Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud de Chiapas a implantar la estrategia “Capacitación para la promoción del buen trato durante la atención del embarazo, parto y puerperio en las salas de ginecobstetricia de los Servicios de Salud”, a cargo de la diputada María Soledad Sandoval Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, María Soledad Sandoval Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), en coordinación con la Red Latinoamericana del Caribe y de Bioética, hace referencia a la violencia obstétrica, definida como “el tipo de violencia ejercida por el profesional de salud, sobre el cuerpo y los procesos productivos de la mujer. Esta clase de violencia se expresa mayoritariamente, aunque no con exclusividad, en el trato deshumanizado hacia la mujer embarazada, en la tendencia a patológica los procesos reproductivos atarles y en múltiples manifestaciones que resultan amenazantes en el contexto de la atención de la salud sexual, embarazo, parto y posparto”.

La violencia obstétrica y la mortalidad que se tiene como resultado de esta última, han sido un patrón repetitivo de fallas estructurales por parte del estado y la sociedad. En este patrón encontramos la intersección de la representación de la violencia obstétrica que es la violencia contra la mujer y la violencia institucional de salud.

La ONU define la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada.

La Organización Mundial de la Salud define la violencia institucional de salud como la que realizan las instituciones, ya sea de manera política de cronicidad de la asistencia prestada a la población, o por sus reglas, normas y funcionamientos y relaciones burocráticas que producen estructuras sociales injustas y hasta mala conducta de la gente, manifestándose de esta manera en el servicio que se ofrece, la negación del mismo o en este caso hasta negligencias tanto por el servicio público o privado que tienen efecto en los derechos del ciudadano.

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición correspondiente a 2012 refiere que México ocupa el cuarto lugar mundial (después de China, Brasil y Estados Unidos) en la práctica de cesáreas sin indicación médica. Además, revela que ha habido un incremento de 50.3 por ciento de la práctica de cesáreas en los últimos 12 años. En el sector público se incrementó en 33.7 y en el privado en 60.4.1

Del resto de los nacimientos, 59.7 por ciento fue “eutócico” (normal, entendido como el proceso que termina sin necesidad de intervención médica quirúrgica a la madre), 18.2 “distócico” (con complicaciones, que requiere apoyo médico especializado) y 0.2 no especificado.2

En el país, cerca de 25 por ciento de las mujeres embarazadas, en parto o puerperio perciben que enfrentan violencia obstétrica: maltrato u omisiones al acudir a las instituciones de salud, aseguraron Angélica Ramírez y Leticia Hernández, académicas de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional Autónoma de México.3

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos menciona que durante el periodo de febrero de 2015 a marzo del año en curso recibió 122 quejas, de las que se originaron 41 recomendaciones: 24 de ellas se enviaron al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), las demás realizadas a los hospitales de los estados y la Secretaría de Salud, el IMSS tuvo recomendaciones específicas a los hospitales de zonas rurales de los estados de Chiapas, Oaxaca, Tamaulipas, Durango, Jalisco.

El 22 de octubre del año en curso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió las recomendaciones números 43/2017, 45/2017 y 46/2017, dirigidas al director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, José Reyes Baeza Terrazas, por casos de violencia obstétrica y violación de derechos humanos en agravio de tres mujeres.

El 21 de julio de 2017 presenté un punto de acuerdo donde se exhortaba respetuosamente a la Secretaría de Salud del gobierno federal a reforzar las acciones tendentes a eliminar la violencia obstétrica. Tuvimos respuesta mediante el oficio número UCVPS/ 1137/ 2017, del doctor Ernesto Héctor Monroy Yurrieta; titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Ssa, que se remite a través del similar SELAP/ UEL/ 3114/ 1168/ 2017, suscrito por el maestro Valentín Garza, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación:

El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaria de Salud cuenta con la estrategia “Capacitación para la promoción del buen trato durante la atención del embarazo, parto y puerperio en las salas de ginecoobstetricia de los servicios de salud”, cuyo objetivo es desarrollar habilidades y destrezas en el personal médico y de salud que atiende eventos obstétricos para la atención con una cultura de buen trato con el fin de prevenir la violencia obstétrica.

La estrategia inició en 2014. Actualmente, 31 entidades federativas lo han implantado, excepto Chiapas. En esta estrategia han participado 14 mil 679 prestadoras y prestadores de salud.

Sin embargo, el Observatorio de la Mortalidad Materna menciona en un documento emitido por ella que la violencia obstétrica en el país es ejercida en mayor medida en Chiapas, estado de México, Guerrero, Veracruz y la Ciudad de México.

En Chiapas no se tienen datos actualizados, sin embargo en la investigación de la organización Grupo de Información en Reproducción Elegida a partir de datos obtenidos mediante solicitudes de información a la secretaría de salud local. Esta investigación menciona que la alta incidencia de las prácticas de cesárea se duplico durante el año 2011, ya que

Como se observa en el recuadro anterior, entre 2009 y 2011 la incidencia en la práctica de cesárea se duplico, situación que nos pone en alarma, debido a la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer por instituciones de salud en el estado.

La Cámara de Diputados presentó en noviembre de 2016 un análisis que señala que, en promedio, más de 6 mil 800 mexicanas al día sufren violencia obstétrica debido a que se registran alrededor de 2 millones 500 mil nacimientos anuales, de los cuales 475 mil son de madres adolescentes.

Dicho análisis, elaborado por el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, afirma que hay un incremento de quejas sobre tratos inhumanos, principalmente hacia las mujeres indígenas, donde escasean servicios de salud. Algunas dan a luz en patios de hospitales o en la calle.

La Ley General de Salud dice en el artículo 61 que la protección materno-infantil y la promoción de la salud materna, que abarca el período que va del embarazo, parto, posparto y puerperio, en razón de la condición de la vulnerabilidad en que se encuentre la mujer y el producto, reafirma el carácter prioritario de dicha atención.

La Norma Oficial Mexicana NOM NOM-007-SSA2-2016, “Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y de la persona recién nacida”, menciona que es vital incrementar esfuerzos y dar un renovado impulso al fortalecimiento de los servicios de salud, mejorando su regulación, organización, cobertura y calidad, a fin de avanzar más rápidamente en el logro de las metas establecidas, satisfacer de manera más equitativa las necesidades de salud materno-infantil de la población de México y reducir los contrastes sociales que persisten en la materia.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer establece lo siguiente en el artículo 12, fracción 2: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia”.

El pasado 23 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó a todos los Estados a adoptar medidas inmediatas para asegurar el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Estos derechos incluyen los pertinentes a la no discriminación, la vida, la integridad persona, la salud, la dignidad y el acceso a la información, entre otros.

Una obligación fundamental de los Estados es garantizar el acceso pronto y adecuado a servicios de salud que solo las mujeres, adolescentes y niñas necesitan en función de su sexo/género y función reproductiva, libre de toda forma de discriminación y de violencia, de conformidad con los compromisos internacionales vigentes en materia de desigualdad de género.4

Por todo ello, compañeras y compañeros diputados, presento a consideración del pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud de Chiapas a implantar la estrategia “Capacitación para la promoción del buen trato durante la atención del embarazo, parto y puerperio en las salas de gineceobstetricia de los Servicios de Salud”.

Notas

1 Instituto Nacional de Salud Pública, “Elevada recurrencia a las cesáreas: revertir la tendencia y mejorar la calidad en el parto”, en Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2012, México, 2012. Disponible en (Consulta: 13 de diciembre de 2012.)

2 Inegi, “Estadísticas a propósito del Día de la Madre...”, obra citada (véase supra, nota 15).

3 http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2016_423.html

4 IDH exhorta a todos los Estados a adoptar medidas integrales e inmediatas para respetar y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Palacio Legislativo, a 9 de noviembre de 2017.

Diputada María Soledad Sandoval Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a fortalecer en el ámbito de sus facultades la planeación y articulación de las acciones públicas hacia los pueblos indígenas, a cargo del diputado Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Luis de León Martínez Sánchez, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, fracción XX; 6, fracción I, numeral I; 62 y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a esta asamblea la siguiente proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que en el ámbito de sus facultades fortalezca la planeación y articulación de la acción pública hacia los pueblos indígenas.

Consideraciones

Según datos de Inegi, los pueblos y comunidades indígenas de México están conformados por más de 15 millones de personas, que además de poseer su propia cosmovisión cultural, viven marginados en poblaciones urbanas y rurales en nuestro país, más allá que se caracterizan por vivir con altos niveles de pobreza y en una situación de desventaja significativa.

Por ello, resulta pertinente que mediante este recurso legislativo se llame la atención de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que se sensibilice, toda vez que actualmente esta población continúa con alarmantes rezagos en indicadores tales como: alta proporción de mortalidad materna infantil, deficiencias nutricionales, retraso educativo, insuficiente atención en materia de salud, inequidad de género, migración, entre otros factores que ponen de manifiesto que es urgente que las políticas públicas no dejen de lado las acciones con sentido social orientada a la población indígena.

Los derechos de la población indígena del país, específicamente aquéllos que se refieren a: promover, por parte de los tres órdenes de gobierno, la igualdad de oportunidades para ellos; el abatimiento de sus carencias y rezagos; así como garantizar el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, están tutelados en el apartado B del artículo 2o. constitucional, mismo que establece las bases para la política del Estado en esta materia.1

Allí mismo se señala que, para hacer efectivas tales responsabilidades, “la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben...”.2

Asimismo, como parte de la política pública en materia indígena, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece en su Estrategia 2.2.3 “Fomentar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos”, entre cuyas líneas de acción se encuentra “asegurar el ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en materia de alimentación, salud, educación e infraestructura básica”.3

Dado ello, el gobierno federal a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), diseña y promueve la política pública para la atención de la población indígena. Y precisamente esta institución es quien formula el “Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018”,4 mismo que tiene como objeto impulsar el bienestar de los pueblos y comunidades indígenas impulsando políticas públicas y presupuestos transversales en aras de fortalecer su proceso de desarrollo social y económico, respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos.

La forma de concretar esas acciones de política pública es a través de convenios de colaboración, mediante los cuales se transfieren los recursos de los programas transversales contenidos en el Anexo 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación, para la ejecución de proyectos dirigidos a cubrir las necesidades básicas de la población indígena, y que redunden en un beneficio para esta población objetivo, implicando su intervención y colaboración directas.5

El presente ejercicio fiscal contiene 16 Ramos Administrativos, con 56 programas trasversales, relacionados con la atención de los Pueblos y Comunidades Indígenas, y tiene asignado un presupuesto de 74 mil 894.4 millones de pesos, misma cantidad que sufrió una disminución de 10 mil 364.6 millones de pesos respecto a 2016, lo que en términos reales significa 15.0 por ciento menos.

Asimismo, se disminuyó el presupuesto a programas transversales de las Secretarías de Estado que son clave, en el proceso de inclusión social de este grupo de población, tales como: la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes, la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y la de Desarrollo Social. En otros casos, a pesar de que en algunos programas presupuestarios los recursos aumentaron, los montos comparados con los del año anterior, resultaron, en la mayoría de los casos, con un valor real negativo.6

De igual forma, el Presupuesto de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), considerado en el Anexo 10 “Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas”, particularmente en el apartado de Entidades no Sectorizadas durante el presente año sufrió un recorte presupuestal en comparación con el ejercicio fiscal del año 2016 por un monto de 6 mil 93.9 millones de pesos, lo que representa 51.2 por ciento menos.7

Dichos recortes presupuestales se dan de forma inexplicable, pese a que la CDI es la instancia coordinadora de las políticas públicas de los Pueblos y Comunidades Indígenas en el país, y que se ha caracterizado por ser una instancia de la política pública para el desarrollo indígena, articulando acciones, programas, obras y recursos para apoyar a los pueblos y comunidades indígenas.

Si bien, los artículos 134 de la CPEUM y 1o. de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), precisamente estipulan que los recursos públicos están sujetos a la disponibilidad presupuestaria y por ende a criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad, honradez, legalidad, honestidad, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas,8 lo cierto es que los pueblos originarios continúan teniendo una relación directa con la marginación y el rezago.

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), estas comunidades son las que muestran los indicadores más agudos de pobreza, además de los índices más desfavorables de desarrollo humano. Según el Instituto de Geografía y Estadística (Inegi), más del 90 por ciento se encuentran dentro de la categoría de extremadamente pobres. Es decir, son los más pobres entre los pobres.9

Dado lo anterior, resulta pertinente hacer un llamado a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 2018 considere recursos suficientes con perspectiva transversal para la atención de los pueblos y comunidades indígenas.

Como es del dominio público los presupuestos transversales, que se integran como anexos técnicos en el PEF, cumplen con tres funciones fundamentales:

a) identifican el conjunto de políticas, programas y acciones de la administración pública federal para la atención de una población o de un tema específicos que necesitan ser atendidos de manera integral,

b) cuantifican el monto total de los recursos invertidos en dicho conjunto, y

c) facilitan la tarea de monitoreo y seguimiento puntual de los recursos identificados

Virtud de ello, me permito someter a consideración de esta Asamblea el siguiente,

Punto de Acuerdo

Único. El Pleno de la Cámara de Diputados, exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que en el ámbito de sus facultades fortalezca la planeación y articulación de la acción pública transversal hacia los pueblos indígenas.

Referencias:

1-5-6.-Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.-
http://www.cefp.gob.mx

2.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.-
www.diputados.gob.mx.

3.- Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.- pnd.gob.mx

4.- Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018.-
www.dof.gob.

7.- Presupuesto de Egresos de la Federación 2016-2017.-
www.diputados.gob.mx.

8.- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.- www.diputados.gob.mx.

9.- Instituto de Geografía y Estadística (INEGI).-
www.inegi.org.mx

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2017.

Diputado Luis de León Martínez Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a garantizar por la SRE y la CDI una agenda incluyente en la próxima visita oficial a México de la relatora para los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, a cargo del diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Sergio López Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguientes.

Consideraciones

La nación mexicana es una República caracterizada por una diversidad, la cual está sustentada en sus pueblos originarios, así lo estipula nuestra Constitución en su artículo 2o.

A pesar de la participación en las grandes gestas nacionales y de la gran contribución que han hecho los pueblos indígenas a la conformación de nuestra nación, éstos no han visto retribuido esos aportes y actualmente se encuentran inmersos en una realidad marcada por el rezago y bajos índices de desarrollo humano. El binomio indi?gena-pobreza es el resultado de un proceso histórico complejo en el que fueron vulnerados durante siglos los derechos humanos fundamentales de los pueblos indígenas.1

Ante dicha realidad los indígenas se han organizado en movimientos sociales de distinta índole con la intención de revertir la situación de discriminación y exigir el reconocimiento de ciertos derechos como la identidad, el territorio, la cultura, la libre determinación, la lengua materna, la justicia comunitaria, etcétera, los cuales son fundamentales para garantizar su supervivencia como pueblos.

Gracias a tales movilizaciones realizadas en las últimas décadas, los pueblos originarios han logrado diversas modificaciones a los ordenamientos jurídicos nacionales y al interior de las entidades federativas que reconocen sus derechos. De ellas destacan las reformas constitucionales de 2001 en materia indígena que a pesar de las críticas representó un avance para la causa indígena. Más recientemente destaca la reforma al artículo 1o. constitucional en el año de 2011, que supone un reconocimiento del derecho internacional de los derechos humanos como parte fundamental del derecho positivo mexicano.

Dentro de las diversas estrategias que actualmente emplean los indígenas de nuestro país para una integral y más amplia defensa de sus derechos es la utilización precisamente del derecho internacional y la utilización de los mecanismos internacionales especializados que protegen los derechos humanos de los pueblos indígenas tanto del sistema regional de la Organización de Estados Americanos (OEA) como del llamado sistema universal, siendo principalmente en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) donde más espacios de interlocución han logrado los indígenas.

Dentro de los mecanismos de la ONU en materia indígena destaca el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas adscrito al Ecosoc; el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas asesor del Consejo de Derechos Humanos y el mandato de la relatora especial para los Derechos de los Pueblos Indígenas, la señora Victoria Tauli-Corpuz.

Es precisamente esta última quien en días pasados anunció que encabezará la misión oficial que visitará nuestro país del 8 al 17 de noviembre de 2017, confirmándose así la segunda visita oficial de dicho mandato a México luego de que en el año de 2003 el doctor Rodolfo Stavenhagen –en ese entonces denominado relator especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas– realizara una visita oficial a suelo mexicano.2

El Poder Legislativo federal no ha sido ajeno a esta situación. El 13 de enero de 2015 la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó “respetuosamente al Poder Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se realicen las gestiones necesarias para concretar una visita oficial de la relatora especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la señora Victoria Lucia Tauli-Corpuz, a nuestro país”3

Ahora que se ha logrado concretar la visita oficial de la relatora es de suma importancia que el Estado mexicano garantice –en la medida que la agenda y los tiempos lo permitan– que serán escuchadas las voces de los diversos actores involucrados en el desarrollo de los pueblos originarios como son los mismos miembros de las comunidades indígenas y sus autoridades tradicionales, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, representantes de los tres Poderes y de los tres niveles de gobierno, en especial representantes de alcaldes y legisladores de origen indígena, ya que de esta forma se logrará una visión más integral del estado que guarda los avances y las asignaturas pendientes en materia de los derechos de los pueblos indígenas de nuestro país.

La visita de la relatora Victoria Lucia Tauli-Corpuz próxima a realizarse en nuestro país, es de vital importancia en esta coyuntura en que se conmemora el décimo aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Lo es porque ello permitirá analizar el avance a las recomendaciones hechas por el doctor Stavenhagen, pero también porque se evaluará el grado de implementación de las reformas constitucionales antes referidas y de la armonización del derecho internacional en materia indígena.

Por ello es de suma importancia que se garantice que la relatora tendrá acceso a la pluralidad de voces, lo cual se traducirá en un mejor diagnóstico y recomendaciones más integrales, lo que eventualmente deberá desembocar en el diseño de políticas públicas, actos administrativos, medidas legislativas etcétera, encaminadas a lograr la plena vigencia de los derechos humanos de los miembros de comunidades y pueblos indígenas de nuestro país.

Por lo todo lo anterior, someto a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, garantice una agenda incluyente y plural en la próxima visita oficial a México de la relatora para los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz.

Notas

1 Informe del ex relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, señor Rodolfo Stavenhagen. Misión México, del 23 de diciembre de 2013

2 Sitio web de la Oficina del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos http://www.ohchr.org/SP/Issues/IPeoples/SRIndigenousPeoples/Pages/Visit Mexico.aspx

3 Gaceta de la Cámara de Diputados

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2015/ene/20150114- III-1.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2017.

Diputado Sergio López Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS a incrementar las inspecciones en los centros laborales para prevenir y detectar delitos en materia de trata de personas, a cargo de la diputada Julieta Fernández Márquez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Julieta Fernández Márquez, presidenta de la Comisión Especial contra la trata de personas de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2; 65; 76, numeral 1, fracción II; 79, numeral 1, fracción II y numeral 2; así como los artículos 79, numeral 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo para exhortar respetuosamente al titular de la secretaría enunciada en el proemio de la citada proposición.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en informe de este año, estima que, en 2016, en el mundo 24.9 millones de personas estuvieron sometidas a trabajos forzados y 15.4 a matrimonios forzados. Es decir, 40.3 millones de personas estuvieron sometidas a condiciones consideradas por este organismo de la Organización de las Naciones Unidas, formas contemporáneas esclavitud1 .

De los 24.9 millones de personas sometidas a trabajo forzoso, 16 millones son explotadas en el sector privado, sobre todo en trabajo doméstico, la industria de la construcción y agricultura; 4 millones, en situación de trabajo forzoso impuesto por el estado.

En México, la trata de personas con objeto de explotación laboral en sus vertientes de servidumbre y trabajo forzado, de acuerdo con el Diagnóstico de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito , afecta principalmente a jóvenes y adultos explotados en el trabajo agrícola, el sector comercial, bares y en la industria de la construcción, en su mayoría pertenecientes a grupos sociales en condiciones de vulnerabilidad por consideraciones económicas, de género, étnicas, educativas, familiares y situación migratoria, especialmente hombres y niños.

Las entidades federativas en que se ha logrado documentar mayor número de personas en situación de trabajo forzado en industria textil, maquila, mendicidad, trabajo doméstico, construcción, comercio informal, pirotecnia, entre otras, son Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, Ciudad de México, estado de México, Coahuila, Oaxaca y Campeche y Yucatán. En el sector agrícola destacan las entidades que reciben mayor número de jornaleros, como son los casos de Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Guanajuato, Zacatecas, Jalisco, Nayarit, Colima, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Morelos, Hidalgo, Michoacán, estado de México y Chiapas.

En las observaciones finales sobre los exámenes periódicos Cuarto y Quinto consolidados de México del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas de fecha 18 de junio de 2015, se recomienda al Estado mexicano en el párrafo 64, que:

“b) Fortalezca su sistema de inspección y aplique de forma efectiva en la práctica las sanciones para aquéllos que explotan económicamente y abusan de niñas y niños, incluidos los que trabajan como mendigos, en el trabajo doméstico, remunerado y no remunerado, y en la agricultura”.

Asimismo, establece su preocupación por las medidas adoptadas, las cuales, han sido insuficientes para abordar el trabajo doméstico, que afecta especialmente a las niñas, así como la participación de niñas y niños en la agricultura que afecta sobre todo a niñas y niños hijos de trabajadores agrícolas migrantes internos.

En el Informe sobre Trata de Personas de 2017 del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América2 , señala que los servicios otorgados por el gobierno para atención y asistencia de víctimas masculinas de trabajo forzoso son particularmente débiles, a pesar de que el gobierno llevó a cabo actividades de divulgación para los trabajadores migrantes extranjeros para informarles de sus derechos y responsabilidades y de las inspecciones de los lugares de trabajo para detectar actividades irregulares, de acuerdo con las organizaciones no gubernamentales (ONG), las autoridades no realizaron inspecciones suficientes, ni investigaron las denuncias sobre trabajo forzado y tampoco auditaron las cadenas de suministro de diversos productos. Asimismo, los inspectores carecieron de recursos y se enfrentaron a dificultades técnicas para la realización de las inspecciones. Las autoridades no informaron sobre los esfuerzos para regular o responsabilizar a los reclutadores de mano de obra fraudulentos. También establece que los hombres, las mujeres y los niños y niñas mexicanos suelen ser explotados en trabajos forzados en la agricultura, la servidumbre doméstica, el cuidado infantil, la manufactura, la minería, la elaboración de alimentos, la construcción, el turismo, la mendicidad forzada y la venta ambulante en México y en Estados Unidos de América.

El informe recomienda al Estado mexicano fortalecer los esfuerzos para investigar y enjuiciar los delitos de trata de personas y enjuiciar a los tratantes, especialmente a aquellos involucrados en delitos de trata con fines de trabajo forzoso.

De lo anterior recomienda incrementar las inspecciones laborales, que en el Informe Anual de la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social informo en 2015 haber realizado 85 en campos agrícolas, para revisar sólo condiciones de seguridad e higiene de los jornaleros agrícolas, sin abordar diversas actividades que pueden implicar trabajo forzoso, que deben ser inspeccionadas por las autoridades.

Los inspectores del trabajo capacitados, pueden jugar un rol importante para detectar personas que estén en condición de las víctimas de trabajo forzado, así como a los autores de la trata, y tomar medidas que podrían disminuir la explotación, tanto al final del ciclo de la trata, cuando las personas estén ya en situación de víctimas, como al principio del ciclo, en la fase del reclutamiento, extendiendo la vigilancia a los reclutadores, como parte de una política de prevención.

Las visitas de inspección deben revisar los aspectos que establece la legislación laboral, pero también solicitar a los centros de trabajo que acrediten su cumplimiento, mediante la presentación de libros, registros u otros documentos con los que se compruebe el cumplimiento de las normas, hacer interrogatorios a los trabajadores y con ello aplicar el Protocolo de Inspección para Prevenir y Detectar la Trata de Personas en los Centros de trabajo.

Por todo lo anterior, sometemos a consideración los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, para que:

Primero. De conformidad con el artículo 89, fracción VIII, de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos, se incrementen las inspecciones en los centros laborales, con la finalidad de prevenir y detectar oportunamente delitos materia de trata de personas.

Segundo. De conformidad con el Protocolo de Inspección para Prevenir y Detectar la Trata de Personas en los Centros de Trabajo, tome las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes, mujeres y hombres sean víctimas del delito de trata de personas o cualquier tipo de explotación.

Tercero. De conformidad con el Protocolo de Inspección para Prevenir y Detectar la Trata de Personas en los Centros de Trabajo, realizar recorrido en el centro de trabajo con la finalidad de efectuar entrevistas a los trabajadores, en específico si en el desarrollo de su actividad han sido sometidos a acciones u omisiones que pudieran configurar la comisión de algún delito en materia de trata de personas.

Notas

1 Organización Internacional de Trabajo “Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage”, 2017,

http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_575479 /lang—es/index.htm

2 Catedra Extraordinaria de Trata de Personas, UNAM, “Señalamientos relevantes TIP Report 2017”, México, p. 6.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2017.

Diputada Julieta Fernández Márquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Ejecutivo de Nuevo León a informar a la opinión pública sobre las condiciones de requisa, saneamiento y actual operación del sistema de transporte integrado tipo BTR de la zona metropolitana de Monterrey, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Juan Carlos Ruíz García, diputado federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En mi carácter de diputado federal representante de los ciudadanos del estado de Nuevo León, me encuentro muy preocupado por la información que recientemente ha circulado en medios acerca de la falta de transparencia y de rendición de cuentas en la operación financiera y administrativa del Sistema de Transporte Integrado tipo BRT o autobús de transito rápido, mejor conocido en el área metropolitana de Monterrey como “ecovía”, mismo que ha presentado una serie de fallas y anomalías en varios de los aspectos de su operación, a pesar de ser considerada una de las principales alternativas en materia de movilidad por la anterior y actual administración.

La ecovía tiene 30.1 kilómetros de carriles construidos a base de concreto exclusivos para el transporte público, en el cual hay tres pasos elevados para los carriles exclusivos, 41 estaciones y 80 autobuses con accesibilidad universal. De ahí podemos ver su importancia para la movilidad de la población de la zona metropolitana de Monterrey.

En este sentido, no es posible dejar de lado las fallas presentadas en el Sistema de Transporte, por las que el servicio tuvo que ser requisado por el Gobierno del estado el 13 de octubre del 2016, alegando anomalías en el servicio e incumplimientos del consorcio Servicio de Transporte Tecno Ecológico que lo operaba.

A la fecha, a dos años de la actual administración, ésta le ha destinado 155 millones de pesos de recursos públicos, y otros tantos millones en especie al sistema de transporte, mismo que continua con insuficiencias sustanciales. En este sentido, el sábado pasado, el gobernador Rodríguez informó que el estado aportará 120 millones de pesos provenientes de un crédito puente para que los concesionarios compren 40 unidades más.

Es oportuno señalar que los esfuerzos y recursos inyectados al Sistema de Transporte por el Gobierno del estado, es decir de los ciudadanos neoleoneses, no sólo no han representado beneficio alguno para la actual administración ni para los más de 160 mil usuarios diarios, sino que la autoridad estatal anunció en días recientes que el servicio regresará a manos del concesionario original, sin que este haya remediado los problemas por los que fue objeto de requisa y que tanto afectaron la movilidad en la zona metropolitana de Monterrey.

Cabe destacar que uno de los compromisos enunciados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se refiere a la movilidad en las ciudades, “Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”, del cual se desprende la meta 11.2 que a la letra dice: “de aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad.”

Ante tal panorama y tomando en cuenta tan relevante deber de las instituciones gubernamentales, en este caso las del orden local, es absolutamente necesario que se nos dé a conocer, no sólo a nosotros como diputados federales, sino a la ciudadanía en general, la información relativa a la operación financiera y administrativa del Sistema de Transporte ecovía, así como el estado actual de su infraestructura, ya que de su correcta operación depende la movilidad de una importante zona de desarrollo económico para Nuevo León y para México.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición:

Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.

Único. Esta soberanía exhorta, respetuosamente, al titular del Poder Ejecutivo del estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, a enviar un informe a la opinión pública acerca de las condiciones de requisa, saneamiento y actual operación del Sistema de Transporte Integrado tipo BTR de la zona metropolitana de Monterrey.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2017.

Diputado Juan Carlos Ruiz García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a atender de manera expedita el reclamo de los usuarios del Circuito Exterior Mexiquense, a cargo del diputado David Gerson García Calderón, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado federal David Gerson García Calderón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para atender el reclamo de los usuarios del Circuito Exterior Mexiquense, al tenor del siguiente

Planteamiento del problema.

1. Las carreteras son uno de los factores más importantes para el desarrollo económico y social de un país; en México, constituyen la principal forma de comunicación, los caminos y carreteras propician la creación de cadenas productivas generadas por el tráfico de mercancías e impulsan el comercio y la producción industrial; por tales motivos es más que evidente la importancia de la correcta planeación en la construcción y mantenimiento de las vías terrestres por parte de los concesionarios.

Por lo que el presente Punto de acuerdo tiene la finalidad de mostrar desde la perspectiva técnica y jurídica, el seguimiento que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) debe de llevar en este tipo de proyectos, debido a que si no se cuenta con las características técnicas y legales adecuadas, el servicio a prestar no contaría con los criterios mínimos de calidad, generando un servicio deficiente provocando que dichos proyectos no sean rentables, debido a que las especificaciones técnicas son la parte medular de un Proyecto de Prestación de Servicios Carreteros, y en este caso particular de Conservación y Funcionalidad.

2. El Circuito Exterior Mexiquense fue diseñado para mitigar la afluencia vehicular, ofrecer soluciones viales y de mayor calidad, como un libramiento para el usuario que viajaba de norte a oriente, es una autopista urbana de traslado “rápido”, conformada por 110 km. de longitud en operación, conecta con las principales vías de entrada y salida a la Ciudad de México como: México-Querétaro, México-Puebla, México-Pachuca y México-Tuxpan, y las áreas conurbadas de Ecatepec y Zumpango en el Estado de México.

Además, conecta con las principales zonas comerciales, industriales y residenciales del norponiente y oriente de la Ciudad de México; es una alternativa en el traslado que “acorta” la distancia para vehículos particulares, autobuses que entran y salen a la Central Camionera del Norte en la Ciudad de México y para el traslado de transporte de carga proveniente del norte del país. Por lo que el objetivo para el cual fue diseñado este proyecto, ha sido rebasado por la falta de atención y supervisión por parte del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), responsable de exigir al concesionario el cumplimiento de las especificaciones de las condiciones establecidas en el título correspondiente, preservando el interés público. Si detecta anomalías o incumplimientos en el contrato pactado, debe adoptar las medidas correctivas pertinentes y verificar su cumplimiento. Entre los aspectos que debe atender se cuentan:

1. El cobro de tarifas acordes con las bases de regulación;

2. Los aforos, su composición vehicular y su congruencia con las proyecciones viales;

3. La operación general de la vía y su mantenimiento;

4. El estado físico de la vía y

5. Los tipos, la calidad y la cantidad de los servicios conexos prestados en la vía, entre otros.

3. Del cobro. La Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) es la que determina las tarifas promedio máxima que puede aplicarse en la vía, por tipo de vehículo o grupo vehicular, en este sentido, el costo aplicado actualmente es un abuso a diestra y siniestra de la empresa española OHL, operadora de la vialidad, en los 110 kilómetros de la carretera, según lo podemos constatar en el siguiente cuadro, que pone en perspectiva el costo por peaje en recorrer los 110 Km., del Circuito Exterior Mexiquense y el costo por peaje de los 1023 Km., de la Ciudad de México al Puerto de Mazatlán, Sinaloa:

La presente gráfica nos muestra que el recorrido de la Ciudad de México al Puerto de Mazatlán, Sinaloa, tiene un costo de 1.10 pesos por cada kilómetro, en tanto recorrer el Circuito Exterior Mexiquense tiene un costo de 9.12 pesos por kilómetro, queda demostrado el cobro excesivo por parte de la empresa española OHL, operadora de la vialidad. La inercia demostrada por parte de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) relativa a las quejas y denuncias de este problema solo abona a la impunidad, resulta inaceptable para los miles de usuarios pagar 930 por ciento más por peaje, comparado con otras vialidades del país y de mejor calidad.

Se suman a lo anterior, la falta de mantenimiento y señales viales suficientes, las irregularidades en el pago de seguros de vida a familiares de personas que perdieron la vida dentro del Circuito Exterior Mexiquense, donde, en promedio, cada mes ocurren de 25 a 30 accidentes fatales, así lo dan a conocer diferentes medios de comunicación. Fuentes: Excélsio r 30 de junio de 2017 Por: Ángeles Velasco. Criterio. 24 Diciembre 2015, Por Joana Reyes. El Universal 5 febrero 2016, Por Juan Manuel Barrera.

4. Del aforo y las soluciones viales

El Circuito Exterior Mexiquense, dentro de sus objetivos iniciales, contemplaba solucionar dos grandes retos de vialidad - traslados rápidos y acotar distancias- a la falta de planeación eficiente, sin embargo, ha resultado inoperante y caótica dicha vialidad para los que salen o entran a la ciudad o su traslado al Aeropuerto Internacional Benito Juárez, por lo que el Circuito Exterior Mexiquense se convierte en una vialidad más de las ya complicadas que hay en la Ciudad de México y del Valle de México, como son; el anillo periférico, viaducto Miguel Alemán, circuito interior, entre muchas más.

El Circuito Exterior Mexiquense es de las más caras y su infraestructura, deficiente, la vigilancia es escasa y en dónde la hay, los elementos policiacos se dedican a extorsionar a los usuarios con placas foráneas; en algunos tramos hay vados que necesitan mantenimiento urgente, los automovilistas particulares, los de transporte público foráneo y urbano, así como los transportistas de carga, sufren por los encharcamientos entre Cocotitlán y Chalco, todo esto ha provocado accidentes y congestionamientos viales. Por lo que el cobro excesivo resulta ser un atraco para los usuarios.

5. De la calidad de los servicios

A la falta de planeación y funcionalidad, la mayoría de las casetas están sin funcionar y solo opera la mitad, esto crea una congestión vial mayúscula para entrar y salir de ella. En cuanto al sistema multimodal TAG, los usuarios sufren al encontrarse con su mal funcionamiento, lo cual les representa pérdida de tiempo para realizar su pago al salir, ya que si el sistema no funciona les tienen que calcular su recorrido manualmente.

Los 110 km. de la vialidad no cuentan con el servicio de auxilio vial, los usuarios que lo requieren lo tienen que costear, no obstante que se encuentra establecido que el usuario que paga su peaje tiene derecho a este servicio, además, en todo el recorrido el servicio de sanitarios no funciona normalmente. La empresa operadora OHL dentro de los compromisos pactados para obtener la licitación se comprometió a ofrecer un servicio de calidad; traslados rápidos y acotar distancias, a la falta de este, hay incumplimiento de contrato, mismo que tendrá que revisarse en la ley de la materia.

Todo lo anterior tiene fundamento en lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disposición en relación a las concesiones otorgadas a particulares.

Artículo 28 párrafo decimo. El Estado, sujetándose a las leyes, podrá en casos de interés general, concesionar la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación, salvo las excepciones que las mismas prevengan. Las leyes fijarán las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes, y evitarán fenómenos de concentración que contraríen el interés público.

Así como en lo dispuesto por la SCJN en lo relativo a Concesiones. Se rigen por las Leyes vinculadas con su objeto. Suprema Corte de Justicia de la Nación y su gaceta agosto 2004. Tomo xx, pag. 10.

[...El Estado en su calidad de concesionante y los particulares como concesionarios, deberán sujetarse a las leyes que regulan el servicio público o los bienes concesionados, proporcionando el marco de los derechos, obligaciones, límites y alcances de las partes en una concesión; ello genera certidumbre para los gobernados respecto a las consecuencias de sus actos y acota las atribuciones de las autoridades correspondientes para impedir actuaciones arbitrarias, con lo que se respeta la garantía de seguridad jurídica consignada por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.

No es óbice a lo anterior el hecho de que en el título de concesión se establezca que el concesionario quedará sujeto a todas las leyes y ordenamientos expedidos con posterioridad al otorgamiento de ésta, puesto que se entiende que sólo podrá estar sujeto a aquellas disposiciones u ordenamientos normativos que se vinculen con el objeto de la concesión explotada, atendiendo al régimen de concesión de servicios y bienes públicos previsto por el referido artículo 28 constitucional]

Adicionalmente, la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal indica:

Artículo 17. Las concesiones y permisos se podrán revocar por cualquiera de las causas siguientes:

1. No cumplir, sin causa justificada, con el objeto, obligaciones o condiciones de las concesiones y permisos en los términos establecidos en ellos;

II. No cumplir con las características de construcción y operación, establecidos en las concesiones y permisos;

V. Reincidir en la aplicación de tarifas superiores a las autorizadas o registradas;

VII. No cubrir las indemnizaciones por daños que se originen con motivo de la prestación de los servicios;

XIII. No otorgar o no mantener en vigor la garantía de daños contra terceros;

XIV. Incumplir reiteradamente cualquiera de las obligaciones o condiciones establecidas en esta Ley o en sus reglamentos, y

XV. Las demás previstas en la concesión o el permiso respectivo.

Artículo 30.

[...La construcción, mantenimiento, conservación y explotación de los caminos y puentes estarán sujetos a lo dispuesto en esta Ley y sus reglamentos, y a las condiciones impuestas en la concesión respectiva].

Dicho lo anterior y solo por ejemplificar: [...recordemos lo sucedido el 12 de julio del presente año 2017, en el paso exprés México – Cuernavaca, un socavón en una vialidad igualmente concesionada, dejo pérdida de vidas humana, afectaciones a la población, afectación a los usuarios y el latente riesgo de más eventualidades de esta naturaleza; además, dejó al descubierto la corrupción, la deficiente negociación, la falta de supervisión por parte de la SCT, la indiferencia del gobierno federal ante la denuncia ciudadana con antelación. Y qué vergüenza que el Gobierno Federal buscando culpables a priori...]

Fundado lo anterior, resulta urgente que el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), en su calidad de concesionante , asuma su papel y de respuesta inmediata a los miles de usuarios que sufren a diario con las irregularidades y deficiencias antes señaladas.

Fundamentación

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo expuesto y fundado, pongo a consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta, al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para realizar una supervisión urgente y exhaustiva de la operatividad y funcionamiento del Circuito Exterior Mexiquense.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal, para hacer pública la información que explique las razones de la autorización por el cobro de peaje.

Tercero. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, en ejercicio de sus facultades previstas en la Ley de Caminos y Puentes y en la de Autotransporte Federal, ejecute el rescate de dicha vialidad, privilegiando el interés público.

Palacio de Legislativo de San Lázaro, a 9 noviembre del 2017.

Diputado David Gerson García Calderón (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Puebla a fortalecer los programas gubernamentales en materia de prevención y atención de actos de vandalismo y robos contra espacios educativos, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Xitlalic Ceja García, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el estado de Puebla no solo se ha incrementado la violencia provocada por organizaciones del crimen organizado, particularmente en el denominado Triángulo Rojo y los límites carreteros con el estado de Oaxaca, también han aumentado otros ilícitos como robos en carreteras, hurtos en casas habitación y extracción irregular de mobiliario, equipo de cómputo y fondos económicos en los espacios educativos.

Estas problemáticas trasgreden derechos humanos fundamentales como son la seguridad pública y la educación de calidad. Ante este escenario, apremia que el gobierno del estado fortalezca sus medidas de seguridad, a fin de proteger el patrimonio educativo de las escuelas y centros de aprendizaje escolar.

Diversos medios de comunicación han documentado y hecho de manifiesto público el robo a diversos espacios educativos, entre estos sucesos están los siguientes:

• Robo al jardín de niños Yolokonetl, de Santa María Xonacatepec, del que se llevaron un proyector, una bomba de agua, equipo de cómputo, bocinas y un tanque de gas licuado de petróleo. Al menos, en tres ocasiones más en lo que va del año, esta escuela ha sido objeto de estos actos vandálicos.1

• Hasta el pasado mes de mayo, el jardín de niños El Riego, del municipio de Tehuacán, había presentado cinco robos, en todo ellos, se llevaron computadoras y proyectores.2

• Robo a la escuela primaria Héroe de Nacozari, de la colonia Jesús García. Según padres de familia, lo hurtado asciende a más de 30 mil pesos, entre equipo de cómputo como laptops e impresoras.

• Hurto a las instalaciones de la primaria Alfredo V. Bonfil, en el municipio de Teotlalcingo, de las que extrajeron por lo menos 25 computadoras y fondos de la cooperativa escolar.

Ante los permanentes robos y la ineficiencia de las autoridades estatales, el alcalde de San Felipe Teotlaltzingo ha solicitado la colaboración de los padres de familia para implementar medidas de seguridad que eviten el robo a las escuelas.

• De la primaria Estados Unidos Mexicanos, en el municipio de Palmar de Bravo, este año se llevaron al menos 50 mil pesos y diversos equipos de cómputo y sonido.3

• De las instalaciones de la escuela primaria de San Gregorio Atzompa, sustrajeron equipo de cómputo como laptops, impresoras y computadoras, además de otros aparatos como bocinas, compresoras, instrumentos musicales y microondas, por un monto que supera los 100 mil pesos.4

• De la primaria Héroes del 4 de mayo, en el municipio de Atlixco, se llevaron equipo de audio, computadoras y proyectores, a pesar de que la primera semana de septiembre ya habían robado otra instalación educativa vecina, en esos hechos también sustrajeron equipo de cómputo de la escuela Lázaro Cárdenas.5

• En la región mixteca, después de los sismos del mes de septiembre, al menos dos planteles han sido objeto de robos o rapiña, se trata de la escuela primaria Gabriela Mistral, en Chietla y el Instituto de Capacitación para el Trabajo en el Estado de Puebla, en Acatlán de Osorio, de donde extrajeron herramienta de los laboratorios y equipo de cómputo.6

• Por tercera ocasión en este ciclo escolar, un grupo de personas ingresaron de manera irregular a la primaria Gran Tenochtitlán, de la colonia Lomas de San Miguel, en este suceso se llevaron equipo de cómputo y equipo de sonido de los laboratorios y de la dirección escolar.

• Se han reportado robos e intentos de este tipo en San Miguel Canoa, San Miguel Espejo, La Resurrección y en San Isidro Tlalcostépetl, panorama que evidencia la necesidad del incremento de los rondines de las autoridades encargadas de garantizar la seguridad pública.

Se ha identificado que estos actos contrarios a la ley, han aumentado en demarcaciones como Puebla de Zaragoza, Palmar de Bravo, Teotlalcingo, San Andrés Cholula, San Salvador El Verde y Teziutlán.

La problemática descrita afecta el proceso de enseñanza en niñas, niños y adolescentes, ya que al sufrir robos en sus instalaciones, no cuentan con las herramientas tecnológicas necesarias para acceder a los contenidos pedagógicos y búsqueda de información en su aprendizaje.

El incremento en el número de robos deja de manifiesto áreas de oportunidad para que las autoridades estatales fortalezcan sus medidas de seguridad para salvaguardar el patrimonio de la comunidad estudiantil, cuyo material y equipo es adquirido con cooperaciones de los padres de familia y donaciones de las autoridades municipales, organizaciones ciudadanas o connacionales radicados en Estados Unidos de América.

El equipo también se adquiere a través de programas de equipamiento escolar por parte de la Secretaría de Educación Pública de la entidad, en este caso es necesario que dicha institución asesore a las autoridades escolares para que de manera coordinada hagan valer las garantías del equipo correspondiente.

Estoy convencida de que este tipo de robos vulnera el patrimonio de las escuelas, pone en riesgo la seguridad de estudiantes y transgrede la tranquilidad de los padres de familia.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta de

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Puebla para que, a través de sus instituciones de seguridad pública y la Secretaría de Educación Pública, en el marco de sus atribuciones constitucionales, fortalezca sus programas gubernamentales en materia de prevención y atención de actos de vandalismo y robos a espacios educativos, a fin de esclarecer diversas denuncias públicas de sustracción irregular de equipo de cómputo, altavoces, mobiliario y dinero en efectivo, situación que se ha incrementado en los últimos meses en la entidad.

Notas

1 http://www.periodicocentral.mx/2017/pagina-negra/delincuencia/item/
9040-ladrones-vacian-kinder-en-xonacatepechttps://search.avira.com/#/?show_is=1&source=art

2 http://periodicocentral.mx/2017/pagina-negra/delincuencia/item/8450-ya- son-clientes-ladrones-roban-por-quinta-vez-un-jardin-de-ninos-en-tehuac an

3 http://www.elpopular.mx/2017/06/21/local/roban-mas-de-2-escuelas-al-mes -en-puebla-164861

4 https://www.elsoldepuebla.com.mx/estado/roban-computadoras-de-escuela-e n-san-gregorio-atzompa

5 https://www.sintesis.mx/puebla/2017/09/06/asaltan-escuela-en-atlixco/

6 http://www.periodicocentral.mx/2017/pagina-negra/delincuencia/item/
19465-ladrones-aprovechan-contingencia-por-sismo-para-saquear-dos-escuelas-en-puebla

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2017.

Diputada Xitlalic Ceja García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al estado que guardan las auditorías de la SFP por las irregularidades detectadas en las revisiones del Programa de Incentivos a Productores de Maíz y Frijol en los ejercicios 2015 y 2016, a cargo del diputado Daniel Ordóñez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Daniel Ordoñez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2; 65, 76, numeral 1, fracción II; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, y 100, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) a difundir el estado que guardan las auditorías hechas por la Secretaría de la Función Pública (SFP), por las irregularidades detectadas en las revisiones al Programa de Incentivos a Productores de Maíz y Frijol (PIMAF) en sus ejercicios 2015 y 2016, con base en los siguientes

Antecedentes

El estado de Chiapas ha sido una entidad privilegiada presupuestalmente en el rubro de “Agroincentivos”; tan sólo durante el año 2015, tuvo recursos aprobados equivalentes a 423.51 millones de pesos (mdp); es decir, 70.07 por ciento respecto al presupuesto aprobado en 2015 para este rubro, específicamente PIMAF, 602.90 mdp.

Para el año 2016, el PIMAF tuvo recursos aprobados equivalente a 485.16 millones de peso mdp; lo que representa un incremento de 15 por ciento respecto al año inmediato anterior.

La siguiente tabla, es muestra de la asignación presupuestal referida:

Dentro de estos recursos, para el rubro PIMAF, destinados a la entidad chiapaneca, fueron aprobados 908.67 mdp, para los años 2015 y 2016.

Resulta relevante también si consideramos que el estado de Chiapas es básicamente agrícola y su sustento económico es el campo.

De acuerdo con información basada en la Gaceta Parlamentaria número 4155B de fecha 13 de noviembre de 2014 y número 4404B de fecha 12 de noviembre de 2015 donde especifica los montos presupuestales para dichos rubros en su anexo 11 Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable; y en los documentos oficiales de Órgano de Control en la Sagarpa según oficio número 311.03.6039/2016 y 08/114/OIC/AI/1697/2017.

Durante el ejercicio 2015, la federación aportó 423.51 mdp al estado de Chiapas bajo el programa “Agro incentivo” (PIMAF). Pese a la necesidad de la ejecución de ese presupuesto para el agro chiapaneco, el recurso no se aplicó correctamente, lo anterior, lo determino la SFP en la revisión a dicho rubro, en la delegación estatal de la Sagarpa en el estado de Chiapas según consta en oficio número: 311.03.6039/2016.

En el referido documento, el subdelegado agropecuario, ingeniero Israel de Jesús Gómez Torres, manifestó que el programa no fue operado, ejecutado ni supervisado por la subdelegación agropecuaria ni la Jefatura del Programa Agrícola, sino que, el delegado en turno designó como enlace para la atención del programa al licenciado Dante López Amador, según consta en el oficio número 127.00.01.11/15 de fecha 12 de enero de 2015, dirigido al ingeniero Belisario Domínguez Méndez, director general de Productividad y Desarrollo Tecnológico y firmado por el entonces delegado estatal.

Cabe mencionar que en dicha diligencia realizada se pidió que se concentraran mil 200 expedientes solicitados a la delegación para revisar su integración, teniendo como resultado a la petición la proporción de 5 expedientes y quedando sin proporcionar ninguno de los mil 195 expedientes restantes, de lo anterior, se desprende la relevancia de la injustificada omisión así como también, es importante que se den a conocer las razones por las cuales no se presentó la documentación comprobatoria que respalda la entrega de los recursos a los productores y beneficiarios del programa en el ejercicio fiscal 2015.

Asimismo, se debe aclarar la opacidad del manejo de los mismos con respecto a la parte ejecutora de las dispersiones al ser operada por personal de la dependencia no autorizada y a los relevos confusos que se hicieron por parte del responsable de la delegación para ser nombrado únicamente en el periodo de la firmas de la solicitud de la dispersión de los recursos.

Aunado a lo anterior, debe destacarse que las empresas proveedoras de los insumos de los programas de Sagarpa son empresarios relacionados a un grupo político ligado al senador Roberto Albores Gleason, así como al diputado Julián Nazar Morales.

Para acreditar lo anterior, a continuación se expone tabla que contiene los números de oficio, fecha de elaboración, acuerdo, monto y persona que emite los mismos documentos:

Por otra parte, se expone a continuación la tabla que contiene la razón social, acciones y montos totales aportados a cada una de las mismas.

Por otra parte, durante el ejercicio de 2016, la federación aportó 485.16 mdp al estado de Chiapas, bajo el PIMAF, con base en la reglamentación interna de la Sagarpa, específicamente el artículo tercero, numeral 17 del Acuerdo por el cual se Establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones, y Visitas de Inspección de acuerdo a esa normativa interna, se le pidió a la dependencia. mediante oficio fechado 9 de octubre de 2017, dirigido al delegado estatal de la Sagarpa en Chiapas, el ingeniero Cruz Alberto Uc Hernández, los expedientes comprobatorios de los 124 mil 201 beneficiarios del programa en el ejercicio 2016 con motivo de la auditoría notificada con oficio número 127.793/2017 de fecha 30 de agosto de 2017.

Cabe mencionar que en dicha diligencia no presenta avances y se encuentran en total opacidad y con los mismos vicios presentadas con la auditoría realizada al ejercicio 2015 a la cual hemos hecho referencia en líneas anteriores.

Es evidente también la necesidad de conocer las razones por las cuales no se presentó la documentación comprobatoria que respaldó la entrega de los recursos a los productores y beneficiarios del programa en el ejercicio fiscal 2016.

La SFP determinó que los recursos del PIMAF, de la Sagarpa, en el ejercicio 2015 y 2016, del estado de Chiapas, tuvieron una contribución opaca y fraudulenta en los objetivos establecidos en la política pública y específicamente en los programas con prioridad nacional, ya que algunos de los indicadores y metas vinculados con éstos registran insuficiencias principalmente en el combate al hambre y a la desigualdad social.

Lo anterior, se desprendió de las observaciones financieras y físicas establecidas durante la revisión de la SFP, como son: la falta de expediente comprobatorio , del total de los recursos transferidos; así como la aplicación a fines distintos a lo establecido en la normativa.

Resulta importante la Sagarpa aclare a la ciudadanía el ejercicio de recursos que le han sido destinados para el desarrollo rural sustentable; en el rubro de producción de alimentos especialmente, cuando pese a los grandes montos que ha recibido, la ciudadanía se encuentra, desafortunadamente sin recibir los apoyos.

Considerandos

Primero. Que es facultad de las y los diputados de esta soberanía presentar proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido por el Reglamento de la Cámara de Diputados en el artículo 6o., numeral 1, fracción I; mismo que señala:

“Artículo 6.

1. Serán derechos de los diputados y diputadas:

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones ante la Cámara;

...”

Segundo. Que el ordenamiento antes señalado precisa en el artículo 79, numeral 1, fracción II, lo siguiente:

“Artículo 79.

1. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso de sus integrantes, a través de:

I. ...

II. Puntos de acuerdo, que representan la posición de la Cámara, en relación con algún asunto específico de interés nacional o sus relaciones con los Poderes de la federación, organismos públicos, entidades federativas y municipios, y

2. a 3. ...”

Tercero. Que la presente proposición con punto de acuerdo da cumplimiento a lo señalado por la fracción I del numeral 2 del artículo 79, y se sujetará a lo previsto por las fracciones II y V del numeral 2 del mismo artículo:

“Artículo 79.

1. ...

2. Las proposiciones con punto de acuerdo se sujetarán a lo siguiente:

I. Deberán presentarse a través de un escrito fundado, con una propuesta clara de resolutivo y firmadas por sus autores;

II. Las proposiciones presentadas por las diputadas y los diputados y las que se registren a nombre de grupo, pasarán a comisión;

III. a IV. ...

V. Las proposiciones que la Junta no considere proponer ante el pleno con el carácter de urgente u obvia resolución, se tramitarán conforme al artículo 62, numeral 3, de este Reglamento;

VI. a VII. ...

3. ...”

Cuarto. Que de acuerdo con los datos aportados en los antecedentes, se desprende la relevancia del PIMAF en el estado de Chiapas dadas sus condiciones socio económicas.

Quinto. Que los recursos del PIMAF, de la Sagarpa, en el ejercicio 2015 y 2016, otorgados al estado de Chiapas, tuvieron una contribución opaca y fraudulenta en los objetivos establecidos en la política pública y específicamente en los programas con prioridad nacional, ya que algunos de los indicadores y metas vinculados con éstos registran insuficiencias principalmente en el combate al hambre y a la desigualdad social.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a difundir el estado que guardan las auditorías hechas por la Secretaría de la Función Pública, por las irregularidades detectadas en las revisiones al Programa de Incentivos a Productores de Maíz y Frijol en los ejercicios 2015 y 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2017.

Diputado Daniel Ordoñez Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP, la Ssa y la Sedesol a establecer instrumentos que permitan homologar el lenguaje para personas con discapacidad auditiva, a cargo del diputado Daniel Ordóñez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Daniel Ordóñez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 numeral 1 fracción I, 62 numeral 2, 65, 76 numeral 1 fracción II, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, y 100, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente

Proposición con punto de acuerdo

Por el que se exhorta a las Secretarías de Educación Pública, de Salud, y de Desarrollo Social, a establecer mecanismos que permitan la homologación del lenguaje para personas con discapacidad auditiva, suscrita por el diputado Daniel Ordoñez Hernández del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática.

Exposición de Motivos

En México se han contabilizado, según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica,1 un total de 2.4 millones2 de personas con discapacidad auditiva; estos mexicanos pertenecen a un grupo vulnerable que ha sido poco atendido, la falta de intérpretes bien capacitados así como la inexistencia de un lenguaje en común, son uno de los principales problemas que padece este sector.

Actualmente, existen en todo el país, 40 intérpretes certificados por Comité Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, a pesar de que existen institutos y asociaciones que cuentan con intérpretes, carecen de reconocimiento legal, pues la certificación única en el país que es otorgada por la Universidad de Tecnológica de Santa Catarina en el estado de Nuevo León Nuevo León, es costosa, lo cual agudiza aún más el problema.

En este mismo sentido, no se puede perder de vista que, México es nación pluriétnica y pluricultural, existen 68 lenguas indígenas,3 esto complica la situación de quienes padecen de discapacidad auditiva, pues cada lengua genera sus propias señas para comunicarse, orientado a regionalismos; esto no solo afecta a los propios mexicanos que son sordos, también a la gente que los rodea.

El ser humano, es un ente biopsicosocial; la creación de relaciones sociales para conformar sociedades es una actividad derivada de su propia condición natural, algunas de estas relaciones se vuelven necesarias cuando se trata de relaciones cercanas, como es el caso de padre-hijo- o madre-hijo.

Las relaciones humanas en términos generales, se caracterizan por la existencia de un vínculo de comunicación, elemento necesario para el propio desarrollo del ser humano en sociedad y término definido por el psicólogo Miller en 1968 como: “proceso dinámico que fundamenta la existencia, progreso, cambios y comportamiento de todos los sistemas vivientes, individuos u organizaciones. Entendiéndose como la función indispensable de las personas y de las organizaciones la cual la organización u organismo se relaciona consigo mismo y su ambiente, relacionando sus partes y sus procesos internos unos con otros.”4

La interacción entre quien comunica, quien recibe lo datos e interpreta, es pare fundamental dela evolución humana y esa relación social, genera seres humanos con mayor conocimiento en pro de su desarrollo, además de conocer todo lo que nos rodea, permite organizar nuestras ideas, expresar lo que sentimos y pensamos, y comprender a los que nos rodean.

No podemos dejar de lado que el lenguaje constituye un factor necesario para la comunicación, de hecho, es una de las herramientas que poseen los seres humanos y que lo distingue de la mayoría de los animales.

Existen diversas formas de comunicación:

Oral: Refiere a una herramienta que el hablante interpreta en algún tono y vocabulario preciso, de acuerdo con su cultura, lengua y lenguaje,5 donde se ven representadas una lluvia de ideas.

Escrita: Emplea gramática6 y signos, se pueden combinar para transmitir un mensaje, se requiere que el receptor sepa leer para poder entender el mensaje.

No verbal: Se conoce como kinésica o kinética al estudio de los significados de los movimientos corporales. De hecho, el vocablo, en castellano se estila como cinética (que según la Real Academia Española se ocupa de los “perteneciente o relativo al movimiento”).7

La forma de comunicación que más se emplea es la oral o verbal, ambos sujetos pueden intercambiar información mediante el habla y recibiendo información a través de los sonidos y su sistema auditivo.

La comunicación no verbal es la que emplean las personas que padecen alguna discapacidad, ya sea auditiva o de habla, por lo tanto requieren de otro método para comunicarse y ser escuchados; en este sentido el lenguaje a través de señas recobra suma importancia.

Puesto que las personas que padecen discapacidad auditiva enfrentan problemas secundarios, sobre todo si se trata de un país en desarrollo como México, donde no existen mecanismos suficientes que faciliten el aprendizaje educativo, el desarrollo profesional y sobre todo humano.

La OMS proporciona algunos datos sobre la sordera, entre ellos explica que “Las personas sordas y sordo-ciegas suelen utilizar lenguajes de signos. Estos lenguajes difieren de una cultura a otra, pero son verdaderos idiomas con gramáticas y vocabularios propios. Se debería alentar a los familiares, médicos, docentes y empleadores a aprender el lenguaje de señas/signos, a fin de facilitar la comunicación con las personas sordas.”8

Los signos y señas “poseen una gramática visual rica y propia, son lenguas de cultura y dependen en su evolución y desarrollo de la comunidad de personas que la usan, las personas sordas, sordociegas y sus familias.”9

Podemos dar cuenta que, el lenguaje que utilizan los sordos es tan importante como cualquier idioma, es una lengua ampliamente reconocida.

En México, la lengua de señas mexicana (LSM)10 cuenta con validez oficial y forma parte del patrimonio lingüístico mexicano.

No podemos negar que dentro del lenguaje de señas, “Existen algunas variaciones en la LSM de acuerdo con las regiones geográficas del país, además es muy diferente al español por ejemplo en el orden de las palabras y en el uso de los verbos.”11

Lo anterior, complica al sistema de comunicación entre las personas sordas, pues, dentro de nuestro país, no existe una homologación del lenguaje que permita un método de transmisión de ideas uniforme.

En México, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad trabaja para que se incluya a las personas que padecen de discapacidad auditiva, así mismo el Consejo Nacional Para la Prevención de la Discriminación, ha sumado esfuerzos creando un diccionario de lengua de señas mexicanas sin embargo los esfuerzos no han sido suficientes, dado que, como se mencionaba, los regionalismos complican la universalidad de la señas, pues cada población desarrolla su forma de comunicarse de acuerdo a sus rasgos culturales.

Es preciso no perder de vista la situación que también padecen los intérpretes de lenguaje de señas, quienes han sido poco considerados para la solución del problema.

Actualmente la presencia de Organizaciones de la Sociedad Civil se ha vuelto clave, puesto que se han encargado de capacitar a personas para ser parte de la red de traductores con diferentes regionalismos a lo largo del país. Sin embargo, no cuentan con el reconocimiento oficial y pese a que, el Comité Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales ha trabajado para certificar a los intérpretes, se ha quedado poco a poco en el olvido, pues no existen candidatos que deseen aplicar, puesto que además de ser un trámite burocrático se requiere de mucho presupuesto por parte del interprete para acreditar la certificación.

Considerandos

Primero. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4o., establece el derecho a la protección de la salud, del cual debe gozar toda persona dentro del territorio nacional sin excepción alguna; texto constitucional que en su parte conducente es del tenor siguiente:

“Artículo 4o...

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XI del artículo 73 de ésta Constitución.”

Segundo. Que es facultad de las y los diputados de ésta soberanía presentar proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido con el Reglamento de la Cámara de Diputados en el artículo 6o. numeral 1, fracción I; mismo que señala:

“Artículo 6.

1. Serán derechos de los diputados y diputadas:

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones ante la Cámara;

...”

Tercero. Que el ordenamiento antes señalado precisa en el artículo 79 numeral 1, fracción II lo siguiente:

“Artículo 79.

1. El Pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso de sus integrantes, a través de:

I...

II. Puntos de acuerdo, que representan la posición de la Cámara, en relación con algún asunto específico de interés nacional o sus relaciones con los poderes de la Federación, organismos públicos, entidades federativas y municipios, y

2. a 3. ...”

Cuarto. Que la presente proposición con punto de acuerdo da cumplimiento a lo señalado por la fracción I del numeral 2 del artículo 79, y se sujetará a lo previsto por las fracciones II y V del numeral 2 del mismo artículo:

“Artículo 79.

1. ...

2. Las proposiciones con punto de acuerdo se sujetarán a lo siguiente:

I. Deberán presentarse a través de un escrito fundado, con una propuesta clara de resolutivo y firmadas por sus autores;

II. Las proposiciones presentadas por las diputadas y los diputados y las que se registren a nombre de Grupo, pasarán a comisión;

III. a IV. ...

V. Las proposiciones que la Junta no considere proponer ante el Pleno con el carácter de urgente u obvia resolución, se tramitarán conforme al artículo 62, numeral 3 de este Reglamento;

VI. a VII. ...

3. ...”

Quinto. De acuerdo con las cifras presentadas en el apartado anterior de este Punto de Acuerdo, existe un total de 2.4 millones de mexicanos que padecen de discapacidad auditiva el problema de comunicación se agudiza si consideramos que solo existen 40 intérpretes certificados; que no existe homologación de criterios en el lenguaje de sordos y que incluso, de manera regional se modifican las señas utilizadas para objetos o acciones iguales; por tanto, es indispensable establecer criterios homogéneos que, entre otros beneficios, permitirán la inclusión de quienes padecen discapacidad auditiva y quienes les rodean.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Desarrollo Social, a establecer mecanismos que permitan la homologación del lenguaje para personas con discapacidad auditiva.

Notas

1 La Encuesta Nacional Demográfica (END) de 1982, realizada por Inegi, inició con el propósito de captar información sobre los niveles y estructura de la fecundidad, mortalidad y migración, atendiendo con profundidad simultáneamente estos tres componentes de la evolución poblacional y una amplia gama de factores condicionantes.

2 Se utilizó el Marco Nacional de Viviendas 2012 del Inegi, construido a partir de la información cartográfica y demográfica obtenida del Censo de Población y Vivienda 2010. El periodo de levantamiento fue del 4 de Agosto al 26 de Septiembre del 2014.

3 El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas en su sitio web: http://www.inali.gob.mx/clin-inali/ publica el catalogo actual de las Lenguas Indígenas en México. [Consultado 05 de Octubre 2017]

4 Miller, George, 1968

5 Santos, Dionne. “Comunicación Oral y escrita” Red Tercer Milenio, México, 2012. Pág. 10. Versión en línea, disponible en: http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/Axiologicas/Comunicacion_o ral_y_escrita.pdf [Consultado 04 de Octubre del 2017]

6 Conjunto de normas que rigen el idioma. Incluye ortografía, fonética, sintaxis y semántica.

Fonética.-llamada también prosodia u ortología, estudia y reglamenta la pronunciación de las palabras.

Ortografía.- Es la parte más conocida, que da norma para la correcta escritura de las palabras.

Semántica.-Estudia el significado de las palabras. Hay semántica de la palabra, de la frase y de la oración Fernando de Ávila (2002)

7 Santos, Dionne. “Comunicación Oral y escrita” Red Tercer Milenio, México, 2012 Pág. 177. Versión en línea, disponible en: http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/Axiologicas/Comunicacion_o ral_y_escrita.pdf [Consultado: 04 de Octubre del 2017]

8 Organización Mundial de la Salud, Datos y Cifras, Datos sobre la sordera, disponible en: http://www.who.int/features/factfiles/deafness/facts/es/index7.html [Consultado 06 de Octubre 2017]

9 Confederación Estatal de Personas Sordas, gobierno de España, disponible en: http://www.cnse.es/lengua.php [Consultado 07 de Octubre 2017]

10 Según el glosario de la Ley General de Discapacidad, explica que, consiste en una serie de signos gestuales articulados con las manos y acompañados de expresiones faciales, mirada intencional y movimiento corporal, dotados de función lingüística, forma parte del patrimonio lingüístico de dicha comunidad y es tan rica y compleja en gramática y vocabulario como cualquier lengua oral.

11 Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Día Nacional de la Lengua de Señas Mexicana, publicado: 9 de Junio 2017, disponible en:

https://www.gob.mx/conadis/articulos/dia-nacional-de-la- lengua-de-senas-mexicana-lsm?idiom=es [Consultado: 08 Octubre del 2017]

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro en la Ciudad de México, a los nueve días de noviembre del 2017.

Diputado Daniel Ordóñez Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Órgano Superior de Fiscalización del estado de México a practicar auditorías de desempeño sobre los recursos destinados a los centros preventivos en la entidad, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Omar Ortega Álvarez, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Ante la revelación de auto gobiernos y operación de grupos delictivos al interior de las prisiones mexiquenses, la ciudadanía debe tener claridad del gasto ejercido en la materia, pues tan sólo en la Cuenta Pública de 2016 la administración del ahora ex gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, erogó mil 999.8 millones de pesos.

De acuerdo a información pública, dicho gasto correspondió al Programa de Prevención y Reinserción Social, que a su vez incluye el gasto destinado a la operación institucional para ambos rubros, así como a la seguridad penitenciaria.

Este gasto público es uno de los más elevados en materia de seguridad pública estatal; sin embargo, a la luz de los hechos, informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y revelaciones periodísticas, se demuestra que existen fallas en su aplicación.

Al respecto del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2016 (DNSP), de la CNDH, la calificación otorgada a la entidad mexiquense, después de una evaluación a los centros penitenciarios de la entidad, fue de 6.40 , en donde la Comisión logró identificar distintas problemáticas como sobrepoblación, hacinamiento, insuficiencia en los programas para la prevención y atención de incidentes violentos y ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad de los centros (autogobierno/cogobierno), entre otras.

En este sentido, el gobierno mexiquense debe iniciar una auditoria a los recursos que la administración del ex gobernador destinó a la operación de los 22 centros preventivos ubicados en territorio estatal.

En el tenor de lo expuesto, con cifras del sexto y último informe de Ávila, debe señalarse que en 2006 la población penitenciaria era de 19 mil 726 internos, y en 2016 ya ascendía a 25 mil 723 personas. Es decir, el incremento de la población privada de la libertad en esos 10 años es de 5 mil 997 internos, lo cual representa un aumento del 30.4 por ciento.

Resulta lamentable que entre 2006 y 2016, la población penitenciaria prácticamente no haya disminuido, lo cual ilustra que los gobiernos mexiquenses pasados de Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila Villegas, no instrumentaron una política pública efectiva en materia de prevención y reinserción social.

En contraste a lo señalado, la capacidad instalada de camas en los centros penitenciarios no redujo el déficit existente. En 2006, había 10 mil 68 camas en cárceles estatales y para 2016 crecieron a 13 mil 125; es decir, tan sólo 3 mil 57 camas nuevas.

Esta problemática, también involucra a la Fiscalía General de Justicia y al Poder Judicial de la entidad, pues del total de 25 mil 723 internos que había en 2016, los sentenciados solamente eran 15 mil 345.

El resto, 10 mil 378 personas, que representan el 40.3 por ciento, eran procesados. Lo cual significa que tanto la Fiscalía como el Poder Judicial no están garantizando una procuración efectiva y rápida de la justicia, lo cual provoca que en cárceles estatales haya esa cantidad de internos que viven con una situación de incertidumbre jurídica, y que genera el hacinamiento penitenciario.

Por ello, las autoridades judiciales deben revisar casos de procesados o incluso sentenciados, que están recluidos, que señalan procesos irregulares e injustos.

Frente a lo expuesto, someto a consideración de la Soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México para realizar auditorías de desempeño a los recursos destinados a la operación de los 22 centros preventivos ubicados en el Estado de México desde el ejercicio fiscal 2005 a la fecha.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al gobernador del Estado de México a hacer pública la información sobre los resultados del diseño, implementación y redireccionamiento de las políticas públicas en materia de prevención y reinserción social emprendidas por el gobierno estatal desde el año 2005 a la fecha.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre de 2017.

Diputado Omar Ortega Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Inegi a realizar gestiones para que en el próximo censo poblacional se diseñen indicadores a fin de conocer datos más precisos sobre las personas sordas, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada María Luisa Beltrán Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de diputados somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

Un censo es un conteo y recuento de la población de un determinado país cada cierta cantidad de tiempo, comúnmente, los censos son realizados cada 10 años, este estudio demográfico, arroja datos importantes para los institutos de estadística nacionales, a fin de constatar la cantidad de personas por región que hay y qué necesidades o características específicas tienen las viviendas en las que habitan.1

En México el organismo encargado de realizar el conteo y recuento de la población es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía quien, además, es el responsable de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, así como de captar y difundir información de México en cuanto al territorio, los recursos, la población y economía, [con el objetivo de] dar conocer las características de nuestro país y ayudar a la toma de decisiones.2

Desde la creación del Inegi se han recolectado datos sobre las personas con algún tipo de discapacidad, teniendo a nivel nacional hasta el 2014 un nivel de prevalencia de la discapacidad en alrededor de un 6 por ciento, es decir, 7.2 millones de mexicanos son discapacitados, siendo las dificultades para caminar y para ver las más reportadas entre estos.

De acuerdo con la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, presentada en 2001, las personas con discapacidad “son aquellas que tienen una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales y que al interactuar con distintos ambientes del entorno social pueden impedir su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones a las demás”.

La dificultad para escuchar es considerada como uno de los siete tipos de discapacidad que hay en el país junto con la dificultad para caminar o moverse, ver, mental, hablar o comunicarse, atención y aprendizaje.

La Organización Mundial de la Salud, define la sordera como la pérdida total de la audición en uno o ambos oídos, siendo las personas con sordera uno de los tipos de personas que el Inegi engloba en la dificultad para escuchar.

De acuerdo con la fracción VI del artículo 2 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad una comunidad sorda es “todo aquel grupo social cuyos miembros tienen alguna deficiencia del sentido auditivo que les limita sostener una comunicación y socialización regular y fluida en lengua oral”.

Lamentablemente tanto a nivel mundial como a nivel nacional no existen datos concretos sobre las personas que presentan discapacidad auditiva, sordera, hipoacusia o si son sordo hablante, sordo señante o semilingüe, entre otras características que los diferencian como si son sordos de nacimiento o tuvieron pérdida auditiva por alguna situación externa a ellos.

En 2010, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía realizó una publicación que llevaba por nombre “Las personas con discapacidad en México, una visión al 2010”, en el que se plasmó la realidad estadística que presentan las personas con discapacidad, cabe resaltar que en esta publicación se destacaron las diferencias entre el censo del año 2000 y el censo del 2010 respecto a las preguntas que se emplearon para mejorar los datos obtenidos.

En el caso de las personas sordas las preguntas empleadas en el año 2000 fueron ¿es sordo o usa un aparato para oír? mientras que en 2010 las preguntas formuladas a los hogares decían: en su vida diaria, ¿(nombre) tiene dificultad al realizar las siguientes actividades: oír, aun usando aparato auditivo?, con ello se pretendió que las personas que contarán con una deficiencia auditiva leve o moderada no fueran subestimadas y que con el cambio en la redacción de estas opciones se pudiera generar un mayor registro de la población con dificultades auditivas.

Aunado a lo anterior, hace un año se publicó la evaluación de “Las personas con discapacidad, datos al 2014” en la que se presentaron datos estadísticos cuyo objetivo fue proporcionar a la sociedad, y a los organismos de los sectores público y privado encargados del análisis y la promoción de la participación de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida social, información que contribuya a la comprensión de la situación en la que se encuentra este grupo de población.3

Sin embargo, la metodología empleada para la recolección de datos sobre las personas sordas continuó siendo ineficaz pues no arrojó cifras específicas sobre este grupo de población, lo que ha dado pauta para que las personas sordas queden relegadas ante la elaboración e implementación de las políticas públicas, pues en este tipo de censos se engloba a los sordos en un solo tipo, sin considerar que los sordos son una comunidad donde convergen distintos tipos de personas que comparten la falta de un sentido en distintos grados, por lo tanto las necesidades de cada uno son diferentes dependiendo de la situación en la que se encuentren.

Tal como sucede con otras discapacidades, en nuestro país existe un importante número, no cuantificado, de personas que viven con sordera en alguno de sus tipos, situación que paulatinamente les genera una serie de problemas en su vida cotidiana pues al no ser evidente esta discapacidad, como lo son las otras, se vuelven una comunidad vulnerable que presenta un sinnúmero de situaciones que los colocan en desventaja e invisibles, uno de ellos es la discriminación o la falta de acceso a la educación debido a que no se cuenta con docentes capacitados en Lengua de Señas Mexicana, lo que da lugar a que en su mayoría las personas sordas no concluyan su educación básica y por ende el acceso a una vida laboral se torne casi nula o con salarios menores a los de sus pares oyentes.

Actualmente el Inegi no cuenta con un documento oficial sobre las personas que viven con alguno de los tipos de sordera o forman parte de la comunidad sorda en México, por lo que resulta imperioso contar con un censo que permita conocer en qué condiciones socioeconómicas viven.

Actualmente en el Senado de la República se encuentra una minuta que busca establecer que los lineamientos para la recopilación de información y datos estadísticos de la población con discapacidad consideren y proporcionen todos los aspectos relacionados con la discapacidad, aunado a ello la minuta propone expedir certificados de discapacidad por parte del Sector Salud e integrar un Sistema Nacional de Información en Discapacidad que englobe a todas las discapacidades del país.

Debido a lo anterior, resulta necesario realizar censos y contar con estadísticas específicas sobre las personas que tienen alguna discapacidad, además de que resulta necesario que se elaboren de manera periódica para con ello reunir información cuantitativa a fin de conocer de forma desagregada el número de personas con sordera y con base en dichas estadísticas mejorar la elaboración e implementación de políticas públicas y con ellas atender de manera eficaz su real inclusión en la sociedad.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a efecto de realizar las gestiones necesarias a fin de que en el próximo censo poblacional se diseñen los indicadores necesarios que permitan conocer datos más precisos sobre las personas sordas, con el objeto de que las distintas dependencias gubernamentales a nivel federal, estatal y municipal, promuevan políticas públicas que propicien y promuevan su integración social.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta, respetuosamente, a la Cámara de Senadores a dictaminar la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, de la Ley General de Salud y de la Ley General de Población recibida el pasado 2 de febrero del presente año, en lo relativo a la generación de un Sistema Nacional de Estadística de Discapacitados.

Notas

1 http://conceptodefinicion.de/censo/

2 http://www.beta.inegi.org.mx/inegi/quienes_somos.html

3 http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/
espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825090203.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de noviembre del 2017.

Diputada María Luisa Beltrán Reyes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la creación de espacios destinados como centros de atención de animales de compañía en situación de calle, así como a llevar a cabo campañas de esterilización y adopción dirigidas a promover y fortalecer su bienestar, a cargo del diputado José Luis Toledo Medina, del Grupo Parlamentario del PRI

José Luis Toledo Medina , diputado federal de la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como las demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno del estado de Quintana Roo, así como a los honorables ayuntamientos del estado, a que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen la optimización y, en su caso, se creen los espacios destinados como centros de atención de animales de compañía en situación de calle, así como llevar a cabo campañas de esterilización y adopción dirigidas a promover y fortalecer su bienestar.

Consideraciones

En la mayoría de los lugares del mundo, el perro y el gato son las mascotas por excelencia, con siglos de tradición y cría selectiva; sin embargo, en los últimos, años la gama de mascotas o animales de compañía se ha diversificado y la percepción que de ellos tienen los humanos también ha cambiado.1

Hasta hace unos años, los animales domésticos se le llamaba mascotas (del francés mascotte =talismán). Sin embargo, las sociedades protectoras de animales están cambiando este término por el de animal de compañía para dejar atrás el sentido de pertenencia y asociar al humano el papel de cuidador.2

México es el país latinoamericano con un mayor número de perros, de acuerdo al último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), existen 18 millones de caninos. Sin embargo, sólo 30 por ciento tiene dueño, el resto vive en la calle, ya sea por abandono directo o al ser cría de estos animales en situación de calle. Se considera que las principales causas de dicha problemática son: la venta indiscriminada de animales de compañía y la falta de responsabilidad por parte de los dueños.3

En nuestro país, fue a partir de 1883 que se presentó la propuesta para establecer un lugar específico para confinar y eliminar a los perros que deambulaban en la vía pública, motivó a las autoridades de la Ciudad de México a hacerlo, compartiéndose esa responsabilidad con las autoridades de salud en su operación; a partir de esto, se generaliza la preocupación para atender el problema social y de salud que representa el perro callejero creándose para ello diversos establecimientos, cuyas denominaciones en ese momento correspondieron a los propósitos que se perseguían, por lo que se llamaron perreras municipales, centros antirrábicos, centros antirrábicos veterinarios, o centros de zoonosis; sin embargo en el México actual la sociedad ha evolucionado buscando lograr una relación armónica para con sus perros y gatos, hecho que obliga a reorientar el trabajo de estos establecimientos públicos, cuyos cambios se dieron desde su nombre, denominándose ahora centros de atención canina.4

Los centros de atención canina son establecimientos de servicio público orientados a resolver los problemas que provocan los perros y en menor proporción los gatos, tanto en la vía pública como en los domicilios y que ponen en riesgo la salud de la población.5

Hoy la sociedad exige que estos establecimientos estén orientados a mejorar la calidad de vida de perros y gatos, así como que estos realicen campañas de esterilización para reducir la población de perros y gatos callejeros que existe.

De acuerdo a la Human Society Internacional , la implementación de programas sostenibles de esterilización y castración son los métodos más efectivos de abordar para las poblaciones de caninos y felinos, ya que se ha excedido la capacidad de la comunidad local de velar por ellas adecuadamente.6

En Quintana Roo, los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Othón P. Blanco cuentan con la mayor población de perros en situación de calle, esto con base en un estudio realizado por la Sociedad Protectora de Animales la cual arrojó que en Cancún hay aproximadamente 80 mil perros callejeros,7 mientras que en Playa del Carmen se tiene un estimado de que existen 40 mil canes en la misma situación y de éstos el 20 por ciento sufre maltrato extremo, de acuerdo a la asociación civil Acción Animal;8 finalmente en la capital del estado se tiene un registro de 12 mil de perros en situación de calle.9

De igual manera, de acuerdo con información proporcionada por el director de Salud del ayuntamiento de Othón P. Blanco, se tiene conocimiento que el Centro de Atención Canina de Chetumal no cuenta con el suficiente espacio para resguardar a los perros callejeros, ya que sólo se tiene habilitado ocho lugares en los que llegan albergar hasta 26 canes como máximo.10

Durante 2016, de acuerdo con la Sociedad Protectora de Animales, en la ciudad de Cancún al menos 20 refugios o rescatistas pro animal realizaban la labor que le correspondía al Centro de Atención Canina, es decir aplicaban vacunas, curaban, bañaban y finalmente daban en adopción a los animales, ya que dicha institución dejó de funcionar como está planteado.11

En el municipio de Tulum, a pesar de que en mayo del presente año se aprobó la instalación del Consejo Ciudadano para la Atención y Bienestar Animal, no se cuenta con un espacio para el resguardo de ejemplares que requieran de algún cuidado; asimismo, la dirección de salud es la que lleva a cabo las campañas de vacunación y esterilización en conjunto con asociaciones civiles, para reducir enfermedades causadas por los animales de compañía.12

De lo anterior, podemos observar que en el estado de Quintana Roo es necesario implementar más campañas de esterilización y adopción, así como programas de concientización para ayudar a disminuir la población de animales de compañía en situación de calle, así como el contar con Centros de Atención Canina dignos.

Dado lo anteriormente expuesto, se propone el siguiente:

Punto de acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno del estado de Quintana Roo, así como a los ayuntamientos del estado, a que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen la optimización y, en su caso, se creen los espacios destinados como centros de atención de animales de compañía en situación de calle, así como llevar a cabo campañas de esterilización y adopción dirigidas a promover y fortalecer su bienestar.

Notas

1 Procuraduría Federal del Consumidor, Animales de compañía, disponible en:

https://www.profeco.gob.mx/encuesta/brujula/bruj_2006/pd f06/2006-11-13%20Animales%20de%20compa%C3%B1%C3%ADa.pdf Fecha de consulta: 31 de octubre de 2017.

2 Ídem.

3 Publimetro, “El 70% de los perros en México viven en la calle”, disponible en:

https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2014/07/25/70- perros-mexico-viven-calle.html Fecha de consulta: 31 de octubre de 2017.

4 Secretaría de Salud, Norma Oficial Mexicana NOM-042-SSA2-2006, Prevención y control de enfermedades. Especificaciones sanitarias para los centros de atención canina. disponible en: http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/3529/salud/salud.htm Fecha de consulta: 31 de octubre de 2017.

5 Ídem.

6 Human Society Internacional, La importancia de esterilizar y castrar a sus animales de compañía. Disponible en: http://www.hsi.org/assets/pdfs/why_spayneuter_is_important_spanish.pdf Fecha de consulta: 31 de octubre de 2017.

7 Novedades de Quintana Roo, “Baja la capacidad de servicio de la perrera”. Disponible en: http://sipse.com/novedades/baja-la-capacidad-de-servicio-de-la-perrera- mascotas-perros-callejeros-bomberos-policias-cancun-232640.html Fecha de consulta: 31 de octubre de 2017.

8 La Pancarta de Quintana Roo, “40 mil perros callejeros en Playa del Carmen. 20% de ellos con maltrato extremo”. Disponible en: http://lapancartadequintanaroo.com.mx/playa/40-mil-perros-callejeros-en -playa-del-carmen-20-de-ellos-con-maltrato-extremo/ Fecha de consulta: 31 de octubre de 2017.

9 Novedades de Quintana Roo, “Ya no hay espacio para resguardar a perros callejeros”. http://sipse.com/novedades/adopcion-perros-callejeros-resguardo-centro- de-atencion-sanciones-duenos-multas-carcel-asociaciones-mascotas-chetum al-242577.html Fecha de consulta: 31 de octubre de 2017.

10 Ídem.

11 Novedades de Quintana Roo, “Refugios de canes funcionan como perreras”. Disponible en: http://sipse.com/novedades/refugios-de-canes-rebasan-a-la-perrera-centr o-atencion-canina-rescatistas-perros-adopcion-mascotas-cancun-232812.ht ml Fecha de Consulta 31 de octubre de 2017.

12 Novedades de Quintana Roo, “Carece Tulum de centro de atención animal”. Disponible en: http://sipse.com/novedades/consejo-ciudadano-cabildo-centro-atencion-an imal-direccion-salud-tulum-ayuntamiento-257300.html Fecha de Consulta 31 de octubre de 2017.

Palacio del Poder Legislativo de San Lázaro, 14 de noviembre de 2017.

Diputado José Luis Toledo Medina (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a promulgar con la mayor brevedad la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, Cristina Ismene Gaytán Hernández, diputada en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La desaparición forzada de personas es una grave violación a los derechos humanos y un crimen de lesa humanidad de conformidad con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. De acuerdo con la Convención Internacional en su artículo segundo, se entiende por desaparición forzada de personas:

“el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.”

En su informe sobre la situación de los derechos humanos en México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

“constató en terreno la grave crisis de derechos humanos que vive México, caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia; graves violaciones, en especial desapariciones forzadas (...); niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares.”1

En este sentido, la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, señaló en su Informe Anual 2016/2017 que en nuestro país:

“Las desapariciones forzadas con implicación del estado y las desapariciones perpetradas por agentes no estatales seguían siendo práctica generalizada, y los responsables seguían gozando de una impunidad casi absoluta. Las investigaciones de los casos de personas desaparecidas seguían adoleciendo de irregularidades y sufriendo demoras indebidas. En general, las autoridades no iniciaban inmediatamente la búsqueda de las víctimas”.2

Debido a lo anterior, distintos órganos de Naciones Unidas como el Comité contra la Desaparición Forzada, el Grupo contra las Desapariciones Forzadas e Involuntarias y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos recomendaron en múltiples ocasiones la necesidad de expedir una ley general relativa al fenómeno de la desaparición de personas en México.

Así, el 12 de octubre de este año el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la minuta enviada desde el Senado de la República en la que se aprobó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la cual incorpora:

• La tipificación del delito de desaparición forzada de personas de conformidad con los mayores estándares internacionales en la materia, así como el delito de desaparición cometida por particulares;

• La creación del Sistema Nacional de Búsqueda, encargado de la generación de política pública y medidas de prevención para este delito;

• La creación de los registros nacionales de personas desaparecidas, de personas fallecidas no identificadas, de fosas y el Banco de Datos Forense;

• Un catálogo amplio de derechos para los familiares de las personas desaparecidas, asegurando que podrán participar y colaborar en todo momento en las investigaciones y en las labores de búsqueda;

• La creación del Consejo Nacional Ciudadano, así como el Comité de Evaluación y Seguimiento.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas en México hay más de 33 mil personas de las cuales se desconoce su paradero desde 2009 y hasta 2016.

Las víctimas de este delito y violación a los derechos humanos han esperado mucho tiempo una respuesta del Estado mexicano y consideramos que la publicación de esta ley contribuirá a que logren acceder a la verdad, la reparación y la justicia.

En atención al compromiso del Estado mexicano con las víctimas y con sus compromisos internacionales, exhortamos al titular del Ejecutivo federal que promulgue a la brevedad la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la cual fue aprobada por unanimidad en esta soberanía, debido a la urgencia de su implementación, así como la asignación de recursos correspondiente.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal para que promulgue a la brevedad la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Notas

1 Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2015/112a.asp

2 Disponible en: https://www.amnesty.org/es/countries/americas/mexico/report-mexico/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de noviembre de 2017.

Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades de la Ciudad de México a transparentar el proceso para el diseño, la construcción, la puesta en marcha, la operación y el mantenimiento de la planta de termovalorización del Bordo Poniente a fin de garantizar su viabilidad financiera y ambiental, a cargo de la diputada Sara Paola Galico Félix Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena

Las suscrita, Sara Paola Galico Félix Díaz, diputada a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I; así como 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El cierre definitivo del relleno sanitario Bordo Poniente, en diciembre de 2011, a causa de su crecimiento descontrolado y por violaciones diversas a la legislación ambiental, mala operación del relleno y por el alto riesgo de contaminación del acuífero, produjo que el gobierno de la Ciudad de México, preparara una licitación para explotar el predio y poder administrar la basura. Deshacerse de casi 13 mil toneladas de basura lleva un largo proceso, desde su recolección hasta su destino final, en donde se le da el tratamiento respectivo para poder aprovechar toda la energía que generan estos desechos.

Por lo anterior, el gobierno capitalino abrió la licitación el pasado diciembre 2016, para el diseño, construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento de una planta de termovalorización para residuos sólidos, mediante la cual se generará energía eléctrica. El fallo de adjudicación se le otorgó al consorcio Proactiva Medio Ambiente SA de CV-Veolia1 .

El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, comprometió por los próximos 33 años recursos locales en el contrato de la planta termovalorizadora. La opinión pública ha denunciado que se han ocultado los datos sobre los montos de los recursos públicos y estimaciones financieras, que por ley deberían de ser públicos. Asimismo, que el gobierno asumió el compromiso de pagar una penalización si se cancela la obra, el porcentaje de dicha sanción se desconoce pero éste es con cargo al erario público2 .

Esta planta de termovalorización para el tratamiento de energía renovable, llamado El Sarape, se ubicará en el Bordo Poniente y estará lista en aproximadamente 18 meses, de acuerdo a lo señalado por el jefe de gobierno. El consorcio Proactiva Medio Ambiente, SA de CV-Veolia, es el responsable del diseño, construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento de la planta, con una inversión de 12 mil millones de pesos. Con sus cuatro hornos, será capaz de procesar 4 mil 500 toneladas diarias para dotar a las doce líneas del Metro con 965 mil mega watts, asimismo, estará en posibilidades de dar energía al nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México y podrá contribuir en tareas ambientales para esa misma zona3 .

Como sabemos, la basura no se desaparece, se transforma en gases, líquidos y cenizas que son tóxicas, contaminan el medio ambiente y por consiguiente a los seres vivos. En el proceso de transformación de la basura, por más filtros que se pongan, se lanzan al aire diversas sustancias químicas, metales pesados, gases ácidos y de efecto invernadero que son nocivos para la salud. Además, se generan nuevas sustancias tóxicas como las dioxinas, furanos, bifenilos policlorados y hexaclorobenceno4 .

De acuerdo a especialistas, los llamados compuestos orgánicos persistentes son sustancias altamente tóxicas, tardan mucho en degradarse y se trasladan a grandes distancias de las fuentes de emisión. Se acumulan en las grasas de los organismos y los podemos ingerir a través de los alimentos, lo peor de todo, es que se transmiten de la madre al bebé a través de la placenta y la leche materna. Las dioxinas en particular son las sustancias más tóxicas conocidas y algunas de ellas probadamente cancerígenas5 .

La detección y control de todas estas sustancias no son fáciles de llevar a cabo, ya que varias de ellas se mueven en el campo de las nanopartículas y los filtros utilizados en las plantas no las atrapan. “Las implicaciones ambientales en relación con tal toxicidad y con la biodegradabilidad de las nanopartículas y los efectos de éstas en la salud de la diversidad de especies (incluyendo la humana), en el corto y en el medio plazo, son de consideración puesto que se estima que podrían interferir en las funciones vitales por su capacidad de atravesar las membranas e ingresar en la corriente sanguínea de los mamíferos”6 .

Sin embargo, no está claro si se cumple o no con el Convenio de Estocolmo (Lucha contra las amenazas que conllevan los productos químicos), el cual señala que “los contaminantes orgánicos persistentes (COP) dañan la salud de las personas y el medio ambiente. El Convenio se basa en el principio de precaución y tiene por objeto garantizar la eliminación segura de estas sustancias, así como la reducción de su producción y su uso”, que busca erradicar la incineración de desechos a cielo abierto y otras formas controladas de incineración de desechos7 .

La decisión de llevar a cabo este proyecto, obliga a la capital del país por los próximos 30 años, a un modelo de gestión de residuos que se enfoca en suministrar (generar) a la planta de termovalorización grandes toneladas de basura para que ésta pueda operar y generar energía eléctrica suficiente, lo cual coloca en entredicho las políticas de separación y reducción del gobierno de la Ciudad de México8 .

Greenpeace considera que es una contradicción ambiental, porque el proyecto de tratamiento de basura será una fuente adicional de contaminación en la Ciudad de México, ya que estas plantas dañan el medio ambiente y la salud de los habitantes que se localizan cerca de su ubicación. Las 7 razones que demuestran que la termovalorización (Waste to Energy) no es una solución real para Greenpeace, son las siguientes9 :

1. Alienta la generación de residuos; 2. Obstaculiza políticas de gestión sustentable de los residuos; 3. Genera una dependencia energética y propicia una competencia con el reciclaje; 4. Tiene el potencial de emitir diversas sustancias, sobre cuya toxicidad y factores de emisión en condiciones reales existe una carencia notoria de datos científicos; 5. Representa un alto riesgo a la salud y el medio ambiente; 6. Su eficiencia energética es muy baja; y 7. No hay una verdadera reducción de gases de efecto invernadero (GEI)10 .

La ciudadanía ha denunciado que el jefe de gobierno no ha hecho públicos los detalles sobre los montos de recursos y estimaciones financieras respecto a cómo se pagará la deuda que durante los próximos 30 años de vigencia del contrato con la empresa francesa Veolia tenga el gobierno capitalino, esto deja duda en cuanto a los términos de a qué se compromete el gobierno a financiar. Tampoco se han transparentado las cláusulas ni los porcentajes que generaría el no cumplimiento del contrato por ambas partes, ni tampoco se ha dado a conocer a qué está obligado el gobierno capitalino a cumplir.

En cuanto al medio ambiente y a la salud de los ciudadanos habitantes y transeúntes de la capital, a la fecha, no se cuenta con la Autorización de Impacto Ambiental ni el Título de Concesión del predio de 13 hectáreas en donde operará la planta, terrenos federales de Bordo Poniente, lo que impediría que la empresa se estableciera debidamente y, en caso de que lo hiciera, pondría en riesgo el medio ambiente y la salud de millones de personas en la capital, por lo que es necesario se realice un estudio que certifique que los residuos que se arrojen a cielo abierto, no generen riesgo a la salud de las personas11 .

Es de señalar que en 2016, la empresa francesa Veolia fue demandada por estar involucrada en la contaminación del agua con plomo en la ciudad estadounidense de Flint, en Michigan. En tanto que en Egipto, Lituania y Marruecos, Veolia se ha enfrentado a distintas disputas legales12 .

Con base en lo anterior, es menester que la Cámara de Diputados tome cartas en el asunto, en beneficio de las y los capitalinos, particularmente quienes habitan en los perímetros de riesgo de dicha planta.

La Ciudad de México y sus habitantes requieren de la solidaridad y acciones de esta soberanía, a efecto de ver salvaguardados sus derechos.

En razón de lo antes expuesto y fundado, someto a esta honorable asamblea, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de gobierno de la Ciudad de México, para que bajo el principio de máxima publicidad, haga pública la información técnica, jurídica y financiera concerniente al proyecto de la planta de termovalorización para el tratamiento de energía renovable El Sarape, ubicada en el Bordo Poniente, con la finalidad de que la ciudadanía tenga conocimiento y claridad de las repercusiones ecológicas, financieras y urbanísticas que se generarán como consecuencia de dicho proyecto. Así como el dictamen por parte de las autoridades competentes, que garantice su viabilidad ambiental y la seguridad para la salud de los habitantes.

Segundo. La LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, para que con base en sus atribuciones, lleve a cabo la auditoría de la licitación otorgada por el gobierno de la Ciudad de México al consorcio Proactiva Medio Ambiente, SA de CV-Veolia para la construcción y operación de la planta de termovalorización para el tratamiento de energía renovable El Sarape, ubicada en el Bordo Poniente.

Tercero. La LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a la titular de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, para que bajo el principio de máxima publicidad y con base en sus atribuciones, haga del conocimiento público si el consorcio cuenta con los impactos ambientales correspondientes para la construcción y entrada en operación de la planta de termovalorización para el tratamiento de energía renovable El Sarape, ubicada en el Bordo Poniente.

Notas

1 http://www.animalpolitico.com/blogueros-inteligencia-publica/2017/07/10 /la-planta-termovalorizacion-la-cdmx-la-amenaza-ambiental/

2 http://suracapulco.mx/6/en-la-opacidad-costo-y-forma-en-que-cdmx-pagara -la-termovalorizadora-en-proximos-33-anos/

3 http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/planta-de-termovalorizacio n-entrara-en-operacion-en-18-meses

4 http://www.argenpress.info/2014_05_28_archive.html

5 Ídem.

6 Ídem.

7 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM:l21279

8 http://www.greenpeace.org/mexico/es/Prensa1/2017/Junio/Proyecto-de-plan ta-de-termovalorizacion-obliga-a-la-ciudad-a-seguir-generando-basura-Gr eenpeace/

9 http://www.greenpeace.org/mexico/Global/mexico/Docs/2017/
HOJA-DE-DATOS-razones-que-demuestran-que-la-termovalorizacion-no-es-una-solucion-real.pdf

10 Ídem.

11 http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/
default.aspx?id=1210630&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1210630

12http://www.mural.com/aplicacioneslibre/articulo/defaul t.aspx?id=1169707&md5=757f540632f68f5eb1788f7e866f7266&ta=0dfdb ac11765226904c16cb9ad1b2efe

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de noviembre de 2017.

Diputada Sara Paola Galico Félix Díaz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se emite un reconocimiento a la Semar por su labor y esfuerzo en la vigilancia de áreas naturales protegidas; y se exhorta a esa dependencia, la Profepa y la Conapesca a continuar las acciones de inspección y vigilancia que llevan a cabo a favor de la protección de zonas marinas, suscrita por la diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, Sharon María Teresa Cuenca Ayala e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El archipiélago de Revillagigedo se encuentra integrado por las Islas Socorro, Clarión, San Benedicto y el Islote Roca Partida, los cuales fueron descubiertos entre 1533 y 1615. Se localiza en el Océano Pacífico, a unos 800 kilómetros al oeste de Manzanillo y casi 400 kilómetros al sur de Cabo San Lucas.

Posee una rica diversidad de fauna y flora que genera un conjunto único de procesos biológicos y ecológicos. Sus características ecosistémicas, aunadas a sus particularidades geológicas, son objeto de interés científico en diversos campos de estudio sobre biodiversidad, biogeografía y la evolución. Sus condiciones insulares las convierten en un laboratorio natural para estudiar los fenómenos de colonización, dispersión y adaptación de diversas especies.

El archipiélago posee un alto porcentaje de la reserva genética del Pacífico Oriental y cuenta con especies endémicas de reptiles, crustáceos y moluscos. Presenta elevados niveles de endemismo en cerca de 33 por ciento de sus plantas y de 100 por ciento de la avifauna terrestre. Por esta razón, el Consejo Internacional para la Preservación de las Aves lo considera como un área de importancia primaria en cuanto a aves endémicas.

Revillagigedo es una zona de alimentación, crecimiento y anidación de cuatro de las seis tortugas marinas que habitan en las costas mexicanas. En sus aguas se reproducen y habitan también numerosos peces de importancia comercial como atún, sierra, tiburón y langosta.

En este ecosistema se encuentran algunas especies en peligro de extinción, como el cenzontle y el tecolote enano, así como especies amenazadas, entre ellas, el gavilán de cola roja y el perico verde.

El 6 de junio de 1994, las islas fueron declaradas por el Ejecutivo federal reserva de la biosfera, con el nombre “Archipiélago de Revillagigedo”. La reserva está integrada por cuatro áreas que, de mayor a menor superficie, son: Isla Socorro, Isla Clarión, Isla San Benedicto e Isla Roca Partida, así como su respectivo territorio marino.

La creación de la reserva fue resultado del esfuerzo conjunto de la Secretaría de Marina, la Universidad Autónoma de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Colima, el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, AC, de Baja California Sur y la Universidad Nacional Autónoma de México, además de otras universidades e institutos de investigación del país y del extranjero, organizaciones no gubernamentales y diversos sectores de la sociedad.

A partir del 17 de julio de 2016, la reserva de la biosfera Archipiélago de Revillagigedo quedó inscrita en la lista del patrimonio mundial natural de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Con la inscripción de este sitio en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO, México reafirma su posición como el primer país de la región de Latinoamérica y el Caribe y el sexto mundial con mayor número de bienes inscritos, con un total de 34 sitios registrados. De ellos, 27 corresponden a la categoría de patrimonio cultural, 6 a la de patrimonio natural y 1 a la categoría mixta, por acreditar valores tanto culturales como naturales.

Considerando que se trata de un área natural protegida situada en las zonas marinas mexicanas, su vigilancia compete a la Secretaría de Marina, en coordinación con la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en virtud de lo dispuesto en la fracción XXV del artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que faculta expresamente a la primera dependencia para “inspeccionar, patrullar y llevar a cabo labores de reconocimiento y vigilancia para preservar las áreas naturales protegidas, en coordinación con las autoridades competentes y de conformidad con las disposiciones aplicables”.

Asimismo, el último párrafo del artículo 51 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece que para llevar a cabo la vigilancia de las áreas naturales protegidas establecidas en zonas marinas mexicanas, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales deberá coordinarse con la de Marina, atendiendo a sus respectivas competencias. En congruencia con lo establecido en la disposición citada, el segundo párrafo del artículo 161 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece expresamente: “En las zonas marinas mexicanas, la secretaría, por sí o por conducto de la Secretaría de Marina, realizará los actos de inspección, vigilancia y, en su caso, de imposición de sanciones por violaciones a las disposiciones de esta ley”.

La Secretaría de Marina cuenta con una base naval ubicada en Isla Socorro, lo que permite que dicha dependencia tenga presencia permanente en la reserva. Asimismo, facilita sus instalaciones y recursos para que otras autoridades lleven a cabo sus atribuciones en materia de manejo y vigilancia, como es el caso de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.

Por tanto, la Secretaría de Marina no sólo participó en el establecimiento de la reserva de la biosfera Archipiélago de Revillagigedo, sino que desempeña un papel fundamental en su conservación y manejo. Sobre todo si se toma en cuenta la distancia que la separa del continente.

Sin embargo, pese a los esfuerzos de la Secretaría de Marina para garantizar la protección del área natural protegida, existen amenazas que comprometen el cumplimento de su objeto. Este es el caso del incremento de actividades turísticas no reglamentadas o el desarrollo de actividades pesqueras ilícitas que conllevan la sobreexplotación de ciertas pesquerías.

De conformidad con lo anterior, a la vez de reconocer este importante esfuerzo para la preservación, recuperación y aprovechamiento de la Reserva de la Biosfera Archipiélago de Revillagigedo, se estima oportuno que la Secretaría de Marina continúe con estas acciones, destinando mayores recursos para el cumplimiento de sus funciones.

Asimismo, es necesario que todas las autoridades con competencias en la materia se coordinen, para el mejor ejercicio de sus atribuciones. Particularmente se requiere que la Secretaría de Marina realice las acciones siguientes:

1. Continúe efectuando la vigilancia e inspección, con el fin de verificar las actividades que se realizan en las zonas marinas del área protegida; durante la travesía que constantemente realizan las patrullas oceánicas desde el puerto de Manzanillo, Colima al Archipiélago de Revillagigedo.

2. Que mantenga como hasta ahora la presencia constante de biólogos en el Sector Naval Isla Socorro, para realizar las funciones inherentes a su especialidad en materia ambiental y de la reserva de la biosfera.

3. Se refuercen las acciones para la capacitación, operatividad, administración del territorio insular, protocolos de seguridad e intercambio de información para el manejo y operación de las áreas naturales protegidas en el marco del Convenio de Colaboración que tiene la institución con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

4. Se considere de manera permanente la Coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a fin de obtener el óptimo manejo de los residuos que se generan en sus instalaciones y en las embarcaciones que viajen a dicha área.

5. Se mantenga y de ser posible se refuerce el uso de sistemas de monitoreo remoto, complementando los que ya existen en el archipiélago, para realizar el constante monitoreo de embarcaciones que ingresen a las zonas marinas de la reserva.

6. Que refuerce las acciones para la instalación y operación de equipos solares que satisfagan plenamente la necesidad de energía eléctrica que requieren sus instalaciones, por sí misma o con el apoyo de otras Dependencias.

7. Por otra parte, se requiere que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca designen inspectores que de manera permanente participen en las acciones de inspección y vigilancia que lleve a cabo la Secretaría de Marina.

Por todo lo expuesto, fundado y motivado, se someten a consideración de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión emite un reconocimiento a la Secretaría de Marina por su labor y esfuerzos en la vigilancia de las áreas naturales protegidas que se ubican en las zonas marinas mexicanas, en particular en la Reserva de la Biosfera Archipiélago de Revillagigedo.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Marina para que

a) Continúe efectuando la vigilancia e inspección con el fin de verificar las actividades que se realizan en las zonas marinas de la Reserva de la Biosfera Archipiélago de Revillagigedo durante la travesía que constantemente realizan las patrullas oceánicas desde el puerto de Manzanillo, Colima al Archipiélago de Revillagigedo;

b) Mantenga como hasta ahora la presencia constante de biólogos en el Sector Naval Isla Socorro, para realizar las funciones inherentes a su especialidad en materia ambiental y de la reserva de la biosfera Archipiélago de Revillagigedo;

c) Refuerce las acciones para la capacitación, operatividad, administración del territorio insular, protocolos de seguridad e intercambio de información para el manejo y operación de las áreas naturales protegidas en el marco del Convenio de Colaboración que tiene la Institución con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas;

d) Considere de manera permanente la Coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a fin de obtener el óptimo manejo de los residuos que se generan en sus Instalaciones y en las embarcaciones que viajen a dicha área;

e) Mantenga y de ser posible refuerce el uso de sistemas de monitoreo remoto, complementando los que ya existen en el Archipiélago, para realizar el constante monitoreo de embarcaciones que ingresen a las zonas marinas de la reserva;

f) Refuerce las acciones para la instalación y operación de equipos solares que satisfagan plenamente la necesidad de energía eléctrica que requieren sus instalaciones, por sí misma o con el apoyo de otras Dependencias.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca a designar inspectores que participen de manera permanente en las acciones de inspección y vigilancia que lleve a cabo la Secretaría de Marina.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de noviembre de 2017.

Diputados: J esús Sesma Suárez (rúbrica), Juan Manuel Celis Aguirre, Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Daniela De Los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, José de Jesús Galindo Rosas, Daniela García Treviño, Edna González Evia, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Lía Limón García, Uberly López Roblero, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Samuel Rodríguez Torres, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Francisco Alberto Torres Rivas, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, relativo a las agresiones denunciadas contra Alexandra Zapata Hojel, a cargo del diputado Jorge Álvarez Máynez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, diputado Jorge Álvarez Máynez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presenta ante esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente:

Punto de acuerdo

Como ya se ha denunciado en diversas ocasiones, ser defensor de derechos humanos, activista, periodista en México, conlleva un alto grado de vulnerabilidad, pues el acoso, la intimidación, las agresiones, las amenazas y la violencia se vuelven la respuesta normal hacia su trabajo. Así lo muestran las cifras, y los casos emblemáticos contra estos sectores de la población, que requieren una protección especial, dada su condición específica de vulnerabilidad.

Tan sólo en 2016, Artículo 19 documentó “11 asesinatos, 76 amenazas, 27 ataques contra medios de comunicación, 81 ataques físicos, 43 acciones de hostigamiento, 79 intimidaciones, 22 actos probados de espionaje, 58 privaciones ilegales de la libertad y 27 actos de violencia institucional”,1 perpetrados contra periodistas, “cuya tasa de impunidad se eleva a 99.75 por ciento”.2

No obstante lo anterior, las agresiones contra periodistas en México aumentaron 23 por ciento en el primer semestre de este año, respecto al mismo lapso de 2016, incluyendo seis asesinatos y una desaparición.3 De estas agresiones, “50.7 por ciento fueron cometidas por funcionarios públicos, lo que representa 140 de las 276 documentadas por la organización”4 en un informe publicado en 2017.

En ese sentido, según la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, de 2012 a 2014 hubo 615 ataques contra defensoras de derechos humanos, así como el asesinato de 41 activistas de 2010 a la fecha.5 En ese mismo periodo, “los ataques crecieron 261 por ciento, al pasar de 118 a 308, con lo cual México se ubicó apenas atrás de Guatemala”.6 Así, “de 2012 a 2014, 299 servidores públicos estuvieron involucrados en agresiones contra defensoras, de los cuales 127 son policías”.7

Lo anterior ha llevado a Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a señalar “que los defensores suelen ser criminalizados por su labor, a pesar de que ésta ha sido fundamental para impulsar diversas leyes en materia de tortura y desaparición forzada, por ejemplo”.8 De igual manera, Michel Forst, relator especial de Naciones Unidas en este tema, ha manifestado su preocupación “por la criminalización de la que son víctima los activistas –a quienes calificó como héroes–, en particular los que defienden los derechos sexuales y reproductivos o a los pueblos indígenas, y quienes documentan casos de corrupción”.9

Por si fuera poco, el 19 de junio de 2017, The New York Times publicó un reporte extensivo,10 en colaboración con Aristegui Noticias, Article 19, R3D y Social TIC, con asistencia del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, Canadá,11 en el que se da cuenta del despliegue de acciones de vigilancia e intervención de comunicaciones de periodistas y activistas mexicanos, tales como Juan Pardinas, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Salvador Camarena, de Mexicanos contra la Corrupción, Carlos Loret de Mola, Mario Padrón, del Centro Prodh y Carmen Aristegui, y Alexandra Zapata Hojel, directora de Educación e Innovación Cívica del IMCO. Se trata, pues, de la documentación del uso que ha hecho el gobierno de un avanzado programa de espionaje en contra de activistas y periodistas.

Los ataques contra los periodistas y activistas fueron dirigidos, de acuerdo con la investigación, “cuando los blancos cuestionaron las políticas del actual gobierno federal, por ejemplo: la difusión del reportaje La Casa Blanca de Peña Nieto, el acompañamiento a la investigación independiente del caso Ayotzinapa, la actuación de la Policía Federal en Tanhuato y el debate de las leyes anticorrupción”.12

El caso documentado, evidencia labores de espionaje por parte del gobierno mexicano, que vulneran gravemente derechos fundamentales. El párrafo decimotercero del artículo 16 constitucional señala que únicamente los jueces federales pueden autorizar la intervención de comunicaciones privadas, siempre y cuando las autoridades solicitantes funden y motiven las causas legales de dicha solicitud: se trata del derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, el cual se deriva del derecho a la intimidad o a la vida privada.13

Sin embargo, las agresiones contra activistas y periodistas no cesan, lo que demuestra un actuar sistemático y retirado, por parte de agentes y grupos de poder, interesados en frenar la actividad periodística y de investigación, y silenciar una indispensable actividad para este país. Lo anterior, toda vez que Alexandra Zapata Hojel, denunció el domingo 12 de noviembre de 2017, lo siguiente:

“Hoy por la tarde unos hombres entraron a mi casa. Afortunadamente estábamos fuera. Voltearon mis cajones y se llevaron sólo el disco duro de las cámaras de seguridad y un reloj. Agradezco y reconozco la extraordinaria respuesta de los policías de la Ciudad de México.”14

Los hechos denunciados por la directora de Educación e Innovación Cívica del IMCO -quien previamente fue objeto de espionaje por parte del gobierno federal, documentado, ya se ha mencionado-, corresponde a una agresión más contra su persona, y su trabajo, por lo que resultan sumamente alarmantes y preocupantes, pues no se trata de un asunto aislado, o un delito cometido que se pueda desprender del contexto en el que ha sido agredida y acosada, no sólo por el gobierno federal, sino también por diversos funcionarios públicos.15

Es así que el presente punto de acuerdo pretende exhortar a la Secretaría de Gobernación a dos cosas: la primera, otorgar a Alexandra Zapata Hojel las medidas de protección previstas en el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, previsto en la Ley Para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a cargo de dicha Secretaría; y, la segunda, que la referida Secretaría mejore las medidas de protección que se otorgan a estos grupos en situación de vulnerabilidad, así como las fallas técnicas que se ha denunciado,16 de igual manera que los recursos que se destinen a fin de brindar dicha protección sean suficientes para proteger a los beneficiarios del mecanismo, y que se diseñen estrategias bajo estándares internacionales como “principio pro persona o de protección más amplia, principio de buena fe, debido proceso, entre otros, con dos aditivos: perspectiva de derechos humanos y reacción inmediata”.17 De igual manera, se exhorta al gobierno federal, así como al gobierno de la Ciudad de México, a esclarecer los hechos denunciados por Alexandra Zapata Hojel, a dar seguimiento de la denuncia, y a presentar avances en la investigación en un plazo no mayor a tres meses.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de esta Cámara de Diputados, la aprobación del siguiente:

Puntos de acuerdo

Primero. El pleno de esta Cámara de Diputados acuerda exhortar a la Secretaría de Gobernación, a fin de otorgar a Alexandra Zapata Hojel, las medidas de protección previstas en el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, contemplado por la Ley Para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Segundo. El pleno de esta Cámara de Diputados acuerda exhortar a la Secretaría de Gobernación, a fin de mejorar las medidas de protección que se otorgan a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como las fallas técnicas que existan; asimismo, que los recursos que se destinen a fin de brindar dicha protección sean suficientes para proteger a los beneficiarios del mecanismo; y, se diseñen estrategias bajo estándares internacionales, y los principio pro persona o de protección más amplia, principio de buena fe, debido proceso, y reacción inmediata.

Tercero. El pleno de esta Cámara de Diputados acuerda exhortar a los gobiernos federal y de la Ciudad de México, a fin de esclarecer los hechos denunciados por Alexandra Zapata Hojel, a dar seguimiento de la denuncia, a presentar avances en la investigación en un plazo no mayor a tres meses y a ejercer la acción penal contra quien resulte responsable.

Notas

1 “2016, año ‘histórico’ en materia de agresiones contra periodistas”: Artículo 19, Proceso, disponible en:

http://www.proceso.com.mx/481282/2016-ano-historico-en-m ateria-agresiones-contra-periodistas-articulo-19

2 Íbid.

3 “Crecen 23 por ciento ataques vs. periodistas en México”, El Economista, disponible en: https://www.eleconomista.com.mx/politica/Crecen-23-ataques-vs.-periodis tas-en-Mexico-20170817-0068.html

4 Íbid.

5 “México, segundo país en agresiones a defensoras de derechos humanos”, La Jornada, disponible en:

http://www.jornada.unam.mx/2017/03/24/politica/013n2pol

6 Íbid.

7 Íbid.

8 “Aumentan agresiones contra los defensores de derechos”, La Jornada, disponible en:

http://www.jornada.unam.mx/2017/01/14/politica/011n2pol

9 Íbid.

10 “Using Texts as Lures, Government Spyware Targets Mexican Journalists and Their Families”, The New York Times, disponible en: https://www.nytimes.com/2017/06/19/world/americas/mexico-spyware-anticr ime.html?smprod=nytcore-iphone&smid=nytcore-iphone-share&_r=1&referer=https://t.co/3FCwv17kwz.

Consultado el 19 de junio de 2017.

11 “#GobiernoEspía a periodistas y activistas con herramientas para perseguir criminales”, Aristegui Noticias, disponible en:

http://aristeguinoticias.com/1906/mexico/
gobiernoespia-a-periodistas-y-activistas-con-herramientas-para-perseguir-criminales/

Consulado el 19 de junio de 2017.

12 Íbid.

13 Ovalle Favela, José, Artículo 16. Intervención de comunicaciones privadas y jueces de control, disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3568/23.pdf. Consultado el 19 de junio de 2017.

14 Disponible en

https://twitter.com/azapatah/status/929890627550175232 Consultado el 13 de noviembre de 2017.

15 Loret, Carlos, “El linchamiento de Alexandra”, disponible en: http://www.carlosloret.com/2014/05/el-linchamiento-de-alexandra/

16 “El gobierno mexicano fracasa en su intento de proteger a periodistas y activistas”, El País, disponible en: https://elpais.com/internacional/2017/06/28/mexico/1498602512_018798.ht ml

17 “Exponen fallas del mecanismo de protección a periodistas y activistas”, Proceso, disponible en:

http://www.proceso.com.mx/508609/exponen-fallas-del-meca nismo-proteccion-a-periodistas-activistas

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 14 de noviembre de 2017.

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a los entes públicos de Quintana Roo a expedir un código de ética que garantice el desarrollo profesional y respetuoso entre los servidores públicos y genere condiciones para cumplir el estándar de integridad del Sistema Nacional Anticorrupción, a cargo del diputado José Luis Toledo Medina, del Grupo Parlamentario del PRI

José Luis Toledo Medina, diputado federal de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 77 constitucional, fracción I, el artículo 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los entes públicos del estado de Quintana Roo a expedir códigos de ética.

Exposición de Motivos

La incorporación al texto constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción no sólo significó un nuevo andamiaje legislativo y de políticas públicas, sino el establecimiento de criterios de integridad para el desarrollo de las funciones de los Servidores Públicos. Lo anterior se encuentra íntimamente relacionado con la relevancia de la función pública para el desarrollo de la vida democrática de las naciones.

El 11 de abril de 2014, la Corte Suprema de Justicia de Panamá resolvió la constitucionalidad de la prohibición a Servidores Públicos de realizar denuncias motivadas por daños al derecho al honor, conforme al siguiente razonamiento:

“(La Corte Suprema) subrayo? la importancia de la libertad de expresión para la democracia y reafirmo? que los funcionarios públicos se encuentran sometidos a un mayor nivel de escrutinio que resulta fundamental para ‘la vigencia de la sociedad democrática’” 1

(El énfasis es propio).

El escrutinio democrático sujeta a los Servidores Públicos a estándares de conducta agravados y congruentes con los principios de la Democracia Constitucional, especialmente los que se refieren a la pluralidad, la libertad y la igualdad. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido lo siguiente:

“En efecto, tener plena libertad para expresar, recolectar, difundir y publicar informaciones e ideas es imprescindible, no solamente como instancia esencial de auto-expresión y auto-creación, sino también como premisa para poder ejercer plenamente otros derechos humanos —el de asociarse y reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, el derecho de petición o el derecho a votar y ser votado— y como elemento que determina la calidad de la vida democrática de un país”2

“A partir del amparo directo en revisión 2044/2008, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación adoptó lo que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión denominó como sistema dual de protección.3 De conformidad con éste, los límites de crítica son más amplios si ésta se refiere a personas que por dedicarse a actividades públicas o por el rol que desempeñan en una sociedad democrática, están expuestas a un más riguroso control de sus actividades y manifestaciones que aquellos particulares sin proyección pública alguna. Lo anterior es así ya que en un sistema inspirado en valores democráticos, la sujeción a esa crítica es inseparable de todo cargo de relevancia pública”4

En este sentido, la jurisprudencia en materia de derechos humanos ha sido enfática en el establecimiento del criterio anteriormente referido. Con base en lo anterior, el Sistema Nacional Anticorrupción ha generado las condiciones para la creación de un Código de Ética en la Cámara de Diputados,5 mismo que establece principios como el de respeto, en los siguientes términos:

“Respeto. Actuar con orden y decoro en todas sus acciones, utilizando un lenguaje acorde con la dignidad parlamentaria, eliminando el uso de expresiones vulgares, despectivas, degradantes o soeces, y procurando en todo momento que el trato con todas las personas sea amable y respetuoso, independientemente de su condición”6

Esto resulta congruente con los estándares de integridad que exige la vida democrática, misma que se sujeta a los más altos criterios de rendición de cuentas, escrutinio público y la máxima publicidad de la función pública. Sin embargo, existen casos como el ocurrido durante el mes de noviembre de 2017 en el municipio de Cozumel, entre la presidenta municipal, Perla Cecilia Tun Pech, y el octavo regidor, José Luis Chacón Méndez, en el que la alcaldesa se refirió al segundo de la siguiente forma (se cita textualmente):

“¿Por qué no te vas? Aquí no hay cámaras: aquí estamos tú y yo. ¿Por qué no te largas? (...) ¿Qué te falta? ¿Valor? ¡Lárgate! (...) No tengo por qué soportarte (...) Pues, entonces, ¡lárgate! (...) ¡Lárgate: ya te habías ido! (...)”7

Ante lo anterior, resulta indispensable que esta Cámara de Diputados promueva la integridad en el servicio público de forma imparcial, pero de manera decidida, especialmente con su función garante del Sistema Nacional Anticorrupción y el esquema de integridad pública que deriva del mismo.

Dado lo anteriormente expuesto, someto a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los entes públicos del estado de Quintana Roo a expedir un Código de Ética que garantice un desarrollo profesional y respetuoso entre los servidores públicos, así como que genere las condiciones para el cumplimiento del estándar de integridad del Sistema Nacional Anticorrupción.

Notas

1 Órgano Judicial de la República de Panamá?, Registro Judicial. Advertencia de Inconstitucionalidad. Expediente No. 478-08. Sentencia de 11 de abril de 2014, Disponible en: http://www.organojudicial.gob.pa/wp-content/uploads/2014/05/rj2014-04.p df, pp. 749-766, en Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Jurisprudencia Nacional en Materia de Libertad de Expresión, p. 14, (Fecha de consulta: 9 de noviembre de 2017).

2 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Amparo Directo en Revisión 3123/2013, disponible en: http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?Asu ntoID=156633 (Fecha de consulta: 9 de noviembre de 2017), p. 29.

3 Véase CIDH, Informe Anual, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Capítulo II.B, apartado 1, 1999.

4 Ibídem, p. 33.

5 Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/marjur/marco/Cod_Etica_CD_orig_ 10may16.pdf, (Fecha de consulta: 9 de noviembre de 2017).

6 Cámara de Diputados, artículo 10, fracción I, del Código de Ética de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/marjur/marco/Cod_Etica_CD_orig_ 10may16.pdf, (Fecha de consulta: 9 de noviembre de 2017).

7 El Quintana Roo, “¿Por qué no te largas?”... “le harías un bien a la humanidad”, Disponible en

http://www.elquintanaroo.mx/wp/por-que-no-te-largas-le-h arias-un-bien-a-la-humanidad/ (Fecha de consulta: 9 de noviembre de 2017).

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de noviembre de 2017.

Diputado José Luis Toledo Medina (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al proceso de actualización e inclusión en el Programa Nacional de Normalización de 2018 de la NOM-041-SSA2-2011, para prevenir, diagnosticar, tratar, controlar y vigilar el cáncer de mama, a cargo del diputado Daniel Ordóñez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Daniel Ordoñez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 2, 65, 76, numeral 1, fracción II, 79, numeral 1, fracción II y numeral 2 y 100, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de ésta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Economía para que la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011, Para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama, comience su proceso de actualización y sea incluida en el Programa Nacional de Normalización para 2018.

Al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. El cáncer de mama en la actualidad constituye una de las primeras causas de muerte por neoplasias malignas en mujeres. En el ámbito mundial, es la segunda neoplasia más frecuente en la población y la primera entre las mujeres, con un estimado de 1.67 millones de nuevos casos diagnosticados anualmente, representando el 25 por ciento de los casos de cáncer en mujeres.1 En América Latina, el cáncer de mama es la neoplasia más frecuente con 152,059 casos diagnosticados anualmente, una cuarta parte (24.9 por ciento) de los casos de cáncer en mujeres.

2. En el año 2012 la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (International Agency for Research of Cancer, IARC) estimó una incidencia de cáncer de 14.1 millones de personas, 8.2 millones de muertes asociadas y 32.6 millones de personas viviendo en ese momento con cáncer; además la incidencia de cáncer a nivel mundial se duplicó en el último tercio del siglo XX, y se espera que esta tendencia continúe hasta por lo menos para el año 2030.2

3. En México, el cáncer es un problema de salud pública, ha tenido una tendencia ascendente en su incidencia, según cifras derivadas del Registro Histopatológico de las Neoplasias Malignas del año 2003, se reportaron 12,488 casos de cáncer de mama,3 lo que significó que las instituciones del Sistema Nacional de Salud, diagnosticaron más de 50 casos/día laborable; y desde el año 2006 el cáncer de mama ocupa el primer lugar de mortalidad por tumor maligno en mujeres mayores de 25 años, desplazando de esa posición al cáncer cérvico-uterino.4

4. A nivel mundial, el cáncer de mama es el tumor más frecuente y la causa de muerte más común en mujeres que fallecen por neoplasia maligna. Se estima que cada año se diagnostican cerca de 1.67 millones de mujeres con cáncer de mama y 522 mil pacientes fallecen por esta enfermedad. Las últimas estimaciones del IARC (International Agency for Research on Cancer) indican que en el año 2013 en nuestro país hubo 23 mil 687 nuevos casos y fallecieron 5 mil 902 pacientes.

5. En la Ciudad de México, desde el año 2015, el acceso gratuito a la reconstrucción mamaria a las mujeres víctimas de mastectomía, es un derecho contenido en la Ley de Atención Integral para el Cáncer de Mama; su implementación se realiza en el centro médico Rubén Leñero, donde hay personal especializado en el área de cirugía plástica y los insumos, como las prótesis o expansores que se utilizan para operar a las pacientes, son donados por el Instituto de Mujeres de la Ciudad de México (Inmujeres).

6. La doctora Lya Vázquez Morales, encargada de la Jefatura de Cirugía Plástica y Reconstructiva, en el Hospital Rubén Leñero, señala que “... en total han sido 85 mujeres, que van desde los 22 años hasta los 77 años, las que se han sometido a la cirugía... anualmente hay 500 mujeres que son candidatas a someterse a la operación de reconstrucción de mamas... además hay 130 mujeres que están en la lista de espera...”.5

7. En años recientes, a nivel nacional, se han implementado estrategias específicas de atención al cáncer de mama e incluso a la reconstrucción mamaria gratuita, destacando su mención en el Plan Nacional de Desarrollo como un padecimiento en el que se deben focalizar recursos y acciones, así como su pertinencia en el Plan Sectorial de Salud, lo que llevó a la Secretaría de Salud a definir un Programa de Acción Específico de Prevención y Control del Cáncer de la Mujer.

8. Por lo que hace a la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011, Para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama, es un documento que abona a la calidad de atención de las mujeres que padecen cáncer de mama, incluyendo conceptos como el tratamiento integral, la necesidad de que las unidades médicas con atención oncológica cuenten con personal calificado para brindar la atención psicológica y acompañamiento emocional de las pacientes que asegure la prevalencia en el tratamiento, con el objetivo es disminuir y facilitar la toma de decisiones salvaguardando la salud de las mujeres.

9. De acuerdo con la Ley Federal de Metrología y Normalización vigente las Normas Oficiales Mexicanas éstas deberán ser revisadas o actualizadas dentro de los 5 años siguientes a la publicación de la declaratoria de vigencia; en el caso de la NOM-041-SSA2-2011, fue publicada el 9 de junio de 2011, por lo que el supuesto para su proceso de actualización ha sido cumplimentado.

10. El mismo ordenamiento determina que la Secretaría de Salud tiene como atribución remitir el listado de Normas oficiales de su competencia que deben ser actualizadas o elaboradas para su integración en el Programa Nacional de Normalización. En seguimiento a lo establecido por la referida Ley, es la Secretaría de Economía la encargada de integrar dicho Programa Nacional con aquellos ordenamientos que se pretendan elaborar anualmente de acuerdo con lo remitido por las distintas Secretarías.

11. La importancia de la actualización de la NOM de referencia reside en que los mecanismos para la atención de padecimientos de salud, como es el Cáncer de Mama deben tomar en cuenta los tratamientos y técnicas más innovadores de conformidad con los hallazgos de la ciencia médica desarrollados por los expertos y el Sistema Nacional de Salud; así, se pude continuar con el avance en el reconocimiento de derechos a nivel local y federal a favor de las víctimas de ese padecimiento.

12. Cabe destacar que desde los expertos médicos se llevan a cabo esfuerzos permanentes para tener a su alcance las investigaciones e información de procesos terapéuticos como el Consenso Nacional sobre Diagnóstico y Tratamiento del Cáncer Mamario que ha sido utilizado como una herramienta de apoyo para la toma de decisiones en su práctica oncológica diaria y es actualizado de manera bianual.

13. Durante la última actualización, en enero de 2017, fueron convocados cerca de 100 médicos reconocidos a nivel nacional de todas las instituciones y especialidades relacionadas con esta enfermedad, identificando la importancia que tiene el retraso en el diagnóstico y el inicio del tratamiento, con hincapié en la responsabilidad que como sistema de salud se tiene en esta problemática que genera un impacto negativo.

De lo anterior, se desprende la necesidad de que la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Economía, realicen todo trámite tendiente a actualizar la Norma Oficial Mexicana denominada NOM-041-SSA2-2011 Para la Prevención, Diagnóstico, Tratamiento, Control y Vigilancia Epidemiológica del Cáncer de Mama.

Considerando

Primero . Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 4o. establece el derecho a la protección de la salud, del cual debe gozar toda persona dentro del territorio nacional sin excepción alguna; texto constitucional que en su parte conducente es del tenor siguiente:

Artículo 4o . ...

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XI del artículo 73 de ésta Constitución.

Segundo . Que es facultad de las y los diputados de ésta soberanía presentar proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido con el Reglamento de la Cámara de Diputados en el artículo 6o., numeral 1, fracción I; mismo que señala:

Artículo 6.

1. Serán derechos de los diputados y diputadas:

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones ante la Cámara;

...”

Tercero . Que el ordenamiento antes señalado precisa en el artículo 79 numeral 1, fracción II lo siguiente:

Artículo 79 .

1. El Pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso de sus integrantes, a través de:

I...

II. Puntos de acuerdo, que representan la posición de la Cámara, en relación con algún asunto específico de interés nacional o sus relaciones con los poderes de la Federación, organismos públicos, entidades federativas y municipios, y

2 y 3. ...

Cuarto . Que la presente proposición con punto de acuerdo da cumplimiento a lo señalado por la fracción I del numeral 2 del artículo 79, y se sujetará a lo previsto por las fracciones II y V del numeral 2 del mismo artículo:

Artículo 79.

1...

2. Las proposiciones con punto de acuerdo se sujetarán a lo siguiente:

I. Deberán presentarse a través de un escrito fundado, con una propuesta clara de resolutivo y firmadas por sus autores;

II. Las proposiciones presentadas por las diputadas y los diputados y las que se registren a nombre de Grupo, pasarán a comisión;

III a IV...

V. Las proposiciones que la Junta no considere proponer ante el Pleno con el carácter de urgente u obvia resolución, se tramitarán conforme al artículo 62, numeral 3 de este Reglamento;

VI. a VII. ...

3...”

Quinto . Que de conformidad con el artículo 3 de la Ley General de Salud es materia de salubridad general:

Artículo 3o . En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

I a X...

XI. Educación para la salud;

XII. La prevención, orientación, control y vigilancia en materia de nutrición, sobrepeso, obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares y aquellas atribuibles al tabaquismo;

XIII a XV...

XVI. La prevención y el control de enfermedades no transmisibles y accidentes;

XVI a XXVIII...

Sexto . Que de conformidad con el párrafo tercero del artículo 51 de la Ley Federal de Metrología y Normalización:

Las normas oficiales mexicanas deberán ser revisadas cada 5 años a partir de la fecha de su entrada en vigor, debiendo notificarse al secretariado técnico de la Comisión Nacional de Normalización los resultados de la revisión, dentro de los 60 días naturales posteriores a la terminación del período quinquenal correspondiente. De no hacerse la notificación, las normas perderán su vigencia y las dependencias que las hubieren expedido deberán publicar su cancelación en el Diario Oficial de la Federación. La Comisión podrá solicitar a la dependencia dicha cancelación

Séptimo . Que el artículo 38 de la Ley referida en el considerando anterior establece:

Artículo 38 . Corresponde a las dependencias según su ámbito de competencia:

I. Contribuir en la integración del Programa Nacional de Normalización con las propuestas de normas oficiales mexicanas;

II. Expedir normas oficiales mexicanas en las materias relacionadas con sus atribuciones y determinar su fecha de entrada en vigor;

Octavo . Que en seguimiento a la Ley en la materia en su numeral 39, fracción I, a la Secretaría de Economía le corresponde:

I. Integrar el Programa Nacional de Normalización con las normas oficiales mexicanas y normas mexicanas que se pretendan elaborar anualmente;

II...

De lo anterior, se deriva que las aproximaciones y técnicas médicas han evolucionado desde la publicación de la norma actual, por lo que en términos legales y de atención médica, consideramos relevante que la Secretaría de Salud solicite la inserción de la NOM-041-SSA2-2011 en el Programa Nacional de Normalización del año 2018 para que se cumplan los requisitos jurídicos y la normatividad enfocada a la primera causa de muerte en mujeres mexicanas continúe siendo un instrumento de política pública innovador y de gran utilidad para el Sistema Nacional de Salud.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de ésta soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Salud a solicitar la inclusión de la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011, Para la Prevención, Diagnóstico, Tratamiento, Control y Vigilancia Epidemiológica del Cáncer de Mama en el Programa Nacional de Normalización 2018.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Economía a incluir a la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011, Para la Prevención, Diagnóstico, Tratamiento, Control y Vigilancia Epidemiológica del Cáncer de Mama en el Programa Nacional de Normalización 2018.

Notas

1 Cfr. Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, Dikshit R, Eser S, Mathers C, Rebelo M, Parkin DM, Forman D, Bray, F. GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC Cancer Base No. 11 [Internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; c2013. [Consulta: 10 abril 2015]. Disponible en: http://globocan.iarc.fr

2 World Health Organization. International Agency for Research on Cancer. Cancer incidence, mortality and prevalence worldwide; Globocan 2012.

3 Secretaría de Salud. Dirección General de Epidemiología, Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades. Registro Histopatológico de las Neoplasias Malignas en México. México; 2003.

4 Cárdenas SJ, Bargalló RE, Erazo VA. Consenso Mexicano sobre diagnóstico y tratamiento del cáncer mamario. 5a ed. Colima: Elsevier; 2013.

5 Entrevista publicada por el periódico El Universal, disponible en la dirección de internet: http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/reconstruccion-de-mama-con -metodo-de-reintegracion-social

Fecha de consulta: 5 de noviembre de 2017.

Dado en el recinto del Palacio Legislativo de San Lázaro de la República, a 14 de noviembre de 2017.

Diputado Daniel Ordoñez Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a revisar los términos y principios del Tratado de Guadalupe Hidalgo con relación a las renegociaciones del TLCAN, a cargo del diputado Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Alejandro Armenta Mier, diputado de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Desde la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos de América en enero del presente año, se encuentran en riesgo de deportación millones de mexicanos que viven, trabajan y tienen una familia en el vecino país; Trump, no sólo se ha enfocado en el muro que pretende construir en la frontera con México, también ha realizado acciones legales contundentes.

La primera declaración oficial de su administración fue una Orden Ejecutiva con el objetivo de deportar a “criminales indocumentados”, sin embargo, se incluyó a cualquier inmigrante que haya sido acusado de cualquier delito o que haya cometido actos que puedan considerarse un delito criminal, es decir cualquiera que haya trabajado ilegalmente en el país puede ser detenido; además se otorgó a los oficiales de inmigración el poder para deportar a cualquier persona que ellos consideren que “suponga un riesgo para la seguridad pública o nacional”.

Además, se ha enfrentado a las “Ciudades Santuario”, ciudades donde las policías locales no cooperan con las autoridades migratorias, ni se pide identificación a los ciudadanos para utilizar los servicios públicos, el Presidente Trump se ha pronunciado por retirarle los fondos federales a dichas ciudades, a pesar de que en dos ocasiones Jueces Federales han bloqueado esta iniciativa.

El 5 de septiembre pasado, el Gobierno de Trump, anunció el fin del programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia, DACA por sus siglas en inglés, que permitía a 800 mil jóvenes estudiar y trabajar en Estados Unidos, de los cuales 622 mil 170 son jóvenes mexicanos, es decir el 77 por ciento de los llamados “dreamers”.

Actualmente los migrantes mexicanos representan el 51 por ciento del total de la población no autorizada en Estados Unidos, la cual asciende a 11 millones de personas; en su mayoría son productivos, respetuosos de las leyes, profundamente enraizados en las comunidades, trabajan duro, viven discretamente, pagan impuestos y crían a sus familias. Una tercera parte de los inmigrantes no autorizados mayores de 15 años viven con al menos un niño que es ciudadano estadounidense por nacimiento.

Nuestros paisanos que buscando el sueño americano llegaron a Estados Unidos, se encuentran en un estado de incertidumbre e indefensión ante la posibilidad de ser deportados, lo cual representaría una separación familiar, o bien trasladar a toda la familia a México a pesar que no todos los integrantes hablan español y que en muchas ocasiones, no tienen a donde ir ya que han construido sus vidas en el país del norte.

La relación bilateral asimismo se encuentra en tensión por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre México, Estados Unidos y Canadá, misma que fue solicitada por el Presidente Trump, en el cual pretende quitar privilegios comerciales a empresas de nuestro país e incluso sancionar a las empresas estadounidenses que se establecen en territorio mexicano.

Ante la situación actual es necesario garantizar la seguridad de los mexicanos en el exterior del mismo modo que se pretenden defender los intereses comerciales, se debe retomar el Tratado de Paz, Amistad y Límites, entre los Estados Unidos Mexicanos y Estados Unidos de América celebrado en 1848, también llamado Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el cual México cedió parte de su territorio y se establecieron los principios de respeto a los derechos y las propiedades de los mexicanos en territorio estadounidense señalados en el artículo VIII.

Por lo anteriormente expuesto, en términos de los preceptos legales invocados, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a revisar los términos y principios en los que se llevó a cabo el Tratado de Paz, Amistad y Límites, entre los Estados Unidos Mexicanos y Estados Unidos de América, celebrado en 1848, también llamado Tratado de Guadalupe Hidalgo referente a la cesión de territorios mexicanos a Estados Unidos de América.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a revisar los términos y principios en los que se llevó a cabo el Tratado de Paz, Amistad y Límites, entre los Estados Unidos Mexicanos y Estados Unidos de América celebrado en 1848, también llamado Tratado de Guadalupe Hidalgo referente al respeto de los derechos y propiedades de los mexicanos en territorio estadounidense.

Dado en el Palacio Legislativo, a 14 de noviembre del 2017.

Diputado Alejandro Armenta Mier (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que exhorta a la CFE a revisar los esquemas tarifarios, dadas las condiciones económicas y climáticas de San Cristóbal, Chiapas, y varios lugares del sureste, a cargo de la diputada María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, María Elena Orantes López, integrante de la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y párrafo segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Comisión Federal de Electricidad para que revise nuevamente los esquemas tarifarios, especialmente la llamada tarifa de castigo y las realidades sociales y climatológicas que se viven en San Cristóbal de las Casas, Chiapas y en varios lugares de la región sureste (Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán) de nuestro país en los que a la mala situación económica se agregan condiciones climatológicas que empeoran la calidad de vida, con base en las siguientes

Consideraciones

En el estado de Chiapas, la Comisión Nacional del Agua tiene registradas 71 presas de las cuales 6 son principalmente para generación de electricidad, 21 para riego, 5 para agua potable y una más para otro tipo de fines. Del resto no se tienen datos. Estas presas hidroeléctricas son Ángel Albino Corzo, Dr. Belisario Domínguez, Manuel Moreno Torres, PH José Cecilio del Valle, Schpoina, Der. José Cecilio del Valle. Todas ubicadas en cuatro cuencas: Coatán, Aguacatenco, Chicoasén y Peñitas.

Chiapas cuenta con cuatro de las 26 presas más importantes, considerando el volumen de agua que almacenan. Estas son Dr. Belisario Domínguez, Netzahualcóyotl, Manuel Moreno Torres y Ángel Albino Corzo.

Por estos motivos la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicó en Chiapas la Gerencia Regional Sur-Sureste, Integrada también por los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Oaxaca. Esta región representó, en 2015, el 24% de la capacidad efectiva en operación de producción, es decir 9 mil 807 Megawatts de los 40 mil 389 Megawatts que genera todo el país.

Desafortunadamente, a la Comisión Federal de Electricidad pareciera no importarle la aportación que Chiapas tiene en materia de generación eléctrica, al producirse en las presas ubicadas en territorio chiapaneco la mayoría de la energía derivada de hidroeléctricas en la región Sureste. Ello, reflejado con las tarifas de castigo que constantemente son aplicadas a la población chiapaneca que con impotencia las ve sobrepasadas en la mayoría del año.

Ello, debido a que no considera, ni la temperatura promedio anual en Chiapas, ni las difíciles circunstancias del desarrollo humano que hay en la entidad, en las cuales este tipo de dinámicas de cobro termina por hacer deudas impagables para muchísimas familias chiapanecas, cuyo entorno las orilla a la utilización de equipos de enfriamiento en domicilio o, en mayor frecuencia, ventiladores cuyo consumo de electricidad obliga a alcanzar la tarifa de castigo en la mayoría de los casos.

En este sentido, es pertinente recordar que la temperatura promedio a nivel nacional por entidad federativa, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua y el Sistema Meteorológico Nacional, recopilada en una investigación de la Universidad Autónoma de Tabasco, Chiapas superó durante 2012, 2014, 2015 y 2016 los registros anuales de Sonora o San Luis Potosí, que son entidades con tarifas eléctricas más generosas.1

En consecuencia, organizaciones de la sociedad civil de San Cristóbal de las Casas han denunciado públicamente que la Comisión Federal de Electricidad ha incrementado sus cobros entre un 500% y un 1000%.

Ante estas alzas, el gobierno del estado de Chiapas y la CFE han desarrollado convenios que no cubren a todo el estado de Chiapas. Ello, impactando en el desarrollo económico de lugares como San Cristóbal de las Casas y en las ya de por sí economías familiares austeras.

Derivado de todo lo anterior, propongo a esta soberanía que hagamos un llamado a la Comisión Federal de Electricidad para que revise nuevamente los esquemas tarifarios, especialmente la llamada tarifa de castigo y las realidades sociales y climatológicas que se viven en San Cristóbal de las Casas, Chiapas y en varios lugares de la región sureste (Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán) de nuestro país en los que a la mala situación económica se agregan condiciones climatológicas que empeoran la calidad de vida.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Comisión Federal de Electricidad para que revise sus esquemas tarifarios y los contraste con las posibilidades de pago y necesidades del servicio eléctrico, derivadas de condiciones climatológicas en San Cristóbal de las Casas y en todo el estado de Chiapas con la finalidad de explorar la posibilidad de replantear las tarifas en beneficio de la población.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Comisión Federal de Electricidad a realizar un análisis sobre la temperatura anual por entidad federativa para explorar la posibilidad de generar mecanismos tarifarios más benéficos a la economía familiar, estudiando y valorando su viabilidad en cada municipio de la Región Sureste (Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán).

Nota

1 Véase presentación de OSC´s ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público, disponible en: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Organizaciones%20Civiles%20de%20Taba sco.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de noviembre de 2017.

Diputada María Elena Orantes López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso de Puebla a abrir las Cuentas Públicas locales de los sexenios 1999-2005, 2005-2011 y 2011-2017, incluidos los expedientes “reservados”, a cargo del diputado Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Alejandro Armenta Mier, diputado de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo , bajo las siguientes

Consideraciones

La rendición de cuentas en el ámbito gubernamental es trascendente, ya que conlleva el cumplimiento de responsabilidades y la ejecución de diversas acciones para informar, guardar y transparentar dicha información; lo cual fortalece a las instituciones, propicia una sociedad informada e incentiva la participación política de los ciudadanos.

Sin embargo, aunque se han realizado avances en transparencia y rendición de cuentas, en nuestro país no es posible afirmar que exista confianza plena en las instituciones debido a que siguen existiendo prácticas discrecionales para ocultar actos de corrupción en el uso y destino de los recursos públicos.

Durante los últimos años, gracias a los avances en materia de transparencia y rendición de cuentas en la administración pública, se han podido descubrir indignantes casos de corrupción cometidos por altos funcionarios de los Gobiernos Estatales.

Los casos de exgobernadores detenidos son los más relevantes, en Tabasco se descubrió que la deuda pública que dejó Andrés Granier era 4 veces mayor a la reportada, sin especificar el destino de más de 13 mil millones de pesos, en Aguascalientes Luis Armando Reynoso Femat fue detenido tras ser acusado de peculado y uso indebido del ejercicio público, en Sonora durante la administración de Guillermo Padrés la Contraloría del Gobierno del Estado detectó un mal uso de más de 30 mil millones de pesos, en Veracruz durante el Gobierno de Javier Duarte se reportó el desvío de al menos 35 mil 421 millones de pesos del erario estatal; en Quintana Roo a través de denuncias penales hacía Roberto Borge por peculado, uso indebido de funciones y abuso de autoridad, se revelaron desvíos de por lo menos 2 mil 388 millones de pesos.

En el estado de Puebla se han presentado diversas irregularidades denunciadas por los medios de comunicación, a pesar de ello no hubo repercusiones, tampoco se aclaró el uso de los recursos públicos señalados, ni se transparentó la información de su aprobación en las respectivas cuentas públicas.

En marzo de 2002, durante el sexenio de Melquiades Morales, desaparecieron 6 mil 118 millones de pesos de la Secretaría de Finanzas y Desarrollo Social, acontecimiento que fue denominado “hoyo financiero”, del cual en diversas ocasiones se ha deslindado Rafael Moreno Valle, quien entonces era el titular de la Secretaría, pese a las pruebas documentales que han presentado diversos medios de comunicación.

En el sexenio de Mario Marín, se detectaron diversas irregularidades en el manejo de recursos públicos que llevaron a la investigación de titulares de Secretarías en su administración por presunta corrupción, enriquecimiento ilícito, peculado, manejos irregulares del presupuesto, entre otros. Además en octubre de 2011, el entonces titular del Órgano de Fiscalización Superior realizó un traslado irregular de documentación oficial sobre las cuentas públicas del exgobernador Mario Marín, la cual fue recuperada y analizada posteriormente.

Pero es en la administración de Rafael Moreno Valle donde se llevaron a cabo acciones más sofisticadas para ocultar la información de los recursos públicos ejercidos, se realizaron obras bajo las figuras de proyectos de prestación de servicios reservando la información, se endeudó de manera engañosa al estado por medio de fideicomisos públicos como el contratado con la empresa Evercore para que recabe y maneje los recursos del estado por concepto de Impuesto Sobre la Nómina, el cual es indefinido ya que el convenio señala “el estado renuncia expresamente a su derecho de revocar el presente fideicomiso, en virtud de que se trata de un fideicomiso irrevocable”; también se efectuaron gastos excesivos mediante la ejecución de obras de ornato que incrementaron exponencialmente el costo planeado, obras que además fueron ejecutadas con materiales de mala calidad que al poco tiempo de ser inauguradas han presentado daños evidentes, incluso en su estructura.

Por lo anteriormente expuesto, en términos de los preceptos legales invocados, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa y con apego a su soberanía al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla aperturar en su totalidad la información sobre las cuentas públicas de los sexenios encabezados por Melquiades Morales Flores (1999-2005), Mario Marín García (2005-2011) y Rafael Moreno Valle Rosas (2011-2017), incluidos los expedientes clasificados como reservados, debido al interés público en ellos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de noviembre del 2017.

Diputado Alejandro Armenta Mier (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, a través de la SEP, a cumplir la meta del programa nacional de bebederos escolares, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, María Victoria Mercado Sánchez, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIII Legislatura de este honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79 fracción II, numeral 2, fracciones I, II y III del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Exposición de Motivos

El Programa Nacional de Bebederos Escolares es una política pública emitida por el gobierno federal para combatir el consumo de bebidas saborizadas y mejorar los hábitos alimenticios de la población estudiantil.

El antecedente a dicho programa fue la reforma educativa del 2013, donde se planteó que existe una problemática pública en el sector salud que afecta a las niñas, niños y jóvenes en su sano desarrollo y aprovechamiento académico. Este programa entró en vigor a partir del ciclo escolar 2015-2016, con la meta de la instalación de bebederos en 40 mil escuelas al finalizar 2018.

De acuerdo con datos oficiales del Inifed, a la fecha hay 13,422 bebederos instalados, lo que representa el 33.6 por ciento, es decir, en tres años únicamente se cuenta con la tercera parte del avance con respecto a la meta planteada.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a la buena alimentación en su artículo 4o tercer párrafo que establece:

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.

Para el cumplimiento del programa se destinó el aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) sobre bebidas saborizadas, para la prevención de sobrepeso, obesidad y diabetes.

Desde el Presupuesto de Egresos del 2014 al 2017, se han destinado 1,371.6 millones de pesos al Programa de Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes. Asimismo del Programa de la Reforma Educativa a los bebederos escolares se han contabilizado 3,657.4 millones de pesos.

Millones de pesos.1

De acuerdo con la UNICEF, México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil, que afecta tanto en la adolescencia como en la infancia y este problema se está extendiendo a los de preescolar, es decir, que hubo aumento del 26 por ciento lo cual representa aproximadamente 4.1 millones de infantes con problemas de obesidad.

Dicho lo anterior es de vital importancia cumplir con la meta que se comprometió el Gobierno Federal para instalar bebederos en las cuarenta mil escuelas distribuidas en toda la República Mexicana, para así combatir y prevenir la diabetes, obesidad y sobrepreso. Asimismo incentivar el consumo de agua potable para consumo humano en el interior de los planteles escolares.

Punto de Acuerdo

Único. Proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa a través de la Secretaría de Educación Pública, para cumplir la meta del Programa Nacional de Bebederos Escolares con la instalación de bebederos en cuarenta mil escuelas al finalizar el 2018, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Nota

1 Coalición contrapeso. Presupuesto de Egresos 2014-2017.

http://coalicioncontrapeso.org/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de noviembre de 2017.

Diputada María Victoria Mercado Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la sentencia emitida por el juez cuarto de distrito en materia de Trabajo en la Ciudad de México en el juicio de amparo indirecto número 2200/2014 y al cumplimiento de las demandas interpuestas por los trabajadores de la delegación Venustiano Carranza, suscrita por los diputados Juan Romero Tenorio y Jesús Emiliano Álvarez López, del Grupo Parlamentario de Morena

Juan Romero Tenorio, en mi calidad de diputado federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso; y la fracción I del numeral 1 del artículo 6, y numeral 1, fracción II del 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes:

Consideraciones

Primera. Con fecha siete de noviembre de dos mil diecisiete la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió destituir al delegado en Venustiano Carranza, Israel Moreno Rivera, del PRD, debido al incumplimiento de un ordenamiento legal en favor de trabajadores, quienes debieron ser designados como verificadores y recibir el pago de diferentes salarios y aguinaldos correspondientes.

Los ministros del máximo Tribunal del país, por unanimidad, ordenaron, de igual forma, la consignación de Moreno Rivera y su antecesor, José Manuel Ballesteros López, diputado local de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, ante un Juez de Distrito de Procesos Penales Federales, por el delito de desacato. Esto último, debido a que el ordenamiento en favor de los trabajadores, por parte del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, se generó durante el periodo administrativo a cargo de Ballesteros, quien no lo atendió, y lo heredó a Israel Moreno, quien de igual forma incumplió dicho resolutivo.

Israel Moreno y su antecesor, José Manuel Ballesteros, serán consignados a fin de que sean juzgados y sancionados por incumplir una sentencia de amparo.

El ministro Fernando Franco, en su exposición, señaló que Israel Moreno debió acatar lo resuelto en el laudo de 23 de enero de 2013 , es decir, expedir a los quejosos los nombramientos con la categoría de verificadores o inspectores; pagarles las diferencias de salario existentes entre las sumas que se les había venido pagando y las que les correspondían por haber desempeñado las funciones de inspector o verificador, desde el 26 de noviembre de 2003, hasta la segunda quincena de marzo de 2005, así como las que se generaran con los incrementos al salario en fecha posterior a la cuantificada y hasta que se cumpliera el laudo. También tenía que pagarles las diferencias de aguinaldo de los años 2003, 2004 y las que se generaran durante el juicio y, finalmente, debía proporcionar los elementos necesarios para el desempeño del encargo, como credenciales y demás documentos oficiales.

Al resolver el Incidente de Inejecución de Sentencia 296/2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que delegado y ex delegado, de manera contumaz (persistente), incumplieron la sentencia de amparo dictada el 29 de septiembre de 2014 por el juez Cuarto de Distrito en Materia de Trabajo de la Ciudad de México.

Dicho juez había ordenado el cumplimiento del laudo emitido por la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje el 23 de enero de 2013 , que ordenó expedir a cuatro personas los nombramientos de verificadores, pagar diferencias de salarios y aguinaldos, así como otorgarles los elementos necesarios para el desempeño de su trabajo.

La decisión del máximo Tribunal del país se emitió en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Mexicana, que establece que “si la autoridad incumple injustificadamente la sentencia que concedió el amparo, la Suprema Corte de Justicia procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el juez de distrito”, por la desobediencia cometida, según lo prevé el artículo 267 de la Ley de Amparo.

La Sentencia del Incidente de Inejecución de Sentencia 296/2016 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en su parte fundamental señala:

“Por lo expuesto y fundado se resuelve:

Primero. Es fundado el incidente de inejecución de sentencia a que este toca se refiere.

Segundo. En el caso de que aún lo ejerza, queda inmediatamente separado de su cargo Israel Moreno Rivera, actual titular de la Delegación Venustiano Carranza de la Ciudad de México, por haber incumplido la sentencia emitida en el amparo indirecto 2200/2014 , del índice del Juzgado Cuarto en Materia de Trabajo en la Ciudad de México.

Tercero. Consígnense a Israel Moreno Rivera, actual titular de la delegación Venustiano Carranza de la Ciudad de México, al igual que a José Manuel Ballesteros López, quien fungía anteriormente como titular de la citada delegación, ante el juez de distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México en turno, por el desacato a una sentencia de amparo de acuerdo con lo previsto en la fracción XVI, del artículo 107, de la Constitución Federal, a fin de que sean juzgados y sancionados por la desobediencia cometida, en los términos previstos por el artículo 267 de la Ley de Amparo vigente.

Cuarto. Para los efectos mencionados en la parte final del punto cuatro de esta resolución, déjese el presente incidente de inejecución de sentencia abierto y requiérase a la autoridad ahí señalada el cumplimiento a la ejecutoria de amparo en los términos especificados.

Notifíquese y cúmplase; con testimonio de esta resolución hágase la consignación establecida, dese vista al Procurador General de la República para los efectos de su representación e intervención en el proceso penal respectivo y resérvese el archivo de este expediente de inejecución de sentencia hasta el cumplimiento a la ejecutoria de amparo.

Así lo resolvió el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se aprobó por unanimidad de nueve votos de los señores ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales.”1

Segunda. Cabe señalar que antes de tomar la determinación para destituir al delegado y consignarlo junto con el ex delegado la Suprema Corte había requerido durante tres años a las autoridades de la delegación Venustiano Carranza el cumplimiento de la sentencia de amparo, quienes ignoraron 98 requerimientos emitidos por un juzgado federal. 2

Los registros del Consejo de la Judicatura Federal indican que el primer requerimiento para acatar la sentencia fue expedido el 16 de octubre de 2014 al entonces jefe delegacional y actual diputado ante la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, Manuel Ballesteros López, a quien fueron enviadas las siguientes 18 órdenes.

Los otros 80 requerimientos restantes, emitidos por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Trabajo de la Ciudad de México, fueron dirigidos al delegado Israel Moreno Rivera, quien nunca cumplió por completo el amparo, que a su vez ordenaba ejecutar un laudo laboral dictado en enero de 2013 por la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

Es decir, existió una conducta reitera, contumaz, por años para no acatar una sentencia de amparo.

La determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace referencia expresa a esta situación e indica:

“... la referida autoridad responsable ha sido omisa en cumplir de manera total con el fallo protector e incluso justificar ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito o el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, las causas del incumplimiento ; pues no existe evidencia de que haya acatado los dos efectos restantes del fallo, esto es, expedir a los quejosos los nombramientos de confianza con la categoría de verificadores o inspectores, así como proporcionarles los elementos necesarios para el desempeño de su encargo, tales como credenciales y órdenes de verificación.

Corrobora lo anterior, la circunstancia de que la Juez de Distrito del conocimiento continúa con el procedimiento de cumplimiento del fallo constitucional, habida cuenta que el trece de septiembre de dos mil diecisiete dictó un acuerdo en el que requirió de nueva cuenta el cumplimiento de aquél , en términos de lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley de Amparo; sin que se advierta respuesta alguna por parte del referido titular de la Delegación Venustiano Carranza de la Ciudad de México.

También debe tomarse en consideración que el diecinueve de octubre del año que transcurre el Juez de Distrito, en atención a que la autoridad responsable no exhibió constancia alguna tendiente al cumplimiento del fallo, la requirió por última vez para que en el plazo de tres días acreditara el citado acatamiento ; sin que de nueva cuenta se advierta respuesta de la autoridad, lo cual revela sin lugar a dudas la persistente contumacia con la que se ha conducido esta última.

En ese sentido, cabe señalar que es criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cuando sea injustificado o hubiera transcurrido el plazo sin que se hubiese dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el Juez de Distrito correspondiente, tal como deriva de lo previsto en el párrafo primero de la fracción XVI, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , que en su texto vigente establece las providencias consistentes en la separación del cargo y la consignación al Juez de Distrito son aplicables por mandato constitucional a la autoridad responsable que incumpla con un fallo protector, debiendo estimarse que ello acontece cuando es notificado del fallo protector, requerido reiteradamente para realizar su cumplimiento y, a pesar de ello, no utiliza los medios a su alcance para lograrlo.

Por tanto, si el titular de la delegación Venustiano Carranza de la Ciudad de México, fue requerido en diversas ocasiones para que diera cumplimiento total al fallo protector, sin que hasta el momento haya informado sobre el acatamiento integral de éste, pues sólo existe evidencia de que puso a disposición de los quejosos las cantidades a cuyo pago se le condenó, pero hasta el momento no ha acreditado haber expedido a favor de aquéllos los nombramientos de confianza con la categoría de verificadores o inspectores, ni proporcionado los elementos necesarios para el desempeño de su encargo, esto es, las credenciales y órdenes de verificación; tal actuar es constitutivo de la sanción que establece la fracción XVI, del citado artículo 107, constitucional .

...”3

Tercera. La finalidad del sistema de ejecución de sentencias dispuesto en la Ley de Amparo consiste en evitar la dilación en el cumplimiento de la ejecutoria, y como medida para lograr esta pronta actuación, se estableció un sistema de sanciones que pueden ser impuestas a fin de lograr el eficaz cumplimiento de la sentencia de amparo. Es por eso, que la ley prevé, en primer lugar, la imposición de una multa como la sanción para el incumplimiento, en cuyo caso, si la autoridad acata la sentencia de amparo inmediatamente después de su imposición, ello no dará lugar a la continuación del procedimiento de ejecución y la eventual separación del cargo y consignación ante el juez penal; sin embargo, si la autoridad no cumple con la sentencia aun después de habérsele impuesto la sanción pecuniaria, sí implicará la continuación de aquél, pudiendo concluir con la separación del cargo y consignación.

El incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo. Es importante precisar que, en todo momento, este análisis deberá hacerse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo como en el requerimiento respectivo, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán atribuirse las sanciones establecidas por el incumplimiento de la sentencia de amparo.

La Ley de Amparo, en su artículo 267, a la letra establece:

“Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente:

I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir;

II. Repita el acto reclamado;

III. Omita cumplir cabalmente con la resolución que establece la existencia del exceso o defecto; y

IV. Incumpla la resolución en el incidente que estime incumplimiento sobre declaratoria general de inconstitucionalidad.”

“Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite

I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;

II...

III...”

Por otra parte, La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 107, fracción XVI, establece:

“Artículo 107

...

XVI. Si la autoridad incumple la sentencia que concedió el amparo, pero dicho incumplimiento es justificado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley reglamentaria, otorgará un plazo razonable para que proceda a su cumplimiento, plazo que podrá ampliarse a solicitud de la autoridad.

Cuando sea injustificado o hubiera transcurrido el plazo sin que se hubiese cumplido, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el Juez de Distrito. Las mismas providencias se tomarán respecto del superior jerárquico de la autoridad responsable si hubiese incurrido en responsabilidad, así como de los titulares que, habiendo ocupado con anterioridad el cargo de la autoridad responsable, hubieran incumplido la ejecutoria.

...”

No podrá archivarse juicio de amparo alguno, sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional;”

Por su parte la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos señala:

“Articulo 8 . Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:

...

XXIV.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público.”

...”

Artículo 13. Las sanciones por falta administrativa consistirán en:

I. Amonestación privada o pública;

II. Suspensión del empleo, cargo o comisión por un período no menor de tres días ni mayor a un año;

III. Destitución del puesto;

IV. Sanción económica, e

V. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

...”

Por tanto y con fundamento en lo expresado, así como en las disposiciones invocadas en el proemio, se propone, como de urgente u obvia resolución, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al jefe de gobierno de la Ciudad de México a que en la propuesta que realice ante la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, sobre quien sustituya al delegado de Venustiano Carranza, se cuide que sea una persona honesta, proba, de buena fama pública y que respete la ley.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al servidor público que ocupe el cargo de titular de la delegación Venustiano Carranza de la Ciudad de México, o, en su caso, la autoridad facultada legalmente para actuar en la ausencia de aquél, para que, dé cumplimiento total a la sentencia emitida por el juez Cuarto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en el juicio de amparo indirecto 2200/2014.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al servidor público que ocupe el cargo de titular de la delegación Venustiano Carranza de la Ciudad de México, o, en su caso, la autoridad facultada legalmente para actuar en la ausencia de aquél, para que, dé cumplimiento totalidad de las demandas interpuestas por los trabajadores.

Notas

1 Incidente de inejecución de sentencia 296/2016 derivado del juicio de amparo indirecto 2200/2014. http://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/3/2016/15/2_207619_3589.doc

2 “Ignoraron en V. Carranza 98 requerimientos”. Reforma, 8 de noviembre de 2017.

http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/
default.aspx?id=1252535&v=3&urlredirect=
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=1252535&v=3

3 Incidente de inejecución de sentencia 296/2016 derivado del juicio de amparo indirecto 2200/2014. Páginas 47-49.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de noviembre de 2017.

Diputados: Juan Romero Tenorio (rúbrica) y Jesús Emiliano Álvarez López.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos del estado de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo y Nayarit a hacer pública la información sobre la experiencia institucional de la alerta de género, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, María Candelaria Ochoa Ávalos, diputada del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, integrante de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La violencia extrema contra las mujeres es un problema de alta prioridad en México. De acuerdo a los datos del Atlas de Género1 publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 62.77 por ciento de las mujeres mexicanas mayores de 15 años han sufrido algún tipo de violencia2 a lo largo de su vida. También, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2016 se registraron 29 mil 725 averiguaciones e investigaciones por delitos sexuales. De estos, 12 mil 889 corresponden a denuncias por violaciones, mientras que 16 mil 836 son de abuso sexual, hostigamiento, etcétera; es decir, al día se denuncian 81 casos de violencia sexual3 . Y en el caso de extrema violencia contra las mujeres, el feminicidio, se tiene que en 2016 fueron asesinadas 2 mil 735 mujeres en el país, lo que equivale a 7.5 mujeres al día, y a pesar de ello, sólo se tipificó como feminicidio 25 por ciento de los casos.4

Eliminar cualquier tipo de violencia contra las mujeres sin duda es un trabajo que abarca a toda la sociedad, por el grado de permisión machista que existe, pero es el Estado quien –por ley– debe generar las condiciones y mecanismos institucionales, programáticos y legales para avanzar en su erradicación.

Es en este sentido que la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) se convirtió en quizá el más importante mecanismo de visibilización y acción contra la violencia más cruda, constante y descarnada contra las mujeres.

Actualmente, la AVGM se encuentra establecida dentro de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Ley de Acceso), en su capítulo V y en ella se establecen los requisitos y mecanismos para implementar la alerta.

Si bien la ley publicada en el año 2007 incluyó desde su origen la figura de AVGM, poder lograr su reconocimiento fue una batalla de la sociedad civil que llevó varios años. Existieron dos antecedentes fundamentales en la creación y adopción de la figura de AVGM, el primero internacional que fue la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, adoptada por la asamblea de Naciones Unidas en la 85 sesión plenaria del 20 de diciembre de 1993. En ella se reconoce el fenómeno de violencia contra las mujeres y establece obligaciones para los estados firmantes encaminadas básicamente a prevenir, investigar y castigar todos los actos de violencia contra las mujeres. En el mismo plano internacional, para 1995 se presenta en la Organización de Estados Americanos (OEA) la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Convención de Belem Do Para, la cual fue firmada por el gobierno mexicano. Ésta establece en su artículo 7 como obligación de los estados firmantes que:

“Los estados parte condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia...”.

Así, el gobierno mexicano se comprometió a nivel internacional a luchar contra la violencia contra las mujeres.

El segundo antecedente surge del interior del país, y fue la lucha por erradicar los feminicidios en Ciudad Juárez. Desde 1993 organizaciones de la sociedad civil y activistas pusieron el acento en el fenómeno de desaparición de mujeres y violencia feminicida que se estaba desbordando en la ciudad fronteriza, sobre todo por los patrones que presentaban las víctimas, mujeres jóvenes, trabajadoras (principalmente de la industria de maquila) y migrantes. Lo que exacerbó la atención a nivel internacional hacia este tema fue la lucha en el caso emblemático llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conocido como Campo Algodonero”5 ; donde se puso en evidencia la falta de diligencia de las autoridades mexicanas para reconocer que existe una violencia misógina no sólo desde la sociedad, también desde los instrumentos del Estado que procuran justicia.

Esto puso de manifiesto que era una violencia sistemática y con el componente de género explícito. A partir de este caso la lucha de las organizaciones de la sociedad civil se intensificaron a lo largo y ancho del país, tomando cada vez mayor relevancia en la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

Así, estos dos antecedentes dieron forma a la alerta de género que hoy se reconoce en la Ley de Acceso y que se define como:

“Artículo 22. Alerta de violencia de género: es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.”

En el artículo 23 se establecen las acciones que deben seguir las alertas y en el artículo 24 se establecen los supuestos para emitir la declaratoria de la misma.

Hoy existen con declaratoria de alerta de género más de 90 municipios pertenecientes a 12 estados y son los siguientes de acuerdo a la fecha de declaratoria de alerta:

La AVGM es un instrumento cuya puesta en acción tiene aún poco tiempo y por lo mismo se requiere de su constante análisis y mejora. Para ello es necesario conocer las experiencias que estados han vivido en su realización, las acciones emprendidas, los resultados obtenidos, las limitaciones, obstáculos y posibles mejoras a partir de la declaratoria de AVGM, con el fin de que la retroalimentación de los distintos actores involucrados –legisladores y autoridades federales, estatales y locales– puedan lograr mejoras sustanciales en el instrumento y no quede éste como letra muerta y pierda de esta manera su importancia con la que fue pensada.

Es menester poner todos nuestros esfuerzos en prevenir, erradicar y sancionar las violencias en contra de las mujeres, no sólo para salvaguardarlas, también para conseguir un país donde todas y todos podamos vivir en paz.

Por lo anterior, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único . Se exhorta a los gobiernos estatales de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo y Nayarit hacer pública la información relativa a la experiencia institucional en la realización, operación, seguimiento, obstáculos, limitaciones y resultados de la implementación de la alerta de género emitida para cada uno de estos estados.

Notas

1 Inegi, Atlas de Género, [Consultado el 7 de noviembre de 2017] http://gaia.inegi.org.mx/atlas_genero/

2 Física, psicológica, económica y cibernética.

3 Acoso sexual en México, W Radio, 11 de agosto de 2017, http://wradio.com.mx/programa/2017/08/11/en_buena_onda/1502413306_55104 9.html

4 Foro sobre Alerta de Violencia de Género hace un llamado a los tres niveles de gobierno a garantizar acceso a la justicia y respeto a los derechos de las mujeres, Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, 2 de agosto de 2017,

http://redtdt.org.mx/?p=9147

5 González y otras (Campo Algodonero) vs. México. [Consultado el 8 de noviembre de 2017] http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Fich a=347&lang=e

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de noviembre de 2017.

Diputada María Candelaria Ochoa Ávalos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a las expresiones homofóbicas pronunciadas por un grupo priista en el debate del PEF de 2018, pues alientan los prejuicios y estereotipos negativos contra la condición homosexual, suscrita por los diputados Norma Rocío Nahle García, Virgilio Dante Caballero Pedraza y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Los suscritos, diputados Norma Rocío Nahle García, Virgilio Caballero Pedraza y Mario Ariel Juárez Rodríguez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten ante esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión como de urgente u obvia resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Primera . En ejercicio de sus atribuciones constitucionales la Cámara de Diputados discutió y aprobó el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018 en un ambiente de tensión como ha ocurrido a lo largo de esta legislatura en temas de trascendencia para la sociedad, en los que se ponen a debate las diferentes visiones de país.

En el Presupuesto de Egresos se expresa la política económica del gobierno y la oposición tiene el derecho de criticarla y de presentar modificaciones al proyecto enviado por la Comisión dictaminadora al Pleno. De esta manera, Morena acudió responsablemente a la discusión y presentó alternativas con objeto de destinar mayores recursos para la reconstrucción por los daños ocasionados por los sismos del 7 y 19 de septiembre pasados; para suprimir las prebendas de los altos funcionarios de gobierno y las pensiones de los expresidentes o para cancelar el proyecto de Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, y destinar mayores recursos para el campo y en materia de salud, educación, seguridad social y vivienda entre otros renglones del gasto social.

En uso de sus atribuciones, nuestro Grupo Parlamentario inscribió tres oradores en contra del dictamen y 38 oradores más para sustentar 211 reservas en lo particular, con las que se proponía modificar artículos del proyecto, así como diversos anexos del mismo, para conseguir un presupuesto más justo y equilibrado, en el marco de la legislación presupuestal en vigor.

En la votación del dictamen 49 diputadas y diputados, mayoritariamente de Morena, votamos en contra por considerar que el proyecto no correspondía a las necesidades de la población mexicana, entre otras razones de fondo que expusimos en el debate.

Segunda . Durante la discusión, Morena presentó sus propuestas con energía y en sus intervenciones se condujo con apego al marco constitucional y legal que rige las expresiones de las y los diputados. Después de varias horas de discusión en lo particular, subió a tribuna el diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, integrante de nuestro Grupo Parlamentario, cuya intervención, así como la del Presidente de la Mesa Directiva y de la diputada Rocío Nahle García, Coordinadora del Grupo, aparece en la versión estenográfica de la sesión del 9 de noviembre que enseguida reproducimos:

“2:57 hrs

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada. Se desechan y se reservan para su discusión en conjunto. Voy a actualizar los datos a la asamblea, llevamos casi cinco horas de discusión, nos faltan exactamente 14 oradores para concluir nuestra reunión. Voy a ceder el uso de la palabra al diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, hasta por cinco minutos.

El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez: Mucha gente, especialmente la ignorante, desea castigarte por decir la verdad. Por ser correcto, por ser tú. Nunca te disculpes por ser correcto o por estar años por delante de su tiempo. Si estás en lo cierto y lo sabes, que hable tu razón, incluso si ere s una minoría de uno solo, la verdad sigue siendo la verdad.

El caso de México y la corrupción, la mala distribución del presupuesto causado por el actual gobierno de Peña Nieto y sus diputados traidores del PRI, del PAN, del PRD, del Verde, del Panal, de Encuentro Social. El día de hoy han votado, los 413 diputados traidores, con el pretexto de que votan por un mejor país, cuando están votando un Presupuesto que se utilizará con fines electorales en el 2018 para pretender evitar que gane Morena la Presidencia de la República, pero con todo y su poder económico les vamos a ganar.

En una entrevista que le hizo un periódico local a la diputada federal Olga Esquivel, del distrito 40, ha realizado gestiones por más de 320 millones de pesos. Le pregunto, diputada, de cuánto fue su moche, cuánto fue lo que recibió por bajar 320 millones de pesos.

Asimismo, denunciamos al gobernador del estado de México, Alfredo del Mazo, que el día de hoy solicitó al Congreso local que quiere endeudar más al estado de México por una cantidad de 2 mil 800 millones de pesos. Y solo para refrescárselas, el PRI sacó 1 millón 805 mil 745 votos. La maestra Delfina sacó 1 millón 871 mil votos. Le ganó a su maquinaria electoral con todo y el poder de sus secretarios de Estado.

Los informes de la OSFEM, Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, revelan que 88 municipios tienen más de 40 por ciento de sus ingresos comprometidos, inclusive antes de recibirlos. Tan solo la LXII Legislatura y lo que llevamos de esta LXIII llevan un total de 80 mil millones de pesos en manejos opacos y grises, inclusive César Camacho Quiroz reconoce que hay 10 mil millones de pesos de fondo inexistente para poderles comprar a ustedes la consciencia...

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado...

El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez: Para poderles pagar a ustedes sus campañas políticas...

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Diputado, le recuerdo que el Código de Ética y el Reglamento obliga a los diputados...

El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez: E incluso el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados...

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El Reglamento obliga a los diputados a referirse con respeto o nos obliga a referirnos con respeto a todos los diputados. Permitan que continúe el orador, y el orador se referirá con respecto a sus compañeros.

El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez: Incluso el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados por primera vez reconoce que estos programas representan opacidad. Además, el PRD pide que se le cambie el nombre a estos programas con tal de seguir siendo paleros de este gobierno, como es su costumbre. En las mismas condiciones, en complicidad con el PAN y Movimiento Ciudadano, se han prestado al cochupo y a la entrega de poder generar más corrupción.

Es entendible que de los 32 gobernadores que han...

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítame un segundo, señor orador. Les recuerdo a los señores oradores, les recuerdo a los señores diputados, la obligación de dirigirnos con respeto a quienes nos escuchan y a quien habla. Le recuerdo a los señores diputados la obligación de dirigirse con respecto a los oyentes, y los oyentes de tratar con respeto al orador. Muy atentamente sugiero a la asamblea permitan que continúe y concluya su... Adelante, diputado.

El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez: Incluso Imco ha evaluado que al amparo del Ramo 23 que los diputados, so pena de utilizarlos como corrupción para corromper y para la compra de conciencias, han presentado amparo para que no puedan ser mal usados, pero como la justicia también está comprada por ustedes no ha prosperado.

En su modalidad, el Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal en tres ejercicios fiscales se han malgastado casi 25 mil millones de pesos, similar al Fortalece. Destacan del presupuesto al menos cinco años atrás fondos para pavimentación, alumbrado, infraestructura deportiva, productiva y rural, y no obstante de ello 22 gobernadores que han mal gobernado, del PRI, nuestro país, han desviado alrededor de 258 mil millones de recursos públicos, de acuerdo con denuncias penales y resultados de la Auditoría Superior de la Federación.

Uno de los mayores desvíos de recursos sería en la gestión del gobernador del estado de México pasado, Eruviel Ávila Villegas. Según el informe general de la cuenta pública 2016, expuso que su ex gobernador corrupto, surgido de las filas del PRO corrupto, debe rendir cuentas y aclarar el desvío de más de 3 mil 600 millones de pesos que recibió a través de fondos y programas federales para su gestión.

Es entendible su ambición. Están tan vacíos en su interior que solo el dinero alivia la miseria humana que representan. En el 2018 el pueblo de México se los va a cobrar cuando bajen ustedes a pedir el voto.

Los diputados de Morena, siendo congruentes, no votamos este Presupuesto de Egresos que representa corrupción...

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.

El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez: Nosotros no tenemos precio. Preferimos heredar a nuestra familia pobreza y no deshonra. Ustedes ya están en el basurero de la democracia...

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.

El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez: Que tengan buena noche, corruptos y traidores...

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Concluya, diputado.

El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez: ... que el pueblo de México se los va a reclamar el siguiente año y van a perder la Presidencia.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Sea tan amable la Secretaría de tomar la votación.

La secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por el diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la negativa.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada. Sea tan amable la Secretaría de leer el artículo 10, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Artículo 10, fracción I, del Código de Ética, que se refiere al respeto. Aquí está, si es tan amable.

El ocho del Reglamento, yo le estoy pidiendo el 10 del Código de Ética, fracción I.

La secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Artículo 8. Serán obligaciones de los diputados y diputadas:

IV. Dirigirse con respeto y cortesía a los demás diputados, diputadas e invitados, con apego a la normatividad parlamentaria. Es cuanto, presidente.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Lea usted el artículo 10, fracción I, del Código de Ética. Aquí lo tiene, diputada.

La secretaria diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Artículo 10.

I. Actuar con orden y decoro en todas sus acciones, utilizando un lenguaje acorde con la dignidad parlamentaria, eliminando el uso de expresiones vulgares, despectivas, degradantes o soeces, y procurando en todo momento que el trato con todas las personas sea amable y respetuoso, independientemente de su condición. Es cuanto, diputado.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Muchas gracias, diputada. Espero de todos los diputados oradores u oyentes, la conducta que el Código de Ética pide para un parlamentario. Tiene el uso de la palabra el señor diputado...

La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: ¿Con qué objeto, diputada? No estamos a discusión, le anticipo. ¿Con qué objeto, diputada?

La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): Referente a lo que acaba de hacer mención del Código de Ética. Morena, efectivamente, desde que llegamos el 1 de septiembre de 2015 venimos a trabajar, a sumar, y si ha sido alguna conducta o alguna expresión fuera de lugar, se han calentado los ánimos toda la noche de ambas partes.

En lo que respecta a Morena, Morena viene aquí a construir, Morena viene a señalar y, –permítanme, por favor...

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Permítanle concluir a la diputada.

La diputada Norma Rocío Nahle García (desde la curul): –Permítanme, por favor–. Y en ningún momento es la intención de faltar al decoro a esta Cámara ni a ningún diputado o coordinador. Es cuanto, de parte de Morena.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputada. Gracias, diputada, recojo sus expresiones, se inscriben en el Diario de los Debates y, por supuesto, suman a lo que acabamos de escuchar, es la conducta que nosotros aprobamos, debe regir las acciones de un parlamentario.

El Código de Ética fue aprobado por los integrantes de esta legislatura y esta Presidencia espera que hagamos el mayor de los esfuerzos para apegarnos a lo que dice.

El diputado Jesús Sesma Suárez (desde la curul): Presidente.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: El diputado Jesús Sesma me pide la palabra, ¿con qué objeto, diputado?

El diputado Jesús Sesma Suárez (desde la curul): Gracias, presidente. Acabo de escuchar las palabras que hizo la coordinadora Rocío Nahle. Solicitarle, tanto a la coordinadora como al diputado Mario Ariel Juárez, si está en su haber pedir que se quite del diario de los debates los adjetivos que hizo, toda vez que acaban de mencionar que Morena desde sus inicios ha estado por construir en vez... Sí, debatir, pero, sobre todo respetarnos entre coordinadores y todos los legisladores aquí presentes.

Solicitarle al diputado, antes de que se me vaya, si puede quitar, puede solicitar que quite los adjetivos que acaba de decir de los diputados aquí presentes, como el coordinador Camacho, del Diario de los Debates. Muchísimas gracias.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Gracias, diputado. Le solicito a la asamblea, a solicitud expresa. Permítanme representarles este momento, acaba de leerse lo que el Código de Ética nos pide a cada uno de nosotros. Acabamos de escuchar los deseos y la intención de buena voluntad de una coordinadora.

Ante esto, otro coordinador le solicita atentamente a un parlamentario retire del Diario de los Debates las expresiones que hizo en alusión a compañeros legisladores. Está en decisión del señor legislador si así lo hace o no. Señor diputado Juárez.

El diputado Ario Ariel Juárez Rodríguez (desde la curul): Lo voy a hacer por el pueblo de México, pero manifiesto mi inconformidad porque se violenta el artículo 61 de la Constitución. Sin embargo, para demostrarles de qué calibre es mi educación, les voy a enseñar que por respeto al pueblo de México retiro las manifestaciones, diputado Ramírez Marín. Gracias.

El presidente diputado Jorge Carlos Ramírez Marín: Se tienen por retiradas las expresiones que el diputado Ariel Juárez vertiera sobre compañeros legisladores.

...”

En una parte de su intervención, el diputado Mario Ariel Juárez se refirió de manera inapropiada al diputado César Camacho Quiroz, expresión que provocó la moción del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente de la Mesa Directiva y la intervención de la diputada Rocío Nahle.

Fue la intervención de la diputada Rocío Nahle la que propició que el diputado Mario Ariel Juárez aceptara la eliminación de las expresiones referidas y éstas ya no aparecen ni en la versión estenográfica de esa sesión ni en el Diario de los Debate.

Tercera . Ahora bien, un grupo de diputadas y diputados del Partido Revolucionario Institucional, cuyas figuras visibles son, Arlete Mólgora Glover, Himelda Félix Niebla, Rocío Díaz Montoya y Jasmine Bugarín Rodríguez, encabezaron gritos homofóbicos contra el diputado Mario Ariel Juárez durante su intervención; así lo ha destacado la prensa:

“El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) demandó a legisladores evitar reproducir durante su labor prejuicios y estereotipos, como la expresión “eeeeh, puto”. Esto luego de que, en la discusión del Presupuesto de Egresos 2018, las diputadas del PRI Arlete Mólgora Glover, Himelda Félix Niebla, Rocío Montoya Díaz y Jasmine Bugarín Rodríguez lanzaran este grito al morenista Ariel Juárez, quien en el pleno llamó corrupto a César Camacho. El Conapred señaló que es doblemente grave que una calificación negativa que refleja homofobia y machismo se reproduzca en un espacio como el Congreso. El grito de “eeeeh, puto” es expresión de desprecio, de rechazo y no es descripción ni expresión neutra; es una calificación negativa que estigmatiza pues homologa la condición homosexual con cobardía. “El sentido con el que se da este grito colectivo en los estadios no es inocuo; refleja la homofobia, el machismo y la misoginia que privan aún en nuestra sociedad. Por eso resulta doblemente gravoso que este grito homofóbico se traslade del estadio al Congreso de la Unión, espacio público por excelencia de un sistema democrático que, por tanto, está llamado a guardar la máxima aspiración incluyente”, anotó en un comunicado. El Consejo resaltó que las violaciones al derecho a la no discriminación son particularmente graves cuando provienen de un servidor público, como lo ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Las limitaciones al derecho a la libertad de expresión deben ser mayores para las personas servidoras públicas, pues tienen la obligación de no aumentar la vulnerabilidad de los grupos o personas que se encuentran en situación de discriminación”, refirió.”1

En efecto, sobre este grito homofóbico que reproduce prejuicios y estereotipos negativos, tal y como lo ha caracterizado el Conapred, debe ser condenado por la Cámara de Diputados y por sus órganos de gobierno. El debate acalorado de ideas, como muchos que se han producido en esta Cámara, no justifican esta clase de expresiones que denigran a quienes las pronuncian y denigran al Congreso, cuya labor es fundamental para nuestro desarrollo democrático. Por ello Morena exige un pronunciamiento categórico al respecto.

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con las disposiciones invocadas en el proemio, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero . La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión reprueba las expresiones homofóbicas pronunciadas por un grupo de diputadas y diputados del Partido Revolucionario Institucional, durante el debate del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018, por alentar los prejuicios y estereotipos negativos contra la condición homosexual.

Segundo . Se exhorta a las diputadas y los diputados del Partido Revolucionario Institucional involucrados en los hechos denunciados, a ofrecer una disculpa pública por las expresiones homofóbicas pronunciadas durante el debate del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Tercero . Se exhorta al Comité de Ética y Conducta de la Cámara de Diputados a que, en el ámbito de sus atribuciones, conozca de este hecho oprobioso y proponga a la Mesa Directiva el fincamiento de responsabilidades que corresponda contra los diputados que lo protagonizaron.

Nota

1http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.as px?id=1255848&v=2

Salón de sesiones del Congreso de la Unión, a 14 de noviembre de 2017.

Diputados: Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Virgilio Caballero Pedraza, Mario Ariel Juárez.

Efemérides

Con motivo del 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

“Una buena salud es un deber para ti mismo, para tus contemporáneos, para tus herederos y para el progreso del mundo”.

Gwendolyn Brooks

La salud de las sociedades siempre ha sido reflejo de las formas de vida adoptadas por los individuos, con ello me quiero referir a los hábitos que evidentemente cambian de un tiempo a otro, así las enfermedades que padecen los individuos cambian en el tiempo.

Tal es el caso de la diabetes, que en un periodo que va de 1980 a 2014 el nivel mundial de personas con esa enfermedad ha aumentado de 4.7 a 8.5 por ciento, según datos de la Organización Mundial de la Salud1 . El incremento de las personas, pasar de 108 a 422 millones que tienen dicha enfermedad, es preocupante debido a que gran porcentaje de ellas deriva su enfermedad como consecuencia de la obesidad.

Llegando a este punto, la obesidad y la diabetes resultan tener un alto costo no sólo como capital social, también como gasto del Estado en la atención al gran porcentaje de personas que padecen dicha enfermedad. Tan sólo en México el costo anual de la atención de la diabetes para el año 2012 fue de 3 mil 872 millones de dólares según la Encuesta Nacional de la Salud y Nutrición, que representa la atención de 10.6 millones de personas con diabetes2 .

El aumento en el desarrollo de la diabetes ha dependido del desequilibrio de los dos factores de salud: los hábitos alimenticios y del tiempo dedicado a la realización de actividades físicas. En el primer rubro México es el cuarto consumidor mundial de comida chatarra y primero en América Latina, llegando a consumir hasta 212 kilogramos de comida chatarra al año individualmente, según cifras de la Organización Panamericana de la Salud.

En cuanto a las actividades físicas, un estudio publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para el año 2009 dio por resultado que los mexicanos ocupaban 48 por ciento de su tiempo libre a ver televisión, en contraste sólo dedicaban 5 por ciento a la realización de alguna actividad física3 . Como lo podemos apreciar, el aumento de la diabetes sólo es un reflejo de malos hábitos, donde el desequilibrio en el desarrollo de la vida inclina a las personas a descuidar su salud, a incrementar el consumo de comida chatarra y a su vez a invertir poco tiempo en la realización de alguna actividad física.

Al respecto hay que ser muy conscientes de enfermedades como la diabetes, causadas por la desatención de la salud, debido a que han ido en incremento, es decir, enfermedades como la diabetes, la obesidad y la desnutrición, que resultan teniendo un gran impacto económico y más preocupante aun, es que tienen un gran impacto en la niñez, que al formarse en los mismos hábitos son condenados a sufrir tales enfermedades.

El papel del Estado y del gobierno es claro respecto a incentivar la adopción de hábitos distintos, muestra de ello, el aumento al impuesto de comidas chatarra y bebidas azucaradas, con lo que se pretende incidir en el incremento de la calidad de vida así como incidir en la disminución de las preocupantes tendencias. Sin embargo es necesario repensar que el problema no se deriva únicamente de la mala alimentación, también, de hábitos de recreación y cuidado del cuerpo.

Por todo lo mencionado con anterioridad es que se hace necesaria la implementación de programas y propuestas integrales que promocionen mejores hábitos de vida, a fin de reducir enfermedades propagadas debido a la apatía de las personas en el cuidado de su salud.

Notas

1 Datos obtenidos del Enlace URL: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/es/

2 Datos obtenidos del Enlace URL: http://ensanut.insp.mx/informes/ENSANUT2012ResultadosNacionales.pdf

3 Datos obtenidos de la OCDE, pagina URL:

http://www.oecd.org/centrodemexico/48porcentajedesutiemp olibrededicanlosmexicanosaverlatelevision.htm

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de noviembre de 2017.

Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica)

Con motivo del 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La Federación Internacional de la Diabetes (FID), junto con la Organización Mundial de la Salud (OMS), instauraron el día mundial de la diabetes esto en 1991. Y no fue hasta el 2007 cuando la Organización de la Naciones Unidas (ONU), celebró por primera vez este día, después de aprobarlo con la resolución 61/225 de diciembre de 2006. Se eligió esta fecha por ser el nacimiento de Frederick Banting descubridor de la insulina quien estuvo apoyado por Charles Best.1

El propósito del Día Mundial de la Diabetes, es, recordarnos que el índice de personas que sufren de esta enfermedad día a día va en aumento y que seguirá en aumento sino somos capaces de emprender acciones para controlarla y prevenirla. Debemos de saber cuáles son las causas, los síntomas y que tratamientos es el adecuado, así mismo todas las complicaciones que se asocian a este gran problema de salud mundial.

¿Qué es la diabetes?

La diabetes es una enfermedad no contagiosa pero hereditaria, es una enfermedad crónica que se desarrolla cuando el páncreas deja de producir insulina suficiente, pero también se puede desarrollar cuando el cuerpo no ocupa con eficacia la insulina que este produce. Recordemos que la insulina es una hormona la cual su tarea es regular el azúcar en la sangre, que nos permite aportar la energía suficiente para vivir. Cuando esta no llega a las células para convertirse en energía, el azúcar comienza a almacenarse en la sangre y es cuando puede llegar a conseguir niveles muy nocivos para la salud.

Tipos de diabetes

Existen 2 tipos de diabetes la 1 y la 2, la diferencia entre estas 2 es que la primera no produce insulina y las personas tienen que inyectarse insulina para poder vivir.

Y la segunda es cuando las personas producen su propia insulina, pero desafortunadamente la cantidad es insuficiente o su cuerpo no la aprovecha adecuadamente, lo que provoca sobre peso y si aparte son sedentarias pues las necesidades de insulina crecer.

¿Cómo prevenir la diabetes?

En primer lugar, debemos estar conscientes de que para no sufrir de diabetes tenemos que tener una dieta adecuada, en la cual debemos incluir cereales, frutas, verduras, panes enteros, carne magra, así como leche y sus derivados. También se debe de consumir granos enteros y fibra, porque estos hacen que el azúcar en nuestro organismo se mantenga en buenos niveles.

Los productos que debemos evitar para no sufrir de diabetes tipo 2 son:

Panes blancos, granos refinados, así como todos los carbohidratos procesados, porque todos ellos contienen una gran cantidad de azúcar. Es recomendable dejar de tomar bebidas azucaradas, sustituyéndolas con agua natural, café o té, también se aconseja que comamos fruta entera en lugar de tomar jugo de fruta natural.

Debemos de tener en cuenta que los productos llamados “ligth” muchos de ellos tienen una gran cantidad de conservadores y grasas trans.

Los especialistas recomiendan hacer ejercicio mínimo 30 todos los días o alternando los días. El ejercicio puede ser haciendo caminata a paso acelerado ejecutando ejercicios aeróbicos.2

Cifras de la OMS nos muestra que alrededor del mundo hay 422 millones de personas que padecen de diabetes, una cantidad que se triplico a comparación de los 108 millones que había en 1980. Los casos de diabetes en personas mayores de 18 años han ido en aumento ya que en 1980 el porcentaje era de 4.7 por ciento comparado con el 8.5 de 2014.

Otro dato que proporciona la OMS es el de que la diabetes causó 1.6 millones de defunciones en 2015, no sin dejar de mencionar los 2.2 millones de muertes por hiperglucemia en 2012.3

Estadísticas de la Encuesta Nacional Salud y Nutrición 2016 nos proporciona datos que en México el porcentaje de Diabéticos pasó de 9.2 por ciento en 2012 a 9.4 por ciento en 2016 en la población mayor a 20 años

También nos indica que las mujeres son las que reportan mayores valores de diabetes con 10.3 por ciento a comparación de los hombres con 8.4 por ciento. Esta proporción de Diabéticos se manifiesta tanto en las localidades urbanas con 10.5 por ciento para las mujeres y 8.2 por ciento para los hombres, así como en las comunidades rurales con un porcentaje de 9.5 por ciento para las mujeres y 8.9 por ciento para los hombres.

La mayor cantidad de personas con diabetes se ve en los hombres de 60 a 69 años con 27.7 por ciento y las mujeres en el mismo rango de edad con 32.7 por ciento y en la edad de 70 a 79 años es de 29.8 por ciento. De estos adultos con diabetes el registro el siguiente:

87.7 por ciento de las personas que padecen de diabetes recibe un tratamiento adecuado para controlar la enfermedad, sin embargo esta cifra aumentó ligeramente a comparación del 2012 que era de 85 por ciento4

Notas

1 Federación Mexicana de Diabetes A.C., Día Mundial de la Diabetes 2016,

http://fmdiabetes.org/dia-mundial-la-diabetes-2016/

2 Descubre tú salud, colsanitas, Conoce estas cinco recomendaciones para prevenir la diabetes, Enero de 2017.

http://descubretusalud.com/5-consejos-ayudaran-prevenir- diabetes/

3 OMS, Centro de Prensa, Diabetes, 17 de junio de 2017.

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/es/

4 OMENT, Últimas cifras de diabetes en México-ENSANUT MC 2016, 27 de diciembre de 2016.

http://oment.uanl.mx/ultimas-cifras-de-diabetes-en-mexic o-ensanut-mc-2016/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de noviembre de 2017.

Atentamente

Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica)