Gaceta Parlamentaria, año XX, número 4879-I, jueves 5 de octubre de 2017
- De los diputados Alfredo Anaya Orozco, Ulises Ramírez Núñez, Elías Octavio Íñiguez Mejía, Juan Carlos Ruiz García, Verónica Delgadillo García y Gloria Himelda Félix Niebla, mediante las que solicitan el retiro de iniciativas
- De la Cámara de Senadores, mediante la cual remite tres proposiciones con puntos de acuerdo a fin de solicitar a esta soberanía que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018 considere y destine recursos para varios rubros, suscritas por legisladores de diversos grupos parlamentarios
- De la Secretaría de Gobernación, con la que remite el quinto informe de labores de la SRE
De los diputados Alfredo Anaya Orozco, Ulises Ramírez Núñez, Elías Octavio Íñiguez Mejía, Juan Carlos Ruiz García, Verónica Delgadillo García y Gloria Himelda Félix Niebla, mediante las que solicitan el retiro de iniciativas
Palacio Legislativo, a 2 de octubre de 2017.
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
Presidente de la Mesa Directiva
Cámara de Diputados
Presente
Sirva la presente para solicitarle de la manera más atenta, con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, que la iniciativa con proyecto de que reforma el artículo 52 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, publicada en Gaceta Parlamentaria el 28 de abril del presente año, sea retirada de las Comisión Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, para efecto de profundizar su contenido y en su caso, presentarla posteriormente.
Sin otro asunto más por el momento, quedo a sus más distinguidas y finas consideraciones.
Atentamente
Diputado Alfredo Anaya Orozco (rúbrica)
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2017.
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
Presidente de la Mesa Directiva
Cámara de Diputados
Presente
Sirva la presente para solicitarle de la manera más atenta, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, que la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción III al artículo 88 de la Ley de Hidrocarburos y adiciona una fracción V y se recorre la subsecuente al artículo 113 de la Ley de Petróleos Mexicanos, presentada por un servidor el 23 de agosto de 2017, ante la Comisión Permanente, sea retirada de la Comisión de Energía, con la finalidad de profundizar sobre su contenido y, en su caso, poder presentarla posteriormente.
Sin otro particular, quedo de usted, reiterándole mi respeto y consideración.
Atentamente
Diputado Ulises Ramírez Núñez (rúbrica)
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de septiembre de 2017.
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados
Estimado diputado:
Con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de .a Cámara de Diputados, me permito solicitar muy atentamente a ese órgano de gobierno, sea retirada la siguiente iniciativa, inscrita en la Gaceta Parlamentaria de la sesión correspondiente al 2 de febrero de 2017:
• Expediente 5399. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Turnada a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.
Para efecto de que se realicen las acciones conducentes y se actualicen los registros parlamentarios.
Reciba mis más sinceras consideraciones.
Atentamente
Diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica)
Ciudad de México, a 3 de octubre de 2017.
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
Presidente de la Mesa Directiva
Presente
Estimado diputado Jorge Carlos, esperando este correo le encuentre bien, me permito solicitarle que gire sus apreciables instrucciones para retirar la iniciativa, con número de oficio DGPL- 63II-5-2564, por la que se reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y General de Salud, presentada el 28 de abril de 2017, ante esa Mesa Directiva.
La finalidad de retirar la iniciativa es para fortalecer los antecedentes dado los fenómenos naturales que se han presentada recientemente y que sin duda dan perspectiva sobre la calidad del aire y la planeación en nuestra país.
Sin otro particular le envió mis más cordiales saludos.
Atentamente
Diputado Juan Carlos Ruiz García (rúbrica)
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2017.
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados
Presente
Con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito de la manera más atenta sea retirada la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 11 de enero del presente año turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales con el expediente 5206, lo anterior con la finalidad de alcanzar los acuerdos y plazos necesarios para su aprobación.
Sin otro particular asunto agradezco su amable atención.
Atentamente
Diputada Verónica Delgadillo García (rúbrica)
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2017.
Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín
Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados
Presente
Sirva la presente para solicitar de la manera más atenta, con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, que la iniciativa con proyecto que reforma y adiciona el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, presentada por una servidora el 14 de marzo del presente año, sea retirada de la Comisión de Trabajo y Previsión Social para efecto de profundizar sobre su contenido y, en su caso, presentarla posteriormente.
Sin otro asunto más por el momento, quedo a sus consideraciones.
Atentamente
Diputada Gloria Himelda Félix Niebla (rúbrica)
De la Cámara de Senadores, mediante la cual remite tres proposiciones con puntos de acuerdo a fin de solicitar a esta soberanía que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018 considere y destine recursos para varios rubros, suscritas por legisladores de diversos grupos parlamentarios
Ciudad de México, a 28 de septiembre de 2017.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Comunico a usted que, en sesión celebrada en esta fecha, el senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación, así como a sus homólogas de las 32 entidades federativas, a los municipios del territorio nacional y las delegaciones de la Ciudad de México a trabajar en la elaboración o, en su caso, actualización de los atlas de riesgos y en la creación de una aplicación para dispositivos móviles de alertas de desastres naturales.
Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, mismo que se anexa, se turnara a la Comisión de Protección Civil de la Cámara de Senadores el primer resolutivo y por ser asunto de su competencia, a la Cámara de Diputados, el segundo de ellos.
Atentamente
Senadora Graciela Ortiz González (rúbrica)
Vicepresidenta
Senador David Monreal Ávila, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta honorable soberanía, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Ley General de Protección Civil, establece como una obligación para el Centro Nacional de Prevención de Desastres la integración del Atlas Nacional de Riesgos. En su artículo 83 se encuentra estipulado que El Gobierno Federal, con la participación de las entidades federativas y el Gobierno de la Ciudad de México, promoverá la creación de las bases que permitan la identificación y registro en los Atlas Nacional, Estatales y Municipales de Riesgos de las zonas en el país con peligro para la población, el patrimonio público y privado, que posibilite a las autoridades competentes regular la edificación de asentamientos.
El Atlas Nacional de Riesgos, de acuerdo a la Ley, es el sistema integral de información sobre los agentes perturbadores y daños esperados, resultado de un análisis espacial y temporal sobre la interacción entre los peligros, la vulnerabilidad y el grado de exposición de los agentes afectables.
Asimismo, los gobiernos de los estados y los municipios se encuentran obligados a establecer sus atlas de riesgos, en los cuales deberán estipular los diferentes niveles de peligros y zonas de vulnerabilidad, para todos los fenómenos que influyan en las distintas zonas. Haciendo uso de dicha información e instrumentos, las autoridades deben tomar decisiones para la autorización o no de cualquier tipo de construcción, obras de infraestructura o asentamientos humanos.
Aunado a ello, se contempla que las entidades deben promover y garantizar que el Atlas Nacional de Riesgos sea de fácil acceso a la población, procurando que su elaboración siga las directrices del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Además, de acuerdo con las disposiciones de la Ley, los atlas de riesgos deben ser tomados en cuenta por parte de las autoridades como un marco de referencia para la elaboración de políticas y programas en todas las etapas de la Gestión Integral del Riesgo.
De acuerdo a la Ley General de Protección Civil, en su artículo 19 fracción XXII, segundo párrafo, el Atlas de riesgo se integra con la “información a nivel nacional, estatal, del Distrito Federal, municipal y delegacional. Consta de bases de datos, sistemas de información geográfica y herramientas para el análisis y la simulación de escenarios, así como la estimación de pérdidas por desastres. Por la naturaleza dinámica del riesgo, deberá mantenerse como un instrumento de actualización permanente.”
Bajo esta tesitura y a consecuencia de los fenómenos naturales que han azotado este año al país causando fuertes inundaciones, pérdidas humanas y materiales en todo el territorio nacional, pero de manera particular los sismos ocurridos los días 7 y 19 de septiembre, los cuales causaron graves daños a las entidades federativas de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Veracruz, resulta pertinente hacer una revisión a fondo del estado en que se encuentran tanto el Atlas Nacional de Riesgos, como los atlas estatales y municipales que por Ley deben estar elaborados.
A pesar de que por Ley tanto autoridades federales como locales están obligadas a elaborar el atlas de riesgo, de acuerdo a sus atribuciones, en los hechos esta información no es pública, o bien no se difunde con la amplitud necesaria entre la población. A nivel Federal, dentro del Programa Nacional de Protección Civil 2014-2018,1 se establece que la importancia del Atlas Nacional de Riesgos, radica en que representa el marco de referencia para la elaboración de políticas públicas preventivas que mitiguen el riesgo de desastres. Del mismo modo, se reconoce que éste se encontraba desactualizado y su escala de representación no permitía llevar a cabo consultas sobre el nivel de riesgos existentes en una zona de interés y tampoco identificar con precisión los tipos de zonas de riesgo. A raíz de este diagnóstico, la Secretaría de Gobernación debió emprender la actualización del Atlas Nacional de Riesgos.
Al día de hoy, es posible consultar en el sitio virtual del Atlas Nacional de Riesgos, información referente al monitoreo de fenómenos naturales, de los sistemas de información geográfica sobre riesgos, así como los vínculos electrónicos con los atlas de riesgos de entidades como Guerrero, Puebla y Tabasco, así como de municipios de los Cabos y Reynosa. Sin embargo, mucha de esta información se encuentra desactualizada, o bien, no resulta de una fácil interpretación para quienes no son especialistas en el tema de protección civil.
En este sentido, el programa de Protección Civil en cuanto al desarrollo de los atlas locales, señala que “aunque las entidades federativas han hecho esfuerzos en la integración de información sobre los peligros y vulnerabilidades existentes en su territorio, por medio del desarrollo de sus atlas de riesgo, éstos no se encuentran consultables ni homogenizados en una plataforma común, tampoco consideran el componente de cambio climático, lo que dificulta su consulta por parte de los tomadores de decisiones y la población en general.”2
De esta manera y a partir del diagnóstico elaborado, dentro de las estrategias de protección civil se plantearon los siguientes objetivos:
• Supervisar el desarrollo y actualización de los Atlas Estatales, Municipales y Delegacionales, bajo criterios homogéneos, integrándolos al Atlas Nacional.
• Asesorar a las entidades federativas en la integración de sus Atlas Estatales, Municipales y Delegacionales de riesgos.
• Garantizar la operación continua y actualización de las bases de datos del Atlas Nacional de Riesgos.
• Vincular el Atlas Nacional de Riesgo con el Atlas de Vulnerabilidad ante Cambio Climático.
Sin embargo, a más de cuatro años de anunciada la estrategia nacional de protección civil, y después de los lamentables desastres naturales ocurridos en los últimos meses en el país, no hay claridad respecto del estado que guardan tanto el Atlas Nacional, como los atlas de riesgos locales.
Tan sólo en el estado de Oaxaca, de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, de 570 municipios solamente 9 cuentan con atlas municipal de riesgos, los cuales son: San Sebastián Tutla, Santa Lucía del Camino, Santa Cruz Xoxocotlán y Oaxaca de Juárez en la zona de los valles centrales; San Juan Bautista Tuxtepec, en la región de la Cuenca del Papaloapan; Juchitán de Zaragoza y Salina Cruz, en la zona del Istmo; Santa María Huatulco, en el Distrito de Pochutla e Ixtlán de Juárez, en la sierra norte del estado.3
En el caso de la Ciudad de México, a pesar de que existe información generada al respecto, ésta no ha sido difundida, ya que la autoridad “clasifica como reservado el Atlas de Riesgos, hasta que el interesado compruebe su interés jurídico por la información.”4 Esto a pesar de que durante la pasada y la actual administración local, hasta el año 2015 se habían destinado alrededor de 103 millones 682 mil 634 pesos en la elaboración y actualización del Atlas de Peligros y Riesgo de la Ciudad de México;5 sin embargo, no existe una difusión pública del mismo, con la finalidad de que dicha información permita la toma de decisiones tanto a las autoridades, como a la ciudadanía.
Incluso especialistas en el tema han señalado que “la planeación urbana de la Ciudad de México ha sido desordenada, sin contar con un Atlas de Peligros y Riesgo y con un Programa General de Desarrollo Urbano (PGDU) que no se ha actualizado en por lo menos 10 años [...] el crecimiento de la ciudad, sin contar con dos referentes normativos esenciales como estos, implica serios riesgos.”6 Esta falta de transparencia en la publicidad de los atlas de riesgos locales, en particular en la Ciudad de México, propicia la especulación y las interpretaciones, relacionando su opacidad con actos de corrupción.
En este sentido, el presente punto de acuerdo tiene por objeto exhortar a la Secretaría de Gobernación, para que a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, así como a los gobiernos de las 32 entidades federativas y de todos los municipios del país, fortalezcan la realización o en su caso actualización de los atlas de riesgos locales conforme a la Ley General de Protección Civil. Asimismo, se solicita trabajar de manera coordinada para la creación de una plataforma digital de fácil acceso para la ciudadanía, en la cual se explique y se exponga toda la información respecto de los riesgos que existe en cada región del país, así como la creación de instrumentos, talleres y cursos virtuales en materia de protección civil, dirigidos a toda la población.
Además, se pide respetuosamente al Ejecutivo Federal, gire las instrucciones y destine los recursos necesarios, para la creación de una aplicación de dispositivos móviles, en la cual la población puedan consultar información respecto de los atlas de riesgos; asimismo, servirá para que la Coordinación Nacional de Protección Civil pueda enviar alertas para cualquier tipo de contingencia, y en consecuencia los ciudadanos en tiempo real puedan recibir la información.
De igual modo, se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 destine una partida presupuestal especial para la elaboración o en su caso actualización de los atlas de riesgos Federal, estatal y municipal.
El 2017 ha representado un año de tragedias para el país, si bien no se puede cambiar el orden de los hechos ocurridos, sí es posible trabajar en materia de prevención de riegos, ya que lamentablemente México se encuentra en un territorio de gran vulnerabilidad frente a desastres naturales. Es por ello que la mejor inversión debe estar en identificar posibles causas y prevenir futuras pérdidas humanas.
Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía los siguientes
Punto de Acuerdo
Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, así como a sus homólogas de las 32 entidades federativas, de los 2,457 municipios del territorio nacional y 16 delegaciones de la Ciudad de México, para que:
• Elaboren o en su caso actualicen los atlas de riesgos que corresponda a sus territorios, conforme a lo establecido en la Ley General de Protección Civil;
• Actualicen y mejoren el diseño y funcionamiento de la plataforma del Atlas Nacional de Riesgos a fin de que sea accesible y transparente;
• Diseñen e implementen cursos y talleres en línea en materia de protección civil y atlas de riesgos, y
• Elaboren una aplicación para dispositivos móviles de acceso gratuito para la población, que contenga la información tanto del Atlas Nacional de Riesgos, por medio de la cual la Coordinación Nacional de Protección Civil pueda emitir en tiempo real cualquier tipo de alertas sobre contingencias o fenómenos naturales.
Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que en el proceso de análisis, discusión y aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, destine una partida presupuestal especial para la elaboración o en su caso actualización de los atlas de riesgos tanto Federal, como de las entidades, municipios y delegaciones de la Ciudad de México.
Notas
1 Véase “Programa Nacional de Protección Civil 2014-2018”, Diario Oficial de la Federación, [en línea], consultado 26/09/2017, disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343076&fecha=30/04/2 014
2 Ídem.
3 Mejía Francisco. “Sólo 9 de 570 municipios tiene Atlas de Riesgos; uno es Juchitán” Milenio [en línea], consultado 26/09/2017, disponible en: http://www.milenio.com/estados/municipios-atlas_riesgos-juchitan-oaxaca -sismo-prevencion-proteccion_civil-milenio_0_1030097004.html
4 Yáñez, Jorge. “Derechos humanos y manejo del riesgo en la CDMX”, Animal Político [en línea], consultado 26/09/2017, disponible en http://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-invitado/2017/07/24/derech os-humanos-manejo-del-riesgo-la-cdmx/
5 Gómez, Tania. “Atlas de riesgo, un fantasma de 103 mdp”, El Universal [en línea], consultado 26/09/2017, disponible en: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015/09/19/atlas-de -riesgo-un-fantasma-de-103-mdp
6 Navarro, María Fernanda, “Salen de los escombros preguntas sobre la pobre planeación urbana”, Forbes, [en línea], consultado 26/09/2017, disponible en: https://www.forbes.com.mx/salen-de-los-escombros-preguntas-sobre-la-pob re-planeacion-urbana/
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a los 28 días de septiembre de 2017.
Senador David Monreal Ávila (rúbrica)
Ciudad de México, a 28 de septiembre de 2017.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018 una partida presupuestal para poder continuar los trabajos relacionados con la construcción de la presa Santa María, en Sinaloa, así como para que funcionen de manera eficaz los consejos de cuenca.
Con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senadora Graciela Ortiz González (rúbrica)
Vicepresidenta
El que suscribe, senador Aarón Irízar López, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, numeral 1, fracción II, y 276, numeral 1, fracción I, del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración del pleno la proposición con punto de acuerdo por la que el Senado de la República exhorta de manera atenta y respetuosa a la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que, en ejercicio de sus atribuciones legales, incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018 una partida presupuestal que tenga como finalidad poder continuar los trabajos relacionados con la construcción de la presa Santa María, en Sinaloa, así como para que funcionen de manera eficaz los consejos de cuenca, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Presa Santa María
La presa Santa María es un proyecto por medio del cual dicha presa ubicada en el sitio conocido como Santa María, y pertenece a Rosario, al sur de Sinaloa.
El proyecto de la presa de almacenamiento Santa María, sobre el río Baluarte, se localiza en las estribaciones de la Sierra Madre Occidental, en la planicie costera noroccidental del sur de Sinaloa en la margen izquierda y derecha del río Baluarte, en el municipio Rosario.
Colinda al norte con los límites de Durango, municipio Pueblo Nuevo; en Sinaloa, al sur, con el parteaguas de la microcuenca del arroyo Plomosas, al oeste con el parteaguas de la microcuenca del río Baluarte y al este con los límites de la poligonal de la comunidad de Santa María, Sinaloa.
Es conveniente enfatizar que dicho proyecto es un compromiso de gobierno del presidente, Enrique Peña Nieto, por lo que la construcción de esta presa de almacenamiento (tipo enrocamiento en Sinaloa) debe tener las consideraciones presupuestales que el caso ameritan, a fin de estar en condiciones de poder abastecer de agua a toda la población, y así se resuelva de manera concreta la problemática de carestía de agua que tiene esta zona.
Se debe además puntualizar que el proyecto de construcción de la presa Santa María forma parte del proyecto hidroagrícola Baluarte-Presidio en su segunda etapa, ya que la primera etapa lo constituye la presa Picachos, inaugurada en 2012.
Las superficies ocupadas para la construcción de la presa, es decir, el área del proyecto, serán los terrenos y las propiedades que se encuentran en el vaso de la presa de almacenamiento en el sitio Santa María y el camino de acceso a la presa.
La construcción de la presa implicará un costo presupuestado originalmente de 6.22 millones de pesos, logrando como beneficio la obtención de 722 millones de metros cúbicos de producción de agua.
Además, debe resaltarse que el proyecto resultó factible en virtud de que ya que no había restricciones de ningún tipo, desde el punto de vista técnico, económico, social y ambiental, para su construcción.
El proyecto es multidimensional y sectorial, razón por la cual, los beneficios son diversos; uno de los beneficios más tangibles que podrá tener la población sinaloense es el relacionado a lograr un crecimiento sostenido en las zonas rurales y generar los empleos formales que permitan mejorar la calidad de vida de la población; además, dicho crecimiento económico se ha pensado hacer respetando y preservando los recursos naturales y respetando el ambiente.
Otro gran beneficio está relacionado con el hecho de que se impulsará el desarrollo agrícola en esta región, pues se aprovecharán los escurrimientos superficiales para el logro de dicho objetivo.
Así, de manera genérica el proyecto de construcción de la presa Santa María pretende lograr lo siguiente:
• Aprovechar el río Baluarte y sus afluentes mediante la construcción de una presa de almacenamiento;
• Suministrar agua para uso agrícola en la región sur de Sinaloa, en 24 mil 250 hectáreas;
• Proporcionar agua para uso urbano en bloque para los municipios de Rosario y Escuinapa;
Elevar el nivel de vida de los pobladores de la zona sur del Estado de Sinaloa;
• Generar energía eléctrica en la zona sur del estado de Sinaloa, con una generación media anual de 217 GW/hora; y
• Disponer de un volumen de agua para el gasto ecológico (14 mm cúbicos anuales).
Respecto al tema agrícola, tenemos que la presa Santa María permitirá incorporar 24 mil hectáreas al cultivo, así como la producción de 722 millones de metros cúbicos de agua para irrigar esas 24 mil hectáreas de 43 mil del proyecto original, y la generación de 231 GW/hora al año.
Además, entre los objetivos de la infraestructura hidráulica que se consideraron para Sinaloa, tenemos que reviste de particular importancia la creación de un distrito de riego, que impulsará la producción agrícola, y consolidará a Sinaloa como el principal granero de México.
Además, también facilitará el fomento a la piscicultura, la pesca, el desarrollo turístico y, en un futuro, la generación de energía eléctrica.
Con la concreción de la presa Santa María, en el sur del estado, se permitirá incorporar 24 mil hectáreas al cultivo, y se producirán 722 millones de metros cúbicos de agua para irrigar dichas hectáreas.
A lo largo de los años trascurridos se han suscitado una serie de ajustes presupuestales que han repercutido en el desarrollo programado de esta importante obra hidráulica; además de otro tipo de problemáticas sociales con los comuneros de la zona.
Respecto a la construcción de la presa, se debe mencionar que la empresa mexicana ICA en noviembre de 2014 se adjudicó un contrato de obra pública para su construcción, con un precio unitario de 3 mil 989 millones de pesos por la Comisión Nacional del Agua y su dependencia cabeza de sector, la Secretaría de Medio Ambiente, y Recursos Naturales.
Dicho contrato de obra tenía un plazo de tres años; sin embargo, por razones de índole presupuestal, en la actualidad el programa de construcción se encuentra en negociación.
Por la situación económica que ha atravesado nuestro país en los últimos años resulta comprensible el que se tengan que realizar ajustes a diferentes proyectos; sin embargo, es que apelo a la necesidad de concretar proyectos de este tipo, en virtud de que su eventual concreción, conllevará una serie de beneficios que se deben ponderar, a fin de que se logren los objetivos planteados.
Finalmente, me parece conveniente señalar que desde el Senado de la República, y desde que este proyecto de infraestructura hidráulica fue anunciado como compromiso de gobierno, he estado preocupado por abonar esfuerzos ante las instancias relacionadas con el tema, a fin de que el proyecto de construcción de la presa Santa María salga adelante, pese a todo tipo de problemáticas que a lo largo de los años y las circunstancias se han suscitado; y que de esta manera y sin contratiempos, se obtengan los resultados que se plantearon desde un principio.
Lo he realizado en virtud de que el proyecto de la presa Santa María representa para Sinaloa una obra hidráulica que traerá consigo un cúmulo de beneficios a la población sinaloense.
Por esa razón me parece pertinente y oportuno realizar un atento y respetuoso exhorto a la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en ejercicio de sus atribuciones legales pueda establecer en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018 una partida presupuestal que tenga como finalidad el poder continuar los trabajos relacionados con la construcción de la presa Santa María, en Sinaloa.
Consejos de cuenca
Los consejos de cuenca son órganos colegiados de integración mixta que se constituyen como instancia de coordinación y concertación, apoyo, consulta y asesoría entre la Comisión Nacional del Agua y las instancias federales, estatales y municipales, los representantes de los usuarios del agua y las organizaciones de la sociedad.
Son entes pensados para ser funcionalmente complementarios; sus funciones son importantes para la planeación, prospección, desarrollo, implantación y evaluación de la política hídrica nacional, regional y local. Sus potencialidades hacen de los consejos de cuenca un eficaz instrumento de control y vigilancia de programación y ejercicio presupuestal para el sector.
Recordemos que en la reforma de la Ley de Aguas Nacionales de 2004 se introdujo el concepto de “organismo de cuenca” y se fortaleció el de “consejos de cuenca”, a través de su reestructuración y ampliación de funciones:
a) Concertar las prioridades del uso del agua;
b) Participar en la definición de los objetivos generales y los criterios para la formulación de los programas de gestión del agua de la cuenca;
c) Promover la coordinación y complementación de inversiones;
d) Contribuir al saneamiento de las cuencas y cuerpos receptores de aguas residuales;
e) Contribuir a la valoración económica, ambiental y social del agua;
f) Apoyar el financiamiento de la gestión regional del agua;
g) Conocer la información y documentación referente a la disponibilidad en cantidad y calidad, los usos del agua y los derechos registrados; y
h) Impulsar el uso eficiente y sustentable del agua, impulsar el reúso y la recirculación de las aguas.
Para el ejercicio fiscal de este año se ha previsto una reducción al sector hídrico, por lo cual resultan notablemente afectados diferentes proyectos de inversión de la Conagua relacionados con infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como en lo que tiene que ver con el Programa de Desarrollo Organizacional de los Consejos de Cuenca de la Conagua.
Por lo anterior, de manera enfática me resulta de suma preocupación plantear que la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados realice una valoración sobre la posibilidad de que los dos rubros aquí planteados no se vean afectados de manera considerable, para lo cual, solicito que en la medida de lo posible, se le pueda asignar una partida presupuestal específica que permita que la continuación y desarrollo de lo que en cada caso se plantea.
Por todo lo expuesto me permito someter a consideración del Senado de la República la siguiente proposición con punto de acuerdo
Resolutivo
Único. El Senado de la República exhorta de manera atenta y respetuosa a la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que en ejercicio de sus atribuciones legales incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018 la respectiva partida presupuestal que tenga como finalidad
1. Continuar los trabajos relacionados con la construcción de la presa Santa María, en Sinaloa; y
2. Contribuir a que los consejos de cuenca puedan funcionar de manera eficaz, a través de la pertinente asignación presupuestaria al Programa de Desarrollo Organizacional de los Consejos de Cuenca de la Conagua.
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, a 28 de septiembre de 2017.
Senador Aarón Irízar López (rúbrica)
Ciudad de México, a 28 de septiembre de 2017.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Comunico a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, los senadores Francisco Salvador López Brito, María del Rocío Pineda Gochi y Martha Palafox Gutiérrez, presentaron proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a asignar mayores recursos económicos para programas de prevención, adecuado control y tratamiento del cáncer de próstata de México dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018.
Con fundamente en les artículos 66, párrafo 1, inciso a), y 67, párrafo 1, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 276, párrafo 2, del Reglamento del Senado, se dispuso que dicho punto de acuerdo, que se anexa, por ser asunto de su competencia, se turnara a la Cámara de Diputados.
Atentamente
Senadora Graciela Ortiz González (rúbrica)
Vicepresidenta
Los que suscriben, Francisco Salvador López Brito, María del Rocío Pineda Gochi y Martha Palafox Gutiérrez, senadores de la Republica, ante el pleno de la honorable Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión en la LXIII Legislatura, con fundamente en los artículos 8, fracción II del numeral 1 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados, para que asigne mayores recursos económicos para programas de prevención, adecuado control y tratamiento del cáncer de próstata en México dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018, con base en las siguientes
Consideraciones
Según estimaciones de la propia Organización Mundial de la Salud, la iniciativa de cáncer a nivel mundial podría aumentar en 50 por ciento para 2030. Dicha cifra de incremento podría estar directamente relacionada con las dinámicas poblacionales de envejecimiento de la población mundial, así como de la falta o baja efectividad de los programas adecuados que prevengan, controlen y traten el padecimiento.
En nuestro país la situación y proyección no varía; la mortalidad nacional –en 2013– estado situada como la tercera causa de muerte entre los mexicanos con 12.8 por ciento del total de las defunciones, sólo por debajo de las enfermedades cardiacas (24.3 por ciento) y la diabetes mellitus (14.3 por ciento). Del total de las muertes por cáncer, 45.5 por ciento a población mayor a esta edad.
La tasa de mortalidad por cáncer por cada 100 mil habitantes se incrementó de 58.7 en 2000 a 65.1 para 2013. Estas cifras de mortalidad comprueban que, para este periodo, los cánceres de hombres, como lo son la próstata, pulmón y de estómago. Ocuparon los tres primeros sitios. Por su parte, para la población de mujeres, los más altos fueron el cáncer de mama, cervicouterino y estómago.
Según la Unión Internacional contra el Cáncer, esta enfermedad es la tercera causa de muerte en México y cada año se suman más de 128 mil casos de mexicanos. Desde 2008, es la principal causa de muerte en el mundo.
La mayoría de los cánceres pueden ser tratables si se detectan de manera oportuna. No obstante, en México, 60 por ciento de los casos son detectados en etapas avanzadas.1 En 2009 la tasa de mortalidad por cáncer en México fue de 65 por cada 100 mil habitantes, según las cifras más recientes, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi.2
El cáncer de próstata es un tumor maligno que empieza a crecer en la glándula prostática y que en sus etapas iniciales no presenta síntomas específicos. Más de 65 por ciento de todos los cánceres de próstata se diagnosticas en hombres de más de 65 años.3
Durante 2012, en México, el cáncer de próstata fue la neoplasia más frecuente, y la primera causa de muerte provocada por tumores malignos en hombres, con una tasa de 18.6 por ciento, derivado de una incidencia de 14 mil 16 casos (21.4 por ciento) de un total de 65 mil 540 casos de cáncer (excluyendo cáncer de piel no melanoma), y por arriba del cáncer de pulmón (8.3 por ciento) y de colon (7.1 por ciento).
Asimismo, su tasa de mortalidad ascendió a 6 mil 367 casos (16.5 por ciento), que es mayor a la mortalidad provocada por cáncer de mama (5 mil 689 casos, representados en 14.2 por ciento)4 .
De acuerdo con las defunciones por tumores malignos en 2008, entre los hombres, el mayor porcentaje de lesiones malignas fue en la próstata (8.1); y entre las mujeres, el cáncer de mama (7.6), seguido por los tumores malignos de ovario (6.4 por ciento).5
El cáncer de próstata en México representa un grave problema de salud pública. El número de muertes se ha incrementado considerable y sostenidamente en los últimos años, pasando 3,542 muertes en 1998 a 5 mil 666 defunciones en 2011. En este periodo de tiempo el cáncer de próstata paso de ser la cuarta causa de muerte por neoplasias en nuestro país, a la segunda causa, por debajo del cáncer de pulmón. Lo que las estadísticas de mortalidad también demuestran es que mientras el número de muertes por cáncer cervicouterino se ha reducido de manera significativa en el mismo periodo, el número de muertes por cáncer de próstata se ha incrementado (ver gráfica 1).6
Si bien el cáncer de próstata es considerada como una enfermedad que genera gastos catastróficos por parte el Consejo de Salubridad General, los datos arrojados por los índices de mortalidad que se ha señalado, no reflejan la reacción oportuna por parte del Estado mexicano, a través del Sistema Nacional de Salud, y mucho de ello es atribuible a la falta de asignación de recursos que permita el establecimiento de programas idóneos de prevención, control y tratamiento para este padecimiento.
Considerando que el gasto público en materia sanitaria es definido y distribuido según lo contenido en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018, que a su vez conforma diversos ramos, administrativos, autónomos, generales y en el referente a las unidades no coordinadas.
Debido a que el sector salud mexicano se encuentra sectorizado través de diversas instituciones y entidades gubernamentales como lo son Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Secretaría de Salud federal y las secretarías para cada una de las 32 entidades federativas, existe complejidad para establecer lineamientos únicos para el ejercicio del gasto en salud, más allá de los ejes plasmados en el Programa Sectorial de Salud. Por tal motivo, resulta imperante la necesidad de establecer asignaciones presupuestales específicas para los programas de atención para el cáncer de próstata.
Luego entonces y a fin de garantizar una atención integral de cáncer de próstata, que contemple prevención, diagnóstico oportuno, control y tratamiento de la enfermedad, con el objeto de disminuir su incidencia y la mortalidad, es importante que existan políticas públicas con asignación presupuestal específica, que permitan un uso eficiente y transparente y homologado de los recursos para la prevención, diagnóstico, control y tratamiento.
Pese a ello, para este año, el gobierno federal recortó el presupuesto de salud, provocando afectaciones directas a siete de 13 programas prioritarios, por un monto conjunto de 242.3 millones de pesos, equivalente a 0.9 por ciento menos respecto a su presupuesto destinado originalmente.
Cabe mencionar que, el Programa Sectorial de Salud, que rige las directrices sanitarias de la actual administración, publicado en diciembre 2013, establece como uno de sus objetivos estratégicos, mejorar el proceso para la detección y atención de neoplasias malignas, principalmente cáncer cervicouterino, de mama y próstata.
No obstante lo anterior, y a pesar de que las cifras reflejan un alto de mortalidad en hombres a causa del cáncer de próstata, en México actualmente no existen los recursos suficientes que permitan el establecimiento de programas y tratamientos que mitiguen dicho índice, pues los propios datos de consulta –que son limitados– así lo reflejan.
Finalmente, es importante destacar que de manera reciente se presentaron propuestas para una Estrategia Nacional contra el Cáncer de Próstata, lo anterior, como respuesta a una necesidad que se ha tornado cada día más urgente de resolver y de la cual resulta indispensable la toma inmediata de acciones, para que el Congreso de la Unión, de manera conjunta, promueva medidas que promuevan las asignaciones presupuestales necesarios para atender la enfermedad. De esta manera, se considera que el género masculino en México se encuentra en una situación de vulnerabilidad, ya que no cuenta con la orientación debida y necesaria que le permita un diagnóstico temprano y tampoco el acceso a los tratamientos necesarios para atender el cáncer de próstata, en gran parte por la falta de recursos disponibles.
Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la honorable Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para que asigne mayores recursos económicos a la Secretaría de Salud con el objeto de reforzar programas de prevención, adecuado control y tratamiento del cáncer de próstata en México, dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018.
Notas
1 http://www.incan.salud.gob.mx/
2 http://www.inegi.org.mx/inegi/deraut.aspx?c=274
3 http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/cancer-prostata
4 Camppell-Waish Urology, 9th ed., 2007/Registro Histopatólogico
de Neoplasias Malignas, Ssa, México 2003/Globacan2012:
estimatedcancerincidence,mortality prevaleceworldworidwidein 2012
5 Fuente: Inegi. Estadísticas vitales. Defunciones 2008.
6. Inegi. Estadísticas de mortalidad. Disponible en: Consulta marzo 2013.
Ciudad de México, a 28 de septiembre de 2017.
Senadores: Francisco Salvador López Brito (rúbrica), María del Rocío Pineda Gochi y Martha Palafox Gutiérrez.De la Secretaría de Gobernación, con la que remite el quinto informe de labores de la SRE
Ciudad de México, a 28 de septiembre de 2017.
Señor Diputado
Licenciado Jorge Carlos Ramírez Marín
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presente
Como es de su conocimiento el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que: “Los Secretarios del Despacho, luego que esté abierto el período de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guarden sus respectivos ramos”.
En cumplimiento de dicho mandato constitucional, me permito remitir a usted 500 ejemplares del Quinto Informe de Labores de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cantidad equivalente a los ciudadanos legisladores integrantes de ese órgano legislativo y 25 ejemplares adicionales para centros de estudio y bibliotecas de dicha Cámara. Adicionalmente también le envío un disco compacto que contiene la versión electrónica del informe de referencia.
Lo anterior, con el propósito de que se haga llegar a las y los diputados federales el ejemplar correspondiente del informe anual de labores de la dependencia referida.
Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para hacerle llegar un saludo cordial.
Licenciado Felipe Solís Acero (rúbrica)
Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos
Con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional
Ciudad de México, a 28 de septiembre de 2017.
Secretarios de la Cámara de Diputados
Presentes
Para los efectos de lo dispuesto en la fracción e) del artículo 72 constitucional, me permito devolver a ustedes el expediente que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha.
Atentamente
Senadora Graciela Ortiz González (rúbrica)
Vicepresidenta
PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
Artículo Único. Se reforma la fracción XLIV, del párrafo 2, del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para cambiar la denominación de la Comisión de la “Reforma Agraria” quedando como “Desarrollo Agrario”, pasando a ser la fracción XVIII, recorriéndose en su orden las actuales XVIII a la XLIV, conservando el texto actual las fracciones XLV a la LIII, para quedar como sigue:
ARTICULO 39.
1. ...
2. La Cámara de Diputados contará con las comisiones ordinarias y especiales que requiera para el cumplimiento de sus funciones.
Las comisiones ordinarias serán:
I. Agricultura y Sistemas de Riego;
II. Agua Potable y Saneamiento;
III. Asuntos Frontera Norte;
IV. Asuntos Frontera Sur-Sureste;
V. Asuntos Indígenas;
VI. Asuntos Migratorios;
VII. Atención a Grupos Vulnerables;
VIII . Cambio Climático;
IX. Ciencia y Tecnología;
X. Ciudad de México;
XI. Competitividad;
XII. Comunicaciones;
XIII. Cultura y Cinematografía;
XIV. Defensa Nacional;
XV. Deporte;
XVI. Derechos de la Niñez;
XVII. Derechos Humanos;
XVIII. Desarrollo Agrario;
XIX. Desarrollo Metropolitano;
XX. Desarrollo Municipal;
XXI. Desarrollo Rural;
XXII. Desarrollo Social;
XXIII. Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial;
XXIV. Economía;
XXV. Educación Pública y Servicios Educativos;
XXVI. Energía;
XXVII. Fomento Cooperativo y Economía Social;
XXVIII. Fortalecimiento al Federalismo;
XXIX. Ganadería;
XXX. Gobernación;
XXXI. Hacienda y Crédito Público;
XXXII. Igualdad de Género;
XXXIII. Infraestructura;
XXXIV. Justicia;
XXXV. Juventud;
XXXVI. Marina;
XXXVII. Medio Ambiente y Recursos Naturales;
XXXVIII. Pesca;
XXXIX. Población;
XL. Presupuesto y Cuenta Pública;
XLI. Protección Civil;
XLII. Puntos Constitucionales;
XLIII. Radio y Televisión;
XLIV. Recursos Hidráulicos;
XLV. Relaciones Exteriores;
XLVI. Salud;
XLVII. Seguridad pública;
XLVIII. Seguridad Social;
XLIX. Trabajo y Previsión Social;
L. Transparencia y Anticorrupción;
LI. Transportes;
LII. Turismo, y
LIII. Vivienda
3. ...
TRANSITORIOS
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Todos los asuntos turnados a la actual Comisión de la Reforma Agraria, se entenderán remitidos a la Comisión de Desarrollo Agrario.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 28 de septiembre de 2017.
Senadora Graciela Ortiz González (rúbrica)
Vicepresidenta
Senador Juan Gerardo Flores Ramírez (rúbrica)
Secretario