Proposiciones de urgente u obvia resolución

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a difundir un informe sobre los recursos erogados a través del fideicomiso Río Sonora y proseguir el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la población afectada tras el derrame tóxico ocurrido el 6 de agosto de 2014 en los ríos Sonora y Bacanuchi, en Sonora, suscrita por el diputado Próspero Manuel Ibarra Otero e integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el cual se convoca al director general de Pemex a reunión de trabajo con la Jucopo de esta soberanía para exponer la situación de la planta Agro Nitrogenados y el proceso de desincorporación de Pemex Fertilizantes por el posible daño patrimonial que se provocaría a la más importante empresa productiva del Estado, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

Proposiciones

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Chihuahua y al ayuntamiento de Ciudad Juárez a implementar políticas públicas que coadyuven en la prevención de delitos sexuales y, a su vez, garanticen a las víctimas el acceso a la justicia pronta y expedita, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos estatales y los municipales a respetar tanto los escudos oficiales como los colores y lemas de éstos, y abstenerse de usar los partidistas, a cargo de la diputada Eloísa Chavarría Barajas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a indultar al ciudadano Alberto Martínez Sosa, interno en el centro preventivo de readaptación social Santiaguito, de Almoloya de Juárez, México, por sentencia firme dictada por juez competente, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profepa a promover una acción colectiva para cancelar la construcción de la planta de termovalorización de basura en el Bordo Poniente de la Ciudad de México, a cargo de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México a establecer para estudiantes un descuento de 50 por ciento en la tarifa de transporte público y un programa de renovación del parque vehicular de las diferentes rutas, a cargo de la diputada Angie Dennisse Hauffen Torres, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública a difundir los avances de la propuesta de actualización del modelo y proceso de evaluación en materia de control de confianza, referente al acuerdo número 15/XLII/17, de la cuadragésima segunda sesión ordinaria del CNSP, a cargo del diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a todas las dependencias y entidades del gobierno federal para que instauren acciones en favor de la inclusión social y económica de las personas con discapacidad según sus necesidades, a cargo de la diputada Patricia García García, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a hacer del conocimiento público por la SHCP a cuánto asciende el gasto de inversión reasignado para reconstruir infraestructura pública afectada por los sismos del 7, 19 y 23 de septiembre del año en curso, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Semarnat y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente a investigar las emanaciones de gas etano que afectaron la salud de habitantes de Lázaro Cárdenas, en Nanchital, Veracruz, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, relativo a la prevención de riesgos ante la temporada invernal, sobre todo en los estados donde hay que redoblar esfuerzos, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al ISSSTE a realizar acciones jurídicas, administrativas, contables y todas las necesarias para mejorar la infraestructura y los servicios de la clínica hospital Agosto 12, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a cargo de la diputada Yahleel Abdala Carmona, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que simultáneamente al decreto del PEF de 2018, publique los lineamientos generales del Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, relativo al paro de labores del pasado 28 de noviembre de más de 70 pilotos de la subsidiaria Aeromexico Connect en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, a cargo del diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SRE y la Semarnat a atender las manifestaciones de preocupación por la postura omisa de México en la octava reunión del Comité de Negociación del Acuerdo Regional para América Latina y el Caribe sobre el principio 10 de la Declaración de Río, Derechos de Acceso a la Información, a la Participación y a la Justicia en Materia Ambiental, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, relativo a la ejecución de un programa para volver fronterizos a bajo costo los vehículos extranjeros que se encuentran en ese territorio sin el debido trámite, a cargo de la diputada Yahleel Abdala Carmona, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Morelos a considerar en su próxima Ley de Ingresos los factores económicos y sociales de la población para reducir los pagos por concepto de impuestos y servicios municipales, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Sagarpa y el Senasica a permitir a los turistas cinegéticos introducir en territorio nacional alimentos de consumo personal en empaque íntegro y etiquetados, a cargo de la diputada Yahleel Abdala Carmona, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, relativo a fortalecer programas, estrategias y políticas públicos encaminados a identificar, atender, contener y prevenir la violencia contra niños y adolescentes en Puebla, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, relativo a desarrollar y fortalecer acciones de protección y apoyo de la población por las bajas temperaturas registradas y que persistirán en Puebla, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SEP a analizar la posibilidad de que las becas sean proporcionadas también a estudiantes de educación superior de instituciones privadas cuyo ingreso sea igual o inferior a cuatro salarios mínimos, suscrita por los diputados César Camacho y Miguel Ángel Sulub Caamal, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a reducir la probabilidad de robo de materiales radiactivos y mitigar mediante la modificación de las disposiciones aplicables las posibles consecuencias para la población, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sectur a ampliar en medios de comunicación nacionales e internacionales la campaña de difusión de Acapulco como el principal destino turístico del país, a cargo del diputado Ricardo Taja Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

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Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a difundir un informe sobre los recursos erogados a través del fideicomiso Río Sonora y proseguir el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la población afectada tras el derrame tóxico ocurrido el 6 de agosto de 2014 en los ríos Sonora y Bacanuchi, en Sonora, suscrita por el diputado Próspero Manuel Ibarra Otero e integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados federales por el estado de Sonora, de Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que haga público un informe detallado sobre los recursos erogados a través del fideicomiso denominado “Río Sonora” y continúe dando cumplimiento a los compromisos adquiridos con la población afectada a causa de los daños provocados al entorno por el derrame tóxico que, con fecha del 6 de agosto del 2014, afectó a los ríos Sonora y Bacanuchi, en el estado de Sonora, y a la Auditoría Superior de la Federación, para que, en el marco de sus atribuciones, analice la viabilidad de auditar el ejercicio de los recursos del fideicomiso denominado “Río Sonora”, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 6 de agosto pasado, se cumplieron tres años del mayor desastre ambiental en el país, del que se tenga registro en las últimas décadas; el derrame de 40 mil metros cúbicos de sustancias toxicas en los Ríos Sonora y Bacanuchi, que afectó a más de 23 mil personas de siete municipios del estado de Sonora: Ures, Baviácora, Aconchi, Huépac, San Felipe, Banámichi y Arizpe.

El responsable, Grupo México y sus empresas subsidiarias, en conjunto con el gobierno federal, crearon un fideicomiso denominado “Río Sonora” para atender con prontitud las afectaciones ocasionadas por el derrame de sulfato de cobre en los Ríos Sonora y Bacanuchi, y servir como fuente y medio de pago para llevar a cabo las medidas de remediación, reparación y/o compensación de los daños al ambiente y a la salud humana causados por el derrame. Además de servir como mecanismo de pago, respecto de reclamaciones por afectaciones materiales causadas a las personas como consecuencias del Derrame.

Este fideicomiso se constituyó con recursos aportados por empresas subsidiarias de Grupo México (Buenavista del Cobre, SA de CV y Operadora de Minas, SA de CV), con el número 80724 y administrado por Nacional Financiera, SNC, IBD. Para su organización contó con un Comité Técnico el cual aprobó las erogaciones y pagos que se realizaron; dicho Comité estuvo presidido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Desde su conformación, Los fideicomitentes se comprometieron a aportar al patrimonio del fideicomiso la cantidad de 2,000,000,000 (dos mil millones de pesos MN), incluida una aportación inicial de 500,000,000 (quinientos millones de pesos MN), estableciendo que en caso de que el monto comprometido resultare insuficiente para dar cumplimiento a los fines del fideicomiso, previa determinación del Comité Técnico, los fideicomitentes aportarán los recursos adicionales que fueran necesarios para cada situación específica.

Las fideicomitentes se manifestaron la obligación a realizar las aportaciones adicionales necesarias en el momento en el que el patrimonio del Fideicomiso fuera de 50´000,000.00 (cincuenta millones de pesos MN).1

Posterior a la creación del fideicomiso se publicó una página web informativa con los avances significativos de la administración de los fondos, y el Poder Legislativo en la Cámara de Diputados instaló una Comisión Especial para dar seguimiento a la problemática generada por el derrame de diversas sustancias contaminantes a los ríos Sonora y Bacanuchi.

Dicho órgano legislativo funcionó desde el 22 de agosto de 2014 hasta el 30 de abril del 2015, fecha en la que por acuerdo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados se extinguió, en conjunto con otras comisiones, una vez en que se informó que la extinción se debía a que el objetivo de su creación se había cumplido y agotado. Durante sus trabajos la comisión hizo una serie de recomendaciones y compromisos para dar seguimiento y atención a la problemática.

Respecto a la información publicada en el portal de internet disponible a través del sitio http://www.fideicomisoriosonora.gob.mx/index.html encontramos que la información fue actualizada hasta junio del año 2015, en lo que respecta a los apoyos e información financiera del fideicomiso.

En este año, en el quinto Informe de Gobierno, que el Ejecutivo federal entregó a la Cámara de Diputados en el mes de septiembre pasado se informó en uno de sus apartados lo siguiente:

En febrero de 2017 se celebró la sesión de cierre del Fideicomiso Río Sonora y las autoridades emitieron las resoluciones que acreditaron el cumplimiento de los objetivos, sin solicitudes de reparación pendientes.

- El Fideicomiso canalizó más de 1,200 millones de pesos en acciones de remediación, reparación y compensación de daños a las personas, al ambiente y a la salud humana en la región del Río Sonora.

- En enero y febrero de 2017 la empresa causante del daño al ambiente firmó convenios que garantizan a la población el acceso a agua potable de calidad, mediante la instalación de plantas potabilizadoras; y de salvaguarda a la salud con la operación de una unidad de vigilancia epidemiológica y ambiental en el municipio de Ures, Sonora.2

De lo anterior, los legisladores promoventes concluimos que, al cumplirse tres años del mayor desastre ambiental de las últimas décadas que ha afectado a nuestro país, provocado por el consorcio minero Grupo México, la incertidumbre de los pobladores de los siete municipios afectados en el Estado de Sonora continua latente ante el incumplimiento de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el consorcio.

Los compromisos que no han sido concluidos han provocado movilizaciones de pobladores y activistas quienes exigen la reactivación del fideicomiso y la remediación de los daños ambientales económicos y a la salud de los habitantes afectados de la región.

Ante esta situación, los legisladores abajo firmantes exigimos transparencia a detalle del total de los montos aplicados y que la dependencia del Gobierno Federal, que es la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y que la misma asuma la responsabilidad que le corresponde por la participación en la administración de los recursos.

Con este exhorto también solicitamos a la Auditoría Superior de la Federación para que, en el marco de sus atribuciones, analice la viabilidad de auditar el ejercicio de los recursos del fideicomiso denominado “Río Sonora”, con la finalidad de esta soberanía tenga pleno conocimiento de la ejecución de los recursos, el cumplimiento de los compromisos y en su caso en adelante se apliquen las medidas necesarias para continuar prestando atención a las comunidades y sectores afectados por la problemática.

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores del estado de Sonora, en pluralidad de grupos parlamentarios, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que haga público un informe detallado sobre los recursos erogados a través del fideicomiso denominado “Río Sonora”.

Asimismo, se le exhorta a que continúe dando cumplimiento a los compromisos adquiridos con la población afectada a causa de los daños provocados al entorno por el derrame tóxico que, con fecha del 6 de agosto del 2014, afectó a los ríos Sonora y Bacanuchi, en el Estado de Sonora.

Segundo . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación, para que, en el marco de sus atribuciones, analice la viabilidad de auditar el ejercicio de los recursos del fideicomiso denominado “Río Sonora”.

Notas

1 Fideicomiso Río Sonora, disponible a través de http://www.fideicomisoriosonora.gob.mx/index.html consultado el 19 de octubre de 2017.

2 Quinto Informe de Gobierno 2016-2017, disponible a través de http://www.presidencia.gob.mx/quintoinforme/ consultado el 19 de octubre de 2017.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de noviembre de 2017.

Fuentes:

Fideicomiso Río Sonora, disponible a través de http://www.fideicomisoriosonora.gob.mx/index.html consultado el 19 de octubre de 2017.

Quinto Informe de Gobierno 2016 – 2017, disponible a través de http://www.presidencia.gob.mx/quintoinforme/ consultado el 19 de octubre de 2017.

Diputados: Próspero Manuel Ibarra Otero, Sylvana Beltrones Sánchez, Susana Corella Platt, Héctor Ulises Cristopulos Ríos, Abel Murrieta Gutiérrez, Leticia Amparano Gamez, Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, José Everardo López Córdova, Javier Antonio Neblina Vega, Luis Agustín Rodríguez Torres, Refugio Trinidad Garzón Canchola (rúbricas)

Con punto de acuerdo, por el cual se convoca al director general de Pemex a reunión de trabajo con la Jucopo de esta soberanía para exponer la situación de la planta Agro Nitrogenados y el proceso de desincorporación de Pemex Fertilizantes por el posible daño patrimonial que se provocaría a la más importante empresa productiva del Estado, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Norma Rocío Nahle García, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter ante esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, con base en las siguientes:

Consideraciones

Primera. Hay un tema del que Petróleos Mexicanos (Pemex) y sus 12 filiales no desean hablar: la subcontratación que después de la reforma energética promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto se practica en sus plantas y plataformas. Si se les pregunta, lo que resulta es un laberinto de información legal que al final no lleva a conocer cómo se opera esta forma de contratar servicios.

Así, en tierra firme o mar adentro, sin que nada las obligue a la rendición de cuentas ni a la transparencia, las compañías privadas nacionales y extranjeras que le arriendan trabajos a Pemex ejercen su propia ley en las instalaciones petroleras que son de la nación.

La contratación por outsourcing o por régimen de subcontratación “es aquella por medio de la cual un patrón denominado contratista o subcontratista ejecuta obras o presta servicios con trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas a realizar y supervisa el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas”, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo.

En su historia, Pemex obtuvo servicios específicos de exploración a través de los contratos de servicios múltiples, pero siempre mantuvo la responsabilidad efectiva sobre la operación de los campos de producción. La ley petrolera de 2008, promulgada por el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, fortificó el formato de los contratos.

Con la reforma energética a iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto en 2013, la subcontratación viró en su alcance. Ahora, el ciclo completo de las actividades de exploración y producción, así como la obligación operativa recae en el contratista que puede subcontratar todas las actividades consideradas en el convenio, salvo la administración y dirección de las obras.

Especialistas en mecanismos de transparencia de organizaciones no gubernamentales y la academia coinciden en que en este laberinto de información tan confuso bien puede colarse la corrupción.1

Segunda. Apenas hace unos días, se dio a conocer por diversos medios de comunicación que el INAI después de una votación en el pleno de dicho instituto, resolvió impedir que se den a conocer las condiciones en que Pemex compró a sobreprecio la planta chatarra Agro Nitrogenados en 2013. Los argumentos de algunos de los comisionados es que Pemex es sujeto de derecho privado sin recursos públicos. Esta votación provocó que se difundiera información referente a la compra de dicha planta e información que con antelación ya había sido difundida por la intervención de la Auditoría Superior de la Federación.

La información que se difundió versa en los siguientes términos:

“El pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) determinó que, en esa cuestionada compra de 275 millones de dólares, no se usó dinero público.

Ya se había hecho público meses antes cómo Pemex, bajo la gestión de Emilio Lozoya, había gastado la cantidad millonaria en esa planta para producir urea y cuyas instalaciones y maquinaria tenían más de 30 años de antigüedad y 14 de inactividad.

La comisionada ponente, Ximena Puente –ex titular del INAI–, argumentó que, tras la entrada en vigor de la reforma energética, Pemex, que pasó de ser una paraestatal a una empresa productiva del Estado, y sus filiales se convirtieron en compañías privadas a las cuales no les aplica el derecho público.

Por tanto, determinó que le es aplicable el secreto bancario, comercial y fiscal ; clasificó, asimismo, como confidenciales los avalúos que se hicieron a la planta de Agro Nitrogenados.

Amparándose en una consideración de la Auditoría Superior de la Federación, el INAI determinó que Pro Agro Industria, SA de CV, que fue la filial de Pemex mediante la cual, en 2013, se hizo la compra, es un sujeto de derecho privado.

Esta determinación del INAI se dio pese a que, cuando se hizo la adquisición de Agro Nitrogenados, Pemex y sus filiales eran consideradas empresas paraestatales, pues todavía no entraba en vigor la reforma energética, que les cambió el estatus jurídico.

Los comisionados Arely Cano y Óscar Guerra emitieron votos particulares contra esta decisión.

“Existe un vínculo entre las operaciones que se realizaron con la intervención de la filial de Pemex, por lo que se trata de documentación que incide en el ámbito público, máxime si se toma en cuenta que la información obra en el expediente de una auditoría que se practicó a Petróleos Mexicanos”, señaló Cano.

En febrero, al dar a conocer el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2015, la ASF reveló que la adquisición de la planta se realizó con un sobrecosto de 93.1 millones de dólares y que el 60 por ciento del complejo era chatarra.

También dio a conocer que el análisis del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) advertía del deterioro de la planta”.2

Tercera. Respecto del Informe de la Cuenta Pública 2015, la ASF realizó a Pemex Fertilizantes auditoría financiera y de cumplimiento número 514, la que llevó por nombre Cadena de Producción Amoniaco-Fertilizantes.3

De esta auditoria se puede destacar las cinco observaciones que realizó en los siguientes rubros:

1. Producción y comercialización de amoniaco y urea (medición de amoniaco)

Se concluye que en 2015 el organismo no calibro? el medidor FQ-209A de acuerdo con la norma de referencia número NFR-111-PEMEX-2012 “Equipos de medición y servicios de metrología”, Apartados 8.2.3 “Trazabilidad a patrones nacionales o internacionales y calibración”, y 8.2.4 “Certificado o Informe o Dictamen de calibración”, y con el contrato de servicios de maquila de urea, donde se estipula que el instrumento de medición debe ser calibrado por lo menos dos veces al año.

Por lo anterior, la ASF realizó tres observaciones, dos son recomendaciones y una promoción de responsabilidad sancionatoria como se muestra a continuación:

15-6-90T9L-02-0514-01-001 Recomendación

Para que Pemex Fertilizantes calibre el instrumento de medición identificado como FQ-209A, instalado en el Complejo Petroquímico Cosoleacaque, a fin de obtener confiabilidad en los volúmenes de amoniaco que reporta de conformidad con la Norma de Referencia NRF-111-PEMEX-2012 “Equipos de medición y servicios de metrología”, apartados 8.2.3 “Trazabilidad a patrones nacionales o internacionales y calibración”, y 8.2.4 “Certificado o informe o dictamen de calibración”, y al contrato de servicios de maquila de urea donde se estipula que el instrumento de medición debe ser calibrado por lo menos dos veces al año.

15-6-90T9L-02-0514-01-002 Recomendación

Para que Pemex Fertilizantes implemente las estrategias operativas con objeto de cumplir en tiempo con los programas de mantenimiento de las plantas de amoniaco 5, 6 y 7, debido a que se observó? que el periodo de mantenimiento de dichas plantas se prolongó? con respecto de lo programado y que provoco? paros durante diez meses continuos.

15-9-90T9N-02-0514-08-001 Promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria

Ante la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no calibraron el instrumento de medición identificado como FQ-209A, instalado en el Complejo Petroquímico Cosoleacaque.

4. Precios de venta y costos de producción y ventas de amoniaco y urea

En mayo de 2015, la entidad cancelo? 9 mil 204.4 miles de pesos, del costo de la maquila registrada en marzo y abril, e informo? que el nuevo criterio para su registro se basó? en el volumen de ventas del cual se determinó? un costo por maquila de 8 mil 457.6 miles de pesos, equivalentes a 10.0 MT; sin embargo, la entidad solo registro? el costo de 7.1 MT por 6 mil 38.8 miles de pesos, por lo que no registro? 2,418.8 miles de pesos equivalentes a 2.9 MT de urea en incumplimiento de los párrafos 44.1.1 “El costo de los inventarios debe comprender todos los costos de compra y producción en que se haya incurrido para darles su ubicación y condiciones actuales” y 44.3.1. “Costo de producción”.

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, la entidad fiscalizada informo? que en agosto de 2016 se corrigió? el costo de la maquila correspondiente a 2.9 MT; sin embargo, no proporciono? la evidencia del registro.

15-9-90T9N-02-0514-08-002 Promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria

Ante la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no registraron el costo de la maquila de urea por 2 mil 418.8 miles de pesos equivalentes a 2.9 miles de toneladas.

5. Ingresos por ventas de amoniaco y urea

Se concluye que la entidad no facturo? en forma diaria la cantidad del producto entregado a Pemex Etileno, en incumplimiento de los numerales 8 y 9 del anexo 5 “Procedimiento de medición de volumen”, del contrato referido, y de la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 18 “Ingresos ordinarios”.

Por lo anterior, la ASF realizó dos observaciones, una es recomendación y la otra es promoción de responsabilidad sancionatoria como se muestra a continuación:

15-6-90T9L-02-0514-01-003 Recomendación

Para que Pemex Fertilizantes establezca mecanismos de control en el registro de las ventas de amoniaco a Pemex Etileno, debido a que la entidad emitió? cuatro facturas por 23,554.0 miles de pesos, registradas en noviembre y diciembre de 2015, y doce facturas por 15,538.1 miles de pesos registradas en enero de 2016, las cuales correspondieron al amoniaco entregado en septiembre, noviembre y diciembre de 2015, no obstante que la normativa establece que se facturara? de forma diaria la cantidad del producto entregado.

15-9-90T9N-02-0514-08-003 Promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria

Ante la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no facturaron de forma diaria la cantidad de amoniaco entregada a Pemex Etileno.

6. Presentación de los ingresos en la Cuenta Publica

Se verifico? que la entidad presento? los estados e información financiera presupuestaria en el periodo y formatos establecidos en los lineamientos específicos para las empresas productivas del Estado y entidades que conforman el sector paraestatal federal, para la integración de la Cuenta Pública de 2015.

Por lo anterior, la ASF realizó dos observaciones, una es recomendación y la otra es promoción de responsabilidad sancionatoria como se muestra a continuación:

15-6-90T9L-02-0514-01-004 Recomendación

Para que Pemex Fertilizantes establezca las acciones necesarias para asegurar que las cifras de los ingresos por ventas de productos petroquímicos presentadas en la Cuenta Pública sean correctas, y la información sea confiable, comparable y veraz, ya que se reportaron 81,203.8 miles de pesos en exceso en “venta de bienes e ingresos diversos” del estado de actividades presentado en la Cuenta Pública de 2015.

15-9-90T9N-02-0514-08-004 Promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria

Ante la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión reportaron 81,203.8 miles de pesos en exceso en “venta de bienes e ingresos diversos” del estado de actividades presentado en la Cuenta Pública de 2015.

7. Aprobación de la adquisición de Grupo Fertinal, S.A. de C.V. y subsidiarias

Por tanto, Pemex no proporciono? los nombres ni los cargos de los integrantes del grupo de trabajo, así? como las minutas, los acuerdos y demás documentos de las sesiones celebradas por la Coordinación de Asesores de su Dirección General, como lo instruyo? el Consejo de Administración de Pemex en el acuerdo núm. CA-209/2015 del 26 de octubre de 2015, de “dar seguimiento mediante la revisión documental y el establecimiento del mecanismo para confirmar la razonabilidad del precio final de la transacción”.

15-9-90T9N-02-0514-08-005 Promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria

Ante la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no contaron con los nombres ni los cargos de los integrantes, así? como las minutas, acuerdos y demás documentos de las sesiones de trabajo celebradas por la Coordinación de Asesores de la Dirección General que participo? en la supervisión y seguimiento de la adquisición de Fertinal.

10. Rentabilidad de la integración de la Cadena de Producción Amoniaco-Fertilizantes

En enero de 2016 se realizó? la compra de Fertinal y se consideraron sus necesidades de mantenimiento. Se instrumentó? un “plan de choque”, el cual establece: a) contener el gasto al máximo; b) una estrategia de portafolios de productos rentables; c) negociación de precio de materias primas, y d) incremento de la capacidad productiva. Conviene mencionar que, a septiembre de 2016, Pemex Fertilizantes suministro? amoniaco a Fertinal, complementado con transacciones de importación.

Con motivo de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la entidad informo? que presento? a la ASF las proyecciones financieras que integran el Plan de Negocios de Pemex Fertilizantes, las cuales reflejan un efecto positivo a partir de la integración de la cadena de gas natural-amoniaco-fertilizantes, con implicaciones de mejora en la rentabilidad y en los flujos de efectivo esperados. Las proyecciones financieras muestran las ventajas de integrar un negocio cuando el precio de la materia prima básica es competitivo y existe una demanda nacional insatisfecha y creciente de fertilizantes. Además, se estima que continúe la integración e implantación de sinergias entre los diferentes ámbitos del negocio de Pemex Fertilizantes en el último trimestre 2017, con la entrada en operación de las plantas de urea que se encuentran actualmente en rehabilitación.

15-6-90T9L-02-0514-01-005 Recomendación

Para que Pemex Fertilizantes en coordinación con Petróleos Mexicanos emita un plan de acción que establezca los compromisos y plazos de tiempo para la integración de la cadena de producción amoniaco-fertilizantes, a fin de incrementar la oferta de fertilizantes de producción nacional, disminuir las importaciones, eliminar los costos asociados con la importación, así? como mejorar la oferta domestica de fertilizantes con producto disponible y precios más competitivos.

Cuarta. En el informe de Resultados de Fiscalización Superior de la cuenta Pública 2016, la ASF, realizó auditoria a los Contratos de Mantenimiento y Rehabilitación en los Activos de Pemex Fertilizantes en Lázaro Cárdenas, Michoacán y Cosoleacaque, Veracruz. Fue una auditoría de inversiones físicas, con el número 16-6-90T9I-04-0469, 469-DE.

Resumen de observaciones y acciones

Se determinaron cinco observaciones, de las cuales dos fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. Las tres restantes generaron una recomendación y dos pliegos de observaciones, como se muestran a continuación:4

La Auditoría Superior de la Federación considera que subsiste la observación, debido a que la entidad fiscalizada no demuestra haber establecido los mecanismos que considere necesarios a fin de que, en lo subsecuente, en la ejecución de las obras públicas a su cargo se cerciore de que en caso de proyectos en los que intervengan diversos contratistas, se realicen las actividades de coordinación de los trabajos, de manera que no se afecten entre si?, provocando retrasos en los plazos de ejecución respectivos, suspensiones, reducción en los alcances, trabajos inconclusos y falta de puesta en marcha de las plantas, a fin de que se obtengan oportunamente los objetivos esperados del proyecto.

16-6-90T9I-04-0469-01-001 Recomendación

Para que Pemex Fertilizantes implemente las medidas de control que estime pertinentes con el fin de que, se realicen las actividades de coordinación de los trabajos en que intervengan diversos contratistas de manera que no se afecten entre si?, provocando retrasos en los plazos de ejecución respectivos, suspensiones, reducción en los alcances, trabajos inconclusos y falta de puesta en marcha de las plantas, a fin de que se obtengan oportunamente los objetivos esperados del proyecto.

16-6-90T9I-04-0469-06-001 Pliego de observaciones

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal a Pemex Fertilizantes por un monto de 261 mil 335.67 pesos, más los rendimientos financieros generados desde la fecha de su pago hasta la de su recuperación, por concepto de la diferencia que resulta entre los 466,211.81 pesos (cuatrocientos sesenta y seis mil doscientos once pesos 81/100 M.N.) pagados por la entidad y los 204 mil 876.14 pesos que debió? pagar por 574.3010 m ejecutados del concepto número 40, Suministro, manejo y dirección de tubería recta de acero al carbón, ASTM A-53 grado B, sin costura, extremos biselados, de cédula 80, en diámetro de 2 pulgadas a una altura de 0 a 5 m, por el precio unitario de 356.74 pesos.

16-6-90T9I-04-0469-06-002 Pliego de observaciones

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal a Pemex

Fertilizantes por un monto de 842,869.58 pesos (ochocientos cuarenta y dos mil ochocientos sesenta y nueve pesos 58/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados desde la fecha de su pago hasta la de su recuperación, por el pago de los precios unitarios extraordinarios C9-340, C9-341, C9-342 y C9-343 referentes a inspección visual de soldaduras, sin descontar el pago de andamios y equipos empleados para la realización de las soldaduras inspeccionadas, por haber sido pagados en los conceptos de soldadura originales.

Quinta. Paralelamente a la información presentada en una de las consideraciones anteriores, se difundió información muy relevante sobre las decisiones ya tomadas del consejo de administración de Pemex.

Como se afirma al inicio de la presente proposición, la falta de regulación para rendir cuentas e informar sobre las acciones que maneja Pemex, dejan abierta la puerta para señalar que esta empresa productiva del Estado, se ha convertido desde la reforma energética, en una caja sin fondo. Sabemos que al interior de esta hay redes de corrupción que operan con plena impunidad. Hoy se puede asegurar con certeza que, el “régimen especial” del que gozan y que les fue otorgado con la finalidad de que se volvieran empresas competitivas, productivas y que lograran un verdadero rendimiento para beneficio del país, es el principal problema con el que nos encontramos y que impide conocer, mirar o evaluar los alcances de estas reformas.

Hoy Pemex es parte de las empresas que operan con la mayor opacidad y con total impunidad, aprovechando este régimen especial para ocultar, evadir y por qué no decirlo así; para esconder los hechos de corrupción que la ciudadanía ha podido conocer gracias a las investigaciones independientes o a la propia Auditoría Superior de la Federación.

A continuación se presenta información que permite conocer cómo Pemex, a través de este régimen especial, pretende desmantelar y entregar las empresas filiales y subsidiarias de las que hoy se apoya, poniendo en riesgo el patrimonio de la nación.

Considero sumamente importante dejar este primer precedente de cómo Pemex iniciará la entrega del patrimonio de nuestro país. Es la antesala del desmantelamiento de la empresa más importante, pero, al mismo tiempo, es el hecho más visible del daño al erario público que están llevando a cabo. Aquí algunos detalles:

El Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos aprobó el inicio de la desincorporación de Pemex Fertilizantes.

La desincorporación de la filial, que fue creada a partir de la reforma energética, ayudaría según el acta de la sesión 922 extraordinaria del órgano de gobierno de Pemex, a “maximizar el valor de la empresa”.

El pasado 5 de octubre fue llevado a consideración del Consejo el tema de la controvertida subsidiaria que cuenta con tres unidades de negocio: Fertinal, el principal productor de fertilizantes fosfatados en américa Latina, con una planta en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y una mina en Baja California Sur, cuya capacidad total es de 1.4 millones de toneladas al año; ProAgro, con una planta de urea en Pajaritos, Veracruz, único productor de amoniaco en el país. También cuenta con activos logísticos que generan capacidad de transporte, almacenaje y acceso a puertos.

En meses pasados se había anunciado que Pemex preparaba la compra de Fertinal, la que en ese momento se consideraba la mayor productora de fertilizantes inorgánicos de América Latina.

En ese momento se dijo que la empresa “pasaría a formar parte de los activos de la recién creada subsidiaria Pemex Fertilizantes, con el propósito de fortalecer el objetivo de producir, distribuir y comercializar amónico, fertilizantes, sus derivados y la prestación de servicios”.

La compra fue avalada por el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y los miembros del Consejo de Administración que en ese momento y a la fecha encabeza el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell.

El 29 de enero de 2016, Pemex informó a través de su empresa productiva subsidiaria (EPS) Pemex Fertilizantes, que había concretado la compra de Grupo Fertinal y que con esa operación la empresa productiva subsidiaria sumaba a su capacidad productiva cerca de 1.2 millones de toneladas de fertilizantes sólidos.

Comentó que la adquisición no comprometía la inversión de capital ni le restaba techo de financiamiento a Pemex, “ya que toma ventaja de las condiciones de financiamiento a las que tiene acceso”.

Además, la inversión realizada sería recuperada en menos de 36 meses, una vez que se integren las operaciones a Pemex Fertilizantes y se apalanquen las ventajas competitivas que Pemex brinda desde el punto de vista financiero, de suministro de materias primas y acceso tanto a infraestructura logística estratégica como al mercado mundial más competitivo de gas natural.

Según estados financieros de Pemex, en la administración de Lozoya Austin, la empresa ganó mil 395 millones de dólares, lo que le permitiría comprar dos plantas de fertilizantes: Agro Nitrogenados, de Alonso Ancira, y Fertinal, de Fabio Covarrubias.

En febrero de 2017, al ASF reveló que 660 por ciento de la planta de Agro Nitrogenados que adquirió Pemex en 275 millones de dólares en 2014 era chatarra. Esa adquisición se hizo con un sobre precio de 93.1 millones de dólares respecto del avalúo que realizó el Indaabin, el cual advirtió sobre el mal estado de la planta.

Cifras de la Cuenta Pública de 2016 señalaron que el negocio de fertilizantes de Pemex sumaba pérdidas por 7 mil 800 millones de pesos.

En ese año, Pemex Fertilizantes tuvo ingresos por 4 mil 800 millones, pero sus gastos triplicaron, al situarse en 12 mil 600 millones. Al primer semestre de 2017, Pemex Fertilizantes perdió 873.8 millones de pesos.5

Frente a estos hechos la Cámara de Diputados no puede permanecer ajena. El patrimonio nacional es de todos los mexicanos y esta representación popular está obligada a vigilar las operaciones que se realizan en las empresas productivas del Estado e impedir el remate de sus activos.

Por lo expuesto y de conformidad con las disposiciones invocadas en el proemio, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión convoca al titular de Petróleos Mexicanos, Carlos Alberto Treviño Medina, a asistir a una reunión de trabajo con la Junta de Coordinación Política a fin de que exponga la situación que guardan la planta Agro Nitrogenados y el proceso de desincorporación de Pemex Fertilizantes, por el posible daño patrimonial que se provocaría a la empresa productiva del Estado más importante del país.

Notas

1 Efrén Flores, “Pemex, un nido de corrupción por años, teje maraña para no decir a quién contrata y para qué”, en Sinembargo, julio 19 de 2017. http://www.sinembargo.mx/19-07-2017/3265016

2 Rolando Herrera, “Oculta INAI transa de planta chatarra”, en Reforma, jueves 23, 2017. www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1263581&v=2

3 ASF, Pemex Fertilizantes, “Cadena de producción amoniaco-fertilizantes”, auditoría financiera y de cumplimiento: 15-6-90T9L-02-0514 514-DE, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2015, Grupo Funcional Desarrollo Económico.

http://www.asf.gob.mx:8081/Informe.aspx

4 ASF, “Contratos de mantenimiento y rehabilitación en los activos de Pemex Fertilizantes en Lázaro Cárdenas, Michoacán; y Cosoleacaque, Veracruz”, Pemex Fertilizantes, auditoría de inversiones físicas: 16-6-90T9I-04-0469, 469-DE, Grupo Funcional Desarrollo Económico.

5 Cruz Noé, “Pemex avala desincorporar a la filial de fertilizantes”, en El Universal, 23 de noviembre, 2017. http://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/pemex-avala-desincorpora r-la-filial-de-fertilizantes

Palacio Legislativo de San Lázaro.- Ciudad de México, a 30 de noviembre de 2017.

Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica)

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Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Chihuahua y al ayuntamiento de Ciudad Juárez a implementar políticas públicas que coadyuven en la prevención de delitos sexuales y, a su vez, garanticen a las víctimas el acceso a la justicia pronta y expedita, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Ana Georgina Zapata Lucero, Diputada Federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracciones I, II, III y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

C O N S I D E R A C I O N E S

La madrugada del día miércoles 22 de noviembre del presente año, tres menores de edad fueron agredidas sexualmente y una de ellas falleció a causa de las lesiones ocasionadas por sus agresores. Lo anterior, ocurrió dentro de un domicilio ubicado en la colonia Ampliación Felipe Ángeles en Ciudad Juárez Chihuahua, en el cual se encontraban las tres menores de edad, mismas que fueron violentadas por un sujeto, de quien al momento se desconoce su identidad.

Dicha situación, la cual fue denunciada a través de diversos medios de comunicación, no es un hecho aislado, pues no es la primera vez que ocurre un acontecimiento así en Ciudad Juárez. Hoy en día el municipio se ha visto rebasado por el incremento de estos delitos; en efecto, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al mes de octubre de 2017, de los 838 casos de delitos sexuales (violación) denunciados en el Estado de Chihuahua,1 405 casos corresponden a Ciudad Juárez,2 es decir, casi la mitad de las denuncias presentadas en todo el Estado.

Por otro lado, también se debe resaltar el alza de la violencia contra las mujeres, que se ha presentado en Chihuahua, tan solo hasta el 19 de septiembre del presente año se habían registrado 64 mujeres asesinadas, cifra que rebasó a las 56 mujeres asesinadas en 20163 y en el caso de Juárez también se incrementó la violencia contra las mujeres, pues en los últimos años aumentaron los asesinatos de mujeres y también se incrementaron, entre otros delitos, las desapariciones de mujeres, violencia doméstica e intrafamiliar, violencia sexual, entre otros.

Bajo ese contexto, se debe considerar que la Colonia Felipe Ángeles, lugar donde se suscitaron los lamentables hechos antes narrados, colinda con el Río Bravo, al norponiente de Ciudad Juárez y se caracteriza por ser una zona accidentada geográficamente, a la que se le suma condiciones de pobreza y marginación y en la que el 22.8 por ciento4 de sus hogares cuentan con una jefatura femenina, quienes tienen que salir de sus hogares para realizar actividades laborales, que les permitan generar recursos económicos para la manutención del hogar y de sus hijos, viéndose forzadas a dejar en muchas ocasiones solos a sus hijos.

Así mismo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana , cifras correspondientes a junio de 2017, muestran que el 70.4 % de los habitantes de Juárez perciben total inseguridad en su comunidad, cifra que, al ser comparada con diciembre de 2016, de la misma encuesta, muestra un claro aumento, pues en esa fecha el porcentaje de percepción de inseguridad era de 55.4%, sufriendo un aumento del 64.2 % en marzo de 2017 para finalmente, aumentar hasta el 70.4 % en junio del mismo año.

Es oportuno recordar, que el pasado 11 de septiembre del año en curso, el Gobierno Municipal de Ciudad Juárez, celebraba la aprobación del Protocolo Policial de Atención de Mujeres Víctimas de Violencia de Género, el cual tiene como fin específico, atender a las mujeres y menores de edad que han sufrido algún tipo de violencia, buscando evitar que sean revictimizadas, lo cual es un hecho loable, sin embargo las acciones urgentes que necesita Juárez, además de atención oportuna ante tales delitos, deben estar enfocadas a la prevención.

A dos días de la celebración del “ Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, (25 de noviembre), no es posible que sigan ocurriendo casos como el de las tres niñas, el cual, conjugado con todas las cifras citadas anteriormente, nos muestra la falta de coordinación existente, de las acciones implementadas por parte de las autoridades estatales y municipales para la erradicación de estos delitos, los cuales sin lugar a duda causan un gran daño a nuestra sociedad.

Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa al Gobernador del Estado de Chihuahua y al alcalde de Ciudad Juárez para que en el ámbito de sus respectivas competencias, de manera coordinada implementen políticas públicas que coadyuven en la prevención de delitos sexuales (violación) y a su vez garanticen a las víctimas, el acceso a la justicia pronta y expedita.

Notas

1 http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuer o%20comun/Cieisp2017_102017.pdf

2 http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-del ictiva-fuero-comun.php

3 http://www.jornada.unam.mx/2017/09/19/estados/041n3est

4 http://mexicosos.org/descargas/dossier/estudios/plan_maestro_juarez_fel ipe_angeles.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 30 días del mes de noviembre de 2017.

Diputada Ana Georgina Zapata Lucero (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos estatales y los municipales a respetar tanto los escudos oficiales como los colores y lemas de éstos, y abstenerse de usar los partidistas, a cargo de la diputada Eloísa Chavarría Barajas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Eloísa Chavarrías Barajas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura Federal, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, en el artículo 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En fechas recientes los Congresos locales de los estados de Colima y Querétaro han votado leyes que regulan la utilización de colores y símbolos en bienes muebles e inmuebles del sector público .

Por medio de La Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, los alcaldes deben abstenerse de utilizar en edificios municipales, en la documentación oficial y en las páginas web oficiales, símbolos y colores asociados a los partidos políticos; en el caso de Querétaro recibe el nombre de Ley que Regula la Utilización de Colores y Símbolos en Bienes Muebles e Inmuebles del Sector Público.

En el caso de Colima esta legislación es acorde con el principio de imparcialidad en la aplicación de recursos públicos, establecido en los artículos 134 de la Constitución federal y 138 de la Constitución del estado de Colima.

En ambas entidades, los alcaldes deben conservar una imagen municipal oficial que sea libre de todo contenido que promueva algún partido político, misma que deberá respetar el escudo oficial que identifica a cada municipalidad, así como los colores y lema del mismo.

Lo aprobado por las legislaturas estatales señala, además, que en la construcción, ampliación, adecuación, remodelación, conservación, mantenimiento o modificación de las obras públicas, así como en la planeación y el diseño de un proyecto urbano o arquitectónico, sólo podrá utilizarse la imagen institucional.

En nuestra patria son gastados, cada tres o cada seis años, muchos recursos para poder “mudar de aires” las imágenes institucionales, todo esto con el exclusivo objetivo de hacer propaganda a la administración del partido gobernante en turno.

Y más allá de las discusiones e intereses partidistas, México ha invertido muchos recursos y sacrificios para dotar a la mayoría de los municipios y estados de simbología de la región con el fin de lograr identidades locales, es decir apego por sus regiones.

“La bandera, el escudo y el himno, representan los valores y la historia de los pueblos. Los cuales, sumados a las costumbres y tradiciones, van creando un sentido de pertenencia a la nación y contribuyen para consolidar nuestra identidad.”

Lo anterior, que lo vemos reflejado a escala nacional, es similar en los estados y municipios, es una forma de identidad.

Sustituir los colores y símbolos regionales por los partidistas es alterar la tradición de nuestros pueblos y comunidades en beneficio de una administración temporal.

Son décadas que en nuestras escuelas de estados y municipios se han enseñado los símbolos regionales, omitirlos y substituirlos es negar décadas de educación cívica.

A modo de ejemplo, podemos citar el ejemplo de una institución como la UNAM:

“Durante su rectorado, José Vasconcelos dotó a la Universidad de su actual escudo, en el cual el águila mexicana y el cóndor andino, cual ave bicéfala, protegen el despliegue del mapa de América Latina, desde la frontera norte de México hasta el cabo de Hornos, plasmando la unificación de los iberoamericanos: “Nuestro continente nuevo y antiguo, predestinado a contener una raza quinta, la raza cósmica, en la cual se fundirán las dispersas y se consumará la unidad”.

Numerosas instituciones han destinado recursos a fin de crear manuales de identidad gráfica.

Este sentido de identidad no sólo se refleja en nuestras instituciones educativas, también es propia de casi todo tipo de congregación: cultural, religiosa, altruista, etc.

Otra alusión lo podemos observar en el símbolo que representa el aguila de la bandera nacional.

“El águila ha sido símbolo celeste, ave de luz y de iluminación, de la altitud y la profundidad del aire, debido a su capacidad de elevarse por encima de las nubes y acercarse al sol.”

Es importante tener en cuenta las anteriores reflexiones, pues es un motivo más fuerte que el económico para que nuestros gobiernos locales -por propia iniciativa- refuercen la identidad de sus poblaciones y no caigan en la tentación de imponer la visión de un partido político . Los intereses de la colectividad deben estar por encima de un ente como lo es un partido político.

Es por lo antes expuesto y de acuerdo a los artículos citados en el proemio, que se presenta ante esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Punto de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LXIII Legislatura, a través de la presente proposición con punto de acuerdo, exhorta respetuosamente a los gobiernos estatales de las 32 entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos, a que, de conformidad con sus atribuciones, cumplan con las especificaciones técnicas de la cromática, el topónimo, escudo, representación gráfica y tipografía institucional de los gobiernos estatales, así como de los gobiernos municipales, con la finalidad de abstenerse de usar los de origen de partido político en la construcción, ampliación, adecuación, remodelación y mantenimiento de las obras e inmuebles públicos, así como en la adquisición y adecuación de los mismos.

Segundo. El presente exhorto se aplica también a la imagen institucional expresada en la página web oficial y redes sociales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados a 30 de noviembre de 2017.

Diputada Eloísa Chavarrías Barajas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a indultar al ciudadano Alberto Martínez Sosa, interno en el centro preventivo de readaptación social Santiaguito, de Almoloya de Juárez, México, por sentencia firme dictada por juez competente, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito diputado Omar Ortega Álvarez de la LXIII Legislatura, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracciones III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía, proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las instituciones mexicanas, nuestras instituciones, cursan un largo episodio de descredito derivado no de ellas mismas, no de su estructura, ni tampoco del desempeño de la mayoría de sus integrantes.

Si rastreamos los casos que ponen en entredicho el nombre de cada institución podemos llegar a que el origen se encuentra en las decisiones tomadas por un puñado de individuos y en algunos casos una sola persona que lejos de la institucionalidad basa su actuar en la visión del beneficio personal.

Provecho que pudiese ser económico, de posición de poder o de venganza inescrutable a la luz de la razón, la ética o el derecho, pero cualquiera que sea su naturaleza el daño colateral es minar la fortaleza que requiere el andamiaje del Estado para una robusta gobernabilidad.

Por eso este punto de acuerdo resulta tan importante, cuando un Ministerio Público en materia de procesos penales en el estado de México con residencia de actuación en la ciudad de Toluca se colude con dos individuos pertenecientes al Ejército Mexicano para inculpar a un ciudadano primero por delitos contra la salud, mismo que fue desestimado, después por posesión de armas de uso exclusivo del ejército, delito del que fue exculpado al igual que del delito de posesión de cartuchos de uso exclusivo de la armada.

Siendo el Ministerio Público en comento quien alteró los documentos, archivos, pruebas, indicios y diligencias, todo cuanto pudo para mantener el delito de privación ilegal de la libertad de los integrantes de la milicia quienes a su vez engañaron a sus compañeros y superiores para explotar la solidaridad castrense y utilizar el apoyo militar en la búsqueda de pruebas que estos dos militares fabricaron.

Se engañó a militares superiores y jueces con pruebas fabricadas y testigos amenazados, se violaron las garantías procesales y el debido proceso, se alteraron diligencias con documentos apócrifos y con sustitución de escritos posteriores. Se ignoró un amparo federal y la declaración de autoridades jurisdiccionales sobre la falta de pruebas para proceder, ocultando la verdad a quienes debían resolver sobre la inocencia o culpabilidad de Alberto Martínez Sosa, quien lleva ocho años recluido.

El expediente con los datos técnicos es muy largo por lo que me he permitido adjuntarlo al presente punto de acuerdo como un anexo, asimismo he adjuntado el escrito por el que la Cámara de Diputados como órgano colegiado, como una de las más sólidas instituciones de la nación, ejerciendo su facultad de solicitar el indulto por inocencia y defendiendo tanto al Ejército Mexicano como al Poder Judicial de una triada de vivales que utilizó sus recursos para engañar, pedimos respetuosamente al Ejecutivo federal decrete el indulto para Alberto Martínez Sosa.

Por lo expuesto, me permito someter a la consideración de esta asamblea, la aprobación de la siguiente proposición –de urgente u obvia resolución– con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados, como órgano colegiado acuerda que con fundamento en el artículo 97 Bis del Código Penal Federal, solicita respetuosa y firmemente al Poder Ejecutivo federal, indultar al ciudadano Alberto Martínez Sosa, actualmente interno en el Centro Preventivo y de Readaptación Social “Santiaguito” en Almoloya de Juárez, estado de México.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro a 30 de noviembre de 2017.

Diputado Omar Ortega Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profepa a promover una acción colectiva para cancelar la construcción de la planta de termovalorización de basura en el Bordo Poniente de la Ciudad de México, a cargo de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal Norma Xochitl Hernández Colín, integrante del Grupo Parlamentario del partido Morena a la XLIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, por medio del presente, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente:

Proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a promover una acción colectiva a efecto de cancelar la construcción de la planta de termovalorización de basura en el Bordo Poniente de Ciudad de México.

Lo anterior, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera. A principios de septiembre de este año, el jefe de gobierno de Ciudad de México presentó el proyecto de construcción de la planta de termovalorización “El Sarape” que, presuntivamente transformará cuatro mil quinientas toneladas de basura diarias en energía para alimentar al Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Con una inversión cercana a los 12 mil millones de pesos, la construcción, operación y mantenimiento estará a cargo del consorcio privado Proactiva Medio Ambiente SA de CV (filial de la francesa Veolia), para el procesamiento de los residuos sólidos urbanos durante los próximos treinta y tres años.

Al terminar su construcción y comenzar a operar, será la primera planta de su tipo en México y América Latina; con 30 por ciento más de capacidad que la de Los Ángeles, California, convirtiéndola en una de las más grandes del mundo.

El jefe de gobierno aseguró que este proyecto es el cambio “más importante de toda la administración en materia de gestión de residuos sólidos”, informó que con esta planta, junto con las compactadoras y la de biodigestión, se podrá realizar el tratamiento de las más de 13 mil toneladas de desechos que genera a diario se generan en la ciudad.

Cabe recordar que actualmente 8 mil 600 toneladas de estos residuos son llevadas a un relleno sanitario, pero sólo son aprovechadas 4 mil 100 mediante diferentes procesos, por ejemplo, mil 900 toneladas para reciclaje, mil 400 para composta y 800 para combustible alterno.

En la presentación de la planta, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales respaldó el proyecto y lo puso como ejemplo para que presidentes municipales y gobernadores del país aprendan “de esta gran lección”; recordó que México genera en promedio unas 117 mil toneladas de basura al día, lo que representa, aproximadamente, un kilo de basura por habitante. De ese total, 70 por ciento se va a ríos, bosques y barrancas.

Asimismo, recordó que la Ley General de Cambio Climático establece que las localidades de más de cincuenta mil habitantes deben desarrollar infraestructura que evite emisiones de metano a la atmósfera, gas con alto potencial de calentamiento global, cuya mitigación es un compromiso de México ante la comunidad internacional.1

Con la instalación de la planta, el gobierno de la ciudad supuestamente rompe un mito muy importante de que estos proyectos son costosos, de que no podían ser accesibles a las diferentes autoridades municipales y estatales. Actualmente, el gobierno gasta dos millones de pesos anuales para el traslado y disposición final de 8 mil 500 toneladas de basura a rellenos sanitarios del estado de México y Morelos.

Con la implementación de esta tecnología, de manera presuntiva, serán aprovechadas 11 mil 400 toneladas de basura inorgánica, 2 mil toneladas serán recicladas, mil 500 utilizadas para composta, mil 400 se enviarán a cementeras como combustible alterno, 2 mil irán a la planta de biodigestión y 4 mil a la de termovalorización.2

Segunda. La Alianza Global por Alternativas a la Incineración menciona que se está promoviendo en todo el mundo una nueva generación de incineradores de desechos que promueven la idea de poder convertir desechos urbanos, médicos, industriales y de otro tipo en electricidad y combustible de manera segura y rentable. Muchas empresas van incluso un poco más lejos y sostienen que su tecnología es “verde”, “libre de contaminación” y produce “energía renovable”.

Sin embargo, estas tecnologías están clasificadas como incineradores por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos y por la Unión Europea. Todas estas tecnologías utilizan un proceso de múltiples etapas en el que se combinan altas temperaturas seguidas de combustión. Los incineradores por etapas, donde se procesan los desechos sólidos urbanos, liberan al aire, suelo y agua dioxinas, metales pesados, dióxido de carbono y otros contaminantes nocivos. Muchos municipios de todo el mundo han rechazado propuestas para instalar estas tecnologías debido a que los beneficios que alegan los representantes de la industria no se fundamentan en datos reales.

Diversos estudios que han analizado exhaustivamente a los incineradores han encontrado que éstos ofrecen pocos o ningún beneficio en comparación con los hornos convencionales de incineración en masa, y que incluso representan una inversión más riesgosa aún. Por ejemplo, el informe “La Viabilidad del Tratamiento Térmico Avanzado en el Reino Unido”, de Fichtner Consulting Engineers , encargado por el United Kingdom Environmental Services Training , en 2004 establece que “muchos de los supuestos beneficios de la gasificación y la pirólisis en comparación con la tecnología de combustión han probado ser infundados. Estas percepciones han surgido principalmente de comparaciones inconsistentes realizadas en ausencia de información de calidad.”

Del mismo modo, el informe, “Evaluación de opciones para el manejo de materiales para la revisión del plan maestro de desechos sólidos de Massachusetts” del Tellus Institute, encargado por el Departamento de Protección Ambiental de Massachusetts, en 2008, concluye que: “para el año 2020, es poco probable que las plantas de gasificación y pirólisis tengan un papel fundamental en la gestión de los desechos sólidos urbanos” debido a la falta de experiencia en el país con plantas de gran escala con tecnologías alternativas que procesen los desechos sólidos mezclados y generen energía a partir de ello de modo exitoso; los largos plazos que transcurren hasta la planificación, emplazamiento, construcción y habilitación de este tipo de plantas; los importantes costos de capital requeridos y la falta de flexibilidad en el manejo de los desechos sólidos impuesta por las disposiciones contractuales a largo plazo y el beneficio relativamente reducido en lo que se refiere a emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con el desvío de los desechos para otros usos o su disposición en rellenos.

De hecho, el estudio realizado por el Tellus Institute descubrió que “por tonelada, con el reciclaje se ahorra más de siete veces la cantidad de CO2 emitida en los rellenos, y se reduce casi en dieciocho veces la cantidad que se emite en las plantas de gasificación/pirólisis”.

Los principales efectos negativos de los incineradores, en todas sus variedades, son los mismos, son tóxicos para la salud pública, son dañinos para la economía, el ambiente y el clima, y van en desmedro de los programas de reciclaje y reducción de desechos.3

Tercera. La propia Alianza Global por Alternativas a la Incineración, en la publicación “Una Industria que Vende Humo”, establece diez razones por las cuales los incineradores no son soluciones para el tratamiento de los residuos:

1. los incineradores emiten una cantidad de tóxicos similar a los hornos convencionales de incineración en masa.

El Documento de Referencia sobre Mejores Técnicas Disponibles para la Incineración de Residuos de la Prevención y el Control Integrados de la Contaminación de la Comisión Europea encontró que: “los niveles de emisión al aire en la etapa de combustión de tales instalaciones (gasificación y pirolisis) son los mismos que aquellos establecidos para las instalaciones de incineración.”

Las emisiones identificadas de los incineradores son material particulado, compuestos orgánicos volátiles (COVs), metales pesados, dioxinas, dióxido de azufre, monóxido de carbono, mercurio, dióxido de carbono y furanos, entre otras. Algunos de estos tóxicos pueden ser dañinos para la salud humana y el ambiente aun en bajas dosis.

El mercurio, por ejemplo, es un neurotóxico potente y muy expandido que altera las funciones motoras, sensoriales y cognitivas. La más tóxica de las dioxinas es el cancerígeno más potente conocido por la humanidad, para la cual no hay un nivel de exposición seguro. Los impactos de las dioxinas sobre la salud incluyen cáncer, alteraciones en el desarrollo sexual, malformaciones congénitas, daños en el sistema inmunológico, desórdenes en el comportamiento y alteraciones en la relación de masculinidad.

La incineración de desechos sólidos es una de las principales fuentes antropogénicas de emisión de dioxinas. Los trabajadores de las plantas de incineración y las personas que viven cerca de incineradores tienen un riesgo particularmente alto de exposición a las dioxinas y otros contaminantes, pero los impactos tóxicos de la incineración llegan mucho más lejos, los compuestos orgánicos persistentes (COPs), tales como las dioxinas y los furanos, se trasladan cientos de kilómetros y se acumulan en animales y en humanos. Los contaminantes también se distribuyen cuando los alimentos que se producen cerca de plantas de incineración son transportados a otras comunidades.

2. Los límites de emisión fijados para los incineradores no garantizan que las emisiones sean seguras.

Las emisiones de los incineradores no se miden de forma suficiente y, por ende, los niveles totales de emisión que se reportan pueden ser falaces. Además, los límites no siempre se hacen cumplir.

Los límites de emisión no suelen basarse en lo que científicamente se considera como seguro para la salud pública, sino en lo que se determina que es tecnológicamente factible para una fuente dada de contaminación. Como lo ha escrito la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, “considerando que la Agencia no ha podido definir claramente un nivel de exposición segura a estos contaminantes cancerígenos, se hizo casi imposible elaborar una normativa.”

En consecuencia, los límites de emisión de la Agencia se crearon únicamente para exigir a los “emisores que utilicen las mejores tecnologías de control probadas en fuentes industriales.” Como resultado, estos límites permiten liberar contaminantes tóxicos como las dioxinas, el mercurio y el plomo en niveles inseguros. Además, estos límites inadecuados sólo regulan a un puñado de los miles de contaminantes que se conocen, y no toman en cuenta la exposición a varios químicos al mismo tiempo.

Las emisiones de los incineradores no se miden lo suficiente, tal es el caso de los contaminantes más peligrosos que se conocen, como las dioxinas y el mercurio, cuyas emisiones en los incineradores raramente se monitorean de forma continua o precisa. En consecuencia, los niveles totales de emisión reportados pueden ser falaces.

Por último, los límites de emisión que sí existen no siempre se cumplen, a veces se permite seguir operando a los incineradores a pesar de violar los límites de emisión.

3. Los incineradores tienen antecedentes nefastos, plagados de problemas operativos, explosiones y clausuras.

La cantidad problemas operativos que se han registrado en distintos incineradores ha probado que estas plantas son costosas y peligrosas para las comunidades en donde están instaladas. Por ejemplo, el incinerador de Thermoselect en Karlsruhe , Alemania (uno de los incineradores por gasificación de desechos sólidos urbanos más grandes del mundo), se vio obligado a cerrar definitivamente en 2004 tras haber sufrido durante años reiterados problemas operativos y pérdidas financieras que sumaron más de 400 millones de euros.

Entre los problemas operativos sufridos se registraron una explosión, roturas en el recubrimiento del reactor a causa de las temperaturas y la corrosión, filtraciones en una pileta con líquidos residuales, filtraciones en una pileta de sedimentación que contenía líquidos residuales contaminados con cianuro, y finalmente se vio obligado a cerrar tras descubrirse emisiones descontroladas de gases tóxicos.

Del mismo modo, en 1998, un horno pirolítico de “alta tecnología” instalado en Furth, Alemania, que procesaba desechos sólidos urbanos, tuvo una falla importante que provocó la liberación de gas de pirólisis al aire; un barrio entero tuvo que ser evacuado, y algunos ciudadanos de la comunidad aledaña tuvieron que ser llevados al hospital en observación.

En muchos países, incluyendo Canadá, Francia, India, Estados Unidos y el Reino Unido, los municipios han rechazado propuestas de instalación de tecnologías de gasificación, pirólisis y plasma debido a que los datos que presentaron los representantes de la industria sobre las emisiones, las finanzas y los beneficios energéticos resultaron ser infundados. Como informó el periódico Palm Beach Post sobre la propuesta de instalación de un horno de arco de plasma de la empresa Geoplasma en St. Lucie , Florida, “los números eran bastante impresionantes, declaró el comisionado Coward. Pidió pruebas, la empresa no las pudo entregar por lo que el condado contrató los servicios de un consultor, quien dijo que las pruebas no existían.”

4. La incineración es incompatible con el reciclaje.

La incineración también atenta contra los esfuerzos orientados a minimizar la producción de materiales tóxicos y no reciclables. Para poder sobrevivir financieramente, las tecnologías de incineración necesitan un suministro constante tanto de desechos como de dinero público en la forma de contratos de “poner o pagar”.

Con este tipo de contratos, los municipios se ven obligados a pagar una tarifa mensual predeterminada a la planta incineradora durante décadas, independientemente de si resulta coherente en términos económicos o ecológicos seguir pagando esta suma en el futuro. En consecuencia, estos contratos echan por tierra los incentivos financieros que puede tener una localidad para reducir y separar sus desechos en origen, y reutilizar, reciclar o compostar.

Los datos de la Agencia muestran que aproximadamente el 90 por ciento de los materiales que se disponen en incineradores y rellenos en Estados Unidos son reciclables o compostables. De forma similar, aun tras haber logrado un porcentaje de reciclaje de más de 70 por ciento, el Estudio de Caracterización de la Basura de 2006 del Departamento de Ambiente de San Francisco, California, detectó que dos tercios de los materiales que se están enterrando son fácilmente reciclables o compostables.

Los contratos con empresas de incineración, además de ser costosos y a largo plazo, atentan contra los esfuerzos destinados a minimizar la producción de materiales tóxicos y no reciclables. El pequeño porcentaje de desechos que queda tras llegar al máximo nivel de reciclaje, reutilización y compostaje (llamados materiales residuales ) está compuesto por materiales que generalmente son tóxicos, complejos y tienen un bajo valor energético. La incineración no es una estrategia apropiada para tratar esta fracción de desechos, genera emisiones nocivas; puede disparar problemas operativos; ofrece muy poco valor energético y atenta contra los esfuerzos por minimizar los desechos.

Una estrategia más práctica es contener de modo económicamente factible y seguro el pequeño porcentaje de materiales no reciclables que hay en los desechos, estudiarlo y aplicar políticas de responsabilidad extendida del productor y otras normativas e incentivos para que se dejen de fabricar estos productos y materiales y sean reemplazados por alternativas sustentables.

5. Los incineradores suelen ser más costosos y tienden a implicar un mayor riesgo financiero.

La gente carga con el costo financiero que acarrea cualquier tipo de incineración. Los gastos que implican para los gobiernos locales son altos, y las comunidades terminan pagándolos con dinero público y gastos en salud pública. En cambio, desde un punto de vista económico, el reciclaje y el compostaje son métodos mucho más sensatos que la incineración y la disposición en rellenos sanitarios.

A menudo, la incineración es incluso más cara e implica un riesgo financiero mayor que los incineradores convencionales, ya de por sí costosos. El informe de Fitchtner Consulting Engineers , “La Viabilidad del Tratamiento Térmico Avanzado”, encontró que “no hay razón para creer que estas tecnologías sean más baratas que la combustión y es probable, de acuerdo con la información disponible, que, a medida que los procesos sean más complejos, se vuelvan más costosos”.

Un ejemplo del incremento de costos que implican son las tasas por el tratamiento de los desechos que solicitaron las empresas de incineración al condado de Los Ángeles, California, en 2005. El monto de las tasas estimado era de dos a cuatro veces más alto que el promedio que se abona a los incineradores en Estados Unidos.

Los incineradores también representan riesgos financieros, teniendo en cuenta que tienen un historial operativo plagado de fallas, incapacidad de producir electricidad de forma confiable, clausuras y explosiones regulares. Como concluye el informe de la Comisión Europea de 2006: “el riesgo tecnológico adicional asociado con la gasificación y la pirólisis para muchos desechos sigue siendo significativamente mayor que el que tienen los tratamientos térmicos de incineración, mejor probados.”

6. Los incineradores capturan una baja cantidad de energía de forma ineficiente.

Los incineradores por gasificación, pirólisis y plasma son incluso menos eficientes para generar electricidad que los incineradores convencionales. Las centrales de energía por incineración generan electricidad de forma ineficiente mediante la combustión de desechos y/o gases derivados de los desechos. En relación al beneficio energético total, siempre es preferible reciclar materiales en lugar de incinerarlos. El reciclaje ahorra de tres a cinco veces la cantidad de energía que se genera en las centrales de energía por incineración.

Como explica el informe “Evaluación de Opciones de Manejo de Materiales para la Revisión del Plan Maestro de Desechos Sólidos de Massachusetts” del Tellus Institute, encargado por el Departamento de Protección Ambiental de Massachusetts, el reciclaje ahorra energía, reduce la extracción de materia prima, y provoca impactos positivos sobre el clima al reducir la emisión de CO2 y otros gases de efecto invernadero. Por tonelada de desechos, la energía que se ahorra reciclando supera la que se genera con los gases de los rellenos sanitarios o la que pueden recuperar las tecnologías de conversión térmica.

Quienes promueven las tecnologías de incineración sostienen que éstas tienen índices de eficiencia energética más altos que los incineradores convencionales, pero dichas afirmaciones son infundadas. De hecho, el informe de Fitchtner Consulting Engineers , “La Viabilidad del Tratamiento Térmico Avanzado”, encontró que “la eficiencia de conversión de las tecnologías de gasificación y pirólisis revisadas resultó ser generalmente menor que la que se alcanza en un proceso de combustión moderno de incineración en masa”.

Otros investigadores y periodistas encontraron que algunas plantas de incineración no han logrado producir más electricidad que la que consume el propio proceso. La cuestión de la eficiencia energética está ligada a la propia naturaleza de las tecnologías de incineración. Primero, los incineradores por gasificación, pirólisis y plasma a menudo requieren un proceso de pre tratamiento de los desechos, como la trituración y secado; estos procesos pueden consumir una cantidad importante de energía. Segundo, a diferencia de los incineradores convencionales, que dependen del oxígeno para mantener el fuego ardiendo, los ambientes que usan estas tecnologías que involucran una presencia reducida de oxígeno, requieren un suministro adicional de energía para mantener el proceso funcionando.

7. Incinerar materiales desechados conduce al agotamiento de recursos y daña el ambiente.

No es sustentable disponer en rellenos e incineradores la cantidad de desechos que estamos llevando a esos sitios en todo el mundo. Tan sólo en las últimas tres décadas, se ha consumido un tercio de los recursos naturales del planeta.

Los incineradores contribuyen a la crisis ambiental al destinar gran cantidad de dinero público a la disposición definitiva de recursos naturales cada vez más escasos. Para resolver la crisis ambiental es necesario que los municipios inviertan en prevenir la generación de desechos y reutilizar, reciclar y compostar los materiales que actualmente se disponen en incineradores y en rellenos. Es clave que, de forma inmediata, los materiales biodegradables (biomasa ) dejen de disponerse en rellenos, donde se descomponen en condiciones que generan emisiones de potentes gases de efecto invernadero.

Del mismo modo, incinerar materiales biodegradables y de otro tipo aumenta las emisiones de gases de efecto invernadero y la degradación ambiental. Por la salud del clima y el suelo, es mucho mejor prevenir la generación de desechos y compostar, tratar mediante la digestión anaeróbica o reciclar los materiales biodegradables, que incinerarlos o enterrarlos.

Una tecnología emergente llamada digestión anaeróbica muestra señales prometedoras para procesar de forma segura y sustentable materiales biodegradables separados en origen y generar energía al mismo tiempo. Como concluye el informe “Evaluación de Opciones de Manejo de Materiales para la Revisión del Plan Maestro de Desechos Sólidos de Massachusetts” del Tellus Institute, encargado por el Departamento de Protección Ambiental de Massachusetts, las perspectivas para las plantas de digestión anaeróbica parecen más favorables en vista de la extensa experiencia acumulada con esas plantas en Estados Unidos para procesar barros cloacales y desechos agrícolas y el hecho que no se registran en la literatura impactos significativos sobre la salud humana y el ambiente.

8. Las tecnologías de incineración contribuyen al cambio climático.

Tomando en cuenta las emisiones de gases de efecto invernadero por tonelada de desechos procesada, el reciclaje es una estrategia mucho mejor que la incineración por etapas. Como revelan las conclusiones del informe del Tellus Institute, por tonelada, con el reciclaje se ahorra más de siete veces la cantidad de CO2 emitida en los rellenos, y se reduce casi en 18 veces la cantidad que se emite en las plantas de gasificación/pirólisis.

Los incineradores convencionales emiten más CO2 por unidad de electricidad generada que las centrales térmicas que operan con carbón. Los incineradores también generan emisiones de gases de efecto invernadero tales como monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM) y dióxido de azufre (SO2) de forma indirecta.

Los incineradores generan electricidad de un modo aún más ineficiente que los incineradores convencionales, y necesitan un suministro adicional de combustibles derivados de fuentes fósiles y/o electricidad para operar, y energía para el preprocesamiento de los materiales. En consecuencia, estos incineradores pueden tener una huella de carbono aún más alta que los hornos convencionales de incineración en masa.

En Estados Unidos, los incineradores figuran entre las 15 fuentes principales de emisión directa de gases de efecto invernadero a la atmósfera, según el último inventario de emisiones de gases de efecto invernadero que publicó la Agencia. Un impacto mucho mayor sobre el clima que el que tienen las emisiones de gases de efecto invernadero de los incineradores es el que tiene, durante todo el ciclo de vida, el hecho de incinerar desechos en lugar de prevenir su generación y reutilizar, reciclar o compostar materiales. Por cada elemento que se incinera o se entierra, se debe fabricar uno nuevo a partir de materia prima en lugar de hacerlo con materiales reutilizados.

Para los materiales biodegradables, la separación en origen seguida del compostaje y/o la digestión anaeróbica supone liberaciones de metano fugitivas, insignificantes y, en total, emite una cantidad de gases de efecto invernadero mucho menor que los rellenos y los incineradores. Con frecuencia, las empresas de incineración no cuentan las emisiones de CO2 asociadas a la combustión de biomasa y sostienen que estas emisiones son “neutrales en carbono”. Sostienen que esto es consistente con el protocolo establecido por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático.

Esto no es así, el Panel establece claramente que la quema de biomasa para generar energía no puede ser considerada automáticamente neutral en carbono ni siquiera en el caso en que la biomasa se coseche de forma sustentable. El Panel también dice claramente que incinerar biomasa no es “neutral en CO2 ” o “neutral en carbono ”. Si se ignoran las emisiones derivadas de la incineración de biomasa, se están omitiendo las liberaciones de CO2 que se producen durante el ciclo de vida de estos materiales, generadas cuando los mismos son incinerados en lugar de ser conservados, reutilizados, reciclados o compostados.

9. Los incineradores tienen altos costos de inversión, pero generan pocos empleos en comparación con los programas de reciclaje y compostaje.

En términos laborales, la industria del reciclaje ofrece muchos más beneficios que los incineradores de

desechos y los rellenos. Según la Agencia, “por cada 100 puestos de trabajo que se crean a partir del reciclaje, se pierden sólo 10 empleos en la industria de tratamiento de los desechos sólidos, y se pierden tres empleos en la industria forestal ”. No hay datos laborales específicos sobre las tecnologías de incineración, pero es probable que las perspectivas de generación de empleos de estas plantas sean similares a las de los incineradores convencionales. Dado que los incineradores compiten con los programas de reciclaje por el mismo financiamiento y por los mismos materiales, instalar un incinerador puede mermar las oportunidades de generar puestos de trabajo.

El Estudio de Información Económica sobre Reciclaje en Estados Unidos de la Agencia de Protección Ambiental, reportó que la industria de reciclaje genera más de 1.1 millón de empleos, cifra comparable a la que genera la industria automotriz y la de fabricación de maquinarias.

Las industrias de reciclaje tienen una nómina de pago anual de cerca de 37 mil millones de dólares y un bruto de 236 mil millones en ganancias por año, con un magro índice de reciclaje nacional de 34 por ciento, tiene un gran potencial para lo que pueden alcanzar las y los trabajadores y la economía si hubiera una mayor reutilización de materiales.

Las regiones que se han comprometido a aumentar el reciclaje en lugar de la disposición están viendo beneficios tangibles en sus economías. Por ejemplo, a razón de que el estado de California obliga a alcanzar objetivos de reciclaje y reutilización de todos los desechos sólidos urbanos de 50 por ciento, el reciclaje sostiene 85 mil empleos y cubre 4 mil millones en salarios. Del mismo modo, de acuerdo con un informe del gobierno de la ciudad de Detroit, si la ciudad llegara a reciclar el 50 por ciento de sus desechos, se generarían más de mil puestos de trabajo nuevos.

10. Desperdiciar recursos naturales valiosos en incineradores y rellenos es evitable e innecesario.

La vasta mayoría de los recursos que desechamos se puede reutilizar, reciclar o compostar. Y en cuanto a los materiales residuales que son o demasiado tóxicos o demasiado complejos como para reciclarse, podría y debería obligarse a fabricarlos para que sean reciclables, no tóxicos y diseñados para durar. Para esto es necesario un compromiso para trabajar por lo que se conoce como Basura Cero, que significa adoptar un objetivo y un plan para invertir en infraestructura, fuerzas laborales y estrategias locales para poner fin a nuestra dependencia respecto a los incineradores y rellenos.

Diversas ciudades en el mundo, entre ellas Buenos Aires (Argentina), Canberra (Australia), Oakland (Estados Unidos), Nueva Escocia (Canadá) y Seattle (Estados Unidos), están encaminadas hacia Basura Cero y muchas ya han avanzado mucho en ese camino. Estas ciudades están construyendo parques de reciclaje y compostaje, implementando innovadores sistemas de recolección, requiriendo que los productos sean fabricados de forma segura para las personas en el planeta, y creando puestos de trabajo locales y “verdes”.

Hay una variedad de políticas que han probado ser efectivas para reducir y eliminar materiales problemáticos en diferentes lugares, tales como políticas de Responsabilidad Extendida del Productor, Producción Limpia, impuestos sobre envases y prohibiciones sobre materiales específicos.

Apoyar Basura Cero implica no dar más subsidios a proyectos de manejo de desechos tales como la incineración, que contaminan al ambiente y a las personas que viven en él, e invertir, en cambio, en programas innovadores para reducir, reutilizar y reciclar los desechos. Aparte de ahorrar recursos y dinero, y crear más trabajo para las comunidades locales, Basura Cero produce mucha menos contaminación que las tecnologías de disposición de desechos, y muchas menos emisiones que contribuyen al calentamiento global.4

Cuarta. Greenpeace menciona que instalar un incinerador en la ciudad pone en riesgo la salud de las personas en la zona metropolitana del Valle de México y aumentaría contaminación atmosférica con metales pesados, perturbadores endocrinos y contaminantes orgánicos persistentes.

Asimismo, organizaciones ambientalistas y de derechos humanos exigieron al gobierno de Ciudad de México echar atrás el contrato de la planta de termovalorización de la basura en el Bordo Poniente, debido a que empeorará la calidad del aire, poniendo en riesgo el derecho a la salud y a un medio ambiente sano de sus habitantes.

Señalaron que no permitirán que la actual administración deje un gravísimo problema ambiental y para la salud humana de la población de la zona metropolitana, así como a las siguientes administraciones, las cuales deberán lidiar con la empresa asignada para este proyecto, que ha enfrentado demandas ante tribunales internacionales y nacionales por incumplimiento en sus contratos como en el caso de Egipto, Lituania, Marruecos, entre otros, y Chiapas, donde organizaciones ambientalistas la han acusado de la contaminación de mantos freáticos por escurrimientos de lixiviados del basurero a su cargo. También han sido demandados por ocultar la contaminación del agua con plomo en Flint, Michigan.

Comentan que “sería irresponsable por parte del gobierno de Miguel Ángel Mancera firmar un contrato por 33 años sin dar a conocer los términos de éste y transparentar el tipo de tecnología que se utilizará, las especificaciones técnicas, financieras, protocolos de emisiones y monitoreo tal como se comprometió la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México sin que hasta ahora lo haya cumplido ”.

Gustavo Ampugnani, director ejecutivo de Greenpeace México, apuntó que “Ciudad de México tuvo seis años desde que se cerró el Bordo Poniente en 2011 para buscar alternativas para el buen manejo de los residuos sólidos urbanos pero no lo hizo y hoy quiere imponer la incineración pese a ser una tecnología que genera contaminantes altamente tóxicos, cancerígenos y perturbadores endocrinos como los contaminantes orgánico persistentes entre los que se encuentran las dioxinas y los furanos, metales pesados y otros, que empeorarían la calidad del aire en la zona metropolitana poniendo en riesgo la salud de las personas ”.

Por su parte, Marisa Jacott, directora de Fronteras Comunes, señaló que “es una obligación del gobierno de la ciudad informar a sus habitantes, que una de las tantas consecuencias de la incineración de basura es la reducción de la fecundidad y el aumento en la prevalencia de algunas enfermedades como endometriosis y ciertas clases de cáncer. La exposición del lactante y del feto a los perturbadores endocrinos puede afectar el desarrollo del aparato reproductivo, del sistema nervioso y de varios órganos”.

La Organización Mundial de la Salud considera la contaminación del aire como uno de los mayores riesgos ambientales para la salud de la población y en México existe información que asocia los altos índices de contaminación atmosférica que se vivieron en los últimos años con enfermedades respiratorias.

Magdalena Donoso, coordinadora de la Alianza Global por Alternativas a la Incineración, comentó que “actualmente, siete mil toneladas de residuos al día ya se envían a la empresa cementera Cemex en Atotonilco de Tula, Hidalgo, y a Tepeaca, Puebla, para su incineración, producto de un convenio entre la empresa y el gobierno, lo que está afectando severamente a las comunidades aledañas”. Por su parte, Jorge Tadeo Vargas, del Laboratorio de Investigación en Desarrollo Comunitario y Sustentabilidad, menciona que “entre los riesgos principales de instalar incineradores en la región que señala un documento de la Asociación Internacional de Residuos Sólidos, se encuentran cantidades variables de residuos destinados al incinerador, bajísimo valor calorífico, apoyo financiero deficiente, opciones tecnológicas inapropiadas y contextos institucionales inadecuados. A los impactos económicos por el costo de una planta de este tipo, debemos sumar los impactos sociales que se presentan por la pérdida de trabajo para los pepenadores hasta la privatización de los servicios de limpia, impactos en la salud ambiental y humana generados por las sustancias químicas tóxicas ”.

Las organizaciones concluyeron que el proyecto además de poner en riesgo la salud ambiental y humana de las poblaciones cercanas a la planta y de la zona metropolitana, viola derechos constitucionales como el de vivir en un medio ambiente sano, el derecho a la consulta previa e informada, así como el de acceso a la información, incumpliendo también convenios internacionales como el de Estocolmo, por lo que el gobierno de Ciudad de México debe cancelar el proyecto.5

De igual forma, Greenpeace advierte que la construcción y puesta en marcha de la planta de termovalorización sepulta la posibilidad de minimizar las altas cantidades de basura que se generan diariamente, y de reducir la contaminación del aire.

La decisión de realizar este proyecto ancla a la capital del país (por lo menos durante los siguientes 30 años) a un modelo de gestión de residuos que se enfoca en suministrar a la planta grandes tonelajes de basura para que esta pueda operar y generar energía eléctrica suficiente para abastecer a las 12 líneas del Metro, lo cual coloca en entredicho las políticas de separación y reducción del gobierno de la ciudad.

De acuerdo con un análisis realizado por la organización ambientalista, el contrato para la prestación de servicios de la planta de aprovechamiento de poder calorífico de los residuos sólidos urbanos de la Ciudad de México, presenta diversos focos rojos:

1. El fin último del contrato no es la disposición o tratamiento de los residuos sólidos urbanos, sino la generación de 965 mil mega vatios de energía eléctrica para abastecer al Sistema de Transporte Colectivo Metro. Para cumplir dicho objeto, la Agencia de Gestión Urbana se compromete a entregar al prestador del servicio los residuos sólidos urbanos en el estado en que le son entregados en las estaciones de transferencia y/o en plantas de selección, sin ningún pretratamiento o modificación alguna de sus características de humedad, porcentaje de orgánicos e inorgánicos y/o poder calorífico.

El hecho de que la Agencia se comprometa a entregar los residuos de manera indiscriminada, sin importar si se trata de residuos orgánicos o inorgánicos, deja en entredicho la retórica del gobierno de la ciudad en el tema de la reducción, separación selectiva, acopio y reciclaje de residuos, a través del programa Basura Cero.

2. La planta de termovalorización requerirá 4 mil 500 toneladas de residuos diariamente, si la planta deja de recibir dicho tonelaje, entonces no podría operar al nivel de capacidad para el que estará diseñada. El contrato plantea la responsabilidad de la Agencia de incrementar la cantidad de residuos, en el caso de que las características de humedad, porcentaje de orgánicos e inorgánicos y/o poder calorífico de los residuos impliquen la imposibilidad de que la empresa cumpla su obligación de generar la cantidad de energía eléctrica acordada.

Se establece que incluso puede darse una terminación anticipada del contrato por insuficiencia de poder calorífico, con las debidas sanciones económicas a cargo de la Agencia, es decir, de los impuestos que pagan las y los mexicanos.

3. La empresa será responsable del proceso de disposición final de los residuos rechazados, así como de las cenizas y escorias de la planta. En el contrato no se aclara la forma en que la empresa realizará la disposición final de los residuos que no sean viables para ser termovalorizados.

4. En el documento se señala como riesgo que las emisiones al medio ambiente se encuentren por encima del rango estipulado en la norma. Esto quiere decir que no hay una certeza absoluta de que la operación de la planta sea amigable con el medio ambiente, como lo han señalado continuamente en sus comunicaciones oficiales tanto el gobierno de la ciudad como la empresa.6

Quinta. Greenpeace publicó un artículo donde relaciona la incineración de basura con el cambio climático; en él, menciona que no resulta extraño que ante la urgencia de adoptar medidas de lucha contra el cambio climático, aparezcan falsas soluciones. Ante este panorama, la industria y algunas administraciones parecen haber encontrado lo que consideran la respuesta definitiva a los problemas que los residuos suponen.

La propuesta consiste en la construcción de plantas incineradoras y la quema indiscriminada de recursos, aunque esta opción se encuentre en la cuarta posición en la jerarquía de residuos establecida por la Directiva Marco de Residuos (las tres anteriores, por orden de prioridad son: prevención, reutilización y reciclaje, y la única que se encuentra después de la incineración, que malamente se denomina como valorización energética, es la eliminación en vertedero ).

El hecho de que exista una recuperación parcial y simbólica de la energía contenida en los residuos, incluso a costa de la pérdida de recursos materiales, ha llevado a este sector a ensalzar la quema de residuos como la solución al cambio climático. Nada más lejos de la realidad, incluso dejando al margen los problemas asociados a la emisión de sustancias tóxicas y los residuos peligrosos que no se destruyen, la incineración impide que se lleven a cabo las medidas que podrían contribuir a la lucha contra el cambio climático de manera efectiva. Uno de los problemas reside en que con la quema de residuos orgánicos (sus emisiones en el cómputo global se consideran cero ), se están incinerando otros residuos que no lo son.

Las emisiones de estos otros residuos no orgánicos si deberían contabilizarse en el cómputo de emisión de CO2 (tanto por su contribución al consumo de energía como por sus efectos en el cambio climático ) y, sin embargo, no se toman en cuenta. Actualmente, las incineradoras son clasificadas como plantas de valorización energética de residuos, pero es imposible esconder la realidad de estas instalaciones como fábricas de cambio climático y destructoras de recursos. También se intenta disfrazar bajo otras denominaciones a la incineración, y los nuevos proyectos se disfrazan bajo el nombre de termólisis, gasificación, pirólisis, arco de plasma. Todas ellas, además, contaminan gravemente aire, suelo y agua con decenas de sustancias tóxicas y peligrosas.

Algunos de estos compuestos no tienen límites tolerables o recomendables como en el caso de las dioxinas y furanos, incluidos en el Convenio de Estocolmo como una de las doce sustancias prioritarias a eliminar. Actualmente se establece 0,0001 kg/año como umbral de emisión a la atmósfera para estos compuestos, sin embargo, las dioxinas se han caracterizado como uno de los tóxicos químicos “artificiales y más potentes ” jamás estudiados.

Los modernos sistemas de reducción de emisiones atmosféricas no hacen desaparecer las dioxinas ni los furanos, sino que reducen su emisión a la atmósfera y desplazan las restantes a otros flujos de residuos de la incineradora. Es decir, se concentran en las cenizas volantes y las escorias.

Desde el punto de vista económico las plantas incineradoras son muy caras de construir, mantener y suponen conceder contratos por décadas a las empresas que construyeron y/o gestionan estas instalaciones. Por ello, difícilmente una ciudad o municipio podrá invertir recursos en medidas de prevención, reducción y reciclaje de residuos, ya que la incineradora necesita de estos insumos para seguir funcionando y buena parte de los presupuestos municipales son consumidos en ello. Además, las empresas tienen contratos que les aseguran la entrada de residuos, de lo contrario la administración correspondiente tienen que sufragar la diferencia.

Esto hace que sean un negocio redondo para las empresas que incineran. Las cifras hablan por sí solas, las diferentes administraciones involucradas en la gestión de los residuos pagan unos sesenta euros por tonelada tratada a la empresa. Según los datos oficiales, se queman al año en España, cerca de dos millones de toneladas de basuras, esto supone más de 120 millones de euros (y cada planta tiene una concesión de 25 a 30 años ). A todo ello hay que sumar los ingresos por la venta de la electricidad producida (energía cuyos kilovatios están primados ) y de las escorias (tóxicas ) que en algunas plantas se envían a las cementeras para hacer cemento o emplearlas en materiales de construcción.

En España la inversión total en incineración de residuos, según los datos del sector, asciende a 664,46 millones de euros. A partir de estos datos puede calcularse la inversión necesaria por tonelada de capacidad total, y estimar que si finalmente se llevarán a cabo los ocho nuevos proyectos y ampliaciones que tienen planeados las diferentes Comunidades Autónomas, habría que invertir al menos otros 1,113,47 millones de euros. En total, y con la actual inversión, habríamos gastado 1.777,93 millones de euros en quemar recursos naturales no renovables, contaminar el agua y el aire, afectando gravemente la salud de las personas y el medio ambiente y producir más cambio climático.

Estamos ante un incesante crecimiento en nuestra generación de basuras, en 1995, cada ciudadano europeo generó 460 kilogramos de residuos urbanos por término medio. Esta cantidad aumentó hasta 520 kilogramos por persona en 2004 y se prevé que alcance los 680 kilogramos por persona en 2020. En total, esto supondrá un incremento de casi el 50 por ciento en 25 años. Estos hechos no hacen más que dar argumentos a administraciones poco concienciadas con el problema de la gestión sostenible de las basuras y a una industria incineradora voraz de lograr beneficios económicos, aunque para ello hipotequen nuestra salud y medio ambiente.

Si dejamos de ceñirnos a los impactos de la incineración sobre el cambio climático y el medio ambiente, vemos que también existen otras razones de peso para abandonar esta tecnología tan peligrosa, por ejemplo, la salud, todas las incineradoras son fuentes de contaminación ambiental, ya que emiten sustancias de elevada toxicidad, como metales pesados (cadmio, plomo, mercurio, cromo o cobre ) y compuestos orgánicos, entre los que destacan las dioxinas y furanos, retardantes de llama bromados, los PCBs y los PAHs. Es además de especial preocupación la exposición a este tipo de sustancias para las que no existen límites que aseguren protección total, de los grupos más vulnerables, como la infancia o las personas adultas mayores.

Por tanto, Greenpeace concluye mencionando que se opone a la incineración de residuos urbanos, incluso la que conlleva una recuperación energética. Actualmente, el valor calorífico de los residuos urbanos se debe en gran medida a los plásticos, o en menor grado, al papel y a la madera, todos fácilmente reciclables, y muchos de ellos prescindibles. Las incineradoras son ineficientes y se ha demostrado que, en general, no son eficaces para recuperar cantidades significativas de energía en comparación con una adecuada política de reciclaje de materiales.

El potencial de ahorro de energía del reciclaje de los residuos sólidos urbanos es muy superior al potencial de obtención de energía mediante incineración. Además, estas instalaciones emiten a la atmósfera sustancias químicas persistentes, tóxicas y bioacumulativas, como las dioxinas y los furanos.

Las incineradoras generan enormes cantidades de escorias y cenizas volantes (el 22,5 por ciento de los residuos quemados, según los datos más conservadores), estas últimas pueden contaminar el entorno y deberían ser tratadas como residuos peligrosos. Por tanto, la incineración de residuos urbanos no puede considerarse como una fuente renovable y limpia de energía.

La gestión de los residuos sólidos urbanos genera cambio climático. Ya que produce gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global del planeta. Si se actúa de forma coherente sobre este sector se podría lograr en 2050 una reducción mundial de las emisiones de gases de efecto invernadero equivalente al 3 por ciento del total de 1990. Para ello, es imprescindible que se aplique un modelo que potencie la recuperación de materiales, el reciclado y la reutilización; lo que se denomina modelo de Residuo Cero.

La incineración de residuos no es una solución, sino todo lo contrario. Aunque el sector presenta las incineradoras como fuentes de energía verde, rara vez se menciona que son importantes emisoras de gases de efecto invernadero y un problema para el calentamiento global. La eficiencia energética de las incineradoras es baja y deben emplear combustibles auxiliares como el gas natural, el gasóleo o los aceites desclasificados. De hecho, en términos de emisiones de CO2 por kilovatio hora generado, emiten más que una planta térmica de gas o carbón.

La gestión de residuos no sabe combatir el cambio climático. El sector del tratamiento y eliminación de residuos es el que ha experimentado el mayor aumento de sus emisiones de gases de efecto invernadero, en el periodo 1990-2007: un 83 por ciento frente al 62 por ciento del sector de procesado de la energía.7

Sexta. El párrafo primero del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece ”, por su parte, el párrafo tercero del mismo precepto dispone que “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad .”

De igual forma, los párrafos cuarto y quinto del artículo 4 de la Constitución estipulan que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud” y que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar ”.

Con relación a lo anterior y en aras de salvaguardar los derechos ambientales y de la salud (entre otros), el constituyente permanente introdujo en el orden jurídico nacional la Acción Colectiva que, en palabras de Jeanett Trad Naciff, son los litigios que pueden ser promovidos por un determinado grupo de personas en países del sistema Common Law , como se suscita con frecuencia en Estados Unidos.

Debido al gran auge que han tenido este tipo de litigios, diversos países han ido adoptando este mecanismo dentro de sus sistemas legales aun y cuando se trata de países de tradición civilista, debido a la eficiencia y alcance que pueden llegar a tener determinados tipos de litigios en donde más de una persona o grupos de personas resulten restablecidos en sus derechos mermados.

Las acciones colectivas han sido muestra clara de la representación de intereses comunes de grupos determinados de personas, que al unir estrategias legales sobre un mismo supuesto legal y hecho concreto, pueden acudir a los tribunales a demandar la reparación de un daño y/o la indemnización correspondiente.

En Estados Unidos y Canadá, las Class Actions ambientales son litigadas ante los tribunales civiles, por medio de los cuales se argumenta que el aire, el agua, el ruido o la contaminación en particular, ha impactado de manera adversa a un grupo de personas y/o sus bienes, ocasionando con ello, daños ya sea por negligencia, por actos de molestia, responsabilidad civil por daños o cualquier daño en los bienes de cierto grupo de personas de conformidad con las disposiciones ambientales aplicables en ambos países.

En México, con la reforma al artículo 17 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de julio de 2010, se elevó a categoría de derecho humano el reconocimiento a la legitimación para llevar a cabo una Acción Colectiva, sujetándola a la condición de que el Congreso de la Unión expidiera las leyes que regulen dichas acciones, mediante las cuales se determinaran las reglas específicas para dichos procedimientos judiciales, así como los mecanismos de reparación del daño.

Aunado a lo anterior, el 28 de enero de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto mediante el cual se reformó y adicionó el artículo 180 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, así como la reforma de la fracción I del artículo 8 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

La reforma resultó ser el parteaguas para que en la materia ambiental se reconociera la legitimación para poder acudir a los recursos administrativos correspondientes, y combatir aquellos proyectos que originaren o puedan originar un daño ambiental o a la salud pública.

Para ello, fue necesario que la ley de protección al ambiente incluyera la forma de reconocer la legitimación de personas físicas o morales para acudir a cualquiera de dichas vías, es decir, el interés legítimo sobre el asunto en concreto.

Lo más relevante e incluso necesario respecto a la regulación sobre Acciones Colectivas y su forma de substanciación, fue la publicación del Decreto del 8 de septiembre de 2011, donde se incluyeron las reformas sobre acciones colectivas mediante las cuales se puede substanciar un procedimiento judicial en caso de que exista un interés o derecho difuso, colectivo o individual de incidencia colectiva.

Entre las principales normas destacan:

1. La competencia de los Tribunales de la Federación en sus diversas modalidades para substanciar Acciones Colectivas, a través de los Juzgados de Distrito Civiles Federales;

2. La procedencia de la Acción Colectiva para la tutela de las pretensiones cuya titularidad corresponde a una colectividad de personas, así como para el ejercicio de las pretensiones individuales cuya titularidad corresponde a un grupo de personas;

3. La clasificación de las Acciones Colectivas en: acción difusa, acción colectiva en sentido estricto y acción individual homogénea, cuyo objeto podrá tener pretensiones declarativas, constitutivas o de condena;

4. Indicar sobre quién o quienes cuentan con legitimación activa para ejercitar Acciones Colectivas, en la materia ambiental, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, el representante común de la colectividad formada por al menos treinta miembros, las asociaciones civiles sin fines de lucro legalmente constituidas al menos un año previo al momento de presentar la acción y cuyo objeto social incluya la defensa de los intereses de la materia de que se trate, y la Procuraduría General de la República;

5. Las disposiciones adjetivas sobre las cuáles debe substanciarse el procedimiento;

6. Los efectos de las sentencias, donde el juez podrá condenar al demandado a la reparación del daño, consistente en la realización de una o más acciones o abstenerse de realizarlas, así como a cubrir los daños en forma individual a los miembros del grupo; y

7. La creación de un Fondo administrado por el Consejo de la Judicatura Federal, en donde se manejarán los recursos provenientes de las sentencias que deriven de las Acciones Colectivas difusas, para ser utilizados exclusivamente para el pago de honorarios de los representantes de la parte actora, cuando exista un interés social que lo justifique y así lo determine el juez, la preparación de pruebas y la notificación de la sentencia correspondiente.

De igual forma, se incluyó la reforma al artículo 202 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, mediante la cual se otorgó la facultad de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de cualquier legitimado de ejercitar la acción colectiva conforme las reformas mencionadas, cuando un hecho u omisión vulnere derechos o intereses de una colectividad. El artículo 202 establece textualmente lo siguiente:

Artículo 202. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en el ámbito de sus atribuciones, está facultada para iniciar las acciones que procedan, ante las autoridades competentes, cuando conozca de actos, hechos u omisiones que constituyan violaciones a la legislación administrativa o penal.

Cuando se realicen actos, hechos u omisiones que vulneren derechos e intereses de una colectividad, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como cualquier legitimado a que se refiere el artículo 585 del Código Federal de Procedimientos Civiles, podrán ejercitar la acción colectiva de conformidad con lo dispuesto en el Libro Quinto de dicho Código.

Con el paquete de reformas y nuevas disposiciones en materia de Acciones Colectivas se evidencia una muestra clara sobre la prioridad que se está dando a la materia ambiental desde el punto de vista litigioso pero, sobre todo, a la forma en que diferentes actores pueden acudir ante las instancias civiles o administrativas a litigar intereses comunes en materia de preservación ambiental y sustentabilidad.

Es así que conforme a la reforma se introducen diversos conceptos clave que pueden llevar a una impugnación del tipo “colectivo” sobre determinado proyecto, de tal suerte que se logre salvaguardar el interés común o colectivo, con relación a los bienes jurídicos tutelados en ésta ámbito, es decir, el medio ambiente, los recursos naturales, la vida silvestre o la salud pública.8

En esta materia existe un precedente a cargo de la Procuraduría, se trata de la Acción Colectiva promovida ante el Juzgado Tercero de Distrito en Tlaxcala en contra de los municipios que descargan sus aguas residuales sobre “Cuenca del Alto Balsas, Río Zahuapan-Atoyac”.

Dentro del marco de esta Acción, los presidentes municipales deberán instruir a los servidores públicos adscritos a sus municipios para realizar un análisis actualizado de las sustancias que se encuentran presentes en las descargas de aguas residuales provenientes de los sistemas de drenaje y alcantarillado que desemboquen en los afluentes del río Atoyac.

Detectar las tomas de descargas de los sistemas de drenaje y alcantarillado; instalar y operar en óptimas condiciones las plantas tratadoras con las que cuente y en caso de no contar con ellas, construirlas.

Realizar los muestreos y análisis periódicos de la calidad de las aguas residuales provenientes de los sistemas de drenaje y alcantarillado y, realizar las denuncias correspondientes a las descargas que se realicen a los cuerpos de agua federal o estatal, que no cuenten con autorización de la autoridad competente.9

Séptima. Dada la intención del gobierno de Ciudad de México de construir y operar la planta de termovalorización de basura que pondrá en grave riesgo el medio ambiente y la salud de las personas habitantes de la zona metropolitana; que este tratamiento de residuos sólidos no ha demostrado ser mejor opción que algún otro que no cause perjuicio, que la empresa contratada tiene demandas por incumplimiento en diversos países; y que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente se encuentra facultada para interponer Acciones Colectivas, se considera prudente exhortarla a efecto de que la promueva, con la intención de salvaguardar los derechos humanos de las personas.

Por las consideraciones anteriormente vertidas, someto a la consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a promover una Acción Colectiva, a efecto de cancelar la construcción de la planta de termovalorización de basura en el Bordo Poniente de Ciudad de México, debido a los daños al ambiente y a la salud que generará en las personas habitantes de la zona metropolitana del Valle de México.

Notas

1 http://www.proceso.com.mx/501730/mancera-presenta-proyecto-privado-conv ertira-basura-en-energia-metro-en-2019

2 http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/09/04/1186088

3 http://www.gaialibrary.org/system/files/unaindustriaquevendehumofinal.p df

4 Ídem.

5 http://www.greenpeace.org/mexico/es/Noticias/2017/Mayo/Rechazamos-propu esta-de-Termovalorizacion-de-la-basura-para-la-CDMX/

6 http://www.greenpeace.org/mexico/es/Prensa1/2017/Junio/Proyecto-de-plan ta-de-termovalorizacion-obliga-a-la-ciudad-a-seguir-generando-basura-Gr eenpeace/

7 http://archivo-es.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/costas/091 124-02.pdf

8 http://ceja.org.mx/IMG/LAS_ACCIONES_COLECTIVAS.pdf

9 https://www.gob.mx/profepa/prensa/da-profepa-seguimiento-a-accion-colec tiva-en-contra-de-municipios-que-descargan-sobre-cuenca-del-alto-balsas -rio-zahuapan-atoyac-en-tlaxcala

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de noviembre de 2017.

Diputada Norma Xóchitl Hernández Colín (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México a establecer para estudiantes un descuento de 50 por ciento en la tarifa de transporte público y un programa de renovación del parque vehicular de las diferentes rutas, a cargo de la diputada Angie Dennisse Hauffen Torres, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Angie Dennisse Hauffen Torres, diputada federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XX, 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En el estado de México, el transporte público es de los más rezagados del país al por contar con una flota vehicular de modelos atrasados que circulan diariamente a lo largo y a lo ancho de ese territorio.

Lo anterior, se agrava al circular de manera diaria en calles con hoyos, no pavimentadas y por los altos costos en los combustibles fósiles que deban a los concesionarios una utilidad cada vez menor.

Si no fuera poco, en pasados días, se ha incrementado el transporte público a 10 pesos,1 lo cual repercute a los ciudadanos y en especial, a sus familias, teniendo mayor impacto en aquellas de más bajos recursos económicos, que no logran cubrir el costo de un viaje.

En otras palabras, una persona que gana en promedio un total de 2 mil 880 pesos mensuales, debe destinar 360.28 pesos tan sólo para el pago de transporte.

Deseo enfatizar que lejos quedaron las promesas en este Estado de México de lograr transformar el transporte público.

Tan sólo para citar un ejemplo en el Plan de Desarrollo Estatal 2011-20172 se tenían contempladas algunas líneas de acción para eficientar el transporte público:

Fortalecer el transporte público para facilitar la movilidad de los mexiquenses

• Promover, en coordinación con otros niveles de gobierno y entidades federativas, el desarrollo de transporte público masivo entre los valles de Toluca y de México.

• Promover, en coordinación con los gobiernos Federal, del CDMX y los municipales, el desarrollo de sistemas de transporte masivo.

• Fortalecer el transporte público como la principal solución del problema de congestionamiento de las principales vías de comunicación de la ZMVM, en colaboración con los gobiernos municipales.

• Incrementar y conservar la infraestructura de transporte masivo, con mecanismos de financiamiento que incluyan la participación privada y de los concesionarios.

• Promover la operación y uso de transporte escolar en escuelas públicas y privadas.

• Avanzar hacia la consolidación de un sistema de transporte integrado en las ciudades de la entidad.

• Establecer un sistema de rutas troncales urbanas de manera conjunta con los gobiernos municipales y los concesionarios.

• Orientar la función del transporte público de baja capacidad para eficiente la alimentación del transporte masivo.

• Propiciar acuerdos con los concesionarios para continuar con la modernización administrativa del sector, y su incorporación organizada a los nuevos esquemas para la prestación del servicio público.

• Garantizar la seguridad de los pasajeros a través de la renovación del parque vehicular con unidades modernas y la capacitación obligatoria de los operadores.

• Garantizar la seguridad de los usuarios del transporte público concesionado a través de la capacitación obligatoria de los operadores.

Las anteriores, sólo reflejan esas promesas incoherentes que se han incumplido con el pasar del tiempo.

Por tal motivo, deseo enfatizar la importancia de fortalecer, vía una tarifa preferencia a los estudiantes, a fin que sea un incentivo para combatir la pobreza en todo el estado y así, evitar la deserción estudiantil, situación de continuarse tendría efectos transversales teniendo efectos visibles en los bajos niveles educativos y en consecuencia, en sueldos bajos y carencias al interior de las familias mexiquenses.

Para fortalecer lo que he expresado, comparto cifras del Coneval sobre el porcentaje, número de personas y carencias promedio por indicador de pobreza del 2010-2016 en el Estado de México:3

Asimismo, me gustaría compartir la gráfica siguiente donde se puede apreciar con precisión el decremento en el ingreso per cápita de los mexiquenses,4 según el Coneval:

Por lo expuesto, es necesario desincentivar factores que impactan negativamente la economía de los mexiquenses.

Por ello, considero necesario que el gobierno del estado de México establezca una tarifa de transporte diferenciada para los estudiantes a fin de fortalecer la economía de las familias con integrantes que estudian en todo el estado, a fin que su economía no se merme y permita reducir la deserción escolar y esto, en conjunto, tenga un impacto favorable en un corto plazo.

Así también, aprovecho la ocasión para exhortar al gobierno del Estado de México a considerar un plan emergente de modernización del transporte público ya que las condiciones en las que circula el parque vehicular no genera condiciones de seguridad para los usuarios ni algún otro beneficio, y seguramente, a la larga, ninguno para los permisionarios; pero en cambio, de seguir así, serán un foco de contaminación que afectará a la salud de las familias mexiquenses y de manera directa a su economía.

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al gobierno del estado de México, para que de acuerdo a sus atribuciones, considere la necesidad de establecer los convenios necesarios con los permisionarios de transporte público en todo la entidad federativa, a fin de establecer un descuento del 50% en la tarifa autorizada a los estudiantes que impacte en beneficio de la economía familiar, evite la deserción escolar y se mejoren las condiciones de vida de las familias mexiquenses.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al gobierno del estado de México, para que de acuerdo a sus atribuciones, considere la necesidad de establecer un programa de renovación del parque vehicular de las diferentes rutas de transporte público en la entidad que incentive a permisionarios a renovar sus flotillas, mejore los tiempos de traslado, reduzca el tráfico, incremente la seguridad y contribuya a la mejora ambiental y auditiva en toda la entidad federativa.

Notas

1 Anuncian incremento de 2 pesos en tarifa de transporte público en Edomex – El Universal del 9 de septiembre de 2017, disponible en http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/anuncian-incremento-de-2-p esos-en-tarifa-de-transporte-publico-en-edomex, consultada el 6 de noviembre de 2017.

2 Plan de Desarrollo 2011-2017 Estado de México, disponible en http://edomex.gob.mx/sites/edomex.gob.mx/files/files/plandedesarrollo11 -17_1.pdf, consultado el 6 de noviembre de 2017.

3. Medición de la pobreza – Coneval, sobre el porcentaje, número de personas y carencias promedio por indicador de pobreza del 2010-2016 en el Estado de México, disponible en http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza_2016.aspx, consultado el 6 de noviembre de 2017.

4 Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza del Coneval - Ingreso per Cápita de los Mexiquenses, disponible en http://www.coneval.org.mx/Medicion/Documents/ITLP-IS/2017/2t2017/ITLP_N acional_y_estatal_agosto_2017.pdf, consultado el 6 de noviembre de 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de noviembre de 2017.

Diputada Angie Dennisse Hauffen Torres (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública a difundir los avances de la propuesta de actualización del modelo y proceso de evaluación en materia de control de confianza, referente al acuerdo número 15/XLII/17, de la cuadragésima segunda sesión ordinaria del CNSP, a cargo del diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del PRI

César Alejandro Domínguez Domínguez, diputado federal a la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 3, numeral 1, fracción IX; 6, numeral 1, fracciones I y IV; 77; 78; 79, numeral 1, fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como 58, fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Hace 10 años México se vio inmerso en una grave crisis de inseguridad, que aquejó prácticamente todas las regiones del País, la violencia y los índices delincuenciales se dispararon a estándares que sobrepasaron la capacidad que tiene las instituciones para hacer frente a los grupos delictivos, mismos que permearon en las corporaciones de seguridad; fueron tiempos en los que se inició una cruzada en las que las autoridades volcaron todos sus esfuerzos en la recuperación de la paz y estabilidad social, sin embargo pese a las estrategias y recursos empleados, parecía que cuanto más se combatía al crimen, más caos se generaba socialmente.

Fue entonces que en el año de 2009 el gobierno y la sociedad civil conjugaron esfuerzos para trazar una ruta de mejora, una estrategia eficaz, que le permitiera al Estado Mexicano brindar la seguridad que la sociedad reclamaba a todas voces. La respuesta fue el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, pacto suscrito por los Poderes Ejecutivos Federal y Estatales, Congreso de la Unión, Poder Judicial Federal, representantes de las asociaciones de Presidentes Municipales, medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil, empresariales, sindicales y religiosas, el cual fue celebrado en Palacio Nacional el 21 de agosto de 2008 en el marco de la Vigésima Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Con dicho Acuerdo, el Estado y la sociedad reconocen que enfrentan una situación crítica debido tanto a la delincuencia común, que estaba agravando a las familias en su cotidianeidad, así como al embate del crimen organizado, el cual, como fenómeno complejo, se estaba consolidando como un entramado de intereses y complicidades que trascendió a tal grado que enfrentamos un grave deterioro institucional de los organismos encargados de la seguridad pública, la procuración e impartición de justicia, producto de varias décadas de omisión y desafortunadamente también de participación de mismas autoridades.

Teníamos pues, no solo un problema identificado, sino un grave problema identificado, la diferencia esta vez fue, que estaba reconocido no sólo por la sociedad, sino por el Estado mismo, que además convoca a los principales actores de la sociedad y gobierno, para que juntos trabajen en la solución del mal que nos aquejaba a todos.

En ese momento, el país entero hizo a un lado diferencias ideológicas, sociales y de creencias, pues comprendimos que divididos estábamos en una gran desventaja con el crimen que estaba más que nunca organizado.

El Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad del 21 de agosto de 2008, fue referente para iniciar una nueva época en México, una era de reformas estructurales en materia de seguridad y justicia, en las que no bastaba que estas se circunscribieran al ámbito legislativo, sino que estas deberían ir más allá de crear nuevas normas, nuevas instituciones sino de hacer más eficientes nuestro sistema de seguridad y justicia.

Dicho Acuerdo Nacional consistió en 45 acuerdos, los cuales vale la pena realizar una evaluación interinstitucional para ver el estado de su cumplimiento, ya que, pese a que en dicho acuerdo se establecieron plazos para su ejecución, muchos de ellos se cumplieron años después de lo concretado.

Uno de esos acuerdos fue el surgimiento del nuevo sistema de justicia penal, como uno de los compromisos del Poder Legislativo Federal, quizá el más conocido por su impacto en toda la República; sin embargo, el más importante de los 45 acuerdos, -y no es casualidad que haya sido enumerado como el primero de ellos- fue el de “depurar y fortalecer las instituciones de seguridad y procuración de justicia.” Creando un Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza, para el cual se fijó un plazo de ejecución de cuatro meses y un año para la impulsar la creación de centros estatales de control de confianza certificados.

Sobra decir que muchos de los compromisos no pudieron ser cumplidos en los plazos señalados, sin embargo, la creación del Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza, pese a las adversidades a las que la propia autoridad se enfrentaba, empezó a cobrar vida casi inmediatamente, aunque es un trabajo que requirió, y seguramente requiere aun, de madures institucional, pues encargarse de la depuración de las corporaciones policiales no fue fácil, y al igual que una revolución, -si me permiten usar de referencia a manera de ejemplo-, no puede hacerse sin muestras de violencia, sin que haya derramamiento de sangre.

Sin embargo, pese a las adversidades el Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza fue aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública el 28 de noviembre de 2008, y ratificado el 4 de febrero de 2010 por la Comisión Permanente de Certificación y Acreditación, como eje rector para la operación, consolidación, certificación de los centros de evaluación y control de confianza, de sus procesos y de su personal, así como el eje para alinear de manera homogénea la aplicación de las evaluaciones de control de confianza y las acciones de capacitación del personal responsable de estos procesos.

De esta manera, se pudieron establecer los criterios mínimos para la evaluación y control de confianza de los servidores públicos; mismos que fueron elaborados tomando en consideración, entre otras, las recomendaciones propuestas por los centros de evaluación y control de confianza de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Secretaría de Gobernación, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Procuraduría General de la República y aportaciones de entidades federativas.

Además se establecieron las normas y procedimientos técnicos para la evaluación de los servidores públicos, los protocolos de actuación y procedimientos de evaluación de los centros de evaluación y control de confianza, las políticas de operación de los centros de evaluación y control de confianza: Estructura, perfiles de puestos, procedimientos, mecanismos de operación y capacitación, así como los criterios conforme a los cuales los centros de evaluación y control de confianza deberán aplicar los procedimientos de evaluación.

Desde la creación del modelo, con sus lineamientos, normas y procedimientos técnicos, la Evaluación de Control de Confianza se lleva a cabo a través de 5 exámenes que son:

1. Entorno social y situación patrimonial: en el que se verifica la congruencia en la información proporcionada y la documentación presentada, con el fin de analizar si el entorno en el cual se desarrolla el servidor público se apega a los principios que rigen a la institución.

2. Psicológico: el cual tiene por objeto conocer e identificar las características de personalidad, inteligencia y habilidades generales del personal evaluado.

3. Poligráfico: mismo que causa controversia sobre su efectividad, pero que, como complemento del psicológico, a través de reacciones psicofisiológicas puede detectar si el evaluado se conduce con veracidad en la información que proporciona y su conducta se rige por los principios constitucionales y legales del servicio público.

4. Médico: se aplica para conocer el estado general de salud, detectar alguna enfermedad o padecimiento.

5. Toxicológico: Determina si el servidor público ha ingerido o ingiere sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares.

En términos generales, el proceso de evaluación de control de confianza es considerado como uno de los elementos fundamentales para contribuir a recuperar la confianza ciudadana en las Instituciones de Seguridad Pública de los tres órdenes de gobierno. Este es quizá el instrumento más importante para el fortalecimiento de las instituciones, toda vez que se encuentra inmerso dentro de la profesionalización de los servidores públicos.

No obstante lo anterior, a casi 10 años de creado el Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza es tiempo de hacer una introspección sobre su efectividad en la actualidad, analizando a conciencia sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas; ya que exactamente cumplidos 9 años de la celebración del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad; el Consejo Nacional de Seguridad Pública en su Cuadragésima Segunda Sesión Ordinaria, celebrada el pasado 30 de agosto del presente año, ha establecido en su Acuerdo 15/XLII/17 la necesidad de revisar y actualizar el modelo y proceso actual de evaluación en materia de control de confianza, razón por la que se le instruyó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a revisar y presentar una propuesta en ese sentido; sin embargo, no se establecieron plazos para el cumplimiento de los acuerdos tomados.

Esta cámara, debe aprovechar la experiencia que en materia de técnica legislativa tiene el actual Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues cabe señalar que el Doctor Álvaro Vizcaíno Zamora, un destacado académico en ciencias penales y temas relacionados con la seguridad pública; quien ha participado en los equipos de redacción y dictamen de numerosas iniciativas de ley en materia de seguridad y justicia, especialmente en la Reforma Constitucional de 2008 que derivó en el nuevo sistema de justicia penal.

Por esta razón es oportuno que esta Cámara busque tener una coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en relación a los trabajos revisión y actualización del modelo y proceso actual de evaluación en materia de control; por lo que es importante informe sobre los avances de la propuesta en cuestión, así como que en coordinación con la Comisión de Seguridad Pública desarrollen la propuesta encomendada.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Sexagésima Tercera Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta al Doctor Álvaro Vizcaíno Zamora, Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que difunda los avances de la propuesta de actualización del modelo y proceso actual de evaluación en materia de control de confianza, referente al Acuerdo 15/XLII/17 de la Cuadragésima Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, así como que en coordinación con la Comisión de Seguridad Pública desarrollen de las propuestas legislativas para su debida implementación.

Económico. Aprobado que sea túrnese a la Secretaría para efecto de elaborar el Acuerdo de Exhorto correspondiente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de noviembre de 2017.

Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a todas las dependencias y entidades del gobierno federal para que instauren acciones en favor de la inclusión social y económica de las personas con discapacidad según sus necesidades, a cargo de la diputada Patricia García García, del Grupo Parlamentario del PAN

La que se suscribe, diputada federal Patricia García García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que confiere la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a que instruya a todas las dependencias y entidades del gobierno federal a que instrumenten acciones en favor de la inclusión social y económica de las personas con discapacidad tomando en cuenta sus necesidades, en congruencia con los previstos en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

De acuerdo con la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, presentada en 2001, las personas con discapacidad “son aquellas que tienen una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales y que al interactuar con distintos ambientes del entorno social pueden impedir su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones a las demás”. En México, el tema de la protección a los grupos vulnerables, en específico las personas con discapacidad, tiene sustento en la Constitución Política y en los tratados internacionales firmados y ratificados por México.

En ese sentido, en mayo del año 2011 se publicó la Ley reglamentaria del artículo 1 constitucional en el Diario Oficial de la Federación denominada Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad , la cual tiene como principal objetivo “asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades, que ciertamente representó un avance para lograr un mayor bienestar a la población en condiciones de vulnerabilidad.

Dicha población representa un sector muy grande en nuestro país; de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014 , de los 119.9 millones de personas que habitan el país, 6 por ciento (7.1 millones) tiene discapacidad y 13.2 por ciento (15.8 millones) reporta tener limitación para realizar al menos una de las actividades sobre las cuales se indaga: caminar, subir o bajar usando sus piernas; ver (aunque use lentes); mover o usar brazos o manos; aprender, recordar o concentrarse; escuchar (aunque use aparato auditivo); bañarse, vestirse o comer; hablar o comunicarse; lo relacionado a problemas emocionales o mentales.1

Por entidad federativa, en los estados de México, Jalisco, Veracruz y Ciudad de México reside 35.9 por ciento de la población con discapacidad y 37.4 por ciento de quienes tienen limitación; la concentración por edad muestra diferencias importantes entre ambos grupos, 47.4 por ciento de las personas con discapacidad son adultos mayores (60 y más años) y 48.5 por ciento de quienes tienen alguna limitación están entre los 30 y 59 años de edad; estos datos muestran la relación existente entre la edad y la adquisición de discapacidad o limitación.

En relación con el número de discapacidades o limitaciones, siete de cada 10 personas con discapacidad (69.6 por ciento) tiene dos o más discapacidades de forma simultánea; mientras que una tercera parte de la población con limitación (32.8 por ciento) declara tener dos o más limitaciones.

Otro gran problema que atenta contra la calidad de vida de estas personas es la pobreza, que de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), pobreza refiere: “una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social (en los seis indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentaria y no alimentaria”.

Según las estimaciones del Coneval respecto a las personas con discapacidad y pobreza en México, realizadas con base en el Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH-2012), la población con discapacidad en situación de pobreza extrema se redujo de 13.9 por ciento (2010) a 12.7 por ciento (2012), cerca de 0.9 millones de personas; y la población con discapacidad en situación de pobreza moderada aumentó de 36.3 por ciento (2010) a 38.5 por ciento (2012), alrededor de 2.9 millones de personas. Las estimaciones de Coneval indican que 5.7 millones de personas con discapacidad presentan al menos una carencia social, 2.1 millones presentan al menos tres carencias sociales, 3.8 millones presentan rezago educativo, 1.3 millones presentan carencia por acceso a los servicios de salud, 3.1 millones carencia por acceso a la seguridad social, 0.8 millones carencia por calidad y espacios en la vivienda, 1.7 millones carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda, y 2.2 millones carencia por acceso a la alimentación. 1.7 millones de personas con discapacidad viven con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo y 3.9 millones viven con un ingreso inferior a la línea de bienestar.

Respecto al papel de las personas con discapacidad en la economía nacional, la tasa de participación económica de dicha población es 29.9 por ciento, lo que representa aproximadamente 1.6 millones de personas.

De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la mayor participación económica entre las personas con discapacidad le corresponde a los adultos (30 a 59 años), seguido por los jóvenes (15 a 29 años), ya que reportan las tasas más altas (48.6 por ciento y 33.5 por ciento, respectivamente); le siguen los adultos mayores (60 años y más) y los niños (12 a 14 años) con tasas de 17.7 por ciento y 4.8 por ciento.

De cada 100 personas con discapacidad ocupadas, 22 lo hace como trabajadores en actividades elementales y de apoyo, 18 son trabajadores agrícolas, 16 laboran en tareas de comercio o ventas, 14 son artesanos, 10 profesionistas y técnicos, 8 realizan tareas de servicios personales y vigilancia, 6 trabajan como operadores de maquinaria, 3 como auxiliares administrativos y 2 son funcionarios, directores o jefes. Es decir, la gran mayoría tiene un perfil ocupacional de baja cualificación.

De acuerdo con los resultados censales, 14 por ciento de la población con discapacidad ocupada no recibe ingresos por su trabajo, 18.7 por ciento gana menos de un salario mínimo mensual; 24.9 por ciento de uno a menos de 2 salarios mínimos mensualmente (SMM); 16.5 por ciento de 2 a menos de 3 SMM; 11.2 por ciento de 3 a menos de 5 SMM; 5 por ciento de 5 a menos de 10 SMM y sólo 2 por ciento, 10 y más SMM. Es decir, tan sólo 7 por ciento de las personas en dicha condición reciben más de 5 salarios mínimos mensualmente y aproximadamente 44 por ciento ganan al mes menos de 3 mil 448 o de 3 mil 268 pesos, dependiendo de la zona geográfica.

Es un hecho que la mayoría de las personas con discapacidad vive en diferentes grados de marginación, exclusión y pobreza; pero, reiterando, estas condiciones, no son producto de sus características, sino de un aislamiento sistemático producto de la omisión directa o indirecta de este grupo social en las políticas encaminadas al desarrollo. Se debe reconocer que la pobreza hoy día se define como la ausencia de acceso pleno a derechos, que conlleva a vivir en carencia de satisfactores básicos, primeramente para la supervivencia y en segundo término para el desarrollo pleno.

La ausencia de mecanismos de accesibilidad es una de las causas principales del aislamiento del desarrollo de las personas con discapacidad; la Ley General de Desarrollo Social considera que la ausencia de caminos que conecten a las comunidades es un factor directo de marginación y pobreza; sin embargo, a pesar de la existencia de una carretera asfaltada, las personas con discapacidad seguirán confinadas en sus comunidades ante la carencia de un modelo de transporte público accesible y de coste popular.

Igualmente las necesidades de vivienda, alimentación y salud no consideran a las personas con discapacidad y sus características, por lo que los indicadores para la medición de la pobreza son inexactos y, por tanto, las políticas que se desprenden de ellos no atienden debidamente a las personas con discapacidad.

Muchos otros problemas enfrentan las personas con discapacidad, por ejemplo, la falta de acceso a la atención de la salud, la educación y las oportunidades laborales, además de que son excluidos de muchas actividades de su vida cotidiana.

Quisiera insistir en que las políticas actuales en materia de desarrollo social no consideran de manera adecuada las necesidades propias de las personas con discapacidad, sobre todo las que se encuentran en situación de pobreza, y con ello, se menosprecia el impacto de esta omisión en la economía nacional, ya que los que diseñan y ejecutan las acciones del gobierno federal no diferencian las particularidades del sector poblacional discapacitado, ni su desventaja inicial frente al resto de la población.

Es necesario que cada programa considere acciones particulares y reconozca la necesidad de apoyos adicionales o compensatorios que coadyuven a que las personas con discapacidad puedan acceder a la movilidad, el empleo, la educación y la vivienda.

Por todo lo anterior, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a que instruya a todas las dependencias y entidades del gobierno federal a que instrumenten acciones en favor de la inclusión social y económica de las personas con discapacidad tomando en cuenta sus necesidades; en congruencia con los previstos en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Nota

1 Para información más detallada sobre las recomendaciones internacionales para medir discapacidad, consultar el documento “Overview of Implementation Protocols for Testing the Washington Group Short Set of Questions on Disability ”. Consulta en:

http://www.cdc.gov/nchs/data/washington_group/meeting6/m ain_implementation_protocol.pdf

Cámara de Diputados, 30 de noviembre del 2017.

Diputada Patricia García García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a hacer del conocimiento público por la SHCP a cuánto asciende el gasto de inversión reasignado para reconstruir infraestructura pública afectada por los sismos del 7, 19 y 23 de septiembre del año en curso, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Como se sabe, muchas viviendas sufrieron daño total o parcial en su estructura en la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas y Veracruz por los sismos ocurridos los días 7, 19 y 23 de septiembre del año en curso.

Así, el gobierno federal estimó, en una previsión preliminar, que se van a requerir 10 mil millones de pesos para reparar o reconstruir viviendas.

En este sentido, el gobierno federal indicó que repartirá 6 mil 500 millones de pesos en monederos electrónicos a los habitantes de los estados de Chiapas y Oaxaca, cuyas viviendas resultaron afectadas para adquirir materiales a fin de repararlas o reconstruirlas.

Además de viviendas, resultaron afectados edificios públicos, escuelas de diversos niveles educativos, patrimonio cultural, entre otros, razón por la cual el gobierno federal también tuvo que levantar un censo de estos inmuebles, a efecto de cuantificar el monto para su reparación.

Sin embargo, ya han transcurrido dos meses desde que acontecieron los sismos y hasta ahora hay opacidad en cuanto a cantidades y conceptos que el gobierno federal ha manifestado haber destinado para la reconstrucción de los inmuebles, tanto públicos como privados.

Si bien el gasto de inversión para reconstrucción no estaba previsto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, las dependencias del gobierno federal, tales como las secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Educación Pública y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, tuvieron que reasignar recursos para hacer frente a la emergencia.

Es por ello que se está requiriendo al Ejecutivo federal, para que presente un informe, en el cual indique el monto del gasto de inversión asignado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, que haya reasignado para la reconstrucción y reparación de carreteras, escuelas, edificios públicos, patrimonio cultural y vivienda.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a que, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, haga del conocimiento público a cuánto asciende el gasto de inversión, con cargo al Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2017, reasignado para la reconstrucción de infraestructura pública afectada por los sismos ocurridos los días 7, 19 y 23 de septiembre del año en curso.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de noviembre de 2017.

Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Semarnat y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente a investigar las emanaciones de gas etano que afectaron la salud de habitantes de Lázaro Cárdenas, en Nanchital, Veracruz, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Norma Rocío Nahle García, diputada a la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6o. y el artículo 79, numeral 2, fracción III, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

El 22 de noviembre del año en curso, en la comunidad Lázaro Cárdenas, ubicada en el municipio de Nanchital, Veracruz, se presentaron cuando menos veinte casos de intoxicación en niños que se encontraban en la escuela primaria Emiliano Zapata. Los infantes padecieron entre otros síntomas, mareos, vómito, dolor de cabeza y estómago.

Emisiones de etano, provenientes del complejo petroquímico Braskem-Idesa, ubicado a menos de un kilómetro de distancia de la referida escuela, fueron las causantes de estos casos de intoxicación.

Este incidente no es menor, las hojas de seguridad industrial para el etano coinciden en señalar que es un asfixiante, cuyos síntomas de exposición incluyen dolor de cabeza, zumbido en los oídos, vértigo, somnolencia, pérdida del conocimiento, nausea, vómito, falta de oxígeno en los pulmones y en casos extremos se puede llegar a la disminución funcional grave.

De hecho, los pequeños intoxicados fueron atendidos por personal de la Cruz Roja Mexicana, recibiendo en el mismo lugar oxígeno por parte de los paramédicos, y algunos tuvieron que ser trasladados al nosocomio.

El ambiente también se vio afectado por la fuga del etano ya que dicho gas es de efecto invernadero, además, a nivel de superficie puede crear contaminación por ozono en tierra, con los consecuentes daños a la salud y el ambiente.

Pese a que una nube toxica cubría esta comunidad, como lo constataron las autoridades de la escuela, y que éstas dieron aviso al supervisor escolar de la zona 200, a la vez de notificarlo también a Protección Civil y Cruz Roja, ninguna autoridad ambiental se hizo presente en el sitio para indagar lo que estaba ocurriendo.

Cabe señalar que, pese a que la empresa ha negado su responsabilidad en los hechos, aún a sabiendas que los síntomas presentados por los menores son totalmente concordantes con los que se esperan en personas expuestas al gas etano.

En la zona es Braskem-Idesa quien utiliza en grandes cantidades etano, mismo que emplea en la producción de etileno. En el sitio web de Braskem-Idesa podemos leer lo siguiente:

“Fundada en 2010, Braskem-Idesa es una empresa mexicana formada por la asociación de Braskem (Brasil), la mayor compañía petroquímica productora de termoplásticos en el continente, y uno de los líderes en la Petroquímica mexicana, Grupo Idesa. En conjunto desarrollaron un complejo petroquímico, enfocado en la operación y producción de etileno y polietileno de alta y baja densidad en el municipio de Nanchital, Veracruz en México. ...”. Para esto, Braskem-Idesa tiene desde 2009 un contrato para que Pemex le suministre 66 mil barriles diarios de etano durante 20 años para su producción.

Si bien a nivel nacional en los medios de comunicación el incidente no fue comentado, dejando la información a la prensa local, este suceso no se debe dejar pasar, el caso es grave y la autoridad debe tomar acciones enérgicas al respecto.

Por lo anterior y con la finalidad de que realmente se investigue lo ocurrido, se dé con los responsables y se actué conforme a derecho, a la vez de que se eviten nuevas contingencias que pongan en peligro la salud de las personas que habitan en las zonas aledañas al complejo petroquímico Braskem-Idesa y a la vez, se respete su derecho a un ambiente sano, es que consideramos urgente que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se pronuncie al respecto por medio de esta proposición con punto de acuerdo.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, a que en el ámbito de sus atribuciones, investiguen las emanaciones de gas etano, acontecidas el 22 de noviembre del año en curso, en la comunidad Lázaro Cárdenas, ubicada en el municipio de Nanchital, Veracruz, causando más de veinte casos de intoxicación en niños de la escuela primaria Emiliano Zapata y otros habitantes de dicho municipio, y procedan contra los responsables conforme a derecho.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, a que, en el ámbito de sus atribuciones, verifiquen continuamente que las emisiones atmosféricas del complejo petroquímico Braskem-Idesa se ajusten a las normas ambientales, y de no ser así, procedan conforme a derecho.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de noviembre de 2017.

Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la prevención de riesgos ante la temporada invernal, sobre todo en los estados donde hay que redoblar esfuerzos, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, María Elena Orantes López, integrante de la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y párrafo segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a los gobernadores de los 31 estados y al jefe de gobierno de la Ciudad de México para que coordinen y realicen las acciones pertinentes de prevención de riesgos ante la temporada invernal. Asimismo, a los gobiernos de Chihuahua, Coahuila, Durango, Ciudad de México, estado de México, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz para redoblar esfuerzos para que se coordinen y ejecuten de manera inmediata acciones preventivas, de mitigación, preparación, atención y protección a la población ante los riesgos ocasionados por bajas temperaturas, nevadas, heladas, tormentas invernales, lluvias así como otros fenómenos relacionados con la temporada invernal, en virtud de las temperaturas extraordinariamente bajas que llegan a registrarse en sus territorios, con base en las siguientes

Consideraciones

Las condiciones geográficas de México plantean la posibilidad de diversos eventos meteorológicos y fenómenos de origen natural ante los cuales gran parte de la población se ve afectada cada año. Este es el caso de la generación de los frentes fríos, constituidos por masas de aire helado que se desprenden del polo norte y viajan hacia el sur, propiciando, entre otras cosas, el descenso de las temperaturas en los países y entidades que se encuentran a su paso.

En consecuencia, en territorio mexicano, desde noviembre y diciembre es habitual que se generen estos frentes fríos, produciéndose descensos en las temperaturas, específicamente en las entidades del norte del país.

Adicionalmente, estos fenómenos también pueden manifestarse en lluvias, nevadas, tormentas, heladas y distintos fenómenos asociados, que sin las medidas preventivas adecuadas pueden representar un peligro a la población más vulnerable, a partir de las condiciones de sus viviendas o por la exposición de grupos de edad especialmente sensibles como niños, niñas y adultos mayores.

En el mismo sentido, los registros nos permiten adelantar que diciembre y enero de cada año, presenten las más intensas características de las condiciones invernales y, por ende, cuando se presenta la mayor cantidad de incidentes.

En promedio, anualmente se registran más de 44 frentes fríos que afectan a la población en diversas entidades federativas de nuestro país. Estas condiciones han provocado que, en nuestro país, durante la temporada invernal, se registren decenas de muertes, vinculadas a diversas causas relacionadas con las bajas temperaturas, a pesar de las campañas que llevan a cabo las distintas instancias gubernamentales y no gubernamentales.

Lo anterior muestra la necesidad de fortalecer acciones institucionales que disminuyan el riesgo a la población ante condiciones invernales que se ven recrudecidas por el cambio climático.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los gobernadores de los 31 estados y al jefe de gobierno de la Ciudad de México a realizar los preparativos necesarios para la atención y protección de la población ante los riesgos ocasionados por bajas temperaturas, así como los otros fenómenos de riesgo relacionados con la temporada invernal.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los gobiernos de Chihuahua, Coahuila, Durango, Ciudad de México, estado de México, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, que cuentan con municipios y delegaciones, considerados por el Atlas Nacional de Riesgos con riesgo medio, alto y muy alto ante las bajas temperaturas, a que en conjunto con autoridades federales e integrantes de los correspondientes sistemas estatales y municipales de protección civil, se coordinen y ejecuten de manera inmediata acciones preventivas, de mitigación, preparación, atención y protección a la población ante los riesgos ocasionados por bajas temperaturas, nevadas, heladas, tormentas invernales, lluvias, así como otros fenómenos relacionados con la temporada invernal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de noviembre de 2017.

Diputada María Elena Orantes López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al ISSSTE a realizar acciones jurídicas, administrativas, contables y todas las necesarias para mejorar la infraestructura y los servicios de la clínica hospital Agosto 12, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a cargo de la diputada Yahleel Abdala Carmona, del Grupo Parlamentario del PRI

Yahleel Abdala Carmona , en mi carácter de diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Sexagésima Tercera Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Diversos instrumentos internacionales suscritos por México, dan cuenta de la salud como un tema de gran prioridad para los Estados a nivel mundial, de acuerdo a lo establecido en el preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, ésta es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

De igual forma, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25 establece que toda persona tiene derecho entre otras cosas a un nivel de vida adecuado que le asegure a él y a su familia salud, bienestar, asistencia médica y los servicios sociales necesarios.

En el mismo sentido, el párrafo cuarto del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también reconoce el derecho de toda persona a la protección de la salud, situación que persiste y también es plasmada en el artículo 2 de la Ley del Seguro Social el cual establece que la seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo.

II. En el Estado mexicano contamos con dos instituciones fundamentales en cuanto a la seguridad social se refiere, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), siendo este último el cual da atención a los trabajadores al servicio del Estado, pensionados, jubilados y sus familiares derechohabientes.

III. Datos del INEGI establecen que en el año 2015 en el municipio de Nuevo Laredo habitaban cerca de 400 mil1 habitantes, mismos que al día de hoy se han incrementado, siendo oportuno mencionar que al año 2017, existen en dicho municipio más de 49 mil derechohabientes del ISSSTE, los cuales únicamente cuentan con la clínica “agosto 12” para su atención, misma que se encuentra próxima a cumplir 50 años desde su construcción.

IV. Lamentablemente en dicha clínica no se han realizado las inversiones necesarias para dar una atención digna a sus usuarios, situaciones tales como la falta de medicinas y personal son recurrentes, sin dejar de mencionar el estado de deterioro en el que se encuentra después de tanto tiempo, razón por la cual es urgente la intervención de las autoridades federales en la atención a las problemáticas existentes.

V. El Plan Nacional de Desarrollo es el documento de trabajo que rige la programación y presupuestación de la administración pública federal según lo establece la Ley de Planeación misma que en su artículo 32 señala que una vez aprobados el plan y los programas, serán obligatorios para las dependencias de la Administración Pública Federal y conforme a las disposiciones legales que resulten aplicables, la obligatoriedad del Plan y los programas será extensiva a las entidades paraestatales;

En el mismo sentido, el artículo 40 de dicha Ley de Planeación establece que el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación y los programas y presupuestos de las entidades paraestatales no integrados en dicho proyecto deberán ser congruentes con los objetivos y prioridades del Plan.

VI. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, dentro de su eje 2 denominado “México incluyente” tiene por objetivo garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población y entre otras, dentro de sus líneas de acción contiene las siguientes:

• Promover el desarrollo integral de los niños y niñas, particularmente en materia de salud.

• Fortalecer la protección de los derechos de las personas adultas mayores, para garantizar su calidad de vida en materia de salud y seguridad social.

• Garantizar el acceso y la calidad de los servicios de salud a los mexicanos, con independencia de su condición social o laboral.

• Fomentar el desarrollo de infraestructura.

• Desarrollar y fortalecer la infraestructura de los sistemas de salud y seguridad social públicos.

• Cumplir con los tratados internacionales en materia de salud en el marco de los derechos humanos.

VII. En ese orden de ideas, es importante decir que dichos objetivos son alcanzables en la medida de los esfuerzos que se realicen desde el actuar estatal, por lo que la previsión de los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para mejorar las condiciones que guarda la infraestructura de la Clínica Hospital “agosto 12” del ISSSTE de Nuevo Laredo, Tamaulipas, así como cubrir con el número de especialistas y medicamentos necesarios para la debida atención a los derechohabientes.

VIII. Convencida de que la atención y cuidado de la salud son fundamentales para la conquista de una vida digna y una sociedad más justa, procurando así continuar avanzando en el cumplimiento de la visión, compromisos y obligaciones del Estado mexicano, por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para que en el ámbito de su respectiva competencia realice las acciones jurídicas, administrativas, contables y todas aquéllas que resulten necesarias para mejorar la infraestructura y servicios que presta la clínica hospital “Agosto 12”, ubicada en Nuevo Laredo, Tamaulipas, así como cubrir con el número de especialistas y medicamentos necesarios para la debida atención a los derechohabientes.

Nota

1 http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/tam/poblacion/defa ult.aspx?tema

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de noviembre de 2017.

Diputada Yahleel Abdala Carmona (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que simultáneamente al decreto del PEF de 2018, publique los lineamientos generales del Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas, a cargo del diputado Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta Asamblea, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En uso de las facultades que le concede la facción IV del artículo 74 de la Constitución, la Cámara de Diputados aprobó el pasado 9 de noviembre del año en curso, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018, el cual fue enviado al titular del Poder Ejecutivo federal para su promulgación y publicación.

En el artículo quinto transitorio, fueron incluidos en el Anexo 21 la cantidad de 2,500,000,000 de pesos (dos mil 500 millones de pesos), para ser aportados al Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas en términos de la normativa aplicable.

El referido fondo fue creado con el fin de otorgar apoyos financieros a los municipios y demarcaciones territoriales de las entidades federativas afectados por fenómenos naturales perturbadores y que se encuentren previstos en las declaratorias correspondientes emitidas por la Secretaria de Gobernación conforme a lo previsto en la Ley General de Protección Civil.

Sin embargo, el artículo quinto transitorio mencionado no especifica el destino de los recursos que deberá darse a esos recursos, ni se establece una prelación de necesidades, tales como: atender la vivienda, dotación o reconstrucción de servicios públicos, como agua y drenaje, para infraestructura pública de aquellos municipios que estén contenidos en las declaratorias correspondientes.

En caso de no publicarse esos lineamientos generales, se corre el riesgo de que el titular del Poder Ejecutivo federal disponga a capricho esos recursos, o bien, destinarlos para atender necesidades de obras que no son prioritarias.

Es por lo anterior, que se solicita al Presidente de la República dé a conocer en el Diario Oficial de la Federación, en la misma fecha en que sea publicado el Decreto que contiene Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018, los lineamientos que permitan acceder a esos recursos, destinados para atender la emergencia nacional, pues con ello habrá certeza en su aplicación.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a que, al publicar el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018, publique simultáneamente los lineamientos generales del Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas, previsto por el artículo quinto transitorio.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de noviembre de 2017.

Diputado Francisco Martínez Neri (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al paro de labores del pasado 28 de noviembre de más de 70 pilotos de la subsidiaria Aeromexico Connect en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, a cargo del diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentario de Morena

El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con base en lo siguiente:

Antecedentes

Esta mañana un grupo de pilotos aviadores de la empresa Aeroméxico se apostaron en pasillos de la Terminal 2 en protesta por algunas condiciones en que deben volar sus compañeros.

Los trabajadores inconformes señalaron que un piloto tuvo que volar enfermo porque así se lo exigieron sus superiores, más tarde supieron que tenía un tumor y señalaron que no se han respetado ciertas condiciones de trabajo.

Sin embargo, la empresa Aeroméxico señaló que las afectaciones de vuelos se debieron a que un grupo de pilotos de Aeroméxico Connect no se presentaron a sus correspondientes jornadas de trabajo.

Hasta cerca de las 8:00 horas, según diversos medios de comunicación; casi 40 vuelos habían sido demorados a nivel nacional y uno más a nivel internacional. En total fueron 3 mil 500 usuarios afectados1

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de ésta Soberanía, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta respetuosamente al titular la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y al de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que, en el ámbito de sus atribuciones, haga públicas las razones por las que el 28 de noviembre, un paro de labores de más de 70 pilotos de la subsidiaria de Aeroméxico Connect en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México retrasó decenas de vuelos dejando a miles de usuarios varados en la Ciudad de México y varios aeropuertos del país, toda vez que al ser una concesión de transporte aéreo regular de pasajeros, se convierte en un asunto de Estado.

Notas

1 http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/11/28/1204062

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de septiembre de 2017.

Diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SRE y la Semarnat a atender las manifestaciones de preocupación por la postura omisa de México en la octava reunión del Comité de Negociación del Acuerdo Regional para América Latina y el Caribe sobre el principio 10 de la Declaración de Río, Derechos de Acceso a la Información, a la Participación y a la Justicia en Materia Ambiental, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Mirza Flores Gómez, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 77, numerales I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguientes

Consideraciones

“Hablar de democracia y callar al pueblo, es una farsa”. Ovidio

La democracia representativa y formal exige de la participación ciudadana, no solo en la elección de los representantes a los cargos de representación popular, sino en las decisiones fundamentales que les conciernen.

México requiere de la participación ciudadana activa y propositiva en diversos temas y ámbitos del quehacer público, hoy el gobierno federal requiere establecer una vinculación permanente con la sociedad organizada y ampliar los mecanismos institucionales para que la ciudadanía incida en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas, empero, es necesario que cuenten con acceso a la información respecto a negociaciones que violenten sus derechos humanos.

Es por ello que el pasado 17 de noviembre del presente, diversas organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos a título personal enviaron una carta al canciller Luis Videgaray Caso y a Rafael Pacchiano, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), manifestando su preocupación por la postura oficial que México ha mantenido en el proceso de negociación del Acuerdo Regional para América Latina y El Caribe sobre el Principio 10 de la Declaración de Río: Derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en material ambiental.

Recordemos que fue en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro (Brasil), del 20 al 22 de junio de 2012, donde diez gobiernos de América Latina y el Caribe (Chile, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay) impulsaron “la Declaración sobre la Aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo , en la que reafirmaban el compromiso con los derechos de acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales, manifestaban su voluntad de avanzar hacia un instrumento regional que promoviera su cabal aplicación y solicitaban el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) para que actuara como Secretaría Técnica.

Durante el período comprendido entre 2012 y 2014, se llevaron a cabo cuatro reuniones de los Puntos Focales Designados por los Gobiernos de los Países Signatarios de la Declaración sobre la Aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en América Latina y el Caribe: la Primera en Santiago, los días 6 y 7 de noviembre de 2012; la Segunda en Guadalajara (México), los días 16 y 17 de abril de 2013; la Tercera en Lima, los días 30 y 31 de octubre de 2013, y la Cuarta en Santiago, los días 4, 5 y 6 de noviembre de 2014.

En su Cuarta Reunión, los países signatarios aprobaron la Decisión de Santiago, en la cual dieron inicio a la negociación del instrumento regional sobre acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Para ello se creó un comité de negociación, con la significativa participación del público; se constituyó una Mesa Directiva, y se solicitó a la CEPAL que elaborara un documento preliminar del instrumento regional. Se encargó además a la Mesa Directiva que, con el apoyo de la CEPAL, en su calidad de Secretaría Técnica, liderara el proceso con miras a concluir las negociaciones del instrumento regional a más tardar en diciembre de 2017.

La primera reunión del Comité de Negociación se celebró en la sede de la CEPAL, en Santiago, del 5 al 7 de mayo de 2015. En la Reunión se presentó el documento preliminar del instrumento regional encargado por los países a la CEPAL, se aprobó la Organización y Plan de Trabajo del Comité de Negociación y se acordó celebrar la Segunda Reunión del 27 al 29 de octubre de 2015 en la ciudad de Panamá, bajo los auspicios del Gobierno de Panamá.

La segunda reunión del Comité de Negociación se realizó del 27 al 29 de octubre de 2015 en la Ciudad de Panamá. En la Reunión se negociaron aspectos sustantivos del acuerdo regional. La negociación se centró en el preámbulo, artículo 1 y parte del 2 del Texto Compilado por la Mesa Directiva para la Segunda Reunión del Comité de Negociación que incluye las propuestas de texto de los países relativas al preámbulo y los artículos 1 a 10 del Documento Preliminar del Acuerdo Regional. Se puso asimismo a consideración de los países la propuesta de modalidades de participación del público en el Comité de Negociación del Acuerdo Regional elaborada por los copresidentes. En la reunión los países acordaron continuar la negociación de los artículos 2 a 10 en la Tercera Reunión del Comité de Negociación, a partir de la segunda versión del texto compilado, y revisar los temas pendientes desde el preámbulo hasta el artículo 10; seguir considerando la propuesta de modalidades de participación del público en el Comité de Negociación del Acuerdo Regional, con miras a su aprobación en la Tercera Reunión del Comité de Negociación.

La tercera reunión del Comité de Negociación tuvo lugar del 5 al 8 de abril de 2016 en la Ciudad de Montevideo, donde se avanzó en la negociación de los artículos 2 a 5 y los numerales 1 y 2 del artículo 6 y se aprobaron las Modalidades de participación del público en el Comité de Negociación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales.

En la cuarta reunión del Comité de Negociación, celebrada en Santo Domingo del 9 al 12 de agosto de 2016, se concluyó la revisión del artículo 6 y se revisó parte del artículo 7.

En la quinta reunión del Comité de Negociación, celebrada en la sede de la CEPAL del 21 al 25 de noviembre de 2016, bajo los auspicios del Gobierno de Chile, se concluyó la revisión de los artículos 7 y 8 y se dio inicio a la negociación del artículo 9.

La sexta reunión del Comité de Negociación tuvo lugar del 20 al 24 de marzo de 2017 en Brasilia, donde se avanzó en la negociación de los artículos 9 a 11, se analizaron los artículos 12 a 25 y se revisaron los asuntos pendientes de los artículos 6 a 8. Asimismo, se presentó el informe preliminar de la secretaría sobre las posibles implicaciones administrativas, financieras y presupuestarias del acuerdo.

La séptima reunión del Comité de Negociación, celebrada en Argentina del 31 de julio al 4 de agosto de 2017, bajo los auspicios del Gobierno de la Argentina, se convinieron los artículos 6, 7 y 8, se avanzó en el examen de los artículos 9 bis y 10 y se discutieron los arreglos institucionales del futuro acuerdo regional (sobre la base de los artículos 11 a 25 del texto compilado).

Con arreglo a lo anterior, el objetivo de la Octava Reunión es continuar negociando los aspectos sustantivos del Acuerdo Regional”.1

Es menester comentar que el Principio 10 busca asegurar que toda persona tenga acceso a la información, participe en la toma de decisiones y acceda a la justicia en asuntos ambientales, con el fin de garantizar el derecho a un medio ambiente sano y sostenible de las generaciones presentes y futuras.2

Es por ello que la sociedad civil organizada enfatiza en la importancia del Principio 10 de la Declaración, y de la postura omisa de nuestro país respecto a que el instrumento jurídico sea vinculante, debido a que dicho instrumento permitiría a la región contar con una herramienta eficaz para fortalecer otros derechos vigentes, sin dejar de respetar las normativas nacionales.3

Consideran que si bien nuestro país ha realizado avances sobre el acceso a la información, en la práctica este tema aún deja mucho que desear, como lo demuestra precisamente la falta de apertura de la información por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a las solicitudes de información pública que se le han hecho llegar para conocer la postura de la Delegación mexicana en torno a sus propuestas para los temas de la negociación.

En la misiva se reconoce que México es un referente a nivel mundial en temas de desarrollo institucional sobre transparencia y acceso a la información pública gubernamental. Sin embargo, -se indica- “no contamos con leyes que garanticen y regulen la participación tal cual lo promueve el Principio 10. Lo anterior podría alcanzarse con la consolidación de un acuerdo vinculante, de tal manera que nos encontramos en el momento idóneo de ejercer el liderazgo y trabajar para tal fin.”

Entre los temas que se negociarán en la próxima reunión del Principio 10 se encuentran el reconocimiento y el mayor goce de los derechos de acceso en materia ambiental; la definición de reglas sobre la gobernanza ambiental y los recursos naturales; mejorar la normativa sobre la Evaluación de Impacto Ambiental para ampliar la participación ciudadana y de comunidades afectadas; regionalizar la posibilidad de que cualquiera con interés legítimo pueda reclamar a través de las vías judiciales una violación a la normativa ambiental; crear mecanismos nacionales e internacionales para exigir los derechos de acceso en materia ambiental; y cumplimentar otros acuerdos internacionales como el Acuerdo de París sobre cambio climático o los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Las organizaciones y personas firmantes de la carta solicitan a la SRE “demostrar en los hechos que México es un país líder en respetar, promover, consolidar y garantizar los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en materia ambiental”, por lo que confían en que “la Delegación mexicana asumirá este rol en la próxima reunión a realizarse sobre este tema.

Al respecto, en el Senado de la República el pasado 6 de noviembre se llevó a cabo el conversatorio “Los Derechos Humanos Ambientales en México: Acuerdo Regional sobre el Principio 10, oportunidad para la gobernanza ambiental” donde se refirió que el objetivo de dicho ordenamiento es asegurar que toda persona tenga acceso a la información, participe en la toma de decisiones y acceda a la justicia en asuntos ambientales.

“En dicho evento el embajador Miguel Ruiz Cabañas, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, anunció que se emprenderá un programa de acciones para alcanzar los fines de la declaración, pues en México existe una legislación nacional que contempla en lo absoluto la implementación del Principio 10, además existir un marco institucional para hacerlo operativo, en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Los especialistas Jorge Legorreta Ordorica y Gloria Olimpia Castillo Blanco, coincidieron en que la apertura de la información permitirá, además de dar certeza a la protección de la ecología, garantizar que la derrama económica sea a favor tanto de las grandes empresas, pero también de las comunidades.”4

Por lo anteriormente expuesto y en aras de replantear las relaciones entre el Estado, el mercado y la sociedad, no podemos evadir el pronunciamiento de la sociedad civil organizada, que exige eliminar las asimetrías y así prevenir conflictos socio-ambientales.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretarías de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a atender las diversas manifestaciones de la sociedad civil respecto a la preocupación por la postura omisa que México ha mantenido en la Octava Reunión del Comité de negociación del Acuerdo Regional para América Latina y El Caribe, sobre el Principio 10 de la Declaración de Río: Derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en material ambiental, que se lleva a cabo del 27 de noviembre al 1° de diciembre de 2017 en Santiago de Chile.

Notas

1 Octava Reunión del Comité de Negociación. Principio 10. Antecedentes. CEPAL-ONU. En línea, disponible en https://negociacionp10.cepal.org/8/es/antecedentes

2 Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo. CEPAL-ONU. En línea, disponible en

https://www.cepal.org/es/infografias/principio-10-la-dec laracion-rio-medio-ambiente-desarrollo

3 “Pide Sociedad Civil a Cancillería y a SEMARNAT aceptar acuerdo vinculante sobre Principio 10” Centro Mexicano de Derecho Ambiental. En línea, disponible en:

http://www.cemda.org.mx/pide-sociedad-civil-a-cancilleri a-y-a-semarnat-aceptar-acuerdo-vinculante-sobre-principio-10/

4 “Acuerdo vinculatorio entre gobierno y comunidades para abrir información de megaproyectos, proponen en el Senado.” En línea, disponible en: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/39252 -acuerdo-vinculatorio-entre-gobierno-y-comunidades-para-abrir-informaci on-de-megaproyectos-proponen-en-el-senado.html

Dado en la honorable Cámara de Diputados el 30 de noviembre de 2017.

Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la ejecución de un programa para volver fronterizos a bajo costo los vehículos extranjeros que se encuentran en ese territorio sin el debido trámite, a cargo de la diputada Yahleel Abdala Carmona, del Grupo Parlamentario del PRI

Yahleel Abdala Carmona, en mi carácter de diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Sexagésima Tercera Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. La Organización de las Naciones Unidas, define a la globalización como un fenómeno inevitable en la historia humana, ha acercado el mundo a través del intercambio de bienes, productos, información, conocimientos, cultura y mediante la integración económica, la cual se produce cuando los países reducen los obstáculos, como los aranceles de importación, y abren su economía a la inversión y al comercio con el resto del mundo.1

II. El Estado Mexicano al ser parte de la comunidad internacional no es ajeno a este fenómeno, motivo por el cual actualmente cuenta con una red de 12 tratados de Libre Comercio con 46 países, 32 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones con 33 países y 9 acuerdos en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración2 , siendo del interés de la presente propuesta el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el cual fue firmado por México, Estados Unidos y Canadá el 17 de diciembre de 1992 y ratificado por el Senado de la República el 8 de diciembre de 1993 y el cual, tiene entre sus objetivos el de eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación fronteriza de bienes y servicios entre los territorios partes.

En ese sentido, el anexo 300-A, apéndice 300-A.2 del TLCAN, establece en su numeral 24 una eliminación gradual de las prohibiciones o restricciones a la importación de vehículos usados provenientes de territorio de otra de las partes, señalando que para el 1º de enero de 2019, México no podrá adoptar ni mantener una prohibición o restricción en la materia, precepto que es claramente violado por el decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados, así como por diversas reglas emitidas por la SCHP y el SAT.

III. En lo relativo a la importación definitiva de vehículos usados a México, existen diversos instrumentos jurídicos que la regulan, siendo este el caso de la Ley Aduanera, las Reglas Generales de Comercio Exterior y el “Decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados”, publicado con fecha del 1 de julio de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, cuya vigencia se ha prorrogado en distintas ocasiones, siendo la más reciente la publicada en el mismo medio de difusión el día 26 de diciembre del 2016, la cual amplía la vigencia del mismo hasta el 31 de diciembre del año 2017.

IV. En ese orden de ideas es importante señalar que el costo para realizar la importación de dichos vehículos usados está compuesto por diversos impuestos y derechos tales como el Impuesto General de Importación, el Impuesto al Valor Agregado, el Derecho de Trámite Aduanero, los costos de pre validación y los honorarios del agente aduanal que realiza el trámite, entre otros.

Cabe mencionar que para determinar el monto para el pago de los conceptos antes mencionados, la autoridad utiliza como valor de referencia para determinar la base gravable el valor del vehículo de acuerdo al denominado anexo 2 de “precios estimados aplicables a la importación de vehículos usados por año modelo” el cual establece de manera unilateral el valor que la autoridad “considera” tienen los vehículos ahí enlistados, valores que cabe mencionar son totalmente ajenos a la realidad del mercado.

V. Con el objeto de ilustrar la presente iniciativa se realizará un ejercicio del costo aproximado que tendría el importar un vehículo usado de procedencia extranjera tomando como referencia un tipo de cambio de $20.00 pesos de acuerdo a lo siguiente:

Como se desprende de la tabla anterior, el costo aproximado para realizar la importación del citado vehículo con el precio “estimado” por la SCHP sería de alrededor de los $22,921 pesos .

VI. Como ya fue mencionado en el IV considerando, los precios “estimados” por la SCHP son totalmente ajenos a la realidad, ya que el mismo vehículo del ejercicio anterior puede ser adquirido en el mercado por la cantidad de $3,995 USD, de acuerdo a consulta realizada con fecha del 4 de enero del 2017 a la página https://www.cargurus.com (anexo I), en ese orden de ideas, el mismo ejercicio pero tomando ese valor de referencia nos daría los siguientes datos:

Como se puede apreciar, existe una diferencia de $8,432 pesos a pagar por concepto de impuestos y derechos entre los que son determinados con base en los precios “estimados” de la SCHP y los que correspondería pagar si se tomara como base para el pago de los mismos a los precios reales de mercado, situación que deja en evidencia que la persona que pago $79,900 pesos pero le son aplicados los “precios estimados” para determinar su base gravable, estaría pagando por concepto de impuestos y derechos el equivalente al 28.68 por ciento del costo total de su vehículo, por lo que en los términos del considerando VIII tendría que destinar de manera íntegra su salario equivalente a 112 días de trabajo para poder cubrir dichos conceptos.

VII. Como ya fue mencionado en el segundo párrafo del IV considerando, el citado anexo establece los “precios estimados” para los vehículos usados de una manera unilateral sin tomar en cuenta el hecho de que en Estados Unidos y Canadá, los vehículos sufren una acelerada y mayor depreciación en comparación con México, lo anterior debido a las condiciones económicas y de consumo de aquellos países, además de factores tales como la gran oferta de marcas y modelos, bajas tasas de interés, múltiples y atractivos programas de financiamiento además de una menor carga impositiva para la adquisición de vehículos nuevos, lo que provoca que resulte mucho más económica la adquisición de un vehículo usado en dichos territorios que en el mercado nacional, por lo que es común que los habitantes de la franja o región fronteriza adquieran dichos vehículos en aquellos países para posteriormente importarlos al territorio nacional, lo anterior sumado al hecho de que en la frontera no existen autos mexicanos usados a bajo costo,

VIII. Existe la errónea creencia de que los habitantes de la frontera norte del país debido a la cercanía que tienen con los Estados Unidos cuentan con un ingreso mayor y una mejor calidad de vida en relación con la de los habitantes del resto del país, situación que es totalmente falsa ya que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo al tercer trimestre del 2016 en los Estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, en promedio el 63 por ciento de la población económicamente activa ocupada, percibía una remuneración de 3 o menos salarios mínimos diarios, lo que es equivalente a un ingreso mensual igual o menor a los $6,135.00 pesos mensuales. 3

IX. Haciendo un ejercicio tomando en cuenta dicho ingreso y distribuyéndolo conforme a lo señalado en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares ENIGH 2014 4 sin tomar en cuenta la inflación de los últimos dos años, obtendríamos los siguientes datos:

X. Como se desprende del ejercicio anterior, el presupuesto de las familias mexicanas de los estados fronterizos resulta ser muy ajustado, quedando poco o nulo margen para poder ahorrar y en su caso comprar o poder dar el enganche de un automóvil nuevo, sumado esto a que en muchas ocasiones dicho segmento de la población no son candidatos o no se encuentran posibilitados al pago de algún tipo de crédito, por lo que su única posibilidad es comprar un auto usado de procedencia extranjera, para posteriormente importarlos al territorio nacional, para ilustrar el presente punto de acuerdo pondremos el siguiente ejemplo con los vehículos más económicos que actualmente se comercializan en el territorio nacional en comparación con algunos vehículos usados que se pueden adquirir en los Estados Unidos:

Como podemos ver, en los casos anteriores, el enganche del 35 por ciento para comprar un vehículo nuevo en el país, resultaría mayor al costo total pagado por un vehículo usado en el extranjero.

XI. En cuanto a la importación definitiva, las dificultades administrativas para realizar el trámite sumadas a la gran diferencia entre el valor efectivamente pagado y el valor que la SCHP asigna para determinar los impuestos y derechos de importación, generan que esta no se realice en los términos que marca la ley, por lo que actualmente en la región fronteriza circulan una gran cantidad de vehículos que han ingresado por las aduanas nacionales y se encuentran de forma irregular en el territorio nacional, generando entre otros, los siguientes problemas:

• No se cuenta con un registro o padrón que señale la cantidad de dichos vehículos circulando en la región o franja fronteriza.

• Carecen de placas o de algún tipo de registro que permita su identificación o la de su propietario, situación que genera que estos se puedan utilizar en la comisión de actos delictivos, aumentando así los problemas para brindar efectiva protección a la seguridad pública.

• Al encontrarse dentro del territorio nacional de manera irregular no cuentan con seguro de daños o responsabilidad civil;

• Se desconoce si estos cumplen o no con las normas en materia ambiental vigentes.

• El estado mexicano deja de percibir ingresos por concepto de importación, registro vehicular, emplacamiento y verificación vehicular entre otros.

• Al carecer sus propietarios de una certeza jurídica con relación a sus automóviles, se generan condiciones para la realización de actos de corrupción por parte de las autoridades , ya que ante el miedo de estos a perder su patrimonio son susceptibles de extorsiones y abusos, en el mismo sentido, al carecer de dicha certeza jurídica, estos se vuelven vulnerables a ser víctimas de fraudes por parte de asociaciones que venden gestorías para la supuesta regularización de los vehículos, sin que estas tengan valor jurídico ante la autoridad.

XII. Es de reconocerse la importancia que tiene la industria automotriz en la economía nacional, industria que ha duplicado su producción en los últimos cinco años para dar un estimado de 3.4 millones de vehículos en el 201513 y de los cuales cerca de un 80 por ciento son exportados a otros países, convirtiéndonos en el séptimo mayor productor de automóviles del mundo, lo anterior derivado de las ventajas que representa el TLCAN y otros tratados comerciales para las armadoras que llegan a instalarse al país y pueden exportar sus productos libres de impuestos a América del Norte, América del Sur, Europa y Japón.

XIII. Dicho lo anterior, no podemos dejar de manifestar que dicha industria ejerce una presión constante hacia el gobierno mexicano para que este no permita el ingreso de vehículos usados al país, lo anterior bajo un argumento relacionado únicamente con el factor de sus ventas como se puede desprender de las siguientes declaraciones:

“La industria automotriz planteó al secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, que la regulación para el control de la importación de autos usados se posponga para el 2017 y 2018, a fin de continuar con el fortalecimiento del mercado interno y alcanzar ventas por arriba de 1 millón 800,000 unidades. ”14

“Los inhibidores del mercado interno son: la importación de autos usados y el crédito siguen siendo los factores que no permiten alcanzar el potencial, a pesar de tener un mercado interno que viene creciendo a cifras cercanas al 19 por ciento enero-noviembre. Pero ese dato terminara en 1.35 por debajo de los 2 millones de unidades”15

XIV. si tomamos en cuenta el considerando VIII en correlación con el XIII podemos concluir que dichas resistencias por parte de la Industria Automotriz carecen de sustento en virtud de que como ya fue expuesto, una gran parte de la población no cuenta con los ingresos ni los medios para comprar o ser sujetos a un crédito para adquirir un automóvil nuevo, por lo que la industria no resulta afectada por la importación de los vehículos usados antes mencionados.

XV. Como ya se menciona en el XI considerando, se desconoce el número de vehículos que se encuentran de forma irregular en el país, de acuerdo a diversas fuentes, estos se estiman en millones, situación que ha representado un negocio muy lucrativo para distintas organizaciones que mediante la afiliación y un pago promedio anual de 3,000 pesos realizan un “empadronamiento” de los vehículos, mediante el cual les son entregadas placas y engomados con los cuales dichas organizaciones prometen la libre circulación por el territorio nacional, hecho que resulta indubitablemente falso y constituye un delito a la vista de que estos se encuentran sustituyendo y ejerciendo actos de autoridad reservados para el Estado por mandato Constitucional y legal.

XVI. Es de conocimiento general que el PEF 2018 contiene un ajuste respecto del ejercicio fiscal anterior, por lo que, la realización de acciones legales y administrativas tendientes a regularizar la problemática planteada no solo generarían beneficios sociales, sino que también se podrían traducir en una fuente de ingresos para la federación y los Estados por concepto de impuestos y derechos inherentes a la regularización de los vehículos antes mencionados.

En virtud de lo antes expuesto y en el entendido de que la protección al patrimonio, el respeto y cumplimiento a los compromisos internacionales y el fortalecimiento del estado de derecho deben ser los ejes rectores del Gobierno de la República, sometemos a consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Subsecretaria de ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Sistema de Administración Tributaria y a la Secretaria de Economía para que en el ámbito de sus respectivas competencias ejecuten un programa para volver fronterizos a bajo costo los vehículos extranjeros que actualmente se encuentran en dicho territorio sin haber realizado el debido trámite , tomando en cuenta los siguientes aspectos:

• Que el programa a ejecutar sea única y exclusivamente destinado a hacer fronterizos los autos de procedencia extranjera que tengan las siguientes características:

• Que los vehículos susceptibles de entrar al programa sean vehículos con una antigüedad máxima de años modelo del 2000.

• Que se reduzca en un 50% los precios estimados aplicables a la importación de vehículos usados por año modelo.

• Se les aplique un arancel ad valorem de manera general a razón del 1%.

• Que el vehículo quede registrado a nombre de quien acredite su residencia en la región fronteriza antes mencionada y el título de propiedad del mismo se encuentre endosado a favor de este.

• Que su número de identificación vehicular corresponda al de fabricación o ensamble del vehículo en México, Estados Unidos de América o Canadá.

• Que el programa tenga una duración de al menos 4 meses.

Notas

1 http://www.un.org/es/aboutun/booklet/globalization.shtml

2 https://www.gob.mx/se/articulos/mexico-cuenta-con-12-tratados-de-libre- comercio?idiom=es

3 http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regul ares/enoe/

4 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/enigh/
enigh2014/tradicional/doc/resultados_enigh14.pdf

5 http://www.chevrolet.com.mx/spark-classic-2016/precios-promociones.html

6 http://www.nissan.com.mx/tsuru/

7 https://www.carsforsale.com/vehicle/details/23663518

8 https://www.carsforsale.com/vehicle/details/23658856

9 https://www.carsforsale.com/vehicle/details/21488667

10 Cantidad equivalente al monto de $2,000 USD al tipo de cambio del 3 de octubre de 2016

11 Cantidad equivalente al monto de $2,000 USD al tipo de cambio del 3 de octubre de 2016

12 Cantidad equivalente al monto de $2,500 USD al tipo de cambio del 3 de octubre de 2016

13 http://eleconomista.com.mx/industrias/2016/04/13/nuevas-plantas-dieron- plus-2015

14 http://eleconomista.com.mx/industrias/2016/09/04/piden-no-relajar-paso- autos-usados

15 http://eleconomista.com.mx/industrias/2015/12/16/amia-denuncia-que-cont inua-venta-desleal-autos-chatarra

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de noviembre de 2017.

Diputada Yahleel Abdala Carmona (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Morelos a considerar en su próxima Ley de Ingresos los factores económicos y sociales de la población para reducir los pagos por concepto de impuestos y servicios municipales, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Blanca Margarita Cuata Domínguez, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno proposición con puntos de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes y consideraciones

Morelos es uno de los estados más golpeados no sólo por el terremoto del 19 de septiembre pasado, también lo ha sido por su mal gobierno, por la corrupción, la violencia y la falta de trabajo, entre muchos otros factores que lo tienen sumido en la inopia.

Pese a esa escueta descripción, los morelenses día tras día tratamos de salir adelante con nuestro trabajo y con los pagos de los impuestos que nos imponen. Sin embargo, el cobro y destino de éstos viven un estado de opacidad y voracidad de los gobernantes.

Si bien el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley, y la fracción IV señala que los municipios administran libremente su hacienda, que se formará entre otros con las contribuciones y los ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, el inciso c) de dicha fracción incluye los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. En ese orden, la facultad del ayuntamiento dada en la Constitución es inatacable.

Sin embargo, el abuso que se comete contra los cuernavaquenses con el cobro de servicios municipales viola flagrantemente lo establecido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

No obstante que la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el Ejercicio Fiscal de 2017 señala específicamente los rubros que el municipio puede cobrar derechos por los servicios que presta, hay opacidad y se causan perjuicios a los ciudadanos. A continuación exponemos dos ejemplos de recibos del pago de predial y del cual se desprende también el cobro de servicios municipales:

Curioso: cobran a la ciudadanía más por el servicio municipal que por el pago de impuesto predial, pero lo verdaderamente catastrófico es que cobren por servicios municipales de pésima calidad.

Si bien Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el Ejercicio Fiscal de 2017 establece en el artículo 14:

Artículo 14. Es objeto de este derecho la prestación de los servicios públicos municipales de mantenimiento de infraestructura urbana, recolección, traslado y disposición final de residuos sólidos y alumbrado público.

Son sujetos del pago por la prestación de los servicios públicos municipales de mantenimiento de infraestructura urbana, recolección, traslado y disposición final de residuos sólidos y alumbrado público los propietarios y poseedores de predios urbanos, suburbanos y rústicos del municipio de Cuernavaca, servicios que pagarán de conformidad con lo siguiente:

4.3.5.1. Por mantenimiento del equipamiento urbano en el municipio, por metro lineal de frente a la vía pública por semestre de

4.3.5.2. Los derechos por servicios de alumbrado público se causarán y liquidarán de conformidad con lo siguiente:

Es objeto de este derecho la prestación del servicio de alumbrado público para los habitantes del municipio.

Se entiende por servicio de alumbrado público el que el municipio otorga a la comunidad en calles, plazas, jardines y otros lugares de uso común.

La tarifa correspondiente al derecho de alumbrado público será por el costo de la prestación de este servicio, entre el número de usuarios registrados en la Comisión Federal de Electricidad el importe se cobrará en cada recibo que la Comisión Federal de Electricidad expida.

Los propietarios o poseedores de predios rústicos, suburbanos y urbanos que no estén registrados en la Comisión Federal de Electricidad pagarán la tarifa resultante mencionada en este artículo mediante el recibo que para tal efecto expida la tesorería municipal.

El municipio, por conducto de la Tesorería municipal, podrá auxiliarse de la infraestructura y el sistema de cobro del organismo operador municipal de agua potable en caso de existir, para efecto de que se incorpore en cada uno de los recibos de cobro que expide dicho organismo operador, la tarifa que indica este precepto a los propietarios o poseedores de los predios que no estén registrados en la citada Comisión Federal de Electricidad.

En ningún caso la tarifa por este servicio podrá ser mayor de 10 por ciento de las cantidades que deban pagar los contribuyentes en forma particular por el consumo de energía eléctrica...1

Si bien el cobro por servicios de infraestructura es legal, no se refleja el gasto en un buen servicio. Para muestra un botón: el socavón del Paso Exprés de Cuernavaca, que costó la vida de dos personas, consecuencia según el grupo de expertos independientes que realizó el peritaje técnico sobre el socavón señalaron: “No estaríamos aquí si en un momento dado se hubiera revisado la alcantarilla y se hubiera tomado la decisión de cambiarla; ésa fue la causa raíz: se conservó una alcantarilla dañada y se sumó la acumulación de la basura.”2

Luego entonces, el asunto es ¿qué hacen con el dinero que cobran a los cuernavaquenses por concepto de servicio de infraestructura y recolección de basura? Que además de ser caro, deficiente, no se dice a la ciudadanía cuánto reciben por conceptos de reciclaje y venta de la basura. Por otro lado, en el concepto de “adicionales” surge la pregunta ¿Adicionales?, ¿Qué es eso?, ¿Para qué se ocupa?, ¿De qué se trata? En ese sentido, este impuesto o cobro de derechos, como se le quiera llamar, viola flagrantemente no sólo los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sino lo aprobado por el Congreso del estado, ya que se trata de un derecho que no se encuentra considerado en la ley que ellos mismos aprobaron.

Por consiguiente, debe exhortarse al ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, a transparentar no sólo los recursos obtenidos por concepto de pago de impuesto predial sino los recursos obtenidos por concepto de pago de derechos de servicios municipales, y a mejorar la calidad de los servicios prestados por el municipio en favor de los cuernavaquenses, no obstante que es obligación de la Secretaría de la Contraloría de Morelos auditarlos.

Es conveniente exhortar al Congreso de Morelos a que en su próximo proyecto de Ley de Ingresos considere los factores económicos y sociales que vive en estos momentos la población del estado, a fin de que reduzca los montos de pago por concepto de impuesto predial y de servicios municipales para que se traduzca en beneficio de la economía de los ciudadanos.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso de Morelos a que en su próximo proyecto de Ley de Ingresos considere los factores económicos y sociales que vive en estos momentos la población del estado, a fin de que reduzca los montos de pago por concepto de impuesto predial y de servicios municipales, para que se traduzca en beneficio de la economía de los ciudadanos.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Contraloría de Morelos a auditar el uso y destino de los recursos obtenidos por concepto de pago de impuesto predial y servicios municipales que cobra el ayuntamiento de Cuernavaca, y a que éstos se cobren conforme a derecho y no sean violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, a transparentar los recursos obtenidos por concepto de pago de impuesto predial y de derechos de servicios municipales, así como a mejorar la calidad de los servicios prestados en favor de los cuernavaquenses.

Notas

1 http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/leyes_ingreso/pdf/LeyIngresosCuernavaca2017.pdf

2 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2017/08/11/
socavon-en-paso-expres-por-no-cambiar-una-alcantarilla

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de noviembre de 2017.

Diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Sagarpa y el Senasica a permitir a los turistas cinegéticos introducir en territorio nacional alimentos de consumo personal en empaque íntegro y etiquetados, a cargo de la diputada Yahleel Abdala Carmona, del Grupo Parlamentario del PRI

Yahleel Abdala Carmona, en mi carácter de diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Sexagésima Tercera Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. El turismo en México se ha convertido en un sector estratégico para el desarrollo del país, datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación refieren que, durante el año 2015, más de 12 millones 400 mil turistas extranjeros visitaron el país, cifra que para el año 2016 aumento a más de 13 millones 400 mil y que sin duda alguna para este año 2017 el aumento en el número de visitantes no será la excepción.

II. Dentro de los diversos tipos de turismo con los que cuenta el país, el cinegético es uno de los que con mayor importancia se realizan en el estado de Tamaulipas y en muchos otros de la frontera con Estados Unidos de América, ya que, debido a la colindancia y a las características de nuestro medio ambiente, somos un destino muy atractivo para los cazadores nacionales y extranjeros.

III. Dicho tipo de turismo representa una gran actividad y una importante fuente de ingresos para las regiones donde se realiza, ya que alrededor de este se generan gran diversidad de servicios, motivos por los cuales tomando en cuenta que en los Estados Unidos existen más de 36 millones 800 mil licencias de cacería, es importante fomentarlo y protegerlo por la importante derrama económica que representa.

IV. Diversas han sido las restricciones que se han venido generando y como legisladores hemos alzado la voz para proteger una actividad tan importante para miles de familias, desde malos tratos, hasta reglamentación que en lugar de dar las condiciones para fomentar el sector, lo inhiben, siendo del interés de la presente propuesta las realizadas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación mediante el personal oficial del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria el cual tiene entre sus competencias las de regular y vigilar que los animales, vegetales, sus productos o subproductos que se importan al territorio nacional, no pongan en riesgo el bienestar general.

V. La problemática enunciada en la fracción anterior radica en cuanto a que ante la conocida y lamentable situación de violencia que se vive en ciertas regiones del país, los cazadores extranjeros que vienen a México intentan ingresar con alimentos para su consumo personal, lo anterior porque temerosos por su vida y posesiones, se niegan a realizar ninguna parada que no sea estrictamente necesaria en su camino al rancho de su destino, pero al intentar cruzar la frontera son detenidos por las autoridades y obligados a tirar sus alimentos, incluso cuando vienen empaquetados y etiquetados por diversas autoridades sanitarias del país de origen, hechos que han derivado en las más diversas manifestaciones por parte de los turistas como por parte de los propietarios de los ranchos y clubs que los agrupan, ya que dentro de las expresiones más preocupantes se encuentran las de detener sus actividades y visitas al país, situación que culminaría en un fuerte golpe para la economía de miles de familias de la ya muchas veces afectada región fronteriza.

Expuesto lo anterior y buscando proteger, fortalecer y fomentar el turismo cinegético en el territorio nacional es que se plantea la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria a permitir a los turistas cinegéticos la entrada al territorio nacional de los alimentos para consumo personal que traigan consigo para cubrir sus necesidades de alimentación durante su visita, enunciando más no limitando a productos tales como quesos, aves, pescados, verduras, carne de res, lomo y pierna de cerdo, siempre y cuando estos vengan en empaque íntegro y etiquetados, lo anterior en virtud de que dichos productos son certificados de origen y avalados por la USDA como de libre venta por cumplir con las normas sanitarias para el consumo humano.

Nota

1 US Fish And Wildlife Service National Hunting License Data - 2017

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de noviembre de 2017.

Diputada Yahleel Abdala Carmona (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a fortalecer programas, estrategias y políticas públicos encaminados a identificar, atender, contener y prevenir la violencia contra niños y adolescentes en Puebla, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Xitlalic Ceja García, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con la directora ejecutiva de la “Fundación Juconi México”, en el estado de Puebla al menos 8 de cada 10 niños son víctimas de violencia,1 en su mayoría estos actos contrarios a los derechos humanos son ejercidos por una figura masculina, casi en su totalidad por el padre de familia.2

En este sentido, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía también ha dado a conocer que durante el periodo comprendido entre los años 2006 -2015, se dio un incremento en la tasa de suicidios en el estado, al pasar de 3 a 3.6 por cada 100 mil habitantes de entre 10 a 17 años, tendencia que se agravó en el 2015 debido a que se dieron 632 asesinatos de menores.

Entre los municipios y demarcaciones con el mayor número de casos denunciados, figuran Puebla de Zaragoza, Tehuacán, Ahuacatlán, Ayotoxco, San Martín Texmelucan, Zacatlán, San Andrés Cholula, Quimixtlán, Zacatlán y Acatlán de Osorio.

Diversos medios de comunicación han documentado estas violaciones, ejemplo de esta situación, son los hechos sucedidos en la comunidad de “Escape Lagunillas”, en el municipio de Chietla, en el que un menor de cinco años perdió la vida a consecuencia de los golpes que recibió de su madre y su padrastro en cráneo, costillas y tórax.3

En el jardín de niños “Xochicalco” en el barrio de San Antonio en Amozoc, se han denunciado presuntos casos de abusos, principalmente sexuales a menores; acusaciones que deben ser investigadas y sancionadas conforme a derecho. También existen acusaciones del mismo tipo contra un conserje de la primaria “José Mariano Jiménez” en el municipio de Puebla, quien ha sido señalado de ejercer violencia sexual contra diversos alumnos del plantel.

De acuerdo con los resultados del informe “Adolescentes: vulnerabilidad y violencia”, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el estado de Puebla es una de las entidades con más jóvenes internados en centros especializados por delitos vinculados con el crimen organizado. Los niños y adolescentes alistados por bandas delictivas para el robo de hidrocarburos y trenes, en su mayoría dijeron ser de municipios de Palmar de Bravo, San Matías Tlalancaleca y Tepeaca, también dijeron ser “adiestrados” para desempeñarse como choferes, halcones y colocadores de mangueras en el caso de la extracción irregular de gasolina.

La exposición prolongada a este tipo de agresiones físicas, psicológicas y sexuales, son generadoras de alteraciones al desarrollo fisiológico del cerebro y cambios en el comportamiento emocional, social y cognitivo de los infantes.

Las conductas descritas, son una clara violación a los derechos humanos contemplados en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, quien en su capítulo octavo establece el derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal.

En el artículo 47, indica que los órdenes de gobierno, en este caso el gobierno del estado de Puebla, cuenta con las facultades necesarias para “prevenir, atender y sancionar casos de descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual” para garantizar su integridad y vida.

Asimismo en su artículo 48 señala que el gobierno de las entidades federativas, están obligadas a “adoptar las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica de los menores afectados para garantizar el ejercicio pleno de sus derecho y asegurar su reincorporación a la vida cotidiana.4

Ante la violencia que impera en el estado de Puebla para las niñas, niños y adolescentes, apremia que el gobierno de la entidad, fortalezca sus programas de gobierno a fin de fomentar, promover y asegurar un clima de pleno desarrollo y crecimiento a niñas, niños y adolescentes. Asimismo, amplíe sus políticas de difusión y concientización para contener y prevenir actos de violencia física, psicológica y sexual a este sector poblacional.

Esta situación deja de manifiesto diversas áreas de oportunidad para garantizar un clima de óptimo desarrollo para las niñas, niños y adolescentes en el estado de Puebla.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al gobierno del estado de Puebla para que, en observancia al interés superior de la niñez y a través del DIF estatal, la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Salud, fortalezca sus programas, estrategias y políticas públicas encaminadas a identificar, atender, contener y prevenir la violencia hacia niñas, niños y adolescentes, ante el incremento de casos de esta naturaleza en la entidad, a fin de salvaguardar su seguridad, integridad y pleno desarrollo.

Notas

1 http://intoleranciadiario.com/detalle_noticia/160507/politica/ocho-de-c ada-diez-ninos-sufren-violencia-en-puebla

2 https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/hombres-7-de-cada-10-agresores-de-ninos-en-puebla

3 https://www.elsoldepuebla.com.mx/estado/
padrastro-habria-matado-a-golpes-a-nino-de-5-anos-de-edad-en-puebla

4 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_230617.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de noviembre de 2017.

Diputada Xilatlic Ceja García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a desarrollar y fortalecer acciones de protección y apoyo de la población por las bajas temperaturas registradas y que persistirán en Puebla, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Xitlalic Ceja García, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La temporada de invierno se caracteriza por condiciones climatológicas gélidas, como granizadas, heladas, nevadas y la entrada de frentes fríos, dicha situación puede derivar en enfermedades respiratorias como resfriados, gripe o influenza, neumonía y bronquitis. Dicho contexto exige la coordinación interinstitucional y transversal de los tres órdenes de gobierno para garantizar la salud de la población y atender las contingencias que pueden surgir durante este periodo.

De acuerdo con información oficial del Servicio Meteorológico Nacional, durante las próximas semanas se pronostican bajas temperaturas, principalmente en el norte, el centro y oriente del país. Particularmente a lo que se refiere al estado de Puebla, de acuerdo con el organismo se presentarán “lluvias con intervalos de chubasco de 5.1 a 25 mm”.

También se advierte de temperaturas mínimas menores a 0 grados, ambientes fríos con heladas por la mañana y vientos de dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora.1

En días recientes, sólo en la Sierra Norte se han dado temperaturas de por lo menos 4 grados centígrados bajo cero; en la zona de Oriental se vieron afectados cultivos de calabaza y jitomate, asimismo, en San Salvador el Verde los invernaderos de rosas tuvieron que ser intervenidos para evitar la pérdida de productos.2

Por si esto no fuera suficiente, se han documentado temperaturas bajo cero en municipios como Zaragoza, Libres, Tepeyahualco y Alchichica, así como en zonas montañosas de la Sierra Norte como Ahuazotepec, Chignahuapan y Zacatlán de las Manzanas.

Este panorama no mejorará en las próximas semanas, debido a que según datos de la Comisión Nacional del Agua, será hasta finales de diciembre y principios de enero de 2018, los meses en el que empeorarán las bajas temperaturas en la región.

Durante esta temporada invernal, la población en general presenta mayor riesgo de contraer y presentar enfermedades respiratorias, de vista y de piel. Por tal motivo, es de vital importancia que la Secretaría de Salud estatal adquiera los medicamentos suficientes y contrate al personal capacitado para atender a las personas que presenten algún padecimiento, enfermedad e infección relacionada con las bajas temperaturas.

Las heladas en carreteras y la disminución en la visibilidad producen accidentes y cierres parciales o totales por las malas condiciones para la circulación de vehículos, por ello es necesaria la participación de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes. Asimismo, se puede dar la suspensión de clases para salvaguardar la integridad de niñas, niños y adolescentes, de tal manera se requiere el involucramiento de la Secretaría de Educación Pública de la demarcación.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la población utilizar ropa abrigadora y dar cuidados especiales a niños, enfermos y personas de la tercera edad, asimismo se exhorta a mantener la piel humectada en personas que sufren padecimientos como dermatitis atópica y psoriasis. De la misma manera, se solicita tomar medidas para evitar muertes por intoxicación de monóxido de carbono por uso de calentadores defectuosos, o por hipotermia.

El objetivo del presente punto de acuerdo es visibilizar las diversas situaciones de emergencia que pueden derivar de la disminución en las bajas temperaturas. Bajo este escenario, es necesario que las autoridades de manera oportuna, adecuada, transversal y coordinada aseguraren políticas públicas, programas gubernamentales y estrategias enfocadas a la protección de la integridad de la ciudadanía y su patrimonio.

Estoy convencida de que es elemental que el gobierno del estado de Puebla, en coordinación con las autoridades municipales, desarrollen y fortalezcan sus acciones de protección y apoyo a la población, por motivo de las bajas temperaturas que se han registrado y se continuarán presentando en la demarcación.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta.

Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Puebla a que, en coordinación con las autoridades municipales, desarrolle y fortalezca sus acciones de protección y apoyo a la población, por motivo de las bajas temperaturas que se han registrado y se continuarán presentando en la entidad.

Notas

1 http://smn.cna.gob.mx/es/pronosticos/pronosticossubmenu/pronostico-mete orologico-general

2 https://www.elsoldepuebla.com.mx/estado/
video-puebla-helada-bajas-temperaturas-dejan-finas-caspas-de-hielo-en-cultivos

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 30 de noviembre de 2017.

Diputada Xitlalic Ceja García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SEP a analizar la posibilidad de que las becas sean proporcionadas también a estudiantes de educación superior de instituciones privadas cuyo ingreso sea igual o inferior a cuatro salarios mínimos, suscrita por los diputados César Camacho y Miguel Ángel Sulub Caamal, del Grupo Parlamentario del PRI

Los suscritos, diputados Cesar Camacho Quiroz y Miguel Ángel Sulub Caamal, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión por el estado de México y de Campeche, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a recibir educación .

Por su parte, la fracción VIII del mismo artículo señala que “el Congreso de la Unión, a fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, las entidades federativas y los municipios...”

Ahora bien, la Ley General de Educación en su Capítulo III, De la Equidad en la Educación, establece en su artículo 32 que “las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.

Se define además que las citadas medidas se encontrarán dirigidas, de manera preferente, a los grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrentan condiciones económicas y sociales de desventaja.

Es así, que en el artículo 33, fracción VIII, del mismo ordenamiento, se establece que las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias: “Desarrollarán programas (...) para otorgar becas y demás apoyos económicos preferentemente a los estudiantes que enfrenten condiciones económicas y sociales que les impidan ejercer su derecho a la educación...”

Respetable Asamblea:

De acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Educación Pública, para el período escolar 2014-2015, se encontraron matriculados casi 26 millones de educandos en la educación básica del sistema educativo nacional.

4 millones 800 mil para la educación media superior; 3 millones 550 mil para la educación superior; y 1 millón 790 mil en capacitación para el trabajo.

Con lo que tenemos aproximadamente 36 millones de mexicanos inscritos y recibiendo educación en nuestro país.

De los anteriores, casi 5 millones, es decir el 14 por ciento, se encuentran en instituciones privadas.

Para los fines del presente acuerdo, profundicemos en la composición general anteriormente expuesta: la mitad de estos 5 millones, es decir 2 millones 500 mil niños se encuentran inscritos en escuelas privadas de educación básica; 955 mil en el nivel medio superior; 1 millón 70 mil en el nivel superior y; 360 mil en capacitación para el trabajo.

Lo que se presenta nos indica el comportamiento del número de educandos fuera del sistema público, donde dicho proceder se resume a dos razones: las familias mexicanas determinan inscribir a sus hijos en esquemas privados de educación, porque en cierto momento es una opción viable dado que pueden solventarlo; o bien, porque no les quedo otra opción al no ser aceptados sus hijos en los esquemas públicos.

Tenemos así que de los 26 millones de alumnos en la educación básica, alrededor del 10 por ciento se encuentran inscritos en la educación básica privada; de los 4 millones 800 mil alumnos en la educación media, el 20 por ciento se encuentran inscritos en la educación media superior privada; y de los 3 millones 550 mil alumnos en la educación superior, el 30 por ciento se encuentran inscritos en la educación superior privada.

Sobresale por supuesto el entorno en la educación superior, dónde la educación pública que comprende la federal transferida, la estatal y la autónoma, se ha mantenido más o menos en estos rangos durante los últimos 15 años.

Es decir, alrededor de 1 de cada 3 estudiantes de la educación superior en el país, se encuentra cursando sus estudios en una escuela privada. Es decir, que posee un costo no subsidiado por el sector público y que debe ser cubierto por el educando y/o sus familias o por algún otro medio.

Si bien el entorno socioeconómico de algunas familias puede solventar el gasto en la educación universitaria privada de los hijos:

¿Qué pasa cuando los hijos de familias de bajos ingresos son rechazados en la educación pública universitaria?

¿Qué sucede cuando quienes no tuvieron en su momento la oportunidad de estudiar, desean o deciden continuar sus estudios profesionales en los sistemas semi-escolarizados o sabatinos, haciendo un gran esfuerzo porque en la semana trabajan para poder solventar los gastos de su familia y procurar tener también recursos para estudiar y superarse, siendo su única opción las instituciones privadas?

¿Qué pasa cuando no pueden hacerlo por su condición socioeconómica vulnerable?

Para no quedarse sin esta formación, las familias tienen que explorar casi siempre esquemas privados de educación.

En Campeche, por ejemplo –así como en las demas entidades federativas del país–, las instituciones de nivel superior privadas que existen, hoy en día se encuentra otorgando educación universitaria a segmentos poblacionales que no son en absoluto de altos ingresos, por lo ya expuesto en el párrafo anterior y por un tema de horarios que los esquemas públicos locales de educación universitaria no ofrecen para quienes tienen que trabajar y hacer el esfuerzo de cubrir sus gastos escolares.

Esta circunstancia hace que exista la necesidad y que no quede otra opción para sufragar los gastos educativos de nivel superior, más que la búsqueda de lo que la propia Ley General de Educación reconoce como becas de manutención.

Sin embargo, cuando las familias no consiguen becas para sus hijos, la educación comienza a posponerse con lo que se incrementa el riesgo de que se abandone el precepto educacional como prioridad formativa, tendiendo los jóvenes por la incorporación temprana al mercado laboral, y lamentablemente a veces en la informalidad.

Para atraer y retener a los jóvenes de los segmentos de menores ingresos, la ley otorga facultades tanto al gobierno federal, con el concurso de los gobiernos de los estados y de las instituciones educativas, para impulsar diversos programas de becas.

Las becas son una herramienta esencial para impedir que el origen social condicione el destino educativo de las personas.

Asimismo, la propia ley establece que las becas deberán existir tanto en los esquemas públicos como en los privados.

Las becas en la educación privada son definidas, en terminos del artículo 57 fracción III de la Ley General de Educación y por el Acuerdo número 279 de la Secretaría de Educación Pública publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de julio del 2000, en un número mínimo de becas equivalente al cinco por ciento del total de alumnos inscritos que cada institución debe otorgar. No obstante lo anterior, casi siempre son insuficientes y por cierto, casi todas son del tipo beca-crédito; en otras palabras, es una deuda que el educando adquiere y que en algún momento tendrá que saldar ya sea con trabajo o de manera pecuniaria.

Respecto de las becas en la educación pública, suelen ser subsidios determinados por un monto aprobado en el Presupuesto Federal y en los presupuestos de los Estados a través del Programa Nacional de Becas o programas estatales respectivamente. Asimismo, todas ellas se basan en formatos a fondo perdido, es decir, no implican en la mayoría de los casos, situaciones resarcitorias pecuniarias para quienes las reciben.

Si bien las diversas becas en ambos esquemas educativos tienen principios comunes para ser otorgadas, como el nivel socioeconómico de los educandos, el promedio de calificaciones, entre muchos otros, que varían de acuerdo con el o los otorgantes, el presente punto de acuerdo pretende abonar en el cabal cumplimento del postulado constitucional que señala la universalidad en el acceso a la educación; así como lo establecido en norma secundaria relacionado con una mayor equidad educativa y con el principio de que las becas y demás apoyos debieran otorgarse preferentemente a los estudiantes que enfrenten condiciones económicas y sociales que les impidan ejercer su derecho a la educación y que demuestran además un eficiente desempeño escolar.

Entonces ¿por qué las becas de manutención que se otorgan a traves del Programa Nacional de Becas específicamente para estudiantes del nivel educación superior no respetan estos elementos fundamentales?, becas que se otorgan con recursos públicos.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, para el período escolar 2014-2015 se otorgaron 7 millones 817 mil becas en el país.

De las cuales el 66 por ciento se repartieron entre estudiantes de nivel básico; el 25 por ciento en nivel medio-superior; y el 8.7 por ciento en nivel superior (que incluye becas de postgrado).

Estimados compañeras y compañeros legisladores:

Las becas que se otorgan a traves del Programa Nacional de Becas específicamente para estudiantes del nivel educación superior atienden a estudiantes inscritos en escuelas públicas; no se ofrecen a los estudiantes que –por las circunstancias ya expuestas con antelación– pudieran necesitarlas y que se encuentran inscritos y cursando sus estudios, con gran esfuerzo personal y familiar, en instituciones privadas, y que forman parte de la población en condiciones económicas vulnerable y en desventaja.

Esto se debe a que uno de los requisitos establecidos en las Reglas de Operación para obtener becas de manutención gubernamentales, es que el solicitante se encuentre inscrito en algúna Institución Pública de Educación Superior (IPES); 1 quedando negada la posibilidad de solicitarlo y de acceder como beneficiario de las becas cuando los solicitantes se encuentren inscritos en una institución provada, bajo la errónea suposición de que todos estos educandos y sus familias pertenecen a deciles de ingresos superiores.

Tenemos entonces la situación de que, cuando estos jóvenes solicitan alguna beca pública, son rechazados categóricamente.

Lo anterior es sin duda discriminatorio y el programa o los programas en cuestión podrían ser sujetos de algún recurso de inconstitucionalidad.

La política pública en la materia suele pasar por alto y no considera que muchos de esos solicitantes tuvieron que acudir a esas instituciones privadas al ser rechazados por esquemas públicos de educación, es decir, la educación privada nunca fue su primera opción educativa; o bien, porque en sus lugares de origen, no existe una cobertura pública educativa suficiente y las funciones educacionales tienen que ser absorbidas por entes privados.

Además, se olvida que la fracción VIII del artículo 33 de la Ley General de Educación, en ninguna manera establece un criterio o parámetro diferenciado para quien estudia en una escuela pública o privada, sino que expresamente señala “....a los estudiantes que enfrenten condiciones económicas y sociales que les impidan ejercer su derecho a la educación”. En consecuencia, “Donde la ley no distingue no hay porque distinguir”, de tal forma que no existe argumento legal que impida que la solicitud para el acceso a las becas puedan realizarlo tanto por estudiantes cursen sus estudios en escuelas públicas como por aquellos que lo hagan en instituciones privadas; no obstante a lo anterior queda claro, de igual forma, que para ser beneficiario de una beca se tendrá que acreditar que se enfrentan condiciones económicas y sociales vulnerables, lo cual se encuentra establecido en el marco normativo, se reconoce en la presente propuesta y, desde luego, dentro de los criterios de priorización del programa nacional de becas.

Asimismo, se pasa por alto, de forma específica para las Becas de Manutención del Nivel de Educación Superior, que las propias Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el Ejercicio Fiscal 2017 en su apartado 2. Objetivo, 2.1 General expresa “Favorecer el acceso, la permanencia, egreso y/o la superación académica e investigación de los estudiantes, recién egresados/as y/o docentes, personal académico y profesores/as investigadores/as, investigadores/as y personal con funciones de dirección (directores/as) que participan en el Sistema Educativo Nacional mediante una beca y/o apoyo económico” , siendo que en el Glosario de esas mismas Reglas de Operación se encuentra la siguiente definición “Sistema Educativo Nacional: Está constituido, entre otros, por las instituciones educativas del Estado y de sus organismos descentralizados, las instituciones de los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, y las instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía”.

Bajo ese orden de ideas, la presente propuesta, en lo relativo a las Becas de Manutencion que se otorguen a estudiantes del Nivel de Educación Superior, pretende :

a) Que prevalezca la situación socioeconómica del solicitante y/o beneficiario de una beca, 2 por sobre si se encuentra inscrito en una institución de educación pública o no.

b) Ser sensibles y responder a la necesidad de la población que, aún en condiciones socieconómicas vulnerables, realiza todos los días un gran esfuerzo para acceder a la educación superior.

Conviene aclarar además:

a) La propuesta que se realiza no conlleva el generar impacto presupuestal, sino establecer un mejor criterio para que los estudiantes de educación superior pueda solicitar su acceso a los programas de becas públicos, acorde con los principios establecidos en nuestras normas vigentes.

Se propone que estudiantes de educación superior, tanto de instituciones públicas como privadas, puedan participar en el concurso de asignación del programa nacional de becas; y solamente cuando acrediten los criterios de priorización (por su circunstancia de vulnerabilidad y condición socioeconómica, así como su eficiente desempeño academico) para su elegibilidad, pueden ser beneficiarios.

Cabe señalar además que las propias Reglas de Operación establecen que el otorgamiento de la beca está sujeta a la suficiencia presupuestaria del ejercicio fiscal 2017.

b) Estamos en contra de la privatización de la educación, pero a favor del espíritu contenido en el artículo 32 de la Ley General de Educación y que alude a la equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.

No olvidemos además que como bien se infiere de las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas, la beca es una opción que tiene los estudiantes en contextos y situación de vulnerabilidad para ingresar, permanecer y concluir sus estudios de educación superior.

Es por lo anteriormente expuesto, que se pone a consideración de la asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, para que analice la posibilidad de que las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para el Ejercicio Fiscal 2018, considere que las becas puedan ser otorgadas también a estudiantes de educación superior de instituciones privadas cuyo ingreso sea igual o menor a cuatro salarios mínimos per cápita vigentes al momento de solicitar la beca.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a los titulares de los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas y al jefe de gobierno de la Ciudad de México, para que, por su conducto, las dependencias o entidades locales encargadas del otorgamiento de becas escolares, tomen también en consideración a los estudiantes de educación superior de instituciones privadas cuyo ingreso sea igual o menor a cuatro salarios mínimos per cápita vigentes al momento de solicitar la beca.

Notas

1 Ver acuerdo número 25/12/16 por el que se emiten las reglas de operación del Programa Nacional de Becas para el Ejercicio Fiscal de 2017 ( Anexo 2: Beca de Manutención, II. Apartados: 1. Población Objetivo, Primer Párrafo) publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 31 de diciembre de 2016).

2 Como lo dispone el acuerdo número 25/12/16 por el que se emiten las reglas de operación del Programa Nacional de Becas para el Ejercicio Fiscal de 2017 ( Anexo 2: Beca de Manutención, II. Apartados: 1. Población Objetivo, Primer Párrafo) publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 31 de diciembre de 2016): “....cuyo ingreso sea igual o menor a cuatro salarios mínimos per cápita vigentes al momento de solicitar la beca”

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, DF, a 30 de noviembre de 2017.

Diputados: César Camacho, Miguel A. Sulub Caamal (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a reducir la probabilidad de robo de materiales radiactivos y mitigar mediante la modificación de las disposiciones aplicables las posibles consecuencias para la población, a cargo de la diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones jurídicas aplicables, la suscrita, diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presenta a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo la siguiente

Exposición de Motivos

La radiactividad es la propiedad de algunos elementos químicos de emitir partículas u ondas electromagnéticas, generalmente el núcleo de los átomos que constituye la materia es estable, cuando no es así, ocurre un fenómeno físico que llamamos radiactividad; esta propiedad se debe a la existencia de una descompensación entre el número de neutrones y de protones del núcleo del átomo, que provoca su inestabilidad y una liberación de la energía acumulada en forma de partículas u ondas. La radiactividad se debe a elementos que emiten radiaciones espontáneamente, como es el caso del uranio, el torio, el radón, etcétera.1

Los materiales radiactivos son elementos cuyos átomos son inestables. Estos átomos inestables son llamados iones. La inestabilidad del material provoca que los átomos emitan, o irradien energía. Hay tres formas de energía irradiada de los iones: partículas alfa, partículas beta y rayos gamma. Las tres formas de radiación pueden, bajo las circunstancias correctas, dañar las células humanas incluso en sus dosis más pequeñas2 .

Debido a esto se clasifica como Material Radiactivo a cualquier material que contiene uno o varios núclidos que emiten espontáneamente partículas o radiación electromagnética, o que se fisionan espontáneamente.3

Situación en México

70 por ciento de los materiales radiactivos tienen su función dentro del área médica y el resto, se origina en aplicaciones industriales y de investigación.4 Actualmente en México, todas las organizaciones que utilizan fuentes radiactivas, en cualquiera de sus aplicaciones, están reguladas por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), incluyendo al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) y cuentan con atribuciones para la exploración e investigación del uso de materiales radiactivos, así como de aspectos de reglamentación y vigilancia de sus usos.

Sin embargo, no se ha tratado lo suficiente el tema de la transportación de dichos materiales; es decir, la fase transitoria entre la producción, la utilización, el almacenamiento y la disposición final de los materiales.

Es un hecho al que se ha prestado gran atención y se han asignado considerables recursos al mejoramiento de la seguridad física de las instalaciones donde se maneja el material radiactivo, pero se han dedicado menos esfuerzos a la seguridad propia del transporte.

Argumentación

La Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear, regula la exploración, la explotación y el beneficio de minerales radiactivos, así como el aprovechamiento de los combustibles nucleares, los usos de la energía nuclear, la investigación de la ciencia y técnicas nucleares, la industria nuclear y todo lo relacionado con la misma.

Además de establecer que la seguridad es primordial en todas las actividades que involucran a la energía nuclear y el uso de materiales radiactivos y que deberá tomarse en cuenta desde la planeación, diseño, construcción y operación, hasta el cierre definitivo y desmantelamiento de las instalaciones nucleares y radiactivas, así como en las disposiciones y destino final de todos sus desechos; de igual forma hace mención a las diferentes vertientes de seguridad que deben tomarse en cuenta para un mejor manejo del material radiactivo:

La seguridad radiológica tiene por objeto proteger a los trabajadores, a la población y a sus bienes, y al ambiente en general, mediante la prevención y limitación de los efectos que pudieren resultar de la exposición a la radiación ionizante5 .

La seguridad física en las instalaciones nucleares o radiactivas tiene por objeto evitar actos intencionales que causen o puedan causar daños o alteraciones tanto a la salud o seguridad públicas, como el robo o empleo no autorizado de material nuclear o radiactivo.6

Asimismo, establece que las instalaciones nucleares y radiactivas deberán contar con sistemas de seguridad física, nuclear y radiológica que satisfagan los requisitos que al respecto se establezcan en otros ordenamientos y en las disposiciones reglamentarias de la misma ley.7

Con relación a lo anterior, se hace necesario pensar en las consecuencias radiológicas que pueden generarse debido al robo de materiales radiactivos, puesto que el traslado de estas sustancias tiene lugar en el dominio público y supone con frecuencia transbordos intermodales, en una fase potencialmente vulnerable a efectos catastróficos.

Hoy día se cuenta con la tecnología de Rastreo Satelital GPS (Sistema de Posicionamiento Global) que es un sistema que permite determinar en todo el planeta la posición de un objeto (una persona, un vehículo) con una precisión de hasta centímetros (si se utiliza GPS diferencial), aunque lo habitual son unos pocos metros de precisión, Los servicios de emergencia y socorro en casos de desastre dependen del GPS para la localización y coordinación horaria de misiones para salvar vidas8 .

El objetivo de este punto de acuerdo es proteger los materiales radiactivos durante su traslado, contra el robo de los vehículos utilizados para el transporte; combinando las medidas de seguridad existentes y las medidas de gestión establecidas con el uso de la tecnología de Sistema de Posicionamiento Global (localizador GPS) a fin de reducir al mínimo la probabilidad de robo o sabotaje de materiales radiactivos recuperando los materiales robados y mitigando las posibles consecuencias para población aledaña.

Se puede contribuir al logro de una eficiente seguridad física en el vehículo encargado del transporte tomando en consideración los horarios de traslado, los itinerarios, la seguridad de tránsito, la seguridad de la información y los procedimientos en particular, y desde el punto de vista operacional la instalación de localizadores GPS en los vehículos que transportan los materiales radiactivos.

Lo anterior se lograría con las adecuaciones correspondientes en el Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, con el fin de reducir al mínimo la probabilidad de robo de materiales radiactivos y mitigando las posibles consecuencias para la población.

En consecuencia, el propósito es que, se integre a los vehículos que transportan material radiactivo, un sistema de rastreo satelital GPS que permita vigilar el movimiento de los medios de transporte combinado con un sistema de comunicación y procedimientos existentes de respuesta, entre el operador y la autoridad competente con el fin de reaccionar oportunamente si se comete un acto doloso, por ejemplo, el robo de vehículos que transportan el material radiactivo. Lo cual sería viable al adaptar el artículo 34 del Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos.

Por todo lo antes expuesto se genera la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se envíe un respetuoso exhorto al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para desempeñar actividades con el propósito de reducir la probabilidad de robo de materiales radioactivos y mitigar las posibles consecuencias para la población, mediante la modificación de las disposiciones aplicables.

Segundo. Se exhorte al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes gire las instrucciones necesarias para integrar en los vehículos que transportan material radiactivo, un sistema de rastreo satelital GPS que permita vigilar el movimiento de los medios de transporte combinado con un sistema de comunicación y procedimientos existentes de respuesta, entre el operador y la autoridad competente con el fin de reaccionar oportunamente si se comete un acto doloso, por ejemplo, el robo de vehículos que transportan el material radiactivo.

Notas

1 Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Energía Nuclear y Radiación. Véase Secretaría de Energía.

2 Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Multimedia Interactivo. Véase Secretaría de Energía.

3 Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear

4 ININ Seguridad Radiológica y Desechos Radiactivos.

5 Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear. Capítulo IV. La Seguridad Nuclear, Radiológica y Física, y las Salvaguardias, artículo 21o. 2012.

6 Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear. Capítulo IV La Seguridad Nuclear, Radiológica y Física, y las Salvaguardias, artículo 22o. 2012.

7 Véase Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear.

8 Información oficial del Gobierno de los Estados Unidos relativa al Sistema de Posicionamiento Global y temas afines.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de noviembre de 2017.

Diputada María Guadalupe Oyervides Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sectur a ampliar en medios de comunicación nacionales e internacionales la campaña de difusión de Acapulco como el principal destino turístico del país, a cargo del diputado Ricardo Taja Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Ricardo Taja Ramírez, integrante de la LXIII Legislatura, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, numeral 1, fracción XX; 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El puerto de Acapulco se ha constituido tradicionalmente como el destino preferido de la mayoría de los habitantes de la Ciudad de México, por su cercanía geográfica y ser un destino turístico que tiene oferta turística para todos los sectores económicos y permite en periodos vacacionales ser un lugar para el descanso y el esparcimiento; situación que atrae además de connacionales de diferentes regiones del país, al turismo internacional que encuentra en Acapulco la calidez del clima y la de sus habitantes.

Como destino turístico Acapulco tiene un potencial enorme, con sus playas entre las que destacan El Revolcadero, Pie de la Cuesta, Barra Vieja, Puerto Marqués; lo es también en el aspecto cultural con el histórico Fuerte de San Diego, y la Zona tradicional con su Catedral o la Casa de los Vientos en la que se encuentra mural de Diego Rivera; los deportes extremos también encuentran espacio en este paradisiaco lugar como su nueva tirolesa la más grande sobre el mar, además de un sin número de lugares para la diversión y el esparcimiento.

Al municipio de Acapulco se le ha dividido tradicionalmente en tres a zonas a saber, en las que podemos encontrar un sin número de lugares que constituyen la oferta e infraestructura turística del lugar:

• Acapulco Tradicional es la parte antigua del puerto, en donde se halla el centro de la ciudad, los barrios históricos y el puerto; tuvo su desarrollo entre las décadas de 1930 y de 1960. En la zona se pueden encontrar algunos de los hoteles más antiguos del puerto, restaurantes con platillos típicos y gran parte de los atractivos turísticos de Acapulco sobre la Avenida Costera Miguel Alemán.

• Acapulco Dorado tuvo su desarrollo entre los años 1950 y los años 1970, y se encuentra a unos 25 minutos del Aeropuerto Internacional de Acapulco. Es la zona que presenta más afluencia turística en el puerto, recorre gran parte de la bahía de Acapulco, desde Icacos, pasando por la Costera Miguel Alemán, que es la principal vía de comunicación hasta el parque Papagayo. Cuenta con varios hoteles y disponibilidad en ellos.

• Acapulco Diamante , también conocida como Punta Diamante, es la parte más nueva y con mayor desarrollo e inversión del puerto, conformada por exclusivos hoteles y resorts de cadenas internacionales, complejos residenciales, condominios de lujo y villas privada, spas, restaurantes, zonas comerciales y un campo de golf. Todo lo anterior lo convierte en uno de los lugares más exclusivos del país. Inicia en la Carretera Escénica en Las Brisas, incluye Puerto Marqués y Punta Diamante y se extiende hasta la Playa de Barra Vieja. Está a 10 minutos del Aeropuerto Internacional de Acapulco.i

De acuerdo a información brindada por la Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado de Guerrero, la ocupación hotelera en el puerto de Acapulco, en un fin semana ordinario es de un 63.1 %; ii en la pasada temporada vacacional correspondiente al verano de 2017 la entidad tuvo una afluencia de 690,631 turistas, con una derrama económica de 2,762 millones de pesos, la ocupación hotelera en este periodo fue de una media de 66.5%; para un fin de semana largo se tuvo una afluencia turística de 183,570 personas, elevándose la ocupación hotelera a 84.6% con una derrama económica de 461 millones de pesos.

Como podemos apreciar, el puerto de Acapulco ofrece la infraestructura turística necesaria para satisfacer los diversos requerimientos del turismo nacional e internacional; por lo que se hace necesaria una mayor difusión de este destino turístico, mediante la coordinación efectiva de las Secretarias de Turismo Federal y local, a fin de que se haga una difusión estratégica en medios de

comunicación nacionales e internacionales en la que se incluyan ofertas de las agencias turísticas y hoteles del municipio, lo anterior con el propósito de impulsar la economía regional, en el entendido de que este municipio tiene como actividad primaria la prestación de servicios; en consecuencia, la mayor afluencia de visitantes fuera de los periodos vacacionales ordinarios conllevan a la generación de mayores fuentes de empleo, garantizando con ello el que cientos de guerrerenses sean beneficiados al tener de manera permanente un salario digno para la subsistencia diaria.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. - Se exhorta a la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal con el propósito de ampliar campaña de difusión en los medios de comunicación nacional e internacional, a fin de posicionar el puerto de Acapulco como el principal destino turístico del país.

Notas

i Consultado en
https://es.wikipedia.org/wiki/Acapulco_de_Ju%C3%A1rez. 12 de octubre de 2017.

ii Estadística correspondiente al fin de semana del 20 al 22 de octubre de 2017, Secretaria de Turismo del estado de Guerrero.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de noviembre de 2017.

Diputado Ricardo Taja Ramírez (rúbrica)