Proposiciones de urgente u obvia resolución
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Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS a reforzar las acciones de inspección en los centros laborales en las entidades federativas afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Ana Georgina Zapata Lucero, Diputada Federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente u Obvia Resolución, al tenor de las siguientes:

C O N S I D E R A C I O N E S

El pasado martes 19 de septiembre de 2017, a las 13:14:40 horas del centro del país, tuvo lugar un terremoto que afectó severamente diversas entidades federativas. Dicho fenómeno natural, según informó oportunamente el Servicio Sismológico Nacional (SSN), tuvo una magnitud de 7.1; su epicentro fue localizado en el límite estatal entre los estados Puebla y Morelos, a 12 km al sureste de Axochiapan, Morelos y a 120 km de la Ciudad de México y fue sentido fuertemente en la zona central del país.

Ante ello, previo a entrar en materia, considero oportuno reconocer a través de este instrumento parlamentario, la solidaridad de la sociedad civil cuya intervención y altruismo ha sido esencial para afrontar las tareas de búsqueda y rescate, de recolección de ayuda humanitaria, así como de limpieza y remoción escombros en aquellas zonas que ha sido posible.

Desafortunadamente, las afectaciones provocadas por el citado sismo, consistieron, hasta el pasado 24 de septiembre, en un total de 321 personas fallecidas, 183 de ellas en la Ciudad de México; 73 en Morelos; 45 en Puebla; 13 en el Estado de México; seis en Guerrero, y uno en Oaxaca. Cifra que lamentablemente puede aumentar en las próximas horas. Asimismo causó lesiones o algún tipo de daño que requirió atención médica a más de 3 mil personas, según informó el Gobierno Federal a través de cuenta de Twitter (@gobmx), uno de los principales mecanismos de comunicación que han sido empleados para retroalimentar información entre sociedad civil y gobierno durante y posterior al acontecimiento el fenómeno natural.

Por otra parte, según información disponible hasta el 25 de septiembre, el sismo causó el derrumbe de 38 edificios1 en la Ciudad de México; en el Estado de Puebla, según informó el Gobernador, se contabilizaron más de 10 mil viviendas afectadas que se repararán o reconstruirán, según sea el caso y alrededor de 200 iglesias dañadas;2 por su parte, en el Estado de Morelos se reportaron cerca de 10 mil viviendas afectadas en 17 municipios del Estado;3 mientras que en el Estado de México, según informó el gobernador Alfredo del Mazo, se tienen registrados daños en 2 mil 34 casas, 2 mil 236 escuelas, de las cuales 234 sin inoperables y en 136 iglesias.4

Lo anterior se suma a los daños registrados anteriormente en los estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco, debido precisamente a un sismo ocurrido el 7 de septiembre con una magnitud de 8.2, que afectó directamente dichas entidades y cuyos daños fueron incrementados por el reciente sismo del pasado 19 de septiembre.

Aunado a ello, una gran variedad de edificaciones han quedado con daños que a la fecha no han podido ser cuantificados en su totalidad, debido al arduo trabajo que actualmente mantienen las autoridades de protección civil a nivel estatal y federal.

En tal sentido, resulta fundamental que las diversas autoridades refuercen las medidas de inspección en aquellos inmuebles que hayan sido afectados por el sismo y que deriven en un riesgo latente y potencial para los ciudadanos que hemos podido sobrevivir a un evento de semejante magnitud. Ello es precisamente la intención de esta Proposición, coadyuvar a ejercer la tarea de información y de control evaluatorio conforme a lo dispuesto por el artículo 93 constitucional, a efecto de que dichas tareas proporcionen mayor certeza a los ciudadanos respecto a las labores y acciones institucionales que se implementan en esta coyuntura en la que desafortunadamente se encuentran diversas zonas del país, una de las demandas más sensibles que se han externado por parte de la sociedad civil. Asimismo, se busca que la información obtenida sirva de herramienta para el perfeccionamiento de las medidas preventivas y reactivas de carácter normativo desde el Poder Legislativo, en favor de los ciudadanos.

Al efecto, se busca que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en acompañamiento de las autoridades correspondientes a nivel federal y estatal, refuercen las acciones de inspección en los centros laborales para garantizar que las condiciones de trabajo, especialmente aquellas de carácter estructural de los inmuebles, luego del sismo del 19 de septiembre, no representen peligro y un foco potencial de riesgos de trabajo.

Es oportuno señalar que según la propia STPS, a través de Rogelio Figueroa Velázquez, Director General de Inspección Federal del Trabajo, ha señalado que hasta el momento han emitido 22 restricciones a centros de trabajo de las cuales 17 son totales y 6 parciales debido a que los daños en los edificios representan un riesgo para los empleados. Asimismo, ha detallado que hasta el 24 de septiembre, se han recibido en dicha dependencia federal, 645 quejas en la CDMX, Estado de México, Morelos y Puebla relacionadas con daños en los centros del que pueden ser un riesgo para los trabajadores, de las cuales se han atendido 551.5

También resulta oportuno señalar lo establecido por el artículo 427, fracción I de la Ley Federal del Trabajo, mismo que se transcribe a continuación para su pronta referencia:

“Artículo 427.- Son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento:

I. La fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón , o su incapacidad física o mental o su muerte, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa, la suspensión de los trabajos;

II. a VII. ...”

Al respecto, es necesario reconocer que la cantidad de trabajo que en estos momentos posee la STPS en esta materia es mucho y arduo. Pese a ello, se han implementado medidas institucionales importantes, tal es el caso de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), quien pone a disposición del público en general los números gratuitos 01 800 911 7878 y 01 800 911 7877 para, entre otros servicios, atender casos de trabajadores que han sido despedidos injustificadamente por ausencia laboral debido a que sus viviendas se derrumbaron o sufrieron algún daño.

Sin embargo, ello no obsta para que aún existan denuncias de centros labores que obligan a sus trabajadores a ingresar a instalaciones que no han sido evaluadas y cuenten con la aprobación respectiva que garantice la seguridad del total de los trabajadores. En ello también radica la principal preocupación de esta Proposición, ya que dicha garantía resulta fundamental para asegurar de forma previa, la salvaguarda de la integridad de vidas humanas y evitar en la mayor medida posible, secuelas aún más catastróficas del multicitado fenómeno natural.

El hecho de que algunos patrones imprudentemente obliguen a sus trabajadores a ingresar en centros laborales con daños que comprometan la seguridad personal de los trabajadores y sin contar con las autorizaciones correspondientes, a todas luces configura el supuesto contenido en el artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo, mismo que se cita a continuación en las partes que interesan:

“Artículo 51.- Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el trabajador:

I. a VI. ...

VII. La existencia de un peligro grave para la seguridad o salud del trabajador o de su familia, ya sea por carecer de condiciones higiénicas el establecimiento o porque no se cumplan las medidas preventivas y de seguridad que las leyes establezcan;

VIII. Comprometer el patrón, con su imprudencia o descuido inexcusables, la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentren en él; y (Sic.)

IX....

X. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera graves y de consecuencias semejantes, en lo que al trabajo se refiere.”

Lo anterior, al mismo tiempo, incurre en una contravención a lo previsto por el artículo 132, en sus fracciones XVI, XVII y XVIII de la propia LFT, que a la letra señala:

Artículo 132.- Son obligaciones de los patrones:

I. a XV. ...

XVI. Instalar y operar las fábricas, talleres, oficinas, locales y demás lugares en que deban ejecutarse las labores, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo , a efecto de prevenir accidentes y enfermedades laborales. Asimismo, deberán adoptar las medidas preventivas y correctivas que determine la autoridad laboral;

XVI Bis. ..

XVII. Cumplir el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad , salud y medio ambiente de trabajo, así como disponer en todo tiempo de los medicamentos y materiales de curación indispensables para prestar oportuna y eficazmente los primeros auxilios;

XVIII. Fijar visiblemente y difundir en los lugares donde se preste el trabajo, las disposiciones conducentes de los reglamentos y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo , así como el texto íntegro del o los contratos colectivos de trabajo que rijan en la empresa; asimismo, se deberá difundir a los trabajadores la información sobre los riesgos y peligros a los que están expuestos;

Ahora bien, como se mencionó anteriormente, con esta Proposición se busca también que la autoridad laboral informe a esta Soberanía, una vez concluidas las labores de inspección, sobre los resultados de las mismas, a efecto de conocer puntualmente los resultados y derivado de ello, analizar posibles perfeccionamientos jurídicos que permitan, en coyunturas como la que se presenta ahora, contar con herramientas legislativas que aseguren la seguridad de los trabajadores mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta Soberanía, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN

PRIMERO. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en el marco de la respetuosa colaboración entre poderes, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a que, en acompañamiento de las autoridades correspondientes a nivel federal y estatal, refuercen las acciones de inspección en los centros laborales en todas aquellas entidades federativas afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre, para garantizar que las condiciones de trabajo, especialmente aquellas de carácter estructural de los inmuebles, no representen peligro y un foco potencial de riesgos de trabajo.

SEGUNDO.- En el mismo marco se exhorta a que, una vez concluidas las inspecciones en materia de seguridad, haga públicos los resultados de éstas, informando puntualmente el total de centros de trabajo que hayan sido revisados, aquellos donde se hayan emitido restricciones totales y parciales, y aquellos que hayan obtenido alguna sanción.

Notas

1 http://www.milenio.com/df/derrumbes-cdmx-df-ciudad_de_mexico-edificios_colapsados
-sismo-temblor-milenio_5_1034946497.html

2 http://www.puebla.gob.mx/prensa-y-comunicacion/item/
1503-inicia-tony-gali-censos-en-las-zonas-afectadas-por-el-sismo

3 http://www.milenio.com/estados/fotos-morelos-sismo-jojutla-zonas_afectadas
-municipios-milenio-noticias_5_1034346557.html

4 http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/edomex-pide-declaratoria -de-desastre-en-12-municipios-por-sismo

5 http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/patrones-que-expongan-tra bajadores-riesgos-seran-sancionados-stps

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 3 días del mes de octubre de 2017.

Diputada Ana Georgina Zapata Lucero (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a considerar para los contribuyentes afectados por los sismos de septiembre el otorgamiento de diversos beneficios fiscales adicionales a los publicados en el DOF, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita diputada federal Minerva Hernández Ramos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional representado en esta LXIII Legislatura correspondiente a la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 3, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, tengo a bien someter a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor y bajo las siguientes

Consideraciones

Para mayor claridad en la exposición de las consideraciones que sustentan la Proposición con Punto de Acuerdo que nos ocupa, tales como son los eventos sísmicos ocurridos el 7 y 19 de septiembre de 2017, los decretos emitidos por el Ejecutivo Federal que se encuentran relacionados con los mismos, la afectación económica derivada de éstos y los posibles beneficios fiscales que podrían otorgarse a los contribuyentes, se hará una breve referencia por separado a cada una de ellas

I. Eventos sísmicos ocurridos en el mes de septiembre

Como es del conocimiento público, los días 7 y 19 de septiembre de 2017, nuestro país se estremeció con los movimientos sísmicos de 8.2 y 7.1 grados de magnitud –respectivamente– mismos que tuvieron como consecuencia el fallecimiento tanto de mexicanos como extranjeros y cuantiosos daños materiales en bienes muebles e inmuebles.

En tal virtud, el Gobierno de la República publicó en el Diario Oficial de la Federación diversos decretos a través de los cuales señaló las zonas de desastre, emitió las declaratorias de emergencia y las medidas y acciones mediante las cuales instruyó a la Administración Pública el curso que debían seguir tanto para el funcionamiento y operación, así como para la atención oportuna a la población.

Para efecto del punto de acuerdo que nos ocupa, se hace una breve reseña cronológica de estos decretos.

1. Con fecha 8 de septiembre de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que Presidencia de la República declaró duelo nacional de tres días en virtud del sismo ocurrido el 7 de septiembre de 2017.

2. El lunes 11 de septiembre de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto mediante el cual se reconoció que el sismo ocurrido el 7 de septiembre ocasionó daños a las viviendas, instalaciones, carreteras, sistemas de riego agrícola, servicios básicos y comunicaciones en diversos municipios de los Estados de Oaxaca y Chiapas.

A fin de apoyar en la reactivación de la planta productiva de los municipios de estos Estados, se consideró indispensable otorgar diversos beneficios fiscales a los contribuyentes con domicilio en éstos.

3. Con fecha 14 de septiembre de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de desastre natural en 97 municipios del Estado de Chiapas, en virtud de la ocurrencia del sismo con magnitud de 8.2 del 7 de septiembre de 2017.

4. En esa misma fecha, 14 de septiembre de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de desastre natural en 283 municipios del Estado de Oaxaca, debido a la ocurrencia de sismo con magnitud de 8.2 del 7 de septiembre de 2017.

5. Con fecha 18 de septiembre de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de emergencia extraordinaria en 118 municipios del Estado de Chiapas, debido a la presencia de sismo con magnitud de 8.2, del día 7 de septiembre de 2017.

6. En esa misma fecha, 18 de septiembre de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de emergencia extraordinaria para 41 municipios del Estado de Oaxaca, debido al sismo de magnitud 8.2 ocurrido el 7 de septiembre de 2017.

7. El 19 de septiembre de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declara duelo nacional los días 19, 20 y 21 de septiembre de cada año, en virtud de los sismos presentados en 1985 y 2017.

8. El 20 de septiembre de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de desastre natural en 6 municipios del Estado de Veracruz, debido a la ocurrencia del sismo de magnitud 8.2 del 7 de septiembre de 2017.

9. El 22 de septiembre de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de desastre natural en 8 municipios del Estado de Oaxaca, debido al sismo de magnitud 8.2 ocurrido el 7 de septiembre de 2017.

10. El 27 de septiembre de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de desastre natural para las 16 delegaciones políticas de la Ciudad de México, debido al sismo de magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre.

11. En esa misma fecha, 27 de septiembre de 2017, también se publicó la declaratoria de emergencia extraordinaria para las 16 delegaciones políticas de la Ciudad de México, en virtud de la presencia del sismo de magnitud 7.1 del 19 de septiembre.

12. También con esa fecha, 27 de septiembre de 2017, se publicó la declaratoria de emergencia extraordinaria para 5 municipios del Estado de Guerrero, debido al sismo de magnitud 7.1 del 19 de septiembre de 2017.

13. Este mismo día, 27 de septiembre de 2017, se publicó la declaratoria de emergencia extraordinaria respecto de 33 municipios del Estado de Morelos, en virtud de la presencia del sismo de magnitud 7.1 del 19 de septiembre de 2017.

14. Asimismo, el 27 de septiembre de 2017, se publicó la declaratoria de emergencia extraordinaria respecto de 112 municipios del Estado de Puebla, debido al sismo de magnitud 7.1 que ocurrió el 19 de septiembre de 2017.

15. De igual forma, el 27 de septiembre de 2017, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas a las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales y los Lineamientos de Operación Específicos del Fondo de Desastres Naturales.

16. Con fecha 28 de septiembre de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de desastre natural en 19 municipios del Estado de Guerrero, en virtud del sismo de magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017.

.17. En esa misma fecha, se publicó la declaratoria de desastre natural respecto de 33 municipios del Estado de Morelos, debido al sismo de magnitud 7.1 que ocurrió el 19 de septiembre de 2017.

18. También con fecha 28 de septiembre se publicó la declaratoria de desastre natural en 74 municipios del Estado de Oaxaca, debido al sismo de magnitud 7.1 del 19 de septiembre de 2017.

19. De igual forma, con fecha 28 de septiembre, se publicó la declaratoria de desastre natural en 112 municipios del Estado de Puebla, debido al sismo de magnitud 7.1 del 19 de septiembre de 2017.

20. Asimismo, con fecha 28 de septiembre, se publicó la declaratoria de desastre natural en 40 municipios del Estado de Tlaxcala, debido al sismo de magnitud 7.1 del 19 de septiembre de 2017.

A manera de resumen, se advierte la existencia de dos fenómenos sismológicos ocurridos en el mes de septiembre; el sismo del 7 de septiembre con magnitud de 8.2 y el sismo del 19 de septiembre con 7.1 de magnitud, a partir de los cuales se emitieron las declaratorias de desastre natural o de emergencia extraordinaria para diversos municipios del país, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Sin embargo, ante tan grave situación, el Ejecutivo Federal únicamente ha emitido un decreto de beneficios fiscales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2017, señalándose en el mismo que “...el sismo ocurrido el 7 de septiembre de 2017, ocasionó daños en las viviendas, instalaciones, carreteras, sistemas de riego agrícola, servicios básicos y comunicaciones, en diversos municipios de Oaxaca y Chiapas...”

Lo anterior implica claramente que, a pesar de que el 19 de septiembre ocurrió un nuevo evento sísmico que causó diversas afectaciones, principalmente en las entidades de Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Oaxaca, lo cierto es que el Ejecutivo Federal no se ha preocupado por establecer medidas que auxilien a la población afectada y que alienten la reactivación económica, lo que es a todas luces inadmisible.

II. Estimación de afectaciones derivadas de los eventos sísmicos.

El 29 de septiembre de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (en adelante, INEGI) hizo públicos1 los resultados de la Encuesta sobre las afectaciones de los Sismos de septiembre de 2017 , que fue levantada con el objetivo de ofrecer información cualitativa que coadyuve a la toma de decisiones a favor de los establecimientos que vieron afectada su actividad.

Asimismo, centrándose en las entidades de Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, México, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala, que fueron afectadas por los sismos, el INEGI señala que se localizan 2.3 millones de establecimientos económicos, lo que representa el 41.4% del total del país.

Estas mismas ocho entidades federativas representan 35.3% del Producto Interno Bruto Nacional, 2 sobresaliendo notablemente la Ciudad de México con una participación en el PIB del país del 16.8%, México con 8.9%, Puebla con 3.2% Chiapas y Oaxaca con 1.6% cada uno.

De los establecimientos económicos señalados, el 16% (376 mil 588 establecimientos) declaró haber sufrido daños en su infraestructura productiva y afectaciones para los servicios que brinda; de éstos, el 90% informó que no han recibido apoyo alguno para cubrirlas.

Las afectaciones acaecidas en los 376 mil 588 establecimientos económicos, fueron semejantes para cada uno de los sectores de actividad económica:

A nivel de los sectores económicos, un mayor porcentaje reporta que, hasta el momento, no han recibido apoyos o ayudas para atender las afectaciones presentadas; tal como sucede con el 100% de las industrias manufactureras, el 87.2% del comercio y el 90.8% de los servicios privados no financieros.

De acuerdo con las expectativas de los empresarios de estos tres sectores, se reporta que la actividad económica de sus establecimientos será menor en lo que resta del año , pues la industria manufacturera reporta que será menor en un 42.3%, la de comercio en un 49.5% y la de servicios no financieros en 41.3%

A nivel de entidad federativa, las expectativas de los empresarios referentes al comportamiento de la actividad económica de sus establecimientos en lo que resta del año, se obtiene que será menor conforme al siguiente cuadro:

En contraste, las expectativas de un mayor nivel de actividad económica son:

Por otra parte, en la reunión sostenida el 28 de septiembre de 2017 con los gobernadores de las entidades federativas afectadas por la actividad sísmica, el Ejecutivo Federal señaló3 que se han contabilizado más de 250 mil viviendas afectadas, que en materia de infraestructura cultural los daños son de alrededor de 8 mil millones de pesos, mientras que en el caso de la infraestructura educativa son más de 13 mil 650 millones de pesos.

Así las cosas, el estimado económico de los daños materiales ocasionados por los eventos sísmicos del 7 y del 19 de septiembre ronda los 38 mil 150 millones de pesos. 4

III. Análisis de los beneficios fiscales posibles

Los sismos acontecidos los días 7 y 19 de septiembre de 2017, provocaron afectaciones a la infraestructura pública así como a la de las familias y las empresas.

Estos desastres naturales causaron mayores afectaciones en las entidades federativas localizadas en la región centro y sur del país, las cuales son Chiapas, Ciudad de México, México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala.

Como ha sido señalado, el 11 de septiembre de 2017, el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a los contribuyentes de las zonas que fueron afectadas –únicamente– por el sismo del 7 de septiembre de 2017.

Los beneficios antes señalados, se traducen en lo siguiente:

• Como un apoyo a los contribuyentes para contar con liquidez para hacer frente a sus compromisos económicos, se autorizó eximirlos de la obligación de presentar pagos provisionales del impuesto sobre la renta durante los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017, o bien, por el tercer y cuarto trimestre o el segundo o tercer cuatrimestres de 2017, según se trate;

• A quienes tributan en el Régimen de Incorporación Fiscal, se autorizó diferir la obligación de presentar las declaraciones bimestrales correspondientes a 2017;

• Permitir el entero en parcialidades del impuesto sobre la renta retenido por salarios correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017;

• Permitir el pago en parcialidades del impuesto al valor agregado y del impuesto especial sobre producción y servicios correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017;

• Para los contribuyentes dedicados, exclusivamente, a actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, se autorizó la presentación mensual de las declaraciones del impuesto al valor agregado correspondiente al segundo semestre de 2017;

• Se autorizó la deducción inmediata de las inversiones en bienes nuevos de activo fijo; así como,

• La devolución del impuesto al valor agregado, en un plazo máximo de diez días, de las solicitudes presentadas a más tardar el 15 de septiembre.

Como puede advertirse, los beneficios contenidos en el decreto del 11 de septiembre de 2017 están centrados en diferir temporalmente los pagos mensuales que se hacen a cuenta del impuesto anual; diferir temporalmente el pago de los impuestos retenidos y del impuesto indirecto al valor agregado; acelerar, por un periodo limitado, la devolución de impuestos; e implementar la deducción inmediata de inversiones para el sector productivo.

No obstante, debe considerarse que los eventos sísmicos del 7 y del 19 de septiembre no solamente causaron afectaciones en el sector productivo sino que también afectaron la economía de las familias en su conjunto, pues quedó dañado un pilar fundamental de su patrimonio inmobiliario, como son sus viviendas (casas o departamentos) que fueron destruidas por estos eventos catastróficos o bien los pequeños negocios propiedad de ciudadanos en general.

Dentro de este contexto, esta Soberanía considera que el Ejecutivo Federal bien puede ampliar los beneficios fiscales que ya fueron otorgados en el decreto del 11 de septiembre de 2017, otorgando diversos apoyos adicionales que tengan como objetivo restablecer el bienestar de las familias y los establecimientos económicos que fueron afectados.

En efecto, ante las consecuencias de las catástrofes acaecidas, no solamente es imperativo normalizar las actividades económicas en forma inmediata, sino que también lo es apoyar en forma efectiva a que las familias, la población en su conjunto y los agentes económicos puedan recuperar el patrimonio que han perdido.

Esto es así, pues la obligación de contribuir al gasto público establecida en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra supeditada a lo establecido por los artículos 25 y 26 de nuestra Carta Magna, en los que se prevé la planeación democrática del desarrollo nacional y el sistema nacional de desarrollo social.

Precisamente por ello, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia la Nación determinó5 que la obligación de contribuir no se trata de una simple imposición soberana, sino que posee una vinculación social y tiene una aspiración más alta, relacionada con los fines perseguidos por la propia Constitución.

Tratándose de los beneficios fiscales, la Primera Sala del Máximo Tribunal también determinó6 que la aportación al gasto público de una manera correcta y óptima es una medida que permite al Estado planear adecuadamente la consecución de sus fines, para poder organizar la planeación democrática del desarrollo nacional y el sistema nacional de desarrollo social, siendo acorde a estos principios la limitación de los beneficios fiscales a contribuyentes específicos, estando facultados los órganos fiscales para determinar si es que debe restringirse o eliminarse dicho tratamiento fiscal.

Razonando a contrario dicho planteamiento, es por demás evidente que el establecimiento de beneficios fiscales e incluso de condonaciones de obligaciones tributarias, resulta en ocasiones necesario para que los instrumentos de política financiera, económica y social puedan alcanzar los fines constitucionales señalados, pues en tal virtud se estableció que es el Estado quien tiene a su cargo la rectoría económica y el desarrollo nacional, tal como también fue resuelto7 por la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal.

Tan lo anterior es así, que nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por jurisprudencia8 que una de las tareas centrales de la regulación económica debe encaminarse a diseñar los estímulos fiscales, los sujetos que los reciben, sus fines y efectos sobre la economía, determinando las áreas de interés general, estratégicas o prioritarias que requieren concretamente su intervención exclusiva en esos beneficios tributarios, a fin de atender el interés social o económico de la Nación.

En este sentido, el primer párrafo del artículo 25 de la Carta Magna, al establecer que corresponderá al Estado la rectoría del desarrollo nacional a fin de garantizar que éste sea integral y sustentable y que, a su vez, se fortalezca la soberanía de la Nación y su régimen democrático, debe interpretarse en función del párrafo segundo, donde se establece que el Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo.

Así las cosas, la rectoría económica del Estado para garantizar el crecimiento económico del país se cumple cuando se alienta la producción, se conceden subsidios o estímulos, se otorgan facilidades a empresas de nueva creación, se estimula la exportación de sus productos, organizándose el sistema de planeación democrática del desarrollo nacional y el sistema nacional de desarrollo social, tal como lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.9

Al respecto, no hay que perder de vista que el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación establece que, mediante resoluciones de carácter general, el Ejecutivo Federal podrá:

i) Conceder subsidios o estímulos fiscales;

ii) Dictar las medidas relacionadas con la administración, control, forma de pago y procedimientos señalados en las leyes fiscales; así como,

iii) Condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país, una rama de actividad, la producción o venta de productos, o la realización de una actividad, así como en caso de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias.

En este sentido, esta Soberanía propone al Ejecutivo Federal que puedan concederse los beneficios fiscales siguientes a los contribuyentes afectados por los eventos sísmicos del 7 y 19 de septiembre de 2017:

1. Que para las personas físicas puedan hacerse deducibles al 100% los intereses derivados de los créditos hipotecarios que se adquieran con la finalidad de reparar los inmuebles que fueron dañados así como por la construcción o la adquisición de uno nuevo.

La Ley del Impuesto Sobre la Renta, en la fracción IV del artículo 151, establece que podrán ser deducibles los intereses reales efectivamente pagados, por aquellos créditos hipotecarios destinados a la adquisición de casa habitación que hubieran sido contratados con las instituciones integrantes del sistema financiero mexicano.

Sin embargo, el último párrafo del artículo en comento establece que esta deducción no podrá exceder de la cantidad que resulte menor entre cinco salarios mínimos generales elevados al año (146 mil 073 pesos) o del 15% del total de los ingresos del contribuyente.

Debe considerarse que, en promedio, un crédito hipotecario con una tasa de interés anual del 10.5% representa para los contribuyentes un pago anual por intereses de 210 mil pesos.

2. Considerar como ingresos exentos del contribuyente persona física, el 100% de la venta de su casa habitación cuando ésta hubiera sido afectada por los sismos y siempre que la contraprestación de dicha enajenación tenga como propósito la compra de un nuevo inmueble por parte del afectado.

Actualmente, el inciso a) de la fracción I del artículo 93 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta establece que se está exento del pago del impuesto siempre que el monto de la contraprestación no exceda de setecientas mil unidades de inversión, lo que al 29 de septiembre de 2017 es equivalente a 4 millones 81 mil pesos.

3. Permitir la deducción al 100% de los donativos que realicen las personas físicas y morales siempre que tengan como objetivo la reconstrucción de infraestructura social (v.gr. escuelas, calles, parques, etc.) o la de casa habitación.

La Ley del Impuesto Sobre la Renta establece actualmente limitaciones para la deducibilidad de los donativos para personas físicas y morales.

En el caso de las personas físicas, el segundo párrafo de la fracción III del artículo 171 de la Ley en comento, establece que el monto total de los donativos otorgados no podrá exceder del 7% de los ingresos acumulables que sirvan de base para calcular el impuesto sobre la renta.

Tratándose de las personas morales, el último párrafo de la fracción I del artículo 27 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, establece la misma limitante de que no podrán exceder del 7% pero respecto de la utilidad fiscal obtenida en el ejercicio inmediato anterior.

4. Considerar como ingresos exentos de los contribuyentes personas físicas que hubiesen sido afectados en su integridad física o patrimonial por los eventos sísmicos, hasta el 100% de los donativos que reciban.

Conforme al esquema actual, previsto en el artículo 93, fracción XXIII, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, no se pagará el impuesto por los donativos recibidos siempre que el valor de éstos no exceda de tres veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente, elevado al año (87 mil 643 pesos)

5. Permitir que las personas morales deduzcan al 100% las erogaciones efectuadas para la reconstrucción de casa habitación de personas que hubiesen sido afectadas por los sismos, conforme a la inscripción de éstas dentro de un censo levantado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística.

6. Que los honorarios médicos y hospitalarios de los contribuyentes personas físicas afectados puedan ser deducibles hasta el 100% de su monto aún y cuando el pago de los mismos se hubiera realizado en efectivo.

Actualmente, la fracción IV del artículo 147 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta establece como requisito para poder hacer efectivas las deducciones autorizadas el que los pagos que excedan de 2 mil pesos se efectúen a través de instrumentos autorizados por el sistema financiero mexicano (tales como transferencias electrónicas, cheques nominativos, tarjetas de crédito, de débito o de servicios, o monederos electrónicos)

Asimismo, el último párrafo del artículo 151 de la ley en comento establece que el monto total de las deducciones no podrá exceder de la cantidad que resulte menor entre cinco salarios mínimos generales elevados al año (146 mil 073 pesos) o del 15% del total de los ingresos del contribuyente, aun incluyendo aquellos por los que no se pague el impuesto.

7. Que las personas físicas que puedan hacer deducibles el 100% de los gastos funerarios correspondientes a su cónyuge, persona con la que se viva en concubinato y para sus ascendientes o descendientes en línea recta, que hubiesen fallecido como consecuencia directa de los sismos.

Actualmente, la fracción II del artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta establece que este gasto podrá hacerse deducible hasta por la parte que o exceda del salario mínimo general del área geográfica, elevado al año, esto es 29 mil 214 pesos.

En este sentido y atendiendo a las manifestaciones anteriormente establecidas, tengo a bien someter a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que, en el ámbito de sus facultades y conforme a lo establecido en el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, considere otorgar diversos beneficios fiscales en los términos señalados en la presente proposición con punto de acuerdo, para aquellos contribuyentes que fueron afectados por los sismos ocurridos en el mes de septiembre de 2017.

Notas

1 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/afectaciones/afecta ciones2017_09.pdf

2 La suma del PIB por Entidad Federativa.

3 https://www.gob.mx/presidencia/articulos/avances-de-las-acciones-para-l a-reconstruccion-y-la-atencion-a-la-poblacion-damnificada-tras-sismos?i diom=es

4 http://www.milenio.com/politica/mil-damnificados-reconstruccion-danos-sismos
-viviendas_afectadas-pena_nieto-milenio_0_1038496146.html

5 Tesis Aislada CXIX/2006, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, julio de 2006, página 335.

6 Tesis Aislada XCII/2017, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, agosto de 2017, Tomo I, página 665.

7 Tesis Aislada CCCLXXXIX/2014, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, noviembre de 2014, Tomo I, página 709.

8 Tesis de Jurisprudencia 1a./J. 105/2011, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 374.

9 Tesis de Jurisprudencia P./J. 76/2009, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, julio de 2009, página 1543.

Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 3 días del mes de octubre del año 2017.

Diputada Minerva Hernández Ramos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la creación de un fondo nacional y una comisión plural para reconstruir las zonas del país afectadas por los sismos del 7, 19 y 23 de septiembre, a cargo del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguientes

Consideraciones

Que los sismos registrados en diversas regiones de nuestro país los pasados días 7, 19 y 23 de septiembre produjeron una tragedia colectiva de proporciones nacionales que embarga por sus graves consecuencias a la sociedad mexicana en su conjunto;

Que estos sismos afectaron en mayor medida a los entidades federativas de México, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Morelos, Puebla y Ciudad de México, en donde la pérdida de vidas humanas es invaluable y nos lacera en lo más profundo de nuestra conciencia como mexicanas y mexicanos;

Que esta tragedia también ha producido cuantiosas pérdidas materiales en bienes insustituibles como lo son edificaciones que son parte del patrimonio histórico de la nación y en inmuebles de oficinas, departamentos y casas habitación, que suman centenas en las entidades más dañadas por los sismos referidos;

Que por estas razones, que conforman una auténtica emergencia nacional, consideramos que se deben conjuntar los diversos esfuerzos tanto del gobierno federal como de los gobiernos locales, así como de la sociedad civil que están encaminados en esta hora de la tragedia a coordinar de la mejor manera la difícil tarea de la reconstrucción, de miles de viviendas, de escuelas, centros de salud, y fuentes de trabajo, que se vieron afectados en alguna medida por el impacto de estos fenómenos naturales;

Que las acciones para la reconstrucción deben armonizarse con la necesidad de jerarquizar y racionalizar la utilización de recursos financieros y materiales, de origen público, privado e internacional, garantizando su eficaz y transparente aplicación, proponiendo a esta soberanía, las asignaciones presupuestales que ameriten los planes y programas que se acuerden con este propósito;

Que la Cámara de Diputados debe crear en lo inmediato un Fondo de Reconstrucción Nacional con recursos suficientes del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 y del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018;

Que este Fondo puede alcanzar en lo inmediato una cantidad de 15 mil millones de pesos a partir de los recursos que aún tiene el Fonden para 2017 y del Fondo Catastrófico también del 2017;

Que si reestructuramos el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, tomando un 10% del presupuesto destinado a rubro de servicios personales que se refieren a las remuneraciones del personal al servicio de los entes públicos, tales como sueldos, salarios, dietas, honorarios, prestaciones, gastos de seguridad social, obligaciones laborales y otras que asciende a más de 1 billón 164,676 millones de pesos, considerando las aportaciones federales, y que ahí están contenidos los sueldos de los ministros que están arriba de los 700 mil pesos mensuales; y de los funcionarios de la Judicatura; de los Consejeros del Instituto Nacional Electoral, que están en 400 mil pesos mensuales, y de los funcionarios de los Ramos Autónomos, el 100% del financiamiento a partidos políticos que supera los 6 mil millones de pesos; el 5% en los ramos de servicios personales de los Ramos Administrativos, que serían más de 15 mil millones de pesos; de los salarios en mandos medios y altos, reducción de seguros médicos para altos mandos de la Administración Pública Federal que serían otros 3 mil millones de pesos; y del rubro de Comunicación Social gubernamental que representa un ahorro de 3 mil millones de pesos, todo ello nos da un fondo de aproximadamente 32 mil 152 millones de pesos

Que si agregamos la totalidad de los recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) por 9,000 millones de pesos (mdp),que actualmente tiene, y los recursos del bono catastrófico emitido en agosto por el Banco Mundial por 360 millones de dólares (mdd), equivalentes a 6,000 mdp,1 lograríamos construir un Fondo aproximado de 50 mil millones de pesos.

Que la situación crítica que se vive en los estados de México, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Morelos, Puebla y la Ciudad de México, principalmente, requieren que se apliquen de manera urgente políticas y lineamientos con vistas al mediano plazo en materia de desarrollo urbano, restauración de servicios y reconstrucción de vivienda y sobre todo, la restitución del tejido social, concediéndole la mayor prioridad a la atención de las necesidades básicas de la población;

Que para dar eficacia y orientación precisa a las acciones de reconstrucción, es necesario constituir un órgano plural de concertación, dentro del sistema nacional de planeación, en el que se involucren tanto los gobiernos federal y locales, así como el sector privado y la sociedad civil en las tareas más urgentes y se induzca activamente la participación de los distintos sectores sociales así como de quienes de manera directa sufrieron sus efectos y se encuentran frente a la perdida no solamente de seres queridos sino también del patrimonio familiar y de las fuentes de empleo;

Que es necesario que en estas tareas se involucre a la representación política que emana de este Congreso de la Unión con el propósito de coadyuvar, desde su ámbito de atribuciones y facultades, en las tareas de reconstrucción que nuestro país en su conjunto nos requiere; y

Que las Cámaras del Congreso de la Unión, deben en lo inmediato adecuar el marco jurídico que nos rige para fortalecer los mecanismos de protección civil, en materia de obras públicas, desarrollo urbano a la luz de las experiencias de los sismos del 7, 19 y 23 de septiembre de 2017; y en materia de la construcción de un Estado austero, limitando el gasto público al mínimo.

Es por lo anteriormente expuesto y fundado, que los signantes proponemos a esta soberanía la siguiente proposición de urgente u obvia resolución

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados se abocará a la creación en lo inmediato de un Fondo de Reconstrucción Nacional con recursos suficientes del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 y del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, con reglas de operación estrictas que impidan su posible desviación, asimismo vigilará en todo momento la correcta aplicación de los mismos, a través de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación.

Segundo. La Cámara de Diputados adecuará en lo inmediato el marco legal para fortalecer los mecanismos de protección civil, en materia de obras públicas, desarrollo urbano a la luz de las experiencias de los sismos del 7, 19 y 23 de septiembre de 2017; y en materia de la construcción de un Estado austero, limitando el gasto público al mínimo.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, para que en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, convoque a la brevedad a la constitución de una Comisión Plural para la Reconstrucción que tenga como propósito conjuntar los esfuerzos nacionales para la reconstrucción de las diversas zonas del país afectadas por los sismos del 7, 19 y 23 de septiembre del presente año, en la que estén representados de manera plural el gobierno federal, los gobiernos de los estados de México, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Morelos, Puebla y de la Ciudad de México, que fueron afectados por la tragedia, el Congreso de la Unión, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la ANUIES, los Colegios de Ingenieros y Arquitectos y representantes de la sociedad civil organizada y de los damnificados por estos sismos.

Nota

1. En una primera etapa, los recursos del Fonden sirven para responder a necesidades básicas de damnificados, como comida, vestido, calzado, cobijas, artículos para limpieza personal.

Transitorio

Único. El presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el pleno de la Cámara de Diputados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de septiembre de 2017.

Diputados: Francisco Martínez Neri, Jesús Zambrano Grijalva, Omar Ortega Álvarez (rúbricas)


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Consejo de la Judicatura Federal a reforzar las medidas de protección para los jueces y los magistrados federales que resuelven sobre temas relacionados con la delincuencia organizada, a fin de garantizar su integridad física y la de sus familias, a cargo del diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Christian Joaquín Sánchez Sánchez, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Las amenazas a su integridad o a la de sus familias, las agresiones y los ataques directos son fenómenos cada vez más comunes para los impartidores de justicia en nuestro país, sobre todo cuando se trata de juicios vinculados con el narcotráfico y la delincuencia organizada, situación que los pone en la mira de grupos criminales.

El artículo 100 de la Constitución señala que los impartidores de justicia se regirán por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.

Este es el caso de los magistrados y jueces de federales en tanto que son los titulares de los órganos jurisdiccionales depositarios del Poder Judicial de la Federación, quienes tienen reconocidos derechos generales de naturaleza laboral, así como responsabilidades intensas.

La labor de un juez es una de las actividades profesionales de mayor riesgo debido a que sus decisiones afectan invariablemente intereses al fincar responsabilidades y derechos con sus sentencias.

Los magistrados, con base en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, resuelven las apelaciones de los asuntos conocidos en primera instancia por los juzgados y amonestan e imponen multas a los abogados, agentes de negocios, funcionarios públicos o litigantes, por faltas a las instituciones encargadas de impartición de justicia.

Se calcula que en nuestro país hay alrededor de mil 403 jueces y magistrados, de los cuales únicamente 79 cuentan con alguna medida de protección, derivado de alguno de los fallos o asuntos que se encuentran resolviendo.i

El peligro que implica la impartición de justicia está más que vigente. Un caso reciente se dio en abril de este año, cuando fuera asesinado el juez Quinto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Civiles, Vicente Bermúdez Zacarías,ii quien durante años manejó diversos temas relacionados con cárteles del narcotráfico.iii

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, ha señalado que la protección de los impartidores de justicia cuenta con apoyo y colaboración de la Secretaría de Gobernación, la Policía Federal, el Ejército Mexicano y de la Marina Armada de México, así como de la policía capitalina para jueces que radican en la Ciudad de México.iv

Derivado de lo anterior, el gobierno federal ha impulsado diversas estrategias para garantizar la integridad de los servidores públicos del Poder Judicial; sobre todo aquellos que tratan asuntos relacionados con el combate contra la delincuencia.

A pesar de estos esfuerzos, se ha detectado que algunos impartidores de justicia tienen que renunciar al juicio o actuar en favor de algún grupo delincuencial o líderes, debido a la poca seguridad o la complicidad que los servicios públicos de seguridad tienen con algunas células del crimen se vuelven notorias.

En el caso particular de los 79 jueces que han solicitado protección, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha tomado una serie de medidas, aunque la mayoría de los funcionarios que tienen una protección, se encuentran en juzgados ubicados en los penales federales (Ceferesos) y en entidades con fuerte presencia del crimen organizado.v

Desde el año 2014, el CJF ha puesto en marcha un protocolo de seguridad dirigido a impartidores de justicia, por lo que a algunos de ellos se les ha provisto de vehículos blindados, escoltas, chalecos protectores y radios de comunicación.

Sin embargo, estas medidas resultan insuficientes pues la gran mayoría de los impartidores de justicia no tienen acceso a estas medidas de protección, a diferencia de países como España, Colombia y Estados Unidos en donde se ofrece una protección prácticamente generalizada, con el fin de garantizar la impartición de justicia de forma segura.

En España, el Tribunal Superior de Justicia llevó a cabo un acuerdo mediante el cual, desde 2001, se implementa la asignación de escoltas personales a cada juez, magistrado o fiscal.

En Colombia se puso en marcha una serie de recomendaciones emitidas por organismos internacionales con miras a proteger al poder judicial.

En el caso de los Estados Unidos se formuló el “Marshal Service ” cuya tarea primordial es la de salvaguardar la seguridad en procedimientos judiciales, protegiendo a jueces federales, miembros del jurado y otros miembros de la judicatura. El sistema estadunidense contempla la contratación de servicio de seguridad en cada uno de los 94 distritos y en la Suprema Corte.

Las medidas de protección para jueces y magistrados son una inversión para el Estado de derecho.

La ausencia de condiciones mínimas de seguridad para los jueces y magistrados representa un obstáculo para garantizar el acceso a la justicia de todos los mexicanos.

En México sabemos que el CJF decide otorgar o cancelar las medidas de seguridad a los juzgadores federales de acuerdo a un análisis previo de cada situación. El otorgamiento de estas medidas se da a través de una petición expresa del juez.

Sin dejar de reconocer estas acciones, resulta urgente que se refuercen las medidas de protección a efecto de brindar, a la mayor cantidad de magistrados y jueces federales una protección en la que se contemple la seguridad personal, en algunos casos una evacuación, reubicación temporal, escoltas de cuerpos especializados, protecciones inmuebles, así como las demás que sean consideradas como necesarias para salvaguardar la vida, la integridad y la libertad de los impartidores de justicia.

En nuestro país no podemos permitir que haya más casos de jueces cooptados, secuestrados o, en los peores escenarios, asesinados.

Garantizar el Estado de derecho implica contar con impartidores de justicia blindados, que tengan el respaldo de las instituciones de seguridad para que puedan llevar a cabo su importante actividad de forma segura y libre de cualquier tipo de amedrentamiento.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente:

Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo de la Judicatura Federal a reforzar las medidas de protección para los jueces y los magistrados federales que resuelven sobre temas relacionados con la delincuencia organizada, a fin de garantizar su integridad física y la de sus familias, y que puedan llevar a cabo sus actividades de forma segura, imparcial, objetiva y sin interferencias al debido proceso.

Notas

i http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/02/13/1145985

ii http://www.milenio.com/policia/casos-llevo-juez-asesinado-Metepec_0_831 516894.html

iii http://www.milenio.com/policia/juez_asesinado-vicente_bermudez-estado_d e_mexico_0_832116827.html

iv http://aristeguinoticias.com/1412/mexico/tras-asesinato-de-bermudez-zac arias-ministro-reconoce-que-hay-79-jueces-con-proteccion/

v https://elpais.com/internacional/2016/11/22/mexico/1479771459_404857.ht ml

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 3 de octubre de 2017.

Diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a iniciar con la mayor brevedad los trabajos de reconstrucción del patrimonio cultural afectado por los sismos de septiembre, a cargo de la diputada Brenda Velázquez Valdez, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Brenda Velázquez Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, fracción II, numeral 2, fracción VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo con base en las siguientes:

Consideraciones

-El pasado 7 de septiembre del año en curso se presentó en México un sismo de 8.1 grados en la escala de Richter, afectando principalmente a los estados de Oaxaca, Tabasco y Chiapas.

-Aún no lográbamos entender la magnitud de la catástrofe, cuando el día 19 de septiembre, un sismo de 7.1 afectaba los estados de Morelos, Puebla, Oaxaca y Ciudad de México.

-Ambos sismos dejaron grandes afectaciones al patrimonio de las personas y de nuestro país.

-México se caracteriza por el legado cultural, monumental, arquitectónico y natural, que aporta al mundo, riqueza que se palpa a través de los pueblos mágicos y de sus grandes ciudades, sin embargo, estos sismos han dejado grandes afectaciones al patrimonio cultural.

-Nos encontramos en un estado crítico que afecta a más de 870 inmuebles artísticos, históricos y culturales, entre los que podríamos mencionar: las torres de la iglesia de los Remedios en San Andrés Cholula, Puebla; catedral de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; en la Ciudad de México la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, en la colonia Guerrero, tiene daños graves en la cúpula, y en Tlatelolco una de las torres de la iglesia de Santiago Apóstol se colapsó; en Morelos los ex conventos de Tlayacapan y de Tepoztlán sufrieron daños graves. En muchos casos, se trata de edificios cuya antigüedad es de 200 y hasta 500 años, edificios emblemáticos, que son parte de nuestra historia.

-En entidades como Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Morelos, Tlaxcala, Guerrero, Hidalgo y el estado de México es importante tener conocimiento de las edificaciones que deberán ser reconstruidas, el tipo de reparaciones que tendrán y el diagnóstico del estado en el que se encuentran. Es importante rescatar la mayor parte del patrimonio cultural.

-Es importante reconocer el gran trabajo y apoyo que se ha recibido por parte de los particulares, sin embargo, la reparación y reconstrucción de este patrimonio debe ser responsabilidad del personal capacitado con el que cuenta el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y de la Dirección General de Sitios y Monumentos Históricos.

-Es importante que el valor histórico sea preservado, a través de los especialistas certificados que la Secretaría de Cultura disponga. Que ninguna edificación sea reconstruida sin la debida supervisión, esto con la finalidad de no causar un daño mayor al patrimonio histórico, artístico y cultural.

Por lo anteriormente expuesto se presenta esta proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal a que, a través de la Secretaría de Cultura, difunda los resultados del censo que se realice para evaluar los daños al patrimonio cultural, así como el tratamiento que se le dará.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal a que, a través de la Secretaría de Cultura, inicie a la brevedad posible la reparación de inmuebles artísticos, históricos y culturales, bajo la supervisión de esta Secretaría, del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y de la Dirección General de Sitios y Monumentos Históricos.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal a que, a través de la Secretaría de Cultura, dé a conocer la forma en que será utilizado el seguro del INAH para edificaciones patrimoniales, así como de la participación para la reconstrucción del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden), de apoyos internacionales estimados para emergencia por el Centro de Patrimonio Mundial de la Unesco.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 3 de octubre de 2017.

Diputada Brenda Velázquez Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a ofrecer asesoría jurídica y apoyo a los municipios afectados en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala, Puebla y Ciudad de México en lo relativo a las declaratorias de desastre natural y el acceso a recursos del Fonden, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Después de transcurrido el sismo de magnitud 8.4 ocurrido el 7 de septiembre, que afectó a diversos municipios de los estados de Chiapas y Oaxaca, los gobernadores constitucionales de ambas entidades federativas, solicitaron al Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) la corroboración del fenómeno natural perturbador, que afecto a diversos municipios.

Posteriormente, se llevaron a cabo las correspondientes sesiones de instalación del Comité de Evaluación de Daños, en las cuales los gobiernos de los estados de Chiapas y Oaxaca presentaron a la Secretaría de Gobernación las respectivas solicitudes de declaratoria de desastre natural.

Así, el 14 de septiembre del año en curso, en el Diario Oficial de la Federación fueron publicadas dos declaratorias de Desastre Natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 8.2 el 7 de septiembre de 2017 , para 97 municipios del estado de Chiapas y 283 municipios del estado de Oaxaca.

Por su parte, el jefe del gobierno de la Ciudad de México solicitó al Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) la corroboración del fenómeno natural perturbador, descrito como Sismo de magnitud 7.1 el 19 de septiembre de 2017, que afectó a las delegaciones de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza, Xochimilco.

El 21 de septiembre de 2017, se llevó a cabo la sesión de instalación del Comité de Evaluación de Daños, en la cual el gobierno de la Ciudad de México presentó a la Secretaría de Gobernación la solicitud de declaratoria de desastre natural respectiva.

En el Diario Oficial de la Federación del 27 de septiembre del año en curso, fue publicado la Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de sismo de magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017 en 16 delegaciones políticas de la Ciudad de México.

El 22 de septiembre de 2017, se llevó a cabo la sesión de instalación del Comité de Evaluación de Daños, en la cual el gobierno del estado de Tlaxcala presentó a la Secretaría de Gobernación la solicitud de declaratoria de desastre natural respectiva.

El 23 de septiembre de 2017, se llevó a cabo la sesión de instalación del Comité de Evaluación de Daños, en la cual el gobierno del estado de Guerrero presentó a la Secretaría de Gobernación la solicitud de declaratoria de desastre natural respectiva.

El 23 de septiembre de 2017, se llevó a cabo la sesión de instalación del Comité de Evaluación de Daños, en la cual el gobierno del estado de Morelos presentó a la Secretaría de Gobernación la solicitud de declaratoria de desastre natural respectiva.

El 23 de septiembre de 2017, se llevó a cabo la instalación del Comité de Evaluación de Daños, en la cual el gobierno del estado de Puebla presentó a la Secretaría de Gobernación la solicitud de declaratoria de desastre natural respectiva.

El 25 de septiembre de 2017, se llevó a cabo la sesión de instalación del Comité de Evaluación de Daños, en la cual el gobierno del estado de Oaxaca presentó a la Secretaría de Gobernación la solicitud de declaratoria de desastre natural, respecto de 74 municipios, adicionales a la declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 8.2 el 7 de septiembre de 2017 , para 283 municipios del estado de Oaxaca, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 14 de septiembre del año en curso.

Finalmente, en el Diario Oficial de la Federación del 28 de septiembre del año en curso, fueron publicadas la Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017, en 19 municipios del Estado de Guerrero , la Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017, en 33 municipios del Estado de Morelos , la Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de sismo magnitud 7.1, ocurrido el 19 de septiembre de 2017, en 74 municipios del Estado de Oaxaca , la Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de sismo magnitud 7.1, ocurrido el 19 de septiembre de 2017, en 112 municipios del Estado de Puebla , y la Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de sismo de magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017, en 40 municipios del Estado de Tlaxcala .

Al revisar la normativa y el proceso de acceso a los recursos del Fondo de Desastres Naturales, en lo relativo a la atención de desastres, es muy compleja, pues se debe observar no solo la Ley General de Protección Civil y su Reglamento, pues además existen las Reglas Generales, Lineamientos de Operación, Anexos de Lineamientos de Operación, solicitudes, formatos, calendarios y formatos que deben requisitarse para poder acceder a los recursos.

Es por ello que se solicita al secretario de Gobernación ofrezca asesoría jurídica y apoyo a los presidentes municipales de los 97 municipios del estado de Chiapas, de los 283 municipios del estado de Oaxaca, así como a los jefes delegacionales de las 16 delegaciones políticas de la Ciudad de México, a efecto de facilitar y acompañar en las gestiones que deberán realizar para la obtención de los recursos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita al titular de la Secretaría de Gobernación, para que, en el marco de sus atribuciones, ofrezca la asesoría jurídica y el apoyo necesario, para que los presidentes municipales de los 97 municipios del estado de Chiapas, 357 municipios del estado de Oaxaca, 52 municipios del estado de Guerrero, 112 municipios del estado de Puebla, 40 municipios del estado de Tlaxcala y los jefes delegacionales de las 16 delegaciones políticas de la Ciudad de México, a que se refiere la Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 8.2 el 7 de septiembre de 2017 , publicada en el Diario Oficial de la Federación del 14 de septiembre de 2017, la Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de sismo de magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017 , publicada en el Diario Oficial de la Federación del 27 de septiembre de 2017, y las Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017, en 19 municipios del Estado de Guerrero , Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017, en 33 municipios del Estado de Morelos , Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de sismo magnitud 7.1, ocurrido el 19 de septiembre de 2017, en 74 municipios del Estado de Oaxaca , Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de sismo magnitud 7.1, ocurrido el 19 de septiembre de 2017, en 112 municipios del Estado de Puebla , y Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de sismo de magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017, en 40 municipios del Estado de Tlaxcala , publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 28 de septiembre del año en curso, respectivamente, puedan acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2017.

Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades de la Ciudad de México a realizar y difundir auditorías de contratos, licitaciones y adjudicaciones relacionadas con la empresa francesa Veolia, a cargo de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal Norma Xóchitl Hernández Colín, integrante del Grupo Parlamentario de Morena a la XLIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79del Reglamento de la Cámara de Diputados, por medio del presente, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades de la Ciudad de México a hacer públicas y realizar auditorías a contratos, licitaciones y adjudicaciones relacionadas con la empresa francesa Veolia.

Lo anterior, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. El doce de julio de dos mil dieciséis presenté proposición con punto de acuerdo por medio del cual se exhortó al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, a la Secretaría del Medio Ambiente, al Secretario de Obras de la Ciudad de México y al Director del Transporte Colectivo Metro, a efecto de que dieran cumplimiento a las obras de amortiguamiento ambiental descritas en la Manifestación de Impacto Ambiental y las subsecuentes resoluciones administrativas relativas a la construcción de la Línea 12 del Metro en el predio conocido como “El Triángulo” de la delegación Tláhuac, así como detener el proyecto de instalación de una planta incineradora de basura en el citado predio, y realizar una Consulta Ciudadana a los habitantes de la demarcación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, fracción V, de la ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.

Se consideró que la Línea 12 del Metro fue inaugurada en octubre de 2012, con una extensión de 24.6 kilómetros de vías dobles y una afluencia esperada de poco más de 435 mil usuarios de siete delegaciones por día, con la intención de solucionar la problemática de movilidad de los habitantes de la zona, en momentos cuestionada por el retraso de casi un año para su conclusión y el incremento de los costos que rebasaron los cálculos presupuestales; puesto que originalmente el costo sería de 17,500 millones de pesos, sin embargo, al final la obra costó 26,000 millones de pesos, más 744.5 millones para obras complementarias. A pesar de ello, el 11 de marzo de 2014 las autoridades de la Ciudad de México suspendieron el servicio en 11 de sus 20 estaciones por “fallas en la estructura” , afectando a cientos de miles de usuarios.

Debido a ello, la Auditoría Superior de la Federación intervino y mediante la Auditoría de Inversiones Físicas con número 09-A-09000-04-0554 dictaminó una serie de observaciones negativas; se determinó que, en términos generales, el Gobierno de la Ciudad de México no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la autorización, planeación, programación, presupuestación, licitación, contratación y ejecución de los recursos canalizados al proyecto; no se realizó el costo-beneficio del proyecto de inversión ya autorizado, ni se elaboró el Dictamen de Factibilidad Técnica, Económica y Ambiental para las modificaciones al trazo original; los estudios y los proyectos ejecutivos no se ajustaron a las condiciones físicas del terreno urbano; así como un inadecuado seguimiento al resolutivo administrativo del Impacto Ambiental.

Este inadecuado seguimiento a las medidas de protección y mitigación ambiental incluyen obras y aportaciones económicas establecidas en los contratos con los corporativos constructores que incluyen aportaciones al fondo ambiental, construcción de un sistema de captación e infiltración de agua pluvial, restitución de árboles y creación de áreas verdes, y la creación de área verde y lagunar como zona de amortiguamiento en el perímetro de la terminal Tláhuac.

Éste último punto la creación de un Parque Ecológico Lacustre, que hasta el momento no se ha cumplido, cuenta con un proyecto maestro y diseño arquitectónico que incluye, además de una lago artificial con área verde, un museo, pista de patinaje, zona de comida, chinampas, un centro cultural cibernético, así como un gimnasio al aire libre y un embarcadero. Para todo lo anterior, se destinaron 65 millones de pesos.

Dicho proyecto maestro, indica que podría atender hasta dos mil visitantes por día, y al encontrarse en las inmediaciones de la estación terminal Tláhuac, será el propio Metro quien los traslade o a través de bicicletas, se mencionó que es importante que nueva área de esparcimiento se integre a la zona de humedales y de conservación patrimonio de la humanidad de la zona sur-oriente de la ciudad, el sitio RAMSAR 1363 “Sistema Lacustre Ejidos de Xochimilco y de San Gregorio Atlapulco” , incluido en la lista de los humedales más representativos a nivel mundial, misma que reporta grandes beneficios al resto de la Ciudad.

Es de mencionar que para este proyecto se cuenta con un predio de aproximadamente 10 hectáreas, de las cuales el lago ocuparía 2.5 del predio conocido como “El Triángulo”. Este parque lagunar es un cumplimiento del resolutivo 1.5 de la Manifestación de Impacto Ambiental de la “línea dorada” y sus funciones de amortiguamiento son claras, ya que incluye la instalación de una planta de tratamiento de agua, y un biofiltro para el lago, vivero, además de instalaciones de servicios generales para los visitantes, descritas en el punto 1.5 de la Resolución Administrativa SMA/DGRA/DEIA/005417/2008 y ratificada en el Acuerdo Resolutivo SMA/DGRA/DEIA/003839/2009 .

Entre las autoridades que intervinieron en el desarrollo del proyecto están la Secretaría de Medio Ambiente, el Metro, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, mismo que se debió concluir en su totalidad en 2012, ya que en el proyecto original se plantea que su desarrollo se llevaría a la par del último año de construcción, como sabemos, esto no ocurrió.

Todos tenemos presente la saturación de elementos contaminantes en la Ciudad de México, sabemos los riesgos que para la salud implica y asumimos con responsabilidad algunas de las medidas para reducir las emisiones tóxicas como el descanso obligado a los vehículos. Existe un consenso en la sociedad de la Zona Metropolitana en el sentido de que el Hoy No Circula es pertinente pero no la solución para recuperar una calidad del aire que garantice nuestra salud. Es urgente controlar también a las fuentes fijas que contribuyen importantemente al deterioro de la atmósfera.

En este contexto, ya en el año 2016, hay informaciones diversas de que en el citado predio “El Triángulo”, la Secretaría de Obras está “impulsando” la instalación de una planta incineradora que a su vez genere energía para abastecer al Sistema de Transporte Colectivo Metro. Informaciones proporcionadas por el investigador y periodista en temas de sustentabilidad Luis Manuel Guerra se trata de un incinerador obsoleto que está en proceso de reconversión y que fue retirado de servicio en los Estados Unidos, éste proyecto contempla la incineración de 4,500 toneladas de basura por día y que en promedio producirán un 10 por ciento de cenizas o sea 450 toneladas (más los contaminantes aéreos) cuyo traslado y confinamiento no es sencillo y que crea una nueva problemática este proceso pretende generar 95 gigawatts, para servicio del Metro.

Cabe mencionar que en la actualidad existen tecnologías generadoras con cero emisiones y que pueden instalarse en los propios centros de transferencia como el de “Pellets” de Conversión de Basura, eliminando 100 por ciento la basura y disminuyendo los costos de generación de la energía. Los Pellets pueden alimentar plantas termoeléctricas con generadores a vapor para producir energía. Este proceso es un sistema cerrado de vitrificación (no incineración) , que no presenta emisiones o la liberación de sustancias tóxicas, y por lo tanto no necesita de filtros. Estudios socioeconómicos, y de costo beneficio que el mismo Gobierno de la Ciudad de México posee desde 2011.

No obstante, contemplando el impacto negativo ambiental, que generaría el establecimiento de dicho incinerador en el predio denominado “El Triángulo”, las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México están acelerando el proceso para montar el primer Centro Integral de Reciclaje y Energía, en dicho predio perteneciente a la demarcación de Tláhuac.

Asimismo, se tiene contemplado la celebración de un Foro denominado Primer Foro Internacional de Tecnologías para el aprovechamiento de Residuos Sólidos, y su clausura culminará con la elección de las mejores propuestas hechas por las empresas participantes, a efecto de que se instrumenten las licitaciones correspondientes e inicie la construcción de dicho incinerador en Tláhuac, en el segundo semestre de 2016.

Por tanto, resulta grave que las autoridades de la Ciudad de México pretendan construir una obra, consistente en un incinerador, transgrediendo con ello dos derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos, como el derecho a un ambiente sano y el derecho a la salud , puesto que el incinerador de basura que se pretende construir, quemaría tal número de toneladas de basura que expondría de tal forma a los habitantes de dicha zona, a respirar y comer diariamente contaminantes, como las dioxinas, furanos (compuestos químicos) , metales como plomo, cadmio, gases de efecto invernadero, gases ácidos y partículas ultrafinas (humo negro) , causantes de malformaciones congénitas, desarrollo anormal del feto, retraso en el desarrollo infantil, cáncer, problemas en riñones, y cardiacos por mencionar algunos.

Segunda. A raíz del citado Punto de Acuerdo, el Gobierno de la Ciudad de México decidió cambiar la ubicación del incinerador de basura, sin embargo, no importando su ubicación causaría los mismos problemas ambientales, por ello, el veinticinco de julio de dos mil diecisiete presenté un Punto de Acuerdo por medio del cual se conmina al Jefe de Gobierno a cancelar definitivamente la construcción de la planta de termovalorización de basura, lo cual se llevó a cabo en los siguientes términos.

Como lo mencionan Exequiel Ezcurra, Vicente Fuentes, Jorge Legorreta, Juan Manuel Navarro Pineda, Víctor Hugo Páramo y Mari Carmen Serra Puche en la Revista de Cultura Científica de la Universidad Nacional Autónoma de México, la cuenca de México es uno de los pocos lugares del mundo con evidencias arqueológicas e históricas registradas y estudiadas, que abarcan un periodo de cerca de treinta mil años, lo que la convierte en un área de altísimo interés arqueológico, cultural y etnobiológico.

Sin embargo, el crecimiento de la Ciudad ha provocado la destrucción de una parte importante del patrimonio histórico, arqueológico y cultural, y está provocando la rápida desaparición de la cultura lacustre tradicional. La antigua agricultura chinampera de la cuenca de México, es una de las técnicas agrícolas más eficientes y, ambientalmente, de las más benignas que se conocen, pero está desapareciendo rápidamente frente a la expansión de la mancha urbana.

El problema de la Ciudad de México no es sólo un problema de tamaño, es, sobre todo, un problema de crecimiento. El rápido aumento de la población (4.8 por ciento anual) , la expansión de la mancha urbana (5.2 por ciento) y el aumento del parque automotriz (6 por ciento) , hace muy difícil abastecer de servicios a la Ciudad, y mantener al mismo tiempo la calidad del ambiente. La creciente demanda de satisfactores y el consumo que provoca el crecimiento poblacional son de los principales responsables de los grandes problemas ambientales que enfrenta la Ciudad.

La concepción del país basada en un modelo concentrador es, en gran medida, la responsable de los grandes problemas de la Ciudad de México. La concentración de ventajas para la industria en la cuenca ha promovido una muy alta migración proveniente de áreas rurales empobrecidas, provocando, en consecuencia, un desmedido crecimiento de la Ciudad. A ello hay que agregar la elevada tasa de crecimiento, que sigue siendo muy alta en comparación a su capacidad para proporcionar nuevos servicios y para controlar el impacto humano sobre el medio ambiente.

La migración del campo a la Ciudad y su crecimiento demográfico, han generado inmensas áreas periféricas, habitadas por personas marginadas, sin trabajo o con muy bajos ingresos, lo que representa un inmenso problema social.

La acción del hombre en los últimos años ha acelerado los procesos geológicos naturales de la cuenca de México, como el azolve del fondo lacustre y la erosión de las laderas de las montañas. Al mismo tiempo el crecimiento de la Ciudad ha provocado que se urbanicen gran parte de los buenos suelos agrícolas de la cuenca, con el consecuente deterioro de la capacidad productiva de la región.

Otro problema de gran importancia lo representa la disposición de los residuos sólidos, que elimina cerca de 12,000 toneladas de basura por día y, gran parte de ella, al no eliminarse a través del sistema de recolección domiciliaria, se tira en sitios clandestinos o en la vía pública. Los lixiviados de los antiguos tiradores, y los rellenos sanitarios, están contaminando en muchos casos, los acuíferos subterráneos.

Por su parte, la degradación de la calidad del aire básicamente radica en la existencia de cerca de 30,000 establecimientos industriales y en la presencia de alrededor de tres millones de vehículos automotores. Las emisiones de estas fuentes y las características geográficas y climáticas de la zona, no permiten, en las condiciones actuales, garantizar una buena calidad de aire.

Los combustibles que se usan en la Ciudad de México son inadecuados: las gasolinas todavía tienen altos niveles de plomo, mientras que los combustóleos y el diésel lo tienen de azufre. Además las tecnologías de los motores y quemadores son totalmente inadecuadas, y por ello resultan ser responsables, en gran medida, de los altos niveles de contaminación.

El ozono, los hidrocarburos, los óxidos de nitrógeno y el monóxido de carbono son contaminantes de gran importancia en el aire de la ciudad. Su concentración sólo podría disminuir si se mejoraran las gasolinas y los procesos de combustión.

La cantidad de partículas suspendidas en la atmósfera es muy alta y tiene un alto contenido de azufre. La mayor parte de ellas proviene de fuentes que utilizan procesos ineficientes de combustión. La legislación ambiental no se aplica con rigor sobre las industrias privadas, ni sobre las empresas del gobierno. Los empresarios no asumen su responsabilidad como contaminadores y la rectoría del Estado sobre las emisiones de las empresas no se aplica con suficiente firmeza.

El que las autoridades no consulten antes de decidir en materia ambiental, ha llevado con frecuencia a graves errores, ya que los vecinos y las organizaciones comunales muchas veces tienen un conocimiento muy claro de los problemas ambientales más importantes de su colonia. Sin embargo, este conocimiento, en la práctica, no es utilizado debido a que no existen órganos de consulta ciudadana.

Antes de que se cerrara el Bordo de Xochiaca, la maestra Arlette López Trujillo, exdirectora de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México, consideraba que cada dos días se depositaba basura equivalente al peso de la Torre de Petróleos Mexicanos y que si permaneciera abierto hasta 2008 se depositaría el peso equivalente aproximadamente a 360 torres de Pemex.

El famoso Bordo Poniente no fue cerrado por gusto, ni por pleitos políticos; sino porque el mencionado peso podría causar estropicios y afectar al de por sí fracturado río La Compañía, al Dren General del Valle, al Río Churubusco y al Canal de Chalco.

Este problema no resuelto de los desechos, ha causado diferendos entre el Estado de México y la Ciudad de México. Por uno u otros motivos son constantes, la basura es uno de éstos. Aunque los hubo por otras razones menos evidentes, ocurrieron entre el regente Manuel Camacho Solís e Ignacio Pichardo Pagaza; entre Andrés Manuel López Obrador y Arturo Montiel Rojas y el más reciente entre Miguel Ángel Mancera y Eruviel Ávila Villegas.

La gestión de los residuos sólidos urbanos es deficiente y produce impactos ambientales, principalmente debido a cuatro condiciones: 1) alto volumen ocasionado por una creciente población y sin cultura en el manejo de los residuos sólidos; 2) inconsistencia en la gestión de los residuos sólidos al interior de la Zona Metropolitana del Valle de México; 3) infraestructura escasa y con poca regulación; y, 4) falta de coherencia en la generación de información.

En cuanto al primero, la Ciudad de México genera cada día, aproximadamente 1.4 kilogramos de residuos sólidos por persona, esto es, medio kilo más que el habitante promedio del resto del país. Las Delegaciones de Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc concentran el 41.13 por ciento del total de residuos sólidos de la Ciudad. De las 12 mil 740 toneladas al día que se generan, 48 por ciento proviene de los domicilios, 15 por ciento de los comercios, 15 por ciento de los servicios, 10 por ciento de los mercados, 5 por ciento de la Central de Abasto, 4 por ciento de fuentes diversas y 3 por ciento de origen controlado.

El manejo de los residuos sólidos urbanos se complica por su alto y creciente volumen de generación. Sin embargo, también juega un papel fundamental su tratamiento como basura. El manejo exitoso que tiene lugar en distintas ciudades de otros países se debe a que los residuos sólidos no son considerados como basura, sino como una forma de inversión. Bajo la figura de un programa denominado “Basura Cero”, se evita la incineración y se eliminan los vertederos porque todos los desechos son considerados aprovechables.

Para que un programa así sea exitoso, tiene que darse un cambio en la concepción de lo que son los residuos para una gran diversidad de actores. Todo empieza desde la promoción de procesos de fabricación de productos con materiales específicos, de tal manera que se eliminen tóxicos y se utilicen envases y materiales cuya reutilización sea más accesible.

Los desechos se han constituido en uno de los más serios problemas ecológicos, políticos y sanitarios de México, mientras los espacios para ubicarlos cada día son más escasos y los programas de reciclaje avanzan lentamente.

En 2004 se calculaba que cada mexicano producía casi 900 gramos de basura al día, lo que significaba un total de 83 mil 300 toneladas diarias de desechos en toda la República. Hoy, generamos anualmente 41 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos, de las cuales, aproximadamente se recolecta el 86 por ciento, pero queda disperso un 14 por ciento que se deposita en tiraderos clandestinos, en lotes baldíos o áreas verdes, ocasionando problemas de contaminación del agua, aire y suelo, y riesgos en materia de salud pública provocados por la fauna nociva y gases tóxicos que la mezcla de residuos genera.

La infraestructura para el manejo de los residuos sólidos en la Ciudad de México comprende 13 estaciones de transferencia distribuida, las cuales concentran los residuos sólidos de los servicios de recolección pública y privada. Además, existen tres plantas de selección y 10 plantas de composta para el procesamiento de residuos orgánicos. Según el Inventario de Residuos Sólidos, en la Ciudad se cuenta con dos mil 552 unidades de recolección con una cobertura de mil 753 colonias.

Bajo el subtítulo “Hacia Una Política Integral Para Una Megalópolis Sustentable” están los planteamientos con la mirada puesta en el futuro de la Zona Metropolitana del Valle de México. No hay buenos augurios, sino advertencias de impacto ambiental por un inadecuado ordenamiento territorial. Además “la deficiente gestión de los recursos hídricos y de los residuos sólidos solo pueden empeorar de mantenerse el status quo . De acuerdo a la Comisión Metropolitana de Asentamientos Humanos, la dinámica de la Megalópolis es característica de un proceso de integración de una “Corona Regional de Ciudades”, conformada por las 16 delegaciones de la Ciudad de México y 189 municipios colindantes, de los cuales 91 son del Estado de México, 37 de Tlaxcala, 29 de Puebla, 16 de Morelos y 16 de Hidalgo.

Como resultado de lo anterior, desde finales de 2014, el medio ambiente y por ende, la calidad de vida de las personas habitantes de la Delegación Tláhuac, se han visto gravemente deterioradas por políticas gubernamentales que no atienden a la preservación de un medio ambiente sano, particularmente en una de las zonas con mayor grado de vulnerabilidad en la capital del país.

En primera instancia, me refiero a la zona denominada “Paraje Tempiluli”, misma que se ha convertido en un tiradero donde diariamente se vierten decenas de metros cúbicos de residuos de la construcción, a pesar de que en diciembre de 1987, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la declarara Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, por lo cual, el Estado Mexicano se comprometió a protegerlo en beneficio de la humanidad.

En contraposición al ecocidio, las y los vecinos organizados han implementado operativos de vigilancia con la intención de evitar el ingreso de los camiones contenedores, han interpuesto denuncias y solicitado la intervención del Gobierno de la Ciudad de México, sin que a la fecha haya una respuesta, por lo que se continúa destruyendo el hábitat natural que brinda importantes servicios ambientales para la Ciudad, como la captura y filtración de agua y la regulación del clima.

De acuerdo con lo dispuesto en las normas ambientales, se encuentra prohibido el manejo de residuos de construcción y demolición, la descarga, depósito o disposición de la construcción y demolición en lugares distintos a los centros de acopio, centros de reciclaje o sitios de disposición final autorizados, pero a pesar de ello, la práctica se continúa llevando a cabo con la complacencia de las autoridades, a pesar de que el paraje se encuentra justo detrás de las oficinas de la Comisión de Recursos Naturales, quienes junto con la Secretaría del Medio Ambiente, han hecho caso omiso a las denuncias que se han interpuesto.

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, derivado de cuando menos cuatro quejas presentadas, realizó un dictamen donde expresa que el depósito del material contaminante promueve el cambio de uso del suelo y alienta el crecimiento del asentamiento humano irregular; menciona que la contaminación altera las propiedades químicas del suelo, elimina la capacidad biológica para la reproducción y crecimiento de microorganismos; propicia la pérdida de la microflora y fauna del suelo, disminuye la biodiversidad nativa, al mismo tiempo que disminuye la capacidad productiva del suelo con vocación agroecológica.

A través de la resolución PAOT-05-300/200-6580-2014 , demostró que el predio se encuentra registrado como Asentamiento Humano Irregular, a pesar de que se trata de suelo de conservación con zonificación normativa para producción rural agroindustrial. Además, constató la acumulación de aproximadamente 174,000 metros cúbicos de residuos sólidos en diversos puntos de la Ciénega de Tláhuac; y que la disposición de los materiales de la construcción ha significado la eliminación de la capacidad biológica para las propiedades naturales del suelo y la afectación de sus propiedades químicas, contraviniendo lo establecido en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra y la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal.

Derivado de lo anterior, fue presentada una denuncia ante la Fiscalía Desconcentrada de Investigaciones de Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana, sin embargo, no se tomaron las medidas precautorias necesarias para evitar que se sigan vertiendo los materiales y como resultado de ello, el volumen de residuos se ha incrementado de 250,000 a 270,000 metros cúbicos, afectando a la fecha una superficie superior a las 13 hectáreas.

Como si lo anterior fuera poco, otro atentado al medio ambiente es promovido por el Gobierno de la Ciudad, que impulsa un proyecto para la instalación de un incinerador de basura, un aparato obsoleto que ya había sido retirado de operar en Estados Unidos y que tiene como objetivo la incineración de cuatro mil quinientas toneladas de residuos sólidos urbanos diariamente.

El proceso de incineración propuesto emite grandes cantidades de contaminantes al aire, además de generar cincuenta toneladas de cenizas por día, mismas que deben ser trasladadas a un relleno sanitario, lo que, paradójicamente contaminaría más que la propia basura sin incinerar.

La instalación del incinerador, además de poner en riesgo la salud de las personas, va en contra del acuerdo SMA/DEIA/003830/2009 , por medio del cual se estableció que en el predio habría de construirse un parque urbano para compensar las afectaciones producidas durante la construcción de la Línea 12 del Metro. Es decir, lejos de favorecer la mejora en las condiciones de vida, se plantean mecanismos anticuados para el manejo de la basura además de generar más contaminación ambiental.

Dicha instalación no sólo preocupa a las y los habitantes de la demarcación, sino también a especialistas, quienes aseguran que este proyecto aumentaría los niveles de contaminación en la zona oriente de la capital, lo que habla de una falta de sensibilidad y de compromiso de las autoridades, que ponen en peligro la integridad física de las personas haciendo tóxico el aire que respiran.

Es importante resaltar que recientemente, la capital del país ha entrado en una crisis ambiental debido al exceso de contaminantes en la atmósfera, por lo cual ha sido activada en varias ocasiones la Fase 1 de Contingencia Ambiental, por lo que resulta absurda la idea de incinerar basura puesto que no se toma en cuenta el impacto ambiental que esto conlleva, además de las afectaciones a la salud que produce.

Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, aseveraron que esta zona se vería sumamente afectada, mencionan que “este proyecto habla de la falta de legalidad que existe en la ciudad. La idea de un incinerador es absurda, no están respetando los estudios de impacto ambiental. Esto es un negocio que intenta solucionar el tema de la basura; el gobierno de la Ciudad busca soluciones rápidas ante la problemática ambiental, no realiza proyectos a largo plazo que beneficien a la ciudadanía” .

Cabe señalar que no es la única ocasión en que la delegación Tláhuac se ha visto afectada por las decisiones del Gobierno de la Ciudad, en la administración de Marcelo Ebrard, se emprendió una lucha para evitar que en esa zona se habilitará un relleno sanitario; desde 2005 se iniciaron negociaciones con los ejidatarios de San Francisco Tlaltenco, incluso en 2008 la Secretaría de Obras confirmó la construcción del Centro Integral de Reciclaje y Energía, por lo que, es evidente la falta de sensibilidad para una de las zonas más desatendidas de la capital.

En la actualidad, existe la intención de crear una planta de termovalorización de basura, misma que expertos rechazan puesto que, aseguran que la quema de 4 mil 500 toneladas de basura al día, durante 30 años, violará las leyes nacionales de protección al medioambiente, también convenios internacionales.

Se sabe que la Agencia de Gestión Urbana capitalina otorgó a Proactiva Medio Ambiente , del grupo francés Veolia , una licitación para que construya una planta de termovalorización que producirá electricidad para las 12 líneas del Metro, a partir de la quema de 4 mil 500 de las casi 13 mil toneladas de basura que genera la urbe.

Marisa Jacott, directora de la Organización Fronteras Comunes, declaro que México firmó el Convenio de Estocolmo para frenar la incineración, entonces no puede aceptar tecnologías que generan sustancias altamente tóxicas, persistentes y bioacumulables como las dioxinas y los furanos, porque no hay manera de contenerlas. A través del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, en vigor en México desde 2004, los países se comprometen a “poner fin a la incineración de desechos a cielo abierto y otras formas controladas de incineración” , incluida la de vertederos.

Según Veolia , que opera 63 plantas de este tipo en todo el mundo, la termovalorización es un proceso que reduce los gases de efecto invernadero, controla las emisiones de dioxinas y furanos y es reconocido en Europa por su eficiencia energética.

En enero de 2017 un documento de la Unión Europea advirtió que “la eliminación, ya sea en vertederos o mediante incineración con escasa o nula recuperación de energía, es habitualmente la opción menos favorable para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero” .

Además de violar el Convenio de Estocolmo, organizaciones ambientalistas han denunciado que la incineración de residuos atenta contra el derecho a un medioambiente sano garantizado por la Constitución, y viola normas sobre manejo de rellenos sanitarios y la emisión de sustancias peligrosas al ambiente.

El director de Greenpeace México, Gustavo Ampugnani, aseguró que tras el cierre del relleno sanitario del Bordo Poniente en 2011, el más grande de América Latina, con una extensión de 721 hectáreas, se perdió la oportunidad de implementar un modelo de gestión basado en basura cero.

Ramón Ojeda Mestre, experto en derecho ambiental internacional, denunció además que no hubo proceso de saneamiento del Bordo Poniente, que recibió 76 millones de toneladas de basura en el tiempo que operó, como estipula la norma sobre tratamiento de residuos sólidos urbanos.

Ahí se construirá la planta de Veolia , la primera de este tipo en América Latina y que empezará a operar en 2020, violando además la norma sobre residuos peligrosos, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos e incluso el Acuerdo de París, que fija las metas para reducir la emisión de gases de efecto invernadero.

Además, Greenpeace, identificó varios focos rojos, uno de ellos es que en el apartado de riesgos se acepta, sin especificar, “que las emisiones al ambiente se encuentren por encima del rango estipulado por la norma” . Carlos Samayoa, abogado de Greenpeace, advierte que “esto puede incluir no sólo gases de efecto invernadero sino sustancias cancerígenas como dioxinas y furanos que se emiten por la combustión de basura y se acumulan en el cuerpo y el ambiente” .

De acuerdo con el abogado, “habría que aplicar los principios de prevención y precaución establecidos en convenios internacionales como la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992), la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (1994) y el Convenio de Diversidad Biológica (1992)” .

El principio precautorio de la Declaración de Río indica que “cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medioambiente” . El principio de prevención supone que el riesgo puede ser conocido anticipadamente y que pueden adoptarse medidas para neutralizarlo.

Otra cláusula del contrato estipula que si la cantidad de basura no fuera suficiente para generar la energía que requiere el Metro, se aportarán desechos adicionales. Carlos Marcos Morales, director de Innovación Tecnológica en la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, confirmó este punto y explicó que “de ser necesario, se aprovecharían entre 1,000 y 1,300 toneladas diarias de inorgánicos que originalmente irían a relleno sanitario” . Sin embargo, el cálculo definitivo sólo se conocerá cuando la planta esté en operación hacia 2020.

Otro foco rojo es que se pagará anualmente a Veolia , 2 mil 350 millones de pesos por la eliminación de 4 mil 500 toneladas de basura al día, alrededor de 70 mil 500 millones de pesos (4 mil 028.6 millones de dólares) en 30 años, lo que representa una inversión altísima para una medida que ni siquiera tiene a prioridad más alta en la jerarquía de disposición de residuos.

Por otro lado, en el contrato compromete a cumplir con la directiva europea sobre la prevención y control de la contaminación por emisiones industriales, porque es más estricta que la normatividad mexicana, sin embargo, no hay nada que jurídicamente pueda obligar a esta empresa a sujetarse a los estándares europeos más que su buena voluntad y, en caso de demanda, a la empresa únicamente se le puede exigir el cumplimiento de normas mexicanas.

Por tanto, al menos 45 organizaciones de defensa del medio ambiente y derechos humanos se manifestaron en contra del proyecto, ante los riesgos para el medio ambiente y la salud de los capitalinos, pues dijeron que en realidad se trata de incineración de basura.

En conferencia de prensa, activistas denunciaron además que la empresa a la que se le adjudicó el proyecto, tiene diversas demandas en México y en el mundo por el deficiente tratamiento de la basura. Por ello, exigieron la cancelación del convenio firmado a 33 años.

En Flint, Michigan, Estados Unidos, fue acusada de ocultar la contaminación del agua con plomo. En tanto, en Chiapas, México, los ambientalistas la han señalado por la contaminación de mantos freáticos por escurrimientos de lixiviados el basurero que tiene bajo su responsabilidad.

Jorge Tadeo Vargas, del Laboratorio de Investigación en Desarrollo Comunitario y Sustentabilidad, comentó que los estragos de la incineración de residuos sólidos urbanos ya se sufren en entidades vecinas de Hidalgo y Puebla.

Apoyados en expertos, los ambientalistas señalaron que el proyecto anunciado, sólo empeorará la calidad del aire de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México “poniendo en riesgo el derecho a la salud y a un medio ambiente sano de sus habitantes” .

Es insostenible que el gobierno capitalino pretenda aumentar la contaminación del ambiente, si se considera que “de los 128 días transcurridos en 2017, sólo nueve hemos tenido aire limpio. Luego, calculó que con las cuatro mil toneladas diarias que se pretenden incinerar, se van a provocar más daños a la salud, más enfermedades respiratorias y de piel” .

Especialistas destacaron que por la experiencia en otros países, estas tecnologías generan contaminantes altamente tóxicos; además de que no sólo impacta a la salud de personas, sino que hay hallazgos negativos en la calidad de la atmósfera. Incluso, advirtió que la calidad del aire, de por sí mala en la Zona Metropolitana, se verá afectada “por un modelo equivocado y fallido de movilidad, se van a sumar contaminantes a un ambiente saturado” .

Magdalena Dionisio, de la Alianza Global para Alternativas a la Incineración, comentó que de acuerdo con la Asociación Internacional de Residuos Sólidos, la incineración representa “un bajísimo valor calorífico, apoyo financiero deficiente, opciones tecnológicas inapropiadas y contextos institucionales inadecuados” .

A todo ello, se debe sumar que una planta de incineración también tiene diversos impactos, entre ellos sociales, porque representa la pérdida de trabajo de los pepenadores hasta la privatización de los servicios de limpia, impactos en la salud ambiental y humana generada por las sustancias químicas tóxicas.

Las organizaciones que rechazan la propuesta alertaron que la termovalorización “viola derechos constitucionales como el de vivir en un medioambiente sano, el derecho a la consulta previa e informada, así como el de acceso a la información, incumpliendo también convenios internacionales como el de Estocolmo, por lo que el gobierno de la Ciudad de México debe cancelar el proyecto”.

Tercera. Relacionado con lo anterior, el Director de la Agencia de Gestión Urbana, afirmó que el consorcio ganador de la licitación de la planta de termovalorización y biodigestión que se instalará en el Bordo Poniente de la Ciudad de México, Veolia , construirá un Parque Ecológico en Tláhuac.

Con una inversión público-privada por 120 millones de pesos, el Gobierno de la Ciudad pretende iniciar la construcción del Parque Ecológico Laguna, Veolia , aportará alrededor de 60 millones de pesos como medida de mitigación por la instalación de la planta de termovalorización.

Sin embargo, al tratarse de una empresa a la que se le pagarán 70,500 millones de pesos en 30 años, la mitigación pactada por el Gobierno de la Ciudad de México es absurda, por lo que se tiene el fundado temor de que se trate de actos de corrupción o conflicto de intereses que tal empresa participe en la construcción de un parque tan necesario para los habitantes de Tláhuac.

Es de destacar que en la Ciudad de México, la legislación ambiental no se aplica con rigor sobre las industrias privadas, ni sobre las empresas del gobierno. Además, los empresarios no asumen su responsabilidad como contaminadores y la actuación del Estado sobre las contaminantes no se aplica con suficiente firmeza.

Aunado a lo anterior, el consorcio francés enfrenta múltiples demandas en México, y que a pesar de ello la Agencia de Gestión Urbana capitalina le otorgó la licitación, sin atender a las mejores prácticas que los intereses económicos y de medio ambiente de las personas que habitamos en la capital del país.

Resulta sospechoso, cuando menos, que a pesar de la amplísima inversión para la instalación y operación (a 30 años) de una planta que no resuelve los problemas de basura en la Ciudad, que al contrario, genera aún más; además de las quejas en contra de la empresa, el Gobierno de la Ciudad de México se empecine en realizar asociaciones público privadas que podrían ir en detrimento del erario capitalino y lo más importante, en perjuicio de la salud de las personas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a hacer públicos todos y cada uno de los procesos de licitación, contratación y adjudicación de obras llevados a cabo en la entidad con la empresa Veolia , en especial los relativos a la construcción, instalación y operación de la planta de termovalorización de basura y de la construcción y operación del Parque Ecológico de Tláhuac.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Contraloría General de la Ciudad de México a realizar una auditoría a todos y cada uno de los procesos de licitación, contratación y adjudicación de obras llevados a cabo entre el Gobierno de la Ciudad de México y la empresa Veolia , en especial los relativos a la construcción, instalación y operación de la planta de termovalorización de basura y de la construcción y operación del Parque Ecológico de Tláhuac.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de septiembre de 2017.

Diputada Norma Xóchitl Hernández Colín (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a desarrollar campañas de difusión y capacitación orientadas a garantizar los derechos considerados en el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, suscrita por el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

El que suscribe, diputado José Refugio Sandoval Rodríguez, en nombre de los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Nuestra Constitución Política señala en la fracción V del artículo 123 lo siguiente:

“V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un descanso de seis semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos;”

Además, de acuerdo con el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos:

“I. Durante el período del embarazo, no realizarán trabajos que exijan esfuerzos considerables y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación, tales como levantar, tirar o empujar grandes pesos, que produzcan trepidación, estar de pie durante largo tiempo o que actúen o puedan alterar su estado psíquico y nervioso;

II. Disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto. A solicitud expresa de la trabajadora, previa autorización escrita del médico de la institución de seguridad social que le corresponda o, en su caso, del servicio de salud que otorgue el patrón, tomando en cuenta la opinión del patrón y la naturaleza del trabajo que desempeñe, se podrá transferir hasta cuatro de las seis semanas de descanso previas al parto para después del mismo. En caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta ocho semanas posteriores al parto, previa presentación del certificado médico correspondiente. En caso de que se presente autorización de médicos particulares, ésta deberá contener el nombre y número de cédula profesional de quien los expida, la fecha y el estado médico de la trabajadora.

II Bis. En caso de adopción de un infante disfrutarán de un descanso de seis semanas con goce de sueldo, posteriores al día en que lo reciban;

III. Los periodos de descanso a que se refiere la fracción anterior se prorrogarán por el tiempo necesario en el caso de que se encuentren imposibilitadas para trabajar a causa del embarazo o del parto;

IV. En el periodo de lactancia hasta por el término máximo de seis meses, tendrán dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos, en lugar adecuado e higiénico que designe la empresa, o bien, cuando esto no sea posible, previo acuerdo con el patrón se reducirá en una hora su jornada de trabajo durante el período señalado;

V. Durante los periodos de descanso a que se refiere la fracción II, percibirán su salario íntegro. En los casos de prórroga mencionados en la fracción III, tendrán derecho al cincuenta por ciento de su salario por un período no mayor de sesenta días;

VI. A regresar al puesto que desempeñaban, siempre que no haya transcurrido más de un año de la fecha del parto; y

VII. A que se computen en su antigüedad los periodos pre y postnatales.”

Sumado a lo anterior, el 7 de abril del 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana NOM- 007-SSA2-2016, “para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida”.

En este mismo sentido, resultan aplicables los tratados internacionales existentes en relación a este tema, como: La Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 25), Convenio 102 (OIT), Sobre la Norma Mínima de la Seguridad Social. (Parte VIII. Prestaciones de maternidad, Artículos 46, 47, 48, 49, 50, 51 y 52), Convenio sobre la Protección de la Maternidad, Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, Convenio sobre la Protección de la Maternidad y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre que salvaguardan el derecho de protección a la maternidad y a la infancia.

Sin embargo, a pesar de los grandes avances en temas legislativos que se han alcanzado en favor de los derechos de la mujer; en especial en los derechos de las madres trabajadoras, hoy en día no han sido suficientes, ya que la maternidad de la mujer siempre será un tema por demás delicado que constituye una problemática muy recurrente en los temas de equidad y género.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2014, egresaron de un hospital 199 de cada 100 mil mujeres embarazadas de 20 a 24 años por hipertensión gestacional y 197 por preclamsia. Por diabetes gestacional egresan 73 de cada 100 mil mujeres de 30 a 34 años.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en el cuarto trimestre de 2016 la tasa de participación económica de mujeres de 15 y más años con al menos un hijo nacido vivo es de 43.4 por ciento.1

A mayor abundamiento, en el mes de mayo de este año, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 23/20172 sobre casos de restricciones ilegítimas al derecho a la seguridad social, en la modalidad de protección a la maternidad, dirigida al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Los casos analizados, precisa, corresponden a situaciones suscitadas durante el embarazo, parto y/o puerperio de mujeres trabajadoras, a las que no se les otorgó el periodo completo de descanso por maternidad a que tienen derecho.

Por otra parte, se recomienda la capacitación a los jefes de prestaciones médicas, jefes de prestaciones económicas, directores de unidades de medicina familiar, personal encargado de atención a quejas y orientación al derechohabiente, así como al personal del área de atención a quejas en materia de derechos humanos, en temas de educación y formación sobre derechos humanos que incluya los principios de interés superior de la niñez, de igualdad y no discriminación, y de interpretación conforme y pro persona.

Asimismo, se recomienda desarrollar una campaña de difusión y capacitación orientada a garantizar que en las unidades de medicina familiar y hospitales de alta especialidad con atención gineco-obstétrica se proporcione información oportuna, clara y precisa a las madres trabajadoras, respecto a su derecho de contar con el periodo de descanso por maternidad de 12 semanas; e incluso, la posibilidad de transferir semanas y valorar ampliarlo en los casos previstos por el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud, al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social y al titular del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a desarrollar campañas de difusión y capacitación orientadas a garantizar que en las unidades de medicina familiar y hospitales de alta especialidad con atención gineco-obstétrica se proporcione información oportuna, clara y precisa a las madres trabajadoras, respecto de los derechos contemplados en el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo en favor de ellas.

Notas

1 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/madre2017_Nal.pdf

2 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2017/Rec_2017_023.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2017.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez, Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, José de Jesús Galindo Rosas, Daniela García Treviño, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Lía Limón García, Nancy López Ruiz, Uberly López Roblero, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Samuel Rodríguez Torres, Emilio Enrique Salazar Farías, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Francisco Alberto Torres Rivas, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a elaborar una norma oficial mexicana que determine las horas máximas de conducción continua y las necesarias de descanso obligatorias de los conductores de autotransportes de carga federal, a cargo del diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Jonadab Martínez García, diputado federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a fin de que elabore a la brevedad una Norma Oficial Mexicana que determine las horas máximas de conducción continua y las horas necesarias de descanso de los conductores del autotransporte de carga federal, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Los seres humanos somos la única especie que ignora o actúa en contra del reloj biológico, lo cual afecta los ritmos circadianos (regulación de las funciones fisiológicas del organismo para que sigan un ciclo regular que se repite cada 24 horas, y que coincide con los estados de sueño y vigilia).

“Las funciones fisiológicas del organismo se inhiben, y llegan al mínimo entre las 3:00 y las 6:00 horas (debido a la falta de luz natural).

Si no se descansa, esto afectará negativamente a la salud física y psíquica del individuo, porque se disocian los ritmos biológicos y los elementos naturales que sirven para sincronizarlos, especialmente la luz”.1

“Cerca del 10 por ciento del ADN humano tiene un patrón de actividad de 24 horas, el cual está detrás de todos los cambios fisiológicos y de comportamiento en el cuerpo.

Pero varios estudios han demostrado que el ritmo puede ser interrumpido con descansos cortos o turnos de trabajo irregulares.”2

En la legislación internacional se establece que “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo” (artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos)

Sin embargo, las sociedades modernas exigen a los trabajadores reducir las horas de sueño, o trabajar con turnos irregulares en pro de la productividad y la competitividad.

Lo anterior, ha llevado a que algunas actividades de la población económicamente activa disminuyan las horas de sueño ininterrumpido a quienes las realizan, como es el caso de los conductores del autotransporte de carga federal; lo cual contradice lo estipulado en nuestra Carta Magna y los tratados internacionales en relación a que la duración de la jornada máxima será de ocho horas y la jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas (artículo 123, literal A, fracciones I y II).

El no dormir lo suficiente tiene por consecuencia graves problemas de salud a largo plazo, lo cual impacta en las políticas públicas en la materia.

El presente punto de acuerdo tiene por fin el mejorar las condiciones de trabajo de los conductores del autotransporte de carga federal, mediante la regulación técnica de observancia obligatoria que determine las horas máximas de conducción continua y las horas necesarias de descanso de los conductores del autotransporte de carga federal.

Afortunadamente, este aspecto del subsector autotransportes, fue abordado por legisladores y reconocido como importante por el maestro Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en su comparecencia ante las Comisiones Unidas de Comunicaciones, Transportes e Infraestructura el pasado 29 de noviembre de 2016, manifestando que:

“El 80 por ciento de los accidentes son causados por el factor humano, esto quiere decir que deberíamos de estar más preocupados por el cansancio del conductor, por las habilidades del conductor, por en un momento dado la pericia del conductor”.

Por lo que tenemos la seguridad que la presente propuesta será bien vista por la dependencia.

El acto de dormir en el ser humano es una necesidad básica, y cada etapa de la vida requiere de una cantidad de horas de sueño necesarias.

En este sentido, la National Sleep Foundation (Fundación Nacional del Sueño) dio a conocer las necesidades de sueño en función de cada edad, y para el caso que nos ocupa, es decir entre los 18 y 64 años se establece lo siguiente:

“Adultos jóvenes (18 a 25 años) lo sano es dormir entre 7 y 9 horas, pero nunca menos de 6, ni más de 11.

Adultos (26 a 64 años) : En esta etapa de la vida lo ideal es dormir entre 7 y 9 horas.” 3

“Así entonces, dormir menos de 7 horas por noche de forma continuada puede tener consecuencias negativas para el organismo y el cerebro.”4

“Sin embargo, existen rutas que implican 15 horas continuas conduciendo, las cuales solo se pueden soportar sin dormir por medio del consumo de metanfetaminas o anfetaminas (una o dos pastillas por la noche) o bien cocaína, marihuana, cristal y peyote entre otros; y una vez que pasan sus efectos, el dormir 1 hora y media o dos máximo.

El consumo de estupefacientes entre los conductores ha sido identificado por el Instituto Mexicano del Transporte (IMT).”5

Sabemos que lo anterior está prohibido (artículo 36, quinto párrafo de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y 93 del Reglamento de tránsito en carreteras y puentes de jurisdicción federal) pero no hacerlo implica perder un viaje, es decir un ingreso económico, por lo que esta práctica se realiza en un alto porcentaje de conductores.

Las jornadas de trabajo que realizan los conductores del autotransporte de carga federal exceden los máximos legales, aun cuando la ley establece que “la duración máxima de la jornada será: ocho horas la diurna, siete la nocturna y siete horas y media la mixta” (artículo 61 de la Ley del Trabajo).

Lo solicitado en el presente punto de acuerdo está apegado a derecho, ya que la ley establece que “durante la jornada continua de trabajo se concederá al trabajador un descanso de media hora, por lo menos” (artículo 63 de la Ley del Trabajo).

Estimamos que el tema de la circulación del auto transporte de carga federal se ha deliberado de manera general, pero es necesario también centrarse en aspectos particulares, como es el tema que nos ocupa.

La presente propuesta también busca dar seguridad a los distintos usuarios de los sistemas viales, atendiendo con ello a la legislación internacional, en relación a que “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona” (artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos).

“La fatiga y el sueño en choferes fueron identificadas (desde 2004) por el Instituto Mexicano del Transporte (IMT), como las responsables de hasta el 30 por ciento de los accidentes con víctimas.”6

Las condiciones de trabajo de los conductores del autotransporte de carga federal no solo implican largas horas de trabajo (por no calificarlas de inhumanas) sino que nos remiten a un círculo vicioso de condiciones que atentan contra la calidad de vida a corto, mediano y largo plazo de las personas que realizan esta actividad.

Nos referimos a sobrepeso (por inactividad física) mala nutrición (no hay tiempo para comer saludablemente) desintegración familiar (nula convivencia) y derivado de esto último la depresión que puede llevar al consumo de alcohol.

De lo anteriormente señalado, la obesidad (cuya falta de sueño aumenta el riesgo de padecerla) junto con la diabetes son consideradas en nuestro país una emergencia sanitaria.

Así entonces, el asunto que nos ocupa, es un problema de salud pública, que por falta de la legislación y regulación necesarias ya ha afectado a la sociedad en general, y en particular a los usuarios de los sistemas viales, por lo que como legisladores debemos ocuparnos de ello y resolverlo en la medida y a la brevedad posible.

El desarrollo económico y la competitividad son importantes, sin lugar a dudas, pero como legisladores no podemos y no debemos anteponer un interés económico a la salud de un semejante.

Este tema no es ajeno a la legislación internacional, ya que esta establece que “toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas” (artículo 24 de la Declaración Universal de Derechos Humanos).

De igual manera existe el Convenio Internacional del Trabajo No. 153 sobre duración del trabajo y períodos de descanso en los transportes por carretera de la Organización Internacional del Trabajo (que entro en vigor para México el 10 de febrero de 1983) y por lo tanto el Estado mexicano debe de hacerlo parte de su derecho interno.

Dicho Convenio establece que:

“La autoridad o el organismo competente de cada país podrá permitir, en forma de excepciones temporales, aunque únicamente en la medida necesaria para efectuar trabajos indispensables, prolongaciones de la duración de la conducción y de la duración del trabajo ininterrumpido así como reducciones de la duración del descanso diario...” (artículo 9, numeral 1 del Convenio Internacional del Trabajo No. 153 de la Organización Internacional del Trabajo)

El problema es que en nuestro país en relación a la jornada laboral de los conductores del autotransporte de carga federal, la prolongación de la duración de la conducción es la regla y no la excepción, y el descanso diario es casi inexistente.

Sin embargo, reformar o adicionar leyes, reglamentos y normas oficiales no es una responsabilidad exclusiva del Congreso de la Unión, sino que es una corresponsabilidad ente este Poder de Estado y el Ejecutivo Federal.

“Sin embargo, como resultado de los trabajos realizados por el Panel de Expertos técnicos y académicos configurado el 17 de mayo de 2013 de común acuerdo entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y las principales cámaras y organizaciones de transportistas, se emitieron 19 recomendaciones a fin de mejorar la circulación de los fulles, de todas estas, ninguna tiene relación con mejorar las condiciones de trabajo de los conductores de estas unidades.” 7

Por otro lado, la Dirección General de Autotransporte Federal, dependiente de la Subsecretaría de Transporte, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el Foro “Pesos y dimensiones de las configuraciones vehiculares que transitan en las vías federales de comunicación”, realizado en octubre pasado en el Senado de la República, menciono que para poder transitar de forma segura por las carreteras federales se requería de:

“Conductores seguros. Todos los conductores deberán encontrarse bien capacitados, pasar por los mejores procesos de selección, encontrarse en óptimas condiciones físicas y no conducir ni fatigados, ni bajo los influjos de alguna sustancia” . 8

Así mismo, llama la atención que existe el Programa integral de capacitación para conductores con experiencia en el autotransporte federal y transporte privado para la obtención de la licencia en carga general para los tractocamiones doblemente articulados en sus distintas configuraciones vehiculares tractocamión-semirremolque-remolque (TSR) y tractocamión-semiremolque-semiremolque (TSS), en cuyo Módulo No. 7 denominado “Educación y Seguridad Vial” y cuyo objetivo es “Identificar los principios de la educación y la seguridad vial mediante el estudio de los principales elementos que inciden en la seguridad, proporcionando conceptos y ejemplos aplicables al desarrollo diario de la labor de conductor, con la finalidad de prevenir accidentes en carreteras federales”; cuyo numeral 7.4 denominado “Prevención de accidentes” tenga un subnumeral 7.4.5 dedicado a “Los efectos del estrés, el sueño y la fatiga en la conducción”. 9

La pregunta que inmediatamente se derivaría de la existencia de este requerimiento y este Programa seria ¿por qué entonces los conductores se siguen quedando dormidos al conducir?, si para la autoridad el sueño y la fatiga son condiciones físicas que no deberían de existir en los conductores, ¿Son los conductores quienes prefieren conducir cansados y con sueño? ¿Son los conductores los culpables por no dormir lo suficiente antes de conducir?

Consideramos que si bien los Centros de Capacitación y Adiestramiento de Conductores del Servicio de Autotransporte Federal y Transporte Privado, son los encargados de dar lugar a los procesos de capacitación, para la obtención de la licencia en carga general para los tractocamiones doblemente articulados en sus distintas configuraciones vehiculares, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes es la encargada de vigilar a dichos centros, por lo tanto debe de verificar que quien obtenga la licencia de mérito efectivamente cumpla con el curso y lo apruebe.

Por otro lado, llama nuestra atención que el Reglamento de tránsito en carreteras y puentes de jurisdicción federal, establece disposiciones en relación al tema que nos ocupa.

En este sentido, todo conductor tiene el deber de estar en pleno uso de sus facultades físicas y mentales (artículo 81, fracción I) y portar, debidamente requisitada, la bitácora de horas de servicio a que se refieren las disposiciones administrativas aplicables (artículo 83).

La bitácora de horas de servicio es el registro diario que contiene los datos necesarios para conocer el tiempo efectivo de conducción y determinar el descanso. Los permisionarios deberán dotar a sus conductores de dicha bitácora, la cual contiene entre otros datos los siguientes:

Horas: a) De salida y de llegada; b) De servicio conduciendo; c) De servicio sin conducir, a consecuencia de paradas no programadas; d) Fuera de servicio, y e) De descanso; IX. Casos de excepción en los que el conductor pueda excederse de la jornada, y X. Firmas del conductor y del permisionario o de la persona que éste designe (artículo 83).

Se establece que la falta de bitácora o la omisión de algún dato serán sancionadas conforme a lo establecido en el reglamento respectivo (artículo 83), pero no se sanciona el falsear los datos, así como tampoco se establece textualmente en el ordenanza la obligatoriedad del descanso.

De igual manera se establece que los Policías Federales apoyarán al personal médico autorizado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a cargo de la verificación, en términos de las disposiciones aplicables, de los signos de cansancio de los conductores de vehículos destinados al servicio de autotransporte federal y transporte privado, conforme a los parámetros establecidos en la normatividad respectiva y, en su caso, el exceso en los tiempos de conducción con base en su bitácora de horas de servicio. Se entenderá por cansancio la sensación de sueño o el cansancio físico o psíquico que disminuya la capacidad del conductor y ponga en riesgo o peligro la seguridad del mismo o de terceros con motivo de la operación del vehículo. El conductor que transite con cansancio, será sancionado con multa de 25 a 50 veces la cuota diaria que establece el Reglamento y con inhabilitación para conducir durante el lapso de tiempo necesario para recuperar su capacidad de manejo (artículo 91 del Reglamento de tránsito en carreteras y puentes de jurisdicción federal).

Desgraciadamente la bitácora es alterada y se llena a conveniencia para que se requisiten los descansos, sin haberlos tomado en realidad por parte del conductor.

¿Por qué se da esta práctica?

El problema es que los conductores del autotransporte de carga federal tienen un horario que cumplir, es decir deben de entregar la mercancía que transportan en un horario y fecha determinada, (tiempos estipulados a su destino) y lo menos que tienen es tiempo disponible para descansar.

“Sin embargo, se ha demostrado que una persona con 18 horas de insomnio, es casi tan riesgosa al conducir como aquella que maneja bajo los efectos del alcohol.” 10

Todo lo anterior, si bien está contemplado en ordenamientos jurídicos, el problema es la corrupción, misma que evita que tales disposiciones se cumplan.

Infortunadamente la corrupción también está presente en el tema que nos ocupa, ya que el subsector autotransportes esta permeado por acciones deshonestas, tanto por parte de las autoridades, permisionarios y conductores.

La corrupción en la administración pública todo lo infecta, ya sea el sector salud, seguridad, educación o transportes; ya que se convierte en una ideología, y una idea es muy difícil de destruir.

En distinto orden de ideas, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización establece en su artículo 3°, fracciones X, X-A y XI lo siguiente:

ARTÍCULO 3o. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

X. Norma mexicana: la que elabore un organismo nacional de normalización, o la Secretaría, en los términos de esta Ley, que prevé para un uso común y repetido reglas, especificaciones, atributos, métodos de prueba, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado;

X-A. Norma o lineamiento internacional: la norma, lineamiento o documento normativo que emite un organismo internacional de normalización u otro organismo internacional relacionado con la materia, reconocido por el gobierno mexicano en los términos del derecho internacional;

XI. Norma oficial mexicana: la regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las dependencias competentes, conforme a las finalidades establecidas en el artículo 40, que establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación;

Una Norma Oficial Mexicana (NOM) “tiene como principal objetivo prevenir los riesgos a la salud, la vida y el patrimonio, y por lo tanto son de observancia general.

Las NOM son las regulaciones técnicas que contienen la información, requisitos, especificaciones, procedimientos y metodología que permiten a las distintas dependencias gubernamentales establecer parámetros evaluables para evitar riesgos a la población, a los animales y al medio ambiente”.11

No es jurisdicción y competencia de este Poder de Estado expedir normas oficiales mexicanas, así como tampoco reglamentos y manuales, lo cual si es competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ya que “Corresponden a la Secretaría, sin perjuicio de las otorgadas a otras dependencias de la Administración Pública Federal expedir las normas oficiales mexicanas de caminos y puentes así como de vehículos de autotransporte y sus servicios auxiliares;” (Artículo 5 Fracción VI de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal).

La fatiga en los conductores produce hechos de tránsito, y estas muertes.

Es impostergable que por medio de la legislación y la regulación se normen las horas máximas de conducción continua y las horas necesarias de descanso obligatorias de los conductores del autotransporte de carga federal.

El principio pro homine implica que la interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio para el ser humano, es decir, que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trata de derechos protegidos y, por el contrario, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trata de establecer límites a su ejercicio.

En este orden de ideas, el Estado mexicano no puede ser omiso a lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (firmada por México el 10 de diciembre de 1948), ya que esta establece que “Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos” (artículo 28 de la Declaración Universal de Derechos Humanos).

Así entonces, los trastornos del sueño, derivados de la fatiga de los conductores del autotransporte de carga federal son un factor determinante de los hechos de tránsito, por lo tanto, mientras no mejoremos por ley las condiciones laborales de este sector de la población económicamente activa, los accidentes seguirán ocurriendo por esta causa: el cansancio excesivo.

La seguridad en las carreteras y puentes de jurisdicción federal es un tema multifactorial, pero existe un elemento al cual no se le ha dado la debida atención: el factor humano.

Lo anterior lo aseveramos categóricamente, debido a que los automotores que transitan por las carreteras y puentes de jurisdicción federal son conducidos por personas.

En el documento denominado “La seguridad en las carreteras: visión industrial” de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN), el 78.67 por ciento de los accidentes es atribuible al factor humano y esta causa está presente en el 93% de los accidentes, de acuerdo al Instituto Mexicano del Transporte (IMT) en su Anuario Estadístico 2014.

En el mismo documento, de los 28,330 vehículos que tuvieron accidentes en 2014, únicamente 774 (2.7 por ciento) eran tractocamiones doblemente articulados, y en donde 259 personas estuvieron implicados (entre víctimas y responsables).

Estamos ciertos que ninguna medida regulatoria puede ser eficaz si no puede ser vigilada, y en el caso que nos ocupa también sería necesario dar seguimiento a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana que se propone, por lo que se sugiere la aplicación de exámenes de cansancio, a fin de avaluar las condiciones del operador antes de iniciar un viaje, y no solo confiar en lo que de manera escrita establece el conductor.

En dicho examen se deberá asentar la duración de las horas de conducción y de descanso diario de todo conductor hasta ese momento (fecha y hora).

Lo anterior nos permitirá por un lado medir esta política pública, a fin de detectar deficiencias en el subsector, mediante la obtención de datos duros que ayudaran a tomar decisiones sustentadas en verdades y no en suposiciones.

Así mismo, nos ayudara a salvar la integridad física de los conductores y de los demás usuarios de los sistemas viales, ya que se determinaría si el conductor puede o no conducir.

Como se mencionó en párrafos precedentes, existe normatividad de orden internacional que establece que:

“No deberá de autorizarse a ningún conductor a conducir ininterrumpidamente durante más de cuatro horas como máximo sin hacer pausa” (artículo 5 del Convenio Internacional del Trabajo No. 153 de la Organización Internacional del Trabajo)

Así como también que “La duración total máxima de conducción, comprendidas las horas extraordinarias, no deberá exceder de nueve horas por día ni de cuarenta y ocho por semana (artículo 6, fracción 1 del Convenio Internacional del Trabajo No. 153 de la Organización Internacional del Trabajo)

“Todo conductor asalariado tendrá derecho a una pausa después de cinco horas continuas de duración ...” (artículo 7, fracción 1 del Convenio Internacional del Trabajo No. 153 de la Organización Internacional del Trabajo).

“Durante el descanso diario no deberá obligarse al conductor a permanecer en el vehículo o a proximidad de éste, siempre que haya tomado las precauciones necesarias para garantizar la seguridad del vehículo y de su carga”.....”(artículo 8, numeral 5 del Convenio Internacional del Trabajo No. 153 de la Organización Internacional del Trabajo).

Así entonces, podríamos establecer que una media para la conducción continua máxima es de 6 horas.

En relación al descanso se establece en la legislación internacional lo siguiente:

“El descanso diario de los conductores deberá ser por lo menos de diez horas consecutivas por cada período de veinticuatro horas, contado a partir del comienzo de la jornada de trabajo (artículo 8, numeral 1 del Convenio Internacional del Trabajo No. 153 de la Organización Internacional del Trabajo).

“El descanso diario.... no podrá en ningún caso ser inferior a ocho horas.....” (artículo 8, numeral 2 del Convenio Internacional del Trabajo No. 153 de la Organización Internacional del Trabajo).

Con estos dos artículos podemos establecer una media recomendada de 9 horas continuas de descanso.

En Estados Unidos de América la regulación en relación al tema que nos preocupa y ocupa es la siguiente:

• “Los conductores pueden conducir en la jornada diaria hasta 11 horas.

• Tendrá un periodo de descanso obligado de 10 horas.

• El periodo de descanso incluyendo tiempo para comer y recargar combustible es de 14 horas.

• La jornada semanal de trabajo es de 60 horas a lo largo de 7 días u 70 horas en 8 días.

Se debe realizar un descanso de 34 horas seguidas antes de iniciar un periodo de 7 u 8 días.”12

En la República de Chile la regulación es la siguiente:

• “La jornada ordinaria de trabajo es de 180 horas mensuales distribuida en 21 días (8 horas diarias)

• Este personal tiene derecho a un descanso mínimo ininterrumpido de 8 horas dentro de cada 24 horas.

• El trabajador en ningún caso puede manejar más de 5 horas continuas, después de las cuales debe tener un descanso cuya duración mínima debe ser de 2 horas.

• En los casos de conducción continua inferior a 5 horas el conductor tiene derecho, al término de ella, a un descanso cuya duración mínima es de 24 minutos por hora conducida (1 hora con 36 minutos). En todo caso, esta obligación debe ser cumplida en el lugar habilitado más próximo en que el vehículo pueda ser detenido sin obstaculizar la vía pública.

• El tiempo máximo de conducción acumulable por conductor será de 12 horas.

• El camión debe contar con una litera adecuada para el descanso, siempre que éste se realice total o parcialmente a bordo del vehículo.”13

En relación a la Unión Europea tenemos lo siguiente:

“El Reglamento (CE) no 561/2006 establece normas sobre el tiempo de conducción, las pausas y los periodos de descanso para los conductores de camiones y autobuses con el fin de mejorar las condiciones de trabajo y la seguridad vial.

Normas sobre tiempos de conducción, pausas y períodos de descanso:

• Un tiempo diario máximo de conducción de nueve horas, que podrá ampliarse como máximo hasta diez horas no más de dos veces a la semana;

• Un tiempo semanal máximo de conducción de cincuenta y seis horas;

• Un tiempo total acumulado máximo de conducción durante dos semanas consecutivas de noventa horas;

• Tras un período de conducción de cuatro horas y media, el conductor debe hacer una pausa ininterrumpida de al menos cuarenta y cinco minutos, a menos que tome un período de descanso;

• Un descanso diario mínimo de once horas, que se pueden reducir a nueve horas no más de tres veces por semana;

• Un período de descanso semanal regular de cuarenta y cinco horas como mínimo y un período de descanso semanal reducido de veinticuatro horas como mínimo.

Algo que debe llamar nuestra atención de la legislación europea en la materia es el uso de los tacografos.

El Reglamento (CE) No. 561/2006 queda modificado por una nueva ley, el Reglamento (UE) No. 165/2014. Este establece requisitos relacionados con la fabricación, la instalación (obligatoria) y el uso de aparatos de control (tacógrafos) que deberán incluirse en los vehículos que entran dentro del ámbito de aplicación de este Reglamento.

El tacógrafo es un dispositivo que registra el tiempo de conducción, las pausas y los períodos de descanso, así como los períodos de disponibilidad y otros trabajos realizados por un conductor. El tacógrafo tiene por objeto:

• Controlar el cumplimiento de las normas en vigor por parte de los conductores;

• Supervisar los tiempos de conducción de los conductores profesionales para evitar la fatiga;

• Garantizar la competencia leal y la seguridad vial.

La nueva ley introduce el tacógrafo inteligente, el cual proporciona registros automáticos a través de posicionamiento por satélite a partir del momento en que empieza a funcionar. Este debería mejorar el cumplimiento y permitir la detección temprana de posibles fraudes o usos indebidos.”14

Así entonces, si el problema en nuestro país es la corrupción en el subsector autotransportes por parte del factor humano, solventemos ello mediante la tecnología.

Tenemos legislación nacional e internacional en la materia, se han recabado recomendaciones de expertos, se han realizado Foros y se tienen un Programa Integral de capacitación donde la fatiga y el sueño son aspectos a considerarse en las condiciones físicas de los conductores del autotransporte de carga federal, pero no se ha determinado por medio de una norma oficial mexicana (NOM) que regule técnicamente y con observancia obligatoria las horas máximas de conducción continua y las horas necesarias de descanso de los conductores del autotransporte de carga federal.

Todo lo anteriormente expuesto no es un cuadro exagerado si tomamos en cuenta que estos conductores son antes de todo “seres humanos”, y por otro lado “necesitan trabajar”. El autotransporte de carga federal no se cansa, los hombres sí.

La pregunta que debemos hacernos es: “¿Por qué no está regulada por medio de una NOM específica la jornada laboral y los descansos obligatorios de los conductores del autotransporte de carga federal, cuando existen datos que establecen que el 78.67% de los accidentes es atribuible al factor humano?. 15

No se trata de inventar algo, sino de tomar en cuenta la experiencia internacional en la materia y aplicarla a nuestra realidad.

¿Por qué tienen estas inhumanas jornadas de trabajo los conductores del autotransporte de carga federal?: por la inexistencia de una legislación que determine por ley horarios máximos de conducir y necesarios de descanso, por la falta de áreas de descanso vigiladas y por lo tanto seguras, por la inseguridad en las carreteras, por los irresponsables tiempos estipulados de destino por parte de los permisionarios y por la corrupción.

El contar con una NOM que regule claramente las horas máximas de conducción continua y las horas necesarias de descanso obligatorias, y cuya aplicación sea eficaz, asegurara que los conductores del autotransporte de carga federal obtengan un descanso de calidad; ya que no nos referimos a dormitar o simplemente a cerrar los ojos sin que el cuerpo entero se relaje, nos referimos a dormir de manera ininterrumpida, de manera tranquila y relajada.

Si queremos confiabilidad en las máquinas (en especial en los tractocamiones doblemente articulados), debemos empezar por preocuparnos por el factor humano, que es quien las conduce.

Cuando nos referimos a que el conductor debe tomar un “descanso” ya sea dentro o fuera del camarote entendemos que debe de dormir el mayor tiempo posible dentro de ese periodo de descanso.

Lo anterior debe quedar mencionado explícitamente en la NOM que proponemos, ya que el dormir, y no solo el dejar de conducir, o hacer una pausa, es lo que evitara el cansancio, la fatiga y por ende los hechos de tránsito.

Creemos que se han aportado datos objetivos y razonables para identificar solo un factor relacionado con los hechos de tránsito en los cuales está involucrado el autotransporte de carga federal y en específico los tractocamiones doblemente articulados y sus distintas configuraciones, siendo este las condiciones de trabajo de los conductores del servicio público federal.

El cansancio y sueño excesivos, son condiciones provocadas por las condiciones de trabajo de los conductores del autotransporte de carga federal, pero también pueden evitarse por medio de la legislación (con las propuestas del Poder Legislativo) y la regulación (acciones del Poder Ejecutivo).

La reflexión posterior a todos los argumentos expuestos en párrafos precedentes no deja lugar a dudas: Un conductor del autotransporte de carga federal, tiene por obligación dormir las horas necesarias para conducir de manera adecuada y tomar las decisiones correctas a lo largo de su ruta.

Apelamos a la experiencia en la materia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a fin de que en la redacción de dicha NOM se establezca claramente la obligación de dormir de los conductores. Lo anterior en beneficio de ellos mismos, sus familias y todos los usuarios de las carreteras y puentes de jurisdicción federal.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados; someto a consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a fin de que elabore a la brevedad una norma oficial mexicana que determine las horas máximas de conducción continua y las horas necesarias de descanso obligatorias de los conductores del autotransporte de carga federal.

Notas

1 Eva Salabert. “Trabajar en el turno de la noche”; http://www.webconsultas.com; 31 de noviembre 2016;

http://www.webconsultas.com/mente-y-emociones/trabajo-y- tiempo-libre/los-ritmos-circadianos-2363

2 James Gallagher. “La “arrogancia” de ignorar la necesidad de dormir”; http://www.bbc.com; 16/05/2014; 29 de noviembre 2016; http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/05/140514_salud_sueno_arrogancia _reloj_biologico_gtg3 Redacción. “Conoce cuantas horas debes dormir, según tu edad”; www.rpp.pe.com; 17/02/2016; 29 de noviembre 2016; http://rpp.pe/vida-y-estilo/salud/conoce-cuantas-horas-debes-dormir-seg un-tu-edad-noticia-938934

4 Redacción. “¿Cuánto tiempo puede pasar una persona sin dormir?”; www.psicoactiva.com; 25 de noviembre 2016

http://www.psicoactiva.com/blog/cuanto-tiempo-puede-pasa r-una-persona-sin-dormir/

5 Reforma. “Buscan reducir a 9 horas jornada laboral de choferes”; 28/04/2014; 25 de noviembre 2016;

https://economia.terra.com.mx/finanzas/buscan-reducir-a-9-horas
-jornada-laboral-dechoferes,f06c3beac19a5410VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html

6 Reforma. “Buscan reducir a 9 horas jornada laboral de choferes”;

www. economia.terra.com.mx; 28/04/2014; 25 de noviembre 2016; https://economia.terra.com.mx/finanzas/buscan-reducir-a-9-horas-jornada -laboral

7 SCT. “Expertos emiten recomendaciones para la NOM 012”;

www.sct.gob.mx; 06/12/2013; 29 de noviembre 2016;

http://www.sct.gob.mx/despliega-noticias/article/experto s-emiten-recomendaciones-para-la-nom-012/

8 SCT. “PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN PARA CONDUCTORES CON EXPERIENCIA EN EL AUTOTRANSPORTE FEDERAL Y TRANSPORTE PRIVADO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA EN CARGA GENERAL PARA LOS TRACTOCAMIONES DOBLEMENTE ARTICULADOS EN SUS DISTINTAS CONFIGURACIONES VEHICULARES TRACTOCAMIÓNSEMIRREMOLQUE-REMOLQUE (TSR) Y TRACTOCAMIÓN-SEMIREMOLQUESEMIREMOLQUE (TSS)”; www.sct.gob.mx; 25 de noviembre 2016;

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/159654/Ad riandelMazo_SGAF_SCT.pdf

9 SCT. “PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN PARA CONDUCTORES CON EXPERIENCIA EN EL AUTOTRANSPORTE FEDERAL Y TRANSPORTE PRIVADO PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA EN CARGA GENERAL PARA LOS TRACTOCAMIONES DOBLEMENTE ARTICULADOS EN SUS DISTINTAS CONFIGURACIONES VEHICULARES TRACTOCAMIÓNSEMIRREMOLQUE-REMOLQUE (TSR) Y TRACTOCAMIÓN-SEMIREMOLQUESEMIREMOLQUE (TSS)”; www.sct.gob.mx; 25 de noviembre 2016;

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/159654/Ad riandelMazo_SGAF_SCT.pdf

10 Christian De la Cruz Gil. “Los grandes riesgos de conducir con sueño o cansancio”; www.segurossinbarreras.com; 31/03/2014; 29 de noviembre 2016; http://segurossinbarreras.com/blog/los-grandes-riesgos-de-conducir-con- sueno-o-cansancio/

11 Administrador. “¿Qué son las Normas Oficiales Mexicanas (NOM)?; www.revistadelconsumidor.gob.mx; 21/01/2010; 25 de noviembre 2016; http://revistadelconsumidor.gob.mx/?p=7077

12 Rafael Pérez Cantero. “¿Quién trata de convenir los servicios de prevención ajenos en un sector low cost?”; www.porExperiencia.com; 1/01/2015; 25 de noviembre 2016; http://www.porexperiencia.com/articulo.asp?num=71&pag=08&titulo =-Quien-trata-de-convertir-los-servicios-de-prevencion-ajenos-en-un-sec tor-lowcost-

13 Dirección del Trabajo. “¿Cuál es la jornada de trabajo que deben de cumplir los trabajadores que laboran sin supervisión superior inmediata?”; www.dt.gob.cl; 25 de noviembre 2016;

http://www.dt.gob.cl/consultas/1613/w3-article-60067.htm l

14 Parlamento Europeo. “Los transportes por carretera y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) no3821/85 y (CE) no2135/98 y se deroga el Reglamento (CEE) no3820/85 del Consejo”; www. http://eur-lex.europa.eu; 15/03/2006; 25 de noviembre 2016; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV%3Ac00018

15 La seguridad en las carreteras: visión industrial, CONCAMIN, Octubre de 2016.

Diputado Jonadab Martínez García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las legislaturas locales a homologar y tipificar en sus códigos penales el delito de abuso sexual infantil, a cargo de los diputados Gonzalo Guízar Valladares y Norma Edith Martínez Guzmán, del Grupo Parlamentario del PES

Quienes suscriben diputados Gonzalo Guízar Valladares y diputada Norma Edith Martínez Guzmán, integrantes del Partido Encuentro Social en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión presenta ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente:

Consideraciones

El abuso sexual infantil es un tipo de maltrato que engloba todas aquellas conductas que por acción u omisión de un adulto vulneran la integridad de un menor o adolescente. La Organización Mundial de la Salud (OMS) menciona que [...] los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años, [incluidos] todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo, que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. (OMS, 2014) Se trata pues de un problema mundial con graves consecuencias.

De acuerdo con Save the Children “el abuso sexual infantil es una de las formas más graves de violencia contra la infancia que conlleva a efectos devastadores en la vida de los niños y niñas que lo sufren,” al transgredir no solo el desarrollo físico sino psicológico de una manera irreversible en el menor.

La magnitud del problema es tal, que las estimaciones internacionales revelan que 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres declaran haber sufrido abusos sexuales en la infancia. (OMS 2014)

Datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) indican que de entre los 33 países miembros, México ocupa el deshonroso primer lugar en abuso sexual, violencia física y homicidios de menores de 14 años, el primer lugar de producción de pornografía infantil y el quinto lugar en comercio sexual infantil (El Sol de México, 9 de dic de 2016).

En México, cada año se registran 600,000 casos de delitos sexuales, en donde se incluyen: el abuso sexual, abuso sexual agravado y el abuso sexual infantil esto, según la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

“Además se señala que la cifra podría ser mucho mayor, ya que en muchas ocasiones no son denunciados, esto debido a que el 60 por ciento de los casos son cometidos por personas que están en el primer círculo de confianza de los menores, por lo que los menores no denuncian a sus padres lo sucedido, por extorsiones, manipulación o por culpa, según el Comité de Violencia Sexual de la CEAV.” (BUAP 20-08-2016). Lo cual genera un obstáculo para castigar estas prácticas aberrantes.

En ese sentido la encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) 2014, realiza una estimación de la cifra negra de los delitos ocurridos en México. En donde se demuestra que el 94.1 por ciento de los delitos sexuales no se denuncian, lo cual refleja la dimensión de la problemática.

La Comisión Ejecutiva, especifica que entidades como Baja California, Puebla y Nuevo León cuentan con el mayor número de averiguaciones previas por delitos sexuales, lo cual no necesariamente quiere decir que se trate de las entidades con mayor concurrencia de violencia sexual, sino estados con mayor compromiso en la investigación y procuración de justicia en materia de delitos sexuales.

Es importante mencionar que en nuestro país los delitos sexuales que llegan a ser denunciados, no se castigan de la misma forma ya que no existe una homologación en los códigos penales, por lo que cada entidad define a su criterio en su código penal la sanción a este tipo de agresión, en este caso al delito de abuso sexual infantil, como se muestra a continuación:

CODIGO PENAL FEDERAL

Artículo 261. A quien cometa el delito de abuso sexual en una persona menor de quince años de edad o en persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, aun con su consentimiento, o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo en sí o en otra persona, se le impondrá una pena de seis a trece años de prisión y hasta quinientos días multa.

Aguascalientes

Solo existe como hostigamiento sexual:

(REFORMA, P.O.E. 23 DE MARZO DE 2015, DECRETO NÚMERO 167) Al responsable de Hostigamiento Sexual se le aplicarán de 1 a 2 años de prisión y de 50 a 100 días multa, y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados. La pena de prisión aumentará hasta las dos terceras partes respecto de los mínimos y máximos, cuando la víctima sea menor de 18 años de edad.

Baja California

CAPITULO II
ABUSO SEXUAL

ARTÍCULO 180 BIS. Sub tipo y punibilidad.- Al que con o sin el consentimiento de una persona menor de catorce años, o que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho, o que por cualquier causa no tenga la capacidad de resistirlo, ejecute en ella o lo haga ejecutar un acto sexual, sin el propósito de llegar a la cópula, se le aplicarán de cuatro a ocho años de prisión y hasta doscientos días multa

Baja California Sur

CAPÍTULO II
ABUSO SEXUAL

Artículo 180. Abuso sexual de personas menores de edad. A quien sin propósito de llegar a la cópula ejecute un acto sexual en una persona menor de catorce años de edad o persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la haga observar o ejecutar dicho acto, se le impondrán de dos a cinco años de prisión y multa de doscientos a quinientos días.

Si se hiciera uso de la violencia física o moral la pena prevista se aumentará en una mitad.

Campeche

CAPÍTULO IV
ABUSO SEXUAL

ARTÍCULO 169.- En el caso del artículo anterior, se impondrán de dos a cinco años de prisión y multa de doscientos a cuatrocientos días de salario en cualquiera de los siguientes casos:

...

V. Si la víctima fuere menor de edad.

Chiapas

Capítulo IV
Abuso Sexual

Artículo 242. Al que cometa el delito de abuso sexual, se le impondrá pena de cinco a nueve años de prisión y multa de cien a doscientos días de salario mínimo. La pena prevista se aumentará en una mitad más en su mínimo y en su máximo cuando:

I. Sea cometida por dos o más personas.

II. Se hiciere uso de la violencia física o moral.

III. Se hubiera administrado a la víctima alguna sustancia tóxica.

Cuando el sujeto pasivo se trate de persona mayor de catorce años de edad, pero menor de dieciocho, incapaz o cuando se realice en persona que por otras circunstancias no tenga capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, la pena aplicable será de seis a doce años de prisión y de doscientos a seiscientos días de multa. A los autores y participes del delito previsto en éste párrafo no se les concederá ningún beneficio de libertad anticipada en ejecución de sentencia.

Chihuahua

CAPÍTULO II
ABUSO SEXUAL

Artículo 173. A quien sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute en ella un acto sexual, la obligue a observarlo o la haga ejecutarlo, se le impondrán de seis meses a seis años de prisión y de cien a trescientos días multa. Si se hiciere uso de violencia física o moral, la pena prevista se aumentará en una mitad. Este delito se perseguirá previa querella, salvo que concurra violencia o se trate de personas menores de edad o que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho.

Artículo 174. A quien sin el propósito de llegar a la cópula ejecute un acto sexual en una persona menor de catorce años o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo, o la obligue a observar o ejecutar dicho acto, se le impondrán de tres a diez años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días de multa. Si se hiciere uso de violencia física o moral, la pena prevista se aumentará en una mitad.

Ciudad de México

CAPÍTULO II
ABUSO SEXUAL

CAPÍTULO VI
VIOLACIÓN, ABUSO SEXUAL Y ACOSO SEXUAL, COMETIDO A MENORES DE DOCE AÑOS DE EDAD

ARTÍCULO 181 Bis . ...

Al que sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute un acto sexual, en una persona menor de doce años o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo o quien realice actos en los que muestre, exponga o exhiba sus órganos genitales con fines lascivos, tanto en el ámbito público como privado, ejecute en ella un acto sexual o lo obligue a observarlo, se le impondrán de dos a siete años de prisión.

Coahuila

CAPÍTULO CUARTO
ABUSO SEXUAL

ARTÍCULO 398. SANCIONES Y FIGURAS TÍPICAS DE ABUSO SEXUAL IMPROPIO.

Se aplicará de dos a seis años de prisión y multa: A quien sin el propósito de llegar a la cópula y con o sin consentimiento de una persona menor de quince años de edad, de uno u otro sexo, ejecute en ella o la haga ejecutar un acto erótico.

Colima

CAPÍTULO III
ABUSO SEXUAL

ARTÍCULO 150. Al responsable del delito de abuso sexual, cuando el pasivo sea menor de dieciocho años de edad y mayor de catorce años de edad, se le impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa por el importe equivalente de ciento cincuenta a trescientos días de salario mínimo.

De igual forma, cuando el pasivo sea menor de catorce años de edad, o no tenga capacidad de comprender el significado del hecho o en quien por cualquier causa no pueda resistirlo, al responsable del delito se le impondrá de tres a siete años de prisión y multa por el importe equivalente de doscientos a trescientos días de salario mínimo.

Durango

CAPÍTULO II
ABUSO SEXUAL

Artículo 179. Al que ejecute un acto sexual, sin el propósito de llegar a la cópula, en una persona menor de doce años o en persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirla o la obligue a ejecutarla, se le impondrán de cuatro a nueve años de prisión y multa doscientos ochenta y ocho a cuatrocientos treinta y dos días de salario.

Guanajuato

Capítulo IV
Abusos Sexuales

Artículo 187 A quien sin consentimiento de una persona ejecute en ella o le haga ejecutar un acto sexual, sin el propósito de llegar a la cópula, se le impondrá sanción de tres meses a un año de prisión y de tres a diez días multa. En este supuesto el delito se perseguirá por querella

Se aplicará de seis meses a dos años de prisión y de cinco a veinte días multa a quien lo ejecute o lo haga ejecutar en o por persona que no pudiere resistir o con menor de edad.

Si se hiciere uso de violencia la sanción será de seis meses a tres años de prisión y de cinco a treinta días multa.

En el caso de la sanción por abuso sexual, en el Estado Guanajuato llama la atención ya que el castigo es mínimo.

Guerrero

Capítulo II
Abuso sexual

Artículo 181. Abuso sexual de personas menores de edad Si el acto sexual se ejecuta en persona menor de doce años, en quien no tenga capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo, se le aplicará una pena de cuatro años a ocho años de prisión y cincuenta a quinientos días multa.

Hidalgo

CAPÍTULO III
ABUSO SEXUAL

Artículo 183. Comete el delito de abuso sexual, quien sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute en ella actos sexuales, la obligue a observarlos o la haga ejecutarlos para sí o en otra persona, y se le impondrá prisión de dos a cuatro años y multa de 50 a 100 días. Si la víctima de abuso sexual fuere persona menor de quince años de edad o que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, aun con su consentimiento, o que por cualquier causa no pueda resistirlo, se impondrá de cinco a nueve años de prisión y multa de 200 a 500 veces la Unidad de Medida y Actualización.

Jalisco

CAPÍTULO VII
Abuso sexual infantil

Artículo 142-L. A quien ejecute en una persona menor de edad o en una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado de las cosas o de resistir el hechos, un acto erótico-sexual, sin la intención de llegar a la cópula, se le impondrá una pena de:

I. De uno a cuatro años de prisión, cuando la víctima tenga entre doce y menos de dieciocho años de edad o cuando sea una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado de las cosas o de resistir el hecho, y

II. De tres a seis años de prisión, cuando la víctima sea menor de doce años de edad.

Estado de México

CAPÍTULO II
ABUSO SEXUAL

Artículo 270. Comete el delito de abuso sexual:

I. Quien ejecute en una persona un acto erótico o sexual sin su consentimiento y sin el propósito de llegar a la cópula o a quien lo realice en su presencia o haga ejecutarlo para sí o en otra persona. A quien cometa este delito, se le impondrá pena de dos a cuatro años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días multa.

II. Quien ejecute en una persona menor de edad o que no tenga la capacidad de comprender las cosas o de resistir al hecho, un acto erótico o sexual sin el propósito de llegar a la cópula o a quien lo realice en su presencia o haga ejecutarlo para sí o en otra persona. A quien cometa este delito, se le impondrá pena de ocho a quince años de prisión y de quinientos a mil días multa.

Michoacán

CAPÍTULO II
ABUSO SEXUAL

Artículo 167. Abuso sexual de personas menores de dieciséis años de edad A quien sin propósito de llegar a la cópula ejecute un acto sexual en una persona menor de dieciséis años de edad o persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo, o la haga observar o ejecutar dicho acto, se le impondrá de dos a cinco años de prisión y de doscientos a quinientos días multa. Si se hiciera uso de la violencia física o psicológica la pena prevista se aumentará en una mitad.

Morelos

CAPÍTULO V
ABUSO SEXUAL

ARTÍCULO *162.- Al que sin propósito de llegar a la cópula ejecute un acto erótico sexual en persona menor de edad, o que no tenga capacidad de comprender, o que por cualquier causa no pueda resistir dichos actos, o la obligue a ejecutarlos, se le impondrá una pena de ocho a diez años de prisión. Esta sanción se incrementará hasta en una mitad más cuando se empleare violencia física.

Nayarit

CAPÍTULO I
ATENTADOS AL PUDOR

ARTÍCULO 289. Al que sin consentimiento de una persona púber, ejecute en ella un acto erótico, sin el propósito directo e inmediato de llegar a la cópula, se le impondrá sanción de seis meses a dos años de prisión y multa de tres a diez días.

Si se cometiera en impúber o en persona que por cualquier causa no pudiere resistir, la sanción será de uno a cinco años y multa de diez a treinta días.

No está tipificado como abuso sexual sino como atentados al pudor

Nuevo León

DELITOS SEXUALES

CAPÍTULO I
ATENTADOS AL PUDOR

ARTICULO 259.-Comete el delito de atentados al pudor, el que sin consentimiento de una persona, sea mayor o menor de edad, o aún con consentimiento de esta última, ejecute en ella o logre se ejecute en la persona del activo, o en una persona que por cualquier causa no pudiere resistir, un acto erótico-sexual, sin el propósito directo e inmediato de llegar a la copula. Articulo

260.- Al responsable de este delito se le impondrán de uno a cinco años de prisión, y multa de una a diez cuotas. Si el delito se ejecutare con violencia física o moral, se le impondrán de dos a seis años de prisión, y multa de seis a quince cuotas.

Oaxaca

CAPÍTULO I. ABUSO Y HOSTIGAMIENTO SEXUAL, ESTUPRO Y VIOLACIÓN.

ARTÍCULO 241. Comete el delito de abuso sexual, quien sin consentimiento de una persona ejecute en ella o la haga ejecutar un acto sexual, que no sea la cópula, o la obligue a observar cualquier acto sexual aun a través de medios electrónicos. Al responsable de tal hecho, se le impondrá de dos a cinco años de prisión y multa de cincuenta a doscientos días de salario mínimo.

Cuando el delito fuere cometido contra persona menor de doce años o cuando se realice en persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, la pena será de cinco a diez años de prisión y multa de doscientos a seiscientos días de salario mínimo. A los autores y partícipes del delito previsto en este párrafo no se les concederá ningún beneficio preliberacional en la ejecución de la sentencia.

Puebla

Capítulo Undécimo
Sección Primera

Abuso sexual

Artículo 261. Al responsable de un delito de abuso sexual se le impondrán:

I. ...

II. Si el sujeto pasivo del delito fuere persona menos de catorce años o se encontrare en otra circunstancia de desigualdad o sumisión de la víctima con respecto al victimario que le impida poner resistencia, tuviere privada de razón o sentido, no tuviere la capacidad de comprender el significado del hecho o que por enfermedad o cualquier otra causa no pudiera poner resistencia, se presumirá la violencia y la sanción será de uno a cinco años de prisión y multa de veinte a doscientas Unidades de Medida y Actualización, se haya ejecutado el delito con o sin su consentimiento.

Querétaro

CAPÍTULO II
ABUSO SEXUAL

ARTÍCULO 166. Al que sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute un acto sexual en persona menor de doce años de edad o que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o capacidad para resistirlo o la obligue a ejecutarlos, se le impondrá prisión de 4 a 7 años.

Quintana Roo

ABUSOS SEXUALES

ARTÍCULO 129.- A quien sin el consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula ejecute en ella un acto sexual o lo obliguen a ejecutarlo, se le impondrá prisión de uno a tres años. La pena se aumentará hasta en una mitad más, cuando se empleare la violencia.

A quien sin propósito de llegar a la cópula ejecute un acto sexual en una persona menor de dieciocho años de edad, o que no tenga la capacidad de comprender el hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo, o la obliguen a ejecutarlo se le impondrá prisión de cuatro a ocho años. La pena se aumentará hasta en una mitad más cuando se empleare violencia o fuere cometido por alguna persona que tenga relación de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil, con el ofendido en los casos que proceda.

San Luis Potosí

CAPÍTULO II
ABUSO SEXUAL

ARTÍCULO 178. Comete el delito de abuso sexual quien, sin el consentimiento de una persona ejecuta en ella, o la hace ejecutar un acto erótico sexual, sin el propósito directo de llegar a la cópula. Este delito se sancionará de dos a cinco años de prisión y sanción pecuniaria de doscientos a quinientos días de salario mínimo.

Será calificado el delito de abuso sexual, y se aumentará la pena prevista en el párrafo anterior, en una mitad más, si se comete en los siguientes casos:

I. Cuando haya sido cometido en contra de un menor de dieciocho años, o de una persona que por su condición no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, o que no tiene capacidad para resistirlo; ...

Sinaloa

CAPÍTULO III
ABUSO SEXUAL

ARTÍCULO 183. Comete el delito de abuso sexual el que ejecute, haga que ejecute u obligue a observarle un acto sexual, sin el propósito directo e inmediato de llegar a la cópula, con un menor de edad o con persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo.

Se le impondrá una pena de tres meses a un año de prisión, cuando el sujeto pasivo sea un menor de edad.

Si el sujeto pasivo es menor de doce años de edad o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, se le aplicará una pena de dos a seis años de prisión.

SONORA

CAPÍTULO II
DE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD Y QUIENES NO TIENEN LA CAPACIDAD PARA COMPRENDER EL SIGNIFICADO DEL HECHO

ARTICULO 168. Comete el delito de corrupción el que procure, facilite, induzca, fomente, propicie, promueva o favorezca la corrupción de un menor de dieciocho años de edad, o quien no tuviere capacidad para comprender el significado del hecho, mediante acciones u omisiones tendientes o que concluyan en la realización de actos sexuales o conductas depravadas. A quien cometa este delito se le aplicará de cuatro a diez años de prisión y de veinte a doscientos días multa.

NO ESTA TIPIFICADO COMO ABUSO SEXUAL.

Tabasco

CAPÍTULO IV
ABUSO SEXUAL

ARTÍCULO 157. Al que ejecute un acto erótico sexual en persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo, se le impondrá una pena de cuatro a ocho años de prisión.

TAMAULIPAS

CAPÍTULO I
ABUSO SEXUAL

ARTÍCULO 268. A quien cometa el delito de abuso sexual en una persona menor de quince años de edad o en persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, aun con su consentimiento, o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo en sí o en otra persona, se le impondrá una pena de seis a trece años de prisión y hasta quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización de multa.

VERACRUZ

CAPÍTULO III
ABUSO ERÓTICO-SEXUAL

Artículo 186. A quien, sin el consentimiento de una persona mayor de dieciocho años y sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute en ella un acto erótico-sexual o la haga ejecutarlo, se le impondrán de uno a seis años de prisión y multa de hasta cien días de salario.

Si la victima fuere incapaz de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pudiere resistir, se impondrán prisión de cinco a diez años y multa de hasta doscientos cincuenta días de salario.

Un roce o tocamiento accidental no constituye abuso erótico-sexual.

Yucatán

CAPÍTULO II
Abuso Sexual

Artículo 310. A quien cometa el delito de abuso sexual en una persona menor de quince años de edad o en persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, aun con su consentimiento, o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo en sí o en otra persona, se le impondrá una pena de cinco a diez años de prisión y de doscientos a cuatrocientos días-multa. Si se hiciere uso de la violencia física o moral, la sanción se aumentará hasta en una mitad. Este delito se perseguirá de oficio.

Zacatecas

Capítulo I
ABUSO SEXUAL

Artículo 232. A quien sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute un acto sexual en persona menor de doce años de edad o en persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, o la obligue a ejecutarlo, se le aplicará una pena de uno a tres años de prisión y multa de doscientas a trescientas cuotas. Si se hiciere uso de la violencia física o moral, la pena corporal se duplicará.

Como se aprecia, en los códigos de las entidades se utilizan términos diferentes para referirse al delito de abuso sexual infantil. En casos como Aguascalientes el delito de abuso sexual infantil se encuentra tipificado como “hostigamiento sexual”, en Nayarit y Nuevo León el abuso sexual infantil se tipifica como “atentados al pudor” y en el Estado de Sonora en donde es tipificado como “corrupción de menores” al tratarse de términos distintos por tanto las consecuencias legales son diferentes.

Para el tema de sanciones, las penas más severas para quien comete delito de abuso sexual, se encuentra plasmada en el Código Penal Federal en el cual se menciona que quien cometa el delito de abuso sexual en una persona menor o en persona que no tenga la capacidad de comprender el significado, tendrá una sanción que va de los seis a trece años prisión y hasta quinientos días de multa, asimismo el Código Penal del Estado de México atribuye un castigo que va de ocho a quince años de prisión, seguido del estado de Tamaulipas que cuenta con una pena de seis a trece años de prisión a quien se le compruebe haber cometido abuso sexual hacia un menor.

En contraparte, entidades como Aguascalientes que establece en su código penal una sanción de uno a dos años de prisión y de cincuenta a cien días de multa; por otro lado, tenemos caso de Zacatecas que instituye una pena de uno a tres años de prisión y multa de doscientas a trescientas cuotas para el culpable de abuso sexual hacia un menor de edad o un incapaz, en ese mismo tenor, el caso que más llama la atención es el estado de Guanajuato que cuenta con una sanción que va desde los seis meses a los dos años de prisión y de cinco a veinte días de multa.

Aunque la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014, que reconoce como principio rector el interés superior de la niñez, y que en cumplimiento con la Convención sobre los Derechos de los Niños y demás tratados internacionales que México ha ratificado, han significado un parteaguas en el respeto de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes, a nivel de los estados aún hay mucho por hacer en materia de protección de menores, tal es el caso de las sanciones en materia de abuso sexual infantil que tanto daña a este sector de la sociedad.

Y es que los estudios indican que las consecuencias psicológicas negativas del abuso persisten en el tiempo y permanecen en la edad adulta. Las mujeres que sufrieron abusos tempranos tienen dos veces más probabilidad de suicidio que las que no los sufrieron. Igualmente, las personas que padecieron estos abusos tienen cuatro veces más probabilidad de sufrir desórdenes psiquiátricos y tres veces más de consumir substancias, en comparación con quienes no los experimentaron (Domínguez, Nelke, Perry 2002). Aunado a que este tipo de maltrato se puede convertir en causa del lento desarrollo de un país.

De ahí radica la importancia de dotar de herramientas jurídicas severas para sancionar y prevenir el abuso sexual hacia menores en nuestro país, así como hacer conciencia de que en cualquier lugar ya sea público o privado, los menores corren el riesgo de ser víctimas de abuso sexual.

Se encontró también que el pago de multas y sanciones de la mayoría de las entidades no se encuentra actualizado en los códigos penales, pues recordemos que en el 2016 salario mínimo dejó de ser la unidad de medida, estableciendo en el artículo cuarto transitorio del proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 2016 estableciendo que “el Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como las Administraciones Públicas Federal, Estatales, del Distrito Federal y Municipales deberán realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso, en un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y Actualización”. (DOF, 2016)

Por lo que ahora la Unidad de Medida y Actualización UMA es la referencia económica en pesos para determinar los pagos, obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la CDMX. Hidalgo y Puebla son las únicas entidades que ya consideran la Unidad de Medida Actualización para sanciones por abuso sexual infantil.

A partir de lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social considera importante hacer un llamado a las Legislaturas Locales para homologar sus ordenamientos jurídicos a fin establecer castigos severos puesto que ocupar el primer lugar como país en el delito de abuso sexual debe significar una fuerte razón para atender esa problemática tan lastimosa para nuestra sociedad.

Como integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social tenemos el firme compromiso de atender el interés superior de la niñez mexicana, y por lo anterior es que se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo:

• Primero. Se exhorta a las Legislaturas Locales a armonizar y actualizar sus marcos legales vigentes en materia de abuso sexual infantil.

• Segundo. Se exhorta a las entidades federativas de todo del país a armonizar sus códigos penales en el tema de pago de obligaciones, multas y sanciones a la recién creada Unidad de Medida y Actualización UMA y a la CPEUM.

Notas:

http://www.animalpolitico.com/2016/12/ataques-sexuales-s in-consecuencias-en-mexico-solo-3-de-cada-100-se-castigan/

http://www.poblanerias.com/2016/06/mexico-registra-cada- ano-600000-casos-de-abuso-sexual-infantil/

http://aquinoticias.mx/violencia-sexual-infantil-mexico- grito-desierto/

http://www.cic.mx/cada-9-minutos-una-persona-es-victima-de-abuso-sexual

-muchas-de-ellas-son-ninos-ayudemos-a-detener-y-prevenir-este-delito/

“En México, alrededor de 30 mil menores de edad son víctimas de la prostitución y el abuso sexual infantil” (UNICEF)

https://www.unicef.org/mexico/spanish/Informe_Nacional-c apitulo_II_y_III(2).pdf

https://www.unicef.org/uruguay/spanish/Abuso_sexual_infa ntil_digital.pdf

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/03/29/1083535

https://www.unicef.org/honduras/GuatemalaAbuso_sexualSP. pdf

http://www.cimacnoticias.com.mx/taxonomy/term/2151

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/03/29/1083535

http://www.siete24.mx/mexico-primer-lugar-en-maltrato-in fantil-ocde/

https://www.unicef.org/violencestudy/spanish/reports/Cha pitre%2001%20%20intro.pd

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs150/es/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2017.

Diputados: Norma Edith Martínez Guzmán, Gonzalo Guízar Valladares (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las dependencias de salud pública a atender prioritariamente a los afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre, a cargo del diputado José Luis Toledo Medina, del Grupo Parlamentario del PRI

José Luis Toledo Medina¸ diputado federal y coordinador de Quintana Roo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como las demás disposiciones aplicables, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las dependencias de salud pública a atender prioritariamente a las personas afectadas por los sismos ocurridos durante septiembre, en materia de salud mental.

Planteamiento

Salud mental en México

La salud es un derecho de todos los mexicanos y mexicanas, y está contemplado en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.1 Como una de sus funciones garantes, el Congreso de la Unión expidió la Ley General de Salud, que establece lo siguiente en su artículo 1o. Bis:

Se entiende por salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

La ley mencionada previamente cuenta con un capítulo VII denominado “Salud Mental” que en su artículo 72 refiere que:

...se entenderá por salud mental el estado de bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, y, en última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación.2

Asimismo, la Ley Orgánica de la Administración Pública otorga la facultad a la Secretaría de Salud del gobierno federal para administrar los recursos federales para la atención de los servicios de asistencia pública.3 Cabe mencionar que en el ámbito específico de salud mental, corresponde al Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental, la proposición de los lineamientos y procedimientos técnicos para la organización, programación y presupuestación relacionados con el tema.4

De igual forma, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 reconoce en su Meta Nacional: Un México Incluyente, la necesidad de garantizar el derecho a la salud a todos los mexicanos.5 Para el cumplimiento de éste se elaboró el Programa de Acción Específico de Salud Mental 2013-2018, que contiene estrategias, líneas de acción, indicadores y metas en materia de salud mental para todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud y las entidades federativas.6

Los Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental (guía para la interpretación de la Convención Americana con respecto a su aplicación para personas con discapacidad mental) establecen en su principio 3 “La vida en comunidad”:

Toda persona que padezca una enfermedad mental tendrá derecho a vivir y a trabajar, en la medida de lo posible, en la comunidad.7

De igual forma, el Principio 7 “Importancia de la comunidad y de la cultura” establece lo siguiente:

1. Todo paciente tendrá derecho a ser tratado y atendido, en la medida de lo posible, en la comunidad en la que vive.

2. Cuando el tratamiento se administre en una institución psiquiátrica, el paciente tendrá derecho a ser tratado, siempre que sea posible, cerca de su hogar o del hogar de sus familiares o amigos y tendrá derecho a regresar a la comunidad lo antes posible.

3. Todo paciente tendrá derecho a un tratamiento adecuado a sus antecedentes culturales.8

La inclusión en la comunidad es esencial, ya que estudios demuestran que uno de cada cuatro mexicanos ha sufrido de algún trastorno mental; se proyecta que uno de cada tres mexicanos desarrollará alguno antes de los 65 años. En México, la mitad de estos padecimientos comienzan antes de los 21 años.9

Bajo el principio mundialmente aceptado de que “no hay salud sin salud mental”, la Organización Mundial de la Salud (en adelante OMS) reconoce la necesidad de atender dichas problemáticas a nivel mundial, ya que la depresión es la principal causa de problemas de salud y discapacidad; 300 millones de personas la viven, lo que significa un incremento del 18 por ciento en los últimos 10 años.

La depresión afecta a nivel individual y colectivo, representando una pérdida económica global de un billón de dólares anuales.10 En ese sentido, la OMS ha publicado el plan de acción sobre salud mental 2013-2020, en el cual se emiten recomendaciones para los Estados miembros.11 Con base en lo anterior, el Estado mexicano resulta obligado a atender, conforme a criterios de oportunidad e inmediatez, a las personas que padezcan enfermedades mentales, especialmente cuando existan riesgos colectivos generados por eventos traumáticos.

Actividad sísmica en México

México se encuentra en una zona de alta sismicidad debido a la interacción de cinco placas tectónicas: la placa de Norteamérica, la de Cocos, la del Pacífico, la de Rivera y la placa del Caribe. Por esta razón no es rara la ocurrencia de sismos. El Servicio Sismológico Nacional reporta en promedio la ocurrencia de 40 sismos por día.12

A. Sismo de Tehuantepec (2017-09-07 23:49 M 8.2)

El pasado 7 de septiembre, el Servicio Sismológico Nacional (en adelante SSN) reportó un sismo con magnitud 8.2 localizado en el Golfo de Tehuantepec, a 133 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, Chiapas. Este hecho ocurrió a las 23:49:18 horas (04:49 UTM) y pudo percibirse en el sur y centro del país. Las coordenadas del epicentro fueron 14.85 latitud N y -94.11 longitud W y la profundidad fue de 58 kilómetro; mientras que el hipocentro ocurrió en la placa de Cocos, bajo la placa de Norteamérica.13

Hasta las 12:30 horas del día 23 de septiembre se habían registrado 4 mil 326 réplicas, cuya distribución abarca todo el Golfo de Tehuantepec. Las dos réplicas mayores alcanzaron una magnitud 6.1. La primera ocurrió el 8 de septiembre a las 00:17 horas y se localizó a 72 km al sureste de Salina Cruz. La segunda réplica ocurrió el 23 de septiembre a las 07:52 horas en las cercanías de Unión Hidalgo, Oaxaca.14

El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se refirió a este acontecimiento telúrico como “el más intenso en casi un siglo”.15 La intensidad del terremoto provocó que las olas del mar se elevaran hasta tres metros frente a las costas de Chiapas, por lo que el Pacific Tsunami Warning Center emitió alertas para México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Honduras y Ecuador.16

El sismo dejó un saldo de 98 muertos (78 en Oaxaca, 16 en Chiapas y 4 en Tabasco)17 . Derivado de lo anterior, la Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una declaratoria de emergencia extraordinaria para 41 municipios del istmo de Tehuantepec. Aunque se sigue realizando el censo de viviendas dañadas, se reportan 110 mil inmuebles dañados en Oaxaca y Chiapas (57 mil en Oaxaca y 53 mil 395 en Chiapas).18

B. Sismo de Puebla-Morelos (2017-09-19 13:14 M 7.1)

El pasado 19 de septiembre de 2017, el SSN reportó un sismo con magnitud 7.1 localizado en el límite estatal entre los estados de Puebla y Morelos, a 12 kilómetros al sureste de Axochiapan, Morelos y a 120 kilómetros de la Ciudad de México.19

El sismo, ocurrido a las 13:14:40 horas, fue percibido fuertemente en el centro del país. Las coordenadas del epicentro son 18.40 latitud N y -98.72 longitud W y la profundidad es de 57 kilómetros; mientras que el hipocentro ocurrió debajo de la placa continental, en la placa de Cocos.20

Hasta el veinticinco de septiembre, la cifra de víctimas es de 324 (186 en la Ciudad de México, 73 en Morelos, 45 en Puebla, 13 en el estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca), aunque sigue aumentando al momento de esta redacción.21 La empresa de análisis de riesgo Air Worldwide calculó que las pérdidas aseguradas por el terremoto del 19 de septiembre en el centro de México estarían en un rango entre 13 mil millones y 36 mil 700 millones de pesos (2 mil 67 millones de dólares).22

Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, dijo que han recibido 3 mil 848 reportes de inmuebles que tienen algún grado de daño y que deben ser inspeccionados por la Secretaría de Protección Civil. Revisarán 272 planteles de educación básica y 9 mercados de la capital.23 En Morelos, el estado de México y Puebla no terminan de conocerse las cifras de daños a inmuebles. En Hueyapan, Morelos, 90 por ciento de las viviendas sufrieron daños irreparables.24 En el municipio de Axochiapan, de acuerdo con los levantamientos que han realizado hasta el 22 de septiembre, aproximadamente 35 y 40 por ciento de las casas de la cabecera municipal podrían haber sufrido “daños irreversibles, proclives a que se derrumben”.25

Lo anterior, sin lugar a dudas, ha generado situaciones de estrés que podrían derivar en alteraciones a la salud mental de las personas que habitan las zonas afectadas. En este sentido, se requiere un trabajo de coordinación y atención a las mismas, conforme a enfoques preventivos y de atención inmediata.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal y a las dependencias competentes de las entidades federativas a generar programas y proyectos de atención prioritaria en materia de salud mental a las personas que habitan en zonas afectadas por los sismos ocurridos durante los días siete y diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete.

Notas

1 Cámara de Diputados, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponible en

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf (Fecha de consulta: 18 de septiembre de 2017).

2 Cámara de Diputados, Ley General de Salud, disponible en

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_220617.p df (Fecha de consulta: 18 de septiembre de 2017).

3 Cámara de Diputados, Ley Orgánica de la Administración Pública, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBi

blio/pdf/153_190517.pdf (Fecha de consulta: 18 de septiembre de 2017).

4 Secretaría de Salud, Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, disponible en:

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/compi/ri190104. html (Fecha de consulta: 18 de septiembre de 2017).

5 Diario Oficial de la Federación, Plan Nacional de Desarrollo: 2013-2018, disponible en:

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fe cha=20/05/2013 (Fecha de consulta: 18 de septiembre de 2017).

6 Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico de Salud Mental: 2013-2018, disponible en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/11918/Sal ud_Mental.pdf (Fecha de consulta: 18 de septiembre de 2017).

7 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la salud mental, disponible en:

https://www.cidh.oas.org/privadas/principiosproteccionme ntal.htm (Fecha de consulta: 18 de septiembre de 2017).

8 Asamblea General de la ONU. Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental (1991). Consultado en:

http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Human os/OTROS%2014.pdf (Fecha de consulta: 18 de septiembre de 2017).

9 Medina-Mora, M., Borges, G., Benjet, C., Lara, C. y Berglund, P. (2007). Psychiatric disorders in Mexico: lifetime prevalence in a nationally representative sample. Disponible en:

http://bjp.rcpsych.org/content/190/6/521.full (Fecha de consulta: 18 de septiembre de 2017).

10 Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud (2017}. “Depresión: hablemos”, dice la OMS, mientras la depresión encabeza la lista de causas de enfermedad, disponible en:

http://www2.paho.org/hq/index.php?option=com_content& view=article&id=13102%3Adepression-lets-talk-says-who-as-depressio n-tops-list-of-causes-of-ill-health&catid=740%3Apress-releases& Itemid=1926&lang=es (Fecha de consulta: 18 de septiembre de 2017).

11 Organización Mundial de la Salud (2013). Plan de acción sobre salud mental 2013-2020, disponible en:

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/97488/1/9789243 506029_spa.pdf (Fecha de consulta: 18 de septiembre de 2017).

12 Servicio Sismológico Nacional, Reporte Especial. Sismo de Tehuantepec (2017-09-07, 23:49, M 8.2), disponible en

http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/reportes-especiales/20 17/SSNMX_rep_esp_20170907_Tehuantepec_M82.pdf (Fecha de consulta: 24 de septiembre de 2017).

13 Ibíd.

14 Ibíd.

15 Cuenta oficial de twitter del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, disponible en:

https://twitter.com/epn/status/906079206987194368 (Fecha de consulta: 24 de septiembre de 2017).

16 Pacific Tsunami Warning Center, Tsunami Message Number 1, disponible en:

http://ptwc.weather.gov/ptwc/text.php?id=pacific.TSUPAC. 2017.09.08.0455 (Fecha de consulta: 24 de septiembre de 2017).

17 Excélsior. Inicia censo para conocer daños por sismo de 8.2 grados; siguen las réplicas, disponible en:

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/09/12/1187960 (Fecha de consulta: 26 de septiembre de 2017).

18 Animal Político, Sismo De 8.2, Del Pasado 7 De Septiembre, Dejó 110 Mil Inmuebles Dañados En Oaxaca Y Chiapas, disponible en:

http://www.animalpolitico.com/2017/09/sismo-7-septiembre -110-mil-inmuebles-oaxaca-chiapas/ (Fecha de consulta: 24 de septiembre de 2017).

19 Servicio Sismológico Nacional, Sismo del día 19 de septiembre de 2017, Puebla-Morelos M 7.1), disponible en:

http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/reportes-especiales/2017/

SSNMX_rep_esp_20170919_Puebla-Morelos_M71.pdf (Fecha de consulta: 25 de septiembre de 2017).

20 Ibíd.

21 Cuenta Oficial del Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente, disponible: https://twitter.com/LUISFELIPE_P/status/912381325767782402 (Fecha de consulta: 25 de septiembre de 2017).

22 Forbes. Terremoto en México dejará pérdidas hasta Por 36 mil 700 millones de pesos, disponible en:

https://www.forbes.com.mx/perdidas-por-sismo-estimadas-e n-2000-millones-de-dolares/ (Fecha de consulta: 25 de septiembre de 2017).

23 Animal Político. Sismo Deja más de 3 mil edificios dañados en la Ciudad de México; decenas tendrán que ser demolidos, disponible en:

http://www.animalpolitico.com/2017/09/edificios-danados- cdmx-sismo/ (Fecha de consulta: 23 de septiembre de 2017).

24 Excélsior. Con daños irreparables, 90 por ciento de viviendas en Hueyapan, disponible en:

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/09/22/1190075 (Fecha de consulta: 25 de septiembre de 2017).

25 Animal Político. 400 casas dañadas en Axochiapan, epicentro del sismo, donde los cimientos son opcionales, disponible en:

http://www.animalpolitico.com/2017/09/axochiapan-sismo-c asas-afectadas-epicentro/. (Fecha de consulta: 24 de septiembre de 2017).

Palacio del Poder Legislativo de San Lázaro, 3 de octubre de 2017.

Diputado José Luis Toledo Medina (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a la Segob, la SHCP y las dependencias correspondientes a fin de que atiendan diversas necesidades derivadas del sismo suscitado el 19 de septiembre, a cargo del diputado Santiago Taboada Cortina, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Santiago Taboada Cortina, diputado federal de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Durante el mes de septiembre del 2017, nuestra nación ha presenciado trágicos acontecimientos provocados por la naturaleza, afectando especialmente a los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Morelos, Puebla y la Ciudad de México, en virtud de los fuertes movimientos que ha realizado la tierra, afectando desde la primera semana de septiembre construcciones de diversa especie.

El 7 de septiembre del presente año, se registró el primer sismo con una magnitud de 8.2 grados en la escala de Richter, afectando en gran medida a los estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, dicho acontecimiento también repercutió en la Ciudad de México, pero ésta no sufrió grandes estragos debido a la lejanía de su epicentro en Chiapas.

Posteriormente, el pasado martes 19 de septiembre, a 32 años de conmemorar la tragedia del sismo de 1985, nuestro país presenció un sismo con una magnitud de 7.1 grados en la escala de Richter con epicentro localizado en Puebla y Morelos.

Y el sábado 23 de septiembre, la tierra se cimbró nuevamente con un sismo de 6.1 grados a las 7:56 de la mañana, con epicentro a 7 kilómetros al Oeste de Unión Hidalgo, Oaxaca.

Derivado del sismo del 19 de septiembre, el número de fallecidos asciende a 333, 194 en la Ciudad de México, 74 en Morelos, 45 en Puebla, 13 en el estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca.

Como consecuencia de dichos fenómenos geológicos, la Ciudad de México, ha sufrido grandes afectaciones con 38 edificios colapsados, por otro lado, tan solo al 24 de septiembre, el gobierno de la Ciudad de México precisó que ante la solicitud de 11 mil 200 solicitudes de revisión de inmuebles, atendidas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), Protección Civil, y el Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México (ISC), de las cuales se han atendido 7 mil 649, principalmente de las demarcaciones mayormente afectadas; Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Coyoacán, Tlalpan, Xochimilco, Iztapalapa y principalmente la delegación Benito Juárez, 321 inmuebles son inhabitables.

En específico, la delegación Benito Juárez se encuentra en una crisis en materia de vivienda, pues a la fecha se han registrado 13 inmuebles colapsados de los 34 totales en la Ciudad de México, y al momento se han identificado al menos 25 inmuebles con alto riesgo de colapso en la misma demarcación.

Consideraciones

Ante dicha situación es necesario implementar acciones para atender la pérdida del patrimonio de los habitantes de nuestra ciudad. Sin embargo, ante la singularidad del fenómeno vivido el pasado 19 de septiembre, los instrumentos de atención para esta emergencia parecen estar rebasados, ya que en primera instancia, la clase media de nuestra ciudad, y en específico de la Delegación Benito Juárez se encuentra vulnerada al quedar excluida por el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), en su componente de reconstrucción de vivienda; derivado de que los parámetros de elegibilidad para poder ser beneficiado con el apoyo establecen como un requisito que los aspirantes sean considerados en “pobreza patrimonial”.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) define como “pobreza patrimonial” a la Insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la canasta alimentaria, así como para realizar los gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte y educación, aunque la totalidad del ingreso del hogar sea utilizado exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios.

En ese sentido, la delegación Benito Juárez tiene el menor índice de pobreza en la Ciudad de México, ya que el 91.3 por ciento de sus habitantes tienen cubiertas las necesidades más elementales, y el ingreso promedio de un habitante de esa demarcación es de ocho mil 902 pesos mensuales.

Es claro que los desastres naturales afectan directa o indirectamente a la población sin importar condición alguna como el nivel socioeconómico que posean, por tal motivo, debe ampliarse el espectro de elegibilidad para el otorgamiento del fideicomiso, con el objeto de incluir a la población vulnerada que no encuadra dentro de dicho requisito y que no pueden considerarse como familias de bajos recursos, pero consideradas como afectadas por recibir un detrimento en su patrimonio.

Cabe mencionar que la disposición establecida en las consideraciones generales para la atención de los daños, determinada en los Lineamientos de Operación específicos del Fondo de Desastres Naturales, que puntea como población objetivo a las familias que sean consideradas en pobreza patrimonial, resulta discriminatorio, pues restringe a los afectados por el sismo, el obtener la reparación de los daños en su vivienda por la condición social que poseen, además de violentar su derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa

Por otro lado, el monto establecido en reglas de operación en lo referente a reconstrucción por pérdida total de la vivienda que asciende a 120 mil pesos, se encuentra muy por debajo del monto mínimo requerido para que esta población de clase media afectada pueda parcialmente recuperar lo perdido.

Así que resulta necesario incrementar considerablemente el monto máximo considerado por el Fonden para la construcción y reconstrucción de viviendas, por lo cual se propone situar dicho monto en al menos 400 mil pesos, para lograr la reconstrucción de las viviendas ubicadas en la Ciudad de México.

Asimismo, los Lineamientos de Operación Específicos del Fondo de Desastres Naturales, ya publicados en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2011 por la SHCP, contempla que para la atención a vivienda las solicitudes deberán realizarse por la Secretaría de Desarrollo Social, quien evalúan las condiciones de la vivienda a reconstruir (definiendo si se requiere rehabilitación de daños menores, reconstrucción de daños parciales, construcción de daño total de la vivienda o reubicación y construcción de viviendas), y genera el padrón de beneficiarios; sin embargo actualmente la dependencia encargada de atender los problemas referentes a vivienda en el ámbito Federal es la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Por lo cual deben actualizarse los Lineamientos de Operación del Fonden, con el objeto de homologarlos con las atribuciones establecidas en la Ley Orgánica para la Administración Pública Federal, ya que en su artículo 41, fracción I inciso d le confiere a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano impulsar en coordinación con las Autoridades Municipales y Estatales, la planeación y ordenamiento del territorio nacional para su máximo aprovechamiento mediante políticas que armonicen la planeación habitacional y el desarrollo de vivienda.

Con base en lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal, para que gire instrucciones a las Secretarías de Gobernación, Hacienda y Crédito Público y a los titulares de las dependencias que corresponda, con el objeto URGENTE de modificar los criterios de elegibilidad para la atención a damnificados en materia de vivienda , contenidos en los Lineamientos de Operación Específicos del Fondo de Desastres Naturales. Lo anterior con el propósito de erradicar el criterio de pobreza patrimonial, que por el momento y por su definición, dejaría fuera de recibir el apoyo del Fonden a quienes perdieron su vivienda en gran parte de la Ciudad de México, y en específico en la Delegación Benito Juárez.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal, para que gire instrucciones a las Secretarías de Gobernación, Hacienda y Crédito Público y a los titulares de las dependencias que corresponda, con el objeto de elevar el monto máximo establecido para la construcción y reconstrucción de vivienda a damnificados , en los Lineamientos de Operación Específicos del Fondo de Desastres Naturales, con el objeto de establecerlo en al menos 400 mil pesos, toda vez que las necesidad urgente de reconstrucción y de resarcir el patrimonio de las vecinas y vecinos de la ciudad de México, y en específico de la Delegación Benito Juárez a quienes represento, requiere de un monto mayor a los 120 mil pesos que establece como máximo la normatividad vigente.

Tercero. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal, para que gire instrucciones a las Secretarías de Gobernación, Hacienda y Crédito Público y a los titulares de las dependencias que corresponda, con el objeto realizar la actualización de los Lineamientos de Operación Específicos del Fondo de Desastres Naturales, con el objeto de homologarlos con las atribuciones establecidas en la Ley Orgánica para la Administración Pública Federal , ya que en su artículo 41, fracción I inciso d) le confiere a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, las atribuciones en materia de planeación habitacional y desarrollo de vivienda, mientras los lineamientos contemplan que para la atención a vivienda las solicitudes deberán realizarse por la Secretaría de Desarrollo Social.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los tres días del mes de octubre de 2017.

Diputado Santiago Taboada Cortina (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía expresa su rechazo a la Ley SB 04, de Texas, y respalda las acciones emprendidas por la CNDH para hacerle frente, pues atenta contra los derechos humanos de los connacionales, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, Cristina Ismene Gaytán Hernández, diputada en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1 y 79 numeral 1 y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, marcó el inicio de una nueva etapa en nuestras relaciones bilaterales y en particular, en lo que respecta al trato del gobierno de los Estados Unidos hacia nuestros connacionales.

Su discurso antiinmigrante y xenófobo y la promoción de un conjunto de acciones a nivel federal en contra de nuestros connacionales han servido de justificación para la instrumentación de políticas similares en distintos estados de la Unión Americana.

Tal es el caso del Estado de Texas y la entrada en vigor de la LEY SB 04.

A decir del titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, dicha iniciativa constituye “la pieza legislativa más discriminatoria, antiinmigrante y racista que se haya expedido desde la asunción de la nueva presidencia de Estados Unidos”1 .

Para hacer frente a dicha Ley, la CNDH ha emprendido un conjunto de acciones en distintos ámbitos.

Por un lado, la Comisión ha solicitado el otorgamiento de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en favor de las personas en contexto de migración que serán afectadas por la entrada en vigor de la ley en comento.2

Asimismo, la Comisión presentó un Amicus Curiae en el juicio que se sigue contra esa ley en la Corte de Distrito en San Antonio, Texas.

En cuanto al Amicus Curiae, en su contenido se expuso que la Ley SB 04 es violatoria de diversas enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos de América y de diferentes preceptos de la Constitución de Texas, ya que puede caerse en una aplicación diferenciada de la misma y en detenciones arbitrarias, además de que afecta los derechos a la libertad de expresión y la libertad religiosa de instituciones de educación superior privadas, por lo cual se solicitó a la Corte de Distrito en San Antonio declarara la inconstitucionalidad de dicha ley, y suspendiera su entrada en vigor y los efectos de la misma, de manera que no pueda ser empleada para imponer medidas discriminatorias ni para obligar a las autoridades locales a adoptarlas.3

Como resultado de lo anterior, en días pasados, el Juez de Distrito en San Antonio, Orlando García, resolvió la no aplicación de algunos apartados de la Ley SB 04, debido a su oposición a una serie de enmiendas de la Constitución norteamericana.4 Sin embargo, esta resolución no es definitiva, y la controversia contra esta ley puede llegar, incluso, a la Suprema Corte de aquel país.

A decir de la Secretaría de Relaciones Exteriores, esta suspensión provisional implica, entre otras cosas, que las policías del estado no estarán obligadas a que las agencias migratorias obliguen a las autoridades estatales o locales a mantener detenidos a los inmigrantes en cárceles o prisiones para entregárselos.5 Sin embargo, otras partes de la ley entrarán en vigor.

De acuerdo a la misma Secretaria, la comunidad mexicana y de origen mexicano representa una tercera parte de la población total de Texas6 . Es a ellos a quienes principalmente afecta y seguirá afectando dicha disposición.

Por atentar los derechos de miles de nuestros connacionales resulta fundamental que esta Soberanía se pronuncie al respecto.

Asimismo, resulta fundamental reconocer y respaldar las acciones que la CNDH ha emprendido en la mmateria.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, reconociendo los principios constitucionales de política exterior, expresa su rechazo a la Ley SB 04 del estado de Texas, por atentar contra los derechos humanos de nuestros connacionales en el estado de Texas.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión reconoce y respalda las acciones emprendidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para hacer frente a dicho ordenamiento.

Notas:

1http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2017/C om_2017_271.pdf

2 Op cit

3 Op cit

4 Ciudad de México, a 3 de septiembre de 2017. Comunicado de Prensa DGC/288/17 RECONOCE CNDH INDEPENDENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO DE SAN ANTONIO, TEXAS, Y ENFATIZA QUE SU RESOLUCIÓN SOBRE LA LEY SB 04 ES AVANCE EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA COMUNIDAD MIGRANTE EN ESTADOS UNIDOS. Retomado de: http://cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2017/Com_2017_288.pdf

5 México reconoce la decisión de la Corte Federal de Distrito para el Oeste de Texas de suspender provisionalmente secciones de la ley SB4. Comunicado No. 335. Retomado de:

https://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-reconoce-la-decision-de-la-corte-federal
-de-distrito-para-el-oeste-de-texas-de-suspender-provisionalmente-secciones-de-la-ley-sb4

6 El Gobierno de México presenta declaración sobre la ley SB4 de Texas ante Corte de Distrito. Comunicado No. 251. Retomado de: https://www.gob.mx/sre/prensa/el-gobierno-de-mexico-presenta-declaracio n-sobre-la-ley-sb4-de-texas-ante-corte-de-distrito.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2017.

Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la inmediata rehabilitación de caminos, carreteras y puentes de pueblos y comunidades aislados de Oaxaca afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Natalia Karina Barón Ortiz, diputada del integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo a la inmediata rehabilitación de caminos, carreteras y puentes de pueblos y comunidades aisladas del estado de Oaxaca afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre.

Consideraciones

La noche del jueves 7 de septiembre, el sismo que afectó el sureste mexicano dejó pérdidas materiales por miles de millones de pesos provocando serias afectaciones en 41 municipios. Las principales se dieron sobre la infraestructura de comunicaciones y las redes de carreteras y caminos de los estados impactados por el movimiento de tierra y que son vitales para el traslado de ayuda humanitaria especialmente en el período de emergencia para la atención de la población damnificada. La situación se volvió más crítica cuando otro sismo de 7,1 grados azotó, el 19 de septiembre, la región centro del país, mismo que dañó la infraestructura carretera y de puentes del estado.

De acuerdo con un comunicado de Caminos y Autopistas de Oaxaca, publicado el 20 de septiembre, habría 317 afectaciones en la infraestructura carretera del estado debido a derrumbes, deslaves, desgajamientos y asentamientos de caminos, además de daños a puentes. Igualmente indica que, debido a la orografía, hay tramos de difícil acceso a los que no se ha atendido puntualmente dificultando las comunicaciones en comunidades:

Reyes Mantecón, Oaxaca, 20 de septiembre del 2017. Con el objetivo de darle seguimiento y puntual atención a las afectaciones que se registraron en los tramos carreteros de la entidad después del sismo del 7 de septiembre y que ocasionó daños severos en la región del Istmo de Tehuantepec, el gobierno del estado, a través de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), reporta un total de 317 afectaciones en la infraestructura carretera.

El director general de CAO, David Mayrén Carrasco, informó que en lo que respecta a caminos, carreteras y puentes, se consideraron los municipios señalados en la Declaratoria de Emergencia que emite la Secretaría de Gobernación -283 municipios- que serán atendidos con recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden).

Explicó que de las 317 afectaciones que se registraron en igual número de localidades, se consideraron los derrumbes, deslaves, desgajamientos, agrietamientos y asentamientos sobre superficies de rodamiento en carreteras y caminos; así como otros tipos de daños en puentes; de los cuales se han abierto paso total en ocho tramos carreteros y 287 están en proceso de atención.

Mayrén Carrasco señaló que de acuerdo a las indicaciones del gobernador del estado, Alejandro Murat, todas las afectaciones que se reportaron en este rubro están siendo atendidas. Sin embargo, algunos tramos, por su orografía, se consideran accidentados y de difícil acceso como en el caso de las localidades ubicadas en el Istmo, Papaloapan, Sierra Norte y Sierra Sur.

Detalló que se trabaja para atender las 91 incidencias reportadas en la Sierra Nortes; 71 en la Costa, 54 en la Sierra Sur, 39 en Valles Centrales, 33 en el Istmo y 29 en la Cuenca.

Asimismo, puntualizó que tras el temblor de este 19 de septiembre, se retiraron algunos derrumbes en el tramo Tonalá–Huajuapan. No obstante, las oficinas ubicadas en las ocho regiones del Estado, así como la Dirección de los Módulos de Maquinarias dependientes de CAO se mantienen en alerta para cualquier eventualidad que deba atenderse.

No obstante, aun cuando las carreteras federales competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pudieron verse afectadas de manera mínima, las autoridades han reconocido que el principal problema se encuentra en las red de caminos secundarios del estado y que son los que enlazan a las diversas comunidades que necesitan de rehabilitación inmediata para la distribución de ayuda y la posterior reconstrucción de las zonas que sufrieron de forma más grave el impacto del sismo.

Al 24 de septiembre, autoridades federales y locales señalaron que 423 pueblos y comunidades de Oaxaca permanecen incomunicados debido a los bloqueos y daños a la red de caminos rurales principalmente la región del Papaloapan, del Istmo de Tehuantepec, Sierra Norte, Sierra Mixe y en localidades de la Costa, la Mixteca y Sierra Sur. De acuerdo con el director de Caminos y Aeropistas de Oaxaca serían 22 los caminos en esas zonas que necesitan inmediata atención además de que se han trasladado 100 cuadrillas con maquinaria; detalló que los puntos más complicados se encuentran en Santo Domingo Petapa, San Lucas Camotlán, San Miguel Quezaltepec, San Juan Cacalotepec, la zona de los Ozolotepec, además de San Mateo del Mar y Santa Isabel de la Reforma que pertenece a Nueva Humboldt. No obstante que el secretario de Comunicaciones y Transportes había dicho que las carreteras federales no tenía mayores afectaciones, el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte en Oaxaca informó que hay siete tramos carreteras federales y un puente colapsado. Siendo el más dañado el de la carretera Oaxaca-Pochutla-Huatulco tramo Pluma Hidalgo.i Estas comunidades sobreviven gracias a los puentes aéreos hechos por las fuerzas armadas para la distribución de víveres y ayuda humanitaria.

Si bien se intensifican los trabajos de autoridades estatales y federales para lograr la rehabilitación de los carreteras, caminos y puentes del estado, es oportuno el exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, en el ámbito de su competencia, realice las acciones aplicando los recursos necesarios que permitan la reparación y rehabilitación de caminos y carreteras del estado particularmente de la región del Papaloapan, del Istmo de Tehuantepec, Sierra Norte, Sierra Mixe y en localidades de la Costa, la Mixteca y Sierra Sur.

De igual manera, se considera un exhorto al gobernador del estado de Oaxaca para que realice las acciones pertinentes para la rehabilitación de caminos, carreteras y puentes estatales, a través de la aplicación de los recursos para la rehabilitación y modernización de las carreteras y puentes afectados por el sismo de 7 de septiembre para lograr la pronta comunicación entre comunidades aisladas del estado.

Por lo anterior expuesto, se presenta a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente Proposición con punto de:

Acuerdo

Primero. Se exhorta al secretario de Comunicaciones y Transportes a que, en el ámbito de su competencia, realice las acciones aplicando los recursos necesarios que permitan la reparación y rehabilitación de caminos y carreteras de pueblos y comunidades aisladas de la región del Papaloapan, del Istmo de Tehuantepec, Sierra Norte, Sierra Mixe y en localidades de la Costa, la Mixteca y Sierra Sur del estado de Oaxaca afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre.

Segundo. Se exhorta al gobernador del estado de Oaxaca a que, en el ámbito de su competencia, realice la inmediata aplicación de recursos e instrumentos financieros que permitan la rehabilitación de caminos, carreteras y puentes de pueblos y comunidades aisladas de la región del Papaloapan, del Istmo de Tehuantepec, Sierra Norte, Sierra Mixe y en localidades de la Costa, la Mixteca y Sierra Sur del Estado de Oaxaca afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre.

Nota

i “Incomunicados unos 423 pueblos rurales de Oaxaca” En:
http://www.milenio.com/estados/incomunicados_unos_423_pueblos_rurales_en_oaxaca_0_1036096632.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 3 de octubre de 2017.

Diputada Natalia Karina Barón Ortiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a eliminar de la NOM-012-SCT-2-2014 el numeral 6.1.2.2, que incrementa el peso bruto vehicular máximo autorizado para los tractocamiones doblemente articulados, a cargo del diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Jonadab Martínez García, diputado federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a eliminar de la NOM-012-SCT-2-2014, el numeral 6.1.2.2, que incrementa el peso bruto vehicular máximo autorizado para los tractocamiones doblemente articulados en sus distintas configuraciones vehiculares (T-S-R y T-S-S).

Exposición de Motivos

El Congreso tiene facultad para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, tecnologías de la información y la comunicación, radiodifusión, telecomunicaciones, incluida la banda ancha e Internet, postas y correos, y sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal (artículo 73, fracción XVII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).

La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, otorga a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes la atribución de vigilar, verificar e inspeccionar que los caminos y puentes, así como los servicios de autotransporte y sus servicios auxiliares, cumplan con los aspectos técnicos y normativos correspondientes.

El artículo 5 del Reglamento sobre el peso, dimensiones y capacidad de los vehículos de autotransporte que transitan en los caminos y puentes de jurisdicción federal, establece lo siguiente:

Artículo 5o. El peso, dimensiones y capacidad máximos de los vehículos, así como las configuraciones o combinaciones vehiculares, según el tipo de caminos y puentes por el que transiten, y la presión de inflado de las llantas, se ajustarán a las normas correspondientes expedidas de conformidad con lo previsto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Las violaciones a este Reglamento y las normas oficiales mexicanas correspondientes, serán sancionadas conforme a lo establecido en la Ley y este Reglamento.

Al finalizar el siglo XX, el autotransporte se ha manifestado como el modo dominante en el movimiento terrestre de carga en gran parte del mundo industrializado. Este predominio del modo carretero en el reparto modal autotransporte-ferrocarril, observado en México, en los Estados Unidos y en la Unión Europea se ha reafirmado luego de los cambios macroeconómicos resultantes de los acuerdos de libre comercio que cubren extensas regiones, como son el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado por México, Canadá y los Estados Unidos en 1994; y el gran proyecto de la Unión Europea, que en 2004 incluyó a 25 países de ese continente.

Los efectos negativos que el tránsito de vehículos automotores trajo consigo: congestión, contaminación atmosférica y auditiva, accidentes, y daño a la infraestructura vial se han convertido en objeto de preocupación de los planificadores del transporte. De estos impactos, todos excepto el último, son comunes al tránsito de automóviles, autobuses y camiones de carga. El daño a la estructura del pavimento, sin embargo, se distingue de los demás impactos por tres características: 1) es generado exclusivamente por los vehículos de carga; 2) su magnitud se agrava muy rápidamente al aumentar los pesos en los ejes de los camiones; y 3) no se percibe tan obviamente como los otros impactos, que usualmente se aprecian por medio de los sentidos.

El peso bruto vehicular de los autotransportes de carga, mucho mayores en comparación con los pesos de otros vehículos automotores, y la aparente dependencia del daño al pavimento con los pesos en los ejes del vehículo como una función potencia de grado cuatro (la llamada “Ley de la 4ª potencia”, del deterioro de pavimentos asfálticos) explican la asociación del daño a la infraestructura vial con el flujo de camiones de carga.

La práctica de sobrecargar los tractocamiones doblemente articulados, fuera de toda consideración de conducta antisocial o delictiva, tiene cierta “racionalidad” desde el punto de vista económico, ya que aumenta la productividad del autotransporte al reducir el número de viajes requerido para transportar cargas y bajar el costo promedio por tonelada- kilómetro (t-k), puesto que los costos de la operación se prorratean entre un mayor número de toneladas transportadas.

El sustancial incremento en el daño a la estructura del pavimento, derivado de los movimientos sobrecargados, perturban de modo notable los planes de mantenimiento y reparación que el responsable de la red carretera tiene para afrontar la tarea de mantener la calidad de la infraestructura vial en niveles adecuados para el servicio de transporte carretero.

Esta circunstancia, que se agrava por las usuales restricciones presupuestales para el mantenimiento carretero, así como por la necesidad de atender la gran extensión de la red de carreteras libres de peaje, plantea un serio problema de planeación del transporte, en la búsqueda de esquemas efectivos de control del sobrepeso, que frenen el acelerado desgaste de la infraestructura vial que esta práctica ilegal genera, y que se propicie así un uso más racional de la estructura de pavimento y una mayor durabilidad de los recursos empleados en su mantenimiento.

El presente punto de acuerdo aborda el tema del peso bruto vehicular máximo autorizado para los tractocamiones doblemente articulados en sus diferentes configuraciones vehiculares, el cual puede incrementarse por la propia NOM-012-SCT-2-2014 (Sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal) y se busca incidir en cambios en la materia, tomando en cuenta su impacto en el desarrollo urbano sustentable.

El sector transportes es fundamental para mejorar la calidad de vida de todas las personas, influyendo de manera decisiva en casi todas los actividades económicas y, por lo tanto, es determinante para el progreso general de toda sociedad.

Mejorar la competitividad implica innovación y eficiencia, ya que por medio de una movilidad más ordenada, se genera un comercio más eficiente y por ende un mejor desarrollo económico.

“El transporte de carga es vital para el comercio en México, generando dos millones de empleos directos y el 6.3por ciento del Producto Interno Bruto, además de ocupar el quinto lugar dentro de las 73 ramas económicas del país. Su derrama es de 628,000 millones de pesos al año.” 1

Sin embargo, y dependiendo del peso bruto vehicular en exceso, los autotransportes de carga son un constante peligro para la totalidad de los usuarios de los caminos de jurisdicción federal.

La laxidad de la reglamentación en relación a pesos y dimensiones del autotransporte de carga, ocasiona que los sobrepesos perjudiquen la infraestructura vial (pavimentos y puentes) generando con ello inseguridad en las carreteras.

Esto lo observamos de manera particular, en el tractocamión doblemente articulado y sus diferentes configuraciones vehiculares.

El tema del peso máximo permitido al autotransporte de carga, la seguridad vial y el evitar daños a la infraestructura vial son el objeto de estudio del presente documento, ya que el exceso en el peso bruto vehicular (PBV) es un problema que requiere atenderse.

En todos los sectores se dan transformaciones rápidas y de gran trascendencia, situación que también alcanza a los autotransportes de carga.

A su vez, contar con servicios de transporte más seguros, económicos, eficientes, limpios y accesibles, que concilien los intereses públicos con los particulares, es otro objetivo a conseguir, en donde se otorguen tanto derechos como obligaciones a ambas partes.

De acuerdo a la Estadística Básica del Autotransporte Federal 2015, en México se cuenta con un total de 685 mil 109 autotransportes de carga general y 121 mil 296 autotranportes de carga especializada.

Consideramos que incrementar la competitividad, eficiencia, así como ampliar la participación en la actividad económica nacional, por parte del sector autotransportes no debe anteponerse a la seguridad de las personas.

La seguridad vial debe ser una prioridad para el sector de autotransporte de carga, ya que esta no va en contra de la competitividad. Es más, la productividad no se consigue sin seguridad, por lo que los transportistas, deben ser los primeros obligados a cumplir con la NOM-012-SCT-2-2014.

“La falta de supervisión para vigilar los excesos de velocidad (68por ciento de los conductores no respetan el límite de velocidad, y aumentan la velocidad de desplazamiento entre 20 y 30 kilómetros por hora a lo permitido) y de carga, así como la falta de responsabilidad de las empresas que trasladan mayor peso del permitido en sus unidades, son dos factores que promueven los accidentes viales.”2

De poco o nada sirve una norma si esta no se utiliza, o se omite su práctica por parte de la misma autoridad encargada de aplicarla, argumentando falta de recursos o de personal.

“Actualmente hay menos de 100 unidades de verificación a lo largo de las carreteras federales del país, lo que provoca que la verificación del peso y dimensiones del autotransporte de carga sea ineficaz.

Contrario a lo anterior, el exceso de carga perjudica las condiciones físico-mecánicas de la propia configuración vehicular, lo que provoca que las unidades de transporte sean menos confiables porque han sobrepasado sus límites en relación al peso bruto vehicular.”3

Los accidentes viales son consecuencia de la falta de conciencia del transportista, y de los empresarios, quienes inciden en que se transporte una carga con sobrepeso, sin tener en consideración la reglamentación en la materia.

El transporte automotor si bien ha venido a facilitar la vida del hombre y a influir notablemente en sus actividades sociales y económicas, también ha llegado a constituir una importante causa de accidentes, siendo estos motivo de miles de muertes cada año. Esto ha despertado gran inquietud entre todos los especialistas y ha motivado gran número de estudios, para determinar los factores de seguridad que intervienen en la operación de las carreteras.

Los estudios realizados al respecto, indican que para reducir los accidentes viales se necesita:

• Mejor preparación del usuario.

• Mayor seguridad de los vehículos.

• Adecuada legislación y vigilancia.

• Condiciones que permitan una mejor operación del sistema vial.

La intervención del proyectista de caminos es casi nula en las tres primeras condiciones; pero es determinante sobra la última. Nunca debe olvidarse que, por otra parte, las características de cualquier obra vial deben de justificarse a través del análisis de tipo económico, para el lapso previsible de funcionamiento.

De todos los accidentes relativos al autotransporte de carga, los estudios indican que la causa principal es atribuible al conductor, por los siguientes motivos:

(1) Exceso de velocidad.

(2)Invasión del carril contrario.

(3) Impericia del conductor.

Aunque en un accidente, por parte del usuario, influyen factores emocionales, fatiga, hipnosis del camino y la posible impreparación del conductor; también debe considerarse que en la mayoría de los accidentes, las circunstancias habrían cambiado de tenerse un camino en mejores condiciones.

Dada la concentración de accidentes en intersecciones y en el paso por poblaciones, la atención del proyectista en estos puntos debe ser mayor, con objeto de equilibrar las demandas del tránsito en cuanto a volumen, velocidad, características de aceleración y desaceleración, con el proyecto apropiado de un entronque o de un acceso a una zona urbana; llegando siempre a una solución que, tomando en cuenta la seguridad, se justifique a través de un estudio económico, en que se comparen principalmente el costo de la obra resultante, con el costo de los accidentes que se evitarán con esa obra.

Los caminos deben proyectarse tomando en cuenta la motivación del usuario que viaja con fines económicos, sociales o recreativos y desea hacerlo en forma cómoda, segura, y en el menor tiempo posible.

Es por ello que al proyectar una carretera debe pensarse siempre en el individuo como módulo de proyecto, a fin de proporcionarle un camino que corresponda a sus necesidades y reduzca al mínimo los accidentes.

“En materia de accidentes de autotransporte de carga y pasaje, del total de accidentes: el 60por ciento son causa del conductor, el 20por ciento del peatón, 14por ciento por cuestiones de vehículo, el 5por ciento por la infraestructura y el 1por ciento por otras causas.”4

En este sentido, un desarrollo económico que privilegie la ganancia por encima del bienestar de las personas está en contra de diversos derechos humanos.

“Así entonces, y en relación con la siniestralidad vial las carreteras más peligrosas de la República Mexicana son:

Autopista México-Puebla : registra alrededor de 1,683 accidentes anuales.

Autopista México-Querétaro : el promedio de accidentes es de tres por día, anualmente registra 1,046 incidencias.

Carretera Tepic-Mazatlán : con una media de cuatro accidentes al día, lo que equivale a 1,490 al año.

Autopista Querétaro-Irapuato : al año suma 19 mil choques, a razón de tres accidentes por día aproximadamente.”5

Un accidente vial no es un hecho menor, es una desgracia para muchas personas, a veces con secuelas de por vida. Esto, se asegura con base en los siguientes datos:

• “Los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte en México, según cifras oficiales, en 2013 fallecieron más de 36 mil personas a causa de algún tipo de accidente, y aproximadamente el 80 por ciento de los accidentes de tránsito se deben a una conducta equivocada de los conductores.”6

• “En México cada día mueren 55 personas a causa de accidentes viales , y por cada individuo que fallece, dos sufren alguna discapacidad.”7

• “De cada 100 muertos 50 son jefes de familia, por lo que es la primera causa de orfandad en México.

• En el país hay por esta causa 142 mil heridos anualmente, 31 mil con lesiones de gravedad.

• Es la cuarta causa de discapacidad en México, de los cuales 20por ciento sufren lesiones permanentes.

• El 75por ciento de los mexicanos que sufren discapacidad por accidente vial no vuelven a encontrar empleo.

• 7,800 familias sufren la pérdida del padre o la madre cada año por esta causa.

• Nueve de cada 10 familias que sufren la perdida de padre o madre tienen una sustancial perdida en su calidad de vida.

• La inseguridad vial le cuesta al país el 1.7por ciento del PIB, es decir 150 mil millones de pesos, con ese dinero es posible construir 487 mil viviendas de interés social en México.”8

• “Los accidentes que ocasionan los transportes de carga provocan el cierre de carreteras, en promedio, de entre cuatro y cinco horas, afectando con ello a miles de personas en sus actividades diarias.”9

“Las empresas del autotransporte en general tienen un promedio de cuatro accidentes viales al año.”10

Las carreteras de jurisdicción federal son de todos, y todos tenemos derecho a la movilidad por medio de la utilización de estas, teniendo la seguridad de que nuestra vida está protegida, a través de la correcta normatividad en la materia.

La seguridad vial deriva de una corresponsabilidad: Gobierno, trasportista y usuario, por lo que el cumplimiento de la ley en la materia no es opcional, la verificación del peso y dimensiones del autotransporte de carga debe ser comprobable y visible en beneficio de todos.

La movilidad lo es todo para el desarrollo sostenible, tanto en relación a las personas como a los bienes, en este sentido la red carretera nacional está conformada por “ 370 mil kilómetros de vialidades interurbanas, que se integran por autopistas, carreteras, caminos y brechas que permiten la conectividad entre prácticamente todas las poblaciones del país, con independencia del número de habitantes con que cuenten y su relevancia económica. La red nacional está conformada en números redondos por 50 mil kilómetros de carreteras de jurisdicción federal -de las cuales casi 9 mil son autopistas de cuota- así como por aproximadamente 80 mil km de carreteras estatales, 170 mil km de caminos rurales y poco más de 70 mil km de brechas mejoradas; por lo que regular el peso bruto vehicular máximo autorizado con el que pueden circular los vehículos de autotransporte de carga (tractocamiones doblemente articulados) que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal, es el principal fin del presente punto de acuerdo.”11

Ya no es posible llevar a cabo la mayor parte de nuestras actividades profesionales y económicas, incluso muchas de las acciones más simples de todos los días sin tener en cuenta la importancia decisiva de la movilidad, por la reducida disponibilidad de tiempo que poseemos.

Por ello, actualizar la legislación en cuanto a la restricción del peso bruto vehicular máximo autorizado, especialmente en relación a los tractocamiones doblemente articulados, favorecerá la seguridad de todos los usuarios de las vías generales de comunicación y evitará daños a la infraestructura carretera.

La infraestructura vial y los servicios de transporte requieren ser más seguros y más respetuosos del medio ambiente, a fin de facilitar y mejorar la movilidad urbana, y estar en armonía con el párrafo tercero del artículo 27 de nuestra Carta Magna (en relación a la preservación y restauración del equilibrio ecológico) y con la definición de desarrollo urbano sustentable.

El desarrollo urbano sustentable implica ayudar a evitar que la gente pierda oportunidades o se enfrente a viejos vicios. La carga útil y peso útil que debe observar el autotransporte de carga, debe obedecer primeramente a procurar la seguridad de todos los usuarios de las vías generales de comunicación de jurisdicción federal, ya que ello implica observar y garantizar el derecho a la movilidad de todos los usuarios.

Solamente mejorando lo que se tenga que mejorar, lograremos un desarrollo urbano sustentable en beneficio de todos. Mas una movilidad sostenible implica una sociedad justa, inclusiva y respetuosa de la legalidad.

En el orden internacional, en el año 2010, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclamó el periodo 2011-2020, como el Decenio de Acción para la Seguridad Vial, con el objeto de estabilizar y reducir las cifras previstas de víctimas mortales en accidentes de tránsito en todo el mundo.

Por otro lado, es un hecho que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Salud han elaborado programas o políticas en materia de Seguridad Vial y prevención de accidentes, con la finalidad de promover acciones concretas para disminuir el índice de lesiones y mortalidad, los cuales establecen estrategias que deben ser implementadas para cumplir con los objetivos propuestos.

Estas estrategias proponen la realización de actividades en los tres órdenes de gobierno, tanto en la red carretera federal y vialidades urbanas, como en los establecimientos médicos para la atención de emergencias derivadas de accidentes de tránsito, y están divididas en cinco categorías temáticas: Mejor gestión de la seguridad vial mediante una serie de acciones multisectoriales en los diferentes órdenes de gobierno; evaluación y mejoramiento de la infraestructura vial y de transportes más segura; vehículos más seguros; cambio de comportamiento de los usuarios de las vías de tránsito; y promover el mejoramiento de los servicios de atención médica pre-hospitalaria e intra-hospitalaria, derivados de accidentes de tránsito.

La Tercera Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020 (con una visión de largo plazo) tiene como objetivo general, el reducir un 50por ciento las muertes, así como reducir al máximo posible las lesiones y discapacidades por accidentes de tránsito en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos, promoviendo la participación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, atendiendo a su ámbito de competencia y facultades, en la implementación de las siguientes acciones:

“Primera. Coadyuvar en el fortalecimiento de la capacidad de gestión de la seguridad vial, a través de las siguientes actividades:

1. Promover la participación que corresponda a los tres niveles de gobierno entre sí, para implementar coordinadamente políticas o programas de seguridad vial, e involucrar a la sociedad civil, empresas y usuarios de las vías, en el desarrollo de estrategias nacionales, estatales y locales de seguridad vial que contengan metas e indicadores.

2. Promover la elaboración de un marco jurídico que permita sentar las bases para el establecimiento de las acciones y programas en materia de seguridad vial, así como los protocolos de coordinación para impulsar e instrumentar las políticas nacionales.

3. Promover la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad Vial con la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno, donde se especifiquen las responsabilidades de cada uno de los actores así como la rendición de cuentas de cada uno de ellos, respecto a su ejecución.

4. Mejorar la calidad de los datos recolectados de la seguridad vial, a través de la operación del Observatorio Nacional de Seguridad Vial y de Observatorios Estatales y Municipales de Seguridad Vial.

5. Fortalecer la capacidad gerencial de los tomadores de decisiones que lideran las iniciativas de seguridad vial en todos los niveles de actuación.

6. Fortalecer la capacitación e investigación en seguridad vial.

Segunda. Participar en la revisión de la modernización de la infraestructura vial y de transporte más segura, a fin de impulsar:

1. La creación y/o mejora de la normatividad relacionada con el establecimiento de los criterios de seguridad vial en la infraestructura para las etapas de planeación, diseño y construcción de nuevos proyectos y vías en funcionamiento tanto en carreteras como en vialidades urbanas.

2. La mejora de la seguridad de la infraestructura vial urbana e interurbana.

3. La aplicación de tecnología para la mejora de la gestión del tránsito en vías urbanas e interurbanas.

4. El desarrollo de una movilidad segura y equitativa para los usuarios vulnerables.

Tercera. Fomentar el uso de vehículos más seguros, para lo cual se plantean las siguientes acciones:

1. Incorporar las normas mínimas de seguridad de los vehículos de motor desarrolladas en el Foro Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Armonización de Reglamentos sobre Vehículos (WP 29) de forma que éstos logren al menos ajustarse a las normas internacionales mínimas.

2. Promover la elaboración y adecuación de marcos normativos que aseguren que los vehículos que circulan y se comercialicen en el país (construcción, ensamblaje e importación) cuenten con los elementos mínimos de seguridad.

3. Mejorar los esquemas operativos para la renovación del parque vehicular del servicio público federal de carga y pasaje.

4. Dar a conocer al consumidor la información de la seguridad de los vehículos motorizados que se comercializan.

5. Promover la adopción de tecnologías más avanzadas que aumenten la seguridad de los conductores y ocupantes de los vehículos.

6. Desarrollar normativa basada en experiencia internacional que establezca los estándares mínimos de seguridad de los cascos para usuarios de motocicletas y bicicletas, así como de los sistemas de retención.

7. Desarrollar y fortalecer marcos normativos que permitan la creación, funcionamiento y sostenibilidad de centros de inspección técnica vehicular.

8. Promover medidas a nivel nacional y estatal para la inspección técnica vehicular que asegure que los vehículos en circulación cumplan con las características mínimas de seguridad.

9. Promover la capacitación a los responsables de la vigilancia y control para la identificación y evaluación de los vehículos en circulación.”

Es un hecho que lo establecido en esta estrategia, ha permanecido solo como una buena intención, pero en la realidad, los objetivos planteados en dicho documento están muy alejados del acontecer diario, dando por resultado que el transporte de carga en especial los tractocamiones doblemente articulados están en una laguna jurídica con respecto a la NOM-012-SCT-2-2014 y dicha estrategia.

Un tractocamión doblemente articulado de acuerdo con la NOM-012-SCT-2-2014 es un vehículo destinado al transporte de carga, constituido por un tractocamión, un semirremolque y un remolque u otro semirremolque, acoplados mediante mecanismos de articulación (configuraciones T-S-R y T-S-S).

Así mismo, entendemos por peso bruto vehicular a la suma del peso vehicular y el peso de la carga, en el caso de vehículos de carga.

Peso Bruto Vehicular Máximo Autorizado Internacionalmente.

Se presenta un comparativo sobre la reglamentación de pesos en otros países, así como una comparación con la reglamentación de México. El comparativo incluye los siguientes países: Brasil, Japón, España, Australia, Canadá, y los EUA (red federal y redes estatales de California, Arizona, Texas y Florida).

Conforme a la tabla 2.7 (Comparativo DE PBV – PBVC autorizados en vehículos de carga.) Los pesos máximos autorizados son muy variables entre los diferentes países. Algunos permiten como situación normal de circulación en combinaciones vehiculares como la T3-S2-R4, hasta 77 toneladas, como en el caso de México, siguiéndole Brasil y Australia .Por lo que toca a vehículos sencillos, los pesos máximos autorizados son muy similares entre los diferentes países.

La NOM-012-SCT-2-2014, sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal ; en el punto 6 de Especificaciones, numeral 6.1.2 Peso bruto vehicular máximo autorizado, subnumeral 6.1.2.2, establece a la letra:

El peso bruto vehicular máximo autorizado para los tractocamiones doblemente articulados en sus distintas configuraciones vehiculares (T-S-R y T-S-S), se podrá incrementar en 1,5 t en cada eje motriz y 1,0 t en cada eje de carga exclusivamente cuando circulen por caminos tipo “ET” y “A”, siempre y cuando cumplan con todas y cada una de las especificaciones técnicas, disposiciones de seguridad y de control siguientes.

Con lo anterior, un tractocamión doblemente articulado en su configuración vehicular (T3-S2-R4) podría cargar hasta 75.5 toneladas , amparado por el Permiso o alta de vehículo para la operación del servicio de autotransporte federal de pasajeros, turismo, carga y transporte privado de personas y carga.

La tabla B-2 referida en la Norma de cita, sobre el peso bruto vehicular máximo autorizado por clase de vehículo y camino, ya contempla pesos preestablecidos para las diferentes configuraciones vehiculares.

A su vez, el permiso de cita otorga a las diferentes configuraciones vehiculares el poder aumentar su peso bruto vehicular conforme al subnumeral 6.1.2.2 de la Norma.

Por lo anterior, se tiene por entendido que el permiso que otorga la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en el que avala el peso bruto vehicular máximo correspondiente a la tabla B2, más el otorgado en el subnumeral 6.1.2.2 permite a los tractocamiones doblemente articulados en sus diferentes configuraciones vehiculares correspondientes, transportar más peso por los caminos establecidos.

Por ello, el asunto que nos ocupa es complejo, ya que se debe encontrar un punto medio, que minimice los costos sociales pero que no afecten la competitividad del sector transportes. Ello debido a que la competencia entre pequeños y grandes transportistas, por trasladar grandes volúmenes de mercancía es una realidad.

La circulación de transportes requiere necesariamente de infraestructura vial, para dar lugar a desplazamientos numerosos y lejanos. Los transportes y la infraestructura vial requieren desarrollarse a la par. Las vías de comunicación requieren se quiera o no, de organización, orden, y por ende eficacia.

La seguridad en las carreteras federales tiene por objetivo el proteger los intereses mayoritarios, por lo que el asunto que nos ocupa requiere de una respuesta directa e inmediata, ya que no hacerlo así, implicaría un riesgo a la vida de los usuarios de caminos de jurisdicción federal.

A su vez, la regulación en relación a los tractocamiones doblemente articulados, debe también ajustarse necesariamente para responder a las necesidades del mercado y la población, siendo ambos dinámicos.

Los transportes son sinónimo de expansión y riqueza, determinando el bienestar o catástrofe de una sociedad. Los transportes son intrínsecos al desarrollo.

La industria de autotransporte es un motor para la economía mexicana. Según datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en 2014 esta industria aportó 5.9 por ciento al PIB, generó 1.8 millones de empleos directos a nivel nacional y movió 82 por ciento de la carga terrestre en el país. Sin embargo, los vehículos pesados a diésel tienen un impacto desproporcionado sobre la calidad del aire de nuestras ciudades.

La manufactura de vehículos pesados en México es la más grande de América Latina. Ésta ha tenido tasas de crecimiento positivas y constantes a partir de 2010.

“Entre 2013 y 2014 la tasa de crecimiento superó 20por ciento, lo que permitió que por primera vez México haya superado la producción de Brasil, convirtiéndose en el quinto productor de vehículos pesados comerciales en el mundo.

A pesar de que la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) reporta que las ventas internas de autotransporte se han recuperado desde 2009, con un crecimiento promedio de 12 por ciento anual, la flota de vehículos pesados sigue siendo obsoleta. La edad promedio del autotransporte federal es de 18 años, lo cual implica que la mayor parte de los vehículos pesados que circulan por el país son poco eficientes y emiten una mayor cantidad de contaminantes . Pero incluso los vehículos nuevos que se venden dentro del país tienen un bajo desempeño ambiental si se comparan con los vehículos que se exportan al mercado estadounidense y europeo. Un estudio sobre la Zona Metropolitana del Valle de México estima que, a pesar de que los vehículos pesados representan solo 15por ciento del parque vehicular, éstos contribuyen con 81por ciento de las emisiones de partículas PM2.5 y 91por ciento del carbono negro atribuibles a fuentes móviles.”12

Esta contaminación, también está relacionada con la sobrecarga, que se produce cuando se fuerzan los rodamientos más allá de los límites de diseño evaluados en lo referente a la carga, la velocidad o la temperatura. Cuanto mayor es la sobrecarga, más se reduce la duración del rodamiento. Los componentes circundantes también se pueden ver afectados. En casos extremos, puede llegar a producirse una fractura de los componentes del rodamiento.

Con los motores diésel, un síntoma seguro de un motor sobrecargado es gran cantidad de humo negro expulsado por el escape, antes de alcanzar las revoluciones por minuto de diseño.

Un motor sobrecargado puede dar lugar a válvulas quemadas, cabeza de los cilindros agrietado, anillos de pistón rotos y una vida corta del motor.

Es importante recordar que, con un motor diésel, es la carga y no las revoluciones lo que determina el consumo de combustible.

Por lo tanto, el resultado de una operación sobrecargada continua da lugar a un alto consumo de combustible innecesario y altos costos de mantenimiento.

Aunque la sobrecarga puede producirse por un uso inadecuado, también se puede deber al uso de un diseño de rodamiento inadecuado para la aplicación. Para elegir el tipo de rodamiento más adecuado para cada aplicación, el fabricante del equipo original y el fabricante del rodamiento deben tener en cuenta la temperatura de funcionamiento, la frecuencia de cambio de temperatura, el tipo y el grado de contaminación potencial, la aceleración y las velocidades de funcionamiento y la vibración, entre otros factores.

Algunas posibles señales de sobrecarga son el ruido o la vibración, la elevación de la temperatura del sistema, la presencia de virutas metálicas en el lubricante y en los filtros y la disminución del rendimiento del sistema.

La sobrecarga genera daños en los vehículos de carga es por eso que se deben reparar o sustituir los rodamientos para evitar más daños y en su caso consecuencias más graves, que vulneren a la ciudadanía.

La contaminación ha coadyuvado al cambio climático, debido a la utilización de los vehículos a diésel, por lo que se han tomado medidas para introducir tecnologías más limpias en dichos vehículos.

“Japón, Estados Unidos y la Unión Europea, por mencionar algunos ejemplos, han armonizado desde hace varios años la implementación de tecnologías más limpias junto con el abasto de diésel de ultra bajo contenido de azufre (UBA). Incluso Brasil es uno de los países fuera de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ) que ha empezado a hacer esta transición para reducir sus niveles de contaminación. No obstante, hoy en día la normatividad mexicana tiene dos generaciones tecnológicas de atraso, por lo que un vehículo nuevo en Estados Unidos, país que tiene uno de los mejores estándares internacionales, emite 90por ciento menos contaminantes que los que se venden en México. De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) esto implica que un camión nuevo en México contamina lo que 200 camiones nuevos en Estados Unidos: siendo este país nuestro principal destino de exportación de autotransporte.

En México, el 98 por ciento de las emisiones contaminantes las genera el transporte de carga, el cual llega a emitir hasta mil veces las emisiones de un automóvil, de acuerdo al Consejo Internacional de Transporte Limpio.”13

Es tal la dimensión del problema que en la Ciudad de México se prevé la futura restricción a la circulación del transporte de carga.

México se comprometió voluntariamente a reducir en 25por ciento los gases de efecto invernadero para el año 2030, adelantándose con ello al acuerdo global COP 21 (La XXI Conferencia Internacional sobre Cambio Climático o 21ª Conferencia de las Partes y la 11ª Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto (COP21/CMP11) )

“Actualmente, la ZMVM (Zona Metropolitana del Valle de México) tiene los mayores índices de contaminación por ozono a nivel nacional, y es la cuarta urbe en cuanto a presencia de partículas finas, el contaminante más preocupante desde el punto de vista de salud pública, de acuerdo al Centro Mario Molina.”14

“El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) señala que son los transportes pesados que usan diésel, son los que más contaminan.”15

“De igual manera, y de acuerdo al Centro Mario Molina se establece que el transporte pesado a diésel es la primera fuente de emisión de partículas finas.”16

“Esta constatado científicamente que en la maniobra de frenado de los vehículos pesados, el aire se contamina hasta siete veces más.”17

“El autotransporte de carga requiere de la distribución de diésel de ultrabajo azufre (UBA), así como de incentivos económicos para incorporar de manera escalonada nueva tecnología para hacer más eficientes estos vehículos, a fin de disminuir la contaminación ambiental.”18

México, hoy día es un país exportador principalmente de manufacturas.

“El comercio entre México y los Estados Unidos de América, se sextuplicó a más de 741 mil millones de dólares (mdd) en 2012, cuando ascendía a 117 mil mdd en 1993.

Estados Unidos de América, exporta más bienes a México (216 mil mdd) que a China y Japón combinados (181 mil mdd).

La importancia del autotransporte de carga radica en que por camión se mueven seis de cada 10 embarques en el comercio internacional entre ambas naciones.”19

El gobierno de los Estados Unidos de América, argumenta que el autotransporte de carga mexicano no cumple con las medidas de seguridad que son obligatorias para circular por las carreteras de ese país.

Por ello, la competitividad en el sector transportes depende en gran medida de reducir los riesgos de movilidad en la red nacional de carreteras.

Debido a la falta de apertura, los transportistas deben recurrir a un tercero para hacer el cruce fronterizo de la mercancía que cargan en sus contenedores.

“El servicio se denomina transfer y tiene un precio entre 100 y 200 dólares por cada cruce, además que resta velocidad al envío de las mercancías., por esta situación las empresas en México dejan de ganar, en promedio 360 millones de dólares por año.”20

“La prohibición de que el transporte de carga entre a territorio de los Estados Unidos de América, más allá de 20 millas, ha generado en un daño estimado en unos 40 mil millones de dólares , dos mil millones de dólares por año.

El programa piloto transfronterizo que permite el cruce de camiones mexicanos a territorio estadunidense, implementado desde 2011 en los Estados Unidos de América, permitirá a los transportistas mexicanos que han cumplido con las normas federales de seguridad, proporcionar un servicio de larga distancia desde y hacia este país.” 21

“En tres años, a través del programa, hubo 27 mil 527 cruces de camiones, una cifra insignificante, pues el promedio anual de los cruces entre ambos países es de 4 millones, detallan cifras del Departamento de Transporte (DOT) de Estados Unidos.”22

Para que el cumplimiento del programa piloto transfronterizo tenga éxito, los transportistas mexicanos deben cumplir con los estándares de seguridad establecidos en la Unión Americana.

La pregunta que debemos hacernos es ¿Por qué los transportistas nacionales se preocupan tanto por cumplir con la normatividad en materia de transportes en los Estados Unidos de Norteamérica, y por el contrario se aprovechan diariamente de la laxa legislación nacional en cuanto a peso y medida del autotransporte de carga?

La respuesta es sencilla, porque en los Estados Unidos de Norteamérica la legislación es clara, y no da lugar a interpretaciones tergiversadas de la misma, en cambio en México, las lagunas jurídicas en la materia permiten incrementar el peso bruto vehicular máximo autorizado para los tractocamiones doblemente articulados, derivándose de ello todos los problemas en cuanto a la inseguridad vial y daño a la infraestructura vial.

El autotransporte de carga en México, en un ambiente de competencia se guía naturalmente por criterios de eficiencia, buscando ya sea el máximo rendimiento de los recursos utilizados al producir el servicio, o el uso mínimo de insumos para generar un servicio determinado. El criterio elemental de minimizar el costo por tonelada-kilómetro (t-km) reduce el número de viajes y el costo de operación para el transportista, incrementando así su utilidad. Desde el punto de vista operacional, y suponiendo que las decisiones se toman racionalmente, un transportista naturalmente prefiere mover carga en carro completo a moverla al 50por ciento de la carga útil, ya que así reduce el costo por t-km al prorratear los costos entre un mayor número de toneladas. Extrapolando esta conducta, el operador que decide mover carga a niveles superiores a la carga útil especificada legalmente, incurre en sobrecarga, pero reduce el costo por t-km aún más.

De este modo, la sobrecarga resulta un incentivo económico para el transportista. Esta práctica, sin embargo, se ve restringida por la reglamentación de los pesos vehiculares permitidos, por la potencia disponible en el motor del vehículo y por las condiciones del camino, en particular la pendiente. Desde el punto de vista del responsable del cuidado de la infraestructura vial, el sobrepeso en los camiones de carga genera serios impactos que se manifiestan en el deterioro acelerado del pavimento y el daño estructural a los puentes.

“El autotransporte de carga tiene necesidades y posibilidades. Dentro de las necesidades podemos mencionar: la urgencia de entrega; el tipo y características de los suministros que se van a transportar, la cantidad, el tamaño y destino de la carga, distancias a recorrer, etc. Y entendemos como las posibilidades a: transporte disponible; costos y recursos disponibles; condiciones de acceso al destino (estado de la ruta, condiciones del tiempo, etc.).”23

Las sociedades son un conglomerado de intereses, que deben encontrar un justo equilibrio para dar lugar al desarrollo sustentable, por lo que el mejorar el marco legal de cualquier materia, no puede generar más problemas de los que se quieren solucionar.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados; someto a consideración de esta Soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a eliminar de la NOM-012-SCT-2-2014, el numeral 6.1.2.2, que incrementa el peso bruto vehicular máximo autorizado para los tractocamiones doblemente articulados en sus distintas configuraciones vehiculares (T-S-R y T-S-S).

Notas

1 Javier Rodríguez Labastida. “Buscan ‘frenar’ accidentes de transportistas de carga”; www.altonivel.com.mx; 30/10/2014; 25 de febrero 2016; http://www.altonivel.com.mx/46451-bridgestone-busca-frenar-accidentes-d e-transportistas.html

2 Tonanzi Granados. “Accidentes, consecuencia de poca supervisión e irresponsabilidad: Cesvi”; www.t21.com.mx; 23/04/2012; 24 de Marzo 2016; http://t21.com.mx/terrestre/2012/04/23/accidentes-consecuencia-poca-sup ervision-e-irresponsabilidad-cesvi

3 Tonanzi Granados. “Accidentes, consecuencia de poca supervisión e irresponsabilidad: Cesvi”; www.t21.com.mx; 23/04/2012; 24 de Marzo 2016; http://t21.com.mx/terrestre/2012/04/23/accidentes-consecuencia-poca-sup ervision-e-irresponsabilidad-cesvi

4 Redacción. “La seguridad vial no es prioridad para el autotransporte de México”; http://www.autobodymagazine.com.mx; Marzo del 2016; 18 de Febrero 2016;

http://www.autobodymagazine.com.mx/abm_previo/2016/03/
la-seguridad-vial-no-es-prioridad-para-el-autotransporte-de-mexico5/

5 “Conoce las 5 carreteras más peligrosas de México”; ww.sipse.com; 23/07/201; 24 de febrero 2016

http://sipse.com/mexico/cinco-carreteras-mas-peligrosas- de-mexico-162417.html

6 Secretaria de Salud. “Accidentes viales, segunda causa de muerte en México”; www.gob.mx; 9/07/2015; 18 de febrero 2016; http://www.gob.mx/salud/articulos/accidentes-viales-segunda-causa-de-mu erte-en-mexico

7 “Conoce las 5 carreteras más peligrosas de México”; ww.sipse.com; 23/07/201; 24 de febrero 2016

http://sipse.com/mexico/cinco-carreteras-mas-peligrosas- de-mexico-162417.html

8 Redacción. “La seguridad vial no es prioridad para el autotransporte
de México”; http://www.autobodymagazine.com.mx; Marzo del 2016; 18 de Febrero 2016;

http://www.autobodymagazine.com.mx/abm_previo/2016/03/la -seguridad-vial-no-es-prioridad-para-el-autotransporte-de-mexico5/

9 Tonanzi Granados. “Accidentes, consecuencia de poca supervisión e irresponsabilidad: Cesvi”; www.t21.com.mx; 23/04/2012; 24 de Marzo 2016; http://t21.com.mx/terrestre/2012/06/08/contratacion-eficiente-transport e-ayudara-reducir-accidentes

10 Redacción. “La seguridad vial no es prioridad para el autotransporte de México”; http://www.autobodymagazine.com.mx; Marzo del 2016; 18 de Febrero 2016; http://www.autobodymagazine.com.mx/abm_previo/2016/03/la-seguridad-vial -no-es-prioridad-para-el-autotransporte-de-mexico5/

11 Trade & Logistics Innovation Center. “Red Carretera”; www.ciltec.com.mx; 2011; 19 de febrero 2016; http://www.ciltec.com.mx/es/infraestructura-logistica/red-carretera

12 Instituto Mexicano para la Competitividad. “NOM 044 retos y oportunidades para su cumplimiento”; www.imco.org.mx; 1/11/2015; 18 de febrero 2016;

http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/11/2015-Nuevo s_camiones_menos_contaminantes-Documento.pdf

13 Instituto Mexicano para la Competitividad. “NOM 044 retos y oportunidades para su cumplimiento”; www.imco.org.mx; 1/11/2015; 18 de febrero 2016;

http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/11/2015-Nuevo s_camiones_menos_contaminantes-Documento.pdf

14 Rocío Méndez Robles. “Vehículos contaminantes demoran hasta dos horas en traslados en la ZMVM”; www.noticiasmvs.com; 29/02/2016; 18 de febrero 2016;

http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/trasladarse-en-un -vehiculo-contaminante-demora-hasta-dos-horas-informe-801

15 Zamira Blas Bernal. “Exigen ONGs transitar a nuevas tecnologías en el transporte pesado para evitar contaminación”; www.izq.com; 29/03/2016; 18 de abril 2016; http://izq.mx/noticias/29/03/2016/exigen-ongs-transitar-a-nuevas-tecnol ogias-en-el-transporte-pesado-para-evitar-contaminacion/

16 Rocío Méndez Robles. “Vehículos contaminantes demoran hasta dos horas en traslados en la ZMVM”; www.noticiasmvs.com; 29/02/2016; 18 de febrero 2016;

http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/trasladarse-en-un -vehiculo-contaminante-demora-hasta-dos-horas-informe-801

17 Gustavo Ospina Zapata. “Camiones van con 5% de sobrepeso”; www.elcolombiano.com; 5/01/2016; 18 de febrero 2016; http://www.elcolombiano.com/antioquia/camiones-viajan-por-la-ciudad-con -sobrecarga-EH3393240

18 Diana Delgado y Astrid Rivera. “Transportes pesados agravan contaminación”; www.universal.com.mx 30/03/2016; 18 de abril 2016;

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/20 16/03/30/transportes-pesados-agravan-contaminacion

19 Tonanzi Granados. “Accidentes, consecuencia de poca supervisión e irresponsabilidad: Cesvi”; www.t21.com.mx; 23/04/2012; 24 de Marzo 2016; http://t21.com.mx/terrestre/2012/06/08/contratacion-eficiente-transport e-ayudara-reducir-accidentes

20 Dainzú Patiño. “Transporte de Carga transfronterizo EU-México, sin solución”; www.elfinanciero.com.mx; 15/10/2014; 19 de febrero 2016; http://www.elfinanciero.com.mx/economia/transporte-de-carga-transfronte rizo-eu-mexico-sin-solucion.html

21 Tonanzi Granados. “Accidentes, consecuencia de poca supervisión e irresponsabilidad: Cesvi”; www.t21.com.mx; 23/04/2012; 24 de Marzo 2016; http://t21.com.mx/terrestre/2012/06/08/contratacion-eficiente-transport e-ayudara-reducir-accidentes

22 Dainzú Patiño. “Transporte de Carga transfronterizo EU-México, sin solución”; www.elfinanciero.com.mx; 15/10/2014; 19 de febrero 2016; http://www.elfinanciero.com.mx/economia/transporte-de-carga-transfronte rizo-eu-mexico-sin-solucion.html

23 Óscar Boluda Ivars. “Ventajas y desventajas de los medios de transporte”; www.comerciointernacional12.blogspot.mx; 27/04/2013; 19 de Abril 2016;

http://comerciointernacional12.blogspot.mx/2013/04/venta jas-y-desventajas-de-los-medios-de.html

Palacio Legisltivo. a 3 de octubre de 2017.

Diputado Jonadab Martínez García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CFE a revisar las tarifas y aplicar la 1D, 1E y 1F en el suministro básico de energía eléctrica a usuarios domésticos en los municipios quintanarroenses con temperaturas mayores de 30° C, a cargo del diputado José Luis Toledo Medina, del Grupo Parlamentario del PRI

José Luis Toledo Medina¸ diputado federal y coordinador por el estado de Quintana Roo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como las demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a modificar las tarifas de energía eléctrica en el suministro básico a usuarios domésticos en los municipios del estado de Quintana Roo.

Consideraciones

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013–2018, se establece como una de las metas principales el tener un México Incluyente, en el que el Estado garantice la satisfacción del piso mínimo de bienestar, mismo que implica la prestación de servicios básicos como: agua potable, drenaje, electricidad, educación, alimentación, salud y una vivienda digna.

Para la ciudadanía, contar con el servicio público de electricidad es fundamental para el desarrollo de sus actividades cotidianas, así como el desarrollo de las actividades laborales y de prestación de servicios.

El gobierno federal, de conformidad con el acuerdo número 015/2014, publicado el 01 de enero de 2015 en el Diario Oficial de la Federación,1 ha fijado las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos, estableciendo las siguientes categorías: 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F.

En la actualidad, las tarifas se aplican a todos los servicios que destinen la energía para uso exclusivo domestico que no sean consideradas de alto consumo, y que estén ubicados en una vivienda, residencia, apartamento o apartamento en condominio. Para determinar las tarifas, se considera la temperatura media mensual que se registre en verano quedando de la siguiente forma:

Tarifa 1

Aplicación: Usuarios domésticos.

Tarifa 1 A

Aplicación: Usuarios domésticos en localidades con temperatura media mínima, en verano, de 25 grados centígrados.

Tarifa 1 B

Aplicación: Usuarios domésticos en localidades con temperatura media mínima, en verano, de 28 grados centígrados.

Tarifa 1 C

Aplicación: Usuarios domésticos en localidades con temperatura media mínima, en verano, de 30 grados centígrados.

Tarifa 1 D

Aplicación: Usuarios domésticos en localidades con temperatura media mínima, en verano, de 31 grados centígrados.

Tarifa 1 E

Aplicación: Usuarios domésticos en localidades con temperatura media mínima, en verano, de 32 grados centígrados.

Tarifa 1 F

Aplicación: Usuarios domésticos en localidades con temperatura media mínima, en verano, de 33 grados centígrados.

Si bien el estado de Quintana Roo es una entidad que cuenta con una gran diversidad de flora y fauna, lo cierto es que el cambio climático ha generado externalidades negativas visibles: en el mes de junio del presente año, se registraron temperaturas por encima de los 38° en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto; esto de acuerdo al Reporte del Clima en México, 2 emitido por la Conagua. Cabe mencionar que dicho organismo es el responsable de registrar las temperaturas presentadas en los Municipios de todo el país, y así fijar las tarifas eléctricas correspondientes a cada localidad.

Lo anterior, debido a que al elevarse la temperatura, la ciudadanía recurre al uso de aparatos eléctricos para nivelar la temperatura ambiente y poder desarrollar sus actividades en condiciones dignas.

Cabe destacar que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha determinado que durante los últimos meses el estado de Quintana Roo ha contado con una temperatura media de más de 30°C, por lo que en relación al acuerdo antes mencionado, todos los municipios de dicha entidad tendrían que estar regidos al menos por la tarifa 1D, y no por las actuales.

En el mismo sentido, la XV Legislatura del Poder Legislativo de Quintana Roo emitió tres Puntos de Acuerdo en los que se exhortó a la Gerencia Divisional de Distribución de la Comisión Federal de Electricidad, para que en el ámbito de sus atribuciones modificara las tarifas domésticas de energía eléctrica en los municipios de: Benito Juárez, Cozumel e Isla Mujeres.3 Dichas proposiciones resultaron favorables para la determinación de dicho organismo en beneficio de tales municipios, quienes desde el 15 de abril del año en curso, cambiaron de la tarifa 1C a la 1D, mejorando la calidad de vida de sus habitantes.

Es por ello que se requiere ajustar las tarifas eléctricas de todos los municipios, en consideración a las condiciones climatológicas actuales del estado de Quintana Roo, para lograr un México Incluyente y elevar el bienestar de la ciudadanía.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice una revisión de las tarifas y aplique la tarifa 1D,1E y 1F en el suministro básico de energía eléctrica a usuarios domésticos en los municipios del estado de Quintana Roo que registran temperaturas mayores a 30° C.

Notas

1 “Acuerdo 015/2014 Por el que se establecen las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico a usuarios domésticos”. 2017. DOF - Diario Oficial De La Federación.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5377946&fecha=01/01/2015&print=true.

2 “Reporte del clima en México”. 2017. Servicio Meteorológico Nacional.

http://smn.cna.gob.mx/tools/DATA/Climatología/Diagnóstic o Atmosférico/Reporte del Clima en México/RC-Junio17.pdf.

3 “Exhorta Congreso a CFE, aplicar tarifas justas en Benito Juárez y Cozumel”. 2017. Sala de prensa Congreso de Quintana Roo.

http://comunicacion.congresoqroo.gob.mx/20170220/exhorta -congreso-cfe-aplique-tarifas-justas-benito-juarez-cozumel/.

Palacio del Poder Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2017.

Diputado José Luis Toledo Medina (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía lamenta la cancelación del Programa de Acción Diferida para los Allegados en la Infancia, en EU, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, Cristina Ismene Gaytán Hernández, diputada en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 5 de septiembre, el presidente de los Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, ordenó la cancelación del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, mejor conocido como DACA.

Además, pidió al Congreso de Estados Unidos que reemplace dicho programa con leyes, antes de que expire por completo el 5 de marzo de 2018.1

El DACA, creado en 2012 por decreto del entonces presidente de los EUA, Barak Obama, otorgaba, entre otras cosas, permisos de estadía y trabajo de dos años, renovables, a quienes llegaron a EUA ilegalmente cuando eran niños y evitaba temporalmente su deportación2 .

A marzo de 2017, alrededor de 800 mil personas formaban parte de dicho programa, de los cuales, alrededor de 70 por ciento, son de nacionalidad mexicana3 .

Con este anuncio, se da inicio oficial a la revocación del estatus legal de aquellos que estaban protegidos por este programa4 .

Así, los inmigrantes sin documentos que fueron llevados a EUA cuando eran niños, podrían ser deportados, a partir de marzo de 2018 a países en los que, en muchos casos, nunca han vivido,5 incluyendo nuestro país.

Ahora, corresponde al Congreso de los Estados Unidos de América, discutir y, en su caso, aprobar una reforma migratoria que resuelva, entre otras cosas, la situación de estos jóvenes denominados Dreamers .

En este sentido, el ex presidente Barak Obama se pronunció al respecto, solicitando al Congreso de su país que trabaje para promover una ley que ayude a los Dreamers , al recalcar que la acción ejecutiva (DACA) fue tomada justamente porque los legisladores de aquel país no pudieron o no quisieron ponerse de acuerdo en 2012 para una medida afín6 .

Cientos de miles de personas se encuentran en una situación de vulnerabilidad, de los cuales, una gran mayoría son nuestros paisanos mexicanos.

Es urgente que este Congreso de la Unión se pronuncie al respecto y desarrolle un conjunto de acciones que, en el marco de sus atribuciones y con pleno respeto en los asuntos internos de los países, promuevan la discusión y, en su caso, aprobación de un marco legislativo que respete los derechos de los migrantes en aquel país, en particular los de origen mexicano.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea los siguiente

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, lamenta la cancelación del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), por dejar en la indefensión y en la incertidumbre a miles de nuestros connacionales.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión promoverá, en el marco de sus atribuciones y con pleno respeto en los asuntos internos de los Estados Unidos de América, el establecimiento de una comisión especial para la comunicación con sus contrapartes en aquel país a fin de manifestar y fijar su postura al respecto.

Tercero. Solicitamos a la Secretaría de Relaciones Exteriores de manera respetuosa que haga del conocimiento público las acciones realizadas en este tema.

Notas

1 El gobierno de Donald Trump revoca DACA. (5 de septiembre de 2017). The new York Times. Retomado de: https://www.nytimes.com/es/2017/09/05/donald-trump-revoca-daca-dreamers /

2 Retomado de: http://www.milenio.com/internacional/que_es-daca-programa-migrantes-jov enes-dreamers-donald_trump-estados_unidos-milenio_0_1024697650.html

3 http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-41117654

4 El gobierno de Donald Trump revoca DACA. (5 de septiembre de 2017). The new York Times. Retomado de: https://www.nytimes.com/es/2017/09/05/donald-trump-revoca-daca-dreamers /

5 Op cit

6 Op cit

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2017.

Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al otorgamiento de créditos y apoyos a productores oaxaqueños afectados por fenómenos hidrometereológicos y los sismos del 7 y 19 de septiembre, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena

Natalia Karina Barón Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo al otorgamiento de créditos y apoyos a productores del estado de Oaxaca afectados por fenómenos hidrometereológicos y los sismos del 7 y 19 de septiembre al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Durante el mes de septiembre, diversos fenómenos naturales han afectado al sureste mexicano entre los que destacan el paso del huracán “Katia” y el sismo del 7 de septiembre con epicentro en las costas del estado de Chiapas.

Según la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, las semanas de lluvias extraordinarias provocaron que los estados de Colima, Coahuila, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz y Yucatán hayan presentado avisos de siniestro para poco más de 138 mil hectáreas de cultivos como maíz, frijol, cebada, chile, haba, chayote, plátano, algodón, manzano, nogal y café. De acuerdo con lo anterior, las autoridades realizaron trabajos de inspección en 53 mil 718 hectáreas identificando pérdidas totales en 42 mil 219 hectáreas por lo que las indemnizaciones podrían ascender a 50.5 millones de pesos.

En lo que se refiere a las afectaciones por el sismo el 7 de septiembre, un comunicado de prensa de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, publicado el 13 de septiembre, señaló la importancia de reactivar económicamente a las distintas regiones del estado de Oaxaca. En el mismo se describen las siguientes acciones:

1. La coordinación entre los sectores de gobierno para la reconstrucción y reactivación económica;

2. Coordinar mecanismos para llevar créditos a pequeños productores y comerciantes;

3. Restablecimiento de los sistemas productivos de las áreas afectadas;

4. Restructuración de créditos hipotecarios contratados con intermediarios financieros;

5. Pago de anticipos por parte de las aseguradoras, con el objetivo de restablecer la actividad productiva;

6. Créditos a tasas preferenciales para productores en áreas afectadas. A continuación se transcribe el comunicado completo:

La coordinación entre los sectores de gobierno es fundamental para la reconstrucción de las zonas afectadas en Oaxaca: Mario Zamora

En el marco de las acciones gubernamentales en las zonas afectadas del estado de Oaxaca, el director general de la Financiera Nacional de Desarrollo, Mario Zamora Gastélum, señaló que la coordinación entre los sectores de gobierno es fundamental para su reconstrucción y prioritariamente buscar reactivarla económicamente.

Al realizar recorridos por las áreas del diferente municipio afectados por el sismo registrado el pasado 7 de septiembre, en esta entidad, Zamora Gastélum se sumó a las acciones dirigidas a enfrentar la emergencia y coordinar mecanismos para llevar créditos a pequeños productores y comerciantes.

Acompañando al secretario de Hacienda, José Antonio Meade, y el presidente municipal de Ixtaltepec, Oaxaca, Óscar Toral, visitó a familias damnificadas por el fenómeno natural, a quienes les ofrecieron apoyos para que puedan reconstruir sus viviendas y adquirir los enseres necesarios, ya que el gobierno de la república responde con la fuerza constructiva de la unidad.

Asimismo, apuntó que se está trabajando para restablecer cuanto antes los sistemas productivos que permitan a toda esta área salir de la situación de emergencia y para ello, participan las instituciones de la Banca de Desarrollo.

El titular de la Financiera Nacional de Desarrollo expresó su solidaridad con las familias afectadas y dijo que el gobierno cuenta con los medios necesarios y la mejor disposición para hacer frente en las etapas de atención urgente de necesidades básicas, levantamiento del censo de afectaciones y reconstrucción para superar los daños.

Durante el recorrido, explicó que se brindarán apoyos para la reestructuración de créditos hipotecarios contratados con intermediarios financieros y la aceleración del pago de anticipos por parte de las aseguradoras, con el objetivo de restablecer la actividad productiva, además se ofrecerán créditos a tasas bajas para que retomen su actividad económica y mantengan los puestos de trabajo, así como créditos a tasas preferenciales para productores agrícolas en las comunidades afectadas.

Finalmente comentó que regresará a las zonas afectadas para continuar con los trabajos de apoyo en beneficio de los habitantes de esta región de la entidad oaxaqueña.

Por otro lado, es importante señalar que, para el desarrollo de los productores del campo, se han creado fideicomisos para otorgar crédito, servicio de garantías, apoyos o subsidios, capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología a los sectores agropecuario, rural, forestal y pesquero del país, de forma directa y/o a través de los intermediarios financieros autorizados.

La creación de tales fideicomisos tiene su fundamentación en la Ley que crea el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1954. El artículo 1 de la mencionada disposición determina:

Artículo 1. Se crea el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura que será manejado en fideicomiso por el Banco de México, SA, de conformidad con las normas que se establecen en la presente ley, con las reglas de operación correspondientes y con el contrato de fideicomiso que celebre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el Fiduciario.

De acuerdo con el artículo 2 del Estatuto Orgánico de los Fideicomisos en relación con la agricultura (FIRA), publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de dos mil catorce, determina que el FIRA está constituido por cuatro fideicomisos públicos para el apoyo agropecuario:

Artículo 2. Los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura son fideicomisos públicos, cuyo Fideicomitente es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Fiduciario el Banco de México, y tienen como objeto otorgar crédito, servicio de garantías, apoyos o subsidios, capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología a los sectores agropecuario, rural, forestal y pesquero del país, de forma directa y/o a través de los intermediarios financieros autorizados.

Los Fideicomisos que integran FIRA son:

I. Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura (FONDO).

II. Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA).

III. Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios (FEGA).

IV. Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras (FOPESCA).

Estos fideicomisos se sitúan dentro de los fondos y fideicomisos de fomento económico del Sistema Financiero Mexicano. Operan en segundo piso, por lo que colocan sus recursos a través de diversos Intermediarios Financieros:

1. Bancos,

2. Sofomes o Sociedades Financieras de Objeto Múltiple;

3. Uniones de Crédito;

4. Almacenes Generales de Depósito;

5. Sofipos o Sociedades Financieras Populares;

6. Registros IFNB (Intermediarios Financieros No Bancarios)

7. Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

De acuerdo con el Programa Institucional 2013-2018 de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2014, la promoción integral de los productores del campo tiene las siguientes prioridades fundamentales:

1. La atención de los pequeños y medianos productores y empresas del medio rural;

2. El financiamiento para el incremento de la productividad;

3. El desarrollo regional equilibrado;

4. El desarrollo sostenible, medidas para mitigar el cambio climático y programas para aliviar los efectos de desastres naturales;

5. La estabilidad de precios de los productos agropecuarios;

6. La innovación y las mejores prácticas;

7. La equidad de género.

Las actividades agropecuarias juegan un papel muy relevante para avanzar en diversas prioridades de política pública, tales como el desarrollo económico, social y ambiental; aspectos considerados como impulsores de la sostenibilidad del sector.

FIRA tiene atención en proyectos prioritarios en congruencia con las prioridades de la política pública. Para lograr lo anterior, se trazan estrategias y líneas de acción para desarrollar programas que permitan la mitigación de los efectos de desastres naturales y emergencias sanitarias. De esta forma se impulsa la atención de las áreas prioritarias de política pública entre las que se encuentra:

Desarrollo sostenible. FIRA impulsará programas que fomenten el desarrollo sostenible, combatan el cambio climático y mitiguen los efectos de desastres naturales. Con este fin se privilegiará la coordinación con otras entidades de la Administración Pública Federal y se establecerán relaciones de negocio con instituciones nacionales e internacionales que tendrían interés en participar conjuntamente con FIRA en pro de los beneficios ambientales. En particular, se impulsarán programas que fomentarán proyectos de energías renovables, eficiencia energética, de bioeconomía y de tecnificación de riego. Asimismo, FIRA mantendrá el apoyo permanente para la atención de zonas afectadas por desastres naturales para su reactivación económica.

Después de las emergencias provocadas por los fenómenos hidrometereológios y sísmicos del 7 y 19 de septiembre, el campo del estado de Oaxaca requiere de la reactivación económica a través de los instrumentos financieros que permitan la canalización urgente de recursos de los fondos y fideicomisos para el fomento de la agricultura, ganadería y avicultura y se impulse el desarrollo del sector agropecuario y forestal a través de las instituciones de banca múltiple, de las uniones de crédito, de los almacenes generales de depósito y de los demás intermediarios financieros no bancarios que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En este sentido, es oportuno el exhorto al director de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero para que, en el ámbito de su competencia, promueva y active los instrumentos financieros necesarios a fin de otorgar créditos accesibles a los pequeños productores del estado de Oaxaca afectados por los fenómenos hidrometereológicos y los sismos del 7 y 19 de septiembre.

Igualmente, se exhorta al director de los Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura (FIRA) a emprender las acciones que permitan la aplicación de los recursos de los fideicomisos que componen al FIRA a fin de promover el financiamiento integral a productores de los sectores agropecuario, forestal, pesquero, alimentario y del medio rural del estado de Oaxaca afectados por los fenómenos hidrometereológicos y los sismos del 7 y 19 de septiembre.

Por lo anterior expuesto, se presenta a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de:

Acuerdo

Primero. Se exhorta al director de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero a que, en el ámbito de su competencia, promueva y active los instrumentos financieros necesarios para otorgar créditos accesibles a los pequeños productores del estado de Oaxaca afectados por los fenómenos hidrometereológicos y los sismos del 7 y 19 de septiembre.

Segundo. Se exhorta al director de los Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura (FIRA) a emprender las acciones que permitan la aplicación de los recursos de los fideicomisos FIRA para promover el financiamiento integral a productores de los sectores agropecuario, forestal, pesquero, alimentario y del medio rural del estado de Oaxaca afectados por los fenómenos hidrometereológicos y los sismos del 7 y 19 de septiembre.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 3 de octubre de 2017.

Diputada Natalia Karina Barón Ortiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SCT a verificar el autotransporte de carga y evitar que los tractocamiones doblemente articulados tengan sobrepeso al salir de las administraciones portuarias integrales federales, a cargo del diputado Jonadab Martínez García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Jonadab Martínez García, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a verificar exhaustivamente el autotransporte de carga y, de manera particular, que los tractocamiones doblemente articulados no tengan sobrepeso al momento de salir de las 16 administraciones portuarias integrales (API) federales a su cargo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal confiere a la SCT la atribución de vigilar, verificar e inspeccionar que los caminos y puentes, así como los servicios de autotransporte y sus servicios auxiliares, cumplan los aspectos técnicos y normativos correspondientes.

A su vez, tiene por objeto regular la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de los caminos y puentes que constituyen vías generales de comunicación; así como los servicios de autotransporte federal que en ellos operan, sus servicios auxiliares y el tránsito en dichas vías.

Los siguientes ordenamientos establecen diversas atribuciones para la SCT en las materias que se indican:

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece en el artículo 36 que a la SCT corresponde, entre otros

1. Formular y conducir las políticas y los programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo con las necesidades del país;

2. Otorgar concesiones y permisos para establecer y operar servicios aéreos en el territorio nacional; para la prestación de servicios de autotransporte en las carreteras federales; el establecimiento y explotación de servicios relacionados con las comunicaciones por agua y para construir las obras que le corresponda ejecutar;

3. Regular las comunicaciones y transportes por agua;

4. Administrar los puertos centralizados y coordinar los de la administración paraestatal;

5. Construir y conservar los caminos y puentes federales; y

6. Construir y conservar caminos y puentes, en cooperación con los gobiernos de las entidades federativas, con los municipios y los particulares.

Las Leyes de Puertos, y de Navegación y Comercio Marítimos tienen por objeto regular correspondientemente: los puertos, terminales marinas e instalaciones portuarias; su construcción, uso, aprovechamiento, explotación, operación y formas de administración, así como la prestación de los servicios portuarios; las vías generales de comunicación por agua, la navegación y los servicios que en ellas se prestan, la marina mercante mexicana, así como los actos, hechos y bienes relacionados con el comercio marítimo.

Desde la perspectiva operativa, el gran éxito de la reestructuración portuaria iniciada en la década de los noventa ha sido la mejora sustancial en los rendimientos de la “primera maniobra”; es decir, el movimiento de mercancías del buque hacia las zonas de almacenamiento de las terminales portuarias, y viceversa. Esto permitió reducir significativamente el tiempo de estadía de los buques en los puertos, beneficiando en tiempo y costo a las líneas navieras, a las propias terminales portuarias y a los usuarios. Sin embargo, estas mejoras operativas tendrán mayores efectos en la competitividad del comercio exterior de México vía marítima, cuando los demás eslabones de las cadenas intermodales alcancen también elevados niveles de eficiencia y productividad. En este sentido, el principal “cuello de botella” que enfrenta la competitividad de las cadenas productivas en los puertos se encuentra en la llamada “segunda maniobra” (de patio a vehículo de transporte terrestre, y viceversa). Esta maniobra provoca un largo tiempo de estadía de los contenedores en los patios, o zonas de almacenamiento de las terminales portuarias.

Ejemplo de lo anterior son los siguientes datos:

• Promedio de estadía en puertos mexicanos: 10 días.

• Promedio de estadía en puertos de EUA: 7 días.

• Benchmark internacional de estadía promedio en puertos: 5 días.1

Así, en términos de competitividad, el gran desafío que presenta el movimiento de carga en los puertos nacionales es la falta de continuidad de los altos rendimientos operativos de la primera maniobra (de buque a patio, o zona de almacenamiento y viceversa) en las siguientes fases de la cadena integrada de transporte y distribución, es decir, en la segunda maniobra y en todas las actividades asociadas a ésta. Varios elementos contribuyen a esa situación, y tienen repercusiones diferenciadas (según el tipo de carga) en las cadenas manejadas por los puertos.

En primer término, el complejo circuito de revisiones que se ha establecido prolonga la estadía de la carga en puerto. En segundo lugar, las prácticas inadecuadas de los usuarios, representantes o el estado, para agilizar documentación y pagos, también contribuyen a la inmovilización de la carga. En tercer lugar, predominan los sistemas de información y documentación heterogéneas y poco integradas, lo cual complica una ágil liberación de la carga en la segunda maniobra. Y a su vez la falta de vigilancia e implementación de la normativa correspondiente sobre pesos y dimensiones en relación a los tractocamiones doblemente articulados que participan en la segunda maniobra.

Por último, las cadenas de carga y la operación particular de los modos de transporte terrestres (camión y ferrocarril), pocas veces están ligadas a estrategias logísticas bien definidas, por tanto, generan ineficacia, falta de calidad en el servicio y costos adicionales.

Para entender la dimensión del problema, debemos de considerar que México cuenta con 117 puertos y terminales habilitadas a lo largo de 11 mil 122 kilómetros de costas: 71 de estos puertos y terminales están concesionados en 25 API. De éstas, 16 están a cargo de la SCT, 2 a cargo del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, 6 son estatales y 1 es privada. La autoridad marítima se forma por 103 capitanías de puerto.2

En el Sistema Portuario Nacional se manejaron 170 millones 658 mil 594 toneladas de carga en 2016, siendo en el periodo enero-julio, 0.3 por ciento menor en comparación con el mismo lapso de 2015.3

Toda la carga que llega a los sistemas portuarios se tiene que mover a los diferentes destinos del país, por medio de los demás modos de transporte. Podemos observar en el párrafo anterior la magnitud de carga que reciben los puertos, de los cuales la mayor parte se mueven a través del Autotransporte Federal, representando “81 por ciento del valor de la producción nacional que circula por autopistas y carreteras del país”.4

Para comprender el Sistema Portuario Nacional de nuestro país, debemos considerar las 16 administraciones portuarias integrales federales que sustentan el sistema, y que están organizadas en dos sistemas por litoral: Océano Pacífico y Golfo de México y el Caribe, distribuyéndose de la siguiente manera:

API del Sistema Portuario del Océano Pacífico: Ensenada, Guaymas, Topolobampo, Mazatlán, Puerto Vallarta, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Salina Cruz y Puerto Chiapas.

API del Sistema Portuario del Golfo de México y el Caribe: Altamira, Tampico, Tuxpan, Veracruz, Coatzacoalcos, Dos Bocas y Progreso.

En esas 16 API hay “4 puertos estratégicos de carga, Altamira, Veracruz, Manzanillo y Lázaro Cárdenas, que movilizan 96 por ciento de la carga contenerizada, 65 del granel agrícola, 40 del granel mineral y 38 de la carga general suelta”.5 La carga que se mueve tiene que ser transportada al interior del país, ¿que implica esto?, distribuir la carga al auto transporte, en especial al doblemente articulado ; Sin embargo, la problemática se agrava al encontrar que se incumple la norma oficial mexicana (NOM-012-SCT-2-2014), en particular lo relacionado con el peso bruto vehicular máximo autorizado por clase de vehículo y camino, al sobrecargar los tractocamiones doblemente articulados.

En un extracto del reporte general de buques que se obtuvo a través de una solicitud de información pública, de la Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, SA de CV, su gerencia de operaciones y el departamento de recinto fiscal de dicha administración observamos cómo se vulnera la NOM referida al sobrecargar tractocamiones doblemente articulados (fulles) y de la misma manera tractocamiones articulados (sencillos).

En la lista completa se observa que el buque Sitc Taishan descargó 13 mil 244.94 toneladas a 199 tractocamiones, de los cuales 147 eran doblemente articulados y 52 unitarios, y al revisar las cargas de dichos vehículos en el documento, todos ellos se encuentran sobrecargados.

El buque IVS Merlion descargó 15 820.060 toneladas a 252 tractocamiones: 175 eran doblemente articulados y 72 unitarios, los cuales también se encuentran sobrecargados, exceptuando 5 tractocamiones: 3 unitarios y 2 doblemente articulados, que se encuentran ajustados a la NOM citada.

Aquí, la SCT debería coordinarse con las API para hacer respetar y verificar la NOM-012-SCT-2-2014 sobre el peso y dimensiones máximas con que pueden circular los vehículos de autotransporte. Dicha NOM establece en la tabla B-2 el peso bruto vehicular máximo autorizado por clase de vehículo y camino.

El numeral 10.4, de verificación, dice:

a) La verificación tendrá por objeto, comparar el peso bruto vehicular y las dimensiones del vehículo o configuración vehicular, respecto al peso y las dimensiones máximos autorizados por tipo de vehículo y camino que se establecen en la presente norma, sin que se exceda el peso máximo de diseño del fabricante y aplicar la sanción correspondiente cuando se detecte exceso de peso o dimensiones.

b) La secretaría, sin perjuicio de las atribuciones que tiene conferidas la de Gobernación, a través de la Policía Federal, en la materia, verificará el peso y las dimensiones de los vehículos de autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte privado de conformidad con lo siguiente:

De la misma manera, el numeral 10.4.1, para vehículos de carga, indica:

1. En centros de verificación de peso y dimensiones, a través de

a) Básculas de pesaje y equipo de medición de dimensiones.

b) Nota de embarque o carta de porte debidamente documentada en términos de las disposiciones reglamentarias para verificar el peso y equipo de medición para dimensiones.

2. Mediante la autorregulación de usuarios y transportistas, aprobados por la Secretaría , que cuenten dentro de su proceso de embarque con básculas de plataforma y equipo de medición de dimensiones de su propiedad y que dicho proceso, garantice el cumplimiento del peso y dimensiones máximos que establece la presente norma en cada embarque transportado por cada tipo de vehículo y camino donde circulen, debiendo sujetarse a las condiciones siguientes:

a) Los interesados deberán presentar solicitud, anexando su procedimiento de embarque, con la descripción de cada una de las etapas del proceso de carga, así como el método de supervisión y control internos que garantizan que todos los embarques cumplen el peso y las dimensiones autorizados para los tipos de camino por donde circulan, el cual podrá ser evaluado por la Secretaría mediante muestreo en sitio para corroborar que efectivamente su aplicación garantiza el cumplimiento de la normatividad.

Es claro que la secretaria no ha frenado esta situación de impunidad con relación a sobrecargar el autotransporte de carga, en particular los tractocamiones doblemente articulados en las 16 administraciones portuarias integrales federales a su cargo en particular y en los puertos del país en general, pese a que la Dirección General de Comunicación Social de la dependencia ha manifestado que “la actual administración federal invertirá más de 67 mil millones de pesos en 25 proyectos con el objetivo de ampliar las capacidades de los puertos del país, lo que permitirá duplicar la capacidad instalada del Sistema Portuario Nacional, para pasar de 260 a más de 500 millones de toneladas anuales”. 6

Esto puede causar, si no existe una adecuada regulación para los tractocamiones doblemente articulados y unitarios que circulan en nuestro país, que la infraestructura por saturación sea insuficiente, y por consiguiente el sistema de transporte se convertiría en un cuello de botella para las actividades productivas nacionales, situación que deseamos prevenir a través del presente punto de acuerdo.

Actualmente, la infraestructura carretera está constituida por 377 mil 659 kilómetros de longitud, dividida entre red federal (49 mil 652 kilómetros), carreteras alimentadoras estatales (83 mil 981), la red rural (169 mil 430) y brechas mejoradas (74 mil 596).

De esta red carretera, destacan los 14 corredores carreteros, entre los dos océanos y las fronteras norte y sur del país.7

“De los 14 corredores troncales carreteros, existen 4,350 km incompletos con altas especificaciones, impidiendo a los vehículos circular a velocidades mayores de 90 kilómetros por hora”8 de manera continua y en condiciones de seguridad.

Además, algunos de estos corredores ya presentan problemas de saturación en algunos de sus tramos como: México-Querétaro, México-Puebla y México-Toluca-Atlacomulco.

La red carretera registra la mayor parte de los desplazamientos de personas y de carga entre ciudades y estados. Los puertos y terminales mexicanos son el segundo modo en importancia para la carga y el tercero en el movimiento de personas por cruceros y transbordadores. El ferrocarril de carga es el tercer modo de transporte en el movimiento de mercancía, pero el modo interurbano que menos pasaje transporta. El transporte aéreo de carga mueve menos de 0.01 por ciento de la carga; no obstante, es el segundo modo de transporte para pasajeros.9

En distinto orden de ideas, se presentan además rezagos en la construcción de un verdadero sistema nacional de plataformas logísticas que incluya zonas de actividades logísticas en los principales nodos de transporte y recintos fiscalizados estratégicos que mejoren la eficiencia de los procesos logísticos, disminuyan los costos de producción y agregue valor a los productos.

Otro de los problemas de congestión urbana es producto de la mala planeación de los flujos de carga. Los centros logísticos y de distribución de carga generalmente se encuentran dentro de los núcleos urbanos. Por lo que la mezcla del tránsito de carga con el local agrava los niveles de congestión y emisión de contaminantes.

Sumada a ello, la práctica de sobrecargar el autotransporte de carga, fuera de toda consideración de conducta antisocial o delictiva, tiene cierta “racionalidad” desde el punto de vista económico, ya que aumenta la productividad del autotransporte al reducir el número de viajes requerido para transportar cargas y reducir el costo promedio por tonelada-kilómetro, puesto que los costos de la operación se prorratean entre un mayor número de toneladas transportadas.

Los efectos negativos que el tránsito de vehículos automotores (tractocamiones unitarios y doblemente articulados) trajo consigo son: congestión, contaminación atmosférica y auditiva, hechos de tránsito, así como el daño a la infraestructura vial, mismos que se han convertido en objeto de preocupación de los planificadores del transporte.

De esos efectos, todos excepto el último, son comunes al tránsito de automóviles, autobuses y camiones de carga. El daño a la estructura del pavimento; sin embargo, se distingue de los demás impactos por tres características: 1. Es generado exclusivamente por los vehículos de carga; 2. Su magnitud se agrava rápidamente al aumentar los pesos en los ejes de los camiones; y 3. No se percibe tan obviamente como los otros impactos, que usualmente saltan a la vista por medio de los sentidos de forma inmediata.

El peso bruto vehicular en exceso de los autotransportes de carga, es un constante peligro para la totalidad de los usuarios de los caminos de jurisdicción federal.

Consideramos que incrementar la competitividad, eficiencia, así como ampliar la participación en la actividad económica nacional, por parte del sector autotransportes, no debe anteponerse a la seguridad de las personas.

La seguridad vial debe ser una prioridad para el sector de autotransporte de carga, ya que ésta no va contra la competitividad. Es más, la productividad no se consigue sin seguridad.

En México, la seguridad en el transporte se ha convertido en un grave problema derivado de las malas condiciones de la infraestructura, la falta de cultura vial y la inseguridad nacional.

“Sólo en 2011 perdieron la vida en las carreteras federales más de 4 mil 400 personas, se registraron 25 mil accidentes, con daños materiales por valor de mil 361 mdp”.10 “A nivel nacional y tomando en cuenta los accidentes en vías locales, entre 2006 y 2011 se registraron en el país aproximadamente 440 mil accidentes de tránsito terrestre por año en promedio”.11 Debido al impacto económico y social de la inseguridad vial, la ONU ha declarado el de 2011-2020 como el Decenio de la Seguridad Vial.

Pese a la gravedad del problema que nos ocupa, no existe en México un reporte unificado de hechos de tránsito y mortalidad para el sistema de transporte, siendo baja la cooperación institucional entre el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes y la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), los cuales manejan metodologías propias con estadísticas divergentes.

Uno de los factores que contribuyen a la seguridad vial es la conservación de la infraestructura carretera, que se encuentra en 2012 en 80 por ciento en estado bueno y aceptable.12

Se estima que para una conservación óptima por encima de 90 por ciento de la red carretera federal libre de peaje se requieren 23 mil mdp anuales, mientras que los montos invertidos han sido consistentemente entre 20 y 35 por ciento inferiores.13

En cuanto a los servicios de transporte, la seguridad de las operaciones en todos sus modos es limitada, debido en parte a que no existe una política federal sobre la materia que establezca prácticas a seguir, defina con claridad los ámbitos de acción de los distintos órdenes de gobierno y articule las interacciones entre ellos.

Asimismo, es importante notar que no hay un organismo independiente que se encargue de investigar los hechos de transito graves en el transporte, así como de dictaminar las causas de los mismos; por lo que no se genera ni acumula conocimiento veraz sobre el tema que permita prevenirlos.

Tampoco hay un monitoreo en el sector de los hechos delictivos, de tránsito, transporte de mercancías peligrosas o un sistema de alerta temprana y respuesta rápida a emergencias y desastres naturales que permita un intercambio de inteligencia entre dependencias e instituciones, a fin de asegurar la infraestructura estratégica de transporte y generar seguridad a las personas en sus desplazamientos.

La seguridad vial deriva de una corresponsabilidad entre gobierno, permisionario y usuario; por lo que el cumplimiento de la ley en la materia no es opcional, la verificación del peso y dimensiones del autotransporte de carga debe ser comprobable y visible en beneficio de todos.

Es momento de afrontar la realidad que ocurre en los sistemas viales y como legisladores debemos de encontrar una solución real y certera. Por lo que llevar a cabo actuaciones efectivas en este rubro requiere de una ágil y oportuna coordinación de los tres órdenes de gobierno y el sector privado.

A México aún le faltan mejoras en la conectividad a través de obras focalizadas de infraestructura que agilicen el tráfico de mercancías por el país y en el exterior. Por lo que acciones de planeación internacional coordinada de los flujos de carga y establecimiento conjunto de trámites y procedimientos que faciliten el movimiento internacional de los distintos modos de transporte, pueden contribuir significativamente a transformar a México en una plataforma logística.

Las fronteras terrestres y las marítimas sufren retrasos en la operación debido a flujos lentos y normas aduanales restrictivas, que impiden desarrollar corredores “puerta a puerta”, rápidos y seguros. Es imperativo enfatizar la importancia que tienen para dinamizar el comercio; la implementación coordinada de medidas de pre certificación y la homologación de trámites y procedimientos aduaneros.

El presente punto de acuerdo busca con los datos disponibles y sometidos a su consideración, el incidir en la forma en que se pesa el autotransporte de carga en nuestro país, y en específico a los tractocamiones doblemente articulados (fulles) en las administraciones portuarias integrales, pues en dichos recintos se puede prevenir el sobrecargar al autotransporte, al ser este el origen de la carga, a fin de evitar todos los efectos negativos que el sobrepeso de los tractocamiones doblemente articulados genera.

Lo anterior, en el entendido que todo el transporte de carga debe de ser pesado antes de salir de los puertos, lo cual no es un procedimiento adicional, sino es algo que debe de hacerse de acuerdo con la multicitada norma a fin de evitar el sobrepeso antes de transitar por los sistemas viales.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a verificar exhaustivamente el autotransporte de carga y, de manera particular, que los tractocamiones doblemente articulados no tengan sobrepeso al momento de salir de las 16 administraciones portuarias integrales federales a su cargo.

Notas

1 Instituto Mexicano del Transporte, Diagnóstico general sobre la plataforma logística de transporte de carga en México, SCT, Carlos Martner Peyrelongue, 2003.

2 Coordinación General de Puertos y Marina Mercante y Sistema Portuario Nacional. Inegi, Dirección General de Geografía y Medio Ambiente.

3 SCT, Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, Dirección General de Puertos, Informe Estadístico Mensual, Movimiento de Carga, Buques y Pasajeros, enero-julio, 2015-2016, páginas 1-56.

4 SCT, Informe sobre Acciones Relevantes de la SCT; enero de 2013-junio de 2016, páginas 3-59.

5 Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018.

6 SCT, Dirección General de Comunicación Social, comunicado número 362, “Se duplicará capacidad del sistema portuario nacional mediante inversión de 67 mmdp en 25 proyectos: GRE”, 12 de agosto de 2015.

7 Anuario estadístico de la SCT, 2012.

8 Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018.

9 Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018.

10 Indicadores seleccionados de siniestralidad en carreteras federales, cuadro 18.56, Inegi, 2011.

11 Observatorio Nacional de Lesiones, Cenapra.

12 SCT, Dirección General de Conservación, Evolución del Estado Físico e Inversión de la Red Carretera Federal Libre de Peaje.

13 SCT, Dirección General de Conservación Carretera.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2017.

Diputado Jonadab Martínez García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a reforzar las acciones y las campañas de información para prevenir, atender y controlar de forma oportuna la existencia y transmisión de la conjuntivitis en Quintana Roo, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Diputados José Luis Toledo Medina, Arlet Mólgora Glover, Patricia Sánchez Carrillo y Carlos Gutiérrez García, todos integrantes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como las demás disposiciones aplicables, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud federal y a las dependencias competentes en materia de salud pública en el gobierno del estado de Quintana Roo, para que refuercen las acciones y las campañas de información, a efecto de prevenir, atender y controlar de forma oportuna la existencia y transmisión de la conjuntivitis.

Planteamiento

La conjuntivitis es la inflamación de la conjuntiva, un tejido de protección con células que permite en sus glándulas mantener cubierto el globo ocular.1 La conjuntivitis, también denominada síndrome de ojos rojos, tiene una prevalencia en el país del cinco al siete por ciento, y se eleva hasta 20 puntos porcentuales en la temporada invernal por la presencia de mayor cantidad de polvo o polen en el ambiente.2

La sintomatología de este padecimiento es el característico ojo rojo, irritación con prurito o comezón de origen alérgico. Cuando hay escozor y secreción, se trata de un factor infeccioso. Generalmente se identifica como conjuntivitis papilar, folicular o de tipo mixto.3

A. Casos de conjuntivitis en Quintana Roo

En lo que va del año, se ha presentado un brote importante de conjuntivitis en la península mexicana. La titular de la Secretaría de Salud de Quintana Roo, Alejandra Aguirre Crespo, confirmo que:

• Se registraron 14 mil 744 casos de esta enfermedad viral en lo que va del año; en 2017 fueron nueve mil 218 casos.4

• El repunte de casos se concentra en los municipios de Benito Juárez y Solidaridad.5

El director del Hospital General de Cancún, doctor Ignacio Bermúdez, confirmó que debido al brote de conjuntivitis, reciben diez casos diarios en promedio.6 En el sector público, se estima que ocho de cada diez personas que llegan a recibir atención médica, padecen de conjuntivitis.7

El presidente del Colegio de Médicos de Quintana Roo menciona que el aumento de casos de conjuntivitis se debe a las condiciones climatológicas que se han presentado y a la falta de medidas sanitarias adecuadas.8

La norma es otorgar a los afectados de 5 a 7 días de incapacidad. En el municipio de Solidaridad, durante la semana pasada, las escuelas nivel primaria han presentado un ausentismo de 40 por ciento en las aulas.9

Por otro lado, la directora de Educación del Municipio de Isla Mujeres, Rossana Concepción Martínez, afirmó que más de 60 por ciento de los alumnos han tenido que ser retirados por infección de conjuntivitis.10

Desabasto de medicamentos y saturación en clínicas en Quintana Roo

La presidenta de la Comisión de Salud en el municipio de Solidaridad del estado de Quintana Roo, Perla Rocha Torres, reconoció que se presenta un desabasto de medicamentos en las clínicas del sector público para tratar esta enfermedad.11

Aunque el brote de conjuntivitis surgió en el sur del estado de Quintana Roo, ya afecta a todo el estado, lo que ha provocado el desabasto también en las farmacias con venta al público, especialmente en la zona norte.12

La sobredemanda de medicamentos para tratar la conjuntivitis ha derivado en un notorio desabasto de cloranfenicol en las farmacias con venta al público, así como se han reportado casos de un incremento de precio hasta en un 150 por ciento, y el condicionamiento de las mismas, al permitir su compra únicamente bajo receta médica.13

En cuanto a las clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), se han reportado esperas mayores a cinco horas en la sala de urgencias para consulta. Misma situación sucede para los comprobantes médicos que justifican las ausencias laborales y escolares.14

Debido a lo anterior, el delegado estatal del IMSS, Flavio Carlos Rosado, aseguró que en todas las unidades médicas de primer nivel del Seguro Social se instalaron módulos de consulta exclusiva de pacientes que presentan molestias en los ojos, con la finalidad de dar fluidez a la atención y de ser necesario extender incapacidades bajo prescripción médica que garanticen la recuperación del paciente, evitando más contagios.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta resptuosamente a la Secretaría de Salud federal y a las dependencias competentes en materia de salud pública del estado de Quintana Roo, para que refuercen las acciones y las campañas de información, a efecto de prevenir, atender y controlar de forma oportuna la existencia y transmisión de la conjuntivitis.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud federal a generar esquemas de coordinación conforme a lo dispuesto por la normatividad aplicable, para coadyuvar en las acciones de abastecimiento de medicamentos para el tratamiento de la conjuntivitis realizados por el estado de Quintana Roo, de forma que se garantice la accesibilidad y asequibilidad oportuna de los mismos.

Tercero. Se exhorta respetuosamente a las dependencias competentes en materia de salud pública del estado de Quintana Roo a generar esquemas para el abastecimiento de medicamentos para el tratamiento de la conjuntivitis, garantizando su accesibilidad y asequibilidad.

Notas

1 Secretaría de Salud, Conjuntivitis o síndrome de ojos rojos, disponible en: https://www.gob.mx/salud/articulos/conjuntivitis-o-sindrome-de-ojos-roj os?idiom=es (Fecha de consulta: 26 de septiembre de 2017).

2 Secretaría de Salud, Se agudiza la conjuntivitis en temporada invernal, disponible en: https://www.gob.mx/salud/prensa/065-se-agudiza-la-conjuntivitis-en-temp orada-invernal (Fecha de consulta: 26 de septiembre de 2017).

3 Ibíd.

4 Novedades Quintana Roo, Se agudiza la conjuntivitis en Quintana Roo, disponible en: http://sipse.com/novedades/chetumal-se-agudiza-la-conjuntivitis-en-quin tana-roo-268668.html (Fecha de consulta: 25 de septiembre de 2017).

5 Ibíd.

6 Diario de Quintana Roo, Van cerca de 15 mil casos de conjuntivitis en Quintana Roo, disponible en:

http://yucatan.com.mx/qroo/van-cerca-15-mil-casos-conjun tivitis-quintana-roo (Fecha de consulta: 26 de septiembre de 2017).

7 El Quequi, Ausentismo laboral por la conjuntivitis, disponible en:

https://issuu.com/quequi2/docs/sep272017/1?ff=true&e =2144369/53673455 (Fecha de consulta: 17 de septiembre de 2017).

8 Ibíd.

9 Novedades de Quintana Roo, Empleados con conjuntivitis siguen laborando en Playa pese a riesgo, disponible en: http://sipse.com/novedades/exhortan-centros-laborales-no-recibir-emplea dos-conjuntivitis-rm-270080.html (Fecha de consulta: 27 de septiembre de 2017).

10. Ibíd.

11 El Quintana Roo, Reconocen desabasto de medicamentos para tratar conjuntivitis, disponible en:

http://www.elquintanaroo.mx/wp/reconocen-desabasto-de-me dicamentos-para-tratar-conjuntivitis/ (Fecha de consulta: 25 de septiembre de 2017)

12 Noticaribe, Reportan desabasto de medicamentos en farmacias para atender emergencia de conjuntivitis en la zona norte de Quintana Roo, disponible en: http://noticaribe.com.mx/2017/09/26/reportan-desabasto-de-medicamentos- en-farmacias-para-atender-emergencia-de-conjuntivitis-en-la-zona-norte- de-quintana-roo/ (Fecha de consulta: 26 de septiembre de 2017=.

13 El Quequi. Van 15 mil 407 contagiados en Quintana Roo, disponible en:

https://issuu.com/quequi2/docs/sep272017/1?ff=true&e =2144369/53673455 (Fecha de consulta: 27 de septiembre de 2017).

14 Diario de Quintana Roo, Se desbordan consultas, disponible en: http://www.dqr.com.mx/sections/othon-p-blanco/46977-se-desbordan-consul tas.html (Fecha de consulta: 26 de septiembre de 2017

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2017.

Diputados: José Luis Toledo Medina, Arlet Mólgora Glóver, Patricia Sánchez Carrillo, Carlos Gutiérrez García (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Cenapred a ampliar de inmediato por la Escuela Nacional de Protección Civil la matrícula en sus programas de formación a distancia dirigidos al público en general en materia de protección civil y gestión integral de riesgos, así como el catálogo de cursos, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, Cristina Ismene Gaytán Hernández, diputada en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. En estos días, nuestro país ha enfrentado un conjunto de fenómenos naturales geológicos, de impactos aún incalculables.

El pasado 7 de septiembre, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo con magnitud 8.2, localizado en el golfo de Tehuantepec, a 133 km al suroeste de Pijijiapan, Chiapas.1 Dicho sismo ocurrió a las 23:49 horas y se sintió en los estados del sur y centro del país.

Posteriormente, el 19 de septiembre, el sistema reportó un nuevo sismo con magnitud 7.1, localizado en el límite estatal entre los estados de Puebla y Morelos, a 12 kilómetros al sureste de Axochiapan, Morelos, y a 120 kilómetros de la Ciudad de México.2 Dicho sismo ocurrió a las 13:14 horas y fue sentido principalmente en el centro del país.

Este sismo, como mala broma del destino, ocurrió en la misma fecha que aquel ocurrido el 19 de septiembre de 1985, que afectó y transformó profundamente la vida del país y de nuestra ciudad.

A estos fenómenos, han procedido una gran cantidad de sismos de menor intensidad ocurridos en distintas partes de nuestro país.3

El más reciente que percibimos, ocurrió el pasado 23 de septiembre. Fue un sismo de 6.1 y ocurrió a las 7:53 de la mañana, con epicentro en Oaxaca.4

2. Los sismos ocurridos han traído consigo un incalculable número de afectaciones, principalmente en los estados de Morelos, Puebla, Guerrero, México, Chiapas, Oaxaca y la Ciudad de México, por mencionar algunos.

Al día de hoy, cientos de personas tristemente han perdido la vida, otras más han resultado lesionadas o incluso aún desaparecidas.

Cientos de personas han perdido su vivienda o la posibilidad de habitar en ella y muchas más han resultado seriamente dañadas.

Un importante número de edificios con distintos usos han resultado afectados. Algunos de ellos han colapsado o se encuentran en riesgo de colapso.

Una gran cantidad de escuelas y plateles educativos se encuentran con afectaciones, algunas de ellas han colapsado o se encuentran en riesgo de que ello ocurra.

Y a ello se suman distintas afectaciones a sitios históricos y monumentos, negocios, hospitales y vías de comunicación.

3. De nuestro dolor ha resurgido la esperanza. En medio de esta tragedia cientos de miles de personas han salido a las calles a ayudar de distintas maneras y a expresar su solidaridad con los afectados. Miles de niños y niñas, madres, padres, mujeres y hombres, sin distinción, han salido a dar lo mejor de sí para hacer frente a esta tragedia.

Llevando víveres, rescatando personas, como voluntarios en albergues o ayudando en la remoción de escombros, estos miles de hombres y mujeres anónimos nos han regalado la esperanza de que de este México tan golpeado y adolorido, resurgirá un México nuevo.

Y este mismo regalo de esperanza nos lo han proporcionado los cientos de rescatistas, miembros de las fuerzas armadas, de la Cruz Roja y otras organizaciones, quienes se han movilizado para poner de pie a nuestro país.

Asimismo, el apoyo brindado generosamente en labores de rescate por Israel, Japón, España, Honduras, Colombia, Ecuador, El Salvador, Venezuela, Chile, por mencionar algunos, nos han dado aliento y nos ha hecho sentir acompañados en nuestro dolor.

4. Ante la magnitud de la tragedia vivida, resulta necesario y de la más alta prioridad, entre otras cosas, fortalecer y ampliar las capacidades de la ciudadanía en materia de protección civil, principalmente de prevención y de reducción de riesgos ante fenómenos naturales y antrópicos.

En este sentido, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) es la instancia del gobierno federal que tiene como misión “salvaguardar en todo momento la vida, los bienes e infraestructura de las y los mexicanos a través de la gestión continua de políticas públicas para la prevención y reducción de riesgos de desastres, por medio de la investigación y el monitoreo de fenómenos perturbadores, así como la formación educativa y la difusión de la cultura de protección civil, con objeto de lograr una sociedad más resiliente”.5

En materia de formación educativa y difusión de la cultura de la protección civil, el Cenapred cuenta con la Escuela Nacional de Protección Civil (Enaproc), la cual “es una institución educativa de tipo medio superior y superior con capacidad académica, orientada a la formación y capacitación de técnicos, profesionales y especialistas en materia de protección civil y gestión integral del riesgo”.6

La Enaproc cuenta con un conjunto de programas de formación a distancia dirigidos al público en general, entre los que destacan:

-Técnico básico en Gestión Integral del Riesgo

-Los desastres y sus efectos psicológicos

-Evaluación de estructuras

-Prevención de riesgos en tu escuela, por mencionar algunos.

Así, resulta fundamental brindar a la ciudadanía más y mejores herramientas de prevención y reducción de riesgos ante desastres y con ello fomentar la cultura de la prevención.

Por ello, consideramos necesaria una inmediata ampliación de la matrícula de los programas antes señalados así como la oferta continua de programas de prevención y reducción de riesgos ante desastres.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Cenapred a que, a través de la Escuela Nacional de Protección Civil, lleve a cabo una ampliación inmediata de la matrícula en sus programas de formación a distancia dirigidos al público en general en materia de protección civil y gestión integral de riesgos, así como del catálogo de sus cursos y haga de conocimiento público las acciones implementadas al respecto.

Segundo. Se exhorta al Cenapred a considerar la implementación de un plan de certificación de instancias de protección civil en entidades federativas y municipios del país.

Notas

1 Reporte Especial. Grupo de trabajo del Servicio Sismológico Nacional, UNAM. Sismo de Tehuantepec (2017-09-07 23:49 M 8.2). Retomado de:
http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/reportes-especiales/2017/SSNMX_rep_esp_20170907_Tehuantepec_M82.pdf

2 Reporte Especial. Grupo de trabajo del Servicio Sismológico Nacional, UNAM. Sismo del día 19 de septiembre de 2017, Puebla-Morelos (M 7.1). Retomado de:
http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/reportes-especiales/2017/SSNMX_rep_esp_20170919_Puebla-Morelos_M71.pdf

3 Retomado de: http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/ultimos/

4 Retomado de: http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/ultimos/

5 https://www.gob.mx/cenapred/que-hacemos

6 http://www.enaproc-cenapred.gob.mx/index.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2017

Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y la SHCP a publicar la declaratoria de emergencia para la zona metropolitana del estado de México, en particular Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli, a fin de liberar los recursos necesarios para atender los desastres ocasionados por las lluvias de agosto y septiembre, a cargo de la diputada Sandra Luz Falcón Venegas, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Sandra Luz Falcón Venegas, diputada federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I a III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de lo siguiente:

Consideraciones

1. Que a los 6 días del mes de septiembre se han conjuntado ciclones, los primeros frentes fríos, las ondas tropicales y las bajas presiones, aunado a ello el Servicio Meteorológico Nacional pronuncia la presencia de “Irma”1 así como las tormentas tropicales “Katia” y “José” localizadas en el golfo de México y el Atlántico, respectivamente. Ello, está provocando lluvias intensas sobre gran parte del territorio nacional principalmente; aquellas entidades colindantes con el golfo de México y el centro del país.

2. Que en un comunicado de la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Segob con fecha 6 de septiembre de 2017, se informa que: “La tormenta tropical Katia, en conjunto con el Frente Frío número 2, provocarán desde hoy y durante los siguientes cinco días, lluvias intensas y torrenciales sobre el centro y oriente del país”2

3. Que luego de las tormentas tropicales de los primeros diez días del mes de agosto como el ciclón tropical “Franklin”, la Segob sostiene que; los suelos se encuentran saturados, los cuerpos de agua son de niveles altos. Pero también se suman los trabajos de limpieza y mantenimiento de vialidades en toda la república, es decir que con las tormentas venideras el sistema de agua pluvial y alcantarillado no se darán abasto y las afectaciones en algunas localidades se prevé podría ser severa.

4. Pero ¿qué acciones realiza el gobierno federal? Lo anterior es progresivo, año con año se presenta este tipo de fenómenos naturales, es ineludible evitarlo, el cambio climático ya comienza a surgir efecto, la situación empeora y no hay política eficaz que revise a cabalidad las posibles soluciones. Estados de emergencia y preocupación social por la salud, por la seguridad, pero, sobre todo, por la pérdida no sólo de bienes materiales, sino también de vidas. Lo grave no sólo radica en la presencia de un fenómeno hidrometeorológico, sino en la respuesta que brinda el gobierno mexicano para enfrentar dicha situación, así como ocurre en la Ciudad de México donde es evidente la falla de su sistema de agua pluvial y alcantarillado.

5. Que el gobierno mexicano emita las recomendaciones correspondientes para su prevención no quiere decir que su participación ahí termina, los ciudadanos y/o las poblaciones no queden exentos del peligro; el actuar de un fenómeno natural es impredecible no tiene límites situación por la cual se creó el Fonden.3 Es lamentable que dicho fondo surja efecto mucho tiempo después de que ocurrió el desastre.

6. Actualmente y para la temporada de lluvias 2017, la Segob precisa contar con las políticas y el recurso para atender desastres, precisa la instalación de albergues temporales, incluso señala cifras por estado sin que se pueda identificar los albergues en el estado de México, incluso señala el despliegue de enlace y coordinación con Veracruz y Puebla, no así con la Ciudad de México o la entidad mexiquense.

7. Para puntualizar, tan sólo en Cuautitlán Izcalli el desbordamiento de la presa El Ángulo provocó la inundación de unas 300 viviendas; el Meteorológico pronostica más lluvias para este miércoles y sin duda el desalojamiento de más viviendas y personas afectadas si las lluvias continúan. Y aunque la Comisión de Agua del Estado de México (CAEM) ha desplegado operativo, no es suficiente para las familias damnificadas, las pérdidas en algunas viviendas son totales.

7. En Tlalnepantla, Ecatepec y Nezahualcóyotl la situación es similar y por ello la importancia debe recaer no sólo en la reparación y recuperación de vialidades y reconstrucción de viviendas de quienes se vieron perjudicados por dicho percance también, se les debe asistir de manera económica. Los damnificados pierden sus bienes materiales y el acceso a una alimentación adecuada le resulta complicado.

8. Particularmente el municipio de Ecatepec año con año sufre los deslaves del río de los Remedios y del Gran Canal, los cuales nuevamente llegaron a su tope máximo y el agua comenzó a escurrirse por las calles y brotar por las coladeras y escusados de miles de viviendas. El gobierno mexicano tiene conocimiento de ello porque dicha situación abarca y perjudica el predio en el cual se lleva a cabo la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

9. “La cantidad de desastres naturales casi se ha cuadruplicado desde 1970, y Estados Unidos ha experimentado la mayoría de los desastres desde 1995, seguido por China e India”, dijo el martes el secretario general de Naciones Unidas (ONU, 2017). Antes de las inundaciones actuales, el jefe de la ONU dijo que informes preliminares indicaban que 2 mil 87 personas murieron este año a causa de desastres naturales.

10. Por ello es necesario implementar políticas para prevenir lo que se puede prevenir, asistir en su totalidad a quienes además se ubican en un estatus económico por debajo de la media nacional y en localidades con alto grado de vulnerabilidad. Se necesita sumar esfuerzos de los tres órdenes de gobierno ante una catástrofe de índole natural.

Todavía hace unos días, autoridades locales mexiquenses no tenían identificado el número real de damnificados por las torrenciales lluvias, pero es evidente el daño que éstas han causado en todo el país, y aunque se activó el protocolo de Operación Conjunta para Atención de Fenómenos Hidrometeorológicos en la Zona Metropolitana, no es suficiente para la atención que los pobladores de los citados municipios.

Por lo anteriormente expuesto, pido la consideración de esta soberanía de urgente u obvia resolución la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta cordialmente a la Segob a que incluya a los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli para que puedan acceder a los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden).

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la SHCP a que libere inmediatamente los recursos considerados en el Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden) y se les facilite apoyo económico a las familias damnificados por los fenómenos hidrometeorológicos en la zona metropolitana del estado de México.

Notas

1 Huracán Irma, que en las últimas horas ha ascendido a categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, la categoría más alta y destructiva que se le puede asignar a un fenómeno de este tipo.

2 Comunicado de prensa Segob.

3 El Fondo de Desastres Naturales (Fonden) es un instrumento financiero mediante el cual dentro del Sistema Nacional de Protección Civil, los diversos órdenes de gobierno locales reciben apoyo en la atención y recuperación de los efectos que produzca un fenómeno natural, de conformidad con los parámetros y condiciones previstos en sus Reglas de Operación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2017.

Diputada Sandra Luz Falcón Venegas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a sancionar las irregularidades en la construcción de los edificios dañados por el terremoto del 19 de septiembre, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Mirza Flores Gómez, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción 1; 62, numeral 2, y 79, numeral 1 , fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea, el presente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de motivos

1. Tras los últimos desastres que han impactado a México (sismos y huracanes), las autoridades están obligadas a implementar políticas públicas que involucren a los tres niveles y órganos de gobierno, la iniciativa privada, la comunidad científica y académica, la iniciativa privada y la sociedad civil para hacer de nuestras comunidades espacios resilientes, incluyentes y sostenibles.

2. En el caso de la Ciudad de México, la distribución de competencias en lo concerniente a la regulación del crecimiento que las ciudades ha ocasionado -y podría afirmar que con premeditación, alevosía y ventaja- la aparición de lagunas legales que permiten a las constructoras y a las inmobiliarias, incumplir con los mandatos técnicos en materia de construcción y desarrollo inmobiliario, además de minimizar la actuación de las autoridades en vigilancia y supervisión de obras.

3. Aunado a las deficiencias legales, la corrupción ha sido y es uno de los principales problemas que han ocasionado el crecimiento desordenado de las ciudades. La compleja red de corrupción en el negocio inmobiliario en la Ciudad de México ha sido denunciado desde hace varios años por diversas organizaciones de la sociedad civil y activistas, sin embargo, al representar ingresos extraordinarios que son destinados para otros fines tales como: campañas políticas o enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, el problema solo es visibilizado en algunas ocasiones por los medios de comunicación pero no atendido por las autoridades.

4. El pasado 23 de septiembre, la revista de investigación periodística Proceso publicó el artículo “Los cimientos podridos del boom inmobiliario”,1 en el cual Josefina MacGregor, directora de la Red Suma Urbana, expuso de manera breve y concisa el entramado de corrupción que involucra a dependencias del gobierno central y de las delegaciones de la Ciudad de México, según la activista, cuando se recibe la solicitud de construcción de un particular, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) tiene que verificar que lo que está presentando la persona como notificación sea lo que se pide en el programa.

Si se confirma, le entregan su certificado y después tiene que ir con él a la delegación que recibe el proyecto de construcción, la cual tiene la obligación de verificar que se cumpla en la práctica. Es decir, la delegación está obligada a volver a revisar el programa delegacional, del cual es responsable, y ver en la práctica que el constructor cumpla con lo que dijo.

“Es ahí donde suelen empezar las ilegalidades: Encontramos violaciones brutales a la norma, en las cuales la manifestación de construcción que autoriza la delegación y el CUZUS que autoriza Seduvi no son lo que hay en la práctica. Últimamente encontramos muchos casos en los que tanto la delegación como la Seduvi les dicen a los solicitantes: te vaya entregar dos certificados, uno de lo que quieres hacer y otro de lo que no se puede hacer, así que si hay una denuncia yo digo que no te di la autorización.

“Lo que sucede es que todas las normas que deberían cumplirse, como la seguridad estructural, vialidad, atlas de riesgo, son ignoradas por proyectos que se terminan exitosamente y se venden, pero jamás cumplieron los requisitos de protección civil. Esa es una de las violaciones más graves que estamos viendo. “2

5. Por otra parte, en una entrevista sostenida con la licenciada Alejandra J. Martínez Landero, abogada egresada de la UNAM y postulante en materia administrativa en la Ciudad de México, indicó que la principal problemática en materia de construcciones es el tratamiento laxo por parte de las autoridades en el procedimiento de supervisión e inspección de las constructoras e inmobiliarias. A decir de la abogada, el Reglamento de Construcciones marca como requisito esencial para iniciar el levantamiento de una obra nueva la exhibición de la manifestación de construcción. Sin embargo, la manifestación de construcción NO constituye una autorización, concesión o permiso del gobierno, es una simple declaración unilateral de la voluntad avalada por un especialista en la materia, al que se denomina “director responsable de la obra” (DRO). El DRO es el especialista autorizado por el gobierno para verificar que el proyecto de construcción cumpla con la normatividad aplicable, no obstante, se han documentado casos en la práctica en que los DRO sólo cobran por firmar sin asegurarse que las obras cumplan con las disposiciones técnicas-legales.

Para la abogada especialista en temas de desarrollo urbano, el problema de la construcción de nuevas obras debe ser abordado desde una perspectiva integral velando por el interés de las personas que habitarán los nuevos inmuebles y también velar por los intereses de los vecinos. El estado debe generar mecanismos de acceso a la justicia para que las personas afectadas por la construcción de una nueva obra con irregularidades puedan defender su integridad y su patrimonio.

Se refirió al caso concreto de un nuevo inmueble ubicado en la colonia Narvarte en la delegación Benito Juárez, en donde los vecinos se quejaron porque la construcción estaba ocasionando daño en la estructura de los inmuebles existentes. La legislación actual sólo les permitía ejercer la acción de interdicto por obra peligrosa que consiste en parar la construcción por poner en riesgo la seguridad de los vecinos; sin embargo, al activar el mecanismo judicial y esperar los tiempos procesales, la obra se concluyó y el interdicto quedó sin materia. Actualmente los vecinos han iniciado un procedimiento por la vía civil por daños y perjuicios, sin embargo, el riesgo sigue estando presente además que los vecinos organizados tienen que fraguar los gastos de los abogados y peritos expertos en la materia.

Aunado a lo anterior, las constructoras se constituyen en su mayoría como Sociedades Anónimas o Fideicomisos, al terminar la obra, éstas se extinguen y en caso de que ocurra un incidente, no existe persona moral que se haga responsable de los daños ocasionados y en otros casos, la información relativa a las personas físicas o morales involucradas la construcción de nuevas obras es negada por las autoridades de las delegaciones o del gobierno de la ciudad de México tal y como consta en el oficio N. DDU/0449/2015 (anexo 1) expedido por la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la Delegación Benito Juárez aun contra lo dispuesto por el artículo 73 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Artículo 73 Bis. Tratándose de los actos relacionados con inmuebles a que se refiere el artículo anterior, el proveedor deberá poner a disposición del consumidor al menos lo siguiente:

V. Para el caso de inmuebles nuevos o preventas, las autorizaciones, licencias o permisos expedidos por las autoridades correspondientes para la construcción, relativas a las especificaciones técnicas, seguridad, uso de suelo, la clase de materiales utilizados en la construcción; servicios básicos con que cuenta, así como todos aquellos con los que debe contar de conformidad con la legislación aplicable. En el caso de inmuebles usados que no cuenten con dicha documentación, se deberá indicar expresamente en el contrato la carencia de éstos;

Toda información relacionada con la construcción de nuevos edificios y de los ya existentes deben ser pública, ya que del análisis y estudio de la información se puede concluir si existe o no un riesgo para la integridad física y patrimonial de los compradores del inmueble (consumidores) y de los vecinos; además que con la información disponible se pueden fincar responsabilidades en caso de irregularidades.

6. En este orden de ideas, el diario El Financiero, en un artículo periodístico, hizo trabajo de investigación realizado por Eduardo Reinoso, Miguel Jaimes y Marco Torres titulado “Evaluation of building code compliance in Mexico City: mid-rise dwellings ”.

La investigación reveló que los inmuebles objeto de estudio presentaban irregularidades tales como: algunos edificios eran más altos de lo que indicaba la base de datos proporcionada por la Secretaría de Hacienda a partir del predial, y características estructurales donde había condiciones irregulares, como la posibilidad de golpeteo (el choque entre edificios por la falta de previsión en la distancia entre uno y otro al construirlos), un primer piso débil (donde era evidente que en la planta baja se había diseñado como estacionamiento, con columnas que proporcionaban espacios amplios mientras que los pisos superiores estaban hechos con muros), irregularidades verticales observadas en las fachadas, columnas cortas y configuraciones asimétricas (edificios en las esquinas).

Los investigadores de la UNAM señalaron que el código MCBC-2004 (normatividad técnica que debe cumplimentarse para la construcción de nuevas obras) “es el mejor código, el que tiene el conjunto de requerimientos más avanzados y completos del país, y sirve como modelo en otras ciudades mexicanas y en el extranjero”.

“No obstante, la última versión del código MCBC-2004 tiene modificaciones sobre los procedimientos legales relacionados a las licencias y a los requerimientos para los proyectos, que pretenden acelerar la construcción y evitar la corrupción. Sin embargo, también se relajó o prácticamente se eliminó la revisión de los documentos por parte de las autoridades locales. Estos cambios (administrativos) no técnicos en el código de construcción incrementaron rápidamente el número de proyectos de vivienda y desarrollos urbanos en la ciudad, particularmente en las zonas de medio y alto riesgo sísmico pero, aparentemente, con una calidad de diseño y construcción pobres. No hay suficientes mecanismos oficiales para supervisar el diseño y la construcción de las nuevas estructuras. La responsabilidad de la aplicación correcta del MCBC-2004 recae en el DRO (director responsable de obra), quien al mismo tiempo es apoyado por el CSE (corresponsable en seguridad estructural), usualmente un ingeniero estructuralista. La opinión generalizada de los expertos en la Ciudad de México es que muchos de esos edificios no cumplíamos requerimientos del MCBC-2004”. 3

7. Transitar hacia ciudades resilientes permitirá salvar la vida y patrimonio de los mexicanos, pero mientras siga habiendo corrupción, lagunas legales en cuanto a facultades delimitadas de las autoridades y sobre todo, opacidad en los procesos de construcción, se seguirán perdiendo vidas en caso de la ocurrencia de desastres naturales y la impunidad seguirá siendo el común denominador, atribuyéndole la muerte de las personas a la naturaleza cuando existen funcionarios públicos y empresarios, con nombre y apellido que en lugar de disminuir el riesgo, incrementaron la vulnerabilidad de la ciudad frente a las amenazas. Por lo anterior, solicito su voto a favor del presente:

Punto de acuerdo

Primero. Se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a implementar una estrategia bajo el principio de máxima publicidad para investigar y, en su caso, iniciar los procedimientos penales, civiles y administrativos correspondientes para sancionar las irregularidades en la construcción de los edificios dañados por el terremoto ocurrido el pasado 19 de septiembre.

Segundo. Se exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a que realicen las adecuaciones legales correspondientes a fin de que toda la información relacionada con la construcción de nuevas obras (especificaciones técnicas, seguridad, uso de suelo, la clase de materiales utilizados en la construcción; servicios básicos con que cuenta, así como todos aquellos con los que debe contar de conformidad con la legislación aplicable) sea pública.

Notas

1 Gil Olmos, José, “Los cimientos podridos del boom de la inmobiliaria”, Proceso número 2134, 24 de septiembre de 2017. P. 22

2 ídem

3 Riva Palacio, Raymundo. “La tragedia se advirtió”. El Financiero , 27 de septiembre de 2017.

http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/la-tragedia-se-ad virtio.html

Dado en el recinto legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2017.

Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo de Puebla a crear un programa de fomento del respeto y la no violencia hacia las mujeres, a cargo de la diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada federal, Elvia Graciela Palomares Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados; con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter a la consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo del estado de Puebla, José Antonio Gali Fayad, para crear un programa de fomento al respeto y la no violencia hacia la mujer, al tenor de lo siguiente:

Exposición de motivos

Hace poco ocurrió una tragedia que estremeció los corazones de los mexicanos y las mexicanas: una joven estudiante fue cruelmente estrangulada y asesinada, presuntamnete por un chofer de la empresa Cabify. Mara Castilla sufrió lo que ninguna mujer en México y el mundo debería sufrir, ella representó el asesinato número 84 en lo que va del año en el estado de Puebla.

Son tragedias como ésta las que sensibilizan a México y nos hacen reflexionar y darnos cuenta de que tenemos que seguir trabajando en equipo como sociedad y gobierno para poder sacar lo mejor de nosotros mismos y del país, nos hace adquirir las agallas necesarias para seguir esforzándonos y mantenernos siempre de pie luchando por la nación que todos queremos ser.

Lo ocurrido el pasado viernes 8 de septiembre fue un delito atroz, y el presunto culpable, que ya está enfrentando su proceso penal, pagará por sus fechorías conforme a lo dispuesto por ley, sin embargo, a pesar de que se haga justicia y se condene al asesino, no hay por qué quedarnos de brazos cruzados, todos, tanto como sociedad, como los distintos niveles y dependencias de gobierno, tenemos que seguir ejerciendo las medidas necesarias dentro de nuestras facultades para evitar más desgracias como lo sucedido con Mara.

Si bien ya se han realizado varios esfuerzos para combatir los feminicidios que van desde crear el tipo penal hasta programas del gobierno federal para prevenir los mismos, se requiere de toda la ayuda posible para poder crear realmente conciencia en la sociedad sobre el respeto que merecemos las mujeres.

Últimamente Puebla se ha visto abrumado por los asesinatos en su modalidad de feminicidio, dicha problemática requiere de la implementación de más y mejores mecanismos que aseguren el bienestar de las mujeres poblanas; para poder lograrlo se necesita del compromiso del titular del Poder Ejecutivo en mi estado para que a través de la cooperación se logre erradicar con estos delitos en Puebla. Es responsabilidad de todos como poblanos mejorar la calidad de vida de las mujeres de Puebla.

Sustentando mi dicho, presento esta proposición ante el pleno de la honorable Cámara de Diputados para exhortar al titular del Poder Ejecutivo del estado de Puebla, José Antonio Gali Fayad, a crear un Programa de fomento al respeto y la no violencia hacia la mujer siguiendo los siguientes lineamientos:

-La idea es la creación de un programa estatal de difusión de respeto y no violencia hacia la mujer para sensibilizar a la población sobre lo dañino que puede resultar para la sociedad el que se sigan realizando conductas machistas, fomentando el valor que tiene una mujer poblana y de lo que somos capaces de lograr si trabajamos en equipo como sociedad.

-El objetivo es provocar un cambio cultural en los poblanos que logre crear un ambiente de paz, armonía y conciencia para poder así erradicar la ola de feminicidios que inunda a mi estado.

-Para poder lograr programas eficientes y con resultados se necesita que el gobierno del estado de Puebla difunda estos ideales a través de todos sus portales y medios disponibles, que realice campañas de concientización en todo el estado y que desempeñen sus labores con respeto a la integridad, dignidad y derechos humanos de las mujeres para predicar con el ejemplo y demostrar a la sociedad que si todos trabajamos por un mismo fin podemos lograr grandes cambios.

-Todas las acciones siempre tienen que estar encaminadas a educar a la población sobre cómo se puede incidir para erradicar las conductas machistas durante sus actividades diarias; en la escuela, en casa, en los trabajos, en todo Puebla necesitamos de un ambiente de respeto hacia la mujer.

Hoy nos encontramos de luto, encontremos en nosotros mismos el coraje para seguir trabajando por la igualdad de género en nuestro país. No cabe duda de que el culpable pagará por su cometido, pero no es suficiente, unámonos e impulsemos los mecanismos necesarios para que nunca una mujer vuelva a sufrir lo que vivió Mara.

En virtud de lo anteriormente fundado y motivado, pongo a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Punto de acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Puebla, José Antonio Gali Fayad, a crear un programa de fomento al respeto y la no violencia hacia la mujer.

Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2017.

Diputada Elvia Graciela Palomares Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a realizar con la debida diligencia la investigación sobre las ejecuciones cometidas el 30 de junio de 2014 en San Pedro Limón, Tlatlaya, México, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Omar Ortega Álvarez, diputado federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El número aún indeterminado de ejecuciones cometidas el 30 de junio de 2014 en la zona de San Pedro Limón del municipio de Tlatlaya, estado de México, mostró la debilidad institucional así como las arbitrariedades del Ejército y la complicidad e ineficiencia de las autoridades de la entidad mexiquense lo mismo que de las federales, en materia de seguridad y procuración de justicia. Por ello, constituyen un grave caso de violaciones a derechos humanos.

En su momento, tanto la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) como la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), intentaron ocultar la realidad de las ejecuciones extrajudiciales, señalando los hechos como un operativo exitoso. Sin embargo, investigaciones periodísticas revelaron el testimonio de una sobreviviente y evidenciaron la existencia de diversos elementos que sugerían que, al menos parte de las muertes que se produjeron en Tlatlaya, pudieron ser arbitrarias y en uso desproporcionado de la fuerza.

Al respecto, en octubre de 2014, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 51/2014, misma que fue aceptada por todas las instancias señaladas y calificada como una investigación “de violaciones graves ”. En esta, se consideró que entre 12 y 15 de las 22 personas asesinadas en Tlatlaya, fueron privadas de la vida por Fuerzas Federales, a pesar de encontrarse sometidas.

Al mismo tiempo, la Recomendación refirió que “después de utilizar la fuerza pública para contrarrestar la agresión armada, y una vez estando rendidos los civiles, los elementos militares ingresaron a la bodega y a partir de una acción arbitraria, desproporcional, innecesaria, y desapegada al sistema de derechos humanos, privaron de la vida arbitrariamente a por lo menos 12 personas que se encontraban ahí, vivas, rendidas o heridas”. La Recomendación también señaló lo que las investigaciones periodísticas ya habían apuntado, la existencia de la alteración de la escena del crimen.

En este sentido, resulta importante señalar que en pasados días, el Juez Federal a cargo del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, otorgó a una de las sobrevivientes y testigo de las ejecuciones extrajudiciales, un amparo al considerar que la PGR no ha investigado exhaustivamente los acontecimientos.

Mediante dicha resolución ordenó a la Procuraduría ampliar sus investigaciones sobre la implicación de militares en tales ejecuciones para establecer si “existe alguna otra indagatoria que aún no haya sido consignada y que con el fin de unificar la investigación de los hechos pueda ser acumulada a la que se encuentra bajo su cargo integrando”.1

Aunado a lo anterior, la sentencia de amparo consideró probada la falta de actividad de PGR, por no realizar diligencias encaminadas a la investigación de los hechos ni a la investigación de la Orden Militar que instruía a “abatir delincuentes en horas de oscuridad” dirigida a la base de operaciones a la que pertenecían los castrenses involucrados en los hechos. También consideró que no se ha investigado la cadena de mando militar responsable.

De esta manera, una autoridad jurisdiccional federal ha ordenado al Ministerio Público, realizar una investigación con la debida diligencia, para ello fijó un plazo de 30 días para que la Procuraduría presente un cronograma de actuaciones y cumplimiento que ayuden a esclarecer los hechos, especificando el objetivo de cada diligencia planeada.

No obstante, el Ministerio Público ha impugnado el amparo concedido, señalando esencialmente que el Juez de Distrito se encuentra invadiendo facultades; desconociendo así la naturaleza de las funciones de dichas autoridades jurisdiccionales en la impartición de justicia y retrasando así el avance en el cumplimiento de la resolución.

Finalmente, es necesario recordar que diversas instancias internacionales han puesto atención en México debido a las ejecuciones arbitrarias cometidas en Tlatlaya; el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns,2 el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos Zeid Ra’ad Al Hussein,3 la vocera del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos4 de manera reiterada, expresaron su preocupación sobre el caso y coinciden sobre la necesidad de realizar una investigación rápida, independiente, seria, imparcial y efectiva que lleve al esclarecimiento de los hechos y la determinación de los responsables.

La justicia no puede ser burlada por las instituciones que buscan cobijar delincuentes. Es hora de que los responsables -sin importar a qué instancia pertenecen- de graves violaciones a derechos humanos sean juzgados para que el daño pueda reparase, y las víctimas puedan acceder a una verdadera justicia y no a más simulaciones. En este caso y en otros casos de ejecución arbitraria, el resultado nunca debe ser la impunidad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de la Soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a realizar con debida diligencia la investigación del caso de ejecuciones cometidas el 30 de junio de 2014 en la zona de San Pedro Limón del municipio de Tlatlaya, estado de México, especialmente respecto del esclarecimiento del número de personas ejecutadas de manera arbitraria, la alteración de la escena del crimen, y para que determine el origen de la orden de “abatir delincuentes en horas de obscuridad” así como el deslinde responsabilidades incluyendo la cadena de mando tanto en dicha orden como en los hechos del 30 de junio de 2014; garantizando que en dicha investigación y en las diligencias respectivas se respete la participación activa de la víctima, mediante sus representantes.

Notas

1 Animal Político. “Juez ordena a la PGR corregir su investigación sobre el caso Tlatlaya”. Consultado en línea el 1 de septiembre de 2017 en: http://www.animalpolitico.com/2017/08/pgr-reabrir-caso-tlatlaya-juez/

2 Disponible en: http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15117&LangID=S

3 Disponible en: http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16578&LangID=S

4 CIDH. “CIDH expresa su preocupación respecto de alegaciones de participación de la fuerza pública en hechos de violencia en México”. 2014. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2015/087.asp

CIDH. “Observaciones Preliminares de la Visita In Loco de la CIDH a México”. 2015. Disponible en:

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2015/112a. asp

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2017.

Diputado Omar Ortega Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a ejercitar acción penal y consignar a los presuntos responsables de los delitos de genocidio, ejecución extrajudicial y tortura derivados de las averiguaciones previas integradas con motivo de los hechos del 2 de octubre de 1968, suscrita por los diputados Araceli Damián González y Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena

Araceli Damián González y Juan Romero Tenorio, en su calidad de diputados federales de la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera . El 2 de octubre de 1968, cuando se realizaba en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, una gran manifestación estudiantil pacífica convocada por el Consejo Nacional de Huelga fue brutalmente reprimida por el Estado mexicano.

Desde entonces y hasta la fecha, a 49 años de lo ocurrido, ninguna persona ha sido consignada ante los tribunales por dichos acontecimientos, lo que ha dejado como herencia una deuda histórica con las víctimas y la sociedad en su conjunto y ha tenido como consecuencia un ciclo de impunidad que ha dañado profundamente la confianza en las instituciones . La impunidad del pasado no alcanza y se traduce en la impunidad de hoy y si no se castiga seguramente se extenderá a los hechos que en futuro se cometan.

Ese día, después de más de dos meses de movilizaciones estudiantiles en la Ciudad de México y en todo el país, desde un helicóptero que sobrevolaba la Plaza de las Tres Culturas se arrojó una luz de bengala y empezaron los disparos en contra de los miles de estudiantes que colmaron el lugar. En esta acción participaron miembros del ejército y los integrantes del tristemente célebre Batallón Olimpia , cuerpo paramilitar vestido de civil, identificados por portar un guante blanco como distintivo.

De acuerdo con Paco Ignacio Taibo II, quien en 1993 encabezó una Comisión de la Verdad sobre estos sucesos, en esa “trágica” tarde fueron disparados 15 mil proyectiles y hubo 300 muertos, además de 700 heridos y cinco mil estudiantes detenidos. Según el escritor y periodista, participaron ocho mil militares de varios cuerpos destacados en la acción, además de 300 vehículos armados entre tanques, medios blindados y jeeps con ametralladoras. Todo esto para reprimir una manifestación pacífica que demandaba solución a su pliego petitorio en exigencia de 1) libertad a los presos políticos, 2) destitución de los generales Luis Cueto Ramírez, Raúl Mendiola y del teniente coronel Armando Frías. 3) extinción del cuerpo de granaderos. 4) derogación de los artículos 145 y 145 Bis del Código Penal (delito de disolución social), 5) indemnización a las familias de los muertos y a los heridos víctimas de las agresiones en los actos represivos iniciados el viernes 26 de julio, 6) deslinde de las responsabilidades de los actos de represión y vandalismo realizados por las autoridades a través de los policías, los granaderos y el ejército.

Segunda. Después de dos décadas y de violentos actos de represión por parte del Estado mexicano, cuando ya se habían acreditado cerca de 500 casos de desapariciones forzadas en contra de opositores políticos, el 18 de septiembre de 1990, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estableció el Programa Especial sobre Presuntos Desaparecidos, con motivo de las quejas presentadas por diversas organizaciones no gubernamentales en relación a los hechos de violencia que tuvieron lugar durante la “guerra sucia”, de los cuales 308 casos correspondieron a la zona rural y 174 a la zona urbana; y acumulados 50 más.

En la zona rural resalta el estado de Guerrero con 293 casos, en tanto que los restantes se encuentran distribuidos en diversas entidades federativas: La Ciudad de México, 9; Morelos, 2; Oaxaca, 2; Hidalgo, 1, y Puebla, 1. En cuanto a la zona urbana, de los 174 casos, 45 correspondieron a la Ciudad de México; 40 a Sinaloa; 19 a Jalisco; 11 a Chiapas; 10 a Chihuahua; 9 al estado de México; 9 a Michoacán; 8 a Sonora; 5 a Baja California; 5 a Nuevo León; 3 a Oaxaca; 1 a Hidalgo; 2 a Morelos; 2 a Puebla; 2 a Tamaulipas; 1 a Nayarit; 1 a Querétaro, y 1 a San Luis Potosí1 .

Los resultados de la investigación dieron lugar a la Recomendación 26/20012 , en la que en sus resolutivos se señala:

“Recomendaciones

...

Segunda. Se sirva girar instrucciones al procurador general de la República a efecto de que se designe un fiscal especial, con el fin de que se haga cargo de la investigación y persecución, en su caso, de los delitos que puedan desprenderse de los hechos a que se refiere esta Recomendación; en caso de resultar procedente, ponga en consideración de las autoridades judiciales competentes los resultados de las indagatorias, y en su oportunidad se dé cuenta a esta Comisión Nacional de las acciones realizadas.

Tercera. En los casos en donde se acreditó la desaparición forzada, en atención al lugar en que pudo ubicarse con vida por última ocasión a las personas, se revise la posibilidad de reparar el daño mediante la prestación de servicios médicos, vivienda, educativos y otras prestaciones de índole social a los familiares de las víctimas de la desaparición forzada.

Cuarta. En atención a las condiciones en que opera el sistema de seguridad nacional, específicamente el Centro de Investigación y Seguridad Nacional que sustituyó a la Dirección Federal de Seguridad, se tomen las medidas legales adecuadas y se establezca un marco jurídico que garantice en su actuar, el respeto a los derechos humanos y un desempeño en estricto apego a los límites que para el ejercicio del poder, a través de las instituciones públicas del estado mexicano, prevé la Constitución General de la República.

...”

Tercera. El presidente de la República aceptó la recomendación 26/2001 y el 27 de noviembre de 2001 publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se disponen diversas medidas para la procuración de justicia por delitos cometidos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado” , en el que se solicitó al procurador general de la República que designara a un fiscal especial, con el carácter de agente del Ministerio Público de la Federación, encargado de concentrar y conocer de las denuncias o querellas formuladas por hechos probablemente constitutivos de delitos federales, cometidos, directa o indirectamente, por servidores públicos, en contra de personas vinculadas con los movimientos sociales y políticos referidos, así como perseguir los delitos correspondientes ante los tribunales competentes.

Mediante el Acuerdo A/01/02, de fecha 4 de enero de 2001, el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, designó al fiscal especial al que se hace mención en la recomendación y en el acuerdo presidencial invocado; el nombramiento recayó en el jurista Ignacio Carrillo Prieto.

Asimismo, por acuerdo A/066/03, de fecha 23 de julio de 2003, publicado al día siguiente en el Diario Oficial de la Federación, el procurador Macedo de la Concha delegó en el fiscal especial las facultades requeridas para el debido cumplimiento de su cargo.

Derivado de los hechos del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971, el 10 de junio de 2002, las víctimas interpusieron formal denuncia ante la Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado . Por este motivo se dio inicio a la averiguación previa PGR/FEMOSPP/011/2002.

Desde la presentación de la denuncia por parte de los integrantes del Comité del 68, encabezados por Luis Raúl Álvarez Garín, Félix Lucio Fernández Gamundi y José de Jesús Martín de Campo Castañeda, entre otros, han realizado una serie de acciones a fin de que las indagatorias se concluyan y los responsables sean puestos a disposición de los tribunales competentes, y que a continuación se enumeran:

• 10 de junio de 2002, se interpuso denuncia ante la Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP).

• 23 de julio 2004, el Ministerio Público (MP) ejercita acción penal contra Luis Echeverría y otros acusados por el delito de genocidio. Consignación del caso del 10 de junio en contra de Luis Echevarría Álvarez, Mario Moya Palencia y otros 10 personajes por genocidio, aunque el juez niega la orden de aprehensión aduciendo prescripción del delito de genocidio.

• 24 de julio de 2004, el Juez Segundo de Distrito declara extinguida la acción penal, argumentando que se trata de un delito instantáneo por lo que la prescripción se contabiliza a partir de 1971 y de acuerdo con la ley vigente en este momento, el término medio aritmético era de 30 años. Además se declara la inaplicabilidad de Convención de la ONU sobre crímenes de lesa humanidad, aunque fue adoptada por la Asamblea General de dicho organismo en 1968 el Senado la aprobó hasta 2001.

• 27 de julio de 2004, el Ministerio Público apela la decisión del Juez Segundo de Distrito y se turna al Quinto Tribunal Unitario del Primer Circuito.

• 25 de agosto de 2004, la Procuraduría General de la Republica (PGR) solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atraiga el caso.

• 25 de febrero de 2005, primera sesión de la Suprema Corte se expone ante proyecto donde establece que el delito de genocidio si prescribe.

• 9 de marzo de 2005, durante la segunda sesión de la SCJN, rechazan Ponencia de Olga Sánchez Cordero.

• 15 de junio de 2005, la primera sala de la SCJN retira el auto de sobreseimiento, pues determina que el cómputo de prescripción debe realizarse a partir de 1976, año en que Luis Echeverría Álvarez deja el cargo de presidente de la Republica. Ordena devolver el caso al Tribunal Unitario pues alega que de resolver de fondo se le restringiría al acusado su derecho a recurrir al amparo.

• 26 de julio de 2005, el Quinto Tribunal del Primer Circuito realiza el análisis del cuerpo del delito y la probable responsabilidad. Reclasifica el delito a homicidio simple y establece la prescripción, por lo que se agotan las instancias nacionales .

• 29 de agosto de 2005, petición inicial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Comienza litigio internacional

• 8 de septiembre de 2005, comunicado de prensa del Comité 68 explicando la decisión de llevar el caso del 10 de junio ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH)

• 22 de septiembre de 2005, se promueve ante la Cámara de Diputados juicio político a la magistrada Herlinda Velasco Villacencio por la resolución emitida en este caso, dada la incongruencia.

• 2 de noviembre de 2005, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos notifica al Estado mexicano, 4 años después de haber recibido la petición inicial. El Estado mexicano responde que no se agotaron los recursos nacionales, faltó el amparo.

• 2 de noviembre de 2009, el Comité 68 solicita al procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, las sentencias dictadas por la SCJN respecto a los casos 2 de octubre de 1968, 10 de junio de 1971 y la Guerra Sucia.

• 12 de enero de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notifica al Comité 68 que recibió su notificación del 5 de diciembre 2009 y lo incorpora al expediente.

• 14 de enero de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informa que le ha concedido al Estado mexicano una prórroga para contestar sobre el caso 10 de junio de 1971, conocida popularmente como “El Halconazo”.

• 21 de enero de 2010, el Comité 68 solicita audiencia para tratar la admisibilidad de la petición.

• 18 de junio de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comunica al Comité 68 la respuesta del Estado mexicano sobre el caso 10 de junio de 1971.

• 29 de junio de 2010, la CIDH informa al Comité 68 que el Estado mexicano entregó su informe y debe presentar observaciones.

• 27 de agosto 2010, el Comité 68 hace los siguientes comentarios a la CIDH: Explica la imposibilidad de las víctimas de recurrir al amparo, pues este recurso correspondería al acusado LEA y no a las víctimas. Expone los puntos principales de la sentencia de la Magistrada Herlinda Velasco Villacencio.

• 19 de enero de 2011, la CIDH informa que cambio de número de expediente del caso 10 de junio al P-B16-07.

• 8 de marzo de 2011, el Comité 68 da a conocer que se presentará en la Secretaría de Relaciones Exteriores para requerir respuestas sobre los juicios de responsabilidad penal de funcionarios mexicanos por delitos de lesa humanidad incluyendo el caso Rosendo Radilla y desaparecidos de la Guerra Sucia.

• 9 de marzo de 2011, la Secretaría de Relaciones Exteriores da contestación a la petición que hizo el Comité 68 el 8 de marzo de 2011.

• 16 de junio de 2011, la procuradora general de la República, Marisela Morales, cita a Raúl Álvarez Garín, a Félix Hernández Gamundi y Jesús Martin del Campo a comparecer, ampliar, modificar y aportar documentos de prueba relacionados con los procesos penales del 2 de octubre de 1968 y la Guerra Sucia.

• 24 de junio de 2011, se presentan por quinta vez pruebas supervivientes y una promoción de actividades judiciales para el reencarcelamiento de Luis Echeverría Álvarez con base en la averiguación previa de la FEMOSSPP PGR/FEMOSPP/2/208

• 8 de julio de 2011, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales da respuestas a la comparecencia de Raúl Álvarez Garín, a Félix Hernández Gamundi y Jesús Martin del Campo de 16 de junio de 2011.

• 11 de julio de 2011, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales da respuesta negativa al Comité 68 de su solicitud para llevar a declarar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad del caso 2 de octubre de 1968 y de la Guerra Sucia.

• 9 de octubre del 2015, se presentó solicitud de audiencia ante CIDH para presentar demanda sobre las ejecuciones extrajudiciales en México desde 1968 hasta 2015.

Sin embargo, a pesar de las que la Fiscalía Especial no agotó las indagatorias penales objeto de la Recomendación de la CNDH, en el último día de su gestión, el 30 de noviembre de 2006, el procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, emitió el Acuerdo A/317/06 , mediante el que dispuso la disolución de la Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado conforme a lo siguiente:

a) La abrogación del acuerdo emitido por el procurador Rafael Macedo de la Concha, mediante el cual designó al Fiscal Especial.

b) La derogación del capítulo tercero del Acuerdo A/066/03, también emitido por el procurador de la Concha, por el cual había delegado diversas facultades al Fiscal Especial.

c) El turno de los asuntos a cargo del fiscal especial a otras áreas de la institución, sin precisar a cuales.

d) La adscripción de los agentes del Ministerio Público de la Federación a otras áreas de la procuraduría, sin importar las tareas que venían desempeñando bajo la coordinación del fiscal especial.

El Acuerdo A/317/06 implicó la desaparición de la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), así como de la estructura operativa y administrativa que le había sido designada para llevar a cabo sus funciones.

Finalmente, mediante comunicado de prensa del Instituto Nacional de Acceso a la Información, de fecha 19 de agosto de 2015, por el que se hace público el mandato para que la Procuraduría General de la República entregue la versión pública de las averiguaciones previas en las que se consignó al ex presidente, Luis Echeverría Álvarez, por el delito de genocidio en los hechos del 2 de octubre de 1968 y 10 de junio de 1971, se confirma que tales indagatorias integran averiguaciones ministeriales todavía en trámite , ahora bajo la competencia de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF ), adscrita a la Procuraduría General de la República.

Cuarta . La lucha contra la impunidad ha cobrado relevancia a nivel internacional, a tal grado que el 25 de junio de 1993 la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, de la Organización de Naciones Unidas, aprobó la Declaración y Programa de Acción de Viena , a fin de combatir la impunidad en las graves violaciones a Derechos Humanos, y para tal efecto en su el capítulo referido a la “Aplicación y métodos de vigilancia” para la observancia de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y de la Declaración Universal de Derechos refiere:

“83. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos insta a los gobiernos a que incorporen en su legislación nacional las normas contenidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos y a que refuercen los órganos de la sociedad, las estructuras y las instituciones nacionales que desempeñan una función en la promoción y salvaguardia de los derechos humanos.

91. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos ve con preocupación la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos y apoya los esfuerzos de la Comisión de Derechos Humanos y de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías por examinar todos los aspectos de la cuestión .”

Por otra parte, el 8 de febrero de 2005 la Comisión de Derechos Humanos de la ONU emitió el documento intitulado Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. 3 ” en el que en su preámbulo señala:

“que el deber que, según el derecho internacional, tiene todo estado de respetar y hacer respetar los derechos humanos, exige que se adopten medidas eficaces para luchar contra la impunidad ”.

En ellos quedó plasmada “la necesidad de adoptar a tal fin medidas nacionales e internacionales, para que, en interés de las víctimas de violaciones de los derechos humanos, se asegure conjuntamente el respeto efectivo del derecho a saber que entraña el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a obtener reparación, sin los cuales no puede haber recurso eficaz contra las consecuencias nefastas de la impunidad ” y por ello, de conformidad con la Declaración y Programa de Acción de Viena, emitió los principios para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad que tiene como finalidad servir de directrices para ayudar a los estados a elaborar medidas eficaces de lucha contra la impunidad.

En este sentido el derecho a la verdad se inserta como uno de los tres pilares de los principios contra la impunidad , junto con el derecho a la justicia y el derecho a obtener reparación.

Por su parte el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

...”

Es decir, el Estado mexicano, está obligado, conforme a la Constitución y a los tratados internacionales a luchar contra la impunidad, lo que lo obliga, en el caso concreto de la matanza ocurrida el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, en la Ciudad de México, a castigar a “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad” lo que equivale a castigar los culpables de esos hechos y continuar con las indagatorias que se encuentran en curso para que combatir las consecuencias nefastas de la impunidad.

Por lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República a ejercitar acción penal y, en su caso, consignar a los presuntos responsables de los delitos de genocidio, ejecución extrajudicial y tortura, que se deriven de las averiguaciones previas integradas con motivo de los hechos acaecidos el 2 de octubre de 1968, antes competencia de la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, ahora a cargo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República a que haga del conocimiento público el estado que guardan todas las averiguaciones previas referidas a la comisión de graves violaciones a derechos humanos durante el periodo conocido como la “guerra sucia”, en términos de las Leyes General y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Tercero . La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República a que consigne ante tribunales las 52 averiguaciones ministeriales iniciadas e integradas por la anterior Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, ahora bajo resguardo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.

Notas

1 Los expedientes de queja que dieron origen a la presente Recomendación se integraron con motivo de las denuncias formuladas y los documentos aportados por los familiares de los quejosos, de manera directa o a través de alguna Organización No Gubernamental, de entre las cuales destacan la Unión de Padres con Hijos Desaparecidos; la Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos de México, y el Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México; inconformidades que, en su gran mayoría, fueron encomendadas inicialmente para su sustanciación a la entonces Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y posteriormente fueron turnadas a esta Comisión Nacional. Por lo anterior, el Consejo Consultivo de la propia Institución acordó la creación de un programa destinado a la búsqueda de desaparecidos, dando origen, el 18 de septiembre de 1990, al Programa Especial sobre Presuntos Desaparecidos.

2 CNDH Recomendación 026/2001. http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2001/Rec_2001_026. pdf

3 http://www.derechos.org/nizkor/impu/impuppos.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2017.

Diputados: Araceli Damián González, Juan Romero Tenorio (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a colaborar en la reconstrucción y reparación de los daños en los municipios guerrerenses afectados por el huracán Max y el sismo del 19 de septiembre, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputadas Silvia Rivera Carbajal, Beatriz Vélez Núñez, Julieta Fernández Márquez y Verónica Muñoz Parra, y diputados Ricardo Taja Ramírez y Salomón Majul González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional e integrantes de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, 65; 76, numeral 1, fracción II; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2; así como los artículos 79, numeral 2, fracción III, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente a los titulares de la Secretarías enunciadas en el proemio de la citada proposición, al tenor de los siguientes.

Antecedentes

En los últimos años México ha sido víctima de las devastaciones producidas por tormentas tropicales, huracanes y sismos, es el caso de los días 13 y 14 de septiembre del presente año, cuando la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó a la población por medio de los medios de comunicación del impacto que tendría en la zona de “Pico del Monte” en el estado de Guerrero, esto significaba serias afectaciones a los ciudadanos, tanto económica como en sus bienes materiales.

Por su parte, el gobernador de la entidad, licenciado Héctor Astudillo Flores, informó oportunamente a los municipios las recomendaciones y precauciones por las lluvias, viento y oleaje en las regiones, además de atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil. Asimismo, se ordenó la suspensión de actividades en todos los niveles educativos en las zonas del puerto, costa grande y zona centro del estado, con el fin de proteger la integridad física de los niños, jóvenes y maestros.

Las medidas precautorias que tomaron las autoridades de dicha entidad fueron solicitar a la población que habita en laderas, cauces de ríos o zonas de alto riesgo, tomar precauciones y ubicar refugios o albergues temporales para evitar poner en riesgo su integridad física.

El saldo del huracán “Max” que impactó en el estado de Guerrero fue devastador, con un estimado de más de 6 mil 310 viviendas afectadas en los municipios de Acapulco, Ayutla de los Libres, Azoyú, Copala, Cuautepec, Cuajinicuilapa, Florencio Villareal, Igualapa, Juchitlán, Marquelia, Ometepec, San Marcos, Tecoanapa, Tlacoachistlahuaca, San Luis Acatlán, Petatlan, Coyuca de Benítez, Atoyac de Álvarez y Zihuatanejo.

Por lo que consta a afectaciones, en caminos se estiman más de 406 kilómetros, más de 23 mil 199 hectáreas, 141 edificios educativos, 8 edificios de salud y 33 localidades sin energía eléctrica a lo largo de 19 municipios en las regiones de Acapulco, Costa Chica y Costa Grande, lo anterior con un aproximado equivalente a 300 millones de pesos.

El gobierno del estado, en conjunto con el gobierno federal, instaló 242 comedores comunitarios en colaboración de instancias como la Secretaría de la Defensa Nacional, que dispuso a más de mil 200 elementos y 43 vehículos para la fase del “Plan DN III”, en tanto que la Secretaría de Marina envió vehículos para apoyar las tareas.

El gobernador de la entidad de manera oportuna solicitó al gobierno federal la declaratoria de emergencia para acceder a los recursos proporcionados por el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para apoyar a 19 municipios, todos de la región de Acapulco, Costa Chica y Costa Grande que sufrieron afectaciones severas, lo anterior, como lo establece el glosario vigente referente a dicho Fondo, que a la letra dice:

“Del tipo de Intervención Requerida.

En los primeros días posteriores al evento, en los casos en que las condiciones de estabilidad estructural de los bienes afectados se encuentren en situación crítica, se podrán realizar acciones preventivas de emergencia consistentes en apuntalamiento, consolidación, limpieza, salvaguarda y recolección de materiales. Tales acciones serán realizadas con la aprobación y supervisión del personal técnico calificado del Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en lo que corresponda o por otras avaladas por los mismos institutos.

De acuerdo al grado de afectación registrada en bienes patrimoniales se establecen tres tipos de intervención:

Consolidación: acciones y obras requeridas para asegurar las condiciones originales de trabajo mecánico de una estructura o un elemento arquitectónico.

Reestructuración: acciones y obras que deberán llevarse a cabo en el sistema estructural y en los elementos soportantes dañados, conservando su geometría y dimensión, para establecer las condiciones de estabilidad del bien. Su realización debe tener como fundamento indispensable un dictamen y un proyecto estructural elaborado por un especialista calificado y avalado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia o por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

Reconstrucción: acciones y obras orientadas a volver a construir con la forma y calidades semejantes a las originales un conjunto de bienes, un bien o los elementos de un bien que fueron destruidos por los efectos del desastre. Su realización, con base en un proyecto de intervención, se fundamenta en investigación de fuentes, documentales, contenidas en: archivos, planotecas, diapotecas, fototecas, hemerotecas, bibliotecas, bibliografías y cualquier otro medio electrónico, así como en el análisis e investigación del sitio que abarca la comprensión del bien en sus diversos procesos y etapas de construcción durante su historia y al análisis de los vestigios para definir sistemas constructivos, materiales, estereotomías, dimensiones, escalas, texturas y colores. Su realización debe ser planeada y dirigida por especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, o avalados por los propios institutos, con apoyo de un equipo multidisciplinario.

En todos los casos de afectación, se tendrá como objetivo la preservación del bien con sus características y valores patrimoniales existentes hasta antes del evento catastrófico. En ningún caso se destinarán recursos con cargo al Fonden para la ejecución de trabajos que excedan este objetivo.

Se entiende por restauración las acciones u obras orientadas a restablecer valores arquitectónicos o condiciones constructivas originales, perdidos en eventos catastróficos anteriores o por la falta de mantenimiento preventivo en los diversos elementos integrantes de un bien patrimonial, sus características arqueológicas, históricas o artísticas.

La totalidad de las acciones que se propongan para atender los efectos del desastre en los bienes del patrimonio cultural deberán ser autorizadas expresamente, supervisadas y asesoradas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, con base en los dictámenes técnicos, los estudios específicos y los proyectos de intervención que al efecto se elaboren.”

Posteriormente a la desgracia que azotó a la entidad por el huracán “Max”, se sumó lo ocurrido el pasado 19 de septiembre en punto de las 13 horas con 14 minutos, un sismo de magnitud de 7.1 grados en la escala de Richter sacudió a gran parte del país, causando pérdidas humanas, derrumbes en casas y edificios, inundaciones y caídas de árboles en gran parte de los estados de la republica.

En especial el estado de Guerrero fue una de las entidades con daños debido al sismo de gran magnitud con epicentro en Morelos en razón de la colindancia con el estado. El gobierno del estado realizó entregas de apoyos como despensas y otros enseres a los municipios de Taxco, Tetipac, Huitzuco, Tepecoacuilco y Atenango del Río, además de atender y escuchar las necesidades de los afectados.

Por lo que consta al municipio más afectado que es Atenango del Río, se informó que dentro de las labores de limpieza de calles y casa por casa, se tenían reportadas 328 casas inhabitables y 400 con daños menores, con un 80 por ciento de casas censadas. Por lo que consta en lo general, se estiman afectadas más de 9 mil 621 viviendas, 345 escuelas, 28 edificios de salud, 68 iglesias y 68 edificios públicos, donde fue necesaria la instalación de albergues temporales para atender y resguardar a la población.

Es evidente que hasta la fecha el gobierno estatal ha hecho más de lo que ha correspondido según los protocolos establecidos por las autoridades de protección civil, además de dar un seguimiento puntual al censo de viviendas dañadas para integrarlas en la solicitud de recursos del Fonden.

Sin embargo no es suficiente, las diputadas y los diputados guerrerenses integrantes del Partido Revolucionario Institucional estamos convencidos de que, con el pleno apoyo del gobierno federal por medio de cada una de sus Secretarías federales, lograremos reconstruir cada una de las viviendas afectadas por los últimos fenómenos naturales, además de dar los servicios básicos a los que perdieron su patrimonio, así como dar asistencia a los familiares de los que lamentablemente perdieron la vida en esta catástrofe.

Las mexicanas y los mexicanos hemos sido testigos que la unión hace la fuerza, que el motor que pone en marcha la ayuda humanitaria es la juventud, que nuestro futuro está en buenas manos, siempre y cuando proporcionemos los elementos necesarios para su pleno desarrollo, México no está acabado, México es Guerrero y se está poniendo de pie.

Por lo que solicitamos de manera urgente y oportuna a los titulares de las Secretarías señaladas coadyuven a regresar la tranquilidad a cada una de las y los guerrerenses que se encuentran en este momento en estado de vulnerabilidad, y dar certidumbre a su futuro con la reconstrucción de miles de viviendas, escuelas, carreteras y centros de salud que quedaron devastados con los acontecimientos sucedidos en los últimos días.

Por todo lo anterior, sometemos a consideración el siguiente:

Punto de acuerdo

Unico. Se exhorta a los titulares de: Secretaría de Gobernación; Secretaría de la Defensa Nacional; Secretaría de Marina; Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Secretaría de Desarrollo Social; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Secretaría de Energía; Secretaría de Energía; Secretaría de Educación Pública; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Secretaría de Salud; Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Secretaría de Turismo; Secretaría de Cultura; y a la Comisión Nacional del Agua, a que en su conjunto colaboren en la reconstrucción y reparación de los daños en los municipios afectados por el huracán “Max” y del sismo del pasado 19 de septiembre en el estado de Guerrero.

Dado en el salón de sesiones del recinto legislativo de San Lázaro, a los 3 días de octubre de 2017.

Diputados: Silvia Rivera Carbajal (rúbrica), Beatriz Vélez Núñez (rúbrica), Julieta Fernández Márquez (rúbrica), Salomón Majul González (rúbrica), Ricardo Taja Ramírez y Verónica Muñoz Parra (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Órgano Superior de Fiscalización del estado de México a practicar auditorías de desempeño en materia de seguridad pública al gobierno de la entidad del ejercicio fiscal de 2011 a la fecha, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Omar Ortega Álvarez, diputado federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El plan de gobierno del ex mandatario del estado de México, Eruviel Ávila, tenía como tercer pilar el lograr una “sociedad protegida”. Sin embargo, al término de su mandato, estadísticas del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública indican que los homicidios crecieron 24.43% con respecto a la administración anterior, los secuestros se alzaron un 74.45 por ciento y el robo de vehículos con violencia subió 56.81 por ciento.

Además de lo señalado, no puede olvidarse la cifra negra que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 2016 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), señala que la entidad mexiquense presenta el número de delitos no denunciados más grande del país, con 6 millones 131 mil 692.

Entre lo mencionado, la violencia feminicida no puede dejarse a un lado, y es que según información de la organización Mujeres en Cadena, los feminicidios incrementaron un 96.42 por ciento.

Todo lo expuesto, resulta incoherente cuando el presupuesto destinado a seguridad se incrementó exponencialmente (más de 19 mil 488 millones de pesos para un ejercicio), y en donde el 70 por ciento de la población se siente insegura.

En recientes días, el caso que ha llamado la atención internacional, es el asesinato del ciudadano Carlos Muñoz Portal, productor que se encontraba en el Estado de México buscando locaciones para producciones audiovisuales y que fue encontrado en el municipio de Temascalapa, sin vida al interior de un automóvil durante el mes de septiembre del año en curso.

La inseguridad que enfrentan las y los mexiquenses es un problema que no puede continuar. No bastan condenas ni promesas; acciones contundentes que erradiquen de raíz la problemática; transparencia y rendición de cuentas en los ejercicios presupuestales, que atiendan las necesidades y aseguren un mejor nivel de vida de la población son urgentes. La actual administración debe hacerse responsable de los problemas heredados en la entidad y poner un punto final a todos ellos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México para realizar auditorías de desempeño en materia de seguridad pública al Gobierno de la entidad, desde el ejercicio fiscal 2011 a la fecha.

Segundo. La Cámara de Diputados expresa sus condolencias por el asesinato del ciudadano Carlos Muñoz Portal y exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México a conducir sus investigaciones con objetividad, celeridad y visión de derechos humanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2017.

Diputado Omar Ortega Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Pemex a difundir los procedimientos de mantenimiento de la refinería Ingeniero Antonio Dovalí Jaime y a iniciar una investigación a fondo de las obras de rehabilitación de ésta, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Natalia Karina Barón Ortiz, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

Mucho antes del sismo del pasado 7 de septiembre, los trabajadores de la terminal marítima de la refinería de Salina Cruz han señalado fallas estructurales que ponen en alto riesgo sus vidas y la operación de ésta.

A pesar de las cuantiosas inversiones en la rehabilitación de la refinería y la terminal marítima, el 14 de junio de este año se registró una explosión. El personal de seguridad de Pemex señaló que el incendio fue provocado por un corto circuito en el tablero de mando de la refinería, producido por la inundación que dejó la tormenta tropical Calvin. El petróleo crudo se encendió por el calentamiento de las plantas después de haberlas reiniciado, luego del paro forzado debido a la inundación. Cabe destacar que la refinería continuaba inundada y que el incendio dejo ocho bomberos de Pemex heridos y un muerto.

Al día siguiente se registró una nueva explosión en la refinería, las autoridades declararon que fue por la acumulación de gases en uno de los ductos lo que causó que se reavivara el incendio del día anterior.

El 28 de junio se presentó un nuevo accidente por la explosión de un “tablero eléctrico” en la subestación eléctrica número dos, generando una gran columna de humo blanco. El personal de la refinería reportó que se había originado por la falla en un interruptor industrial mal reparado de un compresor.

Como consecuencia del incendio la playa de bahía La Ventosa, Salina Cruz, y el municipio de Tehuantepec se han visto profundamente afectados por la contaminación. También se han contaminado los nutrientes de los suelos y aguas superficiales, así como afectaciones a la salud, son parte de las consecuencias que afectan la vida económica y social de Salina Cruz y algunos municipios cercanos. Además, los pescadores y habitantes del lugar, detectaron una mancha negra y viscosa, la muerte de peces y un fuerte olor a combustible.

A todo esto se suma el derrame de crudo de la monoboya 3. El reporte oficial de Pemex indica que como consecuencia del terremoto del 7 de septiembre de 8.2 grados con epicentro en Pijijiapan Chiapas, detectaron un derrame en un espárrago de una brida de acoplamiento en la monoboya 3, avería que provocó un escurrimiento que ya había sido controlado por personal especializado.

No obstante, los pescadores y productores de sal denunciaron que sus trasmallos quedaron inservibles por el líquido negro y espeso que flotaba sobre una gran parte de la playa, lo que les impide hacerse a la mar. El fuerte olor y colorido sobre la superficie del mar evidencia lo grave de la contaminación. Se ignora la cantidad de petróleo crudo que ha vertido del ducto de al menos 4 kilómetros desde el cabezal de playa hasta la boya. La monoboya 3 está fuera de operación y es utilizada para llenar los buquetanques con petróleo maya e istmo.

Es inadmisible que la estructura de la terminal portuaria se encuentre tan dañada desde antes del temblor, a pesar de las cantidades millonarias que se han invertido en su “rehabilitación” desde 2009 y, que el derrame por fallas en la monoboya 3 todavía no sea controlado por Pemex.

El estado de la estructura de la terminal marítima exige que se someta a una investigación a fondo sobre las obras de rehabilitación en la refinería Ingeniero Antonio Dovalí Jaime y del muelle 9, de la terminal marítima también de Pemex

Antecedentes

Es importante aclarar que los derivados de petróleo crudo que produce la refinería se comercializan a través de las instalaciones de la terminal marítima de Pemex, aunque son independientes en lo administrativo se coordinan para la comercialización. Sin embargo, las obras de rehabilitación que a continuación describiremos se han realizado en la refinería y en otras instalaciones de servicios de la refinería, entre ellas el muelle 9, destacando lo siguiente.

En la primera obra de rehabilitación dela refinería y sus áreas de servicio, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su informe sobre la Cuenta Pública de 2009 señaló una serie de irregularidades que citamos textualmente a continuación:

El objetivo es fiscalizar la gestión financiera de los recursos canalizados al mantenimiento y adquisiciones en la refinería Ingeniero Antonio Dovalí Jaime y en la terminal de operación marítima y portuaria de Salina Cruz, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron, suministraron y pagaron conforme a la legislación aplicable.

El contrato de obra pública núm. CO-RSCR-114/09 tuvo por objeto la restauración general de los calentadores ABA-1, ABA-2 y ABA-51 de la planta primaria II de la refinería Ingeniero Antonio Dovalí Jaime de Salina Cruz, Oaxaca; fue adjudicado directamente a la empresa Ingenieros Civiles de Salina Cruz, SA de CV, por un monto de 28 mil 790.3 miles de pesos y un periodo de ejecución de 45 días naturales, del 29 de mayo al 13 de julio de 2009.

El contrato de obra pública núm. 4500284892 ( adjudicado a la empresa Ingenieros Civiles de Salina Cruz, SA de CV) tuvo por objeto la sustitución de líneas de 4, 6, 8, 10, 12 y 18 pulgadas de diámetro, por reubicación de los servicios de diésel, turbosina Premium, retorno de amoniaco, retorno de Gas Licuado de Petróleo (LPG), agua de servicio y diésel económico, del paso inferior a la plataforma de operaciones del muelle núm. 7, de la Terminal de Operación Marítima y Portuaria Salina Cruz, Oaxaca; fue adjudicado mediante licitación pública a la empresa Proyectos y Medio Ambiente, S.A. de C.V., por un monto de 44,216.5 miles de pesos y un periodo de ejecución de 120 días naturales, del 24 de noviembre de 2008 al 23 de marzo de 2009.

En el contrato número 4500284892, se observó que la entidad fiscalizada (Pemex) omitió realizar los estudios necesarios y prever todos los trabajos por ejecutar, ya que de los 296 conceptos originales por 44 mil 216.5 miles de pesos, sólo se ejecutaron 219 por 32 mil 562.6 miles de pesos, debido principalmente a que los volúmenes de los conceptos originales fueron mayores que los requeridos y que no se amplió el lado norte de la plataforma de operación, pues se encontraban operando las líneas de amoniaco y combustóleo durante el periodo de ejecución. Además, Pemex autorizó 73 conceptos extraordinarios de obra por 11 mil 156.4 miles de pesos, principalmente por la construcción de pasarelas nuevas y la instalación de algunos pilotes del muelle, ya que los existentes estaban muy dañados.

Sin embargo, la ASF señaló las siguientes observaciones:

En el recorrido realizado en la obra relacionada con el contrato número 4500284892 en la terminal de operación marítima y portuaria de Salina Cruz, Oaxaca, se observaron desniveles entre los cabezales y la pasarela del muelle número 7, que fue golpeado por el buquetanque gasero Heros al intentar atracar el 16 de febrero de 2010; además, una viga IPR, una sección de concreto y las rejillas Irving en la misma pasarela se encuentran dañadas; se flexionó el tornillo que sujeta la defensa y se desprendió la pintura epóxica del mismo tornillo.

Se observó que en el contrato número 4500284892, Pemex-Refinación omitió poner oportunamente a disposición del contratista el sitio donde se efectuarían los trabajos, ya que la fecha de inicio se estableció para el 14 de noviembre de 2008, por lo que la contratista no empezó los trabajos sino hasta el 5 de enero de 2009.

En relación con el contrato número 4500284892, se constató que la contratista entregó a Pemex-Refinación fianza por 10.0 por ciento del monto contratado; sin embargo, no cumplió con el plazo de entrega establecido cuando menos 15 días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, ya que se entregó 28 días naturales después de éste.

Se observó que Pemex-Refinación realizó pagos en exceso de 31.5 miles de pesos desglosados de la manera siguiente: 2.2 miles de pesos en el concepto extraordinario “Suministro y fabricación de pantalla...” y 6.7 miles de pesos en el concepto extraordinario “Desmantelamiento de anillos de protección catódica....”, para el contrato número 4500284892.

Se observó que en el contrato número 4500284892, Pemex-Refinación realizó un pago en exceso de 4.2 miles de pesos debido a que la contratista omitió descontar el volumen que ocupa el acero de refuerzo en el concepto “Elaboración de Concreto hidráulico f´c=250 kg/cm²”, lo que denota que la residencia de obra omitió supervisar, revisar, vigilar y controlar los trabajos de manera adecuada.”

En la sesión extraordinaria 152 que celebró el Consejo de Administración de Pemex el 19 de febrero de 2013, se programaron más obras de rehabilitación para varias refinerías, entre ellas la de Salina Cruz.

Con base en las expectativas de mejora definidas en esa sesión, Pemex divulgó que invertiría 840 millones de pesos en un proyecto integral para la rehabilitación de siete muelles en La Paz, Baja California Sur; Mazatlán, Sinaloa; Salina Cruz, Oaxaca; Lerma, Campeche; Guaymas, Sonora y dos en Pajaritos, Veracruz.

Como parte del Programa de mantenimiento a instalaciones marítimas, la Gerencia de Operación Marítima y Portuaria de Pemex Refinación, destinó recursos para rehabilitar el muelle número 9 del puerto petrolero de Salina Cruz otra vez.

La compañía Gami, Ingeniería e Instalaciones, SA de CV, fue la encargada de realizar la obra civil, mecánica y eléctrica para la sustitución de líneas de los servicios para los siguientes productos: diésel, turbosina, Premium, lastre, Magna, combustóleo e intermedio, así como la restauración general de subestructura y superestructura del muelle 9, con el propósito de cumplir con los más altos estándares de seguridad del puerto petrolero.

El objetivo de ese trabajo era restaurar la integridad físico-mecánica de la instalación para garantizar la operación segura y cumplir con los programas de carga establecidos en los amarraderos 9E y 9W, reduciendo los costos de mantenimiento y eliminar las condiciones inseguras por el deterioro de las instalaciones.

La inversión fue alrededor de 100 millones de pesos, Pemex reiteró en sus declaraciones a los medios de comunicación que se hará una restauración general de la subestructura del muelle, lo que permitirá contar con niveles de seguridad más altos en este puerto petrolero.

A mediados de 2017 después de la inundación del 14 de junio que sufrió la refinería y el incendio en el cuarto de bombas se iniciaron más trabajos de rehabilitación. Por las condiciones de la refinería y las necesidades de rehabilitación se declaró en paro total.

Respecto al derrame de la monoboya 3, debemos recordar que no es el primero, el 11 de agosto de 2012. La monoboya perdió flotabilidad y empezó a sumergirse lenta y parcialmente, manteniéndose parte de los tramos de mangueras flotantes en la superficie. De los sellos de la unidad múltiple de distribución de la monoboya empezó la derrama lo que provocó que se vertieran aproximadamente mil litros de crudo mezclado con agua, que formaba parte del producto remanente que se encontraba en la manguera.

Hasta el 17 de agosto de 2012, Pemex emitió un comunicado en donde establece que personal técnico especializado de la terminal marítima de Salina Cruz “controló un derrame de crudo, provocado por el hundimiento de la monoboya núimero 3 que se encontraba fuera de operación desde febrero del año 2008. A pesar del comunicado de Pemex, la monoboya 3 continúa dando servicio y en mal estado.

Por lo expuesto, y con fundamento en las disposiciones mencionadas propongo

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al director general de Pemex, José Antonio González Anaya, a que haga públicos los procedimientos de mantenimiento de la refinería Ingeniero Antonio Dovalí Jaime y en particular, del muelle 9 de dicha refinería.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al director de general de Pemex para que inicie una investigación a fondo sobre las obras de rehabilitación de la refinería Ingeniero Antonio Dovalí Jaime y en particular las obras realizadas en el muelle 9 de la terminal marítima de Pemex, y haga pública, con objeto de que se tomen las medidas necesarias para regularizar sus actividades productivas.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al director de general de Pemex para que haga público cuántos litros de crudo se han derramado producto de las fallas en la monoboya 3.

Cuarto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al director de general de Pemex para que haga públicas las medidas de limpieza, restauración de la fauna y la flora de las localidades: playa de bahía La Ventosa, Salina Cruz, y el municipio de Tehuantepec, provocadas por el incendio de la refinería y el derrame de la monoboya 3. Así como la compensación a los pescadores y salineros por daños a sus actividades productivas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2017.

Diputada Natalia Karina Barón Ortiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a publicar de manera oficial un monto compensatorio a los pequeños productores de maíz para la cosecha correspondiente al ciclo productivo primavera-verano de 2017, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Ramón Báñales Arámbula, Martha Lorena Covarrubias Anaya, Hugo Daniel Gaeta Esparza, Laura Valeria Guzmán Vázquez, José Luis Orozco Sánchez Aldana, Laura Nereida Plascencia Pacheco, Francisco Javier Santillán Oceguera, Evelyng Soraya Flores Carranza Rafael Yerena Zambrano y J. Jesús Zúñiga Mendoza, diputados federales integrantes de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 79 numeral 1, fracción II, numeral I y II y demás relativos del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguiente.

Exposición de motivos

Es importante contar con el apoyo del gobierno federal (Sagarpa/Aserca) para que el estado de Jalisco, principal usuario de la agricultura por contrato del ciclo primavera/verano, lleve a cabo la protección del ingreso de los productores mediante coberturas de precios, además de reducir la incertidumbre en el abasto para el sector agroindustrial.

1. La Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca), en su carácter de Unidad Responsable del Programa, que tiene como objetivo específico contribuir al ordenamiento y desarrollo de mercados y con ello asegurar la comercialización de varios productos, entre ellos el maíz.

2. En la cosecha del 2015, la Agencia no ha dado a conocer los montos de incentivos a problemas específicos de comercialización, ambos apoyos para el ciclo agrícola primavera-verano de la cosecha pasada correspondiente al 2015 de maíz blanco con 250.00 pesos por tonelada.

3. Sagarpa y Aserca no están apoyando en 2016 con la compensación de bases para maíz blanco y amarillo, ni el incentivo para la inducción productiva de maíz amarillo.

4. Debido a que este año los costos de producción de maíz fueron atípicos y alcanzaron niveles por encima de 31 mil 500 pesos por hectárea superando los 27 mil 503 pesos promedio que contempla FIRA, es necesario que el pequeño productor garantice un ingreso de 4 mil 500 pesos por tonelada.

Punto de acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) a que publique de manera oficial un monto compensatorio a los pequeños productores de maíz para la cosecha correspondiente al ciclo productivo primavera–verano 2017 (considerando los menores a 10 hectáreas), se les garantice un ingreso mínimo de 4 mil 500 pesos por tonelada.

Segundo. Se exhorta a Sagarpa/Aserca a que la institución emita el pago a los productores que aún no han recibido el apoyo del ciclo agrícola primavera-verano 2015 correspondientes a los 250.00 pesos por tonelada, así como el ciclo productivo 2016, referente a la Compensación de base y Reconversión de maíz blanco a maíz amarillo.

Tercero. Se exhorta a Sagarpa/Aserca a que, de manera inmediata, convoquen a los productores de maíz del estado de Jalisco a fin de instalar de manera permanente una mesa de trabajo con la finalidad de suscribir los acuerdos necesarios para la mejor comercialización del maíz.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2017.

Diputados: Ramón Bañales Arámbula (rúbrica), Martha Lorena Covarrubias Anaya (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano (rúbrica), Laura Nereida Plascencia Pacheco (rúbrica), María Esther de Jesús Scherman Leaño, Hugo Gaeta Esparza (rúbrica), José Luis Orozco Sánchez Aldana (rúbrica), Laura Valeria Guzmán Vázquez (rúbrica), J. Jesús Zúñiga Mendoza (rúbrica), Evelyng Soraya Flores Carranza (rúbrica) y Francisco Javier Santillán Oceguera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades competentes a actualizar y homologar de conformidad con la legislación vigente las cifras sobre el delito de trata de personas en el país, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada María Luisa Beltrán Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

La trata de personas es uno de los problemas actuales cuyos efectos se asemejan a los del narcotráfico, la venta de armas y el lavado de dinero. El proceso de globalización y el desarrollo de los medios de comunicación entre otros muchos aspectos han hecho de dicho problema un fenómeno complejo, en ocasiones difícil de medir y regular1 .

La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, define a la trata de personas como “toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación”.2

En el artículo 15 de la misma ley se tipifica la explotación que se ejerce en una persona, dentro de los cuales se encuentra: la esclavitud, la condición de siervo, la prostitución, la explotación laboral o los trabajos forzados, la mendicidad, la adopción ilegal, el matrimonio forzado, el tráfico de órganos, entre otros.

Cabe resaltar que, México se encuentra entre los primeros lugares a nivel mundial en pornografía infantil, que es una de las modalidades de abuso sexual infantil. En cuanto al matrimonio infantil, constituyen una violación de los derechos del niño y, en particular, de las niñas quienes son consideradas como víctimas más propensas a ser obligadas a contraer matrimonio, según estadísticas del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

Despojadas de su infancia, se transforman en esposas y madres sin contar aún ni con la madurez ni el discernimiento necesario para aceptar y entender lo que el matrimonio significa e implica.3 En el país, de acuerdo con el periódico Expansión existieron, hasta el 2016, 5234 casos de matrimonio infantil.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hasta 2013, México fue el segundo país que proveía más víctimas de trata a Estados Unidos de América (EUA), solamente superado por Tailandia. El estudio revela, también, que la explotación sexual sigue siendo el primer motivo para la trata de personas, seguida de la explotación laboral.

De acuerdo con la asociación Save the children a nivel mundial un millón de niños y niñas son víctimas de trata con fines de explotación sexual en el mundo, de los cuales dos de cada tres víctimas infantiles son niñas.

La Oficina de las Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevención del Delito, menciona en un informe publicado en 2011 que México es un país de origen, tránsito y destino de a trata de personas en cuestiones de explotación sexual y trabajo forzado4 .

Cabe resaltar que las personas que son consideradas como más vulnerables para aquellos sujetos que cometen el delito de trata se encuentran los niños, niñas, mujeres y migrantes indocumentados. Siendo algunos de los factores que facilitan la trata de personas la oferta de empleo bien remunerado, las promesas para que las víctimas cumplan sus sueños ya sea en el medio artístico o cruzando la frontera con EUA; en el caso de las menores y jovencitas los tratantes pueden enamorarlas o proponerles matrimonio, así como secuestrar a la víctima e incluso comprársela a un tercero.

Algunos de las causas que dan pauta para que los tratantes de personas tengan mayor facilidad para captar a sus víctimas son: la pobreza, el desempleo, la pertenencia étnica o racial y actualmente el uso de las nuevas tecnologías de la información, especialmente el acceso a las redes sociales por medio del internet, pues la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que uno de cada cinco casos de trata se ha dado por este medio.

Como ya se mencionó, en México la trata de personas se ha agudizado en los últimos años, volviéndose un problema al que las autoridades han tenido que hacerle frente, para ello en 2007 se aprobó la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, además algunas entidades federativas cuentan con leyes especiales en la materia. La finalidad de estas leyes es prevenir y sancionar la trata, además de proteger, asistir, y reparar el daño a las víctimas.

Para que sea definido como trata de personas, de acuerdo con la CNDH, la relación de la víctima con el tratante debe darse de manera coercitiva o por medio de un engaño aunado a que los riesgos y daños que puede tener la víctima se presentan durante todo el tiempo que la persona es objeto de trata dejando en ella secuelas importantes para la salud.

Recientemente la asociación civil Hispanics in Philanthropy presentó el mapa de la trata de personas en México, subrayando que existen 19 rutas de trata que nacen en 94 municipios conocidos como de enganche.

Si bien se ha buscado la forma más óptima para combatir la trata de personas, uno de los mayores retos es medir su real magnitud en un mercado ilícito que se confunde con escenarios ilícitos, pues actualmente no existen datos concretos sobre esta problemática, lo cual se vio reflejado en el informe publicado por el Senado de la Republica el pasado 30 de julio con motivo del Día contra la Trata de Personas, donde las cifras presentadas comprendían desde 2013 hasta 2015.

De acuerdo con los incisos c y d de la fracción IV y la fracción VIII del artículo 88 de la Ley General contra la Trata la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, esta debe “facilitar la cooperación con otros países, principalmente aquellos que reporten el mayor número de víctimas extranjeras y los identificados como de tránsito o destino de las víctimas mexicanas, y coordinar la recopilación y el intercambio de datos de los delitos previstos en esta Ley, respetando la confidencialidad de las víctimas; VIII. d) Recopilar , con la ayuda del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Conferencia Nacional de Procuradores y demás instituciones y organismos pertinentes, los datos estadísticos relativos a la incidencia delictiva en materia de los delitos previstos en esta Ley, con la finalidad de publicarlos periódicamente.5 ”

Por otro lado, en la misma ley se menciona que el gobierno federal cuenta con una serie de atribuciones dentro de las cuales se encuentra la fracción XVII del artículo 113 que a la letra dice:

XVII. Recopilar e intercambiar los datos y las estadísticas delictivas de los delitos previstos en esta ley, respetando la confidencialidad de los datos personales de las víctimas.

Y, el inciso a) de la fracción VI menciona que, les corresponde de manera concurrente a los gobiernos federal, de las entidades federativas, municipios y del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales:

a) Diseñar y operar sistemas de recolección, clasificación, registro, análisis, evaluación y explotación de información relativa a las conductas previstas en esta ley, con el objeto de conformar una base de datos nacional que sustente el desarrollo de planes y programas que sirvan para garantizar la seguridad pública en esta materia6

Es necesario que las autoridades, dentro de sus atribuciones, deben recolectar, clasificar, registrar, analizar, evaluar y explotar la información relativa al delito de trata de personas resarzan la poca o nula identificación de las víctimas, así como la falta de mecanismos de registro y seguimiento de las mismas, pues a la fecha no existen cifras exactas que evidencien y permitan crear políticas públicas que palien tan lacerante problemática.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados, con pleno respeto a la división de poderes, exhorta, respetuosamente, a las autoridades competentes para que de conformidad con la legislación vigente, actualice y homologue las cifras sobre el delito de trata de personas en el país.

Notas

1 Senado. (2010). Estudio sobre la trata de personas en México. 23/09/2017, de Senado de la República Sitio web:

http://imumi.org/attachments/article/146/Senado_Estudio_ sobre_Trata_de_Personas_en_Mexico_2010.pdf

2 Cámara de Diputados. (2007). LEY General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. 24/09/2017, de Cámara de Diputados Sitio web: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPSEDMTP.pdf

3 Senado. (2010). Estudio sobre la trata de personas en México. 23/09/2017, de Senado de la República Sitio web:

http://imumi.org/attachments/article/146/Senado_Estudio_ sobre_Trata_de_Personas_en_Mexico_2010.pdf

4 ONUDD. (2011) Informe Trata de Personas: un panorama global. Oficina de las Naciones Unidas para el Control de las Drogas y la Prevención del Delito.

5 Cámara de Diputados. (2007). LEY General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. 24/09/2017, de Cámara de Diputados Sitio web: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPSEDMTP.pdf

6 Ibídem

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2017.

Diputada María Luisa Beltrán Reyes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se acuerda crear una comisión de seguimiento sobre los trabajos de reconstrucción tras los sismos en diversas entidades, a cargo de la diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada integrante de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

El pasado 19 de septiembre, un sismo de 7.1 grados en la escala de Richter sacudió la zona centro del país dejando severos daños en la Ciudad de México, Morelos y Puebla. A esto se sumó el evento telúrico que se suscitó el 7 de septiembre de 8.1 grados en la misma escala que causó afectaciones graves en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Tabasco y estado de México.

Los daños por los dos acontecimientos han sido cuantiosos, con lamentables pérdidas de vidas en todas las entidades, las cuales aún no se cierra la cifra debido a las labores de rescate que se realizan todavía, innumerables viviendas destruidas o con afectaciones graves que las vuelven inhabitables; edificios de oficinas públicas, de uso privado o habitacionales colapsados o con daños estructurales lo cual llevará a su demolición; animales de compañía extraviados, personas desaparecidas, cierre de establecimientos mercantiles, interrupciones de servicios de electricidad y agua potable; en fin, una serie de circunstancias que menguan la calidad de vida de las personas y que alteraron el estado de actividades de las y los mexicanos.

La pérdida del patrimonio de las personas es la secuela que mayormente se reciente después de las pérdidas de familiares, amigos, conocidos o seres queridos.

Las escuelas vieron interrumpidas sus labores en los distintos niveles, debido a los daños en las estructuras en algunos planteles y por el trágico acontecimiento del colegio Enrique Rébsamen en la Ciudad de México, donde niñas y niños quedaron sepultados en los escombros perdiendo la vida y otros más siendo rescatados.

La actividad económica en diversas zonas se detuvo también, producto de la incertidumbre que ha reinado en estos días, además del vuelco que se ha dado para apoyar a las personas afectadas.

En medio de la tragedia, la conciencia colectiva de la sociedad ha surgido para tornar las riendas solidarias que han podido mantener a México de pie y sin permitir que la apatía e indiferencia, ante el dolor de los demás, superara al espíritu de las y los mexicanos que salieron a las calles a ponerse a disposición para ayudar en las zonas devastadas por el sismo, lo mismo que a llevar víveres, sacar escombros, entregar ayuda en bicicleta, recorrer los estados recolectando material, difundiendo información o dando muestras de apoyo de todas las maneras imaginables.

Esa sociedad civil que recuerda al Estado mexicano la importancia de trabajar con las instituciones en un clima de respeto hacia las normas que nos hemos dado para convivir en sociedad como una aspiración que conjuga principios y valores para poder tener una vida digna.

Esas mismas voces que han gritado en las zonas de rescate, que se organizan y demanda un comportamiento ético y a la altura de las circunstancias del Estado mexicano, se han sumado a las miles de propuestas que surgen para apoyar los trabajos de reconstrucción que ha anunciado el gobierno federal en coordinación con los gobiernos estatales y diversos sectores.

En ese tenor, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha sostenido que serán tres etapas de reconstrucción tras los sismos:

• La primera etapa consistirá en asegurar la provisión de alimentos y medicamentos, así como reconectar los suministros de energía eléctrica, gas y agua en aquellos lugares afectados que aún no cuenten con esos servicios.

• La segunda consistirá en la elaboración de un censo que defina el número de construcciones dañas, las cuales deberán ser demolidas en su totalidad en caso de que no puedan mantenerse sostenidas.

• La tercera etapa consistirá en la demolición y remoción de escombros para seguir con la reconstrucción de las viviendas.

De manera adicional, los gobiernos estatales han vislumbrado diversas acciones y otros actores han propuesto que el financiamiento de los partidos políticos se destine también para la reconstrucción; de hecho, algunos de esos institutos han formulado propuestas concretas para que se apliquen en el corto, mediano y largo plazo que es como debe pensarse las labores de reconstrucción, como lo ha planteado el Partido del Movimiento de Regeneración Nacional y aprobado en su consejo nacional.

De manera desafortunada, en medio de la tragedia, existen tentaciones para lucrar con el dolor y la tragedia, queriendo sacar ventaja política ante un proceso electoral que tenemos ya en marcha con miras al 2018. Sin lugar a dudas, es reprobable y mezquino que esas actitudes se presenten en medio de estos lamentables acontecimientos.

Hacen que un desastre natural se convierta en una calamidad humana sin escrúpulos.

Por ello, consideramos necesario establecer un mecanismo que, desde el Poder Legislativo, acompañe a los trabajos que se pretenden emprender ante esta contingencia y se propone la creación de una de una Comisión de Seguimiento a los Trabajos de Reconstrucción tras los Sismos que han afectado a diversas entidades de la República Mexicana, cuyo objeto será coadyuvar a que las labores realizadas por el Estado mexicano restablezcan la normalidad de las actividades en las zonas afectadas, además garanticen los derechos a la vivienda, al trabajo, a la alimentación, a la salud, a la educación y a la seguridad de las personas damnificadas, reactivando el sector económico y productivo de los estados que sufrieron daños.

Por lo expuesto anteriormente, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión acuerda la creación de una Comisión de Seguimiento a los Trabajos de Reconstrucción tras los Sismos que han afectado a diversas entidades de la República Mexicana, cuyo objeto será coadyuvar a que las labores realizadas por el Estado mexicano restablezcan la normalidad de las actividades en las zonas afectadas, además garanticen los derechos a la vivienda, al trabajo, a la alimentación, a la salud, a la educación y a la seguridad de las personas damnificadas. Reactivando el sector económico y productivo de los estados que sufrieron daños

Segundo. La Junta de Coordinación Política determinará el número de integrantes y funciones de la Comisión de Seguimiento a los Trabajos de Reconstrucción tras los Sismos que han afectado a diversas entidades de la República Mexicana, observando la pluralidad de los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados y que cumplan con el objeto señalado.

Tercero. La vigencia de la Comisión de Seguimiento a los Trabajos de Reconstrucción tras los Sismos que han afectado a diversas entidades de la República Mexicana será el periodo de la presente legislatura.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2017.

Diputada Maricela Contreras Julián (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Cofepris a reforzar los controles, las verificaciones y las medidas conducentes a garantizar a la población que la información de las etiquetas o contraetiquetas de los alimentos y las bebidas no alcohólicas comercializadas en el territorio nacional refleje datos de valor nutricional con sustento científico, veraces, claros y precisos, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, José Luis Orozco Sánchez Aldana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) a reforzar los controles, las verificaciones y las medidas conducentes a garantizar a la población que la información de las etiquetas o contraetiquetas de los alimentos y las bebidas no alcohólicas que se comercializan en el territorio nacional contengan datos de valor nutricional con sustento científico, veraces, claros y precisos para que realmente oriente a los consumidores en la realización de elecciones saludables en materia nutrimental, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En la actualidad, los problemas de salud alimenticia de la población en general; han cobrado una especial relevancia y gran interés de salud pública.

Lo anterior, debido a las consecuencias negativas tanto en el corto como en el largo plazo, que padecen las victimas sin importar su género o edad.

Además, se ha identificado una particularidad alarmante: cuanto más temprana la edad de la aparición de algunas manifestaciones negativas de una inadecuada salud nutrimental, mayor incidencia negativa en su expectativa de vida adolescente y adulta.

Esto se refleja en nuestros días en los problemas derivados de la obesidad que ya afectan a la niñez a edades cada vez más tempranas.

El asunto es grave y requiere nuestra atención urgente.

Las cifras en México sobre obesidad infantil son alarmantes, igual que la expectativa futura.

Somos el país con el mayor número de casos de obesidad infantil entre la población; futuros adultos que padecerán las consecuencias en la salud, expectativa de desarrollo y vida.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la obesidad se define como leve cuando presenta entre 20 y 40 por ciento de sobrepeso, moderada cuando el sobrepeso se sitúa entre 40 y 100 por ciento y grave cuando el sobrepeso rebasa 100 por ciento.1

Asimismo, tenemos una clasificación no en función del peso sino del índice de masa corporal, que comprende tres clases: moderada, severa y mortal.

En función de lo descrito, y en el caso de la niñez mexicana que representa 20 por ciento de la población mundial infantil total con obesidad,2 encontramos que desde los 6 o 7 años padecen problemas ortopédicos en la espalda, caderas, tobillos y rodillas como consecuencia directa de la obesidad que tienen y que en un lapso breve se convierten en crónicos.

De igual manera, la experiencia nos muestra que muchos de estos casos, en un futuro cercano, desarrollarán prematuramente afecciones coronarias, hipertensión, diabetes y elevados niveles de concentración de lípidos en la sangre.

Lo anterior, gracias a que en el país cerca de 31 por ciento de los menores de entre medio y 6 años de edad tienen sobrepeso, poco más de 10 por ciento presenta obesidad y finalmente 26 por ciento de la niñez mexicana de entre 5 y 11 años de edad padece obesidad o sobrepeso.3

Y respecto al futuro de la niñez, encontramos que los menores de 6 años de edad con obesidad o sobrepeso tienen 27 por ciento de probabilidad de mantenerse obesos en la adultez, y esa probabilidad se incrementa hasta 75 por ciento si el menor llega a los 12 años con obesidad o algún grado de sobrepeso.4

Por igual, se registra que los menores que llegan a la adolescencia con obesidad o sobrepeso; tienen 86 por ciento de probabilidad de quedar en esa misma condición por el resto de su vida.5

La suma de todo lo anterior nos ha obligado a incidir de manera frontal en la reducción desde edad temprana, del consumo elevado de alimentos industrializados o procesados, de hidratos de carbono refinados, de grasas saturadas; es decir comidas rápidas, refrescos, frituras, golosinas o bebidas azucaradas entre muchos alimentos más.

Desarrollando y aplicando intensas campañas y reglamentos que regulan la publicidad, el empaque, las etiquetas y la venta de este tipo de alimentos, empatados con programas a nivel nacional de instalación de bebedores en el nivel básico de educación y de actividad física.

No obstante, no hemos sido capaces de sembrar entre la población una efectiva cultura de la buena alimentación desde la infancia y a lo largo de toda la vida adulta, así como tampoco en la creación de hábitos saludables que coadyuven en la prevención de la obesidad y el sobrepeso.

Al respecto, hay un factor que, aunque parece menor, no lo es; y, por el contrario, experiencias exitosas nos advierten que tenemos una ventana de oportunidad que estamos desaprovechando en el combate y la prevención de la obesidad y el sobrepeso en la población.

Me refiero a la información nutrimental que deben contener las etiquetas o contraetiquetas de los alimentos y bebidas no alcohólicas comercializados en el país.

Es decir, la información que refleja o especifica sus propiedades nutrimentales particulares, su valor energético, su contenido de proteínas, grasas o lípidos, carbohidratos o hidratos de carbono y contenido de vitaminas, entre otros.

El objetivo de integrar de manera obligatoria en el empaque de estos alimentos la información referida es hacer del conocimiento al consumidor, lo que está ingiriendo y permitirle con ello, cuidar lo que come y realizar mejores elecciones sobre su consumo y la frecuencia de éste.

No obstante, diversos sectores de la opinión pública y especialistas han señalado en reiteradas ocasiones que tanto la información nutrimental que se da, así como su presentación; no es de utilidad para la población, convirtiéndose en una herramienta desaprovechada porque desafortunadamente, está manipulada por la industria con el propósito de engañar o bien confundir al consumidor.

Lo anterior es inaceptable.

En la legislación, contamos con la norma NOM-051-SCFI/SSA1-2010, “Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados. Información comercial sanitaria”.

En ella se establecen, como especifica su objetivo, la información comercial y sanitaria que debe contener el etiquetado de los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados de fabricación nacional o extranjera, así como determinar las características de dicha información.6

Y encontramos los lineamientos por medio de los cuales se deben integrar tanto en las etiquetas como en las contra etiquetas; la declaración de propiedades nutrimentales, el etiquetado frontal nutrimental, la información nutrimental, la ingesta diaria recomendada y los valores nutrimentales de referencia; entre mucha más información.

Asimismo, vale la pena señalar que la misma norma establece en el apartado 4.1.1 que “la información contenida en las etiquetas de los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados debe ser veraz y describirse y presentarse de forma tal que no induzca a error al consumidor con respecto a la naturaleza o característica del producto.7

Sin embargo, la realidad nos indica que lo anterior, no se está cumpliendo y se está omitiendo, quizás incluso, de forma deliberada por la industria.

Porque podemos apreciar que esta norma oficial mexicana, que tenemos para garantizarle al consumidor en nuestro país la información para cuidar su alimentación y tomar las mejores decisiones respecto a su consumo; es clara y precisa, pero no contundente y mucho menos firme o fuerte ante la manipulación.

Por eso encontramos información parcial o alterada, en muchos casos falsa y sin sustento científico que la avale, particularmente en dos aspectos que mucho han dañado la salud de nuestra población; el consumo de azucares añadidos y de sodio, en estos alimentos.

Respecto al alto consumo de azúcar en la dieta diaria, son ampliamente conocidos sus efectos altamente negativos en la salud y su incidencia por lo que a la obesidad y el sobrepeso se refiere.

Sobre esto, fuentes especializadas en el tema han indicado que un menor de entre 2 y 18 años de edad, no debería ingerir más de 25 gramos de azucares añadidos por día,8 lo cual no se respeta porque quizás no se conoce; y ese desconocimiento es en gran parte, propiciado por la misma industria ya que no se difunde y no se informa en la información nutrimental de sus productos.

Los azúcares añadidos son los presentes en los alimentos o bebidas que se agregan de forma artificial, como en los refrescos, cereales, dulces, chocolates, galletas y un fin de productos que a diario son expendidos a la niñez.

El asunto es tan grave que basta mencionar que una sola lata de refresco de la que más comúnmente se vende en el país, contiene 30 gramos de azúcar añadida; en otras palabras, 20 por ciento más de la porción total recomendada por día.

Es bastante fácil deducir lo alarmante del problema, si reconocemos que una lata de refresco o un jugo es una parte fundamental del refrigerio que diariamente consumen nuestros menores y que incluye además unas galletas, una golosina, un cereal, un yogurt o, un sinfín de productos más.

Es tan grande el problema; por una parte, por la temprana edad en la que la obesidad está presente en nuestra población y, por las consecuencias en la salud en el presente y en el futuro inmediato; que, en 2015, la Organización Mundial de la Salud, emitió la recomendación a los adultos con un peso normal –es decir sin ningún grado de sobrepeso u obesidad– a reducir su ingesta diaria de azúcar en 5 por ciento, lo equivalente a una cuchara sopera.9

Para los mexicanos, la recomendación es una urgencia, porque el mismo organismo internacional establece que la ingesta máxima recomendada diaria de azúcar añadida de una persona adulta, no debe ser mayor de 50 gramos y el idóneo de 25 gramos.10

La población en general, de acuerdo con el estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública, consume en promedio, más del doble de la cantidad máxima recomendada por la OMS.11

Este problema es derivado en cierta medida, por la información manipulada que se presenta en los alimentos dentro de la información nutrimental; ya que se ha identificado que, en algunos casos el parámetro de referencia de consumo recomendado de azúcar lo establecen en 90 gramos; asimismo, en todos los casos la información nutrimental no reporta la cantidad real de azúcar que contiene ni tampoco señala particularmente la azúcar añadida, o bien, la presentan por porción y la comparan con la ingesta diaria recomendada que además está manipulada, dato que es equivocado porque la comparación se debe realizar sobre un parámetro sano y sobre el total contenido al ingerir todo el producto del empaque; pero no es así y lo que tenemos es un engaño a la población.

Lo mismo sucede con la ingesta de sodio o de sal, que los consumidores ingieren sin saberlo en los alimentos preenvasados y las bebidas no alcohólicas.

Los efectos de altas dosis de ingesta de sal o sodio en el cuerpo humano, son también ampliamente conocidos; si bien es cierto, que se sabe que el consumo excedido es fácilmente expulsado del organismo, también se reconoce que el alto consumo prolongado genera, retención de líquidos, hipertensión arterial, así como enfermedades del corazón, cerebrales, riñones e hígado o bien, se ha referido a la osteoporosis o cáncer de estómago.

Sobre el consumo de sal o de sodio entre la población mexicana, encontramos el mismo panorama alarmante que tenemos en el consumo de azúcar; pero con un agravante, que la atención se ha volcado hacia el alto consumo de azúcar, ignorando lo que sucede con la sal o el sodio.

De acuerdo con cifras oficiales, el mexicano consume en promedio entre 12 y 14 gramos de sal diariamente.12

La recomendación de la Organización Mundial de la Salud es una ingesta o consumo de sal diaria de 6 gramos para adultos, de 4 gramos para menores de entre 7 y 10 años de edad, y de 3 gramos diarios para los niños de 1 a 7 años de edad.13

Esto en sodio significa que si 1 gramo de sal contiene 390 miligramos de sodio, la ingesta diaria de un adulto debe ser de 2 mil 340 miligramos; para un menor de entre 7 y 10 años debe de ser de mil 560 miligramos y para un niño de 7 o menos años debe de ser de mil 170 miligramos de sodio al día.

Si observamos lo anterior, deducimos preocupantemente que consumimos en promedio, más del doble de la cantidad recomendada en el consumo de sal o sodio diariamente.

Muy preocupantemente vemos que si se ha omitido y manipulado la información sobre el azúcar, declarada en la tabla nutrimental que deben incluir en el empaque los alimentos y bebidas no alcohólicas en nuestro país a pesar de que toda la atención está volcada en este rubro; en este aspecto –sodio– igual de perjudicial para la salud, la situación es totalmente devastadora.

Porque tenemos que no es real y está completamente manipulada y mantenida escondida.

Baste mencionar un ejemplo: si tomamos como muestra un paquete de galletas de las comúnmente más consumidas entre la población de todas las edades y que su valor no supera los 10 pesos; encontramos en primer lugar, que en su tabla de información nutrimental se presenta la información del sodio por porción –de 30 gramos– cuando el empaque contiene 101 gramos.

La ingesta que “informa” es de 96 miligramos de sodio que, multiplicado por las 3.4 porciones que realmente contiene el empaque, tenemos un consumo de 326.4 miligramos de sodio.

Es decir, cerca de 28 por ciento del recomendado de ingesta de sal o sodio diario para un menor de no más de 7 años de edad, en un solo paquete de galletas.

Un paquete de galletas cuya información nutrimental del empaque y obviamente la empresa que lo produce y comercializa; no está avisando a la población que al consumir ese solo paquete de galletas, está ingiriendo poco más de 1 cuarta parte del sodio o sal que debe consumir un niño en todo el día.

El asunto parece menor, pero hace falta sumarle, toda la demás sal o sodio que consumirá este menor en su desayuno, comida y cena, en las golosinas de la tarde o los demás alimentos o bebidas que consuma.

Todo esto, a costa de daños sumamente peligrosos a su salud, y obviamente; manipulado en la información contenida en el empaque de todos los alimentos que actualmente se comercializan en el país.

Por eso, a escala internacional se ha asumido una regla: considerar elevados en sodio todos los alimentos que contengan 500 miligramos o más de él por cada 100 gramos de producto.

En algunos países europeos se han emitido incluso lineamientos para que se incluyan leyendas de alerta al consumidor, si el producto se encuentra en este parámetro anteriormente referido.

En el país, esta advertencia sobre el consumo de sodio, no existe, y la ligera información disponible que debería seguirlo, está escondida o manipulada, porque la cantidad de sodio que se reporta o declara, no es correcta.

Como apreciamos con toda esta información, estamos ante un problema grave, que apunta en pocos años a convertirse en una enorme y letal urgencia epidemiológica.

Esta soberanía no puede ser ajena a tal situación, y debemos, en el marco de nuestras facultades, exhortar a las autoridades correspondientes a que eviten que la industria de los alimentos preenvasados y de las bebidas no alcohólicas, siga engañando y violando la ley con etiquetados de información nutrimental falsos o manipulados.

Y con ello, atentando contra la vida y la salud presente y futura de quienes los consumen.

Debemos empeñarnos en que la Cofepris garantice a la población una información en el etiquetado o contra etiqueta, veraz, real y sustentada científicamente; que sea fiable, clara y además útil para que toda la población conozca la verdadera calidad de los alimentos y pueda con ello realizar una elección que le resulte completamente saludable.

Tenemos que impedir que la industria sigua utilizando etiquetados nutrimentales hechos a modo, manipulados y engañosos, que lo único que hacen es esconder información y desorientar a la población.

Quienes integramos esta soberanía, tenemos la responsabilidad de velar por quienes representamos; y tratándose de la salud pública, estamos obligados a no caer en el desinterés o disimulo sobre estos temas.

No es un asunto comercial, es un asunto de salud de la población, es un tema de la niñez, de nuestro futuro. No podemos ni debemos ser omisos al respecto.

Por lo expuesto se somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a reforzar sus controles, verificaciones y las medidas conducentes; para garantizarle a la población que la información contenida en las etiquetas o contraetiquetas de los alimentos y bebidas no alcohólicas que se comercializan en el territorio nacional, contengan datos de valor nutricional con sustento científico, veraces, claros y precisos para que realmente oriente a los consumidores en la realización de elecciones saludables en materia nutrimental.

Notas

1 Obesidad. Clasificación de la Organización Mundial de la Salud.

2 Organización Mundial de la Salud, 2010.

3 Encuesta Nacional de Salud. Secretaría de Salud, 2007.

4 Encuesta Nacional de Salud. Secretaría de Salud, 2007.

5 Encuesta Nacional de Salud. Secretaría de Salud, 2007.

6 NOM-051-SCFI/SSA1-2010. 1.1. Objetivo.

7 NOM-051-SCFI/SSA1-2010. 4.1.1.

8 Asociación Americana de Cardiología. Revista Circulation , 2016.

9 Organización Mundial de la Salud, 2015.

10 Organización Mundial de la Salud, 2015.

11 Instituto Nacional de Salud Pública, 2016.

12 Secretaria de Salud, 2015.

13 Organización Mundial de la Salud, 2016.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2017.

Diputados: Hugo Daniel Gaeta Esparza, José Luis Orozco Sánchez Aldana, Laura Valeria Guzmán Vázquez, Jesús Zúñiga Mendoza, Laura Plascencia Pacheco, Rafael Yerena Zambrano, Ramón Bañales Arámbula, Javier Santillán Oceguera, Martha Lorena Covarrubias Anaya (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades correspondientes a condonar el pago de electricidad y agua de los hogares afectados por los sismos del 7 y 19 septiembre, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, María Luisa Beltrán Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

Primero. Nuestro país está de luto. A las 23:52 horas del 7 de septiembre, un sismo de 8.2 grados en la escala de Richter enlutó a cientos de familias mexicanas y afectó en su patrimonio a 50 millones de mexicanos, principalmente en las entidades de Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Ciudadanos y autoridades de todos los niveles de gobierno trabajaban en la debida atención a esta emergencia, cuando 12 días después, a la 1:14 de la tarde, otro terremoto, esta vez de 7.1 grados de la misma escala, sacudió a una gran parte de nuestro territorio nacional. Este fuerte sismo, que lo padecimos en esta misma sede de San Lázaro, arrojó resultados trágicos en Ciudad de México, Puebla, Morelos, estado de México y Guerrero, con 337 víctimas mortales y, hasta el momento, se calcula que hay decenas de personas desaparecidas bajo los escombros de inmuebles destruidos.

A una semana de este último sismo, el martes 26 de septiembre la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación dio a conocer que la cifra de cuerpos recuperados en todo el país se ubica en 337: “...Del total, 198 corresponden a la Ciudad de México, 74 en Morelos, 45 en Puebla, 13 en el estado de México, seis en Guerrero y una en Oaxaca, informó en su reporte más reciente, el coordinador Nacional de Protección Civil de la Segob, Luis Felipe Puente Espinosa.1

El sismo del 19 de septiembre tuvo como epicentro el municipio de Axochiapan, Morelos, de ahí que en la Ciudad de México no se haya activado la alerta sísmica, como venía sucediendo cuando los epicentros provenían de la región costera del Pacífico mexicano.

De los saldos de este fenómeno telúrico, se consignan oficialmente las víctimas mortales de connacionales anotadas líneas antes, así como nueve de nacionalidad extranjera. Además, debemos agregar la descripción que se ha hecho de cada una de estas entidades:

“...Ciudad de México: algunas de las zonas más dañadas son las colonias Del Valle, Condesa y Roma... 500 inmuebles en la Ciudad de México tienen “código rojo”, pues aunque no colapsaron tendrán que ser demolidos, pues el sismo de magnitud 7.1 los dejó inservibles, informó este martes 26 de septiembre el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. El Heroico Cuerpo de Bomberos reportó el despliegue de mil elementos con 110 vehículos, quienes laboran en las zonas afectadas donde han ayudado a salir de inmuebles sin colapsar a 315 personas y han colaborado en la recuperación de los cuerpos de 86 personas. Unas 700 mil personas resultaron afectadas por el desabasto de agua en la zona sur, particularmente en las delegaciones Tláhuac, Iztapalapa y Xochimilco.2

“...Morelos: Matías Quiroz Medina, secretario general de Gobierno de Morelos, informó que los municipios más dañados por el sismo son: Cuernavaca, Tecamac, Miacatlan, Yutepec, Yecapixtla, Yautepec, Cuatla, Xochitepec, Axochiapan, Yautepec, Tlayacapan, Oculta y Zacatepec. Hay unas 20 mil casas dañadas en 20 de los 33 municipios, informó el gobernador Graco Ramírez. Este sábado 24 de septiembre comenzó el censo de viviendas afectadas. El sismo afectó a 20 mil familias morelenses, de acuerdo al gobierno. Se reporta daños en 186 planteles, de los cuales el 95 por ciento es del nivel básico...”3

“...Puebla: La Secretaría de Gobernación declaró una Emergencia Extraordinaria para 112 municipios poblanos, esto es el 51 por ciento del estado de Puebla. Casi mil 700 viviendas fueron dañadas, de las cuales una cuarta parte sería pérdida total, la mayoría se encuentra en el corredor de Atlixco, Izúcar y la Mixteca...”4

“...Estado de México: En esta entidad se registraron caída de bardas, derrumbes y hundimientos en los municipios de Ecatzingo, Xalatlaco, Santiago Tianguistengo, Toluca, Ecatepec, Tlanepantla y La Paz...”5

En algunas entidades federativas en mención, así como en las afectadas severamente por el sismo del 7 de septiembre, hay comunidades y colonias en condiciones similares a la que, a continuación, se describe sobre Jojutla, Morelos: “...En las calles de Jojutla, el municipio más afectado en Morelos por el sismo de 7.1 que sacudió el centro del país este 19 de septiembre, las personas durmieron dentro de los automóviles, en casas de campaña y a la intemperie sobre colchones o sábanas extendidas en la calle... De acuerdo con el alcalde del municipio, Alfonso de Jesús Sotelo, hasta el momento 14 personas han muerto en Jojutla, hay 300 viviendas y comercios colapsados y mil 550 inmuebles dañados...”6

Segundo. La respuesta a estas dos pruebas que nos puso la naturaleza ha sido más que ejemplar. Es de justicia valorar y honrar la solidaridad, ante todo de los ciudadanos que, organizados y con la mejor de las voluntades, de manera perseverante han estado auxiliando a las víctimas, con todo lo que tienen a su alcance: herramientas para localizar personas bajo los escombros, instrumentos para mover los restos de viviendas destruidas, cocinas itinerantes y acopio y traslado de víveres hacia los sitios de la tragedia.

A este gesto noble, por su genuina solidaridad, es digno de valorar la respuesta solidaria de la comunidad internacional, que ha volcado su respaldo de muchas maneras: envío de cuerpos especializados para el auxilio y rescate de víctimas de desastres naturales y acopio y envío de víveres a las personas damnificadas.

Por lo que hace a las autoridades de nuestro país, es innegable su gesto de trabajo en bien de las familias enlutadas y afectadas en su patrimonio. Es lo menos que pueden y deben hacer los funcionarios de todas las áreas gubernamentales, a quienes hay que reconocerles que están respondiendo de acuerdo con la adversidad de la naturaleza.

Funcionarios del Ejecutivo federal y de los gobiernos estatales y municipales de las entidades siniestradas, de acuerdo con información pública, han estado al pendiente de los sitios afectados, atendiendo en la medida de sus posibilidades a las familias que perdieron a seres queridos y buena parte de su patrimonio. Instancias de Protección Civil, Marina, Ejército mexicano, sistemas DIF y de Desarrollo Social son puestas a prueba, en estos días de luto y desastre.

Por lo que hace a la sociedad civil y a diversas instituciones públicas de entidades exentas de este desastre natural, es pertinente apreciar su gesto de solidaridad en el acopio y envío correspondiente de víveres.

Con relación a esta honorable Cámara de Diputados, dentro de nuestra responsabilidad y atribuciones como legisladoras y legisladores hemos procurado los acuerdos necesarios entre grupos parlamentarios, para reajustar y canalizar recursos financieros, lo mismo provenientes de un mes de salario de cada integrante de esta Sexagésima Tercera Legislatura, que programados para la operatividad de esta propia soberanía. Este gesto es lo menos que los ciudadanos esperarían de sus representantes populares.

Es por ello que, en consideración con esta dinámica de solidaridad de todos los sectores, ciudadanos y del ámbito gubernamental hacia las víctimas de los sismos que se han mencionado en este documento, habría que considerar bienes y servicios básicos que las autoridades brindan diariamente a la población, pero por los que hay que pagar tarifas de acuerdo a la región y a la condición socioeconómica de cada área, registrada por las autoridades correspondientes. Dentro de estos servicios, es indudable que el agua y la electricidad son de primordial importancia.

El pago por el servicio de agua, que es administrada y suministrada por organismos operadores de cada entidad federativa, cuyos órganos administrativos son integrados por autoridades estatales y municipales, tendría que ser condonado a las familias afectadas por estos sismos, hasta que éstas vuelvan a contar con la tranquilidad que les confiere un patrimonio familiar estable y un empleo que les permita llevar una vida en condiciones dignas.

Por otra parte, las tarifas de electricidad, servicio administrado y suministrado por el gobierno federal, a través de la Comisión Federal de Electricidad, hacia un 88.58 por ciento de hogares, tendrían que ser condonadas a las familias que están en esta situación de desgracia, al haber perdido una buena parte de su patrimonio y, en algunos casos, el total del mismo, en este caso sus viviendas.

Compañeras y compañeros de esta honorable Cámara de Diputados: expresemos este otro gesto de solidaridad, ante la presente emergencia de nuestros hermanos damnificados, y hagamos el análisis correspondiente para que la Comisión Federal de Electricidad y los organismos regionales operadores de agua potable recuperen estos ingresos en el siguiente ejercicio presupuestal del año 2018, a revisarse en breve por parte de esta soberanía.

Por lo anteriormente expuesto, solicito el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad a que, en la medida de su competencia y atribuciones, y previo censo con relación a las familias afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre, condone las tarifas de electricidad a los hogares mexicanos afectados por estos siniestros.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los organismos operadores de agua de cada entidad federativa a que, en la medida de su competencia y atribuciones, y previo censo con relación a las familias afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre, condonen las tarifas de agua a los hogares mexicanos afectados por estos siniestros.

Referencias

1. a 5. http://www.animalpolitico.com/2017/09/sismo-muertos-cdmx-morelos-puebla -edomex-guerrero/

6. http://www.animalpolitico.com/2017/09/amanecer-jojutla-tras-sismo/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2017.

Diputada María Luisa Beltrán Reyes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la vigilancia de caminos y carreteras para el traslado seguro de víveres y ayuda humanitaria a damnificados por los sismos del 7 y 19 de septiembre en diversas regiones, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena

Natalia Karina Barón Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo a la vigilancia de caminos y carreteras para el traslado seguro de víveres y de ayuda humanitaria a damnificados por los sismos del 7 y 19 de septiembre en diversas regiones del país al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El jueves 28 de septiembre, diversos medios de comunicación dieron a conocer las lamentables noticias referidas a un grupo de jóvenes que trasladaban ayuda y víveres a los damnificados por los sismos en el Estado de Oaxaca. La información, de primera mano, aseguró que “tres camionetas fueron interceptadas en carretera por un grupo de hombres armados que, además de balearlos y robarles el contenido de los vehículos, violaron a una de las jóvenes, les quitaron sus teléfonos celulares y alrededor de 40 mil pesos que llevaban para hacer otras compras allá”,i es decir, en un viaje hacia el Estado de Oaxaca para repartir ayuda en Juchitán en el Istmo de Tehuantepec.

Los jóvenes atacados pertenecían, según los medios de comunicación, a una asociación católica. De acuerdo con las declaraciones del responsable de “Papa Francisco Pro Felícitas AC”, los agraviados fueron heridos por arma de fuego y una de ellas atacada sexualmente. Conforme pasaron las horas, la fiscalía de Oaxaca aclaró que la supuesta agresión se verificó en el Estado de Veracruz en la carretera Amozoc-Perote.

El 28 de septiembre, una tarjeta informativa de la Comisión Nacional de Seguridad dio a conocer cuáles fueron los hechos precisando cómo fue la agresión a los voluntarios que transportaban víveres para los damnificados del Estado de Oaxaca:

La Comisión Nacional de Seguridad informa de los hechos ocurridos el 25 de septiembre a las 2:35 horas, en la carretera Amozoc-Perote en el estado de Puebla, donde la Policía Federal al estar realizando sus patrullajes a la altura del kilómetro 84 detectó tres vehículos detenidos por una ponchadura de llanta, los cuales regresaban de dejar víveres de las ciudades de Jojutla, Morelos, e Izúcar de Matamoros, Puebla.

En el lugar de los hechos se tiene contacto con un grupo de jóvenes, quienes relataron que fueron atacados y asaltados por varias personas armadas que salieron de entre los matorrales despojándolos de teléfonos celulares y dinero en efectivo, uno de ellos mostraba heridas leves por rozón de arma de fuego y otro golpes diversos; en ese momento no refirieron ningún tipo de abuso sexual.

Tras el lamentable incidente, los jóvenes fueron auxiliados y trasladados a la caseta de Las Vigas, kilómetro 123, donde fue resguardado uno de los vehículos, y posteriormente llevados hasta la ciudad de Jalapa, Veracruz, para recibir la atención médica correspondiente, donde decidieron en ese momento no presentar denuncia alguna.

En todo momento la Policía Federal les brindó la ayuda necesaria y se dio seguimiento al caso. Además se reforzó la protección y seguridad en la zona.

La Comisión Nacional de Seguridad, a través de la Policía Federal, pone a disposición de la ciudadanía los números 088 o 9-1-1, así como la aplicación PF Móvil disponibles las 24 horas, para solicitar apoyo o denunciar algún ilícito.

28 de septiembre de 2017

El comunicado de la Comisión Nacional de Seguridad precisó esta agresión que derivó en robo y lesiones a un grupo de jóvenes “los cuales regresaban de dejar víveres de las ciudades de Jojutla, Morelos, e Izúcar de Matamoros, Puebla”; independientemente de la enérgica condena por este atentado en contra de su integridad, es necesario además mencionar que este no ha sido un hecho aislado donde los transportes que llevan víveres a quienes sufren por las inclemencias del tiempo y de los desastres naturales han sido blanco del crimen fruto de la inseguridad en diversos tramos carreteros del país:

1. El 10 de septiembre, “habitantes de la región Nogales en la carretera Puebla-Orizaba aprovecharon el accidente de un tráiler que transportaba víveres a los damnificados de Oaxaca para robar productos que tenían como destino los afectados de la entidad más dañada por el sismo de 8,2.

La unidad volcó a la altura del kilómetro 42 en el tramo Balastrera-Nogales cuando se dirigía a Juchitán , una de las zonas más afectadas por el temblor que se sintió en varios estados del país”.ii

2. 18 de septiembre: “Un grupo de mototaxistas presuntamente con machete en mano robaron despensas de una camioneta procedente de la ciudad de México que llevaba víveres a damnificados del municipio de Juchitán por el sismo de 8.2 grados que azotó Oaxaca. El hecho ocurrió a plena luz del día en el puente que conecta al municipio con Matías Romero.

En el video captado se observan varias unidades color verde llevan productos que habían robado minutos antes, “mírenlos ahí van esas motos aguas eh, porque esas dan el pitazo; se me hace muy mala onda que hagan esto porque la ayuda es finalmente es para ellos, se escucha a una mujer en el video”. En este video también se muestra a una persona apresurada guardando productos antes saqueados. Los actos de rapiña en el municipio se ha reportado en varias ocasiones, los cuales siguen sucediendo a pesar de que hay una fuerte presencia de la Policía Federal y del Ejército. Además de la camioneta cargada de víveres, en las casas derrumbadas por el sismo los vecinos reportan que personas ajenas están entrando a saquear lo que quedó en su interior.

Por eso, en la mayor parte de las calles, los vecinos colocan barricadas para evitar que a partir de las 21:00 horas circulen mototaxis, motocicletas o vehículos extraños”.iii

3. 21 de septiembre: “Un tráiler que transportaba víveres de la Ciudad de México hacia Puebla fue robado mientras circulaba sobre la autopista México-Puebla. Alfredo, el afectado explicó que el atraco se registró a la altura del kilómetro 78 la noche del miércoles.

Detalló que hombres desconocidos se les emparejaron a bordo de una camioneta para despojarlos de un tráiler con placas de circulación 952 DJ-1, con un letrero en la caja que dice Monza. Posteriormente los dejaron amarrados en un campo de cultivo de la autopista, sin que los lesionaran.

“Se nos emparejó una camioneta, tipo Suburban, color oscuro, estaba lloviendo y era de noche como 8:30 de la noche”, relató. “Veníamos de México a Puebla para traer víveres para los damnificados que estuvimos recolectando”. El afectado lamentó el robo, pues afirmó que además de robarles su unidad les quitaron a la gente la posibilidad de ser ayudados. “Es impotencia porque hay mucha gente vival que también vio su momento”, dijo.”iv

4. 22 de septiembre: “Luego de mostrar su indignación por los atracos que están padeciendo automovilistas que llevan víveres a los damnificados, el presidente municipal de Puebla, Luis Banck Serrato, sostuvo que estos delincuentes roban tres veces, por lo que deben recibir el mayor de los castigos: “Me indigna que haya personas que ante la tragedia tengan el descaro de robar víveres a quien más lo necesita, le robaron tres veces: al que donó, al que iba a recibir a todos los que están participando a las tareas de acopio. No tienen... ya saben que no tienen”, detalló.

Confirman robo de víveres

En este sentido, el secretario de seguridad pública y tránsito municipal, Manuel Alonso García, informó del robo de una camioneta que transportaba productos de acopio, precisando que el objetivo del atraco era para usar este transporte para robo de combustible; aún no hayan la unidad: “Fue un vehículo robado por los temas que ya conocemos de probable transporte de otros vehículos robados”.

Agregó que a tres días de temblor no han existido ni un solo saqueo a viviendas o edificios afectados: “En esto tres días no hemos tenido sucesos de saqueos y robo, pero se ha hecho un extraordinario trabajo, tenemos el apoyo de los cadetes que han salid a la calle y estaremos atentos. Tenemos hasta el apoyo también policía del estado de Guanajuato y es un tema de solidaridad”. + v +

Ante la desgracia, la sociedad mexicana demuestra la solidaridad más amplia llevando pocos o muchos recursos para que otros puedan soportar las consecuencias de los desastres naturales; sin embargo, los hechos demuestran cómo la inseguridad hace presa de caminos y carreteras convirtiendo la ayuda que se transporta en un lucrativo botín del crimen.

En este sentido, es oportuno el exhorto al Comisionado Nacional de Seguridad Pública para que, de acuerdo con sus atribuciones, y en coordinación con los gobiernos de Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas, refuerce las acciones de vigilancia en caminos y carreteras de esos Estados para el traslado seguro de víveres y ayuda humanitaria a damnificados por los sismos del 7 y 19 de septiembre en diversas regiones del país.

Igualmente, se considera oportuno el exhorto al Comisionado General de la Policía Federal para que, en el ámbito de su competencia, refuerce los operativos de auxilio, seguridad, inspección y vigilancia en caminos y carreteras de los Estados de Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas para el traslado seguro de víveres y ayuda humanitaria a damnificados por los sismos del 7 y 19 de septiembre en diversas regiones del país.

Por lo anterior expuesto, se presenta a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Comisionado Nacional de Seguridad Pública para que, de acuerdo con sus atribuciones, y en coordinación con los gobernadores de Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas, refuerce las acciones de vigilancia en caminos y carreteras de esos Estados para el traslado seguro de víveres y ayuda humanitaria a damnificados por los sismos del 7 y 19 de septiembre en diversas regiones del país.

Segundo. Se exhorta al Comisionado General de la Policía Federal para que, en el ámbito de su competencia, refuerce los operativos de auxilio, seguridad, inspección y vigilancia en caminos y carreteras de los Estados de Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas para el traslado seguro de víveres y ayuda humanitaria a damnificados por los sismos del 7 y 19 de septiembre en diversas regiones del país.

Notas

i “Balean a voluntarios católicos y les roban víveres, iban de CDMX rumbo a Oaxaca” en:

http://www.siame.mx/balean-a-voluntarios-y-les-roban-viv eres-cdmx-rumbo-a-oaxaca/

ii “Roban de tráiler víveres para damnificados de Oaxaca”. En:

https://www.razon.com.mx/roban-de-trailer-viveres-para-d amnificados-en-oaxaca/

iii “Mototaxistas asaltan y saquean camión con víveres para Juchitán”. En:

https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2017/09/18/mot otaxistas-asaltan.html

iv “Roban tráiler con víveres para Puebla”. En:

http://diario.mx/Nacional/2017-09-21_ecffd941/roban-trai ler-con-viveres-para-puebla-/

v “Roban camioneta con víveres, ladrones la querían para transportar huachicol”. En:

https://www.sintesis.mx/puebla/2017/09/22/roban-camionet a-con-viveres-ladrones/

Palacio Legislativo de San Lázaro. Ciudad de México a 3 de octubre de 2017.

Diputada Natalia Karina Barón Ortiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y la Profepa a detener y sancionar en el ámbito de sus atribuciones la tala inmoderada y la quema intencional de predios forestales para un posterior uso ilícito como huertas agrícolas en Jalisco, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que, en el ámbito de sus atribuciones detengan y sancionen la tala inmoderada de árboles y la quema intencional de predios forestales para ser utilizados posteriormente y de manera ilícita como huertas agrícolas en el estado de Jalisco; y, en atención a sus facultades, clausuren de manera definitiva todas las huertas agrícolas en Jalisco que estén operando de manera irregular al no contar con el cambio legal de uso de suelo ni atiendan plenamente y en su totalidad los requisitos establecidos para su funcionamiento en el marco de la ley y prohíban de manera irrevocable cualquier uso posterior de los predios en los que se ubiquen, para garantizar y proceder a su reforestación inmediata y permanente, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde un tiempo a la fecha, por obligación y urgencia y no por convicción; tanto la protección, así como el cuidado de nuestro medio ambiente, se ha convertido en eje fundamental de nuestro día a día.

Lo anterior no es menor y, por el contrario, es representativo del terrible grado de deterioro y del elevado nivel de las consecuencias negativas que hemos motivado en nuestro entorno, y, por ende, en nuestra propia expectativa y calidad de vida tanto presente como futura.

Es por ello que la armonía, respeto y sustentabilidad en nuestro desarrollo, el eficiente uso y aprovechamiento de nuestros recursos naturales, la preservación de las especies, el correcto y responsable manejo de desechos, la reducción de gases contaminantes, el desarrollo y aprovechamiento de energías limpias, el freno a la deforestación y tala inmoderada de árboles, y el cuidado del agua entre otras acciones más, son imprescindibles en el ahora y el mañana para todos los seres humanos.

En todo esto, se ha logrado bastante, aunque aún se está lejos de que estos cambios sean por habito más que obligados; para ello, en el mundo y en nuestro país debemos reconocer que aún falta mucho trabajo por hacer.

La urgencia es bastante, los efectos actuales del cambio climático ya son una amenaza para todos y un peligro para nuestra sobrevivencia; el incremento de la temperatura global en 0.8 grados centígrados ha sido catastrófico.1

De acuerdo con especialistas en el tema; si no se actúa contundentemente al respecto y se detienen las afectaciones del cambio climático, para revertirlo; nos enfrentaríamos a un primer escenario de 6 efectos globales que suenan apocalípticos, siendo los siguientes:

1. La producción de alimentos disminuiría, se estima que los afectados por desnutrición podrían aumentar a 600 millones a finales del siglo XXI por las carencias de alimento.

2. Para finales del siglo, mil 800 millones de personas podrían habitar en regiones con severa escasez de agua.

3. De llegar el aumento global de la temperatura a 3 grados centígrados, obligaría a más de 330 millones de personas a migrar por las inundaciones que se presentarían.

4. Con un calentamiento global de 3 grados centígrados, 20 o 30 por ciento de las especies terrestres podrían extinguirse irreversiblemente.

5. La población expuesta a enfermedades como el paludismo, aumentarán considerablemente en forma exponencial.

6. Los daños económicos podrían provocar una recesión de 20 por ciento del producto interno bruto (PIB) mundial.2

En esto, México no es ajeno ni tampoco debe ser indiferente.

Las consecuencias del cambio climático las conocemos y sobre todo gran parte de nuestra población tanto rural como urbana, ya las hemos padecido.

Asimismo, la realidad que vivimos nos muestra que somos corresponsables del daño y, de las acciones que se deben emprender.

De lo anterior no hay duda alguna, basta señalar que del año 2000 al año 2010 nuestra desmesurada emisión de gases contaminantes nos colocó como la nación con el primer lugar en América Latina en su emisión.3

Asimismo, entre 2005 y 2010, dejamos perder anualmente poco más de 160 mil hectáreas de nuestros bosques.4

Lo anterior elevó desproporcionadamente los factores negativos en materia de devastación y erosión del suelo.

En lo que respecta al vital liquido, el agua; poco más de 30 por ciento de la extracción de agua para nuestro consumo, no se realiza de manera controlada, responsable y mucho menos sustentablemente.

Y, no contamos a manera de contraparte, con recolección de aguas pluviales; nuestra tasa actual de recolección bajo este concepto, es de las más bajas a nivel mundial.5

No podemos seguir así, seria irremediablemente insostenible y en un breve tiempo irreversible.

México, es responsable de cuidar y preservar la cuarta riqueza mundial en materia de biodiversidad, no podemos permitirnos seguir desperdiciándola y mucho menos destruyéndola.

Es inadmisible que poco más de 60 por ciento del agua para nuestro consumo se obtiene de fuentes como ríos y lagos, mientras que, el restante líquido se abastece del subsuelo; porque únicamente 4.8 por ciento del agua de lluvia logra filtrarse en condiciones óptimas para poder recargar los mantos acuíferos.6

Sobre la pérdida sostenida cada año de 160 mil hectáreas de bosques que registramos; nuestras acciones han sido vacilantes y en el mejor de los casos, tímidas.

El problema en este rubro, parece menor, pero en realidad no lo es.

El destino nos ha alcanzado y ha llevado a estados de nuestro país, muy cerca del punto sin retorno.

Tal es el caso particular de Jalisco.

Se han deforestado o quemado completamente y de manera intencional, enormes extensiones de bosque; para, en algunos pocos casos y de manera ilegal, proceder a su cambio de usos de suelo e instalar aguacateras.

Pero, en el mayor número de los casos, estas aguacateras no tienen el cambio de usos de suelo, ni tampoco cumplen con los requisitos o las medidas implementadas para garantizar su funcionamiento sustentable y su operación legal; y sobre todo, están asentadas en predios que fueron destruidos de manera intencional, despojando a Jalisco, México y el mundo, de los cada vez menos pulmones forestales que tenemos y que tanta falta nos hacen.

La destrucción de bosques en el estado de Jalisco, parece no tener fin ni tampoco saciedad, a pesar de saber que, con ello, el costo presente y futuro para la humanidad es mucho más grande que, el beneficio económico que particulares y solo algunos cuantos, reciben.

Las autoridades en todos los ámbitos, tanto federal, estatal y municipal; han reaccionado parcialmente, pero sin la capacidad ni la contundencia para detener esta situación.

Se llegó al grado de establecer una veda indefinida y total a los cambios de usos de suelo para detener esta problemática.

Pero estos esfuerzos no han sido suficientes.

Se tiene el registro que desde el año 2010 a la fecha se han destruido de manera ilegal e intencional, más de 10 mil hectáreas de bosque jaliscienses.

Esta situación no debe continuar.

No sólo se debe de detener, a la vez, requerimos rescatar estas áreas que nos han sido arrebatadas a la generaciones presentes y futuras. Debemos tener la determinación de reforestarlas, para remediar un poco el daño que, por omisión, se permitió hacer.

Nuestras autoridades correspondientes tanto federales como estatales, deben trabajar de manera corresponsable, conjunta y coordinada.

Y más aún, en este caso, por la gravedad de la situación, tanto la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) deben de ser severas, para que en el marco de sus facultades se detenga de manera definitiva este tipo de situaciones en Jalisco y en cualquier otra parte del país.

No podemos ni debemos darnos el lujo de ser omisos o permisivos ante un problema que está acabando con nuestros bosques, con nuestras reservas naturales y toda la flora y fauna que habita en ellas.

Esta soberanía es corresponsable en ello.

No podemos consentir que se sigan deforestando nuestros cada vez menos bosques, que se sigan talando nuestros indispensables árboles, que se sigan quemando intencionalmente nuestras preciadas y vitales áreas verdes; en suma, que se siga acabando con nuestras pocas oportunidades de un mejor futuro para las generaciones que vienen.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Artículo Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que:

1. En el ámbito de sus atribuciones detengan y sancionen la tala inmoderada de árboles y la quema intencional de predios forestales para ser utilizados posteriormente y de manera ilícita como huertas agrícolas en el estado de Jalisco.

2. En atención a sus facultades, clausuren de manera definitiva todas las huertas agrícolas en Jalisco que estén operando de manera irregular al no contar con el cambio legal de uso de suelo ni atiendan plenamente y en su totalidad los requisitos establecidos para su funcionamiento en el marco de la ley.

3. En el ámbito de sus atribuciones, prohíban de manera irrevocable cualquier uso posterior de los predios en los que se ubiquen las huertas agrícolas irregulares clausuradas, para garantizar y proceder a su reforestación inmediata y permanente.

Notas

1 Aeronáutica Nacional y Administración Espacial. NASA. Reporte 2014.

2 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano.

3 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Semarnat.

4 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Semarnat.

5 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. PNUMA

6 Estadísticas del Agua. Conagua.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2017.

Diputados: Hugo Daniel Gaeta Esparza, José Luis Orozco Sánchez Aldana, Laura Valeria Guzmán Vázquez, Jesús Zúñiga Mendoza, Laura Plascencia Pacheco, Rafael Yerena Zambrano, Ramón Bañales Arámbula, Javier Santillán Oceguera, Martha Lorena Covarrubias Anaya (rúbricas)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Segob a tomar medidas para garantizar la seguridad de las brigadas civiles de ayuda que trasladan de manera voluntaria víveres a Morelos, Puebla, Chiapas y Oaxaca, afectados por los sismos de septiembre, a cargo del diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

El presente, diputado Felipe Reyes Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto en el artículo 79, numeral 2, fracciones III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El pasado jueves de 7 septiembre se presentó un sismo con una magnitud de 8.2 grados en la escala de Richter con epicentro en Chiapas, siendo perceptible en el centro y sur del país, afectando gravemente a los estados de Chiapas y Oaxaca.

Aunado a esto el 19 de septiembre se percibió un sismo con una magnitud de 7.1 grados en la escala de Richter con epicentro en Morelos, afectando gravemente Puebla, Morelos y el centro del país.

De la misma manera, el pasado 23 de septiembre se presentó un sismo con una magnitud de 6.1 grados en la escala de Richter con epicentro en Oaxaca volviendo a afectar los estados de Chiapas y Oaxaca.

Hasta el momento, dichos fenómenos naturales han dejado afectaciones en 150 mil viviendas, entre daños parciales y totales, de 674 municipios según la declaratoria de emergencia correspondiente de la Secretaría de Gobernación emitido en el Diario Oficial de la Federación, estos daños han obligado a los habitantes de estas poblaciones a vivir en estado precario, principalmente en Chiapas y Oaxaca, donde la población ha tenido que implementar campamentos en lugares abiertos, utilizando lonas para protegerse de la lluvia y el sol, sin un lugar donde cocinar ni cubrir sus necesidades más básicas.

El pueblo de México ha mostrado su solidaridad con los miles de afectados a través del acopio de víveres en diversos estados de la república, mismos que bajo una organización ciudadana han hecho llegar a las poblaciones afectadas.

Recientemente se han tenido noticias que los víveres transportados por los ciudadanos han sufrido saqueos y robos tanto en las carreteras federales como en las locales.

El caso más reciente fue el de unos jóvenes voluntarios de la Asociación Civil Papa Francisco Pro Felicitas, quienes fueron asaltados, baleados y vejados sexualmente cuando se dirigían al estado de Oaxaca a hacer su labor social, específicamente a los municipios de Juchitan y Tehuantepec.

La situación actual del país requiere de la coordinación integral de ciudadanía y gobierno, la unidad es fundamental para sacar adelante a los damnificados y la ciudadanía ha tenido toda la voluntad de ayudar, pero también el estado debe asegurar la integridad de quienes se suman a este acto.

A raíz de los lamentables hechos de robo a las brigadas de ayuda, muchas organizaciones civiles están exigiendo al estado el cumplimiento de garantizar la seguridad de los voluntarios que están llevando ayuda a las poblaciones damnificadas.

Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de esta asamblea los siguientes:

Punto de Acuerdo

Unico. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación a que, en uso de sus facultades, tome las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las brigadas civiles de ayuda que de manera voluntaria están realizando el traslado de víveres a los estados de Morelos, Puebla, Chiapas y Oaxaca, a fin de que el apoyo siga fluyendo directamente a las poblaciones a la que están destinadas y que han sido afectadas por los recientes sismos del mes de septiembre.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a los 3 días del mes de octubre de 2017.

Diputado Felipe Reyes Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al programa de apoyos para reconstruir viviendas a cargo de la Sedatu en beneficio de los damnificados oaxaqueños por los sismos del 7 y 19 de septiembre, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena

Natalia Karina Barón Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea la siguiente Proposición con punto de acuerdo relativo al programa de apoyos para la reconstrucción de viviendas a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agraria, Territorial y Urbano en beneficio de los damnificados del estado de Oaxaca por los sismos del 7 y 19 de septiembre al tenor de las siguientes

Consideraciones

Después de la emergencia que afectó a diversos municipios del estado de Oaxaca a causa de los sismos del 7 y 19 de septiembre, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) anunció el inicio de la etapa de reconstrucción donde se estarían otorgando apoyos a más de 110 mil familias oaxaqueñas para ayudarles a recuperar su patrimonio devastado por los fenómenos naturales. De acuerdo con el Boletín 233 de la Sedatu, publicado en su sitio el 25 de septiembre, la secretaria anunció la forma como se darían los apoyos a los damnificados:

Boletín 233.

Tras la realización del censo, el Presidente Peña Nieto delineó un mecanismo para apoyar a los damnificados a través de la entrega de una tarjeta con el nombre y con el folio de la persona, lo que le permitirá adquirir materiales y pagar mano de obra o auto emplearse.

“Este es un trabajo entre todos, se cuenta con el apoyo del gobierno, con asistencia técnica de empresas sociales para que la reconstrucción de casas se haga en las mejores condiciones y se respete la cultura e imagen urbana de muchos de estos municipios”, afirmó la Titular de Sedatu

Tras enfrentar la emergencia y concretar el censo casa por casa en el que incorporamos a más de 110 mil familias de los municipios declarados en emergencia en Oaxaca y Chiapas, hemos empezado la reconstrucción de la mano de todos, afirmó la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Informó que luego de normalizarse la situación y levantarse el censo que instruyó el Presidente Enrique Peña Nieto que se hiciera casa por casa, a la población se le entregó un folio, se tomó fotografías y se marcó la vivienda con un número para establecer, con toda claridad, que se tratan de personas verdaderamente damnificadas .

A partir de este procedimiento, estableció Rosario Robles, el Presidente Peña delineó un mecanismo a partir del cual en estos dos estados se va a apoyar. Será, dijo, a través de una tarjeta, un monedero electrónico, con el nombre y con el folio de la persona cuya vivienda se vio afectada, lo que le va a permitir dos cosas: adquirir materiales y también pagar mano de obra o auto emplearse.

“Vamos a un proceso de reconstrucción, entre todos vamos a reconstruir. Es tal la magnitud del fenómeno, por ejemplo en Oaxaca, que hemos censado más de 59 mil viviendas afectadas, de las cuales aproximadamente 25 mil tienen un daño total”, sostuvo.

Estableció que en esta entidad existe una gran tradición, que es el Tequio, de ayuda mutua, de participación solidaria. “La gente además no te pide que reconstruyas su casa, sino que le des un empujoncito para que entre todos podamos reconstruirla”, comentó.

Explicó que el apoyo que se entregará a las familias damnificadas será igual, por lo que aquellas personas que cuenten con una vivienda más grande podrán tener acceso a un crédito con tasas blandas con lo que podrán complementar los recursos y reconstruir su inmueble.

“Este es un trabajo entre todos, un trabajo de autoconstrucción, que contarán con este apoyo del gobierno, con asistencia técnica de empresas sociales que son expertas en estos procesos, para que la reconstrucción de sus casas se haga en las mejores condiciones y no vuelvan a sufrir ninguno de estos daños; además, para que se respete la cultura y la imagen urbana de muchos de estos municipios ”, afirmó Rosario Robles.

Comentó que ya se trabaja con constructoras y con distintas empresas para que una vez que se entreguen dichas tarjetas se cuenten con los materiales característicos de la región y se inicie muy pronto la reconstrucción.

Por otra parte, afirmó que a la par de este proceso, el Gobierno de la República, en coordinación con los gobiernos locales, han consolidado y aumentado la red de albergues en todos los municipios afectados para proveer de techo, alimentos y salud a la población damnificada.

Ciudad de México, a lunes 25 de septiembre de 2017.

No obstante lo anterior, el inicio de la reconstrucción y el otorgamiento de apoyos suscitan más inquietudes que certeza en cuanto la entrega puntual de los recursos económicos que permitan levantar o reparar cerca de 120 mil viviendas en el estado de Oaxaca, particularmente de propietarios pobres que, ante su evidente situación de precariedad, deben tener un seguimiento puntual para sus hogares sean efectivamente reparados tras los sismos. En este sentido, es necesario hacer con agilidad y eficiencia los trámites para los apoyos de manera que se contemplen los siguientes objetivos:

1. Simplificar los requisitos y trámites para acceder a los estímulos y apoyos;

2. Suplir cualquier error u omisión de los interesados por parte de la autoridad administrativa y hacer posible el otorgamiento ágil de los apoyos necesarios:

3. Realizar las valuaciones justas y pertinentes para otorgar créditos conforme al valor real de la vivienda;

4. Otorgar créditos y apoyos de manera inmediata para iniciar con la reconstrucción;

5. alorar la entrega en especie y efectivo para facilitar la reconstrucción de viviendas.

6. Informar qué empresas son acreditadas ante la Sedatu para la adquisición de materiales de construcción.

7. Explicar el monto de los monederos electrónicos y kits de autoconstrucción anunciados por la Sedatu para el levantamiento o rehabilitación de viviendas.

8. Garantizar que en la reconstrucción de nueva vivienda, se guarden las mismas dimensiones que las que tenían las colapsadas hasta antes de los movimientos sísmicos.

En este sentido, una vez hecho el anuncio del inicio del proceso de reconstrucción de los municipios afectados del estado de Oaxaca, se considera necesario el exhorto a la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para que, en el ámbito de sus atribuciones, haga público el plan de reconstrucción de viviendas en los municipios del estado de Oaxaca afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre.

Igualmente es necesario un exhorto a la misma Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que haga públicas las razones sociales de las empresas que podrían verse beneficiadas al ser las autorizadas en la distribución de materiales de construcción para las viviendas de los municipios del estado de Oaxaca afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre.

Se considera también oportuno el exhorto al gobernador del estado de Oaxaca para que haga públicos las acciones y medidas financieras con las que, a nivel local, se coadyuvará en la reconstrucción de viviendas de los municipios afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre.

Por lo anterior expuesto, se presenta a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que, en el ámbito de sus atribuciones, haga público el plan integral y mecanismos detallados, los elementos e instrumentos financieros que se aplicarán en la reconstrucción de viviendas de los municipios del estado de Oaxaca afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que haga públicos los nombres de las empresas comerciales y sociales que se verán beneficiadas al ser las autorizadas para la asistencia, compra y distribución de materiales para la reconstrucción de viviendas de damnificados de los municipios del estado de Oaxaca afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre.

Tercero. Se exhorta al gobernador del estado de Oaxaca para que haga del conocimiento público las acciones y medidas financieras con las que, a nivel local, se coadyuvará en la reconstrucción de viviendas de los municipios afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre.

Palacio legislativo de San Lázaro. Ciudad de México, a 3 de octubre de 2017.

Diputada Natalia Karina Barón Ortiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SHCP a revisar y, en su caso, eliminar cualquier acto de iniquidad fiscal contra los mexicanos radicados en el extranjero deseosos de enajenar un inmueble aquí, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal José Luis Orozco Sánchez Aldana, integrante del grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que en atención a sus facultades revise lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre la Renta a fin de identificar y en su caso eliminar, cualquier acto de inequidad fiscal que incida en contra de los mexicanos radicados en el extranjero que deseen enajenar un inmueble de su propiedad ubicado en el territorio nacional, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En la actualidad, se tiene identificado que existe en lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, una inequidad fiscal que afecta o incide de manera negativa contra algunos de los 11 millones de connacionales1 que han emigrado hacia los Estados Unidos de América y que por diversas circunstancias enajenan un inmueble en nuestro territorio; en primer lugar se ven obligados a tener un representante legal en nuestro país, en función a lo dispuesto en el artículo 174 de éste mismo ordenamiento la Ley del ISR y que a la letra dice:

Artículo 174. El representante a que se refiere este título, deberá ser residente en el país o residente en el extranjero con establecimiento permanente en México y conservar a disposición de las autoridades fiscales, la documentación comprobatoria relacionada con el pago del impuesto por cuenta del contribuyente, durante cinco años contados a partir del día siguiente a aquél en que se hubiere presentado la declaración.

Cuando el adquirente o el prestatario de la obra asuman la responsabilidad solidaria, el representante dejará de ser solidario; en este caso el responsable solidario tendrá la disponibilidad de los documentos a que se refiere este artículo, cuando las autoridades fiscales ejerciten sus facultades de comprobación.

Las personas físicas contribuyentes del impuesto a que se refiere este Título que durante el año de calendario adquieran la residencia en el país, considerarán el impuesto pagado durante el mismo como definitivo y calcularán en los términos del Título IV, de esta Ley, el impuesto por los ingresos que sean percibidos o sean exigibles a partir de la fecha en que adquirieron la residencia.

Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en el artículo 168 de esta Ley, cuando por sus actividades constituyan establecimiento permanente en el país, presentarán declaración dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que constituyan establecimiento permanente en el país calculando el impuesto en los términos de los Títulos II o IV de la misma, según sea el caso y efectuarán pagos provisionales a partir del siguiente ejercicio a aquél en que constituyan establecimiento permanente.

I. Si cuando no constituían establecimiento permanente el impuesto se pagó mediante retención del 25% sobre el ingreso obtenido, aplicarán dicha tasa a los ingresos acumulables correspondientes a cada pago provisional.

II. Si cuando no constituían establecimiento permanente se optó por aplicar la tasa establecida en el primer párrafo del artículo 9 de esta Ley, a la cantidad resultante de disminuir del ingreso obtenido las deducciones autorizadas por el Título II de la misma, determinarán sus pagos provisionales conforme a lo señalado en los artículos 14 o 106 de esta Ley según sea el caso.

Tratándose de personas morales iniciarán su ejercicio fiscal en la fecha en que por sus actividades constituyan establecimiento permanente en el país.2

Y, en segundo lugar, lo que es el objeto del presente punto de acuerdoi; deben de tributar con la tasa fija del 20% del valor de la contra prestación.

Lo anterior se asume, como una inequidad.

Esto porque el título quinto de la Ley del Impuesto sobre la Renta, relativo a los residentes en el extranjero con ingresos provenientes de fuente de riqueza, ubicada en el Territorio Nacional, tuvo como espíritu y destinatarios; a los contribuyentes que muchas veces con la sola idea de una planeación fiscal, trasladaban su domicilio a otro país, así como a las grandes empresas; pero no incide en lo anteriormente señalado.

Ante esto, se advierte la necesidad de que la autoridad correspondiente –en este caso en particular la SHCP- identifique este tipo de problemas y valore si es el caso, corregirlas a fin de no permitir perjuicios en contra de ningún mexicano, sin importar en donde resida.

Por ejemplo, sobre el caso anterior; una alternativa que se debería explorar; sería la inclusión en la opción de la tasa máxima que establece la normatividad en la enajenación de bienes inmuebles que realizan personas físicas residentes en el extranjero, a aquellos quienes enajenan una casa habitación o departamento del mismo tipo, que no sean propietarios de otro inmueble y a la vez, toparlo al 50% de la exención del impuesto sobre la renta, para quien lo hace, sobre la casa que le ha servido como su hogar en al menos los últimos 3 años.

Esta alternativa, generaría un beneficio muy importante a muchos de los casos que actualmente se tienen, por ejemplo; en el caso de dos connacionales residiendo en Estados Unidos, que convienen junto con sus otros dos hermanos residentes en nuestro país, vender su casa que tienen en cualquier parte de la República de 96 metros cuadrados, que, además, adquirieron por herencia. Una vez efectuada la operación, los hermanos residentes en el país erogaran vía tributaria un aproximado a $3,400 pesos; mientras que los hermanos connacionales residentes en Estados Unidos, por la misma operación del mismo bien, están obligados a erogar tributariamente un aproximado de $39,000 pesos.

Como se puede apreciar, lo anterior es un ejemplo representativo y claro del acto de inequidad fiscal en que se está incurriendo, también y a la vez, una traba que de manera directa afecta los intereses y también las coyunturas que los mexicanos que residen en Estados Unidos, su familia que los acompañan o bien que se quedan, requieren para salir adelante, de mejor manera ante el reto que les representa, iniciar un proyecto de vida en un país distinto al de su origen.

En lo anterior, no hay duda que esta soberanía está obligada, en abonar al respecto; todo ello en beneficio social de nuestros hermanos que residen en el extranjero.

Por este motivo, es importante que en éste caso fiscal o en cualquier otro aspecto, las autoridades correspondientes cuiden que bajo ninguna circunstancia se generen condiciones de inequidad que incidan de manera negativa contra los derechos de todos los mexicanos.

En función de esto, lo que se solicita respetuosamente; es un ejercicio de cuidado, seguimiento y actualización de nuestras normas legales fiscales, lo que debería de ser un acto cotidiano y permanente, más que una acción emergente.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Artículo Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que en atención a sus facultades revise lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre la Renta a fin de identificar y en su caso eliminar, cualquier acto de inequidad fiscal que incida en contra de los mexicanos radicados en el extranjero que deseen enajenar un inmueble de su propiedad ubicado en el territorio nacional.

Notas

1 Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Secretaria de Relaciones Exteriores. Estadística de la Población Mexicana en el Mundo 2016.

2 Artículo 174. Ley del Impuesto sobre la Renta.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2017.

Diputados: Hugo Daniel Gaeta Esparza (rúbrica), José Luis Orozco Sánchez Aldana (rúbrica), Laura Valeria Guzmán Vázquez, Jesús Zúñiga Mendoza (rúbrica), Laura Plascencia Pacheco (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano (rúbrica), Ramón Bañales Arámbula (rúbrica), Javier Santillán Oceguera (rúbrica), Martha Lorena Covarrubias Anaya (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a condonar totalmente los créditos fiscales consistentes en contribuciones federales, cuotas compensatorias, multas por incumplimiento de las obligaciones fiscales federales distintas de las obligaciones de pago, recargos y recargos por prórroga en términos del artículo 66-A del Código Fiscal de la Federación, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos diputada y diputado a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos ante esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A consecuencia del sismo ocurrido el 7 de septiembre de 2017, el cual ocasionó daños en las viviendas, instalaciones, carreteras, sistemas de riego agrícola, servicios básicos y comunicaciones, en diversos municipios de los Estados de Oaxaca y Chiapas, el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación del 11 de septiembre del año en curso, el “Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a los contribuyentes de las zonas afectadas que se indican por el sismo ocurrido el 7 de septiembre de 2017”.

El referido decreto, indica en sus consideraciones, apoyar a los contribuyentes de las zonas afectadas a fin de que cuenten con liquidez para hacer frente a sus compromisos económicos, por lo que los exime de la obligación de efectuar pagos provisionales del impuesto sobre la renta durante los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017, así como por el tercer y cuarto trimestres y el segundo y tercer cuatrimestres de 2017, según se trate.

Además, permite, a quienes tributan en el Régimen de Incorporación Fiscal, diferir la obligación de presentar las declaraciones bimestrales correspondientes a 2017; el entero en parcialidades del impuesto sobre la renta retenido por salarios correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017; el pago en parcialidades del impuesto al valor agregado y del impuesto especial sobre producción y servicios correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017; que los contribuyentes que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas presenten mensualmente las declaraciones del impuesto al valor agregado correspondientes al segundo semestre de 2017.

También autoriza la deducción inmediata y hasta por el 100 por ciento del monto original de la inversión correspondiente a las inversiones en bienes nuevos de activo fijo que se realicen en las zonas afectadas en el periodo comprendido del 7 de septiembre de 2017 al 31 de marzo de 2018, y devolver el impuesto al valor agregado de aquellas solicitudes que se presenten a más tardar el 15 de septiembre de 2017 en un plazo máximo de 10 días, entre otros beneficios.

No obstante ello, los beneficios fiscales que han sido concedidos a los contribuyentes de las zonas afectadas por el sismo ocurrido el 7 de septiembre de 2017, no son suficientes, ni ayudan a superar la emergencia.

Lo que se propone, es que se condonen al cien por ciento los créditos fiscales consistentes en contribuciones federales, cuotas compensatorias, multas por incumplimiento de las obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago, recargos, recargos por prórroga en términos del artículo 66-A del Código Fiscal de la Federación, multas y gastos de ejecución que deriven de ellos, causados y que se causen durante los meses de agosto, septiembre, octubre noviembre y diciembre de 2017, a los contribuyentes personas físicas que tengan su domicilio fiscal, agencia, sucursal o cualquier otro establecimiento en las zonas afectadas y no diferir el pago, pues es evidente que ante la situación que prevalece en los municipios de los Estados de Ciudad de México, Chiapas, Estado de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Oaxaca, no existen las condiciones para que los contribuyentes tengan la capacidad contributiva y cumplan oportunamente con sus obligaciones fiscales.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus atribuciones y mediante resolución de carácter general, condone al cien por ciento los créditos fiscales consistentes en contribuciones federales, cuotas compensatorias, multas por incumplimiento de las obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago, recargos, recargos por prórroga en términos del artículo 66-A del Código Fiscal de la Federación, multas y gastos de ejecución que deriven de ellos, causados y que se causen durante los meses de agosto, septiembre, octubre noviembre y diciembre de 2017, a los contribuyentes personas físicas que tengan su domicilio fiscal, agencia, sucursal o cualquier otro establecimiento en las zonas afectadas a que se refiere el “Decreto por el que se otorgan diversos beneficios fiscales a los contribuyentes de las zonas afectadas que se indican por el sismo ocurrido el 7 de septiembre de 2017”, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 11 de septiembre del año en curso.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2017.

Diputados: Francisco Martínez Neri, Cecilia Soto González (rúbricas)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a adoptar medidas relacionadas con el Fonden y el Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas para enfrentar las situaciones de urgencia derivadas de los sismos del 7 y 19 de septiembre, suscrita por los diputados Vidal Llerenas Morales y Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben, diputados Vidal Llerenas Morales y Maricela Contreras Julián, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura, y con fundamento en la fracción I del numeral 1 del artículo 6o. y el artículo 79, numeral 1, fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. El 7 de septiembre del año en curso, un terremoto de 8.2 grados sacudió los estados de Oaxaca y Chiapas, dejando cerca 2.3 millones de personas afectadas y cerca de 110 mil inmuebles dañados.

2. Una semana y media después de ocurrido el sismo señalado, el 19 de septiembre, cerca de las 13:30 horas, la Ciudad de México fue sacudida por un sismo de 7.1 grados en la escala de Richter, con epicentro en la zona limítrofe entre los estados de Puebla y Morelos. Dicho sismo generó una gran cantidad de afectaciones en la ciudad, entre las que destaca el colapso de diversas edificaciones, particularmente en las zonas sur y centro de la ciudad.

3. De acuerdo con la legislación vigente en México, el gobierno federal cuenta con un conjunto de instrumentos financieros para hacer frente a situaciones derivadas de desastres naturales, como sismos o inundaciones. Uno de tales mecanismos es el Fondo de Desastres Naturales, el cual tiene como objetivo ejecutar acciones, autorizar y aplicar recursos para mitigar los efectos que produzca un fenómeno natural perturbador, en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, a fin de apoyar con actividades de emergencia, recuperación y reconstrucción después de la ocurrencia de un desastre.

4. Asimismo, el Fondo de Reconstrucción de las Entidades Federativas representa un instrumento financiero que tiene como objetivo otorgar financiamiento preferente a aquellas entidades federativas que se vean afectadas por un desastre natural, tales como inundaciones, huracanes o sismos.

5. Ambos instrumentos representan mecanismos indispensables para hacer frente a la situación de emergencia que hoy en día atraviesan diversos estados de la República como Chiapas, Oaxaca, Puebla, Morelos, estado de México y la propia Ciudad de México. Ello, no obstante, significa que el adecuado funcionamiento y operación de dichos fondos supone un adecuado manejo y una fiscalización transparente con el objetivo de hacer llegar a la ciudadanía afectada los recursos que originalmente fueron destinados para hacer frente a situaciones similares.

6. Sin embargo, de acuerdo con datos proporcionados desde el año 2014 por la Auditoría Superior de la Federación, “en lo que respecta al acceso a los recursos en materia de protección civil, hay limitaciones en su operatividad, lo que compromete la agilidad de su flujo y la falta de certeza sobre la entrega de suministros de auxilio a la población y, por lo tanto, retraso en la atención de las acciones de reconstrucción de la infraestructura dañada.”1

7. De igual forma, la misma Auditoría Superior de la Federación ha recomendado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, “en coordinación con la Secretaría de Gobernación, fortalezca sus mecanismos de control y supervisión, y evalúe la posibilidad de modificar el acuerdo por el que se emiten las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales, para que en éste se regulen aspectos de la supervisión para que las instancias ejecutoras de las acciones y obras de reconstrucción den cumplimiento del plazo establecido para el inicio de obras y de las acciones de reconstrucción”.2

8. De esta manera, tanto el Fondo de Desastres Naturales y el Fondo de Reconstrucción de las Entidades Federativas reportaron en la Cuenta Pública de 2016 los siguientes recursos económicos:

9. Conforme a los datos anteriormente expuestos, puede apreciarse que existe una erogación total de ambos fondos de 15 mil 968.5 millones de pesos y un ingreso de 17 mil 255.7 millones de pesos. Esto quiere decir que, en conjunto, ambos fondos sólo tuvieron un ingreso de mil 287.2 millones de pesos. No obstante, no debe pasar desapercibido que el Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas tuvo un ingreso nulo durante el año de referencia.

10. Esto quiere decir que existe una discrepancia en las cifras referentes al Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas, dado que el saldo al cierre del año 2016 presenta un saldo final mayor que no corresponde a la evolución de movimientos realizados a lo largo del año de referencia.

11. En relación con lo anterior, cabe destacar que el 29 de marzo de 2017, se entregaron al gobierno federal de la República un total de 321,653.3 millones de pesos derivados del Remanente de Operación del Banco de México durante el año 2016. Sin embargo, de acuerdo con el informe que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público rindió a esta Soberanía el pasado 25 de mayo, de dicho total de recursos económicos, el Gobierno Federal aplicó una operación de recompra de valores gubernamentales por 40 mil millones de pesos que contempló la recompra de Bonos a Tasa Fija con vencimiento entre 2018 y 2019, equivalente al 12.4 por ciento de remanente entregado.

12. Asimismo, conforme a dicho informe, se destinaron 79 mil 978 millones de pesos al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) así como 16 mil 629 millones de pesos al Fondo de protección contra Gastos Catastróficos (FPGC) del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, existiendo un residual de 105 mil 000 millones de pesos, considerando que se destinaron 2 mil 889 millones para aportaciones a organismos internacionales.

13. De igual forma, puede señalarse que se han dedicado 80 mil 000 millones de pesos de los recursos del Remanente de Operación de referencia para reducir la colocación de deuda tanto interna como externa, por lo que dichos recursos están disponibles, a menos de que se hayan erogado en el destino que se hubiera tenido programada la colocación de deuda evitada.

14. En este sentido, cabe señalar que la situación que actualmente enfrenta el país exige la adopción de un matiz de protección reforzada por parte de las autoridades que supone de ellas una actuación particularmente diligente tanto en la toma de decisiones, como en el manejo y distribución de los recursos públicos. De ello se sigue que la actual situación de emergencia que viven diversos estados de la República debe ser afrontada con el total de los recursos extraordinarios y con la máxima transparencia que una democracia demanda en situaciones como las que nos aquejan.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución , los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en un plazo no mayor a 10 días naturales haga público un reporte detallado sobre el uso de los recursos destinados al Fondo de Desastres Naturales y del Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas durante el ejercicio de 2016.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en un plazo no mayor a 10 días naturales haga público un reporte detallado sobre el uso de los recursos destinados al Fondo de Desastres Naturales y del Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas durante el periodo transcurrido del ejercicio de 2017, y de forma mensual durante los próximos seis meses.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que reasigne al Fondo de Desastres Naturales y del Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas los recursos que ha transferido a otros fondos, así como los recursos todavía no asignados a la fecha producto del remanente de operación del Banco de México, los cuales totalizan en conjunto 198,607 millones de pesos.

Cuarto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita a la Auditoría Superior de la Federación a que acelere la auditoría de los recursos a los que hace referencia este acuerdo, ejercidos durante el año 2016 y, ante la situación de emergencia que actualmente se vive en el país, audite en tiempo real el ejercicio de dichos recursos correspondientes al año 2017.

Notas

1 Auditoría Superior de la Federación, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, disponible en: http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2013i/Documentos/Auditorias/2013 _0133_a.pdf

2 Auditoría Superior de la Federación, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 20134, disponible en: https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2014i/Documentos/Auditorias/201 4_0150_a.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2017.

Diputados: Maricela Contreras Julián, Vidal Llerenas Morales (rúbricas)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Ssa a incluir y garantizar la atención de la salud reproductiva de la población en general, en beneficio de la integralidad que debe privar en los servicios de salud en el país, a cargo del diputado José Luis Orozco Sánchez Aldana, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal José Luis Orozco Sánchez Aldana integrante del grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud a incluir y garantizar la atención de la salud reproductiva de la población en general, en beneficio de la integralidad que debe de privar en los servicios de salud que se proveen en nuestro país, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Actualmente la igualdad entre géneros, ha abarcado todos los ámbitos posibles no solo en materia de oportunidades de desarrollo personal, social, político, educativo y económico por mencionar algunos; sino también en los que respecta a lo relativo a la salud en todas sus vertientes.

Lo anterior, en cierta medida se ha derivado al avance que se ha logrado en la ampliación de la expectativa de vida, desarrollo y oportunidades para la mujer, el hombre y la sociedad en su conjunto, lo que no solo nos expone a los riesgos de los roles antiguos sino también, a los nuevos que se han adoptado y sus incidencias sobre la salud personal y publica también.

Basta mencionar que, por ejemplo, la experiencia en la última década nos ha mostrado que factores socio demográficos repercuten negativamente en la salud tanto de mujeres y hombres; no obstante, es en la mujer, donde se registra una mayor incidencia por situaciones como pobreza extrema, violencia en todas sus formas, segregación en el acceso a la educación y a los servicios.

Ello, no solo afecta a la mujer mexicana, nos afecta a todos como sociedad en las generaciones tanto presentes, como futuras.

En este sentido, las instituciones se valen de una manera más efectiva de la aplicación del enfoque de género desde el diseño, la planeación y la verificación del funcionamiento de las políticas públicas como una forma de garantizar su eficiencia y a la vez, su eficacia.

Y, en lo que respecta a la atención médica, la procuración de servicios y atención de la salud; lo anterior no es ni debe ser ajeno en ninguna de sus vertientes.

Todo esto nos ha traído grandes y diversas ventajas, así como también, nuevos retos.

Y una ventaja y reto a la vez, de este proceso que nuestra sociedad ha llevado a cabo; es la necesidad de una integralidad en el enfoque, la atención y los servicios de salud que deben privar en el país para toda la población.

Tan es así, que es necesario citar la definición de salud, que actualmente la Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene: un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.1

Y obligatoriamente, la salud reproductiva en nuestro esquema de atención integral; no puede estar ausente o bien, ser ignorada.

No podemos segregarla o asumir que está incluida en los servicios de la planificación familiar que actualmente se ofrecen, o bien hacerla ligeramente visible, en la educación sexual que se provee.

Porque, la planificación familiar se ciñe únicamente a, el número de hijos que desean y determinar el intervalo entre embarazos. Se logra mediante la aplicación de métodos anticonceptivos y el tratamiento de la esterilidad.2

Y, la educación sexual se refiere a la pedagogía de la sexualidad o la actividad sexual.

Sin embargo, la salud reproductiva, es todo lo anterior y más todavía. Porque ofrece a las mujeres y hombres y a la sociedad en general; no solo el acceso a controles de fertilidad, sino también a métodos de control con la garantía obligatoria de seguridad, eficiencia y aceptabilidad. Así como también, el acceso a la información para el cuidado y atención del aparato reproductor tanto femenino como masculino en cada una de las diferentes etapas en la vida.

Conlleva, no solo la orientación para elegir el mejor momento para tener un hijo, sino también implica un seguimiento integral de la salud del hijo y de la mujer, durante y después del embarazo.

También, asume lo relativo al alcance de una sexualidad plena, segura, satisfactoria y sobre todo responsable; para hombres y mujeres en igualdad.

Como se puede apreciar, lo anterior en nuestras instituciones de salud, en sus esquemas o bien sus servicios; no se tiene y es necesario garantizarlo.

En gran medida, su ausencia; nos ha derivado en diagnósticos de enfermedades retrasados, pérdida de vidas, contagio de enfermedades de transmisión sexual, inicio inseguro e irresponsable de la sexualidad a muy temprana edad, embarazos no deseados, embarazos adolescentes; entre otras muchas consecuencias más.

Y por el lado de las instituciones, una sesgada atención médica, cuidado y procuración de la fertilidad, inherente además a las diferentes etapas de la vida.

Por eso, en nuestro país el cáncer cérvico-uterino y el cáncer de mama son los padecimientos de principal mortalidad entre mujeres de 35 y 50 años.

Porque a pesar de que hay significativos avances en materia de políticas y programas públicos sobre estas 2 enfermedades graves y prevenibles; la ausencia del enfoque de la salud reproductiva y lo que ello conlleva nos priva por ejemplo de contar con debidos procesos de sensibilización en los prestadores de servicios médicos, clínicos y hospitalarios, que nos permitiría desarrollar mejores técnicas de diagnóstico, mejores campañas y más eficientes de detección oportuna y temprana, la concepción de tratamientos integrales y mejorados, mejor conocimiento de la población en general sobre los diversos factores de riesgo; y sobre todo, que la prevención y atención de éste problema, no es un asunto únicamente de la mujer, sino de pareja.

En México, un país con una población que rebasa los 119 millones de habitantes, de los cuales poco más del 51 por ciento son mujeres con una expectativa de vida que rebasa los 78 años y además rebasa en 5 años la expectativa de vida del hombre (73.4 años);3 no podemos seguir sin integrar la atención a la salud de toda la población, omitiendo el enfoque que ofrece, la salud reproductiva.

Porque la sociedad mexicana en cualquier rubro de edad que se mencione; está solicitando en materia de salud, servicios especializados y no generales; tanto en la previsión, el tratamiento, la recuperación, la rehabilitación y auto-cuidado de su bienestar.

Eso es lo que ofrece la salud reproductiva, la atención especializada en cada una de las etapas de su vida y a su vez, incluyendo los derivados por su entorno social.

Hacerlo así, por ejemplo, estaríamos en condiciones de ofrecer a nuestra población femenina infantil y adolescente, la orientación e información necesaria y relativa al auto-reconocimiento de su cuerpo y con ello, su resguardo frente a estereotipos preestablecidos socialmente como la delgadez extrema o bien, ante el abuso.

Respecto a la mujer joven, no solo nos enfocaríamos en una sexualidad plena, segura, satisfactoria y sobre todo responsable; tendríamos una eficiente capacidad de prevenir e identificar conductas de riesgo, maltrato y violencia sexual; de proveer una educación afectivo-sexual y de incidir de manera efectiva en la prevención de enfermedades de transmisión sexual y de igual forma, embarazos no deseados.

Sobre la población femenina en la etapa de madurez, lo mismo; no nos limitaríamos al enfoque de la sexualidad plena; llegaríamos a más sobre la detección eficiente y temprana del cáncer cérvico-uterino y de mama; así como la atención de los problemas relacionados con sus cambios fisiológicos como el climaterio.

Y para, las mujeres mexicanas adultas mayores, dejaríamos de ver como un tabú el derecho al disfrute de una sexualidad plena y con ello, les permitiríamos empatarla con la atención de sus enfermedades discapacitantes y las crónico-degenerativas.

En lo que respecta a la población masculina, en primer lugar, tendríamos las ventajas sociales de su efectiva incorporación en las políticas y programas públicos de salud reproductiva que se proponen.

Los hombres en México, dejarían de ser ajenos a lo que en materia de salud y reproducción se refiere; y a su vez, asumirían el papel que les corresponde y que han omitido atender, sobre paternidad y equidad en la pareja.

En esto último, tenemos un retraso enorme y catastrófico, que nos ha derivado en la imposibilidad de incidir sobre la violencia de género, las conductas de riesgo o bien; en el desconocimiento de que el hombre es responsable de su salud reproductiva y también de los factores que le atañen y que pueden afectar de manera a veces irremediable, tanto la sexualidad como también la salud reproductiva de las mujeres.

Como se puede apreciar, nuestra sociedad está perdiendo demasiado; por la ausencia de la integralidad que ofrece la visión de la salud reproductiva.

Esta soberanía y quienes la integramos, no podemos ser omisos ante este problema, ni ajenos a atenderlo en el presente, pensando en el futuro de hombres y mujeres, así como de nuestra sociedad en conjunto.

Por todo lo anterior, es necesario que la Secretaria de Salud incluya la atención y la perspectiva de la salud reproductiva, en la atención y los servicios de salud que se proveen a la población en general en todo nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Artículo Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud a incluir y garantizar la atención de la salud reproductiva de la población en general, en beneficio de la integralidad que debe de privar en los servicios de salud que se proveen en nuestro país.

Notas

1 Definición de Salud. OMS.

2 Planificación Familiar. OMS.

3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Encuesta Intercensal 2015.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2017.

Diputados: Hugo Daniel Gaeta Esparza (rúbrica), José Luis Orozco Sánchez Aldana (rúbrica), Laura Valeria Guzmán Vázquez, Jesús Zúñiga Mendoza (rúbrica), Laura Plascencia Pacheco (rúbrica), Rafael Yerena Zambrano (rúbrica), Ramón Bañales Arámbula (rúbrica), Javier Santillán Oceguera (rúbrica), Martha Lorena Covarrubias Anaya (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Veracruz a iniciar el procedimiento para destituir al fiscal general del estado, Jorge Winckler Ortiz, por las graves violaciones de los derechos humanos contra miembros del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de la entidad, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

Norma Rocío Nahle García, en mi calidad de diputada federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y del numeral 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes:

Consideraciones

Primero. La noche del jueves 7 de septiembre del año en curso, se registró un fuerte sismo en la República Mexicana, que fue perceptible en varios estados del centro y sur, como Veracruz, Chiapas, Tabasco, Puebla, Guerrero y la Ciudad de México.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el movimiento de tierra tuvo una intensidad de 8.2 grados en la escala de Richter. El epicentro se localizó a 133 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, en el estado de Chiapas. Luego del sismo de gran intensidad, el gobierno federal activó los protocolos de Protección Civil, incluyendo el Comité Nacional de Emergencias. El terremoto dejó un saldo de 110 mil inmuebles dañados y al menos 60 personas fallecidas.

Aún con concluía la evaluación de los daños de este sismo cuando un movimiento telúrico de intensidad similar, esta vez de 7.1 grados, cimbró varias entidades de la república el 19 de septiembre, provocando hasta la fecha 360 muertos y 250 mil inmuebles dañados. Las entidades más afectadas en esta ocasión fueron Morelos, lugar del epicentro, Puebla, Estado de México, Guerrero y Oaxaca.

Como lo señalé en el punto de acuerdo presentado el 14 del mes pasado, en mi entidad la ciudad de Coatzacoalcos resultó ser la más perjudicada por el sismo del 7 de septiembre; en esta al menos 200 viviendas resultaron seriamente dañadas a consecuencia del sismo, y cuando menos 50 tendrán que ser reconstruidas en su totalidad. Asimismo, 18 planteles educativos también resultaron con daños, varios postes se cayeron y varias calles están socavadas.

Entre las colonias que presentan mayores estragos se encuentran la Petroleros, San Silverio, Divina Providencia, Teresa Morales, Lomas del Bosque, Villas del Sur, Benito Juárez y 24 de Octubre, las dos primeras las más afectadas. En tano, en la ciudad de Minatitlán nueve casas colapsaron y si bien, afortunadamente no se dieron decesos, los damnificados necesitan ayuda para subsanar sus pérdidas.

Señalé que de esta manera que en Coatzacoalcos y en alguna medida en Minatitlán son cientos las familias que requerían el socorro que puede brindar el gobierno federal, para que por una parte vuelvan a tener un sitio digno donde vivir, y por la otra, puedan allegarse de un ingreso por medio del Programa de Empleo Temporal. Que los afectados y los mismos municipios veracruzanos antes mencionados requerían una verdadera ayuda sin fines políticos.

Como en 1985 la solidaridad ciudadana no se hizo esperar, en ambos sismos. Desde el primero momento, cientos de ciudadanos, jóvenes en su mayoría, acudieron en auxilio de la población afectada, removieron escombros, ayudaron a rescatar con vida a decenas de ciudadanos, proporcionaron alimentos y cobijo. Estas muestras de solidaridad se extendieron a todas las entidades afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre pasados; Veracruz no fue la excepción. La sociedad veracruzana dio muestras de apoyo incondicional a los damnificados.

Segundo. Mientras la delincuencia organizada y la común se ensañan con los ciudadanos, secuestrándolos, extorsionándolos, asaltándolos dentro de sus domicilios, robando sus vehículos, quitándoles lo que cargan cuando andan por las calles en pleno día, cobrando derecho de piso y haciendo de Veracruz una de las entidades más peligrosas del país, la Fiscalía del estado atiende consignas políticas: invirtió recursos de para espiar y detener a un grupo de respetables ciudadanos, miembros del Colegio de Ingenieros del estado, por la sospecha de que dedicaron tiempo a recaudar víveres y armar despensas para entregarlas a damnificados, con el cuento de que esas despensas son propiedad de un partido político que las repartiría con fines electorales.

De acuerdo a diversos medios de comunicación, el miércoles 27 de septiembre se hizo del conocimiento público que el gobierno de Yunes Linares había detenido a 7 ingenieros que presuntamente habían juntado despensas para apoyar a los damnificados por el huracán Katia y los resientes sismos en nuestro país.

“... entre los detenidos en forma arbitraria, privados de su libertad, se encuentran el presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Veracruz, Juan Antonio Pinilla Rodríguez, y seis integrantes más. La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales cometidos por Servidores Públicos, dio inicio a una carpeta de investigación en contra de la directora de Servicios Públicos Municipales del ayuntamiento de Veracruz, Fabiola Balmori Durazzo, por la probable comisión de un delito electoral, porque supuestamente en su domicilio particular, ubicado en el municipio de Medellín, resguardaba bolsas con despensas, y Antonio Pinilla, presidente del Colegio de Ingenieros es su esposo.

En declaraciones que hizo a los medios de comunicación, el director del Despacho Ordóñez y Téllez, Abogados Asociados, contratados para la defensa de este grupo de ciudadanos altruistas, afirmó que los siete detenidos el martes por la noche, son acusados por la FGE porque reunían despensas supuestamente con fines electorales, cuando el proceso electoral en Veracruz iniciará hasta noviembre próximo. Los integrantes del Colegio de Ingenieros pretendían llevar a cabo una acción humanitaria para ir a apoyar a los damnificados por los sismos con sus propios recursos, y la muestra es que ninguna bolsa o camioneta tiene logos de algún partido político, como sí ocurrió con los apoyos de la asociación Yúnete.

Fidel Ordóñez Solana califica a esta como “una actividad de persona moral, de naturaleza privada, con condiciones legales, establecido, y es un actuar indebido de la autoridad el tratar de buscar que tuviera etiquetas de cualquier partido político. Es una acción humanitaria mal y dolosamente interpretada por la Fiscalía General del Estado”. Comenta el abogado que el martes 26 del mes en curso, alrededor de las 23:30 horas se presentó una demanda de amparo ante el Juez Quinto de Distrito con sede en Boca del Río, el cual a las 05:00 de la mañana solicitó a su actuario a que los quejosos ratificarán esta solicitud.

A partir de ese momento, la Fiscalía General del Estado empezó “una campaña de hostigamiento en contra de ellos, les retiraron sus zapatos, les quitaron sus lentes, les retiraron sus pertenencias, obviamente no tenían celulares porque los tienen incomunicados y les han estado diciendo que se declararan, que los iban a declarar, que van a declarar en contra de ellos y en estos momentos siguen en la misma situación”.

Se violaron las garantías constitucionales de estos ciudadanos y el artículo Séptimo de la Convención sobre los Derechos Universales del Hombre y al cual está suscrito el gobierno mexicano, afirma el abogado Ordóñez, así también se violó el artículo 1, el 11, 14 y 16 Constitucionales y les siguen la violación al debido proceso que es una garantía al derecho humano, porque los están encausando por un delito que no se puede cometer porque no se vive en Veracruz un proceso electoral, ya que este iniciará en noviembre próximo.

Juez los ampara y no los sueltan

La tarde de ayer mismo el Juez Quinto de Distrito ordenó la liberación inmediata de los 7 detenidos por el caso de las despensas en Medellín, pero la Fiscalía se niega a liberarlos. El abogado penalista Fidel Ordóñez Solana explicó que de una “forma por completo irreflexiva, la Fiscalía Regional zona centro Veracruz y el Fiscal Especializado en materia electoral, se niegan a hacerle caso a la suspensión provisional decretada en beneficio de los detenidos en el asunto de las despensas y todos son miembros del comité del Colegio de Ingenieros del estado de Veracruz”.

En ese sentido, puntualizó que la Fiscalía “se niega a liberarlos y seguir declarándolos culpables cuando realmente ya no tienen facultades para hacerlo. El Juez dijo que si no proviene de orden literal y textual, dice la resolución que si la detención no está ordenada por autoridad judicial ni se trata de delito flagrante o urgente, el agente del ministerio público deberá ordenar su inmediata libertad sin perjuicio de la investigación previa correspondiente”.

Sin ninguna duda es aberrante la actuación de nuestras autoridades, en este y en otros casos de abuso de autoridad que hemos visto. Los ciudadanos, habitantes de la ciudad y puerto de Veracruz, están completamente indignados ante este brutal atentado a nuestras libertades que habla por sí solo de la terrible situación en que nos encontramos los veracruzanos.

Lamentable, dice Renato Alarcón

Ayer mismo, el dirigente estatal del PRI, Renato Alarcón Guevara, mediante un despacho de prensa, calificó como “lamentable la actuación de la Fiscalía General del Estado, que a pesar del alarmante aumento en los índices delictivos, está enfocada en desviar la atención e inventar delitos donde no los hay, en lugar de perseguir a los verdaderos delincuentes y abatir la inseguridad que preocupa a los veracruzanos”.

Dijo que es arbitraria la detención del presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Veracruz, Juan Pinilla Rodríguez y de 14 personas más entre ellas Gerardo Zárate Geron, José Alfredo Herrera Amaya, César Galicia Fernández y Ronnie Rogelio Geron, todos miembros del Colegio, que en una caravana transportaban despensas con destino a un centro de acopio de la Cruz Roja, para apoyo a los damnificados.

Se sabe que días antes de la detención, gente extraña tomó fotografías cerca del lugar donde guardaban parte de los apoyos que se han donado por dicho Colegio y que posteriormente para la detención, se desplegó un numeroso operativo de más de 40 elementos con armas de alto calibre, amedrentando a ciudadanos honestos que con solidaridad han apoyado en diversas labores altruistas en este y otros momentos, mientras que hay verdaderos crímenes qué atender y la fiscalía no hace nada, dijo el dirigente partidista.

“Es reprobable que la prioridad del fiscal, Jorge Winckler, sea desviar la atención de los verdaderos problemas que vive Veracruz en materia de seguridad por una cortina de humo queriendo configurar un delito donde no lo hay y afectando la imagen e integridad de veracruzanos honestos”.1

Tercero. Respecto al presunto delito cometido por los detenidos y las declaraciones emitidas por el fiscal de la entidad, es necesario enfatizar que el proceso electoral en Veracruz iniciará el 1 de noviembre. De acuerdo a la información publicada por el Organismo Público Local Electoral (OPLE), es necesario homologar las fechas con el calendario federal con la finalidad de que se ajuste y coincida con el término de las precampañas del 11 de febrero del 2018.

El Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz aprobó que la instalación del Consejo General y el inicio del proceso electoral concurrente 2017-2018 se lleven a cabo el próximo 1 de noviembre.

En un comunicado:

“el organismo explicó que el ajuste se realiza para homologar fechas con el calendario federal y que coincida con el término de las precampañas, que será el 11 de febrero de 2018 y con el fin del periodo en que los candidatos independientes recaban el apoyo ciudadano, a darse el 6 de febrero del mismo año.

Los cambios los realizarán los 32 órganos electorales locales, de acuerdo con su norma interna o código electoral y solo ajustarán algunas fechas respetando sus demás lineamientos.

En sesión extraordinaria, el Consejo General del OPLE determinó que el registro de candidaturas a la gubernatura del estado será el 29 de marzo y para diputaciones, el 20 de abril.

También se estableció que el registro de las candidaturas a gobernador quedará sujeto al requisito de separación del cargo, el cual deberá comprobarse que ocurrió antes del 1 de abril de 2018.

En el acuerdo INE/CG386/2017 del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó homologar cuatro fechas de las elecciones concurrentes por el tema de capacitación y fiscalización”. 1

Cuarto. El presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Veracruz, Juan Antonio Pinilla Rodríguez y seis integrantes más, salieron libres, luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) a cargo de Jorge Winckler Ortiz no pudo hacer nada frente a un amparo federal que les fue otorgado.

Los siete integrantes del Colegio de Ingenieros estaban detenidos en la Fiscalía Regional Centro Veracruz, y el juzgado quinto de distrito con sede en Boca del Río dictó en autos el juicio de amparo número 857/2017/III en el cual ordena a la FGE que si no hay orden de aprehensión sean puestos en libertad de inmediato.

El abogado defensor de los acusados, Fidel Ordoñez señaló que la actuación de la FGE fue “inconstitucional porque debió haber existido una carpeta de investigación desde detención por eso no pudieron soportar la acusación y los tuvieron que dejar libres”.3

Quinto. Atenta de los acontecimientos que han ocurrido en los últimos días en nuestro país, en los que se vieron afectados miles de ciudadanos, la sociedad mexicana ha reaccionado inusitadamente, la falta de respuesta inmediata del gobierno ha generado que la gente salga a las calles a brindar apoyo a los más afectados. Ante estos hechos, lamentablemente nos encontramos con acciones reprobables como las del fiscal de Veracruz, en contra del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Veracruz, por las que debe haber un pronunciamiento claro y puntual de esta honorable Asamblea. Es un uso arbitrario del poder que no podemos dejar pasar.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero . La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Congreso del estado de Veracruz, con pleno respeto a su soberanía, a que inicie el procedimiento para la destitución del Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, en términos de lo establecido en la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la legislación correspondiente en materia de responsabilidades de los servidores públicos, por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en contra del presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de la entidad, Juan Antonio Pinilla Rodríguez, y seis integrantes más de dicho organismo.

Segundo . La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Derechos Humanos del estado de Veracruz, para que, en el ámbito de sus atribuciones investigue las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en contra del presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de la entidad, Juan Antonio Pinilla Rodríguez, y seis integrantes más de dicho organismo, y tome las medidas conducentes contra las autoridades responsables.

Tercero . La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita al Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, que regrese inmediatamente los bienes y la ayuda humanitaria de que fueron despojados los integrantes del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Veracruz destinada a brindar solidaridad a los damnificados de los sismos ocurridos el 7 y el 19 de septiembre del 2017.

Cuarto . La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a las autoridades del gobierno de Veracruz a conducirse con respeto a la ley frente a las acciones de solidaridad emprendidas por la sociedad con los damnificados de los sismos ocurridos el 7 y el 19 de septiembre del 2017.

Notas

1 Formato siete, Ingeniería Electoral, miércoles 27 de septiembre, 2017. http://formato7.com/2017/09/27/ingenieria-electoral/

2 INE, Acuerdo para el registro de candidaturas independientes..., septiembre 2017.

http://www.ine.mx/wp-content/uploads/2017/09/DEPPP-CI-Ac uerdoCG.pdf

3 Formato siete, Quedan en libertad el Presidente y Secretario del Colegio de Ingenieros, septiembre, 2017.

http://formato7.com/2017/09/27/quedan-en-libertad-el-pre sidente-y-secretario-del-colegio-de-ingenieros/

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 3 de octubre de 2017

Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal a hacer del conocimiento público por la Sagarpa los acuerdos de mayor relevancia en materia agrícola y ganadera de Chihuahua, a cargo del diputado Álex Le Barón González, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito diputado, Alex Le Baron González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, fracción II, numeral 2, fracción VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Para dar cumplimiento a la Ley de Energía para el Campo y su Reglamento, referente a que el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), debe establecer las condiciones y mecanismos que permitan a los productores agropecuarios tener acceso a una cuota energética de Diésel Agropecuario a precios y tarifas de estímulo , para 2016 la SHCP publicó en DOF el 30 de diciembre de 2015, el Acuerdo 29/2015 por el que se establecen estímulos fiscales a la gasolina y el diésel en los sectores pesquero y agropecuario.

Con base en el marco anterior se establecieron los Lineamientos Generales para la Aplicación del Estímulo Fiscal al Diésel Agropecuario 2016, los cuales fueron publicados en el portal Sagarpa con fecha del 23 de junio del 2016, en los que se describen las actividades y responsabilidades de cada una de las áreas participantes y el procedimiento operativo.

El Estímulo Fiscal de Diésel Agropecuario 2016, es de aplicación nacional y su operación está a cargo de la Oficialía Mayor, encargada de establecer los procedimientos para afiliar y autorizar las estaciones de servicio que participan en la aplicación del beneficio, así como generar integrar e informar a Petróleos Mexicanos (Pemex), de acuerdo a los formatos establecidos, el monto de los consumos realizados, aplicando el procedimiento a los ciclos agrícolas Primavera-Verano 2016 y Otoño –Invierno 2016/2017.

Este programa, estructurado por la Sagarpa, en coordinación con SHCP y Pemex, está dirigido particularmente a los productores que forman parte del Padrón de Diésel Agropecuario que recibieron apoyo en el año 2013 (el programa se había suspendido a partir de 2014 y durante 2015).

En el caso del diésel agrícola, la SHCP solicitó depurar el padrón de acuerdo al esfuerzo para la desincorporación que realizó la Sagarpa en ejercicios pasados y suprimiendo a los beneficiarios que causaron baja por defunción o falta de renovación de su registro por tres años consecutivos.

Por otro lado, la Sagarpa exhortó a los productores involucrados a que acudieran al Centro de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) correspondiente para reinscribirse como beneficiarios del programa antes del cierre de ventanillas; para el 30 de octubre del 2016.

Cabe reiterar que el objeto del apoyo es beneficial a los productores agropecuarios aplicando una exención del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), que está incluido en el costo total del litro de diésel al público en general. Además, de acuerdo al Procedimiento Operativo, el consumo de la cuota energética del Estímulo Fiscal al Diésel Agropecuario 2016 para el ciclo Primavera-Verano 2016, deberá consumirse exclusivamente en el periodo de abril a diciembre de 2016 y la correspondiente al ciclo Otoño-Invierno 2016/2017 en el periodo de agosto de 2016 a junio de 2017.

Asimismo, la SHCP publica mensualmente, el acuerdo tiene por objeto dar a conocer los estímulos fiscales, monto de los mismos, las cuotas disminuidas y los precios máximos al sector pesquero y agropecuario aplicable en todo el territorio nacional a la gasolina menor a 92 octanos y al diésel, desde enero 2016 a la fecha.

Debido a algunos acontecimientos en fechas recientes la Sagarpa arranco un programa piloto que veníamos solicitando desde inicios del 2016 el 1 de marzo de 2017 en el municipio de Buenaventura, Chihuahua, con el fin de realizar una prueba operativa de los estímulos fiscales para la gasolina y el diésel en los sectores pesquero y agropecuario, surtiendo algunos litros de gasolina utilizando ya las aplicaciones de los teléfonos inteligentes de dicho apoyo. Lo lamentable es que una vez terminado el trabajo de campo en donde se demostró exitosamente que dicho programa piloto funcionaba, no se le dio seguimiento alguno en el Estado de Chihuahua y mucho menos en el resto del País a detrimento de la productividad del Sector primario nacional.

Posteriormente con fecha 24 de agosto del presente año el titular de Sagarpa José Eduardo Calzada Rovirosa acudió al estado de Chihuahua en donde se reunió con el Gobernador de Chihuahua así como integrantes del sector agropecuario en donde atendieron los asuntos de mayor relevancia en materia Agrícola y Ganadera del Estado; lo que llama la atención es que se reunió en privado con organizaciones conocidas por todos los productores del estado que acostumbran tomar casetas, bloquear vías de comunicación y vender carteras de proyectos que dependencias federales, particularmente Sagarpa, les obsequian en cada ejercicio presupuestal. Es sumamente preocupante tener esta nivel de atención a grupos “mercenarios” que se venden al mejor postor, que dicen representar a pequeños productores del campo Chihuahuense y que un Secretario de Estado les brinde atención personalizada y los acuerdos se mantengan ocultos. Por lo anterior es urgente y de máxima prioridad conocer los acuerdos pactados, en particular conocer el estatus del programa al diésel agropecuario.

Es necesario que los productores del país sean apoyados por el estímulo fiscal, el que el gobierno federal se ha comprometido para apoyar a estos sectores elementales de nuestra economía, para que se cumpla con lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo sexenal.

De esta manera exhorto a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) para que, emita un informe del padrón de beneficiarios, los montos totales de los subsidios, así como el desglose de los mismos por cada productor beneficiado, fechas de aplicación correspondientes al año 2016, así mismo el plan operativo aplicable para el año 2017, de la implementación de los estímulos fiscales para la gasolina y el diésel en los sectores pesquero y agropecuario, para conocer en qué situación se encuentra, y cuáles han sido las problemáticas que ha enfrentado dicho apoyo.

En ese sentido me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en el ámbito de su competencia haga de conocimiento público los acuerdos de mayor relevancia tratados en la reunión privada en materia agrícola y ganadera del estado de Chihuahua; un estado de avance relativo al primer año de aplicación y el programa operativo aplicable para el año 2017 de la implementación de los estímulos a los energéticos en los sectores pesquero y agropecuario.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2017.

Diputado Alex Le Baron González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a considerar a legisladores locales y federales en la formación de la comisión para reconstruir la localidad y garantizar el suministro de agua en Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Las y los que suscriben, diputadas y diputados federales, Norma Xóchitl Hernández Colín, Alicia Barrientos Pantoja, Antonio Hernández de la Piedra, Carlos Hernández Mirón, Ernestina Godoy Ramos, Irma Rebeca López López y Jesús Salvador Valencia Guzmán, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, por medio del presente, someten a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a contemplar a legisladoras y legisladores locales y federales, en la conformación de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, asimismo, a garantizar el suministro de agua en las delegaciones Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco. Lo anterior, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A las 13:14 horas del 19 de septiembre de 2017, aconteció un fuerte sismo que, de acuerdo al Servicio Sismológico Nacional, tuvo una magnitud de siete punto un grados en la escala de Richter, que dejara, a la fecha, más de trescientas personas fallecidas, así como innumerables daños materiales en viviendas y establecimientos mercantiles.1

El jefe del gobierno reportó al menos treinta y ocho inmuebles colapsados y cincuenta y dos personas rescatadas con vida de los escombros. La Secretaría de la Defensa Nacional activó el Plan DN-III-E en las áreas dañadas para ayudar en las labores de apoyo con las autoridades de protección civil. Fueron desplegados más de tres mil efectivos militares, mujeres y hombres, así como quince binomios caninos para la búsqueda de personas atrapadas.

En la calle de San Luis y Medellín, colonia Roma Sur, un edificio de oficinas colapsó minutos después del sismo, por lo que en el lugar se confirmaron dos personas fallecidas, y pudieron ser rescatadas otras tres.

Las autoridades establecieron un perímetro de seguridad de al menos una cuadra a la redonda en torno al edificio colapsado para tratar de guardar silencio y así poder escuchar si había más personas con vida. En este punto, aproximadamente sesenta elementos del Ejército y la Marina, y treinta de la policía capitalina tomaron el control de la seguridad en la zona, permitiendo sólo el acceso a personas voluntarias y rescatistas.

En la calle de Brujas y el cruce con avenida División del Norte se derrumbó la escuela Enrique Rébsamen, donde al menos veintiún menores fallecieron de acuerdo a los reportes preliminares dados a conocer por las autoridades federales. Asimismo, cerca de dieciséis personas fueron rescatadas en el edifico que colapsó en la avenida Álvaro Obregón, colonia Condesa.

En Viaducto casi esquina con la avenida Gabriel Mancera un edificio también colapsó. En la calle Escocia en la colonia del Valle se colapsó un edificio, motivando que voluntarios y servicios de emergencia removieran escombros para encontrar a personas atrapadas. Varios edificios de la Zona Rosa, en el centro de la Ciudad de México, sufrieron severos daños.

Sobre la calle de Génova, entre Hamburgo y avenida Paseo de la Reforma un edificio de al menos ocho niveles quedó muy dañado, e incluso el último piso quedó desplomado sobre el mismo. Al lugar arribaron elementos del cuerpo de granaderos para acordonar las calles por el peligro que representó y por la fuga de gas que se produjo con el movimiento telúrico.

El temblor generó fisuras importantes en avenidas y edificios en calzada del Hueso, Rancho Vista Hermosa, calzada de los Tenorios y calzada de las Brujas. Por la zona de Coapa la gente camina por avenida Miramontes y calzada del Hueso pues los vehículos no pueden circular debido a la falta de semáforos. Incluso el centro comercial Chedraui, que cuenta con acceso del lado de Vista Hermosa y por calzada del Hueso, ha abierto el paso para que los vehículos circulen de un lado al otro.

En el centro comercial Galerías Coapa una parte importante de los muros que corresponden al centro comercial Sears colapsaron, también una parte de la fachada y la parte de atrás del centro comercial Soriana en Taxqueña colapsó.

En el Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México se derrumbaron los puentes que conectan los edificios dentro de las instalaciones. La institución informó que fueron cinco personas las fallecidas y cerca de cuarenta lesionadas.2

Por su parte, el secretario de Educación Pública, informó que sería a partir del día veinticinco de septiembre cuando se reanuden las clases en las escuelas públicas y privadas de educación básica, así como en los planteles de educación media superior federal de la Ciudad de México, Puebla y Tlaxcala.

El funcionario precisó que de acuerdo con la revisión efectuada, se cuenta con más de doscientos planteles con daños, de las cuales dieciséis son severos, pero que el procedimiento de peritaje aún continúa, por lo que la cifra puede aumentar.3

En materia de casa habitación, se reporta que más del noventa por ciento de las viviendas que se encuentran en mayor riesgo o se cayeron durante el terremoto, fueron construidas antes del terremoto de 1985, es decir, tienen antigüedad de entre cuarenta y cincuenta años, según declaraciones recabadas por Etcétera, en diferentes medios de comunicación.

En contraste, de acuerdo con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la mayoría de los edificios de gran altura y que tienen menos de veinticinco años, como los que se ubican en Santa Fe, no registraron daños. Sin embargo, las autoridades no descartan que se requiera aún una revisión integral de todos ellos, sin importar en qué año fueron construidos.4

En atención a lo anterior, el veinte de septiembre de dos mil diecisiete, el jefe del gobierno publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la Declaratoria de Emergencia con motivo del fenómeno sísmico ocurrido el día diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete en la Ciudad de México , en él, se menciona que con motivo del sismo ocurrido, la Secretaría de Protección Civil remitió el informe a que se refieren los artículos 108 y 109 del Reglamento de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal.

Que la Secretaría de Protección Civil analizó los datos contenidos en el informe de referencia y constató la evidencia fehaciente relativa a la población afectada, considerando personas lesionadas, fallecidas y evacuadas; los daños a los servicios vitales, sistemas estratégicos y medio ambiente y los daños a la infraestructura urbana.

Que en términos del informe, el fenómeno sísmico propicia riesgo inminente de que ocurra un desastre que ponga en riesgo la vida humana, el patrimonio de la población, los servicios vitales o los servicios estratégicos, por lo que la actuación expedita del Sistema de Protección Civil se vuelve esencial para evitar la ocurrencia, por lo cual:

“Artículo 1. Se declara la Emergencia en las dieciséis delegaciones de la Ciudad de México por el fenómeno sísmico ocurrido el diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete en la Ciudad de México.

Artículo 2. La presente Declaratoria se emite con el fin de que el Secretario de Protección Civil, en su carácter de Coordinador del Sistema de Protección Civil de la Ciudad de México, inicie el procedimiento especial de atención de emergencias a que se refiere el artículo 128 de la Ley de la materia.

Artículo 3. Para los efectos del artículo anterior, se instruye la integración del Comité de Emergencias de Protección Civil de la Ciudad de México, mismo que deberá constituirse en los términos del artículo 130 de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, mismo que se instalará y operará en el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5).

Artículo 4. El Comité de Emergencias de Protección Civil de la Ciudad de México tendrá las atribuciones establecidas en el artículo 131 de la Ley de la materia.

Artículo 5. Las acciones de atención y emergencia, se cubrirán con cargo a los recursos del Fondo de Atención a Desastres (FADE) en términos de sus Reglas de Operación.

Artículo 6. Se suspenden todos los términos y procedimientos administrativos a cargo de las Dependencias, Entidades, Órganos Desconcentrados y Delegaciones de la Ciudad de México, hasta en tanto se publique en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el término de la presente Declaratoria.

Artículo 7. Todos los servidores públicos adscritos a las Dependencias, Entidades, Órganos Desconcentrados y Delegaciones del Gobierno de la Ciudad de México, deberán sumarse a las labores de atención a la emergencia que determine el Comité de Emergencias de Protección Civil, en los términos de la normatividad aplicable.

Artículo 8. Todos los centros de enseñanza de nivel preescolar, básica, media, media superior y superior ubicados dentro de los límites territoriales de la Ciudad de México, deberán suspender labores docentes hasta en tanto estén debidamente evaluados los planteles y dictaminada la seguridad estructural y de protección civil de los mismos.

Artículo 9. Se suspenden todos los eventos, concentraciones y espectáculos masivos en espacios públicos en la Ciudad de México durante la vigencia de la presente Declaratoria.

Artículo 10. Los efectos de la presente Declaratoria estarán vigentes desde la fecha de su emisión y salvo lo previsto en el artículo inmediato que antecede, hasta en tanto se publique su término en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México”.5

Con relación a lo anterior, el día veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, el jefe del gobierno publicó en la Gaceta Oficial la Declaratoria de Desastre con motivo del fenómeno sísmico ocurrido el diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete en la Ciudad de México , considerando que con motivo del sismo ocurrido, la Secretaría de Protección Civil remitió al jefe del gobierno el informe a que se refieren los artículos 108 y 109 del Reglamento de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal.

Que la Secretaría de Protección Civil analizó los datos contenidos en el informe de referencia, y constató la evidencia fehaciente relativa a la población afectada, considerando personas lesionadas, fallecidas y evacuadas; los daños a los servicios vitales, sistemas estratégicos y medio ambiente, y los daños a la infraestructura urbana.

Que en términos del informe remitido, el fenómeno sísmico ha causado daños que rebasan la capacidad de recuperación de las delegaciones afectadas y han causado afectaciones a la estructura productiva, la infraestructura vial y de servicios, que alteran las condiciones ordinarias de vida y ponen en riesgo la estructura social, la paz pública y el orden social, por lo que:

“Artículo 1. Se declaran como Zona de Desastre las áreas de la Ciudad de México afectadas por el fenómeno sísmico ocurrido el diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete en la Ciudad de México.

Artículo 2. La presente Declaratoria se emite para efecto de que, en el ámbito de sus respectivas competencias, las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades, lleven a cabo las acciones tendientes a cubrir las necesidades básicas para la protección de la vida, la salud y la integridad física de las personas.

Artículo 3. Las acciones de atención a que se refiere el artículo anterior, se cubrirán con cargo a los recursos del Fondo de Atención a Desastres (FADE) en términos de sus Reglas de Operación.

Artículo 4. Los efectos de la presente Declaratoria estarán vigentes desde la fecha de su emisión y hasta en tanto se publique su término en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.”

Asimismo, el día veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, jefe del gobierno publicó en la Gaceta Oficial, el Decreto por el que se instruye la elaboración del Programa y se crea el Órgano de Apoyo Administrativo a las Actividades del Jefe de Gobierno denominado Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una CDMX cada vez más Resiliente , donde considera lo siguiente:

“Que con motivo del fenómeno sísmico, la Secretaría de Protección Civil emitió informe que determinó la existencia de riesgo inminente de que ocurra un desastre que ponga en riesgo la vida humana, el patrimonio de la población, los servicios vitales o los servicios estratégicos, que dio lugar a emitir la Declaratoria de Emergencia citada, mediante la que se instruyó el inicio de procedimiento especial de atención de emergencias, así como la integración del Comité de Emergencias de Protección Civil de la Ciudad de México, para su instalación y operación en el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano.

Que en términos del informe remitido, el sismo ha causado afectaciones a la estructura productiva, la infraestructura vial y de servicios, que alteran las condiciones ordinarias de vida y ponen en riesgo la estructura social, la paz pública y el orden social, lo que hizo necesario emitir la Declaratoria de Desastre citada.

Que de conformidad con el marco normativo del orden federal y local, el jefe del gobierno cuenta con atribuciones para expedir decretos, acuerdos, circulares entre otros, que contengan las estrategias de gestión integral de riesgos, incluyendo acciones de prevención y, en su caso, de reubicación de personas damnificadas, así como acciones reactivas tales como previsiones financieras y operativas para la recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas por el siniestro.

Que con ello, se pretende promover medidas que permitan a la ciudad incrementar su resiliencia y continuar con las acciones transitorias orientadas a alcanzar el entorno de normalidad social y económica que prevalecía entre la población, antes de sufrir los efectos del sismo, buscando la reducción de los riesgos existentes.

Que conforme a la normatividad aplicable se requiere de un Programa de Contingencia para la Recuperación y Reconstrucción de la Ciudad de México, en el que conforme a las evaluaciones de daños y a las facultades de las autoridades locales, a través de los Comités de Emergencias, de Evaluación de Daños, y Subcomités, se prevean y ejecuten las acciones emergentes, así como los trabajos de obras de carácter prioritario y urgente para la lograr la reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad, en una cada vez más resiliente.

Que ante la emergencia es responsabilidad de las autoridades de la Ciudad de México, entre otras, restablecer los servicios vitales y estratégicos, proteger bienes tales como inmuebles críticos, para la gobernanza, información y procesos esenciales, así como el restablecimiento de los procesos administrativos y los servicios; por lo que:

“Primero. Se elaborará el Programa para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, en una CDMX cada vez más resiliente, en lo sucesivo el “Programa”, derivado del “Fenómeno Sísmico” acontecido en fecha diecinueve de septiembre actual, el cual contendrá las acciones de coordinación necesarias para la atención de las necesidades inmediatas y la posterior recuperación de la Ciudad de México, así como su replanteamiento y transformación en una CDMX cada vez más resiliente, en el inmediato, corto, mediano y largo plazo.

Segundo. Para asegurar la ejecución del “Programa” se crea la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, en una CDMX cada vez más resiliente, en adelante la “Comisión”, como un órgano de apoyo administrativo a las actividades del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Tercero. La “Comisión” operará de manera conjunta y coordinada con el Comité de Emergencias de Protección Civil, en las acciones necesarias para la Reconstrucción y Recuperación de la Ciudad de México, en una CDMX cada vez más resiliente y de manera coordinada con el Comité en las acciones de Transformación, previstas en el “Programa”.

Cuarto. La “Comisión” deberá detonar en el inmediato, corto, mediano y largo plazo en coordinación con el conjunto de Dependencias, Entidades y Órganos de la Administración Pública local, el potencial humano, social y económico de las personas para la Transformación de la Ciudad de México, en una CDMX cada vez más resiliente, en los términos que establezca el “Programa”.

Quinto. Se implementará una plataforma tecnológica única denominada “PLATAFORMA CDMX”, que consistirá en una base de datos oficiales para el seguimiento, coordinación y control de las acciones de apoyo de la CDMX cada vez más resiliente, como respuesta a las necesidades.

En la “PLATAFORMA CDMX” se registrará, validará, integrará, coordinará y consolidará la información de las personas, viviendas, negocios, inmuebles y espacios públicos, afectados por el “Fenómeno Sísmico”, así mismo se integrará y coordinará el despliegue de programas de atención y apoyo de un sistema que permita dar seguimiento, coordinación y control, de forma continua a los esfuerzos de atención, recuperación y transformación de la Ciudad de México, en una CDMX cada vez más resiliente.

Sexto. Las atribuciones de la “Comisión” serán las siguientes:

I. Identificar las acciones emergentes y las de naturaleza ordinaria ejecutadas por las Dependencias, Entidades y Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México que estén vinculadas a los objetivos y metas del “Programa”;

II. Elaborar el “Programa” y someterlo a la consideración del Jefe de Gobierno;

III. Ejecutar las acciones de mando y coordinación para alcanzar los objetivos y metas propuestos en el “Programa” y las modificaciones que por razones de su operación se pudieran generar;

IV. Representar al Gobierno de la Ciudad de México ante las instancias públicas o privadas, locales, nacionales e internacionales, respecto a los temas y acciones que conforman el “Programa”;

V. Proponer la suscripción de Decretos, Acuerdos, Contratos, Convenios y Lineamientos o cualquier otro instrumento jurídico y/o administrativo, necesario para el cumplimiento de sus atribuciones;

VI. Celebrar los instrumentos jurídicos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones;

VII. Administrar la “PLATAFORMA CDMX”;

VIII. Gestionar la obtención de recursos o fuentes de financiamientos públicos o privados para la ejecución de acciones definidas en el “Programa” o en su caso canalizarlas a la instancia correspondiente;

IX. Coadyuvar en la comprobación del ejercicio de recursos recibidos;

X. Establecer los mecanismos correspondientes de concertación, coordinación, comunicación, ejecución institucional y de gestión con la ciudadanía;

XI. Llevar a cabo el monitoreo del “Programa”, de acuerdo con los indicadores establecidos, evaluar su ejecución y los resultados obtenidos;

XII. Conocer y opinar sobre los programas, acciones institucionales y esfuerzos de gobierno, que en el ámbito de sus atribuciones realicen los entes públicos que se encuentren vinculados con la atención de las personas afectadas por el “Fenómeno Sísmico”, para garantizar sus derechos en materia de alimentación, vivienda, salud, empleo, educación, seguridad jurídica, atención psicológica, servicios básicos, seguridad social y las demás que resulten necesarias;

XIII. Proponer y llevar a cabo todos los actos jurídicos y administrativos que sean necesarios para la atención de la infancia, adultos mayores, grupos vulnerables, y en general personas afectadas por el “Fenómeno Sísmico”, así como para la reconstrucción, rehabilitación y demolición de inmuebles dañados;

XIV. Proponer a las autoridades competentes el otorgamiento de incentivos, facilidades fiscales y administrativas relacionadas con la consecución de su objeto; y

XV. Las demás que le asigne el Jefe de Gobierno y las que por norma le puedan corresponder.

Séptimo. La “Comisión” contará con un Órgano Colegiado de carácter consultivo para hacer más efectiva la toma de decisiones y la coordinación de acciones establecidas en el “Programa”.

Octavo. El Órgano Consultivo se integrará por:

I. Secretaría de Gobierno;

II. Secretaría de Desarrollo Económico;

III. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda;

IV. Secretaría del Medio Ambiente;

V. Secretaría de Obras y Servicios;

VI. Secretaría de Desarrollo Social;

VII. Secretaría de Salud;

VIII. Secretaría de Finanzas;

IX. Secretaría de Movilidad;

X. Secretaría de Seguridad Pública;

XI. Secretaría de Cultura;

XII. Procuraduría General de Justicia;

XIII. Oficialía Mayor;

XIV. Secretaría de la Contraloría General;

XV. Consejería Jurídica y de Servicios Legales;

XVI. Secretaría de Protección Civil;

XVII. Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo;

XVIII. Secretaría de Educación;

XIX. Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México;

XX. Instituto de la Juventud;

XXI. Instituto para las Personas con Discapacidad;

XXII. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia;

XXIII. Sistema de Aguas de la Ciudad de México;

XXIV. Agencia de Gestión Urbana;

XXV. Procuraduría Social;

XXVI. Instituto para la Seguridad de las Construcciones; y

XXVII. Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México.

Se convocará la representación de las instancias nacionales o internacionales de sociedad civil organizada y sectores sociales y académicos que se determinen y las demás que se requieran en casos específicos a invitación de los integrantes del Órgano.

Noveno. El Consejo Consultivo, cuyos integrantes tendrán carácter honorífico, se constituye en un órgano colegiado de consulta y opinión para el desarrollo de las funciones de la “Comisión”. El Consejo se regirá por el principio de consenso y aprobará sus reglas de operación una vez que se instale.

Décimo.- El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México designará al Titular de la “Comisión”.

Décimo primero. Las atribuciones del Titular de la “Comisión” serán las siguientes:

I. Coordinar los trabajos de elaboración del “Programa”;

II. Someter a la aprobación del Jefe de Gobierno el “Programa”;

III. Llevar a cabo las acciones de mando y coordinación para alcanzar los objetivos y metas propuestos en el “Programa”;

IV. Representar a la “Comisión” ante las instancias públicas y/o privadas respecto a los temas que conforman el “Programa”;

V. Celebrar, suscribir y expedir los instrumentos y actos jurídicos necesarios para el cumplimiento de las atribuciones de la “Comisión”;

VI. Gestionar la obtención de recursos o fuentes de financiamiento público o privado, para la ejecución de acciones definidas en el “Programa” o en su caso canalizarlas a la instancia correspondiente;

VII. Realizar el monitoreo del “Programa”, de acuerdo con los indicadores establecidos, evaluar su ejecución y los resultados obtenidos;

VIII. Verificar el cumplimiento de los Acuerdos tomados por el Órgano Consultivo en el marco de la ejecución del “Programa”;

IX. Cumplir las obligaciones que en materia de transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas y protección de datos personales establece la normatividad de la materia, y

X. Las demás que resulten necesarias para el debido cumplimiento de sus atribuciones.”

De lo anterior se desprende que para la reconstrucción y recuperación de la Ciudad de México, a fin de atender la vulnerabilidad de las personas que perdieron su vivienda luego del sismo, se constituyen tres acciones que incluyen:

1. Creación de la Plataforma CDMX para la atención integral de necesidades de la población afectada;

2. Paquete inicial de respuesta a urgencias sociales y económicas; y

3. Creación de la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación.

Dio a conocer las medidas que entrarán en vigor a partir del día veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, que consiste en otorgar un apoyo temporal de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M. N.) mensuales para renta de un inmueble, mientras se realice un dictamen sobre los daños de las viviendas.

Además, en la Plataforma CDMX se integrarán los datos de personas e inmuebles afectados por el terremoto, mencionando que se dará continuidad con los trabajos hasta que se rescate a la última persona de los edificios colapsados.

En la Plataforma, cada punto de información estará relacionado a un inmueble que haya sufrido algún tipo de daño durante el sismo y que la consolidación de los datos en un sólo sistema permitirá registrar y validar la información de inmuebles y negocios.

Hizo énfasis en que la Plataforma jugará un papel fundamental en la integración y despliegue de los programas de atención y apoyo que permitirá en forma continua dar seguimiento, coordinación y control a lo largo de todos los esfuerzos de las urgencias y recuperación.

Adicionalmente, indicó que se lanzará un paquete de atención a urgencias sociales y económicas, además se creará la Comisión para la Recuperación y Transformación; el paquete inicial de respuesta ante emergencias sociales y económicas permitirá atender de forma inmediata a la población tras el sismo.

La Comisión para la Reconstrucción supervisará que las labores de rescate de inmuebles se lleven a cabo de forma ágil y transparente. Por otra parte, se dio a conocer que con el Fondo de Contingencias y Sociedad Hipotecaria Federal, la población afectada accederá a créditos para reparar las viviendas que resultaron afectadas.

Para las personas que viven en inmuebles calificados como “rojos” cifra que ronda los quinientos, se podrá a acceder a un plan de hipoteca a largo plazo para que puedan adquirir una casa. Las edificaciones que presenten un daño estructural contarán con un programa específico como el Fondo de Contingencias de la Ciudad de México y de la Sociedad Hipotecaria Federal, esquema de hipoteca a largo plazo con condiciones de tasas preferentes y costos que permitirán a la gente afectada la recuperación de sus viviendas.

En el caso de los inmuebles clasificados como “verdes” , personas cuyas casas tuvieron daños menores pero aún son habitables, recibirán ayuda de hasta $8,000.00 pesos (ocho mil pesos 00/100 M.N) . Para los inmuebles clasificados como “amarillo” , es decir, inmuebles no habitables pero cuyos daños se pueden reparar con apoyo de la asociación de desarrolladores inmobiliarios y con créditos de un fondo de la Ciudad de México.

Para tal efecto, se decidió la instalación de módulos de atención, localizados en Delegaciones centrales de la capital, olvidando que delegaciones como Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco, también sufrieron severos daños como consecuencia del sismo.

Concatenado con lo anterior, no obstante las determinaciones administrativas, es de destacar que la ayuda se ha enfocado en las Delegaciones del centro de la Ciudad, a pesar de que en las delegaciones periféricas, como Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco, los daños también se han hecho presentes, poniendo en peligro no sólo el patrimonio, sino la vida y salud de las personas.

Al día de hoy, habitantes de las tres delegaciones citadas, viven una crisis de agua debido a las fracturas del Acueducto de Xochimilco y a la ruptura de la infraestructura hidráulica en general, provocando escasez.

Tan sólo en la delegación Iztapalapa un millón y medio de personas padecen por falta del líquido, mientras que, en Tláhuac, los conflictos sociales por el agua comienzan a encender las alertas ante la indefensión parte de la mayoría de los habitantes de la demarcación.

Conductores de pipas y vecinos afirman que los carros tanque no llegan a sus destinos porque son interceptados por grupos de personas quienes, optando por el uso de la fuerza, se las llevan a sus unidades habitacionales o calles.

Georgina Vázquez, vecina de Tláhuac comentó que “están secuestrando las pipas con armas de fuego, la gente se está uniendo porque no están dejando otra alternativa, desgraciadamente estamos en una zona olvidada por el gobierno ”.

Los vecinos claman ayuda porque no hay suministro de líquido, las pipas son escasas o son muy caras y en las tiendas se agotó la venta de garrafones, como ocurre en la unidad habitacional San Rafael Atlixco.

Aurora Guzmán, otra vecina de Tláhuac menciona que no tienen “ni una gota de agua, desgraciadamente estuvieron dando pipas en la delegación, pero como hay bastante gente sin agua, todo el lado de la delegación está sin agua pues ya para esta unidad ya no alcanzamos, ahorita estamos tratando de buscar una pipa para pagar algo, pero hasta esas ya están siendo asaltadas” .6

Proceso publica que alrededor de doscientos vecinos de dieciséis colonias de Tláhuac se manifestaron para exigir el servicio de pipas de agua potable, pues desde el día del sismo del pasado diecinueve (y algunos desde el del siete) no tienen ni una gota.

Los vecinos intentaron retener un par de pipas que llegaron al lugar. Sin embargo, sobre éstas ya iba gente que desde calles atrás guiaba a los choferes para ir sólo a ciertas colonias. “Hubo gente que sí secuestró las pipas, se fueron colgando atrás de ellas para tener el agua”, comentaron los vecinos.

También acusaron los vecinos de las colonias San Francisco Tlaltenco, San José, Centro de Tláhuac, Miguel Hidalgo, Santa Cecilia, La Guadalupe, San Mateo, La Draga, La Conchita Zapotitlán, San Juan, La Habana, Selene, Santa Catarina, San Andrés y San Mateo, que los choferes de las pipas les ofrecen algunos litros a cambio de 150 pesos, cuando el servicio es gratuito.7

El Universal publica que las grietas que se abrieron con el sismo provocaron rupturas en diversas tuberías. Por ejemplo, se dieron tres fracturas en una tubería de cincuenta y cuatro pulgadas que corre por la calle Langosta, por lo que deben ser realizadas las reparaciones correspondientes.

A una semana del sismo, vecinos de la colonia Del Mar continúan sin agua, por desgracia, las pipas no han podido llegar a toda la delegación porque son “secuestradas” por personas armadas que se las llevan a otras zonas, de acuerdo con denuncias.

Antonio Rangel, director de Protección Civil en Tláhuac, confirmó ante vecinos el “secuestro” de diez pipas en un solo día, por parte de personas armadas que las dirigen a diversos destinos, lo que impide que llegue a colonias que también sufren desabasto.8

La Jornada publica que ante el desabasto de agua, habitantes de Tláhuac e Iztapalapa toman pipas y realizan bloqueos para exigir el suministro del líquido en sus colonias. En el primer caso, las autoridades, incluso, están considerando pedir a la Marina acordonar algunos sitios por la inseguridad que prevalece, pues, aunque se ha iniciado con el reparto de pipas, resulta insuficiente por la alta demanda que existe entre los pobladores.

Las autoridades detallaron que se han registrado cuatrocientas fugas en el perímetro delegacional; y dos de los tres tanques de almacenamiento de agua están vacíos, por lo que se requiere la atención inmediata.9

Para la atención de las necesidades de la ciudad, se requiere de la participación de todos los sectores, en este caso, el gobierno de la Ciudad de México no puede monopolizar el apoyo a través de la creación de comisiones donde sólo tenga participación de la administración pública local; se deben crear mecanismos que permitan la participación de los diversos poderes, así como de la sociedad civil organizada. Asimismo, se deben tomar, de manera urgente, todas y cada una de las acciones tendientes a que las personas no padezcan los estragos del temblor en materia de suministro de agua, lo que a la fecha ha representado conflictos sociales en tres delegaciones de la capital.

Por las consideraciones anteriormente vertidas, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno de la Ciudad de México a que en la conformación de la Comisión para la Reconstrucción contemple como integrantes a las diputadas y diputados de la Asamblea Legislativa y a las diputadas y diputados federales integrantes de la Comisión de la Ciudad de México.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno de la Ciudad de México a realizar las gestiones administrativas a que haya lugar, a efecto de garantizar el suministro de agua en las delegaciones Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco, con la intención de que las personas, con seguridad y sin distinciones político partidistas, puedan ejercer el derecho humano al agua.

Notas

1 http://expansion.mx/nacional/2017/09/19/se-registra-sismo-en-la-cdmx

2 http://www.animalpolitico.com/2017/09/cdmx-sismo-deja-una-decena-edific ios-derrumbados-danos/

3 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/09/21/1189835

4 http://www.huffingtonpost.com.mx/2017/09/25/90-de-viviendas-danadas-en-el-sismo
-fueron-construidas-antes-del-terremoto-del-85_a_23222444/

5 http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/9f49ae033 79f5a7b40fa03d1a94b12bb.pdf

6 http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/09/24/1190460

7 http://www.proceso.com.mx/504657/habitantes-de-tlahuac-reclaman-agua-potable-el
-servicio-fue-suspendido-tras-el-sismo-video

8 http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/vecinos-de-la-colonia-del- mar-en-tlahuac-continuan-sin-agua

9 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/09/23/desabasto-de-agua-tras-si smo-en-tlahuac-e-iztapalapa-7756.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2017.

Diputados: Norma Xóchitl Hernández Colín (rúbrica), Alicia Barrientos Pantoja, Antonio Hernández de la Piedra, Carlos Hernández Mirón, Ernestina Godoy Ramos, Irma Rebeca López López, Jesús Salvador Valencia Guzmán

Con punto de acuerdo, relativo a la implantación de instrumentos extraordinarios para la inmediata rehabilitación de la infraestructura hospitalaria de los estados afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre, a cargo de la diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Mariana Trejo Flores de la LXIII Legislatura federal e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 62, 65, 76, 79, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución bajo las siguientes:

Consideraciones

Es urgente la intervención del gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud, para establecer un marco de acción inmediata que permita la rehabilitación de la infraestructura hospitalaria en todas las entidades afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre.

Hasta el momento, según informes de comunicados oficiales, 50 centros hospitalarios presentaron daños durante el sismo del 19 de septiembre, lo cual pone en riesgo la atención médica de pacientes ante cualquier otra contingencia de cualquier índole. Con lo anterior, se resalta que la infraestructura hospitalaria de Puebla, Oaxaca, Chiapas, Ciudad de México, estado de México, Tlaxcala y Morelos se encuentra en condiciones vulnerables y en algunos casos, poniendo en riesgo la vida de trabajadores y pacientes que aún permanecen en actividades laborales por la exigencia de la demanda de los servicios médicos y, ante la necesidad de brindar los servicios de salud a la población que lo requiere.

Esta debilidad antes señalada, pone en situación de vulnerabilidad a la ciudadanía ante cualquier eventualidad o catástrofe, lo que preocupa a los ciudadanos.

Al dar a conocer la infraestructura dañada, el secretario de Salud, acompañado por el Mikel Arreola y José Reyes Baeza, del IMSS e ISSSTE, respectivamente, detallaron que el hospital general Doctor Manuel Gea González presenta algunos daños y opera parcialmente; en el hospital general de México se registraron daños en el área de Pediatría, por lo que fueron reubicados 20 pacientes en el propio hospital.

Los inmuebles de las 396 guarderías del Seguro Social que se encuentran en las entidades afectadas no sufrieron daños; sin embargo, de manera preventiva se suspendieron sus actividades, en cumplimiento a los lineamientos de la Secretaría de Educación Pública y de Protección Civil.

En su intervención, el director del ISSSTE informó que paulatinamente se abrirán los servicios del hospital general Doctor Darío Fernández, de la Ciudad de México, evacuado toda vez que el dictamen preliminar indica que no sufrió daños estructurales, “lo que hizo posible que por la mañana pudiésemos atender en el servicio de hemodiálisis”.

Asimismo, indicó que aunque sólo se han reportado daños menores en cerca de 19 Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil (EBDI), por cuestiones de seguridad “tomamos la decisión de suspender las clases en ellas”, hasta obtener los dictámenes correspondientes para reabrirlas en las próximas horas. Es importante destacar que las instancias de salud seguirán con la verificación de la infraestructura de la red hospitalaria, pues hay casos como el hospital general regional 25, que fue evacuado por los daños en la estructura; lo mismo en algunas zonas como el Centro Médico La Raza.

El primer reporte de daños después del sismo del 19 de septiembre, arroja la siguiente información:

-Ciudad de México, cuatro hospitales: El hospital general de México presenta daños en el área de Pediatría; el hospital general de Zona 32 Coapa se encuentra desalojado; los hospitales generales de Zona 1 A Venados y Regional 25 operan parcialmente.

-Morelos, seis hospitales y un centro de salud: hospitales generales Doctor José G. Parres, de Cuernavaca, Puente de Ixtla, Jojutla, Axochiapan y de Zona 7 Cuautla, desalojados; el Regional 1 Cuernavaca está a parcialmente desalojado y el centro de salud Coatetelco se encuentra inhabilitado.

-Puebla, 17 hospitales y 11 centros de salud. Con daños graves en los hospitales generales de Atlixco e Izúcar de Matamoros y 11 centros de Salud; el hospital general regional 36 San Alejandro y la UMF Chiautla de Tapia, desalojados en proceso de evaluación.

-Estado de México, nueve hospitales y un Centro de Salud. Con daños mayores y sin funcionamiento el hospital de Valle Ceylán, el hospital de la Visión en Naucalpan y el centro de salud de Xoconzingo. Los hospitales regionales 196 y 68 se encuentran evacuados y en proceso de evaluación.

-Tlaxcala, el hospital general del ISSSTE presenta daños graves, por lo que fue evacuado.1

Personal del Centro Médico La Raza, en la Ciudad de México, ha denunciado mediante los medios de comunicación, estar operando bajo condiciones de riesgo, debido a los daños que presenta el hospital en diferentes áreas, sin la presencia de Protección Civil, ni con peritajes que permitan el trabajo de éstas instituciones.

De acuerdo con las denuncias, trabajadores del Centro Médico Nacional La Raza, el Hospital de la Mujer, la Clínica 2, 25 y 41 del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) laboran bajo el riesgo latente de que muros caigan o edificios colapsen.

El personal que labora en los hospitales dañados se ha visto obligado a trabajar y es intimidado por personal de la Secretaría de Salud, del IMSS y del ISSSTE, por que se requiere una intervención inmediata para valoración de daño y reconstrucción de la infraestructura, sin poner en riesgo la vida de pacientes y trabajadores.

Por lo anteriormente expuesto e invocado en el proemio, someto a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura federal el siguiente:

Punto de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud a implementar acciones extraordinarias que agilicen la reconstrucción, mantenimiento, revisión y dictaminación de la infraestructura hospitalaria de los estados afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre.

Segundo. Se exhorta al titular de la Secretaría de Salud, en la facultad de sus competencias, a establecer los protocolos de seguridad en todos los centros clínicos y hospitalarios que presenten daños derivados de los sismos antes referidos para no poner en riesgo la vida del personal, pacientes y visitantes.

Tercero. Se exhorta respetuosamente a la Dirección Nacional de Protección Civil a establecer un programa urgente de revisión y peritaje en todos los centros hospitalarios de las entidades afectadas.

Nota

1 http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/09/21/se-contabilizan-50-hospi tales-afectaciones

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2017

Diputada Mariana Trejo Flores (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a las donaciones para apoyar la reconstrucción en los estados afectados por los recientes sismos hechas al país por organismos, gobiernos extranjeros y la comunidad en general, y concentradas en el fideicomiso Fuerza México, a cargo del diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentario de Morena

El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes:

Antecedentes

El pasado día 7 de septiembre de 2017 se registró un sismo con magnitud de 8.2 grados en la escala de Richter localizado en el Golfo de Tehuantepec, a 133 km al suroeste de Pijijiapan, Chiapas. El sismo, ocurrido a las 23:49:18 horas, tuvo fuertes estragos en el centro y sur del país.

Como consecuencia de la magnitud, de acuerdo a datos del Gobierno Federal aproximadamente 110 mil inmuebles resultaron con daños en Oaxaca y Chiapas, lo que hace necesaria su reparación o reconstrucción con carácter de urgente.1

Posteriormente, el 19 de septiembre de 2017 otro movimiento telúrico afectó la República Mexicana; el cual tuvo una magnitud de 7.1 grados en la escala de Richter y localizado en el límite estatal entre los estados Puebla y Morelos, a 120 km de la Ciudad de México.

Como consecuencia, las afectaciones han sido cuantificadas en miles de millones de pesos las cuales de manera lamentable cobraron también la vida de cientos de personas.

La magnitud del daño es tal que ha causado daños que rebasan la capacidad de recuperación de la federación, entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México afectados, las cuales han causado afectaciones a la estructura productiva, la infraestructura vial y de servicios, que alteran las condiciones ordinarias de vida y ponen en riesgo integridad de quienes habitamos en las zonas afectadas.

Ante ello, la solidaridad de la comunidad nacional e internacional no se hizo esperar y empezaron a fluir una cantidad importante de recursos económicos y en especie para ayudar a nuestro país a mitigar los estragos de tan lamentables acontecimientos naturales.

Tan sólo una estimación realizada por el periódico El Economista, con base en la declaración pública de los donantes, cuantifica 36.9 millones de dólares en ayudas económicas para afrontar la destrucción dejada por los recientes sismos en México. Esta cifra representa 2.64% del cálculo más conservador de lo que se necesita para la reconstrucción. En los próximos meses el gobierno de México, la solidaridad de los pobladores y la fraternidad de la comunidad internacional enfrentará el reto de encontrar fórmulas para hacer frente a la reconstrucción del país.2

Tan sólo del sector corporativo, se han hecho donaciones por un monto que gira en torno a los 26 millones de dólares. Destacan entre ellas los gigantes tecnológicos Google, Apple Facebook y Samsung. Del sector financiero, el Grupo Financiero BBVA Bancomer y el Grupo BBVA anunciaron una aportación conjunta de 180 millones de pesos (10 millones de dólares), para ayudar a la reconstrucción de escuelas que se vieron afectadas por los dos sismos, y que es la mayor aportación directa registrada hasta el momento de un corporativo financiero.3

No sólo el sector corporativo ha sido solidario con nuestro país, también numerosas celebridades del mundo deportivo y del espectáculo han realizado diversas aportaciones para la reconstrucción de nuestro país, así como también las comunidades de mexicanos en el exterior, gobiernos y organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y la Unicef, que entregaron donativos por 4.6 millones de dólares y 400,000 dólares respectivamente.

Asimismo, el gobierno de China anunció una ayuda solidaria por un millón de dólares y el Vaticano envió 150,000 dólares, los cuales serán distribuidos en coordinación con la Nunciatura Apostólica entre las diócesis más afectadas por el sismo y se empleará en obras de asistencia a las víctimas del terremoto.4

De acuerdo al reporte elaborado por El Financiero, en total los organismos y los gobiernos internacionales han reunido hasta ahora un total de 6.16 millones de dólares.

Pero, como saben, nunca falta quien dude de que el recurso donado llegue finalmente a su destino, por ello, de acuerdo a un Comunicado de fecha 21 de septiembre de este año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público constituyó el fideicomiso privado “Fuerza México” en Nacional Financiera por distintos representantes del sector privado con el propósito de canalizar en un mismo esfuerzo todos los donativos y aportaciones que realicen personas, organismos, organizaciones y empresas desde el interior o exterior de la República Mexicana para apoyar las acciones de reconstrucción en los estados que se vieron afectados por los recientes sismos.5

En su parte medular, establece que “Dicho fideicomiso estará integrado por un comité que encabezan, entre otros empresarios, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón Castañón; el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Alejandro Ramírez Magaña; el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, Manuel Herrera Vega; el presidente del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, Vicente Yáñez Solloa; el presidente de la Asociación de Bancos de México, Marcos Martínez Gavica; el presidente del Consejo Ejecutivos de Empresas Globales, Frederic García; y el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Gustavo Arballo Luján.

Este nuevo instrumento de carácter privado trabajará de manera coordinada con las dependencias federales, a fin de focalizar la ayuda y hacer que ésta se canalice de manera rápida, eficiente y transparente, en complemento a las acciones de reconstrucción que lleva a cabo el Gobierno de la República ”.6

Por ello, en aras de garantizar la transparencia en el manejo de los recursos, en tiempos en los que la imagen del gobierno y de los políticos en sí ha sido duramente cuestionada y reconociendo en todo momento el esfuerzo de los tres niveles de gobierno y de la sociedad en general, se hace necesario que la Secretaría de Hacienda establezca los mecanismos propicios de transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía en cuanto al manejo y destino de los recursos que ahí se concentren.

Ésta proposición se enfoca principalmente en ese objetivo, con el firme propósito de dar certeza a la ciudadanía y a los donantes de que el recurso enviado fue canalizado de la mejor manera y para el objeto que se planteó.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de ésta Soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que haga públicos los registros de las donaciones para apoyar las acciones de reconstrucción en los estados que se vieron afectados por los recientes sismos hechas a nuestro país por los diversos organismos y gobiernos internacionales y de la comunidad en general que se han concentrado en el fideicomiso “Fuerza México” y publique también su destino final.

Notas

1 http://www.animalpolitico.com/2017/09/sismo-7-septiembre-110-mil-inmueb les-oaxaca-chiapas/

2 http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/09/26/cuanto-dinero-se-ha-dona do-tras-terremoto-19-septiembre

3 Ídem.

4 http://www.milenio.com/internacional/papa-donacion-dinero-envio-iglesia _catolica-francisco-sismo-victimas-milenio-noticias_0_1034296631.html

5 Comunicado No. 185 “Hacienda facilita la operación del fideicomiso privado para canalizar aportaciones tras los sismos”, en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/257389/21 0917_Comunicado_No._185.pdf

6 Ídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de octubre de 2017.

Diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a hacer pública la situación legal de Eusebio Aguilar Torres, Avelino Vázquez Tapia, Juan Carlos Flores Solís, Adela Ramos Villalba y Alejandro Torres Chocolatl, quienes han sido objeto de acusaciones legales por exigir la realización de consultas sobre el proyecto del gasoducto Tlaxcala-Puebla-Morelos, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Diputada Norma Rocío Nahle García, Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El gasoducto Tlaxcala – Puebla –Morelos es una obra que en términos generales consiste en un ducto de 30” de diámetro y una longitud de 150 kilómetros para transportar gas desde los ductos de Pemex hasta 2 centrales de generación eléctrica de ciclo combinado de 620 MW cada una que consumen gas natural como energético.

Todas estas obras, junto con una línea eléctrica de 20 km dirigida a la subestación Yautepec, en el Estado de Morelos y un acueducto de 20” con origen en el Municipio de Cuautla, forman parte del proyecto Morelos que la Comisión Federal de Electricidad puso en marcha en 2011.

Al respecto, habitantes de diversos municipios del estado de Puebla, realizaron diversas acciones de protesta para solicitar la consulta pública a sus comunidades, respecto a la realización del gasoducto, y en oposición a las obras de este una vez que las consultas solicitadas no se llevaron a cabo.

Tras lo anterior, múltiples acciones legales y de acoso se dieron sobre Eusebio Aguilar Torres, Avelino Vázquez Tapia, Juan Carlos Flores Solís, Adela Ramos Villalba y Alejandro Torres Chocolatl, habitantes de comunidades aledañas a la zona de obras del gasoducto en el Estado de Puebla y cercanas a la zona de riesgo del Volcán Popocatépetl.

En ese sentido, la Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión, aprobó el 24 de septiembre de 2015 por unanimidad un acuerdo de la Junta de Coordinación Política firmado por los Coordinadores de todos los grupos parlamentarios mediante el cual se solicitó lo siguiente:

“Acuerdo único: Se solicita a la Secretaría de Gobernación instalar una mesa de diálogo con los habitantes de San Lucas Tulcingo y de comunidades aledañas al Municipio de Tochimilco, Puebla, que se asumen afectados por el paso del gasoducto Tlaxcala-Puebla-Morelos, y que demandan una consulta sobre dicho proyecto. Asimismo, se solicita a la Secretaría que en el marco de esta Mesa de Diálogo, se estudie la situación legal de Eusebio Aguilar Torres, Avelino Vázquez Tapia, Juan Carlos Flores Solís, Adela Ramos Villalba y Alejandro Torres Chocolatl, ciudadanos de la localidad de San Lucas Tulcingo, Municipio de Tochimilco, Puebla, quienes han sido objeto de acciones legales por haber reclamado la realización de consultas sobre dicha obra.”

Como respuesta a dicho acuerdo, el 16 de febrero de 2016 la Secretaría de Gobernación remitió copia del similar número UEFCEF/214/382/2016 suscrito por el licenciado Alejandro Ozuna Rivero, titular de la Unidad de Enlace Federal y Coordinación con Entidades Federativas de esta secretaría, así como de su anexo, mediante los cuales responde al punto de acuerdo de la siguiente forma:

Licenciado Felipe Solís Acero

Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos Secretaría de Gobernación Presente

En atención a su oficio LAP/300/2233/15 de fecha 24 de septiembre de 2015, mediante el cual remite el similar DGPL 63-II-8-0090 signado por el diputado Jerónimo Ojeda Anguiano, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, quien comunica el acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, mismo que a continuación se transcribe:

“Único. La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Gobernación instalar una mesa de diálogo con los habitantes de San Lucas Tulcingo y de comunidades aledañas del municipio de Tochimilco, Puebla, que se asumen afectados por el paso del gasoducto Tlaxcala-Morelos, y que demandan una consulta sobre dicho proyecto. Asimismo, se solicita a la secretaría que, en el marco de esta mesa de diálogo, se estudie la situación legal de Eusebio Aguilar Torres, Avelino Vázquez Tapia, Juan Carlos Flores Solís, Adela Ramos Villalba y Alejandro Torres Chocolatl, ciudadanos de la localidad de San Lucas Tulcingo, municipio de Tochimilco, Puebla, quienes han sido objeto de acciones legales por haber reclamado la realización de consultas sobre dicha obra”.

Sobre el particular, comunico a usted que se recibió tarjeta informativa de la Delegación de la Secretaría de Gobernación en Puebla, documento en el que se indica que el gasoducto Tlaxcala-Morelos, en lo que corresponde a su paso por el estado de Puebla, está totalmente concluido, habiéndose realizado la mayoría de los pagos de permisos de construcción y liberación de predios, y los pocos pendientes de finiquitarse, se encuentran en avanzando proceso de pago. Es así que al encontrarse concluida la ejecución de la mencionada obra, se estima que no hay materia para la realización de una consulta pública.

Por otra parte, respecto a la situación jurídica de los ciudadanos Eusebio Aguilar Torres, Avelino Vázquez Tapia, Juan Carlos Flores Solís, Adela Ramos Villalba y Alejandro Torres Chocolatl, generada a raíz de la denuncia interpuesta por la empresa ejecutora de la obra, y por la Comisión Federal de Electricidad, en contra de dichas personas, me permito informar que la consulta que se hizo a la Fiscalía General del Estado arrojó que los señores Alejandro Torres Chocolatl, Eusebio Aguilar Torres y Adela Ramos Villalba, no aparecen sujetos a proceso o relacionados con alguna indagatoria.

Por lo que hace al señor Avelino Vázquez Tapia, se informa la existencia de una orden de aprehensión por oposición a que se ejecute una obra o trabajos públicos, y robo calificado, misma que no ha sido ejecutada, y respecto de la que no se ha promovido nada más.

En el caso del señor Juan Carlos Flores Solís, se dictó auto de libertad por O.A negada, en cumplimiento a la resolución emitida por el juez primero de distrito en el amparo 803/2014, por lo que cesó el proceso en su contra.

Sin más por el momento me despido de usted.

Atentamente

Licenciado Alejandro Ozuna Rivero (rúbrica)

Titular de la Unidad de Enlace Federal y Coordinación con Entidades Federativas

15 de febrero de 2016

Para: Licenciado Alberto Ponce de León Cota

De: Juan Molina Arévalo

Tarjeta Informativa

Hago referencia al oficio LAP/300/2233/15, de fecha 24 de septiembre de 2015, dirigido al subsecretario de Gobierno, Luis Enrique Miranda Nava, y suscrito por el subsecretario Felipe Solís Acero, mismo que a su vez se refiere al oficio número DGPL 63-II-8-0090, mediante el cual, el diputado Jerónimo Ojeda Anguiano, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, comunica a la Secretaría de Gobernación el acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, que se transcribe a continuación:

“Único. La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Gobernación instalar una mesa de diálogo con los habitantes de San Lucas Tulcingo y de comunidades aledañas del municipio de Tochimilco, Puebla, que se asumen afectados por el paso del gasoducto Tlaxcala-Morelos, y que demandan una consulta sobre dicho proyecto. Asimismo, se solicita a la secretaría que, en el marco de esta mesa de diálogo, se estudie la situación legal de Eusebio Aguilar Torres, Avelino Vázquez Tapia, Juan Carlos Flores Solís, Adela Ramos Villalba y Alejandro Torres Chocolatl, ciudadanos de la localidad de San Lucas Tulcingo, municipio de Tochimilco, Puebla, quienes han sido objeto de acciones legales por haber reclamado la realización de consultas sobre dicha obra.”

Al respecto, me permito manifestar a usted, que de acuerdo con información proporcionada por la Gerencia de Desarrollo Social de la Comisión Federal de Electricidad, empresa paraestatal responsable de la coordinación del proyecto, lo siguiente:

• En el estado de Puebla, el proyecto gasoducto Tlaxcala-Morelos, con una longitud de 96.71 kilómetros, se realizó a lo largo de 53 localidades y ejidos ubicados en 14 municipios del estado.

• La liberación de los mil 138 predios que componen el trazo del gasoducto, concluyó el 21 de febrero de 2015, fecha en que también se concluyó en su totalidad la colocación de los tubos que lo conforman.

• Los 96.7 kilómetros que conforman el cien por ciento de la tubería del gasoducto en el estado de Puebla, corren a través de 14 municipios, 27 ejidos y 26 localidades.

• Tanto la instalación de la tubería como la restauración y limpieza de los predios, están concluidos en su totalidad.

• De los mil 138 predios por los que corre el gasoducto mil 20 han sido pagados en su totalidad. Los 118 predios restantes, han sido pagados de forma parcial (50 al 80 por ciento), de los cuales, 48 predios están en proceso de pago, 4 en proceso de regularización, y 66 en trámite de regularización de documentos.

• Adicionalmente a lo anterior, en los 14 municipios, la Comisión Federal de Electricidad ha realizado obras sociales, con una inversión total de $129,440,459.06 destinados primordialmente a obras de electrificación, construcción de casas ejidales, mejoras de espacios deportivos, infraestructura agrícola, mejoras a espacios de recreación, infraestructura urbana y de salud. Adicionalmente, se realizaron diversos donativos en especie. Con base en la información vertida anteriormente, y toda vez que la obra del gasoducto Tlaxcala-Morelos, en lo que corresponde a su paso por el estado de Puebla, se encuentra concluida en su totalidad, habiéndose realizado la mayoría de los pagos correspondientes a permisos de construcción y liberación de predios, y los pocos que quedan por finiquitarse, están en proceso avanzado de pago, por lo anterior, no se considera necesario convocar a una mesa de diálogo para realizar consulta, sobre una obra que está totalmente concluida, pues no hay materia sobre la que realizar la consulta.

Finalmente, y por lo que hace a la situación jurídica de Eusebio Aguilar Torres, Avelino Vázquez Tapia, Juan Carlos Flores Solís, Adela Ramos Villalba y Alejandro Torres Chocolatl, generada a raíz de la denuncia interpuesta por la empresa ejecutora de la obra, y por la Comisión Federal de Electricidad, en contra de dichas personas, informo a usted que habiendo realizado la consulta correspondiente ante la Fiscalía General del Estado, arroja que los señores Alejandro Torres Chocolatl, Eusebio Aguilar Torres y Adela Ramos Villalba, no aparecen sujetos a proceso o relacionados con averiguación previa.

Por lo que hace a Avelino Vázquez Tapia, se informa la existencia de una orden de aprehensión, por oposición a que se ejecute una obra o trabajos públicos, y robo calificado, misma que persiste sin ejecutarse, y respecto de la que no se ha promovido nada más.

En el caso de Juan Carlos Flores Solís, se dictó asunto de libertad O.A. negada, en cumplimiento al amparo 803/2014, ante el Juzgado Primero de Distrito, por lo que cesó el proceso en su contra.

Sin embargo, múltiples organizaciones de Defensa de los Derechos Humanos, como la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos (RED TDT), y diversos medio locales han dado cuenta de las acciones legales que han se han emprendido contra los mencionados, no en el estado de Puebla, pero si en el Estado de Tlaxcala, haciendo mención de la orden de aprehensión que pesa en su contra desde el 6 de mayo de 2014.

En vista de lo anterior, me permito someter a la consideración de esta soberanía el siguiente

Acuerdo

Único: Se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que continúe y extienda el estudio sobre la situación legal de Eusebio Aguilar Torres, Avelino Vázquez Tapia, Juan Carlos Flores Solís, Adela Ramos Villalba y Alejandro Torres Chocolatl, ciudadanos de la localidad de San Lucas Tulcingo, municipio de Tochimilco, Puebla, quienes han sido objeto de acciones legales por haber reclamado la realización de consultas sobre dicha obra.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2017.

Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica)