Gaceta Parlamentaria, año XX, número 4882-VII, martes 10 de octubre de 2017

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a hacer del conocimiento público los avances sobre los Lineamientos para la Evaluación de las Políticas en materia de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a difundir el destino de los recursos asignados al Programa de Fomento a la Agricultura, componente Proagro Productivo, a cargo del diputado Armando Rivera Castillejos, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, relativo a destinar los recursos del Programa de Empleo Temporal a tareas de reconstrucción de las entidades siniestradas por los sismos del 7, 19 y 23 de septiembre, con prioridad a los damnificados, a cargo del diputado Francisco Xavier Nava Palacios, del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, relativo a la aplicación de recursos del Fondo Regional a obras de infraestructura en Chiapas y Oaxaca, afectados por el sismo del 7 de septiembre, suscrita por los diputados Natalia Karina Barón Ortiz y Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, relativo a suscribir un convenio con el gobierno de Michoacán para controlar de modo efectivo el cambio de uso de suelo y la pérdida de bosques en la entidad, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM
Con punto de acuerdo, relativo a garantizar la seguridad de inmuebles afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre respecto a invasiones y rapiña, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, relativo a implantar políticas, acciones y estrategias efectivas en materia de prevención del delito y política criminal, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Con punto de acuerdo, relativo a la meta de instalar 40 mil bebederos escolares para el final de la presente administración federal, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del PES
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a los gobernadores a efecto de que con los congresos homologuen e incluyan, en su caso, en los códigos penales sanciones por uso indebido de los sistemas de llamadas de urgencia, suscrita por integrantes de la Comisión de Seguridad Pública
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, la SHCP y la Sedatu a colaborar con el gobierno de Puebla a fin de mejorar y fortalecer sus capacidades técnicas y administrativas para agilizar la liberación y entrega de los recursos del Fonden y atender las necesidades y los daños derivados de los sismos de septiembre, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos federal, de la Ciudad de México, estado de México, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Guerrero a dar facilidades financieras para reconstruir los inmuebles dañados por los sismos de septiembre, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, por el que se hace un llamado al gobierno de España a evitar el uso de la violencia y represión y a privilegiar el diálogo en lo relativo a la consulta por la independencia de Cataluña, a cargo del diputado Daniel Ordóñez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, relativo a la operación y aplicación de los recursos del Fondo Regional, suscrita por los diputados Natalia Karina Barón Ortiz y Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, relativo al cumplimiento de las medidas de seguridad y protección ambientales, y las obligaciones establecidas en los artículos 51 y 84 de la Ley de Hidrocarburos, suscrita por el diputado Arturo Álvarez Angli e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM
Con punto de acuerdo, relativo al homicidio de Ángel Vergara Chamú, coordinador regional de Movimiento Ciudadano en Tierra Caliente, Guerrero, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, relativo a la implantación de una estrategia integral para erradicar la discriminación contra estudiantes embarazadas, a cargo de la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a establecer una NOM a fin de regular el uso de dispositivos médicos y personales para prevenir la transmisión de infecciones nosocomiales, a cargo de la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del PES
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las fiscalías generales de los estados a observar la perspectiva de género en la impartición de justicia sobre actos delictivos cometidos contra mujeres, a cargo de la diputada Érika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE a modificar las Normas N-CMT-2-02-005/04 y, en especial, N-CMT-2-02-002, “Calidad de agregados pétreos”, para concreto hidráulico, a fin de adicionar en la clasificación la arena plástica, a cargo del diputado Alfredo Miguel Herrera Deras, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a no autorizar el proyecto La Paila, promovido por Minera Caballo Blanco, SA de CV, a cargo del diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a dar cabal cumplimiento al pago de los trabajadores ex braceros del periodo 1942-1964 y sus familias, suscrita por las diputadas Modesta Fuentes Alonso y Delfina Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, relativo al incremento de casos de violencia contra mujeres y la impunidad existente en ellos, con un llamando a solidarizarse y sumarse a la estrategia de difusión de la cultura de la no violencia y promoción de sus derechos humanos, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobernadores a homologar sus protocolos de investigación ministerial, pericial y policial, con perspectiva de género para los delitos de violencia sexual, a cargo de la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a explorar la posibilidad de modificar las reglas de operación del programa Pensión para Adultos Mayores, a fin de que los beneficiarios reciban sin restricción los apoyos, a cargo del diputado Abdíes Pineda Morín, del Grupo Parlamentario del PES
Con punto de acuerdo, relativo a aplicar medidas de seguridad y respeto de los derechos humanos de las mujeres en el transporte público, a cargo de la diputada Érika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR y Pemex a investigar y castigar la extracción ilegal de gasolina en los ductos que corren por Morelos; y a la Profepa, a investigar la contaminación de los pozos de agua potable de la entidad, a cargo del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua y la Comisión del Agua del Estado de México a dar celeridad a las acciones implantadas para solucionar el desabasto del líquido en Nezahualcóyotl tras los sismos de septiembre, suscrita por los diputados Olga Catalán Padilla, David Gerson García Calderón y José Santiago López, del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, relativo a la atención inmediata de niños damnificados tras los sismos del 7 y 19 de septiembre, suscrita por las diputadas Delfina Gómez Álvarez, María Antonia Cárdenas Mariscal, Irma Rebeca López López y Ariadna Montiel Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y la Segob a unificar criterios de difusión de información pública del Fonden, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, relativo a agilizar la entrega de los recursos del Fonden a las entidades afectadas por el terremoto el 7 de septiembre, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a emitir la declaratoria de emergencia para diversos municipios de Querétaro por las torrenciales lluvias e inundaciones entre el 24 y 26 de septiembre, a cargo del diputado José Hugo Cabrera Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP a revisar los supuestos establecidos en la fracción II del artículo segundo transitorio de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo y, acorde con la normativa, concretar las transferencias correspondientes a las entidades federativas y los municipios, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, relativo a los recientes feminicidios ocurridos en Puebla y la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres en la entidad, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y las autoridades respectivas locales a realizar, evaluar y entregar los dictámenes de daños correspondientes a las escuelas de preescolar y educación básica del estado de México tras el sismo del 19 de septiembre, suscrita por los diputados Sandra Luz Falcón Venegas y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, relativo al equipamiento del hospital general en Tampico, Tamaulipas, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con punto de acuerdo, relativo a la implantación de acciones para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres, debido al alarmante aumento de feminicidios en Nuevo León, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Tabasco a realizar estudios financieros para adquirir y poner en marcha un sistema de alerta temprana, y cumplir así la obligación de garantizar a todos el derecho a la protección civil, a cargo de la diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se extiende un reconocimiento a instituciones gubernamentales, las asociaciones de brigadistas binomio, la Cruz Roja Mexicana, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas y distintas organizaciones de la sociedad civil por su actuación frente a los sismos recién ocurridos en el país, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a los Ejecutivos federal y estatales a implantar una estrategia nacional de prevención del suicidio que provea servicios de urgencia, psicológicos y preventivos, suscrita por los diputados Mariana Trejo Flores, Roberto Guzmán Jacobo y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, relativo a incorporar las políticas de igualdad de género y fortalecer su institucionalización en la cultura organizacional, conforme al Proigualdad 2013-2018, a cargo de la diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades federales a difundir sus acciones para enfrentar los efectos de los sismos ocurridos recientemente en distintas zonas del país, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, relativo al destino y la aplicación de los recursos de la Sedatu dirigidos a acciones urgentes para reconstruir viviendas en las entidades afectadas por los sismos de septiembre, suscrita por los diputados Natalia Karina Barón Ortiz y Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar, según los resultados de la revisión del PND, incluir la actividad de la industria naval auxiliar como elemento permanente del desarrollo y la política nacional de fomento económico, a cargo del diputado Salomón Fernando Rosales Reyes, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres a emitir la declaración de alerta de violencia de género en Puebla, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Puebla y la SHCP a designar los recursos destinados a fideicomisos privados a un fondo para reconstruir las comunidades afectadas por el sismo del 19 de septiembre, a cargo del diputado Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a realizar acciones preventivas en materia de salud mental, a cargo del diputado José Luis Toledo Medina, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de Chiapas, Ciudad de México, Colima, México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Veracruz a destinar recursos para fortalecer el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua a revocar las concesiones para explotar, usar o aprovechar las aguas nacionales otorgadas a Buenavista del Cobre, SA de CV, en Cananea, Sonora, a cargo de la diputada Blandina Ramos Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol a incorporar en las Reglas de Operación del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas a las Redes de Promotores Sociales la participación de los beneficiarios para su desarrollo personal, familiar y comunitario, a fin de mejorar sus condiciones de vida, a cargo del diputado Germán Escobar Manjarrez, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y sus homólogas de las entidades afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre a difundir los datos sobre la verificación de las escuelas dañadas y dar celeridad a la reasignación de espacios de las que requieren rehabilitación, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a emitir una resolución de carácter general que condone el cobro de derechos por el suministro de agua en Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco, a cargo de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las entidades federativas y los municipios a implantar e institucionalizar medios de expresión y participación infantiles, como sus parlamentos y cabildos, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y los gobiernos estatales a ampliar a todo el país la red del sistema de alerta sísmica, suscrita por los diputados Sandra Luz Falcón Venegas y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, relativo a la publicación de las donaciones de personas físicas y morales para los afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre y los instrumentos a fin de que tengan acceso a los fondos, a cargo del diputado Carlos Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol a tomar medidas para modificar las reglas de operación del programa 65 y Más, Pensión para Adultos Mayores, a fin de generar acciones que fortalezcan la seguridad social de éstos a través de la activación y el impulso de la red social, a cargo de la diputada Irma Rebeca López López, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a adoptar medidas para hacer prevalecer el estado de derecho sobre el cumplimiento de los contratos de cobertura de las aseguradoras financieras respecto a la pérdida de viviendas en los sismos del 7 y 19 de septiembre, a cargo de la diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, relativo a la atención inmediata de las regiones de Cañada, Sierra Norte, Papaloapan y Costa, de Oaxaca, afectadas por las intensas lluvias de la tormenta Ramón el 3 y 4 de octubre, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a hacer del conocimiento público los avances sobre los Lineamientos para la Evaluación de las Políticas en materia de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Alfredo Bejos Nicolás, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que con base en los acuerdos tomados en la segunda sesión ordinaria del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes haga del conocimiento público los avances sobre los lineamientos para la evaluación de las políticas en materia de niñas, niños y adolescentes, así como de las directrices para la asignación de recursos suficientes en los presupuestos de los integrantes del sistema nacional, en sus diferentes órdenes de gobierno, para el cumplimiento de sus acuerdos, resoluciones, y demás documentos normativos de naturaleza análoga; así como se exhorta al centro de Estudios de las Finanzas Públicas y al de Estudios Sociales y de Opinión Pública a que desarrollen un análisis integral conjunto y lo hagan público sobre los impactos presupuestales en los diferentes ámbitos de gobierno sobre la implementación de los lineamientos obligatorios del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes así como en el establecimientos de políticas públicas con impacto presupuestal en los diferentes planes estatales de desarrollo, lo anterior bajo la siguiente:

Exposición de motivos

Que la creación del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes responde al mandato de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ; con ello, se formaliza un mecanismo que tiene como una de sus principales atribuciones, generar una nueva manera de realizar políticas públicas desde el más alto nivel de decisión gubernamental donde todas las niñas, niños y adolescentes puedan exigir y ejercer sus derechos humanos, ya no como objetos de protección, sino como responsables de decidir y opinar lo que consideran mejor para ellas y ellos.

La iniciativa de decreto por la que se crea la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes fue presentada en la sesión del 19 de marzo de 2013 por integrantes de la Comisión de Derechos de la Niñez de la LXII Legislatura y diversos diputados y diputadas de distintos grupos parlamentarios; fue turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Que con fecha 7 de abril de 2014, el director general del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, licenciado Raúl Mejía González, mediante oficio CEFP/DG/0218/14 dio respuesta a la solicitud hecha por la diputada Miriam Cárdenas Cantú, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, en el oficio CDD-CDH-LXII-931-13, respecto al impacto presupuestal de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, generando el documento de trabajo valoración del impacto presupuestario CEFP/IPP/101.2/2013 Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes llegando a las siguientes conclusiones:

Que el análisis revela que el impacto presupuestario de aprobación de la Ley General en comento, en su conjunto, ascendió a 250 millones de pesos, mismos que a la luz del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2014 sólo impactó en dos de los siete rubros.

Esta Ley General tiene sustento en lo establecido en el Dictamen de la Comisión de Derechos de la Niñez presentado con fecha 16 de octubre de 2014 y publicado en la Gaceta Parlamentaria de fecha 22 de octubre del mismo, en relación con la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se expide Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

El dictamen fue presentado y aprobado ante el pleno de esta Cámara de Diputados el 23 de octubre de 2014 con 420 votos en pro, 1 en contra y 10 abstenciones, mismo que fue turnado y aprobado en la Cámara de Senadores con 73 votos en pro, 6 en contra y 2 abstenciones, el jueves 6 de noviembre de 2014; con fecha 4 de diciembre de 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación Decreto por el que se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.

La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como objetivos generales:

I. Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en los términos que establece el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte;

III. Crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados;

IV. Establecer los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como las facultades, competencias, concurrencia y bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; y la actuación de los Poderes Legislativo y Judicial, y los organismos constitucionales autónomos, y

V. Establecer las bases generales para la participación de los sectores privado y social en las acciones tendentes a garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como a prevenir su vulneración.

Así, dando cumplimiento a lo establecido por la Ley en comento, con fecha 2 de diciembre del año 2015 se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria y de Instalación Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes firmando el acta el presidente de la república, licenciado Enrique Peña Nieto, el secretario de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, así como los titulares de las dependencias federales y gobernadores de todas las entidades federativas.

En esta Acta de Instalación y Primera Sesión Ordinaria se establecieron una serie de prioridades:

Primera Prioridad. La elaboración de un Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes que defina con claridad las acciones entre poderes y órdenes de gobierno.

Segunda Prioridad. La creación del Sistema Nacional de Información sobre niñas, niños y adolescentes con la finalidad de crear una base de datos con respecto de las acciones emprendidas en cada orden de gobierno y contar así con instrumentos de medición y evaluación de éstas.

Tercera Prioridad. La coordinación plena entre el Sistema Nacional y los demás sistemas nacionales gubernamentales, con la finalidad de cumplir el mandato de la ley de establecer en los diferentes órdenes de gobierno una réplica de los que a nivel federal se hace.

Cuarta Prioridad. Realizar una armonización legislativa acorde a lo que establece la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

De esta forma, el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes contará con actores sustanciales y elementos de actuación:

a) Un Sistema Nacional y Secretaría Ejecutiva instalados.

b) Una Procuraduría Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

c) Un Consejo Consultivo del Sistema Nacional.

d) 32 Leyes, sistemas, secretarías ejecutivas y procuradurías estatales instaladas.

e) Mil 125 sistemas y secretarías ejecutivas municipales instaladas.

La Secretaría Ejecutiva tiene, entre otras, las atribuciones siguientes:

-Apoyar al Sistema Nacional de Protección Integral en la ejecución y seguimiento de los acuerdos y resoluciones emitidos;

-Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación con instancias públicas y privadas, nacionales e internacionales;

-Administrar el Sistema Nacional de Información sobre niñas, niños y adolescentes a nivel nacional;

-Asesorar y apoyar a los gobiernos de las entidades federativas, así como a las autoridades federales que lo requieran para el ejercicio de sus atribuciones;

-Coordinar con las Secretarías Ejecutivas de los Sistemas de las Entidades la articulación de la política nacional, así como el intercambio de información necesaria.

Con las competencias dadas a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional, el marco de la Segunda Sesión Ordinaria del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes con fecha 18 de agosto de 2016 se aprobó la creación de un grupo interinstitucional que colabore en el diseño de los lineamientos para la evaluación de las políticas en la materia de Niñas, Niños y Adolescentes, así como en las directrices o guías para la asignación de recursos suficientes en los presupuestos de los integrantes del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes , para el cumplimiento de sus acuerdos, resoluciones, recomendaciones, y demás documentos normativos de naturaleza análoga.

De igual forma,

Así, se fija la responsabilidad a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de coordinar el grupo de trabajo.

En este tenor, mediante el acuerdo 10/2016, dentro de la misma Segunda Sesión Ordinaria , se aprobó el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, fijándose los Objetivos Nacionales de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Propuesta de Política Nacional:

Se han establecido 25 Objetivos Nacionales a cumplir en 2025, impactando a 40 millones de Niñas, Niños y Adolescentes.

Que en el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura se aprobó, en la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, con fecha 24 de agosto de 2016, dictamen con punto de acuerdo que exhorta a diversas autoridades de los tres ámbitos de gobierno preveer los recursos necesarios para la operación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

En éste, en sus resolutivos Segundo y Tercero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones de la Ciudad de México, a que consideren destinar recursos necesarios para atender los objetivos del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en el ámbito de sus respectivas competencias, así como solicitar al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados realizar un estudio que contemple la proyección sobre los recursos requeridos en la próxima década para dar cumplimiento al Sistema en comento.

Así, en este contexto, ya fijados los Objetivos Nacionales así como las responsabilidades tantos de dependencias federales como de los distintos órdenes de gobierno.

Por lo expuesto y dando puntual atención a una petición ciudadana, me permito someter esta proposición al leno de la Cámara, con el siguiente:

Punto de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que con base en los acuerdos tomados en la segunda sesión ordinaria del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes haga del conocimiento público los avances sobre los lineamientos para la evaluación de las políticas en materia de niñas, niños y adolescentes, así como de las directrices para la asignación de recursos suficientes en los presupuestos de los integrantes del sistema nacional, en sus diferentes órdenes de gobierno, para el cumplimiento de sus acuerdos, resoluciones, y demás documentos normativos de naturaleza análoga.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al centro de Estudios de las Finanzas Públicas y al de Estudios Sociales y de Opinión Pública a que desarrollen un análisis integral conjunto y lo hagan público sobre los impactos presupuestales en los diferentes ámbitos de gobierno sobre la implementación de los lineamientos obligatorios del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como en el establecimientos de políticas públicas con impacto presupuestal en los diferentes planes estatales de desarrollo.

Diputado Alfredo Bejos Nicolás (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a difundir el destino de los recursos asignados al Programa de Fomento a la Agricultura, componente Proagro Productivo, a cargo del diputado Armando Rivera Castillejos, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Armando Rivera Castillejos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones III y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a informar a la opinión pública sobre el destino de los recursos asignados al Programa de Fomento a la Agricultura, componente Proagro Productivo, con base en las siguientes

Consideraciones

Primera. El 30 de junio de 2017, la Auditoría Superior de la Federación presentó la primera entrega de informes individuales de la Cuenta Pública de 2016. En el sector de desarrollo rural pesca y alimentación elaboró la auditoría financiera y de cumplimiento (16-0-08100-02-0288 288-DE), cuyo objetivo es fiscalizar la gestión financiera de los organismos que reciban y administren recursos públicos.

Segunda. La muestra auditada de 10 796 980.4 miles de pesos representa 99.5 por ciento de los recursos ejercidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en el ejercicio de 2016 en el programa S259, Programa de Fomento a la Agricultura, mediante el componente Proagro Productivo, los cuales se aplicaron en la partida 43101, “Subsidios a la producción”.

Tercera. Como parte del dictamen de dicha revisión, el 29 de mayo de 2017 la auditoría determinó el que se presentaron las siguientes irregularidades: “Falta de control en el otorgamiento y seguimiento de los apoyos, lo cual originó que se efectuaran pagos en demasía por 47 mil 424.0 miles de pesos debido a que se autorizaron incentivos por superficies superiores o en estratos distintos de los que correspondían; se pagaron apoyos por 4 mil 637.3 miles de pesos a personas que fallecieron con anterioridad a la fecha en que se autorizaron, así como a 174 servidores públicos sin demostrar que, en su caso, se hayan excusado de intervenir en las actividades directamente vinculadas con los asuntos relacionados con el componente, situaciones que contravienen la normativa aplicable al componente; en la base de datos se reportó que 25 mil 64 beneficiarios no acreditaron la vinculación del incentivo por 79 mil 498.1 miles de pesos; en la delegación estatal de la Sagarpa en Puebla se identificaron tres predios que recibieron apoyos por 58.4 miles de pesos en los que se sembró un cultivo distinto, así como un caso por 56.0 miles de pesos que al momento de la verificación física el predio no contaba con indicios de haber sido sembrado; además, un beneficiario no presentó la vinculación del incentivo por 16.0 miles de pesos y no se cuenta con el expediente que acreditara la elegibilidad de un beneficiario apoyado por 56.0 miles de pesos”

(http://www.asf.gob.mx:8081/Informe.aspx Número de auditoria: 208).

Cuarta. El 19 de julio de 2017 presenté ante la Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta respetuosamente al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a aclarar el destino de los recursos asignados al Programa de Fomento a la Agricultura, principalmente en el componente Proagro Productivo.

Quinta. La proposición con punto de acuerdo fue turnada el mismo día para estudio y dictamen a la Tercera Comisión de la Permanente correspondiente al segundo receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión.

Sexta. El 1 de agosto de 2017, la Tercera Comisión aprobó por unanimidad el punto de acuerdo, que se mantuvo por varias sesiones en la agenda de discusión y votación de la Comisión Permanente. No obstante, la conclusión del periodo de sesiones impidió su aprobación por el pleno, por lo que la propuesta de acuerdo se archivó en los expedientes de dicho órgano.

Séptima. En la antesala de la discusión y votación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Presupuestal de 2018, es indispensable que la Cámara de Diputados tenga claridad respecto a uno de los rubros más destacados del gasto social, el Proagro Productivo.

Por lo expuesto y fundado me permito presentar a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a informar a la opinión pública sobre el destino de los recursos asignados al Programa de Fomento a la Agricultura, componente Proagro Productivo.

Cámara de Diputados, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2017.

Diputado Armando Rivera Castillejos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a destinar los recursos del Programa de Empleo Temporal a tareas de reconstrucción de las entidades siniestradas por los sismos del 7, 19 y 23 de septiembre, con prioridad a los damnificados, a cargo del diputado Francisco Xavier Nava Palacios, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado Francisco Xavier Nava Palacios, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79 numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, al tenor de los siguientes hechos y consideraciones:

HECHOS

1. El sismo de magnitud 8.2 con epicentro a 133 km al suroeste de Pijiapan, Chiapas, ocurrido a las 23:49:18 horas (tiempo del centro de México) del día 7 de septiembre del presente año, dejó severos daños en el estados de Oaxaca y Chiapas dejando un total de 98 personas fallecidas y 1’479,000 damnificados.

2. Se dio a conocer de forma pública el día 24 de septiembre que debido a este sismo, el Gobierno Federal tiene el reporte de que 110 mil inmuebles resultaron con daños, por lo que deberán de construirse o repararse en Oaxaca y Chiapas1 .

De igual forma informa que el estado de Oaxaca es el que más daños presenta en su infraestructura e inmuebles al contabilizarse al menos 57 mil, mientras que en Chiapas se contabilizan 53 mil 395 negocios y viviendas con daños.

3. En el mismo mes, un sismo de magnitud 7.1 con epicentro a 133 km al suroeste de Axochiapan, Morelos, ocurrió a las 13:40:14 horas (tiempo del centro de México) del día 19 de septiembre del presente año, cobró la vida de 198 personas en la Ciudad de México, 74 en Morelos, 45 en Puebla, 13 en el Estado de México, 6 en Guerrero y una en Oaxaca, y dejó cuantiosos daños materiales.

4. A través de medios de comunicación se reportó que, de acuerdo al último informe proporcionado por Protección Civil y el Gobierno de la Ciudad de México, se derrumbaron 38 edificios 2 Aunado a eso, más de 3,400 estructuras resultaron dañadas. Decenas de ellas tienen daños irreparables o están semicolapsadas, por lo que representan un riesgo para los rescatistas y los habitantes3 .

5. En declaraciones de Matías Quiroz Medina secretario de Gobierno del estado de Morelos, el funcionario señaló que hay más de 10 mil viviendas “con daños importantes” y otras 10 mil que presentan daños “mucho más graves” 4 .

6. El gobernador del Estado de Puebla José Antonio Gali Fayad, aseguró que los municipios de Puebla, Atlixco y la región de la Mixteca presentan mayores daños, siendo el municipio de Tehuitzingo uno de los más dañados de la Mixteca, debido a que muchas casas se encuentran a punto de desplomarse por las fuertes grietas que registran, además de que negocios también fueron dañados.5

6. En declaraciones del Presidente de México, Enrique Peña Nieto calcula que los daños materiales que dejaron los sismo del 7 y 19 de septiembre ascienden a 38 mil, 150 millones de pesos, El mandatario explicó, que 16 mil 500 millones de pesos son en el rubro de vivienda, 8 mil millones de pesos en patrimonio cultural y más de 13 mil millones de pesos que se deberán destinar para reconstruir las escuelas dañadas de 10 estados 6 .

7. El día 23 de septiembre se presentó un sismo de magnitud 5.6 grados en la escala de Richter con epicentro en el estado de Oaxaca cuyos efectos aún no terminan de calcularse con precisión.

CONSIDERACIONES

1. Que en estos tiempos de tragedia, la solidaridad de los mexicanos se ha hecho presente. Miles de ciudadanos se aprestaron a servir de manera organizada como voluntarios en tareas de rescate, acopio de víveres o en la coordinación de los albergues para los damnificados.

2. Que la mayoría de los brigadistas son estudiantes, obreros y amas de casa, varios de ellos afectados directamente, ya sea por que perdieron su patrimonio o por que sus centros de trabajo fueron declarados inoperantes, dejandolos en el desempleo como en caso de la delegación Benito Juárez, que prohibió los trabajos en obras de construcción mientras se mantenga la declaratoria de desastre en la Ciudad de México7 .

3. Que las tareas de reconstrucción no son fáciles y por lo tanto requieren del trabajo en conjunto entre la sociedad civil y el apoyo del gobierno, siendo esto una gran oportunidad para devolverle la credibilidad a los ciudadanos en sus instituciones públicas, que estas tareas de reconstrucción se hagan bajo un modelo de total transparencia y sirvan de pilar para la cohesión social que tanto urge a nuestra nación.

Por lo expuesto anteriormente, se somete a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo y a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que los recursos del Programa de Empleo Temporal sean destinados de forma inmediata en tareas de reconstrucción de los estados siniestrados por los sismos de los días 7, 19 y 23 de septiembre del presente año dando prioridad a las personas damnificadas.

Honorable Congreso de la Unión a los 10 días de octubre de 2017.

Atentamente

Diputado Francisco Xavier Nava Palacios (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la aplicación de recursos del Fondo Regional a obras de infraestructura en Chiapas y Oaxaca, afectados por el sismo del 7 de septiembre, suscrita por los diputados Natalia Karina Barón Ortiz y Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Los suscritos, diputados Natalia Karina Barón Ortiz y Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, diputados a la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo a la aplicación de recursos del fideicomiso Fondo Regional a obras de infraestructura en los estados de Chiapas y Oaxaca afectados por el sismo del 7 de septiembre al tenor de las siguientes

Consideraciones

Como fuente de recursos adicionales y con el objeto de apoyar a los diez estados con menor índice de desarrollo humano (salud, educación e ingreso), surge en 2007 el Fondo Regional (Fonregión), con una asignación presupuestal de 2 mil millones de pesos, destinados a programas y proyectos de inversión en busca de mantener e incrementar el capital físico o la capacidad productiva, o ambos, así como a impulsar el desarrollo regional equilibrado mediante infraestructura pública y su equipamiento, actualmente establecido en el artículo 9, fracción I, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017.

El Fondo Regional, ha evolucionado año con año, pasando de 2 mil millones de pesos en 2007, a tener más de 7 mil 192 millones de pesos en 2016, hasta verse disminuido a poco más de 2 mil 315 millones de pesos en 2017, montos que deben ser utilizados preferentemente mediante programas y/o proyectos de inversión en infraestructura carretera, inversión en salud y/o en educación.

Dentro de las reglas de operación se establece que 50 por ciento de los recursos del fondo se destinará a los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, y el restante 50 por ciento a las siete entidades federativas con menor índice de desarrollo humano, es decir, $1,157,799,902.00 millones de pesos correspondientes a Chiapas, Guerrero y Oaxaca por ser los tres estados con menor índice de desarrollo humano de todo el país.

El pasado jueves 7 de septiembre de 2017 a las 23:49:18 horas (tiempo del Centro de México), se suscitó un terremoto de 8.2 grados en escala de Richter, a 133 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, Chiapas, el más grande registrado en los últimos 100 años, que causó incontables pérdidas materiales y lamentablemente también pérdidas humanas en diversos municipios del estado de Oaxaca y Chiapas, dos de los estados con menor índice de desarrollo humano.

La situación en los estados afectados es realmente preocupante, alarmante y desoladora, la gente ha perdido seres queridos, han perdido sus viviendas, monumentos históricos se han visto severamente afectados, muchos hospitales se encuentran inoperantes y la gente no puede recibir atención médica, muchas escuelas se han desplomado y las que siguen en pie son un peligro latente, por lo que los niños y jóvenes no pueden recibir clases, los caminos hacia comunidades alejadas se encuentran bloqueados a causa de los derrumbes y esto impide que la ayuda humanitaria pueda llegar a quienes más lo necesitan.

Al día de hoy, 96 personas han perdido la vida, el número de damnificados en los estados afectados asciende a más de 2.3 millones, 800 mil de ellos tan solo en Oaxaca, siendo 41 municipios los más afectados y más de 1.4 millones de damnificados tan solo en Chiapas, con afectaciones en 82 municipios.

El Fondo Regional fue creado para apoyar a los estados con menor índice de desarrollo humano, dentro de los cuales se encuentran Chiapas y Oaxaca, mismos que en estos momentos se encuentran en estado de necesidad y emergencia, por lo que la implementación de estos recursos de manera directa en las zonas afectadas, coadyuvaría de manera importante para que los apoyos lleguen de manera más rápida, los servicios básicos puedan restablecerse a la brevedad, inicien los trabajos de reconstrucción de lo perdido y las familias afectadas puedan recuperar la tranquilidad y en el corto plazo puedan reincorporarse a sus actividades cotidianas.

Por otra parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe realizar una modificación integral de los Lineamientos de Operación del Fondo Regional, a fin de que éste pueda fungir como apoyo complementario para construir, reconstruir y/o rescatar obras de infraestructura que hayan sufrido daños o, en su caso, la pérdida total de estas a causa del terremoto en cuestión.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al secretario de Hacienda y Crédito Público, para que, a través de la Unidad de Política y Control Presupuestario, haga del conocimiento público los avances en el ejercicio y aplicación de los recursos del Fondo Regional en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a analizar y evaluar el destino de recursos del fideicomiso Fondo Regional que aún no han sido asignados y sean destinados para la reconstrucción y rehabilitación de obras de infraestructura en los estados de Chiapas y Oaxaca afectados por el sismo del 7 de septiembre.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, a través de la Unidad de Política y Control Presupuestario, analice y efectúe las modificaciones que requieran los Lineamientos de Operación del Fondo Regional para que funja como apoyo complementario para la reconstrucción y rehabilitación de la infraestructura en los estados de Chiapas y Oaxaca afectados por el sismo del 7 de septiembre.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2017.

Diputados: Natalia Karina Barón Ortiz, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (rúbricas).

Con punto de acuerdo, relativo a suscribir un convenio con el gobierno de Michoacán para controlar de modo efectivo el cambio de uso de suelo y la pérdida de bosques en la entidad, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, Jesús Sesma Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El ecosistema forestal es uno de los más importantes y frágiles con que cuenta el país: según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), cuenta con aproximadamente 64 millones de hectáreas de bosques de clima templado y selvas que abarcan 32 por ciento del territorio nacional. Adicionalmente, México cuenta con 56 millones de hectáreas de matorrales y cerca de 2 millones de hectáreas de vegetación hidrófila.

Entre 30 y 35 por ciento del territorio nacional está cubierto por bosques y selvas, además de existir varios tipos de vegetación de amplia cobertura, lo que lleva a México a ser considerado dentro de los 12 países megadiversos, ya que en conjunto albergan entre 60 y 70 por ciento de la biodiversidad del planeta (Mittermeier y Goettsch, 1992).

Las existencias de dichos recursos sin duda son de gran importancia para el país desde el punto de vista social, económico y ambiental, ya que alrededor de 80 por ciento de los bosques y selvas se encuentran bajo el régimen de propiedad social, constituidos en alrededor de 8 mil 500 núcleos agrarios.

Las poblaciones que constituyen estos núcleos agrarios están vinculadas directamente con los recursos forestales para la obtención de sus principales satisfactores.

La FAO refiere además que los bosques y los árboles favorecen la agricultura sostenible ya que estabilizan los suelos y el clima, regulan los flujos de agua, ofrecen sombra y refugio y proporcionan un hábitat a los polinizadores y a los depredadores naturales de plagas agrícolas. Cuando se integran con sensatez en los territorios agrícolas, los bosques y los árboles permiten, por tanto, aumentar la productividad de la agricultura.

Los bosques y los árboles también ayudan a garantizar la seguridad alimentaria de millones de personas, para quienes constituyen importantes fuentes de alimentación, energía e ingresos.

Asimismo, estima que la remoción anual de madera es del orden de 56 millones de metros cúbicos por año y que se utilizan más de mil 500 productos forestales no maderable. Adicionalmente, varios centros urbanos dependen en gran medida de los servicios ambientales que generan los bosques aledaños, así como para la protección del agua y del suelo.

La contribución directa del sector forestal es de 5 mil millones de dólares por año y genera alrededor de 100 mil empleos permanentes cuyo sueldo es entre 3 y 4 veces superior al sueldo derivado de actividades agropecuarias.

Los problemas principales del sector forestal son

I. Inseguridad en la tenencia de la tierra;

II. Organización insuficiente de los ejidos y comunidades como unidades de producción forestal comercial;

III. Sobreexplotación localizada del recurso;

IV. Un comercio exterior de productos forestales con un balance negativo de 12 mil millones de pesos por año;

V. Un sector privado con una crisis de competitividad internacional;

VI. Degradación del medio ambiente;

VII. Un inadecuado marco institucional y legal para promover la producción forestal sustentable, lo que resulta en altos costos de transacción, caracterizado además por una falta de continuidad administrativa y de políticas; y, sin duda,

VIII. La agricultura, que sigue siendo el principal factor de la deforestación a nivel mundial y, a menudo, las políticas agrícolas, forestales y de tierras no están armonizadas.

Precisamente en este rubro, el tema que nos ocupa con particularidad es el crecimiento acelerado de superficie forestal sembrada en Michoacán, que, según datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, creció 335.59 por ciento, lo que representa un aumento de 30 mil 979 a 134 mil 941 punto 76 hectáreas dedicadas a la cosecha de aguacate.

Dichas cifras brindan un panorama de los posibles daños causados al ecosistema forestal del estado, pues de los 5.8 millones de hectáreas que componen su territorio, alrededor de 4.2 millones de hectáreas son de vocación forestal; es decir, 72 por ciento de su superficie es preponderantemente bosque.

La superficie arbolada representa 2.2 millones de hectáreas de bosques y selvas, generándose en ella más de 60 mil empleos, y una derrama económica de aproximadamente mil 250 millones de pesos por la venta de productos maderables y resina.

Derivado de la importancia y fragilidad referidas, las autoridades ambientales han dirigido parte importante de sus labores a la consolidación de políticas públicas encaminadas a la efectiva protección y conservación de dichos recursos, sin embargo, la realidad rebasa las acciones emprendidas por éstas.

El marco legal en materia ambiental con que contamos se ha venido fortaleciendo, principalmente en el rubro de participación y coordinación entre las autoridades ambientales de los diferentes niveles de gobierno, por lo que, en casi todas las leyes en la materia se establecen atribuciones de cada autoridad, incluida la posibilidad de establecer y ejecutar convenios de participación y colaboración entre la federación y los estados para poder garantizar la ejecución de acciones que verdaderamente abonen a la protección de los recursos forestales.

En el caso de Michoacán, tenemos conocimiento de que, ante el crecimiento irregular del cambio de uso de suelo en materia forestal para convertirlo en agrícola, no ha habido colaboración institucional para poner un alto a dicha situación.

Hay una creciente preocupación por las autoridades ambientales de Michoacán en el sentido de que las acciones que se realizan en materia de recuperación de bosques y eliminación de cambios de uso del suelo forestal, así como de control a tala clandestina, se ven limitadas por índole de competencias y atribuciones de dichas autoridades, desestimando la existencia de un pacto federal en el que el gobierno estatal actúa en defensa de los intereses generales de su población y del derecho colectivo a un ambiente sano, consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ante dicha circunstancia, y atendiendo a la relevancia de los recursos ambientales que se encuentran en peligro inminente de ser afectados por la falta de una efectiva acción por las autoridades ambientales, el Partido Verde Ecologista de México considera pertinente hacer un llamado a las autoridades ambientales federales a efecto de que se consoliden las políticas, los programas, los convenios o las acciones que se consideren pertinentes para garantizar la conservación de los bosques del país.

Por lo expuesto y fundado se somete a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades ambientales federales a suscribir con el gobierno de Michoacán un convenio que, teniendo como principio básico la coordinación entre la federación y las entidades federativas, permita consolidar jurídicamente las acciones encaminadas a controlar de modo efectivo el cambio de uso de suelo en materia forestal y la pérdida de bosques en la entidad, con base en el acuerdo 390 aprobado por el Congreso del estado el 24 de mayo de 2017.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, a 5 de octubre de 2017.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, José de Jesús Galindo Rosas, Daniela García Treviño, Edna González Evia, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Lía Limón García, Nancy López Ruiz, Uberly López Roblero, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Samuel Rodríguez Torres, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Francisco Alberto Torres Rivas, Claudia Villanueva Huerta y Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, relativo a garantizar la seguridad de inmuebles afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre respecto a invasiones y rapiña, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Germán Ernesto Ralis Cumplido diputado del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de la Ciudad de México, Puebla, Morelos, estado de México, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, estados afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre, a que garanticen la seguridad de los inmuebles afectados respecto a actos de invasión de predios y rapiña, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

El pasado 19 de septiembre se cumplieron 32 años del sismo de 1985, fecha que a partir de 2017 será recordada también por un segundo sismo de magnitud de 7.1 que devastó estados como la Ciudad de México, Puebla, Morelos, Estado de México y Guerrero.1

En una entrevista para MVS Radio, el titular del Ejecutivo indicó que a raíz del sismo existen en los estados afectados 9,722 edificios con algún grado de daño y que de esos, 1,632 son pérdida total, de esos, son 279 las escuelas que resultaron afectadas, y 30 que tuvieron que ser derrumbadas.2

Hasta el 2 de octubre, la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, indicó que la cifra de cuerpos recuperados en todo el país está en 363; de estos, 222 son de la Ciudad de México, 74 de Morelos, 45 en Puebla, 13 del Estado de México, seis en Guerrero y uno en Oaxaca.3

De acuerdo al jefe de gobierno de la Ciudad de México existen más de 3 mil inmuebles con algún tipo de daño, 500 de los cuales se encuentran en código rojo, lo cual quiere decir que pese a que no colapsaron se encuentran en riesgo y tendrán que ser demolidos.4

En Morelos el Gobernador Graco Ramírez informó que existen alrededor de 20 mil casas dañadas en 20 de los 33 municipios de la entidad.5

Puebla cuenta con 1700 vivienda dañadas de las cuales una cuarta parte sería pérdida total, la mayoría dentro del corredor de Atlixco, Izúcar y la Mixteca. En comunidades como Alpanocan, Santa Cruz y Tecuanipan se estiman daños en el 80, 70 y 50 por ciento de las viviendas.6

En Oaxaca el gobernador Alejandro Murat y la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, indicaron que en los 41 municipios del Istmo de Tehuantepec, tienen detectadas 59,000 viviendas con deterioros; Protección Civil de Huajuapan de León reportó afectaciones en 1,746 viviendas, 49 escuelas, 8 edificios municipales, 38 comercios y 14 iglesias.7

La cantidad de damnificados es enorme, sin embargo, el haber perdido su patrimonio no es el único problema al que se enfrentan, ya que en los estados afectados por el sismo las personas que perdieron o tienen inmuebles dañados viven con el miedo de ser invadidos o ser presa de la rapiña; mal que tienen que enfrentar muchas veces solos.

En Puebla los damnificados viven en las calles cerca de sus casas por el miedo a la rapiña. En refugios improvisados con bolsas negras y lonas recicladas, para permanecer cerca de las pertenencias que pudieron rescatar tras el sismo. En el municipio de Metepec, se instalaron albergues los cuales no se dan abasto, ya que se estima que el 80 por ciento de las viviendas resultaron con diversos daños que van desde los más leves hasta derrumbes; Aunque las personas tienen miedo de asistir ya que no existe quien les garantice la seguridad de sus pertenencias porque ya se han dado casos de rapiña en el municipio.8

El presidente auxiliar de la comunidad de Tecuanipan, la cual se encuentra a las faldas del Popocatépetl, mencionó que nadie se quiere ir a los alberges instalados en la comunidad vecina de Tochimilco. Ya que temen perder sus cosas, que les roben lo poco que salvaron del temblor.9

Considerandos

La seguridad pública es responsabilidad del Estado, como lo marca el artículo 21 de nuestra Constitución Política, el cual establece que: “...La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos...”.10

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, regula el artículo 21 constitucional y en su artículo 2 indica la protección del estado a la población:

“La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos...” 11

Sin embargo, pese a que es un derecho consagrado en la Constitución en Juchitán Oaxaca los vecinos a tres días del sismo tuvieron que instalar barricadas para protegerse de la rapiña, en el municipio cuentan con 287 policías que no portan armas, por lo que la población civil se ha tenido que defender como puede, ante actos delictivos como la rapiña.12

En la colonia Cuauhtémoc vecinos comentan que en algunos edificios tuvieron que regresar a sus departamentos los cuales no tienen daños estructurales pero son peligrosos hasta que no tengan la reparación adecuada, sin embargo, estaban siendo invadidos y la rapiña estaba haciendo aparición. Esta colonia fue una de las más afectadas en la Ciudad de México con 52 edificios dañados13 y es común ver edificios acordonados con cinta plástica en color rojo o amarillo, los cuales indican que presentan algún tipo de daño; pero hasta ahora nadie les ha brindado la seguridad de sus predios o sus pertenencias.

Varias de las colonias con inmuebles dañados en la Ciudad de México han hecho lo mismo que en el estado de Puebla y Oaxaca, viven en campamentos improvisados afuera de los inmuebles, para garantizar que no invadan sus predios o que les roben lo que han podido rescatar.

Los actos de rapiña e invasiones no se han hecho esperar y después de haber perdido todo o casi todo, no es justo que sean los mismos afectados los que tengan que encargarse de la seguridad de sus inmuebles, eso es responsabilidad del gobierno, garantizar la seguridad es un trabajo que le corresponde al estado y más en casos de emergencia como esté, no podemos dejar solos a los damnificados, no importa de qué entidad federativa son lo importante es que nos necesitan y es nuestro deber ayudarlos.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del Pleno de esta Soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los gobiernos de la Ciudad de México, Puebla, Morelos, Estado de México, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, estados afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre, a que garanticen la seguridad de los inmuebles afectados respecto a actos de invasión de predios y rapiña.

Notas

1 Redacción de Animal Político. (2017) Una pesadilla: así las afectaciones por el sismo en los estados. Animal Político. En línea. http://www.animalpolitico.com/2017/09/sismo-de-magnitud-7-1-deja-al-men os-una-docena-de-edificios-derrumbados/

2 Expansión CNN. (2017) Los estragos materiales de los sismos en Puebla, Morelos y Oaxaca. Expansión en alianza con CNN. En línea: http://expansion.mx/nacional/2017/09/21/los-estados-de-mexico-enfrentan -los-estragos-materiales-del-sismo

3 Redacción de Animal Político. (2017) Sismo de magnitud 7.1 deja 363 muertos en CD. MX., Morelos, Puebla, Estado de México y Guerrero. Animal Político. En línea.

http://www.animalpolitico.com/2017/10/sismo-muertos-cdmx -morelos-puebla-edomex-guerrero/

4 Redacción de Animal Político. (2017) Sismo deja más de 3 mil edificios dañados en la CDMX; decenas tendrán que ser demolidos. Animal Político. En línea.

http://www.animalpolitico.com/2017/09/edificios-danados- cdmx-sismo/

5 Redacción de Animal Político. (2017) Sismo de magnitud 7.1 deja 363 muertos en CD. MX., Morelos, Puebla, Estado de México y Guerrero. Animal Político. En línea.

http://www.animalpolitico.com/2017/10/sismo-muertos-cdmx -morelos-puebla-edomex-guerrero/

6 Ídem.

7 Expansión CNN. (2017) Los estragos materiales de los sismos en Puebla, Morelos y Oaxaca. Expansión en alianza con CNN. En línea:

http://expansion.mx/nacional/2017/09/21/los-estados-de-m exico-enfrentan-los-estragos-materiales-del-sismo

8 Redacción de Animal Político. (2017) Puebla: albergues improvisados y miedo a rapiña mantienen a damnificados durmiendo en las calles. Animal Político. En línea.

http://www.animalpolitico.com/2017/09/puebla-albergues-d amnificados-calles/

9 Ídem.

10 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf

11 Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNSP_26061 7.pdf

12 Roselia Chaca. (2017). Damnificados por sismo se organizan contra rapiña. El Universal. En línea:

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/damnificad os-por-sismo-se-organizan-contra-rapina

13 Redacción de Animal Político. (2017) Sismo deja más de 3 mil edificios dañados en la CDMX; decenas tendrán que ser demolidos. Animal Político. En línea.

http://www.animalpolitico.com/2017/09/edificios-danados- cdmx-sismo/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2017.

Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a implantar políticas, acciones y estrategias efectivas en materia de prevención del delito y política criminal, a cargo del diputado Luis Alfredo Valles Mendoza, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, Luis Alfredo Valles Mendoza, diputado integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 2 y 79, numerales 1, fracción II y 2, fracción I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En los últimos veinte años, la inseguridad se ha constituido como uno de los grandes problemas que México ostenta; por un lado se manifiesta en la incertidumbre que vive la población afectada por el gradual aumento de hechos delictivos, además del incremento de la presencia del crimen organizado, situación que se ve reflejada a diario en la violencia que acompaña estos hechos.

En nuestro país, los delitos se clasifican en dos modalidades: el del fuero común y el del federal. En la primera instancia se incluyen todos aquellos hechos delictivos que afectan de forma habitual a la población, como el robo, los homicidios, las violaciones, entre otros. En suma, este tipo de delitos representan más del 90 por ciento de la actividad delincuencial.

El crimen común es la principal amenaza que los mexicanos sufren, sin importar distinciones de clases. Hoy en día es un hecho que los cuerpos de seguridad pública y policial no logran reducir los índices de delito.

De acuerdo a datos proporcionados por el Semáforo Delictivo, el primer trimestre de 2017, que comprende de enero a marzo, fue el peor en cuanto a hechos delictivos cometidos en la historia de México.1 Las cifras arrojan un aumento del 30 por ciento de homicidios,2 un incremento del 11 por ciento en robo de automóviles3 y una crecida de 36 puntos porcentuales en cuanto al robo a negocio -durante el periodo antes mencionado.4

Asimismo, se señala que marzo fue el mes con más víctimas de homicidios dolosos, utilizando en el 64. 5 por ciento de los delitos un arma de fuego. Además, que cada 5 minutos con 40 segundos se presentó un robo a negocio. Por último, que el Estado de México, Coahuila y Nayarit registraron más brotes de violencia.5

Por su parte, el Observatorio Nacional Ciudadano, Seguridad, Justicia y Legalidad, en su Reporte Sobre Delitos de Alto Impacto, Marzo 2017, asienta que en ese mes los secuestros del fuero federal y común crecieron en 31.48 por ciento con respecto al mismo mes del año pasado. El promedio diario de secuestros fue de 4.58, lo que indica un incremento de 12.51 por ciento respecto a febrero del presente año.6

En cuanto a las extorsiones, el reporte en comento indica un incremento del 21.82 por ciento en comparación con marzo de 2016.7 Ahora bien, en lo que respecta al robo con violencia, se registró un aumento de casos; comparando marzo de 2017 con marzo de 2016, se tiene un incremento de 31.50 por ciento de incidencia. Todos los días de marzo, en promedio, se registraron 603.94 robos con violencia; esto es, un aumento del 2.72 por ciento respecto al mes de febrero del presente año.8

Un ejemplo de inseguridad lo constituye la Ciudad de México; como lo señalan las cifras publicadas por el portal Animal Político, donde se observa que la capital del país es la demarcación más insegura en el país. En el portal se advierte que las denuncias por robo han llegado a su nivel más alto en 5 años. Tan solo en el primer trimestre de 2017 se efectuaron casi 23 mil 400 asaltos de todo tipo, un promedio de 260 nuevos robos a diario.9

También se indica que en todo el país se denunciaron 160 mil 802 robos de todo tipo, lo que corresponde a una tasa 130 casos por cada cien mil habitantes. No obstante, en la Ciudad de México, en ese mismo periodo, se tiene registro de 23 mil 304 robos, lo que representa una tasa de 265 hechos delictivos por cada cien mil habitantes.10

Con estos datos se puede evidenciar que la tasa de robos en la capital duplica la tasa nacional e, incluso, en algunas delegaciones es hasta cinco veces mayor. Lo anterior significa que la probabilidad de sufrir un asalto se duplica en la Ciudad de México en comparación con el resto del país.

Del mismo modo, la población en México ha sido testigo de la creciente ola de inseguridad a lo largo y ancho de nuestro territorio. Basta mencionar el caso de la autopista México-Puebla, donde una familia fue asaltada durante su paso por la caseta de cobro de San Martín Texmelucan; indignante situación en la que los asaltantes violaron a una mujer y a una joven de 14 años. Además de dispararle a un bebé y golpear al padre.

En este mismo tenor se encuentran los hechos ocurridos en el municipio de Nezahualcóyotl, donde cuatro policías y un empleado murieron durante un intento de asalto a las oficinas del Comité de Gestión Social del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

No podemos dejar de mencionar la situación que se vive derivada del robo de combustible, el cual se convirtió en fuente de financiamiento de narcotraficantes y, ahora, una forma de vida de comunidad enteras.

Sin embargo, estos son solo algunos de los miles de casos que a diario se presentan en nuestro país. La mayoría de los mexicanos conocen o han sido víctimas de algún delito, por lo que esta situación permea en la sociedad que cada vez se siente menos segura en su entorno.

Al respecto, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), advierte que durante marzo de 2017 se encontró que 72.9 por ciento de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro, lo cual es superior al nivel obtenido en marzo de 2016, cuando esta percepción fue de 69.9 por ciento.11

La inseguridad sigue siendo un pendiente de la presente administración, situación que llega a un estado de crisis, y que se ha vuelto uno de los factores principales que inciden en el crecimiento económico de México. De acuerdo con una encuesta realizada por el Banco de México a analistas sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado, la falta de seguridad se ha convertido en el principal motivo de preocupación para los factores que intervienen en la economía.12

Ante estas consideraciones no podemos negar que la seguridad pública es una demanda constante de la sociedad. Toda vez que es condición indispensable para la garantizar el bienestar de la población, así como su pleno desarrollo social, político y económico.

Por todo lo anterior, se expone la presente proposición con punto de acuerdo para que la Secretaría de Gobernación, en coordinación con las instancias encargadas del despacho de la seguridad pública, implementen políticas, acciones y estrategias efectivas en materia de prevención del delito y una efectiva política criminal, dadas las condiciones actuales de inseguridad en nuestro país.

Toda vez que salvaguardar la seguridad pública es la responsabilidad primaria y esencial del Estado. Tal como lo establece el artículo 21 constitucional que a la letra consagra:

“La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.”

Por ello, es deber de la Federación proteger y garantizar la libertad, la integridad física y el patrimonio de la sociedad, en aras de emanar las bases estructurales para un desarrollo sólido en lo económico, político y social, y así transitar hacia la legalidad, la certidumbre, la confianza, el orden y la estabilidad en nuestro país.

En este mismo tenor, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 27, faculta a la Secretaría de Gobernación para el despacho de diversos asuntos, destacando para la presente propuesta el de:

“Formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y de sus habitantes.”

En Nueva Alianza hemos planteado, desde hace tiempo, la necesidad de establecer políticas públicas efectivas en materia de fortalecimiento de la seguridad. Creemos que las transformaciones que el país requiere, en éste y otros rubros, deben estar construidas con base al esfuerzo y acuerdo de todos los actores, autoridades y representantes legítimos, en claro consenso por parte de la población.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que, en coordinación con los cuerpos de seguridad pública y policial, implementen políticas, acciones y estrategias efectivas en materia de prevención del delito y política criminal, dadas las actuales condiciones de inseguridad en nuestro país.

Notas:

1 Semáforo Delictivo en México, Marzo 2017

Recuperado de http://www.semaforo.com.mx/

2 Semáforo Delictivo, últimos 5 años homicidios en México, Marzo 2017

Recuperado de http://www.semaforo.com.mx/Semaforo/Ultimos5Anios

3 Semáforo Delictivo últimos 5 años robo a vehículo en México, Marzo 2017

Recuperado de http://www.semaforo.com.mx/Semaforo/Ultimos5Anios

4 Semáforo Delictivo últimos 5 años robo a negocio en México, Marzo 2017

Recuperado de http://www.semaforo.com.mx/Semaforo/Ultimos5Anios

5 Semáforo Delictivo en México, Marzo 2017

Recuperado de http://www.semaforo.com.mx/

6 Observatorio Nacional Ciudadano Seguridad, Justicia y Legalidad (2017) Reporte Sobre Delitos de Alto Impacto. Marzo 2017

Recuperado de http://onc.org.mx/wp-content/uploads/2017/05/ 170501mensual-marzo_2017_VF.pdf

7 Ibídem.

8 Ibídem.

9 Arturo Ángel. (03 de mayo de 2017). Las denuncias por robo en la CDMX llegan al nivel más alto en 5 años; atracos en Metro y bancos se duplicaron. Animal Político.

Recuperado de http://www.animalpolitico.com/2017/05/cdmx-delitos-crimen-robos-denunci as/

10 Ibídem.

11 INEGI. (2017). Encuesta Nacional de Seguridad Pública urbana, cifras correspondientes a marzo de 2017

Recuperado de http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/ensu/ensu2017_04.pd f

12 Banco de México (2017) Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: Abril de 2017

Recuperado de http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/result ados-de-encuestas/expectativas-de-los-especialistas/%7B1E5E25C6-BB47-18 E0-DE96-FFB90D1 E61CF%7D.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión a los 10 días del mes de octubre de 2017.

Diputado Luis Alfredo Valles Mendoza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la meta de instalar 40 mil bebederos escolares para el final de la presente administración federal, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del PES

Alejandro González Murillo, diputado coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social a la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 6 y las fracciones IV y VI del apartado 2 del artículo 79, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta, respetuosamente, al Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa y a la Secretaría de Educación Pública a proveer a que se cumpla con la meta establecida de instalar cuarenta mil bebederos escolares para el final de la presente administración del Gobierno de la República, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

El agua es un elemento fundamental para el ser humano. El acceso al agua fue reconocido como derecho humano en la Asamblea General de las Naciones Unidas en donde se estableció que todas que todas las personas deben disponer de agua suficiente, salubre, físicamente accesible, asequible y de una calidad aceptable, para uso personal y doméstico.1

El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”.

En México no se cuenta con un plan integral de gestión del vital líquido en el entorno escolar que tome en cuenta la fuente de abastecimiento de agua segura y constante, a pesar de haberse realizado la reforma correspondiente.

El 18 de marzo de 2014, se publicó la reforma a los artículos, 7,11 y 19 de la Ley General de Infraestructura Física Educativa, en materia de bebederos escolares, estableciendo:

La infraestructura física educativa del país deberá cumplir requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, pertinencia y oferta suficiente de agua potable para consumo humano, de acuerdo con la política educativa determinada por el estado-federación, estados y municipios-, con base en lo establecido en el artículo 39 constitucional, la Ley General de Educación; las leyes estatales de educación, el Plan Nacional de Desarrollo; el Programa Sectorial; los programas educativos estatales como los programas de desarrollo regional.

Se garantizará la existencia de bebederos suficientes y con suministro continuo de agua potable en cada inmueble de uso escolar conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación Pública. Se asegurará la atención a las necesidades de las comunidades indígenas y las comunidades con escasa población o dispersa, se asegurará la aplicación de sistemas y tecnologías sustentables, y se tomarán en cuentas las condiciones climáticas y la probabilidad de contingencias ocasionadas por desastres naturales, tecnológicos o humanos, procurando la satisfacción de las necesidades individuales y sociales de la población.

El Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED), tiene la atribución de construir, equipar, dar mantenimiento, rehabilitar, reforzar, reconstruir y habilitar en la Ciudad de México y en las entidades federativas en el caso de instituciones de carácter federal o cuando así se convenga con las autoridades estatales, en los términos del artículo 11. En los transitorios de la reforma se establece que se dará prioridad a las, instituciones educativas con más de 100 alumnos para efecto de la instalación de los bebederos de agua potable previstos en los artículos 7 y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.

Por otra parte, también se establece en el Sexto Transitorio que el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa procurará que las instalaciones del Sistema Educativo nacional cuenten con las instalaciones de bebederos de agua potable garantizando la existencia de bebederos suficientes y con suministro continuo de agua potable en cada inmueble de uso escolar.

Según los cambios que se dieron en la reforma educativa, la Ley General de la Infraestructura Física Educativa señala que “se garantizará la existencia de bebederos suficientes y con suministro continuo de agua potable en cada inmueble de uso escolar conforme a los lineamientos que emita la Secretaria de Salud en coordinación con la Secretaria de Educación Pública”.

A 14 meses de que termine la actual administración del Gobierno de la República, se han instalado 10,000 bebederos a nivel nacional. En estos días se dará el fallo de la licitación por 8 mil más, con lo que sólo se llegaría a la cifra de 18,000 bebederos, que representa el 45 por ciento de la meta establecida de 40,000 bebederos para diciembre de 2018.

Otro punto a considerar es que la Ley no sólo mandata al INIFED a construir e instalar los bebederos, sino también a equipar, dar mantenimiento, rehabilitar, reforzar, reconstruir y habilitar la instalación de bebederos en las escuelas.

Por todo lo anterior, es importante que se asegure el mantenimiento y rehabilitación de los equipos ya instalados, para evitar que genere un gasto mayor en detrimento del erario público.

En las licitaciones que se han llevado a cabo, se incluye una obligación para los proveedores de dar mantenimiento a los bebederos instalados durante un periodo de dos años. Sin embargo, es incierto lo que ocurrirá con los bebederos una vez que concluya este tiempo.

La hidratación durante el tiempo en el que los niños pasan en las escuelas es de vital importancia para impulsar el aprendizaje, ya que uno de los principales síntomas de la deshidratación es la dificultad de concentración, dolor de cabeza, cansancio/fatiga entre otros;2 todos estos síntomas, vulneran la capacidad de aprendizaje de los niños; por ello, además de la importancia del consumo de agua en el combate al sobrepeso y la obesidad; es necesario que todos los niños y jóvenes tengan acceso agua potable de calidad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Al tenor del siguiente resolutivo:

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa y a la Secretaría de Educación Pública a que se cumpla con la meta establecida de instalar cuarenta mil bebederos escolares para el final de la administración del Gobierno de la República.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que se lleven a cabo acciones para garantizar el mantenimiento de los bebederos ya instalados en los centros escolares del país.

Notas:

1 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs391/es/

2 http://www.educaweb.com/noticia/2012/09/17/hidratacion-rendimiento-esco lar-5720/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2017.

Diputado Alejandro González Murillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a los gobernadores a efecto de que con los congresos homologuen e incluyan, en su caso, en los códigos penales sanciones por uso indebido de los sistemas de llamadas de urgencia, suscrita por integrantes de la Comisión de Seguridad Pública

Los que suscriben, diputados Jorge Ramos Hernández, Francisco Escobedo Villegas, Carlos Iriarte Mercado, Liliana Ivette Madrigal Méndez, Abel Murrieta Gutiérrez, José Everardo López Córdova, José Santiago López, Cándido Ochoa Rojas, Macedonio Salomón Tamez Guajardo, José Alfredo Ferreiro Velasco, María Bárbara Botello Santibáñez, Federico Döring Casar, Sara Paola Galico Félix Díaz, Braulio Mario Guerra Urbiola, Luis Alejandro Guevara Cobos, Álvaro Ibarra Hinojosa, Zacil Leonor Moguel Manzur, Magdalena Moreno Vega, Angélica Moya Marín, Jisela Paes Martínez, Yulma Rocha Aguilar, Mirna Isabel Saldívar Paz, Adriana Sarur Torre, Alberto Silva Ramos, Santiago Taboada Cortina y Martha Sofía Tamayo Morales, integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía, el presente punto de acuerdo con base a las siguientes

Consideraciones

I. El reporte de hechos falsos para movilizar en vano a la policía, bomberos, personal de urgencias médicas o de protección civil, principalmente por la vía telefónica, es una conducta recurrente que afecta al sistema de seguridad pública de manera considerable, que provoca pérdidas materiales y distrae de verdaderas emergencias.

II. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el año 2015 se recibieron 90 millones de llamadas de emergencia, de las cuales el 75 por ciento fueron falsas. También se reportó que en el mes de enero del presente año de las 8.6 millones de llamadas de emergencia, de nueva cuenta el 75 por ciento resultaron falsa alarma.

III. A partir del día 3 de octubre de 2016 entró en funcionamiento un número único de atención a llamadas de emergencia, el 911, con el propósito de reducir también el sesgo en materia de llamadas falsas.

IV. Es importante destacar que este número de emergencia constituye un esfuerzo no sólo operativo, sino económico de la fuerza del estado, por lo que resulta alarmante que de acuerdo a las cifras brindadas por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Álvaro Vizcaíno Zamora, 9 de cada 10 llamadas de emergencia que se hacen en el País resultan falsas o improcedentes, lo que significa alrededor de 9 millones de llamadas mensuales.

Vizcaíno Zamora ha declarado que, durante el primer semestre de 2016, los centros de atención de emergencia del país recibieron 58 millones 924 mil 507 llamadas, de las cuales, 52 millones 828 mil 320 llamadas, es decir, el 90 por ciento del total, fueron improcedentes. Cabe resaltar que en voz del propio Secretario, el mayor incremento en llamadas falsas se da durante los periodos vacacionales escolares.1

V. El 8 de enero del presente año, fue emitido por el Consejo Nacional de Seguridad Pública la Norma Técnica para la Estandarización de los Servicios de Atención de Llamadas de Emergencia, misma que deberán cumplir los Centros de Atención de Llamadas de Emergencia en todo el país; e instruye al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a establecer el mecanismo que permita a cada Centro de Atención de Llamadas de Emergencia certificar su cumplimiento.

VI. Dado que el sistema Nacional de Seguridad se encuentra compuesto por autoridades de distintos órdenes de gobierno, es necesario que se propicie la adopción de convenios necesarios que busquen inhibir esta conducta, dado que pese a que el Sistema Nacional de Seguridad Pública establece lineamientos de operación que se apliquen de manera estandarizada por todos los órdenes de gobierno, las corporaciones de seguridad seguirán siendo operadas por las autoridades federales, estatales o municipales según sea el caso.

VII. La movilización de unidades de emergencia (policía preventiva, bomberos, rescate, protección civil y atención médica) genera importantes costos al erario, motivo por el cual, se produce un daño patrimonial directo cuando se notifica una falsa alarma. Por este motivo el fin principal es compensar el daño provocado y desincentivar esta conducta. Asimismo, dados los índices de sobrepoblación penitenciaria indican que un enfoque punitivo dirigido a la reclusión de los infractores de este delito, no es el idóneo.2

En consecuencia y apelando a que el buen uso de los servicios de emergencia no es sólo una tarea de la autoridad, sino de la conciencia social que se pueda crear en la comunidad, acerca del costo que tiene una llamada falsa, no sólo en términos económicos, sino la distracción del personal operativo que pudiera estar atendido verdaderas emergencias, resulta fundamental la implementación de la homologación de sanciones en los Códigos Penales de cada uno de los estados de la República.

Por los motivos expuestos, me permito someter a esta soberanía, como de urgente y obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de los Ejecutivos estatales de manera respetuosa para que, en coordinación con sus Congresos locales, homologuen y, en su caso, incluyan en sus legislaciones correspondientes sanciones por el uso indebido de los sistemas de llamadas de emergencia.

Notas

1 www.mural.com

2 http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2017/feb/20170209-III-3.pdf

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 28 de septiembre de 2017.

Diputados: Jorge Ramos Hernández (rúbrica), Francisco Escobedo Villegas (rúbrica), Carlos Iriarte Mercado (rúbrica), Liliana Ivette Madrigal Méndez (rúbrica), Abel Murrieta Gutiérrez, José Everardo López Córdova, José Santiago López (rúbrica), Cándido Ochoa Rojas, Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica), José Alfredo Ferreiro Velasco, María Bárbara Botello Santibáñez (rúbrica), Federico Döring Casar, Sara Paola Galico Félix Díaz, Braulio Mario Guerra Urbiola, Luis Alejandro Guevara Cobos, Álvaro Ibarra Hinojosa (rúbrica), Zacil Leonor Moguel Manzur (rúbrica), Magdalena Moreno Vega (rúbrica), Angélica Moya Marín (rúbrica), Jisela Paes Martínez, Yulma Rocha Aguilar, Mirna Isabel Saldívar Paz, Adriana Sarur Torre (rúbrica), Alberto Silva Ramos, Santiago Taboada Cortina (rúbrica), Martha Sofía Tamayo Morales (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, la SHCP y la Sedatu a colaborar con el gobierno de Puebla a fin de mejorar y fortalecer sus capacidades técnicas y administrativas para agilizar la liberación y entrega de los recursos del Fonden y atender las necesidades y los daños derivados de los sismos de septiembre, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Xitlalic Ceja García, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el pasado 19 de septiembre de 2017, a las 13:14 pm, se reportó un sismo de magnitud 7.1 grados Richter con epicentro a 12 kilómetros de Axochiapan, entre los límites de los estados de Morelos y Puebla.1 Dicho fenómeno natural dejó en el estado de Puebla por lo menos 21 mil 929 viviendas afectadas, de las cuales 6 mil 233 presentan daños parciales pero son habitables, 12 mil 377 daños parciales que no son habitables y 3 mil 319 con pérdida total.

Según el reporte de daños del gobierno federal, en Puebla se denunciaron 1 mil 230 escuelas con daños, de ellas, 756 serán reconstruidas parcialmente y ocho habrán de ser demolidas para una reconstrucción total.2 Respecto a las afectaciones al patrimonio cultural, la entidad es una de las vulneradas con 163 estructuras dañadas, sólo en la capital 18 inmuebles acusan perjuicios, entre ellos, la Casa del Alfeñique, la Biblioteca Palafoxiana y el Museo Internacional del Barroco.

Más de 100 municipios han sido declarados en zona de desastre, principalmente de las regiones de Angelópolis, la Mixteca y del Valle de Atlixco y Matamoros. Comunidades del municipio de Puebla, el corredor de la Mixteca-Acatlán-Izúcar de Matamoros-Chiautla y el valle de Atlixco presentaron serios daños no sólo en las viviendas, sino también a su infraestructura carretera, educativa, de salud y de telecomunicaciones.

Durante mis recorridos de apoyo a los damnificados, pude constatar que el municipio de Puebla de Zaragoza, Atlixco y Atzala son de las demarcaciones con más decesos y afectaciones, seguidos de Tehuitzingo, Huejotzingo, Huaquechula, Metepec, Tepemaxalco, Xuchapa, Chiautla de Tapia, Tlapanalá, Epatlán, Tzicatlacoyan, Piaxtla, Jolalpan, Izúcar de Matamoros y Acatlán de Osorio, entre muchos otros.

Para hacer frente a los efectos de estos desastres naturales, y otros como huracanes, inundaciones, erupciones volcánicas e incendios, nuestro país cuenta con el Fondo de Desastres Naturales, el cual ha sido un instrumento financiero elemental de auxilio y asistencia a la población, con el que se ha recuperado la actividad productiva y la tranquilidad de las personas después del paso de un agente natural destructivo.

Sin embargo, para que los recursos del Fondo se liberen lo más rápido posible es indispensable la colaboración y acompañamiento del gobierno federal, quien a través de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano puede fortalecer las capacidades técnicas y administrativas del gobierno local, y se desarrollen, entre otras acciones, las solicitudes de declaración de desastre natural, los censos de las viviendas, cuantificación de los daños, las entrevistas con los afectados, el sustento documental de solicitud del recurso, el calendario de ejecución de los fondos y eventualmente la comprobación del uso de los presupuestos.

Tener acceso de manera expedita, contribuiría a la adquisición de despensas alimenticias, servicios sanitarios, medicamentos de emergencia, material de curación para los enfermos y herramientas de rescate o restablecimiento de la infraestructura como palas, picos, cinceles y carretillas.

Existen experiencias que debido a la falta de apego a las reglas de operación y a una mala integración de los expedientes de los afectados y casas dañadas, no acceden a los programas de reconstrucción con facilidad. De no hacer llegar esta información oportunamente, los recursos pueden tardar en liberarse, sobre todo, cuando se tratan de comunidades o regiones que por la dispersión poblacional y situación geográfica se hace complicado su acceso y el levantamiento del recuento de los daños; peor aún, existen recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación sobre el manejo indebido, peculado y malversación de estos fondos, por lo que se hace necesario el asesoramiento del gobierno federal para que se ejerzan con independencia, economía, bajo el principio de máxima publicidad y para los fines que son aprobados.

Estoy convencida de que sólo de manera coordinada podremos atender de manera eficaz las necesidades sociales a consecuencia de los sismos del pasado 7, 19 y 23 de septiembre, de ahí la relevancia del presente instrumento legislativo. Los procesos de reactivación económica y reconstrucción, debemos afrontarlos como una sociedad unida, fuerte y que tienen el único objetivo de superar la tragedia y el dolor por el que muchas familias mexicanas estamos pasando.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta.

Punto de acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a que, en el marco de sus atribuciones y de manera coordinada, coadyuven con el gobierno del estado de Puebla para mejorar y fortalecer sus capacidades técnicas y administrativas, con el objetivo de agilizar la liberación y entrega de los recursos del Fondo de Desastres Naturales, a fin de atender las necesidades y daños derivados por los sismos del pasado mes de septiembre.

Notas

1 http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/reportes-especiales/2017/ SSNMX_rep_esp_20170919_Puebla-Morelos_M71.pdf

2 https://www.gob.mx/presidencia/videos/avances-para-la-reconstruccion-de -los-estados-afectados-por-los-sismos-128534

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 5 días del mes de octubre de 2017.

Diputada Xitlalic Ceja García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos federal, de la Ciudad de México, estado de México, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Guerrero a dar facilidades financieras para reconstruir los inmuebles dañados por los sismos de septiembre, a cargo del diputado Santiago Torreblanca Engell, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6o., fracción I, y 79 numeral 2, fracción I, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

Planteamiento del problema

Como infortunadamente es de dominio público, durante el mes de septiembre de 2017, se presentaron diversos movimientos telúricos que han cimbrado a varias entidades de la República Mexicana, de dichos sismos, dos han sido de gran relevancia por la intensidad y la cantidad de daños provocados.

En diversas ciudades se han registrado decenas de muertes, que en su conjunto se acercan bastante a las 500 víctimas mortales, sin contar lesionados, sin embargo, también es de hacer notar que existieron cuantiosos daños materiales que se demuestran en la inmensa cantidad de inmuebles que colapsaron o son inhabitables por su alto riesgo de derrumbe.

Sismo del 7 de septiembre de 2017

Durante la noche del jueves 7 de septiembre de 2017, ocurrió un terremoto con epicentro en Pijijiapan, Chiapas, con una intensidad de 8.2 grados en la escala de Richter, el cual, de acuerdo con diversas fuentes, ocasionó los daños más severos en la zona del Istmo de Oaxaca y en Chiapas.

Poco después de este movimiento sísmico en nuestro país, se emitió una alerta de tsunami para México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Honduras y Ecuador. Tan solo quince minutos después del sismo, las olas del mar se levantaron hasta tres metros frente a las costas de Chiapas.1

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob), cientos de comunidades fueron afectadas por el sismo en los estados de Chiapas, Tabasco y Oaxaca, siendo la localidad de Juchitán de Zaragoza, ubicada en este estado, la más afectada. En Oaxaca se reportaron 78 muertes causadas por el sismo; en Chiapas, 18 fallecidos, y en Tabasco, 4 víctimas, para hacer un total de 100 fallecimientos, según lo registrado hasta el 15 de septiembre.2

Por otra parte, es importante mencionar que la zona más dañada en cuanto a infraestructura, fue la zona del Istmo, siendo que tanto en Oaxaca como en Chiapas se reportaron afectaciones mayores a inmuebles, con al menos 57 mil y 53 mil respectivamente.

En el estado de Chiapas, se reportaron personas heridas en la colonia La Hormiga de San Cristóbal de las Casas, en Pijijiapan, Villaflores, Jiquipilas, Suchiapa y en Tuxtla Gutiérrez. Hubo daños en edificios y monumentos históricos de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y de Ocosingo. Tres tramos carreteros se vieron afectados: la vía que comunica a Cintlapa con Tuxtla Gutiérrez y las autopistas Arriaga-Ocozocuautla y Tuxtla. En San Cristóbal y en Ocosingo, se registraron deslaves, derrumbes y asentamientos.3

En la ciudad de Tonalá, Chiapas, en la zona costera del estado, se registran alrededor de 800 casas con pérdida total, alrededor de 1500 con daño de mediano grado e incontables casas con daños menores, hasta el momento se confirman 7 víctimas por el terremoto en la ciudad.4

Por su parte, en la Ciudad de México, se registraron daños en un edificio de la colonia Doctores, el cual fue declarado con daño estructural y con grave riesgo de colapso en caso de existir una réplica de gran intensidad u otro terremoto.5

En el estado de Oaxaca, la refinería Antonio Dovalí Jaime, ubicada en el municipio de Salina Cruz, ocurrió una explosión derivada del movimiento telúrico. Por su parte, en Juchitán de Zaragoza, hubo daños importantes en la iglesia y en el palacio municipal; en ese municipio fallecieron 45 personas. También la carretera Oaxaca-Tehuantepec se vio afectada por la presencia de deslaves en el camino, mientras que en Matías Romero un hotel colapsó.6

En el estado de Tabasco, se reportaron dos víctimas, entre ellas un recién nacido en el Hospital del Niño de Villahermosa, la capital del estado. En esa misma ciudad algunos edificios sufrieron daños, el complejo de departamentos Torre Zafiro sufrió afectaciones estructurales. También se reportaron daños en el pavimento de la calle Lerdo, localizada en la zona Centro, y desperfectos en el hotel Fairfield. En otras zonas del estado, se detectó que cinco viviendas de la ranchería Acachapan y Colmena sufrieron desperfectos tales como grietas y hundimientos de tierra, además de la caída del techo de una iglesia, en la ranchería Puyacatengo. En cuanto a la infraestructura vial, se anunció que el libramiento de Villahermosa sufrió un asentamiento, en el cruce de Tierra Amarilla.7

Por último, en el estado de Veracruz, resultaron 250 viviendas con daños, 17 de ellas consideradas de gravedad. Se reportaron afectaciones en un piso del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social de Orizaba, las cuales no alteraron el funcionamiento del sanatorio. Además 46 escuelas registraron afectaciones menores.

Sismo del 19 de septiembre de 2017

Por su parte, durante la tarde del 19 de septiembre del presente, se registró un sismo que, si bien fue de una intensidad de 7.1 grados en la escala de Richter, la cual resulta ligeramente menor al ocurrido 12 días antes, fue mucho más destructivo, especialmente en la capital del país y en los estados de Puebla y Morelos, los cuales se encontraban a una distancia bastante corta del epicentro del terremoto.

Si bien carece de relevancia para la presente proposición, es curioso que el sismo haya ocurrido justo el mismo día que el que anualmente se conmemora, el cual ocurrió en la misma fecha, pero de 1985.

En este sismo, a diferencia del anterior, las víctimas y los daños se concentraron principalmente en la zona de Jojutla, Morelos, en la Ciudad de México y en la Mixteca de Puebla y Oaxaca.

Por lo que hace a las víctimas mortales, buena parte de ellas se concentraron en la Ciudad de México, producto del colapso de cientos de edificios, principalmente en las delegaciones Benito Juárez, Cuauhtémoc, Coyoacán y Xochimilco.

Al menos en la delegación Benito Juárez y producto de la revisión preliminar efectuada por personal de la delegación, se encontró que existen al menos 41 edificios impactados de manera grave, entre los cuales se encuentran 13 colapsados, 28 en riesgo de colapso y 150 con daños estructurales importantes, lo cual, indubitablemente se traduce en la pérdida de patrimonio y de vidas humanas y animales.

En ese sentido, resulta importante destacar que las principales colonias afectadas en la Ciudad de México fueron la Del Valle, Nápoles, Portales, Miravalle en la delegación Benito Juárez, Roma y Condesa en la delegación Cuauhtémoc, la zona de Coapa en Coyoacán y Tlalpan, Lindavista en Gustavo A. Madero y el pueblo de San Gregorio en la delegación Xochimilco.

Por otra parte, resulta sumamente triste, el colapso del colegio Enrique Rébsamen, localizado en la colonia Nueva Oriental Coapa, en la zona sur de la capital, el cual sufrió el colapso del edificio principal que sepultó a aproximadamente 30 personas presentes en el centro escolar. Prácticamente, en la misma zona de la ciudad, en la unidad habitacional multifamiliar Tlalpan, en la delegación Coyoacán, el edificio 1-C colapsó luego del sismo. En el sitio, se reportaron 27 fallecimientos.

En ese orden de ideas, tanto en instalaciones delegacionales, municipales, como de los gobiernos estatales y de la Ciudad de México, así como escuelas y en algunos espacios públicos, abrieron decenas de albergues para dar cobijo y alimento a las personas que fueron desalojadas de sus hogares o de edificios que cayeron, así como centros de acopio.

Ante el caos imperante en las calles y avenidas, colectivos de ciclistas y motociclistas organizaron el traslado de alimentos, insumos médicos y herramientas desde los centros de acopio y casas de ciudadanos hacia los sitios donde se necesitan.

Por otra parte, el gobierno de la ciudad emitió la declaratoria de emergencia extraordinaria en la Ciudad de México, sin embargo, lamentablemente no se han liberado al día de la elaboración de la presente proposición, los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), ni del bono catastrófico, para atender las necesidades originadas por el desastre natural que arrebató vidas y patrimonio al por mayor.

La solución

Se ha estimado que los daños causados por los sismos ascienden a casi 40 mil millones de pesos, los cuales permitirán regresar a la normalidad a las casi 250 mil familias afectadas.

Una de las posibles y más viables soluciones, considerando que la reconstrucción de las zonas de desastre es de utilidad pública, es que el gobierno federal o el de las entidades federativas, lleven a cabo la expropiación de todos y cada uno de los inmuebles afectados, ello con la finalidad de que sea un solo propietario el titular de los derechos y sea uno solo el responsable (el gobierno), de los actos de dominio, a fin de llevar a cabo el saneamiento de las zonas que así lo requieran y poder llegar a la habitabilidad normal, lo antes posible.7

Posteriormente, se debe clasificar cada uno de los inmuebles por municipio y/o delegación afectada, a fin de tramitar licencias de construcción necesarias y posteriormente, en una labor más de colaboración y sentido social que ha demostrado la sociedad mexicana a lo largo de esta emergencia nacional, es posible que las universidades públicas y privadas de nuestro país, contribuyan con un nuevo diseño moderno y confiable de los nuevos edificios que habrán de ser utilizados única y exclusivamente para los damnificados de los sismos de septiembre de 2017.

Por otra, parte, en un acto de transparencia, se debe llevar a cabo una licitación masiva con constructoras nacionales provenientes de todo el país para la demolición y edificación de las nuevas viviendas en los predios ya expropiados.

Además, los notarios y corredores públicos, también pueden poner su granito de arena, ello, mediante la escrituración sin costo, de todas las propiedades que eventualmente vayan a ser asignadas a las personas damnificadas por el sismo.

En consecuencia del punto anterior, será necesario registrar cada uno de los inmuebles en el Registro Público de la Propiedad de cada entidad federativa, lo cual, por un mínimo acto de humanidad, deberá ser gratuito para los damnificados de los sismos.

Asimismo será necesario y urgente que las aseguradoras paguen inmediatamente, hasta el último centavo de los recursos asegurados con ellos, para así poder liquidar el saldo insoluto de la hipoteca que tenga el damnificado y poder liberarlo de una deuda respecto de un inmueble que lamentablemente ha quedado inservible.

Todo lo anterior sería realizado con una amplia campaña de publicidad mostrando tanto en periódicos de circulación nacional, como en el Diario Oficial de la Federación, así como en las gacetas y/o periódicos oficiales de cada entidad federativa, a fin de que todos los afectados tengan acceso a la información específica por entidad y municipio, relativo a la notaría, constructora, arquitectos, residentes, directores responsables de obra y demás funcionarios que hayan sido asignados en cada caso específico, para darles seguimiento público en todas las etapas.

Es evidente que en este proceso participarán miles de manos y mentes que, recordando como antecedente la época de la Gran Depresión en Estados Unidos, podrá ser utilizado para reactivar la economía nacional, debido a que la cantidad de empleo generado para la reconstrucción nacional, desde albañiles hasta proyectistas y funcionarios públicos, indubitablemente beneficiará a todas las clases sociales en sus ingresos personales. Con lo anterior, mediante el desarrollo urbano, se elevarán varios indicadores, como la tasa de empleo, el producto interno bruto, el producto interno bruto per cápita , el producto interno neto, el índice de desarrollo humano, entre otros que, no harán sino que se eleve la calidad de vida del municipio y/o entidad federativa, caído en desgracia con la situación actual.

Los nuevos edificios deberán ser dotados de tecnología de punta, tanto en su construcción, como en los elementos de uso cotidiano por el usuario, tales como uso de gas natural, energía auto sustentable, paneles solares, muros verdes, calefactores eléctricos, etcétera.

Por último, pero no menos importante, resulta decir que estos recursos, deberán depositarse a un fideicomiso ciudadano, vigilado, administrado y ejercido por un grupo de personas de reconocido prestigio y renombre, de quienes no quede duda de su probada honestidad y de la atinada dirección que, en sus manos, tendrán los recursos depositados.

Recursos para la reconstrucción

De acuerdo con el doctor Óscar Vela, titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), será hasta el próximo 10 de octubre, cuando sabrá la cantidad de recursos que recibirá por concepto de indemnización por el bono catastrófico que contrató para solventar los daños que se generaron por los sismos que sacudieron a varias entidades del país el pasado 7 y 19 de septiembre.9

Se parte de la base de que se tiene una suma asegurada hasta por 150 millones de dólares, el cual constituye el monto máximo que se puede obtener del seguro catastrófico.

De acuerdo con el funcionario “Las coberturas catastróficas ayudan a fortalecer el Fonden, hoy dicho fondo cuenta con los recursos inmediatos para cualquier emergencia. Luego viene una segunda parte donde el Fonden se pone de acuerdo con las dependencias de gobierno correspondientes para hacer llegar los recursos, como las que se encargan de la reconstrucción de viviendas”.

Es importante decir que el bono catastrófico es un instrumento de deuda que controla el Banco Mundial, el cual se puede usar en caso de que un país registre un desastre natural como los que han asolado a nuestro país en días recientes.

También es importante mencionar que no se han activado los recursos del gobierno de la República, el cual cuenta con lo presupuestado para el Fonden, los cuales ascienden a casi 10 mil millones de pesos, y que pueden ser complementados con el flujo de efectivo proporcionado con motivo del bono catastrófico por el Banco Mundial.

En ese sentido se propone que, para todo lo anterior, se utilicen los recursos multimillonarios que pueden salir de los gastos superfluos que el gobierno paga a funcionarios, esposas de funcionarios, algunos legisladores y demás personas que cuentan con seguros de gastos médicos mayores, choferes, vales de despensa, vales de gasolina, etcétera.

También para cubrir estos gastos, es posible utilizar los recursos no presupuestados para efectos de la Ley de Ingresos, pero que debido a las subestimaciones, han sido, año tras año, utilizados de manera discrecional por el presidente de la República.

No sobra decir, que se pueden utilizar los recursos incautados a narcotraficantes del tamaño de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera o cualquier otro delincuente, como los gobernadores, en su gran mayoría priistas, que han defraudado y desfalcado las arcas estatales en varios de los estados afectados por los desastres naturales.

Por último, también se pueden utilizar para la reconstrucción, los millonarios recursos a los que han renunciado los partidos políticos, los cuales ascienden a más de mil millones de pesos para este año, los cuales sin duda serán de gran utilidad para devolver a los mexicanos caídos en desgracia, sobre todo a los que se han quedado sin hogar, una calidad de vida similar a la que tenían, antes de los desastres naturales de septiembre de 2017.

Si y solo si, se diera el desafortunado caso de que los recursos mencionados en los párrafos anteriores, no alcanzaran para financiar la reconstrucción de los inmuebles dañados, será pertinente que las autoridades competentes, gestionen el otorgamiento de créditos sin costo financiero alguno, llámese intereses o cuotas distintas a la suerte principal, cuyo destino sea beneficiar la reconstrucción de los inmuebles pertenecientes a los ciudadanos afectados por los sismos y, que tengan así la posibilidad de rehacerse de los bienes que lamentablemente perdieron por culpa de este desastre natural de proporciones mayúsculas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me sirvo someter a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la federación a expropiar los inmuebles dañados por los sismos, reconstruirlos de manera gratuita y devolver la propiedad de los inmuebles a quienes detentaban la propiedad al momento en que hayan quedado inhabitables.

Segundo . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a las secretarías de finanzas o equivalentes de los gobiernos de las entidades federativas afectadas por los sismos del mes de septiembre de 2017, a gestionar los recursos necesarios, para que se integre un fideicomiso administrado por ciudadanos de prestigio, con la finalidad de que, sin ningún costo para el o los ciudadanos afectados, se pueda financiar la reconstrucción de los inmuebles que hayan quedado inhabitables, producto de los sismos acaecidos durante el mes de septiembre de 2017 y ya rehabilitados, otorgar la propiedad de manera gratuita a los ciudadanos afectados por el sismo.

Notas

1 “Sí hubo tsunami; ocurrió 15 minutos después del sismo: UNAM-Televisa News”. Televisa News. Consultado el 2017-09-09. Disponible en: http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/nacional/2017-09-08/tsu nami-ocurrio-15-minutos-despues-sismo-magnitud-8-2-unam/

2 Manzo, Diana. “Llegó a 78 la cifra de personas muertas por el sismo en Oaxaca; en el país van 98”. La Jornada. Consultado el 13 de septiembre de 2017. Disponible en:

http://www.jornada.unam.mx/2017/09/13/politica/007n1pol

3 “Carreteras en Chiapas y Oaxaca registran daños por el sismo”. Expansión. Consultado el 8 de septiembre de 2017.

4 “La Segob declara “emergencia extraordinaria” en 122 municipios de Chiapas por sismo” Proceso. Proceso. 8 de septiembre de 2017. Consultado el 8 de septiembre de 2017

5 “Evacuan edificio dañado por sismo en colonia Doctores”. El Universal. 8 de septiembre de 2017. Consultado el 8 de septiembre de 2017

6 Óscar Rodríguez (8 de septiembre de 2017). “En refinería de Salina Cruz se registra explosión por sismo”. Milenio. Consultado el 8 de septiembre de 2017.

24 horas (8 de septiembre de 2017). “Suman 15 muertos por sismo de 8.2; derrumbes en Juchitán, Oaxaca”. Consultado el 8 de septiembre de 2017.

El Universal (8 de septiembre de 2017). “Asciende a 61 el número de fallecidos tras sismo; Oaxaca, el estado más golpeado”. Consultado el 8 de septiembre de 2017.

NVI noticias (8 de septiembre de 2017). “Deja fuertes daños temblor en Matías Romero, Oaxaca; cae hotel”. Consultado el 8 de septiembre de 2017.

7 C.V., Editorial Acuario, SA de “Presenta graves daños Torre Zafiro de Villahermosa”. Consultado el 8 de septiembre de 2017.C.V., Editorial Acuario S.A. de. “Comienzan a surgir daños tras mega sismo en Tabasco”. Consultado el 8 de septiembre de 2017.

8 Artículo 1o., fracción III de la Ley de Expropiación.

9 Bono catastrófico se activará hasta el 10 de octubre. El Economista. Consultado el 2017-09-25 Disponible en: http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2017/09/18/bono-catastrofi co-se-activara-hasta-10-octubre-shcp

Palacio Legislativo de San Lázaro,a 10 de octubre de 2017.

Diputado Santiago Torreblanca Engell (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se hace un llamado al gobierno de España a evitar el uso de la violencia y represión y a privilegiar el diálogo en lo relativo a la consulta por la independencia de Cataluña, a cargo del diputado Daniel Ordóñez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

Daniel Ordoñez Hernández, diputado federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo bajo la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado domingo 1 de octubre, la Comunidad Autónoma de Cataluña llevó a cabo una consulta sobre su posible independencia respecto del Reino de España. El Ejecutivo catalán habilitó para la votación un total de 2,315 colegios electorales, con 6,249 mesas para un padrón de 5,343,358 votantes. La pregunta que se hizo a la ciudadanía fue: ¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?

De acuerdo con el portavoz del gobierno catalán, Jordi Trull, tras la consulta se contabilizaron un total de dos millones 962 mil 424 de votos, de los cuales dos millones 20 mil 144 votos (90.09 por ciento), habrían optado por el “Si”, 176 mil 566 votos (un 7.87 por ciento), lo habrían hecho por el “No”, al tiempo que un total de 45 mil 585 (2.03 por ciento) boletas habrían sido dejadas en blanco. De esta manera, los sufragios escrutados representarían el 42 por ciento del total de ciudadanos con derecho a votar en Cataluña.

Como es sabido, la consulta secesionista convocada por el gobierno autónomo de Cataluña a principios de septiembre fue considerada inválida por el gobierno español. En su momento, el referéndum fue suspendido por el Tribunal Constitucional y los diferentes juzgados ordenaron medidas para que las fuerzas de seguridad impidieran la apertura de los colegios de votación y decomisaran urnas, papeletas y demás material electoral. Adicionalmente, la Fiscalía española mantiene procedimientos judiciales contra los dirigentes catalanes que impulsaron la consulta, considerada ilegal por el Estado español.

En este contexto, la ciudadanía catalana se organizó en brigadas y comités de resistencia pacífica para proteger los centros electorales. Los grupos de jóvenes y padres de familia, que tenían la encomienda de resguardar los centros de votación para impedir la entrada de la policía y proteger así el ejercicio del voto, se encerraron desde el pasado viernes por la tarde en dichos lugares.

Los malos presagios se cumplieron el pasado domingo cuando agentes antidisturbios de la Policía Nacional y de la Guardia Civil española, enviados desde todos los puntos del país, intervinieron en diversos centros electorales de votación con el fin de impedir el desarrollo de los comicios. Esta situación produjo escenas de tensión, pánico y choques entre la autoridad y la ciudadanía, algunos de ellos muy violentos.

De acuerdo con el gobierno de Cataluña, se estima que 844 personas resultaron heridas, las cuales debieron recibir algún tipo de atención médica a consecuencia de las heridas que recibieron en los enfrentamientos con la policía, que usó bastones y balas de goma. Otras personas fueron atendidas por ataques de ansiedad o por las irritaciones provocadas por el uso de gases lacrimógenos.

De acuerdo con diversas fuentes de información que estuvieron presentes durante la jornada comicial, la violencia policial del estado español desatada contra los ciudadanos catalanes fue injustificada, grave y desproporcionada. Imágenes de los medios locales y agencias internacionales mostraron a algunos votantes ensangrentados por la acción represiva desatada contra mujeres y hombres, e incluso contra personas de la tercera edad.

El operativo policial ordenado en Cataluña fue repudiado por la mayoría de las fuerzas políticas de oposición en España, que incluso llegaron a reclamar la dimisión inmediata de Mariano Rajoy, presidente del gobierno, por utilizar la violencia de manera indiscriminada en contra de la población civil.

Por su parte, en un mensaje al país, Rajoy buscó defenderse argumentando que la celebración de la consulta había sido una violación de la ley, insistiendo en que el referéndum de autodeterminación en Cataluña no había tenido lugar, y solicitando a las autoridades catalanas que renunciaran a dar nuevos pasos que no llevan a ninguna parte.

En el mismo sentido, el líder del movimiento Ciudadanos, Albert Rivera, aliado del gobierno español en el tema de la secesión de Cataluña, responsabilizó de lo ocurrido exclusivamente a las autoridades “fuerzas separatistas catalanas” por haber decidido violar la ley e iniciar un camino hacia el abismo, en alusión a las fuerzas separatistas.

Además del rechazo de numerosos dirigentes políticos de todos los espectros ideológicos, también expresaron su condena a la represión miles de ciudadanos indignados de otros puntos del Estado español que salieron a las calles para mostrar su solidaridad con el pueblo catalán. En la Puerta del Sol de Madrid, más de 3 mil personas se congregaron para expresar su resistencia pacífica y rechazo a la represión.

Desde la perspectiva del Grupo Parlamentario del PRD se debe rechazar los actos de violencia cometidos por cuerpos de seguridad del Estado en contra de la ciudadanía en algunos de los centros de votación en el marco del referéndum del domingo 1 de octubre en Cataluña, los cuales resultaron en numerosas personas heridas.

Coincidimos asimismo con los señalamientos vertidos por numerosos líderes políticos mundiales e intelectuales en el sentido de que la represión policiaca contra los votantes catalanes es un acto indigno de la democracia española, un error que debe lamentarse y reprobarse.

Adicionalmente, observamos con preocupación la escalada judicial y de impedimentos a la libertad de expresión que tienen lugar en aquella parte del mundo. Consideramos por tanto pertinente hacer un llamado al gobierno español para que desista de estas estrategias y no obstaculice la libre manifestación de las ideas así como el derecho a decidir.

En este orden de ideas, es pertinente hacer un llamado para que las partes en conflicto se conduzcan con serenidad, eviten contribuir al empeoramiento de la situación y transiten hacia el diálogo, al tiempo que condenamos el uso de la violencia como un instrumento de la política.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del Reino de España a evitar que prive el uso de la fuerza, a privilegiar el diálogo y a abrir inmediatamente una negociación política que permita alcanzar una solución pacífica e institucional ante la grave crisis política generada por la consulta del pasado domingo 1 de octubre sobre la independencia de Cataluña.

Palacio Legislativo de San Lázaro,a 10 de octubre de 2017.

Diputado Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la operación y aplicación de los recursos del Fondo Regional, suscrita por los diputados Natalia Karina Barón Ortiz y Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Los suscritos, Natalia Karina Barón Ortiz y Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, diputados a la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo a la operación y aplicación de los recursos del fideicomiso “Fondo Regional”, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En el año 2007 surge como una fuente de recursos adicionales un fondo que tenía por objeto apoyar a los diez estados con menor índice de desarrollo humano respecto del índice nacional, a través de programas y proyectos de inversión destinados a mantener e incrementar el capital físico o la capacidad productiva, o ambos, así como a impulsar el desarrollo regional equilibrado mediante infraestructura pública y su equipamiento, actualmente establecido en el artículo 9, fracción I, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017.

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador del desarrollo humano por país, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se basa en un indicador social estadístico compuesto por tres parámetros: vida larga y saludable, educación y nivel de vida digno y fue creado para hacer hincapié en que las personas y sus capacidades —y no el crecimiento económico por sí solo— deben ser el criterio más importante para evaluar el desarrollo de un país.

El Fondo Regional, como fue nombrado, tuvo un monto inicial de $2,000,000.00 (dos mil millones de pesos), el cual año con año ha ido creciendo hasta llegar a su máximo histórico en 2016, con una asignación de $7,192,666,338.00 (siete mil ciento noventa y dos millones seiscientos sesenta y seis mil trescientos treinta y ocho pesos) y tuvo una caída alarmante para el PEF 2017, donde únicamente se le asignaron $2,315,599,804.00 (dos mil trescientos quince millones quinientos noventa y nueve mil ochocientos cuatro pesos), montos que respecto a las reglas de operación publicadas año con año por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación, deben ser utilizados preferentemente mediante programas y/o proyectos de inversión en infraestructura carretera, inversión en salud y/o en educación.

Probablemente, una de las deficiencias más importantes de dicho fondo es que carece de una definición clara sobre los objetivos que persigue, pero si partimos del supuesto de que fue creado para apoyar a los Estados con menor índice de desarrollo humano, resulta claro que los recursos del Fonregión deben ser empleados en programas y/o proyectos que coadyuven a incrementar los índices de desarrollo humano de las entidades beneficiadas.

Los recursos destinados al Fonregión no se ven reflejados en los índices de desarrollo humano de los municipios y los estados, por lo resulta por demás evidente, que dichos recursos no han sido empleados de manera eficiente, ni mucho menos han cumplido con el objeto planteado.

Las reglas de operación emitidas por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2017, son muy claras en cuanto a que la propia Secretaría constituirá un fideicomiso público sin estructura orgánica para aplicación de los recursos otorgados por medio del Presupuesto de Egresos de la Federación, sin embargo, no existe información pública acerca de este y sus particularidades.

Por otra parte, en las mismas reglas de operación se establece que, para la operación del fideicomiso, éste tendrá un comité técnico, mismo que emitirá las reglas de operación, donde se establecerá, entre otras, las disposiciones específicas para la operación del fideicomiso; los criterios presupuestarios para el ejercicio de los recursos; el procedimiento y requisitos para que las entidades federativas puedan tener acceso al Fondo Regional, así como lo relativo a la aplicación, control, seguimiento, transparencia y rendición de cuentas de los recursos otorgados, pero, lamentablemente no existe información pública que haga referencia a las reglas de operación en cuestión.

En dichas reglas de operación también se establece que el comité técnico del fideicomiso aprobará los programas y proyectos de inversión propuestos por las entidades federativas, y contará con la participación de las secretarías de Salud, de Desarrollo Social y de Educación Pública, en los términos del contrato del fideicomiso y las reglas de operación, pero resulta repetitivo mencionar que, no existe información pública que permita conocer que programas y/o proyectos de inversión han sido seleccionados por el comité para ser apoyados con cargo a los recursos del Fondo Regional, lo que incrementa la falta de transparencia en el ejercicio presupuestal.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía, la aprobación de la siguiente proposición con punto de:

Acuerdo

Primero. Se exhorta al secretario de Hacienda y Crédito Público a que, a través de la Unidad de Política y Control Presupuestario, haga públicas las reglas de operación emitidas por el Comité Técnico del Fondo Regional, con las que ha estado operando dicho fideicomiso.

Segundo. Se exhorta al secretario de Hacienda y Crédito Público a que, a través de la Unidad de Política y Control Presupuestario, haga del conocimiento público los avances en el ejercicio y aplicación de los recursos del Fondo Regional en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017.

Tercero. Se exhorta al secretario de Hacienda y Crédito Público a que, a través del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Regional, haga pública la información relativa a la carpeta de programas y proyectos de inversión propuestos por las entidades federativas que han sido o habrán de ser apoyados con cargo al Fondo Regional.

Cuarto. Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a realizar el análisis sobre el cumplimento de los Lineamientos de Operación del Fondo Regional 2017, y se cumpla con los resultados, objetivos y avances del programa, así como los proyectos que han sido beneficiados y el impacto directo que ha tenido en la sociedad, a fin de detectar las deficiencias y omisiones de carácter normativo, en el caso de inobservancia de los gobiernos de los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Zacatecas y San Luis Potosí.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 10 de octubre de 2017.

Diputados: Natalia Karina Barón Ortiz y Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (rúbricas)

Con punto de acuerdo, relativo al cumplimiento de las medidas de seguridad y protección ambientales, y las obligaciones establecidas en los artículos 51 y 84 de la Ley de Hidrocarburos, suscrita por el diputado Arturo Álvarez Angli e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado Arturo Álvarez Angli, en nombre de los diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Sin lugar a dudas, el día de hoy tenemos un México distinto al de hace cinco años, el trabajo conjunto que las diferentes fuerzas políticas del país y los Poderes de la Unión hemos realizado, ha traído como consecuencia una nación en movimiento; hoy más que nunca contamos con la estructura jurídica y política que México demandaba varias décadas atrás, la cual era indispensable para impulsar el desarrollo.

Se lograron materializar reformas estructurales de gran calado en materias que para muchos eran prácticamente imposibles. Estas transformaciones transitaron gracias a la confianza, nacionalismo y responsabilidad republicana de los distintos institutos políticos, quienes representamos los intereses de los mexicanos.

El sector energético nacional fue objeto y a la vez partícipe de estas reformas estructurales, reconociéndose que resulta estratégico dentro de nuestro proyecto de nación seguir impulsando su crecimiento ante la nueva apertura, generando confianza en la inversión y certeza para el establecimiento de nueva infraestructura e impulsando la diversificación energética nacional, lo cual debe reflejarse en el acceso de las familias a energía más barata, segura y sustentable.

El mercado energético nacional se ha revitalizado y sigue representando económicamente un factor fundamental para el desarrollo nacional. En este contexto, las reformas estructurales en el rubro de energía han detonado desarrollos regulatorios complementarios emitidos por parte del Poder Ejecutivo Federal. Esta Cámara de Diputados aprobó las reformas por medio de las cuales se crearon y fortalecieron los órganos reguladores en materia de energía dentro del país, siendo estos la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH); la Comisión Reguladora de Energía (CRE); y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), instancias que han enfrentado un gran reto en la implementación de la reforma energética.

El actuar de las citadas instituciones resulta vital para garantizar el éxito de la reforma energética en los ámbitos económico, social y ambiental, estos dos últimos fundamentales en la percepción de la misma entre la sociedad.

Durante los últimos meses, diversos legisladores hemos recibido en este Congreso a ciudadanos y organizaciones con inquietudes y preocupaciones vinculadas al desarrollo de las actividades del sector hidrocarburos, quienes nos buscan para manifestarnos que sus comunidades se sienten expuestas a riesgos por posibles accidentes al vivir cerca de gasolineras o gaseras, o bien, por la forma en la cual se realizan las actividades de venta de gas estacionario en sus lugares de residencia.

Los órganos encargados de la regulación y vigilancia de lo anterior se encuentran haciendo su trabajo, muestra de ello es la reciente publicación de las normas oficiales mexicanas NOM-005-ASEA-2016 que establece el “diseño, construcción, operación y mantenimiento de estaciones de servicio para almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas”, así como la NOM-EM-001-ASEA-2015, que establece el “diseño, construcción, mantenimiento y operación de estaciones de servicio de fin específico y de estaciones asociadas a la actividad de Expendio en su modalidad de Estación de Servicio para Autoconsumo, para diésel y gasolina”. A pesar de lo anterior, lo cierto es que no basta con contar con la reglamentación publicada, sino que lo realmente importante es que las autoridades encargadas del tema garanticen el cumplimiento de dichas disposiciones normativas, con base en sus atribuciones, facultades y competencias.

La ciudadanía requiere certeza de que las instalaciones de venta al público de petróleo y derivados del petróleo, son seguras y cumplen con todo lo determinado por la ley, pues ello les brinda, en consecuencia, seguridad. Múltiples han sido las manifestaciones y reclamos por la operación de estaciones gasolineras y gaseras, registrándose quejas en estados como Aguascalientes, Yucatán, Jalisco y el Estado de México. Se debe igualmente destacar que hace algunos años instalaciones de este tipo se vieron afectadas por el crimen organizado, particularmente en estados como Tamaulipas, Veracruz, Michoacán y Jalisco.

El cabal cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y protección ambiental, resulta relevante para la ciudadanía. La propia ASEA en su Guía General para estaciones de servicio de diésel y gasolina, publicada en su página oficial estable que:

El 7 de noviembre de 2016, la ASEA publicó en el Diario Oficial de la Federación la NOM-005-ASEA-2016 con el objetivo de brindar certidumbre jurídica al sector, estableciendo las especificaciones, parámetros y requisitos técnicos de seguridad industrial, seguridad operativa y protección ambiental que deben cumplir todas las estaciones de servicio de diésel y gasolina en cuanto a diseño, construcción, operación y mantenimiento. Asimismo, el 14 de noviembre de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la NOM-EM-002-ASEA-2016 “Que establece los métodos de prueba y parámetros para la operación, mantenimiento y eficiencia de los sistemas de recuperación de vapores de gasolinas en estaciones de servicio para expendio al público de gasolinas, para el control de emisiones”.

No obstante lo anterior, no se encontró un informe o documento que garantice que la propia dependencia haya establecido un programa de cumplimiento de la normatividad en estas instalaciones y tampoco se encontró un registro de que dichas normas se cumplirán este año. Esta situación genera vacíos en la aplicación de las leyes e incertidumbre.

Aunado a todo lo anterior, el artículo 51 de la Ley de Hidrocarburos señala lo siguiente:

“Los permisos a que se refiere el presente capítulo se otorgarán a Petróleos Mexicanos, a otras empresas productivas del Estado y a Particulares, con base en el Reglamento de esta Ley. El otorgamiento de los permisos estará sujeto a que el interesado demuestre que, en su caso, cuenta con:

I. Un diseño de instalaciones o equipos acordes con la normativa aplicable y las mejores prácticas, y

II. Las condiciones apropiadas para garantizar la adecuada continuidad de la actividad objeto del permiso.”

Así mismo, el artículo 84 establece que:

“Los Permisionarios de las actividades reguladas por la Secretaría de Energía o la Comisión Reguladora de Energía, deberán, según corresponda:

XVIII. Presentar anualmente, en los términos de las normas oficiales mexicanas aplicables, el programa de mantenimiento de sus sistemas e instalaciones y comprobar su cumplimiento con el dictamen de una unidad de verificación debidamente acreditada”.

Al amparo de la citadas disposiciones, el incumplimiento de estas normas puede derivar en la revocación de los permisos de expendio otorgados a estas instalaciones por la CRE con la participación de la ASEA, por lo que se exhorta a estas instituciones como autoridades competentes a garantizar el cumplimiento de las leyes emitidas por este Congreso de la Unión y las normas emitidas por las propias dependencias, con el objeto de garantizar a la ciudadanía en general la seguridad industrial y la correcta protección ambiental en las gasolineras y gaseras que operan en México.

Por ello, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Comisión Reguladora de Energía y de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos a garantizar que quienes realizan actividades del sector hidrocarburos en México, particularmente las relacionadas con el expendio al público de petróleo y petrolíferos, cumplan con todas las medidas de seguridad y protección al medio ambiente durante su ciclo de vida, incluyendo la etapa de operación, especialmente respecto de las obligaciones establecidas en los artículos 51 y 84 de la Ley de Hidrocarburos.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Comisión Reguladora de Energía y de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, comparta con este Poder Legislativo Federal las medidas regulatorias y de cumplimiento que han implementado para garantizar la seguridad y protección al medio ambiente de quienes realizan actividades de expendio al público de petróleo y petrolíferos, considerando todo el ciclo de vida de los proyectos, particularmente su operación. Así como también, garantizar la forma en la cual se hará exigible su cumplimiento año con año, generando una estadística de avance de cumplimiento en este rubro dentro del sector hidrocarburos por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, en relación con cada permiso emitido para tal efecto por la Comisión Reguladora de Energía.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos a garantizar que las estaciones de expendio al público de petróleo y petrolíferos cumplan cada año, sin excepción, con lo establecido por la NOM-005-ASEA-2016 y la NOM-EM-001-ASEA-2015 y reporten a esa autoridad su cumplimiento, en materia de seguridad y protección al medio ambiente dentro de sus etapas de diseño, construcción, operación y mantenimiento, con el objetivo de garantizar la protección a las personas, el medio ambiente y las instalaciones del sector hidrocarburos. En caso de que no cumplan con dichas medidas, solicitar a la Comisión Reguladora de Energía la revocación de los permisos de expendio otorgados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro,a 10 de octubre de 2017.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Gálico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, relativo al homicidio de Ángel Vergara Chamú, coordinador regional de Movimiento Ciudadano en Tierra Caliente, Guerrero, a cargo de la diputada Marbella Toledo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Marbella Toledo Ibarra, diputada federal a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, un instrumento internacional compuesto de treinta títulos, que recogen toda la tradición histórica de la declaración americana y la francesa enriqueciéndolas con unas profundas consideraciones previas sobre la dignidad especial del ser humano.

Han pasado más de cinco décadas y parece que la letra de la declaración está lejos de hacerse realidad en la vida de todos los seres humanos, en especial para los mexicanos.1

Resulta propicio señalar que tanto la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalan como derecho fundamental el que todo individuo tiene a la vida, en la inteligencia que este representa la piedra angular del resto de las garantías individuales, pues esta es una condición sine qua non para que el ser humano pueda desarrollar todas sus potencialidades aparece, lógicamente, como el derecho más importante.

Pese a la importancia que reviste el derecho fundamental a la vida, el Estado mexicano ha sido incapaz de frenar la grave crisis de violencia y de seguridad que desde hace varios años se ha cobrado la vida de más de cientos de miles de mexicanos y el pasado 26 de septiembre, en la calle Ixtapa, de la colonia San Rafael Norte, de Chilpancingo, los criminales le arrebataron la vida a Ángel Vergara Chamú.

Ángel, hasta antes de ser víctima de la delincuencia, se había desempeñado como coordinador regional en Tierra Caliente de Movimiento Ciudadano, además de haber sido candidato a la alcaldía por Movimiento Ciudadano en 2015 en Ajuchitlán del Progreso, donde continuó su labor política y se perfilaba como aspirante a ganar en la próxima elección.

Este artero asesinato, si bien, se da en el contexto de violencia que prevalece en el estado, cobra mayor relevancia por presentarse en el inicio del proceso electoral de 2018. Consecuentemente, quienes conformamos la bancada de los ciudadanos exigimos a la Fiscalía General del Estado una investigación a fondo para esclarecer los hechos y castigar a los culpables, como un acto de elemental justicia; asimismo, expresamos nuestras condolencias y solidaridad a los familiares Ángel, a quienes acompañamos en su dolor.

Este cobarde crimen deja en claro que, no obstante, los operativos y las acciones que se han emprendido para tratar de terminar con esta inseguridad que azota al estado, éstas no han dado los resultados esperados y la violencia sigue desbordando las calles, bajo la complacencia de una Fiscal General que lejos de procurar justicia, fomenta la impunidad.

Desde esta tribuna hacemos un llamado para que el homicidio de Ángel Vergara Chamú no quede en la impunidad, como ha ocurrido con los asesinatos de Armando Chavarría Barrera, Demetrio Saldívar, Ambrosio Soto, Francisco Torres Rendón, Eli Camacho Goicochea, Roger Arellano Sotelo, Cecilio Pinea; así como el de muchos otros guerrerenses que han perdido la vida víctimas de la violencia o de los cuales se desconoce su paradero, como el caso de Catarino Duarte y el del propio hermano de Ángel Vergara Chamú.

La impunidad llama a más violencia y por eso en Movimiento Ciudadano consideramos que el gobierno de Guerrero debe poner fin a la escalada de violencia que ha minado la seguridad y tranquilidad de las y los guerrerenses, emprendiendo las acciones necesarias que lleven a la pronta aprensión de los responsables, para que sean castigados con todo el rigor de la ley.

La bancada ciudadana reprocha todo acto de violencia, por ello, nos permitimos someter a la consideración del pleno, el siguiente

Acuerdo Parlamentario

Primero. El pleno de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión condena energéticamente el homicidio de Ángel Vergara Chamú, quien en vida fuera coordinador regional en Tierra Caliente de Movimiento Ciudadano.

Segundo. El pleno de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con pleno respeto a las esferas de competencia y división de poderes, hace un atento y respetuoso exhorto al licenciado Javier Ignacio Olea Peláez, Fiscal General del estado de Guerrero, para que, de manera inmediata, efectué la investigación a fondo para esclarecer los hechos, así como la pronta aprehensión y castigo de los responsables.

Nota

1 En 2012, México fue, con mil 800 casos, el país que mayor cantidad de denuncias realizó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2017.

Diputada Marbella Toledo Ibarra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la implantación de una estrategia integral para erradicar la discriminación contra estudiantes embarazadas, a cargo de la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, María Eugenia Ocampo Bedolla, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2 y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México se ubica entre los países con mayor prevalencia de embarazos en adolescentes y jóvenes, provocando un incremento en el índice de deserción escolar en los niveles medio superior y superior.

A efecto de dilucidar dicha situación, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (Ensenut 2012) mostró que del total de las mujeres de 12 a 19 años de edad que tuvieron relaciones sexuales, la mitad (51.9 por ciento) alguna vez ha estado embarazada. Otro dato que no podemos dejar de lado es que las mujeres de entre 20 y 24 años de edad dan lugar al 30.2 por ciento de los nacimientos nacionales.

Estos datos demuestran que a nivel nacional la presencia de embarazos planeados o no planeados entre las mujeres que conforman estos grupos de edad se ha elevado de forma alarmante, lo cual en muchas ocasiones llega a provocar un estigma.

Al respecto, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es muy clara al establecer la obligación que tiene el Estado de garantizar a las mujeres, seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos humanos.

El mismo ordenamiento refiere que las políticas educativas deben seguirse bajo los principios de igualdad, equidad y no discriminación, y el respeto pleno a los derechos humanos.

Esto viene a colación, ya que en distintas ocasiones la afectación directamente repercute en las estudiantes embarazadas, independientemente del nivel académico que estén cursando, ya sea por tiempo indefinido o definitivo.

Por último, este ordenamiento instituye que es necesario desarrollar programas educativos, en todos los niveles de escolaridad, que fomenten la cultura de una vida libre de violencia contra las mujeres y el respeto a su dignidad.

Con lo antes expresado, estamos claros que este contexto trasciende más allá de su vida personal, debido a que el contexto familiar, escolar y laboral cambian radicalmente. En ciertas ocasiones, la mayoría de las alumnas tienen la difícil tarea de escoger entre la superación personal y la de ser madres.

Empero, este escenario se subsana cuando observamos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos enmarca que “[...] Toda persona tiene derecho a recibir educación [...].” Y que la Ley General de Educación lo refuerza al especificar que “[...] todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad en condiciones de equidad, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en el sistema educativo nacional [...].”

El nexo de estos dos ordenamientos jurídicos demuestra que las estudiantes embarazadas están cobijadas por la legislación nacional para acceder a sus estudios, en atención a que todos tenemos los mismos derechos respecto a la educación.

En ciertas ocasiones, las alumnas embarazadas son víctimas de discriminación, la cual se ve perpetrada al negarles el acceso a las instituciones educativas, lo cual les provoca que tengan que buscar una nueva institución escolar para cursar sus estudios. Sin embargo, no es el único hecho que sucede, otro aspecto que perjudica es la falta de flexibilidad de algunos docentes, ya que por desconocer algunos aspectos del embarazo las llegan a suspender o expulsar sin razón justificada.

Pese a que la Ley General de Educación señala que “[...] En ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los alumnos, al pago de contraprestación alguna [...].”

Así también señala que “[...] Las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos [...].”

Bajo ese esquema notamos que el marco jurídico nacional abriga a todos los alumnos que deseen estudiar, desgraciadamente a pesar de los enormes esfuerzos realizados para cumplir con la obligación del Estado de suministrar educación de calidad y en condiciones de equidad, las propias circunstancias de dispersión demográfica y las diversas condiciones en las distintas regiones y entidades de la República, han imposibilitado cumplir al cien por ciento este objetivo, registrándose esta situación en los altos niveles de deserción escolar.

Con el propósito de que las alumnas embarazadas puedan efectivamente ejercer sus derechos educativos, en Nueva Alianza pugnamos por una estrategia integral para que las alumnas tengan acceso pleno a la vida educativa.

Lo anterior, partiendo de la idea de resguardar los derechos humanos de todas las personas, en especial de las mujeres embarazadas que se encuentran cursando sus estudios, tal y como lo señala la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.

En aras de alcanzar los principios perseguidos por estos organismos internacionales, Nueva Alianza busca en todo momento fomentar campañas de sensibilización y talleres para mujeres embarazadas, con el fin de erradicar todo tipo de discriminación y violación a sus derechos humanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, respetuosamente someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que, en coordinación con las autoridades educativas locales, implementen una estrategia integral que erradique la discriminación ejercida hacia las estudiantes embarazadas, en aras de que puedan tener mayores oportunidades de acceder, continuar y concluir sus estudios.

Palacio Legislativo de San Lázaro,a 10 de octubre de 2017.

Diputada María Eugenia Ocampo Bedolla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a establecer una NOM a fin de regular el uso de dispositivos médicos y personales para prevenir la transmisión de infecciones nosocomiales, a cargo de la diputada Ana Guadalupe Perea Santos, del Grupo Parlamentario del PES

La suscrita, Ana Guadalupe Perea Santos, diputada a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea punto de acuerdo a fin de exhortar respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las infecciones nosocomiales son un problema importante en la salud pública en nuestro país, no solo por el contagio contraído en el hospital por un paciente internado sino porque constituyen un desafío para las instituciones de salud pública, afectando de manera directa tanto la vida social como económica.

Sin embargo, este tipo de infecciones nosocomiales en su mayoría pueden ser susceptibles de prevención mediante la evaluación continua de las políticas y programas aplicables para el tratamiento integral hospitalario.

Si bien es cierto que los cuidados a la salud tienen el propósito de beneficiar al paciente, existe una serie de fenómenos derivados de la atención sanitaria que generan un daño mayor al paciente hospitalizado, como las maniobras realizadas por el personal que presta la atención médica o el mismo vestuario clínico del personal médico y enfermería, en específico el uso de la cofia, bata, estetoscopio y corbata.

Actualmente el uniforme de los profesionales de la salud y algunos instrumentos de uso común, son un vehículo para la transferencia de infecciones, por ejemplo, las batas blancas están colonizadas en la mayoría de los casos con staphylococcus aureus y por SARM el cual es resistente a medicamentos ,1 con lo que se puede sustentar la presencia de bacterias en las batas y por ende, su potencial capacidad de transmisión.

En análisis microbiológico se ha observaron menor contaminación bacteriana en las batas de los médicos visitantes y en aquéllos que mantienen una constante asepsia en comparación a los médicos tratantes con permanente atención a pacientes y que en complemento a su labor integran expedientes, capturan información médica del paciente o elaboran recetas médicas como son los casos más comunes en nuestro sistema de salud.

En cuanto a las corbatas de los médicos y enfermeros, es de notar que son un foco de contaminación permanente ya que, si bien, esta prenda no está en contacto directo con el paciente, si está relacionada de manera indirecta en los procesos de atención o maniobra del mismo y en muy contadas ocasiones este artículo recibe limpieza o aseo.2

En estudios de microorganismos encontrados en diversos estetoscopios, como instrumento básico y común de los médicos y del servicio de enfermería, se determinó que el estafilococo es la bacteria contaminante más común después de la presencia de cepas SARM y en menor porcentaje de los casos se encontraron bacterias Gram-negativas, incluso se ha conocido la presencia de Acinetobacter baumannii presente en un estetoscopio de uso común; y en los utilizados en áreas de urgencias se ha logrado identificar SARM como contaminante principal antes de ser descontaminados.3

Relativo al uniforme que portan las enfermeras durante la prestación de su servicio, si bien el uso de la cofia representa un símbolo que les da identidad, también es un artículo que se encuentra en exposición al medio hospitalario, transportando todo aquel microorganismo capaz de crecer en ella, como bien se demostró en un estudio realizado a enfermeras del área de Medicina Interna, y Cirugía General, Hospital Civil Doctor Juan I Menchaca en Guadalajara, Jalisco, donde se realizaron cultivos de los microorganismos en cofia, obteniendo una frecuencia de 89.6 por ciento de Micrococcus spp., seguido de 62 por ciento por Staphylococcus, hongos sp. 44.8 por ciento, staphylococcus coagulasa negativo 20.6 por ciento, y en menor frecuencia 10.3 por ciento Bacillus spp4 del total evaluado.

Sumado a estos datos que nos marcan un referencia debemos añadir las prácticas no reguladas en el uso de estos accesorios del personal médico y de enfermería, como es la bata, corbata y cofia, estos se colocan en la mayoría de las veces antes de iniciar sus actividades en cualquier parte del centro hospitalario o en su defecto en el tránsito de sus hogares al hospital pero no necesariamente dentro del servicio asignado, generalmente el contacto con estas prendas no es con una asepsia determinada o en el peor de los casos como lo marca la realidad mexicana, podemos observar a profesionales médicos y cuerpo de enfermería consumiendo alimentos en los alrededores de clínicas y hospitales, donde le dan un uso cotidiano a estas prendas muchas veces para cubrirse de las inclemencias del tiempo, cuando deben ser estrictamente para la atención y cuidado de los enfermos.

En algunos países como Estados Unidos de América, Francia y Reino Unido principalmente, se han enfocado a darle solución a este problema por considerar que las mangas de las batas son el principal vector de enfermedades nosocomiales, por ello se utiliza la manga corta y aún más allá, se restringe el uso de la corbata y reloj por considerar objetos que pueden portar microorganismos, sin embargo en nuestro país, a pesar de que existen normas oficiales para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales todavía existen médicos y enfermeras que consideran que tanto la bata, corbata y cofia son distintivos de su profesión, por lo que defienden su uso.

Por lo anteriormente expuesto, me permito señalar que todos estos accesorios, entre otros dispositivos médicos y personales, si bien están contaminados con bacterias patógenas, es necesario modificar el comportamiento de los trabajadores de la salud para reducir las infecciones nosocomiales y se requiere para su control de acciones en conjunto con programas transversales que involucren a todas las instituciones médicas tanto del Estado como particulares.

Por lo anteriormente expuesto, someto a esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud para que, mediante el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades, se conforme un grupo de trabajo que analice la creación de una norma oficial mexicana para el control de infecciones nosocomiales por el uso de bata, corbata, cofia y estetoscopio, así como de otros dispositivos médicos y personales.

Referencias

1. Bacterial contamination of health care workers´white coats. AM, Treakle. 2009, American Journal of Infection Control, págs. 37 (2): 101-105.

2. La corbata como formite nosocomial en personal de salud. C., Becerra-Torres E., y otros. Ciudad de México: http://www.medigraphic.com/pdfs/medintmex/mim-2013/mim131d.pdf, 2013.

3. Prevalence of methicillin-resistan Staphylococcus aureus on the stethoscopes of emergency medical services providers. MA, Merlin. 13(1):71-74, 2009, Vol. Prehosp Emergency Care.

4. Microorganismos más comunes en las cofias de estudiantes de enfermería y su papel en la dinámica de las enfermedades nosocomiales. Ramírez-Vera, M.T. y Macías-Hernández J.C. 2, Guadalajara, Jalisco: Revista Médico-Científica de la Secretaría de Salud de Jalisco, 2016, Vol. año 3.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2017.

Diputada Ana Guadalupe Perea Santos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las fiscalías generales de los estados a observar la perspectiva de género en la impartición de justicia sobre actos delictivos cometidos contra mujeres, a cargo de la diputada Érika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1 fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La violencia contra las mujeres ha sido catalogada por las Naciones Unidas como la más extendida violación de derechos humanos en el mundo, como uno de los principales obstáculos para el desarrollo, pues genera inestabilidad en las sociedades, impide el progreso hacia la justicia y la paz y atenta contra la gobernabilidad democrática.

Aunque es un problema con causas multifactoriales, en el ámbito jurídico se han advertido dos elementos interdependientes entre sí, como detonantes de su evolución: la desigualdad por razón de género y discriminación.

De acuerdo a la Encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares (ENDIREH) 2016:

De los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que residen en el país, se estima que 30.7 millones de ellas (66.1%) han padecido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación en los espacios escolar, laboral, comunitario, familiar o en su relación de pareja; al respecto el 43.9% de las mujeres que tienen o tuvieron una pareja, sea por matrimonio, convivencia o noviazgo, han sido agredidas por su pareja en algún momento de su vida marital, de convivencia o noviazgo.

Además el 9.4% de las mujeres de 15 años y más refiere haber sufrido abuso sexual en la infancia.

La violencia y la discriminación contra las mujeres y niñas constituyen violaciones a los derechos humanos más presente en el mundo y en México. Las violencias tienen un impacto en la salud, la libertad, la autonomía, la seguridad y la vida de las mujeres y las niñas.

Las violencias contra las mujeres en México son un problema de Salud pública, las expresiones de violencia feminicida son cada vez más constante, y el número creciente de mujeres asesinadas por razones de género van en aumento. En 2013 se calculaba 6.4 asesinatos por día,1 actualmente se tiene una cifra de 7 asesinatos diarios,2

El Estado mexicano, atendiendo a las diversas recomendaciones emitidas por los Comités de las convenciones internacionales, de las que México es Parte ha modificado y mostrado avances en el marco jurídico, de protección, atención y procuración de justicia, como una acción afirmativa que permee en las instituciones, sin embargo los esfuerzos no han sido suficientes en el ejercicio de impartición y procuración de justicia.

El Código Penal Federal en el artículo 325, establece el tipo penal de feminicidio, enmarcando las causales, que por razones de género una mujer sea privada de la vida.

Pese a los avances en el marco normativo y el establecimiento de acciones de carácter temporal, como el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual tiene como propósito, atender las problemáticas detectadas y las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, relativas al ejercicio de Control de Convencionalidad por quienes imparten justicia y, por tanto, a la aplicación del derecho de origen internacional, así como, al establecimiento de instrumentos y estrategias de capacitación y formación en perspectiva de género y derechos de las mujeres; las estadísticas reflejan deficiencia en la impartición de justicia en lo relativo a delitos que afectan a las mujeres.

A partir de estas consideraciones, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer –también conocida como Convención de Belém do Pará– define la violencia contra las mujeres como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.

En este sentido, el Estado mexicano como respuesta a las necesidades de atención a las mujeres y considerando las recomendaciones nacionales e internacionales en la materia, ha impulsado una serie de acciones de diversa índole para hacer frente a tan grave flagelo.

Especialmente, con el propósito de erradicar la violencia contra las mujeres, se crea el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, entre cuyos objetivos destaca la inclusión del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que incorpora la perspectiva de género como un principio transversal de la política pública y establece como Línea de Acción simplificar los procesos y mejorar la coordinación en los planos federal, estatal y municipal.

En este sentido, el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 dedica el objetivo transversal 2 a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres y niñas, y garantizar el acceso a una justicia efectiva.

Establece que es necesario garantizar la seguridad de las mujeres en sus comunidades, haciendo corresponsables a las autoridades de seguridad pública, bajo la estrategia 5 y líneas de acción 1,2, 6,7, la incorporación del derecho a una vida libre de violencia de las mujeres

No obstante, estas medidas siguen siendo insuficientes para prevenir y sancionar la violencia feminicida en México. El clima de la violencia social comunitaria desde hace décadas ha sido una constante.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define la violencia feminicida de la siguiente manera:

Artículo 21. Violencia feminicida: Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.

Conforme a estas consideraciones, se propuso dicha reforma para incluir en el Código Penal Federal la definición de “violencia feminicida”, acorde a lo establecido en el conjunto de instrumentos y convenciones internacionales de protección a los derechos humanos de las mujeres suscritos por el Estado mexicano, y tuteladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los numerales 1o., 4o. y 133.

El Estado mexicano debe garantizar la seguridad, la integridad física, sexual y emocional de las mujeres para lograr el libre ejercicio de sus derechos fundamentales, y evitar las muertes violentas de las mujeres y prevenir la violencia feminicida.

La Ley General de Victimas instituyó el Sistema Nacional de Atención a Víctimas y opera con la Comisión Ejecutiva Federal de Atención a Víctimas, para garantizar los derechos de las víctimas a la asistencia, atención, debida diligencia, con especial atención en eliminar la violencia hacia las mujeres, desaparición forzada, homicidios y feminicidios.

En México solo tres de cada 100 casos de asesinatos de mujeres, tienen una pena condenatoria, por lo cual la impunidad es un mensaje claro para los violentadores y asesinos, los golpes, violación o asesinato de mujeres no se castiga en México, eso implica la existencia de una complicidad del Estado mexicano, para que estos crímenes se sigan cometiendo.

A pesar de la creación de leyes, los cambios normativos, las políticas públicas y las campañas constantes implementadas para erradicar la violencia contra las mujeres, persisten los actos de violencia y asesinatos perpetrados contra mujeres y niñas.

El Estado mexicano ha recibido diversas recomendaciones por parte de los organismos internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación; siendo una de las más recientes, la observación 33, que deriva en una serie de acciones que deben ser acatadas para garantizar a las mujeres, el acceso a la justicia.

Derivado de lo anterior se somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a las Fiscalías Generales de las entidades federativas a implementar el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a las Fiscalías Generales de las entidades federativas a investigar los asesinatos de mujeres atendiendo a la causal de feminicidio, siempre que la comisión del acto delictivo presente indicios de haberse cometido por razones de género.

Tercero. Se exhorta respetuosamente a las Fiscalías Generales de las entidades federativas a implementar una metodología con Perspectiva de Género, que permita obtener indicadores que midan la eficacia de las políticas públicas y medidas temporales.

Notas

1 De sobrevivientes a defensoras; Jass (Just Associetes)

2 https://elpais.com/especiales/2017/feminicidios-en-mexico/#

Palacio Legislativo, a 5 de octubre de 2017.

Diputada Érika Rodríguez Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE a modificar las Normas N-CMT-2-02-005/04 y, en especial, N-CMT-2-02-002, “Calidad de agregados pétreos”, para concreto hidráulico, a fin de adicionar en la clasificación la arena plástica, a cargo del diputado Alfredo Miguel Herrera Deras, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Alfredo Miguel Herrera Deras, diputado federal de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:

Considerandos

Según la Asociación Nacional de Distribuidores de Llantas (Andellac), cada año en nuestro país se desechan 35 millones de llantas usadas y tan solo la Ciudad de México contribuye con al menos seis millones, además de las que “entran” de EU de las cuales, nueve de cada 10 son enviadas a tiraderos a cielo abierto o depósitos clandestinos, con graves consecuencias en términos ambientales, económicos y sanitarios.

Caso especial es lo que sucede en el norte del país, donde se opta por la quema de miles de llantas en hornos de cemento, presentando riesgos extremadamente peligrosos por las emisiones de sustancias tóxicas. Estos hornos han demostrado producir mayores emisiones de dioxinas, mercurio, hidrocarburos poliaromáticos (HPA) y metales pesados como plomo, zinc, níquel y vanadio, que las plantas de cemento que usan carbón o gas como combustible, que causan directamente en la gente expuesta a estos humos, el padecer dolores de cabeza, deficiencia en el aprendizaje y hasta cáncer mamario.

Adicionales a los impactos causados por la disposición de llantas existen un impacto alto en la fabricación de estas, ya que para su producción se requiere de diversas materias primas como agua, energía, hidrocarburos, textiles, acero, azufre, pigmentos entre otros, lo cual implica necesariamente un impacto sobre el medio ambiente.

Mencionado lo anterior, es que el tratamiento, reutilización y reciclaje de residuos sólidos se ha convertido en una oportunidad para lograr que diferentes materiales sean reincorporados a procesos productivos, alargando de esta manera la vida útil y disminuyendo los impactos ambientales negativos generados por los diferentes productos y materiales.

Para el reciclaje de llantas existen diversos procesos ya desarrollados, uno de ellos es el reciclaje por trituración mecánica, del cual se obtiene el producto denominado “Arena Plástica”;1 en el que se requiere poco consumo de energía eléctrica, además de ofrecer un esquema de movilidad y modularidad, cualidades que permiten moler una cantidad considerable de llantas anualmente y destinarlas en la fabricación de concreto hidráulico.

Las ventajas de integrar este material al cemento hidráulico, es que se aumenta el coeficiente de fricción en el pavimento, de tal manera que los autos pueden frenar más rápido y evitar accidentes automovilísticos y se garantiza que el concreto hecho con los residuos de llanta presentan una duración de al menos 20 años, un periodo mayor al que se obtiene empleando métodos tradicionales.

Además, el proceso cuenta con la facilidad de movilidad, pues cada máquina que realiza el proceso puede trasladarse a cualquier sitio para cubrir la actividad del proceso de reciclado. Ello promete un concepto de sustentabilidad dentro de una ciudad o estado, pues se resuelve el problema ambiental en donde se genera, sin necesidad de transportarlo.

Es de destacar que este método también puede utilizarse en la fabricación de impermeabilizantes, empaques para motores y en la industria de bolsas y tapetes, así como suelo en espacios recreativos como, canchas de futbol, parques y jardines infantiles.

Este punto de acuerdo tiene como propósito exhortar a la Secretaría de Economía para que modifique la Norma N·CMT·2·02·005/04 y en especial la norma N·CMT·2·02·002 Calidad de Agregados Pétreos para Concreto Hidráulico, para que dentro su clasificación sea adicionado el producto denominado “Arena Plástica” que se obtiene de la trituración de llantas, para ser incorporadas al cemento hidráulico, ya que con ello se contribuye a la conservación del medio ambiente y se fomenta el impulso de las micro, pequeñas y medianas empresas que intervengan en el sector.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía, para que modifique la Norma N·CMT·2·02· 005/04 y en especial la norma N·CMT·2·02·002 Calidad de Agregados Pétreos para Concreto Hidráulico, para que dentro su clasificación sea adicionado el producto denominado “Arena Plástica” que se obtiene de la trituración de llantas, para ser incorporadas al cemento hidráulico, ya que con ello se contribuye a la conservación del medio ambiente y se fomenta el impulso de las micro, pequeñas y medianas empresas que intervengan en el sector.

Nota:

1 Guía para el manejo de Llantas Usadas. Un sector transporte con operación más limpia. Primera edición. 2006

Palacio Legislativo, a 10 de octubre de 2017.

Diputado Alfredo Miguel Herrera Deras (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a no autorizar el proyecto La Paila, promovido por Minera Caballo Blanco, SA de CV, a cargo del diputado Julio Saldaña Morán, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, el que suscribe, diputado Julio Saldaña Morán integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta ante esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 31 de agosto de 2017 el director general de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente del estado de Veracruz (Sedema) una opinión referida a los instrumentos normativos y de regulación del uso de suelo respecto del proyecto “La Pila”, promovido por la empresa Minera Caballo Blanco S.A. de C.V., y que pretende realizarse en el Municipio de Alto Lucero, Veracruz.

Por lo que la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno del estado emitió el oficio SEDEMA/ OFICINADESECRETARIA/ OficioNº273/2017 con resolución negativa.

En ese tenor, la Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental de Semarnat está próxima a resolver dicho trámite, por lo que todavía existe la oportunidad en el tiempo de que esta legislatura pueda exhortar a la autoridad federal a negar la autorización.

La Secretaría de Medio Ambiente del estado ha estimado que de autorizarse dicho proyecto se generaran graves e irreversibles daños como la contaminación del suelo, agua y de la salud pública:

Los suelos en los polígonos del proyecto se verán amenazados por perdida de la capa fértil, compactación, vibraciones, derrame de combustible, aceites, lubricanes, residuos de manejo especial y otras sustancias incluyendo el cianuro de sodio, aunque se mencionan medidas de seguridad no se consideran fenómenos meteorológicos como tormentas, lluvias extremas, huracanes, sismos, incendios forestales, deslaves, inundaciones u otros que desde luego hacen posible el derrame del mismo. Tomando en cuenta que la zona en la que se pretende realizar el proyecto está próxima a lagunas, ríos y el Golfo de México.

En cuanto a la contaminación del agua, en los alrededores del proyecto se registran 23 corrientes de agua, de las que 7 son perenes y 16 intermitentes.

En total hay 9 escurrimientos a través de los cuales en caso de fugas de lixiviados cianurados u otros contaminantes del proyecto tales como grases, aceites, combustibles o residuos y cuya ocurrencia no debiera descartarse, se pueden afectar cuatro cuerpos de agua importantes. Fundamentalmente dos manantiales se encuentran cerca del área propuesta para establecer instalaciones para lixiviados.

Mientras que las afectaciones a la salud pública pueden darse por los derrames de lixívianos y las condiciones de trabajo de los peones y obreros, sin contar los accidentes que pudieran derivar en pérdidas humanas.

Este proyecto no tiene precedente en cuento a destrucción, pues tan solo se pretende desmontar 265 mil 4 hectáreas en las que se reportan 88 especies de flora y 311 especies de animales.

Es evidente que la aprobación del mencionado proyecto traería consigo innumerables daños al ambiente de las comunidades de Alto Lucero, esta fue la razón principal por la que la Secretaria de Medio Ambiente del Estado solicita no autorizar la obra.

Además de que la misma secretaría estatal manifestó que el proyecto no presenta la información completa respecto a las especies que habitan en la zona a impactar y que se omite 42 por ciento de las especies registradas en la zona.

Recordemos que el artículo 35 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente prevé negar la autorización en los casos en los que exista falsedad en la información proporcionada por los promoventes, respecto de los impactos ambientales de la obra o actividad de que se trate.

Derivado de lo anterior y en base de que existe la posibilidad de que se dé continuidad con el proyecto de La Paila, se somete a consideración de la Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, específicamente a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, tomar en cuenta la opinión de la Secretaría de Medio Ambiente del estado de Veracruz y no autorizar el proyecto denominado La Paila, promovido por la empresa minera Caballo Blanco, SA de CV, que pretende realizarse en el municipio de Alto Lucero, Veracruz.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2017.

Diputado Julio Saldaña Moran (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a dar cabal cumplimiento al pago de los trabajadores ex braceros del periodo 1942-1964 y sus familias, suscrita por las diputadas Modesta Fuentes Alonso y Delfina Gómez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Morena

Las que suscriben, diputadas Modesta Fuentes Alonso y Delfina Gómez Álvarez, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en esta LXIII Legislatura federal, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta Soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:

Antecedentes y consideraciones

Primero. El 21 de agosto de 1942, los gobiernos de Estados Unidos y México suscribieron un Convenio Internacional de Trabajadores Temporales que tenía como finalidad hacer posible la entrada a los Estados Unidos de trabajadores mexicanos, para cubrir el déficit de mano de obra originado a raíz de la participación de este país en la Segunda Guerra Mundial. Dicho convenio estuvo vigente en términos formales hasta 1964, aunque existen documentos que prueban que se los siguió contratando hasta 1967. En todo este periodo, fueron más de 4.6 millones de trabajadores mexicanos los que trabajaron como braceros en los Estados Unidos, en la construcción de vías férreas y en la producción de alimentos en los campos agrícolas; es decir, en dos de los sectores que fueron clave para mantener en pie la economía de guerra estadounidense.

Segundo. Dicho convenio establecía la creación del llamado “Fondo de Ahorro Campesino”, el cual se constituía mediante la deducción de un 10 por ciento de los salarios de los trabajadores mexicanos braceros. Los patrones hacían la deducción, y depositaban esos recursos en cuentas del gobierno estadounidense; y éste a su vez, al término de cada año fiscal, transfería todo ese dinero al gobierno de México, quien tenía la obligación de reembolsarles sus ahorros a los trabajadores ex braceros una vez que ya estuviesen de regreso en sus comunidades; cosa que nunca ocurrió. Es decir, estamos hablando de un gobierno nacional, que tuvo el atrevimiento de robarse, ni más ni menos, los Fondos de Ahorro de más de 4.6 millones de trabajadores braceros, constituidos a los largo de por lo menos 22 años.

Tercero. En 1998; es decir, a 56 años de que inició, y a 34 años de que concluyó el Programa Bracero, los trabajadores ex braceros, ahora ya viejos, enfermos y en situación de pobreza extrema, comenzaron a organizarse para reclamar los que es suyo. Por todo el país, e incluso en Estados Unidos, se han constituido cientos de organizaciones de ex braceros para exigir al gobierno federal le devolución íntegra, inmediata e incondicional de sus fondos de ahorro, incluyendo los intereses y las actualizaciones que conforme a derecho corresponden por los 72 años que ya han transcurrido. Dicho proceso de organización, concientización y movilización fue en ascenso, y alcanzó su clímax hacia 2003, 2004 y 2005; pero aun ahora, no hay un solo día en que no tenga lugar alguna movilización de ex braceros en alguna parte del país, clamando por la devolución de su 10 por ciento, que no es sino 10 por ciento del salario que percibieron mientras trabajaron en los Estados Unidos.

Cuarto. Como producto de su lucha, se inició hacia 2003 un complejo proceso de diálogo, que dio pie a la creación de la Comisión Especial para Dar Seguimiento a los Fondos de los Trabajadores Mexicanos Braceros en la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados; a la elaboración de un padrón inicial en 2003; pero sobre todo a la aprobación de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos , publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2005, con base en la cual se creó un Fideicomiso que tiene por objeto “otorgar un apoyo social [...] a los ex trabajadores migratorios mexicanos que hayan prestado sus servicios en los Estados Unidos de América durante los años de 1942 a 1964, de conformidad con lo establecido por el Programa de Trabajadores Migratorios o, en su caso, a sus cónyuges o a los hijos o hijas que sobrevivan y que acrediten la procedencia del mismo, de conformidad con los requisitos establecidos por el artículo 6o. de la presente Ley”.

En el artículo 2o. fracción II, y en el sexto transitorio de esta Ley, se estableció que “el Comité Técnico del Fideicomiso deberá presentar a la Cámara de Diputados a través de la Comisión Especial para dar Seguimiento a los Fondos de los Trabajadores Mexicanos Braceros, un informe trimestral sobre el avance de su gestión que permita conocer su situación financiera y determinar, en su caso, la cantidad a presupuestar para el año siguiente”. Dicha Comisión Especial existió y estuvo cumpliendo sus funciones, durante las legislaturas LVIII, LIX, LX y LXI. Durante la LXII, olímpicamente se incumplió dicho mandato legal, en virtud de lo cual la Comisión de Asuntos Migratorios tuvo a bien constituir en su seno la Subcomisión de Ex Braceros, y eligió como su presidente al diputado Raúl Gómez Ramírez, quien mantuvo en alto la bandera de la causa de los ex braceros, literalmente hasta su último aliento.

Quinto. A pesar de sus diversas y muy serias limitaciones, puede afirmarse que la puesta en vigor de esta Ley significó un gran avance: gracias a ella, los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón asignaron recursos presupuestales para pago del apoyo social, de manera ininterrumpidadurante los [ocho] ejercicios fiscales: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. En este lapso se asignaron en total más de 7 mil millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y se les ha pagado el apoyo social a un poco más de 190 mil ex braceros o a sus beneficiarios. Sin embargo, éstos representan apenas un 5.8 por ciento del total de los ex bracerosexistentes en el país, según las cifras del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas dependiente de la Cámara de Diputados.1

Hoy día, existen aún en poder de la Segob 40,087 expedientes de igual número de ex braceros, cuyos folios no han sido publicados para pago, a los cuales, en términos de la Ley y de sus Reglas de Operación, se les tenía que haber pagado en el ejercicio fiscal 2013; lo cual representa, nada menos, un 18.1 por ciento del total de los ex braceros inscritos en el padrón, pendientes de pago .

Sexto. A pesar de que la administración saliente de Felipe Calderón dejó constancia de estos 40,087 expedientes pendientes de pago, e hizo el requerimiento presupuestal respectivo para el ejercicio fiscal 2013, ya no se ha asignado un solo centavo para pago a ex braceros en el Presupuesto de Egresos de la Federación en lo que va del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto (2013, 2014 y 2015), ni se los consideró en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016 que el presidente entregó a la Cámara de Diputados el pasado 8 de septiembre. Lo cual constituye una flagrante y reiterada violación al mandato legal contenido en la Ley que Crea el Fideicomiso ya mencionada; a los artículos 1o., 14, 16 y 74 fracción IV de nuestra Carta Magna, y a la Ejecutoria de amparo que explicaremos puntualmente más adelante.

Séptimo. La Ley que Crea el Fideicomiso sufrió una primera enmienda a través del Decreto de Reformas y Adiciones de 1o. de septiembre de 2008, del cual cabe destacar la disposición contenida en el artículo séptimo transitorio, que reza textualmente: “El Fideicomiso operará hasta que se dé cumplimiento a su objeto”, lo cual significa que el titular del Ejecutivo Federal y la Cámara de Diputados están obligados jurídicamente a proveer recursos presupuestales para el pago del apoyo social a los trabajadores ex braceros, hasta que se alcance la plena realización del objeto del Fideicomiso. Ahora bien, si está clara y oficialmente documentada la existencia de 40,087 folios pendientes de pago, no existe argumento alguno que justifique la omisión en que han incurrido el titular del Ejecutivo Federal y la Cámara de Diputados en los ejercicios 2013, 2014 y 2015, y en la que están a punto de reincidir en el Presupuesto 2016. 2

Octavo. Sufrió una segunda enmienda a través del Decreto de 10 de septiembre de 2010, del cual deseamos poner de relieve el contenido de los artículos 3o., y en particular del 4o. transitorio, en el cual se establece que un representante del Poder Legislativo deberá formar parte del Comité Técnico del Fideicomiso en calidad de invitado permanente. Esto, porque actualmente, el honorable Pleno de esta Cámara no ha elegido a tal representante ante el Comité Técnico; esto es, dicha representación se encuentra acéfala.

Noveno. Por otra parte, el artículo octavo transitorio del Presupuesto de Egresos 2015, ordena a la Secretaría de Gobernación: i) concluya la revisión de los expedientes de las personas que hayan presentado solicitud para recibir el apoyo previsto en la Ley de la materia; ii) determine conforme a los términos y condiciones establecidos en dicha Ley aquellos que tienen derecho a recibir el apoyo respectivo; y iii) realice el pago correspondiente (incluyendo a los beneficiarios que no se han presentado a cobrarlo), a más tardar el 31 de diciembre de 2015. Sin embargo, al no haber asignado partida presupuestal alguna, dicha disposición se convierte en un ouróvoro; es decir, se devora, se nulifica a sí misma.

Décimo. Por lo demás, el Poder Judicial de la Federación, a través de Sentencia Firme del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Distrito Federal en el Toca RA-160/2013, concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a los quejosos en el juicio de garantías 38/2013, en los términos siguientes:

“Decisión . En mérito de lo expuesto, lo que procede es conceder el amparo a los quejosos, en contra de los actos reclamados consistentes en:

- La omisión en que incurrió el titular del Ejecutivo Federal de incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2013 (dos mil trece), la partida económica para pagar el apoyo social a trabajadores ex braceros, conforme a la Ley que creó el Fideicomiso respectivo.

- La omisión en que incurrió la Cámara de Diputados de modificar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, enviado por el titular del Ejecutivo Federal, en transgresión al artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Y es que, mientras “la parte quejosa aportó copias simples, no objetadas por las autoridades, del Fideicomiso 10230 Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos 1942-1964 [...] en donde se encuentra el apartado denominado ‘estado financiero actual del fideicomiso y presupuesto 2013’ , en donde se advierte que existen pagos pendientes [...] y se realizó una propuesta de presupuesto para 2013”, “las autoridades responsables no aportaron elementos a partir de los que se deduzca, sin lugar a dudas, que se ha agotado el objetivo o finalidad del Fideicomiso...”

“Conforme al contenido del artículo 74 de la Norma Condicionante, el titular del Ejecutivo Federal debió realizar la afectación del Presupuesto para 2013 y, la Cámara de Diputados debió realizar la aprobación en ese sentido, en relación con la partida que se destinare para el pago del apoyo social a ex braceros y/o a quienes acrediten tener el derecho a recibir ese apoyo; lo cual debió realizarse con sujeción a la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, las disposiciones de tránsito de esa Ley[...], así como a las Reglas de Operación del Fideicomiso...”

“La Ley prevé el otorgamiento de un apoyo social para los beneficiarios, por lo que crea un derecho para que los ex trabajadores migratorios, o en su caso, quienes tengan derecho a recibir el apoyo, obtengan aquél, proveniente de recursos públicos que la sociedad les otorga”.

Undécimo. El pasado 7 de diciembre de 2015 la Secretaría de Gobernación publicó en el Diario Oficial de la Federación la lista de los 7 mil 033 beneficiarios que forman parte de la relación de apoyos programados del Fideicomiso 10230 del Fondo de Apoyo Social de Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

La publicación de la Secretaría señala que los recursos se destinaron con base en los artículos 1 y 8 del Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos con base en la relación aprobada por el Comité Técnico del mismo que publicó el acuerdo 01/SE29/2015 del pasado cinco de noviembre.

El listado incluye el número de folio de cada ex trabajador migratorio, nombre, estado y municipio, así como un monto de 38 mil pesos a cada uno, para lo cual cuentan con un plazo de 120 días naturales que empezaron a correr un día después de la publicación de la lista, la cual está próxima a vencer, sin embargo, es necesario que exista una lista permanente para que todas las personas beneficiadas puedan ejercer su derecho.

Duodécimo. Cabe señalar por otra parte, que los beneficiarios no han podido cobrar en el BANSEFI, debido a diversos tipos de dificultades para reunir la documentación indispensable a fin de realizar trámites de cambio de beneficiario o de corrección de datos. Anteriormente, el pago era agilizado por las oficinas de Telecomunicaciones de México (TELECOMM-TELEGRAFOS), es decir, había menos impedimentos para que los Ex Trabajadores Migratorios pudieran cobrar el dinero que por derecho les corresponde.

Decimotercero. El 29 de febrero de 2016 la Jueza Segunda de Distrito en Materia Administrativa , Paula María García Villegas Sánchez Cordero, emitió sentencia que se señala, que de acuerdo con estimaciones de especialistas, el dinero retenido más los intereses generados en 65 años suman más de 5 billones 90 mil 231 millones de pesos, lo que, repartido entre 4 millones 678 mil contratos firmados en dicho programa, representa un aproximado de un millón 96 mil pesos para cada trabajador o sus beneficiarios.

Ahí se precisa que la cantidad de 38 mil pesos entregada a una parte de los quejosos, en marzo de 2012, por el gobierno de Felipe Calderón, constituye una falta de respeto a los braceros

Además, ordena al gobierno mexicano la creación de un banco de datos con todos los datos y nombres de los ex braceros y beneficiarios de éstos, a efecto de determinar qué personas tienen derecho al pago del fondo de ahorro.

La autoridad debe otorgar un fondo de identidad con el que otorgue todas las facilidades a los ex braceros y sus beneficiarios para obtener la documentación que necesitan para acreditar su derecho al pago del ahorro.

Ordena al gobierno mexicano a realizar una investigación exhaustiva con su similar de Estados Unidos a efecto determinar los nombres, cuentas y cantidades que ahorró cada uno de los migrantes mexicanos, debiendo rendir cuentas exactas y transparentes respecto del destino de sus ahorros, con la colaboración de los bancos estadunidenses con la finalidad de evitar pretextos al cumplimiento de este punto, bajo el argumento de que derivado de los sismos de septiembre de 1985 se destruyó la documentación.

Además, se señala que la Secretaría de Relaciones Exteriores deberá gestionar la posibilidad, mediante los consulados en Estados Unidos, de que todos los connacionales que viven en aquel país y tengan calidad de ex braceros o beneficiarios puedan acceder al beneficio del pago del fondo de ahorro.

La sentencia concluye que quien debe rendir cuentas a los ex braceros y sus beneficiarios, de dónde está su dinero y cuál fue su destino, es el Estado mexicano, porque un Estado democrático, constitucional, social y de derecho, no se puede dar el lujo histórico de extraviar dinero que tenía bajo su guarda y custodia, que pertenecía a los más desfavorecidos socialmente, pero menos aún, darles una respuesta incongruente a su petición.

La sentencia de la juez claramente señala que las autoridades deben pagar la deuda y acabar con la conducta omisa en el tema y se advierte a las autoridades que por ningún motivo se atrevan a insistir en su conducta omisa de no atender a los braceros y no devolverles su dinero.

El proceso de pago no debería de ser largo ya que existen los elementos para determinar con toda certeza cuánto se le debe a cada quien. Sin embargo las autoridades han hechos lo posible por desaparecer la evidencia, las constancias, los documentos.

En todos estos años la conducta del gobierno ha sido de ocultar la verdad, de evadir su responsabilidad y de afectar, a sabiendas del daño, a millones de trabajadores. A la fecha siguen existiendo trabas burocráticas para no cumplir con lo señalado en la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos de 2005, ni con el artículo octavo transitorio del Presupuesto de Egreso de la Federación y ni con la sentencia del Juzgado Segundo en Materia Administrativa.

La Secretaría de Gobernación ha incumplido su mandato legal para, a más tardar el 31 de diciembre de 2015, tal y como marca el Octavo Transitorio del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015, implementar los mecanismos que se requieran para concluir con la revisión de los expedientes de las personas tiene derecho en términos de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, y realizar el pago correspondiente; tampoco ha dado cumplimiento a la sentencia de la Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, y en cambio ha dilatado los procesos de revisión y con lo que ha dejado en estado de indefensión a miles de nuestros compatriotas, dejándolos a su suerte así como a sus beneficiarios.

Decimocuarto. Aunado a lo anterior, los correos y los teléfonos proporcionados por la Secretaría de Gobernación para resolver dudas y recibir orientación para el trámite, no son funcionales, pues los ex trabajadores Migratorios y sus familias han querido hacer uso de ellos, sin que obtengan una respuesta de la Secretaría.

Decimoquinto. El día 9 de agosto del 2016, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión aprobó un Punto de Acuerdo con los siguientes resolutivos:

“Primero . La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Gobernación a que remita a esta Soberanía un informe detallado del apoyo social que han recibido trabajadores ex braceros; en el que se incluya el número de personas registradas, así como la situación de pagos y adeudos que se tiene al día de hoy.

Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta a la Cámara de Diputados, para que en el ante proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, considere una partida presupuestal para continuar con el pago a ex trabajadores migratorios mexicanos. ”

Decimosexto. El día 27 de octubre de 2016 la Comisión de Asuntos Migratorios presentó, a petición de la que suscribe, una Opinión ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados para que se considerara una partida presupuestal para este sector, a pesar de que dicha opinión fue suscrita por la mayoría de los miembros de la Comisión de Asuntos migratorios, y de que la Comisión Permanente emitió el exhorto a la Cámara de Diputados para que se considerara una partida presupuestal, no se contó con el respaldo del voto en el Pleno de los legisladores, desechando así dicha propuesta.

Decimoséptimo. El día 17 de Mayo del presente año, la que suscribe presentó, de nueva cuenta, ante la comisión Permanente del Congreso de la Unión, una Proposición con puntos de acuerdo en el que solicité exhortar a los poderes Ejecutivo y Legislativo, para que den continuidad al pago y finiquito del fideicomiso que representa la deuda social que éste tiene con los trabajadores ex braceros.

Sin embargo, la Comisión Permanente aprobó únicamente el siguiente resolutivo:

“Único . La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, que en un plazo no mayor a 15 días naturales, remita a esta Soberanía un informe detallado del estado que guarda el Fideicomiso de Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos 1942-1964.”

Es de suma importancia señalar que, la Secretaría de Gobernación ha emitido diversos informes, los cuales no dan una solución certera al problema que enfrenta este sector de la sociedad, es necesario que se otorguen recursos para saldar esta deuda que el Gobierno tiene con los Ex trabajadores migratorios.

Con base en lo anteriormente expuesto y, con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, nos permitimos proponer los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Esta honorable Cámara de Diputados, solicita al presidente de la República en su carácter de titular del Ejecutivo federal y a las comisiones competentes de la Cámara de Diputados, tomen las medidas necesarias en el ámbito de su competencia, con el objeto de que se cubra el apoyo social a los 40, 087 ex braceros a quienes se les adeudan pagos, relativos a su labor brindada en el marco del programa antes mencionado.

Segundo. Esta soberanía instruye al Comité Técnico del Fideicomiso, emita una nueva Convocatoria e instale las Mesas Receptoras Permanentes en los diferentes entidades federativas respectivas , con la finalidad de que, todos aquellos ex braceros que no se registraron en las convocatorias anteriores, tengan oportunidad de acreditar su derecho y acceder al beneficio del apoyo social previsto en la Ley de la materia, como se desprende de los artículos 1o. de la Ley, y séptimo transitorio del Decreto de 1o. de septiembre de 2008.

Tercero. Esta Soberanía exhorta a estas mismas instancias, para que garanticen a los ex braceros que radican en los Estados Unidos una atención eficiente y eficaz a través de los consulados de México en aquel país; el hecho de que ellos tengan que venir a este lado de la frontera a realizar sus trámites, constituye una violación a sus garantías constitucionales, por cuanto implica una violación al derecho de no discriminación previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Cuarto. Esta Soberanía exhorta a los poderes Ejecutivo y Legislativo, para que den continuidad al pago y finiquito del fideicomiso que representa la deuda social que éste tiene con los trabajadores ex braceros. Ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 5o. párrafo primero de nuestra Carta Magna, que textualmente dice: Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.

Quinto. La honorable Cámara de Diputados exhorta al Comité Técnico del Fideicomiso, para que realice el cambio de Bansefi por las oficinas de Telecomunicaciones de México (Telecomm-Telegrafos) a efecto de que sea ésta última la encargada de otorgar apoyo social.

Sexto. Esta Soberanía exhorta a la Secretaría de Gobernación para que haga públicos nuevos números telefónicos, así como un nuevo correo electrónico funcionales con el fin de aclarar dudas y dar asesoría en el trámite del apoyo social para Ex Trabajadores Migratorios.

Séptimo. Esta soberanía exhorta a que se realicen las investigaciones correspondientes ante las autoridades competentes, a fin de que se sancione a los diferentes bufetes jurídicos que han incurrido en fraudes con el supuesto apoyo y gestión de dichos recursos.

Notas

1 El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, estimó en 3,233,755 la cantidad de ex braceros o sus beneficiarios sobrevivientes que podrían registrarse en la Segunda Convocatoria. Véase CEFP, “Impacto Presupuestario ‘Programa Bracero’ 1942-1964”, México, Palacio Legislativo de San Lázaro, marzo de 2008, p. 12.

2 Gustavo Nicolás Kubli Albertini, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Oficio No. 307-A.-6441, dirigido a la diputada Amalia García Medina en su carácter de presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados. Anexo 2, Apartado II.D. Informe de la revisión de expedientes no viables e integración del listado de viables para la propuesta del presupuesto 2013, páginas 35 y 36.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2017.

Diputadas: Modesta Fuentes Alonso, Delfina Gómez Álvarez (rúbricas)

Con punto de acuerdo, relativo al incremento de casos de violencia contra mujeres y la impunidad existente en ellos, con un llamando a solidarizarse y sumarse a la estrategia de difusión de la cultura de la no violencia y promoción de sus derechos humanos, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Mirza Flores Gómez, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 77 numeral I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Asamblea, el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En la Ciudad de México, Paseo de la Reforma se ha abarrotado con múltiples marchas y manifestaciones que han encabezado diversos sectores de la sociedad para exigir un alto a la violencia y los altos niveles de criminalidad, que recrudecen día a día. Empero, estas movilizaciones se repiten en las principales avenidas de las entidades que conforman la República Mexicana con el mismo estrépito.

En el caso de la violencia hacia las mujeres, la batahola está plagada de consignas que evidencian la manera en que las están matando, sin embargo, son dos las que con estruendo y continuidad se escuchan: ¡Vivas nos queremos! y ¡Ni Una Más!.

Los puentes de compresión y vínculos emocionales que se han desarrollado como sociedad, tienen como protagonista al dolor, frustración, impotencia y miedo: tragedia en diferente escenario. Miles de mujeres y hombres, de diferentes grupos etarios y clases sociales, se han unido en la consternación, son víctimas de la violencia que en el lado más extremo han experimentado la pérdida de la vida de una persona querida o cercana.

Respecto a la violencia que se ejerce hacia las mujeres, el feminicidio es la más atroz. No obstante los tipos y modalidades se agravan, la agresión se encuentra enquistada en los hogares mexicanos, muestra de ello son las cifras recientes de la Encuesta Nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares1 (ENDIREH) 2016, que mide las experiencias de violencia que han enfrentado las mujeres de 15 años y más que residen en el territorio nacional. Dicha encuesta permite dimensionar y caracterizar la dinámica de las relaciones que mantienen las mujeres con las personas que integran sus hogares, particularmente con su esposo o pareja; pero también sobre las relaciones que han establecido en los centros educativos y laborales o en el espacio comunitario; con la finalidad de identificar si han experimentado situaciones adversas como agresiones de cualquier tipo, amenazas, coerción, intimidación, privación de su libertad o abusos verbales, físicos, sexuales, económicos o patrimoniales que les causaron un daño directo o tuvieron la intención de hacerlo.

La relación donde ocurre con mayor frecuencia la violencia contra las mujeres es en la pareja. El 43.9 por ciento de las mujeres que tienen o tuvieron una pareja, sea por matrimonio, convivencia o noviazgo, han sido agredidas por su pareja en algún momento de su vida marital, de convivencia o noviazgo.

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El segundo ámbito de mayor violencia contra las mujeres es en espacios como la calle, el parque y el transporte, entre otros, donde 38.7 por ciento de las mujeres fueron víctima de actos de violencia por parte de desconocidos. De los actos de violencia más frecuentes destaca la violencia sexual, que han sufrido 34.3 por ciento de las mujeres de 15 años y más, ya sea por intimidación, acoso, abuso o violación sexual.

En tercero se encuentra el ámbito laboral, debido a que el 26.6 por ciento de las mujeres que trabajan o trabajaron alguna vez, experimentaron un acto violento. Finalmente en cuarto lugar se encuentra el ámbito escolar, con 25.3 por ciento de mujeres y niñas que enfrentaron violencia.

Violencia por ámbitos

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En lo que se refiere a la atención y denuncia, del total de las mujeres que han experimentado violencia física y/o sexual por otro agresor distinto a la pareja, el 9.4 por ciento presentó una queja o denunció ante alguna autoridad y 2.2 por ciento sólo solicitó apoyo a alguna institución, mientras que el 88.4 por ciento no solicitó apoyo a alguna institución ni presentó queja o denuncia ante alguna autoridad.

Entre las razones que argumentaron las mujeres para no denunciar se encuentran:

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Bajo el argumento: que se trató de algo sin importancia y que no le afectó, la violencia que se ejerce hacia las mujeres se normaliza, debido a que, en la actualidad las modalidades y tipos de violencia son más crueles, por lo que se tolera las que no son cruentas, pero que son el punto de ignición para perpetuar la violencia hacia ellas.

Así, la intimidación y acoso sexual han ido en aumento, recordemos que estas conductas forman parte de la violencia sexual y que son de las más frecuentes, ya que 34.3 por ciento de las mujeres de 15 años y más han sufrido, llegando al abuso y/o violación.

¿Qué es el acoso sexual?

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el artículo 13, segundo párrafo, lo define de la siguiente manera:

El acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.

Este tipo de conducta se encuentra enraizada en nuestra sociedad, acompañada de abuso de poder, dominación y sometimiento del género femenino, otorgando privilegios a sus congéneres basados en la creencia cultural y construcción social de lo propio de cada sexo, que impacta en la manera en que se trata a las personas, desencadenando con ello prácticas discriminatorias, estigmas sociales y menoscabando la dignidad de las mujeres.

Así, estas prácticas se han ido extendiendo impactando en la cotidianidad de mujeres y niñas, que van desde modificar las rutas de sus destinos, cambios en su vestimenta, hasta dejar de acudir a ciertos espacios de ocio o entretenimiento, porque sencillamente ningún sitio es seguro si eres mujer.

Ante ello y derivado de las intimidaciones y acoso que han denunciado mujeres en redes sociales, respecto a que en diversos complejos o salas de cine, han sido víctimas de estas conductas que como sociedad nos degradan y laceran, y en razón de las cifras antes mencionadas, hago un llamado de unidad a los diversos sectores de la sociedad para que se solidaricen, implementando prácticas y procedimientos que posibiliten erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas.

A nivel mundial la violencia contra las mujeres y las niñas forma parte de la agenda pública, en este sentido la Organización de las Naciones Unidas puso en marcha la iniciativa mundial Ciudades Seguras, del que se desprende el Programa Mundial de “Ciudades Seguras Libres de Violencia Contra las Mujeres y las Niñas.” Sin embargo necesitamos del involucramiento y respaldo del sector privado para sumar esfuerzos y avanzar en la construcción de una sociedad empática, solidaria y respetuosa: libre de violencia.

Fundado y motivado en las consideraciones antes expuestas, someto a su consideración los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, expresa su preocupación por el incremento de casos de violencia contra las mujeres, así como la impunidad existente en los mismos.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a través de la Secretaría de Gobernación, a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía en el ámbito de sus atribuciones, a efectuar un llamado solidario a la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, a fin de sumarse a la Estrategia de difusión de la cultura de la no violencia y de promoción de los derechos humanos de las mujeres.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor a proteger los derechos de las y los consumidores de servicios de entretenimiento y ocio, a fin de garantizar las condiciones de seguridad y procedimientos de queja, para aquellas personas que incurran en conductas que violenten los derechos humanos de las personas en sus instalaciones.

Notas

1 Resultados de la Encuesta Nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares (ENDIREH) 2016. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En línea, disponible en: URL:http://www.inegi. org.mx/saladeprensa/boletines/2017/endireh/endireh2017_08.pdf

2 Ibídem.

3 Ibídem.

4 Ibídem

Dado en la honorable Cámara de Diputados, a 10 de octubre de 2017.

Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobernadores a homologar sus protocolos de investigación ministerial, pericial y policial, con perspectiva de género para los delitos de violencia sexual, a cargo de la diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

La suscrita, Angélica Reyes Ávila, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 2 y 79, numerales 1, fracción II y 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación ha sido establecido como un desafío prioritario en los sistemas de protección de derechos humanos a nivel nacional e internacional. Dejando claro que corresponde al Estado otorgar garantías plenas y efectivas de prevención, atención, sanción y reparación del daño en cualquier tipo y modalidad de violencia.

Diversos han sido los esfuerzos por integrar un marco jurídico que atienda estas inherentes responsabilidades del Estado; la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia promulgada el 1 de febrero de 2007 es el primer esfuerzo por enunciar los tipos de violencia y sus modalidades; es decir, las formas, manifestaciones o los ámbitos en que se presenta, y mandata acciones específicas para erradicarlas.

Dentro de las modalidades, establece la violencia feminicida, entendida como la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.

A pesar de las recomendaciones para prevenir, atender y sancionar el delito de violencia feminicida, es a partir del 2011 que el Estado mexicano incorpora el feminicidio como un nuevo tipo penal en el catálogo de delitos del orden federal, dándole un tratamiento específico a quien prive dolosamente de la vida a una mujer, cuando se cometa en ciertas circunstancias, todas por razones de género.

Dado que se trata de un delito del fuero común, en este proceso diversos han sido los embates para avanzar en una adecuada tipificación de este lamentable delito, de acuerdo con el Estudio de la implementación del tipo penal del feminicidio: causas y consecuencias, 2012-2013, presentado a finales de 2014 por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio,1 “Todos los estados, excepto Chihuahua, tipificaron el feminicidio, pero de ellos sólo en 14 es posible acreditar el tipo penal. En los otros 17 en cambio es casi imposible poder hacerlo”. De ahí la importancia de seguir insistiendo en una adecuada armonización de la configuración del delito.

De acuerdo con este mismo estudio, en México, “en el periodo 2012-2013 3 mil 892 mujeres fueron asesinadas, aunque de estos casos sólo 613 son investigados como feminicidio, y únicamente en 1.6 por ciento de ellos hay sentencia. En 25 por ciento hay consignación; 24 por ciento se encuentra sujeto a investigación, y en 43.5 por ciento la autoridad no informa sobre la situación legal. En 80 por ciento se desconoce al agresor; 41 por ciento de las mujeres tenían entre 20 y 40 años, pero se desconoce la edad en 28 por ciento de ellos. En el 20 por ciento de los casos las mujeres fueron asesinadas por su pareja, y sus cuerpos fueron encontrados en la vía pública (21 por ciento) o en su domicilio (10 por ciento)”.

Es decir, aunado a una adecuada tipificación del feminicidio, es necesario establecer las bases para el procedimiento de investigación e integración del delito de feminicidio, que deberá desarrollarse con la debida diligencia por parte del Ministerio Público, la Policía de Investigación y los servicios periciales. Es decir, se deben de enmarcar protocolos, mismos que ya son ordenados en nuestra legislación, sin embargo, pocos son los estados que han atendido este mandato:

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República

Artículo 5. Corresponde a la Procuraduría General de la República:

XVII. Elaborar y aplicar protocolos de investigación de delitos con perspectiva de género, primordialmente para la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, para la investigación de los delitos de feminicidio, contra la libertad y normal desarrollo psicosexual, la trata de personas y la discriminación.

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Artículo 47. Corresponde a la Procuraduría General de la República:

X. Elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de género en la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, para la investigación de los delitos de discriminación, feminicidio, trata de personas y contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual.

Artículo 49. Corresponde a las entidades federativas y al Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto por esta ley y los ordenamientos locales aplicables en la materia:

XXIV. Elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de género en la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, para la investigación de los delitos de discriminación, feminicidio, trata de personas y contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual.

El feminicidio constituye la forma de la violencia en su peor expresión, causante de la muerte de mujeres en todo el país, por lo cual su tipificación como delito en el orden jurídico nacional, la elaboración y aplicación de protocolos por parte de las autoridades correspondientes constituye una exigencia nacional e internacional, cabe mencionar que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia “Caso González y otras (“Campo Algodonero”) de 16 de noviembre de 2009,2 ha ordenado al Estado mexicano: en un plazo razonable, continuar con la estandarización de todos sus protocolos, manuales, criterios ministeriales de investigación, servicios periciales y de impartición de justicia, utilizados para investigar todos los delitos que se relacionen con desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres.

En sentido, el tema que hoy nos ocupa resulta de primordial importancia, para dar pleno cumplimiento a la estandarización de los protocolos de atención a la violencia sexual y el feminicidio, pues el Estado Mexicano debe otorgar garantías plenas y efectivas de atención, protección, restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, así como la incorporación de la perspectiva de género en la administración, procuración e impartición de justicia.

Son las familias, las madres principalmente, las que se enfrentan primeramente a la estigmatización y a la criminalización por parte del Ministerio Público cuando acuden a denunciar esos hechos, enfrentándose a la victimización y a la falta de acceso a la justicia.

En marzo de 2015, la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, mediante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), dio a conocer y publicó los protocolos de investigación ministerial, pericial y policial, con perspectiva de género para los delitos de violencia sexual y feminicidio. Ello, con el objetivo de establecer la aplicación de estándares de derecho internacional de derechos humanos de las mujeres y niñas en las indagaciones.

Es importante mencionar que para la elaboración de los protocolos se contó con la asesoría de grupos civiles, el Instituto Politécnico Nacional, órganos especializados como ONU-Mujeres, y también se tomaron en cuenta las recomendaciones del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer también por sus siglas en inglés (CEDAW).

En este sentido, el presente exhorto promueve la unificación de los protocolos para los delitos de feminicidio y violencia sexual, a fin de facilitar el acceso a la justicia efectiva, asegurar una debida diligencia y evitar estereotipos discriminatorios por género en las investigaciones de estos delitos.

En cumplimiento a nuestras responsabilidades que tenemos como Estado mexicano en materia de acceso a la justicia y a la transversalización de la perspectiva de género en todas las investigaciones, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, que aún no cuentan con protocolos ministerial, pericial y policial de investigación para los delitos de violencia sexual y feminicidio, a diseñarlos con base en los publicados por la Procuraduría General de la República.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, que ya cuentan con protocolos de investigación ministerial, pericial y policial con perspectiva de género para los delitos de violencia sexual y feminicidio, a homologar dichos protocolos con los publicados por la Procuraduría General de la República.

Notas

1 http://observatoriofeminicidiomexico.org.mx/wp-content/uploads/2014/11/17
-NOV-Estudio-Feminicidio-en-Mexico-Version-web-1.pdf

2 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2017.

Diputada Angélica Reyes Ávila (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a explorar la posibilidad de modificar las reglas de operación del programa Pensión para Adultos Mayores, a fin de que los beneficiarios reciban sin restricción los apoyos, a cargo del diputado Abdíes Pineda Morín, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, diputado federal Abdíes Pineda Morín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, así como el artículo 79, numeral 2, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

De conformidad con el Acuerdo1 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Pensión para Adultos Mayores, para el ejercicio fiscal 2017 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2016, el pago de pensión o jubilación de tipo contributivo, se entiende como:

Las pensiones de tipo contributivo son prestaciones económicas de duración indefinida que generalmente están supeditadas a una previa relación jurídica con la Seguridad Social (acreditar un período mínimo de cotización en determinados casos), siempre que se cumplan los demás requisitos exigidos

Estas Reglas de Operación señalan en los numerales 2.1 y 2.2 que el Programa tiene como objetivos general y específico:

2.1 Objetivo General. Contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza, mediante el aseguramiento de un ingreso mínimo, así como la entrega de apoyos de protección social a personas de 65 años de edad en adelante que no reciban una pensión o jubilación de tipo contributivo superior a mil 92 pesos mensuales

2.2 Objetivo Específico. Asegurar un ingreso mínimo y apoyos de protección social a las personas adultas mayores de 65 años de edad en adelante que no reciben ingreso mensual superior a mil 92 pesos por concepto de jubilación o pensión de tipo contributivo.

Las Reglas de Operación son claras y precisas en cuanto a la población objetivo de programa; más de 65 años, mexicanos, con más de 25 años de residencia en el país y que no tengan una pensión contributiva:

3.2 Población Objetivo. Personas de 65 años de edad en adelante, mexicanas y mexicanos por nacimiento o con un mínimo de 25 años de residencia en el país, que no reciban pensión mayor a mil 92 pesos mensuales por concepto de jubilación o pensión de tipo contributivo.

Siguiendo en el mismo tenor, los requisitos para acceder a los beneficios del Programa consolidan la limitante de la pensión contributiva superior a los mil 92 pesos mensuales.

3.3 Criterios y Requisitos de Elegibilidad

...

2. No recibir ingresos superiores a mil 92 pesos mensuales por concepto de pago de pensión por cesantía en edad avanzada o vejez bajo el régimen de la Ley del Seguro Social vigente a partir del día 1 de julio de 1997 y la Ley abrogada por ésta; por jubilación, retiro por edad y tiempo de servicios o cesantía por edad avanzada bajo el régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente a partir del día 1 de abril de 2007; así como por esquemas similares en que se dé una pensión por años de servicio o edad por parte de entidades de la Administración Pública Federal Paraestatal.

Sin embargo, nos formulamos las siguientes preguntas:

1. ¿Qué poder adquisitivo tienen mil 92 pesos mensuales?

2. ¿Viven solos los adultos mayores de 65 años?

3. ¿Cuántos son los montos que las personas adultas mayores reciben para vivir dignamente?

4. ¿En qué gastan su dinero estas personas?

5. ¿Estas limitantes de las Reglas de Operación podrían ser tipificadas como discriminación por condición económica?

El texto Adultos Mayores. Análisis integral de su situación Jurídica en México, 2 de la maestra Claudia Gamboa Montejano, investigadora parlamentaria, y la maestra Sandra Valdés Robledo, asistente de Investigación del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados, contiene varios elementos que serán ocupados para dar contenido a las preguntas formuladas en la presente proposición.

1. ¿Qué poder adquisitivo tienen mil 92 pesos mensuales?

De acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de México,3 el costo promedio de la canasta básica asciende a 2 mil 986.37 pesos.

Durante el mes de julio de 2017, los productos que integran la canasta básica que se encuentran en el grupo de abarrotes no comestibles y frutas, contemplan una disminución del 2 por ciento; los productos que se encuentran en el grupo de abarrotes comestibles, aves y cárnicos, cereales y tubérculos, verduras y hortalizas y granos y semillas, contemplan un incremento del 6 por ciento, en promedio; y los productos que se encuentran en el grupo de pescados y mariscos y salchichería y lácteos, permanecen estables

Derivado de lo anterior, del costo de la canasta básica, el adulto mayor sólo puede adquirir el 37 por ciento de ella.

2. ¿Viven solos los adultos mayores de 65 años?

Las cifras oficiales refieren que en México viven cerca de 12 millones de personas que superan los 65 años de edad, de los cuales la mitad vive en situación de pobreza; uno de cada cuatro padece carencia alimentaria y el 60 por ciento viven en rezago educativo; además, el 51 por ciento de las personas que viven con alguna clase de discapacidad en el país se encuentra dentro de este rango de edad

Del total, 2.7 millones están compuestos por el adulto mayor como jefe de hogar y sus hijos; 2.2 millones más están integrados por el adulto mayor, hijos y otros parientes; siendo poco más de un millón de hogares en los que el adulto mayor vive sin compañía, completamente solo.

6 de cada 10 adultos mayores a los que sostiene un familiar u otra persona.

Se estima que la razón de dependencia a nivel nacional será de 10 personas de 65 o más años por cada 100 en edades laborales.

3. ¿Cuántos son los montos que las personas adultas mayores reciben para vivir dignamente?

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 26.1 por ciento de los adultos mayores cuenta con una pensión. 35 por ciento de los hombres cuentan con cobertura, mientras que sólo un 18.5 por ciento de las mujeres disfrutan de este beneficio- 45.3 por ciento de ellas reciben la pensión por viudez.

54.8 por ciento de los hogares donde hay al menos un adulto mayor reciben una pensión por jubilaciones, pensiones e indemnizaciones por accidente de trabajo, despido y retiro voluntario; 9.3 por ciento son beneficios provenientes de programas gubernamentales.

De conformidad con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la tasa de participación económica de la población de 60 años y más era de 33.7 por ciento al segundo trimestre de 2014. El nivel de ocupación en los hombres es próximo al 50.7 por ciento y en las mujeres del 19.4 por ciento.

Labora por cuenta propia 50.5 por ciento, 4.9 por ciento son trabajadores sin pago. Una tercera parte de los adultos mayores económicamente activos es subordinada y remunerada; la mitad de éstos no reciben prestaciones.

Tres de cada cuatro adultos mayores se insertan en el mercado laboral informal. Un 33.5 por ciento gana hasta un salario mínimo.

4. ¿En qué gastan su dinero estas personas?

De acuerdo con la Encuesta sobre gasto, percepción y valores en el consumo del adulto mayor de la Procuraduría Federal del Consumidor, los adultos mayores gastan sus ingresos principalmente en alimentos y bebidas, medicinas y médicos especialistas, mantenimiento de auto y vivienda y esparcimiento.

Salud.

En 2012, del total de egresos hospitalarios en personas de 60 años y más por trastornos mentales y del comportamiento, 12.3 por ciento estuvieron relacionados con la depresión. La Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca que la población de 60 años y más enfrenta situaciones relacionadas con estos padecimientos, como las alteraciones en la movilidad, la presencia de dolor, enfermedades crónicas o la experiencia de alguna pérdida —familiar, salud, independencia, entre otros—, las cuales pueden causar aislamiento, soledad y angustia.

5. ¿Estas limitantes de las Reglas de Operación podrían ser tipificadas como discriminación por condición económica?

En México, las personas adultas mayores son consideradas el cuarto grupo de población vulnerable a la discriminación. Tres de cada diez personas en México consideran que los derechos de las personas adultas mayores no se respetan en nada y otros tres opinan que se respetan poco.

La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 2010 refiere que en nuestro país 27.9 por ciento de las personas mayores de 60 años han sentido alguna vez que sus derechos no han sido respetados por su edad. 40.3 por ciento refiere como sus principales problemas los económicos; 37.3 por ciento la enfermedad y el acceso a servicios de salud y medicamentos; y 25.9 por ciento los laborales.

El factor económico es identificado como uno de los principales causantes de discriminación hacía los adultos mayores, pues se identifica que cinco de cada diez personas mayores de 60 años no trabajan por dedicarse a los quehaceres de su hogar y dos de cada diez están pensionadas. Siendo 6 de cada 10 adultos mayores a los que sostiene un familiar u otra persona.

Por lo motivado, y con fundamento en lo dispuesto con los artículos 6, numeral 1, fracción I, así como 79, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente:

Proposición con punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en razón de la facultad reglamentaria, exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a que explore la posibilidad de modificar las Reglas de Operación del Programa Pensión para Adultos Mayores, a fin de que los pensionados o jubilados puedan recibir sin restricción los apoyos del Programa.

Notas

1https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/178748/R OP_PENSION_PARA_ADULTOS_2017.pdf

2 Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-11-17.pdf

3 http://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Canasta%20Basica/2017/Julio/
5_COMPARATIVO%20DEL%20INDICE%20DE%20%20PRECIOS%20POR%20FAMILIA%20DE%20LA%20CANASTA%20BASICA.pdf

Dado en la sede de la Cámara de Diputados, a 10 de octubre de 2017.

Diputado Abdíes Pineda Morín (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a aplicar medidas de seguridad y respeto de los derechos humanos de las mujeres en el transporte público, a cargo de la diputada Érika Araceli Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Érika Araceli Rodríguez Hernández , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

A lo largo de la historia, la violencia de género ha dejado a su paso enormes costos humanos. Atendiendo a las estadísticas; una de cada cuatro mujeres ha sido objeto de agresiones verbales que la denigran o molestan; el 14 por ciento de la población femenina ha sufrido de acoso y un 8 por ciento ha tenido miedo de ser atacada sexualmente. Lo anterior, nos lleva a percibir un porcentaje del 1.3 por ciento de agresiones que terminan en violaciones.1

La violencia contra las mujeres es un grave problema de seguridad ciudadana, que compromete la gobernabilidad democrática de las sociedades. Los gobiernos democráticos tienen el compromiso de avanzar en el diseño e implementación de una política de seguridad ciudadana con perspectiva de género, dirigida a garantizar y proteger la vida, integridad y libertades de las mujeres.

En los últimos días, México ha presentado casos múltiples y variados, de distintas formas, pero con un elemento común: violencia por razones de género . El caso más reciente es el asesinato de Mara Castilla, una joven de 19 años de edad, que fue privada de la vida, tras pedir una unidad de servicio de transporte el pasado 8 de septiembre.

El acceso a la justicia, constituye el objetivo primordial del ejercicio y la defensa de los derechos humanos de las mujeres víctimas. Los estándares mínimos para garantizar este derecho se encuentran consagrados en diversos instrumentos internacionales, tanto del sistema universal, regional y nacional. Lo anterior, nos hace reflexionar en la necesidad de promover e impulsar políticas públicas para evitar la violencia en contra niñas y mujeres en los espacios públicos.

Diseñar y configurar, planes y acciones interinstitucionales en la administración pública federal, a través del conjunto de estrategias, líneas de acción, metas e indicadores para la prevención, atención, acceso a la justicia y al ejercicio del derecho al libre tránsito y a un transporte seguro.

Actualmente, se cuenta con la iniciativa Global de Ciudades Seguras Libres de Violencia contra las Mujeres y las Niñas de la entidad de las Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, que suma a más de 40 ciudades del mundo para construir ciudades seguras para las niña y mujeres.2

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh); las manifestaciones de violencia de género más notorias son producidas en la utilización del espacio público, y comprende, entre otros tipos, violación, abuso sexual, intimidación, trata de personas, prostitución forzada, acoso sexual en el trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud, centros de recreación, medios de transporte, vía pública, o cualquier otro lugar o espacio público o social.3

Bajo este contexto, la Endireh logra una aproximación estadística para medir la violencia contra las mujeres en el ámbito público -en torno al acoso, hostigamiento y discriminación laboral, humillaciones y agresiones físicas y sexuales en la vida escolar de la mujer, agresiones sexuales en espacios públicos y privados-.

A nivel nacional el 31.8 por ciento de las mujeres de 15 años y más han sido víctimas de alguna violencia en el espacio público, de este total de mujeres, 86.5 por ciento han recibido desde insultos hasta violaciones; 38.3 por ciento sufrieron intimidación, 38.3 por ciento fueron víctimas de abuso sexual y 8.7 por ciento sufrieron violencia física.4

En este sentido, y de acuerdo la metodología de trabajo empleada por el Inegi, se establecen los diferentes tipos de violencia que existen contra las mujeres, particularmente, de tipo sexual, que se generan en las calles y su movilidad diaria.

Lamentablemente, México se posiciona como uno de los países latinoamericanos con mayor índice de violencia contra las mujeres. Entre 2013 y 2014, se estima que siete mujeres fueron asesinadas diariamente, la mayoría de ellas, en espacios públicos o en el desarrollo de sus actividades diarias.5

La Convención Belem Do Pará establece -como derecho protegido- que todas las mujeres tienen tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito privado, como público. Es así, que el derecho a la libertad y a la seguridad personal, es fundamental para el acceso a la justicia.

El Estado Mexicano, está obligado a adoptar todas las medidas necesarias así como las políticas públicas para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres así como, actuar con la debida diligencia.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), retomó especialmente los lineamientos de la Convención Interamericana para Prevenir, Atender, Sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belém Do Pará) y definió la violencia contra las mujeres como “cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público”.6

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la sentencia del caso González y otras contra México, -conocido como el caso Campo Algodonero-: “la violencia de género no se refiere a casos aislados o esporádicos sino a una situación estructural, un fenómeno social y cultural incrustado en las costumbres y mentalidad de las personas”.

Específicamente, hace referencia a la violencia sexual como una de las violencias sistemáticas contra las mujeres señalando; que en la investigación del Estado “deberá incluirse la perspectiva de género para emprender líneas de investigación con respecto a la violencia sexual, así como incorporar líneas de investigación con forme a los protocolos y manuales.”

Por su parte, las observaciones formuladas por el Comité para la Discriminación contra la Mujer al Estado Mexicano, referentes al 7o. y 8o., concretamente, la recomendación 12, establece y obliga a: “Revisar su estrategia de seguridad pública para la lucha contra la delincuencia organizada a fin de adaptarla a sus obligaciones internacionales de derechos humanos, incluida la Convención, y poner fin a los altos niveles de inseguridad y violencia en el país, que afectan de forma desproporcionada a las mujeres”.

De igual forma, la recomendación 19 le señala la urgente pertinencia de: “Adoptar medidas para fomentar la denuncia de los casos de violencia contra la mujer, como la violación, y garantizar que existan procedimientos adecuados y armonizados para investigar, enjuiciar y sancionar a los autores de actos de violencia contra la mujer”.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, incorpora -por primera vez- la perspectiva de género como un principio transversal de la política pública y establece como línea de acción simplificar los procesos y mejorar la coordinación en los planos federal, estatal y municipal, para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer; estableciendo en su objetivo general: “Garantizar a las mujeres el acceso a una vida libre de violencia para favorecer su seguridad, desarrollo y bienestar, mediante la eliminación de todas las formas de discriminación, la trasformación de patrones socioculturales, la promoción de la cultura de la paz y el impulso a su autonomía y procesos de empoderamiento”, así como “erradicar la violencia contra las mujeres y promover la cultura de denuncia de la violencia contra las mujeres en el marco de la eficacia de las instituciones para garantizar su seguridad y su integridad”.

La seguridad de las mujeres en las ciudades es una medida ligada intrincadamente a distintos factores determinantes, de entre los que destacan, la infraestructura y transportes públicos, ya que el riesgo de violencia normalmente aumenta en la noche cuando las calles y parques tienen iluminación inadecuada y los medios de transporte son menos disponibles y frecuentes; la proximidad entre viviendas, servicios y empleo, reconociendo que las mujeres son las principales responsables del trabajo reproductivo –como el cuidado de niños y personas mayores y del hogar– y también participan en gran parte en labores productivas que generan ingresos; romper la dicotomía de esferas públicas y privadas, para comprender en su totalidad las necesidades particulares de las mujeres a la hora de ejercer su derecho a la ciudad, según señala; y el derecho a participar en la creación o re-creación de la ciudad, como elemento imprescindible de la seguridad con perspectiva de género.

La ciudad es segura cuando tanto el gobierno como la sociedad civil garantizan los derechos de las mujeres en todas las espacios, cuando se promueve la eliminación de la violencia de género y la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en todas las esferas de la vida social, económica cultural y política (acceso a empleo, educación, participación política, recursos y recreación, etcétera); cuando las mujeres pueden disfrutar de los espacios públicos y de una vida pública sin temor a ser agredidas; una ciudad donde no se ejerce violencia hacia las mujeres y las niñas, ni en su casa ni en la calle; donde mujeres y niñas participan en la toma de decisiones que afectan a la comunidad en la que viven; donde el estado garantiza los derechos humanos de todas las personas sin excluir a las mujeres y las niñas; y una ciudad donde el Estado y el gobierno local llevan a cabo acciones para atender, prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres y niñas.

Las calles, parques, paradas de autobuses, campos de deporte, plazas, estacionamientos, etc. que han sido planificados y diseñados de acuerdo a las necesidades de seguridad específicas de las mujeres y niñas, presentan una serie de características visible: fácil acceso hacia y desde el lugar; fácil movilidad dentro del lugar; buena iluminación para que las personas puedan ver y ser vistas; señalización fácil de leer; caminos limpios, bien mantenidos donde poder ver con facilidad; prevé variedad de usos– muchos lugares para pasar el tiempo, caminar, jugar, comer, hacer ejercicio, etc., para diferentes grupos a distintas horas del día; instalaciones para niños/as pequeños y adultos/as mayores.

La importancia de entrelazar la perspectiva de género y la movilidad segura, hace posible la configuración de planes y programas de transporte que consideren la condición y posición de las mujeres en el espacio público.

Los planes de movilidad con perspectiva de género deben considerar las necesidades diferenciadas de hombres y mujeres que requieren desplazarse por la ciudad, incluso para modificar horarios y rutas de transporte.

El transporte público es mayoritariamente utilizado por las mujeres que se desplazan con niños y niñas pequeños, personas adultas mayores y enfermas y contextualiza las condiciones del transporte público, su seguridad y funcionalidad. De tal manera se señala que los desplazamientos de las mujeres son totalmente distintos a los de los hombres por la necesidad de hacer compatible el trabajo remunerado y doméstico.

Es necesaria la elaboración de un padrón nacional de proveedores del servicio de transporte público a través del uso de apps, donde los prestadores de servicio no cuenten con antecedentes penales. Elaborar un censo nacional de asociaciones de transporte público para conocer el universo de concesionarios que se encuentran asociados en estas aplicaciones.

No obstante, estas medidas siguen siendo insuficientes para prevenir y sancionar la violencia feminicida en México. En el ámbito de las políticas de gobierno, detener la violencia contra las mujeres, específicamente la violencia sexual en las calles y el transporte, aún no es una prioridad gubernamental.

El clima de la violencia social comunitaria desde hace décadas ha sido una constante. El Estado mexicano debe garantizar la seguridad, la integridad física, sexual y emocional de las mujeres para lograr el libre ejercicio de sus derechos fundamentales, y evitar las muertes violentas de las mujeres y prevenir la violencia feminicida en el transporte.

Derivado de lo anterior se somete a la consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a las fiscalías generales de las entidades federativas, a adoptar las medidas de seguridad necesarias para que las mujeres puedan ejercer su derecho al libre tránsito y el acceso a una vida libre de violencia; así como prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos de las mujeres en el uso del transporte, fomentando la denuncia de los casos de violencia contra las mujeres y garantizando que existan procedimientos adecuados y armonizados para investigar, enjuiciar y sancionar a los autores de actos de violencia en el transporte público.

Segundo. Se exhorta a las Secretarías de Movilidad y Transporte y Homologas de las entidades federativas, para que en el ámbito de sus facultades, diseñen e implementen programas que respeten, protejan y garanticen los derechos humanos de las niñas y mujeres.

Notas

1 Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018; visible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312418&fecha=30/08/2 013.

2 Programa de Insignia “Ciudades Seguras Libres de Violencia contra las Mujeres y las Niñas de la entidad de las Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer” ONU MUJERES; visible en:

http://www2.unwomen.org//media/field%20office%20mexico/documentos/
noticias/ciudades%20seguras18feb.pdf?la=es&vs=111.

3 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011; visible en:

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especi ales/endireh/2011/.

4 Ídem.

5 Estadísticas a propósito del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. Aguascalientes. 2015; visible en:

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/vio lencia0.pdf.

6 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV),

Salón de sesiones, a 10 de octubre de 2017.

Diputada Érika Rodríguez Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR y Pemex a investigar y castigar la extracción ilegal de gasolina en los ductos que corren por Morelos; y a la Profepa, a investigar la contaminación de los pozos de agua potable de la entidad, a cargo del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Grupo Parlamentario del PAN

Edmundo Javier Bolaños Aguilar, diputado federal, integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6 fracción I, 65 numeral 4, 76, numeral 1, fracción IV, 79 numeral 1, fracción II, numeral 2, fracciones I, II, III, IV, VI y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento la siguiente Proposición Con Punto De Acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

1. El robo de hidrocarburos se lleva a cabo a través de las llamadas tomas clandestinas que no son otra cosa que la sustracción no permitida de hidrocarburos directamente de los ductos que las transportan; por lo regular se usan válvulas de paso que desvían la gasolina, el gas, el petróleo o cualquier derivado hacia contenedores que después se comercializan. Este proceso se le conoce también como “ordeña”, la cual es una forma coloquial de referirse al creciente robo de combustible que se produce en México.

De acuerdo con información de la Paraestatal Petróleos Mexicanos, en todo el país, en el año del 2017, existen más 5 mil 75 tomas clandestinas de combustibles.1

• De 2010 a junio del 2017 las tomas clandestinas en los ductos de Pemex pasaron de 691 a 5,075;

• El robo de combustible por la delincuencia organizada asciende a 21 mil millones de dólares cada año;

• En promedio, cada dos horas se perforan ductos para extraer combustible de manera ilegal;

• La distancia entre cada toma clandestina es de 3.5 kilómetros a lo largo de aproximadamente 14 mil kilómetros de la red de tubos de Pemex Refinación;

Existen, únicamente 23 Entidades Federativas de la República que son llamados petroleros, de los cuales, el Estado de Morelos está en el lugar noveno de las Entidades con mayor número de tomas clandestinas.

Las Entidades Federativas con mayor número de tomas clandestinas en junio del 2017, son Guanajuato con 991; Puebla con 669; Tamaulipas con 619; Veracruz con 543; el estado de México con 460. (Véase Cuadro No. 1).

2. Hay un gran número de contaminantes del agua que se pueden clasificar de muy diferentes maneras. El ser humano moderno ha modificado el entorno que lo rodea, moldeándolo con el objeto de adaptarlo a sus necesidades; este proceso ha acarreado consecuencias no deseadas, entre las que se encuentra la grave contaminación del medio natural. Accidental o conscientemente, se han arrojado a la biosfera millones de toneladas de agentes contaminantes. Los detergentes utilizados para el lavado de las prendas textiles, por ejemplo, han desencadenado la aparición de espumas cargadas de fosfatos en los medios acuáticos. Los desechos químicos y derrames de petróleo han contaminado las aguas y matado cientos de especies, originando, asimismo, la proliferación desproporcionada de otras y provocando, de este modo, un desequilibrio ecológico.

El resultado del análisis hecho por los técnicos industriales detectó varios agentes contaminantes que tienen su origen en las aguas usadas, entre los que se encuentran materias orgánicas biodegradables (entre otras: grasas, combustibles, y ciertos detergentes).

Una posibilidad bastante usada es categorizarlos en ocho grupos:2

1. Microorganismos Patógenos.

2. Desechos Orgánicos.

3. Sustancias Químicas Inorgánicas.

4. Nutrientes Vegetales Inorgánicos.

5. Compuestos Orgánicos .

6. Sedimentos y Materiales Suspendidos .

7. Sustancias Radiactivas.

8. Contaminación Térmica .

3. En el Municipio de Cuernavaca del Estado de Morelos , existe el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SAPAC ), quien confirmó que el 27 de julio del año en curso, se detectó la presencia de derrame de combustible en los pozos Noria 1, Noria 2 y Jardines de Ahuatepec, en la localidad de Ocotepec , del mismo municipio.

El director general del SAPAC informó que, en coordinación con Protección Civil (PC) municipal, se descubrió la presencia de un olor a gasolina en el agua.

Aproximadamente, a setenta metros de los pozos se localizó un derrame del combustible, producto de una toma clandestina, que, por gravedad, se escurrió hacia el acuífero contaminándolo.

Al realizar los estudios respectivos sobre reactivos de laboratorio por parte de SAPAC , se detectó la presencia de Compuestos Orgánicos en el agua.

Por ello, Solicito atentamente a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión , turne al Pleno de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión , el Exhorto al Procurador General de la Republica, al Director General de la Paraestatal Petróleos Mexicanos, así como al Procurador Federal de Protección al Ambiente , en base en la siguiente proposición de:

Punto de Acuerdo

Único. El Poder Legislativo del honorable Congreso de la Unión , exhorte respetuosamente a la Procuraduría General de la República como a la Dirección General de Petróleo Mexicanos , se investigue y en su caso se castigue la extracción ilegal de gasolina en los ductos que corren por el Estado de Morelos , así como a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente , investigue la contaminación de los pozos de agua potable del Estado de Morelos , en especial los ubicados en el Municipio de Cuernavaca.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a los diez días del mes de octubre del año dos mil diecisiete.

Notas

1 Pemex, http://www.pemex.com/acerca/informes_publicaciones/Paginas/tomas-clande stinas.aspx

2 Mare Mundi, publicaciones: http://www.maremundi.com/contaminacion.asp?pg=1&id=3

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua y la Comisión del Agua del Estado de México a dar celeridad a las acciones implantadas para solucionar el desabasto del líquido en Nezahualcóyotl tras los sismos de septiembre, suscrita por los diputados Olga Catalán Padilla, David Gerson García Calderón y José Santiago López, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados Olga Catalán Padilla, David Gerson García Calderón y José Santiago López, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Nezahualcóyotl forma parte de los 125 municipios que conforman al estado de México, se localiza al oriente de la Ciudad de México y en la región oriente del estado de México.

Dentro de la historia de este municipio resalta la forma en la que los pobladores comenzaron a exigir a los distintos gobiernos un mínimo de bienestar, pues de acuerdo con datos obtenidos del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), en 1949 había aproximadamente dos mil habitantes, que aumentaron a 40 mil en 1954 y que carecían de todos los servicios públicos, posteriormente en 1959, la federación de las 33 colonias denunciaron las deficiencias del servicio público de agua potable y de los demás servicios, pues hasta ese entonces no se había proporcionado ninguno.

Según el censo poblacional del Inegi de 2010, Nezahualcóyotl cuenta con alrededor de 1 millón 110 mil 565 habitantes y, de acuerdo con información del periódico El Universal , hasta diciembre de ese mismo año existían 17 mil 539.6 hab/km, por lo anterior es considerado como uno de los municipios con mayor densidad en su población a nivel nacional y estatal.

Al ser uno de los municipios con mayor densidad de población, la exigencia de servicios de suministro, es decir, de agua, electricidad y gas, se tornan fundamentales, pues desempeñan un papel esencial en el desarrollo económico y social1 de la comunidad. En el caso de Nezahualcóyotl, el suministro de agua potable es uno de los mayores problemas a los que se han enfrentado los habitantes del municipio desde la fundación del mismo.

En el lapso de 1982-1994 se contó con un caudal proveniente de 18 pozos profundos y el tanque de almacenamiento La Caldera, el gran tanque regulador de agua que abastece a 90 por ciento del municipio.2

La profundidad de los pozos varía de 50 a 250 metros y aportan un caudal que va de 70 a 118 litros por segundo. En lo que respecta a la zona II, la profundidad de los pozos varía de 200 a 400 metros y se obtienen caudales variables de 70 a 100 litros por segundo.3

Si bien los habitantes de municipios como Nezahualcóyotl reflejan la falta de cobertura de servicios de suministro, es importante resaltar que la reciente falta de agua potable no se debe a la falta de mantenimiento de las redes hidráulicas o a la falta de interés por parte de las autoridades municipales, tal como lo establece el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el desabasto del líquido vital se debe a dos fenómenos naturales y una réplica del mismo.

Tan sólo el sismo de 1985 afectó principalmente al Distrito Federal y a la zona metropolitana del estado de México, de la cual forma parte el municipio de Nezahualcóyotl. Para atender las afectaciones generadas por dicho sismo fue importante la participación de los colonos, quienes buscaron restablecer, por medio de la gestión de los habitantes, la urbanización y la dotación de servicios públicos para mejorar la calidad de vida de los mismos, siendo uno de los problemas principales el daño severo a la red de agua potable, lo que provocó escasez en las colonias por varias semanas.

Hoy, a 32 años de la tragedia acaecida un 19 de septiembre, se repite la historia primero con un sismo de 8.2 grados que se presentó el pasado 7 de septiembre, y posteriormente el 19 de septiembre se dio otro movimiento telúrico de magnitud 7.1, dejando a su paso cuatro fugas severas en la principal línea de conducción del ramal Mixquic-Tláhuac y averías en los transformadores eléctricos de los pozos del lago Nabor Carrillo.

El 23 de septiembre hubo una réplica del sismo del 7 de septiembre que volvió a afectar la red de abastecimiento de agua, lo que en suma dejó cerca de 250 mil habitantes con desabasto de este líquido vital, generando una problemática mayor, pues los habitantes de la zona centro y norte del municipio han expresado su molestia por medio de manifestaciones en las calles y la derrama económica que ha hecho el municipio ha sido de aproximadamente 60 millones de pesos.

De acuerdo con el testimonio del edil de dicho municipio, es necesario que tanto la Comisión Nacional del Agua, como la Comisión del Agua del Estado de México agilicen y concluyan el trabajo de reparación que están realizando en la línea de conducción del tanque La Caldera y Pantitlán, pues con la conclusión de las labores, el líquido vital llegaría a los habitantes que actualmente se encuentran afectados.

Por otro lado, han solicitado que la Comisión de Electricidad reanude el servicio de energía eléctrica en los pozos de la zona norte, todo ello con el fin de restablecer lo más pronto posible el servicio de agua potable a los habitantes.

La Ley de aguas Nacionales, en su fracción L del artículo 9 , menciona que la Comisión Nacional del Agua, dentro de sus atribuciones, deberá: “en situaciones de emergencia, escasez extrema, o sobreexplotación, tomar las medidas necesarias , normalmente de carácter transitorio, las cuales cesarán en su aplicación cuando ‘la Comisión’ así lo determine, para garantizar el abastecimiento del uso doméstico y público urbano, a través de la expedición de acuerdos de carácter general; cuando estas acciones pudieren afectar los derechos de concesionarios y asignatarios de aguas nacionales, concertar con los interesados las medidas que correspondan, con apego a esta Ley y sus reglamentos;”

Se debe tener en consideración que los gobiernos son responsables en último término de asegurar el acceso fiable y universal a los servicios públicos, por lo cual se considera necesario que, al ser su intervención solo de carácter transitorio y al encontrarse poco menos de una cuarta parte de la población con escasez de agua, se le dé celeridad a las acciones que se están implementado para que los ciudadanos tengan garantizado su derecho al acceso al líquido vital.

Con base en lo anterior, se somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con:

Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional del Agua y a la Comisión del Agua del Estado de México a darle celeridad a las acciones implementadas para solucionar el desabasto de agua potable, derivado de los movimientos telúricos ocurridos el mes pasado, en el municipio de Nezahualcóyotl, estado de México.

Referencias

1 http://www.ilo.org/global/industries-and-sectors/utilities-water-gas-el ectricity/lang—es/index.htm

2 http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/mar/20160303-V.html#Propo sicion15

3 íbidem

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2017.

Diputados: Olga Catalán Padilla, David Gerson García Calderón y José Santiago López (rúbricas)

Con punto de acuerdo, relativo a la atención inmediata de niños damnificados tras los sismos del 7 y 19 de septiembre, suscrita por las diputadas Delfina Gómez Álvarez, María Antonia Cárdenas Mariscal, Irma Rebeca López López y Ariadna Montiel Reyes, del Grupo Parlamentario de Morena

Las diputadas Delfina Gómez Álvarez, María Antonia Cárdenas Mariscal, Irma Rebeca López López y Ariadna Montiel Reyes, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Durante más de 60 años, UNICEF ha sido la principal organización del mundo dedicada a la infancia. Hoy trabaja sobre el terreno en más de 190 países y territorios. En México, UNICEF tiene más de 50 años, promoviendo y protegiendo los derechos de la infancia. Conjuntamente con el gobierno y la sociedad civil, UNICEF busca establecer las condiciones necesarias para superar la pobreza, la desigualdad y la discriminación, apoyando así al país para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Las actividades que apoya UNICEF en México se financian en su mayoría a través de contribuciones y donaciones voluntarias de individuos y de empresas.

Recientemente México ha suscrito diversos convenios de colaboración entre el Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), con el objetivo de fortalecer la promoción del respeto y cumplimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia en el país.

En México los derechos de la niñez y la adolescencia tienen su base jurídica en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales aprobados y ratificados por el país y las leyes federales y locales.

En materia de derechos de la infancia y la adolescencia, en 1990 México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), por lo que desde ese momento quedó obligado a cumplir con sus disposiciones y a adoptar diversas medidas para hacer efectivos los derechos reconocidos en ella. Asimismo, ratificó los dos protocolos facultativos de la CDN relativos a la participación de niños en conflictos armados, y a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía.

El Estado mexicano también llevó a cabo reformas constitucionales que le han permitido avanzar en el proceso de adecuación de su legislación interna a la CDN, entre las que destaca la reforma al artículo 4°, que incorpora la noción de sujetos de derecho, reconociendo que los niños y niñas son titulares del derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo, y estableciendo que los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos, mientras el Estado es responsable de proveer lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos y otorgar facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

Esta reforma dio lugar a la emisión de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cuyo objeto es garantizar a éstos la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, así como establecer los principios básicos conforme a los cuales el orden jurídico mexicano habrá de proteger y garantizar tales derechos. Asimismo, dio lugar a la posterior emisión de leyes homólogas en los estados de la República. Al momento, de las 32 entidades federativas, 27 cuentan con leyes locales de protección de derechos de la infancia y la adolescencia.

Por otro lado destaca la reforma al artículo 18 Constitucional, mediante la cual se transforma el antiguo sistema tutelar de justicia para menores infractores y se sientan las bases para la creación de un sistema integral de justicia para adolescentes en conflicto con la ley penal acorde con la CDN . La reforma obligó a la Federación, a los estados y al Distrito Federal a establecer, en el ámbito de sus competencias, este nuevo sistema y a crear instituciones, tribunales y autoridades especializados para su aplicación.

Dentro del orden jurídico nacional existen también otras leyes que resultan esenciales para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, entre las que se encuentran la legislación civil y penal; y las leyes General de Salud; General de Educación; de Asistencia Social, y General de Desarrollo Social.i

En este mismo sentido y derivado de los dos sismos que se registraron en México, el 7 y 19 de septiembre, que dejaron a millones de niños, niñas y adolescentes con afectaciones parciales o totales en sus casas, este mismo fenómeno también afectó su entorno social y familiar.

De acuerdo con la organización Save the Children resulta urgente brindarles atención emocional y espacios seguros para recuperarse de lo que vieron y vivieron, pues en las comunidades más apartadas hay quienes continúan durmiendo en las calles.

María Josefina Menéndez Carbajal, directora ejecutiva de la organización explicó que muchos continúan en campamentos o al aire libre por el temor de nuevos terremotos, deben reubicarse en sitios más seguros.

Menéndez Carbajal precisó que los millones de niños afectados, 200 mil viven en la Ciudad de México (CDMX), casi 600 mil en los 33 municipios afectados de Morelos, 200 mil en los 41 municipios afectados en Oaxaca y 1.2 millones en los 112 municipios en Puebla. El Estado de México, una de las entidades afectadas por el sismo, reportó 10 personas muertas a causa del temblor, 5 eran mujeres, 3 hombres y 2 menores de edad. Según una tarjeta informativa del gobierno mexiquense, 34 personas resultaron heridas. En cuanto a los daños materiales, los más significativos se registraron en 35 escuelas, según las autoridades.

Ante esta situación Save the Children se encuentra brindando apoyo socio emocional a niñas, niños y adolescentes, para lidiar con el estrés causado por los sismos y aumentar su resiliencia ante las pérdidas.

Asimismo, la organización adelantó que apoyará en los procesos de recuperación y reparación de los espacios que se requieran. Este trabajo se hará incorporando el apoyo de especialistas para la atención de desastres a causa de terremotos de Save the Children Internacional .

Por otro lado el 29 de septiembre del año en curso en Ginebra Suiza, la UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), urgió al Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, a dar prioridad en la fase de reconstrucción a las necesidades de 7 millones de niños que viven en las zonas más afectadas por los terremotos devastadores del 7 y 19 de Septiembre en México.

“La inversión en los niños debe estar en el centro de los esfuerzos de reconstrucción”, afirmó en rueda de prensa en Ginebra Christophe Boulierac portavoz de UNICEF.

“Los siete millones de niños que viven en las zonas más afectadas de Chiapas, Ciudad de México, Morelos, Oaxaca, y Puebla, especialmente los más vulnerables quienes han perdido sus casas y sus escuelas, debe estar en el centro de las discusiones presupuestales en el País”, señaló el portavoz de este organismo internacional.

UNICEF explicó que en situaciones de emergencia los niños y adolescentes tienen necesidades especiales en lo que concierne a nutrición, salud, higiene, educación y acceso a apoyo piscosocial que deben ser contemplados a corto y largo plazo.

“Si estas prioridades urgentes no son tomadas en cuenta las consecuencias para los niños afectados y para la sociedad en su conjunto podrían ser severas”, advirtió la agencia de la ONU para la infancia.

Boulierac explicó que México enfrenta un enorme desafío con respecto a la reconstrucción y sus implicaciones en el presupuesto. Y en este contexto, UNICEF pide al país dar cuidadosa y sistemática consideración a las necesidades de estos niños”.

Según Boulierac unas diez mil escuelas resultaron dañadas en 8 Estados por los terremotos, lo que subraya la necesidad de poner mayor atención a este aspecto en los trabajos de reconstrucción, además se estima que los daños a la infraestructura educativa podrían ascender a unos 13 mil millones de pesos.

UNICEF subrayó que México, como país que ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y que cuenta con una Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se ha comprometido formalmente a tomar todas las medidas legislativas y administrativas necesarias para garantizar los derechos de la infancia.

“Este compromiso tiene implicaciones en lo referente a políticas económicas y sociales y, por consiguiente, en la asignación de los recursos financieros del país tanto a nivel federal como estatal e independientemente de si se trata de situaciones ordinarias o de respuesta ante una emergencia”.

De acuerdo con la Constitución de México, todas las decisiones del Gobierno que afecten a la infancia del país deben velar por el interés superior de niños, niñas y adolescentes.

“En este marco, las decisiones presupuestarias vinculadas a la reconstrucción de las zonas afectadas por los recientes terremotos deben garantizar el cumplimiento integral de los derechos de los niños en cuanto a salud, educación y vivienda para familias afectadas, sin olvidar otros derechos fundamentales como la protección contra la violencia, el abuso y la explotación infantil”.ii

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo a implementar y llevar a cabo de manera urgente, todas las acciones tendientes a satisfacer las necesidades de 7 millones de niños que viven en las zonas más afectadas, por los terremotos devastadores del 7 y 19 de Septiembre en México, de acuerdo con lo suscrito por México en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y lo que establece y mandata la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Notas

1 Consultado en https://www.unicef.org/mexico/spanish/17054_17505.htm

2 Consultado en www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1221747& md5=87c41e5bc15a1ce595fafe2287ffe00c&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1 b2efe

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2017.

Diputadas: Delfina Gómez Álvarez (rúbrica), María Antonia Cárdenas Mariscal, Irma Rebeca López López y Ariadna Montiel Reyes

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y la Segob a unificar criterios de difusión de información pública del Fonden, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Rosa Alba Ramírez Nachis, diputada federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de motivos

En días pasados, en algunos estados de la república, incluyendo Ciudad de México, se sintieron dos sismos de magnitud considerable causantes de daños materiales y pérdidas humanas.

La necesidad de reconstruir las comunidades, las ciudades, la vida cotidiana es una necesidad y exigencia de los ciudadanos para sus gobernantes.

Si bien el apoyo de la sociedad es fundamental, también lo es el apoyo que puedan aportar los tres órdenes de gobierno.

En ese sentido, identificamos que en el ámbito federal existe el Fondo de Desastres Naturales, Fonden.

“El Fonden es un instrumento financiero que busca responder de manera inmediata y oportuna, proporcionando suministros de auxilio y asistencia a la población que se encuentra ante la inminencia o alta probabilidad de que ocurra un fenómeno natural perturbador.

La Secretaría de Gobernación está a cargo del Fonden y éste se activa a través de la emisión de una Declaratoria de Emergencia o Declaratoria de Desastre.

Declaratoria de Emergencia

Es el reconocimiento de la Secretaría de Gobernación de que uno o varios municipios o delegaciones políticas de una entidad federativa, se encuentran ante la inminencia o alta probabilidad de que se presente un fenómeno perturbador de origen natural, que provoque un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población. (Dicha Declaratoria podrá subsistir aun ante la presencia de una Declaratoria de Desastre.)”

De manera pública se explica con detalle la forma en que se puede solicitar los recursos de este Fondo, y al menos fue posible identificar tres sitios web donde se difunden versiones públicas de las acciones que se han emprendido con estos recursos, siendo las siguientes:

ReconstrucciónMX, ubicada en la dirección electrónica http://fonden.datos.gob.mx/#/ , en la que se puede identificar información sobre qué es el Fonden, información sobre las emergencias, desastres y acciones de reconstrucción, información en cifras con datos desde el 2013 a la fecha, y un apartado de preguntas frecuentes.

Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden), ubicado en la dirección electrónica https://www.gob.mx/segob/documentos/fideicomiso-fondo-de-desastres-natu rales-fonden , en la que se pueden identificar qué es el Fonden, cuál es su objetivo, y una lista de recursos autorizados donde existe un link a la página https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/205448/Recursos_Autoriza dos.pdf3 , en la que se puede identificar una relación de eventos con fecha de corte 23/03/2017, en la que se puede conocer la aportación de recursos del Fonden por 2 mil 473 millones 843 mil 878 pesos distribuidos en 13 estados de la república como se muestra a continuación:

DGGR (Fonden), ubicada en la dirección electrónica http://www.proteccioncivil.gob.mx/es/ProteccionCivil/Fonden , donde es posible conocer, entre otras, la información del Instrumento Financiero Fonden, para la atención de emergencias, con datos históricos desde el 2006 a la fecha, y del Fonden Reconstrucción que tiene información desde 1999 al 2017.

Si bien estas tres direcciones electrónicas aportan información, también dicha información es diversa, no comparable y en formatos no unificados, concluyendo que la misma no aporta beneficios a la rendición de cuentas ni abona a una cultura de gobierno abierto.

Lo anterior se expresa de esa manera, ya que no fue posible identificar una uniformidad de criterios en la forma de reportar datos y al menos por el ejercicio 2017, las fechas de los reportes no son iguales.

En este sentido, se destaca que la idea de tener tres diferentes maneras de reportar el ejercicio de recursos del Fonden sólo confunde al lector y no logra el objetivo que es la rendición de cuentas al ciudadano en cuanto a los eventos atendidos.

Lo anterior, lo trataré de ejemplificar de mejor manera con información pública del Informe Trimestral sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al segundo trimestre de 2017, donde su anexo número XVI de Finanzas Públicas denominado “Fideicomisos sin Estructura Orgánica. Archivo Electrónico” reportó gastos por 4 mil 418 millones 363 mil 281.09 pesos, cifra que no fue posible cotejar con la información de las versiones electrónicas citadas en párrafos anteriores ni fue posible cotejar plenamente las acciones realizadas ante los eventos reportados y su año de ocurrencia.

Ahora bien, las diversas fuentes de información no reportan las acciones realizadas con los recursos del Fonden. En cuanto a los insumos no se reporta la información básica de compra y costo; en cuanto a la aplicación de recursos de reconstrucción no se reporta destino final en acciones concretas.

En resumen, las acciones emprendidas por el Fonden no pueden ser conocidas en las versiones públicas, ya que se desconoce la forma en que se gastan los millones de pesos que se ejercen del Fonden de manera anual e imposible saber la forma en que se atienen las observaciones emitidas por acciones de fiscalización originadas en desviaciones a la normativa aplicable en el ejercicio de recursos.

Por lo anterior, compañeros legisladores es necesario y urgente exhortar al gobierno federal, vía las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Gobernación, para que refuerce las acciones encaminadas a transparentar y rendir cuentas del uso de los recursos del Fonden, ya que, como se pudo demostrar en líneas anteriores, no es posible analizar la información a fin de conocer lo que se hace y emprende en favor de los mexicanos ante situaciones de desastre; en otras palabras, al día es una operación de claro-obscuros, con más obscuros que claros.

Hoy los hechos que se han vivido en México nos mostrado que la ciudadanía, como nunca, ha sido solidaria con el prójimo y reflejo en cada acto unidad, hermandad y compañerismo, y estoy segura, que esa atmósfera que hoy se vive en todo el país espera de una vez por todas transparencia en el ejercicio de recursos en temas de reconstrucción, que sirvan a quienes lo perdieron todo durante los sismos de este mes de septiembre, recuperar la esperanza de una vida llena de ilusión, esperanza y prosperidad.

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de ésta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, de manera coordinada con la Secretaría de Gobernación, unifique criterios de difusión de información pública del Fonden, ya que de los tres portales electrónicos que lo difunden, no existe manera de que se pueda comparar la generada de enero a septiembre 2017 y años anteriores, hecho que confunde al lector y no abona a lo que el Estado mexicano pretende ofrecer como acciones de gobierno abierto.

Referencias

1 Fonden–Reconstrucción MX, disponible en http://fonden.datos.gob.mx/#/ Consultado el 2 de octubre de 2017.

2 Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden), disponible en

https://www.gob.mx/segob/documentos/fideicomiso-fondo-de -desastres-naturales-fonden Consultado el 2 de octubre de 2017.

3 Recursos del Fonden al 23 de marzo de 2017, disponible https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/205448/Recursos_Autoriza dos.pdf Consultado el 2 de octubre de 2017.

4 DGGR (Fonden), disponible en

http://www.proteccioncivil.gob.mx/es/ProteccionCivil/Fon den Consultado el 2 de octubre de 2017.

5 Fideicomisos sin Estructura Orgánica. Archivo Electrónico, Finanzas Públicas, anexo XVI, del Informe Trimestral sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al segundo trimestre de 2017,

http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publ icas/Informes_al_Congreso_de_la_Union#panel-02 Consultado el 2 de octubre de 2017.

6 ASF Datos–Fonden, disponible en http://www.asfdatos.gob.mx/ Consultado el 2 de octubre de 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2017.

Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a agilizar la entrega de los recursos del Fonden a las entidades afectadas por el terremoto el 7 de septiembre, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, Mirna Isabel Saldívar Paz, diputada integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6o., fracción I; 62, numeral 3; y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto ante esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

México es un país que ha estado y está altamente expuesto a múltiples desastres naturales.

La naturaleza se encuentra en un proceso permanente de movimiento y transformación; el cambio climático es una realidad cuyas consecuencias se dejan sentir cada vez con más frecuencia y con mayor magnitud e intensidad.

Ejemplo de esto fue el que hace unos días sacudió a México alrededor de las 23:50 horas de la noche, el día jueves 7 de septiembre de 2017. Se registró el temblor más fuerte hasta ahora conocido, superando el de 1985 en la Ciudad de México, de acuerdo con el director general de Protección Civil de la Segob. La actualización más reciente del Servicio Sismológico Nacional señaló que fue un temblor de magnitud de 8.2.i

El secretario de Gobernación, informo que hubo una reunión en el Centro Nacional de Prevención de Desastres desde donde se monitoreó el impacto del sismo en todo el país, reportando hasta el momento lo siguiente:ii

En Chiapas se han activado protocolos estatales de protección civil, hay daños en hospitales donde se ha perdido energía eléctrica. En San Cristóbal de las Casas se cayeron algunos techos, mientras que en el bulevar se registraron fugas de gas. Se registran daños en escuelas, hospitales, carreteras y edificios. Todo será sujeto a una evaluación mayor. El Gobierno estatal ha tenido problemas para hablar con alcaldes de la zona de la costa.iii

Asimismo, el Titular del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), quien también estuvo con el Secretario de Gobernación haciendo la evaluación, comento que podrían generarse olas en Oaxaca y Chiapas de 3 a 4 metros de altura, debido al alto oleaje en costas del Pacífico tras sismo. Por el momento no hay afectaciones en otras entidades como Veracruz y Michoacán.iv

En Tabasco se reportó la muerte de dos niños, a uno de ellos se le cayó una barda encima en el municipio de Tacotalpa, el otro se trata de un recién nacido que perdió la vida en un hospital luego de que hubiera una interrupción en el suministro eléctrico que alimentaba el respirador que le daba aire.v

En tanto que en Oaxaca, viviendas, edificios y dos hoteles se cayeron en Juchitán de Zaragoza y Matías Romero, en la zona del Istmo de Tehuantepec; las autoridades confirmaron el fallecimiento de una persona en la comunidad de Santiago Niltepec, al quedar atrapada en su vivienda. El sismo generó también daños considerables a una docena de viviendas que tienen cuarteaduras y daños estructurales y la caída de bardas de adobe en el centro de Juchitán de Zaragoza.vi

La cifra de muertos por el sismo ocurrido en México aumenta a 96 hasta el momento, además de causar daños en decenas de miles de viviendas; el sismo afectó aproximadamente más de dos millones de personas en el sur del país.

Las réplicas tras el terremoto de 8.2 grados Richter que afectó al centro y sur de México llegaron a más de mil 67. El más fuerte fue de magnitud 6,1 y se documentó en el mar, frente a las costas del estado de Chiapas. Posteriormente, se produjeron más movimientos, algunos de los cuales resultan imperceptibles para el ser humano.vii

Además, el domingo 10 de septiembre de 2017 se registraron cortes del suministro eléctrico en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua, al norte del país. En la ciudad de Monterrey, esos fallos afectaron al funcionamiento de los semáforos y al metro, que tuvo que suspender sus servicios, lo anterior es una consecuencia de las múltiples afectaciones que en distintas regiones del país causó el movimiento telúrico, y las cuales fueron presentadas a más de 48 horas del evento.viii

La Secretaría de Gobernación emitió una Declaratoria de Emergencia Extraordinaria para los estados de Chiapas y Oaxaca, de modo que se activaron los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias (FONDEN), en aras de que las autoridades locales cuenten con recursos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada.ix

Fue de esta manera, para que la Secretaría de Gobernación, el Coordinador Nacional de Protección Civil y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro de sus facultades, procedan a agilizar la entrega de los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) a los municipios de las entidades que se vieron mayormente afectadas.

En Nueva Alianza entendemos que estos cambios en la naturaleza derivan en grandes desastres que ocurren en cualquier momento y país, muchos de ellos de forma impredecible, convirtiéndose en un tema de seguridad nacional porque afectan principalmente a aquellas poblaciones que no cuentan con la infraestructura necesaria y los recursos financieros para hacerles frente.

Tristemente cada evento o desastre en el país trae consigo un retroceso en los esfuerzos por alcanzar el desarrollo y bienestar social. Cada desastre arrasa en pocas horas con los esfuerzos que hacen las personas para formarse un patrimonio, por ello realizo el presente exhorto a fin de que lleguen los recursos de manera inmediata para hacer frente a estas contingencias.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión hace un exhorto de manera respetuosa a la Secretaría de Gobernación, al Coordinador Nacional de Protección Civil y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que dentro de sus facultades procedan a agilizar la entrega de los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) a los municipios de las entidades que se vieron afectadas en México debido al sismo del día jueves 7 de septiembre el año en curso.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión hace un exhorto de manera respetuosa a los Titulares de la Comisión Federal de Electricidad y del Centro Nacional de Control de Energía para dar respuesta a los fallos de cortes del suministro eléctrico en los Estados de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua, al Norte del país, que afectaron el funcionamiento de los servicios públicos.

Notas

i Víctor Chávez, Eduardo Ortega, Se registra temblor en la Ciudad de México más fuerte que los de 1985, El Financiero, redacción 07.09.2017 Última actualización 08.09.2017, Ciudad de México, Sismo, http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/se-registra-fuerte-sismo-en-la- ciudad-de-mexico.html

ii Víctor Chávez, Eduardo Ortega, Se registra temblor en la Ciudad de México más fuerte que los de 1985, El Financiero, redacción 07.09.2017 Última actualización 08.09.2017, Ciudad de México, Sismo,

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/se-registra-fuer te-sismo-en-la-ciudad-de-mexico.html

iii Víctor Chávez, Eduardo Ortega, Se registra temblor en la Ciudad de México más fuerte que los de 1985, El Financiero, redacción 07.09.2017 Última actualización 08.09.2017, Ciudad de México, Sismo,

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/se-registra-fuer te-sismo-en-la-ciudad-de-mexico.html

iv Víctor Chávez, Eduardo Ortega, Se registra temblor en la Ciudad de México más fuerte que los de 1985, El Financiero, redacción 07.09.2017 Última actualización 08.09.2017, Ciudad de México, Sismo,

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/se-registra-fuer te-sismo-en-la-ciudad-de-mexico.html

v Víctor Chávez, Eduardo Ortega, Se registra temblor en la Ciudad de México más fuerte que los de 1985, El Financiero, redacción 07.09.2017 Última actualización 08.09.2017, Ciudad de México, Sismo,

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/se-registra-fuer te-sismo-en-la-ciudad-de-mexico.html

vi Víctor Chávez, Eduardo Ortega, Se registra temblor en la Ciudad de México más fuerte que los de 1985, El Financiero, redacción 07.09.2017 Última actualización 08.09.2017, Ciudad de México, Sismo,

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/se-registra-fuer te-sismo-en-la-ciudad-de-mexico.html

vii Se registran más de 900 réplicas del terremoto más potente de los últimos cien años, Mexico, publicado 11 sep 2017 10:03 GMT, Organización Autónoma sin Fines de Lucro “TV-Novosti” 2005-2017, en https://actualidad.rt.com/actualidad/249660-terremoto-mexico-900-replic as-chiapas

viii Paulina Chavira, El sismo de mayor magnitud en México en casi un siglo causa decenas de muertes, The New York Times en Español, América Latina, México, 08 de septiembre de 2017, en https://www.nytimes.com/es/2017/09/08/mexico-registra-el-sismo-mayor-ma gnitud-en-los-ultimos-cien-anos/

ix Paulina Chavira, El sismo de mayor magnitud en México en casi un siglo causa decenas de muertes, The New York Times en Español, América Latina, México, 08 de septiembre de 2017, en https://www.nytimes.com/es/2017/09/08/mexico-registra-el-sismo-mayor-ma gnitud-en-los-ultimos-cien-anos/

Cámara de Diputados, del H. Congreso de la Unión, a los 10 días del mes de octubre de 2017.

Diputada Mirna Isabel Saldívar Paz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a emitir la declaratoria de emergencia para diversos municipios de Querétaro por las torrenciales lluvias e inundaciones entre el 24 y 26 de septiembre, a cargo del diputado José Hugo Cabrera Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado José Hugo Cabrera Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, con fundamento en la siguiente:

Exposición de motivos

Entre los días 24 y 26 de septiembre se registraron en diferentes municipios del estado de Querétaro fenómenos naturales hidromeorológicos bajo la forma de lluvias torrenciales e inundaciones significativas.

Para el municipio de Querétaro, la precipitación registrada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en sus diferentes estaciones, llegó a ser seis veces mayor a la habitual; tenemos por ejemplo que los milímetros cúbicos de precipitaciones en la zona de Juriquilla pasaron de 10.1 el 23 de septiembre, a 66.9 el día 26.

Comportamiento similar se registró en la estación Hidalgo, que pasó de 10.5 mm a 30.3; y en la de Observatorio que pasó de 19.3 mm a 74,2.

De acuerdo con los registros históricos del Observatorio Meteorológico Querétaro, la precipitación media para todo el mes de septiembre ha sido de 93.8 mm; no obstante, sólo en el período en comento, que va del 22 al 26 de septiembre el registro acumulado fue de 221.7 mm.

Situación que generó que el río Querétaro, en su cruce por la zona urbana, llegara a conducir 80 metros cúbicos por segundo y posteriormente en el tramo de Santa María Magdalena se estimó un tránsito de 129 metros cúbicos por segundo.

Además, los arroyos Arenal y Jurica se reportaron a su máxima capacidad y algunos tramos con desbordamientos.

En la zona conurbada, la Comisión posee una estación denominada Plantel 7 en el municipio de El Marqués, que tiene influencia en los escurrimientos del río Querétaro, el cual cruza la capital del estado, que pasó de 5.0 mm cúbicos de precipitaciones el 23 de septiembre, a 29.7 mm el día 26, casi 10 veces más de lo habitual.

En el municipio de Corregidora , la información recabada por las dos estaciones climatológicas existentes, cuya influencia es en la zona del río El Pueblito, el cual es afluente del río Querétaro, el reporte de precipitación para la estación El Batán fue de 14.5 mm el 23 de septiembre, llegando a 73 mm el día 26. Respecto de la estación de El Pueblito el registro pasó de 11 a 34 mm en los días de referencia.

Para el municipio de San Juan del Río, una de las tres estaciones de la Conagua, la de San Ildefonso, registró precipitaciones significativas que pasaron de 22.8 mm el 23 de septiembre a 68.5 el 26.

No obstante lo anterior, la presa derivadora Constitución de 1857 (San José), que se ubica aguas arriba de la cabecera municipal, siendo su corriente de desfogue el río San Juan, tuvo un vertido necesario por aportaciones de afluentes que se recibían de la cuenca media durante la madrugada del 26 de septiembre que inició en 3.57 metros cúbicos por segundo a las 03:00 horas, y que se incrementó hasta un 29.54 metros cúbicos por segundo a las 06:00 horas. Dicha situación en su momento fue notificada a Protección Civil del municipio pues el caudal del río se incrementaría.

Pero la operación se reanudó después de las 20:00 horas como consecuencia de recibir nuevamente aportación de la cuenca media y de encontrarse la presa al 100 por ciento de su capacidad, llegando a tener un pico de 364.79 metros cúbicos por segundo a las 23:00 horas.

Las afectaciones del fenómeno descrito no fueron menores ni pocas; a la zona mencionada de Santa María Magdalena su suman reportes de afectaciones en las colonias Jurica, Jurica Pueblo, Cumbres del Lago, Leyes de Reforma, Santa María Magdalena, El Tintero, Dolores del Río, Huertas La Joya, Bosques del Cimatario, La Aurora, El Sol, Cimatario, Paseos de San Miguel, Sara García, Carrillo, Ejido Modelo, Santa Rosa Jáuregui, Residencial Caleto, Hércules, Flecha Amarilla, Jurica Campestre, Leyes de Reforma, San Antonio del Maurel. El municipio de Querétaro informa que hay afectaciones en estas colonias en un rango desde una hasta 200 casas.

Asimismo, se reportaron afectaciones en vialidades principales de la capital de Querétaro como la avenida 5 de Febrero, en dirección sur a norte; entre la avenida Epigmenio González y colonia San Pablo; avenida De la Luz, avenida de Los Arcos, a la altura de la colonia Carretas; bulevar Bernardo Quintana, entre el puente del río y el puente de bulevar Obsidiana; cruce de avenida Zaragoza y Juárez, Corregidora Norte a la altura de la pista de patinaje.

También se registraron problemas en la carretera cuota a Celaya, con cierres de circulación en ambos sentidos entre los kilómetros 3 y 4, Paseo Constituyentes, entre los puentes de Candiles y Santa Bárbara, en el sentido de poniente a oriente.

En la vialidad de Paseo de la República, a la altura de la plaza comercial Antea, se formaron dos socavones en los carriles laterales, teniéndose el reporte de que en uno de ellos cayó un vehículo, sin personas lesionadas. En esta zona personal de la Secretaría de Seguridad Pública llegó a la zona para realizar cierre de vialidad y atender la emergencia.

Por su parte, en el municipio de Corregidora se reportan afectaciones en el fraccionamiento Bahamas y zonas aledañas a Los Olvera, Tejeda y El Pueblito.

Finalmente, en el municipio de San Juan del Río se reportan afectaciones en la cabecera municipal, principalmente en el centro de la ciudad, en las colonias Arboledas, El Country, Barrio La Cruz, Espárrago, Alamedas, Las Huertas, Los Almendros, La Rueda, San Isidro y Nogales.

Situación que motivó que el jueves 28 de septiembre, el titular del Poder Ejecutivo del estado de Querétaro declarara que había solicitado a la Secretaría de Gobernación se considere la situación de emergencia y/o desastre de la contingencia, con fundamento en la fracción III del artículo 58 de la Ley General de Protección Civil, dado que las circunstancias de la misma habían superado la capacidad operativa y financiera estatal para atenderla por sí solos; solicitud que se presentó como primer paso para acceder a los recursos de los Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos, específicamente la solicitud de apoyos a la Federación con cargo al Fideicomiso Fondo de Desastres naturales (Fonden), previa llamada incluso con el presidente de la república, licenciado Enrique Peña Nieto, el que le había expresado todo su apoyo para enfrentar la contingencia.

No obstante lo anterior, el pasado lunes 2 de octubre, el gobierno del estado señaló que le haría frente con los recursos actuales.

El presente acuerdo, no obstante, quiere concentrarse en dos aspectos fundamentales de la emergencia; la recurrencia anual del fenómeno y la probabilidad de que se repita en el corto plazo.

Resulta que año con año habitantes de los municipios de Querétaro, San Juan del Río, El Marqués y Corregidora, que hoy fueron los principales afectados, viven con el riesgo de sufrir pérdidas en la temporada de lluvias, dado que en mayor o menor medida les genera temor él ineficiente e insuficiente desahogo de aguas pluviales existente, el asentamiento poblacional en zonas de riesgo y las obras de infraestructura mal ejecutadas.

No se trata de pedir recursos del Fonden, sino de asimilar que los mismos no sólo son para enfrentar la emergencia, sino para prevenir un actuar más eficiente o limitar las propias contingencias, situación que se ha dejado de lado al desdecirse de la solicitud.

Podemos verlo de dos maneras, insistir en exhortar a que la Secretaría de Gobernación con fundamento en el artículo 64 de la Ley General de Protección Civil y ante la inminencia o alta probabilidad de que se repita el agente natural perturbador al que se ha hecho referencia, mismo que pudiera volver a poner en riesgo la vida humana y previendo esencial la rapidez con que actúe el Sistema Nacional de Protección Civil, para que emita una Declaratoria de Emergencia, a fin de poder brindar de manera inmediata los apoyos necesarios y urgentes para la población susceptible de ser afectada.

Y por otro lado, insistir en que gobierno del estado solicite la Declaratoria de Emergencia para el reciente fenómeno natural, pero con fundamento en lo dispuesto en la fracción VII del numeral 9 del Acuerdo que establece la Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales donde señala que el Fonden es un mecanismo financiero para que en la eventualidad de un desastre natural severo, el gobierno federal pueda adquirir equipo y bienes muebles especializados, y en su caso la instalación de los mismos, que permitan responder con mayor eficacia y prontitud en la eventualidad de una emergencia o desastre producido por las lluvias en el estado de Querétaro.

Asimismo, para exhortar al Ejecutivo federal a que, con base en la fracción VI del artículo 7 de la Ley General de Protección Civil, promueva, ante la eventualidad de los desastres de origen natural, la realización de acciones dirigidas a una estrategia integral de transferencia de riesgos, a través de herramientas tales como la identificación de la infraestructura por asegurar, el análisis de los riesgos, las medidas para su reducción y la definición de los esquemas de retención y aseguramiento, entre otros.

Y en exhortar a la coordinación entre los tres niveles de gobierno para la Gestión Integral de Riesgos, definida en la misma Ley, en su fracción XXVIII del artículo 2 como: “El conjunto de acciones encaminadas a la identificación, análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos, considerándolos por su origen multifactorial y en un proceso permanente de construcción, que involucra a los tres niveles de gobierno, así como a los sectores de la sociedad, lo que facilita la realización de acciones dirigidas a la creación e implementación de políticas públicas, estrategias y procedimientos integrados al logro de pautas de desarrollo sostenible, que combatan las causas estructurales de los desastres y fortalezcan las capacidades de resiliencia o resistencia de la sociedad. Involucra las etapas de: identificación de los riesgos y/o su proceso de formación, previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción.”

Punto de acuerdo

Primero. Respecto de los recientes fenómenos naturales hidrometeorológicos, que bajo la forma de lluvias torrenciales e inundación significativa sufrieron diferentes municipios del estado de Querétaro entre los días 24 y 26 de septiembre, y con fundamento en la fracción III del artículo 58 de la Ley General de Protección Civil, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo de la citada entidad federativa, a que manifieste la situación de emergencia y/o desastre de la contingencia y que las circunstancias de la misma han superado su capacidad operativa y financiera para atenderla por sí sola; procediendo a presentar a la Secretaría de Gobernación la solicitud firmada como primer paso para acceder a los recursos de los Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos, específicamente la solicitud de apoyos a la Federación con cargo al Fideicomiso Fondo de Desastres naturales (Fonden), previendo que el plazo para que la dependencia federal reciba la solicitud es de siete días hábiles contados a partir de la ocurrencia del desastre. Dicho respaldo financiero se solicita para que gobierno federal pueda adquirir equipo y bienes muebles especializados, y en su caso la instalación de los mismos, que permitan responder con mayor eficacia y prontitud en la eventualidad de una emergencia o desastre producido por precipitaciones en el estado de Querétaro, de conformidad con la fracción VII del numeral 9 del Acuerdo que establece la Reglas de Operación del Fonden.

Segundo. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley General de Protección Civil y ante la inminencia o alta probabilidad de que se repita el agente natural perturbador al que se hace referencia en el resolutivo anterior del presente acuerdo, mismo que pudiera volver a poner en riesgo la vida humana y previendo esencial la rapidez con que actúe el Sistema Nacional de Protección Civil, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Gobernación a que emita una Declaratoria de Emergencia, a fin de poder brindar de manera inmediata los apoyos necesarios y urgentes para la población susceptible de ser afectada.

Tercero. Con fundamento en el artículo 60 de la Ley General de Protección Civil, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a las diferentes instancias públicas federales; Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Comisión Nacional del Agua, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), a que soliciten la Declaratoria de Desastre Natural a la Secretaría de Gobernación, para que ésta pudiera atender posibles daños sufridos en la infraestructura, bienes y patrimonio federal a su cargo.

Cuarto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de la manera más respetuosa, exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, al gobernador constitucional del estado Querétaro y a los presidentes municipales de Querétaro, San Juan del Río, El Marqués y Corregidora, a que se coordinen con el objeto de gestionar integralmente los riesgos por precipitaciones superiores a la media registrada pero de recurrencia anual en la entidad, de conformidad con lo establecido en la fracción XXVIII del artículo 2 y en la fracción VI del artículo 7 de la Ley General de Protección Civil; y con ello se prevengan y minimicen las afectaciones en la población y en la infraestructura por fenómenos naturales como los que motivan el presente acuerdo.

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, 10 de octubre de 2017.

Diputado José Hugo Cabrera Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP a revisar los supuestos establecidos en la fracción II del artículo segundo transitorio de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo y, acorde con la normativa, concretar las transferencias correspondientes a las entidades federativas y los municipios, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano

Los suscritos, diputados federales integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática y de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 3, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Marco Jurídico

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Que en términos de lo dispuesto por el párrafo séptimo del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , el Estado llevará a cabo actividades de explotación y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación.

Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo

Que la fracción II, del artículo Segundo Transitorio de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo establece que durante los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018 :

“II. Cuando los recursos recibidos por las entidades federativas y los municipios procedentes de los ingresos que, en términos de este Decreto, se integran a la Recaudación Federal Participable conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, sean menores a las que hubieran recibido de haber aplicado a las asignaciones vigentes en el año que corresponda, las disposiciones de la Ley Federal de Derechos y la Ley de Coordinación Fiscal vigentes hasta antes de la entrada en vigor de este Decreto, el Gobierno Federal entregará a las entidades federativas y los municipios, con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación del siguiente ejercicio fiscal, una cantidad equivalente a la diferencia entre el monto que les hubiera correspondido como participaciones conforme a las disposiciones citadas, y el monto efectivamente observado conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal”.

Asimismo, el segundo párrafo de este precepto artículo transitorio señala que el Gobierno Federal realizará la entrega de los recursos que procedan a más tardar en el mes de febrero del ejercicio siguiente al que corresponda.

2. Gestiones realizadas por el Comité de Vigilancia del Sistema de Participaciones de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF) es el conjunto de disposiciones y órganos que regulan la cooperación entre la Federación y las Entidades Federativas con la finalidad de armonizar el sistema tributario mediante la coordinación y colaboración intergubernamental; establecer y distribuir las participaciones que correspondan a sus haciendas públicas en los ingresos federales y; apoyar al sistema de transferencias mediante los fondos de aportaciones federales.

Uno de los órganos del SNCF es el Comité de Vigilancia del Sistema de Participaciones de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales (en adelante, CVSPCPFF) el cual tiene encomendada las facultades, entre otras, relativas a analizar el contenido, flujo y oportunidad de la información conducente a la determinación de participaciones y de todos los demás recursos económicos que establece la Ley de Coordinación Fiscal y, en su caso, proponer las adecuaciones correspondientes.

Con motivo de lo anterior, el pasado 23 de febrero del año en curso, el C. Secretario de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, en su calidad de Coordinador del CVSPCPFF, solicitó en tiempo y forma a la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas (en adelante, UCEF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (en adelante, SHCP) en sujeción a lo establecido por el ordenamiento inicialmente señalado, el apoyo para que, a manera de anticipo, fueran transferidos los montos que les correspondían a las Entidades Federativas, toda vez para el ejercicio fiscal 2016 se activó el supuesto base de la fracción II del Artículo Segundo Transitorio de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y Desarrollo, a favor de las Entidades Federativas.

Esto es, al comparar las participaciones que se hubieran generado con el anterior régimen fiscal aplicable a Pemex, y las participaciones efectivamente entregadas como resultado del actual régimen fiscal, existe evidencia de que las participaciones del régimen anterior hubieran resultado mayores de forma que, a manera de compensación por la implementación de la reforma energética, las Entidades Federativas deberán invariablemente recibir los recursos que les corresponden como resarcimiento, de acuerdo con el Artículo Transitorio en comento.

El anticipo se solicitó derivado de un análisis con datos preliminares del ejercicio fiscal 2016, que realizó el CVSPCPFF a principios de 2017 en conjunto con funcionarios de la SHCP, coincidiendo ambos en que el componente petrolero de la Recaudación Federal Participable (en adelante, RFP) con la cual se determinan los fondos de participaciones, resultó menor con el nuevo régimen fiscal al compararla con el régimen anterior.

No obstante lo anterior, aún con la existencia de estos planteamientos sólidos, la SHCP notificó al CVSPCPFF que se consideraba improcedente la compensación ya que las participaciones generadas en el régimen fiscal vigente son superiores, en relación a lo que se hubiera pagado en el régimen anterior.

Sin embargo, dicha respuesta se basó en la incorporación de fondos que no se encuentran vinculados a la RFP y comprendidos en los supuestos delineados por la fracción II del Artículo Segundo Transitorio, tal como el Fondo para Municipios por donde se exportan los hidrocarburos, el cual se creó con la reforma energética y por tanto, no existía en el régimen fiscal anterior.

Ahora bien, una vez que se contó con los datos de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal de 2016, así como la declaración fiscal de Petróleos Mexicanos (en adelante, Pemex) del ejercicio fiscal de referencia, se identificó una diferencia de participaciones, con base en la fracción II del Artículo Segundo Transitorio del Fondo, que asciende a 6 mil 598 millones 700 mil pesos, cuya distribución se sujetaría a lo siguiente:

Entidad Federativa Monto (mdp)

Aguascalientes 73.7
Baja California 189.8
Baja California Sur 43.3
Campeche 52.2
Coahuila 156.1
Colima 44.3
Chiapas 269.4
Chihuahua 199.7
Ciudad de México 724.3
Durango 89.5
Guanajuato 285.3
Guerrero 156.3
Hidalgo 134.5
Jalisco 430.0
México 872.1
Michoacán 207.3
Morelos 96.7
Nayarit 65.4
Nuevo León 296.8
Oaxaca 181.4
Puebla 289.7
Querétaro 111.4
Quintana Roo 83.0
San Luis Potosí 132.9
Sinaloa 162.9
Sonora 188.7
Tabasco 195.2
Tamaulipas 209.2
Tlaxcala 67.7
Veracruz 390.0
Yucatán 116.0
Zacatecas 84.0

Total 6,598.7

Así, a pesar de contar con la información de cierre correspondiente al ejercicio fiscal 2016, con base en la Cuenta Pública de dicho año, la SHCP no ha realizado una revisión congruente y apegada a la normatividad de referencia, de manera que evita reconocer la existencia de una cantidad a favor de las Entidades Federativas que compense el efecto negativo en las Participaciones de las mismas, que se genera por la actual implementación de la reforma energética.

Dicho lo anterior, es necesario se de cabal cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley, para preservar el Estado de Derecho, base del Estado Mexicano.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que -en el ámbito de sus atribuciones- lleve a cabo una minuciosa revisión a la información relacionada con los supuestos de la fracción II del Artículo Segundo Transitorio de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, y se concrete la transferencia correspondiente a favor de las entidades federativas y municipios de acuerdo a dicha normatividad.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los diez días del mes de octubre del año dos mil diecisiete.

Diputados: Francisco Martínez Neri, Clemente Castañeda Hoeflich, Marko Cortés Mendoza, Federico Döring Casar, Minerva Hernández Ramos, Alejandra Gutiérrez Campos, Armando Alejandro Rivera Castillejos, José Teodoro Barraza López, J. Apolinar Casillas Gutiérrez, Herminio Corral Estrada, Gina Andrea Cruz Blackledge, Carlos Alberto de la Fuente Flores, Rubén Alejandro Garrido Muñoz, Miguel Ángel Huepa Pérez, Javier Antonio Neblina Vega, César Augusto Rendón García, Luis Agustín Rodríguez Torres, José Antonio Salas Valencia, Miguel Ángel Salim Alle, Luis Fernando Mesta Soule, Jacqueline Nava Mouett, Alfredo Miguel Herrera Deras, Gerardo Federico Salas Díaz, Arlette Ivette Muñoz Cervantes, José Everardo López Córdova, Sergio Emilio Gómez Olivier, Exaltación González Ceceña, Luis Gilberto Marrón Agustín, José Hernán Cortés Berumen, Kathia María Bolio Pinelo, Luis Fernando Antero Valle, Joaquín Jesús Díaz Mena, María Eloísa Talavera Hernández, Ximena Tamariz García, José Erandi Bermúdez Méndez, Ariel Enrique Corona Rodríguez, Nelly del Carmen Márquez Zapata, Wenceslao Martínez Santos, Brenda Velázquez Valdez, Rocío Matesanz Santamaría, María del Rosario Rodríguez Rubio, Elva Lidia Valles Olvera, Janette Ovando Reazola, Leticia Amparano Gámez, Juan Alberto Blanco Zaldívar, Carlos Alberto Palomeque Archila, María Olimpia Zapata Padilla, Gretel Culin Jaime, Emma Margarita Alemán Olvera, Lorena del Carmen Alfaro García, Jisela Paes Martínez, Jesús Antonio López Rodríguez, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, Ingrid Krasopani Schemelensky Castro, Jorge Triana Tena, Jorge Ramos Hernández, Víctor Ernesto Ibarra Montoya, Santiago Torreblanca Engell, Santiago Taboada Cortina, Ulises Ramírez Núñez, Gerardo Gabriel Cuanalo Santos, Marco Antonio Gama Basarte, Adriana Elizarraraz Sandoval, Hugo Alejo Domínguez, Eloísa Chavarrías Barajas, María Guadalupe Murguía Gutiérrez, Luz Argelia Paniagua Figueroa, Juan Pablo Piña Kurczyn, Rafael Valenzuela Armas, María Verónica Agundis Estrada, Jorge López Martín, Baltazar Martínez Montemayor, Leonel Gerardo Cordero Lerma, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Nadia Haydee Vega Olivas, Román Francisco Cortés Lugo, José Máximo García López, Genoveva Huerta Villegas, María Luisa Sánchez Meza, Gabriela Ramírez Ramos, Francisco José Gutiérrez de Velasco Urtaza, Patricia García, Angélica Moya Marín, Héctor Barrera Marmolejo, Martha Cristina Jiménez Márquez, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre, Karla Karina Osuna Carranco, Karina Padilla Ávila, María García Pérez, René Mandujano Tinajero, José de Jesús Zambrano Grijalva, Guadalupe Acosta Naranjo, Felipe Reyes Álvarez, José Antonio Estefan Garfias, Rafael Hernández Soriano, Francisco Xavier Nava Palacios, Cristina Ismene Gaytán Hernández, Juan Fernando Rubio Quiroz, Tomás Octaviano Félix, Cecilia Guadalupe Soto González, Olga Catalán Padilla, Eva Florinda Cruz Molina, Lucía Virginia Meza Guzmán, Araceli Saucedo Reyes, Héctor Peralta Grappin, Agustín Francisco de Asís Basave Benítez, Waldo Fernández González, J. Guadalupe Hernández Alcalá, Leonardo Amador Rodríguez, Lluvia Flores Sonduk, Sergio López Sánchez, Arturo Santana Alfaro, Julio Saldaña Morán, Karen Hurtado Arana, Candelario Pérez Alvarado, Evelyn Parra Álvarez, Óscar Ferrer Ábalos, Araceli Madrigal Sánchez, María Luisa Beltrán Reyes, Armando Soto Espino, Macedonio Salomón Tamez Guajardo, Germán Ernesto Ralis Cumplido, María Elena Orantes López, María Candelaria Ochoa Avalos, Hauffen Torres Angie Dennisse, Zamora Salvador, Pérez Utrera Adán, Martínez García Jonadab, Corichi García Claudia Sofía, Toledo Ibarra Marbella (rúbricas).

Con punto de acuerdo, relativo a los recientes feminicidios ocurridos en Puebla y la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres en la entidad, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, Cristina Ismene Gaytán Hernández, diputada en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 y 79 numeral dos fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Hace unos días, por medio de las redes sociales y distintos medios de comunicación nos enteramos de una terrible noticia ocurrida en el Estado de Puebla, la desaparición y asesinato de Mara Fernanda Castilla Miranda.

Mara Fernanda, veracruzana de nacimiento, de 19 años y estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, desapareció el pasado 8 de septiembre, cuando se dirigía a su casa desde un bar en Cholula, primero en el auto de sus amigos, posteriormente, utilizando el servicio de transporte privado Cabifyi .

El auto Cabify aparentemente la recogió aquel día y presumiblemente hizo el trayecto rumbo al destino planteado pero, a partir de este momento, se perdió la pista de Mara.

Su cuerpo sin vida y con señales de violencia sexual fue hallado siete días después de su desaparición.

En otro caso, días después de lo sucedido con Mara, la Fiscalía General del Estado informó que persiguen otro caso: el de Nazarea Iraís Simón Aguilar, quien fue hallada muerta en Tecuanipan, municipio de la misma entidad2 .

La fiscalía informó que el pasado 25 de septiembre, el cuerpo de Nazarea Iraís fue hallado en el paraje Los Frailes del municipio de Tecuanipan, Puebla. El cadáver estaba afuera de un vehículo Nissan March de color azul, que la mujer usaba como taxi, y en el cual había salido a trabajar el día anterior3

Y por si esto fuera poco, el pasado 30 de septiembre fue asesinada en un supuesto asalto Mariana Fuentes Soto, alumna de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)4

Estos 3 casos constituyen solo algunos de los cientos de feminicidios ocurridos en nuestro país y en el Estado de Puebla.

En 2016, 7.3 mujeres fueron asesinadas cada día en México5 .

En el Estado de Puebla, de acuerdo a distintas organizaciones y reportes periodísticos, en lo que va de este 2017, se han documentado 86 feminicidios6 , aunque la fiscalía del estado reconoce una cifra menor.

Asimismo, de acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) en Puebla se registran 1,637 casos de personas desaparecidas, de las cuales, 824 son mujeres7 . Es decir, como bien señala ONU mujeres, Puebla es la única entidad del país con un mayor número de mujeres que hombres víctimas de desaparición y es la tercera entidad con un mayor número de mujeres desaparecidas8 .

Por su parte, el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia Contra las Mujeres (BANAVIM), en el Estado de Puebla, se han registrado 106 casos de violencia contra mujeres, bajo distintos tipos y de diversos modos.

El siguiente cuadro, retomado del BANAVIM9 , nos muestra los casos de violencia contra mujeres registrados en Puebla por tipo de violencia y modalidad de violencia.

En este contexto, desde 2016, distintas organizaciones de la sociedad civil solicitaron formalmente a la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), que se declare la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el estado de Puebla.

El 7 de julio del presente, la Secretaría de Gobernación emitió una resolución respecto a la solicitud de la declaración de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Puebla, en la que resuelve que:

“Primero. El estado de Puebla ha emprendido acciones relevantes para la implementación de las propuestas realizadas por el grupo de trabajo, lo cual contribuye a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en la entidad.

Segundo. Por el momento, no se actualizan elementos objetivos suficientes para declarar procedente la alerta de violencia de género contra las mujeres en el Estado de Puebla. No obstante lo anterior, en un periodo de seis meses (a partir del 7 de julio) la Conavim valorará las acciones que continúe ejecutando el gobierno estatal, hasta el total cumplimiento de las mismas .

Tercero. Considerando:

a. Que existen acciones pendientes para prevenir y erradicar la violencia de las mujeres, las cuales fueron destacadas por el Grupo de Trabajo en el dictamen;

b. Que las políticas públicas que tiene este objetivo deben ser de carácter permanente, y algunas de las propuestas contenidas en el informe elaborado por el Grupo de Trabajo tienen este carácter, y

c. Que de acuerdo con los Censos de Procuración de Justicia 2015, 2016, se registró un incremento de homicidios de mujeres en la entidad, pasando así de 183 casos de homicidio en 2014, a 258 en 2015, y

d. Que de acuerdo también con los citados Censos, la entidad ha ocupado los lugares 8 y 9 de las entidades con mayor número de denuncias por violencia familiar en agravio de mujeres.

El gobierno del estado de Puebla deberá dar continuidad a las acciones reportadas y adoptar ocho medidas específicas, necesarias para seguir impulsando políticas públicas que permitan enfrentar la problemática de la violencia contra las mujeres y, en consecuencia, garantizar sus derechos, primordialmente el derecho a una vida libre de violencia; mismas que a continuación se enlistan:

1. Elaborar un diagnóstico estatal sobre todos los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, que busque identificar las problemáticas particulares de cada región, con la finalidad de generar acciones específicas de prevención de violencia contra las mujeres en el Estado de Puebla, en coordinación con la Conavim.

2. Diseñar y ejecutar inmediatamente una estrategia para atención y prevención de la violencia contra las mujeres en el transporte público.

3. Emprender acciones inmediatas y exhaustivas para valorar, implementar y monitorear objetiva y diligentemente las órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia; particularmente, se brindará protección inmediata y pertinente en casos de violencia familiar. Para ello, se deberán generar mecanismos efectivos de implementación y seguimiento a las órdenes de protección –como pueden ser el uso de brazaletes electrónicos en los agresores, para aquellos casos en los que las circunstancias particulares lo permitan.

4. Continuar con la integración y actualización adecuadamente del Centro Estatal de Datos e Información referente a los Casos de Violencia contra las Mujeres CEDA 2.0

Con base en lo establecido por el artículo 23, frac. III de la Ley General de Acceso, esta medida deberá permitir en un plazo razonable monitorear las tendencias de la violencia contra las mujeres, realizar estadísticas, diagnósticos, análisis y reportes periódicos que permitan conocer sistemáticamente las características y patrones de la violencia y, en consecuencia, instrumentar políticas públicas efectivas.

La información vertida en este banco deberá ser reportada también al Banco Nacional de Datos se Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim).

5. Crear un programa de atención a hombres generadores de violencia basados en la perspectiva de género.

6. Crear una Unidad de Contexto para la investigación de feminicidios, homicidios dolosos de mujeres, violencia sexual y desaparición de mujeres que, mediante la elaboración de análisis antropológicos, sociológicos y psicosociales, permita identificar, entre otros, las dinámicas delictivas y de violencia contra las mujeres en la entidad.

7. Conformar un grupo-unidad especializada –en la que se involucren las autoridades de procuración e impartición de justicia– encargada exclusivamente de revisar los expedientes y las carpetas de investigación, relacionadas con los feminicidios, homicidios dolosos y desaparición de mujeres, así como delitos de índole sexual, de los últimos 8 años. Entre las funciones que deberá ejecutar esta Unidad se encuentra el diagnóstico de los expedientes en archivo o reserva y la identificación de las posibles deficiencias en las investigaciones con el propósito de sugerir las diligencias que podrían llevarse a cabo para el esclarecimiento de los hechos.

8. Fortalecer (con recursos económicos, materiales y humanos) a las instituciones involucradas en la prevención, atención, investigación y sanción de la violencia en contra de las mujeres. En particular, los Centros de Justicia y las agencias del ministerio público en aquéllas zonas donde existe mayores índices de violencia y menores recursos humanos y materiales, poniendo especial atención en que estos sean accesibles también para mujeres indígenas.

Asimismo, continuar con el fortalecimiento del Instituto Poblano de las Mujeres, así como de la Secretaría de Seguridad Pública, en particular de la Unidad de Atención Inmediata ‘Mujer Poblana Libre de Violencia’” 10

En síntesis, los casos anteriormente expuestos evidencian por un lado, que las acciones Estatales para hacer frente a la violencia feminicida en Puebla han sido hasta ahora insuficientes y por el otro, que hoy más que nunca resulta necesario que la SEGOB a través de la CONAVIM, declare la Alerta de Violencia de Genero en el Estado de Puebla, para contar con nuevos instrumentos para enfrentar ese terrible flagelo al que se enfrenta la sociedad poblana

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión condena los recientes femincidios ocurridos en el estado de Puebla de Mara Fernanda Castilla Miranda, Nazarea Iraís Simón Aguilar y Mariana Fuentes Soto y expresa su solidaridad con las familias.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un exhorto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla para que, en el marco de sus atribuciones, atienda las recomendaciones planteadas por la Secretaría de Gobernación respecto a la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres para el Estado de Puebla y haga de conocimiento público los resultados de las acciones instrumentadas al respecto.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un exhorto a la Secretaría de Gobernación, para que a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), evalúe a la brevedad nuevamente la pertinencia de la declaración de la Alerta de Violencia de Género en dicho Estado y haga públicos sus resultados.

Notas:

1 Feminicidio en México: Mara Castilla, el asesinato de una joven de 19 años en un taxi que indigna a un país violento. Alberto Nájar. BBC Mundo, México. (18 septiembre 2017). Retomado de: http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-41303542

2 El feminicidio de Nazarea Iraís, el segundo del mes que investiga la Fiscalía de Puebla.

Animal Político. (Septiembre 28 de 2017). Retomado de: http://www.animalpolitico.com/2017/09/puebla-investiga-feminicidio-naza rea-irais/

3 http://www.animalpolitico.com/2017/09/puebla-investiga-feminicidio-naza rea-irais/

4 Mariana Fuentes, alumna de la BUAP, es asesinada a tiros en Puebla; investigan feminicidio. sin embargo. (octubre 1, 2017). Retomado de: http://www.sinembargo.mx/01-10-2017/3319571

5 ONU Mujeres y ONU-DH condenan el feminicidio de Mara Castilla (lunes, 18 de septiembre de 2017). Retomado de: http://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2017/09/onu-m ujeres-y-onu-dh-condenan-el-feminicidio-de-mara-castilla

6 Ver: El feminicidio de Nazarea Iraís, el segundo del mes que investiga la Fiscalía de Puebla. Animal Político. (Septiembre 28 de 2017). Retomado de:

http://www.animalpolitico.com/2017/09/puebla-investiga-f eminicidio-nazarea-irais/

7 ONU Mujeres y ONU-DH condenan el feminicidio de Mara Castilla (lunes, 18 de septiembre de 2017). Retomado de: http://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2017/09/onu-m ujeres-y-onu-dh-condenan-el-feminicidio-de-mara-castilla

8 Op cit ONU MUJERES

9 https://banavim.segob.gob.mx/Banavim/Informacion_Publica/Informacion_Pu blica.aspx

10 RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN RESPECTO A LA SOLICITUD DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES PARA EL ESTADO DE PUEBLA 07 DE JULIO DE 2017. Retomado de:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/237959/Re soluci_n_SEGOB_Puebla__002_.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2017.

Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y las autoridades respectivas locales a realizar, evaluar y entregar los dictámenes de daños correspondientes a las escuelas de preescolar y educación básica del estado de México tras el sismo del 19 de septiembre, suscrita por los diputados Sandra Luz Falcón Venegas y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben, Mario Ariel Juárez Rodríguez y Sandra Luz Falcón Venegas, diputados de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, nos permitimos presentar a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Es importante considerar que, tras los últimos sismos presentados en nuestro país, es imprescindible reforzar la seguridad y tranquilidad de alumnos, docentes y trabajadores administrativos en sus respectivos centros de trabajo.

La SEP informó que los planteles estarán cerrados hasta que se concluyan los trabajos de revisión a fin de verificar las condiciones estructurales de los planteles, y así garantizar la plena seguridad de toda la comunidad escolar, por lo cual el regreso a clases será en fechas escalonadas a partir del 25 de septiembre del año en curso.

En el comunicado número 270 emitido por la Secretaría de Educación Pública establece ocho pasos a seguir para el regreso a clases tras el sismo del 19 de septiembre, en donde se indica que la SEP es la única responsable en la operación de las escuelas de educación básica.

En este contexto el numeral 8 de dicho comunicado establece las autoridades facultadas y encargadas de revisar los planteles y garantizar la seguridad de las instalaciones para reiniciar clases, las cuales serán únicamente las autoridades educativas locales, informando durante el avance a la SEP para poder incluir las escuelas que estén en condiciones de reanudar labores en el listado que la Secretaría publicará diariamente.

https://www.gob.mx/sep/prensa/comunicado-270-los-ocho-p asos-para-el-regreso-a-clases

Principalmente en el estado de México y sus municipios, se ha visualizado en las escuelas evaluadas, que los dictámenes correspondientes están siendo expedidos por los presidentes de los ayuntamientos municipales, los cuales no tienen de facto la atribución ni la facultad otorgada, dicha facultad la tienen las autoridades educativas locales según lo estipulado en el numeral 8 del comunicado 270 emitido por la Secretaría de Educación Pública.

Al no existir tal facultad, los presidentes de los ayuntamientos municipales que están expidiendo las evaluaciones de daños están generando incertidumbre e inseguridad entre la comunidad escolar, así como en los padres de familia de los estudiantes, por lo cual se tiene que tomar cartas en el asunto por parte de autoridades competentes, como lo es la Secretaría de Educación Pública para exhortar a las autoridades locales educativas a que sean ellas quienes entreguen dicho dictamen de evaluación de daños.

Cabe destacar que el gobierno del estado de México ha emitido oficios con fecha de 26 de septiembre de 2017, en los cuales se indica que los supervisores escolares deben acudir con los presidentes municipales, con el fin de recibir los dictámenes correspondientes a los centros de trabajo que están bajo su jurisdicción, es evidente que es un acto erróneo por lo antes mencionado.

Fundado y motivado en las consideraciones anteriormente expuestas, someto a consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a las autoridades educativas locales a realizar, evaluar y entregar los dictámenes de evaluación de daños de los centros educativos del estado de México, de conformidad a lo establecido en el numeral 8 del comunicado 270 emitido por la Secretaría de Educación Pública.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de octubre de 2017.

Diputados: Sandra Luz Falcón Venegas y Mario Ariel Juárez Rodríguez (rúbricas)

Con punto de acuerdo, relativo al equipamiento del hospital general en Tampico, Tamaulipas, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, diputado federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XX, 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Nuestro país es muy diverso y dinámico, y para muchos es claro que su mayor riqueza es su gente.

Al pasar de los años, garantizar la protección de salud se ha vuelto un reto para el gobierno Mexicano, primordialmente al ser establecido el derecho humano a la salud en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos1 .

En Tamaulipas, mucho se ha dicho al pasar de los años sobre la protección y promoción de la salud, así como la prevención de enfermedades, sin embargo poco se ha avanzado.

El sentir de nuestro pueblo tamaulipeco es que en el estado existen pendientes prioritarios que no se atienden como todos esperan.

Uno de ellos es asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad; por igual, reducir los riesgos que afectan la salud de la población en cualquier actividad de su vida; y por igual, cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones de nuestro estado.

En ese contexto, se conoció como resultado de la fiscalización superior que realiza la Auditoría Superior de la Federación (ASF)2 que en el 2016 se ejecutó el proyecto de infraestructura denominado “Construcción por sustitución del Hospital General de 150 camas en la ciudad de Tampico, municipio de Tampico” el cual tendría como finalidad contar con una nueva unidad médica hospitalaria integrada por seis quirófanos, dos salas de expulsión y 150 camas censables para ofrecer servicios de hospitalización, medicina interna, cirugía, pediatría, ginecología, obstetricia y aislados, unidad de cuidados intensivos neonatales y área de triage (valoración y canalización de pacientes en medicina de emergencias y desastres), entre otras.

Ese Órgano de Fiscalización Superior en su auditoría número 16-5-12U00-02-0217, denominada Equipamiento para el Hospital General de 150 Camas en Tampico, Tamaulipas con Recursos del Fondo de Previsión Presupuestal3 , concluyó los resultados siguientes:

• Los recursos autorizados en 2015 para la adquisición de instrumental y equipo médico por 428,526.9 miles de pesos, únicamente se aplicaron 389,067.2 miles de pesos en el ejercicio 2016, y por los 39,459.7 miles de pesos restantes, se comprobó que al mes de noviembre de 2016 fueron liberados por el Comité Técnico del FSPSS en su cuarta sesión extraordinaria mediante los acuerdos números E.IV.87/1116 y E.IV.88/1116, para que dichos recursos sean asignados y aplicados en nuevos proyectos de infraestructura en ejercicios subsecuentes conforme lo determine el propio Comité.

• No acreditaron la realización del estudio de mercado en el caso de las licitaciones públicas que se llevaron a cabo para la adquisición de los bienes del proyecto.

• No se contaron con evaluaciones técnicas y financieras para verificar que el procedimiento de contratación producto de las licitaciones públicas se realizaran con transparencia y garantizarán las mejores condiciones para el Estado.

• Los procedimientos de contratación por adjudicación directa se realizaron durante 2015, antes de que los recursos estuvieran disponibles; dichos procesos no se repusieron.

• 290,218.25 pesos (doscientos noventa mil doscientos dieciocho pesos 25/100 M.N.) por concepto de penalizaciones no fueron aplicadas a cuatro proveedores por el atraso de entre 7 y 27 días en la entrega de 38 bienes respecto de las fechas de entrega pactadas en los contratos formalizados para la adquisición de los equipos médicos y de oficina.

• 3,097,200.00 pesos (tres millones noventa y siete mil doscientos pesos 00/100 M.N.) por concepto de recursos federales del Fondo de Previsión Presupuestal/Infraestructura Física ministrados por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud en 2016 a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Tamaulipas para realizar las acciones de equipamiento correspondiente al proyecto denominado “Construcción por sustitución del Hospital General de 150 camas en la ciudad de Tampico, municipio de Tampico” fueron destinados a fines distintos a los autorizados.

• 7,556 bienes destinados al Hospital General de Tampico “Dr. Carlos Canseco” carecen de número de inventario asignado y de un seguro que ampare los equipos adquiridos para garantizar su recuperación ante cualquier eventualidad, y no se realizó el levantamiento físico de dichos bienes al 31 de diciembre de 2016.

• 4,285 equipos que se encuentran empaquetados y sin utilizar en el Almacén General del Hospital General de Tampico “Dr. Carlos Canseco”, los cuales fueron adquiridos con los recursos federales del Fondo de Previsión Presupuestal/Infraestructura Física.

• $580,000.00 pesos (quinientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.) fueron pagados por un equipo faltante denominado “mesa de metal para autopsias” adquirió con los recursos federales del Fondo de Previsión Presupuestal/Infraestructura Física, ministrados en 2016 por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Tamaulipas para realizar las acciones de equipamiento correspondiente al proyecto denominado “Construcción por sustitución del Hospital General de 150 camas en la ciudad de Tampico, municipio de Tampico”; durante la revisión no se proporcionó evidencia de su entrega por el proveedor con las características y especificaciones requeridas originalmente.

• $239,859.91 pesos (doscientos treinta y nueve mil ochocientos cincuenta y nueve pesos 91/100 M.N.) se pagaron por concepto de un equipo faltante denominado “desfibrilador marca Primedic Defimonitor XD 330” adquirido con los recursos del Fondo de Previsión Presupuestal/Infraestructura Física, ministrados en 2016 por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud a la Secretaría de Salud del gobierno del estado de Tamaulipas para realizar las acciones de equipamiento correspondiente al proyecto denominado “Construcción por sustitución del Hospital General de 150 camas en la ciudad de Tampico, municipio de Tampico”.

• $162,699.28 pesos (ciento sesenta y dos mil seiscientos noventa y nueve pesos 28/100 M.N.) se pagaron por tres equipos que fueron entregados al proveedor para su reparación sin que se tenga evidencia de su devolución por parte del mismo.

Como se puede apreciar existen irregularidades que el Gobierno de Tamaulipas debe aclarar de manera clara y oportuna, en el sentido que la población en nuestro estado exige que los recursos en salud no puedan ser mal utilizados.

Es claro que las autoridades correspondientes en el Gobierno de Tamaulipas deben transparentar y dar máxima publicidad a las investigaciones y sanciones que den a lugar a esta operación denominada “Construcción por sustitución del Hospital General de 150 camas en la ciudad de Tampico, municipio de Tampico”.

Por lo anterior, compañeros diputados es necesario exhortar a las autoridades involucradas en los términos expuestos a fin que los tamaulipecos tengamos claro cómo es que se gasta el dinero público en temas de salud, ya que al día es uno de los grandes pendientes que el gobierno tiene con la población.

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de ésta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al gobierno de Tamaulipas, para que de acuerdo con sus atribuciones, de máxima publicidad al Equipamiento para el Hospital General de 150 Camas en Tampico, Tamaulipas con Recursos del Fondo de Previsión Presupuestal, a fin de que los tamaulipecos conozcan las acciones que se emprenden y el ejercicio del recurso público que se utiliza para garantizar el derecho constitucional de la población a la salud.

Notas:

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm, consultada el 3 de octubre de 2017.

2 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 – Auditoría Superior de la Federación, disponible en http://informe.asf.gob.mx/#0, consultado el 3 de octubre de 2017.

3 Auditoría número 16-5-12U00-02-0217, denominada Equipamiento para el Hospital General de 150 Camas en Tampico, Tamaulipas con Recursos del Fondo de Previsión Presupuestal – Auditoría Superior de la Federación, disponible en

http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Auditorias/2016_021 7_a.pdf, consultado el 3 de octubre de 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2017.

Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la implantación de acciones para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres, debido al alarmante aumento de feminicidios en Nuevo León, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, Mirna Isabel Saldívar Paz, diputada integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 2 y 79, numerales 1, fracción II y 2, fracción I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La violencia contra las mujeres concurre como una práctica común violatoria de sus derechos humanos, partiendo de la discriminación que viven, ya sea en lo normativo como en la práctica diaria, así como en las permanentes situaciones de desigualdad por razón de género.

En nuestro país en lo concerniente al respeto de los derechos de las mujeres y en específico al derecho fundamental al acceso a una vida libre de violencia, existen disposiciones legales, en el ámbito Federal como en el de las entidades federativas, que coadyuvan en la tarea de erradicar la violencia en contra de las mujeres. Estas disposiciones de contenido diverso, describen los supuestos reconocidos como violencia de género, entre las que destacan las relativas al feminicidio.i

Los asesinatos de mujeres y niñas perpetrados por razones de género, es decir, aquellos que se realizan con dolo misógino, son la expresión de la violencia extrema que se comete contra ellas por el hecho de ser mujeres. Una constante en los asesinatos de mujeres es la brutalidad y la impunidad que los acompañan. Estos crímenes constituyen la negación del derecho a la vida.ii

En el Modelo de Protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género, el término de femicidio/feminicidio se entiende como:iii

“la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus agentes, por acción u omisión”.

Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada”; mientras que la Violencia Feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado.iv

En materia de violencia de género, son muchos los rubros que se van contando hasta llegar a la violencia más fatal e irremediable, que es el causar la muerte a una mujer. Al respecto, cifras publicadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el periodo que comprende del año 2000 al 2015 se efectuaron 28 mil 710 asesinatos violentos contra mujeres, lo que representa cinco hechos delictivos de esta índole diarios. Lo que refleja un aumento del 85 por ciento en estos delitos, al pasar de mil 284 homicidios ocurridos en el año 2000, a dos mil 383, en 2015v ]

En los últimos años en México, el feminicidio se ha visto como un fenómeno homogéneo -antes se podía limitar a algunas regiones-. Hoy en día es común encontrar esto tipo delito por todo el país.

Ante esta situación el gobierno mexicano ha establecido en su marco normativo un conjunto de medidas de protección de los derechos humanos de las mujeres, la alerta de violencia de género contra las mujeres (AVGM), la cual consiste, de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, “en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.

En la actualidad se ha solicitado la declaración de 26 alertas, de las cuales se han emitido 11, como lo muestra la siguiente tabla:vii

En cuatro ocasiones, el gobierno ha determinado no proceder con la declaración de la alerta de violencia de género:viii

Por último, existen 11 entidades: Campeche, Durango, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, que han solicitado la declaración de alerta, las cuales se encuentran en trámite.ix

Para efectos del presente punto de acuerdo, abordaremos el caso específico del Estado de Nuevo León, que de julio de 2000 a julio de 2017 ha registrado mil 49 feminicidios. Este registro corresponde a la base de datos iniciada en 1997 por la asociación civil Arthemisas por la Equidad, agrupación cuyo impulso derivó en la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en cinco municipios del estado, procedente del incremento inusitado de 224 mujeres asesinadas durante el año 2011.x

En contraste, la Procuraduría de Justicia estatal reporta mil 135 homicidios de mujeres desde 2000 y hasta mayo de 2016, bajo la consideración de que el delito de feminicidio se tipificó en el estado hasta junio de 2013, por lo que la mayoría de los casos se investigaron bajo el tipo penal de homicidio.xi

De acuerdo con la base de datos de la asociación civil Arthemisas, en Nuevo León 60 mujeres han sido privadas de la vida al año, en promedio, a lo largo de casi dos décadas. En el ranking de violencia contra ellas, el estado de Nuevo León se encuentra en el lugar 21, de acuerdo con el Instituto Estatal de las Mujeres.xii

En fecha 18 de noviembre de 2016 fue declarada la Alerta de Género en cinco municipios de Nuevo León: Apodaca, Cadereyta Jiménez, Guadalupe, Juárez y Monterrey. En julio de este año, el número de feminicidios se ha incrementado, Arthemisas lleva un registro de 38 y autoridades del estado 36.xiii

En el aspecto legal se ha avanzado, el 3 de enero de 2000 se tipificó el delito de violencia y en abril de 2007 se publicó en México la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, mientras que en Nuevo León se aprobó en septiembre de ese mismo año, además se han identificado y descrito los diferentes tipos de violencia en la Ley de Acceso en 2013, junto con la tipificación de feminicidio.xiv

Con base en esta información, la asociación antes mencionada realizó un informe en el cual dentro de sus conclusiones solicitó al gobierno del Estado “explorar de manera exhaustiva todas las líneas de investigación, a fin de garantizar a las víctimas y a sus familiares el derecho de acceso a la justicia y cumplir diligentemente con su obligación de investigar”.xv

En dicho documento de la asociación civil se advierte que respecto a la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), de las 556 indagatorias consignadas entre 2000 y 2015, únicamente se cuenta con 187 sentencias. Se destacó que a pesar de que en junio de 2013 se tipificó el delito de feminicidio, sólo había un caso bajo ese registro penal.xvi

Asimismo de acuerdo con las conclusiones de este organismo sobresale que en relación con delitos cometidos en contra de niñas, adolescentes y mujeres, entre 2000 y 2016 se consignaron únicamente 6.7 por ciento de los casos. También observaron que se dan sentencias mínimas a los perpetradores, cuando el piso mínimo por homicidio es de 25 años.xvii

Por las cifras anteriores, el instituto invirtió en una Plataforma en línea para ponerla en Recursos Humanos del gobierno, en aras de que se brinde a todo el personal una capacitación de sensibilización, lenguaje incluyente, perspectiva de género, tipos de violencia, ámbitos de violencia, temas de acoso sexual y asuntos que tienen que ver con la alerta de género, igualdad y una vida libre de violencia.xviii

Además, se cuenta con dos recursos federales; en el presupuesto estatal, ya que este año se incrementó de 23 a 85 millones de pesos, también se tiene un presupuesto de 2 millones de pesos para la construcción de una base de datos que contenga la información relacionada con la violencia de género y feminicidios.

Sin embargo, de acuerdo con la presidencia de la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso Local, los titulares de las dependencias estatales involucradas tienen una idea desacertada de la Alerta de Género y reportan acciones que se hacen sin enfoque de la violencia y sin una coordinación entre las áreas involucradas. Además de que no hay un liderazgo en el tema, no existe como tal un eje qué seguir. Lo que hace el Instituto de la Mujer hace es preguntar a municipios y dependencias qué están haciendo en este tema.xix

La fundadora de la Asociación Alternativas Pacíficas, Alicia Leal, considera que la violencia contra las mujeres no sólo ha aumentado, sino que es más destructiva.“La forma de violentar a las mujeres llega a ser más destructiva físicamente, es decir, los intentos de homicidio son con una bestialidad muy marcada. “Las mujeres llegan seriamente lesionadas de por vida, porque las agreden vaginalmente con objetos, incluso con el puño, las deshacen, las mutilan y las queman. Notoriamente se tienen numerosos casos de feminicidios, donde también vemos un incremento y con una violencia terrible”.xx

La Presidenta de la Asociación considera que la violencia contra las mujeres sigue siendo el primer delito más denunciado, sin considerar incluso la cifra negra de los casos que no se dan a conocer.“Vas y concientizas, ellas abren los ojos, denuncian, buscan ayuda y al momento de buscar ayuda especializada lo primero que se debe poner a salvo es la vida y la integridad de las mujeres. “Ahí es en donde hemos fallado. No hemos construido protocolos conjuntos. Eso es urgente”.xxi

En Nueva Alianza consideramos que la violencia contra la mujer constituye una violación a los derechos humanos, que además es una lacerante problemática social que afecta gravemente la vida, la salud e integridad de las mujeres, que exige, para su erradicación, la adopción de protocolos de actuación de manera conjunta y coordinada. Es por ello que se propone el presente exhortó, a fin de lograr la participación de todos los sectores involucrados para obtener un avance significativo en esta tarea, bajo una política integral para eliminar la violencia contra las mujeres.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Nuevo León y sus dependencias, así como al poder legislativo estatal para que, en coordinación homologuen, en el ámbito local, todos los tipos de violencia contra las mujeres–incluidos el feminicidio y la violencia feminicida– contemplados tanto en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como en el Código Penal Federal, a fin de que las diversas instancias competentes de manera coordinada emprendan las acciones correspondientes para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres debido al alarmante aumento de feminicidios en la entidad, así como estandarizar los protocolos de actuación de las instituciones de procuración e impartición de justicia.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Nuevo León y sus dependencias, así como al poder legislativo estatal para que, en el ámbito de sus atribuciones y de manera coordinada, revisen y den continuidad a los esfuerzos emprendidos por el Estado mexicano para implementar una política integral para eliminar la violencia contra las mujeres, con la finalidad de salvaguardar su vida e integridad, así como establecer los mecanismos de coordinación con distintas autoridades competentes para lograr el cumplimiento de los derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes, los Tratados Internacionales y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Nuevo León y sus dependencias, así como al poder legislativo estatal para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, refuercen y fortalezcan la promoción y difusión de campañas de sensibilización y de difusión a nivel estatal y municipal sobre el feminicidio, lenguaje incluyente, perspectiva de género, tipos de violencia, ámbitos de violencia y temas que tienen que ver con la alerta de género, la igualdad y una vida libre de violencia, así como a impulsar programas que permitan identificar y erradicar esta problemática, en aras de sensibilizar a la sociedad sobre la magnitud, alcances y efectos de la misma, sin estimarse que el desarrollo de ello represente un impacto presupuestal adicional al establecido para el cumplimiento y seguimiento de las actividades institucionales programadas.

Notas:

[i] Mtra. Claudia Gamboa Montejano, EL FEMINICIDIO EN MÉXICO, Marco Teórico Conceptual, Derecho comparado a nivel Federal y Estatal, Modelo de Protocolo Latinoamericano y Opiniones Especializadas, Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis, Dirección de Servicios de Investigación y Análisis, Subdirección de Análisis de Política Interior, Legislatura LXIII de la Cámara de Diputados, México, Octubre, 2016.

[ii] LA VIOLENCIA FEMINICIDA EN MÉXICO, APROXIMACIONES Y TENDENCIAS 1985-2014, Secretaría de Gobernación, INMUJERES, Instituto Nacional de las Mujeres, ONU Mujeres, Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, México abril del 2016, en http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101258.pdf

[iii] OACNUDH y ONU Mujeres (2014). Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio). Basado en MESECVI, Declaración sobre el Femicidio, 15 de agosto de 2008, MESECVI/CEVI/ DEC.1/08, punto 2. Disponible en: www. oacnudh.org y www.onumujeres.org (acceso: julio de 2017).

[iv] Ibídem.

[v] Martínez Anibal (08/03/2017). Sin freno, homicidios de mujeres; son 5 diarios en promedio. Excelsior., en http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/03/08/1150790

[vi] Mtra. Claudia Gamboa Montejano, EL FEMINICIDIO EN MÉXICO, Marco Teórico Conceptual, Derecho comparado a nivel Federal y Estatal, Modelo de Protocolo Latinoamericano y Opiniones Especializadas, Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis, Dirección de Servicios de Investigación y Análisis, Subdirección de Análisis de Política Interior, Legislatura LXIII de la Cámara de Diputados, México, Octubre, 2016.

[vii] Instituto Nacional de las Mujeres, Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, México, 21 de julio de 2017, en https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/alerta-de-violencia-d e-genero-contra-las-mujeres-80739

[viii] Ibídem

[ix] Ibídem

[x] Rosario Lucas, Feminicidios en NL: la espiral crece, PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN, MELVA FRUTOS, Boletín el Universal, 19 de julio de 2017, Agencia de Noticias de El Universal, consultado en http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-investigacion/2017 /07/18/feminicidios-en-nl-la-espiral-crece 1/8

[xi] Ibídem.

[xii] Ibídem.

[xiii] Ibídem.

[xiv] Ibídem.

[xv] Ibídem.

[xvi] Ibídem.

[xvii] Ibídem.

[xviii] Ibídem.

[xix] Ibídem.

[xx]Ibídem.

[xxi] Ibídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión a los 10 días del mes de octubre de 2017.

Diputada Mirna Isabel Saldívar Paz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Tabasco a realizar estudios financieros para adquirir y poner en marcha un sistema de alerta temprana, y cumplir así la obligación de garantizar a todos el derecho a la protección civil, a cargo de la diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I; 76, fracción IV, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración el siguiente punto de acuerdo conforme a las siguientes

Consideraciones

1. El concepto “protección civil”, en las últimas tres décadas ha sido difundido por diversas autoridades, sobre todo a raíz de los terremotos de 1985, así con dicha difusión se han implementado diversas políticas y acciones encaminadas a la protección de la ciudadanía ante los diversos desastres naturales de los que somos susceptibles. El concepto de protección civil se dio a conocer, el 12 de agosto de 1949, cuando se realizó el Protocolo de Ginebra llamado “Protección a las víctimas de los conflictos armados internacionales”.

2. En resumen, el Tratado de Ginebra brindó la importancia que tiene este concepto para la sociedad; y establece su objetivo principal, salvaguardar la vida y bienes de las personas frente a desastres de cualquier naturaleza, trasladándose al estado la obligación de garantizar tal derecho desde su legislación y acciones de gobierno.

Por lo anterior, es importante transcribir la definición del concepto de Protección Civil, establecida en el Tratado de Ginebra:

“El cumplimiento de algunas o de todas las tareas humanitarias, destinadas a proteger a la población contra los peligros de las hostilidades y de las catástrofes, y ayudarla a recuperarse de sus efectos inmediatos, así como a facilitar las condiciones necesarias para su supervivencia...”

Antecedentes

3. En 1966, a consecuencia del desbordamiento del río Pánuco en la cuenca de Veracruz, la Secretaría de la Defensa Nacional, por instrucciones del gobierno del federal, se creó el plan DN-3-E (DN-III-E), para atender los daños ocasionados; este plan nace bajo la concepción de “concurrir lo más pronto posible a los lugares afectados por un desastre, con la aplicación de medidas de rescate, evacuación, atención médica de urgencia, seguridad, protección y cuidado de las zonas afectadas, todo en conjunto y bajo la coordinación de los apoyos proporcionados por las dependencias de la administración pública federal, organismos privados, agrupaciones civiles voluntarias y la ciudadanía en general.

4. No obstante a lo anterior, previo a los terremotos de los días 19 y 20 de septiembre de 1985, no se había considerado necesario establecer acciones en materia de Protección Civil, y menos aún, desarrollar una Cultura de Prevención, por lo que como resultado de los sismos, el titular del Ejecutivo federal, decidió crear la Comisión Nacional de Reconstrucción, integrada por un grupo de ciudadanos cuyo objetivo consistió en implantar las bases para establecer los mecanismos para atender mejor a la población en la eventualidad de otros desastres e incorporar las experiencias de instituciones públicas, sociales, privadas, de la comunidad científica y de la población en general.

5. El siguiente paso para el establecimiento de las políticas y la difusión de la cultura de protección civil, se dio en 1986, cuando se publicó el decreto por el que se establecen las bases del Sistema Nacional de Protección Civil, cuyo objetivo principal es “proteger a la persona y a la sociedad ante la eventualidad de un desastre provocado por agentes naturales o humanos, a través de acciones que reduzcan o eliminen la pérdida de vidas humanas, la destrucción de bienes materiales y el daño a la naturaleza” .

El sistema se desarrolló en tres etapas:

a) Conceptualización y planeación, representada por los decretos presidenciales sobre la materia;

b) Organización y programación conformada por la creación de los órganos operativos de la protección civil y su marco normativo, así como por la estructuración de sus programas; y

c) Etapa de puesta en marcha a nivel preventivo y operativo, mediante el diseño y programación de acciones ante la posibilidad de la ocurrencia de desastres.

6. Posteriormente, el 20 de septiembre de 1988, por decreto presidencial, se creó el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), con el objetivo de “estudiar, desarrollar, aplicar y coordinar tecnologías para la prevención y mitigación de desastres, promover la capacitación profesional y técnica sobre la materia, así como apoyar la difusión de medidas de preparación y autoprotección a la población ante la contingencia de un desastre”.

7. En diciembre de 1994, el titular del Ejecutivo federal presento? una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el propósito de “adecuar la configuración administrativa de las dependencias del Ejecutivo federal”, sin embargo, dicha propuesta no contempló a la protección civil dentro de los ejes centrales para la reforma; no obstante tal situación, en el Congreso de la Unión, la comisión dictaminadora, considero? necesario adicionar tres atribuciones a la Secretaría de Gobernación, entre las que se encontró la materia de protección civil, funciones que ha desarrollado desde entonces.

8. Así las cosas, en el año de 1995 se presentó la iniciativa de Ley General de Protección Civil, por la diputada María del Carmen Segura Rangel, iniciativa, a través de la cual se estableció tanto en su exposición de motivos, como en su articulado: “Garantizar la permanencia del Sistema Nacional de Protección Civil, así como la de los diversos órganos y autoridades que lo integran; definir competencias y formas de articulación de acciones entre las diversas instancias públicas, privadas y sociales; dar estabilidad a los programas y subprogramas, definiendo su contenido mínimo; establecer mecanismos de coordinación entre órganos y dependencias para la ejecución de programas; dotar de eficacia al consejo nacional y a los consejos estatales y municipales de protección civil, a través de disposiciones jurídicas que garanticen su funcionamiento; garantizar la inscripción de la protección civil en programas de gobierno como rubro prioritario; estudiar, desarrollar, aplicar y coordinar tecnologías para la prevención y mitigación de desastres; garantizar la profesionalización de la protección civil; definir responsabilidades y acciones de los diversos sectores de la población en caso de declarar el estado de emergencia; promover la conformación de una cultura de protección civil: e impulsar la participación social en la protección civil”.

Así las cosas, el objetivo central de la ley consistió en establecer el Sistema Nacional de Protección Civil, las bases de su funcionamiento y coordinación entre autoridades e instituciones competentes en la materia, sin embargo dicha iniciativa no fue dictaminada, pero representó el antecedente directo de la Ley General de Protección Civil.

9. Derivado de todos los antecedentes mencionados, en octubre de 1996, se presentó la iniciativa que reformó la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en la que se propuso y fueron aprobadas por el Congreso de la Unión, entre otras cuestiones, adicionar el siguiente texto:

“Artículo 5o. Son facultades de la Federación:

VII. La participación en la prevención y el control de emergencias y contingencias ambientales, conforme a las políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan.

Artículo 7o. Corresponden a los estados, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:

XII. La participación en emergencias y contingencias ambientales, conforme a las políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan.

Artículo 8o. Corresponden a los municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y las leyes locales en la materia, las siguientes facultades:

XI. La participación en emergencias y contingencias ambientales conforme a las políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan.”

10. Con lo anterior, podemos observar que previo a las legislaciones locales y federales en materia de protección civil, tanto las acciones, programas e instituciones fueron constituidas a través de acuerdos y decretos federales, ordenamientos estatales y reglamentos municipales, cuestión que generaba falta de integración y coordinación entre las autoridades de diversos ámbitos y niveles.

11. Por último, el 11 de febrero de 2016, la diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, presentó iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes General de Protección Civil, y Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a través de la cual se propone establecer el funcionamiento de las Alertas Tempranas, así como crear el Sistema Nacional de Alertas, iniciativa que en su exposición de motivos describe lo siguiente:

“Resulta aún más lamentable la pérdida de vidas humanas que los desastres han provocado en el pasado reciente. De acuerdo con el Cenapred, de 1980 a 1999 el promedio anual de muertes fue de 506 y de 2000 al 2014 fueron 186 defunciones por año. Lo anterior significa que en los últimos 36 años más de 12,000 personas han perdido la vida por la presencia de los fenómenos perturbadores.

Por otro lado, los desastres tienen también implicaciones en el bienestar y desarrollo de la población. Tan solo en 2013, 3.1 millones de habitantes, 61 mil 635 viviendas, 2 mil 360 escuelas y más de 980 mil hectáreas resultaron afectados por algún desastre.

Lo anterior, pone de manifiesto la necesidad de redoblar esfuerzos en materia de protección civil incorporando una visión de gestión integral de los riesgos a través de mecanismos y esquemas innovadores para hacer frente a las amenazas a las que está expuesta nuestra nación, a reducir los riesgos que históricamente se han ido construyendo y mitigar el impacto de los desastres, anteponiendo como premisas que lo más valioso es la seguridad y la vida de las personas.

Justamente, los Sistemas de Alerta Temprana han demostrado su efectividad, a nivel mundial y en nuestro país, al reducir el número de muertes ante la presencia de algún fenómeno perturbador. Su principal objetivo es proteger la vida de las personas, sus bienes, la infraestructura y el medio ambiente, por lo que deben ser considerados como un elemento de vital importancia en las estrategias de prevención y reducción de riesgos. Una alerta clara, recibida a tiempo, unida al conocimiento de qué esperar y cómo reaccionar en cada caso puede significar para las personas y sus comunidades la diferencia entre la vida y la muerte .

La importancia de un Sistema de Alerta Temprana, radica en que permite conocer anticipadamente y con cierto nivel de certeza, en qué tiempo y espacio, un fenómeno perturbador, ya sea natural o antropogénico puede desencadenar situaciones potencialmente peligrosas. Con ello pueden ponerse en práctica acciones y protocolos de respuesta para salvaguardar la integridad de las personas y tomar las medidas para reducir el impacto de la infraestructura y el medio ambiente.”

12. Resulta menester señalar que el Sistema Nacional de Protección Civil, se basa en el supuesto de que los municipios son los responsables de brindar la respuesta necesaria e inmediata en situaciones de emergencia; cuando por las características sus capacidades son rebasadas, la responsabilidad recae en los gobiernos estatales; si este ámbito, a su vez, se viera superado recurrirá a la Federación.

13. Así las cosas, es indispensable que todas las autoridades entiendan a la protección civil, como uno de los derechos humanos que deben ser protegidos y garantizados a través de la acción del Estado; sin duda la protección civil se trata de un derecho transversal que trastoca la seguridad de las personas, su desarrollo en un ambiente sano y adecuado, sus derechos económicos, y a través de su prevención y sistemas de alertamiento es como se correlaciona con el derecho a la información.

14. Hoy la tecnología nos permite anticiparnos, en muchos casos, a la llegada de fenómenos naturales, tecnología que aplicada correctamente permite a muchos salvar su vida e incluso en muchos casos, sus pertenencias, por lo que sin duda las políticas, programas y acciones de gobierno en materia de protección civil, deben enfocarse en la prevención y alertamiento y no sólo en planes de acción cuando ya ha ocurrido un desastre natural.

15. Desafortunadamente el estado de Tabasco hoy escapa de la prevención y la protección de los tabasqueños en muchas áreas, incluida la protección civil, cuestión que quedó demostrada con el terremoto ocurrido el pasado 7 de septiembre, el cual cobró cuatro vidas y dejó un sin número de daños y pérdidas materiales, mismas que pudieron prevenirse de haber contado reglamentos, programas y acciones de gobierno adecuados como lo es un Sistema de Alerta Temprana.

16. De acuerdo con datos del Cenapred, entre el año 2000 y 2015 se han presentado 101 eventos de desastre en el estado de Tabasco, en los que 102 personas han perdido la vida a consecuencia de algún tipo de desastre y en los que el monto de daños y pérdidas suma 57 mil 843 millones de pesos.

17. No obstante, los datos referidos y el impulso que a nivel nacional se ha dado en materia de protección civil en las últimas décadas, el estado de Tabasco lamentablemente es de los más rezagados y el penúltimo lugar en daños y pérdidas en los últimos años, situación que se hizo notoria durante y posterior al temblor del pasado 7 de septiembre en el que lamentablemente 4 personas murieron; siendo destacable la muerte de un menor derivado de que los aparatos que lo mantenían con respiración fallaron ante el corte en el suministro de la energía eléctrica.

Lo anterior denota diversas carencias que vivimos a diario los tabasqueños, que han sido señaladas en diversas ocasiones, como la falta de infraestructura, la pobreza que va en aumento y ahora se refleja en una falta de planeación y prevención en materia de protección civil; sin duda muertes que son evitables son imperdonables.

La falta de prevención y planeación en materia de protección civil se denota desde el proyecto Presupuesto de Egresos de 2017, del estado enviado al congreso local, por el Ejecutivo local, en el que en materia de protección civil fueron solicitados y planeados apenas sesenta millones de pesos (60,063,897.00), para el Instituto de Protección Civil del Estado, en contraste con los casi ciento cincuenta y siete millones ($156,984,895.00), destinados para la Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Públicas, lo que denota que tenemos un Ejecutivo local más interesado en la promoción de su imagen personal y la vida social que en la protección y salvaguarda de sus gobernados.

18. Lo anterior, sin duda no puede continuar y sin duda se deben tomar medidas urgentes para comenzar la aplicación de políticas que garanticen el respeto a los derechos humanos de los tabasqueños, por lo que se realiza la presente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. El honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo del Estado de Tabasco, a efecto de que, de manera inmediata, se realicen los estudios de viabilidad financiera necesarios para la adquisición y puesta en marcha de un sistema de alerta temprana a efecto de que se cumpla con la obligación de garantizar el derecho a la protección civil de toda la población del estado.

Segundo. El honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo del Estado de Tabasco, a que se realicen las actualizaciones necesarias a los reglamentos de construcciones para el efecto de que en posteriores sismos y/o desastres naturales se disminuyan los daños materiales y el riesgo de pérdidas humanas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2017.

Diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se extiende un reconocimiento a instituciones gubernamentales, las asociaciones de brigadistas binomio, la Cruz Roja Mexicana, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas y distintas organizaciones de la sociedad civil por su actuación frente a los sismos recién ocurridos en el país, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, Cristina Ismene Gaytán Hernández, diputada en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. En días recientes, dos fenómenos naturales impactaron profundamente en distintos estados de nuestro país.

El pasado 7 de septiembre, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo con magnitud 8.2, localizado en el golfo de Tehuantepec, a 133 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, Chiapas.1 Dicho sismo ocurrió a las 23:49 horas y se sintió en los estados del sur y centro del país.

Posteriormente, el 19 de septiembre, el sistema reportó un nuevo sismo con magnitud 7.1, localizado en el límite estatal entre los estados de Puebla y Morelos, a 12 kilómetros al sureste de Axochiapan, Morelos, y a 120 kilómetros de la Ciudad de México.2 Dicho sismo ocurrió a las 13:14 horas y fue sentido principalmente en el centro del país.

Este último, sucedió en la misma fecha que aquel ocurrido el 19 de septiembre de 1985, que afectó y transformó profundamente la vida del país y de nuestra ciudad.

A estos fenómenos, han procedido una gran cantidad de sismos de menor intensidad ocurridos en distintas partes de nuestro país.3

Dichos fenómenos naturales han traído consigo un importante número de afectaciones, principalmente en los estados de Morelos, Puebla, Guerrero, estado de México, Chiapas, Oaxaca y la Ciudad de México, por mencionar algunos.

Al día de hoy, cientos de personas tristemente han perdido la vida, otras más han resultado lesionadas o incluso aún desaparecidas.

Cientos de personas han perdido su vivienda o la posibilidad de habitar en ella y muchas más han resultado seriamente dañadas.

Un importante número de edificios con distintos usos han resultado afectados. Algunos de ellos han colapsado o se encuentran en riesgo de colapso.

Una gran cantidad de escuelas y plateles educativos se encuentran con afectaciones, algunas de ellas han colapsado o se encuentran en riesgo de que ello ocurra.

Y a ello se suman distintas afectaciones a sitios históricos y monumentos, negocios, hospitales y vías de comunicación.

Sin embargo, y como sucedió aquel 19 de septiembre de 1985, de los momentos más difíciles, ha brotado lo mejor de nosotros como país.

En medio de esta tragedia cientos de miles de personas han salido a las calles a ayudar de distintas maneras y a expresar su solidaridad con los afectados. Miles de niños y niñas, madres, padres, mujeres y hombres, sin distinción, han salido a dar lo mejor de sí para hacer frente a esta tragedia.

Llevando víveres, rescatando personas, como voluntarios en albergues o ayudando en la remoción de escombros, estos miles de hombres y mujeres anónimos nos han regalado la esperanza de que de éste México tan golpeado y adolorido por los recientes sucesos, resurgirá un México nuevo, un México mejor.

Y este mismo regalo de esperanza nos lo han proporcionado los cientos de integrantes del Ejército y la Fuerza Aérea mexicana, de a la Secretaría de Marina, de las instancias de protección civil de los tres niveles de Gobierno, de las distintas asociaciones de brigadistas binomios, integrantes de la Cruz Roja mexicana, del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y múltiples y muy distintas organizaciones de la sociedad civil que con su honorable actuación frente a la tragedia, nos han demostrado, con acciones, el verdadero espíritu solidario de los mexicanos.

Por ello, en estos tiempos en donde se comienza a percibir una incipiente calma después de la tormenta, resulta necesario que esta Cámara de Diputados extienda un humilde pero sentido reconocimiento a aquellas personas que durante la crisis sostuvieron en sus manos a este país, y que hoy, en pleno inicio de las labores de reconstrucción, lo siguen sosteniendo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión expresa su más alto reconocimiento a los integrantes del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana; de la Secretaría de Marina; de las a instancias de protección civil de los tres niveles de Gobierno, de las distintas asociaciones de brigadistas binomios, de la Cruz Roja mexicana, del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) e integrantes de las distintas organizaciones de la sociedad civil que participaron activamente en labores de rescate y atención de las víctimas, por su honorable y valerosa actuación frente a los estragos causados por los distintos sismos ocurridos recientemente en nuestro país.

Segundo . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión instruye a la Junta de Coordinación Política a realizar las acciones necesarias, a la brevedad, para la celebración de una sesión solemne para reconocer pública y solemnemente la actuación de los integrantes del Ejército y la Fuerza Aérea mexicana; de la Secretaría de Marina; de las a instancias de protección civil de los tres niveles de Gobierno, de las distintas asociaciones de brigadistas binomios, de la Cruz Roja mexicana, del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) e integrantes de las distintas organizaciones de la sociedad civil que participaron activamente en labores de rescate y atención de las víctimas, por su honorable y valerosa actuación frente a los estragos causados por los distintos sismos ocurridos recientemente en nuestro país.

Notas

1 Reporte Especial. Grupo de trabajo del Servicio Sismológico Nacional, UNAM. Sismo de Tehuantepec (2017-09-07 23:49 M 8.2). Retomado de:
http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/reportes-especiales/2017/SSNMX_rep_esp_20170907_Tehuantepec_M82.pdf

2 Reporte Especial. Grupo de trabajo del Servicio Sismológico Nacional, UNAM. Sismo del día 19 de Septiembre de 2017, Puebla-Morelos (M 7.1). Retomado de:
http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/reportes-especiales/2017/SSNMX_rep_esp_20170919_Puebla-Morelos_M71.pdf

3 Retomado de: http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/ultimos/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2017.

Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a los Ejecutivos federal y estatales a implantar una estrategia nacional de prevención del suicidio que provea servicios de urgencia, psicológicos y preventivos, suscrita por los diputados Mariana Trejo Flores, Roberto Guzmán Jacobo y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben, Mariana Trejo Flores, Roberto Guzmán Jacobo y Mario Ariel Juárez Rodríguez, diputados integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El suicidio es un fenómeno complejo que ha atraído la atención de filósofos, teólogos, médicos, sociólogos y artistas a lo largo de los siglos. Según el filósofo francés Albert Camus (El Mito de Sísifo), es el único problema filosófico serio. Debido a que es un problema grave de salud pública, el suicidio requiere atención, pero desgraciadamente su prevención y control no son tarea fácil.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, anualmente, cerca de 800 mil personas se quitan la vida y muchas más intentan hacerlo. Cada suicidio es una tragedia que afecta a familias, comunidades y países y tiene efectos duraderos para los allegados del suicida. El suicidio se puede producir a cualquier edad, y en 2015 fue la segunda causa principal de defunción en el grupo etario de 15 a 29 años en todo el mundo.

El suicidio no sólo se produce en los países de altos ingresos, sino que es un fenómeno global que afecta a todas las regiones del mundo. De hecho, en 2015, más de 78 por ciento de los suicidios en todo el mundo tuvieron lugar en países de ingresos bajos y medianos.

El suicidio es un grave problema de salud pública; no obstante, es prevenible mediante intervenciones oportunas, basadas en datos fidedignos y a menudo de bajo costo. Para que las respuestas nacionales sean eficaces se requiere una estrategia de prevención del suicidio multisectorial e integral.1

Panorama actual del suicidio en México

En 2015 se registraron 6 mil 285 suicidios, esto representa una tasa de 5.2 fallecidos por lesiones autoinfligidas por cada 100 mil habitantes, la cual no varió con respecto al año anterior. Las entidades federativas que en 2015 tuvieron mayores tasas de suicidio por cada 100 mil habitantes, fueron Chihuahua (11.4), Aguascalientes (9.9), Campeche (9.1) y Quintana Roo (9.1). Por su parte, Guerrero (2.1), Morelos (2.3) y Veracruz de Ignacio de la Llave (3.0), presentaron las tasas más bajas. Al comparar con las tasas presentadas en 2014, se observa que las entidades federativas que presentaron mayor crecimiento fueron Chihuahua, Zacatecas y Colima, en tanto que la Ciudad de México, Campeche y Veracruz de Ignacio de la Llave presentaron una menor tasa en relación al año anterior.

El suicidio en jóvenes

La adolescencia y los primeros años de la adultez son etapas que implican grandes cambios físicos y emocionales. En algunos casos, los jóvenes pueden llegar a sentir malestar emocional ante las diversas situaciones y factores estresantes que se les presentan, por ejemplo, ante los procesos normales de maduración, la influencia de las hormonas sexuales y a los conflictos con los padres. En 2015 ocurrieron 2 mil 599 fallecimientos por lesiones autoinfligidas de jóvenes de 15 a 29 años, lo que representa una tasa de 8.2 suicidios por cada 100 mil jóvenes de este grupo de edad (mayor a la nacional). Por sexo, las tasas de suicidio de este grupo poblacional, son de 12.6 en hombres y 3.9 en mujeres (por cada 100 mil).

La tasa de suicidio en jóvenes de 15 a 29 años es mayor en Guanajuato, Chihuahua, Campeche y Aguascalientes (15.9, 15.7, 14.8 y 14.1 por cada 100 mil habitantes entre esas edades, respectivamente). En tanto que Morelos (2.8), Guerrero (3.0) y Veracruz de Ignacio de la Llave (3.6), presentan la tasa más baja, de acuerdo con cifras emitidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Prevención y control

Los suicidios son prevenibles. Existen algunas medidas que se pueden adoptar entre la población, los grupos de población y las personas para prevenir el suicidio y los intentos de cometerlo. Esas medidas incluyen:

• Información responsable por parte de los medios de comunicación;

• Introducción de políticas en escuelas de nivel básico, medio superior y superior orientadas a niños y jóvenes con diversos problemas sociales,

• Introducción de políticas en centros de trabajo, para atender a personas con problemas de depresión, estrés y diversos problemas sociales.

• Introducción de políticas orientadas a reducir el consumo nocivo de alcohol;

• Identificación temprana, tratamiento y atención de personas con problemas de salud mental y abuso de sustancias, dolores crónicos y trastorno emocional agudo;

• Capacitación de personal sanitario no especializado, en la evaluación y gestión de conductas suicidas;

• Seguimiento de la atención dispensada a personas que intentaron suicidarse y prestación de apoyo comunitario.

El suicidio es un problema complejo y, consiguientemente, las actividades de prevención exigen la coordinación y colaboración de múltiples sectores de la sociedad, incluidos los de salud, educación, trabajo, agricultura, comercio, justicia, derecho, defensa, política y medios de comunicación. Esas actividades deben ser amplias e integradas, dado que ningún enfoque individual por separado puede tener efecto en una cuestión tan compleja como el suicidio.

Desafíos y obstáculos

El estigma, particularmente en torno a los trastornos mentales y el suicidio, disuade de buscar ayuda a muchas personas que piensan en quitarse la vida o han tratado de hacerlo y, por lo tanto, no reciben la ayuda que necesitan. La prevención del suicidio no se ha abordado apropiadamente debido a la falta de sensibilización respecto del suicidio como problema de salud pública principal y al tabú existente en muchas sociedades para examinarlo abiertamente. En la actualidad, unos pocos países han incluido la prevención del suicidio entre sus prioridades sanitarias, y solo 28 países han notificado que cuentan con una estrategia nacional de prevención del suicidio.

Es importante aumentar la sensibilidad de la comunidad y superar el tabú para que los países avancen en la prevención del suicidio.

En todo el mundo es insuficiente la disponibilidad y calidad de los datos sobre el suicidio y los intentos de suicidio. Solo 60 estados miembros disponen de datos de registro civil de buena calidad que se pueden utilizar directamente para estimar tasas de suicidio. La calidad insuficiente de los datos sobre mortalidad no es un problema exclusivo del suicidio, pero dada la sensibilidad de este fenómeno y la ilegalidad de las conductas suicidas en algunos países es probable que la subnotificación y la clasificación errónea de casos sea un problema más significativo en lo que respecta al suicidio que a otras causas de defunción.

Las estrategias eficaces de prevención del suicidio requieren un fortalecimiento de la vigilancia y el seguimiento de los suicidios y los intentos de suicidio. Las diferencias transnacionales en los patrones de suicidio y los cambios en las tasas, características y métodos de suicidio ponen de relieve la necesidad de que cada país mejore la integridad, calidad y oportunidad de sus datos concernientes al suicidio. Esto incluye el registro civil de suicidios, los registros hospitalarios de intentos de suicidio, y los estudios representativos a escala nacional que recopilen información sobre intentos de suicidio autonotificados.

Investigaciones recientes indican que la prevención del suicidio, si bien es posible, comprende una serie de actividades que van desde la provisión de las mejores condiciones posibles para la educación de jóvenes y niños y el tratamiento eficaz de trastornos mentales, hasta el control medioambiental de los factores de riesgo. La difusión apropiada de información y una campaña de sensibilización del problema son elementos esenciales para el éxito de los programas de prevención.

Las cifras reflejan que el suicidio ha ido en aumento desde el año 2000 en que sólo se veía reflejado en un 3.7 casos por cada 100 mil personas y en 2014 el índice había subido a 4.9 por cada 100 mil habitantes, para este año las cifras reflejan que existen 5.2 fallecidos por cada 100 mil habitantes. Por lo que de no tomar medidas al respecto podría llegar a ser un problema importante en México, ya que en lo que va de 2017 se han suicidado 23 personas en el Metro de la Cuidad de México, informó el propio sistema de transporte colectivo. La cifra ya está cerca de los 29 suicidios registrados durante 2016. Jorge Gaviño, director del organismo, informó que, de acuerdo con un estudio elaborado por la Facultad de Psicología, los principales motivos son decepciones amorosas, desempleo o problemas familiares.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía, el siguiente

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al gobierno federal y a los gobiernos de cada uno de los 31 estados y la Ciudad de México, a crear e implementar una estrategia nacional de prevención del suicidio, que provea servicios de emergencias, psicológicas y de prevención.

Segundo. La introducción de políticas públicas en escuelas de nivel básico, medio superior y superior, orientados a niños y jóvenes con diversos problemas sociales.

Tercero. Con apoyo de las diversas instituciones de salud (Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y el Seguro Popular), atender a trabajadores con problemas de depresión, estrés y diversos problemas sociales.

Nota

1 OMS

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2017.

Diputados: Mariana Trejo Flores, Roberto Guzmán Jacobo, Mario Ariel Juárez Rodríguez (rúbricas).

Con punto de acuerdo, relativo a incorporar las políticas de igualdad de género y fortalecer su institucionalización en la cultura organizacional, conforme al Proigualdad 2013-2018, a cargo de la diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 76, fracción IV, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración el siguiente punto de acuerdo conforme a las siguientes consideraciones:

1. El término equidad de género, contiene un elemento de interpretación de la justicia social, generalmente basada en la tradición, costumbres, religión o cultura, más frecuentemente en detrimento de las mujeres, por ello en Naciones Unidas durante la conferencia de Beijing en 1995, se determinó y acordó que el término correcto es el de igualdad de género

Posteriormente, al emitir su recomendación general 28, el comité de La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), concluyó lo siguiente:

“Se exhorta a los Estados Partes a utilizar exclusivamente los conceptos de igualdad entre la mujer y el hombre o la igualdad entre los géneros y no el concepto de equidad entre los géneros al cumplir con sus obligaciones en virtud de la Convención. En algunas jurisdicciones este último concepto se utiliza para referirse al trato justo de la mujer y el hombre en función de sus necesidades respectivas. Esto puede incluir un trato igual, o un trato diferente pero considerado equivalente en cuanto a los derechos, los beneficios, las obligaciones y las oportunidades”.

Por lo anterior, en el glosario de ONU Mujeres, se define a la igualdad de géneros como, la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres y de las niñas y los niños .

Esto conlleva a que los derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres no se encontrarán condicionadas al sexo de la persona o individuo. La igualdad de género implica que los intereses, necesidades y prioridades de mujeres y hombres se toman en cuenta, reconociendo la diversidad de diferentes grupos La igualdad entre mujeres y hombres se considera una cuestión de derechos humanos y tanto un requisito como un indicador del desarrollo centrado en las personas.

2. Asimismo, el glosario de ONU Mujeres, define al Empoderamiento económico de las mujeres, como:

“La igualdad de género en la economía se refiere al disfrute pleno e igual por mujeres y hombres de sus derechos y prerrogativas económicas facilitado por políticas y entornos institucionales propicios y el empoderamiento económico”.

“El empoderamiento económico es un pilar de la igualdad de género. Se refiere tanto a la capacidad de tener éxito y avanzar económicamente como al poder de tomar decisiones económicas y actuar de acuerdo a ellas. Empoderar a las mujeres económicamente es un derecho esencial para alcanzar la igualdad de género y lograr metas de desarrollo más amplias tales como el crecimiento económico, la reducción de la pobreza, y mejoras en la salud, educación y bienestar social.”

3. Ahora bien, de acuerdo con los datos del censo poblacional del Inegi, 2010, de la población total de 112 millones de mexicanos, 57 millones son mujeres mientras que los restantes 54 son hombres. No obstante, los datos referidos, es de todos conocido que la representación de las mujeres en áreas estratégicas no sigue ese patrón. De acuerdo con los datos de Gina Zabludovsky, se puede observar una subrepresentación de las mujeres en el ámbito laboral y más específicamente en el caso de puestos directivos, esto tanto en el ámbito público como privado

Por ejemplo, en 2007, las mujeres representaban el 39.5 por ciento de la población económicamente activa de las zonas urbanizadas, en el caso de ocupaciones como “funcionarias y directivos”, el porcentaje de presencia femenina disminuyó a un 28.9 por ciento; mientras que sólo representaban el 24 por ciento de funcionarios y directivos con ingresos mayores a los cinco salarios mínimos.

4. Ahora bien, a continuación, se exponen diversos datos o indicadores que, revelan de manera sustancial la desigualdad entre hombres y mujeres, cuando se analiza la participación de ambos, en la economía del país:

- Las mujeres en los países pertenecientes a la OCDE perciben 16 por ciento menos en su salario que los hombres. (OCDE, 2013)

- México ocupa el lugar 83 de 135 países en el último reporte de Brecha de Género del World Economic Forum. (World Economic Forum, 2013

- Las mujeres destinan más del 70 por ciento de sus ganancias a la comunidad y a su familia, en tanto que los hombres sólo inyectan entre 30 y 40 por ciento de sus recursos para dichos fines. (Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Ammje, 2013)

- En la actualidad en México (2013) de cada cinco pequeñas y medianas empresas que se abren tres están lideradas por mujeres. (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2013)

- 37 por ciento aportan las mujeres empresarias de México al Producto Interno Bruto, destacan los reportes del Inegi. (Inegi, 2012)

- De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de cada 100 mujeres que solicitan un préstamo para invertir en su empresa, el 99 por ciento salda sus deudas de manera íntegra. (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2013)

- Las mujeres en México sólo representan el 16 por ciento del sector empresarial de acuerdo con el Inegi (Inegi, 2012)

- Las mujeres tienen mayores tasas de graduación de educación terciaria (universitaria) que los hombres (21 por ciento comparado con 18 por ciento). (OCDE, 2011)

- Más de una tercera parte de las mexicanas entre 15 y 29 años no estudia ni trabaja comparado con uno de cada diez varones. (Secretaría del trabajo 2011)

- La tasa de participación laboral femenina es la más baja de la OCDE después de Turquía: 48 por ciento (2012) de las mujeres mexicanas tienen un empleo comparado con el promedio de la OCDE de 62 por ciento (2011). (OCDE, 2011)

- Las mujeres ocupan el 31 por ciento de los puestos de alta dirección en México (32 por ciento en la OCDE), 7 por ciento de los miembros de la junta directiva de las empresas mexicanas son mujeres (10 por ciento en la OCDE), y sólo el 2 por ciento de las mujeres mexicanas son empresarias (en comparación con el 6 por ciento de los hombres). (OCDE, 2011)

- El 51 por ciento de los trabajadores por cuenta propia en el sector informal son mujeres. (OCDE, 2011)

- El 24.5 por ciento de las mujeres trabajan medio tiempo, solo 8.2 por ciento de los hombres trabajan bajo esta modalidad. (OCDE, 2011)

- Carrera profesional: las mujeres ocupan menos de un tercio de los puestos gerenciales y tienen una participación de 1 mujer por cada 10 hombres en los puestos directivos. (OIT, 2012)

- Actualmente, las mujeres terminar la universidad con mejores calificaciones que los hombres, pero antes de que cumplan 30 años ya van a estar ganando 10 por ciento menos que ellos. (GEM, 2012)

5. Así las cosas, para la celebración del Día Internacional de la Mujer 2017, a celebrarse el próximo 8 de marzo, para la ONU Mujeres, el tema central será “Las mujeres en un mundo laboral en transformación: hacia un planeta 50-50 en 2030”; esto a que hoy en día, apenas el 50 por ciento de las mujeres en edad de trabajar están representadas en la población activa mundial, frente a un 76 por ciento en el caso de los hombres. Lograr la igualdad de género en el trabajo es indispensable para el desarrollo sostenible. La celebración de las Naciones Unidas el 8 de marzo exhorta a todos los actores a dar el paso por la igualdad de género, por un planeta 50-50 en 2030.

6. Ahora bien, en concordancia con lo anterior, el sexagésimo primer período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW 61), que tendrá lugar en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, del 13 al 24 de marzo de 2017, se centrará en el tema de “El empoderamiento económico de las mujeres en el cambiante mundo del trabajo” . La Comisión es una de las mayores reuniones anuales de líderes mundiales, ONG, actores del sector privado, socios de las Naciones Unidas y activistas de todo el mundo en centrarse en la situación de los derechos y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas, en cualquier parte del mundo. El período de sesiones de este año se celebra en un momento crucial, debido a que el mundo laboral está cambiando a un ritmo rápido, impulsado por la innovación, la globalización y una mayor movilidad de las personas.

7. Los datos anteriormente referidos respecto de nuestro país, y las políticas que serán impulsadas desde la ONU, respecto a la igualdad de género a nivel mundial, sin duda ponen a nuestro país, en la posibilidad de superar paradigmas, hacer programas y políticas que impulsen el desarrollo económico y sin duda, desde la Administración Pública y la conformación de los Poderes debe ponerse el ejemplo. Actualmente la situación de la mujer en los altos cargos político-administrativos no dista de la desigualdad que se refleja del sector privado. Al comienzo del gobierno del Presidente Vicente Fox, las secretarías encabezadas por mujeres eran las de Relaciones Exteriores; Desarrollo Social; y Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Sin embargo, para 2003 sólo una mujer continuaba en el cargo: la de Relaciones Exteriores. El gobierno de Felipe Calderón tuvo cinco mujeres en el gabinete: Relaciones Exteriores; Desarrollo Social (los dos primeros años); Energía, Educación Pública; Trabajo y Previsión Social (los dos últimos años) y en la Procuraduría General de la República (PGR).

8. De acuerdo con datos disponibles en 2009, del total de las 59 subsecretarías dentro del gobierno federal, 45 estaban ocupadas por hombres y sólo 13 por mujeres, lo que representa solo el 22 por ciento. Lo anterior evidencia el rezago de las mujeres en la participación en altos cargos. Algunos ejemplos internacionales dejan el listón muy alto. Por ejemplo en Suecia las mujeres alcanzaron en 1999 el 52 por ciento de los puestos de más alto nivel. Por su parte, tanto en España como en Chile el porcentaje de mujeres en el gabinete llegó al 50.

9. Con relación a la participación de las mujeres en el Poder Legislativo, es conocido que ésta se ha visto favorecida por el establecimiento legal de cuotas de género en la lucha política por obtener mayores niveles de representación vía la votación directa de la población en ambas Cámaras. En 1996, en México, se establece un mecanismo a través del cual al nominar candidatos a diputados y senadores, la cuota de participación de las mujeres no puede ser menor a un 40 por ciento. Esta posibilidad nace de iniciativas de acción afirmativa hacia las mujeres en materia de representación, que se vieron reflejadas en modificaciones sustanciales en las leyes como el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) del año referido para darle sentido y cumplimiento a mandatos de orden internacional en la materia.

10. Sin duda el debate y la agenda pendiente está en nuestras manos, como legisladores, y sin duda también en manos del Ejecutivo Federal que para ello avanza en esta dinámica y en su Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 está presente y de manera amplia coloca su rubro III. México Incluyente, como eje rector en la concreción de condiciones de igualdad y establece como Plan de acción: integrar una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad de oportunidades.

Dentro de sus estrategias transversales la Perspectiva de Género ocupa y cruza a todo el Plan Nacional de Desarrollo como compromiso de Estado. En este sentido el 20 de agosto de 2013, se publicó, el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018, el cual define la agenda por atender y plasma los Objetivos destinados a darle curso y cumplimiento, entre ellos el Objetivo transversal 6: Incorporar las políticas de igualdad de género en los tres órdenes de gobierno y fortalecer su institucionalización en la cultura organizacional y su Estrategia 6.2 Promover la igualdad de género en las oportunidades y resultados de la democracia y el desarrollo político

Datos que nos señalan la importancia y la necesidad de actuar como legisladores son los siguientes:

- En las presidencias municipales, la participación de las mujeres en 2013, era apenas un 6.9 por ciento; las regidoras y síndica representaban en 2011, un 38.5 por ciento y un 26.8 por ciento.

- La presencia de mujeres en los poderes Ejecutivo de los tres órdenes de gobierno se encuentra lejos de la paridad, del total de personas en puestos directivos superiores, las mujeres no alcanzan ni un 24 por ciento.

- En cuanto al Ejecutivo Federal, la participación femenina en los mandos medios y superiores representa apenas el 35.5 por ciento y se concentra en la más baja jerarquía (subdirectoras, jefas de departamento, enlaces). La representación femenina en las entidades federativas en puestos de alta dirección apenas alcanza un 14.6 por ciento.

- En la Suprema Corte de Justicia Nacional, sólo 2 de los 11 ministros son mujeres. De los magistrados del Pleno de los Tribunales Superiores de Justicia en 2012, 28.6 por ciento eran mujeres.

Finalmente, la participación de las mujeres en puestos de toma de decisión en las estructuras sindicales es de menos de un 4 por ciento

11. En este sentido, en la medida en que las mujeres no podamos tener un mayor acceso a los altos cargos de la Administración Pública las políticas públicas seguirán con un sesgo que refuerza al status quo. Sólo con un acceso más equitativo a este espacio público, por antonomasia, las decisiones colectivas reflejarán también el verdadero interés de la única mayoría social que padece las condiciones de una minoría.

Puntos de Acuerdo

Primero: El honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo de cada una de las 32 Entidades Federativas a incorporar las políticas de igualdad de género y fortalecer su institucionalización en la cultura organizacional conforme al programa nacional para la igualdad de oportunidades y no discriminación contra las mujeres 2013-2018, y asimismo incrementar la participación de las mujeres en los cargos de confianza y dirección de las administraciones gubernamentales estatales.

Segundo: El honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y de cada una de las 32 Entidades Federativas, a incorporar las políticas de igualdad de género, encaminadas a alinearse con el tema central de ONU Mujeres, en el marco de celebración del día internacional de la mujer, denominado “ Las mujeres en un mundo laboral en transformación: hacia un planeta 50-50 en 2030”.

Palacio Legislativo Federal, a 10 de octubre de 2017.

Diputada Liliana Ivette Madrigal Méndez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades federales a difundir sus acciones para enfrentar los efectos de los sismos ocurridos recientemente en distintas zonas del país, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, Cristina Ismene Gaytán Hernández, diputada en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 y 79 numeral dos, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El pasado 7 y 19 de septiembre se reportaron dos fuertes sismos que impactaron distintos estados de la República, el primero, de 8.2 de magnitud y el segundo de 7.1.

Dichos fenómenos naturales han traído consigo un gran número de afectaciones, principalmente en los estados de Morelos, Puebla, Guerrero, México, Chiapas, Oaxaca y la Ciudad de México, por mencionar algunos.

Al día de hoy, cientos de personas tristemente han perdido la vida, otras más han resultado lesionadas o incluso aún desaparecidas. Cientos de personas han perdido su vivienda o la posibilidad de habitar en ella y muchas más han resultado seriamente dañadas.

Un importante número de edificios con distintos usos han resultado afectados. Algunos de ellos han colapsado o se encuentran en riesgo de colapso. Una gran cantidad de escuelas y planteles educativos se encuentran con afectaciones, algunas de ellas han colapsado o se encuentran en riesgo de que ello ocurra.

Y a ello se suman distintas afectaciones a sitios históricos y monumentos, negocios, hospitales y vías de comunicación.

En este contexto, distintas autoridades federales, estatales y municipales han desarrollado un conjunto de acciones para atender y dar respuesta a la tragedia derivada de los dos sismos en comento.

En lo que toca al ámbito federal, autoridades de distintas dependencias han llevado a cabo un conjunto de acciones en sus ámbitos de competencia, para atender la emergencia.

Por ejemplo, inmediatamente después del sismo del 19 de septiembre, el titular del Ejecutivo federal activó el Plan Nacional de Respuesta, mejor conocido como Plan MX.

Este plan constituye un mecanismo de respuesta y tiene como objeto incorporar y alinear los planes y programas de la administración pública federal vinculados al Sistema Nacional de Protección Civil para atender las situaciones de riesgo inminente con mayor coordinación y eficacia institucional, aprovechando los recursos y las capacidades de las dependencias y entidades de la administración pública Federal, y de las empresas productivas del Estado evitando duplicación de las tareas1 .

Con la activación de dicho plan se pretende, entre otras cosas:

I. Salvaguardar la vida e integridad de las personas;

II. Articular la acción del Estado mexicano en materia de protección civil;

III. Optimizar la implementación de acciones entre las dependencias y entidades de la administración pública federal y empresas productivas del Estado, ante una situación de riesgo inminente;

IV. Procurar el máximo aprovechamiento de los recursos humanos y materiales destinados a la atención de una situación de riesgo inminente;

V. Disminuir los tiempos de respuesta para la recuperación;

VI. Mantener la continuidad de operaciones del gobierno, y

VII. Reforzamiento de la previsión2

El Plan Nacional de Respuesta MX está conformado por los siguientes programas, subprogramas de prevención y planes de emergencia de la Administración Pública Federal vinculados al Sistema Nacional de Protección Civil:

I. Plan DN-III-E Auxilio a la población en caso de desastres, de la Secretaría de la Defensa Nacional;

II. Plan Marina, de Auxilio a la población en casos y zonas de emergencia y o desastres de la Secretaría de Marina;

III. Plan de Apoyo a la población civil de la Policía Federal;

IV. Planes de respuesta de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias;

V. Planes de respuesta de la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias;

VI. Planes de Emergencia Nacionales y Regionales de la Comisión Nacional del Agua, y

VII. Programas, subprogramas de prevención, planes de emergencia y cualquier otro plan o programa en materia de protección civil que para tal efecto tengan previstos las dependencias y entidades paraestatales de la administración pública federal integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil.

Como mencionamos anteriormente, dicho Plan fue activado por el presidente de la República tras el sismo del 19 de septiembre pasado.

En lo que corresponde a la fase de reconstrucción, recientemente el titular del Ejecutivo señaló que en aquellos lugares donde sea posible “entraremos en la fase de reconstrucción”3 y para dicho fin propuso establecer una mesa de coordinación a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público4 .

En Oaxaca y Chiapas, señaló, se ha finalizado el censo. Hay alrededor de 120 mil viviendas y de 7 mil comercios con daños parciales o totales5 .

Para ambos estados se definió un mecanismo que consistirá en un apoyo monetario para que las familias puedan apoyar la labor de autoconstrucción6 .

De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Hacienda, en estos dos estados se destinarán poco más de 8 mil millones de pesos en apoyos federales y estatales para su reparación o reconstrucción7 .

Este monto es adicional a los más de 7 mil millones de pesos que ya han sido canalizados para atender la fase de emergencia en esas entidades8 .

Para la entrega de dichos recursos se darán monederos electrónicos de dos tipos:

Un apoyo en dos ministraciones para las casas con daños parciales; y para las casas con afectaciones totales será un apoyo igual al que tuvieron los daños parciales, que es disposición de recurso líquido y en efectivo,

Y la otra, solamente para la adquisición de materiales para construcción9 .

En los estados de Guerrero, México, Morelos y Puebla se aplicarán los mismos mecanismos, una vez que se cuente con los censos respectivos.

En la Ciudad de México, se apoyará a la población afectada a través del sistema financiero, con créditos especiales para reponer o reparar viviendas dañadas20 .

Asimismo, en lo que respecta a la infraestructura y el patrimonio cultural, se dio a conocer que la magnitud de los daños en la infraestructura y en el patrimonio cultural es, en una cifra preliminar, de 8 mil millones de pesos22 .

Los daños a la infraestructura educativa, también en cifras preliminares, son de más de 13 mil millones de pesos22

En síntesis, tras los sismos, el gobierno federal ha instrumentado un conjunto de acciones para, por una parte, atender la emergencia y la crisis, y por otra parte, iniciar acciones de reconstrucción y reparación de daños.

Sin embargo, por la magnitud y complejidad del problema al que nos enfrentamos, resulta fundamental que esta Cámara pueda dar un seguimiento puntual de las acciones que se están llevando a cabo, tanto del Plan MX como de las acciones para la reconstrucción.

Resulta fundamental conocer las acciones implementadas tanto de emergencia como de reconstrucción, para reconocer, entre otras cosas, la capacidad que ha tenido el Estado para enfrentar la crisis producida por los fenómenos naturales anteriormente señalados.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, para que, a través de las dependencias y entidades de la administración pública federal que correspondan, hagan de conocimiento público las acciones inmediatas que han llevado a cabo con la activación del Plan Nacional de Respuesta, así como la cantidad de recursos destinados.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, para que, a través de las dependencias y entidades de la administración pública federal que correspondan, hagan de conocimiento público las acciones de mediano y largo plazo que instrumentarán e implementarán para la reconstrucción y reparación de daños tras los recientes sismos, así como la cantidad de recursos que se destinarán.

Notas

1 Acuerdo por el que se emite el Plan Nacional de Respuesta MX de la Administración Pública Federal. DOF: 13/11/2015. Retomado de:

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5415383&fe cha=13/11/2015

2 Acuerdo por el que se emite el Plan Nacional de Respuesta MX de la Administración Pública Federal. DOF: 13/11/2015. Retomado de:

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5415383&fe cha=13/11/2015

3 Mensaje a la nación del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. (26 de septiembre de 2017). Retomado de:

https://www.gob.mx/presidencia/articulos/mensaje-a-la-na cion-128390?idiom=es

4 Avances de acciones para la reconstrucción y atención a la población damnificada. (27 de septiembre de 2017). Retomado de:

https://www.gob.mx/presidencia/articulos/avances-de-las-acciones
-para-la-reconstruccion-y-la-atencion-a-la-poblacion-damnificada-tras-sismos?idiom=es

5 Avances de acciones para la reconstrucción y atención a la población damnificada. (27 de septiembre de 2017)

6 Ídem

7 Ídem

8 Ídem

9 Ídem

10 Ídem

11 Ídem

12 Ídem

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2017.

Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al destino y la aplicación de los recursos de la Sedatu dirigidos a acciones urgentes para reconstruir viviendas en las entidades afectadas por los sismos de septiembre, suscrita por los diputados Natalia Karina Barón Ortiz y Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario de Morena

Los suscritos, Natalia Karina Barón Ortiz y Alejandro Armenta Mier, diputados de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo relativo al destino y aplicación de los recursos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, destinados a acciones emergentes para la reconstrucción en los estados afectados por los sismos de septiembre de 2017, bajo las siguientes

Consideraciones

El pasado 7 de septiembre del año en curso, a las 23:49 horas se registró un sismo de 8.2 grados en la escala de Richter con epicentro en el Golfo de Tehuantepec a 133 kilómetros de Pijijiapan, Chiapas; el sismo se sintió en el sur y centro del país siendo los estados de Chiapas y Oaxaca los más afectados.1

El 19 de septiembre, doce días después y aun cuantificando los daños en Oaxaca y Chiapas, a las 13:14 horas, el centro del país fue sorprendido por un sismo de 7.1 grados en escala de Richter localizado en el límite de Puebla con el estado de Morelos;2 dicho movimiento telúrico ocasionó graves daños en el centro del país y agravó la situación de emergencia en Oaxaca y Chiapas.

Para llevar a cabo las acciones necesarias para la reconstrucción en las zonas afectadas, el Gobierno Federal anunció el levantamiento de un censo a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) por medio del cual se podría conocer el número de inmuebles dañados durante los sismos.

Al finalizar el censo en los estados de Oaxaca y Chiapas se reportó que hay alrededor de 120 mil viviendas y 7 mil comercios afectados, por lo que se destinarán 8 mil mdp en apoyos federales y estatales para su reparación o reconstrucción. En los estados de Morelos, Puebla, Ciudad de México y Guerrero se aplicarán los mismos mecanismos en cuanto concluya la etapa de levantamiento del censo.3

Resulta de suma importancia que los recursos que serán destinados a la reconstrucción de las zonas afectadas sean vigilados de manera puntual, se implementarán programas y acciones en favor de los damnificados y estos deben llegar completos y sin condiciones, por lo que la Sedatu debe poner especial atención en los funcionarios que encabezan estas acciones, esto con la finalidad de que no seas utilizados con fines políticos, es decir, que no sirva para promocionar la imagen personal de actores políticos con aspiraciones rumbo a la elección del próximo año.

En el estado de Puebla ha sido evidente y descarado el aprovechamiento de las labores de emergencia para publicitarse con miras al próximo año, diversos medios han documentado que funcionarios públicos de la Sedatu con declaradas aspiraciones políticas han lucrado con la tragedia y destrucción que ocasionaron los sismos, tratando de beneficiar sus proyectos políticos personales.

La Sedatu y el gobierno federal deben anteponer las necesidades de los damnificados por los sismos por encima intereses personales de sus funcionarios, con el objetivo de no entorpecer las labores de reconstrucción al tratar de sacar ventaja política de una tragedia nacional y esto debe vigilarse de manera especial en los estados de Puebla, Oaxaca, Chiapas, Morelos y Ciudad de México.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a hacer del conocimiento público los recursos económicos y financieros que serán utilizados para la reconstrucción en los Estados afectados por los sismos de septiembre de 2017.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que realice el blindaje de programas y recursos destinados a la reconstrucción en los Estados afectados por los sismos de septiembre para que no sean utilizados en beneficio de funcionarios que han manifestado abiertamente su interés de participar en la contienda electoral de 2018.

Notas

1 http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/reportesespeciales/2017/SSNMX_rep_esp _20170907_Tehuantepec_M82.pdf

2 http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/reportes-especiales/2017/SSNMX_rep_es p_20170919_Puebla-Morelos_M71.pdf

3 https://www.gob.mx/presidencia/articulos/avances-de-las-acciones-para-l a-reconstruccion-y-la-atencion-a-la-poblacion-damnificada-tras-sismos?i diom=es

Dado en el Palacio Legislativo, a 10 de octubre del 2017.

Diputados: Natalia Karina Barón Ortiz y Alejandro Armenta Mier (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar, según los resultados de la revisión del PND, incluir la actividad de la industria naval auxiliar como elemento permanente del desarrollo y la política nacional de fomento económico, a cargo del diputado Salomón Fernando Rosales Reyes, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Salomón Fernando Rosales Reyes, diputado integrante de la LXIII Legislatura y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículo 79, numeral 1, fracción II, y 113, del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración de esta alta soberanía la presente propuesta con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La industria naval es un concepto ligado directamente a la construcción y reparación naval, la actividad de fabricar embarcaciones de los diferentes sectores, generalmente en astilleros; un oficio de data antigua.

La industria naval auxiliar está formada por las empresas proveedoras de equipos, componentes, tecnología, información y asistencia técnica, necesarios para el desarrollo de la industria naval; a través de estas actividades, participan en relación con el diseño, producción y mantenimiento de todo tipo de barcos y estructuras costa afuera.

El Estudio de Capacidades Tecnológicas y de Manufactura de la Industria Naval y Auxiliar, de la Academia de Ingeniería México, de reciente elaboración, muestra la importancia de la industria naval auxiliar para la economía del país, así como la necesidad de oportunidades más atractivas y el impulso integral que debe dársele, por considerar que el sector marítimo representa hasta el 8% del Producto Interno Bruto (PIB), al incluir a más de 40 ramas de industrias auxiliares en diferentes niveles.

La industria naval auxiliar cuenta con una demanda de gran magnitud, lo que ha generado que ésta sea cada vez más ordenada, constante y competente para satisfacer los requerimientos del mercado internacional. Los cambios estructurales de la actualidad, abren una perspectiva tal que hace posible su característica principal de proveedora, integrada a grandes escalas de producción y que la hacen sumamente rentable.

Genera alrededor de 95 mil empleos en más de 1,700 empresas, lo que significa una derrama de trabajo y subcontratación de mano de obra a una cadena que incluye más de 57 mil empresas suministradoras. En promedio, proporciona el 75% del valor añadido de un barco.

Esta proposición sugiere la oportunidad de su inclusión al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, porque su experiencia en la economía formal tiene más de 100 años y por estar convencidos de que ello favorecerá a este proyecto fundamental para el progreso y bienestar de la sociedad mexicana y se promoverá el crecimiento más articulado de la construcción, el transporte y el comercio marítimo; el desarrollo de ésta requiere de su fomento como un objetivo global y parte de la estrategia económica del país.

Su inclusión y reconocimiento a nivel del PND, permitirá generar las condiciones y capacidades tecnológicas, científicas, económicas y sociales necesarias y suficientes para potenciar e innovar su prospectiva e influencias a la amplia red de distribución de equipos e insumos.

Con este acuerdo, que es lo suficientemente viable y pertinente, se complementaría el gran esfuerzo realizado por el Gobierno Federal en materia de política pública para el desarrollo de la industria naval, que busca satisfacer las demandas materiales, proporción de servicios, modernización de procesos, sistemas y productos, infraestructura adecuada, asignación de recursos, reordenación y cambio estructural en las actividades de este sector de la economía nacional.

Esta industria es un elemento productivo y generador de riqueza, competitividad y empleo en beneficio de los mexicanos y sus familias, al establecer, a través de sus empresas, una plataforma logística donde la población tiene la oportunidad de desarrollarse plenamente y elevar su calidad de vida; de ahí la importancia y la necesidad de que ésta sea reconocida como un área de oportunidad y elemento permanente del desarrollo nacional y de la política nacional de fomento económico, en los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan, para proyectar a México a su máximo potencial y consolidar su papel frente al mundo.

La idea que se busca concretar es que, su consideración constituya un apoyo directo a la política social que toca instrumentar al sector público; su presencia en el aparato productivo y distributivo, rector de las acciones del ejercicio del poder, responde al mandato constitucional que reserva al Ejecutivo Federal su intervención en sectores estratégicos de la economía, o bien, el apoyo, complemento o promoción de las demás actividades del desarrollo nacional.

El PND, además del manejo coherente de la política de desarrollo, requiere de la utilización de instrumentos directos de asignación de recursos, que refuercen los efectos de inducción e impulsen los esfuerzos de reordenación económica y cambios estructurales.

En ese contexto, la empresa pública, privada o social constituye una base con que cuenta el Estado para regular e impulsar la actividad económica y social de todos los sectores. Precisamente, como se ha insistido, uno de los sectores prioritarios de la economía lo constituye el sector industrial, donde la rama de bienes de capital contiene a la industria naval, cuyo desarrollo debe ser impulsado de manera directa y decisiva por el Gobierno de la República; al mismo tiempo, este apoyo prioritario sería la vía correcta para propiciar el desarrollo de más y nuevas industrias de construcción y reparación naval.

En el diagnóstico de la problemática de la industria naval auxiliar se establece que, la dinámica de la actividad marítima se encuentra estrechamente relacionada con el comportamiento de la economía nacional en su conjunto, razón por la cual existen diversos factores a nivel macroeconómico que afectan tanto a la oferta como a la demanda del servicio de construcción naval y de transportación y comercio marítimo. Ante ello, debe disponerse y apostarse por la industria auxiliar, clave vital para el buen funcionamiento del circuito de aprovisionamiento del sector industrial marítimo.

Como se advierte, reiteramos que existen causas de justificación suficientes y de peso que nos permiten proponer este exhorto para incluir al Plan Nacional de Desarrollo a la industria naval auxiliar, sus programas específicos y subprogramas, que coadyuve con los objetivos ya alcanzados a la fecha por las autoridades responsables en el rubro de la política definida para la industria naval.

Además, creemos que al impulsar la construcción naval en astilleros nacionales modernos, se fortalecería también y de manera contundente a la marina mercante y la capacidad de exportación de nuestros productos mexicanos, a la navegación de cabotaje, así como salvaguardar la seguridad nacional.

Finalmente, con la inclusión de la industria naval auxiliar al contenido del PND 2013-2018, a partir de los resultados de la revisión que determinen las disposiciones reglamentarias y, en su caso, las adecuaciones consecuente, previa su aprobación por parte del Titular del Ejecutivo, como lo prevé la Ley de Planeación, se impulsará la política de Estado para que la industria auxiliar sea reconocida como un sector estratégico y talentoso, capaz de desarrollar un esquema de proyecto integral competitivo y sostenible para llevar al sector marítimo mexicano a mayores niveles de desempeño.

Por todo el expuesto y fundado, me permito someter a la alta consideración de esta Soberanía, la proposición siguiente con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal a que, de los resultados de la revisión al Plan Nacional de Desarrollo, considere incluir a la actividad de la Industria Naval Auxiliar como elemento permanente del desarrollo nacional y de la política nacional de fomento económico.

Palacio Legislativo de San Lázaro; a 10 de octubre de 2017.

Diputado Salomón Fernando Rosales Reyes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres a emitir la declaración de alerta de violencia de género en Puebla, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Omar Ortega Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El feminicidio de la universitaria Mara Fernanda Castilla Miranda estremeció e indignó al país entero. El 7 de septiembre de 2017, la joven de 19 años, al abordar un automóvil de la empresa de transportes Cabify, fue abusada sexualmente y asesinada.

De acuerdo con información del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, el caso de Mara fue el número 83 de los feminicidios documentados por la sociedad civil en lo que va del año en Puebla, que se contraponen con los 58 reconocidos oficialmente por la Fiscalía General de Justicia del estado.

Desafortunadamente, la violencia contra las mujeres no para en la entidad poblana y durante el mes de septiembre se cometieron cuatro asesinatos más de mujeres, siendo el último el de la también estudiante, Mariana Fuentes Soto, el pasado 30 de septiembre.

Lo explicado se enmarca en una desafortunada situación en la que pese a que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), dependiente de la Secretaría de Gobernación, admitió las solicitudes de declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres (AVGM) en el estado de Puebla, y el grupo de trabajo formado determinó en junio de 2016 que “en Puebla existe un contexto estructural complejo que coloca a las mujeres en situación de vulnerabilidad, lo que contribuye a que se generen las condiciones idóneas para que se produzca y reproduzca la violencia contra las mismas”, el gobierno federal apoyado por el gobierno estatal se rehusó a emitir la declaratoria.

Y es que pese a las conclusiones del grupo de trabajo que señalaron que no hay diagnóstico del estado en materia de violencia contra las mujeres, ni información veraz y confiable al respecto, y que se deben garantizar castigos apropiados a los agresores, entre otras cosas, la Conavim determinó que no era procedente decretar la AVGM.

Las mujeres en Puebla y en México en general, enfrentan violencia de distintos tipos mientras sus agresores son protegidos por la impunidad y el sistema que permite que mujeres sean asesinadas sin castigos, reparaciones a los daños, ni medidas de no repetición.

Muestra de esto es el caso de Mara, su presunto agresor y feminicida fue primeramente vinculado a proceso sólo por secuestro, detenido en prisión preventiva. Además, la familia de Mara acusa a la Fiscalía de Puebla por actuar con lentitud y no llamar a declarar al chofer de Cabify, quien con pruebas fue señalado como la última persona en verla.

Esta situación de un lento actuar de las autoridades es parecida a la que la familia de la joven Claudia Carolina, quien además de haber enfrentado un caso de explotación laboral, desapareció el día 15 de septiembre de este año y la atención a la humilde familia le ha sido negada constantemente, comenzando ahora a recibir amenazas ante la búsqueda de su hija. Parecería que en la entidad ser mujer joven representa un riesgo.

Lo mencionado nos recuerda el gran problema de trata de personas que Puebla, colindante con Tlaxcala, enfrenta, y al que las autoridades prefieren cerrar los ojos y cruzar los brazos en lugar de abatirlo.

La flexibilidad y poca transparencia con que operan servicios como Uber y Cabify, que no cumplen con garantizar la seguridad e integridad de las personas que utilizan sus servicios, aunado a la omisión de las autoridades, la misoginia de los sistemas de justicia y la libertad con que agresores matan y violentan a mujeres en México, es el caldo perfecto para las alarmantes cifras de violencia feminicida en el país.

Urgen estrategias para atención y prevención de la violencia contra las mujeres, diagnósticos de los tipos y modalidades de dicha violencia, urge detener las agresiones y feminicidios en todo el país.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres a emitir la declaración de alerta de violencia de género en Puebla.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al gobernador de Puebla a elaborar un diagnóstico para identificar las zonas de riesgo y el perfil de mujeres con mayor vulnerabilidad, a efecto de implantar mejores estrategias de prevención, atención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres, invitando a instancias independientes y con perspectiva de género a dar seguimiento a las acciones que deriven de dichas estrategias.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación a hacer pública la información relativa a resultados de los estudios o diagnósticos elaborados en el caso de la evaluación relativa a Puebla y que dieron como resultado la negativa para la emisión de la alerta de violencia de género.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2017.

Diputado Omar Ortega Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Puebla y la SHCP a designar los recursos destinados a fideicomisos privados a un fondo para reconstruir las comunidades afectadas por el sismo del 19 de septiembre, a cargo del diputado Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Alejandro Armenta Mier, diputado de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

La Casa de Bolsa Evercore Partners, a través de su equipo de finanzas públicas e infraestructura ofrece asesorías a los gobiernos locales para reformar su marco legal con el objetivo de “detonar la inversión en infraestructura” a través de esquemas de financiamiento con participación privada; también brinda asesorías en los procesos de licitación de concesiones y proyectos de prestación de servicios (PPS) de obras y/o servicios de infraestructura.1

Evercore cuenta además con el servicio de reestructura de deuda y obtención de financiamientos, por lo que en 2013 el gobierno del estado de Chihuahua encabezado entonces por el hoy prófugo César Duarte Jáquez a través un fideicomiso contratado con la mencionada casa de bolsa logró obtener 11 préstamos por un total de 19 mil 725.1 millones de pesos, dejando en bancarrota al estado de Chihuahua; a dicho financiamiento se le asignan anualmente más de 1,500 millones de pesos del presupuesto estatal.2

Los fideicomisos de Evercore a pesar de ser alimentados con recursos públicos, aparecen con la figura de privados ya que son diseñados para eludir los principios de transparencia y fiscalización de los congresos locales, por lo que son inconstitucionales y se convierten en cajas negras al no ser auditables y se desconocen sus magnitudes. Al menos once estados de la República han realizado transacciones con esta empresa; Durango, Sonora, Tabasco, Oaxaca, Michoacán, estado de México, Querétaro, Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua y Puebla.3

En el caso de Sonora la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que es inconstitucional, ya que la utilización de fideicomisos para la contratación de deuda es de carácter público y por lo tanto se requiere de la vigilancia del Congreso, además señala que los recursos económicos de que dispongan los Estados se deben administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.4

Con la firma del fideicomiso F/0144 con Evercore el gobierno del estado de Puebla cedió los recursos estatales por concepto del Impuesto Sobre la Nómina; este fideicomiso no sólo se utilizó para esconder la deuda pública en el sexenio pasado, también para manejar en completa opacidad y sin rendición de cuentas el dinero que pretenden paguemos los poblanos durante 50 años.

El martes 19 de septiembre del año en curso, a la una de la tarde con catorce minutos, los mexicanos fuimos sorprendidos por un sismo de 7.1 grados en escala de Richter localizado en el límite de Puebla con el estado de Morelos;5 dicho movimiento telúrico ocasionó graves daños en el centro del país, en Puebla lamentamos la pérdida de 45 vidas, en todo el país las víctimas fatales son 361 según cifras oficiales.

En el estado de Puebla tenemos cuantiosos daños en 112 municipios que ya fueron declarados en emergencia, principalmente en la región de la Mixteca donde comunidades enteras fueron derrumbadas, donde las familias no sólo perdieron seres queridos, también perdieron sus casas, escuelas, caminos y fuentes de empleo; en sólo unos segundos perdieron todo su patrimonio.

El gobierno de Puebla debe ponerse del lado de los poblanos y desconocer la deuda creada por Rafael Moreno Valle mediante el Fideicomiso Evercore, recuperando al menos 150 millones de pesos mensuales de los 270 millones de pesos que se recaudan cada mes en el Estado por el Impuesto Sobre la Nómina, recursos que se deben utilizar para reconstruir las zonas de desastre que dejó el sismo del pasado 19 de septiembre.

El impacto económico en las regiones afectadas será significativo porque suele provocar una pérdida en la producción local a corto plazo, por ello el gasto público debe orientarse para participar de la reconstrucción y reactivar la economía local.6

Para enfrentar la situación de emergencia actual, se debe crear un fondo que garantice la reconstrucción y reparación de los daños en los estados de Chiapas, Oaxaca, Morelos, Puebla, estado de México, Guerrero y Ciudad de México; por lo que se debe reconsiderar el destino de los recursos, sobre todo los que han sido comprometidos en fideicomisos inconstitucionales.

Por lo anteriormente expuesto, en términos de los preceptos legales invocados, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al gobernador del estado de Puebla a declarar inconstitucional la deuda heredada de la administración anterior, ya que compromete por décadas de manera ilegal los recursos que se deben ocupar en beneficio de los poblanos.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a crear un fondo para la reconstrucción de las comunidades afectadas en todo el país por el sismo del 19 de septiembre, con los recursos que se recuperen de los fideicomisos privados que administran recursos públicos.

Notas

1 Obtenido de
http://www.evercore.com.mx/9finanzasPublicas.html

2 Obtenido de http://pulsoslp.com.mx/2017/04/21/alfredo-del-mazo-facilito-el-saqueo-d e-cesar-duarte/

3 Obtenido de http://www.ceey.org.mx/reporte/deuda-estatal-problema-publico-nacional

4 Obtenido de https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=40 393&Clase=VotosDetalleBL

5 Obtenido de http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/reportes-especiales/2017/
SSNMX_rep_esp_20170919_Puebla-Morelos_M71.pdf

6 Obtenido de https://research.gbm.com.mx/viewDocumentAnalisysSp.aspx?Id=216

Dado en el Palacio Legislativo, a 10 de octubre del 2017.

Diputado Alejandro Armenta Mier (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a realizar acciones preventivas en materia de salud mental, a cargo del diputado José Luis Toledo Medina, del Grupo Parlamentario del PRI

José Luis Toledo Medina¸ diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como las demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a realizar acciones preventivas en materia de salud mental.

Planteamiento

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de la modificación constitucional publicada el pasado 10 de junio de 2011, consolidó una visión garantista que fortaleció su poder normativo y su capacidad de articular una democracia social. En este sentido, la transición de una visión vertical (que concedía garantías individuales a la población) hacia una visión horizontal (en donde el Estado reconoce derechos inherentes a la persona), logró cambiar la forma de interpretar y garantizar los derechos humanos.

La interpretación del derecho humano a la salud ha logrado, de forma progresiva, otorgar una mayor protección a las personas y ampliar su núcleo normativo y, con esto, ampliar las obligaciones de garantía de los sujetos obligados. En este sentido, el Poder Judicial de la Federación ha establecido lo siguiente:

“Derecho a la protección de la salud. Dimensiones individual y social.

La protección de la salud es un objetivo que legítimamente puede perseguir el Estado, toda vez que se trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4o. constitucional, en el cual se establece expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Al respecto, no hay que perder de vista que este derecho tiene una proyección tanto individual o personal, como una pública o social. Respecto a la protección a la salud de las personas en lo individual, el derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. De ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar. Por otro lado, la faceta social o pública del derecho a la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. Lo anterior comprende el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social, entre otras”1

En este sentido, el Estado Mexicano tiene la obligación de garantizar, en lo personal y lo colectivo, el derecho a la salud y, en términos de la tesis anteriormente citada, identificar los principales problemas que afecten la salud púbica del conglomerado social (sic). Como una acción de garantía legislativa, el Congreso de la Unión ha establecido lo siguiente en la Ley General de Salud:

“Se entiende por salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”2

En este sentido, el bienestar subjetivo3 está contemplado desde los objetivos de salud pública del Estado Mexicano en su conjunto. Esto atiende a los alcances individuales y colectivos del derecho humano a la salud.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la salud mental representa un reto significativo a nivel mundial. En específico, se ha reportado lo siguiente:

“La depresión es una enfermedad frecuente en todo el mundo, y se calcula que afecta a más de 300 millones de personas. La depresión es distinta de las variaciones habituales del estado de ánimo y de las respuestas emocionales breves a los problemas de la vida cotidiana. Puede convertirse en un problema de salud serio, especialmente cuando es de larga duración e intensidad moderada a grave, y puede causar gran sufrimiento y alterar las actividades laborales, escolares y familiares. En el peor de los casos puede llevar al suicidio. Cada año se suicidan cerca de 800 000 personas, y el suicidio es la segunda causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años.

Aunque hay tratamientos eficaces para la depresión, más de la mitad de los afectados en todo el mundo (y más del 90% en muchos países) no recibe esos tratamientos. Entre los obstáculos a una atención eficaz se encuentran la falta de recursos y de personal sanitario capacitados, además de la estigmatización de los trastornos mentales y la evaluación clínica inexacta. Otra barrera para la atención eficaz es la evaluación errónea. En países de todo tipo de ingresos, las personas con depresión a menudo no son correctamente diagnosticadas, mientras que otras que en realidad no la padecen son a menudo diagnosticadas erróneamente y tratadas con antidepresivos.

La carga mundial de depresión y de otros trastornos mentales está en aumento. En una resolución de la Asamblea Mundial de la Salud adoptada en mayo de 2013 se abogó por una respuesta integral y coordinada de los países al problema de los trastornos mentales”4

“Anualmente, cerca de 800 000 personas se quitan la vida y muchas más intentan hacerlo. Cada suicidio es una tragedia que afecta a familias, comunidades y países y tiene efectos duraderos para los allegados del suicida. El suicidio se puede producir a cualquier edad, y en 2015 fue la segunda causa principal de defunción en el grupo etario de 15 a 29 años en todo el mundo.

El suicidio no solo se produce en los países de altos ingresos, sino que es un fenómeno global que afecta a todas las regiones del mundo. De hecho, en 2015, más del 78% de los suicidios en todo el mundo tuvieron lugar en países de ingresos bajos y medianos.

El suicidio es un grave problema de salud pública; no obstante, es prevenible mediante intervenciones oportunas, basadas en datos fidedignos y a menudo de bajo coste. Para que las respuestas nacionales sean eficaces se requiere una estrategia de prevención del suicidio multisectorial e integral”5

Lo anterior, establece dos lecciones para México: la primera se refiere a la necesidad de atender las problemáticas de la salud mental a partir de un enfoque preventivo y, la segundo, que el Estado Mexicano debe coordinarse con la Comunidad de Naciones para generar acciones integrales que prevengan y traten adecuadamente a una de las mayores problemáticas de salud en el Mundo.

La Ley General de Salud establece lo siguiente en su artículo 72:

“(...) se entenderá por salud mental el estado de bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, y, en última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación”6

Asimismo, la Ley Orgánica de la Administración Pública otorga la facultad a la Secretaría de Salud para administrar los recursos federales para la atención de los servicios de asistencia pública.7 Cabe mencionar que en el ámbito específico de Salud Mental, corresponde al Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental, la proposición de los lineamientos y procedimientos técnicos para la organización, programación y presupuestación relacionados con el tema.8

De igual forma, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 reconoce en su Meta Nacional: Un México Incluyente , la necesidad de garantizar el derecho a la salud a todos los mexicanos.9 Para el cumplimiento del mismo, se elaboró el Programa de Acción Específico de Salud Mental 2013-2018, que contiene estrategias, líneas de acción, indicadores y metas en materia de Salud Mental para todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud y las Entidades Federativas.10

No obstante, la presencia del tema en el marco normativo mexicano, del total del presupuesto destinado a Salud, sólo el 2.2 por ciento está destinado a Salud Mental;11 del cual el 80 por ciento se destina a la operación de los hospitales psiquiátricos, dejando de lado el trabajo comunitario que resulta esencial en el tratamiento de trastornos mentales. Este enfoque se contrapone con los derechos humanos internacionales en materia de Salud Mental, ya que los Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental (guía autorizada para la interpretación de la Convención Americana con respecto a su aplicación para personas con discapacidad mental) establecen en su Principio 3 “La vida en comunidad”:

“Toda persona que padezca una enfermedad mental tendrá derecho a vivir y a trabajar, en la medida de lo posible, en la comunidad”12

Y el Principio 7 “Importancia de la comunidad y de la cultura”:

“1. Todo paciente tendrá derecho a ser tratado y atendido, en la medida de lo posible, en la comunidad en la que vive.

2. Cuando el tratamiento se administre en una institución psiquiátrica, el paciente tendrá derecho a ser tratado, siempre que sea posible, cerca de su hogar o del hogar de sus familiares o amigos y tendrá derecho a regresar a la comunidad lo antes posible.

3. Todo paciente tendrá derecho a un tratamiento adecuado a sus antecedentes culturales”13

La inclusión en la comunidad es esencial, ya que estudios demuestran que uno de cada cuatro mexicanos ha sufrido de algún trastorno mental; se proyecta que uno de cada tres mexicanos desarrollará alguno antes de los 65 años. En México, la mitad de estos padecimientos comienzan antes de los 21 años. 14

A pesar de las elevadas cifras de mexicanos que sufren de algún padecimiento mental, sólo existen 46 hospitales psiquiátricos en México (únicamente el 67 por ciento de ellos han tenido revisiones en materia de derechos humanos); 13 unidades de internamiento psiquiátrico en hospitales generales, y; 8 unidades de internamiento psiquiátrico en residenciales. Se dispone de 0.14 camas por cada 100 mil habitantes en el país y 3.68 psiquiatras por la misma cantidad de habitantes mencionada (60 por ciento de ellos están concentrados en: Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León).15

El bajo presupuesto destinado a Salud Mental ha resultado en que el 81 por ciento de las personas que presentan algún trastorno afectivo no reciben tratamiento médico, y quienes lo hacen pueden tardar de 4 a 20 años con el padecimiento antes de buscar atención médica (el 50 por ciento de estos recibe un tratamiento adecuado).16

Bajo el principio mundialmente aceptado de que “no hay salud sin salud mental”, la Organización Mundial de la Salud reconoce la necesidad de atender dichas problemáticas a nivel mundial, ya que la depresión es la principal causa de problemas de salud y discapacidad; 300 millones de personas la viven, lo que significa un incremento del 18 por ciento en los últimos 10 años.

La depresión afecta a nivel individual y colectivo, representando una pérdida económica global de un billón de dólares anuales.17 En ese sentido, la OMS ha publicado el Plan de acción sobre salud mental 2013-2020 , en el cual se emiten recomendaciones para los Estados Miembros.18

La posición de México a nivel internacional en materia de Salud Mental resulta preocupante, ya que en 2015 nos situamos como el peor país para discapacitados, acorde a Disability Rights International. El Director Ejecutivo de DRI expresó:

“Existe un patrón de violaciones graves y generalizadas a los derechos humanos contra las personas con discapacidad, en particular en instituciones mentales y orfanatos, ello contraviene las obligaciones internacionales que tiene el Estado”.19

La ejecución de los derechos fundamentales de personas con discapacidad mental, enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, debe ser una prioridad para México, no sólo para el desarrollo individual de sus ciudadanos, sino funcionamiento eficaz de la comunidad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y a las dependencias competentes en materia de salud en las Entidades Federativas a realizar acciones con enfoque de prevención en materia de Salud Mental, garantizando en todo momento la mayor protección a la persona, conforme a los estándares internacionales de protección a los derechos humanos.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Salud y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, todos del Gobierno Federal, a realizar, de forma coordinada, acciones e investigaciones que deriven en la generación de recomendaciones a las instituciones del Estado Mexicano para fortalecer las políticas públicas en materia de prevención de enfermedades mentales.

Tercero. Se exhorta a los Congresos de las Entidades Federativas a privilegiar la asignación de recursos, en los presupuestos de egresos correspondientes, destinados a las políticas públicas de prevención de enfermedades mentales.

Notas

1 Semanario Judicial de la Federación, Tesis: 1a. CCLXVII/2016 (10a.), disponible en:
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epoca=1e3e10000000000&
Apendice=1000000000000&Expresion=salud*%2520derecho*&Dominio=Rubro,Texto&TA_TJ=
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2013254,2013134,2013137,2013139,2013142,2013144,2013145,2013146,2013155&tipoTesis=&
Semanario=0&tabla=&Referencia=&Tema= (Fecha de consulta: 3 de octubre de 2017).

2 Cámara de Diputados, Ley General de Salud, artículo 1 bis, disponible en

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_220617.p df (Fecha de consulta: 3 de octubre de 2017).

3 Para un mayor entendimiento del bienestar subjetivo puede consultarte el World Happiness Report, instrumento de la Organización de las Naciones Unidas, disponible en: http://worldhappiness.report/ed/2017/ (Fecha de consulta: 3 de octubre de 2017).

4 Organización Mundial de la Salud, Depresión, disponible en http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs369/es/ (Fecha de consulta: 3 de octubre de 2017).

5 Organización Mundial de la Salud, Suicidio, disponible en http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs398/es/ (Fecha de consulta: 3 de octubre de 2017).

6 Cámara de Diputados, Ley General de Salud, Op. Cit.

7 Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Fracción V, artículo 39, de la Ley Orgánica de la Administración Pública. Disponible en:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_190517.p df (fecha de consulta: 18 de septiembre de 2017).

8 Secretaría de Salud. Fracción XVI del Artículo 35 del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. Disponible en: http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/compi/ri190104.html (fecha de consulta: 18 de septiembre de 2017).

9 Diario Oficial de la Federación. Plan Nacional de Desarrollo: 2013-2018. Publicado: 20 de mayo de 2013. Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013 (fecha de consulta: 18 de septiembre de 2017).

10 Secretaría de Salud. Programa de Acción Específico de Salud Mental: 2013-2018. Publicado: 2014. Disponible en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/11918/Sal ud_Mental.pdf (fecha de consulta: 18 de septiembre de 2017).

11 Centro de Investigación Económica y Presupuestaria: CIEP. Gasto en salud mental. Disponible en: http://ciep.mx/gasto-en-salud-mental/ (fecha de consulta: 18 de septiembre de 2017).

12 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la salud mental, disponible en

https://www.cidh.oas.org/privadas/principiosproteccionme ntal.htm (Fecha de consulta: 3 de octubre de 2017).

13 Op. Cit.

14 Medina-Mora, M., Borges, G., Benjet, C., Lara, C. and Berglund, P. (2007). Psychiatric disorders in México: lifetime prevalence in a nationally representative sample. Disponible en: http://bjp.rcpsych.org/content/190/6/521.full (fecha de consulta: 18 de septiembre de 2017).

15 Department of Mental Health and Substance Abuse, World Health Organization (2011). Mental Health Atlas 2011. Disponible en:

http://www.who.int/mental_health/evidence/atlas/profiles /mex_mh_profile.pdf?ua=1 (fecha de consulta: 18 de septiembre de 2017).

16 Secretaría de Salud de México, Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud (2011). Informe de la evaluación del sistema de salud mental en México utilizando el Instrumento de Evaluación para Sistemas de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud. Disponible en: http://www.who.int/mental_health/who_aims_country_reports/who_aims_repo rt_mexico_es.pdf (fecha de consulta: 18 de septiembre de 2017).

17 Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud (2017). “Depresión: hablemos”, dice la OMS, mientras la depresión encabeza la lista de causas de enfermedad. Disponible en:

http://www2.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=13102%3Adepression-lets-talk-says-who-as-depressio n-tops-list-of-causes-of-ill-health&catid=740%3Apress-releases& Itemid=1926&lang=es (fecha de consulta: 18 de septiembre de 2017).

18 Organización Mundial de la Salud (2013). Plan de acción sobre salud mental 2013-2020. Disponible en:

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/97488/1/9789243 506029_spa.pdf (fecha de consulta: 18 de septiembre de 2017).

19 El Economista (2015). México es el peor país para discapacitados. Disponible en:

http://eleconomista.com.mx/sociedad/2015/07/26/mexico-pe or-pais-discapacitados (fecha de consulta: 18 de septiembre de 2017).

Palacio del Poder Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2017.

Diputado José Luis Toledo Medina (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de Chiapas, Ciudad de México, Colima, México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Veracruz a destinar recursos para fortalecer el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Omar Ortega Álvarez, diputado federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El saldo en pérdidas humanas y daños materiales, que han dejado los pasados sismos del 7 y del 19 de septiembre del presente año en México -y de sus cientos de réplicas posteriores- ni siquiera puede saberse con certeza aún. Sin embargo, lo que sí puede y debe señalarse, más allá del propio fenómeno natural, es la responsabilidad diferenciada de diversos actores y autoridades involucradas en prevenir o mitigar estos desastres.

Por ello, es relevante los avisos del Sistema de Alerta Sísmica, que es un instrumento fundamental ante el fenómeno de los grandes sismos como los ocurridos, ya que estos avisos ayudan a salvar vidas. El Sistema es un proyecto a cargo del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES), cuenta con sensores sísmicos instalados a lo largo de la costa del Pacífico, primordialmente en el Estado de Guerrero. Esto en vista de la alta probabilidad de ocurrencia de un temblor de gran magnitud en ese sector. Así, el Sistema opera dando un tiempo de prevención, que es el lapso entre el inicio de la señal de alerta y el momento inicial del efecto sísmico en su fase de mayor intensidad, en el área donde se pretende reducir su riesgo. La Alerta se da a través de radio y televisión, altoparlantes o receptores de señales de emergencia.

El aviso del Sistema de Alerta Sísmica, cubre en la actualidad a las ciudades de Acapulco, la Ciudad de México, Morelia, la Ciudad de Oaxaca, la ciudad de Puebla y Chilpancingo. Siendo inexistente en otras áreas de gran sismicidad. Por ello, se ha propuesto ampliar su cobertura no solo en el Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Puebla donde se encuentran las citadas entidades, sino también en los estados de Chiapas, Morelos, Tabasco y Veracruz. Se trata de que se pueda difundir avisos de alerta sísmica a otras ciudades debido a su número y densidad de población, desarrollo urbano y cercanía a las zonas de peligro sísmico en México.

Claro ejemplo de la ausencia del Sistema de Alerta Sísmica, es que muchas de las zonas más afectadas por los sismos de septiembre en Chiapas, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca o Tabasco no tuvieron forma de ser avisadas con segundos fundamentales para las personas en riesgo sobre dichos sismos.

Esto se agrava con la información de diversos medios de comunicación, de que en ciudades como Morelia, que cuenta con cobertura de aviso de alerta sísmica no operó, o que Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Puebla, Morelos, y Estado de México, necesitan antenas para que localidades en riesgo puedan ser alertadas, así como la necesaria renovación de sensores sísmicos.

El fondo del asunto, es que para la óptima operación del Sistema de Alerta Sísmica, se requiere de una inversión económica significativa de recursos públicos, tanto para la instalación, como para mantener el Sistema.

Es por lo anterior, importante fortalecer la ampliación del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, es necesaria y urgente. La falta de inversión pública al Sistema no puede seguirse obstaculizando. La corrupción y la impunidad, deben ser atacadas por todos los frentes para que tragedias como las que vivimos durante el mes de septiembre y que pueden ser prevenidas o mitigadas, no vuelvan a repetirse. Debemos trabajar en una mejor orientación y fiscalización de los recursos públicos para dar los resultados que la ciudadanía espera.

Por lo anteriormente señalado, someto a consideración de la Soberanía la siguiente proposición de urgente u obvia resolución,

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta de manera respetuosa a los Gobiernos de las Entidades Federativas de Chiapas, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Veracruz, a que se destinen recursos suficientes para fortalecer el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2017.

Diputado Omar Ortega Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua a revocar las concesiones para explotar, usar o aprovechar las aguas nacionales otorgadas a Buenavista del Cobre, SA de CV, en Cananea, Sonora, a cargo de la diputada Blandina Ramos Ramírez, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Blandina Ramos Ramírez, diputada federal a la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6o. y el artículo 79, numeral 1, fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

El 6 de agosto de 2014, por fallas en un represo de la mina Buenavista del Cobre, SA de CV, subsidiaria de Grupo México, 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre (CuSO4) acidulado, combinado con alrededor de 700 toneladas de metales pesados, entre estos el arsénico, níquel, fierro, cobre, cadmio, mercurio, manganeso, plomo, hierro y aluminio, fueron vertidos al río Bacanuchi, afluente del río Sonora.

La sustancia contaminante escurrió hasta llegar al arroyo Tinajas que desemboca en el río Bacanuchi, para posteriormente pasar al río Sonora, el cual descarga sus aguas en la presa El Molinito, ésta a su vez conecta aguas abajo con la presa Abelardo L. Rodríguez, de la que se surte de agua a la ciudad de Hermosillo, Sonora, por lo que se contaminaron más de 270 kilómetros de arroyos y ríos, además de los 15.4 millones de metros cúbicos de agua que contiene la presa. Además, resultaron afectados cuando menos 322 pozos y norias (125 de uso agrícola; 80 de pecuario; 72 de urbano-agua potable; y 45 de diversos usos) ubicados a 500 metros o menos de cada margen del río.

Al día siguiente del derrame habitantes de la zona informaron a la Unidad Estatal de Protección Civil del gobierno de Sonora sobre la coloración inusual del río Bacanuchi, para entonces ya algunos pobladores de las riberas del río habían entrado en contacto con las aguas contaminadas, siendo afectados en su salud. A raíz de estas denuncias la autoridad empezó a tomar acciones en el asunto, ya que los responsables de la minera, aún a sabiendas del peligro que para la población y el ambiente y representaban los elementos del lixiviado vertido al río, no avisaron del suceso. Fue hasta el día 8 de agosto cuando por medio de llamada telefónica la minera notifica a la autoridad federal y hasta el 12 del mismo mes cuando lo hicieron de manera formal.

Cabe señalar que la visita técnica realizada por personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) determinó que el incidente se podría haber evitado con el simple mantenimiento mínimo, esto debido a que la falla en el amarre de un tubo de polietileno en una de las piletas de lixiviados y la falta de una válvula en la pileta de demasías, fue lo que ocasionó la fuga del contamínate que llegó al río, y no a causa de lluvia excesiva, como argumentó en su momento la empresa minera, tratándose de evadir su responsabilidad, esta última versión desmentida por el Servicio Meteorológico Nacional, el cual reporto cielo despejado sin lluvia para el día del derrame.

En cuanto a las violaciones a la normatividad ambiental, de entrada, la empresa no contaba con la licencia ambiental única actualizada, no había instalado plataformas y puertos de muestreo, tampoco había realizado la evaluación de sus emisiones, lo que contraviene la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento.

A decir del informe presentado por la Comisión Especial para dar seguimiento a la problemática generada por el derrame de diversas sustancias contaminantes a los ríos Sonora y Bacanuchi, creada en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, Grupo México incumplió con la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos; con la Ley de Aguas Nacionales; la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; la Ley Minera; así como los Acuerdos de Cooperación Ambiental y Laboral para América del Norte, y las 46 normas oficiales mexicanas expedidas por Semarnat en materia de cuidado de aguas residuales, prevención de contaminación de acuíferos, ríos y aguas superficiales, así como de control de residuos peligrosos, entre otros.1

En cuanto a la Profepa, ésta afirma que la minera Buenavista del Cobre incurrió en 55 irregularidades, fue negligente y obtuvo beneficios económicos derivados de disminuir sus costos al evadir el cumplimiento de las normas ambientales en materia de manejo de lixiviados, residuos peligrosos y de control de las emisiones contaminantes a la atmósfera. Además, no contaba con pozos de monitoreo, no hacía valoración física real de contaminación o infiltración de suelos y no se confirma técnicamente que las instalaciones cumplan con criterios ecológicos de preservación y aprovechamiento sustentable del suelo. No contaba con sistema de captación de fluidos bajo geomembrana de Tinajas, y al no existir un plan de muestreo no es posible caracterizar la peligrosidad del mineral que se derramó.

Con respecto al sulfato de cobre, este es un compuesto iónico integrado por cobre, azufre y oxígeno, con varias aplicaciones en la industria, pero, por su peligrosidad debe de manejarse con precaución, al entrar en contacto con los ojos produce rápidamente irritación en ellos y en los párpados. Si el producto no se remueve rápidamente irrigando con abundante agua, puede producirse daño visual permanente o prolongado e incluso pérdida total de la vista. En la piel si no se lava a tiempo puede causar quemaduras severas.

La ingestión de este compuesto causa severas quemaduras a las membranas mucosas de la boca, esófago y el estómago, con posibilidad de hemorragias gástricas, nauseas, vómito, dolores estomacales y diarrea. Si se ingiere en grandes cantidades y el vómito no ocurre inmediatamente el sujeto puede presentar envenenamiento sistemático por cobre con síntomas que van desde el dolor de cabeza, escalofríos, pulso acelerado, convulsiones, parálisis llegando incluso a entrar en coma.

Los metales pesados que Buenavista del Cobre vertió al río son de alta peligrosidad para el ambiente, al no ser degradables suelen permanecer en el los ecosistemas durante cientos de años, además, tienden a bioacumularse y a biomagnificarse, es decir, se acumulan en los organismos vivos alcanzando concentraciones mayores que la que existen en el medio que los rodea y estas concentraciones aumentan a medida que ascendemos en la cadena trófica, provocando efectos tóxicos de muy diverso carácter.

Por ejemplo, la presencia de metales pesados en el suelo y agua genera una serie de efectos negativos en las plantas, como son, la inhibición del crecimiento, ya sea de las raíces como del resto de órganos, además de daños estructurales, fisiológico y bioquímicas. Otros efectos negativos de los metales pesados en plantas son la disminución del contenido en clorofila y del potencial hídrico en las hojas, o el cierre estomático, con la consiguiente falta de CO2 para llevar a cabo una correcta fotosíntesis.

El banco de semillas de un medio contaminado también se ve afectado por la presencia de metales pesados, se produce un retraso en la germinación, y en algunos casos como con el plomo, la germinación es inhibida, de tal suerte que los suelos contaminados con metales pesados disminuyen su productividad y si la contaminación es excesiva, se puede llegar a producir desertificación.

La fauna silvestre también fue y sigue siendo seriamente afectada por los componentes del derrame, los metales contenidos son tóxicos y dependiendo del metal pesado del que se trate los daños son diversos, pero en general los organismos consumidores sufren lesiones celulares que frecuentemente les ocasionan la muerte.

Al igual que con la flora y fauna silvestres, las especies de cultivo o crianza por el ser humano también presentan bioacumulación, por lo que su consumo se torna tóxico para el consumo humano o de otras especies, por lo que el ambiente y las actividades del sector primario fueron severamente afectados por el derrame, perdiéndose cosechas, ganado, producción pesquera y afectando al turismo local, de las cuales obtenían sus ingresos un número importante de familias.

Debido a la alta toxicidad de las sustancias vertidas las autoridades ordenaron a los agricultores y ganaderos de los municipios que conforman la ruta del río Sonora alejar a sus familias y a sus animales del río, así como el uso de 322 pozos y norias, con lo cual la economía de la región se vio trastornado casi al punto de la parálisis, aún meses después los productos lácteos y los cárnicos de la zona eran rechazados por los consumidores, temerosos de que la acumulación de metales pesados y otros tóxicos en leche y carne resultaran nocivos para la salud. Dos meses después del desastre los agricultores seguían sin poder emplear el agua para sus cultivos, se perdieron cosechas completas y las tierras se contaminaron.

De hecho, en el mes de agosto del año pasado la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de manera oficial reconocía 360 casos de enfermedades causadas por los metales pesados liberados por la minera. En cuanto a las afectaciones económicas, en los primeros días de investigación sobre el desastre, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) llevó a cabo una evaluación preliminar, sin tomar en cuenta el daño ambiental, las indemnizaciones y las multas que conlleva la contaminación generada por la empresa minera, esta evaluación arrojó los siguientes resultados: El daño por gasto familiar extraordinario se calculó por 46 millones 196 mil 718.75 pesos; el daño por inhabilitación de tierras agrícolas en 86 millones 583 mil 450.00 pesos; el daño patrimonial por pérdida de valor de tierras en 529 millones 500 mil pesos; el perjuicio en liquidez a las actividades turísticas en 22 millones 785 mil 125.00 pesos; los costos por suspensión del Sistema Comercial Pecuario en 17 millones 758 mil 604.50 pesos. Es decir, nada más en estos rubros en los primeros días del derrame se perdieron más de 702 millones de pesos.

En los primeros días de septiembre de 2014 el gobierno federal creó el Grupo de Trabajo Río Sonora, integrado por funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Cofepris, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y Secretaría de Gobernación (Segob), bajo la coordinación del secretario del Trabajo y Previsión Social, con la misión de evaluar y subsanar los daños causados a la población con motivo derrame de tóxico en el río Sonora.

Posteriormente, para tratar de dar respuesta a los reclamos de la sociedad por el desastre ocasionada por Buenavista del Cobre y al mismo tiempo proteger a la minera, el 15 de septiembre del 2014 la autoridad firmó un convenio con Grupo México, propietario de la minera, por el que se creó el Fideicomiso Río Sonora (FRS), con capital inicial de 2 mil millones de pesos que aportó la minera, supuestamente para atender las afectaciones a la salud pública, indemnizar a los afectados en sus tierras y ganado a la vez de tratar de revertir el daño ambiental.

Además, Grupo México, se comprometió a adoptar una serie de medidas, como la instalación de 28 plantas de tratamiento del agua con tecnología de filtración de metales pesados y la construcción de una clínica para tratar a las personas cuya salud se vio afectada.

Pero, a escasos días de que se cumplan tres años de ocurrido el derrame que contaminó los ríos Bacánuchi y Sonora, los afectados siguen luchando por que se respeten sus derechos al agua, a la salud y a un medio ambiente sano. Ya en octubre del año pasado, el Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, por medio del informe: “Las evidencias de las afectaciones a la integridad funcional de los ecosistemas del río Bacanuchi y el río Sonora por el derrame de la mina Buenavista del Cobre: avances del diagnóstico ambiental”, nos advertía del incumplimiento por parte del Grupo México de los compromisos con los afectados y el ambiente.

En dicho informe se documenta la persistencia de daños ambientales por el ya referido derrame en tres subsistemas de la zona: el abiótico (agua superficial y subterránea, suelo, sedimentos y partículas suspendidas), en el biótico (flora, fauna silvestre y doméstica) y en todas las actividades productivas.

En agua superficial se observaron concentraciones de aluminio, hierro y manganeso que rebasan los límites permitidos por la NOM-127-SSA1-2000, lo que sugiere la exacerbación de un problema crónico regional por el derrame, con los consecuentes daños al hábitat acuático, que se manifiesta en el cambio de la estructura poblacional de especies de peces endémicas y amenazadas en todos los ríos de la zona, pues a un año del suceso se notaba la ausencia de estadios juveniles de los mismos. Asimismo, las afectaciones llegaron hasta la presa El Molinito.

La flora ribereña al igual que la agrícola y el ganado tampoco está a salvo, ya que se detectó una alta mortalidad de árboles ribereños, concentraciones de metales pesados en lácteos, frutas y verduras producidos en la zona, por lo que es grave la afectación socioeconómica que sufren los habitantes de la región.

Por su parte, el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales, perteneciente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en la misión de trabajo que llevó a cabo en nuestro país del 29 de agosto al 7 de septiembre de 2016, constató que sólo había construido una de las 28 plantas de tratamiento de agua prometidas y que la planta construida no estaba en pleno funcionamiento, mientras que la construcción de la clínica de salud nunca se llegó a completar.2

Al día de hoy el problema persiste, se cumplen tres años de la contaminación de los ríos Bacánuchi y Sonora, pero los afectados siguen luchando por que se respeten sus derechos al agua, a la salud y a un medio ambiente sano, de hecho, apenas el pasado día 1 de agosto los Comités de Cuenca Río Sonora, ganaron un juicio de amparo por la contaminación del agua en dos pozos de la región, y han demandado a tres instituciones de salud, ISSSTESON, IMSS y Secretaría de Salud, por la falta de atención a la población afectada por el derrame.

En dicha fecha, un fallo dictado por el Juzgado Primero de Distrito del Estado de Sonora, relativo al juicio de amparo 834/2015, reconoce que, incluso considerando los datos presentados por el Fideicomiso Río Sonora en su página web, al menos dos pozos, los de Sinoquipe y La Labor, presentaban contaminación por arsénico y manganeso en niveles superiores a los establecidos en las “Guías para la calidad del agua potable de la Organización Mundial de la Salud”, las cuales establecen valores más estrictos que la Norma Oficial Mexicana 127-SSA1-1994.

Esta sentencia echa por tierra el discurso oficial del gobierno y la empresa Grupo México, causante del derrame, según el cual ya no existe contaminación en el río Sonora, lo que ha favorecido que, incluso, en los últimos dos años se instalen bebederos en las escuelas públicas de nivel básico para proveer agua a los estudiantes, la cual proviene del río Sonora sin ningún tratamiento de purificación previo.

En otro orden de ideas, las multas que se le impusieron a Buenavista del Cobre a raíz de las 55 irregularidades detectadas, en marzo de 2015 por la cantidad de 23 millones 565 mil 938 pesos, además de los dos mil millones de pesos del fideicomiso antes referido, son insignificantes para la minera que reporta ganancias de 4.4 millones de dólares al día, es decir, barato le salió a Buenavista del Cobre su negligencia.

En resumen, al momento del incidente que es el peor desastre ambiental en la historia minera de nuestro país, Buenavista del Cobre trabajaba contraviniendo el marco jurídico que protege el derecho humano a un ambiente sano, durante y después del derrame ha mostrado un actuar inescrupuloso, en ocasiones se puede conjeturar que hasta doloso. Después del derrame realizó descargas de aguas residuales de forma ilegal, ha hecho promesas incumplidas, el daño causado al ambiente, tanto en lo abiótico como en lo biótico ha sido y es muy serio, las actividades productivas de una amplia región siguen siendo gravemente afectadas, sin olvidar el riesgo en que se encuentra la salud de la población.

Por lo anterior estamos de acuerdo con la Comisión Especial que para dar seguimiento al caso del derrame creó la LXII Legislatura de esta Cámara de Diputados, cuando en su conclusión décima primera pide un actuar enérgico a las autoridades bajo el siguiente texto:

“Décima Primera. Con la información que se nos presentó, la Comisión Especial solicita a las autoridades federales una sanción ejemplar, penal, civil y administrativa en contra de la empresa minera Grupo México y los mandos directivos que resulten responsables.”

Dentro de las sanciones administrativas que ya se tienen contempladas en el andamiaje jurídico vigente esta revocación de las concesiones para el aprovechamiento de las aguas, que para el caso que nos ocupa sería lo conducente con fundamento en el artículo 29 Bis 4, fracciones IX y X de la Ley de Aguas Nacionales, que a la letra señalan:

“Artículo 29 Bis 4. La concesión, asignación o permiso de descarga podrán revocarse en los siguientes casos:

I. ...

IX. Dañar ecosistemas como consecuencia de la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales;

X. Realizar descargas de aguas residuales que contengan materiales o residuos peligrosos que ocasionen o puedan ocasionar daños a la salud, recursos naturales, fauna, flora o ecosistemas;

XI. ...”

Según datos del “Registro Público de Derechos de Agua”, al 30 de junio de 2017, Buenavista del Cobre, SA de CV, ostenta 8 concesiones, 2 para diferentes usos y 6 para uso industrial. Siendo lo conducente por la afectación provocada a las personas, al ambiente y a las actividades productivas de Sonora que la Conagua proceda a la revocación de estas concesiones.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a que con base a sus atribuciones y con fundamento en el artículo 29 BIS 4 de la Ley de Aguas Nacionales, proceda a la revocación de los títulos de concesión para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, otorgados a Buenavista del Cobre, S.A. de C.V., por los graves daños que esta minera ha causado a los ecosistemas como consecuencia del uso o aprovechamiento de aguas nacionales, en particular por el derrame de 40 mil metros cúbicos de sustancia de sulfato de cobre (CuSO4) y otros contaminantes, acontecido el 6 de agosto de 2014 y que continúa causando serios perjuicios a la población, al ambiente y a las actividades productivas.

Notas

1 Informe de la Comisión Especial para dar seguimiento a la problemática generada por el derrame de diversas sustancias contaminantes a los ríos Sonora y Bacanuchi, Gaceta Parlamentaria, Número 4113-V, 17 de septiembre de 2014.

2 Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas acerca de su misión a México. Disponible en: http://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=982 :informe-del-grupo-de-trabajo-de-la-onu-sobre-empresas-y-derechos-human os-acerca-de-su-mision-a-mexico&Itemid=281

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2017.

Diputada Blandina Ramos Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol a incorporar en las Reglas de Operación del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas a las Redes de Promotores Sociales la participación de los beneficiarios para su desarrollo personal, familiar y comunitario, a fin de mejorar sus condiciones de vida, a cargo del diputado Germán Escobar Manjarrez, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Germán Escobar Manjarrez, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, someto a consideración de esta soberanía la presente propuesta con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Que una de las particularidades de las zonas agrícolas del país, es que la mano de obra que se requiere para las actividades del campo, demandan mano de obra, que se compone de trabajadores campesinos que proviene de las regiones principalmente marginadas y que son contratados temporalmente para desarrollar las actividades de siembra, cosecha, recolección, empaque y diversas actividades que se realizan para la producción de los productos agropecuarios, en la que no están exentas las actividades, forestales, de pesca o acuacultura.

Que la característica de migración de los jornaleros, complica el análisis o medición de carencias o grados de precariedad, dado que el dinamismo que presentan al ir de una región a otra en búsqueda de nuevas oportunidades, no ha permitido dar la asistencia que se requiere para su atención.

Que la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis, de la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas en la Cámara de Diputados señalo en 2015 en su reporte denominado “Jornaleros Agrícolas en México”; que “diversos estudios han apuntado hacia tres tipos de migración que responden a los flujos de partida, según el tiempo y los intervalos de los periodos migratorios. La migración puede ser temporal, ya sea que se trate de una sola salida o que sea cíclica, es decir, por periodos regulares, según la demanda de los sectores productivos. Esto obliga a las familias a responder dinámicas locales que desarrollan actividades y roles alternos mientras la persona migra está fuera de la localidad de origen, readaptándose a los roles tradicionales a su regreso. Por otro lado, la migración permanente presume que las familias transforman sustantivamente los roles en el núcleo familiar en el largo plazo.

Que retomando como base experiencias de investigación sobre el tema, de acuerdo con la información sobre el lugar de origen y destino de trabajo de los jornaleros recogido por la Encuesta Nacional de Jornaleros (ENJO) 2009, se identificaron tres tipos de jornaleros; en primer término se menciona a los jornaleros locales y que se refiere a los que tienen su lugar de residencia en la localidad o municipio y que diariamente se trasladan hacia el lugar de trabajo; en segundo término, se encuentran los jornaleros asentados o de visita cuyo origen es un lugar diferente al sitio o zona de trabajo y que desde hace años migraron a estas zonas para trabajar, de tal manera que en la actualidad la vivienda que consideran su hogar se encuentra en la propia zona de trabajo; en tercer término tenemos a los jornaleros migrantes y que tienen dos características que básicamente son a. Se trasladan a sitios de trabajo que se ubican fuera del municipio o localidad donde se encuentra su hogar; y b. Duermen al menos por una noche en la localidad donde trabajan.

Con base en la estadística del año 2016 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de 2016, hay 2 millones 904 mil 795 jornaleros agrícolas en el país; 92 por ciento son hombres y ocho por ciento son mujeres. Sin embargo, en las entidades con agricultura de exportación, la proporción de mujeres es mayor. En Baja California Sur llega a 29.1 por ciento, Baja California, 28.4; Sonora, 19, y Sinaloa, 18 por ciento, por citar los estados más importantes que explotan cultivos intensivos y donde el proceso de trabajo permite la incorporación de las mujeres, situación que es muy importante considerar pues la presencia femenina en el mercado de trabajo está asociada a la demanda de educación y servicios de salud.

El hecho de que los jornaleros estén fuera de su entorno originario, los pone en una situación carente de oportunidades, la crítica y el difícil acceso para la estabilidad social, cultural, educativa, ambiental, económica y la baja calidad oferta de éstas, aunando y generando más aun las condiciones de vulnerabilidad, primero por las cuestiones de desgaste físico, por la sobrecarga de trabajo, por otro lado, la falta de acceso a servicios básicos de atención médica y una alimentación inadecuada, carentes de vivienda; entre los que se suma la discriminación y malos tratos de estos.

Que es de vital importancia señalar que los hijos e hijas de los jornaleros agrícolas son un grupo especialmente vulnerable. El Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en México hace referencia que un 44 por ciento de los hogares de jornaleros agrícolas contaban con al menos un niño o niña trabajador, y sus ingresos se acercaban al 41 por ciento de los del total familiar; se hace mención que el 44.9 por ciento de las familias jornaleras en las que está presente el trabajo infantil son indígenas, de manera que la migración supone para ellos un cambio radical en sus costumbres, cultura e idioma, lo que orienta que esa población estudiantil no recibe instrucción educativa, haciéndolos cada vez más vulnerables.

Que de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y a las Reglas de Operación del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) tiene como fin contribuir a la protección social de los jornaleros agrícolas y los integrantes de su hogar. Otorga a la población jornalera agrícola apoyos directos y acceso a servicios básicos y vivienda, promueve acciones para el desarrollo de sus capacidades. Al estar comprendidos en su grupo de intervención mujeres y hombres de 16 años o más que laboran como jornaleros, así como los integrantes de su hogar, el programa dota de apoyos alimenticios a los niños y niñas, estímulos para la asistencia y permanencia escolar, un apoyo económico al arribo, apoyos para infraestructura, servicios de acompañamiento, acciones de promoción y participación social, apoyos especiales para contingencias, acciones para potenciar el desarrollo y apoyos para infraestructura, se ha señalado que el programa no cuenta con las evaluaciones de impacto por la dificultad de definir el grupo control o a quien van dirigidos los apoyos y la movilidad inherente al trabajo de la población.

De acuerdo al Informe de Evaluación Específica de Desempeño del Coneval,

se suprime la red de promotores sociales en las Reglas de Operación de este año, dejando de existir la coordinación institucional con la sociedad civil, que años anteriores se venía realizando con la Secretaría de Salud; la STPS; y la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) estatal y federal, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) , el Programa de Niños Migrantes de la SEP, y Diconsa, conformando mesas de enlace para la función del programa.

Se tiene conocimiento que las principales enfermedades que padecen las familias, por sus condiciones de vida de precariedad son: (parasitosis del aparato digestivo y de la piel); los problemas de salud potencialmente relacionados con la exposición a plaguicidas (garganta, migraña); y los relacionados con el esfuerzo físico y la postura necesaria para el cultivo y cosecha de los diversos cultivos causan problemas en la espalda o la columna vertebral; los problemas en la garganta y los dolores de cabeza, padecimientos potencialmente asociables con la exposición a plaguicidas.

Con la eliminación de la Red de Promotores sociales establecidas en las Reglas de Operación, lo único que se promovió fue el no cumplimiento de la ley para los trabajadores agrícolas, además de que ha aumentado la explotación, y se han agudizado las precariedades en las condiciones de trabajo y de vida de las y los jornaleros, situación que atenta contra sus derechos humanos.

Cabe recalcar, que la función de dicha Red de Promotores Sociales era la de promover e identificar a los diversos grupos de trabajadores que se encuentran en condiciones precarias. Dicha Red de Promotores Sociales, estaba integrada por Gestoras y Gestores Voluntarios y Facilitadoras y Facilitadores Voluntarios, para que favorezcan la participación de las y los beneficiarios en su desarrollo personal, familiar y comunitario, la defensa de sus derechos y la identificación de proyectos para mejorar sus condiciones de vida.

Dentro de las demandas exigidas de las y los jornaleros agrícolas es el acceso al seguro social. Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) proporcione sus prestaciones, es necesario “el reporte de los días que el trabajador se encuentra incorporado al instituto, ya que con base en ello se determinan las llamadas obligaciones de cotización”; lo básico que tendría que hacer el IMSS es dar a los jornaleros su número de afiliación, y la STPS vigilar que el patrón registre a los contratados según su número de afiliación.

Antes de desaparecer, los promotores sociales recorrían los albergues de los campos agrícolas para tratar de dar solución a las necesidades más sentidas de estos trabajadores.

El deterioro de la calidad de vida de los jornaleros migrantes, al estar fuera de su territorio los hace aún más vulnerables, porque los diversos factores que señalamos en el párrafo anterior, provoca que las políticas públicas dirigidas a este sector sean inequitativas, haciendo más sensible su situación por las condiciones de explotación laboral y económica por los patrones que contratan sus servicios.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señala que:

• En México, la población de 15 años y más ocupada en actividades agrícolas, es de 5.5 millones de personas a diciembre de 2015.

• De estas, 56 por ciento son agricultores y 44 por ciento trabajadores agrícolas de apoyo (peones o jornaleros).

• De estos ocupados, 11 de cada 100 son mujeres.

• Las entidades de Chiapas, Guerrero, Michoacán de Ocampo, Oaxaca, Puebla y Veracruz de Ignacio de la Llave, concentran 58.7 por ciento de estos ocupados en el país.

• Su edad promedio es de 41.7 años.

• El promedio de escolaridad de la población con esta ocupación es de 5.9 años, esto es, primaria incompleta.

• De cada 100 trabajadores agrícolas, 24 hablan alguna lengua indígena.

• Ganan en promedio 18.5 pesos por hora laborada.

• De cada 100 trabajadores agrícolas de apoyo (peones o jornaleros), 66 son remunerados y 34 no reciben ningún ingreso.

Es necesario señalar que este trabajo va encaminado a promover, que los jornaleros agrícolas, se cataloguen como Grupo Vulnerable; como se ha señalado en diversos foros realizados en esta honorable Cámara de Diputados, por la Comisión de Grupos Vulnerables, y que estos grupos que se conocen como grupos vulnerables o como grupos sociales en condiciones de desventaja, ocupen un espacio creciente en las agendas legislativas de las políticas públicas, con especial atención a los procesos de vulnerabilidad social de las familias, grupos y personas.

El concepto de vulnerabilidad se aplica a aquellos sectores o grupos de la población que por su condición de edad, sexo, estado civil y origen étnico se encuentran en condición de riesgo que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar.

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), a fin de que se incorpore en las Reglas de Operación del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas a las Redes de Promotores Sociales, con la finalidad de favorecer la participación de los beneficiarios para su desarrollo personal, familiar y comunitario, para mejorar sus condiciones de vida.

Segundo. Que los jornaleros agrícolas migrantes sean considerados como grupos vulnerables, con la finalidad, de lograr equidad para su desarrollo humano y económico.

Palacio Legislativo, a 10 de octubre de 2017.

Diputado Germán Escobar Manjarrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y sus homólogas de las entidades afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre a difundir los datos sobre la verificación de las escuelas dañadas y dar celeridad a la reasignación de espacios de las que requieren rehabilitación, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada María Luisa Beltrán Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

El sistema de educación es una estructura, de la cual forman parte los principios, las normas y procedimientos que rigen la manera como se forman los nuevos integrantes de la sociedad. La educación de un país se relaciona con sus oportunidades de desarrollo, crecimiento económico, reducción de pobreza y desigualdad.

Para que la educación de los miles de alumnos que cursan algún nivel educativo se brinde de la manera más óptima, es necesario que estos cuenten con espacios que favorezcan su desempeño y creen un ambiente que les permita desarrollarse libremente.

Las escuelas, además de ser el lugar donde niños y jóvenes aprenden, también son el sitio donde pasan más tiempo después de su hogar. Por ello, una parte importante a considerar para el desarrollo de la educación es la infraestructura con la que operan los centros educativos.

De acuerdo con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), los espacios escolares son también lugares de convivencia, donde se expresan y desarrollan relaciones entre los distintos miembros de la comunidad escolar.

Por lo anterior, resulta necesario contar con la infraestructura necesaria y adecuada para satisfacer las necesidades de la población escolar velando siempre por su desarrollo integral.

De acuerdo con la Ley General de Infraestructura Física Educativa, en su artículo 4 se menciona que la infraestructura física educativa se compone por los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por el Estado y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, en el marco del sistema educativo nacional, en términos de la Ley General de Educación, así como a los servicios e instalaciones necesarios para su correcta operación.

Las características de la infraestructura física de las escuelas contribuyen a la conformación de los ambientes en los cuales aprenden los niños y, por tanto, funcionan como plataforma para prestar servicios educativos promotores del aprendizaje que garantizan su bienestar.1

De acuerdo con un informe presentado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, aun cuando se reconoce que los servicios educativos se pueden prestar bajo condiciones de ausencia, insuficiencia o inadecuación de la infraestructura, es deseable que el entorno donde se encuentran los niños, independientemente de la escuela a la que asistan, tenga características que permitan garantizar su bienestar y facilitar la realización de los procesos de aprendizaje y enseñanza.2

Para lo anterior el gobierno federal implemento el programa “Escuelas al Cien”, programa que se encuentra bajo la responsabilidad del Instituto de Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa creado en 2008. Con dicho programa se busca mejorar la calidad de la infraestructura de las escuelas del país, cubriendo principalmente ocho componentes: 1.- seguridad estructural como los daños en muros, pisos, techos ventanas, etc.; 2.- servicios sanitarios que comprenden la rehabilitación de instalaciones hidráulicas y sanitarias; 3.- un sistema de bebederos; 4.- mobiliario y equipo; 5.- accesibilidad; 6.- áreas de servicios administrativos; 7.- infraestructura para la conectividad y; 8.- espacios de usos múltiples.

Lamentablemente la infraestructura educativa en el país se encuentra alejada del nivel deseado, pues de acuerdo con un informe presentado por el INEE en todas las escuelas y niveles educativos hay carencias, las cuales son más visibles en las zonas rurales o comunidades indígenas.

Recientemente el país fue sacudido con dos sismos de 8.2 y 7.1 grados respectivamente que robustecieron la problemática antes mencionada, pues de acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública aproximadamente 12 mil 931 escuelas tuvieron alguna afectación, de éstas, 577 serán reconstruidas totalmente, mil 847 requieren reconstrucción parcial y el resto reparaciones parciales o trabajos menores. Para poder rehabilitarlas o reconstruirlas, el Secretario de Educación en una conferencia sobre los avances menciono que, se requieren cerca de 13 mil millones de pesos.

El siguiente cuadro muestra las escuelas afectadas por entidad federativa, así como el número de escuelas de acuerdo con las necesidades de rehabilitación, reconstrucción que cada una presenta.

Para poder solventar este gasto, se tiene acceso a un fondo que se paga año con año y que asciende a 1800 millones de pesos, un fondo de 700 millones de pesos creado por la SEP, además de que se implementara el ya mencionado programa “Escuelas al Cien” , se recibirán recursos del Fondo de Desastres Naturales y se espera exista inversión privada en beneficio de la población escolar afectada.

Si bien, se ha buscado una ruta en pro de la reconstrucción y rehabilitación de espacios educativos, actualmente cerca de 8 millones 366 mil 389 alumnos no cuentan con un espacio seguro para recibir clases, lo que ha generado que dichos estudiantes no estén recibiendo clases.

Una de las medidas que, de acuerdo con lo que menciono el Secretario de Educación, se implementara para evitar que los niños pierdan el ciclo escolar será recuperándolas los fines de semana o en el periodo vacacional, pues lo primordial es que tanto maestros como alumnos se encuentren en áreas seguras y por ende se les brinde tranquilidad a los padres y madres de familia.

En el caso de las escuelas que necesitan ser reconstruidas no se tiene claridad sobre las acciones que se implementarán, una de las posibles opciones es reacomodar a los alumnos en escuelas donde la matricula sea pequeña y permitan su inserción o, reasignado espacios para que los menores reciban clases y no pierdan el ciclo escolar.

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, se obliga a las autoridades a considerar en todas las decisiones y actuaciones el interés superior de la niñez , aunado a que la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en su artículo 57, fracción IV, menciona que es competencia de las autoridades federal, estatal y municipal: “establecer las condiciones necesarias para fortalecer la calidad educativa, tales como la relevancia y pertinencia del currículo, la disposición de la infraestructura y equipamiento adecuados para el aprendizaje y para las prácticas de enseñanza , la evaluación docente, entre otras”.3

Dada la importancia que tiene la infraestructura física en el desempeño y desarrollo integral de los alumnos, es necesario que la autoridad educativa informe sobre las acciones implementadas para evitar que los alumnos pierdan el ciclo escolar, aunado a que resulta esencial, en caso de que se les asigne un espacio, se le dé celeridad a ello, lo anterior con el fin de continuar con las labores educativas que se vieron interrumpidas con los sismo del pasado 7 y 19 de septiembre.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Educación Pública y sus homologas de las entidades afectadas por los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre, a que hagan pública la información sobre la verificación de las escuelas afectadas, de la misma forma, le den celeridad a la reasignación de espacios de las escuelas que requieren reconstrucción o rehabilitación.

Notas

1http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/D/232/P 1D232_08E08.pdf

2 Ibídem

3http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_2306 17.pdf

Dado en la sede de la Cámara de Diputados, a 10 de octubre del 2017.

Diputada María Luisa Beltrán Reyes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a emitir una resolución de carácter general que condone el cobro de derechos por el suministro de agua en Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco, a cargo de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal Norma Xóchitl Hernández Colín, integrante del Grupo Parlamentario del partido Morena a la XLIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, por medio del presente, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente:

Proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta al jefe de gobierno de Ciudad de México a emitir una resolución de carácter general por medio de la cual condone el cobro de derechos por el suministro de agua a las delegaciones Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco

Lo anterior, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El día 19 de septiembre de 2017 aconteció un fuerte sismo que, de acuerdo al Servicio Sismológico Nacional, tuvo una magnitud de 7.1 grados en la escala de Richter, que dejara, a la fecha, más de trescientas personas fallecidas, así como innumerables daños materiales en viviendas, establecimientos mercantiles, calles y avenidas de Ciudad de México y de diversas entidades federativas.1

En atención a lo anterior, el 20 de septiembre de 2017, el jefe de gobierno publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la “Declaratoria de Emergencia con motivo del fenómeno sísmico ocurrido el día diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete en la Ciudad de México”,2 en ella se menciona que la Secretaría de Protección Civil analizó la información generada y constató la evidencia fehaciente relativa a la población afectada, considerando personas lesionadas, fallecidas y evacuadas; los daños a los servicios vitales, sistemas estratégicos y medio ambiente, así como daños a la infraestructura urbana.

Por tanto, el fenómeno sísmico propicia riesgo inminente de que ocurra un desastre que ponga en riesgo la vida humana, el patrimonio de la población, los servicios vitales o los servicios estratégicos, por lo que la actuación expedita del Sistema de Protección Civil se vuelve esencial para evitar la ocurrencia.

El día 21 de septiembre de 2017, el propio jefe de gobierno publicó en la Gaceta Oficial la “Declaratoria de Desastre con motivo del fenómeno sísmico ocurrido el diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete en la Ciudad de México”,3 considerando que los daños ocurridos rebasan la capacidad de recuperación de las delegaciones afectadas y han causado afectaciones a la estructura productiva, la infraestructura vial y de servicios, que alteran las condiciones ordinarias de vida y ponen en riesgo la estructura social, la paz pública y el orden social.

En el mismo tenor, el día 26 de septiembre de 2017, jefe de gobierno publicó en la Gaceta Oficial el “Decreto por el que se instruye la elaboración del Programa y se crea el Órgano de Apoyo Administrativo a las Actividades del Jefe de Gobierno denominado Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una CDMX cada vez más Resiliente”,4 donde considera que, ante la existencia de riesgo inminente de que ocurra un desastre que ponga en riesgo la vida humana, el patrimonio de la población, los servicios vitales o los servicios estratégicos, se instruyó el inicio de procedimiento especial de atención de emergencias, así como la integración del Comité de Emergencias de Protección Civil de la Ciudad de México, para su instalación y operación en el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano.

Que de conformidad con el marco normativo del orden federal y local, el jefe de gobierno cuenta con atribuciones para expedir decretos, acuerdos, circulares entre otros, que contengan las estrategias de Gestión Integral de Riesgos, incluyendo acciones de prevención y, en su caso, de reubicación de personas damnificadas, así como acciones reactivas tales como previsiones financieras y operativas para la recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas por el siniestro.

Con lo que se pretende promover medidas que permitan a la ciudad incrementar su resiliencia y continuar con las acciones transitorias orientadas a alcanzar el entorno de normalidad social y económica que prevalecía entre la población, antes de sufrir los efectos del sismo, buscando la reducción de los riesgos existentes.

Asimismo, que conforme a la normatividad aplicable se requiere de un Programa de Contingencia para la Recuperación y Reconstrucción de la Ciudad de México, en el que conforme a las evaluaciones de daños y a las facultades de las autoridades locales, a través de los Comités de Emergencias, de Evaluación de Daños, y Subcomités, se prevean y ejecuten las acciones emergentes, así como los trabajos de obras de carácter prioritario y urgente para la lograr la reconstrucción, recuperación y transformación de la ciudad, en una cada vez más resiliente.

Que ante la emergencia es responsabilidad de las autoridades de la Ciudad de México, entre otras, restablecer los servicios vitales y estratégicos, proteger bienes tales como inmuebles críticos, para la gobernanza, información y procesos esenciales, así como el restablecimiento de los procesos administrativos y los servicios; sin embargo, a la fecha no ha ocurrido, el ejemplo paradigmático es la falta de agua desde hace casi un mes, en la delegación Tláhuac.

En tal materia, Excélsior publicó que habitantes de Tláhuac, Iztapalapa y Xochimilco viven una crisis de agua, las afectaciones del sismo a la red de tuberías de agua potable han provocado escasez. Tan sólo en la delegación Iztapalapa un millón y medio de personas padecen por falta del líquido, mientras que en Tláhuac los conflictos sociales por el agua ya comenzaron.

Conductores de pipas y vecinos afirman que los carros tanque no llegan a sus destinos porque son interceptados por grupos de personas quienes, a la fuerza, incluso a punta de pistola, se las llevan a sus unidades habitacionales o calles.

Los vecinos claman ayuda porque no hay suministro de líquido, las pipas están escasas o son muy caras y en las tiendas ya se agotó la venta de garrafones. Tal es el caso de la unidad habitacional San Rafael Atlixco.

El jefe de gobierno anunció que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México ya está operando el Acueducto de Xochimilco que se había dañado y estimó que este lunes se esté regularizando parte de suministro,5 sin embargo, esto no ha ocurrido.

Proceso menciona que alrededor de 200 vecinos de 16 colonias de la delegación Tláhuac se manifiestan en la explanada delegacional para exigir el servicio de pipas de agua potable, pues desde el sismo del pasado 19 (y algunos desde el del 7) no tienen ni una gota.

Antes de trasladarse a la explanada delegacional, los habitantes intentaron retener un par de pipas que llegaron al lugar. Sin embargo, sobre éstas ya iba gente que desde calles atrás guiaba a los choferes para ir solo a ciertas colonias.

Enojados, acusaron que están formados desde las 05:00 horas y no les han respetado el número de folio que les dieron en la delegación desde el pasado martes para distribuirles el servicio. De una carpa que funge como puesto de mando para reportar los daños por el sismo, los vecinos sacaron a un funcionario y, entre empujones, le reclamaron que les dieran agua. El empleado fue resguardado por policías, quienes lograron meterlo al edificio delegacional entre gritos y reclamos de la gente.

En entrevistas, los afectados contaron que debido a la falta del líquido e higiene, sus familiares ya comenzaron a tener problemas de salud, como diarrea. Acusaron también que los choferes de las pipas les ofrecen algunos litros a cambio de 150 pesos, cuando el servicio es gratuito.

Se trata de habitantes de las siguientes colonias y barrios: San Francisco Tlaltenco, San José, Centro de Tláhuac, Miguel Hidalgo, Santa Cecilia, La Guadalupe, San Mateo, La Draga, La Conchita Zapotitlán, San Juan, La Habana, Selene, Santa Catarina, San Andrés y San Mateo.6

El Universal reporta que los daños por el sismo de 7.1 grados se agravaron en la delegación Tláhuac por la falta de agua, debido a que el movimiento telúrico afectó tuberías importantes y se sumó el “secuestro” de pipas por parte de gente armada en la zona.

Las grietas que se abrieron con el sismo provocaron rupturas en diversas tuberías. Por ejemplo, hubo tres fracturas en una tubería de 54 pulgadas que corre por la calle Langosta, por lo que ya se realizan reparaciones por parte de una compañía.

A más de una semana del terremoto, vecinos de colonias como Del Mar siguen sin agua, mientras que en otras apenas se reanudó el suministro. Justo en uno de los frentes de obra en calle Langosta, decenas de personas acudieron con cubetas y tambos para recibir un poco de líquido provisto por el personal que se encarga de las reparaciones, pero fue en cuestión de minutos cuando se terminó de brindar el abasto.

Las pipas de la delegación no han llegado a la colonia porque “han sido secuestradas” por personas armadas que se las han llevado a otras zonas, de acuerdo con denuncias. Antonio Rangel, director de Protección Civil, confirmó ante vecinos el “secuesto de 10 pipas” en un solo día por parte de gente armada que se las lleva a otros puntos y no deja que lleguen a colonias como Del Mar.

Ese día sólo se vio que una camioneta del gobierno capitalino pudo ingresar a la colonia a repartir garrafones de agua para beber. Al respecto, el propio director aseguró que ya se comenzó a restablecer el servicio en colonias como Agrícola Metropolitana y Selene,7 sin embargo, aún existen muchas familias afectadas por la falta del suministro.

La Jornada menciona que ante el desabasto de agua, habitantes de Tláhuac e Iztapalapa toman pipas y realizan bloqueos para exigir el suministro del líquido en sus colonias. En el primer caso, las autoridades, incluso, están considerando pedir a la Marina acordonar algunos sitios por la inseguridad que prevalece, pues aunque se ha iniciado con el reparto de pipas, resulta insuficiente por la alta demanda que existe entre los pobladores.

La delegación Tláhuac tiene un registro de 700 solicitudes, de las cuales sólo se había podido atender 131, pues se presentaron once grietas de consideración que afectaron la red hidráulica. Además, resultaron afectadas mil 800 viviendas, de las cuales 122 requieren de atención prioritaria y dos más deben ser demolidas ante el riesgo de colapso.

Una situación similar se vive en Iztapalapa, en donde 200 colonias de las 293 que hay en el perímetro delegacional se encuentran sin una gota del líquido en su domicilio, lo que representa el 80 por ciento de la población. Por lo que vecinos realizan bloqueos en la calle de Insurgentes y Manuel Altamirano.

Las autoridades detallaron que se han registrado 400 fugas en el perímetro delegacional; y dos de los tres tanques de almacenamiento de agua están vacíos.8

El portal www.sinembargo.mx informa que desde hace semanas o meses, miles de colonos de las delegaciones Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco enfrentan el desabasto de agua por fallas e insuficiencia de la infraestructura de las redes hidráulicas. Sin embargo, el sismo de 7.1 grados provocó más de 700 fugas y el aumento en la demanda ha sobrepasado la capacidad de las pipas, algunas de ellas “secuestradas” por personas desesperadas, aseguraron vecinos afectados y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

En las calles, además de huellas del temblor, se observan filas largas de afectados que se forman con cubetas y botes (desde la noche o por la madrugada) para obtener el vital líquido. También compran garrafones en las purificadoras, aunque están por agotarse.

Vanessa, de Iztapalapa, relató que por la delegación te encuentras “una escena de película zombie”: las personas secuestran pipas, las peleas por el líquido vital son constantes y los dueños de pipas “hacen su agosto”. La desesperación es tanta que los vecinos ya destaparon los ductos de agua para sacarlo con cubetas y así poder bañarse o lavar su ropa.

Las autoridades de las tres delegaciones han suministrado a algunas colonias llenando cisternas o llevando pipas gratuitas, además de solicitar la reparación de las redes de agua potable dañadas. Pero en gran parte de la zona no han llegado porque no hay suficientes pipas, las asaltan o las desvían a lugares donde les ofrecen dinero, de acuerdo con los testimonios.

Rodrigo García, trabajador del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y miembro del colectivo Agua para Todos, aseguró en entrevista que dicho sistema ha abandonado durante años el mantenimiento de las redes primarias y las delegaciones no han atendido las redes secundarias. Las reposiciones se han otorgado a empresas privadas como Industrias del Agua de la Ciudad de México, lo que resulta en un gasto doble.

Sin embargo, los trabajadores del Sistema de Aguas “tienen que hacer milagros” porque no cuentan con las herramientas necesarias para reparar las fugas. Las delegaciones les niegan presupuesto, “pero más bien se desvía el recurso para otra cosa aunque sea una prioridad”. Además, aunque se cuenta con algunas plantas de rebombeo para suministrar, “han sufrido abandono en su mantenimiento y tienen fugas internas sin atender”.

En Iztapalapa, donde también colapsaron o se dañaron inmuebles, hasta el martes se reportaban 900 mil afectados por la falta de agua. Vecinos consultados coincidieron en que su problema data antes del sismo.

En el caso de Mar, que vive en un edificio de 120 departamentos, ya va para un mes. La última pipa que surtió, “ya fue hace mucho”, les cobró 20 pesos por departamento. Pero esa unidad habitacional necesita cuatro para llenar la cisterna.

Raúl también lleva un mes sin agua. Para bañarse, lavar trastes o hacer la comida, compra garrafones para cinco personas, por lo que gasta 50 pesos al día. Contó que hay vecinos que se van a formar desde la una de la mañana para poder obtener una pipa, la cual tienen que compartir con otras personas. Consideró que a raíz del sismo “empeoró más porque ya son más colonias las afectadas”.

Alejandra se unió a esa escasez por las consecuencias del terremoto. Para poder cubrir la semana, compró cuatro garrafones de agua y reutilizaron la sucia para el baño. “No ha caído y pues solo nos han dicho que las pipas las están mandando al centro”, expuso.

Desde hace quince días, Hikari no tenía acceso al servicio, pero “con el sismo empeoró la situación” porque ahora las pipas no llegan a su colonia Parajes, Buenavista. Ha optado por comprar garrafones en la purificadora, aunque “es un gasto muy fuerte (100 pesos diarios) que no podremos sobrellevar tanto tiempo”.

Al sur de la Ciudad de México, sacudida hace una semana, los habitantes también han reclamado por el servicio antes y después del siniestro. En Tláhuac, afirmó Jaqueline Ríos, es constante el desabasto. Tras el sismo de 8.2 registrado la noche del 7 de septiembre, algunos locatarios ya denunciaban fallas en el suministro. Con la llegada del terremoto similar al de 1985 toda la delegación se unió a la exigencia.

El domingo el caos reinaba. “Las pipas de la delegación brillaban por su ausencia y las privadas no querían dar ya el servicio, porque estaban secuestrando las pipas, no las dejaban llegar a su destino y mucho menos pagarles el agua”, lamentó.

En el caso de Raúl Ramos, las gotas dejaron de fluir desde el 19 de septiembre, el martes del temblor. Aunque se ha formado tres días seguidos, la pipa no había llegado “porque las secuestran”. Este lunes logró arribar una a tres calles de su casa, pero sólo le dieron un bote de 100 litros. “Fue a la mitad porque era demasiada gente”.

En la delegación Xochimilco, donde poblados fueron víctimas de la sacudida, habitantes de San Marcos, San Cristóbal, San Esteban, San Bernardino y San Gregorio Atlapulco llevan días sin agua. “Este problema también lo teníamos antes del sismo”, acusó Alma.

Rodrigo García, trabajador del Sistema de Aguas, reflexionó que el desabasto radica en las políticas de gestión al haber abandonado el mantenimiento de la infraestructura hidráulica, la cual, al igual que las edificaciones, colapsó con los temblores del 7 y 19 de septiembre pasados.9

Huffington Post publica que a través de redes sociales, colonos de las delegaciones Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco denuncian la falta de agua, incluso antes del sismo del 19 de septiembre. Vecinos aseguran que llevan casi un mes sin agua; el desabasto radica, según explican, en que no se le ha dado mantenimiento a la infraestructura hidráulica, la cual, tras el sismo del pasado 7 de septiembre, empezó a fallar y provocó la falta de agua. Después, con el sismo del 19 de septiembre, la situación empeoró.

En Tláhuac e Iztapalapa se reportan avenidas bloqueadas por los vecinos, que desesperados piden que les resuelvan el problema ya que la demanda es cada vez mayor. En estas zonas se observan personas haciendo largas filas para llenar cubetas y botes, además de que la compra de garrafones (que empiezan a escasear) está incrementando. “La desesperación es tanta que los vecinos ya destaparon los ductos de agua para sacarlo con cubetas y así poder bañarse o lavar su ropa”.

Asimismo, demandan el secuestro o desvío de las pocas pipas gratuitas que han suministrado las autoridades, que sólo llegan a donde la gente ofrece dinero.10

UnoTv informa que habitantes de la delegación Tláhuac pasaron del temor por el sismo a la angustia por la falta de agua, y las pocas pipas que han llegado son prácticamente secuestradas por algunos vecinos que las llevan a sus hogares.

A lo anterior se le suman los daños en tuberías de agua potable y de drenaje, hundimientos y socavones. Ha pasado ya una semana después del sismo, y los vecinos ahora se organizan para recoger escombros y acopiar alimentos.

Las necesidades en Tláhuac son muchas, y los vecinos afectados dicen que no estarán tranquilos hasta que llegue el agua potable a sus hogares por lo que hacen un llamado a las autoridades.11

Publimetro comparte que vecinos y piperos de diferentes poblados y barrios de las delegaciones Xochimilco, Tláhuac e Iztapalapa han denunciado el robo de camiones con los que se abastece el agua para zonas que no cuentan con el recurso desde el sismo del 19 de septiembre pasado.

A pesar de que las autoridades delegaciones han desplegado decenas de pipas para aminorar la crisis del líquido, residentes acusaron que a punta de pistola varios de estos camiones fueron desviados de sus rutas por grupos de personas armadas.

Los casos más graves se reportan en Tláhuac, donde los conductores de las pipas fueron interceptados por comandos armados y fueron obligados a suministrar agua potable a varias unidades habitacionales de la demarcación.

“Nos están secuestrando pipas, no hemos podido llegar a varios poblados porque hay varios grupos armados que no exigen a punta de pistola que esa agua sea para las colonias donde viven”, sostuvo a Publimetro , Omar Hernández, conductor de una de las pipas de agua.

Incluso, agregó que una vez que es robado el líquido, los grupos armados llegan a revender las pipas hasta en cuatro mil pesos en Iztapalapa y Tláhuac.

El modus operandi es sencillo: en varios avenidas principales, diversas personas se agrupan para bloquear el camino a las pipas y obligar al conductor a trasladarse a un punto específico.

Mientras que en Xochimilco el conflicto ha escalado a tal grado que ha provocados distintas movilizaciones, protestas y bloqueos a avenidas principales en los últimos días.

El caso más grave se viven en San Gregorio, ya que los pobladores han optado por comprar garrafones para realizar sus actividades normales como bañarse y lavar ropa.

En tanto, Iztapalapa reportó un millón y medio de personas con afectaciones por la falta de agua potable, según información de la demarcación.12

La Crónica narra que debido a la ruptura de una tubería sobre la avenida Tláhuac, ocasionada por el sismo, 40 colonias de la demarcación continúan sin suministro de agua y sus habitantes denuncian el poco o nulo envío de pipas por parte de autoridades capitalinas.

El incidente, que se localiza sobre la avenida Tláhuac esquina con la calle Magdaleno Ita, propició que el Servicio de Aguas de la Ciudad de México levantara el asfalto para cavar un hoyo en el lugar y reparar el desperfecto.

Al respecto, el ingeniero Mario Flores Campero, jefe regional de la oficina Milpa Alta-Tláhuac del Sistema de Aguas, señaló que esta tubería del acueducto Chalco-Xochimilco presenta cinco fracturas, de las cuales tres ya han sido reparadas.

“Esto ha afectado el suministro de agua hacía algunas colonias porque esta tubería es el alma de todo el sistema hidráulico de Tláhuac. Conforme vayamos solucionando fugas iremos restableciendo el servicio, ahorita ya tienen agua en Tetelco, Mixquic y San Juan Ixtayopan, y de este último para acá es donde tenemos afectado”, dijo.

Asimismo, mencionó que esta tubería tiene más de 40 años de servicio por lo que ya está llegando a su vida útil. No obstante, señaló que esta reparación es sólo parcial “a modo de que aguante un movimiento”, dijo.

A pesar de que el ingeniero del Sistema de Aguas aseguró que se puso en marcha un operativo de 80 transportes para suministrar agua a través de pipas privadas que contrató Servicios de Aguas, además de las que proporciona la delegación, vecinos de la colonia Del Mar señalaron que desde el martes y hasta hoy, ha sido poca o nula la llegada de éstas.

Sobre la avenida Sirena y en la calle de Piraña, en la colonia Del Mar, dos pipas abastecen a los vecinos, quienes con cubetas, ollas y tinacos hacen fila para poder obtener un poco del vital líquido, del cual carecen desde el pasado 19 de septiembre.

Vecinos de esta colonia señalaron que ambas pipas están siendo entregadas por una organización política de la zona, mientras consiguen que las autoridades capitalinas y de la delegación les puedan abastecer con estos transportes para llevarles agua.

Asimismo, sobre la avenida Langosta, en la colonia Del Mar, así como en la avenida Guillermo Prieto, en la colonia Miguel Hidalgo de esta demarcación, con bandeja en mano, habitantes llenan cubetas con el agua sucia que corre por sus calles, la cual sale de las excavaciones que están realizando las autoridades para arreglar las tuberías.

El señor David Rodríguez llena pacientemente una pequeña cubeta con el agua sucia que corre frente a su casa ubicada en la avenida Langosta. Mientras, a escasos metros, se encuentra un grupo de personas que llenan botes con el agua sucia que sale de la manguera que está sacando agua de una de estas excavaciones.13

La Silla Rota informa que vecinos de la colonia Del Mar no sólo sufren los daños que ocasionó el sismo del pasado 19 de septiembre en sus casas y calles. Desde entonces no tienen agua y ya es un problema.

Habitantes de esa colonia comentan que debido a que las pipas de agua de los gobiernos, delegación y de la Ciudad de México no se dan abasto, vecinos de otras zonas las “secuestran”.

“Toda la semana que no ha habido agua, las pipas no se daban abasto. Al entrar (a la colonia Del Mar) las interceptaban y se las llevaban. Aquí en Canal de Chalco y avenida Tláhuac. Venían para acá y se las llevaban a otras colonias”, señala José de Montaña Aranda.

Edliz González relata que a raíz del temblor se quedaron sin agua, pues con la falla geológica que se manifestó, y los hundimientos del suelo, las tuberías de agua potable se fracturaron.

“Vamos para nueve días sin agua. Hemos tenido que estar cazando las pipas. A veces llegan en la madrugada. Hay que estarlas buscando y esperando”, cuenta que en la colonia Del Mar hubo levantamiento del piso, hundimientos en todas las calles y la mayoría de las casas.

“Nos dicen que probablemente tendremos que evacuar toda la colonia Del Mar. Es muy probable que se hagan socavones. Aunque nuestra casa está bien, después del sismo, es probable que se hunda, porque no hay nada que la sostenga”. González agrega que el gobierno no se ha aparecido. Quienes los están ayudando son voluntarios.

“Quienes nos están ayudando son las brigadas de los Topos Aztecas, voluntarios, vinieron de la UNAM, pero por parte de la delegación no ha habido nada. De hecho nos han dicho que las pipas vienen de otro lado y no de la demarcación”.

Dice que hasta el fin de semana pasado no tenían luz. Tampoco agua. Ha sido muy complicado por la situación de las grietas y luego fallan los servicios. “Se nos fue la luz, después del sismo. Hay partes que regresaron después de cuatro días. A nosotros nos llegó al día y medio. Ahorita lo que más sufrimos es por el agua y estamos esperando el dictamen para ver si podemos habitar esta zona”.

Indica que incluso las pipas las han secuestrado. Se las llevan a otras colonias que tampoco tienen agua. “Nos han comentado que las han secuestrado, las mandan de la delegación y se las llevan. Han bajado a los choferes a punta de pistola y hay en ciertas colonias que las han resguardado con patrullas. Sí es un problema, porque todos queremos agua en la delegación. No hay suficientes pipas para que lleguen a todos lados”, lamenta.

En relación a la inseguridad, habitantes de la colonia Del Mar y La Planta en Iztapalapa, no se ha sabido de robos. Sin embargo, por la noche hay vecinos que realizan recorridos por las zonas donde las casas fueron declaradas inhabitables.14

Reforma reporta que vecinos de las colonias La Conchita y Miguel Hidalgo, en la delegación Tláhuac, bloquean el cruce de las avenidas Guillermo Prieto y Tláhuac para exigir el abasto de agua, pues no cuentan con el servicio desde el temblor del pasado 19 de septiembre.

Los afectados explicaron que, tras el sismo, dieron aviso de la problemática a la delegación, pero aún carecen del servicio.

Por la zona han circulado pipas de gobierno, detallaron, pero no se han detenido a abastecer del líquido. “Ya es una situación intolerable, hay niños, hay personas ya adultas, lo que estamos pidiendo al gobierno de la Ciudad de México que nos apoye, que nos abastezca”. “No mandan pipas porque dicen que la gente las toma cuando vienen, hemos metido oficios a la delegación para que traigan pipas, pero cuando ya vienen, la gente las abordan y se las llevan para otro lado”, explicó Martha Arzate, vecina de la Miguel Hidalgo, quien vive en una unidad habitacional con 22 torres, y en cada una hay 16 departamentos. Todos sin agua.

La desesperación de no tener agua en su casa desde el sismo magnitud 7.1 hizo que Martha colocara cubetas a la intemperie para captar lluvia. En su casa viven tres personas más y ya lleva la cuenta de 400 pesos gastados en la compra del líquido. Junto con su familia, han decidido comer en la calle o comprar garrafones para consumo humano.

“Captamos muy poquita lluvia, pusimos las cubetitas y lo poquito que se juntó, esa agua la ocupé para el sanitario, porque no hay manera de consumirla”, agregó.15

Ante el devastador escenario, presenté una proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por medio del cual solicito al gobierno de la Ciudad de México tenga a bien resolver el problema del desabasto que vulnera el derecho humano al agua, sin embargo, a la fecha no se ha resuelto.

Lo antes citado implica no sólo que las personas se vean afectadas por no tener agua, sino por el gasto que deben hacer a efecto de conseguir el líquido y no obstante, el pago que deberán realizar al Sistema de Aguas por concepto de derechos por el suministro de agua, por tanto, a efecto de no generar tres afectaciones de manera simultánea, se considera que el gobierno debe condonar el pago de derechos a las personas que desde hace un mes no cuentan con la disposición del líquido para satisfacer sus necesidades.

Lo anterior, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, instrumentos que conceden al jefe de gobierno la facultad de promulgar, publicar y ejecutar las leyes y decretos que expida la Asamblea Legislativa, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia, mediante la expedición de reglamentos, decretos y acuerdos.

Que la organización administrativa del Distrito Federal en los procedimientos y actos administrativos en general debe atender los principios de simplificación, agilidad, economía, información, precisión, legalidad, transparencia e imparcialidad.

Que el artículo 4, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

Que de conformidad con el artículo 172 del Código Fiscal del Distrito Federal, por el suministro de agua se deben pagar los derechos que se establecen; y que la fracción I del artículo 44 del citado Código, faculta al jefe de gobierno para que mediante resolución de carácter general condone o exima, total o parcialmente, el pago de las contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios.

Por las consideraciones anteriormente vertidas, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al jefe de gobierno de la Ciudad de México a emitir una resolución de carácter general por medio de la cual condone el pago de derechos por el suministro de agua, en éste y en el siguiente ejercicio fiscal, a las personas habitantes de las delegaciones Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco que padecen desabasto del líquido desde el día siete de septiembre de dos mil diecisiete.

Notas

1 http://expansion.mx/nacional/2017/09/19/se-registra-sismo-en-la-cdmx

2 http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/9f49ae033 79f5a7b40fa03d1a94b12bb.pdf

3 http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/401d3109b 178b82f72737a4ea0fa71c8.pdf

4 http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/54604f27a 811442813b86ae18e0ffebe.pdf

5 http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/09/24/1190460

6 http://www.proceso.com.mx/504657/
habitantes-de-tlahuac-reclaman-agua-potable-el-servicio-fue-suspendido-tras-el-sismo-video

7 http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/vecinos-de-la-colonia-del- mar-en-tlahuac-continuan-sin-agua

8 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/09/23/desabasto-de-agua-tras-si smo-en-tlahuac-e-iztapalapa-7756.html

9 http://www.sinembargo.mx/28-09-2017/3316815

10 http://www.huffingtonpost.com.mx/2017/09/29/
iztapalapa-tlahuac-y-xochimilco-sin-agua-antes-y-despues-del-sismo_a_23227796/

11 http://www.unotv.com/noticias/portal/investigaciones-especiales/
detalle/habitantes-tlahuac-agua-pidensolucion-pronta-860147/

12 https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2017/09/28/se-agudiza-escasez -agua-xochimilco-tlahuac-e-iztapalapa.html

13 http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1044715.html

14 https://lasillarota.com/metropoli/vecinos-de-tlahuac-sin-agua-desde-el- sismo/179893

15 http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1221246&v=4&md5=
5f2907df6911529a68162a9b244b1806&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2017

Diputada Norma Xóchitl Hernández Colín (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las entidades federativas y los municipios a implantar e institucionalizar medios de expresión y participación infantiles, como sus parlamentos y cabildos, a cargo de la diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Alicia Guadalupe Gamboa Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2; del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

El pasado mes de febrero, entre los días 13 y 17, se celebró la décima edición del Parlamento de las Niñas y Niños de México, en el Palacio Legislativo de San Lázaro; un ejercicio de participación cívica donde 300 niñas y niños de entre 10 y 12 años expresaron sus inquietudes con respecto a los temas que son de alta importancia para ellos.

Esta iniciativa interinstitucional, coordinada por el Congreso de la Unión en la que colaboraron diversas instituciones, acerca a nuestras niñas y niños a conocer su derecho a participar en un proceso de representación y ser parte de la vida parlamentaria, al tiempo que les permite reconocer la importancia de expresar su opinión y de escuchar los diversos puntos de vista de sus compañeros legisladores.

Desde 2003, año en que se realizó el primer Parlamento de las Niñas y Niños de México, este espacio en constante evolución ha formado niñas y niños que posteriormente se transforman en agentes de cambio, además, ha permitido sentar las bases para construir una armónica convivencia ciudadana entre las más de 70 mil niñas y niños de todo el país que han sido parte de este gran espacio de entendimiento, conocimiento y difusión de principios y valores.

El Parlamento Infantil, como también se conoce al Parlamento de las Niñas y Niños de México, es la voz franca de poco más de 11 millones de niñas y niños de entre 10 y 14 años de todo el país, representados en los Legisladores infantiles, este ejercicio de participación infantil permiten brindar una perspectiva diferente y refrescante al trabajo legislativo que se realiza en la Cámara de Diputados, y que sin duda, serían de mucha utilidad en los Congresos locales y Cabildos.

Estas experiencias han sido replicadas en algunas entidades de nuestro país, incluso en diversos Ayuntamientos; sin embargo, aún falta que se masifique en todos los estados y sus municipios, para seguir generando espacios de expresión para niñas, niños y adolescentes y lograr su inclusión en la toma de decisiones.

La Convención sobre los Derechos del Niño señala que los menores de 18 años son protagonistas de su propia vida, por lo que deben participar en las decisiones que les afectan, de ahí la importancia de abrir espacios de participación a los infantes debido a que también tienen derecho a ser escuchados y tomados en cuenta.

En consonancia con lo anterior, es necesario tomar en consideración que el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas señala en el numeral 16, inciso c), del documento de observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto consolidados de México la necesidad de facilitar mecanismos de denuncia y participación amigables para niñas y niños en diferentes establecimientos.

Asimismo, no debe escapar de nuestra atención que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes señala en su capítulo decimoquinto, el derecho de niñas, niños y adolescentes a la participación, y establece la obligación de las autoridades de los tres niveles a implementar mecanismo que garanticen la participación permanente y activa de los infantes en cualquier ámbito en que se desarrollen.

Fortalecer la construcción de la ciudadanía es tarea de todos, y no hay mejor forma de lograr este objetivo que abrir espacios para todos los ciudadanos de este país, fomentar la participación en la toma de decisiones nos permitirá mejorar la calidad de vida de nuestras futuras generaciones porque se estará inculcando la transformación a través de la acción democrática, por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

Puntos de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las entidades federativas a implementar e institucionalizar mecanismos de expresión y participación infantil como los parlamentos infantiles. Lo anterior con la finalidad de brindar espacios para la intervención activa en los asuntos del interés de niñas, niños y adolescentes.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los municipios a implementar e institucionalizar mecanismos de expresión y participación infantil como los cabildos infantiles. Lo anterior con la finalidad de brindar espacios para la intervención activa en los asuntos del interés de niñas, niños y adolescentes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2017.

Diputada Alicia Guadalupe Gamboa Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y los gobiernos estatales a ampliar a todo el país la red del sistema de alerta sísmica, suscrita por los diputados Sandra Luz Falcón Venegas y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben, Sandra Luz Falcón Venegas y Mario Ariel Juárez Rodríguez, integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 7 de septiembre del presente año, México fue partícipe de un sismo de magnitud de 8.2 con epicentro en Chiapas. De igual modo, el 19 de septiembre, se registró otro terremoto en Puebla de magnitud 7.1, que ocasionaron graves daños en los estados de Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Ciudad de México y estado de México, por lo que ningún estado se encuentra exento de cualquier otro percance natural.

La República Mexicana se encuentra en la zona sísmica más activa del mundo denominada Cinturón de Fuego en el océano Pacífico, principalmente en la región costera entre Jalisco y Chiapas. Así como el denominado Eje Volcánico Mexicano, ubicado en los estados de Veracruz, Puebla y el estado de México.1

Así también el territorio mexicano está situado sobre cinco placas litosféricas, en cuyos límites encontramos trincheras, centros de expansión y fallas transformantes. La mayor parte del territorio continental pertenece a la placa Norteamericana, mientras que la península de Baja California pertenece a la placa del Pacífico; en el litoral del Pacífico se tiene la microplaca de Rivera, la placa de Cocos, y la del Caribe.

Dicho lo anterior encontramos que en Baja California y el sur de California (placa del Pacífico) se están moviendo con respecto a la placa Norteamericana aproximadamente en dirección noroeste a lo largo de una serie de fallas transformantes (falla de San Andrés) que unen centros de expansión, cuya actividad lentamente aleja a este territorio del resto del país a una velocidad de 3.5 centímetros por año, por lo cual, aproximadamente en 10 millones de años se convertirá en una isla. De igual manera, las fallas oceánicas permiten la salida del magma, generando expansión del fondo oceánico.

Al sur de Baja California, justo a la entrada al Mar de Cortés encontramos la microplaca de Rivera, cuyo papel en la sismicidad continental no se conoce aún. Los lineamientos magnéticos del fondo oceánico en esta parte muestran cómo aumenta, a razón de unos 6 centímetros por año, la separación entre la placa del Pacífico y la pequeña placa de Rivera localizada entre zonas de fractura.

En la zona costera de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, debido a que las placas Cocos y Rivera se mueven hacia el noreste de la República, una parte de estas placas se hunde sobre la región bajo la placa Norteamericana (subducción) y han ocurrido desde tiempos históricos grandes terremotos, pero no es posible saber con exactitud si fueron producidos por el movimiento de la placa Rivera o Cocos.

La placa de Cocos es generada en la cordillera del Pacífico Oriental, abarca desde la zona de fracturas de Rivera hasta el sistema de cordilleras de Galápagos y es consumida en la Trinchera Mesoamericana o Trinchera de Acapulco que se extiende desde Nayarit hasta la frontera sur de Costa Rica.

Al sureste de la Dorsal de Tehuantepec se encuentra un punto triple donde un sistema de fallas separa la placa Norteamérica de la Caribe y donde la placa Cocos comienza a ser subducida bajo ésta; esto constituye significantes riesgos naturales para gran parte del centro y sur de México. La Península de Yucatán se desplaza en sentido de las manecillas del reloj y el Cinturón Volcánico Transmexicano, sigue en actividad.2

Lamentablemente, un desastre natural de tal índole no puede predecirse, pero sí existen múltiples herramientas que nos ayudan a estar preparados.

Tal como es el Sistema de Alerta Sísmica (SAS) depende del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES), que es un asociación civil, auspiciada por el gobierno del Distrito Federal, y que tiene el propósito de detectar sismos importantes en la costa del estado de Guerrero, y avisar con al menos 50 segundos de anticipación, en la Ciudad de México, de la llegada de ondas sísmicas importantes.

Este sistema, se basa en el principio fundamental de que las ondas sísmicas llamadas superficiales y que son potencialmente dañinas, viajan a una velocidad de entre 3.5 y 4.0 kilómetros por segundo, y por tanto tardan entre 75 y 85 segundos en recorrer la distancia entre la costa del estado de Guerrero (300 kilómetros), conocida como la Brecha Sísmica de Guerrero y la Ciudad de México. La detección del sismo en la costa, la estimación de su potencial tamaño, y finalmente la trasmisión de un mensaje de alertamiento, dejan aproximadamente un alertamiento para estas ondas superficiales, que se transmite 50 segundos antes de la llegada de las ondas sísmicas superficiales a la Ciudad de México.

En 1999, el gobierno del estado de Oaxaca, convino con el CIRES en desarrollar un Sistema de Alerta Sísmica para la Ciudad de Oaxaca (SASO). SASO tiene 37 estaciones sismo sensoras operando en la costa, centro y norte de Oaxaca, cubriendo su territorio sísmico peligroso. En 2005 por iniciativa de los gobiernos de Oaxaca, Ciudad de México y la Secretaría de Gobernación, se convino el compartir conocimiento oportuno del peligro sísmico de ambos arreglos de sensores del SAS y SASO para advertir tanto a la Ciudad de México como a la Ciudad de Oaxaca.

Esto conforma al Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (Sasmex), que opera de manera ininterrumpida con más de 90 estaciones sismo sensoras que alertan cualquier actividad telúrica que ocurra en el país. La mayoría de estas estaciones se encuentran en la costa del Océano Pacífico y el centro del país. Al detectar un sismo, la estación sismo sensora envía por radio los datos a los sistemas de cómputo en la ciudad por alertar. Los sistemas de cómputo envían automáticamente la señal a receptores diseñados para advertir a la población, conocidos como Sarmex (Sistema de Aviso de Riesgos Mexicano), los cuales emiten la alerta sísmica que permite a la población prepararse con anterioridad.

Asimismo, el Servicio Sismológico de la UNAM, registra, almacena y distribuye datos del movimiento del terreno para informar sobre la sismicidad del país a las autoridades y a la población en general, promueve el intercambio de datos y coopera con otras instituciones de monitoreo e investigación a nivel nacional e internacional.

Dicha dependencia está conformada por la Red Sismológica de Banda Ancha, la cual está configurada para monitorear las regiones de mayor potencial sísmico dentro de la República Mexicana. Las estaciones se localizan, en su mayoría, a lo largo de las costas del Océano Pacífico y de Veracruz, así como en el eje neovolcánico.

Los mecanismos de alerta antes mencionados no se encuentran disponibles para todos los estados de la Republica en una cobertura amplia (entendiéndose por cobertura amplia, la instalación del Sistema de Alerta Sísmica no solo en la capital de los estados, si no en todos los municipios que constituyen cada una de ellas), por lo que los habitantes de dichas entidades no tienen la oportunidad de prevenirse en ninguna de las ocasiones en que se presentan movimientos telúricos, hasta que el sismo es lo suficientemente fuerte como para ya no poder hacer prácticamente nada.

Hasta el 28 de septiembre se contaba con un total de 343 fallecidos por sismo del 19 de septiembre de acuerdo con el último reporte que emite el Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente, siendo estos: 204 los decesos en la Ciudad de México, 74 en Morelos, 45 en el estado de Puebla, en Guerrero la cifra de decesos asciende a 6 y para el estado de Oaxaca se reporta sólo un único deceso, cifras que pudieron evitarse o disminuirse aplicando el uso del Sistema de Alarma Sísmica en los estados y de manera amplia.

Por otra parte el secretario de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer, informó que de acuerdo con los registros oficiales, 10 mil escuelas tienen algún tipo de daño en las entidades afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre pasados, y 400 de ellas serán reconstruidas.

En la Ciudad de México, Puebla y Tlaxcala se registraron daños en al menos 240, 934 y 260 escuelas, respectivamente. En el estado de México se presentan daños en aproximadamente 600 escuelas, para Morelos y Guerrero se presentan daños en 48 y 93 planteles, respectivamente.3

Por lo que es de vital importancia que este Sistema de Alerta Sísmica sea colocado de manera amplia en todos los estados de la República, con la finalidad de prevenir a la población en general y poder evitar pérdidas humanas en futuros acontecimientos.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al gobierno federal y a los gobiernos de cada uno de los 31 estados y de la Ciudad de México, a ampliar el Sistema de Alerta Sísmica en cada una de las entidades y sus municipios a fin de alertar a la población en caso de algún movimiento telúrico, para que de esta manera se puedan prevenir futuras tragedias.

Notas

1 http://www.cires.org.mx/docs_info/CIRES_035.pdf

2 https://www.sgm.gob.mx/Web/MuseoVirtual/Riesgos-geologicos/Evolucion-te ctonica-Mexico.html

3 https://www.gob.mx/conalep/articulos/comunicado-sep-267-actualizacion-d e-planteles-afectados-por-sismo-e-informe-sobre-la-suspension-de-clases ?idiom=es

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2017.

Diputados: Sandra Luz Falcón Venegas, Mario Ariel Juárez Rodríguez (rúbricas).

Con punto de acuerdo, relativo a la publicación de las donaciones de personas físicas y morales para los afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre y los instrumentos a fin de que tengan acceso a los fondos, a cargo del diputado Carlos Hernández Mirón, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I, III, IV y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos, somete a la consideración de este pleno, proposición con punto de acuerdo con carácter de obvia y urgente resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

Ante la tragedia que sacudió a nuestro país, por los movimientos telúricos, en donde varios Estados de la República Mexicana sufrieron afectaciones, incluyendo a la Ciudad de México, como mexicano me ha quedado claro que la solidaridad de la sociedad civil es tan grande que no importo si se sabía de ingeniería, de urgencias médicas o de protección civil, la sociedad con un espíritu de ayuda y solidaridad ante la tragedia salió a las calles para brindar su ayuda, mano a mano, con el único fin de salvar vidas, brindar consuelo y apoyo a las víctimas de tan lamentables hechos, los medios de comunicación difundieron, los inmuebles colapsado, en donde varios personas incluyendo menores perdieron la vida. Así pasaron las primeras 72 horas después del siniestro, un clima de caos, confusión miedo, desolación.

Sin embargo, a casi tres semanas del sismo, se han realizado el recuento de los daños, en donde se ha informado, que varios inmuebles sufrieron daños, que sin bien no colapsaron al momento del sismo, lo cierto es que son viviendas que se han catalogado con daño estructural siendo inhabitable , dejando a muchas familias sin un hogar, donde en algunos casos además de haber perdido aún ser querido, perdieron también su patrimonio.

En recientes fechas, tanto el titular del Ejecutivo federal, como de cada uno de los Estados afectados y el de la Ciudad de México, han emitido los planes para la reconstrucción en cada Entidad con sus propias reglas, entendiendo que ante un siniestro como el que los mexicanos hemos vivido no hay dinero que alcance, pero como es importante destacar la solidaridad de actores políticos, empresarios, deportistas y del mundo artístico nacional e internacional que se han sumado con sus aportaciones para apoyar en la reconstrucción de los Estados afectados, e incluso se han abierto cuentas bancarias anunciando que si la sociedad civil quiere hacer su aportación lo podrá hacer mediante depósito y transferencia bancarias.

Es momento de que los mexicanos perciban que México ha ido avanzando en el tema de la transparencia , así como la rendición de cuentas, por ello ante la interrogante de saber ¿cómo se distribuyen las donaciones que ingresan vía personas físicas y morales? y las cuentas bancarias que se han abierto, ya que en diversos medios de comunicación se ha informado que después del terremoto que destruyó varios lugares de México, la comunidad internacional se ha sumado para realizar aportaciones de recursos que ayuden a la reconstrucción del país.

Desde la escena del espectáculo hasta los ídolos del deporte han demostrado una unión que va más allá de las fronteras, la lista es interminable, sin embargo, aún, se requiere de mucha ayuda, por ello es importante que se transparente estas aportaciones y lleguen a sus destinatarios que son las personas afectadas por los sismos. Por mencionar algunas donaciones.

Empresas

Facebook, Googole y AT&T, 1 millón de dólares cada uno.
Samsung México, 20 millones de pesos

Apple, 1 millón de dólares
Disney, 500 mil dólares

Famosos

Lady Gaga, 2 millones de dólares
Shawn Mendes, 100 mil dólares

Salma Hayek, 100 mil dólares
Thalía, 100 mil dólares

Deportistas

Cristiano Ronaldo, 700 mil euros
“Checo” Pérez, 3 millones de pesos

“Canelo” Álvarez, 1 millón de dólares
Miguel Layún y “Chicharito” Hernández, 3.5 millones de pesos y pretenden recaudar 9.

Gobiernos

El Vaticano, 150 mil dólares
China, 1 millón de dólares

Estados Unidos, 100 mil dólares
Corea del Sur, 1 millón de dólares

Belinda, a través de la Fundación Gaia Planeta Azul, donó víveres y habilitó espacios en distintos puntos de la ciudad como centros de acopio. Además, ha salido a las calles para entender cuáles son las necesidades de las personas que sufrieron directamente los estragos del sismo.

Asimismo, la cantante se ha comprometido a reconstruir casa en Morelos, uno de los estados más dañados.

Chicharito y Miguel Layún, seleccionados nacionales, han demostrado que el deporte no está alejado de la solidaridad. Por eso, decidieron anunciar, a través de sus redes sociales, la iniciativa #YoXMex para recaudar fondos y ayudar, de forma inmediata, a los damnificados.

Por supuesto, dos de los representantes más importantes del país a nivel internacional, Diego Luna y Gael García, no podían quedarse fuera. Ellos siempre han mostrado su apoyo a todos los movimientos sociales que se han suscitado en México. Por eso, esta vez no fue la excepción y ambos lanzaron una campaña de recaudación de fondos a través de Documental Ambulante, AC, organización fundada por ellos mismos.

Los actores utilizan la plataforma Omaze.com para recibir donaciones nacionales e internacionales que se destinarán exclusivamente a los damnificados de la Ciudad de México, estado de México, Morelos y Puebla.

Daniela Villegas, diseñadora de joyas mexicana, lanzó una iniciativa en la que lo vendido del 20 de septiembre al 24 del mismo mes, será donado, al 100 por ciento, para beneficiar a las víctimas de la catástrofe.

Eva Longoria se unió a Maluma para anunciar un evento de beneficiencia, realizado con la Fundación Global Gift, en el que lo recaudado se donará a las víctimas del sismo. A este evento asistirán, como es la costumbre, personalidades que se caractericen por ser filántropas.

Por lo expuesto y fundado, someto a esta soberanía el siguiente

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera atenta y respetuosa a los titulares del Ejecutivo federal, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros así como al titular de la Secretaría de la Función Pública, para que en la ámbito de sus competencias y facultades, hagan públicas las cifras del monto de los recursos financieros vía donaciones realizadas, para ayudar a las personas afectadas por los sismos, y se indique los mecanismo para acceder a dichas donaciones, o como será distribuidas.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera atenta y respetuosa los titulares del Ejecutivo federal del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, así como al titular de la Secretaría de la Función Pública, a que publiquen en sus portales lo relacionado a las donaciones , como, a cuánto asciende las donaciones, como será distribuido dichos fondos, como se podrá acceder a los mismos, quien será la dependencia encargada de seguimiento a que se cumpla el objetivo para lo cual se realizaron las donaciones.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2017.

Diputado Carlos Hernández Mirón (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol a tomar medidas para modificar las reglas de operación del programa 65 y Más, Pensión para Adultos Mayores, a fin de generar acciones que fortalezcan la seguridad social de éstos a través de la activación y el impulso de la red social, a cargo de la diputada Irma Rebeca López López, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada Irma Rebeca López López, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6o. y artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. De acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), en México la esperanza de vida va en aumento, actualmente es de 75 años y para este año se estima que habrá 8.7 millones de personas mayores de 65 años y más, de los cuales se encuentran distribuidos en 4.0 millones de hombres y 4.7 millones son mujeres, para 2025 se considera un aumento de 30 por ciento, por lo que se alcanzarán los 11.7 millones. De continuar esta tendencia, en 2050 la proporción será de 79 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años, y la esperanza de vida será aproximadamente de 81 y 77 años, para las mujeres y hombres respectivamente.

2. Considerado como un grupo de alta vulnerabilidad las personas adultas mayores, debido al aumento de la población que se encuentran fuera de los esquemas institucionales de seguridad social y pensiones, es un fenómeno que ha sido ampliamente documentado en nuestro país. Datos estadísticos demuestran que 26.9 por ciento de las personas adultas mayores tiene alguna dificultad para realizar las actividades básicas de la vida diaria (bañarse, vestirse, utilizar el sanitario, caminar, acostarse y levantarse) y 24.6 por ciento tienen dificultades para realizar actividades instrumentales de la vida diaria (preparación y compra de alimentos, administración de medicamentos, manejo de dinero).

3. La edad avanzada en sí no es un problema individual o social, las dificultades vienen por los riesgos de pérdida de las capacidades físicas y mentales, disminución de la autonomía y la adaptabilidad, menoscabo de roles familiares y sociales, retiro del trabajo, pérdida de capacidad económica, cese de otras actividades y deterioros en la salud de consecuencias incurables y progresivas. La vejez produce, así, un regreso a la dependencia hacia la familia en particular, y hacia la sociedad en general, con sustanciales demandas de manutención y asistencialismo.

Las condiciones de México sobre establecer o crear acciones que generen a futuro un envejecimiento exitoso de su población es por el momento, indefinido ya que se sigue viendo a este sector de la población con signos de fragilidad y dependencia, donde lo preocupante es la calidad de vida frente a las incapacidades y el deterioro funcional de los adultos mayores.

4. La insuficiencia de los servicios que las instituciones públicas otorgan a las personas envejecidas es una realidad que se ha evidenciado de muchas maneras. Entre ellas, la seguridad social y los servicios de atención a la salud se destacan por ser particularmente deficientes, a pesar de que su importancia ameritaría destinos más dignos. En esta situación, son los sistemas de apoyo informales los que se hacen cargo de las personas en edades mayores, y es, se dice otra vez, la familia la que se encarga de atender y apoyar la mayor parte de las necesidades de la vejez.

Además de esto la insuficiente cobertura de los sistemas de pensiones, el limitado acceso a servicios de salud y la escasa cultura de prevención de enfermedades agravan la vulnerabilidad natural resultante del final de la vida productiva, llevando a la dependencia, debido a las enfermedades crónicas y la reducción de la funcionalidad de las personas adultas mayores.

5. El programa pensión para Adultos Mayores 65 y Más de la Secretaría de Desarrollo Social tiene como prioridad ampliar el acceso a la seguridad social a través de un programa que asegure el bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza mediante un ingreso mínimo para las personas de 65 años y más que no cuentan con una pensión o jubilación por 580 pesos mensuales.

Además de esta gratificación monetaria el programa está diseñado para la realización de acciones que aminoren el deterioro de la salud física y mental a través de la constitución y fortalecimiento de una red social en favor de este grupo vulnerable; esta red social está enfocada a generar acciones de protección social coordinadas entre todo el sector público, para mejorar las condiciones de vida de las personas adultas mayores beneficiarias de este programa.

6. Esta red social se conforma por gestoras, gestores, facilitadoras y facilitadores voluntarios encargados de generar relaciones de colaboración, participación, crecimiento personal e intercambio de experiencias con la intención de mejorar las condiciones de vida de la población beneficiaria y sus familias, así como fortalecer el tejido social a través de técnicas de participación social.

Para ello Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a través de las diferentes delegaciones a nivel nacional implementa modelos de capacitación que permita a la o el gestor voluntario desarrollar acciones de protección social y participación comunitaria, procurando incorporar actividades sobre derechos humanos, derechos de las y los adultos mayores, desarrollo personal y cuidados de la salud, sin embargo poco se sabe del éxito de las acciones de esta red social y el impacto del programa en este rubro o sobre el diseño de las capacitaciones para el personal involucrado en la atención de nuestros adultos mayores.

7. De igual manera las y los servidores públicos involucrados en la operación del programa, deben promover, respetar, proteger y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las y los beneficiarios, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, brindando en todo momento un trato digno y de respeto a la población objetivo, con apego a los criterios de igualdad y no discriminación.

Por lo expuesto, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, para tomar medidas necesarias que modifiquen las reglas de operación del programa 65 y Más Pensión para Adultos Mayores, para generar acciones que fortalezcan la seguridad social de las y los adultos mayores a través de la activación e impulso a la red social, así como la capacitación de los promotores en materia de gerontología y derechos humanos de los adultos mayores.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, para que haga público el diseño de la operación de la red social en todo el país y su funcionalidad dentro del programa para mejorar la seguridad social de las y los adultos mayores.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2017.

Diputada Irma Rebeca López López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a adoptar medidas para hacer prevalecer el estado de derecho sobre el cumplimiento de los contratos de cobertura de las aseguradoras financieras respecto a la pérdida de viviendas en los sismos del 7 y 19 de septiembre, a cargo de la diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Mariana Trejo Flores, de la LXIII Legislatura federal e integrante de la fracción parlamentaria de Morena, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados que somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes

Consideraciones

El Consejo Asesor de Seguridad Estructural del Distrito Federal fue creado en el año 2010 con la intensión de vigilar y asesorar la construcción de edificaciones en la Ciudad de México ante un incremento acelerado de la industria de la construcción y la especulación inmobiliaria durante la primera década del Siglo XXI.

El 05 de noviembre de 2010, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, se publicó la Ley del Instituto Para la Seguridad de las Construcciones del Distrito Federal que serviría de referente

En el artículo primero de la Ley, textualmente, se lee lo siguiente:

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto crear el instituto para la seguridad de las construcciones en el Distrito Federal, como un organismo descentralizado de la Administración Pública del Distrito Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Obras y Servicios con atribuciones específicas en materia de seguridad estructural.1

La seguridad estructural se ha considerado en la Ciudad de México, como uno de los principales avances técnicos en materia de construcción a partir de 1985. Como su nombre lo indica, la seguridad estructural, busca garantizar que los edificios tengan las características y condiciones técnicas necesarias para desarrollar las actividades para los que fueron creados de manera segura. Estas condiciones aplican tanto para el uso de la edificación como durante su construcción.2

Esta seguridad contempla dos aspectos: resistencia-estabilidad y condiciones de servicio; la edificación debe resistir los esfuerzos previstos y se debe poder utilizar con normalidad.

La seguridad estructural de una edificación comprende todos los elementos estructurales como plataformas, escaleras, etcétera. La construcción de una edificación exige un proyecto redactado por una persona facultada para ello, así mismo debe presentarse ante las autoridades correspondientes y obtener una licencia de obra antes de empezar la construcción.3

En 2011, el Consejo Asesor de Seguridad Estructural, con base en la Norma Oficiales Mexicana NMX-C-407-ONNCCE-2001, así como el Reglamento de Construcción del Distrito Federal, evidenció, mediante denuncias públicas y una serie de demandas, el incumplimiento de las Normas de Construcción por parte de las empresas constructoras que laboraban en la Ciudad de México. Muchos de los edificios denunciados, desde la perspectiva del Consejo, tenían que ser demolidos pues los incumplimientos de las normas de construcción se presentaban en exceso de pisos sobre el límite de construcción permitido, problemas en cimentación, materiales de baja calidad, o exceso de peso de las estructuras sin un estudio previo de mecánica de suelos, lo que ponía en riesgo a los habitantes, ocupantes y vecinos de estas construcciones.4

En marzo de 2011, el Consejo Asesor de Seguridad Estructural, en conjunto con las principales universidades del país, como la UNAM, UAM y Politécnico, así como el Servicio Sismológico Nacional, emitieron un documento llamado “Mapa de Riesgos Sísmicos de la Ciudad de México”, en éste documento se establecía con claridad las zonas con mayor riesgo de actividad sísmica en la ciudad con base en estudios realizados a partir de 1985, lo anterior con el fin de proponer medidas de protección civil y prevención en caso de terremotos.5

Las delegaciones Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, Benito Juárez, Iztapalapa y Coyoacán, aparecían en el mapa de riesgo como las zonas más vulnerables de la ciudad en condiciones sísmicas por los estudios de suelos que se habían recopilado para la creación de éste documento.6

En el valle de México, los sismos se manifiestan de manera dramática, debido a los efectos de amplificación dinámica en depósitos lacustres. Esta amplificación se debe al entrampamiento de ondas por el contraste entre las características dinámicas de los depósitos superficiales, cuyo espesor no sobrepasa los 150 m, y de la roca basal. En el dominio de la frecuencia, la forma y amplitud de esta amplificación están controladas por el contraste de impedancias elásticas, el amortiguamiento del suelo, las características del campo incidente y la geometría del valle. Para conocer la amplificación en forma teórica es necesario recurrir a modelos de propagación de ondas. En forma empírica, la técnica más usada es la de cocientes espectrales o funciones de trasferencia empíricas. En el dominio del tiempo la respuesta se refleja en movimientos más armónicos, en el incremento de la duración y en la mayor amplitud de los registros. Los desplazamientos en la zona de lago muestran variaciones espaciales importantes y una duración excepcional. Típicamente, después de una porción con excitación de banda de frecuencias relativamente ancha se observa una coda monocromática con duración mayor a cien segundos.7

Las zonas de la ciudad con mayor riesgo sísmico, fueron, paradójicamente, en la década de los 90 y a principios del Siglo XXI, las delegaciones donde se concentró de manera exponencial el crecimiento de desarrollo inmobiliario y con ello la especulación, ante una demanda creciente de necesidad de vivienda. Con el fenómeno de especulación inmobiliaria, los precios del suelo se encarecieron en altos ritmos de crecimiento sostenido y tendencia a la alza.8

Ante el crecimiento exponencial de la industria de la construcción en la primera década del Siglo XXI, las tendencias fueron de concentración poblacional en las delegaciones Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Coyoacán e Iztapalapa. Se comenzó a reconfigurar un nuevo polo que se convertiría en el más importante para la construcción de vivienda bajo el modelo de “Edificio Multifamiliar”. Cientos de edificaciones nuevas reconfiguraron el panorama urbano en éstas zonas de la ciudad, trayendo consigo, problemas de abastecimiento de agua, espacios públicos insuficientes, demandas de bienes y servicios, crecimiento de tasas delictivas, desplazamiento de vecinos originarios, incremento del costo del metro cuadrado de construcción.

Las inmobiliarias y los gobiernos de la ciudad, federal y delegacionales, aprovechando el boom de la especulación inmobiliaria, siguieron por el derrotero de la construcción de nuevos complejos departamentales en zonas de riesgo. Es aquí donde la corrupción juega un papel preponderante, debido a que la Dirección de Protección Civil, durante los últimos diez años, guardó en celoso sigilo, el “Atlas de Riesgo Sísmico de la Ciudad” para no frenar las inversiones multimillonarias y redituables para las grandes empresas constructoras de vivienda con la premisa de una “Ciudad Vertical”.

La nueva forma de vida que se adoptó en la Ciudad de México, generó que colonias populares en antaño como las colonias Roma, Condesa, Portales y otras, como la Nápoles, Escandón, Narvarte, Del Valle, experimentaran un rápido crecimiento de este fenómeno inmobiliario.9

Las normas de construcción y los reglamentos, así como las especificaciones técnicas y, el mapa de riesgos quedó de lado por el pujante negocio donde bancos, aseguradoras, constructoras, inmobiliarias y gobierno, mantenían ganancias crecientes con precios especulados que no están acorde con el precio de la construcción de la vivienda.

Los edificios de viviendas pasaron de 4 pisos a 8 pisos en promedio, y la reducción de los metros de construcción por vivienda; se sitúo en 57 metros cuadrados en promedio por casa habitación, cuando en el año 2010, el promedio era de 95 metros cuadrados por vivienda y, el precio del metro cuadrado se elevó hasta en un 333 por ciento en una década en toda la ciudad.

Un departamento en la Colonia de Portales en el año 2007 con 95 metros cuadrados de construcción, tenía un costo de 750 mil pesos aproximadamente. En la actualidad, en la misma colonia, un departamento de 57 metros cuadrados tiene un costo de 2.5 millones de pesos.10

El costo del metro cuadrado en la colonia Portales paso en una década de 7 mil 894 pesos a 43 mil 859 pesos en la actualidad. El incremento del costo del metro cuadrado en la Ciudad de México es del 500 por ciento aproximadamente en una colonia como la Portales. Colonias como la Condesa, la Roma, Del Valle, Polanco, experimentan incremento superior debido al fenómeno de la especulación inmobiliaria en la zona.

Ciudades mexicanas como Monterrey y Guadalajara, tienen un costo promedio de 5 mil pesos por metro cuadrado, lo que expone a la Ciudad de México en una de las ciudades más caras de América Latina y el mundo para la adquisición de vivienda.

Durante el pasado sismo del 19 de septiembre, con intensidad de 7.1 grados en la escala de Richter, justo a 32 años del sismo de 1985, las cifras de pérdidas de vida y daños en edificios y viviendas es escalofriante, a sabiendas que la Ciudad de México es considerada como una de las ciudades con mayor tecnología para prevenir y soportar riesgos sísmicos.

El sismo del 19 de septiembre en cifras y estadísticas:

228 fallecidos en la Ciudad de México.

74 fallecidos en Morelos.
45 fallecidos en Puebla.

15 fallecidos en el Estado de México.
1 fallecido en Oaxaca.

Total de vidas perdidas por el sismo: 369.

3000 edificios dañados en la Ciudad de México.

500 edificios considerados como inhabitables.

51 edificios colapsados en la Ciudad de México.

4000 familias sin vivienda.

16 mil desplazados en albergues u otras zonas en la Ciudad de México.

El 8 por ciento del total de los negocios de la ciudad con daños o afectaciones.

700 mil habitantes sin agua.11

Los estados de Puebla, Morelos, Estado de México, Guerrero y Tlaxcala, presentan daños en edificios y viviendas que superan por mucho a la Ciudad de México. 9 mil 700 edificios en Puebla presentan daños estructurales de consideración.

20 mil casas en Morelos fueron afectadas por el sismo, en Tlaxcala, cerca de mil 500 viviendas presentan daños de consideración.12

Adquirir una vivienda en la Ciudad de México, una de las ciudades más pobladas del mundo es todo un reto. Las vías de adquisición de vivienda en la CDMX se estrechan más que en otras partes de la República, debido a:

a) El déficit de vivienda y terreno para construcción de la misma en la ciudad.

b) La demanda de vivienda es constante y creciente, jugando en contra con los precios del mercado que se comportan de manera creciente.

c) Los montos de créditos a través de programas gubernamentales como INFONAVIT y FOVISSSTE son insuficientes para dar cobertura al costo del inmueble.

d) Los créditos bancarios para adquisición de vivienda manejan para la Ciudad de México tasas de interés superiores al promedio nacional.

e) Los montos para ser sujetos de crédito inmobiliario en la ciudad son ajustables y toman como base un salario promedio mensual de 30 mil pesos por cada millón asignado.

f) El costo promedio de una vivienda de 65 metros cuadrados es de 1 millón 400 mil pesos, por lo cual los montos de crédito gubernamentales no alcanzan para la compra de viviendas bajo el concepto de “viviendas dignas”.

g) El promedio de habitantes por familia en la Ciudad de México es de 3.8 habitantes por vivienda. Es decir, 4 habitantes en 65 metros cuadrados, 16.5 metros cuadrados por habitante, lo que según investigaciones en materia de bienestar, son indignos para un individuo.

h) La necesidad de vivienda hace que los sujetos de crédito compren viviendas en mal estado o con afectaciones estructurales por el costo de las mismas, ya que este tipo de viviendas se rematan en el mercado inmobiliario y no se emiten peritajes para la compra-venta de las mismas.

i) Las familias que no pueden adquirir una vivienda en la Ciudad de México se ven obligadas a rentar con un pago promedio de 12 mil pesos mensuales, siendo las rentas más caras del país o desplazarse a comprar viviendas en el Estado de México o Hidalgo como opción primera, debido esto a que las desarrolladoras inmobiliarias ofrecen viviendas de costos inferiores a los ofertados en la Ciudad de México, generando con ello otro fenómeno llamado “Ciudades dormitorio” con desplazamientos de un promedio de 2.5 horas de su hogar a su centro de trabajo y viceversa.

j) Un habitante de las “Ciudades Dormitorio” viaja en promedio 6 horas al día para trabajar en la Ciudad de México, optando a la pérdida de calidad de vida por la construcción de un patrimonio inmobiliario.

Las empresas aseguradoras que operan en el país, han encontrado un nicho de mercado creciente en la Ciudad de México, pues para la adquisición de un crédito de compra de vivienda, las aseguradoras venden un seguro para la casa que se ha adquirido, sin embargo las cláusulas que imponen los bancos y las aseguradoras a los clientes son cláusulas que en términos de lógica adolecen de criterios de viabilidad para quienes adquieren una vivienda.

En promedio, las aseguradoras cubren el 70 por ciento del total del valor del inmueble, es decir; 700 mil pesos por cada millón, sin embargo funcionan no con respecto al valor de compra, sino al valor catastral del inmueble.

Un ejemplo es el siguiente: Un inmueble adquirido a través de un crédito hipotecario privado a plazo de 20 años, con un valor de 500 mil pesos te obliga a pagar lo siguiente:

Gasto inicial Monto
Concepto

Comisión de apertura $ 4,500.00
Avalúo $ 3,000.00

Estudio Socioeconómico $ 10,000.00
Enganche $ 75, 000.00

Gastos notariales $ 25, 000.00

Total $ 117, 500.00

Fuente: Promedio ponderado de instituciones bancarias en México.

Los requisitos para el crédito son los siguientes:

Para 500 mil pesos a plazo de 20 años:

• La Banca te presta $ 425, 000. 00

• 85 por ciento del costo total del inmueble.

• Tasa de interés anual fija de 10.49 por ciento

• CAT sin IVA del 12.4 por ciento

• Ingreso mínimo de 16 mil pesos mensuales.

Calculo de pago total en 20 años

Pago mensual del crédito $ 4, 240.00

Seguro de vida $ 213.00
Seguro de daños $ 120.00
Seguro de vivienda $ 650.00

Mensualidad Total $ 5, 223.00

Pago Total Anual $ 62, 676.00

Costo total en 20 años: $ 1, 253, 520.00

Fuente: Promedio ponderado del total de las instituciones financieras en México para 2017.

Al final del pago del inmueble, se cubre un total de 294 por ciento del total del crédito ejercido, es decir, el crédito se cobra casi tres veces al valor total del inmueble.

Las aseguradoras, como se refirió con antelación, en sus cláusulas manejan coberturas del 70 por ciento del valor catastral del inmueble, es decir, en 500 mil pesos dan cobertura a 350 mil pesos, sin alterar los montos de pago de crédito o deudas. Un ciudadano pierde su inmueble y la aseguradora responde con 350 mil pesos en caso de sismo y, la deuda con el banco continúa en los términos referidos en los contratos iniciales. En estos términos, el banco siempre gana, la aseguradora siempre gana y el propietario siempre pierde.

Otra cláusula interesante que aparece en los contratos de las aseguradoras para dar cobertura a la vivienda, es que se plantean especificaciones en la intensidad de los sismos, situando a los de magnitud de 8 grados como los de mayor referencia. En el caso del sismo de 7.1, las aseguradoras no quieren hacerse responsables de la cobertura de daños, refiriendo que no fue un sismo de un alto grado como el establecido en los contratos y aducen que las constructoras son las responsables de la edificación y ellas, las constructoras deben de cubrir los daños. Lo anterior sale de denuncias ciudadanas que esperan que la Condusef encuentre las rutas de salida entre aseguradoras y damnificados.

Este punto de acuerdo pretende evidenciar la situación de corrupción, falta de legalidad, contratos leoninos, edificaciones sin respetar las especificaciones técnicas y demás que se evidencian con el sismo del 19 de septiembre.

Los casos antes referidos son aplicables para todo el territorio nacional, por lo cual, se usa el ejemplo de la Ciudad de México para también ejemplificar lo ocurrido en Chiapas, Oaxaca, estado de México, Puebla, Morelos y Tlaxcala.

La situación imperante en el país es grave, estamos a merced de las tasas de interés de la banca privada, la incapacidad gubernamental de solucionar, las condiciones atípicas en desastres naturales y los contratos legales que operan a merced de la opacidad y, en favor de los intereses de los financieros y no en favor de quien contrata los servicios, es por ello que presentamos, con todo lo demás constante en invocado en el proemio, ante el pleno de la honorable Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura federal el siguiente

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura federal exhorta respetuosamente al Secretario de Gobernación, en la facultad de sus competencias a intervenir directamente en la revisión y mediación de los casos de las viviendas aseguradas que colapsaron o están en condiciones inhabitables para que las aseguradoras respondan a cabalidad con la cobertura de sus servicios financieros.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al titular de la Condusef para que establezca mecanismos de negociación con la Banca Privada para revisar en términos legales, no en términos de las políticas internas de las empresas financieras, si no en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de las Leyes de que ella emanan, la reestructuración de deudas, pago de servicios y cumplimiento de obligaciones de la banca hacia los ciudadanos por las condiciones de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017.

Tercero. La Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura Federal exhorta al Secretario de Gobernación para establecer los mecanismos de investigación pertinentes, a través de las instancias correspondientes, que permitan esclarecer lo sucedido en el caso de edificios colapsados en la Ciudad de México. Los peritajes han informado que no cumplían con las normas ni especificaciones técnicas de construcción. Es necesario conocer públicamente si existen casos de corrupción en favor de intereses particulares, vinculando gobierno y empresas.

Cuarto. La Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura federal exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a que haga pública a través de los canales correspondientes, Gaceta Oficial, sin candados legales, el “Atlas de Riesgo Sísmico de la Ciudad de México” con la finalidad de prevenir riesgos futuros para la ciudad.

Notas

1 http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/r371901.htm

2 http://francor.com.mx/que-es-la-seguridad-estructural/

3 Ingeniero Civil Especialista en Estructuras; Luis Manuel Márquez Ruíz, Universidad Autónoma de Zacatecas.

4 http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/753101.html

5 http://www.ai.org.mx/ai/archivos/coloquios/2/Riesgo%20sismico%20de%20la %20Ciudad%20de%20Mexico.pdf

6 http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/753101.html

7 http://www.ai.org.mx/ai/archivos/coloquios/2/Riesgo%20sismico%20de%20la %20Ciudad%20de%20Mexico.pdf

8 Licenciado Miguel Vargas Mendoza. “Concentración Poblacional, fenómeno de concentración de riqueza”. Universidad Autónoma de Zacatecas, Maestría en Economía Regional de la Unidad Académica de Economía.

9 Licenciado. Miguel Vargas Mendoza; “La especulación inmobiliaria y sus ganancias en la zona dorada de la Ciudad”. Universidad Autónoma de Zacatecas. Unidad Académica de Economía, Maestría en Economía Regional.

10 (Ibídem)

11 INEGI, fuentes oficiales y declaraciones del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

12 Declaraciones de los gobiernos estatales a la prensa.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2017.

Diputada Mariana Trejo Flores (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la atención inmediata de las regiones de Cañada, Sierra Norte, Papaloapan y Costa, de Oaxaca, afectadas por las intensas lluvias de la tormenta Ramón el 3 y 4 de octubre, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Natalia Karina Barón Ortiz, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, relativo a la atención inmediata de las regiones de Cañada, Sierra Norte, Papaloapan y Costa del estado de Oaxaca, afectadas por las intensas lluvias de la tormenta Ramón, el 3 y 4 octubre al tenor de las siguientes:

Consideraciones

De acuerdo con el Sistema estatal de Protección Civil del Estado de Oaxaca, el 3 y 4 de octubre los remanentes de la tormenta ”Ramón” dejaron de incidir sobre territorio oaxaqueño, sin embargo, el fenómeno hidrometereológico dejó a su paso daños y afectaciones considerables en cuatro de las ocho regiones del Estado de Oaxaca perjudicando viviendas e infraestructura carretera que impidió el paso efectivo de ayuda y evacuación de damnificados siendo que, para la atención inmediata, se usaron lanchas para rescatar a los afectados.

En un boletín del 4 de octubre, el gobierno del Estado, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO), informó de las afectaciones de manera pormenorizada, las cuales se transcriben a continuación sumándose, además, a la delicada situación de desastre que prevalece en el territorio de Oaxaca por los sismos del 7 y 19 de septiembre y el paso de otros fenómenos hidrometereológicos reportados previamente. La lista de regiones impactadas por la tormenta Ramón es la siguiente:

Comunidades afectadas

La grave situación de estas regiones de Oaxaca afectadas por el paso de la tormenta Ramón llevó a diversas autoridades municipales de las zonas cuicateca, mazateca y teotiteca a publicar una carta, el pasado 6 de octubre, dando cuenta de la situación de emergencia solicitando, de forma inmediata, la intervención del gobernador de Oaxaca para que, a la brevedad, se solicite la declaratoria de desastre. Los municipios solicitantes son:

• San Juan Bautista Cuicatlán (Región Cañada);

• Teotitlán de Flores Magón (Región Cañada);

• Chiquihuitlán de Benito Juárez (Región Cañada);

• Santa Ana Cuauhtémoc (Región Cañada);

• Cuyamecalco Villa de Zaragoza (Región Cañada);

• San Pedro Teutila (Región Cañada);

• San Andrés Teotilalpam (Región Cañada);

• Santa María Tlalixtac (Región Cañada);

• San Francisco Chapulapa (Región Cañada);

• San Miguel Santa Flor (Región Cañada);

• Concepción Pápalo (Región Cañada);

• Santa María Teopoxco (Región Cañada);

• San Juan Coatzospam (Región Cañada);

• San Pedro Jocotipac (Región Cañada).

Como se ha expuesto, los daños y pérdidas humanas son de gravedad en diversas regiones de Oaxaca por lo que se estima urgente el exhorto al Secretario de Comunicaciones y Transportes para que realice las acciones y ejecute los programas necesarios para la rehabilitación de carreteras federales en las regiones de Cañada, Sierra Norte, Papaloapan y Costa afectadas por la tormenta Ramón el 3 y 4 de octubre.

De la misma forma, para reactivar la economía de las zonas afectadas y lograr la reconstrucción de caminos y viviendas inundadas, se estima oportuno el exhorto a los Secretarios de Desarrollo Social y de Comunicaciones y Transportes para que realicen la liberación de recursos que permitan la aplicación del Programa de Empleo Temporal Inmediato para las comunidades de las regiones de la Cañada, Sierra Norte, Papaloapan y Costa

Finalmente se considera el exhorto al Gobernador de Oaxaca para que, en el ámbito de su competencia, considere la solicitud de declaratoria de desastre a la Secretaría de Gobernación a fin de que se apliquen los recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) a los municipios y comunidades de las regiones de la Cañada, Sierra Norte, Papaloapan y Costa afectadas por las intensas lluvias de la tormenta Ramón así como el exhorto al director de Caminos y Aeropistas de Oaxaca para que realice las acciones inmediatas que permitan la rehabilitación de los caminos y carreteras afectados en las comunidades de los diversos municipios de las regiones de la Cañada, Sierra Norte, Papaloapan y Costa afectadas por las intensas lluvias de la tormenta Ramón.

Por lo anterior expuesto, se presenta a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al secretario de Comunicaciones y Transportes a realizar la liberación de recursos que permitan la aplicación del Programa de Empleo Temporal Inmediato - SCT para coadyuvar en la rehabilitación de caminos, carreteras y puentes de las comunidades en los municipios de las regiones de Cañada, Sierra Norte y Papaloapan afectados por las intensas lluvias de la tormenta Ramón el 3 y 4 de octubre.

Segundo. Se exhorta al secretario de Desarrollo Social a realizar la liberación de recursos que permitan la aplicación del Programa de Empleo Temporal Inmediato – Sedesol para coadyuvar a la rehabilitación de viviendas de las comunidades en los municipios de las regiones de Cañada, Sierra Norte, Papaloapan y Costa afectados por las intensas lluvias de la tormenta Ramón el 3 y 4 de octubre.

Tercero. Se exhorta al gobernador del estado de Oaxaca para que, en el ámbito de su competencia, proceda a solicitar la declaratoria de desastre ante la Secretaría de Gobernación a fin de que se apliquen los recursos del Fondo de Desastres Naturales a las comunidades en los municipios de las regiones de la Cañada, Sierra Norte, Papaloapan y Costa afectadas por las intensas lluvias de la tormenta Ramón el 3 y 4 de octubre.

Cuarto. Se exhorta al gobernador del estado de Oaxaca para que, en el ámbito de su competencia, realice la inmediata aplicación de recursos e instrumentos financieros del estado que permitan la rehabilitación de caminos, carreteras, puentes y viviendas de las comunidades en los municipios de las regiones de Cañada, Sierra Norte, Papaloapan y Costa afectados por las intensas lluvias de la tormenta Ramón el 3 y 4 de octubre.

Quinto. Se exhorta al director de Caminos y Aeropistas de Oaxaca a realizar las acciones inmediatas que permitan la aplicación de recursos para la rehabilitación la de caminos, carreteras y puentes de las comunidades en los municipios de las regiones de Cañada, Sierra Norte, Papaloapan y Costa afectados por las intensas lluvias de la tormenta Ramón el 3 y 4 de octubre.

Palacio Legislativo de San Lázaro. Ciudad de México a 10 de octubre 2017.

Diputada Natalia Karina Barón Ortiz (rúbrica)