Gaceta Parlamentaria, año XX, número 4908-V, jueves 16 de noviembre de 2017
Con punto de acuerdo, relativo a la descomposición generalizada en materia de seguridad, violencia y gobernabilidad en Guanajuato, a cargo de la diputada María Bárbara Botello Santibáñez, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada federal María Bárbara Botello Santibáñez, integrante del Grupo Parlamentario del PRI a la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, así como el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo –de urgente u obvia resolución–, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Guanajuato, estado de la República conocido por su historia, su cultura y por ser cuna de grandes personajes que con sus aportes son referencia a nivel mundial, amén de la importancia económica que representa, de manera desafortunada se ha hecho acreedora de nuevas referencias que requieren una atención urgente.
Hoy en día pareciera ser el estado azotado por plagas peor que las apocalípticas, plagas que han mermado el ánimo de los guanajuatenses y que tienen su génesis en la corrupción, la ineficacia, el nepotismo y la impunidad para sancionar a funcionarios estatales, además del desbocado clima de violencia, homicidios e inseguridad como no se había visto antes.
Desde inicios de esta legislatura, quien suscribe, ha denunciado uno a uno los hechos que son producto de omisiones y malas prácticas en el funcionamiento del gobierno estatal de Guanajuato.
Funcionarios y ex funcionarios estatales que han cometido actos al margen de la ley, quienes irresponsablemente han sumergido a Guanajuato en un espacio geográfico donde minuto a minuto la aplicación de la ley se extingue para dar paso a la ley de la selva que hoy impera.
La corrupción denunciada por muchos y una servidora sobre la compra-venta de terrenos donados para la empresa Toyota en Apaseo el Grande; la corrupción en los procesos de licitaciones y adjudicación de contratos en medicamentos a sobreprecio, así como la aplicación de insulina y otros medicamentos inservibles a pacientes; los conflictos de interés y la falsificación de documentos federales por el secretario de turismo de la entidad para ejecutar recursos desde su propia fundación en complicidad con funcionarios de menor rango y que le mereció una irrisoria sanción administrativa de suspensión por tres días; el uso de los recursos públicos para promoción personalizada del ex secretario de Desarrollo Social y Humano por el que exigí su renuncia y horas después dimitió.
Asimismo, el fallido y poco transparente Programa Escudo en el que se han gastado millones de pesos y del cual se ríen los delincuentes porque no funciona; y los subejercicios en materia de seguridad que rebasan los 246 millones de pesos desde 2009 y que en este año están pendientes por ejercerse 116 millones de pesos.
No obstante con todo lo anterior, se ha sumado a la lista en la últimas semanas el registro de elevados niveles de dengue que en un mes ha convertido esta situación en un problema de salud pública, ocupando la entidad el segundo lugar a nivel nacional en el registro de más de mil casos de contagios ante la falta de acciones inmediatas por parte de la jefa del Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud estatal quien es sobrina del gobernador.
Tan larga es la lista de irregularidades como tan corta es la ética y la moral de muchos funcionarios estatales que a complacencia de un gobernador que no ve la alarmante y preocupante situación de descomposición generalizada, aun así se obstina en imponer a un fiscal general de la entidad que lleva nueve años como procurador y que muchos de sus mismos correligionarios en el estado le han cuestionado públicamente.
Para terminar la lista, en las recientes reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público del estado de Guanajuato del 14 de julio de este año, se dispuso que la designación que realice el Congreso del estado del titular de la fiscalía anticorrupción podrá ser objetada por el Ejecutivo estatal o removido libremente por el Procurador General de Justicia del estado. Con este grado de desfachatez se gobierna en la entidad.
En conclusión, hoy Guanajuato está teñido de rojo al ser el espacio geográfico de disputas, de homicidios dolosos que ya suman los 619 en lo que va del año, 16 por ciento más que el año anterior; el incremento en el robo a trenes y camiones de carga; el segundo lugar nacional en tomas ilegales de combustible con cerca de 3 mil; con todo esto, en Guanajuato no pasa nada, sólo importan los tiempos electorales para imponer al sucesor de quien encabeza el poder ejecutivo de la entidad.
Es por ello, que el presente punto de acuerdo hace un extrañamiento al gobierno del estado de Guanajuato por la alarmante y preocupante situación de descomposición generalizada en todos los ámbitos, principalmente en materia de seguridad y violencia que ha arrasado con la tranquilidad de los guanajuatenses.
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, hace un extrañamiento al gobierno del estado de Guanajuato por la alarmante y preocupante situación de descomposición generalizada en materia de seguridad, violencia y gobernabilidad que registra la entidad, a fin de que tome medidas urgentes, junto con los poderes legislativo y judicial del Estado.
Segundo. Asimismo, por el que se exhorta al gobierno del estado de Guanajuato, busque nuevos mecanismos de coordinación y prevención con los municipios de la entidad con el propósito de reducir los niveles de incidencia delictiva.
Tercero. Para que el titular del Poder Ejecutivo del estado de Guanajuato reconsidere la designación de forma automática como Fiscal General del estado al actual Procurador de Justicia de la entidad.
Cuarto. Finalmente, por el que se exhorta a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del estado de Guanajuato para que reconsidere la suspensión por tres días al secretario de Turismo de Guanajuato y determine una mayor sanción de responsabilidad administrativa.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 16 de noviembre de 2017.
Diputada María Bárbara Botello Santibáñez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a ampliar y mejorar en el país los tratamientos y las terapias de los niños con discapacidad, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, Kathia María Bolio Pinelo, diputada federal de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracciones I y IV; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La salud es una de las primeras condiciones, si no es que la primera, que debe asegurar el gobierno a la población: sin salud lo demás pasa a segundo plano. Y en esta ocasión hablo de la salud en un sentido amplio y no sólo a la física, sino al entorno que incluye la calidad de vida y el bienestar social, mismos que son determinados por factores ambientales físicos; químicos, biológicos, sociales y psicosociales.
En aquellas familias donde un menor de edad tiene una discapacidad, cualquiera que esta sea, el problema se agrava en cuanto al entorno y toda la familia padece de los efectos de dicha discapacidad; es decir, no sólo la persona con discapacidad sufre, sino que también lo hacen sus padres y hermanos por diversos motivos.
Es muy triste percatarse que hay muchas personas que podrían tener una mejor calidad de vida si fueran atendidos como debería ser; hay tanto dolor evitable en nuestro pueblo, que no podemos dejar de señalarlo y pedir que se actúe para solucionarlo.
Se ha estimado que alrededor de 1.5 millones de familias en México se empobrecen anualmente a consecuencia de los gastos en que incurren para pagar servicios de salud. A estas estadísticas falta sumarle las terapias que pagan quienes tienen un familiar con el espectro autista, trisomía o alguna otra discapacidad. Dichas terapias son caras e inalcanzables para muchos mexicanos, y con ellas quienes padecen de alguna discapacidad pueden mejorar sustancialmente su calidad de vida. Existe por ejemplo la equinoterapia, existía la delfinoterapia (hasta que una reciente reforma provocará que en un par de años no exista más), la rehabilitación física, los ejercicios de psicomotricidad fina y gruesa por supuesto, las sesiones con una psicóloga y con una psicopedagoga que ayudan a que la calidad de vida aumente en quienes son tratados por profesionales.
La prevalencia de la discapacidad en México en 2014 fue de 6 por ciento, según los datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2014. Esto significa que 7.1 millones de habitantes del país no pueden o tienen mucha dificultad para hacer alguna de las ocho actividades evaluadas: caminar, subir o bajar usando sus piernas; ver; mover o usar sus brazos o manos; aprender, recordar o concentrarse; escuchar; bañarse, vestirse o comer; hablar o comunicarse; y problemas emocionales o mentales..1
De manera coincidente, de acuerdo al Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares del INEGI 2014, se estima que, en 2014, el 6.4 por ciento de la población del país (7.65 millones de personas) reportaron tener al menos una discapacidad.
En materia de pobreza, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) reportó que el 54.1 por ciento de las personas con discapacidad se encontraban en condición de pobreza en 2014, cifra superior a la tasa de prevalencia de la pobreza a nivel nacional (46.2 por ciento). Cabe mencionar, que la tasa de pobreza extrema entre las personas con discapacidad fue de 12.7 por ciento, mientras que, en todo el país, ésta fue de 9.6 por ciento.2
Por otra parte, según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2014 indica que del total de población infantil (0 a 17 años), 1.9 por ciento tiene algún tipo de discapacidad. De ellos, 56 por ciento son niños y 44 por ciento niñas. Del total de niñas, niños y adolescentes, 4.8 por ciento tiene alguna limitación (53.1 por ciento son niños y 46.9 por ciento niñas). El tema del acceso a los servicios de salud para estos grupos de población cobra especial importancia ya que existe una demanda específica de atención relacionada con la discapacidad o limitación que presentan.3
Esto es, la atención a la salud de las niñas y los niños con alguna discapacidad es a través de programas o acciones con características específicas, procedimientos de tratamientos y terapias apropiados al tipo de discapacidad o limitación del menor de edad.
Quienes somos padres de un niño o una niña con discapacidad, podemos dar testimonio de lo mucho que les ayuda asistir de manera constante a terapias; yo recuerdo cuánto le sirvió a mi hija la equinoterapia para controlar sus movimientos involuntarios, cómo le ayudaba a relajarse y comunicarse con los demás la delfinoterapia y finalmente, lo importante que han sido sus múltiples sesiones con especialistas que le ayudan a ser más funcional y a nosotros a saber cómo tratarla y ayudarle.
Es mi voz el canal de muchos otros padres de familia que le piden a gritos al gobierno los ayude a poder acceder a los tratamientos y terapias que necesitan sus hijos. Habrá quien diga que el gasto sería muy elevado o que no se sabe con certeza cuántas personas serían las demandantes de este servicio, yo quisiera decir que esos recursos serían de las mejores inversiones que el gobierno puede hacer y pueden transferirse de otras áreas que consideramos no ten prioritarias; y que además, con una correcta planeación y una adecuada implementación, siempre de la mano de la transparencia y la rendición de cuentas, generaría un programa federal de alto impacto y una multiplicidad de beneficios que se pueden ejecutar aprovechando la infraestructura del sistema DIF Nacional y/o a través de la secretaría de educación y salud.
Por lo anteriormente expuesto propongo el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal, al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) a coordinar y eficientar las acciones que tengan por objeto ampliar y mejorar los tratamientos y terapias requeridas por las niñas y niños con discapacidad en nuestro país, de modo que no quede ninguno de estos menores sin recibir eficazmente la atención necesaria por parte de tales instituciones públicas.
Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ambas del Gobierno Federal, a elaborar un diagnóstico sobre el destino de los recursos del sector salud que permita reorientar, a costos compensados, una mayor cantidad de recursos que hagan posible ampliar y mejorar los tratamientos y terapias requeridas por las niñas y niños con discapacidad en nuestro país.
Notas
1 http://conadis.gob.mx/gob.mx/transparencia/transparencia_focalizada/La_ Discapacidad_en_Mexico_datos_2014.pdf
2 Secretaría de Desarrollo Social. Diagnóstico sobre la situación de las personas con discapacidad en México. Mayo 2016, p. 14
3 Inegi. Estadísticas a Propósito del Día del Niño (30 de abril). 27 de abril de 2017, Aguascalientes, Ags, p. 5
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de noviembre de 2017.
Diputada Kathia María Bolio Pinelo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad a reforzar la vigilancia en las carreteras federales de Puebla, principalmente las que atraviesan el “Triángulo Rojo”, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD
El suscrito, diputado Sergio López Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente propuesta con punto de acuerdo con base en las siguientes:
Consideraciones
De acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las carreteras federales que conectan a Puebla con Orizaba y con Perote se han tornado peligrosas en los tramos que atraviesan por los municipios del llamado Triángulo Rojo , incrementando la inseguridad en un 332 por ciento.
Los municipios que integran el Triángulo Rojo , Acajete, Amozoc, Acatzingo, Tepeaca, Quecholac, Tecamachalco, Esperanza, Tecali de Herrera, San Salvador el Seco, Huixcolotla, Palmar de Bravo, Los Reyes Juárez, Cañada Morenos y San Martín Texmelucan, registraron 83 robos durante 2016.
Mientras que para el primer cuatrimestre del 2017, los robos en las carreteras de estos municipios, las cuales van principalmente a Veracruz, se presentaron 268 atracos, es decir hubo un incremento del 322 por ciento.
Las principales víctimas de las bandas de delincuencia que roban en las vías de comunicación son los transportes de carga y las camionetas Pick-up.
El caso que más ha llamado la atención es el de la familia Vázquez, asaltada en la autopista México- Puebla a un kilómetro de la caseta de San Martín Texmelucan el pasado 2 de mayo, cuando una banda de delincuentes la interceptó y para robarles la camioneta en la que viajaban, los ladrones mataron a un bebé de 2 años y violaron a una mujer y a una niña de 14 años.
Desde el enfrentamiento entre militares y huachicoleros la noche del pasado 3 de mayo en Palmarito Tochapan, en el que 10 personas murieron: 4 militares, 6 civiles entre ellos una mujer de 47 años, y un menor de 17, los operativos en las carreteras del Triángulo Rojo han incrementado.
Incluso el Ejército ha montado varios retenes en las vías de comunicación. Por ejemplo, en la carretera de Tecali que va a Tehuacán, en la federal a Tehuacán que pasa por Tepeaca y Tecamachalco, entre otras, y la federal a Orizaba y en la de Perote.
Con base en las cifras de asaltos de los que tiene registro el Sistema Nacional de Seguridad Pública, los tramos carreteros más peligrosas son las de Amozoc y Esperanza. Cabe mencionar, que por estos dos municipios pasa la carretera federal a Orizaba.
En el primer cuatrimestre de 2017, Amozoc registró 48 asaltos en sus carreteras y en el mismo periodo pero de 2016 la incidencia fue de 11 asaltos. Mientras que Esperanza registró 76 robos en sus vías de comunicación durante el primer cuatrimestre del 2017 y en el mismo lapso pero de 2016 alcanzó 9.
Palmar de Bravo alcanzó una cifra de 25 asaltos en carretera entre enero y abril del 2017, mientras que en el mismo periodo del 2016 fueron 14. San Martín tuvo 28 asaltos en sus carretas en el mismo lapso y en 2016 registró sólo 3. Quecholac tuvo 17 robos de enero a abril de este año y en el 2016 registró 11.
Tecamachalco registró en el primer cuatrimestre de 2017, 7 robos y en el mismo periodo pero de 2016 tuvo 3 asaltos. Mientras que en Tepeaca hubo 11 robos en sus carreteras de enero a abril de este año y en el mismo lapso del año pasado fue de 9 asaltos.
En Acatzingo la incidencia de enero a abril de 2017 fue de 20, en tanto que en 2016 durante el mismo periodo fue de 11 robos en sus carreteras. En San Salvador El Seco fue de 15 robos en sus carreteras durante el primer cuatrimestre del 2017, y de enero a abril pero de 2016 fue de 5.
Las carreteras que son estratégicas para el transporte y comercio de mercancías de diferentes municipios de Oaxaca, Veracruz y Chiapas ahora son víctimas de la delincuencia, en una zona donde pareciera que no hay ley ni Estado que la haga valer. Y es que la inseguridad se ha apropiado de la autopista Puebla-Veracruz, la carretera federal a Tehuacán, la carretera que va a Tepeaca y Tehuacán por Tecali, la carretera federal a Perote, la vía corta a Xalapa, así como la autopista Cuacnopalan-Oaxaca, todas ellas pasan por municipios del Triángulo Rojo.
Por otro lado, también se han incrementado los asaltos a familias que viajan en automóviles particulares, quienes han reportado robos de sus vehículos con lujo de violencia.
Los municipios que conforman la zona del Triángulo Rojo cerraron el primer trimestre de 2017 con 50 denuncias por robo en sus carreteras, lo que significó un incremento del 100 por ciento en comparación al mismo periodo de 2016, reveló el más reciente reporte del Sistema Nacional Seguridad Pública (SNSP).
Según el informe, en los primeros tres meses del año, Palmar de Bravo encabezó la incidencia de este delito con 20 casos, lo que a su vez representó un aumento de casi el 82 por ciento respecto al mismo periodo de 2016; asimismo, marzo fue el más activo de los últimos tres meses en este ilícito.
En dicha demarcación, 20 de los casos registrados fueron asaltos con violencia a vehículos pesados; además, los 10 robos de marzo constituyeron el registro más alto de los últimos 15 meses.
Quecholac presentó un crecimiento de siete casos durante marzo cuando en meses previos hubo tres denuncias, lo que significó un aumento de casi el 57 por ciento respecto al mismo periodo de 2016. En este municipio, los vehículos de carga fueron los más afectados, con 11 robos con violencia en el reciente trimestre.
Tepeaca fue el tercer municipio del Triángulo Rojo con más atracos en carreteras, con ocho denuncias en el primer trimestre, el doble de lo registrado en el mismo periodo de 2016.
El presidente de la Cámara Nacional de la Transformación (Canacintra) en Puebla, Horacio Peredo Elguero, señaló en entrevista que en los primeros tres meses de 2017 fueron asaltados 10 camiones de carga pesada al mes en Esperanza, municipio colindante con la zona del Triángulo Rojo y con los estados de México y Veracruz.
Detalló que, en promedio, cada 15 días recibe el reporte de cinco unidades robadas, lo que se tradujo en pérdidas de hasta 140 toneladas; sobre todo, en transporte de varilla de construcción, pañales, textiles e incluso robo de autopartes.
Peredo Elguero detalló que la mayoría de los robos son con violencia y gran parte de ellos se concentraron en Veracruz, con el fin de entorpecer las investigaciones al obligar a interponer denuncias en Puebla, cuando el delito se cometió en otro estado.
Por último, Peredo explicó que se pidió el apoyo de la Policía Federal para disminuir dichas agresiones en carreteras, pero sólo se cuenta con 76 elementos para dar cobertura a todas las vialidades en la entidad, situación que entiende.
Por último, también cabe apuntar que la alta incidencia en el robo de vehículos en el llamado Triángulo Rojo , particularmente de camionetas, camiones y tráileres, ha resultado de un aumento de hasta 200 por ciento en lo que va del año en los seguros para dichos vehículos, de acuerdo con la Asociación de Transportistas del Altiplano ATA y la Cámara Nacional de Comercio en Puebla (Canaco).
Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad a fin de que refuerce la vigilancia en todas las carreteras del estado de Puebla, principalmente en aquellos municipios que integran el llamado triángulo rojo, para que las carreteras y caminos ya no sean un área de acción para las organizaciones criminales.
Segundo. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Puebla para que, en el ámbito de su competencia, refuerce los operativos de auxilio, seguridad, inspección y vigilancia en caminos y carreteras de la entidad, principalmente en aquellas que cruzan por municipios que integran el llamado Triangulo Rojo.
Fuentes
1. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. www.secretariadoejecutivo.gob.mx
2. Sistema Nacional de Seguridad Pública.
http://www.cns.gob.mx/portalWebApp/wlp.c?__c=7d1
3. Indicadores de incidencia delictiva. http://www.cns.gob.mx/portalWebApp/wlp.c?__c=7d1
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 16 de noviembre de 2017.
Diputado Sergio López Sánchez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía General y el gobernador de Puebla a hacer públicas las investigaciones sobre los 366 presos políticos, a cargo del diputado Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario de Morena
El suscrito, Alejandro Armenta Mier, diputado de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
Consideraciones
Durante el gobierno de Rafael Moreno Valle, como nunca antes en Puebla, se vivió un grado de represión altísimo; lo cual multiplicó la cifra de presos y perseguidos políticos en el Estado; conforme avanzó el sexenio fuimos testigos de que las instituciones de impartición de justicia fueron utilizadas para silenciar a los opositores al régimen morenovallista.
Diversas organizaciones se han pronunciado públicamente en contra de esta práctica común en los recientes gobiernos panistas en Puebla, y señalan que la cifra ha llegado hasta 360 presos y perseguidos políticos.
El caso del líder de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre, Rubén Sarabia Reyna, mejor conocido como Simitrio , encarcelado junto con sus hijos Atl Rubén y Xihuel, además en junio del presente año su hija Meztli fue asesinada en las oficinas de la UPVA 28 de Octubre, Simitrio y su organización se manifestaron abiertamente contra las decisiones del ex gobernador poblano.
Otros casos relevantes son los de Israel Pacheco, ex líder del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Puebla, Francisco Castillo Montemayor extitular de la Secretaría de Medio Ambiente, Jairo Javier Montes Bautista, expresidente auxiliar de San Bernardino Chalchichuapan, debido al conflicto ocasionado por la represión de una manifestación en cuanto a la decisión del gobierno del estado de quitarle facultades a las presidencias municipales auxiliares, en donde un menor falleció por el uso de balas de goma para “contener” a los manifestantes; Juventino Tlahuel detenido en el operativo para decomisar mototaxis; Juana Macuitl Cóyotl y su hija, Ángela Macuitl, quienes por haber demandado que la Red Urbana de Transporte Articulado permitiera el pago con monedas y no sólo con tarjeta, fueron juzgadas por el delito inventado de portación de armas.
También los casos de Adán Xicale Huitlé y su hijo de 24 años, Paul Xicale Coyópol, a quienes se les encarceló por defender la zona arqueológica de Cholula del proyecto urbanizador Parque de las Siete Culturas; Enedina Rosas Vélez, de 60 años de edad, se volvió un emblema de la lucha de los opositores en contra de la construcción del gasoducto Morelos, obra en la que no se consultó a los pobladores.
Además de la incansable persecución hacía enemigos políticos a quienes se les ha intentado amedrentar de diversas maneras, ya sea mediante sospechosos asaltos a sus oficinas, acusaciones mediáticas sobre supuestos hechos de corrupción o bien, como el caso de Eduardo Rivera con el condicionamiento de aprobación de las cuentas públicas.
Es por eso que se considera de vital importancia dar atención a las demandas de la sociedad al respecto; ya que lejos de mejorar la situación con el cambio de gobierno, se ha demostrado que el gobierno actual es sólo una extensión del anterior, que mantiene las prácticas represivas con el único objetivo de proteger al exgobernador.
Por lo anteriormente expuesto, en términos de los preceptos legales invocados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Fiscalía General del Estado de Puebla así como al gobernador del estado de Puebla a hacer pública la información referente a las investigaciones de la totalidad de los casos de opositores y activistas que se manifestaron en contra de las decisiones y proyectos del gobierno de Rafael Moreno Valle, durante el sexenio pasado.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de noviembre de 2017.
Diputado Alejandro Armenta Mier (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa, la SEP y la Sedesol a promover en el ámbito de sus atribuciones y competencias una estrategia conjunta para prevenir, tratar, controlar y combatir la obesidad infantil en México, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Quien suscribe, Mirna Isabel Saldívar Paz, diputada integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 2, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En las últimas décadas, México ha ido sufriendo una transformación en sus hábitos alimenticios y, al día de hoy, atraviesa una transición caracterizada por el aumento inusitado de sobrepeso y obesidad, que afecta a la población de las zonas urbanas y rurales, y a todas las edades y diferentes regiones de nuestro país. El aumento en la prevalencia de obesidad en México se encuentra entre los más rápidos, documentados en el plano mundial.i
La otra cara de los problemas de nutrición lo conforma la obesidad infantil, que ha ido creciendo de forma alarmante en los últimos años. Actualmente, México lamentablemente ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil, y el segundo en obesidad en adultos, precedido sólo por los Estados Unidos. Dicho problema está presente no sólo en la infancia y la adolescencia, sino también muy preocupantemente en la población en edad preescolar.ii
De acuerdo con datos del ENSANUT (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición), uno de cada tres adolescentes de entre 12 y 17 años presenta sobrepeso u obesidad. Para los escolares, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad ascendió un promedio del 26 por ciento para ambos sexos, lo cual representa más de 4.1 millones de estudiantes viviendo con este problema.iii
Actualmente, la diabetes es el mayor problema al que se enfrenta el sistema nacional de salud: es la principal causa de muerte en adultos, la primera causa de demanda de atención médica y la enfermedad que consume el mayor porcentaje de gastos en las instituciones públicas. No obstante, la experiencia demuestra que una correcta alimentación previene los problemas de sobrepeso y obesidad y, por ende, esto se traduce en una mejor calidad de vida de la población.iv
En particular, en el estado de Nuevo León, al cual tengo el privilegio de representar, de acuerdo con datos del Colegio Médico de Nutrición Clínica y Obesidad del Noreste, se trata de un estado con los más altos índices de obesidad infantil a nivel nacional, por lo que es urgente unir esfuerzos para combatir esta enfermedad. De forma consternante observamos los siguientes datos: “En niños de 5 a 11 años tenemos que 3 de cada 10 tienen sobrepeso u obesidad, mientras que en adolescentes de 12 a 18 años son cuatro de cada 10, y en estados del noreste se registraron cifras alarmantemente más elevadas”.v
Detrás del aumento continuo de la obesidad opera como un factor fundamental el tipo de ingesta alimentaria: el aumento en el consumo de comida “basura”, desbordante en azúcares, sales y grasas ultrasaturadas, carente de nutrientes, altamente procesada y llena de químicos y calorías.vi
Así, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en los países emergentes 30 por ciento de los niños de preescolar presentan sobrepeso y obesidad, y los niños latinoamericanos presentan alta tasas de obesidad temprana que interferirán toda su vida adulta.vii
Sin embargo, la obesidad puede reducirse con alimentos realmente nutritivos, evitando el sedentarismo y siguiendo otras recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Es urgente que todos los sectores de la sociedad tomen el problema en sus manos.viii
Es importante destacar que la ENSANUT revela que el 9.7 por ciento de las niñas y niños menores de cinco años viven ya con problemas de sobrepeso u obesidad.ix
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la principal causa de lo anterior son los malos hábitos en la alimentación, que generan una prevalencia de sobrepeso de un 70 por ciento en la edad adulta. A largo plazo, la obesidad es un importante factor de riesgo de enfermedades no transmisibles, como las siguientes:x
* Enfermedades cardiovasculares (principalmente las cardiopatías y los accidentes cerebrovasculares), que fueron la principal causa de muertes en 2012;
* Diabetes;
* Trastornos del aparato locomotor (en especial la osteoartritis, una enfermedad degenerativa de las articulaciones muy discapacitante), y
* Algunos tipos de cáncer (endometrio, mama, ovarios, próstata, hígado, vesícula biliar, riñones y colon).
La obesidad infantil se asocia con una mayor probabilidad de obesidad, muerte prematura y discapacidad en la edad adulta. Sin embargo, además de estos mayores riesgos futuros, los niños con obesidad sufren dificultades respiratorias, un mayor riesgo de fracturas e hipertensión, y presentan señales tempranas de enfermedades cardiovasculares, resistencia a la insulina y efectos psicológicos.xi
Como se mencionó anteriormente, la obesidad compromete seriamente la salud, al ser un factor fundamental de diabetes, dolencias cardiovasculares, síndrome metabólico, cáncer y muchas otras enfermedades, y reduce la esperanza de vida de quienes la padecen: 2.8 millones de personas mueren cada año por obesidad o sobrepeso.xii
México es uno de los países en donde se vive lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) llama “la doble carga de la enfermedad” respecto de la obesidad y el sobrepeso; esto significa que por un lado se enfrentan retos enormes relativos a la desnutrición, es decir a la deficiencia en la ingesta de vitaminas, minerales y proteínas, pero por el otro dilemas mayores derivados de lo que ya se considera una verdadera epidemia de sobrepeso y obesidad.xiii
En conclusión, con los datos duros antes citados, y reconociendo los esfuerzos que hasta hoy se están haciendo para combatir esta problemática social, en mi calidad de representante social y preocupada por este problema de salud que aqueja a los niños de mi estado y de mi país, es que formulo este exhorto de manera respetuosa para que se revise y refuercen las acciones emprendidas en atención y solución del sobrepeso y obesidad infantil.
Segura estoy que todos, desde el espacio o actividad pública que desempeñemos, asumiremos el compromiso en favor de nuestra niñez. En Nueva Alianza asumimos este compromiso porque entendemos que los cambios nocivos en la alimentación están derivando en grandes consecuencias en la salud de nuestras niñas y niños, muchos de ellos de forma prevenible.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un exhorto de manera respetuosa a los titulares de las Secretarías de Salud, de Educación Pública y de Desarrollo Social a que, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, de manera coordinada, promuevan una estrategia conjunta para prevenir, tratar, controlar y combatir la obesidad infantil en México, así como promover y proteger el derecho a la salud mediante campañas encaminadas a prevenir y controlar la epidemia de obesidad infantil.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un exhorto de manera respetuosa a los titulares de las Secretarías de Salud, de Educación Pública y de Desarrollo Social a que, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, de manera coordinada, den seguimiento e identifiquen oportunamente el estado de salud y nutrición de la población infantil y refuercen las acciones a fin de combatir el problema de obesidad infantil, así como procurar el acceso a la alimentación de calidad.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un exhorto de manera respetuosa a los titulares de las secretarías de Salud, de Educación Pública y de Desarrollo Social a que, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, de manera coordinada, refuercen las campañas de promoción y protección del derecho a la salud encaminadas a prevenir y controlar la problemática de la obesidad infantil, sin estimarse que los mismos representen un impacto presupuestario.
Notas
i Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Resultados Nacionales. Secretaría de Salud, México, 2012. Pág. 184.
ii Unicef, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Salud y nutrición, El doble reto de la malnutrición y la obesidad, México, 2017, última consulta en
https://www.unicef.org/mexico/spanish/17047.htm
iii Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Resultados Nacionales. Secretaría de Salud, México, 2012. Pág. 184.
iv Unicef, Salud y nutrición, El doble reto de la malnutrición y la obesidad, México, 2017, última consulta en
https://www.unicef.org/mexico/spanish/17047.htm
v Juan Antonio Lara, “Urgen programas para frenar sobrepeso y obesidad, Padecimientos generan pérdidas por más de 400 millones de horas laborales en México”, 30.06.2017, consulta en
http://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/urgen-programas -para-frenar-sobrepeso-y-obesidad.html
vi Bernardo Kliksberg, “Obesidad infantil: epidemia inicua”, miércoles, 28 Junio 2017 13:48, Revista México Social, SA de CV, Ciudad de México,
http://mexicosocial.org/index.php/2017-05-22-14-12-20/item/1424-obesidad-infantil-epidemia-inicua
vii Estudios Económicos de la OCDE, Resumen ejecutivo, Comité de Análisis Económico y del Desarrollo, México, Enero 2017, Visión General, OCDE 2017,
https://www.oecd.org/eco/surveys/mexico-2017-OECD-Estudi os-economicos-de-la-ocde-vision-general.pdf
viii Mario Luis Fuentes, “El mal del siglo: obesidad”, Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, Revista México Social, S.A. de C.V, CEIDAS, Martes, 23 Julio 2013 01:00,
http://mexicosocial.org/index.php/component/k2/item/
310-el-mal-del-siglo-obesidad?Itemid=171&highlight=WyJvYmVzaWRhZCJd
ix Mario Luis Fuentes, “El mal del siglo: obesidad”, Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, Revista México Social, SA de CV, CEIDAS, Martes, 23 Julio 2013 01:00,
http://mexicosocial.org/index.php/component/k2/item/
310-el-mal-del-siglo-obesidad?Itemid=171&highlight=WyJvYmVzaWRhZCJd
x Organización Mundial de la Salud (OMS), Obesidad y sobrepeso, nota descriptiva, Centro de prensa, WHO Media centre, Octubre de 2017, en
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/
xi Organización Mundial de la Salud (OMS), Obesidad y sobrepeso, Nota descriptiva, Centro de prensa, WHO Media centre, Octubre de 2017, en
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/es/
xii Bernardo Kliksberg, “Obesidad infantil: epidemia inicua”, miércoles, 28 Junio 2017 13:48, Revista México Social, SA de CV, Ciudad de México,
http://mexicosocial.org/index.php/2017-05-22-14-12-20/it em/1424-obesidad-infantil-epidemia-inicua
xiii Mario Luis Fuentes, “El mal del siglo: obesidad”, Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, Revista México Social, SA de CV, CEIDAS, Martes, 23 Julio 2013 01:00,
http://mexicosocial.org/index.php/component/k2/item/
310-el-mal-del-siglo-obesidad?Itemid=171&highlight=WyJvYmVzaWRhZCJd
Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 16 días del mes de noviembre de 2017.
Diputada Mirna Isabel Saldívar Paz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, la SHCP y la SE a emitir e impulsar un decreto y programa para regularizar vehículos extranjeros internados ilegalmente en el país, a cargo de la diputada Cynthia Gissel García Soberanes, del Grupo Parlamentario del PES
La que suscribe, Cynthia Gissel García Soberanes, diputada federal, miembro del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social (PES) a la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concatenado a los diversos 6, fracción I, y 79 párrafo primero fracción II, al igual que el segundo párrafo de dicho numeral, ambos de Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal y a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Economía, a emitir e impulsar Decreto y Programa de Regularización de Vehículos Extranjeros internados ilegalmente en el país; con base en las siguientes
Consideraciones
Desde sus comienzos, la industria automotriz junto con el sector de autopartes, ha jugado un papel importante en la economía internacional; a grado tal, que algunos economistas la refieren como la sexta economía de categoría mundial.
Derivado de su importancia y trascendencia, varios países (incluido México) han celebrado tratados internacionales que han permitido y favorecido el desarrollo del comercio y la industria automotriz.
Muestra de ello, fue la celebración del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), dirigido a atender el mercado interno para la industria automotriz de México, Estados Unidos y Canadá; en esta norma de jerarquía superior se establecieron reglas de carácter general para la importación de vehículos usados, cuyo origen fueran los países miembros.
Ante la legalización de la importación definitiva de los autos usados provenientes de Estados Unidos y Canadá, se ha causado un revuelo entre agrupaciones relevantes relacionadas con la industria automotriz de México y la administración pública federal, que ha generado diversas modificaciones al marco normativo sobre esta materia, a través de la promulgación de varios decretos que no han hecho más que generar una constante incertidumbre tanto para los inversionistas como para los consumidores.
Desde el 1 de julio de 2011, fecha en que se publica por primera vez el decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados, y sus decretos posteriores , se estableció la regulación únicamente para aquellos vehículos usados que hubieren sido fabricados o ensamblados en México, Estados Unidos de América o Canadá, cuyo año modelo sea de cinco a nueve años anteriores al año en que sea realizada la importación.
De un análisis riguroso y serio podemos concluir, que las circunstancias económicas durante los últimos años no han sido propicias, ya que la frontera norte ha venido perdiendo competitividad, y el poder adquisitivo al igual que el ingreso per cápita ha disminuido; tal como lo dicen las estadísticas publicadas por el Inegi.
Ello, ha propiciado que las personas de escasos recursos, cuyo ingreso no supera los cuatro salarios mínimos, se vean obligados a comprar vehículos en el extranjero con un precio más bajo que en los Estados Fronterizos e introducirlos de forma indebida a nuestro país.
Incluso, a que muchos de ellos acudan a tramitar juicios de amparo, mediante los cuales les permitan circular sin importar el tipo de automóvil ni sus condiciones, sin contar con seguro por daños a terceros, sin cubrir impuestos, sin portar placas de circulación y sin pasar por los centros de verificación y control de emisiones al ambiente.
Además, han nacido una serie de supuestas asociaciones en defensa de los derechos de los usuarios de esos vehículos, que solo engañan a la gente y disminuyen su patrimonio.
Es decir, hoy día transitan por la zona fronteriza, infinidad de vehículos de motor de procedencia ilegal, amparados en las “placas”, “credenciales” y “hologramas” que les proporcionan dichas agrupaciones; en pésimas condiciones mecánicas, que emiten emisiones negativas a la atmosfera, que ponen en peligro a todos los ciudadanos y ocasionan problemas de seguridad pública y saneamiento, amén de que no han cubierto los derechos e impuestos correspondientes.
Por otra parte, encontramos gente de escasos recursos, que quieren traer su automóvil debidamente registrado y reuniendo todos los requisitos de ley, pero que no cuentan con dinero suficiente para ello.
En resumen, el decreto actual no protege a los más necesitados, a los grupos vulnerables de la sociedad, que aparte de obtener un ingreso exiguo, tienen que cubrir un transporte caro y pésimo para trasladarse dentro de las ciudades existentes en la frontera norte.
Es de reconocerse, que se carece de políticas públicas que permitan alcanzar un esquema de movilidad urbana realmente sustentable, por lo que, mientras no se desarrollen opciones de transporte público y no motorizado, el control de la oferta de vehículos usados seguirá siendo limitado.
Resulta conveniente hacer notar, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1 claramente ordena que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la misma y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
En consecuencia, un derecho humano reconocido e inalienable al ser humano lo es, el derecho a la propiedad; por lo que no podemos limitar el derecho de importación definitiva a ese sector de la población.
Así las cosas, lo mínimo que como Estado Mexicano podemos hacer, es facilitar el acceso a bienes muebles que hoy en día se han convertido en sumamente necesarios, como lo es el tener un vehículo automotor.
Por otra parte, el TLCAN que entró en vigor el primero de enero de 1994, prevé en los anexos 300-A, apéndice 300-A.2, párrafo veinticuatro; que a partir del primero de enero de 2009 y gradualmente hasta el año 2019, no se puede prohibir ni restringir a la importación de vehículos originarios usados, provenientes de Estados Unidos de Norteamérica o Canadá, en función del año modelo de antigüedad de los automóviles.
Así las cosas, el TLCAN permite la importación libre de aranceles de vehículos usados entre los países parte del mismo, siempre y cuando se certifique que tales automotores son de “origen regional”.
Por lo tanto, la problemática se circunscribe a la acreditación de tal circunstancia, que conforme al Decreto en comento y posteriores, sólo es posible mediante “certificado de origen”; lo cual se traduce en una traba contraria al propio tratado.
El numeral 501 del capítulo V del Instrumento Legal signado por México no establece ni por error, la hipótesis prevista en el diverso 3 del Decreto en mención y posteriores, por lo que es evidente que, al excederse en requisitos, contraviene lo ordenado por el artículo 133 de nuestra Carta Magna y, en consecuencia, al TLCAN.
En ese orden de ideas, debe considerarse, que para tener conocimiento respecto de si el bien califica como “originario”, basta, con el número de identificación vehicular, compuesto por diversos dígitos que se encuentran adheridos al vehículo y que son únicos, de los que se desprende el lugar de origen, año de fabricación, marca, modelo, entre otros, y que la autoridad hacendaria (ahora exhortada) siempre ha aceptado como válido y legal; ya que así lo estipula el capítulo 3.5 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2014 y sus anexos 10 y 21, publicados el 29 de agosto de 2014 en el Diario Oficial de la Federación.
Igualmente, actualmente se le carga un gasto extraordinario a todo aquel que compra un vehículo en los Estados Unidos de Norteamérica, ya que para avalar que se ha dado cumplimiento a la normatividad ambiental, se exige un certificado que es emitido por la autoridad competente de aquel país, el cual tarda alrededor de quince días; por lo que estas personas se ven obligadas a internarlo en un “estacionamiento”, el cual asciende a un costo mínimo diario de 25.00 dólares. (Veinticinco dólares, moneda de curso legal en los Estados Unidos de América).
Ante tal situación, deriva inexcusablemente lo siguiente:
Único. Es de imperiosa necesidad, el otorgar un marco de seguridad jurídica a los propietarios de autos usados, quienes, en ejercicio de sus derechos previstos en el TLCAN, han optado por adquirir un vehículo de esas características e internarlos ilegalmente al p aís; por lo que urge decreto de regularización de vehículos regionales que se encuentren internados ilegalmente en los estados fronterizos.
Por ello, deben evitarse regulaciones y restricciones arancelarias o no arancelarias respecto de la importación de autos usados, que puedan ser contrarias o impliquen mayores requisitos a los establecidos en el TLCAN, tal y como lo ordena el artículo 59 segundo párrafo de la propia Ley Aduanera (las que actualmente son impuestas por las autoridades exhortadas).
Lo que encuentra sustento en el diverso 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que ordena:
Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.
Actualmente, la lista de precios que resulta imposible de cubrir por parte de las personas que reciben hasta cuatro salarios diarios, y que además es contraria a la Constitución y al TLCAN, se encuentra agregada en el Anexo 2 de la “resolución que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicada el 28 de febrero de 1994 y sus posteriores modificaciones”; la cual no nos dice cómo es que se determinó cada uno de los precios.
En corolario, se propone que el decreto de regularización considere los siguientes puntos:
1. Para la importación libre de aranceles, se certifique el origen del automóvil mediante el número de identificación vehicular, también conocido como VIN por sus siglas en inglés.
2. Se consideren únicamente los vehículos que no sean clasificados como “de lujo”, que ya están internados en el país dentro de los seis Estados que hacen frontera con los Estados Unidos de Norteamérica.
3. Para efecto del pago del impuesto de importación, se tome como base el valor de factura y no, la lista de precios que elabora la SHCP y la SE.
4. Que el trámite de la importación del vehículo usado, lo haga directamente el importador sin necesidad de agente o apoderado aduanal.
5. De conformidad con el Anexo 300-A del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cuyo rubro es “Comercio e inversión en el sector automotriz”, los años modelo factibles de importar dentro del programa de regularización, serán aquellos de cuatro a quince años con anterioridad al año que se pretende importar (de 2013 hasta 2002); de vehículos originarios usados, provenientes de Canadá o de los Estados Unidos de Norteamérica.
6. El cumplimiento de la normatividad ambiental de todas y cada una de las unidades que se pretendan importar, deberá ser acreditado mediante un certificado de origen norteamericano o documento expedido por autoridad competente mexicana o canadiense; en concordancia a lo dispuesto por el artículo 137 bis 5 fracción IV de la Ley Aduanera.
7. Aquellas personas que acrediten obtener un ingreso hasta de cuatro salarios mínimos generales diarios, podrán cubrir el impuesto general de importación, mediante un programa o convenio de pagos de cuatro parcialidades que abarcarán en su totalidad noventa días, contados a partir del momento de la importación.
8. Se firme un Convenio de Colaboración entre la Federación y las seis diversas Entidades Federativas Fronterizas del Norte, con la finalidad de que los derechos de tarjeta de circulación y placas, sean cubiertos con un 50por ciento de descuento y en parcialidades, por quienes se apeguen al programa de regularización.
9. Se busque el acercamiento con las diversas compañías de seguros y siniestros, para que implementen una cobertura de fácil acceso y pago en parcialidades.
10. Que dicho decreto sea temporal y no mayor a 6 meses. Una vez concluido ese periodo, todo aquel vehículo de motor que se pretenda importar, deberá sujetarse a la normatividad vigente, sin las facilidades que otorgue el decreto.
Señala la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), corroborado por estadísticas elaboradas por Inegi, que existen alrededor de siete millones de vehículos usados provenientes del extranjero internados en México de forma irregular, mismos que en un setenta por ciento han sido introducidos por personas de escasos recursos, los cuales no pueden comprar un auto nuevo ni son sujetos de crédito. Por lo tanto, no se afecta a las armadoras existentes en nuestra nación, con la presente propuesta de decreto.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía, como de urgente y obvia resolución, la aprobación de la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal y a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Economía, a que emitan Decreto y Programa de Regularización de Vehículos de Procedencia Extranjera Internados Ilegalmente en el País, en el que se tome en consideración lo siguiente:
1. Para la importación libre de aranceles, se certifique el origen del automóvil, mediante el número de identificación vehicular, también conocido como VIN por sus siglas en inglés.
2. Se consideren únicamente los vehículos que no sean clasificados como “de lujo”, que ya están internados en el país dentro de los seis Estados que hacen frontera con los Estados Unidos de Norteamérica.
3. Para efecto del pago del impuesto de importación, se tome como base el valor de factura y no, la lista de precios que actualmente elabora la SHCP y la SE.
4. Que el trámite de la importación del vehículo usado lo haga directamente el importador, sin necesidad de agente o apoderado aduanal.
5. De conformidad con el Anexo 300-A del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cuyo rubro es “Comercio e inversión en el sector automotriz”, los años modelo factibles de importar dentro del programa de regularización, serán aquellos de cuatro a quince años con anterioridad al año que se pretende importar (desde 2012 hasta 2002); de vehículos originarios usados, provenientes de Canadá o de los Estados Unidos de Norteamérica.
6. El cumplimiento de la normatividad ambiental de todas y cada una de las unidades que se pretendan importar, deberá ser acreditado mediante un certificado de origen norteamericano o documento expedido por autoridad competente mexicana o canadiense; en concordancia a lo dispuesto por el artículo 137 bis 5 fracción IV de la Ley Aduanera.
7. Aquellas personas que acrediten obtener un ingreso hasta de cuatro salarios mínimos generales diarios, podrán cubrir el impuesto general de importación, mediante un programa o convenio de pagos de cuatro parcialidades que abarcarán en su totalidad noventa días, contados a partir del momento de la importación.
8. Se firme un Convenio de Colaboración entre la Federación y las seis diversas Entidades Federativas Fronterizas del Norte, con la finalidad de que los derechos de tarjeta de circulación y placas, sean cubiertos con un 50por ciento de descuento y en parcialidades, por quienes se apeguen al programa de regularización.
9. Se busque el acercamiento con las diversas compañías de seguros y siniestros, para que implementen una cobertura de fácil acceso y pago en parcialidades.
10. Que dicho decreto sea temporal y no mayor a 6 meses. Una vez concluido ese periodo, todo aquel vehículo de motor que se pretenda importar, deberá sujetarse a la normatividad vigente, sin las facilidades que otorgue el decreto.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de noviembre de 2017.
Diputada Cynthia Gissel García Soberanes (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SCT, la SHCP y Capufe a exentar de peaje a vehículos que trasladen a las zonas siniestradas víveres, medicamentos, equipos de rescate y materiales para la reconstrucción y brindar apoyo directo a los damnificados, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, Xitlalic Ceja García, diputada federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I a III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 19 de septiembre de 2017 se registró un sismo de 7.1 que afectó a la CDMX, Puebla, Morelos y diversas entidades de la República; días antes el sismo de 8.2 del 7 de septiembre, afectó principalmente a Oaxaca y Chiapas; un sismo es un fenómeno geológico que tiene su origen en la envoltura del planeta y se manifiesta a través de vibraciones o movimientos bruscos de la superficie de la tierra, y su duración e intensidad es variable.
La sismicidad en México tiene como causa la actividad de las placas tectónicas y fallas geológicas que cruzan y circundan el territorio. Nuestro país está ubicado en una de las zonas de más alta sismicidad en el mundo, debido a que estamos ubicados en una región del planeta en la que interactúan cinco placas tectónicas: Cocos, Pacífico, Norteamérica, Caribe y Rivera.
Después de la tragedia que enlutó a la nación entera, la solidaridad de los mexicanos se hizo grande y empezó a fluir en todas partes de la República Mexicana, esta ayuda no ha cesado y debe seguir fluyendo a las regiones devastadas y en reconstrucción.
Paralelamente, al siguiente día del sismo, el 20 de septiembre del año en curso, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes liberó de peaje diversas plazas de cobro de las autopistas México-Cuernavaca, Cuernavaca-Acapulco, México-Puebla, México-Pachuca y Champa-Lechería.
Casetas que operan gratuitamente desde el 20 de septiembre:
Tlalpan, en la México-Cuernavaca; Ingeniero Francisco Velasco (Alpuyeca), en la Cuernavaca-Acapulco; Alpuyeca-Balnearios, en la Cuernavaca-Acapulco; San Marcos, en la México-Puebla; Ojo de Agua, en la México-Pachuca; San Cristóbal, en la México-Pachuca; Revolución, en la México-Pachuca y las de Chamapa, Cipreses, Lomas, Verdes, Nopala, Madín, Atizapán, Lago de Guadalupe y Lechería, en la carretera Chamapa-Lechería.
La expresión solidaria de los mexicanos ha sido un parteaguas en la vida nacional y nos impulsa a levantarnos una y otra vez, para ello deben reconocerse diversas acciones que se han emprendido en los sistemas de transporte gratuito, en servicios funerarios gratuitos, en apoyo psicológico gratuito, en telefonía e internet gratuito, y en carreteras libres de peaje.
Los protocolos de emergencia deben incluir el respaldo pleno a las acciones solidarias, como lo son los traslados de víveres, medicamentos, equipos de rescate, y todos los materiales necesarios para la reconstrucción y al apoyo directo a los damnificados, desde cualquier lugar de la República; por tal motivo, debe considerarse libre de peaje a los vehículos que cumplan con esas características.
No se debe regatear apoyo a quien con desprendimiento ayuda, no se deben poner trabas a quien aporta y actúa con desprendimiento; los tiempos que vive el país requieren de la mayor sensibilidad para tomar decisiones que beneficien a la sociedad y especialmente en este caso a quienes menos tienen o lo han perdido todo.
Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración de esta soberanía, la siguiente propuesta de punto de acuerdo de urgente u obvia resolución:
Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a Capufe, para que se exente del cobro de las casetas de peaje a vehículos que trasladen a las zonas siniestradas: víveres, medicamentos, equipos de rescate, y todos los materiales necesarios para la reconstrucción y al apoyo directo a los damnificados, desde cualquier lugar de la República; así como la continuación de la suspensión de cobro en las seis autopistas ya autorizadas, hasta que cese la emergencia.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de noviembre de 2017.
Diputada Xitlalic Ceja García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a difundir de modo amplio por la Sener y la Semarnat los programas y las políticas de financiamiento para que los usuarios finales instalen equipos generadores de electricidad a partir de fuentes renovables con un costo asequible y técnicamente viables, a cargo del diputado José Everardo López Córdova, del Grupo Parlamentario del PAN
El que suscribe, diputado José Everardo López Córdova, del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 6. Numeral 1, fracción I; y artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretarías de Energía y Medio Ambiente y Recursos Naturales, realice una amplia difusión de los programas y políticas de financiamiento para que los usuarios finales puedan instalar equipos de generación de electricidad a partir de fuentes renovables con un costo accesible y técnicamente viables que les permita satisfacer sus necesidades básicas; dando especial atención a las regiones con climas extremos, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El acceso a la energía eléctrica es un derecho de las personas para materializar derechos humanos como la alimentación, la vivienda digna, la salud, entre otros. El uso de electricidad en los hogares es el día de hoy insumo necesario para asegurar la satisfacción de necesidades básicas.
El suministro de energía eléctrica en nuestro país se realiza mayoritariamente por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a partir de la utilización de combustibles fósiles. Con la reforma energética del 2014 y con la publicación en diciembre del 2015 de la Ley de Transición Energética, se inició un proceso de substitución de producción de electricidad con fuentes de fuentes contaminantes, a una generación con fuentes limpias y sustentables como radiación solar, eólica, energía oceánica, geotérmica, entre otras.
Y aunque el proceso de generación y distribución de electricidad con fuentes sustentables y limpias apenas inicia, las viviendas y hogares que viven en zonas de mucho calor o frio intenso, consumen en ciertas estaciones del año, mucha electricidad generando un gasto extra que en ocasiones los priva de otras necesidades básicas.
Existen muchos municipios que presentan altas temperaturas, motivo por el cual ni la tarifa 1F que es la tarifa más baja que aplica la CFE, les permite a los usuarios hacer frente a los altos costos que registra su recibo de luz por el uso de refrigeración y aire acondicionado, con lo cual, se violentan los principios de equidad y justicia social que deben prevalecer en la prestación de todo servicio público, particularmente tratándose de las empresas públicas del Estado que tienen un objetivo social.
Como lo establece la Ley de Transición Energética, En dicho ordenamiento se establece como objetivo principal regular el aprovechamiento sustentable de la energía así como las obligaciones en materia de Energías Limpias y de reducción de emisiones contaminantes de la Industria Eléctrica, para ello en todo el territorio nacional se buscará, por parte de los tres niveles de gobierno, promover el aprovechamiento sustentable de la energía en el consumo final y los procesos de transformación de la energía. Ello implica aprovechar los mecanismos financieros que para este fin están definidos en dicha legislación para que los consumidores finales de energía eléctrica puedan acceder a tecnologías no contaminantes y de bajo costo.
Para alcanzar estos fines, existen mecanismos financieros para la sustitución gradual de producción de electricidad con fuentes contaminantes por fuentes limpias como son celdas solares. En la Ley de Transición Energética se detalla cómo se otorgarán recursos y fondos, así como el financiamiento a usuarios finales que mediante un convenio autoricen que un financiador (asesor, empresa comercial o entidad financiera) les proporcione el capital necesario (artículo 56) para sustituir equipos y aparatos energéticamente ineficientes, realizar mejoras en su edificación para lograr un consumo energético eficiente, e instalar equipos económicamente viables que permitan aprovechar en sus hogares fuentes de energía renovables (artículo 55).
Se establece que el capital que otorgó el financiador se pueda recuperar a través de la facturación del suministro eléctrico o distribuidor de gas natural del usuario final (artículo 56 fracción II), lo que implica que el usuario para ser considerado en el financiamiento debe tener contratado el servicio con algún suministrador de electricidad o distribuidor de gas natural autorizado en los términos de la legislación aplicable (artículo 57) y que los financiamientos sean pagados a través de la factura que se dé al usuario por la prestación de dichos servicios (artículo 58).
El formato de los convenios referidos deberán ser aprobados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) con cualquier financiador que lo solicite, donde debe determinarse el servicio de cobranza al usuario final y que en caso de mora el suministrador de electricidad o distribuidor de gas natural no se responsabilizará de los montos por cobrar, aunque para efectos de suspensión del servicio, el pago de dichos créditos puede estar ligado al pago de suministro eléctrico o gas natural (artículo 59 y 61).
Cuando se trata de usuarios domésticos, los convenios tipo deberán ser autorizados por la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), mientras que la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) determinará aquellas tecnologías económicamente viables y energéticamente eficientes susceptibles de financiamiento (artículo 59).
Si bien los objetivos de la transición energética son: la eficiencia energética el desarrollo y utilización de tecnologías limpias, la generación limpia distribuida y el aprovechamiento de las energías renovables, este proceso debe también contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población especialmente de las familias que habitan en localidades con climas extremos para las cuales, el pago de energía eléctrica representa un costo muy elevado.
Los recursos financieros con los cuales es Estado cuenta para la transición energética pueden provenir de fuentes públicas o privadas. Como estable la ley, estos recursos, deberán ser ejercidos con base en los principios de honestidad, legalidad, productividad, eficiencia, eficacia, transparencia gubernamental y máxima publicidad, y estarán sujetos al monitoreo, reporte y evaluación de su desempeño (artículo 45). En el caso de recursos públicos existe el Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (Fotease), creado con la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética e integrado en la Ley de Transición Energética.
Los recursos del Fondo se destinan a apoyar la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía que encabeza la Secretaría de Energía cuyo objetivo primordial es promover la utilización, el desarrollo y la inversión en las energías renovables y la eficiencia energética y específicamente, la aplicación de tecnologías de energías renovables y para ahorro y uso eficiente de la energía en todas las actividades productivas y en el uso doméstico, entre otros fines.
El fondo inició operaciones en 2008 con 600 millones de pesos y para 2012 contó con mil 443 millones; sin embargo, según datos oficiales, 1 para 2016 contó con poco más de 263 millones. Y si bien no se cuenta actualmente con suficientes recursos públicos para dirigirlos directamente a los usuarios finales, se pueden aplicar esquemas de cofinanciamiento público donde el consumidor de electricidad aporte una parte del costo de la tecnología renovable para la generación de electricidad.
La legislación y la normatividad para transitar hacia las energías renovables y limpias ya existe, lo que se requiere es que el gobierno federal, difunda los programas de financiamiento como el Fotease, u otros mecanismos de apoyo para que en coordinación con las entidades federativas y en su caso los municipios, la población pueda acceder a ellos con el fin de instalar fuentes de energía limpia y sustentable y así dotar de electricidad a los hogares que sufren en periodos de climas extremos. Esto permitirá reducir el gasto familiar por la utilización de energía eléctrica para aparatos de confort térmico y refrigeración o calefacción de alimentos, necesarios para satisfacer sus necesidades básicas cotidianas.
Por lo anteriormente motivado y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único . La Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través de la Secretarías de Energía y Medio Ambiente y Recursos Naturales, realice una amplia difusión de los programas y políticas de financiamiento para que los usuarios finales puedan instalar equipos de generación de electricidad a partir de fuentes renovables con un costo accesible y técnicamente viables que les permita satisfacer sus necesidades básicas; dando especial atención a las regiones con climas extremos. Esto en cumplimiento con el artículo 55 de la Ley de Transición Energética.
Nota
1 hhtps://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/241356/Informe_Uno_del_F OTEASE_2017.pdf
Presentada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 16 de noviembre de dos mil diecisiete.
Diputado José Everardo López Córdova (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a impulsar una estrategia de combate del sobrepeso, la obesidad y otros problemas relacionados financiada con los recursos obtenidos por el impuesto a bebidas saborizadas, suscrita por los diputados Evelyn Parra Álvarez y Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del PRD
Quienes suscriben, diputada Evelyn Parra Álvarez y diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, fracción 1, y de con conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El Congreso de la Unión, como parte de una estrategia para disminuir el consumo de bebidas azucaradas, incorporó a la política fiscal, un artículo referente al cobro de un pesos por litro de todas aquellas bebidas saborizadas; concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse permitan obtener bebidas saborizadas; y jarabes o concentrados para preparar bebidas saborizadas que se expendan en envases abiertos utilizando aparatos automáticos, eléctricos o mecánicos, siempre que los bienes a que se refiere este inciso contengan cualquier tipo de azúcares añadidos.
El objetivo de este impuesto, de acuerdo a las políticas fiscales internacionales, es disminuir los problemas relacionados con el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, la mala nutrición y todos aquellos padecimientos relacionados, ya que de acuerdo con estimaciones mundiales, México es el segundo país con sobrepeso y obesidad de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)1 .
Diversos estudios han demostrado que las políticas fiscales que aumentan el precio de los productos disminuyen las decisiones de los consumidores, por lo tanto, la aplicación de impuestos en estos rubros, han sido utilizados como medidas para promover la disminución del consumo de productos con alto contenido calórico, sin embargo, a la par deben aplicarse medidas complementarias como la promoción de la alimentación sana y la actividad física, además de que los recursos obtenidos por impuesto a bebidas saborizadas, se utilizan como fondos públicos y subvenciones a las comunidades para proveer servicios básicos de tipo recreativo y deportivo, como programas de alimentación nutritiva.
Sin embargo, a pesar de que el Congreso de la Unión determinó en el artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos que, “el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018 aprobado deberá prever una asignación equivalente a la recaudación estimada para la federación por concepto del impuesto especial sobre producción y servicios aplicable a las bebidas saborizadas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018, una vez descontadas las participaciones que correspondan a las entidades federativas, para destinarse a programas de promoción, prevención, detección, tratamiento, control y combate a la desnutrición, sobrepeso, obesidad y enfermedades crónico degenerativas relativas, así como para apoyar el incremento en la cobertura de los servicios de agua potable en localidades rurales, y proveer bebederos con suministro continúo de agua potable en inmuebles escolares públicos con mayor rezago educativo, de conformidad con los artículos 7 y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa.
De acuerdo a diversas cifras, en lo que va de la aplicación del impuesto a bebidas saborizadas, se han obtenido más de 60 mil millones de peso, sin que por ello se hayan destinado esos recursos a programas específicos para combatir el sobrepeso y la obesidad. No existe claridad en el uso de los recursos a pesar de lo que estableció el Congreso de la Unión y se desconoce cuáles medidas complementarias se han establecido para combatir los problemas de salud antes enunciados.
La carga fiscal de las enfermedades no transmisibles es un problema que afecta las finanzas públicas del país, y afectará más debido a la creciente problemática de sobrepeso y obesidad en el país, por tanto, el gobierno mexicano está obligado a transparentar qué ha hecho con los recursos obtenidos para contrarrestar esos problemas y de qué manera a beneficio esta medida fiscal.
Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, haga de conocimiento público un informe pormenorizado sobre los recursos obtenidos por el impuesto a bebidas saborizadas a que se refiere el artículo 2, fracción I, inciso G, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dé cumplimiento, en lo conducente, con lo establecido por el Congreso de la Unión en el artículo sexto de la Ley de Ingresos de la Federación, en materia de bebidas saborizadas y sean destinados a programas de promoción, prevención, detección, tratamiento, control y combate a la desnutrición, sobrepeso, obesidad y enfermedades crónico degenerativas relativas.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión Exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Salud, establezca una Estrategia Nacional de Estrategia Nacional sobre Nutrición, Actividad Física y Salud, a fin de contrarrestar los problemas relacionados con el sobre pesos, la obesidad y enfermedades relativas.
Nota
1 OCDE. La Estrategia de México para hacer frente a la obesidad es prometedora. Dice la OCDE. http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/laestrategiademexicoparahacer frentealaobesidadesprometedoradicelaocde.htm
Palacio Legislativo de San Lázaro a, 16 de noviembre del 2017.
Diputados: Evelyn Parra Álvarez y Juan Fernando Rubio Quiroz (rúbricas)Con punto de acuerdo, relativo a las investigaciones del asesinato de Manuel Hernández Pasión, alcalde de Huitzilan de Serdán, Puebla, ocurrido el 10 de octubre de 2017, suscrita por los diputados Alejandro Armenta Mier, Miguel Alva y Alva y Rodrigo Abdalá Dartigues, del Grupo Parlamentario de Morena
Alejandro Armenta Mier, Miguel Alva y Alva y Rodrigo Abdala Dartigues en su calidad de diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, fracción II, numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes
Consideraciones
Primero. El pasado 10 de octubre de 2017, el presidente de Huitzilan de Serdán, Manuel Hernández Pasión, fue asesinado en una emboscada, perpetrada por un comando cuando el edil viajaba de Zacapoaxtla hacia Huitzilan.
El ataque, en el que murió una persona más, se llevó a cabo poco antes de las 5 de la tarde, cerca de Huahuaxtla. En el lugar se localizaron decenas de casquillos de rifle R15 y pistolas 9 milímetros.
El diputado federal Juan Manuel Celis Aguirre, líder de la organización Antorcha Campesina en el estado afirmo1 :
Este es un crimen político. De eso no hay duda. Manuel no tenía problemas personales con nadie y era un presidente municipal ejemplar. Los enemigos del progreso en Puebla acaban de asesinar un antorchista y alcalde que era ejemplo de consecuencia en la lucha contra la pobreza.
El Movimiento Antorchista Nacional exige que el gobierno del estado investigue y encuentre a los autores materiales e intelectuales de este crimen. Además, queremos recordar que ya habíamos denunciado amenazas de muerte y atentados contra varios de nuestros compañeros y que en la Fiscalía General del estado todas esas investigaciones están archivadas.2
Exigimos justicia ahora. Nosotros, cuando hicimos las denuncias de los otros atentados y amenazas, advertimos que, si la Fiscalía seguía sin investigar, podríamos lamentar un asesinato. Y aquí están las consecuencias. Estamos ya preparando una numerosa manifestación en la capital para exigir que este crimen sea castigado y que cesen los atentados contra nuestros militantes.
Segundo. Un día después de perpetrado este crimen, el 11 de octubre de 2017 el Movimiento Antorchista culpó al aspirante a la candidatura a gobernador de Puebla por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alonso Aco Cortés, del asesinato del presidente municipal de Huiztilan de Serdán, Manuel Hernández Pasión.
En una rueda de medios que ofreció el diputado federal y líder de Antorcha Campesina en Puebla, Juan Manuel Celis Aguirre, expresó que al alcalde acribillado la víspera:
no le hablaban diciendo que era Alonso, pero sí le llamaban para amenazarlo y también lo amenazaban a través de su familia. Hay antecedentes de estos hechos3 .
El diputado Juan Manuel Celis Aguirre afirmó que no van a permitir que el crimen quede impune y archivado en la Fiscalía General del Estado, como ha sucedido con otras denuncias que la organización ha interpuesto por atentados y amenazas de muerte contra algunos de sus dirigentes.
Acompañado por el Comité Ejecutivo Nacional de Antorcha, Celis Aguirre advirtió al fiscal poblano, Víctor Carrancá Bourget, que no aceptarán chivos expiatorios, y dijo:
No vamos a descansar hasta que castiguen a los autores intelectuales, porque es evidente que se trató de un crimen bien planeado. Además, exigimos que la investigación se haga de manera rápida. Vamos a esperar algunos días para ver resultados y, si no los hay, vamos a marchar con miles de antorchistas en la capital”4 .
El diputado federal afirmó que se debe abrir una línea de investigación contra los caciques del municipio, que todo mundo conoce, porque son quienes desde hace muchos años han tratado de desestabilizar a Huitzilan amenazando a los indígenas y a sus dirigentes.
Por su parte, en una conferencia de prensa realizada en Puebla, a la que asistió la dirigencia estatal, una comisión del Comité Ejecutivo y diputados federales, el vocero nacional del Movimiento Antorchista, Homero Aguirre Enríquez, aseveró que Puebla existen más antorchistas amenazados de muerte, como parte de una campaña sistemática de terror contra la organización orquestada por grupos de poder económico y político en el estado.
Estamos seguros de que no se trata de un acto delincuencial, se trató de una ejecución premeditada, de un operativo calculado por gente que tenía información de los movimientos de Manuel, que esperó el momento adecuado y que fue a asesinarlo. Hay más compañeros amenazados de muerte en Puebla.
Se tiene que llegar a una verdad; este crimen se da en un clima que se fue generando paulatinamente en contra de la organización. Hay más compañeros amenazados de muerte, hay atentados, no son simplemente amenazas en un papel, ya hay un fallecido.
Para Antorcha Campesina el cura José Martín Hernández Martínez y Alonso Aco Córtes aspirante a la gubernatura por Morena, a quien calificaron como cacique de Huitzilan de Serdán, son los principales sospechosos del asesinato del presidente municipal Manuel Hernández Pasión, por lo que la organización exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) investigarlos5 .
El diputado federal Juan Celis Aguirre advirtió que el párroco adscrito a la Arquidiócesis de Puebla, José Martín Hernández Martínez pronunciaba discursos políticos en las homilías dominicales en lugar de un sermón basado en evangelios como lo marcan las normas de la Iglesia Católica, hechos de los que hay grabaciones que presentarán ante la Fiscalía General del Estado, como elementos que aporten a la investigación.
Advirtió que se tienen las pruebas suficientes para determinar que son sospechosos de este homicidio en contra del edil quien, según él, aportó mucho a los habitantes de aquella zona y veló por el bienestar de la comunidad indígena.
Fue una emboscada totalmente premeditada... Después le echaron a la Iglesia en su contra, no tenemos pruebas, pero tampoco creemos que esté desligado de este terrible asesinato, un curita que llegó a desestabilizar el municipio y que prácticamente se convirtió en un problema serio para el ayuntamiento porque acusó de cosas totalmente falsas al compañero y utilizando el púlpito como tribuna política, de tal manera que los discursos de ese cura, que se llama Martín Hernández, no eran referente al discurso que obliga la Iglesia sino eran discursos políticos y todo siempre en contra del compañero y hay pruebas y grabaciones de eso.6
Tercero. El 16 de octubre de 2016, es decir tres días después de cometido el artero homicidio, el movimiento Antorcha Campesina, a través de su oficina de prensa en Puebla publicó un desplegado en el que en su parte medular señala:
A la opinión pública nacional:
...sentamos postura sobre las ideas principales del comunicado de la Secretaría de Defensa de Derechos Humanos de Morena, en aras de que la opinión pública norme su criterio y no se interprete nuestro silencio como una aceptación de las absurdas e injustas acusaciones que nos lanzan:
Primero. ...
En contraparte, no saben o no quieren ver los crímenes de Alonso Aco, sus hermanos y algunos de sus familiares: la explotación laboral de los indígenas para surtir sus expendios de café en las grandes ciudades, el robo de información científica a investigadores del Politécnico Nacional, el fraude a accionistas de sus empresas, el robo de tierras a los campesinos y en el asesinato de presidentes municipales antorchistas, como el de Ignacio Gómez Cipriano, que fue planeado por Jerónimo Aco Huerta, tío de Alonso, y ejecutado por el pistolero Francisco Galindo; ambos fueron condenados por este crimen y estuvieron en la cárcel. El hermano de Alonso, Rolando, es prófugo de la justicia por el delito de fraude genérico. En todos los casos, hay testimonios de los campesinos, que pueden ser presentados como pruebas, hay también órdenes de aprehensión e investigaciones realizadas por la justicia.
Cuarto. Exigimos que la Fiscalía General del Estado investigue como probable autor intelectual en el crimen a Alonso Aco Cortés.
Es falso que nosotros hayamos dicho que Alonso Aco accionó el gatillo del R15 que asesinó a Manuel Hernández Pasión.
Lo que sostenemos es que, dado este historial de crímenes y dado que Manuel representaba un peligro para los intereses de quienes se enriquecen a costa de la explotación de los indígenas, existen elementos para presumir su participación en el crimen.
La Dirección Nacional del Movimiento Antorchista7
Cuarto. La Constitución Política de los Estrados Unidos Mexicanos señala:
Artículo 128. Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen.
Por su parte el Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación de toda persona para denuncia o para aportar las pruebas que tenga en su poder por la posible comisión de actos constitutivos de delito.
Artículo 222. Deber de denunciar
Toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público y en caso de urgencia ante cualquier agente de la Policía.
Quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público, proporcionándole todos los datos que tuviere, poniendo a su disposición a los imputados, si hubieren sido detenidos en flagrancia. Quien tenga el deber jurídico de denunciar y no lo haga, será acreedor a las sanciones correspondientes.
Cuando el ejercicio de las funciones públicas a que se refiere el párrafo anterior, correspondan a la coadyuvancia con las autoridades responsables de la seguridad pública, además de cumplir con lo previsto en dicho párrafo, la intervención de los servidores públicos respectivos deberá limitarse a preservar el lugar de los hechos hasta el arribo de las autoridades competentes y, en su caso, adoptar las medidas a su alcance para que se brinde atención médica de urgencia a los heridos si los hubiere, así como poner a disposición de la autoridad a los detenidos por conducto o en coordinación con la policía.
No estarán obligados a denunciar quienes al momento de la comisión del delito detenten el carácter de tutor, curador, pupilo, cónyuge, concubina o concubinario, conviviente del imputado, los parientes por consanguinidad o por afinidad en la línea recta ascendente o descendente hasta el cuarto grado y en la colateral por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive.
Es decir, el diputado federal Juan Celis Aguirre, en su calidad de autoridad, esta obligado, por mandato de ley, a proporcionar todos los datos que tenga a su alcance ante el Ministerio Público.
En caso contrario, no solo incurre en responsabilidad, sino que lanzando acusaciones al aire son sustento, violenta derechos humanos.
El derecho al respeto al honor, es considerado ya como un derecho humano fundamentales, establecidos por diversos instrumentos internacionales como son la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948 (artículo 12), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (artículos 17 y 19), la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 (artículos 11 y 13), y en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 (artículo 16), instrumentos todos estos firmados y ratificados por nuestro país8 .
El derecho al honor es un derecho fundamental relacionado con la intimidad personal y familiar y la propia imagen. Pertenece a la esfera privada de la persona y constituye un bien integrante de los derechos de la personalidad del individuo. Tiene una doble vertiente, interna y externa: 1) la estimación que cada persona tiene de sí misma, y 2) la concepción que terceros tienen sobre la dignidad de nuestra persona.
Conocido también por su enunciado más completo derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, configuran el ámbito de la vida privada de la persona física que no puede ser vulnerado.
En este orden de ideas, las imputaciones del diputado carente de pruebas, pueden encuadrarse en lo que se conoce como lawfare, una guerra en contra de los liderazgos y de los partidos de izquierda.
El lawfare es el uso indebido de recursos jurídicos para fines de persecución política. La ley es utilizada como una especie de arma de guerra buscando resultados políticos.
Un rasgo del lawfare es el uso de acusaciones sin pruebas, sin materialidad. Se trata de dar una apariencia de legalidad a un abuso, para intentar deslegitimar un líder popular, se manipula el sistema legal, con abuso, sin defensa, para buscar influenciar la opinión pública. Las personas son expuestas, execradas y condenadas en la opinión pública, antes de ser juzgadas, con todas las formalidades y el derecho justo a la defensa.
Sospechas sin pruebas, es lo opuesto de la búsqueda de justicia, dado que procura, intimidar a sus adversarios políticos.
Se van acumulando sospechas, aún sin pruebas, que buscan destruir reputaciones, desdibujar el prestigio político de líderes adquirido por sus políticas de carácter popular. Se trata entonces de buscar el debilitamiento de la confianza del pueblo en esos líderes, por la acumulación de simples sospechas.
Quinto. Es el caso que tanto el Marco Alonso Aco Cortés y del clérigo Martín Hernández Martínez son reconocidos activistas y defensores de derechos humanos en Puebla.
Incluso el pasado 15 de octubre de 2017, el arzobispo de Puebla Víctor Sánchez Espinosa, defendió al sacerdote José Martín Hernández Martínez, al que integrantes de Antorcha Campesina vinculan con el asesinato del edil de Huitzilan de Serdán, Manuel Hernández Pasión.
El arzobispo de Puebla Víctor Sánchez Espinosa Sánchez Espinosa dijo que José Martín Hernández Martínez dejó Puebla hace ya dos años y que su paso por la entidad correspondió a una experiencia con una comunidad indígena.
...Respeto la opinión de las personas que lo dicen, pero son dos años, más de dos años, desde julio de 2015, que el sacerdote no está en la parroquia9 .
A decir del arzobispo Sánchez Espinosa, el trabajo de Hernández Martínez dejó beneficios entre la comunidad de Huitzilan de Serdán.
Hizo mucho bien porque se preocupó mucho por los pobres, vio por el lugar al que venía, esa zona.
Sexto. En el entorno de violencia que afecta la labor que desempeñan las personas defensoras y periodistas para la construcción de la democracia, es vital el compromiso político para la implantación integral, con estricto apego a la ley, del mecanismo de protección federal.
Sin las necesarias medidas de prevención, de la mano con la investigación y presentación de las personas responsables de los ataques ante la justicia, la protección que ofrece el mecanismo resulta insuficiente, pues no revierte el contexto actual de abusos contra quienes ejercen la defensa de los derechos humanos y la libre expresión, ni rompe el círculo vicioso de repetición que facilita la impunidad.
A cuatro años de la publicación de la Ley Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el 25 de junio de 201210 , por la que se creó el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, los resultados demuestran que éste no ha logrado conseguir un cambio significativo en la situación de las personas defensoras y periodistas y pone en evidencia las problemáticas que requieren atención inmediata para garantizar la seguridad de ambos colectivos.
Se ha ubicado la ausencia de respaldo político, financiero y de recursos humanos del mecanismo, seguido de la falta de reconocimiento de la labor de las personas defensoras y periodistas; la descoordinación y falta de voluntad de las autoridades competentes de los distintos niveles de gobierno –a pesar de la firma de los convenios de colaboración–; las limitaciones en la investigación, y el desinterés en activar las herramientas que por ley se definieron para prevenir los abusos y ataques contra esta población. Todo ello es una muestra de los retos que enfrenta el mecanismo para reducir el riesgo y tomar medidas efectivas para su correcta implementación.
A pesar de que el mecanismo de protección fue resultado de las exigencias de organizaciones de la sociedad civil para impulsar una política pública integral de prevención y protección de la labor de personas defensoras y periodistas, éste no podrá ser eficaz mientras la colusión de autoridades y la impunidad registrada, en la mayoría de los casos de agresión denunciados, siga siendo la norma, pues rara vez los ataques contra personas defensoras y periodistas son investigados de forma efectiva por las autoridades federales y estatales
La correcta implantación y ejecución del mecanismo de protección para personas defensoras y periodistas requiere, además, estrategias que garanticen de forma integral la defensa de los derechos humanos en México.
En este sentido, es fundamental que el Estado y sus instituciones visibilicen y respalden la legítima actividad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, reconociendo públicamente su valía para la vida democrática del país.
La Ley Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas señala las obligaciones del Estado para la protección de los defensores de derechos humanos y comunicadores y señala:
Artículo 30. Las medidas preventivas, las medidas de protección y las medidas urgentes de protección deberán reducir al máximo la exposición al riesgo, serán idóneas, eficaces y temporales, podrán ser individuales o colectivas y serán acordes con las mejores metodologías, estándares internacionales y buenas prácticas. En ningún caso dichas medidas restringirán las actividades de los beneficiarios, ni implicarán vigilancia o intrusiones no deseadas en sus vidas laborales o personales.
Y en su artículo 32 indica:
Artículo 32. Las medidas urgentes de protección incluyen: i) evacuación; ii) reubicación temporal; iii) escoltas de cuerpos especializados; iv) protección de inmuebles y v) las demás que se requieran para salvaguardar la vida, integridad y libertad de los beneficiarios.
En este orden de ideas, es claro que dentro del estado democrático de derecho, es una responsabilidad primordial del estado mexicano brindar seguridad a sus ciudadanos y el marco de libertades para desarrollar sus actividades, lo que por supuesto incluye prevenir y sancionar los actos de intimidación y/o malos tratos de los que pudieran ser objeto los defensores de derechos humanos que trabajan para combatir las desapariciones forzadas y asistir a las víctimas, hipótesis en la que se encuentran los ciudadanos Marco Alonso Aco Cortés y el clérigo Martín Hernández Martínez, defensores y activistas de derechos humanos, por lo que se torna imprescindible e impostergable adoptar las medidas urgentes de protección para salvaguardar su vida, integridad y libertad.
Por las razones arriba expuestas, pongo a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión condena el asesinato del ciudadano Manuel Hernández Pasión, alcalde de Huitzilan de Serdán, Puebla, ocurrido el 10 de octubre de 2017.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General del Estado de Puebla, para que en el marco de sus atribuciones legales realice una investigación pronta, seria, imparcial y exhaustiva, que se abstenga de inventar chivos expiatorios, en torno al asesinato del edil de Huitzilan de Serdán, Puebla, Manuel Hernández Pasión, con el objetivo de identificar a los presuntos responsables y ponerlos a disposición de las autoridades correspondientes.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a iniciar una queja de oficio por presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por el diputado federal Juan Manuel Celis Aguirreal por realizar acusaciones sin sustento en contra de los ciudadanos Marco Alonso Aco Cortés y del clérigo Martín Hernández Martínez que crean un ambiente de linchamiento público en su contra, dañan su imagen personalísima y ponen en riesgo su integridad física.
Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para que adopte las medidas urgentes de protección para salvaguardar su vida, integridad y libertad de los ciudadanos Marco Alonso Aco Cortés y del clérigo Martín Hernández Martínez.
Notas
1 La Jornada. Asesinan al presidente municipal de Huitzilan, Puebla. 10 octubre 2017.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/10/10/asesinan-a l-presidente-municipal-de-huitzilan-puebla-4100.html
2 Ídem.
3 La Jornada de Oriente. Alcalde de Huitzilan:
Antorcha responsabiliza a Alonso Aco de su asesinato. 12 octubre 2017.
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2017/10/12/alcalde-de-huitzilan/
4 Ibíd.
5 Cambio. Antorcha culpa a cura y a aspirante
de Morena del asesinato de alcalde. 12 octubre 2017.
http://www.diariocambio.com.mx/2017/zoon-politikon/item/
23494-antorcha-culpa-a-cura-y-a-aspirante-de-morena-del-asesinato-de-alcalde
6 Obra citada.
7 Desplegado: ¡Morena defiende a asesinos y a
enemigos del progreso del pueblo pobre! 16 octubre 2017.
http://www.antorchacampesina.org.mx/noticias.php?id=37969#.WguLuFXibIU
8 Derecho de la intimidad y el honor versus derecho a la información. Estudio Teórico Conceptual, marco jurídico a nivel federal y estatal e iniciativas presentadas en la materia en la LIX Legislatura. Cámara de Diputados. Centro de Documentación, Información y Análisis Servicio de Investigación y Análisis. Política Interior.
http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SPI-ISS-01-07. pdf
9 Defiende arzobispo de Puebla a sacerdote acusado
por antorchistas
http://www.e-consulta.com/nota/2017-10-15/sociedad/defiende-arzobispo-de-puebla-sacerdote-acusado-por-antorchistas
10 Diario Oficial de la Federación del 25 de junio de 2012.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de noviembre de 2017.
Diputados: Alejandro Armenta Mier, Miguel Alva y Alva (rúbrica) y Rodrigo Abdala Dartigues.Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a investigar la posible operación sistemática de un grupo delictivo dedicado al comercio sexual con menores de edad en albergues de Guanajuato y Michoacán, suscrita por las diputadas Mirna Isabel Saldívar Paz y Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Quienes suscriben, Mirna Isabel Saldívar Paz y Angélica Reyes Ávila, diputadas integrantes del Grupo Parlamentario Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el primer lugar en abuso sexual, violencia física y homicidios de menores de 14 años, así como similar lugar en la producción de pornografía infantil y el quinto en comercio sexual infantil.i
No hay un día en que no escuchemos noticias sobre menores de edad en cualquier sitio alrededor del mundo que sean privados de la vida, abusados, violados, traficados, acosados en internet o en la escuela, al grado tal que ningún país o comunidad es inmune a la violencia que se comete cada día en contra de la niñez.ii
Nuestro país no es la excepción, a pesar del loable ejemplo de liderazgo en buscar una mayor protección hacia las niñas, niños y adolescentes, como lo demuestra la aprobación de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el año 2014, cuerpo normativo que establece un amplio sistema de protección enfocado a garantizar los derechos de cerca de 40 millones de niños en el país.iii
Lamentablemente, gracias a la denuncia que presentaron defensores de la infancia, en el mes de julio pasado, la sociedad mexicana supo del caso de la “Ciudad de los Niños”, lugar donde, se argumenta, ocurrieron nuevas vejaciones a menores de edad; en específico, en dos albergues dirigidos por el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, localizados en los estados de Guanajuato y Michoacán;iv además, en función de repetir el mismo patrón del caso de Mamá Rosa , ocurrido en Zamora, Michoacán, los defensores de los derechos de la niñez demandan que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga esta investigación.
De acuerdo con Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), el presumible hallazgo de 133 actas de nacimiento en las que aparece el nombre del sacerdote y de algunas religiosas, podría permitir establecer una operación de trata, misma que también podría ser señalada como la comisión de un posible crimen organizado, o delincuencia organizada, orquestada desde el centro de asistencia social denominado la “Ciudad de los Niños AC”, localizable en la ciudad de Salamanca, Guanajuato, el cual, en los últimos 40 años, ha estado a cargo del sacerdote Pedro Gutiérrez Farías y un grupo de religiosas de su confianza.v
De acuerdo con lo citado por el mencionado director de la Redim, tanto la Procuraduría General de la República (PGR), como la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), identifican estas conductas como un posible delito a investigar; sin embargo, las víctimas no confían en la autoridad y tienen mucho miedo de declarar, argumentando que sólo presentarán la denuncia cuándo existan verdaderas garantías de que no habrá riesgos en su contra.vi
Las presumibles víctimas hacen dicha aseveración, ya que en reuniones sostenidas entre la Redim y autoridades federales el pasado 31 de julio del año en curso, se presentaron evidencias de un posible encubrimiento de autoridades guanajuatenses hacia el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, así como diversos indicios de comisión de delitos del orden federal.
Es por ello que se demanda a la PGR atraer este caso, ante posibles abusos sexuales de niñas, niños y adolescentes ocurridos en el albergue conocido como la “Ciudad de los Niños”; al momento de la denuncia social ante medios, presentada por la Redim, había 67 niños (48 varones y 19 mujeres) y, de éstos, 9 menores llevan el apellido del sacerdote, reiterando que en dos décadas, constan en actas 133 “hijos” del sacerdote, por lo que es urgente que la PGR inicie una orden de atracción.vii
Se mencionó en la referida denuncia que a los menores “se les violó el derecho a vivir en familia”; incluso, en aquellos casos de menores que fueron internados por sus padres, éstos “debían firmar un documento donde perdían la potestad de sus hijos” y sólo podían visitarlos cada seis meses por un lapso de 5 minutos; además, dichos menores tampoco podían tener contacto con el exterior.
Aunado a las adopciones ilegales cometidas por el padre Pedro Gutiérrez Farías, algunas adolescentes denuncian que fueron violadas por personal de esos centros, así como por “invitados” del sacerdote Gutiérrez Farías o por el señor Martín Bermúdez.viii
En estas reuniones, las menores eran obligadas a consumir alcohol y lo que seguía, tras esa explotación, era el embarazo no deseado, procediendo a esconderlas hasta el alumbramiento, momento en que les quitaban a sus hijos para darlos en adopción a personas en los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, situación que, denuncian, es una presumible evidencia ante las autoridades de que esto demuestra una probable comisión de trata de personas.ix
También se habla de, al menos, cuatro casos de desaparición de adolescentes en la ciudad de San Luis de la Paz, Guanajuato, menores que en su momento se encontraban bajo el resguardo del Pedro Gutiérrez Farías y de los cuales “no se sabe dónde están”, por lo que las autoridades mexicanas tienen que comenzar a trabajar en las indagatorias correspondientes; esto, de acuerdo con la Coordinadora de Investigación del Centro de Promoción de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en Guanajuato.x
Lo que se observa es que persistente la violencia física y sicológica en contra de todo niño o adolescente internado en los albergues del sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, abundando en que existen declaraciones donde se comenta que “había un cuartito en donde encerraban a los niños y niñas si no cumplían con lo que les ordenaban en la ‘Ciudad de los Niños’”.xi
Lamentablemente, fue hasta el 13 de julio de este año en que el DIF Guanajuato ingresó a la “Ciudad de los Niños”, reportando que ha sido complejo porque reconocen que “no tienen experiencia para atender a niños en albergues, que hasta dar de comer o limpiar ha sido un desafío y (que) se la han pasado pintando paredes y aseguran que ya no queda ningún personal de la organización”.xii
No obstante, el ingreso del DIF estatal se realizó bajo acuerdo con el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, por lo que no se trata de la intervención o de un acto de autoridad para proteger a los menores, sino del “permiso” de quién las víctimas refieren como “El Castigador”.xiii
No hay trato de carácter ministerial en contra del sacerdote quien, según información reciente, se encuentra en otro albergue también fundado por él en Michoacán. “Esto último resulta extraño, dado que el sacerdote Gutiérrez Farías es diocesano y, por ende, sólo puede cumplir su misión pastoral en la diócesis designada de Salamanca, Guanajuato, sin oportunidad de desplegar sus actividades a otras diócesis”.xiv
Si bien es cierto que falta un largo camino por recorrer en este tipo de casos de abuso y explotación sexual de menores de edad en albergues, el no impulsar acciones para dar atención y protección a las niñas, niños y adolescentes que viven y crecen en esta situación es muestra de complicidad y de impunidad, así como una clara violación al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se establece “como una obligación de las y los funcionarios actuar bajo el interés superior de la niñez”.
En Nueva Alianza sabemos que es nuestra responsabilidad erradicar de tajo el abuso y explotación sexual infantil; las familias y la sociedad civil en general son actores clave, junto con los gobiernos, para erradicar este tipo de violencia contra niños, niñas y adolescentes.
Es por ello que se propone el presente exhorto, a fin de lograr la participación de todas las autoridades responsables, en aras de obtener un avance significativo en esta tarea aún pendiente, bajo una estrategia integral orientada a prevenir, sancionar, atender y erradicar todas las formas de violencia, abuso y explotación sexual contra la infancia.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos respetuosamente a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con
Puntos de acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno reconocimiento de su soberanía, hace un respetuoso exhorto a los congresos de los estados de Guanajuato y Michoacán para que armonicen su legislación local con las disposiciones generales en materia de derechos, prevención, combate y sanción de actos que constituyan violencia, abuso sexual y corrupción contra niñas, niños y adolescentes.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto a los servidores públicos y administradores de justicia de la Fiscalía General y del Tribunal Superior de Justicia de los estados de Guanajuato y Michoacán para que, en aras del interés superior de la niñez, observen, apliquen y den cumplimiento a los derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al titular de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para que, junto con sus homólogos en las entidades federativas de Guanajuato y Michoacán, en el ámbito de sus atribuciones y de manera coordinada, revisen y refuercen las acciones enfocadas al diseño e implementación de un protocolo de atención de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia, abuso y explotación sexual.
Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, en suplencia del procurador general de la república, para que atraiga las investigaciones sobre el caso de la Ciudad de los Niños de Salamanca, Guanajuato.
Quinto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un exhorto de manera respetuosa a los titulares de las secretarías de Gobernación, de Salud y de Desarrollo Social, así como al titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, en suplencia del procurador general de la república, y al titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), junto con sus homólogos en las entidades federativas para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, refuercen y fortalezcan la promoción y difusión de los programas que permitan identificar y erradicar la comisión de prácticas nocivas en contra de las niñas, niños y adolescentes.
Notas
i Explotación sexual infantil, Violencia y maltrato, Explotación sexual infantil, Unicef México, https://www.unicef.org/mexico/spanish/17045_17519.html
ii Susan Bissell, México avanza contra agresiones a niñez, Oportunidad. “México ha jugado un papel activo en la Alianza Global desde su creación y está marcando sendero” (Especial), Ciudad de México, 31 de julio de 2017, en
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/541672-ocupa-mex ico-primer-lugar-en-abuso-sexual-de-menores-ocde
iii Ibídem.
iv Rocío Méndez Robles, Posible trata, vejaciones en la Ciudad de los Niños de Guanajuato: Redim - Noticias MVS, 26 Jul 2017, http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/posible-trata-vejaciones-en-la-c iudad-de-los-ninos-de-guanajuato-redim-84
v Ibídem.
vi Ibídem.
vii Ibídem.
viii Ibídem.
ix Ibídem.
x Ibídem.
xi Ibídem.
xii Ibídem.
xiii Ibídem.
xiv Ibídem.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 16 días del mes de noviembre de 2017
Diputadas: Mirna Isabel Saldívar Paz y Angélica Reyes Ávila (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a emitir la declaratoria de desastre; y a las dependencias federales, a adoptar medidas para apoyar a la población civil y escolar de Chimalhuacán, México, afectada por el sismo del 19 de septiembre, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PRI y del PVEM
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79 numerales 1, fracción II, 2, fracciones I, III, IV y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, los suscritos, diputados Telésforo García Carreón, Héctor Javier Álvarez Ortiz, Maricela Serrano Hernández, Juan Manuel Celis Aguirre, Edith Villa Trujillo y Hersilia Córdova Morán someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a emitir la declaratoria de desastre y a las dependencias de gobierno federal para adoptar las medidas necesarias, tendientes a apoyar a la población civil y escolar del municipio de Chimalhuacán, en el estado de México que resultaron afectados por el fenómeno telúrico, ocurrido el día 19 de septiembre del año en curso.
Consideraciones
Como es de todos bien sabido el pasado martes 19 de septiembre del año en curso, un gran sismo de magnitud 7.1 en la escala de Richter se sintió en varios Estados de la República Mexicana, incluyendo el estado de México; el epicentro de dicho temblor se localizó en el Estado de Morelos a 135 kilómetros del Sur-Sureste de este municipio de Chimalhuacán en el estado de México.
Lamentablemente a consecuencia de este gran movimiento telúrico, que resultó uno de los más intensos que ha sufrido México en los últimos cien años, más de 333 ciudadanos han muerto en varias Entidades Federativas; por lo que la Secretaría de Gobernación emitió una declaratoria de emergencia extraordinaria para los estados de Morelos, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Ciudad de México y estado de México, de modo que se activo el Fondo para Atención de Emergencias (Fonden) para que las autoridades de estas entidades federativas afectadas cuenten con los recursos necesarios para atender las necesidades más urgentes de la población como son alimento, abrigo, salud entre otros.
Si bien es cierto que la tragedia que se vive actualmente en estas entidades de nuestro País debe ser atendida de inmediato, también es cierto que tenemos otras partes como en el municipio de Chimalhuacán, estado de México, en las que afortunadamente no se dieron decesos, pero si se presentaron serios daños materiales sobre todo en Instituciones Educativas de todos los niveles, sector en donde por lo menos 141 escuelas han resultado con grandes daños estructurales, siendo de inminente demolición y reconstrucción 4; un aproximado de 5,810 metros lineales de 72 bardas perimetrales que colapsaron; en materia de vivienda, luego de un recorrido preliminar se han revisado hasta el momento 42, 567 casas habitación de un total de 149 mil, de las cuales 648 presentan riesgo inminente de colapsar por lo que ya fueron desalojadas; en materia de vialidad y transporte encontramos dos puentes vehiculares con daños, como lo son el puente del Bordo de Xochiaca, principal acceso al municipio de Chimalhuacán, que conecta con el municipio de Ciudad Netzahualcóyotl y la Ciudad de México, por donde transitan diariamente más de 525 mil habitantes de Chimalhuacán, así como el puente vehicular de piedras negras principal conexión con otros municipios del oriente del estado de México como Los Paz, Ixtapaluca, Chalco y Texcoco, y los carriles confinados del Sistema de Transporte Colectivo MEXIBUS, que conecta al municipio de Chimalhuacán con la Ciudad de México (Pantitlán), mismos que requieren de inmediata atención; en materia de electricidad 18 transformadores resultaron afectados, 61 postes de energía eléctrica dañados y otros tantos caídos, así como 14 elementos arbolarios derrumbados y otros a punto de caer; en materia de servicio de agua potable resultaron afectados poco más de 124,415 habitantes de este municipio por los daños sufridos en 3 pozos así como en 2 sistemas de distribución de agua.
Tales necesidades pueden ser atendidas por medio del recurso con el que cuenta el Fondo de Atención a Desastres Naturales (Fonden), ya que a través de éste se pueden autorizar recursos suficientes para cubrir fuentes transitorias de ingresos para causas de un desastre natural cuando se tenga como finalidad la limpieza y remoción de escombros para la rehabilitación inmediata de nuestras Instituciones Educativas, de las viviendas dañadas, así como de los también importantes puentes vehiculares por las que diariamente circulan miles de habitantes chimalhuaquenses a sus lugares de trabajo; cabe destacar que el gobierno del municipio de Chimalhuacán y la ciudadanía han emprendido ya, acciones tendientes a mitigar el impacto causado por el fenómeno telúrico, aportando tanto recursos económicos como materiales y humanos, en un gran esfuerzo, sin embargo, ello no es suficiente pues la capacidad financiera del gobierno municipal rebasa los daños acaecidos el pasado 19 de septiembre.
Por lo que consideramos urgente que la Secretaría de Gobernación emita la declaratoria de emergencia a la que hace referencia el artículo 5, fracción VII, de las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales y, en el contexto de dicha declaratoria, se asignen recursos para la reconstrucción o restitución de los bienes afectados que permitan adoptar medidas de mitigación para daños futuros, a través de normas de diseño o construcción que reduzca su vulnerabilidad ante futuras amenazas; así como asegurar la oportuna asignación y aplicación de los recursos a proyectos preventivos y a solventar aspectos prioritarios y urgentes relacionados o derivados de fenómenos naturales perturbadores.
Por otro lado, es de urgente intervención que las Secretarias de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; de Desarrollo Social, de Comunicaciones y Transportes, así como la Comisión Nacional del Agua, con recursos de los Programas de Apoyo a la Vivienda, de Fonhapo, de infraestructura carretera y de agua potable en el ámbito de sus respectivas esferas apoyen a la población afectada.
En mérito de lo anteriormente referido es que se somete a su consideración la proposición con los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gobernación del gobierno federal, con la finalidad de emitir la declaratoria de desastre a que hace referencia las Reglas Generales del Fondo Nacional de Desastres para adoptar las medidas necesarias tendientes a apoyar a la población tanto civil como estudiantil del municipio de Chimalhuacán en el estado de México, afectados por el fenómeno telúrico ocurrido 19 de septiembre del año en curso.
Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, de Desarrollo Social, de Comunicaciones y Transportes así como de la Comisión Nacional del Agua del gobierno federal, a destinar recursos provenientes de sus respectivos programas, para atender las necesidades de la población afectada.
Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno del estado de México, para que en un ambiente de coordinación institucional, propicie la asignación de los recursos financieros necesarios para atender los efectos del fenómeno perturbador y la realización de acciones para mitigar efectos en el futuro.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de noviembre de 2017.
Diputados: Telésforo García Carreón, Maricela Serrano Hernández, Héctor Javier Álvarez Ortiz, Edith Villa Trujillo, Hersilia Córdova Morán, Juan Manuel Celis Aguirre (rúbricas).Con punto de acuerdo, relativo a implantar acciones a fin de adecuar las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro para las personas ciegas, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
La suscrita, Mirna Isabel Saldívar Paz, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, en ejercicio de la facultad conferida por los artículos 6, numeral 1, fracción 1; 62, numeral 3; 79, numerales 1, fracción I, y 2; y 100, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía, el presente punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las autoridades administrativas de la honorable Cámara de Diputados a que implementen las acciones necesarias para adecuar las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a efecto de que sean cien por ciento accesibles a las personas ciegas y les permitan conducirse de forma independiente en su interior, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En nuestro país, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares y la Encuesta Nacional de los Hogares, todas ellas del año 2014, elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se desprende que en el país había cerca de 120 millones de personas, de ellas 6 por ciento presentaban algún problema de discapacidad y 13.2 por ciento se encontraban en riesgo de experimentar restricciones o limitaciones en sus actividades. En cifras absolutas el total de población que sufre de algún tipo de discapacidad alcanzó los 7 millones 184 mil personas y alrededor de 15 millones 886 mil registraron dificultades leves o moderadas para realizar actividades básicas.
En el documento denominado “La discapacidad en México, datos al 2014” publicado por el Inegi,i se refieren algunas de las condiciones que enfrentan en nuestro país las personas con alguna discapacidad; en el caso de la discapacidad visual los resultados difundidos por el Instituto señalan que 1 millón 561 mil personas tienen algún tipo de esta discapacidad (moderada, grave o ceguera),ii y enfrentan diversos obstáculos que les impiden llevar a cabo actividades básicas, en especial podemos señalar lo relativo a la accesibilidad a instalaciones públicas y privadas.
Al respecto, resulta importante señalar que el concepto de accesibilidad se utiliza para nombrar al grado o nivel en el que cualquier ser humano, más allá de su condición física o de sus facultades cognitivas, puede usar una cosa, disfrutar un servicio o hacer uso de una infraestructura.
La accesibilidad supone un derecho que otorga a un individuo la posibilidad concreta y real de entrar, permanecer y recorrer un lugar con seguridad, comodidad y la mayor autonomía posible.
Existen diversas “ayudas técnicas” para impulsar la accesibilidad y equiparar las posibilidades de todas las personas, ello supone que un espacio que presenta buenas condiciones de accesibilidad puede recibir a toda clase de gente sin que exista un perjuicio o una complicación para nadie, las rampas para discapacitados, el alfabeto braille y las señales auditivas son algunas de estas ayudas técnicas.
Interesados en garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, en la Cámara de Diputados se han llevado a cabo acciones tendentes a adecuar y acondicionar sus instalaciones para asegurar a las personas con discapacidad que acuden al Palacio Legislativo de San Lázaro la accesibilidad necesaria para llevar a cabo las actividades que realicen en su interior. Con ese fin, entre otras acciones, se adecuaron rampas para el uso de sillas de ruedas, se acondicionaron instalaciones especiales en los sanitarios, los elevadores cuentan con platillas braille en los tableros de control y en diversas actividades desarrolladas en el marco de los trabajos parlamentarios intérpretes de la lengua de señas mexicana (LSM) participan en ellas en beneficio de aquellos que hacen uso de dicha lengua.
No obstante estas relevantes acciones, debemos reconocer que falta mucho por hacer para lograr que el Palacio Legislativo de San Lázaro sea cien por ciento accesible a las personas con discapacidad, en especial para las personas ciegas.
Actualmente, cuando una persona ciega accede a estas instalaciones se enfrenta a la falta de ayudas técnicas que le permitan ubicarse y desplazarse de forma autónoma o independiente dentro del Palacio Legislativo y se ve en la necesidad de solicitar la orientación o ayuda del personal que presta sus servicios en la Cámara de Diputados o, en su defecto, a quien se preste a auxiliarlo, situación que limita su desplazamiento y lo hace depender de terceras personas.
En efecto, resulta necesario, por una parte, la colocación de “guías podotáctiles” o “guías táctiles” para ayudar y facilitar el desplazamiento de las personas ciegas dentro de las instalaciones de la Cámara de Diputados, en especial pasillos y explanadas; y por otro lado, la instalación de “planos de planta” o “planos de conjunto”, que permitan a una persona ciega la ubicación de las instalaciones internas (auditorios, salones, edificios, grupos parlamentarios, entre otros) y le permita la movilidad dentro del conjunto arquitectónico del Palacio Legislativo.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno de esta soberanía el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades administrativas de esta honorable Cámara a que implementen las acciones necesarias para adecuar las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a efecto de que sean cien por ciento accesibles a las personas ciegas y les permitan conducirse de forma independiente en su interior.
Notas
i Fuente:
http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/produ
ctos/prodserv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/7028250
90203.pdf consultado el 16 de agosto de 2017.
ii Fuente: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/es/ consultado el 16 de agosto de 2017.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de noviembre del 2017.
Diputada Mirna Isabel Saldívar Paz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, por la Segob, y los gobernadores a celebrar en coordinación un acuerdo para llevar a cabo acciones en materia de seguridad pública, a cargo del diputado César Alejandro Domínguez Domínguez, del Grupo Parlamentario del PRI
César Alejandro Domínguez Domínguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 3, numeral 1, fracción IX; 6, numeral 1, fracciones I y IV; 77; 78; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como 58, fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo, de urgente resolución, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
La seguridad pública es una función a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.
Así dicta textualmente el artículo 21 constitucional en el párrafo noveno. Sin embargo, en la práctica vemos que muchas veces esa coordinación no se lleva a cabo, sin embargo, la sociedad es la que, como siempre paga las consecuencias de las acciones u omisiones de las autoridades.
La ley establece de manera clara las facultades que cada orden de gobierno tiene; sin embargo, vemos con tristeza que algunos Gobernadores evaden su responsabilidad argumentando que no es de su competencia, o bien, existen limitaciones que les impiden hacer frente al fenómeno delictivo.
La revista Forbes señaló en un reporte de junio de 2017 que de Baja California Sur, Zacatecas, Veracruz, Tabasco, Morelos, Colima, Baja California se encuentran en rojo en el semáforo delictivo de alto impacto; mientras, Tamaulipas, Sinaloa, Guerrero, los marcan en naranja. Sonora, San Luis Potosí, Oaxaca, Nuevo León, Nayarit, Guanajuato, Chihuahua y Aguascalientes los sitúa en amarillo, según su informe sobre el primer semestre del presente año.
Por otra parte, el diario El Financiero ubicó a Guerrero, Colima, Sinaloa, Baja California Sur y Baja California como los estados más violentos.
Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos alertó a sus ciudadanos que viajan al país, sobre extremar precauciones, particularmente en Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Colima, Guerrero, Quintana Roo y Veracruz.
Sin embargo, las cifras van a variar mucho atendiendo a la fuente y al delito que se está analizando estadísticamente, por lo que vamos a encontrar una variedad de semáforos que midan la delincuencia en México, además es una situación que la misma ciudadanía percibe de manera directa, por lo que muchos de nosotros pudiéramos decir que los dato no concuerdan con la realidad, sin embargo muchas veces es cuestión de perspectiva.
Por esa razón, más que preocuparnos por las estadísticas de gobiernos extranjeros, o factores de opinión, como pueden ser algunos medios de comunicación en el mundo, o de las cifras oficiales de nuestro propio gobierno, debemos ocuparnos en trabajar de forma coordinada para atacar el problema de la mejor manera.
Este año ha sido particularmente complejo en materia de seguridad, sin embargo, no es la primera vez que enfrentamos situaciones de esta naturaleza, sabemos que actuando con la coordinación necearía e implementando de manera conjunta por los tres órdenes de gobierno las acciones acordadas en el Consejo de Seguridad podemos salir adelante como país.
Lo anterior da la pauta para que se lleve a cabo un acuerdo nacional, en el que según la problemática se celebren convenios ad hoc a cada circunstancia y territorio, en el que los tres órganos de gobierno actúen de forma coordinada para buscar la recuperación del orden y la paz en nuestro entorno.
Con anterioridad se han llevado a cabo acuerdos por la seguridad, como lo fue el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad del 21 de agosto de 2008, en el que se incluyó la participación de los tres Poderes de la Unión y de los tres órdenes de gobierno, así como de la sociedad civil.
Éste fue un acuerdo que reconocía la integralidad de una estrategia nacional en materia de seguridad pública y, planteada desde la Conferencia Nacional de Gobernadores, que contempló políticas integrales en materia de prevención del delito, procuración e impartición de justicia, readaptación social, participación ciudadana, inteligencia y análisis legislativo, así como de control de confianza y de comunicación.
El resultado fue una reestructura a las instituciones del estado en materos de seguridad, así como una base normativa que dio resultados en la impartición de justicia, de la cual se derivaron reformas constitucionales que a la par, dieron origen al nuevo sistema de justicia penal.
A nueve años del citado acuerdo nacional, la circunstancias por las que atraviesa el país indican que es tiempo de la celebración de uno nuevo, en el que las responsabilidades se delimiten y compartan, no sólo se señalen en aras como incompetencia de alguna autoridad al hacer frente a la inseguridad.
No es tiempo de echar culpas, es tiempo de compartir responsabilidades, pero sobre todo de dar resultados en beneficio de la ciudadanía, pues si factores externos estigmatizan de nueva cuenta la seguridad en el país, las relaciones diplomáticas y comerciales también se pueden complicar.
Por ello, consideramos oportuno que el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, convoque a los estados a la celebración de un acuerdo nacional por la seguridad, que permita la celebración de convenios que definan las estrategias y compromisos a cumplir de acuerdo a las necesidades en cada caso en particular, que puedan ser suscritos por los tres órdenes de gobierno en los casos que correspondan.
En conclusión, buscamos que la celebración del acuerdo tenga por objeto convenir de manera focalizada la realización de acciones específicas, llevadas a cabo de forma coordinada por los tres órdenes de gobierno.
Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular del Poder Ejecutivo federal a convocar a los gobernadores de los estados a efecto de celebrar un acuerdo nacional por la seguridad que permita llevar a cabo las acciones necesarias en materia de seguridad pública, principalmente en las entidades federativas donde hay graves problemas de inseguridad.
Remitir el presente acuerdo a las legislaturas de los estados para que se sumen y repliquen en su ámbito territorial.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de noviembre de 2017.
Diputado César Alejandro Domínguez Domínguez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, la Ssa, la Sedesol y el SNDIF a implantar una estrategia integral para erradicar el matrimonio y la unión tempranos de niños y adolescentes en el país, a cargo de la diputada Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Quien suscribe, Mirna Isabel Saldívar Paz, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 2 y 79, numerales 1, fracción II y 2, fracción I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
El matrimonio infantil y las uniones tempranas constituyen una violación a los derechos humanos de las y los menores de edad, que afecta principalmente su educación, salud y seguridad.
Esta situación refleja lo establecido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030, que señalan en su meta 5.3 la erradicación de las prácticas perjudiciales para niñas, niños y adolescentes, como lo es el matrimonio infantil, temprano y forzado.1
Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se ha pronunciado por considerar estas prácticas como nocivas, ya que perjudican la vida, la salud, la educación y la integridad de los menores de edad y de sus familias, impactando negativamente su desarrollo.2 Además, esto trae múltiples consecuencias como la deserción escolar, el embarazo prematuro, la mortalidad materna, la transmisión intergeneracional de la pobreza y, en general, la limitación a las oportunidades de vida de las niñas, niños y adolescentes.3
Según cifras de la iniciativa Girls not Brides de la organización no gubernamental Save the Children, en México una de cada cinco mujeres contrae una unión conyugal antes de cumplir los 18 años de edad.4
Asimismo, ONU-Mujeres en el año 20165 dio a conocer los siguientes datos:
• Una de cada cinco mujeres inició su unión conyugal antes de cumplir 18 años de edad.
• 3.7 por ciento de las mujeres de 20 a 24 años de edad se unieron o casaron antes de los 15 años.
• 6.8 millones de mujeres mexicanas de entre 15 y 54 años de edad se unieron conyugalmente antes de cumplir 18 años de edad.
• La tendencia de las uniones tempranas ha variado poco en las nuevas generaciones: en mujeres de 50 a 54 años sólo 25.3 por ciento se unieron antes de los 18 años, mientras que las mujeres de 20 a 24 años tan sólo en 21.4 por ciento.
• Chiapas es el estado con las proporciones más elevadas de mujeres de 20 a 24 años de edad que se unieron conyugalmente antes de cumplir 18 años, con 30.4 por ciento, seguido de Nayarit con 29.1 por ciento, Guerrero y Zacatecas con 28.5 por ciento y Coahuila con 27.3 por ciento.
• Se agrava de manera preocupante en los jóvenes hablantes de lengua indígena que presentan proporciones muy elevadas de matrimonio infantil, superiores a 40 por ciento en Chiapas, Guerrero y Veracruz.
• Segmentado en las mujeres urbanas tenemos 17.7 por ciento y 28 por ciento de las mujeres rurales que entró en unión conyugal antes de los 18 años de edad.
• La Ciudad de México es la entidad con la menor proporción de mujeres de 20 a 24 años unidas conyugalmente antes de cumplir 18 años, con el 13 por ciento.
• Más de 5 por ciento de las mujeres en comunidades rurales se casaron o se unieron antes de cumplir los 15 años, más del doble de aquellas que viven en comunidades urbanas, que es de 2.8 por ciento.
• Asimismo, más de 60 por ciento de las mujeres en México de entre 20 y 24 años se casaron antes de los 18 años, y vivían en condiciones de pobreza.
• 15.4 por ciento de las mujeres que hoy tienen entre 20 y 24 años de edad fueron madres antes de los 18 años.
• Por último, en 2014, 10.4 por ciento del total de muertes maternas en México se presentó en menores de 19 años.
Esos datos resultan alarmantes, por lo que las autoridades mexicanas tomaron la iniciativa de crear el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en el marco de los derechos humanos, la igualdad de género, la corresponsabilidad y la rendición de cuentas.6
Es así que también se crea la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, siendo éste el primer instrumento normativo nacional que, por primera vez, consideró a las y niñas y niños como sujetos de derechos y no de protección. Del mismo ordenamiento legal se desprende que su artículo 45 establece los 18 años de edad como la edad mínima para contraer matrimonio.7
En ese sentido, los códigos civiles y familiares de los estados de Baja California Sur, Coahuila, Jalisco, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán, establecen en su cuerpo normativo que la edad mínima para contraer matrimonio es de 18 años, tanto para mujeres como para hombres.
Sin embargo, a pesar de la existencia de la regla general para todo el país, aún existen estados como Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero y Nuevo León, al cual represento, así como Querétaro, Sonora y Tabasco, donde las edades mínimas para contraer matrimonio son de 14 o 16 años para mujeres y 16 o 18 para hombres, situación que deja entrever la presencia de excepciones y dispensas para su pleno cumplimiento.8
La Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que 74 mil 446 adolescentes de entre 12 y 17 años se encontraban casados, de los cuales, 58 mil 112 eran niñas o mujeres adolescentes. De la misma forma, se dejó entrever que 305 mil 285 adolescentes en el mismo rango de edad vivían en unión libre o uniones de hecho.9
Estos datos son el reflejo de la crisis actual que vivimos en el país sobre el matrimonio infantil que perturba a diario el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.10
Al respecto, la ONU11 ha emitido las siguientes recomendaciones que pueden cambiar este panorama:
• Armonización legal completa, de acuerdo a los instrumentos internacionales y al marco jurídico nacional, para establecer la edad del matrimonio a los 18 años sin excepción en las leyes y en los Códigos estatales.
• Fortalecimiento de políticas de empoderamiento de niñas y adolescentes para lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el marco de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030.
• Garantizar la protección social integral a niñas, niños y adolescentes, desarrollando políticas públicas, programas, y servicios multisectoriales para combatir esta práctica, y promover oportunidades de inclusión y desarrollo para ellas.
• Garantizar la permanencia en la escuela: impulsar la inclusión, permanencia o continuación de las niñas, niños y adolescentes en el sistema educativo hasta concluir la preparatoria. Existen evidencias de que las tasas de matrimonio de niñas se ven sensiblemente reducidas cuando las mujeres concluyen la preparatoria.
• Campañas de difusión a nivel estatal y municipal sobre las consecuencias negativas del matrimonio y la unión temprana de niñas, niños y adolescentes, con la finalidad de desalentar y erradicar esta práctica nociva.
• Campañas de comunicación y sensibilización a menores de edad y padres.
En Nueva Alianza consideramos que la situación de las niñas, niños y adolescentes en uniones tempranas constituye una violación grave a los derechos humanos de las y los menores de edad.
Se trata de una lacerante problemática social que afecta arduamente la vida, la salud, la educación y su integridad, e impacta su desarrollo futuro y el de sus familias, e incrementa la discriminación. Por ello se propone el presente exhorto a fin de lograr la participación de todos los sectores involucrados para obtener un avance significativo en esta tarea aún pendiente, bajo una estrategia integral.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a los congresos locales de las entidades federativas para adecuar las normas locales conforme a los lineamientos establecidos en los instrumentos internacionales, y el marco jurídico nacional, para establecer como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a los titulares de la Secretaría de Gobernación, de Salud y de Desarrollo Social, así como al titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, junto con sus homólogos en las entidades federativas para que, en el ámbito de sus atribuciones, revisen y refuercen las acciones en la construcción de una estrategia integral adecuada contra la problemática de las niñas, niños y adolescentes en uniones tempranas.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un exhorto de manera respetuosa a los titulares de las Secretarías de Gobernación, de Salud y de Desarrollo Social, así como al titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, junto con sus homólogos en las entidades federativas para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, refuercen y fortalezcan la promoción y difusión de campañas a nivel estatal y municipal sobre las consecuencias negativas del matrimonio y la unión temprana de niñas, niños y adolescentes, en aras de sensibilizar a la sociedad sobre su magnitud, alcances y efectos, sin estimarse que el desarrollo de ello represente un impacto presupuestal adicional al establecido para el cumplimiento y seguimiento de las actividades institucionales programadas.
Notas
1 México sin matrimonio de niñas en la ley y en la práctica , campaña del secretario general de las Naciones Unidas, Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres , ONU Mujeres, México, febrero 2016.
2 México sin matrimonio de niñas en la ley y en la práctica , campaña del secretario general de las Naciones Unidas, Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres , ONU Mujeres México, ONU México, febrero 2016.
3 México sin matrimonio de niñas en la ley y en la práctica , campaña del secretario general de las Naciones Unidas, Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres , ONU Mujeres México, ONU México, febrero 2016.
4 Jennifer Alcocer, Matrimonio infantil en México continúa como una ‘tradición’, Publimetro México, 23 de julio de 2017, 23/7/2017 consultado en https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2017/06/24/matrimonio-infanti l-mexico-continua-una-tradicion.html 1/15
5 Gabriela Ponce Sernicharo, Al día las cifras hablan No. 68, Día Internacional de la Mujer, Datos Actualizados, 08 de marzo de 2017, Dirección General de Análisis Legislativo Instituto Belisario Domínguez Senado de la República.
6 México sin matrimonio de niñas en la ley y en la práctica , campaña del secretario general de las Naciones Unidas, Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres , ONU Mujeres México, ONU México, febrero 2016.
7 Ibídem.
8 Ibídem.
9 Ibídem.
10 Ibídem.
11 Ibídem.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de noviembre de 2017.
Diputada Mirna Isabel Saldívar Paz (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, la Sener, la SHCP, la Sedatu, la CFE y los gobiernos locales a atender en los planteles educativos diversas áreas de oportunidad, desde garantizar el servicio básico de electricidad y fomentar la transparencia en los comités de padres de familia hasta regularizar la situación jurídica de los predios donde laboran, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del PRI
Quien suscribe, Xitlalic Ceja García, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
En el año 2014, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación dio a conocer los resultados de la primera Evaluación de Condiciones Básicas para la Enseñanza y el Aprendizaje. En ese estudio, entre otros aspectos se evaluaron las condiciones de la infraestructura educativa; el mobiliario y equipo para la enseñanza; la gestión del aprendizaje y el personal que laboraban en las escuelas del país.
Entre las principales irregularidades identificadas, destaca la desigualdad física y material con las que operaban los centros educativos, contexto que se refleja en el deterioro de la infraestructura y mobiliario, la precariedad en los servicios básicos como agua, luz y drenaje, además de la falta de higiene en las instalaciones entre ellos sanitarios, comedores y salones.
Estos problemas se han ido superando con la reforma educativa, a pesar de ello y para fortalecer este esfuerzo institucional y de Estado, por su parte el Ejecutivo federal, anunció una inversión de 80 mil millones de pesos para construir o remodelar diversos espacios educativos.
Con el Programa Escuelas al CIEN, hasta el 30 de junio de 2017 se atendieron 12 mil 094 planteles educativos con una inversión de 17 mil 882.8 millones de pesos. Con estas acciones, se beneficiaron a por lo menos 2.5 millones de alumnos de educación básica y media superior.
Sin embargo, múltiples organizaciones de la sociedad civil y padres de familia, han externado su preocupación por diversas áreas de oportunidad que aún persisten, como asegurar el servicio básico de energía eléctrica, fomentar la transparencia en los Comités de Padres de Familia y regularizar la situación jurídica de los predios en donde laboran las escuelas del país.
Es relevante referir que muchas escuelas no cuentan con electricidad (10.4 por ciento al 2016) o presentan adeudos y cobros excesivos, panorama que se agrava en estados como Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Puebla y que hacen imposible el acceso al internet y a otras plataformas del conocimiento, por lo que no se alcanzan todos los objetivos de aprendizaje. En muchas otras, los directivos han notificado a los padres de familia y tutores que serán a través de cuotas, la manera en que se solventarán los pagos y adeudos. Situación que genera molestias, inconformidades e incertidumbre a los estudiantes y padres de familia.
Ejemplo de esta situación fue el estado de México, ya que en el año 2013 la Comisión Federal de Electricidad suspendió el servicio de energía eléctrica por adeudos, a por lo menos 40 escuelas del nivel básico en municipios como Toluca, Ecatepec y Nezahualcóyotl. Este corte de energía imposibilitó la impartición de clases y vulneró el derecho de los infantes a recibir una educación de calidad.
Otras problemáticas son la poca transparencia con la que se están ejerciendo los recursos en los planteles y la falta de escrituración de los predios en los que laboran, sólo en el estado de Quintana Roo se llegó a contabilizar que 3 de cada 10 planteles no contaban con títulos de propiedad. Para el caso del estado de Puebla, estos datos no son públicos y están desactualizados.
Las dificultades descritas, en su conjunto vulneran el pleno ejercicio del derecho a la educación gratuita y de calidad, debido a que al no contar con los servicios mínimos, es difícil dar clases e imposible acceder a las tecnologías de la información y aprendizaje.
Diversos estudios nacionales e internacionales arrojan que la calidad de la educación está relacionada con la formación de los maestros, las condiciones de las escuelas y la prestación eficiente de los servicios como agua potable, energía eléctrica y alcantarillado, es decir, en la medida que contribuyamos en garantizar óptimas condiciones en los planteles, estaremos coadyuvando en una formación adecuada para niñas, niños y adolescentes.
La infraestructura escolar es una de las principales directrices en el nivel de aprendizaje de los estudiantes, de ahí la importancia del presente punto de acuerdo que enfatiza en las condiciones que operan dichos establecimientos en todo el país.
Es elemental, denunciar y prevenir “cobros y cuotas obligatorias”, ya que se han denunciado que diversos planteles se están llevando a cabo estas prácticas, amenazando que de no hacer estos pagos no se podrán iniciar con los trámites de inscripción.
El artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hace alusión a la educación gratuita y obligatoria, por lo que el Estado, a través de sus instituciones, tiene la responsabilidad de proporcionar los servicios necesarios para que los mexicanos tengamos acceso a los servicios educativos.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta.
Puntos de acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad y a las secretarías de Educación Pública, de Energía y de Hacienda y Crédito Público a que, de manera coordinada, analicen la pertinencia de eximir del pago de energía eléctrica a las escuelas públicas el país y con ello, garantizar el acceso a una educación gratuita y de calidad, además de fomentar mejores condiciones para el aprendizaje.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a sus homologas en las entidades federativas a que, en el marco de sus atribuciones y en coordinación con las autoridades de los planteles educativos, incrementen sus acciones para identificar, prevenir, sancionar y denunciar probables actos de corrupción en la captación y ejecución de las “cuotas voluntarias” que reciben los Comités de Padres de Familia ante el incremento de denuncias públicas de malversación de fondos, peculado y desvío de recursos.
Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de Educación y a sus homologas en las entidades federativas, así como a los gobiernos de los estados, a que implementen o, en su caso, fortalezcan los programas de regularización de los predios de escuelas públicas, para dotarlos de certeza jurídica, asimismo, se establezcan los convenios necesarios con los colegios de notarios a fin de que brinden facilidades, descuentos y asesorías en los trámites de escrituración.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 16 días del mes de noviembre del 2017.
Diputada Xitlalic Ceja García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas dependencias a ajustar a los derechos humanos y la debida diligencia sus actuaciones en el caso del puerto de Ciudad del Carmen, Campeche, por los probables delitos de trata con fines de explotación laboral, esclavitud y trabajo forzado de 300 personas, a cargo de la diputada Julieta Fernández Márquez, del Grupo Parlamentario del PRI
La suscrita, diputada Julieta Fernández Márquez, presidenta de la Comisión Especial Contra la Trata de Personas de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, 65; 76, numeral 1, fracción II; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2; así como los artículos 79, numeral 2, fracción III, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, invocando respetuosamente el carácter de urgente y obvia resolución para exhortar respetuosamente al titular de la secretaría enunciada en el proemio de la citada proposición, al tenor de los siguientes.
En febrero de 2014, Banamex informó de un fraude contra esa institución por casi 600 millones de dólares, perpetrado por algunos de sus empleados coludidos con la empresa Oceanografía, proveedora de servicios marítimos para Petróleos Mexicanos; la Procuraduría General de la República abrió investigación y aseguró sus bienes, incluyendo una flota, que puso a disposición del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, fue inhabilitada por dos años y en 2016 se le declaró en quiebra, quedando como administrador el propio SAE que, para cumplir con las regulaciones marítimas, mantenerlas en estado de operatividad, garantizar su seguridad y la de las instalaciones portuarias y petroleras de costa y mar adentro, contrató 300 trabajadores entre capitanes, patrones y tripulación, para 21 embarcaciones amarradas en el puerto de Isla del Carmen, Campeche; en abril de 2017, la PGR dio por cerrada la indagatoria, desaseguró los bienes; el SAE abandonó desde luego la administración de las embarcaciones; desde entonces la empresa no se ha hecho cargo de la responsabilidad y ha generado una grave situación de crisis de seguridad nacional en toda la zona, y de crisis humanitaria a bordo de las embarcaciones.
De seguridad nacional, porque la falta de abastecimiento de materiales para mantener las máquinas en estado de funcionamiento y en buen estado las anclas y amarras ya viejas y desgastadas, así como de combustible para accionar y maniobrar en caso de cualquier urgencia, generan un grave riesgo de daños para las embarcaciones mismas, las vías de navegación, las instalaciones portuarias y las petroleras mar adentro.
Estos riegos se han actualizado ya tres veces: primero el remolcador de doble quilla Titán II; luego, el 9 de septiembre, la embarcación Caballo Azteca quedó a la deriva por falta de combustible, generando una situación de peligro en toda la zona; ahora, el 24 de octubre la embarcación Caballo de Trabajo, que quedó a la deriva con ocho tripulantes, cuando se rompió en ancla y el personal a bordo no pudo maniobrar por falta de combustible, hasta que finalmente se logró tirar el ancla de babor para quedar varada en Playa Norte, 1.6 millas náuticas mar adentro, alrededor de una hora y media de la costa en lancha rápida.
En los tres casos la pericia de los tripulantes evitó que las situaciones pasaran a mayores, lo que no se puede esperar que ocurra al iniciar en noviembre la temporada de huracanes más violenta, a punto de comenzar:
Crisis humanitaria a bordo, como lo certificó y calificó la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Campeche el pasado 24 de septiembre, porque el personal se encuentra en condiciones precarias, de extrema insalubridad e inseguridad, sin agua ni alimentos; sin combustibles para cocinar, ni para accionar el aire acondicionado, sin que se les paguen sus salarios ni se abonen sus prestaciones, sin poder lejos de sus familias, sin poder apoyarlas ni poder ser apoyados por ellas que, en su mayoría viven lejos, viviendo de la solidaridad de gente de la zona que los provee de agua para beber, algunos alimentos y leña para cocinar a bordo, amenazadas por la empresa de que no se les pagará lo que se les debe si denuncian, de ser denunciados si abandonan las embarcaciones, y sin poder hacerlo porque incurrirían en responsabilidades penales y administrativas, en términos del artículo 27 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, y perderían su Libreta de Mar y quedarían impedidos de volver a trabajar.
La situación prevalece a pesar de que el 7 de septiembre se presentó Acta
Protesta en que se denunciaron los hechos y la configuración de diversos delitos; el 13, queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos; el 16, solicitud a la Dirección General de Inspección de Trabajo de la STPS para que inspeccionara las condiciones laborales y de vida abordo; el 3 de octubre, solicitud de intervención de la Dirección General de Capitanías de Puerto de la Secretaría de Marina; el 19 de septiembre se presentó Amparo Indirecto ante el Juez Primero de Distrito en Campeche para que se diera vista al Agente del Ministerio Público adscrito y comunicara al Síndico de la Quiebra de la empresa; el 21, denuncia ante el agente del Ministerio Público Federal de Isla del Carmen por los delitos de trata de personas y de explotación laboral análogo a la esclavitud; el 11 de octubre se solicitó al Juzgado Tercero de Distrito en materia civil que se remataran las embarcaciones y se reconociera el crédito laboral y privilegio de pago de las tripulaciones frente el resto de los acreedores del concurso de la quiebra.
Hasta ahora no ha habido respuesta de las autoridades jurisdiccionales, de protección de los derechos humanos, ni administrativas del trabajo y marítimas, que se han deslindado bajo el argumento de que se trata de un asunto laboral que se han deslindado del asunto argumentando que se trata de un asunto laboral.
Al respecto cabe destacar que, si “sólo” eso fuera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció el 20 de octubre de 2016 en materia de trata de personas con fines de esclavitud y prácticas análogas, servidumbre y trabajo forzado, y resolvió que “...es razonable concluir que la falta de debida diligencia y de sanción por los hechos de sometimiento a condición análoga a la de esclavo, estaba relacionada a una preconcepción de las condiciones a las que podía ser normal que fueran sometidos los trabajadores...” y que “...situaciones laborales no estables [son causas estructurales por las que] muchos trabajadores [se someten] a situaciones de explotación aceptando el riesgo de caer en condiciones de trabajo inhumanas y degradantes”; pero se debe distinguir “...entre los conceptos de esclavitud, servidumbre y trabajo forzoso... y evitar la confusión entre los diversos tipos de explotación humana, pues no hacerlo “banalizaría la esclavitud y dificultaría su erradicación”, y deja claro que “...una mera violación a la legislación laboral no alcanza el umbral de reducción a la esclavitud, sino que (como es el caso que nos ocupa) se necesita que las violaciones sean graves, persistentes y que lleguen a afectar la libre determinación de la víctima [...]”
De acuerdo a lo anterior y al sentido común, no toda violación de derechos laborales configura trabajo esclavo, pero si como es el caso, la ofensa a los derechos garantizados vigentes es intensa, persistente, llega a niveles escandalosos, los trabajadores están sometidos a trabajos forzados, jornadas exhaustivas o condiciones degradantes, es posible configurar en el delito de esclavitud en los términos que tipifica la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, de la que México es parte, en el artículo 99, 110 fracción b), así como en el artículo 21 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos; el 25 de septiembre se solicitó a la oficina de Atención de Víctimas con residencia en Mérida se reconociera esta condición para los tripulantes.
La situación del personal a bordo es muy delicada: va de la violación de derechos humanos y laborales, hasta hechos que ponen en riesgo su integridad física y emocional;
Por eso en el Acta Protesta que se presentó el 7 de septiembre ante el Capitán de Puerto en su carácter de auxiliar del Ministerio Público Federal, y la denuncia el día 21 ante el agente del Ministerio Público Federal de Isla del Carmen, se configuran delitos previstos la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos y la legislación internacional en la materia, contenida en instrumentos jurídicos de los que México es parte.
Trata de personas en términos del artículo 10 de la Ley, que señala que se comete este delito cuando ocurren, como ha sido ya el caso, acciones u omisiones dolosas de una o varias personas para captar, enganchar, retener o alojar a una o varias personas con fines de explotación; Esclavitud , en términos del artículo 11, en la medida en que se ejerce dominio sobre los tripulantes, dejándolos sin capacidad de disponer libremente de sus propias personas y bienes; Explotación Laboral , en términos del artículo 21, en la medida en que se obtienen directa e indirectamente beneficios injustificables, económicos y de otra índole, de manera ilícita mediante el trabajo de los tripulantes, sometiéndolos a prácticas que atentan contra su dignidad, peligrosas e insalubres sin las protecciones necesarias, y hay una manifiesta desproporción entre la cantidad de trabajo realizado y el pago, cuando como es el caso, no hay siquiera salario; Trabajo Forzado , en términos del artículo 22, en la medida en que el trabajo de los tripulantes se obtiene mediante amenazas de daño grave que los pone en condiciones de vulnerabilidad, y amenaza de utilización de la ley o proceso legal, que provoca que se sometan a condiciones que atentan no solo contra su dignidad, sino incluso contra su vida; Conductas análogas a las enunciadas en los incisos a) y b) de la Fracción II del Artículo 12, en la medida en que, por los medios señalados en los artículos anteriores, se les impide cambiar su condición de vida y trabajo y se les obliga a prestar servicios no remunerados, sin que puedan abandonar el lugar de trabajo.
En virtud de que desde hace medio año 21 embarcaciones, instalaciones portuarias y petroleras se encuentran en peligro inminente, y trescientas personas en situación precaria, degradante y en peligro sus vidas, someto a esta soberanía, en trámite de urgente y obvia resolución, el siguiente proyecto de
Punto de acuerdo
Único. El Pleno de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, exhorta:
Primero. A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a:
1. Atraer la investigación iniciada por la Comisión Estatal; efectúe cuanto antes una revisión ocular de las condiciones de vida y seguridad de las personas a bordo, de los riesgos para la seguridad de la vida en el mar y de las instalaciones portuarias y petroleras, y se pronuncie al respecto y emita recomendación sobre el asunto a las autoridades competentes.
2. Solicite medidas cautelares para la protección de las personas que se encuentra a bordo para la salvaguarda de su seguridad y evitar que las amenazas de que han sido objeto en caso de iniciar acciones para su propia defensa, se materialicen.
Segundo. A la Procuraduría General de la República, a que, a través de la Fiscalía Especial para los Delitos Contra las Mujeres y Trata de Personas, atraiga las denuncias presentadas por probables delitos de Trata de Personas con Fines de Explotación Laboral, de Esclavitud, de Explotación Laboral y de Trabajo Forzado, denunciados ante el Capitán de Puerto y el Ministerio Público Federal de Isla del Carmen, Campeche.
Tercero. A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a que,
• En términos del artículo 193 de la Ley Federal del Trabajo, solicite copia a la Capitanía de Puerto y la delegación de la STPS, del contrato y condiciones de trabajo que debió haber depositado el propietario de los buques, en términos del Convenio 22 de la Organización Internacional del Trabajo.
• Otorgue la inspección por parte de Inspector Naval perito en aspectos laborales a bordo de buques, certificado por el Convenio sobre Trabajo Marítimo, acreditado ante la SEMAR.
• En virtud de la falta de pago de salarios en exceso, certifique la inscosteabilidad de la operación, promueva diligencias para que se efectúe pago de salarios vencidos, se cubra el aumento proporcional, la indemnización correspondiente hasta el último día de estancia abordo, se liberé a la tripulación de responsabilidad de operación y carga, determine recisión laboral por causas imputables al patrón y niegue el despacho y cambio de guardia hasta que se desahoguen estas diligencias.
• Verifique que se dé inicio de término de amarre temporal de las embarcaciones y eventual abandono a favor del Estado, y garantía de mantener abordo a los tripulantes hasta la resolución de estas peticiones.
Cuarto. A la Secretaría de Marina, a través de la Dirección General de Capitanías de Puerto y Autoridad Marítima Nacional, a que, en términos de sus facultades:
• Se tomen acciones para salvaguardar derechos e integridad física y emocional de las tripulaciones.
• En términos del artículo 35 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, llame a representantes de la empresa, Capitanes a bordo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la STPS, a fin de que se certifiquen los hechos que se denuncian.
Quinto. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, a que antes de abandonar la administración de las embarcaciones, quien recibe garantice condiciones de seguridad de las mismas y las de vida y trabajo del personal a bordo.
Sexto. Al síndico de la quiebra, reconocido por la autoridad judicial, a que atienda las crisis de seguridad y humanitaria de las tripulaciones y de las embarcaciones parte de los bienes del Concurso Mercantil, y en caso contrario, sea sustituido en términos del artículo 60 de la Ley de Concursos Mercantiles.
Dado en el salón de sesiones del recinto legislativo de San Lázaro, a los 31 días del mes de octubre del año 2017.
Diputada Julieta Fernández Márquez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a las investigaciones respecto a la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún, SA de CV, para atender las quejas ciudadanas en los municipios quintanarroenses donde presta servicios, a cargo del diputado José Luis Toledo Medina, del Grupo Parlamentario del PRI
José Luis Toledo Medina, diputado federal de la LXIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como las demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, así como a la Procuraduría Federal del Consumidor, para que en el ámbito de sus atribuciones realicen las investigaciones necesarias con respecto al servicio brindado por Desarrollos Hidráulicos de Cancún, SA de CV, lo anterior para atender las quejas ciudadanas en los municipios del estado, en los que brinda sus servicios.
Consideraciones
El agua es esencial para la vida, la cantidad de agua dulce existente en la tierra es limitada y su calidad está sometida a una presión constante. La conservación de la calidad del agua dulce es importante para el suministro de agua de bebida, la producción de alimentos y el uso recreativo.1
En 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al abastecimiento de agua y al saneamiento. Todas las personas tienen derecho a disponer de forma continuada de agua: suficiente, salubre, físicamente accesible, asequible y de una calidad aceptable, para uso personal y doméstico.2
En nuestro país se tiene reconocido el derecho al acceso al agua en el artículo 4o. de nuestra Carta Magna, el cual la letra menciona:
“...Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.”3
El agua potable y alcantarillado en Quintana Roo
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo en su artículo 5o., corresponde al Ejecutivo del Estado en coordinación con la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, con las Autoridades Municipales correspondientes, y en su caso, con las autoridades o Dependencias Federales relativas, establecer la forma de realizar el servicio público de agua potable y alcantarillado en cada Municipio de acuerdo con las características demográficas del lugar, de la necesidad de los servicios y de los problemas urbanos.4
El Gobierno del Estado de Quintana Roo y los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres otorgaron a favor de la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún S.A. de C.V., la concesión integral para la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales, así como las ampliaciones, dotación de servicios y su mejoramiento por las técnicas más avanzadas durante un plazo de 30 años; esto se encuentra contenido en el Decreto número 28, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo con fecha 20 de octubre de 1993.5
Asimismo, el 11 de diciembre de 2014, la H. XIV Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, aprobó el dictamen con minuta de decreto, en el cual se prorroga anticipadamente a su vencimiento la vigencia de la Concesión Integral otorgada a Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V., para la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales, así como las inversiones, ampliaciones, dotación de servicios y su mejoramiento por las técnicas más avanzadas, de igual forma, se agregó al municipio de Solidaridad para que dicha concesionaria brindara sus servicios en dicha localidad.6
Es importante destacar que en dicho decreto se estipula que la concesionaria se obliga a prestar el servicio público, realizar ampliaciones, dotar de servicios y realizar mejoramientos, lo cual, de acuerdo a lo expresado por la ciudadanía, no se ha cumplido. Adicionalmente, se ha registrado un cobro excesivo por la prestación en el suministro de este vital recurso, como se ha hecho constar de acuerdo a lo expresado por la subdirectora de difusión de la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en la entidad, la cual informó que a nivel municipal, la concesionaria Desarrollos Hidrológicos de Cancún (DHC), mejor conocida como Aguakan, será por tercer año consecutivo “la reina de las quejas”, con un incremento de 10 por ciento por año, en promedio.
Es decir que en 2015 tuvo medio millar; en 2016, 550 denuncias y las denuncias van para sumar más de 600, al finalizar el año.
En la mayoría de los casos, más del 70 por ciento, las quejas de los consumidores van encaminadas a cobros excesivos, en tanto que un 30 por ciento por mal servicio.
Expuso que la mayoría de las inconformidades son en Playa del Carmen, lo mismo que en el municipio de Puerto Morelos, en relación a la falta de los servicios, tanto de agua potable como de alcantarillado, mientras que en Benito Juárez, es por cobros indebidos y embargos de bienes muebles.7
De acuerdo a la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, se estipula que los concesionarios estarán obligados a capacitar y adiestrar al personal de los Organismos Operadores o, en caso, de los Sistemas Operadores Rurales Domiciliarios, en los términos del título de concesión, en la administración, operación, conservación y mantenimiento de los servicios, obras y bienes concesionados.
En la misma legislación se menciona que se podrá rescindir o declarar la caducidad de cualquier concesión de bienes y para la explotación de un servicio, por violaciones a los términos de la concesión o a la Ley, así como por deficiencia o irregularidades notorias en la prestación del servicio; para lo cual deberá oírse previamente al concesionario.
Por lo anterior expuesto someto a la consideración de esta soberanía el siguiente
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado para que haga público el estado que guarda la infraestructura hidráulica. De igual forma, informe a la ciudadanía sobre las mejoras tecnológicas realizadas por la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún, SA de CV, que pudieran eficientar o desfavorecer la prestación de un servicio de calidad.
Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor a llevar a cabo, en el ámbito de sus atribuciones, una revisión de los servicios prestados por la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún, SA de CV, y, en su caso, emitir las recomendaciones necesarias para atender las quejas ciudadanas.
Notas
1 Organización Mundial de la Salud, Agua. Disponible en: http://www.who.int/topics/water/es/ (Fecha de consulta: 24 de octubre de 2017).
2 Organización Mundial de la Salud, Centro de prensa agua. Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs391/es/ (Fecha de consulta: 24 de octubre de 2017).
3 Cámara de Diputados, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf (Fecha de consulta: 24 de octubre de 2017).
4 Congreso del Estado de Quintana Roo, Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana roo , disponible en: http://documentos.congresoqroo.gob.mx/leyes/administrativo/ley014/L1520 170615079.pdf (Fecha de consulta: 24 de octubre de 2017)
5 Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, Periódico Oficial No. 20, Extraordinario, Disponible en:
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/PeriodicoOficial_EXTR AORDINARIO_1993-10-20.pdf (Fecha de consulta: 24 de Octubre de 2017.
6 Congreso del Estado de Quintana Roo, Dictamen con minuta de decreto Por el que la honorable XIV Legislatura aprueba prorrogar anticipadamente a su vencimiento la vigencia del título de concesión integral otorgado a desarrollos hidráulicos de Cancún, SA de CV, contenida en el decreto número 28, publicado en el periódico oficial del gobierno del estado de quintana roo de fecha 20 de octubre de 1993, para la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales, así como las inversiones, ampliaciones, dotación de servicios y su mejoramiento por las técnicas más avanzadas, para tener una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2053, y que a dicho título de concesión se le incorpore la concesión del servicio público de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales del municipio de solidaridad, del estado de quintana roo, bajo las mismas condiciones y vigencia establecidas, disponible en: http://documentos.congresoqroo.gob.mx/historial/14_legislatura/decretos /2anio/1PO/dec250/D1420141211250.pdf (Fecha de Consulta: 24 de Octubre de 2017)
7 La verdad, Aguakan, la reina de las quejas por cobros excesivos. Disponible en: https://laverdadnoticias.com/aguakan-la-reina-de-las-quejas-por-cobros- excesivos/
Palacio del Poder Legislativo de San Lázaro, a 16 de noviembre de 2017.
Diputado José Luis Toledo Medina (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo al estado que guardan los centros penitenciarios, y la implantación y el uso de instrumentos del sistema penal acusatorio y adversarial, a cargo del diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Grupo Parlamentario del PRI
El suscrito, diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en los artículos 3, fracción XIX, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social a que haga del conocimiento público el número de internos en los centros penitenciarios, del fuero común y del fuero federal, exponiendo la capacidad de cada uno de éstos, el porcentaje en excedente de población, así como la organización y clasificación de los internos dentro de ellos. Explicar los métodos, programas y acciones sobre la base del trabajo, la capacitación para éste, la salud y el deporte que se ocupan para lograr la reinserción social de las personas sentenciadas; y a la Procuraduría General de la República a que haga del conocimiento público la información relativa al uso de los Medios Alternativos de Justicia dentro de los procedimientos del fuero federal y común, así como las medidas y acciones que está tomando para que estas medidas sean aplicadas con mayor frecuencia en los asuntos que así lo ameriten, y a que haga del conocimiento público la información concerniente a la implementación y puesta en funcionamientos de las Unidades de Suspensión de Medidas Cautelares, así como informar sobre aquellas que ya se encuentren en operación al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Los resultados de la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia 2017 han dejado muchos puntos a observar, resolver y corregir.
Uno de ellos, de gran relevancia y urgencia de resolución y corrección es el tema de los centros penitenciarios. Debemos recordar y resaltar que la finalidad de estos últimos es la reinserción social de la persona internada, más no la contención de los internos, toda vez que la reclusión es una sanción que tiene como finalidad darle a la persona privada de su libertad las herramientas y elementos necesarios para que al salir, sean hombres o mujeres que aporten a la sociedad y no tengan que volver a delinquir.
La reforma al sistema de justicia penal creó mecanismos para mejorar los métodos para la reinserción social a través del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para éste, la educación y el deporte, de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 constitucional, base del sistema penitenciario. Asimismo, bajo la nueva lógica jurídica en materia penal que se ha venido insertando desde hace más de casi una década, se busca controlar y disminuir la sobrepoblación penitenciaria, toda vez que, bajo el nuevo sistema la prisión es la excepción, es decir, únicamente en casos muy específicos de seguridad, se debería recurrir a la prisión preventiva.
Sin embargo, en el ámbito local mayoritariamente, el uso de la prisión preventiva sigue operando en los hechos como la regla general y no como la excepción. De acuerdo a datos del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dentro de los centros penitenciarios estatales la deficiencia con mayor incidencia es la mala separación entre procesados y sentenciados, hacinamiento, falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo.
Cifras del órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social, informaron que al cierre de 2016 tenía un registro de 236 mil 886 personas privadas de la libertad, 80.9 por ciento del fuero común y 19.1 por ciento al fuero federal, 18 mil 752 internos menos que en 2014. Es un número de personas alarmante si consideramos que el país cuenta con 389 centros penitenciarios con una capacidad para 206 mil 379 personas.
Es de resaltar que el excedente de internos es de 13.22 por ciento.1 A nivel federal, la sobrepoblación de los centros ha ido decreciendo, aunque no se ha solucionado el problema.
Otro dato alarmante es: cuatro de cada diez personas privadas de la libertad aún no cuentan con una sentencia condenatoria, y el porcentaje de internos del fuero federal bajo la misma situación es superior a 50 por ciento.
Por otra parte, en vías de mejorar la reglamentación para la ejecución de sentencias y procurar tener una base normativa para la reinserción social, el 16 de junio de 2016 se publicó la Ley Nacional de Ejecución Penal, el dispositivo legal específico para disponer las normas a observarse durante el internamiento por prisión preventiva, ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas, entre otras medidas.
Esta ley establece que el sistema penitenciario es el conjunto de normas jurídicas y de instituciones del Estado que tiene por objeto la supervisión de la prisión preventiva y la ejecución de sanciones penales, así como de las medidas de seguridad derivas de una sentencia que, deberá estar basado en los principios de dignidad, igualdad, legalidad, debido proceso, transparencia, confidencialidad, publicidad, proporcionalidad, reinserción social; mismo que estará a cargo de la Autoridad Penitenciaria encargada de la organización de los centros penitenciarios para mantener la seguridad, tranquilidad e integridad de las personas internadas en éstos, de los visitantes y del personal que labore en la institución.
Más allá del texto normativo, preocupa que gran parte de la explicación a este fenómeno se debe a la corrupción, extorsión, violencia, condiciones de vida indignas y poco personal para llevar a cabo las tareas de vigilancia y mantener el orden y la tranquilidad dentro de los centros.
Sin perder de vista que seguimos en etapa de construcción del nuevo modelo de justicia penal, lo cierto es que todavía contamos con un sistema procuración de justicia que abusa de las solicitudes para que los jueces declaren prisión como medida de seguridad de las personas presuntamente culpables de un delito, mientras llevan a cabo la investigación que efectivamente pueda condenar a la misma.
De igual manera, la Federación y, sobre todo, las entidades federativas, aún reportan datos preocupantes de sobrepoblación y ausencia de las condiciones mínimas para brindar un espacio digno a las personas que se encuentran en tránsito por prisión preventiva o purgando una sentencia condenatoria.
Si existe saturación de personas dentro de un centro, en consecuencia el número de personal encargado de su custodia tampoco será proporcional, por lo cual se verá diezmado frente el número de internos que tendrá a su cargo, lo que dará lugar a la ingobernabilidad de los centros penitenciarios.
En 2015, tan solo en 77 por ciento de los centros penitenciarios el personal de seguridad y custodia era insuficiente para traslados, cubrir ausencias, vacaciones e incapacidades. En 76 por ciento de los centros no existían acciones para prevenir, ni atender incidentes violentos como riñas, lesiones, fugas, suicidios, homicidios y motines. Asimismo, en más de la mitad de los centros penitenciarios se detectaron áreas de privilegios, presencia de objetos y sustancias prohibidas e internos que ejercían violencia o control sobre el resto de la población.2
Este tipo de problemáticas las ha documentado la Comisión Nacional de Derechos Humanos que, en 2016 tuvo el registro de 876 riñas dentro de centros penitenciarios, la mayoría acontecidas en centros de los estados de: Sonora (195), Nuevo León (78), Chihuahua (61), Querétaro (56) y Tlaxcala (54).3
Otro dato revelador que nos muestra la sobrepoblación penitenciaria es que los Medios Alternativos de Solución de Controversias no se están ocupando como deberían. Estos son un medio alternativo al juicio lo cual disminuye la carga de trabajo en las instancias jurisdiccionales lo que les permitiría llevar a cabo la resolución de asuntos de mayor relevancia con mayor celeridad, dictando una mayor cantidad de sentencias y aminorando el número de personas que se encuentran recluidas sin haber recibido una sentencia condenatoria.
Asimismo, dentro de las agencias ministeriales deberían operar las Unidades de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso (UMECA), para llevar reducir el uso de la prisión preventiva, lo cual ayudaría a disminuir la sobrepoblación penitenciaria y la cantidad de personas inocentes internadas. Sin embargo, en muy pocos Ministerios Públicos se encuentran estas áreas y muchas veces no son ocupadas para su objetivo primordial.
En conclusión, debemos trabajar en conjunto para generar un método que ayude a homologar los estándares mínimos de reclusión digna de los centros penitenciarios, para con ello lograr la reinserción social de las personas internas. Asimismo, lograr la especialización de los servidores públicos involucrados en el sistema de procuración de justicia para que hagan uso de los medios alternativos de justicia, y de las unidades de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso.
Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. Se exhorta a al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social para que haga del conocimiento público el número de internos en los centros penitenciarios, del fuero común y del fuero federal, exponiendo la capacidad de cada uno de éstos, el porcentaje en excedente de población, así como la organización y clasificación de los internos dentro de ellos. Así como también para que difunda ampliamente los métodos, programas y acciones sobre la base del trabajo, la capacitación para éste, la salud y el deporte que se ocupan para lograr la reinserción social de las personas sentenciadas.
Segundo. Se exhorta a la Procuraduría General de la República que haga del conocimiento público la información relativa al uso de los Medios Alternativos de Justicia dentro de los procedimientos del fuero federal y común, así como las medidas y acciones que está tomando para que estas medidas sean aplicadas con mayor frecuencia en los asuntos que así lo ameriten.
Tercero. Se exhorta a la Procuraduría General de la República a que haga del conocimiento público la información relativa a la implementación y puesta en funcionamientos de las Unidades de Suspensión de Medidas Cautelares, así como informar sobre aquellas que ya se encuentren en operación.
Notas
1 Información obtenida en línea desde: http://www.animalpolitico.com/blogueros-el-blog-de-mexico-evalua/2016/0 9/23/sistema-penitenciario-la-informacion-tenemos-la-que-falta/
2 Información disponible en línea en:
https://www.nexos.com.mx/?p=27750
3 Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 2016. http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/sistemas/DNSP/DNSP_2016.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de noviembre de 2017
Diputado Álvaro Ibarra Hinojosa (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Guerrero a llevar a cabo medidas para crear y gestionar un programa de huertos escolares en los planteles de nivel básico de la entidad, a cargo de la diputada Beatriz Vélez Núñez, del Grupo Parlamentario del PRI
De la Diputada Beatriz Vélez Núñez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79 y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a la consideración de esta asamblea, punto de acuerdo por el que se exhorta gobierno del estado de Guerrero a crear y gestionar un nuevo programa de huertos escolares en las escuelas de educación básica en el estado de Guerrero, tomando en cuenta las siguiente
Consideraciones
Sin duda una de las actividades económicas más importante, no sólo en el mundo sino en nuestro país, la Agricultura es el sector productivo más importante que posee la humanidad. Generadora de empleos, además es capaz de promover una verdadera autonomía para el ser humano, crear conexiones sociales e impulsar una conciencia colectiva fuerte, es por sobre todo la primera fuente real de alimentación continua que conocimos.
Por si fuera poco, actualmente los alimentos que dieron nacimiento a las civilizaciones desde Europa, Asia y América como el Trigo, por ejemplo, representan más de 184 millones de hectáreas, el Maíz más de 220 millones y las Papas 19 millones, esto es más del 10 por ciento de toda el área cosechada en el mundo.
Cifras del Inegi estiman 73 por ciento del total de la producción agrícola nacional fue para comercialización, 23 por ciento se utilizó para autoconsumo y el restante cuatro por ciento fue perdido durante la cosecha, el traslado o en el almacenamiento.
Solo producciones como el maíz dejan alrededor de 39 mil millones de dólares al año en el tema de Importaciones, en México esto representa 2 mil millones de dólares, la misma cantidad presupuestada para algunos Estados como Hidalgo o lo utilizado para la reconstrucción en los Estados afectados por los sismos del 7, 19 y 23 de septiembre.
Esto no significa que sea el único, pues a pesar de que el cultivo de granos es el aspecto más importante de la agricultura en México y representa el 50 por ciento de la producción agrícola, de hecho, los principales cultivos también abarcan frutas tropicales como la naranja y el plátano y, de acuerdo, a la Sagarpa, nuestro país se producen más 550 productos.
Juntos, el resto de la siembra en el país representan el 3 por ciento del PIB y a pesar de ser un sector pequeño es capaz de generar el 13 por ciento de nuestro empleo y ser el motor de crecimiento en 24 por ciento de nuestro territorio. Además, este sector contribuye al impulso de presencia y crecimiento a nivel internacional, juega un papel fundamental en el sector sanitario y genera un número importante de patentes al año.
Ahora bien, para mi Estado de Guerrero el sector es aún más importante, para comenzar forma parte esencial de los sectores estratégicos junto con turismo y la minería, se cuenta con más de dos millones de hectáreas para uso agrícola y el sector ocupa a más de 1 millón de trabajadores al año, además de que ayuda a crear 150 Sociedades mercantiles al año.
En Guerrero, la agricultura se practica en el 85 por ciento de los municipios y contribuye al en 12 mil millones de pesos del PIB local o lo que es igual el 2 por ciento del producto interno bruto a nivel nacional y se destaca por producir ajonjolí, café, plátano, cacao, papaya, mango, tabaco, limón y sobre todo maíz.
Desafortunadamente a pesar de estas cifras tan importantes no podemos negar que, en México, pareciera que en el tema del campo se está sufriendo. Tan solo hay que recordar que sólo el 6 por ciento de los productores agrícolas logran colocar sus mercancías en el mercado nacional e internacional.
Además, está el asunto de que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señaló que las naciones deberían de importar como máximo solo el 25 por ciento de los alimentos que consumen, mientras que en México importamos más del 43 por ciento de los alimentos básicos que consumimos.
Mucho se ha estado realizando en los últimos años, sobre todo para enfrentar la desnutrición que arrastra un campo olvidado, tanto Desarrollo Social como Sagarpa unen esfuerzos y se comienza a consolidar un nuevo sector de agricultura capaz de hacer frente a los nuevos retos.
Pero creo fundamental señalar que la potencialidad que guarda el campo mexicano obliga a tomar más medidas y ser vigilantes de su futuro. Por ello considero importante, sobre todo, hacer énfasis en un área que se ha visto mal, me refiero al autoconsumo.
Si bien la siembra para el autoconsumo permea en algunos momentos negativamente al sector, no podemos omitir el hecho de que el conocimiento que se transmite generacionalmente es invaluable. Por supuesto que está mal y deberíamos corregir el hecho de que el autoconsumo es producto de una pobreza extrema, pero al mismo tiempo puede ser el motor de cambio para cientos de familias.
Tan solo baste recalcar que un joven productor tiene los conocimientos básicos que podrían ayudarlo a él y a su familia a iniciar un negocio, pero también ayuda a cada menor de edad a entender mejor su tierra, sus frutos y con ello fomentar el cuidado a la naturaleza y la autosuficiencia.
En los momentos que atraviesa el país considero de suma importancia tratar este tema como prioritario, la autosuficiencia y el conocimiento sobre las oportunidades que guarda la tierra mexicana son elementos fundamentales que pueden ayudar a crecer a cada familia y con ello al país.
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Guerrero para que, a través de su Secretaría de Educación y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural lleve a cabo las medidas necesarias para crear y gestionar un nuevo programa de huertos escolares en las escuelas de educación básica en el estado de Guerrero.
Palacio Legislativo, a 16 de noviembre de 2017.
Diputada Beatriz Vélez Núñez (rúbrica)