional”. Para alcanzar este fin, el programa se centra en el desarrollo de infraestructura carretera, atendiendo las siguientes líneas de acción:

• Integrar a las comunidades más alejadas a través de la construcción de caminos rurales y la ampliación de los servicios de pasajes.

• Garantizar la seguridad alimentaria, facilitando el tránsito de los productos agrícolas a los centros de distribución y protegiendo la conectividad de los puertos.

• Potenciar el turismo, estimulando la circulación de personas al interior del país.

• Promover la interconexión entre los nodos de producción, distribución y consumo de todo el país.

Actualmente, la longitud de la Red Nacional de Caminos (RNC) es de 378 mil 633.6 kilómetros, de entre los cuales 186 mil 606 km están pavimentados y 150,758 km. siguen sin pavimentarse.1 Por desgracia, la relación se invierte en los estados con menor desarrollo económico, tales como Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En este último, la red consta de 22 mil 977 kilómetros, de los cuales sólo el 31.2 por ciento está pavimentado, mientras que el 68.8 por ciento restante está compuesto por caminos revestidos, de terracería y brechas mejoradas. A propósito del mal estado de la infraestructura carretera en Chiapas, el PSIC señala que “ha habido afectaciones importantes, derivado de los fenómenos meteorológicos y cambios de clima; sumados a la falta de recursos suficientes de los programas de mantenimiento y conservación integral, para conservar en buenas condiciones la red de caminos rurales y puentes en el estado”.2 Para dar solución a esta problemática, el programa establece que una de las estrategias es el rescate de los tramos carreteros y ejes troncales inhabilitados, así como financiar la reconstrucción de 2 mil 200 kilómetros, en un periodo aproximado de 5 años, contando a partir de 2014.

Sin embargo, a pesar de los abundantes recursos asignados durante el último sexenio para la construcción y saneamiento de los tramos carreteros en Chiapas, la situación que hoy caracteriza a las vías de comunicación de la entidad es no menos que crítica. El deplorable estado de la infraestructura carretera en Chiapas es una realidad a la que las y los chiapanecos han debido acostumbrase, sin que los cambios sexenales de gobierno hayan representado cambios positivos en la situación. En este sentido, las constantes dificultades para el traslado de personas, sea ya con fines comerciales, de esparcimiento e incluso de atención a la salud, sólo puede entenderse como el resultado de la indiferencia histórica que el gobierno estatal ha demostrado frente a las carencias y necesidades del pueblo chiapaneco.

A pesar de las buenas intenciones contenidos en los planes de desarrollo e infraestructura elaborados tanto por el gobierno federal como por el gobierno del estado, lo cierto es que la situación de las carreteras y caminos de Chiapas dista mucho de ser la que las autoridades presumen. Por ello, no podemos negar que, a pesar de que es un problema multifactorial, es la corrupción, manifiesta a través de prácticas como la malversación de fondos y el nepotismo en los procesos de licitación, la que continúa siendo causa de la cada vez más grave precarización de las redes de comunicación en el estado.

Por desgracia, la falta de atención integral, oportuna y eficaz a las necesidades que en materia de movilidad y comunicación enfrenta la sociedad chiapaneca ha contribuido el debilitamiento de las economías locales en el estado, la mayoría basadas en la compraventa de artículos primarios procedentes de entornos campesinos, de por si golpeados por la exacerbación de la marginación y la pobreza. Esto ha terminado por afectar la estabilidad económica de toda población, particularmente aquella cuya supervivencia depende del comercio a pequeña escala. A su vez, esta situación ha impactado negativamente en la economía del estado, desestimulando su crecimiento.

Entre las regiones más afectadas por el mal estado de la infraestructura carretera destacan la Costa (especialmente las zonas pesqueras del municipio de Tonalá y Pijijiapan), la región cañera articulada al ingenio Pujiltic, en el municipio de Venustiano Carranza, así como los nodos ganaderos ubicados a lo largo de la región Frailesca. De igual forma, los tramos carreteros que conectan con los principales destinos turísticos del estado se han visto fuertemente afectados por esta problemática. Entre estos, destaca la carretera que conecta a la ciudad colonial de San Cristóbal de Las Casas con el municipio de Palenque, cuyo deterioro ha sido motivo de fuertes críticas por parte de los pueblos y comunidades que habitan a los márgenes del camino. Uno de los tramos con más afectaciones es el que enlaza a la cabecera municipal de Palenque con el municipio de La Libertad. El trecho, de 38 kilómetros de longitud, está atestado de baches y fisuras en el pavimento que hacen casi imposible su tránsito. Ante esta situación, desde 2014 pobladores de ambos municipios han exigido en diversas ocasiones y antes distintas autoridades la pronta terminación de los trabajos necesarios para la reconstrucción del camino, a fin de hacerlo nuevamente transitable.

De estas acciones se ha desprendido la conformación del Frente Comunitario de Autodefensa (FCA), integrando por habitantes inconformes de los municipios de Palenque y La Libertad, que se ha propuesto hacer visible la exigencia de la reconstrucción del tramo carretero antes señalado, así como la terminación de los proyectos de obra pública programados en el PSIC. Además, busca denunciar la indiferencia y cerrazón que han mostrado las autoridades municipales y estatales ante estos reclamos. Gracias a los esfuerzos y manifestaciones del FCA, ha podido mostrarse la opacidad en los procesos de asignación y ejercicio de los recursos etiquetados para la construcción y el saneamiento de diversas obras de infraestructura física ubicadas en el norte de Chiapas, al igual que se ha demostrado el mal estado de sus caminos, puentes y carreteras. Esto es aún más grave si se toma en cuenta que la Federación destina anualmente un importante presupuesto para el mantenimiento de las vías de comunicación en la región.

Por ejemplo, la reparación del tramo Palenque-La Libertad recibió en el año 2016 un presupuesto de 38 millones 160 mil 200 pesos. La obra fue concesionada a la empresa “Trituradora del Soconusco” cuyos trabajos, de acuerdo con investigaciones realizadas por el propio FCA, han resultado sólo en el empeoramiento de la calidad del camino, pues la empresa sólo se ha encargado de hacer rellenos de tierra en los puntos en donde existían baches, sin procurar su recubrimiento asfáltico. Cabe destacar que el encargado de supervisar y suscribir, en nombre del Gobierno del Estado de Chiapas, el contrato con “Trituradoras del Soconusco” por esta obra fue el entonces Delegado de Infraestructura en la Región Norte, Ignacio Soberano Coronado, quien ha sido señalado en reiteradas ocasiones por tráfico de influencias, incluida la ocasión en la que se autorizó la ampliación de un conjunto de condominios a él vinculados en Tuxtla Gutiérrez, apropiándose en forma ilegal de terrenos correspondientes a los fraccionamientos “Monte Real” y “Villa Tizcao”.

A pesar de las dificultades que ha enfrentado, entre las que se incluyen diversos actos de hostigamiento supuestamente perpetrados por el Gobierno del Estado, el FCA continúa llevando a cabo actividades para exigir la rehabilitación de la red carretera de la región. Así pues, el pasado 28 de julio se convocó a una manifestación pacífica para exigir a la Auditoría Superior de la Federación inicie un procedimiento de auditoría a la obra. La ocasión sirvió también para hacer un firme exhorto al Gobernador del Estado, Manuel Velasco Coello, para que garantice el otorgamiento de recursos suficientes para rehabilitar la carretera y vigile su correcta aplicación. En la manifestación se hizo también un atento llamado a los funcionarios involucrados y a la empresa encargada de la obra para que asuman las responsabilidades que corresponden.

No hay duda que la rehabilitación del tramo carretero que une a los municipios de Palenque y La Libertad es crucial para la economía de las más de 35 mil familias que ahí viven, pues la mayoría depende de la derrama económica que genera el turismo, el cual se ha visto seriamente disminuido a partir de los riesgos que implica trasladarse sobre la carretera en mención. El rezago en la infraestructura carretera también ha impactado en la economía de palmicultores, ganaderos, productores de hule y transportistas de la región, quienes no pueden ejercer sus actividades laborales con normalidad por las pésimas condiciones en las que se encuentran los caminos.

En tanto esta situación no se resuelva, los miembros del FCA seguirán exigiendo una respuesta favorable a sus demandas, firmes en su convicción de que los fondos inicialmente asignados a la rehabilitación del camino Palenque-La Liberad han sido desviados con la complicidad e impunidad de las autoridades estatales, perpetuando el mal estado de las vías de comunicación en toda la región.

Con los argumentos anteriormente expuestos, se busca establecer con claridad que, en Chiapas, el Gobierno del Estado ha incumplido sistemáticamente con los objetivos contenidos en el Programa Sectorial de Infraestructura y Comunicaciones, al impedir, mediante la malversación de los fondos destinados al desarrollo de infraestructura carretera, la terminación oportuna de las obras. Esta forma de accionar exhibe la corrupción y opacidad mostrada por las autoridades del estado, entre las que destaca la Secretaría de Obra Pública y Comunicantes, en la administración del erario, quienes además se han mantenido indolentes ante la urgencia de rehabilitar, ampliar y mejorar la red carretera en la entidad para detonar con éxito su desarrollo económico.

Finalmente, conviene tener presente que en lo que va del sexenio de Manuel Velasco Coello, la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones (denominada anteriormente Secretaría de Infraestructura) ha recibido recursos por conducto del Presupuesto de Egresos del Estado Chiapas, por un monto superior a 16 mil 410 millones de pesos. A su vez, la Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica ha recibido recursos por más 4 mil 450 millones de pesos. De esta forma, en conjunto, la política de desarrollo de infraestructura en Chiapas ha recibido más de 20 mil millones de pesos. Sin embargo, la realidad de los caminos, puentes y carreteras en el estado sigue contrastando con la magnitud de semejantes recursos, mientras se sigue manteniendo en riesgo la seguridad e integridad de las y los chipanecos e impidiendo su pleno desarrollo económico y social.

Por todo lo expuesto y fundando, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero: La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, en coadyuvancia con la Secretaría de Obra Pública y Comunicaciones del Estado de Chiapas, para que garanticen la pronta terminación, con base en los más altos estándares de calidad, de los proyectos de infraestructura carretera que, habiendo sido financiados parcial o totalmente con recursos federales, se encuentren aún pendientes por entregar.

Segundo: Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que inicie un procedimiento de auditoría al gasto federalizado al gobierno del estado de Chiapas, a fin de fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos correspondientes a la cartera de programas y proyectos de inversión en infraestructura dependientes del Fondo Regional desde el año 2013 a 2016.

Notas

1 SCT-IMT e INEGI. Red Nacional de Caminos. 2016.

2 Programa Sectorial de Infraestructura y comunicaciones. 2013-2018.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2017

Diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a intensificar las acciones para dar capacitación de calidad al personal médico y los profesionales de la salud mental en las unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica de México, a cargo del diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Elías Octavio Íñiguez Mejía, diputado de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. La Constitución de la Organización Mundial de la Salud establece que el grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, a su vez este derecho abarca desde el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad suficiente. Así mismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4º reconoce este importantísimo derecho humano, obligando al propio Estado a instrumentar acciones que promuevan, garanticen, respeten y protejan la salud para todos sus gobernados.

2. Ahora bien, ya que se ha dejado en claro que la salud es derecho inherente para todo ser humano, también es menester entender cuál es la concepción especifica de lo que significa la “salud mental”, y por su parte la Organización Mundial de la Salud la define como: “un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad”.

Dentro del contexto legislativo, la Ley General de Salud en su artículo 72 párrafo segundo entiende a la salud mental de la siguiente manera: “se entiende por salud mental, el estado de bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos, conductuales, y, en última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades para la convivencia, el trabajo y la recreación”.

3. Cuando hay ausencia de salud mental, está en algunos casos se puede presentar en una gran variedad de trastornos mentales, donde cada uno de ellos representa condiciones distintas y específicas, ejemplo de estos pueden ser: el trastorno depresivo recúrrete (en sus distintas fases progresivas), el trastorno ciclotímico, las esquizofrenias, demencias, trastorno de personalidad antisocial, entre otros catalogados por el Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales “DSM-5”.

4. El internamiento de las personas con trastornos mentales es considerado como el último recurso terapéutico para tratar la sintomatología que estos padecimientos aparejan, y es aquí donde surge la problemática que el suscrito desea atender.

Nuestro ombudsman, la Comisión Nacional de Derechos Humanos advierte que se han detectado diversos hechos constitutivos en hospitales psiquiátricos que contravienen los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna, así como en los diversos tratados internacionales, lo anterior tras un estudio de campo realizado en 41 unidades de atención integral medico hospitalaria ubicados en 21 entidades federativas.

Este estudio que realizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2012, arrojo resultados inquietantes, y que deben ser atendidos con urgencia, ya que se detectaron las siguientes anomalías: fallas graves en las instalaciones de las unidades psiquiátricas, fallas en la nutrición de los usuarios (internados), ausencia de vestimenta e insumos de higiene básica, falta de personal médico adecuado y capacitado para atender a los pacientes, omisiones en los requerimientos necesarios que determina la “Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-2014, Para la prestación de servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria médico psiquiátrica”, y problemas en el cuidado y seguridad para los usuarios. 1

Todo lo anterior, se agrava por la falta de recursos destinados a este rubro por parte del Gobierno Federal, los recortes en el Presupuesto de Egresos de la Federación que en el 2016 sumaron casi 13 mil millones de pesos para el ramo de salud, por lo que es necesario aumentar lo que se destina para la atención de las enfermedades psiquiátricas y eliminar con el trato contrario a la ley que se otorga en algunas instituciones de salud mental.

5. La Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-2014, Para la prestación de servicios de salud en unidades de atención integral hospitalaria médico psiquiátrico , tiene como objetivo principal: el establecer los criterios de operación y de las actividades de los establecimientos que prestan servicios de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica, la cual será proporcionada en forma continua, con calidad y calidez y con pleno respeto a los derechos humanos de las personas usuarias de estos servicios.

Los derechos reconocidos en la norma oficial enunciada, para las personas usuarias de los servicios médico-psiquiátricos son los siguientes:

a) Recibir un trato digno y humano por parte del personal de las unidades de atención integral médico-psiquiátrica independientemente de su diagnóstico, origen étnico, sexo, edad, ideología, condición de salud, social o económica, religión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra condición de persona, de acuerdo a lo señalado en las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales aplicables en nuestro país.

b) No ser objeto de discriminación por su condición mental, ni ser objeto de diagnósticos o tratamientos por razones políticas, sociales, raciales, religiosas u otros motivos distintos o ajenos al estado de su salud mental.

c) Que, a su ingreso a la unidad, se le informe a la persona usuaria, a la familia o a su representante legal, de las normas que rigen el funcionamiento de la unidad y se le dé a conocer el nombre del personal médico y de enfermería encargado de su atención.

d) Que se les proporcione un ambiente higiénico y humano que garantice condiciones adecuadas de atención médica profesional, alimentación y habitación con espacios seguros específicos para mujeres y hombres, respectivamente.

e) Tener alojamiento en áreas específicamente destinadas a tal fin, con adecuada iluminación artificial y natural, con clima artificial donde así lo requiera para lograr la temperatura ideal, bien ventiladas, con el espacio necesario para evitar el hacinamiento y en condiciones de higiene.

f) Recibir alimentación balanceada, en buen estado y preparada en condiciones higiénicas, en cantidad y calidad suficiente que garanticen una adecuada nutrición, así como servida en utensilios limpios, completos y decorosos.

g) Recibir vestido y calzado de calle el cual tendrá que ser higiénico, completo y apropiado en cuanto a talla, edad y clima o tener autorización para utilizar los propios, si así lo desea. No portar uniforme hospitalario, con el objeto de ayudar a eliminar el estigma y favorecer la reinserción social.

h) Tener acceso a los recursos clínicos, de laboratorio y de gabinete para obtener un diagnóstico certero y oportuno, en condiciones similares a cualquier otro establecimiento para la atención médica.

i) Recibir información veraz, concreta, respetuosa y en lenguaje comprensible para las personas usuarias y para su representante legal, con relación al diagnóstico médico, así como respecto de sus derechos y del tratamiento que se pretenda aplicar.

j) Recibir atención médica especializada, es decir, por personal capacitado para el manejo y tratamiento de las personas usuarias con trastornos mentales y del comportamiento.

k) Recibir atención multidisciplinaria de manera ética y con apego a las disposiciones internacionales aplicables a nuestro país en materia de derechos humanos.

l) Recibir medicación prescrita por especialistas, lo cual debe quedar asentado en el expediente clínico.

m) Que la información, tanto la proporcionada por las personas usuarias o por sus familiares como la contenida en sus expedientes clínicos, sea manejada bajo las normas del secreto profesional y de confidencialidad conforme la normativa aplicable.

n) Ejercer su derecho a no otorgar su consentimiento informado, a negarse a participar o a suspender su participación como sujeto de investigación científica sin que ello demerite la calidad de su atención hospitalaria.

o) Solicitar reuniones con el equipo de profesionales que le estén tratando y si la persona usuaria lo considera pertinente, hacerse acompañar de alguna persona de su confianza.

p) Solicitar la revisión clínica de su caso.

q) Recibir atención médica oportuna en caso de sufrir una enfermedad no psiquiátrica y, de así requerirlo, tratamiento adecuado en una institución que cuente con los recursos técnicos para su atención.

r) Contar con una o un traductor que los apoye en las diversas actividades realizadas dentro de la unidad de atención médico-psiquiátrica, en el caso que únicamente hablen lengua indígena.

s) Recibir tratamiento orientado a la reintegración a la vida familiar, laboral y social, por medio de programas de rehabilitación psicosocial y en su caso, elegir la tarea que desee realizar y gozar de la retribución que corresponda, en términos de las disposiciones que resulten aplicables.

t) Ser protegido/a contra toda explotación, abuso o trato degradante y, en su caso, denunciar por sí, o a través de un familiar o su representante legal, cualquier abuso físico, sexual, psicológico, moral o económico que se cometa en su contra.

Cuando sea posible, conforme a las disposiciones aplicables y se requiera, la familia podrá contar con apoyo de transporte de familiares para atención de urgencias.

u) Comunicarse libremente con otras personas que estén dentro de la institución; enviar y recibir correspondencia privada sin que sea censurada. Tener acceso a los medios de comunicación electrónica, así como a la prensa y otras publicaciones.

v) Tener comunicación con el exterior y recibir visita familiar.

w) Gozar de permisos terapéuticos para visitar a sus familias.

x) Obtener autorización del personal médico tratante o de la/el profesional autorizado y responsable para tal efecto, quienes pueden ser la/el director del establecimiento, la/el subdirector médico o la/el jefe del área de Psicología, para salir de la unidad y relacionarse con su cónyuge, concubina/o, conviviente o pareja.

y) El aislamiento de las personas usuarias es innecesario y violatorio de los derechos humanos, por lo que no deben utilizarse para dicho fin, instalaciones de patios y cuartos de aislamiento en cualquiera de las unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica.

Nota: “Algunos de estos derechos estipulados por la Norma Oficial en comento, también se encuentran plasmados en el Titulo Segundo, Capitulo VII de la Ley General de Salud, específicamente en el artículo 74 bis y fracciones”.

6. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 2 establece los principios generales, a los cuales los Estados miembros de las Naciones Unidas deberán acatarse para dar cumplimiento a los derechos referidos u objeto a dicho ordenamiento internacional, estos principios son: el respeto a la dignidad inherente, la autonomía individual, la no discriminación, la participación plena en la sociedad, igualdad de oportunidades, la accesibilidad y la igualdad entre hombre y mujer.

Por otro lado, el artículo 4 de dicha Convención en comento, estipula las obligaciones que deberán cumplir los Estados miembro para asegurar y promover el ejercicio pleno de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad:

a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención;

b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad;

c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad;

d) Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente Convención y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en ella;

e) Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o empresa privada discrimine por motivos de discapacidad;

f) Emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes, servicios, equipo e instalaciones de diseño universal, con arreglo a la definición del artículo 2 de la presente Convención, que requieran la menor adaptación posible y el menor costo para satisfacer las necesidades específicas de las personas con discapacidad, promover su disponibilidad y uso, y promover el diseño universal en la elaboración de normas y directrices;

g) Emprender o promover la investigación y el desarrollo, y promover la disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la información y las comunicaciones, ayudas para la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas para las personas con discapacidad, dando prioridad a las de precio asequible.

h) Proporcionar información que sea accesible para las personas con discapacidad sobre ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo, incluidas nuevas tecnologías, así como otras formas de asistencia y servicios e instalaciones de apoyo;

i) Promover la formación de los profesionales y el personal que trabajan con personas con discapacidad respecto de los derechos reconocidos en la presente Convención, a fin de prestar mejor la asistencia y los servicios garantizados por esos derechos.

Por las consideraciones que anteceden, el suscrito considera necesario que se ejerciten programas de capacitación para los trabajadores de las unidades hospitalarias médico-psiquiátricas, ello con un solo y firme objetivo, que se realicen actividades laborales conducentes basadas en el pleno ejercicio y respeto a los derechos humanos reconocidos por las leyes mexicanas e internacionales, y a su vez contribuir al quehacer representativo de la salud y justicia para fortalecer el Estado de Derecho al que tanto se anhela llegar.

Por lo anterior, sometemos a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaria de Salud federal para que, en el ámbito de sus facultades, intensifique las acciones para que en el área de psiquiatría otorgue capacitación de calidad al personal médico y profesionales de la salud mental en las unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica de México, con el fin de que se respeten los derechos humanos reconocidos en la constitución, los tratados internacionales y demás derechos inherentes en otros ordenamientos jurídicos aplicables para las personas usuarias por padecimientos mentales.

Notas

1 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (2013). Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los hospitales psiquiátricos que dependen del gobierno federal y estados de la República Mexicana. 19 de junio de 2017, de prensa, sitio web: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/informes/especiales/informeEspecia l_HospitalesPsiq.pdf

2 http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2017.

Diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa, el IMSS y el ISSSTE a informar sobre aspectos relativos a la tuberculosis, a cargo del diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Elías Octavio Íñiguez Mejía, diputado federal del estado de Jalisco a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral I, fracción I, y 79, numeral I, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A pesar de los esfuerzos y recursos que año con año se destinan al sector salud, quienes habitamos nuestro país continuamos padeciendo enfermedades que son prevenibles a través de la vacunación. Una de ellas es la tuberculosis. Esta enfermedad ataca principalmente los pulmones y se transmite a través de la saliva de una persona infectada cuando tose, estornuda e incluso al hablar. Su agente causal es una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis.

La vacuna contra la tuberculosis es conocida como BCG (bacilo de Calmette-Guérin) y en la Cartilla Nacional de Salud para niñas y niños de 0 a 9 años (anteriormente conocida como Cartilla Nacional de Vacunación) se prevé la aplicación de esta vacuna en una dosis única al momento de nacer.

De acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT 2012) la cobertura de BCG fue del 94.9%, porcentaje superior a cualquier otra inmunización. El mismo documento señala que el porcentaje de otras vacunas no es tan alto ya que requieren más de una aplicación en el transcurso de varios meses, por lo que no quedan registrados los esquemas de vacunación completos en la muestra de menores seleccionada.

Además de la vacunación contra este agente, la tuberculosis se puede tratar con antibióticos, sin embargo, durante las últimas décadas han surgido cepas de tuberculosis multirresistentes. Estas no responden a los tratamientos y dejan a los pacientes sin posibilidades de mejoría o curación. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado como un problema adicional al de las cepas multirresistentes, la coinfección de pacientes con Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y/o desarrollo del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida).

En 1993, la OMS declaró la epidemia de tuberculosis como una emergencia global. La epidemia de tuberculosis y la de VIH-sida se conjuntaron principalmente en África sub-sahariana. La aparición de la tuberculosis multirresistente elevó el costo de los tratamientos, así como el tiempo en que se deben administrar a un promedio de 20 meses, mientras que la tuberculosis anteriormente requería tratamiento por seis meses.

En el 2006 se identifica también en África la tuberculosis extensivamente multirresistente, que es mucho más letal que las demás. Para el 2014 este tipo de tuberculosis fue identificado en 105 países.

La preocupación por el resurgimiento de la tuberculosis es de carácter global. Una enfermedad que en algún momento se consideró en vías de erradicación principalmente de países desarrollados, ha vuelto con fuerza y hoy representa un reto para países de ingreso bajo, medio y alto por igual.

A finales de noviembre de 2016 se organizó y celebró un foro para el lanzamiento del “Frente Parlamentario contra la tuberculosis mexicano”. El objetivo fue reafirmar el compromiso con las personas afectadas por esta enfermedad. Además, en la red regional se encuentran los siguientes países: Perú, Brasil, Uruguay, Nicaragua y Bolivia. Con estas acciones se refleja el grado de preocupación que existe por esta enfermedad.

En nuestro país, con base en cifras oficiales se observa un incremento de casos nuevos de tuberculosis pulmonar. De 2012 a 2016 el total de casos nuevos registrados pasó de 15,858 a 16,913 lo que representa un incremento del 6.6 por ciento. Si analizamos los casos acumulados hasta la semana epidemiológica 19 del año, para 2017 se registran 5,516 casos contra 5,207 del año pasado, un aumento del 5.9 por ciento. Es decir, se mantiene una tendencia creciente. Si consideramos lo ya señalado respecto al mayor daño que ocurre cuando existe coinfección con VIH, se debe tener presente que los casos acumulados de infección por VIH hasta la semana 19 de este año son 1,368 contra 1,255 de la misma semana del año anterior, un aumento del 9 por ciento. Es decir, ambas epidemias muestran tendencia al alza.

Esto nos lleva a cuestionar si en verdad los recortes al presupuesto del sector salud no están teniendo un impacto directo en la salud de la población. También, si los recursos aprobados a los distintos programas se están ejerciendo de forma eficiente. Si las acciones que desde las instituciones públicas están teniendo un efecto positivo. Si existe el personal médico capacitado suficiente para atender a los enfermos y si las medidas de profilaxis como las vacunas se están aplicando de manera adecuada. Finalmente, nos lleva a preguntarnos si los pacientes que se atienden en las instituciones públicas del sector salud reciben los medicamentos de manera suficiente y a tiempo.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Secretario de Salud, al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social y al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para que informen lo siguiente:

1. Una explicación sobre las causas del aumento de tuberculosis en nuestro país;

2. El nivel de existencia de vacunas BCG y los avances en su aplicación durante los pasados dieciocho meses, y

3. El nivel de existencia de los medicamentos indicados en el Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos para el tratamiento de tuberculosis (estreptomicina, etambutol, isoniazida, rifampicina y pirazinamida) en los hospitales a su respectivo cargo.

Dado en el salón de sesiones, a 12 de octubre de 2017

Diputado Elías Íñiguez Mejía (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a realizar campañas permanentes de toma de conciencia y difusión sobre la atención preventiva y oportuna de enfermedades cardiovasculares, a cargo del diputado Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Luis de León Martínez Sánchez, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, fracción XX; 6, fracción I, numeral I; 62 y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que exhorta al titular de la Secretaría de Salud a realizar campañas de concientización y difusión de carácter permanente orientadas a la atención preventiva y oportuna de enfermedades cardiovasculares.

Consideraciones

La Organización Mundial de la Salud (OMS), reconoce que las enfermedades cardiovasculares son un conjunto de trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos, además de que representan la principal causa de defunción en todo el mundo. Asimismo, señala que los padecimientos cardiovasculares afectan en mucha mayor medida a los países de ingresos bajos y medianos, toda vez que más del 80 por ciento de las defunciones por esta causa se producen en esos países.

México como muchos otros países sufre los impactos de los actuales cambios epidemiológicos, dando ello como resultado que las enfermedades cardiovasculares, muy en particular el relativo al infarto agudo al miocardio sean en su conjunto la primera causa de muerte en el país. De acuerdo con información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en México la tasa de mortalidad por infarto agudo al miocardio es de 27.2 por ciento, la más alta entre los países miembros de este organismo.1 Es decir, un promedio de 100 mil personas fallecen cada año por ese padecimiento.

El infarto agudo al miocardio se presenta cuando existen sustancias grasas al interior de las arterias del cuerpo, originadas por inadecuada alimentación. Estudios recientes señalan que estas sustancias empiezan a acumularse desde la niñez, por lo que es necesaria una adecuada alimentación y actividad física.2

Si bien es cierto, el sistema de salud en nuestro país ha progresado posterior a la introducción del Seguro Popular, lo cierto es que existen retos graves y urgentes. Pues datos demuestran que entre 2000 y 2012, las tasas de sobrepeso u obesidad aumentaron de 62 por ciento a 71 por ciento en la población adulta; y uno de cada tres niños tiene sobrepeso u obesidad. Más del 15 por ciento de los adultos padece diabetes, dato que representa el doble del promedio de la OCDE que es del 6.9 por ciento.3

En ese sentido, la atención de las enfermedades cardiovasculares es una prioridad para el sector salud, al ser la primera causa de muerte en la población mexicana, sobre todo como consecuencia de sobrepeso y obesidad.

Del mismo modo, de aquellos que se saben diabéticos, 14.2 por ciento (casi un millón de mexicanos) no habían visitado a un doctor para una revisión rutinaria de su condición en el año último. Esto significa que el tratamiento de la diabetes es deficiente a nivel de la población: se encontró que 24.7 por ciento de los diabéticos tenían riesgos considerables de sufrir complicaciones como accidentes cerebrovasculares, infartos cardiacos, insuficiencia renal o pérdida de la visión y 49.8 por ciento en muy alto riesgo.

Recientemente la Secretaría de Salud en conjunto con el Instituto Nacional de Cardiología pusieron en marcha el “Programa Nacional para la Atención Oportuna de Infarto Agudo al Miocardio”, proyecto que propone distintas líneas de acción en aras de favorecer la interrelación entre los distintos niveles de atención médica del país para obtener resultados rápidos, oportunos, seguros y eficaces en el tratamiento del infarto agudo al miocardio y procurar reducir su impacto en la población mexicana hasta en un 10 por ciento.

En su primera etapa el referido programa inició en el estado de Yucatán, para después implementarse en los estados de Hidalgo, Tabasco, Campeche y Ciudad de México, y en una tercera etapa en el resto de la República Mexicana. El mismo programa se encargará de capacitar a unos 5 mil médicos y enfermeras de todo el país para que sepan cómo atender un infarto.

Asimismo, será la vía para informar y sensibilizar a la población sobre la importancia de asistir inmediatamente a los servicios médicos en caso de presentar la sintomatología del infarto, como son dolor en el centro del pecho, desviación de la mandíbula, sudoración y vómito. La prevención secundaria (es decir, la detección temprana y el tratamiento adecuado de las enfermedades crónicas) no se divulga de la mejor manera.

Además, este programa prevé que coadyuve a disminuir las más de 100 mil de muertes anuales por infarto agudo al miocardio, que se presentan a partir de los 30 años. Datos de la Ensanut muestran que aquellos que padecen hipertensión (un factor de riesgo importante y tratable para los accidentes cerebrovasculares y los infartos cardiacos), el 47.3 por ciento no sabían que padecían esta condición. De aquellos que estaban conscientes, solo el 73.6 por ciento recibían tratamiento y menos de la mitad habían reducido su presión de manera adecuada.4

En ese sentido, se han puesto en marcha políticas públicas como el Acuerdo Nacional por la Salud Alimentaria, el Acuerdo que crea el Consejo Nacional para las Enfermedades Crónicas, la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes (con su campaña muy reconocida de Chécate Mídete Muévete), reformas legislativas que prohíben los alimentos no saludables en las escuelas, los impuestos al consumo en bebidas y comida chatarra, el etiquetado claro de los alimentos y las restricciones más recientes en la publicidad de alimentos no saludables durante horarios infantiles de la televisión y del cine.

Incluso, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) recién puso en operación una “aplicación móvil” denominada: app AsISSSTE Infarto, y que tiene como propósito que cualquier persona, sea derechohabiente o no, puede activar una alarma si presenta síntomas de infarto al miocardio para ser atendido en los primeros 90 minutos en la unidad médica del instituto más cercana.

Dicho protocolo está orientado a mejorar y agilizar la atención, aparte de procurar tener al paciente en una sala de hemodinamia en los primeros 60 o 90 minutos, y con ello se permita disminuir de manera sensible la tasa de mortalidad por tal padecimiento.5

No obstante todo lo anterior, el Infarto Agudo al Miocardio sigue siendo un serio problema de salud pública que enfrenta el país y dado ello, se requiere un verdadero enfoque ambicioso e integral para que a través de programas de salud pública y de política pública además de calidad de la atención médica a las enfermedades cardiovasculares se pueda ofrecer un mejor cuidado en su prevención.

Dado lo antes expuesto, y toda vez que la atención de las enfermedades cardiovasculares debe ser una prioridad para el sector salud, al ser la primera causa de muerte en la población mexicana, sobre todo como consecuencia de sobrepeso y obesidad, someto a la consideración de esta asamblea, el siguiente

Puntos de Acuerdo

Primero. El pleno de la Cámara de Diputados, exhorta al titular de la Secretaría de Salud a realizar campañas de difusión con carácter permanente orientadas a la atención preventiva y oportuna de enfermedades cardiovasculares.

Segundo. El pleno de la Cámara de Diputados, exhorta al titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), para que mediante campañas de difusión de a conocer las bondades de la aplicación denominada app AsISSSTE.

Referencias

1-2. Secretaría de Salud.- https://www.gob.mx/salud

3. Funsalud.org.mx

4. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2016 (ENSANUT2016).- ensanut.insp.mx

5. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. https://www.gob.mx/issste

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2017.

Diputado Luis de León Martínez Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a publicar con la mayor brevedad la actualización del programa de manejo del área natural protegida Parque Nacional Bahía de Loreto, a cargo de la diputada Jisela Paes Martínez, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Jisela Paes Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Semarnat a publicar con la brevedad posible la actualización del programa de manejo del área natural protegida Parque Nacional Bahía de Loreto, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Parque Nacional Bahía de Loreto es un área natural protegida, cuyo espacio se encuentra conformado por la Bahía de Loreto, ubicada frente a las costas del municipio de Loreto, Estado de Baja California Sur, con una superficie de 206,581 hectáreas, creada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de julio de 1996, creada originalmente como Parque Marino Nacional.

Su nombre se debe a la cabecera municipal de Loreto, sitio de la primera misión jesuita, la Misión de Nuestra Señora de Loreto Conchó y primera capital de las Californias En este poblado se ubica un importante polo turístico desarrollado en forma sustentable con la región.

Esta área natural protegida fue promovida por iniciativa de la comunidad local y con el apoyo de las autoridades, con el objetivo de revertir el deterioro de los hábitats marinos ocasionado por la pesca de arrastre, la cual tiene como consecuencia la captura incidental de muchas especies marinas. El decreto de creación del Parque Nacional estableció que “quedan prohibidas las actividades que atenten contra la flora y fauna terrestre y marinas, incluyendo las actividades de barcos de arrastre camaroneros y escameros”.

Dichas actividades afectaban la sustentabilidad del ecosistema y los intereses de las comunidades pesqueras tradicionales que vivían en la zona de influencia del Parque y extraían los recursos del área.

Dentro de los considerandos del decreto se señala que la Bahía de Loreto representa un tipo particular de hábitat, donde concurren procesos ecológicos, comunidades biológicas y características fisiográficas particulares; lo cual le confiere una relevancia nacional, de los que se desprende la necesidad de establecer como área natural protegida con el carácter de Parque Marino Nacional la región conocida como “Bahía de Loreto”, con la finalidad de proteger y restaurar las condiciones ambientales para armonizar y dinamizar su desarrollo sustentable, así como planear y administrar integralmente el aprovechamiento de los recursos naturales de la región;

Mediante un acuerdo cuyo objeto era dotar con una categoría acorde con la legislación vigente a las áreas naturales protegidas, el Parque Marino Nacional Bahía de Loreto, cambió su nombre a Parque Nacional Bahía de Loreto.

Dentro de los límites de la poligonal del decreto de creación del Parque, se localizan cinco islas: Coronados, del Carmen, Danzante, Montserrat y Santa Catalina, y algunos islotes, las cuales forman parte del Área de Protección de Flora y Fauna Silvestres Islas del Golfo de California, decretada el 2 de agosto de 1978 y recategorizada el 7 de junio de 2000, por lo cual existe una complementariedad en el esquema de protección del área, ya que están protegidas tanto las islas como el mar que las circunda.

Es decir, tanto la zona costera y el mar, así como las islas y el mar circundante a las mismas forman parte del Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California. El 2 de febrero de 2004, el Parque fue declarado también como sitio Ramsar en México.

Debido a que en la zona de influencia del parque habitan comunidades pesqueras que tienen gran interés en proteger los recursos naturales y evitar la práctica de métodos que degradan los fondos marinos y la vida en general, el decreto de creación del Parque Nacional Bahía de Loreto establece que quedan prohibidas las actividades que atenten contra la flora y fauna terrestre y marina, incluyendo las actividades de barcos de arrastre camaroneros y escameros, los cuales trabajaban frente a las comunidades locales, agotando sus recursos y mermando sus capturas.

Cabe destacar que actualmente el Parque Nacional cuenta con un Consejo Asesor (CA, antes Consejo Técnico Asesor), mismo que fue constituido el 17 de septiembre de 1999. Este consejo es un órgano de consulta y de participación social, cuyo objetivo es asesorar y emitir recomendaciones a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas con relación a la conservación y manejo del Parque.

El 11 de noviembre de 2002 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales concluyó la elaboración del Programa de Manejo del Área Natural Protegida con el carácter de Parque Nacional Bahía de Loreto, elaborado con la amplia participación del Gobierno del Estado de Baja California Sur, el Ayuntamiento de Loreto, del sector pesquero, de grupos ambientalistas, del sector académico y científico y de la sociedad en general.

En el Diario Oficial de la Federación de Lunes 6 de enero de 2003 fue publicado el Aviso mediante el cual se da a conocer al público en general el texto modificado del anexo publicado el 11 de noviembre de 2002, correspondiente al resumen del Programa de Manejo del Área Natural Protegida con el carácter de Parque Nacional Bahía de Loreto, con el fin de integrar precisiones y adecuaciones al texto del anexo publicado el 11 de noviembre de 2002.

Con la intención de mejorar y fortalecer los objetivos de creación de esta Área Natural Protegida, se expresó la necesidad de actualizar el programa de manejo, en los términos de lo dispuesto por el Artículo 77 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Áreas Naturales Protegidas, el cual señala que éstos pueden ser revisados por lo menos cada cinco años, con el objeto de evaluar su efectividad y proponer posibles modificaciones.

De acuerdo con el artículo 78 el programa de manejo puede ser modificado en todo o en parte, para lo cual la Secretaría solicitará la opinión del Consejo Asesor, pudiendo modificarlo cuando las condiciones naturales y originales del área hayan cambiado y se requiera el planteamiento de estrategias y acciones distintas a las establecidas en el programa vigente; cuando técnicamente se demuestre que no pueden cumplirse estrategias o acciones establecidas en el programa vigente, o se demuestre la necesidad de adecuar la delimitación, extensión o ubicación de las subzonas señaladas en la declaratoria correspondiente.

Este proceso de actualización será realizado de conformidad con lo señalado en el Artículo 79 de dicho Reglamento, que señala que las modificaciones al programa de manejo que resulten necesarias deberán seguir el mismo procedimiento establecido para su elaboración.

En este sentido, a partir de noviembre de 2007 se iniciaron acciones para revisar dicho Programa, a efecto de promover la mejor conservación de los recursos naturales del Área, con la participación de autoridades federales, estatales y municipales, organizaciones de la sociedad civil, empresariales y la ciudadanía en general, dando lugar a una propuesta de actualización consensuada, la cual hasta hoy no ha sido publicada.

Para tal fin la Conanp y organizaciones de la sociedad civil como Comunidad y Biodiversidad (COBI) promovieron un proceso participativo y plural para la revisión del programa de manejo. Este proceso inició buscando encontrar los consensos necesarios y culminó en octubre de 2009.

Una vez terminado este proceso, fue sometido a consulta pública y se procedió a elaborar el proyecto final para enviarse a la Conanp, para que esta Dependencia cumpliera con el proceso legal respectivo, para lo cual fue turnada para su revisión a la Dirección de Programas de Manejo de la Conanp, de donde se remitió a la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Conanp para su validación y para que fueran subsanadas todas las observaciones del proyecto

Así mismo, la Semarnat elaboró la Manifestación de Impacto Regulatorio del anteproyecto, a fin de ser enviada a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), para que ésta, en los términos del artículo 69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la sometiera a consulta pública, además de ser revisado por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, debido a lo cual se esperaba que la Semarnat enviara para su publicación en el Diario Oficial de la Federación esta actualización del programa de manejo.

Es decir, ya se cumplieron todas las formalidades necesarias para enviarlo a su publicación, pero la Semarnat aún lo mantiene en el área jurídica de esa Dependencia, sin que exista un motivo que impida su publicación. Después de 10 años de iniciado el proceso, y más de 7 años de que fuera solicitado a la Conanp, aún no se publica, no obstante que la propuesta goza de consenso de todos los sectores y se han cumplido los requisitos legales.

Todos los sectores involucrados le han pedido a la Semarnat que se agilice la publicación de esta actualización. Lo han solicitado el Consejo Asesor del Área Natural Protegida, sus consejeros del sector pesca comercial, de pesca deportiva, del sector turismo, del académico; del sector sociedad civil; del sector privado; del gobierno municipal. Incluso, el 27 de enero de 2017 le fue entregado al titular de esta Secretaría la petición de todos los interesados y aún no hay respuesta.

Es necesario destacar que el proceso de revisión del Programa de Manejo fue considerado un ejemplo de participación social efectiva, convirtiéndose en referencia nacional por los consensos alcanzados, debido a que hubo aportaciones de calidad por parte de la comunidad que fueron incorporadas para generar acuerdos que legitiman sus aspiraciones para una publicación inmediata, que ha tardado.

No obstante que esta publicación ya no corresponderá fielmente a las circunstancias actuales, representará sin embargo un avance importante para mejorar las condiciones del Parque Nacional Bahía de Loreto. Por ello, le pedimos a la Semarnat que envíe esta actualización al Diario Oficial de la Federación para su publicación inmediata.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, del gobierno federal, a que envíe de inmediato para su publicación en el Diario Oficial de la Federación la actualización del Programa de Manejo del Área Natural Protegida Parque Nacional Bahía de Loreto, ubicado en el Municipio de Loreto, Baja California Sur, a fin de fortalecer los fines de conservación establecidos en el decreto de creación de dicha Área Natural Protegida, toda vez que el proceso para su actualización inició formalmente desde 2009, con la amplia participación y consenso de todos los sectores involucrados y a que no obstante que desde hace varios meses se cumplieron las formalidades legales requeridas para su publicación, ésta no se ha realizado.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2017.

Diputado Jisela Paes Martínez (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 17 de octubre, 64 aniversario del reconocimiento del derecho femenil al sufragio en México, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del PRI

“No permitamos pues sólo caricaturas de democracia”

Ana Lilia Ulloa Cuellar

Ante esta honorable Cámara de Diputadas y Diputados del honorable Congreso de la Unión, es necesario destacar la conmemoración de una fecha que es de suma importancia para todas las diputadas de esta Cámara y para todas las mujeres mexicanas, ya que el reconocimiento constitucional del derecho de las mujeres al sufragio universal, a 64 años de su aprobación, marcó un hito en la lucha de las mujeres por un ejercicio pleno de su ciudadanía en este país.

La historia señala que las mujeres alcanzaron la mayoría de edad política el 3 de julio de 1955, ya que fue la primera vez que la mujer mexicana emitía su voto en unas elecciones federales, a fin de integrar la XLIII Legislatura del Congreso de la Unión.

Aunque antes, el 17 de octubre de 1953, el Diario Oficial de la Federación publicó las reformas que permitían votar a las mujeres en elecciones federales mediante las reformas a los artículos 34 y 35 constitucionales, que les concedieron a las mexicanas plenitud de derechos civiles y políticos.

No obstante que desde 1853, un grupo de mujeres zacatecanas habían solicitado que se les otorgara el estatus de ciudadanas, lo que implicaba por supuesto el derecho a votar.

Por otro lado la Convención sobre los Derechos Políticos de las Mujeres estableció la obligación de los estados para garantizar la posibilidad de que las mujeres puedan votar o ser votadas (1954).

Por su parte, la incorporación e intervención de las mujeres en los espacios de toma decisiones, como señala la Plataforma de Acción de Beijing: “no sólo es una exigencia básica de justicia o democracia sino que puede considerarse una condición necesaria para que se tengan en cuenta los intereses de las mujeres. Sin la participación activa de las mujeres y la incorporación del punto de vista de las mujeres a todos los niveles del proceso de adopción de decisiones no se podrán conseguir los objetivos de igualdad, desarrollo y paz”.

Así las cosas, las mujeres, en ese proceso histórico, hemos transitado de la exigencia de ejercer el derecho al voto a la demanda de incorporarnos a los puestos de representación popular o de toma de decisiones.

Así nacieron las famosas cuotas de género, y de las cuotas de género transitamos a la paridad de género, donde se estableció que dicha representación femenina deber ser al 50 por ciento en todos los procesos comiciales “a fin de garantizar el alcance de la paridad efectiva y total”.

Sin dejar de reconocer la influencia que tuvo en esta reforma la “Sentencia Histórica” SUP-JDC-12624/2011, emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

No obstante ello, es relevante mencionar que una cuestión es garantizar el acceso a estos espacios, pero otra es, en la realidad, alcanzar el empoderamiento de las mujeres en la vida pública, en donde el respeto y reconocimiento en igualdad de condiciones de su trabajo, dentro de un ambiente como la política, históricamente masculinizado, sea una constante y no una excepción.

Todas hemos sido testigas que en el ambiente político, a menudo las burlas, las desestimaciones, los descréditos, los cuestionamientos o comentarios sexistas, la infamia, las calumnias, la estigmatización y la crítica, continúan persistiendo e impactando negativamente en el desarrollo de la actividad política de las mujeres.

La democracia como sistema incluyente, popular y representativo, debe ser respetuosa de los derechos humanos de las mujeres.

Considero que para alcanzar un estándar de estado verdaderamente democrático, excepcionalmente democrático, debemos promover a la democracia conceptual y filosóficamente, como una forma de vida, una forma de vida que toma en cuenta la voz, opinión y decisiones de las mujeres en todos los ámbitos, desde la familia, la escuela, el trabajo, las organizaciones y, por supuesto, la política.

Donde lo significativo sea no sólo ver más mujeres en los puestos de elección popular y en los partidos políticos, sino que todas las mujeres, en todos los espacios, participen en igualdad de condiciones y oportunidades del ejercicio del poder de cualquier índole, sin violencia, sin discriminación y con condiciones que hagan accesible su incorporación.

Debemos entender que la democracia de género, como sistema inclusivo y de vigencia de derechos humanos, es la ¡democracia completa!

Y que mientras entre las mujeres y los hombres siga existiendo una distribución tan desigual de las posiciones de poder y de decisión, así como del trabajo, el ingreso y el tiempo, seguirá existiendo un déficit democrático.

Los exhorto pues a revertir esta deuda y que construyamos juntos una sociedad justa e igualitaria para hombres y mujeres.

Referencias

1. Diagnóstico sobre la Participación Política de las Mujeres en México. ONUMujeres-PNUD. Disponible en

http://www.cinu.mx/minisitio/voto_mujeres/2-Cap1-Diagnos tico.pdf.

2. Historia de la Ciudadanía de las Mujeres en México. Recuperado de http://griseldaalvarez.org/pdf/femenino.pdf

3. Gómez Galvarratio, Aurora. Historia de los derechos políticos de las Mujeres en México: Una perspectiva internacional. Recuperado de

http://genero.ife.org.mx/sitio60Aniv/docs/23lun/m1_02_Au roraGomez.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 12 de octubre de 2017.

Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco (rúbrica)

Con motivo del Día de la Raza y aniversario del descubrimiento de América, en 1492, a cargo de la diputada Modesta Fuentes Alonso, del Grupo Parlamentario de Morena

En Latinoamérica, al 12 de octubre se le conoce como “El Día de la Raza” y hace alusión al “encuentro entre mundos” que tuvo lugar en esta fecha, pero en 1492, cuando Cristóbal Colón llegó a América.

Producto del encuentro y fusión de los pueblos originarios del continente americano por los colonizadores españoles, se ha considerado el debate en relación al verdadero sentido que tuvo como resultado el encuentro de dos culturas.

El verdadero rostro que se ha conservado en nuestros pueblos es el de una pluriculturalidad de usos y costumbres, que hoy y siempre han exigido la inclusión, permeada por la redistribución de la riqueza, el reconocimiento de su identidad y la no discriminación.

En nuestra Constitución se reconoce a México como una nación pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, sin embargo todavía no somos un Estado-Nación que promueva, de manera plena, y que acepte, como parte de su condición, la diversidad y las muchas identidades que generan las culturas indígenas que conviven en nuestro territorio.

Nuestros hermanos indígenas han sido objeto de innumerables abusos y actos de discriminación, mismos que se ven reflejados en encuestas y estudios realizados por Organizaciones No Gubernamentales. Ellos son los más rechazados y específicamente, en el actual sexenio, han visto como se reduce la posibilidad de poder tener una mejor calidad de vida.

Por otro lado, las mujeres indígenas han sufrido durante años de discriminación y maltrato, situación que frena sus posibilidades de desarrollo e independencia económica dentro de sus comunidades. Las posibilidades de acceder a una vida digna por parte de las mujeres se limitan aún más por la violencia de género que se ejerce en contra de ellas, y que proviene no sólo de sus familiares cercanos, sino también de las autoridades e incluso de la misma sociedad.

Hoy en día, los pueblos y comunidades indígenas siguen alzando su voz en todo el país, han emprendido una serie de acciones políticas y jurídicas para la defensa de su participación política, su derecho a la igualdad y no discriminación.

En nuestro país viven 14 millones de indígenas y las políticas y programas públicos no sólo han modificado sus usos y costumbres para imponer artificialmente un modelo económico que ha beneficiado unilateralmente al capital y ha generado una división nacional.

Hoy nuestros indígenas parecen ser los invisibles, los que resisten, los que son desplazados por la obsesión del capital de expandir mercados y fronteras.

Estoy convencida de que ser indígena no significa aferrarse al pasado, sino saber armonizar el cambio con la continuidad y ser fieles a nuestras tradiciones.

¡Vivan nuestros pueblos indígenas!

Muchas gracias.

Diputada Modesta Fuentes Alonso (rúbrica)

Con motivo del 11 de octubre, Día Internacional de la Niña, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

22 de febrero de 2017. Niña de 12 años fue raptada. Sus padres solicitan al personal del Ministerio Público apoyo para la búsqueda, y ellos dijeron que para qué buscarla, que mejor recibieran cervezas y comida a cambio. Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.

9 de junio de 2017. Una niña de 11 años fue hallada sin vida, semidesnuda, en una unidad de transporte público en Ciudad Nezahualcóyotl, México.1

26 de julio de 2017. Se suicida una niña de 13 años en Ecatepec, México, debido a las constantes ofensas de su padre, quien la llamaba “puta”.2

Los casos citados forman parte de las modalidades, tipos y grados de violencia que se ejercen contra las niñas en México, de manera cotidiana, que van desde la institucional, la comunidad y la familiar. Abarcan la violencia psicológica, física y sexual, hasta provocar la muerte.

La violencia hacia las niñas es el producto de una sociedad que somete a este sector de la población a un trato cruel, donde el adultocentrismo se encuentra enraizado y se niega a sucumbir, donde el esquema patriarcal reproduce la idea de que las niñas son una propiedad, que se reaviva con fundamentalismos e integrismos religiosos, papeles y estereotipos de género.

Cifras de la Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Mujeres de 2015, levantada por el Instituto Nacional de Salud Pública, con apoyo de la Representación en México del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, muestran que 63.4 por ciento de las niñas de 1 a 14 años experimentó cualquier método violento de disciplina. En el medio rural, la proporción fue de 66.1; y en el urbano, de 62.0.

Así, el espacio considerado de mayor protección y calidez para las niñas ha llegado a ser el lugar donde se inflige el mayor grado de violencia.

En el marco de la Movilización Nacional contra las Violencias Machistas, realizada el 24 de abril de 2016, se constató que el primer acoso sexual hacia las mujeres sucede en la infancia, siendo la edad promedio 8 años. No obstante, hay testimonios en edades más tempranas.

De acuerdo con Las otras víctimas invisibles, informe realizado por el Comité de Violencia Sexual de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la mayoría de los embarazos en niñas menores de 14 años son producto de la violación.

En el país ser niña tiene implicaciones que menoscaban la calidad de vida, determinan las oportunidades para el crecimiento, y el acceso a una vida libre de violencia.

En México se acaba con la existencia de las niñas porque no hay repercusión alguna. La corrupción e impunidad las están matando. Nos encontramos ante una sociedad estéril para protegerlas, para aceptarlas como personas de respeto y sujetas de derechos, pero exigente ante la idea de no interrumpir un embarazo por violación, aun cuando su vida esté en riesgo.

Se convierte a las niñas en madres, reproduciendo con ello el ciclo de la pobreza y violencia, una espiral que se hereda generación tras generación.

Por ello, en el marco del 11 de octubre, Día Internacional de la Niña, aprobado el 19 de diciembre de 2011 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en la resolución número 66/170, reconocemos los esfuerzos realizados para erradicar la violencia contra las niñas. Sin embargo, el índice de violencia hacia ellas se recrudece y aumenta. De no hacer visibles los actos denigrantes a que son sometidas, estaremos creando un sistema artificial, anomia y, con ello, un Estado fallido.

Notas

1 “Violan y matan a niña de 11 años; la hallan semidesnuda”, en Regeneración en línea. Disponible en https://regeneracion.mx/violan-y-matan-a-nina-de-11-la-hallan-semidesnu da-en-combi-en-neza/

2 “Niña de 13 años se suicida en Edomex; su padre la llamaba puta”, en Criterio Hidalgo en línea (26 de julio 2017). Disponible en http://www.criteriohidalgo.com/sos/nina-de-13-anos-se-suicida-en-edomex -su-padre-la-llamaba-put

Cámara de Diputados, a 12 de octubre de 2017.

Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica)

Con motivo del 13 de octubre, Día Internacional de la Reducción de Riesgo de Desastres, a cargo de la diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes, del Grupo Parlamentario del PRI

Mañana, 13 de octubre, es el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres.

Desde hace 25 años, en cada celebración anual, la ONU define convocar a los pueblos de la Tierra en torno a una causa común.

En esta ocasión, 2017, el lema es “Hogar, seguro hogar”.

El sentido de este lema es evidente y muy necesario: sumar la voluntad de gobiernos y sociedad, en favor de la prevención, la protección y la reducción del número de personas afectadas por los desastres.

Este es un día para reconocer la forma como las personas y las comunidades están contribuyendo de manera individual y colectiva en la implementación del Marco de Sendai; para reducir la exposición y el desplazamiento, apoyando el empoderamiento y liderazgo de las mujeres, la salud y los recursos económicos de las familias en riesgo.

Para nosotros, los mexicanos, después de los desastres sufridos en las últimas semanas, este Día y el lema sobre el Hogar seguro, debe servir para refrendar nuestro compromiso de apoyar sin límite a los cientos de miles de familias que han perdido a seres queridos y su patrimonio, que se han debido dejar su casa, forzados por los desastres.

Este día cobra aún más sentido reflexionar y repensar la forma en que hacemos frente a los riesgos y a los desastres.

Es un día para entender que la prevención y la reducción del riesgo de desastres no son opcionales; deben ser políticas públicas ineludibles para los gobiernos; deben ser una forma de vida de las personas, las familias y las comunidades.

El objetivo de conmemorar un día la reducción de desastres, es promover una cultura para reducir las pérdidas y daños ocasionados por la presencia de fenómenos naturales peligrosos, fenómenos que pongan en riesgo la vida y la integridad de las personas, sus bienes, la planta productiva y el medio ambiente.

De acuerdo con Naciones Unidas, en los últimos 20 años a nivel mundial han fallecido un millón trescientos cincuenta mil personas a causa de los desastres.

Los fenómenos naturales o generados por las propias actividades humanas, conjuntamente con las vulnerabilidades construidas, han tenido un impacto negativo en la vida de los países, han afectado economías enteras y desajustadas a sociedades y a los gobiernos; han significado parálisis y retrocesos en el desarrollo.

Una muestra, son los daños enormes provocados por los sismos de septiembre pasado.

Hasta ahora las estimaciones son del orden de 40 mil millones de pesos, sin estimar la lamentable pérdida de vidas humanas.

Se calcula que son más de 70 mil viviendas las que se tendrán que reconstruir; construir o reparar 153 mil 545, son 12 mil 931 escuelas dañadas; y habrá que reparar mil 225 inmuebles históricos

Los técnicos y los ingenieros que han evaluado el estado de las construcciones, concluyen que muchos de esos daños se habrían evitado con apego a los reglamentos y mejores sistemas de alerta temprana.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) invertir en prevención tiene una relación beneficio costo de 1 a 7. Es decir, por cada peso invertido se pueden ahorrar 7 pesos en la reconstrucción y sobre todo se pueden salvar más vidas.

Por ello, para contribuir a crear una conciencia sobre la importancia vital de la prevención y de la capacidad para anticiparnos a la ocurrencia de los desastres, la ONU eligió el lema sobre el Hogar seguro para 2017.

A eso se refiere: a subrayar la necesidad de emprender todas las acciones necesarias para reducir la vulnerabilidad y la exposición a las amenazas y así reducir el desplazamiento provocado por los desastres.

Son acciones para abatir la pobreza, para evitar los asentamientos en zonas de riesgo, para ordenar el crecimiento de las ciudades, para combatir la corrupción.

Solo así podremos salvar los hogares y los medios de vida.

Es un gran desafío, que solo se puede superar a través de la coordinación, la cooperación y la colaboración entre los diversos grupos en la gestión de los riesgos de desastre.

Los lamentables y dolorosos acontecimientos recientes, deben ser una lección de vida, para constatar una vez más que no podemos esperar a que ocurran más desastres, es momento de invertir más prevención.

No podemos seguir construyendo riesgos futuros; es necesario considerar el riesgo de desastres en la planeación del desarrollo y el ordenamiento territorial.

No podemos esperar a que se colapsen más estructuras, es momento de contar con reglamentos de construcción en todo el país y garantizar, con la aplicación de estricta de la Ley, que las obras se apeguen a ellos.

Es también una llamada de atención para nosotros los legisladores, para impulsar iniciativas relacionadas con la reducción de riesgos y la protección civil que no han sido dictaminadas ni aprobadas.

Son muchas las acciones que podemos y debemos emprender el gobierno y la sociedad, para lograr una mejor calidad de vida para los mexicanos.

Que este 13 de octubre sea un punto de inflexión para proponernos hacer de todo México, un hogar seguro, un país sin riesgos, para todos y todas las mexicanas.

Diputada Noemí Guzmán Lagunes (rúbrica)