Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones
Efemérides

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la Conagua que ejecute diversas acciones en el contexto de la construcción de la presa El Zapotillo, a cargo del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someten a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución mediante el cual se solicita a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ejecutar diversas acciones en el contexto de la construcción de la presa El Zapotillo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. El 7 de abril de 1995 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “decreto por el que se declara la reserva de las aguas nacionales superficiales en la cuenca del Río Verde, para usos doméstico y público urbano”. En dicho decreto, en su artículo 2o., se estableció lo siguiente:

“Con base en los resultados de los estudios efectuados por el gobierno federal por conducto de la Comisión Nacional del Agua, en coordinación con los gobiernos de los estados de Guanajuato y Jalisco, el volumen anual máximo que se reserva será de 504’576,000 metros cúbicos de agua.

Para el estado de Guanajuato se reservará un volumen anual máximo de 119’837,000 metros cúbicos de agua y para el estado de Jalisco un volumen anual máximo de 384’739,000 metros cúbicos de agua”.1

Posteriormente, el 17 de noviembre de 1997 se publicó en el mismo órgano de difusión el “decreto que reforma los párrafos primero y segundo del artículo 2o. del decreto de 3 de abril de 1995, publicado el 7 del mismo mes y año, por el que se declaró la reserva de las aguas nacionales superficiales en la cuenca del Río Verde, para usos doméstico y público urbano.”, postulando las siguientes modificaciones:

“Con base en los resultados de los estudios efectuados por el gobierno federal por conducto de la Comisión Nacional del Agua, en coordinación con los gobiernos de los estados de Guanajuato y Jalisco, el volumen anual máximo que se reserva será de 491’976,000 metros cúbicos de agua.

Para el estado de Guanajuato se reservará un volumen anual máximo de 119’837,000 metros cúbicos de agua y para el estado de Jalisco un volumen anual máximo de 372’139,000 metros cúbicos de agua”.2

Como se puede observar, las modificaciones realizadas por el gobierno federal plantean una disminución en el volumen máximo reservado de 12’600,000 metros cúbicos de agua, afectando este ajuste exclusivamente al estado de Jalisco. Dicha modificación obedeció a que el gobierno del estado de Jalisco solicitó a la Conagua apoyos en materia de agua para productores pecuarios de la entidad. Dado que no era viable jurídicamente reservar volúmenes de agua para uso pecuario, la Conagua determinó destinar esos 12’600,000 metros cúbicos para apoyos pecuarios, y disminuir así la reserva de aguas para uso doméstico y urbano.

En septiembre de 2005 se firmó un acuerdo de coordinación entre los gobiernos federal y de los estados de Jalisco y Guanajuato para el aprovechamiento de la cuenca del Río Verde, y con los objetivos específicos de abastecer de agua a la ciudad de León, Guanajuato, a la región de Los Altos de Jalisco y a la zona conurbada de Guadalajara, Jalisco, mediante dos proyectos de infraestructura: la presa El Zapotillo y la presa de Arcediano. En dicho acuerdo se ratificó el aseguramiento de un volumen máximo de 119’837,000 metros cúbicos para la ciudad de León, y sólo se estableció un volumen máximo para Los Altos de Jalisco en 56’764,800 metros cúbicos.3 Este acuerdo, implícitamente, significó una disminución de los caudales reservados para Jalisco del Río Verde, dado que no se establecieron condiciones que aseguraran que el volumen máximo de los decretos antes citados beneficiaría al mencionado estado.

En octubre de 2007, los mismos gobiernos federal, de Jalisco y de Guanajuato, suscribieron un nuevo acuerdo de coordinación, mediante el cual incrementan la altura de la cortina de la presa El Zapotillo de 80 a 105 metros, con el argumento de abastecer de agua a la zona conurbada de Guadalajara, pero llevando a la ulterior inundación de los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, en Los Altos de Jalisco. Dicho acuerdo, principalmente por violar los volúmenes máximos autorizados para cada esto, fue declarado inválido en el año 2013 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.4

II. Hoy no existe certeza sobre los aspectos que rodean el desarrollo y ejecución de la presa El Zapotillo, ni sobre la situación real de los caudales del Río Verde, ni sobre el apego a los volúmenes máximos establecidos en el mencionado decreto de 1997, lo que deja en una situación de vulnerabilidad al estado de Jalisco, y en particular a los habitantes de la región de Los Altos y de la zona conurbada de Guadalajara.

A pesar de esta realidad, la construcción de la presa El Zapotillo y del acueducto Zapotillo-León continúan en ejecución, proyectándose el trasvase de aguas a esta última ciudad, sin que de manera complementaria se desarrollen los proyectos de infraestructura que la aseguren al estado de Jalisco el uso y aprovechamiento de sus volúmenes reservados de agua.

De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el proyecto denominado Construcción del proyecto de abastecimiento de agua potable Zapotillo para la ciudad de León, Guanajuato, con un costo total de 17,832 millones de pesos, registra un avance físico de 87.7 por ciento, y cuenta con una asignación presupuestal de 500 millones de pesos para el ejercicio 2017.5 Por su parte, el proyecto denominado Construcción de la presa y sistema de bombeo Purgatorio-Arcediano, para abastecimiento de agua al área conurbada de Guadalajara, Jalisco, con un costo total de 8 mil 970 millones de pesos, registra un avance físico de 0 por ciento, y únicamente una asignación presupuestal de 160 millones de pesos para el ejercicio 2017, que representa apenas 1.7 por ciento del costo total de la obra de infraestructura.6

III. Como puede apreciarse el desarrollo del proyecto El Zapotillo ha estado rodeado de opacidad, discrecionalidad e inconsistencias que no le aseguran a los habitantes de estas entidades federativas la verdadera viabilidad del mismo ni el cumplimiento de expectativas respecto al abastecimiento de agua. Lo único que queda claro en medio de esta confusión es que no existe un esquema de distribución de aguas firme, equitativo y justo, y que por lo visto con los caudales del Río Verde la única beneficiada será la ciudad de León, Guanajuato, violando el decreto de distribución de 1997.

Ante esto resulta fundamental que se revise a profundidad y se actualice de manera definitiva la información sobre el caudal del Río Verde, para que a partir de ello se definan con claridad los volúmenes máximos a disposición de los estados de Jalisco y Guanajuato, respetando de manera irrestricta los derechos históricos que corresponden a cada una de estas entidades.

Sólo con estas condiciones será posible acreditar la utilidad pública de este proyecto y respetar los derechos adquiridos en materia de agua para los habitantes de Los Altos de Jalisco y de la zona conurbada de Guadalajara, al tiempo que se generará certidumbre a los habitantes de la ciudad de León, Guanajuato, respecto a los volúmenes máximos que le corresponden.

Vale la pena destacar que el 21 de marzo, la Universidad de Guadalajara, de manera institucional, publicó un desplegado en distintos medios de comunicación para exigir la suspensión de la construcción del acueducto El Zapotillo-León, en tanto se revisa y atiende de manera integral la problemática del agua del Río Verde y se actualizan y explican a la opinión pública el establecimiento de cuotas de distribución para los estados de Jalisco y Guanajuato.

Por lo anteriormente expuesto, se someten a consideración los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a realizar y hacer pública una actualización sobre los caudales de la cuenca del Río Verde y a emitir un análisis de las cuotas de distribución y volúmenes máximos para los estados de Jalisco y Guanajuato con estricto apego a los porcentajes de distribución postulados en el decreto del 17 de noviembre de 1997 citado en el presente punto de acuerdo, garantizando la distribución y abastecimiento de agua para la región de Los Altos de Jalisco y la zona conurbada de Guadalajara, así como las inversiones en infraestructura para la preservación plena de los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo.

Segundo. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua, como instancia ejecutora, a concluir la construcción del proyecto denominado Construcción del proyecto de abastecimiento de agua potable Zapotillo para la ciudad de León, Guanajuato, que se realiza en el estado de Jalisco, así como a suspender las acciones de trasvase de agua que implica la construcción del acueducto Zapotillo-León.

Tercero. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua, como instancia ejecutora, a hacer públicos los avances del proyecto denominado Construcción de la presa y sistema de bombeo Purgatorio-Arcediano, para abastecimiento de agua al área conurbada de Guadalajara, Jalisco, así como a hacer público un programa para la reactivación y conclusión de dicho proyecto, en el marco de un plan integral de distribución y aprovechamiento de la cuenca del Río Verde.

Notas

1 Diario Oficial de la Federación, 7 de abril de 1995. Cfr.:
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4872099&fecha=07/04/1995

2 Diario Oficial de la Federación, 17 de noviembre de 1997. Cfr.:
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4900950&fecha=17/11/1997

3 “Cláusulas del Acuerdo de Coordinación de Septiembre de 2005”:
http://www.fundacionchapala.org/content/cl%C3%A1usulas-del-acuerdo-de-coordinaci%C3%B3n-de-septiembre-de-2005

4 “SCJN invalida convenio para El Zapotillo”, Milenio, 8 de agosto de 2013.
http://www.milenio.com/jalisco/SCJN-invalida-convenio-Zapotillo_0_131387272.html

5 Transparencia Presupuestaria.
http://nptp.hacienda.gob.mx/NPTP/mapaOp/detallePpef.html?ID_PPI=14136&CVE_PPI=0616B000034&RAMO=16

6 Transparencia Presupuestaria.
http://nptp.hacienda.gob.mx/NPTP/mapaOp/detallePpef.html?ID_PPI=34746&CVE_PPI=1216B000084&RA

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de marzo de 2017.

Diputados: Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), María Victoria Mercado Sánchez, Víctor Manuel Sánchez Orozco, Verónica Delgadillo García, Salvador Zamora Zamora, Jonadab Martínez García, Luis Ernesto Munguía González, Rosa Alba Ramírez Nachis, Germán Ernesto Ralis Cumplido, Macedonio Tamez Guajardo, María Candelaria Ochoa Ávalos, Mirza Flores Gómez.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Nuevo León y a los ayuntamientos del área metropolitana de Monterrey a formalizar de manera conjunta la creación de una comisión ambiental de esa área, a cargo del diputado Édgar Romo García, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Édgar Romo García, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, es por lo que someto a consideración de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución , al tenor de los siguientes

Considerandos

Se considera contaminación del aire a cualquier sustancia introducida en la atmósfera por las personas, que tenga un efecto perjudicial sobre los seres humanos, los seres vivos y el medio ambiente.

En nuestro país, en los últimos años, la Ciudad de México ha sido el foco de atención por los altos niveles de contaminación del aire, las contingencias ambientales y las acciones del gobierno para mejorar la calidad del aire.

No obstante, debemos subrayar que la Ciudad de México no es la única zona urbana en nuestro país con un problema serio de contaminación del aire, sino que también hay que sumarle las problemáticas que se presentan en las ciudades de Monterrey, Toluca, Salamanca y León, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las cuales advierten que se registraron los mayores niveles de contaminación durante el año 2011, superando parámetros registrados en el año 2015 por la Ciudad de México.

Asimismo y de acuerdo con estándares nacionales e internacionales, el Área Metropolitana de Monterrey (AMM), se ha convertido en una de las zonas urbanas del país con mayor contaminación en el aire, en donde 9 de sus 10 estaciones de monitoreo registran más de 100 puntos en el Índice Metropolitano de la Calidad del Aire (Imeca). Este fenómeno se ha presentado desde el año 2011.

Al respecto, debemos puntualizar que actualmente diversos medios de comunicación han señalado nuevamente la presencia de ésta problemática social en dicha Área Metropolitana de Monterrey.

Diversos factores son los que contribuyen al proceso de contaminación, pero entre los que más destacan son el transporte, las fábricas y otras industrias, la quema de biomasa y las centrales eléctricas que usan carbón, según datos del “Estudio de la motorización en México mediante la dinámica de posesión vehicular: determinantes macro y microeconómicos”, elaborado por el Instituto Mexicano del Transporte y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el cual señala que en el 2015 Nuevo León fue la tercera entidad con mayor parque vehicular, solo por detrás del Distrito Federal y Jalisco.

La calidad del aire en el área metropolitana de Monterrey se ve afectada principalmente por las partículas menores a diez micrómetros (PM10) y el ozono (O3), éstos contaminantes constituyen un mayor riesgo a la salud debido a la magnitud de sus concentraciones en el aire y a la alta frecuencia en que estos contaminantes exceden los límites máximos permisibles, además el clima es un factor que influye en la presencia o dispersión de los contaminantes.

Los contaminantes del aire afectan principalmente la salud de las personas que residen en dichas zonas urbanas, así como las condiciones atmosféricas en las referidas zonas, tales afectaciones se podrían evidenciar por una parte en: muerte por inhalación de pequeñas partículas contaminantes del aire, cardiopatías, cáncer de pulmón, asma e infecciones agudas en las vías respiratorias inferiores; y por otra en reducción de la visibilidad, formación de niebla y precipitación, disminución de la radiación solar y alteración de la temperatura y de la distribución de vientos.

En ese sentido, es de suma importancia el que las autoridades competentes realicen un esfuerzo en conjunto para combatir este malestar ambiental, es decir, que tanto las autoridades del gobierno de Nuevo León como el de sus municipios en coordinación con la federación, sumen esfuerzos para hacer frente y buscar soluciones a esta problemática. La contaminación ambiental es un problema que converge a todas las autoridades, de tal manera que se debe solucionar con la participación horizontal de todas las autoridades competentes.

Por lo tanto, es que se considera indispensable que las autoridades de Nuevo León y de sus Municipios coadyuven en la institución y creación de una Comisión Ambiental del Área Metropolitana de Monterrey, que tenga por objeto el diseñar, coordinar, concertar y catalizar programas y acciones que contribuyan a la protección, restauración y preservación del equilibrio ecológico de la región.

Para el cumplimiento de su objeto, la comisión deberá abordar entre otros temas, los siguientes:

– El mejoramiento de la calidad de aire.

– El combate al cambio climático.

– La gestión integral de recursos hídricos.

– La conservación y restauración de la biodiversidad.

Asimismo, es necesario dotarla de atribuciones esenciales, entre otras, como:

– La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental.

– La aplicación de los instrumentos de política ambiental, así como la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.

– La prevención y control de la contaminación atmosférica generada.

– La atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico o el ambiente.

– La participación en emergencias y contingencias ambientales.

– La conducción de políticas públicas sobre información y difusión en materia ambiental.

– La promoción de la participación de la sociedad en materia ambiental.

– La emisión y difusión de recomendaciones.

– La formulación y ejecución de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.

– Creación de acciones, programas y mecanismos que atemperen y combaten la contaminación ambiental.

Por último, y no por eso menos importante, es fundamental que el Estado y los Municipios independientemente de los colores y partidos políticos al que pertenezcan, coadyuven de manera conjunta decidiendo y acordando realizar y ejecutar diversas acciones afirmativas que se traduzcan en actos tangibles de combate a la problemática de la contaminación ambiental, entre otros, como:

– Verificación vehicular.

– Verificentros.

– Restricciones a la circulación vehicular.

– Proyectos de infraestructura y modernización de unidades de transporte público, de carga y pasaje.

– Simplificación de trámites e incentivos respecto a los vehículos.

– Difusión sobre los beneficios que conlleva la sustitución de autos convencionales por autos híbridos o eléctricos.

– Red de monitorio de la calidad del aire.

– Emisión de alertas ambientales.

– Plantación de árboles.

Todas estas acciones tienen como único propósito el privilegiar la salud de la población y del medio ambiente, las cuales sin duda se verían reflejadas en el restablecimiento y mejoramiento de la calidad del aire, siendo un ejemplo de institucionalidad y buenas prácticas de sustentabilidad urbano-regional y crecimiento verde.

Como antecedente, debemos mencionar que en la región de la Ciudad de México, existe una Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) la cual fue creada por los gobiernos del Distrito Federal, estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala así como por la Federación, con el objeto de atemperar y combatir la problemática ambiental de esa región.

Así pues, la mala calidad del aire en el área metropolitana de Monterrey, la cual se ha ido deteriorando significativamente en la última década, es una problemática social que merece atención de las autoridades correspondientes, por tal motivo es que se considera pertinente se instituya formalmente la creación de una Comisión Ambiental del Área Metropolitana de Monterrey, con el objeto de llevar a cabo la planeación y ejecución de acciones, programas y mecanismos en materia de protección al ambiente, de preservación y restauración del equilibrio ecológico en la región neolonés.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Nuevo León y a los municipios del área metropolitana de Monterrey, para que de forma conjunta formalicen la creación de una Comisión Ambiental del Área Metropolitana de Monterrey, con objeto de llevar a cabo la planeación y ejecución de acciones, programas y mecanismos en materia de protección al ambiente, de preservación y restauración del equilibrio ecológico en la región.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de marzo de 2017.

Diputado Édgar Romo García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a las autoridades que ejercen material o formalmente funciones jurisdiccionales en Baja California y en toda la república a orientarse por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo al fallar en las controversias, alejadas por tanto de cualquier criterio electoral, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario el PES

Alejandro González Murillo, diputado coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social a la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 1, fracción I, del artículo 6; numerales 1, fracción II, y 2 del artículo 79, así como por el artículo 113, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución por el que se exhorta, respetuosamente, a las autoridades que ejercen material o formalmente funciones jurisdiccionales en el estado de Baja California y en toda la República, a que se orienten por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo, al fallar en las controversias que se les presenten, alejándose, por tanto, de cualquier criterio electoral, a cargo del diputado Alejandro González Murillo, con base en las siguientes:

Consideraciones

El teniente coronel Julián Leyzaola Pérez es un ciudadano mexicano ejemplar, de convicciones democráticas y disciplinadas por amor a México a toda prueba, que ha dedicado su vida al bienestar y la seguridad de sus compatriotas. Nunca ha rehuido a ir donde se le ha necesitado, aun a sabiendas que su vida corre grave peligro; es un hombre que entiende y practica la mística del buen servidor público.

En su larga y exitosa carrera, ha ocupado los cargos de: Secretario de Seguridad Pública del Municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua; Subsecretario de Seguridad Pública del Estado de Baja California; Secretario de Seguridad Pública del Municipio de Tijuana, Baja California; Director General de Policía y Tránsito Municipal de Tijuana; Director de Planeación de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Director General de la Policía Estatal Preventiva de Baja California; Director General del Instituto Estatal de Policía de Baja California; Director General de Centros de Readaptación Social del Estado de Baja California; Director de la Academia Estatal de Policía de Baja California y Director del Registro Estatal de Policías de Oaxaca, entre otros tantos cargos públicos relacionados con la seguridad pública y la milicia.

Su trabajo duro y comprometido en favor de los bajacalifornianos, y, muy particularmente, de los tijuanenses, le valió para ser nombrado, en el año 2008, Secretario de Seguridad Pública de Tijuana; desde ahí, emprendió una feroz lucha contra los carteles del narcotráfico que tenían secuestrado a dicho Municipio; su eficaz labor permitió que Tijuana pasara, de ser una de las ciudades con mayor criminalidad del país, a ser una de los Municipios más seguros.

El trabajo del teniente coronel redujo la alta criminalidad que padecía Tijuana; para ello, emprendió un ataque frontal, que la sociedad recuerda con gratitud, contra las organizaciones criminales y los policías corruptos. Cuando se hizo cargo, en 2008, de la Secretaria de Seguridad Pública del municipio, la Ciudad padecía una de las oleadas más graves de delincuencia en su historia: entonces, se contabilizaron 69 mil 457 delitos; dos años más tarde, en el 2010, los delitos habían disminuido un 22 por ciento, los robos un 25 por ciento, las lesiones un 21 por ciento, los daños patrimoniales un 21 por ciento y el secuestro un 26 por ciento. (Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Baja California, 2008, 2009 y 2010).

Gracias a los excelentes resultados que tuvo en Tijuana, autoridades y sociedad vieron en su persona el hombre idóneo para hacer frente a la grave y creciente crisis de seguridad pública que padecía Ciudad Juárez, histórico sitio liberal que llegó a ser una de las ciudades más violentas del mundo.

Nuevamente, su trabajo arduo, duro, dedicado y bien planeado, dio excelentes resultados en Ciudad Juárez; a su llegada en el año 2011, el municipio registró un total de 31 mil 78 delitos. Dos años más tarde, en 2013, la incidencia delictiva cayó a 26 mil 125 delitos, es decir, se registró una reducción del 16 por ciento, los robos cayeron un 56 por ciento, el secuestro y el homicidio doloso bajaron un 73 y 69 por ciento respectivamente (Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2017).

Su integridad y dedicación le han acarreado grandes enemistades, no únicamente dentro de los grupos delincuenciales sino, incluso, de los grupos de poder político; prueba de lo anterior, ha sido la persecución que, desde el mismo gobierno municipal de Tijuana, se emprendió en el año 2011 para desprestigiar y denostar a quien había logrado devolver la paz a los tijuanenses.

Fue así que, en agosto de 2011, fue inhabilitado por 8 años para ejercer cargos públicos en el Estado de Baja California, por supuestas violaciones a Derechos Humanos; se le acusó de tortura, abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza pública. Acudió a los tribunales de Baja California para solicitar justicia, misma que le fue otorgada por las autoridades judiciales de aquel Estado, las que dejaron sin efectos la pretendida inhabilitación.

Asimismo, en diversas ocasiones la delincuencia organizada ha puesto precio a su cabeza; el caso más conocido ocurrió el 8 de mayo de 2015 en Ciudad Juárez, Chihuahua; en que estuvo implicado un comandante de la policía del municipio, quien le ofreció 100 mil pesos a los que perpetraron un atroz atentado que hoy lo tiene en una silla de ruedas.

El teniente coronel Leyzaola, hombre de su tiempo, entendió la urgente necesidad de emprender, desde la cosa pública, los cambios sustanciales que los mexicanos demandamos desde hace años, en materia de combate a la corrupción, inseguridad, opacidad, injusticia y descomposición social que padece nuestro país.

Su alto mérito y compromiso ciudadano fue valorado por quienes integramos Encuentro Social, por lo que lo invitamos a participar como candidato a la alcaldía de Tijuana. Su intachable carrera policiaca y la buena y siempre agradecida memoria de los tijuanenses, le permitió obtener muy buenos resultados en la votación, a pesar de la intervención, grosera y ostensible, que hiciera el Gobierno de Baja California en apoyo de su intrascendente candidato, hoy alcalde.

Hoy día, la popularidad y simpatías que genera el teniente coronel Leyzaola siguen en aumento; los bajacalifornianos y tijuanenses reconocen su impecable y efectiva labor en el combate a la delincuencia; añoran su presencia y reconocen que marcó un antes y después en el modo de combatir la delincuencia, de tal suerte que la tendencia marcó, desde entonces, un importante declive, tal y como se muestra en la siguiente gráfica.

Gráfica 1: Incidencia delictiva en Tijuana

Fuente: Elaboración propia con base a Secretaría de Seguridad Pública de Baja California, 2008-2016

La persecución de que está siendo objeto el teniente coronel Leyzaola, a quien no le perdonan su brillo y burdamente pretenden imputar cargos que ya fueron desestimados por las autoridades judiciales del Estado, sólo se entiende como una medida desesperada de los desgobiernos estatal y municipal, para cerrarle el paso a una carrera política mayoritariamente respaldada por la sociedad que se reconoce ávida de un cambio edificante y socialmente deseable.

Se trata de un personaje probo que, con su heroico servicio en favor de la nación, se ganó el respeto y admiración de los mexicanos y reconocimiento internacional. No resulta digno usar triquiñuelas jurídicas para impedirle que siga sirviendo a los mexicanos, bajacalifornianos y tijuanenses desde la arena política. Es tiempo que los principios del derecho electoral animen la función jurisdiccional para liberarla, precisamente, de toda consigna electorera.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, como de urgente u obvia resolución, la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a las autoridades que ejercen material o formalmente funciones jurisdiccionales en el estado de Baja California y en toda la República, a que se orienten por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo, al fallar en las controversias que se les presenten, alejándose, por tanto, de cualquier criterio electoral.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de marzo de 2017.

Diputado Alejandro González Murillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a informar a la opinión pública sobre el ejercicio de los recursos aprobados en el PEF de 2015, anexo 30, para el proceso de formalización laboral de los trabajadores de la salud en Sinaloa, a cargo del diputado Jesús Antonio López Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Jesús Antonio López Rodríguez , diputado federal e Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 22 de julio de 2013, el Presidente de la República, anunció el arranque del Programa para la Formalización del Empleo 2013 , mediante el cual las 32 entidades federativas, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social se coordinan para desarrollar acciones para reducirla la informalidad. El Programa tiene como objetivo: reducir el número de trabajadores en la informalidad, a través de promover la formalización de trabajadores asalariados no registrados a la seguridad social, principalmente en empresas formales medianas y grandes.

Con base en dicho Programa la Secretaria de Salud instala el 15 de noviembre del 2013, la Comisión Nacional de Formalización Laboral de los Trabajadores de Salud en las Entidades Federativas , en donde se establecen los acuerdos para lograr el beneficio que se otorgará a los trabajadores bajo distintos esquemas de contratación que laboran en los servicios de salud en las entidades federativas.

Posteriormente dicha Comisión emite el 13 de marzo de 2014, los “Lineamientos que se deberán observar en el Proceso de Formalización Laboral de los Trabajadores de Salud en las Entidades Federativas” , bajo los cuales se establecen los criterios para definir al personal beneficiario por este proceso, y que ingreso a laborar antes del 30 de agosto de 2013 bajo los diferentes esquemas de contratación.

De acuerdo a estos Lineamientos el proceso de formalización laboral se lleva a cabo con base en la disponibilidad presupuestaria que autorice la Cámara de Diputados, en los correspondientes Presupuestos de Egresos de la Federación, priorizando en todos los casos el criterio de antigüedad en el servicio público, bajo un estricto sentido de justicia laboral.

Cabe señalar que si bien en dichos Lineamientos no se hace mención a un plazo de tiempo para llevar a cabo la formalización, si se establecieron tres etapas para la formalización del personal incluido en los listados que se definen con base en el diagnostico específico en materia de recursos humanos, realizado por la Secretaría de Salud Federal.

Particularmente en lo que se refiere al estado de Sinaloa , en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015 , en su Anexo 30 “Distribución del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad de los Servicios de Salud”, le fueron asignados recursos por un monto de 101 millones 746 mil 161 pesos los cuales debieron ser destinados al pago de remuneraciones de los trabajadores, en los términos siguientes:

Para los trabajadores formalizados en el ejercicio 2014, se asignaron 39.7 millones de pesos. Para los trabajadores regularizados (2007-2009) 32.1 millones de pesos, para el pago del incremento salarial 2015. Para los trabajadores que se beneficiaron en la fase II, del Proceso de Formalización Laboral, el presupuesto asignado para el pago de calendario julio-diciembre 2015 ascendió a 29.9 millones de pesos.

Sin embargo, mediante oficio número CNFLTSEF/001/2014 fechado el 26 de marzo del 2014, la Comisión Nacional para la Formalización Laboral de los Trabajadores de Salud en las Entidades Federativas, le comunica al Secretario de Salud del estado de Sinaloa la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que cada entidad federativa destine el 30.75 por ciento, de lo aprobado en el Anexo 29 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2014, para iniciar el proceso de formalización laboral de los trabajadores de contrato, teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico elaborado por la Secretaría de Salud Federal.

Es decir, que el estado de Sinaloa dispuso de un monto del orden de 38 millones 856 mil 724 pesos para destinarlos a la instrumentación del proceso de formalización laboral durante el Ejercicio Fiscal de 2014 . Lo anterior pone de manifiesto que el estado de Sinaloa recibió recursos para el proceso de formalización de 2014, durante dos ejercicios fiscales, 2014 y 2015.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016 se asignan para el estado de Sinaloa 73 millones 553 mil 616 pesos , en el Anexo 30 Distribución del Programa de Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud.

En dicho anexo se prevé que “Los recursos considerados en este Anexo serán destinados al Proceso de Formalización Laboral de los Trabajadores de la Salud en las entidades federativas establecido por la Secretaría de Salud, así como las previsiones que permitan mantener la homologación salarial de ejercicios anteriores, y serán transferidos a las entidades federativas a través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud del Ramo 33”.

Esta disposición deja ver que de nueva cuenta se destinan recursos para la homologación salarial de la formalización laboral de años anteriores. Lo anterior sugiere la importancia de que exista transparencia en el ejercicio de estos recursos, y de que haya una verdadera previsión para la asignación de recursos adicionales al gasto de servicios personales, con el objeto de que se cubran los gastos del proceso de formalización de años anteriores.

Cabe destacar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 se asignan para el estado de Sinaloa 71 millones 292 mil 914 pesos , de un total de 3 mil 300 millones de pesos que se aprobaron en el Anexo 30 Distribución del Programa de Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud.

En este anexo también se prevé que los recursos serán destinados al Proceso de Formalización Laboral de los Trabajadores de la Salud en las entidades federativas establecido por la Secretaría de Salud, así como a las previsiones que permitan mantener la homologación salarial de ejercicios anteriores, y serán transferidos a las entidades federativas a través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud del Ramo 33.

Es importante destacar que los lineamientos que se deberán observar en el proceso de formalización laboral de los trabajadores de salud en las entidades federativas, establecen que la administración de los recursos financieros asignados por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente, será responsabilidad de las entidades federativas, pero también especifican que éstas están obligadas a informar mensualmente respecto del ejercicio de los recursos a la Secretaría de Salud Federal .

En este contexto, es un hecho que de la transparencia en el ejercicio de estos recursos, y de que se concluya con el proceso de formalización laboral de los trabajadores de salud, depende que la población reciba servicios de salud de calidad y dignos.

Por lo anteriormente expuesto, presento a su consideración la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que informe a la opinión pública el ejercicio de los recursos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2015 Anexo 30, por un monto de 101 millones 746 mil 161 pesos destinados para el Proceso de Formalización Laboral de los Trabajadores de la Salud en el estado de Sinaloa, y que no fueron utilizados para dicho proceso.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Salud, para que lleve a cabo las acciones necesarias a fin de que los recursos aprobados para el Ejercicio Fiscal de 2017, por un monto de 3 mil 300 millones de pesos, destinados para el Proceso de Formalización Laboral de los Trabajadores de la Salud en las entidades federativas, y de los cuales 71 millones 292 mil 914 pesos están asignados al estado de Sinaloa, sean ejercidos efectivamente para dicho proceso previsto en el Anexo 30 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 30 días del mes de marzo de 2017.

Diputado Jesús Antonio López Rodríguez (rúbrica)


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Judicial de la Federación a garantizar en sus resoluciones el interés superior de los menores respecto a prácticas de castigo corporal como medida disciplinaria, de corrección de la conducta o de formación educativa, a cargo de la diputada Sofía del Sagrario de León Maza, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Sofía del Sagrario de León Maza, integrante de la LXIII Legislatura y las diputadas y diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, por el estado de Veracruz, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, 79, numeral 2, fracción III, y 113, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición de punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

1. El artículo 4 constitucional, dispone que “...en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos . Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.

2. Por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niño,1 en su artículo 3 señala que “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño ”.

3. En tanto que, en su artículo 19 la Convención establece que “los Estados parte adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual , mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.

4. Al respecto, el Comité de los Derechos del Niño2 en su Observación general número 13,3 en torno al Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia, puntualiza: “...toda forma de violencia contra los niños es inaceptable, por leve que sea. La expresión “toda forma de perjuicio o abuso físico o mental” no deja espacio para ningún grado de violencia legalizada contra los niños . La frecuencia, la gravedad del daño y la intención de causar daño no son requisitos previos de las definiciones de violencia. Los Estados parte pueden referirse a estos factores en sus estrategias de intervención para dar respuestas proporcionales que tengan en cuenta el interés superior del niño, pero las definiciones no deben en modo alguno menoscabar el derecho absoluto del niño a la dignidad humana y la integridad física y psicológica, calificando algunos tipos de violencia de legal y/o socialmente aceptables.4

5. Todo lo anterior adquiere importancia si se considera que, apenas el pasado 22 de septiembre, por mayoría de votos, los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en materia civil del Séptimo Circuito, con sede en Poza Rica, Veracruz, luego de invocar el interés superior del menor, resolvieron respecto a una demanda de amparo que:

“...el hecho de que la progenitora le pegara (a su hija adolescente) debido a su mal comportamiento e incorrecto desempeño escolar, no implica que ello tuviera como objeto causarle un cierto grado de dolor o malestar que pudiera afectar su desarrollo físico y psicológico, sino que se trata de una medida disciplinaria tendiente a una formación y educación adecuada... .”.5

6. El Comité en la propia Observación general 136 “hace hincapié en que la interpretación del interés superior del niño debe ser compatible con todas las disposiciones de la Convención, incluida la obligación de proteger a los niños contra toda forma de violencia. Este principio no puede aducirse para justificar prácticas tales como castigos corporales y otras formas de castigos crueles o degradantes, que están reñidas con la dignidad humana y el derecho a la integridad física del niño Lo que a juicio de un adulto es el interés superior del niño no puede primar sobre la obligación de respetar todos los derechos del niño enunciados en la Convención ...”.

7. En suma, como lo afirma en su Informe el experto independiente para el estudio de la violencia contra los niños, de las Naciones Unidas, Paulo Sérgio Pinheiro, “la disciplina ejercida mediante castigos físicos y humillantes, intimidación y acoso sexual con frecuencia se percibe como algo normal, especialmente cuando no produce daños físicos ‘visibles’ o duraderos. La falta de una prohibición legal explícita del castigo corporal es muestra de ello...”

Es de vital importancia alentar a los padres a que utilicen exclusivamente métodos no violentos de disciplina.7

8. Todo ello resulta muy preocupante, si se considera que:

a. Según datos del Inegi, en 2010, 24.1 por ciento de la población nacional justificaba pegarle a niñas, niños y adolescentes como método disciplinario;8 y que 15 años después, el 63 por ciento de los menores, con edades entre 1 y 14 años,9 fueron víctimas del castigo corporal como medida disciplinaria.

b. De acuerdo con datos de la Consulta Infantil y Juvenil 2015, organizada por el Instituto Nacional Electoral, en la categoría de 6 a 9 años (1 millón 140 mil 516 participantes), 11.9 por ciento de los consultados dijo ser golpeado(a) por su familia y 10.9 por ciento haber sufrido ofensas por parte de maestros(as).10

Por lo anterior se pone a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, con carácter de obvia y urgente resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al Poder Judicial de la Federación, a fin de que garantice, en el dictado de sus resoluciones, el interés superior de los menores; tratándose de prácticas de castigo corporal como medida disciplinaria, de corrección de la conducta o de formación educativa.

Notas

1 Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, del 20 de noviembre de 1989, entró en vigor el 2 de septiembre de 1990. México la ratificó el 21 de septiembre de ese mismo año. A partir de ese momento, quedó obligado a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de cualquier otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en ella a favor de todos los niños, niñas y adolescentes en el país. Disponible en: undocs.org/A/RES/44/25

2 Órgano técnico de expertos integrado por los Estados parte, de acuerdo con el artículo 43 de la Convención

3 Naciones Unidas, Comité de los Derechos del Niño. “Observación general número 13. Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia”, CRC/C/GC/13 (18 de Abril de 2011), disponible en: http://srsg.violenceagainstchildren.org/sites/default/files/documents/d ocs/crc-c-gc-13_SP.pdf

4 Análisis jurídico del Artículo 19 de la Convención, Capítulo IV, punto A 1, op.cit.

5 Párrafo 101 del Amparo en revisión 156/2016, página 31.

6 Capítulo V. Interpretación del artículo 19 en el contexto más amplio de la Convención. Párrafo 61. Artículo 3 de la Convención: (interés superior del niño). Observación general número 13, op cit.

7 Naciones Unidas, Asamblea General, A/61/299, 29 de agosto de 2006, párrafos 26 y 42.

8 Familia, comunidad y Estado deben prevenir la violencia contra niños y adolescentes: CNDH, 4 junio, 2016. http://www.proceso.com.mx/442936/rechaza-la-cndh-violencia-contra-ninos -adolescentes

9 Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres (ENIM) del Instituto Nacional de Salud Pública. Julio de 2016.

10 INE, Consulta Infantil y Juvenil, 2015. http://www.ine.mx/portal/Elecciones/Proceso_Electoral_Federal_2014-2015 /ConsultaInfantilyJuvenil2015/pdf/Resultados_Nacionales_6_a_9.pdf

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de marzo de 2017.

Diputada Sofía del Sagrario de León Maza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a tomar por la Segob y en coordinación con las autoridades locales medidas contra la saturación y el hacinamiento en los penales de Nuevo León, con la procura de los derechos humanos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, Jorge Ramos Hernández, Ximena Tamariz García, Carlos Alberto de la Fuente Flores, Pedro Garza Treviño, Jose Adrián González Navarro, Baltazar Martínez Montemayor, Alfredo Javier Rodríguez Dávila, Juan Carlos Ruíz García, Brenda Velázquez Valdez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I y artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I y III del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo con base a las siguientes

Consideraciones

I. De acuerdo con el informe de 2015 sobre las condiciones de detención de las personas encarceladas, realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el sistema penitenciario actual representa un gran costo social, que no reinserta al recluso en la sociedad, no lo capacita para el trabajo, no educa y, no lo dignifica como persona. Ante esto, lo más grave es que el sistema, no propicia la reparación de los daños causados a las víctimas, ni a la sociedad.

Por años se ha abusado de la prisión preventiva, y esta circunstancia ha generado una sobrepoblación en los penales del país. Para las personas detenidas esto se convierte en una larga pesadilla y en jugosas ganancias para quienes se aprovechan de la situación. Replantear que las penas se encaminen a resarcir los daños a las víctimas; el canje de las penas por trabajo a la comunidad, y la vigilancia en la reparación de daños debería ser la orientación del sistema penitenciario, sin embargo, esto no es así.

II. El jueves 11 de febrero de 2016, hubo un motín en el penal denominado Topo Chico en el estado de Nuevo León, donde murieron 49 personas del reclusorio y 12 personas resultaron lesionadas.

Por los medios de comunicación nos enteramos que al interior de dicho penal fueron encontradas celdas de lujo, equipadas con: salas, pantallas, frigobares, televisión digital y hasta acuarios, baños sauna, y un bar, operados por los criminales.

Por otra parte, los familiares de los reos denunciaron que los presos tenían que pagar altos precios por tener agua y alimentos dentro del penal, ante la escasez y mala calidad de la comida que les daban en el centro penitenciario.

Después de lo sucedido, diversos especialistas expresaron que esta era una desgracia anunciada desde hace varios años y que no debía sorprendernos. Mencionaron que esto resultaba más que previsible luego de que la situación de este penal fue denunciada durante años por la CNDH.

Las autoridades estatales no dieron mayor información ni sobre quiénes fueron los responsables de la masacre ocurrida en el penal. En síntesis no supimos si hubo o en que concluyó la investigación.

III. El 29 de septiembre de 2016 hubo una nueva riña en un reclusorio, ahora en el Penal de Cadereyta Jiménez, del mismo estado que dejó tres lesionados.

El problema de los reclusorios es tan grave y difícil de controlar en el estado de Nuevo León que el 13 octubre pasado, de nueva cuenta se presenta un motín en el mismo penal, el de Topo Chico, que ahora dejó: 1 muerto y 15 lesionados graves. Ello ocurrió el mismo día que el gobernador Jaime Rodríguez Calderón presentaba su primer Informe de Gobierno.

IV. El pasado miércoles 15 de marzo nos enteramos a gracias a las redes sociales y medios de comunicación, el control que tienen algunos reos sobre otros en el penal de Topo Chico. Se difundió un video que muestra a un grupo de reos obligando con palabras altisonantes, a otros, a realizar labores de limpieza en ropa interior o semidesnudos. De igual forma el domingo 19 de marzo, se dio a conocer en medios periodísticos, el hacinamiento de menores en el penal en comento. Según la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en dicho penal, existen 39 menores de 3 años que están con sus mamás, que requieren atención especial que claramente no se brinda.

V. Ante estos sucesos la sociedad se pregunta ¿Qué ha hecho el gobierno neolonés en todo este tiempo para controlar la situación? La respuesta es: nada.

¿Por qué no se toma en serio la función de gobernar? La situación de Nuevo León en materia de reclusorios es cada vez más complicada, basta con analizar los siguientes datos:

• De acuerdo con el diagnóstico 2014 sobre centros penitenciarios estatales de la CNDH, durante 2012 se registró el pico de la violencia al interior del sistema penitenciario de Nuevo León, con 101 incidentes; año que coincide con el repunte de la violencia en el estado con la ciudad de Monterrey como su epicentro. Si bien es cierto que durante 2013 y 2014 las incidencias en los penales se fueron reduciendo año con año, en 2015 aún llegaban a 29 1 .

• Con base en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015, el sistema penitenciario de Nuevo León es de los estados peor calificados en materia de seguridad y dignidad para los reos, gobernabilidad y capacidad de reinserción social, obteniendo una calificación de 5.66, lo cual lo coloca en el lugar número 22 a nivel nacional. Al interior del estado los centros de Apodaca, Cadereyta y Topo Chico obtuvieron calificaciones:

Cuadro 1.- Calificación de los tres principales Centros Penitenciario de Nuevo León.

Fuente.
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/sistemas/DNSP/DNSP_2015.pdf

• El Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2015 difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) desnuda las carencias del estado de Nuevo León en este rubro, al exhibir el sobrecupo de sus centros penitenciarios y la falta de custodios.

• El gobierno de Nuevo León señaló que tiene una capacidad instalada para una población de 6 mil 552 internos , 4 mil 375 para población de sentenciados y 2 mil 177 para población en proceso.2

Sin embargo, de acuerdo con el estudio realizado por el Inegi, se contabilizaron 9 mil 787 reos del fuero común, 3 mil 39 reos del fuero federal, es decir 12 mil 826 internos al cierre del año 2015, lo que representa que la cantidad de internos duplica los espacios disponibles en los penales.

V. El estado de Nuevo León cuenta con 15 centros penitenciarios, 11 de ellos son municipales y albergan a una población de 7 mil 900 reos 3 .

Con una población de 4 mil 176 reos, Topo Chico es la cárcel más poblada del estado, la cual cuenta con una sobrepoblación de 14.8 por ciento ya que su capacidad es de 3 mil 635 .

Aunque menos poblados, los penales de Apodaca y Cadereyta tienen mayor sobrepoblación, de 28.6 por ciento y 1.1 por ciento respectivamente.

Del diagnóstico derivado de las visitas realizadas a los centros del estado de Nuevo León en el que se contemplan tres escalas de calificación, la primera de 0 a 5.9, la segunda de 6.0 a 8.3 y la tercera de 8.1 a 10.0, los centros de Apodaca, Cadereyta y Topo Chico resultaron con la escala más baja en los aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno, una estancia digna y condiciones de gobernabilidad; y sólo en los aspectos de reinserción social del interno y los grupos de internos con características específicas resultaron con la escala media de 6.0 a 8.3 en los mismos centros4 .

Pese al tamaño de la población, la cantidad de custodios que vigilan los penales es mínima. El Censo referido puntualiza que existen apenas 850 celadores, entre hombres y mujeres, agrupados en tres niveles jerárquicos.

Los de primer nivel, sin especificar en qué consiste su labor, son apenas 19 empleados, en tanto que los de nivel intermedio suman 65 elementos. El grupo más numeroso lo conforman los celadores “operativos” con 766 integrantes. Estos serían los directamente encargados de la vigilancia de los internos.

Si se toma en cuenta la cifra total, representaría que cada custodio tiene bajo su cuidado a 15 reos, pero sólo si estos estuvieran de guardia las 24 horas. Dada la rotación, la proporción de intercustodio es abrumadora.

Mientras estas cifras muestran la realidad carcelaria, proyectos como el penal de Mina, que inició durante la pasada administración, permanecen en el olvido por falta de recursos, aunque la autoridad estatal reveló desde principios del año en curso que se harán las gestiones correspondientes para reactivar la obra5 .

VI. Pero ¿Qué delitos cometieron los reos que hay en Nuevo León? Según el Inegi, 40 por ciento de los presos en Nuevo León cometieron crímenes relacionados con el narcotráfico, como son delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, homicidio, narcomenudeo, delitos contra la salud y secuestro.

Según los datos más actualizados sobre incidencias penales, de 2010 al 2015 en el estado se registraron 357 incidencias en Nuevo León. Entre homicidios, “decesos” y “suicidios” se contabilizaron 292 incidentes. En tanto en el periodo enero-octubre se han presentado 32 riñas, seis fugas y tres motines.

Sobre las condiciones al interior del penal de Topo Chico, según información del Inegi, sólo 22.3 por ciento de los reos no cuentan con sentencia en Nuevo León, muy por debajo de lo que sucede a nivel país (41 por ciento). 6.5 por ciento de internos son mujeres6 .

A finales del mes de octubre del año pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación identificada como 55/2016, en la cual incita al gobierno del estado de Nuevo León a lo siguiente:

“Primera. Se tomen las medidas conducentes a efecto de implementar un programa integral con estrategias y acciones que permitan, funcional, material y presupuestalmente consolidar en la entidad un sistema penitenciario respetuoso de los derechos humanos, que fortalezca las condiciones de operatividad, eliminando los factores de riesgo, entre otros sobrepoblación, hacinamiento y auto gobierno, que generan ambientes de violencia, tomando como base las observaciones contenidas en los Diagnósticos Nacionales de Supervisión Penitenciaria y en la Recomendación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, remitiendo las constancias que acrediten su cumplimiento.

Segunda. Se instruya a quien corresponda, a efecto de que en términos de la Ley de Víctimas del Estado de Nuevo León, se brinde la atención tanatológica y 51/53 psicológica a los familiares de los internos fallecidos en los hechos del 11 de febrero y 1 de junio de 2016, en Topo Chico, en virtud de las consideraciones planteadas en la presente recomendación, enviando a esta comisión nacional las constancias con las que se acredite su cumplimiento.

Tercera . Se tomen las acciones necesarias para que en respuesta a una política pública integral, a partir de la evaluación de las necesidades de infraestructura, mantenimiento y equipamiento y en tanto no se cuente con un nuevo centro de reclusión, se asignen los recursos presupuestales, materiales y humanos para garantizar a los internos de Topo Chico una estancia digna y segura, con la disponibilidad de espacios suficientes, evitando la sobrepoblación y el hacinamiento, en cumplimiento a las disposiciones establecidas en el artículo 18 constitucional, relativas a los 5 ejes previstos para lograr la reinserción social efectiva, y se remitan a este organismo nacional las constancias con las que se dé cumplimiento.

Cuarta. Se lleven a cabo las acciones necesarias para que las autoridades penitenciarias recobren el total control y la gobernabilidad en Topo Chico, se realice la clasificación penitenciaria con base en los criterios establecidos tanto en la normatividad nacional como instrumentos internacionales, y se envíen a este organismo nacional las constancias que den cuenta de su cumplimiento

Quinta. Se atienda bajo una perspectiva de género a las mujeres privadas de la libertad y a sus hijas e hijos en forma adecuada, privilegiando el interés superior de la niñez, a través de la prioridad en la construcción, ampliación y/o remodelación de un centro de reclusión exclusivo para mujeres, en el que se garantice la satisfacción de sus necesidades específicas, con espacios suficientes, en condiciones de estancia digna y segura, el acceso a los derechos para el logro de la reinserción social, y se envíen a este organismo nacional las constancias que den cuenta de su cumplimiento.

Sexta. Se dote a la brevedad a Topo Chico del equipo y tecnología que permita la detección de sustancias y objetos prohibidos y se asigne personal de seguridad 52/53 y custodia en número suficiente y capacitado en materia de derechos humanos y control de disturbios, riñas, motines y otros hechos violentos al interior del centro, y se envíen a este organismo nacional las constancias que prueben el cumplimiento al respecto.

Séptima . Se instruya a quien corresponda para que en un término no mayor de 6 meses, contados a partir de la emisión de la presente recomendación, en el marco de sus facultades y atribuciones, se determine la responsabilidad administrativa de AR2 y AR3, así como de quien o quienes resulten responsables, en los expedientes administrativos de investigación 1 y 2 iniciados con motivo de los hechos, remitiendo a este organismo nacional las evidencias que le sean solicitadas, así como las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Octava. Se colabore ampliamente con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el inicio de la queja que este organismo público promueva ante el órgano interno de control correspondiente, para que en el marco de sus facultades y atribuciones, investigue la actuación de AR4, así como de quien o quienes resulten responsables con motivo del segundo evento, remitiendo las constancias con que se acredite su cumplimiento.

Novena. Se colabore ampliamente con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el inicio de la queja que este organismo público promueva ante la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León, para que en el marco de sus facultades y atribuciones, investigue y se determine la responsabilidad administrativa de AR1, remitiendo a este organismo nacional las evidencias que le sean solicitadas, así como las constancias con que se acredite su cumplimiento.

La declaración de la CNDH confirma la urgencia de que el gobierno federal y estatal atiendan los problemas que enfrentan los centros penitenciarios de Nuevo León.

Por los motivos expuestos, me permito someter a esta soberanía, como de urgente y obvia resolución, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular del Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Gobernación y en coordinación con las autoridades de Nuevo León, lleven a cabo las acciones tendientes a evitar el hacinamiento y a dignificar la vida de las personas que se encuentran recluidas en las cárceles de dicho estado y en estricto apego a los derechos humanos tomen las medidas necesarias para imponer el orden al interior de los reclusorios.

Notas

1 http://www.milenio.com/policia/sistema_penitenciario_en_Nuevo_Leon-Milenio-Noticias
-fugas_y_muertes_0_781122140.html

2 http://www.milenio.com/policia/sistema_penitenciario_en_Nuevo_Leon-Milenio-Noticias
-fugas_y_muertes_0_781122140.html

3 Ibídem

4 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/sistemas/DNSP/DNSP_2015.pdf

5 http://www.milenio.com/monterrey/Exhiben-carencias-carceles-Nuevo-Leon_ 0_682131808.html

6 Ibídem

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de marzo de 2017.

Diputados: Jorge Ramos Hernández, Ximena Tamariz García, Carlos Alberto de la Fuente Flores, Pedro Garza Treviño, José Adrián González Navarro, Baltazar Martínez Montemayor, Alfredo Javier Rodríguez Dávila, Juan Carlos Ruíz García, Brenda Velázquez Valdez (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Colima a declarar la alerta de violencia de género y emprender las correspondientes acciones preventivas e informativas para evitar más feminicidios y desaparición de mujeres en la entidad, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe la presente, diputada María Luisa Beltrán Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable Cámara la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Consideraciones

Durante su historia, el estado de Colima siempre se caracterizó por ser un punto de referencia de paz, concordia y armonía, considerado como un lugar ideal para vivir.

Pero en el año 2008 los colimenses nos despertamos con hechos de violencia, atribuibles al crimen organizado, de los que dieron fe los medios de comunicación, locales y nacionales. Desde entonces, este clima llegó para quedarse, recrudeciéndose conforme pasan los días, sin que tres administraciones estatales constitucionales, más una interina, hayan hecho lo suficiente para contrarrestar esta realidad que nos tiene inmersos en el temor y la incertidumbre.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que mes con mes actualiza su información con base en los delitos de mayor impacto, como homicidios, robos en todas sus modalidades, violaciones y secuestros, entre otros, desde febrero del año 2015 el estado de Colima viene ocupando el primer Lugar en violencia, primordialmente a partir del primer delito precitado, el homicidio, que se refleja en las ejecuciones diarias. Y este año 2017 ha empeorado.1

Esta medición del Sistema Nacional de Seguridad Pública está sustentada en el número de asesinatos por cada cien mil habitantes. Siendo Colima una de las entidades federativas con menor número de habitantes en nuestro país -esto es, apenas arriba de los 700 mil habitantes, de conformidad con la estimación desde el último censo del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi)-, resulta verdaderamente preocupante el grado de inseguridad en un territorio de apenas 5,627 kilómetros cuadrados.

Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el 2016 en el estado de Colima hubo una tasa de 5.8 homicidios dolosos por cada cien mil habitantes, superando a entidades como Guerrero y Sinaloa, que durante años habían sido registradas con los más altos niveles de ejecuciones por cada cien mil habitantes. Cabe advertir, además, que el promedio nacional de asesinatos, en ese año, por cada cien mil habitantes, fue de 1.2.

Hoy es más preocupante esta situación. De acuerdo con información oficial, publicada el domingo 26 de marzo por el rotativo Reforma , se advierte que Colima entró a una inédita espiral de violencia, y que “...durante enero y febrero se cometieron en la entidad 71 homicidios dolosos, cifra 317 por ciento mayor a la registrada en el mismo periodo de 2015, cuando se contabilizaron 17...”.

Es, según consigna el medio de circulación nacional, “...el primer bimestre más violento de que se tenga registro y supera el total de casos anuales registrados entre 1999 y 2009.

Los 71 casos ponen a Colima en primer lugar nacional en tasa de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes, al ser la entidad con la población más baja de todo el país (alrededor de 711 mil habitantes)...”.Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que Colima tuvo una tasa de 9.65 en el primer bimestre, cuando la media nacional fue de 2.39.2

Al respecto, la activista María Elena Morera atribuye esta delicada situación a que las autoridades se han desentendido de enfrentar esta problemática.

La situación es todavía más deprimente si consideramos que dentro de esta vorágine de violencia existe una realidad que a todos avasalla: la desaparición de mujeres, que se ha visto recrudecida con una ola de feminicidios. Tan sólo en el 2016, según datos oficiales, contenidos en el Banco Colimense de Datos e Información sobre Violencia contra las Mujeres, este cáncer avanzó considerablemente, registrándose un asesinato por semana.

En marzo del año 2016, reconociendo esta realidad, el gobernador del estado, Ignacio Peralta Sánchez, en el marco del Día Internacional de la Mujer, anunció que consideraría la posibilidad de la Alerta de Violencia de Género en aquellos municipios donde se estaba agudizando el problema, como Tecomán, Colima, Villa de Álvarez y Manzanillo.

A un año del anuncio del gobernador, no existe voluntad al respecto, ni del Poder Ejecutivo ni del Legislativo, mientras la violencia continúa creciendo. En lo que va del 2017 no hay semana que los colimenses no registremos de uno a dos casos de feminicidios o desaparición de jovencitas; sobre el tema, a mediados del mes de marzo, a pregunta de los representantes de medios informativos, el mandatario local negó que esté operando en la entidad alguna organización tratante de blancas.

En la tercera semana de marzo, la Comisión de Equidad y Género del Congreso del estado de Colima presentó una propuesta de exhorto a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), a fin de que emitiera la Alerta de Violencia de Género en la entidad, propuesta legislativa que fue rechazada por la mayoría de legisladores locales.

La definición de Alerta de Violencia de Género proviene del año 2007, cuando fue promulgada la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia , considerando el concepto de feminicidio como el acto más extremo de violencia a la mujer. La Alerta de Violencia de Género es el instrumento legal implementado en el año precitado, y consiste en que las autoridades deben emprender una serie de acciones, preventivas e informativas, para evitar más feminicidios en las entidades donde éstos ya están sucediendo de manera cotidiana.

El problema es que, desde ese año en que se consignó en la ley la Alerta de Violencia de Género , al año 2012, en nuestro país el feminicidio creció 155%; mientras que, para el 2015 dos de cada tres mujeres eran víctimas de algún tipo de violencia física, psicológica o laboral, de modo que la Organización Nacional de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que esto ya era una pandemia mundial, y ubicó a nuestro país en el nada honroso lugar 20 con relación a este problema, urgiendo a las autoridades a trabajar para revertirlo.3

La Alerta de Violencia de Género puede ser declarada tanto por la autoridad federal, a través de la Secretaría de Gobernación, como por las autoridades estatales. A la fecha, pese a esta pandemia de la violencia contra la mujer, como le llamó la ONU, en nuestro país únicamente Morelos y el Estado de México tienen declarada esta alerta, mientras que la Secretaría de Gobernación tiene registrada la solicitud de la misma, por parte de organismos de derechos humanos, para nueve entidades federativas, entre ellas Colima, cuya solicitud fue en el 2013, sin que hasta la fecha exista alguna respuesta formal.4

Ante esta realidad creciente, que se agrava con la expresa falta de voluntad de las autoridades colimenses, es que someto a consideración de esta soberanía la siguiente:

Proposición con Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los titulares de los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado de Colima a que declaren la Alerta de Violencia de Género en esta entidad federativa, con el objetivo de que las diversas instancias de carácter público emprendan las acciones correspondientes, preventivas e informativas, para evitar más feminicidios y desaparición de mujeres.

Referencias:

1. http://www.estadomayor.mx/

2http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/defau lt.aspx?id

3. www.cinu.mx › Noticias de la ONU › Latinoamérica y Caribe › Mundo › México

4. http://www.diarioavanzada.com.mx/index.php/locales-movil/3876-ong-y-dip utada-local-solicitan-al-gobierno-federal-emitir-la-alerta-de-genero-pa ra-colima

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de marzo de 2017.

Diputada María Luisa Beltrán Reyes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a fortalecer las acciones para proteger la flora y la fauna en las zonas fronterizas del país, suscrita por la diputada Alma Lucía Arzaluz Alonso e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, Alma Lucía Arzaluz Alonso, y diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

México tiene una riqueza natural y cultural extraordinaria que se explica, en gran parte por su posición latitudinal, su compleja historia geológica, su accidentada topografía y su gran litoral frente a dos océanos y un mar propio. Esto ha permitido que en nuestro país se desarrollen prácticamente todos los ecosistemas terrestres, la mayor parte de los marinos presentes en el mundo, además de numerosas y singulares culturas.

Los ecosistemas nos proporcionan servicios que son esenciales para nuestra sobrevivencia y bienestar, por ejemplo, nos brindan alimentos, madera, fibras y principios activos para elaborar medicinas. Éstos captan el agua de lluvia que se infiltra en el suelo abasteciendo cuerpos de agua naturales (manantiales, ríos, lagos y humedales) y artificiales; son responsables de renovar el suelo y mantener su fertilidad; capturan el bióxido de carbono de la atmósfera disminuyendo el potencial del calentamiento global; albergan a los polinizadores imprescindibles para la fertilización de las plantas.

La región fronteriza entre México y Estados Unidos alberga grandes ecosistemas altamente diversos, los cuales, en comparación con otras áreas del continente, aún se encuentran en buen estado de conservación ya que no han sido perturbados por el ser humano.

Dentro de las especies que se encuentran en la frontera se encuentra el jaguar y el lobo mexicano (especie que en 1970 fue declarada oficialmente extinta a causa de la campaña de exterminio impulsada por organizaciones ganaderas del norte de México y sur de Estados Unidos). Sin embargo, 30 años después, en 2014, en Sonora nació la primera camada de cinco lobeznos mexicanos en vida silvestre.

Asimismo, se encuentra el bisonte americano, considerado como la especie terrestre más grande en América del Norte y Europa. Y en caso de que se construyera un muro, como pretende el actual gobierno de Estados Unidos, es importante precisar que las rutas migratorias de este gran mamífero se verían severamente afectadas, lo cual puede traducirse en su extinción parcial.

En la región fronteriza también habitan poblaciones de especies de fauna silvestre de talla grande severamente amenazadas, como el oso negro y el puma. Además de pequeños animales como puercoespines, castores, zorros del desierto, tortugas ornadas y serpientes de cascabel.

Aunado a lo anterior, es de precisar que dentro de la región fronteriza encontramos la Reserva de la Biosfera el Pinacate y Gran Desierto del Altar, que forma parte de la red de Reservas del Programa “El Hombre y la Biosfera (MAB)” de la UNESCO, desde el 25 de octubre de 1995.Igualmente, ostenta el nombramiento de los humedales de Agua Dulce como Sitio Ramsar, desde el 25 de septiembre de 2007; al mismo tiempo forma parte de la red de Reservas Hermanas del Desierto Sonorense que protegen una amplia y bien conservada franja fronteriza entre Arizona (Estados Unidos) y Sonora (México).

En esta reserva se pueden encontrar más de 540 especies de plantas vasculares, 40 especies de mamíferos, 200 de aves, 40 de reptiles, además de encontrar también anfibios y peces de agua dulce. Existen especies endémicas, amenazadas y en peligro de extinción.

Lo anterior es preocupante en virtud del fuerte impacto ambiental que se generaría, para ello podemos aludir a lo sucedido en otros países al adoptar medidas como estas.

Australia

En los años 50, pusieron un enrejado de 4,800 kilómetros de longitud en el sureste de Australia. Lo que se conoce como el Cerco del Dingo, el cual quería prevenir que los perros salvajes atacaran a las ovejas y, aunque logró su objetivo, también protegió a los canguros, que se multiplicaron. Ello resultó ser aún más problemático ya que estos compiten con las ovejas en el pastoreo.

China

Algunas secciones de la Gran Muralla China son completamente impenetrables. En una de estas zonas llamada Juyong-Guan, cerca de la capital, Pekín, los científicos estudiaron las plantas a ambos lados de la muralla y concluyeron que efectivamente el flujo genético se había quebrantado.

México

Teniendo en cuenta que el muro propuesto por Donald Trump busca frenar el movimiento de personas en la frontera con México, seguramente el proyecto no incluirá zonas para que puedan pasar grandes mamíferos amenazados. Por tanto, este gran muro inevitablemente tendría enormes repercusiones medioambientales para toda la zona.

Es importante señalar que el muro ya existente ha afectado a los ecosistemas endémicos, ya que se han observado animales estresados al tener dificultades para cruzar la frontera, como el león de montaña y el gato montés. Además de las aves, como el glaucidium, una clase de búho pigmeo que suele volar bajo, y los correcaminos

Asimismo, es importante hacer mención de lo sucedido en Nogales, Sonora, donde se presentaron fuertes lluvias que derivaron en una inundación en 2011, en parte debido a que un desagüe que cruza la frontera quedó semibloqueado en el muro fronterizo, lo que generó una gran acumulación de agua.

Las consecuencias de la construcción del muro serían un desastre ambiental pues se reduciría el tamaño del área de actividad de la fauna, impediría el libre tránsito entre sitios de invierno y verano, evitaría que animales en busca de recursos puedan llegar a los sitios adecuados, así como la interrupción del flujo genético entre poblaciones divididas, amenazando su permanencia a largo plazo.

En este orden de ideas es importante hacer alusión a lo expresado por el propio Servicio de Pesca y Fauna Silvestre de Estados Unidos (USFWS, por sus siglas en inglés), el cual señaló que la construcción del muro podría impactar en 13 hábitats en situación crítica, 108 aves migratorias y cuatro refugios de vida silvestre, así como criaderos de peces y un número desconocido de humedales (pantanos) protegidos, según la agencia estadounidense.

Por lo aquí expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezca las acciones para la protección de la flora y la fauna en las zonas fronterizas de nuestro país.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, a los 30 días del mes de marzo del año 2017.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Galico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolín Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, relativo a las acciones conducentes de fiscalización y vigilancia de los recursos ejercidos por el Congreso de Morelos en favor de sus trabajadores sindicalizados y de confianza, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno el siguiente Punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de los siguientes:

Antecedentes y consideraciones

La reforma constitucional del mes de mayo de 2015 por la que se creó el Sistema Nacional Anticorrupción fue apenas el principio de una serie de reformas que, en el texto, permitirán hacer frente a la corrupción, que tanto ha azotado a nuestro país agobiando a la sociedad, frenando la economía, profundizando como consecuencia la desigualdad social y la desconfianza en las instituciones de gobierno en todos sus niveles en el país.

Con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción se diseñó una serie de políticas públicas, que proponen las facultades para la investigación de los órganos internos y externos de la administración publica en todos sus niveles, que permitirán identificar los niveles de corrupción de las instituciones investigadas, a partir de evidencias como pueden ser declaraciones, documentos y cualquier medio que genere convicción.

De igual manera se propuso la construcción eficaz de pesos y contrapesos entre las instituciones y las personas que formarán parte de la mesa rectora del sistema, incluyendo de manera destacada la participación de los ciudadanos.

En ese orden de ideas, la corrupción en todos sus niveles debe ser prevenida, investigada y erradicada, teniendo como principios rectores la ética pública, certeza y estabilidad institucional.

Es necesario señalar que la sociedad civil ha desarrollado un papel importante en el diseño de mecanismos para combatir eficazmente la corrupción, señalando y demostrando el mal uso de los recursos públicos a través del mal uso del poder público, obligando a las instituciones del Estado a ser más transparentes en el uso de dichos recursos, sin que a la fecha se haya logrado el ideal esperado por la sociedad.

Dijo el presidente de la república, al inaugurar la Semana Nacional de la Transparencia en el año 2016: “Si hablamos de corrupción, no hay nadie que pueda aventar la primera piedra”, “Porque este tema que tanto lacera, la corrupción, lo está en todos los órdenes de la sociedad y en todos los ámbitos”.1 Declaración que a todas luces resulta subjetiva y carente de valores morales y éticos, que lejos de dar esperanza por un mejor país, hacen que la percepción internacional sobre el tópico cobre fuerza, por ejemplo:

El año 2015 el México se ubicó en el lugar 95 del Índice de Percepción de la Corrupción en el Sector Público, elaborado por Transparencia Internacional; en 2016 pasó al sitio 123 entre 176 países analizados; el país obtuvo una puntuación de 30 en una escala que va de 0 a 100, donde 0 es el país peor evaluado y 100 es el mejor evaluado en la materia. La calificación actual es cinco puntos menor que la de la edición anterior, índico Transparencia Mexicana.2

Por otro lado, entre las 35 economías que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México se ubica en el último lugar.3

Por consiguiente, para cambiar la mala percepción de nuestro país respecto a la corrupción que impera es necesario tomar medidas de control del uso del poder público y del destino del dinero proveniente del erario; por tanto, ante los señalamientos de supuestos desfalcos en el Congreso del estado de Morelos, motivo por el cual tuvieron que recurrir al despido de los trabajadores de confianza finales del año 2016, es necesario conocer la verdad histórica de dichos señalamientos, ya que, de ser ciertos, se transgrede el estado de derecho no sólo de los morelenses, sino del país. Cito para mejor proveer la razón de mi dicho:

“...Trabajadores del Poder Legislativo de Morelos confirmaron que a partir de esta quincena dejaron de percibir su salario, y de forma extraoficial se habla del despido de por lo menos 600 personas debido a un desfalco en las finanzas del Congreso estatal .

Esta mañana el diputado Carlos Alanís Romero, del Partido Acción Nacional (PAN), confirmó, “en este momento la está presentando (la renuncia) todo el personal de confianza del Congreso, hasta donde tengo entendido; obviamente se están valorando algunos casos en especial y se estarán tomando decisiones a lo largo del día... todas aquellas personas que presenten su renuncia se estará pagando en su momento”.

Hasta el momento, ninguno de los diputados ha explicado la ausencia de recursos del Congreso, ni han señalado a los responsables de haber agotado el presupuesto; sin embargo, apoyaron el despido de los trabajadores de confianza y también de los sindicalizados, cuya salida podría confirmarse en las siguientes horas.

El desfalco financiero comenzó a evidenciarse desde hace dos meses, cuando los trabajadores de confianza de la fracción parlamentaria del PAN dejaron de recibir su salario, días después, las edecanes fueron despedidas sin otorgarles sus prestaciones de ley.

En su momento el presidente de la Mesa Directiva, Francisco Moreno Merino, se negó a dar cualquier explicación sobre la falta de recursos , pero de manera súbita el pasado 12 de octubre dejó el cargo bajo el argumento de que dejaría el Congreso para asumir un puesto en el gabinete del gobernador Graco Ramírez, situación que hasta el momento no se ha realizado.”...4

Resulta por demás alarmante que se haya obligado a los trabajadores a renunciar, con la amenaza o componenda de que solo así cobrarían lo que por derecho les corresponde respecto de su liquidación.

“Denuncian desfalco al Congreso de Morelos; 700 empleados despedidos.

Ex empleados de confianza aseguran que fueron acosados.

Se contrataría a empresas para realizar sus tareas; el hijastro de Graco Ramírez, involucrado.”

Demandan una auditoría federal

Setecientos trabajadores de confianza que laboraron en el Congreso local las dos legislaturas recientes fueron despedidos debido a que los directivos gastaron el presupuesto y ya casi no tienen ni para pagar a provedores lo que resta del año, revelaron el diputado Jesús Escamilla, del Partido Humanista, y el dirigente de los trabajadores sindicalizados del Congreso local, Jesús Román Salgado.

Según Escamilla, lo que pasa en el Poder Legislativo, conformado por 30 legisladores, es consecuencia de un faltante de 86 millones de pesos que heredó Francisco Moreno Merino, quien renunció a la Presidencia de la Mesa Directiva el pasado 12 de octubre pero continúa al frente de la fracción legislativa del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Trabajadores despedidos culparon de este quebranto a Moreno Merino; a la actual presidenta de la Mesa Directiva, Beatriz Vicera Alatriste; a la presidenta de la Junta Política y de gobierno, la perredista Hortensia Figueroa, lo mismo que a los coordinadores parlamentarios de los partidos Movimiento Ciudadano, Jaime Álvarez, y Nueva Alianza, Francisco Santillán, quienes, junto con el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Rodrigo Gayosso Cepeda, hijastro del gobernador Graco Ramírez, controlan las finanzas del Congreso.

Los entrevistados dijeron que una semana después del 13 de octubre, cuando Beatriz Vicera Alatriste rindió protesta como presidenta de la Mesa Directiva, por conducto del personal de finanzas comenzó a presionar a los empleados de menos de siete años de antigüedad a que renunciaran y les prometieron pagarles el finiquito este año, con la promesa de que en enero o febrero serán recontratados.

Nos acosaron y nos obligaron a renunciar. Dijeron que si no firmábamos no nos pagarían. Ahora estamos en la incertidumbre, aseguró una ex trabajadora de confianza.

Otros despedidos dijeron que en enero vendrá lo peor, pues algunos diputados les han dicho que en 2017 el Congreso contratará empresas privadas para ofrecer diversos servicios. Los trabajadores incluso denunciaron que esto es negocio de los dirigentes de las bancadas legislativas y del líder perredista en el estado, Rodrigo Gayosso Cepeda.

Jesús Román Salgado, líder de los trabajadores sindicalizados del Congreso local, informó que los empleados de confianza pidieron respaldo al sindicato.

El despido masivo se debió a un supuesto quebranto financiero en el Congreso, dijo Román Salgado, quien solicitó al gobierno federal que haga una revisión de cuentas, pues la auditoría local depende de los propios diputados estatales.

Sobre la posible recontratación de los trabajadores, señaló: Eso dicen (los diputados), pero ya no tienen credibilidad. Si los van a recontratar, ¿qué caso tenía pedirles la renuncia?

El diputado Escamilla insistió: Es del dominio público que en el Congreso local hay un faltante de 86 millones de pesos. Antes de que Moreno Merino se vaya debe explicar dónde está ese dinero. Con él al frente del Congreso nunca hubo rendición de cuentas. Que se haga una auditoría especial.

El presupuesto del Congreso local para 2016 fue de 454 millones 754 mil pesos. La encargada de las finanzas del Legislativo es Patricia Bandera, persona de confianza del dirigente estatal del PRD, Rodrigo Gayosso Cepeda, según Escamilla .5

Por otro lado, existen denuncias por parte de diputados integrantes de la actual legislatura, de fecha 27 de marzo del año en curso, que aseguran que de manera arbitraria les ha sido retirado el personal de su oficina y sólo se cuenta con un secretario técnico por lo que buscará los recursos legales para solicitar que se lo regresen porque no tiene las condiciones para trabajar.

De igual manera se asegura que desde noviembre del año pasado ha sido víctima de constantes ataques por parte de sus compañeros, desconociendo los motivos, ya que no ha recibido ninguna respuesta, pese a que ha solicitado la información.6

“A finales del año pasado le dejaron de pagar al personal que laboraba conmigo, alrededor de 22 personas, y hace unas semanas los despidieron injustificadamente. No hubo una explicación sólo dieron su baja y ahora no tengo personal cuando sabemos que cada diputado tiene derecho a tener personal a su cargo, sólo me dejaron al secretario técnico, denunció.

Además, recordó que hace poco, de manera arbitraria, lo destituyeron como presidente de la Comisión del Trabajo. A pesar de que subió a tribuna y dijo no estar de acuerdo no fue tomado en cuenta, por lo que solicitó por escrito una explicación, pero hasta ahora no ha tenido respuesta”.

En razón de lo anterior, y de los señalamientos no sólo de los trabajadores, sino de los propios legisladores, de supuestos desfalcos en la legislatura del estado de Morelos, es necesario esclarecer dichos señalamientos en beneficio de la Transparencia y la Rendición de Cuentas del propio Congreso estatal y de la propia sociedad Morelense. Por otro lado, se hace necesario salvaguardar los derechos de los trabajadores que supuestamente fueron despedidos de dicho Congreso.

En ese sentido, se hace necesario exhortar respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación para que, en el ámbito de sus facultades, fiscalice, vigile y haga públicos el uso y destino de las participaciones federales, que en su caso, se hayan realizado al Congreso del estado de Morelos en los años 2015 y 2016, de igual manera resulta procedente exhortar a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del estado de Morelos, para que, en el ámbito de sus facultades, fiscalice, vigile y haga públicos el uso y destino de los recursos derivados de las participaciones locales, que fueron ejercidos por el Congreso del estado de Morelos en los años 2015 y 2016.

De igual manera, resulta procedente exhortar al Congreso estatal de Morelos a que haga públicos los pasivos laborales existentes al día de la aprobación del presente, así como para que haga públicos los informes sobre las renuncias y despidos de personal de confianza que se han llevado a cabo durante la actual legislatura.

Por otro lado, resulta procedente exhortar a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, para que inspeccione y verifique que no se hayan vulnerado los derechos de los trabajadores sindicalizados y de confianza por la actual legislatura del Congreso del estado de Morelos.

Lo anterior, para salvaguardar el estado de derecho que debe imperar en el país, así como en beneficio de la transparencia y rendición de cuentas que todo órgano de gobierno debe tener ante la sociedad.

Por lo anteriormente motivado y fundado, someto a la consideración de ésta honorable Asamblea, la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las acciones conducentes de fiscalización, vigilancia y publicación del uso y destino de los recursos públicos derivados de participaciones federales ejecutados por el Congreso del estado de Morelos, correspondientes a los años 2015 y 2016.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del estado de Morelos, para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las acciones conducentes de fiscalización, vigilancia y publicación del uso y destino de los recursos públicos derivados de participaciones locales ejecutados por el Congreso del estado de Morelos, correspondientes a los años 2015 y 2016.

Tercero. Se exhorta respetuosamente al Congreso estatal de Morelos a que haga públicos los pasivos laborales existentes al día de la aprobación del presente, así como para que haga públicos los informes sobre las renuncias y despidos de personal de confianza que se han llevado a cabo durante la actual legislatura.

Cuarto. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que inspeccione y verifique que no se hayan vulnerado los derechos de los trabajadores sindicalizados y de confianza por la actual legislatura del Congreso del estado de Morelos.

Referencias

1. La nota puede ser consultada en:
http://www.animalpolitico.com/2016/09/corrupcion-pena-nieto/

2. http://www.animalpolitico.com/2017/01/corrupcion-indice-transparencia-

3 Idem 2

4. http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/10/20/1123562 consultado el 27/03/2017

5. http://www.jornada.unam.mx/2016/10/26/estados/029n1est

6. https://www.diariodemorelos.com/noticias/pide-diputado-del-pes-congreso -cese-de-agresiones-en-su-contra

Recinto Legislativo de San Lázaro, a 30 de marzo de 2017.

Diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a reforzar los operativos de seguridad pública en las zonas consideradas focos rojos por la delincuencia en la Ciudad de México y el estado de México, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, María Victoria Mercado Sánchez, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIII Legislatura de este honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, fracción II, numeral 2, fracciones I, II y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de lo siguiente:

Exposición de Motivos

En la actualidad la delincuencia ha tomado un auge de manera grave en nuestro país y se ha convertido en una problemática con la que se enfrentan día a día todas las personas, la delincuencia ha ido incrementando progresivamente; y se ve reflejado porque en la actualidad cada vez hay más robos, secuestros, homicidios, narcotráfico, tráfico de drogas, tráfico de armas, etcétera.

“La delincuencia deriva del latín “delinquentía” y se define como: La cualidad de delincuente o la acción de delinquir. El delincuente es quien delinque; es decir quien comete un delito, y provoca un quebrantamiento de la ley”.1

Con lo anterior nos damos cuenta que la misma ley ya no es un límite para los delincuentes, no tienen el valor de respetar las leyes ni de cumplirlas, y esto refleja que una sanción o una condena ya no es un temor para los delincuentes, lo único que les importa son satisfacer sus intereses propios, acosta de las demás personas.

La delincuencia tiende a ampliarse, ha ido cobrando más fuerza en el país y se ha vuelto mucho más complejo, debido a esto cada vez más es una amenaza contra las personas y es un obstáculo para el desarrollo económico de los países.

La delincuencia ha evolucionado hasta volverse transnacional y ampliar su ámbito de operaciones que comprenden el tráfico de armas, el blanqueo de dinero y el tráfico de migrantes.

“La delincuencia también está aparejada con la corrupción, el cual significa un fuerte freno a las inversiones del país, ya que se puede llegar a perder hasta un 5 % de las mismas inversiones y el crecimiento se puede ver afectado de manera grave”.2

Nos damos cuenta que la delincuencia ha sobrepasado todos los límites, y que el gobierno no ha reforzado la seguridad para que esto deje de tener consecuencias sobre las personas, un ejemplo de ello es:

“Una noticia reciente es la del día 15 de marzo del año en curso el cual; en un transporte público que transitaba sobre eje 6 y la calle bolívar, el cual dos asaltantes despojaron de sus pertenencias a todos los pasajeros y tras resistirse un joven de 23 años, fue privado de la vida con un arma de fuego, no conformándose lo arrojaron del transporte hacia la banqueta”.3

“Una persona murió durante un presunto asalto registrado en el interior de un camión de transporte público de la Ruta 99 que corre del Metro Tacuba a Ciudad Labor, cuando circulaba por calles de la delegación Azcapotzalco”.4

“Debido a un robo a transporte público que circulaba sobre calzada Ignacio Zaragoza, un cuerpo de policías detuvieron a los dos asaltantes, el cual les encontraron 4 celulares y dinero”.5

“Con una noticia pública en el periódico El Universal, establece que los robos a los transportes públicos han incrementado un 30% este año en el Estado de México, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo de Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP)”.6

Nos damos cuenta que la delincuencia es un problema muy grave en el que están expuestas las personas que no tienen la solvencia econom9ca ni la posibilidad de transportarse de un lado a otro con un automóvil particular, y el transporte público es esencial para las vidas de todas las personas ya que es el que les ayuda a transportarse a su trabajos que en demasiadas ocasiones son muy lejanos, y así puedan obtener recursos económicos para poder solventar todas sus necesidades, pero existe esté gran riesgo de que personas sin oficio no beneficio prefieren tomar el camino incorrecto y despojar a las personas de sus partencias, no siendo suficiente que en ocasiones privan de la vida a las personas solo por resistirse a entregar sus pertenencias que con trabajo les ha costado tener.

Es por ello el objetivo de este punto de acuerdo para exhortar a todos los elementos de seguridad para que refuercen la seguridad pública y realizan con mayor frecuencia los operativos de seguridad en las avenidas más transitadas y dentro de los transportes públicos para que exista menor riesgo de delincuencia.

Punto de Acuerdo

Único . Se solicita respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, a la Procuraduría General de Justicia del estado de México y a la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, con el fin de reforzar los operativos de seguridad pública dentro de las delegaciones de la Ciudad de México y los municipios pertenecientes al estado de México, así como la autopista México-Puebla, carretera federal México-Puebla y calzada Ignacio Zaragoza, zonas consideradas como focos rojos por la delincuencia.

Notas

1 Definición de delincuencia. http://definicion.de/delincuencia/

2 Centro de Información de la Naciones Unidas.

“Delincuencia” http://www.cinu.mx/temas/delincuencia/

3 Excélsior. Homicidio de joven en eje 6.
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/03/15/1152292#view-1

4 Excélsior. Asalto a transporte público deja un muerto en Azcapotzalco. http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/03/21/1153231

5 El Universal. Detienen a asaltantes de transporte público en delegación Venustiano Carranza.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2016/12/27/
detienen-asaltantes-de-transporte-publico-en-la-venustiano

6 El Universal. Aumento del 30 % de robos en transportes públicoshttp://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/edomex/2016/11 /4/aumentaron-30-robos-transporte-publico

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 30 días del mes de marzo de 2017.

Diputada María Victoria Mercado Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada a vigilar el estricto cumplimiento de la Ley de Asistencia Social, sobre todo respecto a las personas consideradas indigentes, suscrita por los diputados Héctor Javier Álvarez Ortiz y Maricela Serrano Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, Héctor Javier Álvarez Ortiz y Maricela Serrano Hernández, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás aplicables, someten a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en su carácter de coordinador del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada a vigilar el estricto cumplimiento de la Ley de Asistencia Social al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) sostiene que la magnitud de la población de México que sobrevive “bajo la línea de la pobreza” y “bajo la línea de la indigencia” es mayor a la que, en promedio, registran América Latina y el Caribe.

Los mexicanos en indigencia representaron 13.3 por ciento de la población total, cuando la media latinoamericana fue de 11.5 por ciento. Si hacemos el cálculo basado en los 112 millones 336.5 mil habitantes del país contabilizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el último censo de población, encontramos que 40 millones 778 mil mexicanos viven bajo la línea de la pobreza y 14 millones 940 mil en la indigencia.

Los indigentes, es decir, aquellos individuos que tienen el ingreso insuficiente para cubrir una canasta básica de alimentos, vestimenta, etcétera, viven en situaciones precarias y no tiene un lugar establecido de vivienda, se encuentran listados en la Ley de Asistencia Social como sujetos de la asistencia social preferente.

La Ley de Asistencia Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre de 2004 y con última reforma publicada DOF 19-12-2014, especifica en su artículo 3o. que “... se entiende por asistencia social el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. La asistencia social comprende acciones de promoción, previsión, prevención, protección y rehabilitación .”

Es decir, el Estado mexicano tiene contemplado en su legislación la atención de las personas que viven en la indigencia. Las distintas entidades federativas han adoptado programas y medidas tendientes a proporcionar la asistencia social necesaria. En el Distrito Federal, por ejemplo, existen programas de comedores públicos y comedores invernales, como los generados por el Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS) que a la fecha, de su portal en la Red, ha atendido a 6 mil 586 personas y trasladado a 2 mil 267 a algún albergue para recibir servicios de alimentación, dormitorio y atención médica gratuita. Cabe mencionar que los albergues del programa pasan del 80 de ocupación al 100 por ciento en temporada invernal. El gobierno del Distrito Federal en asesoría con la organización Bloomberg reportaron en mayo de este año, 2015, que por lo menos 3 mil 739 personas, entre niños, jóvenes y adultos mayores, viven en camellones, jardines, banquetas, coladeras, accesos al trasporte público, etcétera. La situación en el resto del país está lejos de ser mejor.

Es clara la necesidad de más espacios para el esmero de éste sector de la población que requiere urgentemente atención y que la requiere en las distintas entidades federativas. Debe precisarse que estos espacios necesitan no solo cubrir la demanda material de alimento, ropa y medicamentos para las necesidades inmediatas, sino también procurar la debida atención psicológica, contar con los intermediarios adecuados para su rehabilitación y su re inclusión a la sociedad como agentes proactivos y productivos, incluyendo la facilidad de que obtengan documentos de identificación. Todo ello a fin de respetar y responder a la demanda del artículo 3o. de la Ley de Asistencia Social.

El gasto per cápita, el gasto total en salud es la suma de los gastos en salud públicos y privados, como proporción de la población total, abarca la prestación de servicios de salud (preventivos y curativos), las actividades de planificación familiar, las actividades de nutrición y la asistencia de emergencia designadas para la salud, no incluyendo el suministro de agua y servicios sanitarios. Éste es, según el Banco Mundial hasta 2015, 10 veces menor en México que el de los países desarrollados, como lo son Alemania, Estados Unidos, Canadá, etcétera.

Bajo este orden de ideas, atender la problemática se propone realizar un exhorto a las instituciones y programas de asistencia social para doblar esfuerzos y atender las necesidades de aquel sector de la población que se encuentra ya en la indigencia. Entendiendo que cada actividad realizada para atender la problemática debe ser congruente con los derechos a la igualdad, a la no discriminación, a la honra y dignidad, a la libertad personal, a la integridad personal, a la seguridad jurídica, a la salud y a la vida de cada individuo.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a consideración del pleno de ésta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto al Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada a vigilar el estricto cumplimiento de la Ley de Asistencia Social, subrayadamente, en lo referente a las personas consideradas como indigentes, así como las disposiciones que se dicten con base en ella, sin perjuicio de las facultades que en la materia competan a otras dependencias y entidades de la administración pública federal y a los gobiernos y entidades de los estados, según establece el artículo 9 de la ley en comento.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de marzo de 2017.

Diputados: Héctor Javier Álvarez Ortiz, Maricela Serrano Hernández (rúbricas).

Con punto de acuerdo, relativo al establecimiento tanto de campañas permanentes de esterilización como de medidas e instrumentos para el control de la población de perros y gatos que nacen, viven y se reproducen en las calles del país, a cargo de la diputada María García Pérez, del Grupo Parlamentario del PAN

La diputada María García Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, numeral 1, fracción XVIII; 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a las autoridades federales, estatales y municipales para que en el ámbito de sus respectivas competencias, establezcan campañas permanentes de esterilización así como medidas y mecanismos necesarios para el control de la población de perros y gatos que nacen, viven y se reproducen en las calles del país, entre otras condiciones que atienda el interés público, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La salud pública es la disciplina encargada de la protección de la salud a nivel poblacional, en este sentido, busca mejorar las condiciones de salud de las comunidades mediante la promoción de estilos de vida saludables, las campañas de concienciación, la educación y la investigación, para esto, cuenta con la participación de especialistas en medicina, biología, enfermería, sociología, estadística, veterinaria y otras ciencias y áreas, esta problemática abarca tanto al aspecto ambiental y sanitario, como al social y legal.

En este sentido, para nadie es un secreto la existencia de perros y gatos callejeros, pero poco sabemos sobre la cantidad de problemas ecológicos ambientales sociales que generan.

Los perros callejeros están condenados a torturas extremas, a lesiones y enfermedades de todo tipo y a muertes tempranas.

El estudio del Instituto Nacional de Salud Pública, dado a conocer en el año 2008, informa que la contaminación de suelos por heces fecales es la principal fuente de infección humana; con el agregado de que las larvas contenidas en las heces fecales son altamente resistentes a los efectos del ambiente por lo que pueden sobrevivir, desde meses hasta años en espera de un “portador”.

De acuerdo con la información oficial, los estados del país con más altas tasas de víctimas mordidas por perros son: Hidalgo en primer lugar, con una tasa de 162 mordeduras por cada 100 mil habitantes; Puebla y Durango con 150 casos por cada 100 mil personas; el Ciudad de México y San Luis Potosí con una tasa de 148; Yucarán con 128.2; Oaxaca con 125.8; Sonora con 124.2; Quintana Roo y Guerrero con 118.9 cada uno; Tlaxcala y Baja California Sur con 115 casos por cada 100 mil habitantes.

En el lado opuesto, los estados con menores registros de mordeduras por perros, en el periodo que va de 2006 a 2010: Aguascalientes con una tasa de 75.4 casos por cada 100 mil habitantes; Querétaro con 72.8; Baja California con 65.3; Sinaloa con 63.4; Tabasco con 61.2 y Chiapas con 51.2 personas atacadas por cada 100 mil habitantes.

En México se carece de una cultura del cuidado de los perros y gatos, además no existe un registro a detalle sobre la vinculación del propietario y su mascota, esto genera que se abandonen los perros y gatos en la calle, lo cual debiera ser regulado de mejor forma por las autoridades y contar con un adecuado control, registro y sanidad respecto de los perros y gatos que se tienen, tanto los que viven en un hogar, como los que viven en las calles.

Para lograr que las autoridades le presten atención al tema y lo integren a la agenda pública, se necesita mayor difusión y concienciación.

Holanda es un caso de éxito en políticas públicas eficaces para el control de población de perros y gatos en la calle con base en estudios científicos

REVIR es un programa que implica lo que se establece en sus siglas, Recoger, Esterilizar, Vacunar, Identificar y Regresar, se sustenta en los perros que andan libremente en las calles sin dueños: esterilizarlos, vacunarlos, identificarlos y luego regresarlos al lugar donde estaban. Estudios han demostrado que, cuando se crea una población estéril, el número de perros callejeros disminuye. Pero esto es sólo posible combinando educación con identificación. En el año 1990, la Organización Mundial para la Salud (OMS) y la Sociedad Mundial para la Protección Animal (WSPA) emitieron un reporte donde se corrobora que el método más efectivo para eliminar la sobrepoblación canina en las calles es una combinación de:

- Esterilización (al menos 70 por ciento de las perras).

- Educación (responsabilidad sobre la tenencia de perros, crianza, cuidado).

- Registro (identificación de la mascota con su dueño). REVIR busca crear poblaciones estériles.

Si los perros no son devueltos al lugar donde se consiguió, su puesto será ocupado por nuevos perros fértiles del vecindario, cada animal que ha sido regresado toma el lugar de un “nuevo” animal esterilizado, de esta manera, la población de perros callejeros crecerá a menor ritmo o inclusive decrecerá, porque los animales esterilizados no se pueden reproducir.

En este sentido, el tamaño de una población está determinado por la capacidad de carga , esto quiere decir el número máximo de miembros de una determinada especie que un determinado espacio puede mantener. Esta capacidad está determinada por la cantidad de recursos disponibles, como comida, agua y cobijo, si hay suficiente recursos, la población crecerá hasta alcanzar su número máximo de miembros, de acuerdo con esta teoría biológica, por cada animal que es sacado del entorno, llegará otro a tomar su lugar por migración o nacimiento.

En este sentido, el sacrificio de animales práctica usual, o la recolección y ubicación en asilos de animales, solamente funciona por un tiempo limitado y no como medida a largo plazo para la reducción de la población de perros callejeros. Igualmente, la adopción de perros tampoco disminuye el problema en el país de origen, como anteriormente se explicó, aparecerán nuevos perros que tomarán su lugar en esos lugares, quienes también deberán valerse por sí mismos en circunstancias lamentables.

En esta tesitura, lo que también sucede es que un macho alfa produce constantemente una nueva camada para asegurar su fuerza en la naturaleza, más cachorros nacen como consecuencia, pero la falta de recursos suficientes hace que muchos perros débiles mueran de manera lamentable, por desnutrición y/o deshidratación, cuando el número de perros callejeros se mantiene estable, el sufrimiento de la especie disminuye considerablemente.

REVIR es un método probado que puede ayudar a todos los países del mundo a reducir el número de perros callejeros de una manera amigable.

En los Países Bajos las organizaciones voluntarias jugaron un rol importante en la reducción del sufrimiento animal, por lo que es altamente aconsejable incluir a las organizaciones de ayuda animal en otros países y darles un papel activo en este proceso. Estos grupos están altamente motivados para brindar recursos y experiencia, además de tener una amplia red de expertos en esta materia.

Nuestro país puede aprender de este programa y buscar el compromiso de las organizaciones de protección animal y educación a la población para disminuir el número de perros y gatos callejeros.

No podemos olvidar que los animales no deben ser considerados y usados como objetos, ellos también son capaces de sentir alegría, dolor y sufrimiento, tienen derechos y esta propuesta es una manera o forma de dotar de derechos y concienciación de respeto hacia ellos.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en mi carácter de diputada federal e integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional someto a consideración de esta soberanía la siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las autoridades federales, estatales y municipales para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, establezcan campañas permanentes de esterilización así como medidas y mecanismos necesarios para el control de la población de perros y gatos que nacen, viven y se reproducen en las calles del país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de marzo de 2017.

Diputada María García Pérez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al gobierno federal a robustecer las políticas públicas a fin de permitir el crecimiento del mercado interno que fomente la competitividad y la generación de empleos para los mexicanos, suscrita por la diputada Alma Lucía Arzaluz Alonso e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, Alma Lucía Arzaluz Alonso, y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En relación a las diversas declaraciones del presidente Donald Trump, respecto de las restricciones que se impondrán a México en materia económica es que se hace necesario que el gobierno federal implemente las políticas públicas pertinentes que permitan el fortalecimiento del mercado y competitividad interna para generar empleos.

Obligación que deriva del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que dispone que el “Estado garantizará que el desarrollo nacional fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, por medio de la competitividad, el fomento al crecimiento económico, el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales”.

Lo anterior se concatena con lo establecido en el artículo 26, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que el “Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía, para la independencia y democratización política, social y cultural de la nación”.

Asimismo, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece los objetivos nacionales, estrategias y prioridades que regirán la actuación del gobierno federal, y prevé como premisa básica, para el avance integral del país, al desarrollo humano sustentable, orientando la actuación gubernamental en torno a cinco metas nacionales: México en Paz; México Incluyente; México con Educación de Calidad; México Próspero; y México con Responsabilidad Global.

La meta nacional relacionada a México Próspero establece garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo y desarrollar los sectores estratégicos del país.

Baste mencionar que el 16 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se aprueba el Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018, en el cual se establecen los objetivos, indicadores y metas, así como las estrategias y acciones para consolidar una mayor competencia en los mercados y avanzar hacia una mejora regulatoria integral, desarrollar una política de fomento industrial y de innovación que promueva un crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y empresas, e instrumentar una política que impulse la innovación en el sectores comercio y servicios, con énfasis en empresas intensivas en conocimiento.

Es por ello que en atención a la situación actual del país el gobierno federal ha tomado las siguientes acciones:

1. Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar (9 de enero de 2017)

“En el contexto de condiciones internacionales adversas e inciertas, y conscientes de la importancia de atender en un marco de diálogo y de respeto la problemática derivada del incremento internacional de los precios de los combustibles y de una compleja coyuntura internacional y nacional, coincidimos en la importancia de avanzar en todas aquellas medidas que contribuyan a la estabilidad económica y social del país, la inversión, el empleo, el ingreso y el bienestar de las familias mexicanas. Después de un ejercicio de consenso hemos arribado a los siguientes acuerdos”.

2. Anexo de acciones (12 de enero de 2017)

• Protección de la Economía Familiar (estabilidad de precios, modernización del transporte público y facilitar la movilidad urbana, paquete de prestaciones sociales, crédito competitivo, inclusión laboral, entre otros).

• Fomento de inversiones y empleo (impulso a la inversión por parte del gobierno).

• Preservar la estabilidad económica (política fiscal responsable y política monetaria autónoma).

• Preservar y fortalecer la cultura de la legalidad y el estado de derecho (combate a la corrupción y aumento de transparencia).

Lo anterior nos permite dilucidar que el gobierno federal está atendiendo de manera inmediata la problemática que actualmente se presenta, pero se requiere fortalecer el mercado interno del país, promoviendo el consumo de los productos locales sin prohibir el consumo global, lo cual genera competitividad y, en su caso, generaría más empleos para los mexicanos.

Por lo aquí expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal a robustecer las políticas públicas que permitan el crecimiento del mercado interno que fomente la competitividad y la generación de empleos para los mexicanos, a través del fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de marzo de 2017.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Galico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE a modificar la Norma Oficial Mexicana NOM-194-SCFI-2015, “Dispositivos de seguridad esenciales en vehículos nuevos. Especificaciones de seguridad”, a cargo del diputado Jesús Serrano Lora, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Jesús Serrano Lora, diputado a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

La innovación en automoción no sólo va dirigida al ahorro energético o diseños novedosos, ésta innovación muchas veces va dirigida a un sólo objetivo: salvar vidas. Por tanto y con las estadísticas de muerte por accidente automovilístico en nuestro país, caracterizado en su mayoría por ingresos bajos y medios, requiere con urgencia vehículos más seguros.

Con base en datos publicados por Inegi, en 2012 se registraron 17 mil 102 muertes a consecuencia de lesiones ocasionadas por accidentes viales, con tendencia al alza en comparación con 2007, cuando se registraron 15 mil 349 muertes.

Fuente: Base de defunciones, Inegi, 2012

De acuerdo a estudios de organismos internacionales en materia de vialidad, en 2013 México ocupó el séptimo lugar a nivel mundial con cerca de 24 mil muertes al año a causa accidentes viales, entre ellos 972 accidentes aproximadamente, atribuibles a los dispositivos del vehículo.1

De igual forma, México actualmente es el séptimo productor de automóviles a nivel mundial pues además de haber elevado sus cifras de ensamble, la producción cuenta con altos estándares de seguridad y calidad para venderse en Estados Unidos, Europa, Asia y África, pero no la venta local, los consumidores mexicanos sufren del peligroso doble estándar en seguridad, es decir, las empresas automotrices omiten dichos estándares de seguridad para México, aun siendo el mismo modelo.

La mayoría de los automóviles nuevos que se venden en México, carecen de medidas básicas de seguridad que podrían salvar la vida de los conductores y pasajeros en caso de un impacto y esto sigue ocurriendo cada vez de manera más recurrente debido a que no se les exige a las empresas automotrices cumplir con ellas de manera urgente.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó en abril pasado una resolución que llama a los gobiernos a implementar regulaciones vehiculares que brinden seguridad a los usuarios, y garantizar que se encuentren en todos los vehículos motorizados incluyendo protecciones para usuarios como cinturones de seguridad, bolsas de aire y sistema de seguridad activa establecidos como norma.

Esta resolución, proporciona un catalizador moral hacia los fabricantes de automóviles, pero también a gobiernos para mejorar los niveles de seguridad de los vehículos disminuyendo pérdidas de vida en las carreteras por las que millones de personas viajan diariamente.

Al respecto, el pasado 9 de mayo de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la NOM-194-SCFI-20152 que regula los dispositivos de seguridad de los autos nuevos. Dicha norma además de dotar a la industria de 4.5 años para cumplir con las regulaciones exigidas: prueba de impacto frontal, lateral y frenos ABS.

Artículo 5. Evaluaciones de desempeño, sistemas de antibloqueo de frenos y alarmas de uso de cinturón de seguridad.

5.1 Para la evaluación del desempeño de los tipos de vehículos nuevos y los tipos de vehículos nuevos existentes respecto a la protección de los ocupantes durante una colisión frontal, los Corporativos deberán presentar a la Secretaría o, en su caso, a las Unidades de Verificación, la documentación técnica a que contenga evidencia de cumplimiento con relación a las especificaciones con alguna de las normas mexicanas, normas o regulaciones internacionales o extranjeras citadas en el capítulo 2 Referencias, en concordancia con la Tabla 2. Pruebas de impacto frontal y lateral y sus especificaciones aplicables a vehículos ligeros nuevos, de esa norma oficial mexicana.

5.2 Para la evaluación del desempeño de los tipos de vehículos nuevos y los tipos de vehículos nuevos existentes respecto a la protección de los ocupantes durante una colisión lateral, los Corporativos deberán presentar a la Secretaría o, en su caso, a las Unidades de Verificación, la documentación técnica a que contenga evidencia de cumplimiento con relación a las especificaciones con alguna de las normas mexicanas, normas o regulaciones internacionales o extranjeras citadas en el capítulo 2 Referencias, en concordancia con la Tabla 2. Pruebas de impacto frontal y lateral y sus especificaciones aplicables a vehículos ligeros nuevos, de esta norma oficial mexicana.

5.3 Las evaluaciones del desempeño referidas en los numerales 5.1 y 5.2 que anteceden, se apegarán a las especificaciones y los campos de aplicación según lo establecido en las normas mexicanas, normas o regulaciones internacionales o extranjeras citadas en el capítulo 2 Referencias, en concordancia con la Tabla 2. Pruebas de impacto frontal y lateral y sus especificaciones aplicables a vehículos ligeros nuevos, de esta norma oficial mexicana.

Artículos Transitorios

Primero...

Segundo. Lo establecido en el capítulo 5 de la presente norma oficial mexicana, entrará en vigor de acuerdo con lo siguiente:

a. Para los tipos de vehículos nuevos 3 años modelo después de la entrada en vigor de la norma.

b. Para los tipos de vehículos nuevos existentes 4 años modelo después de la entrada en vigor de la norma.

Este plazo concedido por la norma es innecesario, ya que la industria mexicana cuenta con la capacidad para cumplir con las nuevas normas de inmediato puesto que los automóviles que exporta a Estados Unidos y Europa cumplen con los mismos requerimientos que se piden en nuestro país e incluso más.

No se puede seguir permitiendo que una industria como es la automotriz, retrase sus esfuerzos de incrementar los niveles de seguridad y que mantenga altos márgenes de ganancia a costa de las vidas y la integridad de los consumidores

Al respecto, La NOM-194 deja fuera algunos dispositivos de seguridad importantes y que han sido recomendados por las Naciones Unidas como los siguientes:

• Sistema de Control de Estabilidad (después del cinturón de seguridad de 3 puntos, es la segunda tecnología que más salva vidas).

• Sistema de retención infantil

• Anclajes y tipo de cinturones de seguridad

Al mismo tiempo, la norma no contempla son las segundas pruebas o la certificación de los dispositivos de seguridad, en vez de ello, sólo evaluará documentalmente el cumplimiento de las regulaciones mencionadas en ella y la armadora sólo mostrará los resultados de sus pruebas que han realizado y documentado.

Los consumidores mexicanos no son de segunda como tampoco los automóviles que adquieren por ello, garantizar su seguridad es una prioridad.

Resolutivos

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio de la Secretaría de Economía , a incluir en la NOM-194-SCFI-2015 los dispositivos Sistema de Control de Estabilidad; el Sistema de retención infantil y anclajes y tipo de cinturones de seguridad como dispositivos de seguridad que debe incorporar los nuevos vehículos, a fin de garantizar seguridad a los ciudadanos y protección al consumidor.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio de la Secretaría de Economía , para que modifique el segundo artículo transitorio de la NOM-194-SCFI-2015 y solicitar que la entrada en vigor de lo especificado en el artículo 5 sea máximo 1 año después de la entrada en vigor de la norma.

Tercero. En este mismo sentido, se exhorta a solicitar a las corporativas automotrices a realizar segundas pruebas o en su caso, certificar los dispositivos o sistemas de seguridad con resultados emitidos por laboratorios de pruebas reconocidos en otros países, esto, para ser congruentes con las normas de la Organización de las Naciones Unidas.

Notas

1 El poder del consumidor

2 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5436325&fecha=09/05/2 016

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de marzo de 2017.

Diputado Jesús Serrano Lora (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al ISSSTE a esclarecer las acusaciones sobre la presunta responsabilidad de la doctora Rocío Arely Rojas Jaime en el fallecimiento del joven residente Gabriel Apolo Aco Miranda y tomar medidas para eliminar las conductas de abuso y acoso por los médicos encargados de los residentes, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Germán Ernesto Ralis Cumplido, diputado del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al director del ISSSTE a que tome las medidas necesarias para esclarecer las acusaciones sobre la presunta responsabilidad de la doctora Rocío Arely Rojas Jaime, en el fallecimiento del joven residente Gabriel Apolo Aco Mirando, provocado por un estado de estrés que derivó en paro cardiaco a consecuencia de las presiones académicas; y se tomen las medidas necesarias para que se eliminen todas las conductas de abuso y acoso por parte de los médicos encargados de los residentes; así como los prolongados horarios a los que son sometidos, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

“La medicina es el conjunto de disciplinas científicas cuyo propósito primordial es promover, conservar y restaurar la salud de las personas, actuando siempre bajo un marco de referencia humanista”.1

La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, forma profesionales médicos especialistas en el área de la salud, teniendo altos estándares para su preparación y formación.

Ingresar a la carrera de Medicina en la UNAM, no es una tarea fácil, cada año miles de aspirantes hacen el examen para ingresar, sin embargo, para el ciclo escolar 2015-2016 el número de aspirantes ascendió a 27,556, de los cuales solo 1 de cada 14m logró ingresar.2

La carrera de medicina consta de un Plan Único de Estudios, integrado por disciplinas básicas, (1º y 2º años) disciplinas clínicas, (3º y 4º años) el internado médico, (5º año) más un año de servicio social. La duración de la carrea es de 6 años o 12 semestres, donde se obtiene el título de médico cirujano, pero para obtenerlo se requiere cubrir la totalidad de los créditos de la licenciatura, realizar el servicio social, aprobar el examen de comprensión de lectura de inglés técnico médico, así como el examen profesional.3

Posteriormente los egresados podrán realizar una especialización en el Sistema Nacional de Salud e ingresar al Sistema Nacional de Residencias Médicas, para lo cual primero tendrán que presentar el Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas, después las instituciones de salud les realizan una evaluación interna para seleccionar a los médicos que recibirán para cursar la residencia y finalmente, algunas universidades realizan otra evaluación interna a quienes solicitan su inscripción, ya que al término de la residencia les otorgan el Diploma de Especialista. El médico, una vez seleccionado deberá acudir a la institución de salud en la que desea realizar la Especialidad Médica.4

Estudiar la carrera de medicina no solo requiere tiempo y dinero, es una profesión que necesita verdadera vocación, pues el esfuerzo a realizar es grande.

El 26 de diciembre de 2016, el joven estudiante Gabriel Apolo Aco Miranda falleció a consecuencia de un estado de estrés, mismo que derivó en paro cardiaco. Él era parte de los médicos adscritos y residentes del área de Anestesiología del Centro Médico Nacional “20 de noviembre” del ISSSTE.5 De acuerdo a sus compañeros, médicos, y personal del hospital, comentan que ese estado de estrés fue ocasionado por el acoso y hostigamiento ocasionado por la doctora Rocío Arely Rojas Jaime.

El 19 de mayo dentro del Hospital 20 de noviembre seis residentes de la especialidad en Anestesiología hicieron llegar un oficio a José Francisco González, Jefe de Servicios de Enseñanza e Investigación del ISSSTE; en el documento expresan que: “la doctora Rocío Arely Rojas Jaime no tenía el nivel necesario para aportar a su proceso de aprendizaje”, posteriormente el 25 de noviembre de 2016 Gabriel Apolo Aco Miranda, envió un oficio a Miguel Ángel Serrano Berrones, Jefe de Servicios de Enseñanza e Investigación, en el que comunicaba que la doctora Rocío Arely Rojas Jaime se negó a subir sus calificaciones en tiempo y forma a la plataforma de la UNAM, lo cual es un requisito para obtener el título de especialidad.6

24 médicos del servicio de anestesiología firmaron una carta en la que señalaban que el joven Aco Miranda había cumplido con la residencia médica, la cual enviaron el 8 de diciembre de 2016.

Luego del fallecimiento del médico Gabriel Apolo Aco Miranda, el 12 de enero del presente año, un grupo de profesores renunciaron al programa de residentes, de acuerdo al noticiero de Aristegui Noticias mencionaron que la causa fue: “por considerar que la doctora Rojas no es la persona idónea como titular... ya que fuimos testigos de actos que van en contra del espíritu universitario de enseñanza, al mostrar actitudes de menosprecio, denigración y total discriminación” (contra Gabriel Apolo) y que de acuerdo a su juicio fueron motivos que contribuyeron a causar el fallecimiento del estudiante.7 De acuerdo al expediente que el noticiero expuso a la luz pública, existen dos oficios más con fecha del 4 y 7 de febrero de este año, en el que se plasman las inconformidades en el desempeño de la doctora Rojas, así y al mismo tiempo se solicitan se modifiquen las conductas y forma de tratar a los residentes.

Los estudiantes de medicina merecen un trato digno y respeto a sus derechos humanos, lo cual va de la mano con que no se les obligue a cubrir extenuantes horarios durante las residencias, ya que el trabajo que realizan requiere de su total atención, y al cubrir horarios excesivos ponemos en riesgo no solo la salud de los médicos, sino también la de sus pacientes.

Considerandos

El 15 de mayo de 2015 BBC Mundo realizó una publicación titulada: “Los médicos latinoamericanos están orgullosos de mostrarse dormidos”, en la que exponen como decenas de miles de médicos latinoamericanos compartían en las redes sociales fotos de ellos durmiendo con la leyenda #yotambienmedormí; esta campaña nace en respuesta a un blogero, el cual publicó una fotografía de un médico que se quedó dormido durante una consulta, a la cual agregó “Estamos conscientes que este trabajo es cansado, pero tienen la obligación de cumplir con sus responsabilidades ya que hay decenas de enfermos que necesitan los cuidados en cualquier momento”; Bajo el #yotambienmedormí médicos de toda Latinoamérica comenzaron a subir fotos de ellos en los que se les ve dormidos con leyendas como “#yotambienmedormí durante las guardias”, “36 horas de servicio no son justas, #yotambiensoyculpable”, “#yotambiénmedormí después de operar uno, dos, tres y cuatro pacientes en una guardia cualquiera”. La popularidad fue tal que en una semana se registraron 17,500 comentarios en Twitter y fue compartido más de 30,000 veces.8

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del Pleno de esta Soberanía, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Director del ISSSTE a que tome las medidas necesarias para esclarecer las acusaciones sobre la presunta responsabilidad de la doctora Rocío Arely Rojas Jaime, en el fallecimiento del joven residente Gabriel Apolo Aco Mirando, provocado por un estado de estrés que derivó en paro cardiaco a consecuencia de las presiones académicas; y se tomen las medidas necesarias para que se eliminen todas las conductas de abuso y acoso por parte de los médicos encargados de los residentes; así como los prolongados horarios a los que son sometidos.

Notas

1 UNAM. (2017). Oferta Académica Licenciatura. México.
http://oferta.unam.mx/carreras/37/medicina

2 Ídem.

3 Ibídem.

4 Secretaria de Servicios Escolares, Facultad de Medicina. (2017). UNAM. Recuperado de
http://www.facmed.unam.mx/escolares/principal/pagina/ingresopos.php

5 Barragán, Sebastián. (9 de marzo de2017) Aristegui Noticias. Recuperado de http://aristeguinoticias.com/0903/mexico/protestan-medicos-por-muerte-d e-residente-en-el-hospital-20-de-noviembre/

6 Ídem.

7 Ibídem.

8 Torres Gabriela (15 de mayo de 2015). Los médicos latinoamericanos que están orgullosos de mostrarse dormidos. BBC Mundo. http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/05/150514_yotambienmedormi_medic os_guardia_gtg

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de marzo de 2017.

Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a efecto de que la nueva central aérea de la Ciudad de México se siga denominando como hasta ahora, “Aeropuerto Internacional Benito Juárez García”, a cargo del diputado Óscar Valencia García, del Grupo Parlamentario del PRI

Óscar Valencia García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Diputado a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II; numeral 2, fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se denomine Aeropuerto Internacional “Benito Juárez García” el tenor de las siguientes

Consideraciones

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ha tenido diferentes denominaciones en el transcurso de sus más de 50 años oficiales de operación, identificándosele como Puerto Aéreo Central de la Ciudad de México, Aeropuerto Central de la Ciudad de México, Aeropuerto de México, Aeropuerto Benito Juárez y el actual, Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México (AIBJCM); el cual desde mi particular punto de vista deberá llamarse como ha quedado escrito.

La primera decisión de crear una instalación aeroportuaria en el país y en Distrito Federal fue tomada el 5 de febrero de 1915 por Don Venustiano Carranza, al crear la aviación militar ocupando parte de los llanos de Balbuena. La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas otorgó el 12 de julio de 1921 la primera concesión para el transporte aéreo de pasajeros, correo y exprés a la Compañía Mexicana de Transportación Aérea (Mexicana). En 1928, inició la construcción de la primera terminal para la aviación civil; el “Puerto Aéreo Central” en las afueras de la ciudad. En febrero de 1929 la nueva terminal empieza a proporcionar normalmente los servicios, y hasta fines de ese año entró en operación.

En 1939 se inauguró el puerto Aéreo Central de la Ciudad de México, construido por la SCOP con la participación de mexicana, que fue destinado a la aviación civil, sin embargo desde esas fechas ampliación y remodelación ha sido permanente.

El 6 de julio de 1943 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que declara internacional, para efectos de entrada y salida de aviones y pasajeros, al Puerto Aéreo Central de la Ciudad de México. En 1949 por decreto presidencial, se reestructuró totalmente el libro IV de la Ley de Vías Generales de Comunicación, estableciéndose un mayor ajuste entre la comunicación aeronáutica nacional e internacional de servicios públicos y privados y las necesidades del país.

La fecha de 19 de noviembre de 1952 en que se conmemora como aniversario del aeropuerto corresponde a la inauguración oficial de la ampliación iniciada en 1949 que incluyó la construcción de la pista 05D-23I, la nueva plataforma, el nuevo edificio terminal, su torre de control y el edificio para autoridades de la terminal aérea, el cual entró en servicio total hasta el 1 de julio de 1954 ya que fue necesario dotarlo de todos los equipos y sistemas para operarlo. El 2 de diciembre de 1963 el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Walter Buchanan, dictó un acuerdo que lo denominaba oficialmente “Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”, como ya se le conocía desde hacía algunos años.

El 12 de junio de 1965 el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto constitutivo del organismo público descentralizado Aeropuertos y Servicios Auxiliares, que desde entonces conocemos por sus siglas de ASA, asignándosele la responsabilidad de operar, administrar y conservar todos los aeropuertos civiles de la República los cuales pasaban a formar parte de su patrimonio, ya que todos los que no eran federales habían sido adquiridos previamente por el Gobierno de la República. Dentro del patrimonio de ASA fue incluido el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México junto con 33 más de todo el país los cuales proporcionaban primordialmente los servicios de aterrizaje y despegue de aviones.

El 28 de diciembre de 1982, como resultado de las modificaciones operadas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se suprime la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP), y se incorporaron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) las áreas de infraestructura que pertenecían a dicha dependencia y, por ende, las funciones relativas a la construcción, reconstrucción y conservación de las obras requeridas para el funcionamiento de los medios de transporte terrestre, aéreo y marítimo, convirtiendo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la responsable de planear y conducir el desarrollo integral de los servicios de transporte. Con apego a las normas de racionalización, a los lineamientos y políticas de modernización del Sector Público, el 28 de diciembre de 1988 la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP) dictaminó la estructura orgánica básica de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y se elimina de la estructura de dicha Secretaria entre otras la Dirección General de Aeropuertos transfiriendo su función al organismo Aeropuertos y Servicios Auxiliares.

En 1989 la SCT integra las funciones y personal de la Dirección General de Aeropuertos a la estructura de ASA fusionándose con la existente Subdirección de Construcción y Conservación ampliando con ello sus funciones a las de construcción de conservación de pistas, plataformas, estacionamientos, hangares y edificios terminales en los hasta ese entonces 57 aeropuertos y 2 estaciones de servicios que conformaban su patrimonio. También ASA asume la coordinación de los organismos desconcentrados Seneam (Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano) y TAF (Transporte Aéreo Federal).

En todo este tiempo el AICM era una gerencia general dentro de la estructura de ASA, sin tener una personalidad jurídica propia y su régimen laboral fue dentro del apartado “B” de la Ley Federal del Trabajo. A partir de la reestructuración de la red aeroportuaria nacional en 1998, y habiéndose creado los Grupos Aeroportuarios, el personal que labora en las empresas del grupo pasó al régimen del apartado “A” de la Ley Federal de Trabajo, teniendo presupuesto, personalidad jurídica y estructura orgánica propias, desde entonces se designan Directores Generales.

En su primera integración la estructura orgánica constaba de cuatro niveles; Director General, Subdirectores, Gerentes y Subgerentes. Sin embargo, debido a las cargas de trabajo y con la finalidad de responder a la creciente demanda, en el año 2000 se gestionó ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam), la creación del quinto nivel organizacional al que correspondió la nomenclatura de jefe de departamento.

Esta estructura orgánica tuvo como finalidad mantener la operación de la terminal aérea y cumplir la misión de las empresas mientras se realizaba el proceso de privatización, para que fueran los futuros inversionistas quienes decidieran la estructura definitiva con que iba a operar el AICM.

Con la finalidad de fortalecer la coordinación y la vinculación técnica y operativa entre las distintas áreas y constituir enlaces de control y coordinación para el desarrollo de diversos proyectos relacionados con las obras de ampliación y la puesta en marcha de la nueva Terminal 2 durante los ejercicios 2005 y 2006, la Entidad decide la conversión de dos plazas de puestos homólogos por norma adscritos a la Dirección General, a dos unidades administrativas sin modificar su adscripción ni la estructura salarial de Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, SA de CV, cambiando únicamente su naturaleza, transformando sus funciones de tipo administrativo y de apoyo, por responsabilidades sustantivas en el ámbito técnico, con mayor perfil y atribución a nivel corporativo, con el objeto de incrementar los niveles de calidad de los servicios que proporciona la Entidad y fortalecer la coordinación y logística entre las áreas técnicas y administrativas.

El 24 de noviembre de 2006 se publicó mediante acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, el cambio de denominación del AICM a Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México en adelante (AIBJCM). Actualmente y de acuerdo a la nueva base aérea que tendrá el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se han propuesto diversos nombres para éste pero; en atención al nombre que actualmente tiene, consideramos que siga denominándose Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México “Benito Juárez García”; en atención a que dicho ex presidente de la República, abogado, jurista y político destacado, en la mayor parte del mundo se le reconoce como el Benemérito de las Américas razón por la cuál y en atención a que dicho personaje distinguido y notable de nuestro país siga siendo reconocido como hasta ahora; sugerimos que el aeropuerto de esta ciudad siga ostentando el nombre del Benemérito citado.

Fundamentamos lo anterior en razón que Juárez, perteneció a una generación de hombres sobresalientes, conocida como, “la generación liberal”, una de la más brillantes de la vida cultural y política de México, dicha generación estuvo compuesta por; Juan Álvarez, Mariano Arista, Ponciano Arriaga, José María Arteaga, Ignacio Comonfort, Santos Degollado, Manuel Doblado, Valentín Gómez Farías, Manuel Gómez Pedraza, Jesús González Ortega, José María Iglesias, José María La fragua, Sebastián Lerdo de Tejada, Porfirio Díaz, José María Mata, Miguel Negrete, Melchor Ocampo, Guillermo Prieto , Vicente Riva Palacio, Matías Romero, Manuel Zamacona, Ignacio Zaragoza , Francisco Zarco; como puede observarse, la generación citada era una gama de intelectuales y políticos, recordados como los fundadores del México Moderno, Republicano, Federal, Democrático y sobre todo, Soberano donde Benito Juárez ocupa un lugar, como líder de estos, siendo el hombre con menos posibilidades, para estar al lado de hombres tan Ilustres, lo que lo hizo destacar más aún, para la posteridad.

Juárez, es ejemplo de que para gobernar, se necesita ser un hombre capaz; con valentía, visionario, con capacidad de decisión, capacidad de negociación, capacidad de análisis y de síntesis, capaz de mantener a raya a los ambiciosos, con probidad administrativa, carismático, conciliador, tolerante, inteligente, justo, honesto, ”un político” para decirlo en una palabra ; Juárez demostró que no era necesario un emperador europeo, un dictador, un militar, un intelectual, un comerciante, un industrial; se necesita un administrador público, un político, un estadista. Juárez lo era, por eso tubo la capacidad de ser el líder de esta generación de notables, en un momento en que México necesitaba de un político para dirigir en un periodo tan violento y delicado. Le da a la palabra político, un prestigio que ahora ha perdido y lo ha perdido por qué no lo ha habido desde hace mucho tiempo, muchos se hacen llamar políticos, demócratas, juaristas, a estos hipócritas es a los que me refiero, cuando digo que hay que combatirlos, desenmascararlos, esta gente que solo estorba la llegada de otra más capaz, que la historia los juzgue; así como ha juzgado ya al indígena zapoteco, que logró llegar al puesto de más alta investidura y responsabilidad en nuestro país, por eso cuando se compara algún otro Presidente de México, se quedan cortos frente a este gigante, solamente Lázaro Cárdenas, cierto es que en la historia de México existieron más personajes destacables; Morelos, Zapata , pero no fueron presidentes de México.

En lo que concierne a nuestro país, Benito Juárez es quien da una verdadera forma y fondo al naciente Estado Nación Mexicano, sabía del pasado de los habitantes de éste suelo; sabía el papel que debía tener y mantener en la etapa de vida que le toco vivir; sabía además del peligro que corría la nueva Nación de no actuar con rapidez y con astucia, así que echó mano de principios como el de Laicidad (separación entre el Estado y la Iglesia), la Tolerancia Religiosa y Política; y por supuesto la de libre autodeterminación de los pueblos; principios que al hacerlos efectivos, quitaban privilegios a los grupos de poder como los militares, los conservadores, la Iglesia Católica y hasta los liberales radicales; mismos principios que están consagrados en la Constitución vigente de 1917, recordemos que esta invoca a la anterior de 1857 (Constitución inspiración de toda la generación Juarista),para modificarla. Debido a la grandeza de sus actos, fue nombrado por los Congresos de Colombia y República Dominicana, “Benemérito de las Américas”. Solamente me queda exclamar con júbilo; ¡Juárez! ¡Juárez! ¡Juárez!

“Por su determinación, mejor diríamos su obstinación, Juárez logró permanecer durante la intervención francesa, así como también la guerra de Reforma, manteniendo el símbolo de la nación mexicana. Probablemente no es exagerado decir que sus esfuerzos crearon la nación mexicana”.

Por lo expuesto, fundado y motivado, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que el nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México se siga denominando como hasta ahora: “Aeropuerto Internacional Benito Juárez García”.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro de la Ciudad de México, febrero 2017.

Diputado Óscar Valencia García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a implantar el programa de apoyos a pequeños productores en su componente de atención de siniestros agropecuarios para resarcir los daños producidos por la torrencial granizada en la región montañosa central de Veracruz, suscrita por los diputados Miguel Ángel Sedas Castro e integrantes del PVEM y Jorge Alejandro Carvallo Delfín, del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, Miguel Ángel Sedas Castro, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Jorge Alejandro Carvallo Delfín del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; y diputados federales de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Innumerables países estamos expuestos a catástrofes naturales, que representan pasivos contingentes de considerable magnitud para los Gobiernos. A pesar de que el mundo ha avanzado científica y tecnológicamente en la previsión de los desastres naturales, y a los esfuerzos de capacitación a la población en riesgo en materia de protección civil, las deficiencias de los mecanismos y los protocolos de atención de las emergencias, además de la insuficiente planeación financiera para hacer frente a esas contingencias, crean dificultades y demoras en la respuesta, lo que agrava las consecuencias en términos de pérdidas humanas y económicas.

En situación de emergencia por desastres naturales, los Gobiernos se ven obligados a utilizar fondos que previamente habían sido destinados a proyectos fundamentales de desarrollo económico, y esto, en el largo plazo, impacta negativamente el proceso de desarrollo y crecimiento de las naciones. Los Gobiernos son cada vez más conscientes de que el riesgo fiscal derivado de desastres naturales no puede seguir siendo ignorado.

Sin duda, los desastres climatológicos hacen mella en el crecimiento económico de cualquier país en desarrollo, pues las pérdidas son cada vez más importantes. Paradójicamente, aunque la exposición de la población y de los activos físicos a los desastres sigue en crecimiento, es poca la atención que se dirige a la construcción de una sociedad resiliente ante los accidentes naturales. El incremento en la frecuencia y magnitud de fenómenos climatológicos extremos, previsibles debido al cambio climático, agravan potencialmente la tendencia creciente en las pérdidas económicas.

En este contexto, es fundamental que se otorgue mayor énfasis a la gestión integral del riesgo de desastres y que se incluyan medidas de protección y aseguramiento ante esos sucesos para poder hacer frente a estas tendencias disruptivas.

En ese sentido es que hoy es necesario que la Federación auxilie a la población de la región montañosa central del estado de Veracruz, particularmente los municipios de Huatusco, Coscomatepec, Chocomán, Tomatlán, Ixhuatlán del Café, Alpatlahuac, Calcahualco, localidades que fueron azotadas por una fuerte granizada el pasado 27 de marzo que generó una acumulación de hielo de hasta 20 centímetros.

Las afectaciones que el citado fenómeno natural provocó han tomado por sorpresa no sólo a los municipios antes mencionados, sino a todo el estado de Veracruz, dejando graves daños en todos los ámbitos, sociales, económicos y familiares. La mayor parte de afectaciones se han manifestado en:

• La pérdida de cosechas de la región (chayote, caña, maíz, frijol, plátano, café, entre otros);

• Casas afectadas de la población más vulnerable y marginada;

• Caminos obstruidos;

• Daños en infraestructura; y

• Árboles caídos;

Las pérdidas y afectaciones económicas son cuantiosas, especialmente en los cultivos, aunque aún no se han terminado de cuantificar. Las familias y productores afectados se cuentan por cientos, lo cual hace urgente la ayuda. Se debe aclarar que las autoridades de Protección Civil del estado de Veracruz se encuentran trabajando a marchas forzadas en conjunto con los municipios que han sufrido el embate de este fenómeno natural para hacer un recuento de daños y auxiliando a la población damnificada.

Hacemos un llamado urgente a las autoridades federales para que se solidaricen con la población de la región central montañosa del estado de Veracruz y que con celeridad se brinde apoyo a los ciudadanos veracruzanos, ya que este fenómeno climático ha afectado a los que menos tienen, que son quienes se encuentran en un mayor estado de indefensión debido al alto índice de marginación de muchas localidades o comunidades pertenecientes a los municipios afectados. Sobre todo, si se toma en cuenta la posibilidad de que el mal clima continúe en la región.

Por todo lo anterior presentamos a esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a implementar el Programa de Apoyos a Pequeños Productores en su Componente de Atención a Siniestros Agropecuarios, para resarcir los daños producidos por la torrencial granizada en la región montañosa central del estado de Veracruz.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social para que implemente el Programa de Empleo Temporal para subsanar las pérdidas ocasionadas por la torrencial granizada en la región montañosa central del estado de Veracruz.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 30 días del mes de marzo de 2017.

Diputados: , Miguel Ángel Sedas Castro, Jorge Alejandro Carvallo Delfín, Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Galico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Édgar Spinoso Carrera, Wendolín Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, por el que se condena enérgicamente el asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea y se exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión a realizar diligencias a fin de esclarecer el caso y capturar a los responsables, suscrita por los diputados Ángel Antonio Hernández de la Piedra, Virgilio Dante Caballero Pedraza y Renato Josafat Molina Arias, del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben, Ángel Antonio Hernández de la Piedra, Virgilio Dante Caballero Pedraza y Renato Josafat Molina Arias integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2 fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentamos a esta soberanía proposición de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

La periodista chihuahuense, Miroslava Breach Velducea, fue asesinada con arma de fuego este jueves 23 de marzo alrededor de las 7:15 horas cuando salía de su casa. Murió cuando era trasladada al hospital.

Los hechos ocurrieron en la esquina de las calles Río Aros y José María Mata, colonia Granjas, en la ciudad de Chihuahua, cuando la periodista salía de la cochera de su casa a bordo de su camioneta.

De acuerdo con los datos disponibles, Breach, iba acompañada de uno de sus dos hijos en el momento de la agresión. En el lugar quedó un cartel en donde aparentemente la autoría del crimen la asumía el criminal apodado “el 80”.1

Miroslava Breach fundó la agencia informativa MIR, además de colaborar con varios medios de comunicación entre los que se incluyen La Jornada, La Crónica de Hoy, el Diario de Chihuahua, el Periódico Norte de Ciudad Juárez, Semanario Concepto, Semanario La Opinión, TV Azteca y el Heraldo de Chihuahua, también fue directora del periódico Norte de Ciudad Juárez.2

La politóloga y periodista llevaba más de dos décadas trabajando en el medio y sus investigaciones se centraban en el crimen organizado, narcotráfico y corrupción política, todo ello hace pensar que el asesinato tenga relación con la línea de investigación de la periodista y que los responsables sean integrantes de esa red delictiva que Breach ponía en jaque mediante sus investigaciones.3

Este asesinato es el tercero a nivel nacional en lo que va del año y el segundo en contra de un periodista en el estado de Chihuahua durante la administración del Gobernador Javier Corral Jurado. Anteriormente, Jesús Adrián Rodríguez, de Antena Radio de Chihuahua, fue victimado el sábado 10 de diciembre, también afuera de su casa.4

Varias organizaciones han condenado el hecho, entre ellas “La Oficina en México de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, la relatoría para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos”5

También los periodistas han demostrado su indignación a través de diferentes manifestaciones en varios estados del país, por lo que es evidente que el problema de la violencia en contra de los periodistas debe ser una prioridad.6

La Procuraduría General de la República, a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), que encabeza Ricardo Nájera, inició una carpeta de investigación relacionada con el homicidio, enviando a Chihuahua un grupo integrado por agentes del Ministerio Público, peritos y personal de servicios periciales.7 Según aparece en el comunicado de la Feadle, se envía el apoyo, pero no se dice de manera expresa que se haya atraído el caso.8

Esto es evidente, pues el gobernador del estado, Javier Corral, ha dado declaraciones afirmando que es la Fiscalía del Estado y no la Feadle quien realiza las investigaciones.9 Por otro lado existen fugas de información que ponen en riesgo el trabajo de la Fiscalía estatal.10

Con este acto delictivo van 103 muertes de periodistas de 2000 a la fecha.11 De esta manera, con 11 asesinatos de profesionales de los medios de comunicación en 2016, México se ubicó en el tercer lugar mundial con más periodistas asesinados de acuerdo con las cifras de la Federación Internacional de Periodistas.12

El artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que: El derecho a la información será garantizado por el Estado.13

Sin embargo, aunque el sistema jurídico nacional y el internacional declaran que la libertad de expresión como un derecho humano que debe ser defendido, en nuestro país no se tiene una clara investigación en relación a los delitos cometidos en contra de profesionistas del gremio periodístico.

De acuerdo con datos de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle)14 y de Artículo 1915 sobre los asesinatos a periodistas, de 2009 a 2015 se hicieron los siguientes registros:

La Feadle, además, dentro de su Informe Estadístico de noviembre del 2015, proporciona un “Registro de indagatorias vinculadas con homicidios de periodistas a partir del 5 de julio de 2010 al 30 de noviembre de 2015”16

Esto representa 15 indagatorias menos que los asesinatos registrados

En la página 12 del Informe, nos proporciona un registro de averiguaciones previas desglosadas por delitos. Así, del 2010 al 2015

Estos números no son consistentes con la cantidad de homicidios registrados.

En la página 18, se nos proporciona una relación de los casos atraídos por la Feadle. Por el delito de homicidio, atrajo los siguientes casos desde el 2013:

Si en 2013 se registraron 8 asesinatos y solamente se atrajeron 2 de ellos, atendió el 25% de los casos. En 2014 el 100 por ciento. En 2015 no atendió al único caso que tenía registrado a pesar de que hubo muchos más.

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (Feadle) no ha desempeñado de manera adecuada sus funciones ya que los asesinatos de periodistas no han sido esclarecidos con la prontitud y eficiencia que se espera ni con la eficiencia requerida, según se demuestra arriba. Las pocas sentencias realizadas son un factor que permite el incremento de las agresiones que los periodistas reciben al no haber castigo ejemplar para sus agresores, que en ocasiones nunca llegan a ser identificados; por ello no existe un freno o figura que limite a los delincuentes en su intento de censurar la libertad de expresión e información.

Al permitir que la impunidad impere en las agresiones en contra de periodistas la Feadle se convierte virtualmente en cómplice de los agresores y pone en riesgo el derecho a la libertad de expresión.

Morena ha puesto sobre la mesa constantemente el tema de las agresiones a periodistas, es por ello que consideramos que es imperdonable que la impunidad sea la línea de investigación que sigan los crímenes en contra de los periodistas, toda vez que el trabajo que ejercen los periodistas es importante para conocer hechos relacionados con la corrupción que impera en nuestro país. El que no haya sanciones es lo que alienta a que las agresiones sean continuas. Como lo hemos dicho con anterioridad, la libertad de expresión es un derecho humano que debe estar protegido, así, es tiempo de que las autoridades competentes pongan atención en este problema e implementen un plan de acciones necesarias para generar un entorno pacifico donde los periodistas puedan desarrollar de manera plena y segura su profesión.

Es por todo lo anterior que pongo a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión condena enérgicamente el asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea quien ha perdido la vida por el ejercicio de su labor informativa.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Contra la Libertad de Expresión para que atraiga el caso y realice el esclarecimiento efectivo del homicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea, sin delegar esta responsabilidad a las autoridades locales y a que indague de manera exhaustiva todas las líneas de investigación, en especial la que tienen que ver con su actividad periodística y con el mayor respeto a su persona evitando la criminalización de la periodista.

Tercero. La Cámara de Diputados Del Congreso de la Unión exhorta al Gobierno del Estado de Chihuahua y a la Fiscalía General del Estado a que hagan todas las acciones necesarias para garantizar la seguridad y la libertad que requieren los periodistas en las labores informativas a que se dediquen en el estado de Chihuahua.

Cuarto. La Cámara de Diputados solicita a la Procuraduría General de la República la destitución del titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (Feadle), el C. Ricardo Celso Nájera Herrera, por la falta de resultados en la solución de las indagatorias, averiguaciones previas y los casos atraídos por la misma.

Notas

1 http://www.vanguardia.com.mx/articulo/por-lenguona-acribillaron-mirosla va-breach
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/03/23/asesinan-a-la-corresponsal-de-la-jornada-en-chihuahua

2 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/03/23/asesinan-a-la-corresponsa l-de-la-jornada-en-chihuahua
https://articulo19.org/asesinan-a-miroslava-breach-en-chihuahua-en-un-mes-suman-tres-homicidios-de-periodistas/

3 http://www.ifj.org/nc/es/news-single-view/backpid/1/article/
mexico-tercer-crimen-contra-el-periodismo-en-marzo-de-este-ano/

4 https://articulo19.org/asesinan-a-miroslava-breach-en-chihuahua-en-un-m es-suman-tres-homicidios-de-periodistas/
https://articulo19.org/asesinan-a-periodista-en-chihuahua-2016-es-el-ano-mas-letal-para-la-prensa/

5 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/03/24/condenan-el-crimen-la-onu -la-cidh-y-la-union-europea

6 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/03/25/protestas-en-varios-estad os-contra-ataques-a-periodistas
http://www.jornada.unam.mx/2017/03/28/politica/003n2pol

7 http://www.lacapitalmx.com/trafico/atrae-pgr-caso-de-miroslava-breach

8 http://www.gob.mx/pgr/prensa/comunicado-520-17-personal-ministerial-de-feadle
-se-traslado-a-chihuahua-para-investigar-y-esclarecer-homicidio-de-periodista

9 http://www.jornada.unam.mx/2017/03/28/politica/003n1pol
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/03/27/corral-anuncia-avances-importantes-en-indagatoria-de-breach

10 http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/03/26/filtra-la-fiscalia-de-chi huahua-fotos-del-homicida-de-la-corresponsal

11 https://articulo19.org/wp-content/uploads/2017/03/Periodistas-Asesinado s-2.jpg

12 http://www.proceso.com.mx/468158/mexico-tercer-lugar-mundial-periodista s-asesinados-en-2016-fip

13 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf

14 http://www.pgr.gob.mx/Fiscalias/feadle/Documents/INFORMES/
Noviembre2015/ESTADISTICAS%20noviembre%202015%20totales.pdf

15 https://es.scribd.com/doc/305133218/Informe-anual-de-violencia-contra-l a-prensa#download&from_embed

16 http://www.pgr.gob.mx/Fiscalias/feadle/Documents/INFORMES/
Noviembre2015/ESTADISTICAS%20noviembre%202015%20totales.pdf , pág. 4

Palacio Legislativo, a 30 de marzo de 2017

Diputados: Ángel Antonio Hernández de la Piedra, Virgilio Dante Caballero Pedraza (rúbrica), Renato Josafat Molina Arias.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía General de Oaxaca a investigar e iniciar proceso penal por la posible comisión de delitos de crueldad animal, agonía y privación de la vida ocurridos en San Juan Teposcolula, Oaxaca, a cargo de la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, Verónica Delgadillo García, diputada del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77, 78 y 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca a investigar e iniciar proceso penal por la posible comisión de delitos de crueldad animal, agonía y privación de la vida, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

A inicios del mes de marzo del presente año, a través de diferentes medios de comunicación1 se dio a conocer la posible actuación de autoridades municipales en el envenenamiento de varios animales de compañía. Los hechos ocurridos en el municipio de San Juan Teposcolula, del Estado de Oaxaca al parecer se encuentran relacionados por cuestiones de imagen de la ciudad, ya que coincidieron con el inicio de las fiestas patronales de la localidad.

La denuncia se llevó a cabo por organizaciones civiles a favor del bienestar animal y de ciudadanos que se vieron afectados, “de acuerdo con los testigos, elementos municipales recorrieron a bordo de una patrulla las calles del municipio e iban arrojando el veneno a los perros con el pretexto de limpiar las vialidades” [...]2

De ser ciertos los hechos denunciados estaríamos presenciando un delito en contra de la vida e integridad de los animales, el cual se encuentra plenamente tipificado en el Código Penal para el Estado de Oaxaca bajo la modalidad de crueldad animal, agonía y privación de la vida.

En cuanto a la crueldad animal y la agonía, el artículo 439 del Código Penal para el Estado de Oaxaca señala:

“Artículo 419.- Se castigará con cárcel de tres meses a dos años y con multa de 100 a 1000 días de salario a quien:

I. Dolosamente realice actos de sufrimiento que no lleven a una muerte inmediata del animal vertebrado.” [...]

Respecto a la privación de la vida de una animal, el mismo Código establece en su artículo consecutivo lo siguiente:

“Artículo 420.- Se castigará con cárcel de seis meses a cuatro años y con multa de 500 a 1500 días de salario a quien:

I. Dolosamente prive de la vida a un animal vertebrado.”

Es importante mencionar que en México ya se encuentra conformado un marco jurídico a favor de la protección de los animales, donde se ha generalizado a nivel entidad federativa leyes de bienestar animal así como la tipificación en códigos penales estatales sobre el maltrato animal, por lo cual no existe razón alguna para seguir permitiendo este tipo de atropellos en contra de otros seres vivos.

La presente proposición con punto de acuerdo tiene por objeto exhortar a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, para que investigue los hechos ocurridos que ocasionaron la muerte por envenenamiento de varios animales de compañía en San Juan Teposcolula, y que los responsables sean vinculados a proceso bajo los tipos penales anteriormente señalados.

Por todo lo anteriormente expuesto se somete a la consideración la siguiente proposición con punto de

Acuerdo

Único. Se exhorta a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca a investigar e iniciar proceso penal en contra de las personas responsables por la posible comisión de los delitos de crueldad animal, agonía y privación de la vida que ocurrieron en la localidad de San Juan Teposcolula.

Notas

1 Policías de Oaxaca envenenan a 24 perros para “limpiar” las calles y realizar una fiesta patronal: ONG, Sin Embargo, 04/03/2017 http://www.sinembargo.mx/04-03-2017/3165616

Ordenan envenenar perros callejeros en municipio de Oaxaca, Milenio, 05/03/2017 http://www.milenio.com/estados/perros_callejeros-matanza-envenenan-oaxa ca-proteccion_de_animales-milenio-noticias_0_914308800.html

Envenenan a 24 perros para limpiar alcaldía, El Universal, 05/03/2017, http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/03/5/envenenan-24-p erros-para-limpiar-alcaldia

2 Policías de Oaxaca envenenan a 24 perros para “limpiar” las calles y realizar una fiesta patronal: ONG, Sin Embargo, 04/03/2017 http://www.sinembargo.mx/04-03-2017/3165616

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de marzo de 2017.

Diputada Verónica Delgadillo García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conafor a evaluar con las autoridades competentes del estado y municipios de Oaxaca el diseño, la ejecución y el refuerzo de los programas de prevención, protección, conservación y restauración de los recursos y suelos naturales afectados ahí por los incendios forestales, a cargo de la diputada Yarith Tannos Cruz, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Yarith Tannos Cruz, diputada a la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 3, numeral 1, fracción XX, 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración y aprobación, en su caso, la presente proposición con punto de acuerdo ; por lo que para dar cumplimiento a lo ordenado en el numeral 2, fracción I, del artículo 79 del ordenamiento antes invocado, sustento mi proposición en los siguientes fundamentos y razonamientos:

El fuego es un elemento natural indispensable que requieren nuestros ecosistemas para el cumplimiento de su ciclo de regeneración de bosques y montes, ya que genera los fenómenos de germinación y rebrote; no obstante, en los años recientes, ha dejado de ser la perturbación natural que mantiene la vida y sus efectos con la creación y conservación del equilibrio de la vida y la ecología, para convertirse en una amenaza constante y peligrosa. Un incendio forestal, es un fuego que se propaga sin control alguno en cualquier tipo de ecosistema, que puede ser producido por diversas causas, agravadas por los cada vez más recurrentes fenómenos de las sequías severas y extremas y, en la mayoría de los casos existe la intervención –intencional o no– del ser humano, causando daños a la ecología, al clima, la economía y a la sociedad en su conjunto.

La falta de prevención, combinada con las sequías mencionadas, el abandono rural y la falta de coordinación efectiva entre autoridades responsables, ha incrementado de manera significativa la incidencia de incendios forestales peligrosos, no sólo por sus efectos adversos, en el suelo, la salud y vida humanas, la calidad y disponibilidad del agua, la vegetación, la fauna.

El impacto ecológico es muy superior a lo que se ve a simple vista y sobrepasa incluso las áreas afectadas. La destrucción de biodiversidad, el aumento de la desertificación o la disminución de la calidad de las aguas y la atmósfera son algunas de las consecuencias negativas posteriores a un incendio. La recuperación de los bosques afectados, si es que se consigue, lleva muchos años.

De acuerdo con el reporte emitido por el Centro de Control de Incendios Forestales de la Comisión Nacional Forestal, en el periodo comprendido entre el 1o. de enero al 16 de marzo del presente año, se han registrado 2 mil 269 incendios forestales en 30 entidades federativas, afectándose una superficie de 41 mil 47 hectáreas. Los estados con mayor número de incendios fueron: México, Puebla, Ciudad de México, Tlaxcala, Michoacán, Hidalgo, Morelos, Oaxaca , Jalisco y Chiapas, que representan 81.36 por ciento del total nacional; y que las entidades federativas con mayor superficie afectada son: Oaxaca , Jalisco, Guerrero, Puebla, México, Chiapas, Guanajuato, Michoacán, Veracruz y Tlaxcala.

En el mismo reporte de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), se señala que de la semana del 10 al 16 de marzo se reportaron 108 incendios forestales en 17 entidades de la República, con la afectación de 2 mil 300 hectáreas, siendo las más afectadas, Guerrero, Jalisco, México, Oaxaca y Nayarit.

El estado de Oaxaca ha registrado hasta el 16 de marzo actual, un total de 94 incendios forestales, afectándose con ello una superficie de 11 mil 857.25 hectáreas, de las cuales 10 mil 936 hectáreas han correspondido a vegetación en los estratos herbáceo y arbustivo.

En los días del 20 al 22 de marzo, se reportó un incremento en incendios forestales en la entidad, con mayor incidencia en las regiones de Valles Centrales e Istmo de Tehuantepec, poniendo en riesgo en esta última región, la reserva conocida como Los Chimalapas.

La Conafor, que es un organismo público descentralizado cuyo objetivo es desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y restauración en materia forestal, así como participar en la formulación de los planes, programas, y en la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable, creada por decreto presidencial el 4 de abril de 2001.

De conformidad con el artículo 22, fracciones XX, XXII y XXIII de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Conafor tiene facultades para constituirse en enlace con otras dependencias y entidades de la administración pública federal y con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, para la ejecución de programas de prevención y combate de incendios forestales así como participar en la implementación y promoción de programas productivos, de restauración, de conservación y de aprovechamiento sustentable de suelos y sus ecosistemas.

Por lo que, con base en los fundamentos antes asentados, resulta de urgente necesidad que la Conafor, en coordinación con las autoridades competentes del estado de Oaxaca, así como de los municipios afectados por incendios forestales de esa entidad federativa, con base en la información que posee y en uso de sus facultades, diseñe y ejecute los programas de prevención, protección, conservación, y restauración de los recursos y suelos forestales, en dicha zona.

Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, de manera respetuosa, a la Comisión Nacional Forestal, para que con base en la información oficial y en uso de sus atribuciones, conjuntamente con las autoridades competentes del estado y municipios de Oaxaca, evalúe el diseño, la ejecución y reforzamiento de los programas de prevención, protección, conservación y restauración de los recursos y suelos naturales afectados por los incendios forestales en dicha zona geográfica.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de marzo de 2017.

Diputada Yarith Tannos Cruz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de San Luis Potosí a separarse del encargo mientras no se aclare el destino de los recursos destinados al pago de pensiones de trabajadores de la educación en la entidad en 2014, a cargo de integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, la presente Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La corrupción es definida como la práctica que consiste en hacer mal uso del poder, de funciones o de medios para sacar un provecho económico o de otra índole.

Vencer y erradicar la corrupción constituye uno de los principales retos que en la actualidad enfrenta nuestro país y una de las demandas recurrentes vertidas por nuestra sociedad.

En nuestro país, los moches, el tráfico de influencias, el desvió de recursos públicos, el enriquecimiento inexplicable, son actos habituales de corrupción los cuales provocan inseguridad y desigualdad entre los ciudadanos.

En lo referente a la corrupción, y de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2014 elaborado por Transparencia Internacional, México se ubicó en el lugar número 103 de un listado de 175 países; de igual manera, nuestro país se coloca en este rubro en la última posición de entre los países miembros de la OCDE.

En nuestra región, más de 30 posiciones separan a México de Brasil, nuestro principal competidor económico en la región; asimismo nos encontramos 82 lugares por debajo de Chile y 9 lugares por debajo de Colombia, según datos de Transparencia mexicana.

Tenemos que puntualizar que la corrupción es un problema que ha infectado y contaminado a todo nuestro sistema político, no hay partido político que sea invulnerable a dicha práctica.

A pesar de lo anterior, siguen existiendo casos de corrupción e impunidad en nuestro país, un ejemplo que ha resonado a nivel nacional es el del gobernador Juan Manuel Carreras López, actual gobernador del estado de San Luis Potosí, quien cuando se desempeñaba como secretario de Educación del estado de San Luis Potosí, entre 2013 y 2015, ocurrió la desaparición de 400 millones de pesos para pagar pensiones de maestros de Telesecundaria, que durante su vida laboral atendieron a los niños más pobres del estado.

Lo anterior es intolerante, sobre todo si consideramos que es uno de los estados con mayor rezago educativo a nivel nacional, situándose en el lugar 13, lo que significa que un tercio de la población es analfabeta.

Asimismo, tenemos que, en materia de corrupción, el estado de San Luis Potosí ocupa un indigno 86.1% según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2015, mientras que la tasa de actos de corrupción por cada 100 mil habitantes se ubica en 15.7%, la cuales son muy altas si las comparamos con los otros estados de la república mexicana.

El contar con un respaldo para el momento del retiro es una aspiración de todos los trabajadores, quienes con su esfuerzo diario aportan a los fondos de pensión, con la firme intención de pasar sus días de jubilación con tranquilidad.

En cualquier ámbito, incluido el burocrático, se requiere del respaldo del gobierno para garantizar que los fondos de pensiones tengan un funcionamiento adecuado, conforme a los lineamientos que marca la ley, de manera que se proteja el dinero de los trabajadores.

Un plan de retiro marca una gran diferencia para la calidad de vida de los trabajadores que llegan a la edad de la jubilación, puesto que es en ese momento en el cual pueden ver materializado el tan ansiado descanso después de toda una vida de trabajo.

Sin embargo, la situación del pago de pensiones del sector público en nuestro país ha tomado tintes alarmantes, ya que los sistemas pensionarios de estados y universidades amenazan con quebrar las finanzas públicas. En 2015 se estimó que cada año el gobierno mexicano destina 528,000 mdp al pago de pensiones, equivalente al 3.8% del PIB nacional, lo cual significa que este dinero se deja de utilizar en programas de gobierno; en el mismo problema se incluye a empresas estatales como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y los burócratas de gobiernos estatales y universidades públicas, cuyos trabajadores reciben una pensión con cargo al presupuesto público.

En este sentido, los funcionarios públicos de los tres ámbitos de gobierno deben conducirse de manera ética y honrada, toda vez que el dinero que manejan no es privado, sino que se trata de aportaciones que realizan los trabajadores que confían en las instituciones, como así lo hacen los profesores de las diversas instituciones educativas en el territorio nacional.

Bajo estas condiciones, resulta reprobable que se reporte como “desaparecido” una cantidad tan escandalosa como lo son los cuatrocientos millones de pesos del fondo de pensiones para maestros de telesecundaria en San Luis Potosí, quienes dedicaron su vida a atender a niños de localidades vulnerables, y que ahora ven truncada su tranquilidad por falta de liquidez del órgano que debería haber protegido sus ahorros.

La problemática centrada en la descapitalización del fondo de pensiones debido al adeudo de 365 millones de pesos que arrastra el gobierno estatal de San Luis Potosí con la Dirección de Pensiones, se prometió resolver para la administración del gobernador en turno, destinándose 339 millones 700 mil pesos de la Secretaría de Educación, pero dichos pagos no se efectuaron a pesar de que existen documentos oficiales que dan cuenta del dinero mencionado.

El caso continua vigente, toda vez que el día 3 de marzo del presente año maestros jubilados del sistema de Telesecundaria realizaron una seria de bloqueos en las calles, como medida de presión para que la Junta de Conciliación y Arbitraje no acepte documentos falsos presentados por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), y que agilice los trámites que impiden el correcto avance de las audiencias programadas entre el 28 de febrero y el 1 de marzo, y que se han visto suspendidas por tácticas dilatorias operadas por el gobierno estatal.

Los profesores jubilados han manifestado que, en dos años de reuniones, los titulares de la SEGE mintieron al prometer la devolución del fondo de ahorro, cuyo adeudo a la fecha ascendería a 500 millones de pesos.

En síntesis, no podemos permitir que la persona que encabeza la administración pública del gobierno del estado de San Luis Potosí sea una persona sin probada honestidad y con serias dudas en el manejo de recursos públicos; por tanto, consideramos imprescindible que se aparte del gobierno y aclare de inmediato el destino de los citados recursos.

Por lo anteriormente expuesto es que nuestro grupo parlamentario presenta el presente punto de acuerdo, porque creemos que quien comete un crimen tiene enfrentar los cargos a que se hace acreedor y resarcir los daños causados, por lo que nuestro grupo parlamentario pone a consideración de la asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del gobierno del estado de San Luis Potosí a separarse de su cargo hasta en tanto no se aclare el destino de los recursos destinados al pago de pensiones de trabajadores de la educación en la entidad en el año 2014 cuando se desempeñó como secretario de Educación Pública estatal.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 30 días del mes de marzo del año 2017.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Galico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener, la STPS y el Instituto de Investigaciones Nucleares a resolver el conflicto planteado por la revisión salarial de los trabajadores de éste, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

1. Revisión salarial

A las cero horas del primero de abril de 2017, vence el plazo para revisar los salarios pactados en el Contrato Colectivo de Trabajo del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) con el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear (Sutin).

El poder adquisitivo de los salarios ha caído por debajo de los porcentajes en los que han aumentado los precios de los productos de la canasta básica. Ésta se ha incrementado en aproximadamente 30 por ciento en lo que va del actual sexenio, acompañada por una inflación de 16.18 por ciento, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En el inicio de este año, se llegó a una tasa de inflación mensual de 0.31 por ciento y, para el periodo de enero de 2016 a enero de 2017, fue de 4.72 por ciento, según datos oficiales. El aumento de precio de los energéticos, afecta la totalidad de la actividad económica y agrava una caída salarial, que inició desde la década de los ochenta y que de manera ininterrumpida afecta negativamente las condiciones de vida de la población mexicana.

Los topes salariales y las políticas hacendarias, generan un pronunciado desequilibrio de los factores de producción, por lo que el Sutin demanda un aumento al salario cuota diaria de 15 por ciento.

2. Propuesta de retiro programado por consentimiento de mutuo

El ININ cuenta actualmente con una plantilla de personal sindicalizado de 600 trabajadores, con una edad promedio de 55 años. Muchos de éstos en el corto plazo estarán buscando su jubilación o pensión (50 por ciento) y hay casos de enfermedad que pueden agravar la situación, por lo que es previsible una disminución en la productividad institucional, pérdida del conocimiento en los temas nucleares y dificultades para alcanzar las metas de ingresos propios como contribución con el presupuesto asignado al ININ.

Para tratar de enfrentar este problema el Sutin propone la contratación de personal joven de nuevo ingreso, con perfiles acordes a las necesidades del instituto, de manera simultánea con un programa de Retiro Programado por Consentimiento Mutuo para personal de edad avanzada, en etapa de jubilación o con enfermedades crónico-degenerativas. El fin es obtener un retiro digno, sin pérdida de plazas, con la indemnización acordada en el Contrato Colectivo de Trabajo y fortalecer la materia de trabajo, mediante la cobertura de estas plazas con personal joven de nuevo ingreso.

Para dar viabilidad a la propuesta de Retiro Programado por Consentimiento de Mutuo, se requiere contar con recursos económicos aplicados a un número aproximado de 25 trabajadores por año, de manera programada, con el fin de que puedan transmitir sus conocimientos a los nuevos trabajadores que se contraten a su salida (en el proceso pre-jubilatorio). El cambio de un trabajador con una antigüedad de 30 años, a uno de nuevo ingreso –sin antigüedad– contribuirá en el concurso de los nuevos servicios. Las plazas de los trabajadores liquidados serían cubiertas con el nivel inferior de la misma categoría de la plaza registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lo que representaría un ahorro adicional por la diferencia del nivel salarial desde 25 hasta 66 por ciento aproximadamente por el pasivo laboral. Con una partida presupuestal etiquetada para este fin, con un importe aproximado de 70 millones de pesos, se puede dar inicio a esta propuesta.

3. Conversión de plazas ya evaluadas y dictaminadas

El ININ comunicó al Sutin el 29 de junio de 2015, que realizó la solicitud de cambio de categorías y niveles salariales de 14 plazas que fueron evaluadas y dictaminadas favorablemente en cumplimiento a las cláusulas 38 Evaluación del Trabajo, 67 Acreditación de Méritos y demás relativas del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), proceso que realiza –según el ININ– a través del Módulo de Servicios Personales, del Portal Aplicativo de la SHCP, y que al solicitarlo, la Unidad de Control Presupuestario y la Dirección General de Programación y Presupuesto B de la dependencia, piden al ININ cumplir con los numerales 13 y 15 de las disposiciones específicas para la operación del módulo de servicios personales. Señalan lo siguiente: “Se procederá a la conversión de plazas si se cancela el número de plazas equivalentes a 30 por ciento de ahorro en recursos, con motivo de las 14 plazas sindicalizadas o, en su defecto, se utilizarán las plazas actualmente vacantes, para ubicar en ellas al personal promovido.”

Esto no está contemplado en ninguna parte del CCT firmado entre el ININ y el Sutin, y sí en cambio, están pactadas las promociones derivadas del Reglamento de Evaluación del Trabajo (RET), firmado por las partes en 1990, que sustituyó los movimientos escalafonarios, por lo que tales pretensiones están fuera del CCT. Aceptar tal hecho, de ubicar a los trabajadores ya promovidos –que han ejercido sus derechos de puesto de trabajo y salarios al nivel otorgado desde el año fiscal pasado–, constituiría un incumplimiento al CCT.

El CCT en su cláusula 68 Promociones, establece que el organismo gestionará los recursos económicos suficientes para las evaluaciones de los trabajadores. Resulta inexplicable para el Sutin, cómo los efectos en salarios de las evaluaciones han sido aplicados desde 2014 sin que la SHCP no dé la autorización correspondiente para la conversión de estas plazas, y ahora se proponga una solución en la cual el sindicato no puede sustituirse en lo que es una responsabilidad de los servidores públicos (mandos medios y superiores del instituto) en la gestoría correspondiente.

Solicitamos que el ININ cubra a la brevedad las plazas vacantes sindicalizadas pendientes y gestione una solución adecuada para continuar con las evaluaciones pendientes sin afectar la relación laboral ININ-Sutin plasmada en el CCT.

4. Aplicación colectiva y universal del contrato colectivo de trabajo

Las relaciones laborales en el ININ se encuentran regidas por el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) que se encuentra depositado y registrado ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y surtiendo sus efectos legales. Éste, es de aplicación general para todos los trabajadores de planta y temporales y se aplica en todos los establecimientos, dependencias o instalaciones actuales o aquellas que se incorporen en el futuro al organismo.

Contra estas disposiciones, la administración del instituto unilateralmente ha aplicado de manera diferenciada entre los trabajadores, el pago de la prestación aguinaldo, a la que tienen derecho los trabajadores del ININ anualmente.

En 2010, el ININ solicitó al Sutin que se realizara el procedimiento para la contratación de personal de planta para ocupar puestos de trabajo vacantes del tabulador registrado dentro de la normativa establecida en el CCT.

A partir de esta fecha, se han incorporado al ININ 51 compañeros de planta a los cuales en los años 2010, 2011, 2012 y 2013, dependiendo de su fecha de incorporación, les fue pagado el aguinaldo como a todos los trabajadores.

En 2014, el ININ de manera diferenciada y discriminatoria aplicó a los 51 compañeros el descuento del ISR, contraviniendo lo estipulado en la cláusula 106 del CCT en la que se establece “libres de todo descuento”, por concepto de aguinaldo, mientras el pago para todos los demás trabajadores lo hizo como establece el CCT, libre de todo descuento. En ningún caso procede disminución de las prestaciones o desconocimiento de los derechos consagrados. El Sutin solicita el resarcimiento de tal percepción para cada uno de los 51 casos afectados.

5. Contratación de personal por honorarios

La contratación del personal por honorarios por parte del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, constituye una clara violación al Contrato Colectivo de Trabajo firmado entre el ININ y el Sutin.

Además, de la violación al contrato ININ-Sutin, está la violación al acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, por el que se emiten las Disposiciones en las Materias de Recursos Humanos, por parte de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010, en el título cuarto, De la Celebración de Contratos de Prestación de Servicios Profesionales por Honorarios.

6. Insuficiencia de presupuesto para proyectos de investigación

La parte más importante del instituto son los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico que año con año se aprueban para ser desarrollados por los investigadores y profesionistas. Para su aprobación, estos proyectos se pueden dividir en dos grandes grupos, aquellos que cuentan con apoyo externo, conseguido éste cuando se someten a alguna convocatoria externa de instituciones como Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) o Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Comecyt) por ejemplo; el otro gran grupo son aquéllos que no cuentan con apoyo externo y su financiación proviene íntegramente del ININ.

De lo anterior surgen tres problemas importantes, el primero es que por la falta de recursos, lo asignado para los proyectos es insuficiente, pues si descontamos los salarios de los investigadores, en promedio se asigna del orden de 30 mil pesos anuales, lo cual es a todas luces insuficiente; el segundo problema es que el número de proyectos aprobados sin apoyo externo es en promedio 15, quedando fuera incluso proyectos que han sido calificados como de alta calidad y necesidad; finalmente, ha sucedido que algunos proyectos con una calificación alta no son aprobados, lo cual va en detrimento del crecimiento del trabajo científico.

Consideramos de suma importancia que los problemas antes mencionados se resuelvan, sobre todo el de la falta de recursos para el buen desarrollo de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. Cabe mencionar que a pesar de la falta de recursos, el año pasado el número de artículos en revistas indizadas, así como los recursos por venta de servicios fue superado con lo proyectado originalmente.

7. Llamado a la solución del conflicto

Es ante este panorama complicado que un importante centro de investigaciones de nuestro estratégico sector energético vive hoy una coyuntura crucial. La producción científica de la dupla ININ-Sutin rebasa incluso los límites del tema energético, ya que las investigaciones abarcan temas tan sensibles como la medicina nuclear, saneamiento ambiental, producción de alimentos, por mencionar los más destacados.

Las negociaciones han avanzado en los últimos días y creemos que es posible una negociación digna que salve la mejora de tan importante gremio y a la vez apunte soluciones a la temática aquí planteada y que ha sido recogida de voz directa de los protagonistas.

Ante la inminencia de la fecha límite para impedir una huelga, proponemos a esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución.

Único. Se exhorta a todos los protagonistas de la revisión de condiciones de trabajo del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, esto es, la Secretaría de Energía, el mismo instituto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al propio Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear a que se hagan todos los esfuerzos que permitan llegar a un acuerdo satisfactorio para las partes, se fortalezca esta valiosa institución científica y los trabajadores e investigadores obtengan un justo reconocimiento a su valioso esfuerzo laboral.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de marzo de 2017.

Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al gobierno de Tamaulipas a anexar a la Cuenta Pública de 2016 información analítica que permita a cualquier interesado verificar la evaluación del ejercicio del presupuesto y el cumplimiento de los programas de ese año, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, diputado federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XX, 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En el portal de Transparencia del Gobierno de Tamaulipas, se publicó la información financiera que incluyó la contable, presupuestal y programática al cuatro trimestre de 2016.1

De su análisis, se identificó un Presupuesto de ingresos autorizado para el ejercicio 20162 por un total de 43,652,521,000 pesos, mismo que fue modificado en 10,829,562,398 pesos, quedando un presupuesto modificado por 54,482,083,398 pesos; importe el anterior que se reportó como recaudado.

Es importante destacar que en ese 2016, el Gobierno Estatal no ejerció 574,698,935 pesos, recursos que se determinaron de comparar los ingresos recaudados al cuatro trimestre del 2016 contra los egresos devengados al cierre de diciembre de ese año por un total de 53,907,384,463 pesos.2

De su estudio, se desprenden lo siguiente:

A) No se identificó una explicación por parte del Gobierno del Estado y de manera específica de la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas, el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tamaulipas (COPLADET) y de la Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas sobre la variación entre el gasto público devengado y los recursos recaudado, que como lo explicamos ascendió a 574,698,935 pesos, hechos los anteriores regulados en los artículos 5to., 10 y 11 de la Ley de Gasto Público del Estado de Tamaulipas.3

B) Se desconoce la fuente de financiamiento de los 574,698,935 pesos, por lo que no fue posible identificar si corresponden a recursos considerados de Ingresos del Gobierno o de Ingresos derivados del Financiamiento.

C) Con la información proporcionada no fue posible identificar las causas que originaron el que no se ejerciera el total de recursos destinados a Inversión Pública por 3,999,318,774 pesos,4 según su presupuesto original, y sólo se reportarán 2,864,114,9204 pesos como presupuesto devengado en el 2016, determinando una variación de 1,135,203,854 pesos. Importante es destacar que la administración y control de este recurso es responsabilidad de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno de Tamaulipas.

Es importante destacar que en el Presupuesto de Egresos del Estado de Tamaulipas 2016 publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas del 17 de diciembre de 2015, se destaca en su artículo 17 que “Los importes no ejercidos en los capítulos autorizados del Presupuesto de Egresos del Estado, podrán aplicarse en este ejercicio o en el siguiente, a programas prioritarios o emergentes de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, previa autorización de la Secretaría de Finanzas”.5

Por lo descrito en el párrafo anterior, se desconoce si los recursos determinados como recaudados y no devengados por 574,698,935 pesos han sido ya re-asignados y si estos se destinaron a un programa prioritario o emergente de alguna de las dependencias y entidades del gobierno Estatal

Finalmente, deseo enfatizar la importancia de que el Gobierno de Tamaulipas precise la información financiera que permita aclarar lo antes descrito ya que de manera textual en el último párrafo del artículo 14 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tamaulipas 2016 se lee “Al cierre de la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015 , se informará de las ampliaciones o reducciones efectuadas con base en esta disposición y se hará el análisis de la diferencia entre las estimaciones del presente Decreto y el gasto ejercido”6 –Énfasis Personal.

Como se puede apreciar se identificó inconsistencia en el texto anteriormente citado, ya que al referirse al ejercicio 2015, éste no tiene relación con el ejercicio del presupuesto 2016 por lo que identifico un riesgo, en lo anteriormente descrito, donde la expresión en comento se pueda utilizar para evitar la responsabilidad de la rendición de cuentas correspondiente.

Por lo anterior, considero importante exhortar al gobierno de Tamaulipas a que anexe a la Cuenta Pública 2016 información analítica que permita a cualquier interesado verificar la evaluación del ejercicio del presupuesto y el cumplimiento de los programas 2016, así como entender plenamente las diferencias ente las estimaciones del Decreto del Presupuesto 2016 y el gasto ejercido en ese ejercicio a fin de que los tamaulipecos, primordialmente, conozcan si el Gobierno Estatal cumplió con las medidas de austeridad y racionalidad del ejercicio del gasto que prometió y en su caso, por los recursos no ejercidos transparente su destino y el beneficio para la población.

En virtud de lo aquí expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al gobierno de Tamaulipas a que anexe a la Cuenta Pública 2016, información analítica que permita a cualquier interesado verificar la evaluación del ejercicio del presupuesto y el cumplimiento de los programas 2016, así como aquella necesaria que facilite identificar las diferencias ente las estimaciones del Decreto del Presupuesto 2016 y el gasto ejercido en ese ejercicio a fin de que los tamaulipecos, primordialmente, conozcan si el Gobierno Estatal ejecutó medidas de austeridad y racionalidad del ejercicio del gasto y en su caso, se conozca, por los recursos no ejercidos su reprogramación, destino y el beneficio para la población.

Notas

1 Información financiera que incluyó la contable, presupuestal y programática al cuatro trimestre de 2016 – Portal de Transparencia del Gobierno de Tamaulipas, disponible en http://transparencia.tamaulipas.gob.mx/informacion-publica/por-fraccion /informacion-financiera/, consultada el 24 de marzo de 2017.

2 Estados Financieros del Gobierno de Tamaulipas al cuatro trimestre de 2016, disponible en

http://transparencia.tamaulipas.gob.mx/wp-content/upload s/2017/02/sf-estados-financieros-4totrim2016.pdf, consultada el 24 de marzo de 2017.

3 Ley del Gasto Público, disponible en http://www.congresotamaulipas.gob.mx/LegislacionEstatal/LegislacionVige nte/Vigente.asp?idtipoArchivo=1, consultada el 24 de marzo de 2017.

4 Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos, clasificación por Objeto del Gasto (capítulo y concepto), disponible en http://transparencia.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2017/02/sf-es tados-financieros-4totrim2016.pdf, consultada el 24 de marzo de 2017.

5 Artículo 17 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tamaulipas 2016 publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas del 17 de diciembre de 2015, disponible en http://transparencia.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/Presu puesto-de-Egresos-2016.pdf, consultado el 24 de marzo de 2017.

6 Artículo 14 del Presupuesto de Egresos del Estado de Tamaulipas 2016 publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas del 17 de diciembre de 2015, disponible en http://transparencia.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/Presu puesto-de-Egresos-2016.pdf, consultado el 24 de marzo de 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de marzo de 2017.

Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía conmemora el cincuentenario de la primera edición de la novela Cien años de soledad e instruye al Consejo Editorial para los efectos correspondientes, a cargo de la diputada Xitlalic Ceja García, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada federal Xitlalic Ceja García, integrante del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la Proposición de Acuerdo Parlamentario por el que la honorable Cámara de Diputados conmemora el cincuentenario de la primera edición de la novela “Cien años de Soledad”, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Hace cincuenta años surgió a la luz una obra literaria de origen latinoamericano, pero de alcances universales; una creación que enriquece al idioma español al integrar, castellanizados, vocablos procedentes de las lenguas indígenas, tal y como lo hiciera en su momento Cervantes con el árabe a través del Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Nos referimos a “Cien años de soledad”, la ficción transcurrida en el imaginario de Macondo, una construcción gramática pulcra y cuidadosa, de una prosa vasta que homenajea a una región y a un tiempo (América Latina y la segunda mitad del siglo XX), que ayuda a comprender un entorno turbulento acicateado por la efervescencia surgida tras el triunfo de la Revolución Cubana hasta convertirse en el paradigma de un momento y una corriente literarios: el boom latinoamericano y el realismo mágico.

A decir de Álvaro Mutis: “Cien años de soledad” “es un libro sobre el que no se ha dicho aún toda la deslumbrada materia que esconde. Cada generación lo recibirá como una llamada del destino y sus mudanzas poco podrán contra él.”

Carlos Fuentes, en una misiva dirigida a Julio Cortázar, se expresó entusiasmado tras la lectura de la novela del Gabo y se refirió a ésta como: “crónica exaltante y triste, una prosa sin desmayo, una imaginación liberadora (...). He leído el Quijote americano, un Quijote capturado entre las montañas y la selva, privado de llanuras, un Quijote enclaustrado que por eso debe inventar al mundo a partir de cuatro paredes derrumbadas. ¡Qué maravillosa recreación del universo inventado y reinventado! ¡Qué prodigiosa imagen cervantina de la existencia convertida en discurso literario, en pasaje continuo e imperceptible de lo real a lo divino y a lo imaginario!”

Mario Vargas Llosa, también premio Nobel e integrante distinguido del boom , escribió sobre la multicitada novela: “Es una novela total, en la línea de esas creaciones demencialmente ambiciosas que compiten con la realidad de igual a igual, enfrentándose una imagen de vitalidad, vastedad y complejidad cualitativamente equivalentes (...) Cien años de soledad es uno de los raros casos de obra literaria mayor contemporánea que todos pueden entender y gozar.”

La novela de García Márquez ha vendido treinta millones de ejemplares y ha sido traducida a cerca de treinta idiomas, siendo reconocida con el premio Rómulo Gallegos. Al cumplirse los cuarenta años de su publicación, fue objeto de una edición conmemorativa por parte de la Real Academia de la Lengua y la Asociación de Academias de la Lengua Española.

Colombiano de nacimiento, García Márquez fue ciudadano nuestro por cariño y adopción, más que por una formalidad legal. A decir de Carlos Fuentes, Gabo se acomodó a México con la sabiduría de un hechicero, por ello no es raro que, en este mismo recinto, hace casi treinta y cinco años, fuera celebrada su obra tras el otorgamiento del premio Nobel de Literatura. Serafín Domínguez Ferman y Encarnación Pérez Gaytán, entonces diputados por los partidos Revolucionario Institucional y Socialista Unificado de México, respectivamente, subieron a esta tribuna a efecto de enviarle un saludo al escritor colombiano, con motivo de dicha distinción y de la entrega de la Orden del Águila Azteca. Fue el segundo quien dijo que García Márquez era un hombre vinculado a su pueblo y a esa gran parte de la humanidad que lucha por el progreso social, la democracia y el socialismo con la única credencial que le ofrece su obra poética, porque “este hombre de América y el mundo es un gran poeta, cuyo lirismo aparece en prosa no por medio de la metáfora cultista y erudita al estilo gongorino, pero sí conceptuosa, imaginativa y bella porque “¿qué otra cosa indica el ascenso al cielo de Remedios la Bella en Cien años de soledad?”. 1

Sobre García Márquez, François Mitterrand dijo que era un “hombre parecido a su obra: sólido, sonriente, silencioso, dueño de un desierto de silencio como sólo las selvas tropicales pueden crear.” Nosotros coincidimos con ello y agregamos que su “Cien años de soledad” es un homenaje a la vida y al ser latinoamericano, una fiesta de las letras que debe ser conmemorada como lo que es: un fenómeno vigente que traspasa como flecha el tiempo y que, con cada nueva lectura de que es objeto, refrenda su alcance y vitalidad, no como la de una montaña yerma, sino como la de un río que no se agota y siempre lleva agua nueva en su caudal.

En la honorable Cámara de Diputados está constituido el Consejo Editorial, el cual tiene la misión de contribuir en la difusión del conocimiento no sólo de temas legislativos y propios del quehacer público, sino de la cultura mexicana en todas sus manifestaciones; ya sea a través de libros, revistas, folletos y otros materiales escritos o electrónicos y se promoverá el análisis, reflexión y elaboración de propuestas sobre las diversas problemáticas.

Derivado de lo anterior, se somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente:

Proposición de Acuerdo Parlamentario

Unico. La honorable Cámara de Diputados conmemora el cincuentenario de la primera edición de la novela “Cien años de soledad” y se instruye al Consejo Editorial para los efectos correspondientes.

Notas

1. Galarza, Gerardo, “La Cámara de Diputados decidió felicitar a García Márquez”, Revista Proceso, México, 30 de octubre de 1982. Consultado en

<http://www.proceso.com.mx/134656/la-camara-de-diputa dos-decidio-felicitar-a-garcia-marquez>, el 8 de marzo de 2017 a las 19:15 horas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de marzo de 2017.

Diputada federal Xitlalic Ceja García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de San Luis Potosí a asumir por la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental su responsabilidad legal y social con el cuidado y la conservación del ambiente y la salud de las personas para que realice de modo urgente los estudios de impacto ambiental referentes al proyecto presentado por la empresa Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable, a cargo de integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Uno de los derechos fundamentales de todos los mexicanos es el poder gozar de un medio ambiente sano, mismo que será garantizado por el Estado, de acuerdo con el artículo 4 constitucional, en el cual también se establece el derecho a la salud, que es inherente tanto para mujeres como para hombres.

De esta forma, el Estado tiene la obligación de velar por el bienestar de los individuos que integran a su población, por medio de instituciones y políticas públicas creadas para tal efecto.

Del mismo modo, existe un marco jurídico en donde se establecen las atribuciones asignadas a los poderes locales y federales, de manera que el cuidado del medio ambiente y la salud sea objeto de atención de los tres niveles de gobierno.

Cabe señalar que salud y medio ambiente son ámbitos paralelos cuyos parámetros de medición tienen incidencia en el nivel de calidad de vida de las y los mexicanos, de manera que, si se descuida uno, inevitablemente afecta al otro.

En este tenor, en el estado de San Luis Potosí se atestigua un nuevo conflicto de carácter social y ambiental, generado por la intención de la empresa denominada Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable Palula SA de CV (Citsu), para instalar un confinamiento de residuos tóxicos procedentes de actividades mineras, en una zona que nada tiene que ver con la generación de esa basura industrial.

La empresa Citsu es propiedad de José Cerrillo Chowell, hombre de negocios sobre quien recaen numerosas acusaciones de responsabilidad en el daño a los derechos de sus trabajadores, y al ambiente de los sitios donde se encuentran sus empresas mineras. Cerrillo también es accionista en casas de cambio, inversionista en diversos rubros y ha sido dirigente de la Cámara de Mineros Mexicanos.

El conflicto data desde agosto de 2012 cuando la empresa solicitó el cambio de uso de suelo al ayuntamiento de Santo Domingo. Los permisos que supuestamente le fueron otorgados son irregulares: no obran en el libro de actas de cabildo; el síndico y una regidora, cuando menos, desconocen las firmas que ahí se consignan. Esos permisos son inválidos administrativamente, pero además se presume en ellos la comisión de delitos como falsificación de firmas, usurpación de funciones y cohecho.

Se ha denunciado que la instalación para esta zona de residuos únicamente se requieren 20 hectáreas, pero se le concedieron de oficio 600, donde se supone que confinará 185 mil toneladas de residuos industriales de cianuro, cadmio y mercurio, a saber. Esos metales están asociados a la mayoría de los padecimientos de cáncer y a otros efectos igualmente nocivos a la salud de las personas y otras afectaciones posibles a especies vegetales y animales endémicas. En el territorio en conflicto las personas se dedican principalmente a la agricultura y la ganadería.

Las afectaciones derivadas de este proyecto involucran a pobladores de las comunidades de Cerda, Charcas, Guadalcázar y Catorce, se relacionan con probables escurrimientos de agua contaminada hacia cosechas y reservas acuíferas que son defendidas por el pueblo originario Wixárika, conocido también como Huichol.

En octubre de 2015 se constituyó el Comité en Defensa del Territorio de Santo Domingo, con representantes ejidales y comunitarios, para oponerse a la instalación del confinamiento, principalmente porque consideran una injusticia que depositen en los territorios donde desarrollan sus actividades cotidianas la basura industrial que se genera en otras latitudes; que el traslado aumenta el riesgo de accidentes, que se expone innecesariamente a núcleos poblacionales. Miembros del comité han denunciado que diversos operadores políticos a nombre de la empresa intentaron sobornarlos para que cese su oposición, pero los activistas tienen claro que defienden su territorio, su futuro, los recursos naturales con los que subsisten y también su derecho a la consulta, a la salud, a la vida.

Se ha interpuesto una demanda de amparo contra las autorizaciones administrativas ilegales, además de denuncias populares ante la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental de San Luis Potosí, sin resultado.

La empresa interesada indica que cuenta con el permiso correspondiente ante instancias federales, sin embargo, ello no exime la responsabilidad de la autoridad estatal, tal como se expone en el artículo 33 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA):

“Artículo 33. Tratándose de las obras y actividades a que se refieren las fracciones IV, VIII, IX y XI del artículo 28, la Secretaría notificará a los gobiernos estatales y municipales o del Distrito Federal, según corresponda, que ha recibido la manifestación de impacto ambiental respectiva, a fin de que éstos manifiesten lo que a su derecho convenga.

La autorización que expida la Secretaría, no obligará en forma alguna a las autoridades locales para expedir las autorizaciones que les corresponda en el ámbito de sus respectivas competencias.”

Considerando que el proyecto cae dentro de la nomenclatura de instalación para el tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos peligrosos, la autoridad local tendría la atribución de negarse a expedir la autorización para la operación de dicho espacio, toda vez que en la Ley Ambiental del Estado de San Luis se considera lo siguiente:

“Artículo 2o. Se consideran de utilidad pública:

III. El otorgamiento o negativa de la licencia de uso del suelo, respecto de obras y actividades que se pretendan realizar fuera de las áreas urbanas o urbanizables del Estado;

V. Las acciones en materia de prevención de la contaminación atmosférica, de los mantos freáticos y demás cuerpos de agua, así como del suelo del territorio Estatal o Municipal;”

En este sentido, la ley en comento confiere atribuciones en materia ambiental al Ejecutivo estatal, quien las ejercerá por medio de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), de acuerdo a su artículo 7o.

El mismo artículo señala como atribución la evaluación del impacto ambiental, previa expedición de autorizaciones para actividades que no sean facultad de la federación. Sin embargo, el artículo 33 de la LGEEPA indica que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) notificará a las autoridades estatales de la manifestación del impacto ambiental, pero sin que ello sea vinculante para dichas autoridades, de manera que se pueden negar a dar el permiso.

La Segam no ha dado seguimiento al caso, toda vez que en el artículo 91 de la Ley Ambiental del Estado de San Luis establece que:

“Artículo 91. Para prevenir y controlar la contaminación del suelo y del subsuelo corresponderá a la Segam y a los ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas competencias, vigilar y controlar que:

IV. El manejo de los materiales y residuos peligrosos se lleve a cabo conforme a lo dispuesto en los artículos 151 a 154 de la LGEEPA y la normatividad ambiental aplicable, así como a las disposiciones y restricciones de las correspondientes autorizaciones, debiendo en todo momento hacerlo del conocimiento de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para que aplique las medidas de seguridad y sanciones cuando fueren procedentes, así como la interposición de las denuncias ante la autoridad competente.”

En el caso que nos ocupa, la Segam no ha fijado una postura clara ni tampoco ha emitido documento alguno en donde se constate la viabilidad del proyecto presentado por la empresa Citsu en cuanto al impacto que representaría en el ámbito local.

La responsabilidad del gobierno local es innegable, toda vez que desde la secretaría estatal con jurisdicción en materia medioambiental se han cometido omisiones ante los señalamientos derivados de la disposición de residuos que, por sus características, representan un grave riesgo para la salud y el medio ambiente.

Ante esta problemática, solicitamos la cooperación de las autoridades locales para resolver las demandas de la población, toda vez que es responsabilidad del gobierno local la expedición de autorizaciones para la canalización de materiales tóxicos en defensa del medio ambiente, como se indica en las leyes citadas, más aún, como lo señala la propia Constitución del Estado de San Luis Potosí:

“Artículo 15. Todos los habitantes del Estado tienen derecho a gozar de un ambiente sano, por lo que, en la esfera de su competencia y concurrentemente con los ayuntamientos, el gobierno del estado llevará a cabo programas para conservar, proteger y mejorar los recursos naturales de la entidad, así como para prevenir y combatir la contaminación ambiental. Las leyes que al efecto se expidan serán de orden público e interés social y fomentarán la cultura de protección a la naturaleza, el mejoramiento del ambiente, el aprovechamiento racional de los recursos naturales y la protección y propagación de la flora y la fauna existentes en el territorio del Estado.”

En virtud de lo aquí expuesto, ponemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobernador constitucional del estado de San Luis Potosí para que, a través de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental estatal, asuma su responsabilidad legal y social con el cuidado y conservación del medio ambiente y la salud de las personas, y de modo urgente realice los estudios de impacto ambiental referentes al proyecto presentado por la empresa Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de marzo de 2017.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Galico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Judicial de la Federación a revocar la sentencia del amparo 159/2017-IV y resolver con perspectiva de género, conforme a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; y al CJF, a llevar a cabo una investigación en torno del juez Anuar González Hemadi, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, María Candelaria Ochoa Ávalos, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, integrante de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 3 de enero de 2015 en Boca del Río, Veracruz, se cometió un abuso sexual grupal contra la menor Daphne Fernández. A la menor se le obligó a subirse a un auto con 4 jóvenes, en el que abusaron sexualmente de ella dos de ellos (uno de estos Diego Cruz), para posteriormente llevarla a la casa de otro de ellos, en donde este último la violó. El caso, en su momento, fue altamente mediatizado puesto que los jóvenes culpables de este delito procedían de familias adineradas y con poder en el estado de Veracruz.

Diego Cruz fue detenido en Madrid en junio del año pasado, en donde estuvo en prisión preventiva. Después de esto, llegó a México el 19 de enero pasado una vez que fue extraditado por España y entregado a la Procuraduría General de la República. Sin embargo, el día de ayer un Juez Tercero de Distrito del estado de Veracruz emitió un amparo contra ‘el auto de formal prisión de veintitrés de enero de dos mil diecisiete, emitido en la causa penal número 83/2016 del índice del juzgado responsable [...], por la probable comisión del delito de pederastia; y su ejecución’ que se había emitido en contra del joven.

El amparo que se le concedió a Diego Cruz por el juez Anuar González Hemadi argumenta que el delito de pederastia que se le imputa al joven no está comprobado, aun contra el testimonio de la menor afectada y de la investigación ministerial llevada a cabo. El Juez Tercero determinó que para poder declarar el crimen como pederastia, tendrían que haberse demostrado el estado de indefensión de la víctima, el abuso sexual y la intención lasciva de satisfacer un apetito sexual (sic).

En la investigación ministerial 592/15/1ESP/VER05 se da cuenta de cómo los 4 jóvenes abusaron sexualmente de Daphne, quien en ese momento tenía 17 años de edad, especificando cómo Diego Cruz le ‘tocó los senos, le metían sus manos debajo de la falda y [Cruz] le introdujo sus dedos por debajo del calzón y se los introdujo en la vagina’. Aun así, el Juez ‘no observa una intención ‘lasciva’, ni que Cruz tuviera la intención de ‘copular’’. Considera lo sucedido ‘no como un acto sexual, sino como un ‘roce o frotamiento incidental’’.

Según el Código Penal de Veracruz, quien ‘sin llegar a la cópula (...) Abuse sexualmente de un menor, agraviando su integridad física o moral (...) Aprovechándose de su ignorancia o indefensión (...)’ incurre en el delito de pederastia. Aun así, según el amparo recientemente emitido, Daphne no habría estado indefensa cuando estos jóvenes abusaron de ella. El contenido de este amparo refleja indignantemente la poca consideración no sólo de los derechos humanos de la menor implicada, sino de los derechos de todas las mujeres, adolescentes y niñas de nuestro país; así como una nula comprensión de los instrumentos con perspectiva de género vigentes que existen en México.

Según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se considera violencia sexual ‘cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de la Víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla como objeto’. No nos queda duda de que con este margen legal, aunado a lo que indica el código penal de Veracruz, no debería haber siquiera oportunidad de que los delitos cometidos por Diego Cruz se presten a las interpretaciones misóginas y anticonstitucionales del Juez Anuar González Hemadi.

Por si lo anterior fuera poco, México es firmante de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ‘Convención de Belem do Pará’, en la que se especifica en el artículo 7 que ‘los Estados partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: [...] f) establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluya, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos’.

Este amparo no solo es un agravio directo contra Daphne Fernández y su familia, sino contra el sistema judicial de nuestro país, contra las convenciones internacionales que ha suscrito México y contra todos los mexicanos; puesto que expone la medida en que el dinero y las influencias superan a la justicia en nuestro país. Aunado a ello, las implicaciones de este amparo alcanzan niveles indignantes y altamente preocupantes, puesto que, como bien declaró ya el padre de Daphne, bajo ese criterio cualquier persona podría tocar sexualmente a una niña sin enfrentar consecuencias penales.

Consideramos, además de la urgencia de revocar el amparo 159/2017-IV por parte del Poder Judicial de la Federación, que es necesario que el Consejo de la Judicatura Federal lleve a cabo una investigación en torno al Juez Anuar González Hemadi; para que, en caso de ser necesario, sea sancionado por omisión, alevosía y desacreditación de los delitos de violencia contra las mujeres, abuso sexual y pederastia; aun cuando estos están tipificados en el Código Penal del Estado de Veracruz y en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Por ello, presentamos el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Por el que se exhorta al Poder Judicial de la Federación a revocar la sentencia del amparo 159/2017-IV y a resolver con perspectiva de género, considerando lo dispuesto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Segundo. Se solicita que el Consejo de la Judicatura Federal lleve a cabo una investigación en torno al Juez Tercero de Distrito Anuar González Hemadi por omisión, alevosía y desacreditación de los delitos de violencia contra las mujeres, abuso sexual y pederastia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de marzo de 2017.

María Candelaria Ochoa Ávalos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al sistema nacional de salud a ampliar y fortalecer las acciones inherentes a la prevención del cáncer cervicouterino, a cargo de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, del Grupo Parlamentario del PRI

Laura Nereida Plascencia Pacheco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que confieren el apartado numeral 1, fracción I, así como numeral 2 del artículo 79, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo en base a las siguientes

Consideraciones

La salud es un tema toral para el desarrollo de las naciones, grandes cantidades del presupuesto se destinan en la atención de las enfermedades crónico degenerativas; sin embargo lo realizado en materia de prevención no es suficiente, y no porque no se haga sino porque tal vez la forma en que se ha hecho no ha permitido que el grueso de la población tenga acceso a la información para atender cualquier síntoma inherente a las mismas, caso específico lo tenemos en el cáncer cervicouterino, que al igual que el cáncer de mama, el de pulmón, entre otros, está matando día con día personas que por no haberse atendido de manera adecuada a temprana detección; pues está plenamente comprobado que cáncer no debe ser sinónimo de muerte, dado que en sus antecedentes primigenios, puede ser atendido y combatido con grandes probabilidades de éxito en su totalidad, a través de las diversas acciones médico-científicas.

“En el año 2014 ocurrieron en el país 259,146 defunciones en mujeres mexicanas, de las cuales, los tumores malignos representaron el 14.6 por ciento de las muertes en mujeres (38,046). Dentro de las neoplasias con mayor número de defunciones en mujeres, el cáncer de mama y el cuello uterino ocasionaron en conjunto el 26 por ciento de todas las defunciones por cáncer en mujeres.”

“1 de cada 10 muertes por cáncer en mujeres mexicanas es debida a cáncer de cuello uterino”

Pero, ¿qué es el cáncer cervicouterino?

Es el crecimiento, desarrollo y la multiplicación de manera desordenada y sin control de las células del cuello del útero (o matriz).

El cáncer del cuello uterino, se asocia a la infección por el virus de papiloma humano (VPH), el cual se transmite por contacto sexual y afecto a 8 de cada 10 personas (hombres y mujeres) en algún momento de la vida. Sólo una de cada mil mujeres con infección por este virus puede desarrollar cáncer.

Factores que favorecen la progresión de la infección por VPH a cáncer de cuello uterino:

• Tabaquismo.

• Infecciones de transmisión sexual concomitantes (Herpes, Chlamydia).

• Uso de hormonales orales

• Número elevado de embarazos.

• Deficiencias nutricionales.

• Inicio de vida sexual sin protección en la adolescencia.

“8 de cada 10 personas en algún momento de la vida se infectan por VPH, pero sólo en 1 de cada 1,000 la infección persiste y puede progresar a cáncer”

Referencias estadísticas:

A nivel mundial el cáncer de cuello uterino es la séptima neoplasia más frecuente en la población mundial y la cuarta más frecuente entre las mujeres con un estimado de 528mil nuevos casos diagnosticados anualmente, 85 por ciento de los cuales se registran en países en vías de desarrollo. La incidencia es más alta en países en vías de desarrollo; varía desde 42.7 en África Oriental, hasta 4.4 por 100,000 mujeres en Asia occidental (Medio oriente).

Es también una importante causa de muerte por un tumor maligno en la mujer con 266,000 defunciones anuales, 87 por ciento de las cuales ocurren en países subdesarrollados. Las tasas de mortalidad que van de 2 en Asia Occidental a 27.6 defunciones por 100,000 mujeres en África Oriental.

La tendencia de la mortalidad es descendente debido a una menor incidencia de la enfermedad por la mejora en las condiciones sociales y la respuesta de los sistemas de salud. Por lo tanto, constituye un indicador de desigualdad, ya que la mortalidad tiende a concentrarse a las regiones más desfavorecidas.

“El cáncer de cuello uterino es la primer causa de muerte por tumores malignos en los países en vías de desarrollo”

En América Latina el cáncer de cuello uterino es la segunda neoplasia más común en mujeres de América Latina, con 68,818 casos anuales. La incidencia en la región es de 21.2 casos por 100,000 mujeres, alcanzando valores superiores a 30 en países como Perú, Paraguay, Guyana, Bolivia, Honduras, Venezuela, Nicaragua y Surinam.

La mortalidad en la región es de 8.7 defunciones por 100,000 mujeres. El 75 por ciento de las 28,565 defunciones anuales por esta causa, ocurren en seis países: Brasil, México, Colombia, Perú, Venezuela y Argentina. Sin embargo, la mortalidad es más alta en Guyana (21.9), Bolivia (21.0) y Nicaragua (18.3).

En nuestro país, desde 2006 el cáncer de cuello uterino es la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer. Anualmente se estima una ocurrencia de 13,960 casos en mujeres, con una incidencia de 23.3 casos por 100,000 mujeres. En el año 2014, se registraron 3,063 casos nuevos de tumores malignos del cuello del uterino con una tasa de incidencia de 6.08 por 100,000 habitantes mayores de 10 años.

En el grupo específico de mujeres de 25 años y más, se registraron 4,056 defunciones en mujeres con una tasa cruda de 11.9 defunciones por 100,000 mujeres y un promedio de edad a la defunción de 59.15 años. Las entidades con mayor mortalidad por cáncer de cuello uterino son: Chiapas (18.2) Morelos (17.2), Sonora (15.7), Quintana Roo (15.2), Chihuahua (15.1) y Baja California (15.0).

La distribución de los casos de Cáncer de Cuello Uterino en relación a la edad, muestra un incremento a partir de los 35 años, siendo el grupo de 50 a 59 años de edad quien registra el mayor porcentaje con alrededor del 30 por ciento de todos los casos registrados para el año 2014; la edad promedio de presentación de los casos de CCU es a los 49.2 años.

La positividad por Virus de Papiloma Humano para el año 2014 fue de 10.35, las entidades federativas que registraron el mayor índice de positividad fueron los estados de Veracruz, Tabasco y Chiapas con 13.1, 12.5 y 12.1 respectivamente.

El 82.7 por ciento de los genotipos reportados de VPH corresponden a otros VPH, un 18.81 por ciento a VPH16 y un 3.6 por ciento a VPH 18, el resto son debidos a coinfección de estos genotipos.

En relación a la clasificación histológica, el 46 por ciento de los CCU registrados, corresponden a carcinoma epidermoide invasor, un 23 por ciento a carcinoma epidermoide microinvasor, un 10 por ciento a adenocarcinoma endocervical in situ, un 6 por ciento a adenocarcinoma endocervical invasor, el resto se encuentran asociados a otros tipos histológicos.

En relación a la clasificación por etapas clínicas de detección del CCU, el 23.27 por ciento corresponden a carcinoma in situ, el 25.51 por ciento a etapas tempranas, el 16.61 por ciento a etapas intermedias, un 30.8 por ciento a etapas tardías y el 3.79 por ciento de los casos de CCU son tumores no clasificables.

“México es el país con la mortalidad más alta por cáncer de cuello uterino dentro de los países de la OCDE”

Podemos hablar y seguir hablando de cifras, sin embargo consideró que es más importante hablar de prevención. Está comprobado que los países que más invierten en salud en materia de prevención, son países que crecen y se desarrollan de una manera armónica con los efectos de la globalización, formemos parte de esas estadísticas realizando las siguientes acciones:

Está comprobado que el cáncer de cuello uterino es la única neoplasia prevenible casi al 100 por ciento, mediante:

1. Vacunación contra VPH (protege contra los tipos de VPH asociados al 70 por ciento de los cánceres)

2. Uso del condón (reduce en 70 por ciento la transmisión del VPH)

3. Detección y tratamiento de lesiones precancerosas

Con estas acciones lograremos detectar oportunamente gracias a que en nuestro país existen un programa de detección de lesiones precancerosas y cáncer de cuello uterino. En las instituciones del Sector salud se realizan:

• Papanicolaou (citología cervical) para mujeres de 25 a 64 años, el cual en caso de tener un resultado normal se debe realizar cada tres años. La prueba es gratuita y está disponible en todas las instituciones del Sistema nacional de Salud.

• Esquema de detección con Prueba de papiloma virus para mujeres de 35 a 64 años, el cual en caso de tener un resultado normal se debe realizar cada cinco años y está disponible en el ISSSTE y la Secretaría de Salud.

• Anualmente se realizan en México 5,752, 026 citologías y 1, 063,541 detecciones con prueba de VPH.

“Acorde a la Encuesta Nacional de Salud sólo una de cada dos mujeres mayores de 25 años se ha realizado una prueba de detección para cáncer de cuello uterino”

De igual manera es importante hacer mención que el tratamiento del cáncer de mama y de cuello uterino en México es gratuito en las instituciones de seguridad social (IMSS, ISSSTE, Sedena, Pemex, Semar, etcétera) y a través del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular.

Anualmente se atienden gratuitamente cerca de 4mil casos (3,832 para 2013) en el Seguro Popular de las cuales sólo el 38.8 por ciento son diagnosticadas en etapas tempranas, en las que el tratamiento oncológico es más efectivo.

“El 6 de cada 10 casos de cáncer de cuello uterino son detectados en etapas avanzadas”

1. Es por ello y con la finalidad de dar cumplimiento a lo que establece el cuarto párrafo del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el cual dice:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.

La protección que tutela el precepto constitucional en comento, se brinda a través de los Servicios de Salud que prestan los diversos institutos tanto a nivel federal como en el local, sin embargo; en virtud de que a consideración de la suscrita y de cientos de ciudadanas y ciudadanos con los que he tenido contacto, quienes me han referido que por ser la Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados, debiese ser el conducto para solicitar, la siempre atinada intervención del Ejecutivo Federal, para alentar y reforzar políticas públicas de salud encausadas a fortalecer campañas de difusión e implementación de programas de mayor cobertura similar a las campañas en contra del cáncer de mama por poner un ejemplo, que atiendan las problemática del cáncer cervicouterino.

2. Es por ello que presento este punto de acuerdo con la finalidad de dar voz a esas miles de ciudadanas que solicitan que el binomio perfecto ciudadano y gobierno, actuemos para enfrentar de manera solidaria y subsidiaria, para combatir los efectos de tan fatal enfermedad, dado que la atención a este rubro precisa una corresponsabilidad en las tareas de detección, atención y tratamiento en la prestación de los servicios de salud, aunado al seguimiento y evaluación del impacto de las acciones emprendidas dentro de las políticas públicas de salud en los siguientes términos:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al Sistema Nacional de Salud, a ampliar y fortalecer las acciones inherentes a la prevención del cáncer cervicouterino.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud a incorporar bevacizumab en su cuadro básico y catálogo de medicamentos, específicamente en los alcances que cubre el Seguro Popular de Salud.

Palacio legislativo, a 30 de marzo de 2017.

Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Condusef a emitir recomendaciones y lineamientos para que las entidades del sistema financiero mexicano den información y resuelvan cualquier aclaración, queja o reclamo a través de módulos físicos de atención de usuarios en sucursales, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Mirza Flores Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX, 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. El debate entre ideologías de izquierda y de derecha respecto a las decisiones tomadas por los gobernantes y los discursos dogmáticos y pragmáticos de los partidos políticos influye de manera directa en la consolidación de las políticas económicas y sociales del país.

No obstante “las nociones de izquierda y derecha son relativas, (...), a las actuales corrientes políticas, sean cual fueren sus nombres oficiales, sus seudónimos, o denominaciones subliminales, se las sitúa en la línea sustantiva averiguando si propugnan más o menos Estado –privatizaciones y desregulaciones–. La que aspiren a menos se localiza a la derecha de las otras”.1

A finales de la década de 1970, México inició el cambio de modelo económico y político caracterizado por el totalitarismo (todo dentro del Estado, nada fuera de él) hacia un sistema de corte neoliberal. La participación del Estado en las relaciones económicas fue minimizándose a la vez, que las fuerzas de la oferta y la demanda establecían las nuevas reglas del comercio entre productores y consumidores; delegando las actividades que en un principio, el Constituyente de 1917 había asignado como áreas económicas estratégicas y por lo tanto, facultades de administración exclusivas del Estado, a particulares. Siendo las privatizaciones más grandes y rentables para el capitalismo y para una cuántas empresas y familias, las del sistema financiero y telecomunicaciones; así como la reciente aprobación de la reforma petrolera.

II. La experiencia y las exigencias ciudadanas han demostrado que la no intervención del Estado en las relaciones de consumo ha dejado en desventaja y en situación de vulnerabilidad a los consumidores y usuarios de servicios; las empresas en su afán de incrementar sus ganancias, incurren en prácticas desleales del comercio: lo monopolios y oligopolios que acaparan e imponen precios desproporcionados y no rinden cuentas de ello.

La deficiente calidad de los bienes y servicios también se suma al malestar colectivo y, por supuesto, la atención al cliente después de la realización de la compra de un producto o servicio, constituye uno de los desafíos más grandes para los tomadores de decisiones –de los tres poderes y niveles de gobierno– porque los derechos de los consumidores –en el sentido amplio– no se agotan en un solo acto, por ejemplo, respecto a los servicios prestados por los bancos, la relación entre prestador de servicio/usuario continúa en lo que dura la relación contractual y, en ocasiones, a posteriori. “El reto no es Estado o mercado es combinar ambos: ya se ha visto que no funcionan por separado. No hay recetas simples: el Estado no puede jugar el mismo rol en la sanidad que en las telecomunicaciones, en defensa que en la regulación del sistema financiero. El desafío del Estado de bienestar (...) es responder a los retos que supone la evolución de la demografía, de una economía política de derechos adquiridos que tal vez no se pueden mantener y a la distribución de poder entre generaciones, entre regiones y entre sectores ante las amenazas que deja la crisis”.2

III. Con el discurso de imponer un sistema de contrapesos a las empresas productoras de bienes y servicios, el Estado mexicano empezó a incrementar el aparato burocrático y dar una solución expedita que en la mayoría de veces carece de eficacia y obligatoriedad, para resolver las controversias entre consumidores y usuarios contra los empresarios, instituciones como la Condusef y la Profeco fueron creadas como medida para equilibrar las relaciones de poder en el ciclo producción-consumo; sin embargo, al ser mecanismos de solución de controversias pertenecientes a la esfera administrativa, sus resoluciones son recurribles en tribunales judiciales, convirtiéndose en ocasiones en prácticas dilatorias en el acceso a la justicia para los consumidores, porque los jueces solicitan agotar las instancias administrativas para declararse competentes y resolver los conflictos por la vía jurisdiccional. No debemos desestimar la labor que han realizado ambas instituciones en la resolución de conflictos y la protección de los derechos de los consumidores, pero también es cierto que es necesario crear un verdadero sistema de contrapesos que permitan la libre competencia en piso parejo, que sancionen las prácticas que distorsionen el mercado y sobre todo, exigir a las empresas a través del respaldo institucional que eliminen todas las prácticas en su operatividad que resulten en un menoscabo en el bienestar colectivo.

IV. En México, uno de los poderes fácticos que han impuesto un modelo de abusos contra la ciudadanía es la banca múltiple: cláusulas de los contratos de adhesión representan una clara ventaja respecto de los derechos y obligaciones para las partes; publicidad engañosa en los productos financieros ofrecidos, el cobro de cuotas excesivas por concepto de intereses y recargos (que en otras economías podría ser catalogada de usura). Pareciera que “la ingratitud del sistema bancario” para las mexicanas y los mexicanos, fue la cláusula pactada por los partidos de siempre como contraprestación al rescate del sistema financiero (por decreto de ley, donde pagan justos por pecadores, el llamado “Fobrapoa”, actualmente IPAB).

V. En 2013, el investigador y periodista Emmanuel Ameth denunciaba que debido al secreto bancario, la cifra de usuarios de la banca en México es sólo estimativa, hecha por las mismas instituciones, y ronda los 50 millones de personas. El número de quejas reportadas en 2013 –también por las mismas instituciones– fue de poco más de 5 millones.

Pero si vamos a datos oficiales, la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, llevada a cabo por el Inegi, su ministerio de estadística, estima que los usuarios que poseen una cuenta meramente bancaria asciende a 25 millones. El resto pertenece a otras figuras del sistema financiero. Así, la estadística oficial nos dice que hay una queja contra el sistema bancario a razón de cada cinco usuarios totales.

Con información de la Comisión Nacional para la Defensa y Protección de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), en el periodo comprendido de enero a septiembre de 2016, recibió 990 reclamaciones en materia de comercio por internet con impacto monetario, 663 relacionadas con tarjetas de crédito y 327 con tarjetas de débito. De los usuarios que han presentado una reclamación, 50 por ciento no ha obtenido resolución favorable. El otro 50 por ciento ha tenido que esperar un periodo de 23 días –casi un mes– para la resolución de su problemática.

Respecto a las reclamaciones en materia de comercio por internet presentadas por la propia institución bancaria, en el mismo periodo, éstas alcanzan 1 millón 979 mil 925 casos, de los cuales 90 por ciento ha obtenido resolución favorable.3

VI. Las cifras oficiales parecieran contrastar con la exigencia de la ciudadanía; basta con realizar una búsqueda rápida en diversos foros a través de internet respecto de los servicios brindados por los bancos o hacer una encuesta entre conocidos para constatar que 90 por ciento de los usuarios de servicios financieros están inconforme con las prácticas abusivas de los bancos. Sin duda, se necesita el respaldo del Estado para intervenir y corregir las malas prácticas que, lejos de promover la cultura del ahorro y del crédito entre las mexicanas y los mexicanos, la desincentivan.

VII. La bancada de los diputados ciudadanos ha promovido la transparencia, la máxima información respecto de los productos y servicios así como en el establecimiento de mecanismos de solución directa entre proveedores-consumidores.

En los últimos años, la banca múltiple ha implantado el sistema de atención a clientes a través de medios electrónicos; usando herramientas digitales como páginas de internet, chat en línea y aplicaciones. Otra modalidad para la resolución de reclamaciones es por la vía telefónica. Sin duda alguna, las TIC se han convertido en un canal de comunicación importante entre la ciudadanía, el sector privado y público; han optimizado los recursos humanos y la gestión en la solución de conflictos.

No obstante, éstos canales de comunicación se han convertido en una verdadera pesadilla para los ciudadanos quienes deben de pasar horas pegados en una línea telefónica, responder a cuestionamientos interminables para identificar al usuario y al final no obtener una resolución por parte de la institución de banca múltiple. Al acudir para orientación, reclamaciones y quejas directamente en las sucursales, el personal de la banca argumenta que el objeto de la reclamación procede exclusivamente en el área de quejas y reclamaciones, disponible a través del servicio de banca por teléfono o a través de medios electrónicos, y comienza un círculo vicioso, donde el único afectado es el usuario, pues no cuenta con los mecanismos por la banca múltiple para la solución de problemáticas antes de acudir a las autoridades correspondientes.

VIII. Como diputada federal me preocupa que la omisión del Estado para regular prácticas que merman en gran medida los derechos de los usuarios del sistema financiero. En una democracia moderna, con mecanismos de acceso a la justicia y protección de los derechos de los consumidores es inadmisible que los ciudadanos tengan que defender sus derechos exclusivamente a través de teléfonos o medios electrónicos.

Con la reducción de la participación estatal en la regulación de los mercados, lo justo es que el Estado dote de instrumentos de defensa a los ciudadanos frente a las prácticas abusivas de los oferentes de servicios. Las mexicanas y los mexicanos pagamos por abrir una cuenta de débito –pagamos por ahorrar– y pagamos el acceso al crédito de los más caros del mundo, destinamos parte del Presupuesto de Egresos de la Federación para la sostenibilidad del sistema financiero a través del IPAB. Luego entonces, lo justo es que tengamos las mayores herramientas para defender nuestros derechos desde la esfera privada (solución de conflictos entre el banco y el usuario) y pública (usuario-Estado-banca múltiple).

IX. Sin subestimar los casos de éxitos en la solución de controversias entre las instituciones de banca múltiple y los usuarios a través de medios electrónicos y vía telefónica, y atendiendo al malestar de la ciudadanía respecto a la forma de gestión de aclaraciones, reclamaciones y quejas a través de medios electrónicos y por teléfono; considerando que la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros faculta a la Condusef para

Emitir recomendaciones a las instituciones financieras y hacerlas del conocimiento de sus organismos, asociaciones gremiales y del público en general, así como emitir recomendaciones generales, en las materias de su competencia;4

Por los expuesto solicito a la asamblea la aprobación de la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al licenciado Mario Alberto di Costanzo Armenta, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, a emitir recomendaciones y lineamientos para que las entidades integrantes del sistema financiero mexicano brinden información y resuelvan cualquier aclaración, queja o reclamación a través de módulos físicos de atención a los usuarios en sucursales, sin menoscabo de la implantación de módulos de atención a través de medios electrónicos.

Notas

1 Rodríguez Kauth, Ángel. Izquierda y derecha en política. Disponible en www.uca.edu.sv/publica/realidad/r82izqui.htm

2 Pérez Claudi, “El Estado de bienestar va rumbo a la UVI”, en El País, 11 de abril de 2010.
http://elpais.com/diario/2010/04/11/sociedad/1270936801_850215.html

3 Reclamaciones en materia de comercio por internet presentadas ante la Condusef, enero-septiembre de 2016. Fecha de consulta: 25 de marzo de 2017, en
http://www.condusef.gob.mx/gbmx/?p=estadisticas

Nota: Las cifras aportadas se basan exclusivamente en quejas con impacto monetario.

4 Artículo 11, fracción IX, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/64.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de marzo de 2017.

Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a todas las dependencias gubernamentales a usar de manera eficiente el aire acondicionado de las instalaciones y evitar así enfermedades contagiosas y bronco-respiratorias, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, María Victoria Mercado Sánchez, diputada de esta LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía las siguientes

Consideraciones

La presente iniciativa señala cuales son los efectos nocivos en la salud de las personas, a causa del uso inadecuado de aires acondicionados en los lugares de trabajo, si bien es cierto, que los aparatos de aire acondicionado son una fuente de confort y de calidad de vida en las épocas más calurosas del año, también suponen un riesgo para nuestra salud, ya que si estos son utilizados de modo incorrecto o con una intensidad inadecuada, pueden propiciar en verano la aparición de resfriados, inflamaciones de garganta y de nariz, asma, infecciones respiratorias, contracturas musculares, cefaleas, etcétera. Los cambios bruscos de temperatura al entrar y salir repetidamente de las oficinas o locales refrigerados hacia/desde la calle pueden también producir las mismas molestias y enfermedades con mucha frecuencia, en específico la sequedad del ambiente creada por el aire acondicionado suele ser un factor irritante importante, al que se le atribuye ser la causa de molestias rinofaríngeas, sequedad de ojos y a veces irritaciones dérmicas. En personas susceptibles pueden ser algo más que molestias causando faringitis.

En los usuarios de lentillas la sequedad puede ser tan irritante que les impida el uso de las mismas si permanecen mucho tiempo en dependencias con aire acondicionado.1

Asimismo, cuando la diferencia de temperatura es excesiva entre las dependencias con aire acondicionado, el pasar de un lugar sin aire acondicionado a otro con aire acondicionado, se producirá un cambio brusco en su temperatura ambiente dando lugar a reacciones vagales2 (“Los síntomas más frecuentes son una sensación de disconfort y ansiedad con sentimiento de pérdida de la conciencia inminente. En general, un reflejo vaso-vagal viene precedido por unos pródromo, es decir, por unas señales de alerta de que va a aparecer. Estos pródromos cursan con palpitaciones, trastornos visuales como ver un velo negro delante de los ojos, mareos, sensación de debilidad, sudoración, temblores, sensación de hormigueo, rubor y la percepción que uno perderá la consciencia. A veces puede conducir a una pérdida del conocimiento transitorio y la persona, por lo general, recuerda el acontecimiento”).3

La inhalación directa de aire frío y la sequedad del aire, bien juntos o individualmente, disminuyen las barreras defensivas del epitelio bronquial haciéndole más vulnerable a las infecciones, tanto bacterianas como virales. También la inhalación directa de aire frío en personas susceptibles puede desencadenar rinorrea intensa y una crisis de broncoespasmo en personas asmáticas, siendo las cefaleas, pudiéndose desencadenar en migrañas o jaquecas fuertes.4

Otro de los graves problemas que provoca el uso inadecuado de torres de refrigeración o aires acondicionados, es que son lugares en donde se genera calor y además se condensa la humedad del aire que se enfría, ambos factores favorecen el crecimiento de microorganismos, y gérmenes especialmente ubicuos como la bacteria Legionella pneumophila y los hongos Aspergillus.5

“La Legionella suele anidar en los sistemas de humidificación y en las torres de vaporización, lo que hace que la infección pueda transmitirse por las conducciones de aire acondicionado, pero también al exterior. Como además el aire acondicionado se usa lógicamente en verano, la temperatura elevada contribuye a la supervivencia de la bacteria en el vapor expulsado, habiendo sido éste el mecanismo de los últimos brotes habidos en nuestro país. Las manifestaciones de la infección producida por la Legionella puede variar desde un simple síndrome catarral, que pasa desapercibido, hasta una neumonía que ponga en peligro la vida de la persona, en especial si padece otra enfermedad que debilite su sistema inmunitario”.6

“Los Aspergillus son hongos especialmente ubicuos que pueden encontrarse en la tierra, polvo, hojas de plantas secas y muchos otros lugares. También pueden crecer dentro de instalaciones de aire acondicionado con una limpieza deficiente. La inhalación de esporas de Aspergillus es muy común pero la enfermedad es rara, produciéndose prácticamente sólo en personas con inmunidad deficiente, sobre todo por padecer otra enfermedad debilitante. La llamada aspergilosis broncopulmonar alérgica se produce en personas asmáticas”.7

Por otro lado, de acuerdo con el jefe del Departamento de Medicina Preventiva de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), Alberto Ocampo Chavarría, mencionó que otras de las afectaciones a consecuencia del aire acondicionado son las siguientes:8

• “En cuanto a los ojos, mencionó que el clima artificial puede provocar enfermedades tales como conjuntivitis, debido a la resequedad ocular.

• El aire acondicionado, particularmente en las oficinas donde se desarrollan actividades frente al escritorio y la computadora, puede causar contractura y dolor en los músculos, sobre todo en cuello, hombros y espalda, y el cambio de temperatura puede ocasionar un incremento en dichas molestias”, afirmó.

• Puede haber una acumulación de contaminantes de origen vario hasta unos niveles en que los ocupantes de la habitación vean afectada su salud, por ejemplo, ojos irritados, problemas de la piel, irritación de nariz, garganta y bronquios, con posibilidad de provocar rinitis, asma o neumonitis, así como otras enfermedades infecciosas”.

• Resaltó que la incomodidad relacionada con los sistemas de clima artificial puede desencadenar reacciones psicológicas complejas, cambios de humor, de estado de ánimo y afectación en las relaciones interpersonales, “provocadas estas últimas no tanto por el clima sino, por ejemplo, por el desacuerdo en encenderlo o no, a qué temperatura o en qué dirección ubicar las ventilas”.9

Por ello, recomendó que si se va a exponer al aire acondicionado no se haga de manera directa y evitar los cambios de temperatura, asimismo los aparatos de refrigeración deberán ser instalados en lugares con poca irradiación solar y con una buena circulación de aire.10 “De igual modo, el uso inadecuado de estos aparatos puede suponer un enorme gasto energético y económico; la recomendación general es la de mantener una temperatura constante de 26ºCelsius , y mantenerlos apagados cuando no haya nadie en la estancia o en el edificio. Esto debido a que se calcula que pasar de un termostato regulado a 21ºCelsius a una temperatura de 26ºCelsius, se reducirá el consumo casi a la mitad”; lo cual favorece al medio ambiente y contrarresta el cambio climático.11

Por lo anteriormente expuesto y motivado, solicitamos se regule adecuadamente el uso de aires acondicionados dentro de las dependencias gubernamentales, toda vez que estas enfermedades son originadas dentro del espacio laboral, oficinas y dependencias gubernamentales, en dónde existe la exposición al uso de aire acondicionado. Y con ello, evitar un daño a la salud de nuestros trabajadores, provocado por las consecuencias de un uso indebido de aire artificial.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Por el que se exhorta respetuosamente a todas las dependencias gubernamentales, a efecto de llevar a cabo el uso eficiente del aire acondicionado dentro de las instalaciones, y así evitar posibles enfermedades contagiosas y bronco-respiratorias, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Único. Se exhorta respetuosamente a todas las dependencias gubernamentales, a efecto de llevar a cabo el uso eficiente del aire acondicionado dentro de las instalaciones, y así evitar posibles enfermedades contagiosas y bronco-respiratorias.

Notas

1 Consecuencias para la salud del uso del aire acondicionado. Fernando Escolar Castellón. http://www.zonahospitalaria.com/consecuencias-para-la-salud-del-uso-del -aire-acondicionado/

2 Consecuencias para la salud del uso del Aire Acondicionado. Fernando Escolar Castellón.

http://www.zonahospitalaria.com/consecuencias-para-la-sa lud-del-uso-del-aire-acondicionado/

3 CCM. Reflejo vaso-vagal o presíncope – Definición. http://salud.ccm.net/faq/9901-reflejo-vaso-vagal-o-presincope-definicio n

4 Consecuencias para la salud del uso del aire acondicionado. Fernando Escolar Castellón. http://www.zonahospitalaria.com/consecuencias-para-la-salud-del-uso-del -aire-acondicionado/

5 Consecuencias para la salud del uso del aire acondicionado. Fernando Escolar Castellón. http://www.zonahospitalaria.com/consecuencias-para-la-salud-del-uso-del -aire-acondicionado/

6 Consecuencias para la salud del uso del aire acondicionado. Fernando Escolar Castellón. http://www.zonahospitalaria.com/consecuencias-para-la-salud-del-uso-del -aire-acondicionado/

7 Consecuencias para la salud del uso del aire acondicionado. Fernando Escolar Castellón. http://www.zonahospitalaria.com/consecuencias-para-la-salud-del-uso-del -aire-acondicionado/

8 El Universal. Los daños que ocasiona el aire acondicionado. http://archivo.eluniversal.com.mx/ciencia/2014/dano-aire-acondicionado- 94110.html

9 El Universal. Los daños que ocasiona el aire acondicionado. http://archivo.eluniversal.com.mx/ciencia/2014/dano-aire-acondicionado- 94110.html

10 El Universal. Los daños que ocasiona el aire acondicionado. http://archivo.eluniversal.com.mx/ciencia/2014/dano-aire-acondicionado- 94110.html

11 Aire Acondicionado y salud laboral. https://www.salud.mapfre.es/cuerpo-y-mente/habitos-saludables/aire-acon dicionado-y-salud-laboral/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de marzo de 2017.

Diputada María Victoria Mercado Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a incrementar la seguridad en el transporte público de la Ciudad de México, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, María Victoria Mercado Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La inseguridad en la Ciudad de México avanza sin control, nadie se encuentra exento de los ataques de la delincuencia. Estos sucesos se han incrementado en avenidas, en el transporte público, en los hogares, en centros comerciales, estacionamientos, etcétera. Estos delitos suceden con frecuencia ante la imperante vacilación de los cuerpos policiacos, donde cada vez es más frecuente la ausencia de los elementos de seguridad en los puntos más vulnerables de la ciudad.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se presentó la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (Envipe) 2016, el fenómeno de la victimización delictiva durante 2015, así como la percepción social actual respecto de la seguridad pública y el desempeño de las autoridades, cuyo fin es proveer de información al público en general y generar elementos para la toma de decisiones de política pública en estas materias.1

La Envipe permite hacer estimaciones estadísticas sobre la victimización que afecta de manera directa a las personas y a los hogares en los delitos de robo total de vehículo; robo parcial de vehículo; robo en casa habitación; robo o asalto en calle o transporte público; robo en forma distinta de las anteriores (como carterismo, allanamientos con robo en patio o cochera, abigeato); fraude; extorsión; amenazas verbales; lesiones y otros delitos distintos a los anteriores (como secuestros y delitos sexuales). La Envipe estima 23.3 millones de víctimas de 18 años y más, lo cual representa una tasa de prevalencia delictiva de 28 mil 202 víctimas por cada 100 mil habitantes durante 2015, cifra estadísticamente equivalente a las estimadas para 2013 y 2014. Asimismo, la Envipe mide delitos que afectan de manera directa a las víctimas o a los hogares, como robo total de vehículo, robo parcial de vehículo, robo en casa habitación, robo o asalto en calle o transporte público, robo en forma distinta de las anteriores (como carterismo, allanamientos, abigeato y otros tipos de robo), fraude, extorsión, amenazas verbales, lesiones y otros delitos distintos de los anteriores (como secuestros, delitos sexuales y otros delitos).2

De conformidad con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, éstos son los focos rojos en la Ciudad de México:

De acuerdo con cifras de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, revelaron que el número de homicidios dolosos aumentó en el primer mes de 2017, debido a que se registraron 97 asesinatos, 40.5 por ciento más que en el mismo periodo de 2016, en el que se reportaron 69 casos.3

Es decir, en promedio al menos en 53 por ciento de los hogares al menos un miembro de la familia fue víctima de un delito en la zona metropolitana y 45 por ciento de los hogares de la Ciudad de México. Asimismo, el robo con violencia en las calles y a bordo de transportes públicos como el microbús se ha incrementado con el paso de los años, daño que repercute en al menos 35 por ciento de la población de la Ciudad de México.4

Por ello considero importante exhortar al gobierno de la Ciudad de México a rendir un informe pormenorizado respecto al incremento de la conducta delictiva existente en la Ciudad de México, asimismo, presente algún mecanismo para reducirla.5

Por lo expuesto me permito presentar ante esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al gobierno y la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México a incrementar la seguridad en los servicios de transporte público, y así lograr disminuir el incremento de asaltos en él.

Notas

1 Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2016, en http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/especiales/especial es2016_09_04.pdf

2 Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2016, en http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/especiales/especial es2016_09_04.pdf

3 El Universal, “Sufre 35% robo en transporte”.

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015 /06/27/sufre-35-robo-en-transporte-publico

4 El Universal, “Sufre 35% robo en transporte”.

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015 /06/27/sufre-35-robo-en-transporte-publico

5 El Universal, “Sufre 35% robo en transporte”.

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2015 /06/27/sufre-35-robo-en-transporte-publico

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de marzo de 2017.

Diputada María Victoria Mercado Sánchez (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 25 de marzo, Día Internacional para la Conmemoración del 200 Aniversario de la Abolición del Comercio Transatlántico de Esclavos, a cargo de la diputada Julieta Fernández Márquez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Julieta Fernández Márquez, presidenta de la Comisión Especial contra la Trata de Personas de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, fracción XI; 62, numeral 2, y 76, fracción VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la presente efeméride para conmemorar el recuerdo de las víctimas de la esclavitud y la trata transatlántica de esclavos, ofreciendo con ello la oportunidad de homenajear y recordar a aquéllos que sufrieron y murieron a manos de este brutal sistema de esclavitud, al tenor de los siguientes

Antecedentes

La trata transatlántica de esclavos fue la mayor migración forzada de la historia, y sin duda una de las más inhumanas. El éxodo de la población africana se extendió a muchas partes del mundo a lo largo de 400 años y no tiene precedentes en los anales de la historia.

Como resultado directo de la trata transatlántica de esclavos, la mayoría de los africanos acabó en las Américas: 96 por ciento de los cautivos procedentes de las costas africanas llegaron hacinados en barcos de esclavos a los puertos de América del sur y las Islas del Caribe.

De 1501 a 1830, cuatro africanos cruzaron el Atlántico para cada europeo. La demografía de las Américas en aquella época parecía más una extensión de la diáspora africana que europea. El legado de esta migración se puede ver hoy en día: grandes poblaciones de ascendencia africana siguen viviendo en las Américas.

Es por ello que para conmemorar la memoria de las víctimas, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en su resolución 62/122 del 17 de diciembre de 2007, declaró el 25 de marzo Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Trasatlántica de Esclavos.

La esclavitud y el comercio de esclavos se encuentran entre las peores violaciones a los derechos humanos en la historia de la humanidad. El comercio transatlántico de esclavos es considerado único en la historia de la esclavitud debido a su duración (cuatrocientos años), su escala (aproximadamente 17 millones de personas sin contar a quienes murieron durante el transporte) y la legitimación que se hizo de él, incluida en las leyes de la época.

El comercio trasatlántico de esclavos constituyó la mayor deportación de la historia. Comprendiendo desde el siglo XVI hasta el XIX, involucró varias regiones y continentes: África, norte y sur de América, Europa y el Caribe; y resultó en la venta y explotación de millones de africanos por europeos.

Con el fin de homenajear de forma más permanente a las víctimas, se ha erigido un monumento en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, que se inauguró el 25 de marzo de 2015. El diseño ganador del monumento, El arca del retorno , de Rodney Leon, un arquitecto norteamericano de origen haitiano, fue seleccionado a través de un concurso internacional y anunciado en septiembre de 2013.

La práctica de la esclavitud era justificada comúnmente con fundamentos filantrópicos o religiosos. Incluso estaba codificada dentro de la ley, en el notable Code Noir (Código Negro) de 1685. Esta ley francesa contenía los derechos y obligaciones de dueños y esclavos en las colonias de las Américas y establecía que “Nosotros declaramos a los esclavos como propiedad móvil”. Esta ley establecía un sistema de dura disciplina que incluía la flagelación y la marca con hierros incandescentes como castigo para delitos menores, a pesar de esto, era considerada como un “beneficio” que los esclavos tenían para protegerse de los abusos de sus dueños y otorgaba días festivos religiosos, forzaba el culto católico, toleraba los matrimonios entre esclavos y abogaba por la conservación de las familias.

Para el siglo XVIII la oposición moral y política al comercio de esclavos estaba creciendo en Gran Bretaña y en los Estados Unidos, así como en otras partes de Europa. Grupos como los cuáqueros en Norteamérica y la Sociedad para la Extinción del Comercio de Esclavos en Gran Bretaña ayudaron a aumentar el conocimiento público respecto al tráfico de esclavos mediante peticiones públicas, campañas de boicot y la difusión de materiales describiendo, y algunas veces ilustrando, las condiciones de vida de los esclavos a bordo de los barcos o trabajando en las plantaciones.

Los esclavos también se sublevaron en contra de su yugo, más notablemente en Haití en la Revolución de 1791-1804. Estas revueltas marcaron un hito en el comercio de esclavos, ya que los poderes coloniales empezaron a reconocer los riesgos políticos y militares que representaban tales levantamientos. Este factor, aunado a las crecientes voces del movimiento abolicionista y a las cambiantes condiciones económicas que habían reducido la importancia económica de algunas colonias europeas, marcaron el inicio del fin del tráfico trasatlántico.

Hace doscientos años, a principios de marzo de 1807, el presidente de Estados Unidos de América, Thomas Jefferson, firmó la legislación aboliendo el comercio de esclavos. Más tarde ese mismo mes, el Parlamento británico dirigido por los esfuerzos del abolicionista William Wilberforce, el reverendo James Ramsay y John Wesley, prohibió él tráfico de esclavos en el Imperio Británico. La marea había cambiado.

En los siguientes años otros países europeos implementaron leyes prohibiendo la esclavitud; sin embargo, no fue sino hasta 80 años más tarde que el comercio trasatlántico de esclavos fue finalmente eliminado cuando Cuba y Brasil lo abolieron, en 1886 y 1888 respectivamente.

El legado del comercio trasatlántico de esclavos es un tema polémico. No cabe duda que resultó en la destrucción de una parte significativa del idioma, cultura y religión de millones de esclavos africanos. La extracción de un número tan grande de personas de África interrumpió la economía africana y, creen algunos académicos, que dejó a África en una desventaja permanente comparada con otros países del mundo. También se puede decir que la esclavitud redefinió a los africanos frente al mundo, dejando un legado de racismo y estereotipándolos como seres inferiores.

El tema del año 2017 se centra en las consecuencias concretas de la trata transatlántica de esclavos, es decir, las formas en que los africanos esclavizados y sus descendientes influyeron en diversas sociedades de todo el mundo y continúan forjándolas, en esferas como, entre otras, la tecnología y la cultura. También pone de relieve el espíritu persistente y las innovaciones de las personas que integran las comunidades afectadas por la trata transatlántica de esclavos.

Efeméride

El 28 de noviembre de 2006, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas designó el 25 de marzo de 2007 como el Día Internacional para la Conmemoración del 200 Aniversario de la Abolición del Comercio Trasatlántico de Esclavos. Al reconocer el efecto perdurable de la esclavitud en el mundo moderno; los estados miembros también aceptaron que la esclavitud fue el corazón de la “profunda desigualdad social y económica, odio, fanatismo, racismo y prejuicios que siguen afectando hoy a la gente de ascendencia africana”.

El propósito de este día es honrar la memoria de aquéllos que murieron como resultado de la esclavitud, incluyendo aquéllos que murieron en “paso del medio” y en la lucha por la libertad. También pretende disminuir la “brecha de conocimiento” que existe hoy en cuanto a las consecuencias ocasionadas por el comercio de esclavos y la esclavitud.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de marzo de 2017.

Diputada Julieta Fernández Márquez (rúbrica)

Con motivo del 30 de marzo, Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, a cargo de la diputada Irma Rebeca López López, del Grupo Parlamentario de Morena

Durante el primer Congreso de Trabajadoras del Hogar, celebrado en 1988 en Bogotá, Colombia, se conformó la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar. En esa misma fecha se instituyó el 30 de marzo como Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, con la intención de colocar en la agenda pública la situación precaria y discriminatoria que sufre este sector.

En esta fecha conmemorativa se quiere reivindicar de los derechos a este sector compuesto en su mayoría por mujeres indígenas o empobrecidas que necesitan llamar la atención de su problemática ante la indiferencia social

En México hay dos millones cuatrocientas mil trabajadoras responsables de las labores del hogar que se han caracterizado por la precarización de su trabajo.

Ellas mismas se han denominado trabajadoras del hogar, precisamente porque lo que exigen en primera instancia es que se les reconozca como trabajadoras y que en correspondencia con esta condición, tengan acceso igual al goce de los derechos como cualquier otra trabajadora. Ellas se han organizado por años para recibir este reconocimiento.

Dentro de los avances que ha logrado la organización de este sector, está la reforma de la Ley Federal de Trabajo del 2012, en donde se contemplaron modificaciones al Capítulo referente a las trabajadoras domésticas, aunque fueron elaboradas básicamente para las trabajadoras que no salen del domicilio en donde trabajan, aún y cuando la mayoría de ellas tienen la modalidad de “entrada y salida”. Otro de los problemas son las condiciones de contratación pues quedan a discreción del o de la empleadora lo que deja en estado de indefensión a las trabajadoras. En la realidad la desigualdad entre las trabajadoras del hogar y las de los demás sectores sigue siendo muy extensa.

Otro de los adelantos memorables de las trabajadoras del hogar en México es que después de una lucha de quince años, el 18 de febrero de 2016, se logró el registro del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, con más de cien afiliadas de diferentes estados de la República. La consolidación formal de la organización es el ejercicio a contracorriente del derecho colectivo a la libre asociación. Actualmente ya tienen 500 afiliadas.

Esta es la primera vez que en México la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México registra un sindicato con una secretaría general colegiada integrada por tres mujeres.

Ejemplos de ello es que en la mayoría de los casos no existe contrato por escrito para fijar las condiciones en que se va a desempeñar el trabajo, a lo más se establecen oralmente las horas de trabajo, día de descanso y salario. De las demás prestaciones a las que deberían de acceder no se habla.

Difícil es para ellas tener vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. Menos del 8 por ciento puede continuar con sus estudios debido a sus largas jornadas de trabajo, de las cuales no se les pagan las horas extras. Están expuestas a despidos injustificados, maltratos e insultos, y en algunas ocasiones a acoso sexual.

Debido a no existir obligación establecida no cuentan con seguridad social, acceso a vivienda digna y a pensión o jubilación para su vejez.

Es por esto que en el marco de este día, las mujeres de las organizaciones civiles y las trabajadoras del hogar se pronuncian por la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo. Este convenio fue adoptado el 16 de junio de 2011 y México lo firmó, pero no lo ha ratificado, a pesar de las promesas de varios funcionarios del gobierno.

El reto para el gobierno mexicano, las autoridades laborales, las organizaciones defensoras de los derechos humanos y de todos los actores involucrados en este tema es en principio reconocer el valor económico y social con que contribuye este sector, reconocimiento pleno de sus derechos laborales y derecho de igualdad entre trabajadoras y trabajadores.

En Morena estamos luchando por las trabajadoras más desprotegidas, por eso nos unimos a la demanda de ratificación este convenio.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de marzo de 2017.

Diputada Irma Rebeca López López (rúbrica)

Con motivo del 2 de abril, Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El 18 de diciembre de 2007 la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución que declara el 2 de abril como Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, ya que en la actualidad, millones de personas con autismo en todo el planeta siguen sufriendo la discriminación social, la restricción de sus derechos a la educación, a la salud, a una vida plena, a su dignidad como personas.1

Para poder concientizarnos sobre el autismo, es muy importante primero que nada saber que es el Autismo, ya que en muchos países del mundo no está bien comprendida esta enfermedad, incluso en muchas sociedades son excluidas las personas que la padecen.

El autismo es un trastorno neurológico que afecta a millones de personas, estadísticas proporcionadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de cada 160 niños padece de autismo, aunque datos más duros nos dicen que la taza de personas con trastorno del espectro autista (TEA) como también se le conoce al autismo es mayor, cabe mencionar que el TEA comienza en la niñez y persiste tanto en la etapa de la adolescencia como en la etapa adulta, para ser más específicos está presente en toda su vida del paciente con autismo. Este trastorno se puede diagnosticar cuando el niño tiene 5 años,2 si un niño padece de este trastorno, normalmente son los padres del menor los que notan ciertos comportamientos que no son comunes en los niños, como el no querer interactuar con niños de su edad, también el no tener contacto visual y solo concentrarse en algunos objetos, es importante comentar que en muchos casos los niños se desarrollan con normalidad y al paso del tiempo es cuando empiezan a volverse indiferente con el entorno que los rodea.

El autismo es la capacidad innata de algunas personas sobre todo de los niños, para poder relacionarse con alguien más, esa fue la teoría del descubridor de este trastorno el psiquiatra Austriaco Leo Kanner, en el año de 1943, de principio la hipótesis de Kanner fue que, los niños se distanciaban porque los papás eran demasiado duros con ellos; sin embargo, con el paso de sus investigaciones, se dio cuenta que estaba cometiendo un grave error al satanizar a los progenitores de estos niños, ya que ellos eran los que se ausentaban de la realidad por si solos.3

La enfermedad del autismo no sólo afecta a los que la padecen sino también a su núcleo familiar, y es que la mayoría sino es que todas las personas que tienen un familiar diagnosticado con autismo, no sabe de qué manera tratarlo, porque no saben cuál es la manera correcta de entrar en su mundo.

Los especialistas recomiendan que para poder convivir con un niño autista, primero que se debe hacer es:

Crear una manera sencilla de comunicación, que incluya frases cortas y concretas, así como empezar a entender su forma de comunicación, ya que los autistas tienen una manera muy peculiar de comunicarse, y de manifestar su estado de ánimo, así como su sentir, por eso es de suma relevancia construir un lenguaje donde los dos se puedan entender, porque esa es la base para que el autista pueda desenvolverse con más confianza, claro, sin olvidar las muestras de cariño, porque ellos aunque no lo demuestren, también son susceptibles a sentir amor.

Algo que es muy importante en el trato con un niño autista, es que a la hora de ponerse a jugar con él, se deben de incluir imágenes, ya que su aprendizaje es del 90 por ciento por la vista. Otra situación no menos importante es que si se tiene pensado cambiar la rutina por un viaje o alguna otra actividad, es trascendental informarle con anticipación en el lenguaje que hayan adoptado para comunicarse, que va a cambiar de rutina, ya que recordemos que los niños autistas son personas que tienen reglas muy estrictas en su conducta, y si se les cambian sin avisarles, esto puede llegar a provocarles desequilibrios.4

Por último, el uno por ciento de la población mundial tiene autismo cifra que proporciona la OMS, estamos hablando de que es alrededor de 70 millones de personas, otro dato significativo es que el autismo es que cada año son más niños diagnosticados con este padecimiento, que niños con sida, cáncer, diabetes. En nuestro país la cifra de autistas es de alrededor de 400 mil niños.5

Por eso en el Día Mundial de la Concientización del Autismo, es importante recordar que este tipo de pacientes deben de ser tratados de una manera muy particular.

Notas

1 Dia-de.com, Día del Autismo, enero de 2017
http://www.dia-de.com/autismo/

2 Organización Mundial de la Salud, Trastornos del Espectro Autista, enero de 2016.
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/autism-spectrum-disorders/es/

3 Autismo Diario, El Hombre que Descubrió el Autismo, José Ramón Alonso, 22 de junio de 2012.
https://autismodiario.org/2012/06/22/el-hombre-que-descubrio-el-autismo/

4 uncomo.com, Como Tratar a un Niño Autista, María Martínez, 2017. https://salud.uncomo.com/articulo/como-tratar-a-un-nino-autista-3002.ht ml

5 spanish.people.com.cn, 70 millones de Personas Padecen de Autismo en el Mundo.30 de abril de 2013
http://spanish.peopledaily.com.cn/31618/8193523.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de marzo de 2017.

Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica)