Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones
Efemérides

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la suspensión del proyecto El Zapotillo en tanto se actualiza y acredita la información sobre los caudales de la cuenca del Río Verde para su uso en los Altos de Jalisco y la zona conurbada de Guadalajara, a cargo del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos, diputados integrantes del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, mediante el cual se solicita la suspensión del proyecto El Zapotillo en tanto se actualiza y acredita la información sobre los caudales de la cuenca del Río Verde para su aprovechamiento en la región de Los Altos de Jalisco y la zona conurbada de Guadalajara, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. El 7 de abril de 1995 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “decreto por el que se declara la reserva de las aguas nacionales superficiales en la cuenca del Río Verde, para usos doméstico y público urbano”. En dicho decreto, en su artículo 2o., se estableció lo siguiente:

Con base en los resultados de los estudios efectuados por el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional del Agua, en coordinación con los gobiernos de los estados de Guanajuato y Jalisco, el volumen anual máximo que se reserva será de 504’576,000 metros cúbicos de agua.

Para el Estado de Guanajuato se reservará un volumen anual máximo de 119 millones 837 mil metros cúbicos de agua y para el Estado de Jalisco un volumen anual máximo de 384 millones 739 mil metros cúbicos de agua.1

Posteriormente, el 17 de noviembre de 1997 se publicó en el mismo órgano de difusión el “decreto que reforma los párrafos primero y segundo del artí­culo 2o. del Decreto de 3 de abril de 1995, publicado el 7 del mismo mes y año, por el que se declaró la reserva de las aguas nacionales superficiales en la cuenca del Rí­o Verde, para usos doméstico y público urbano.”, postulando las siguientes modificaciones:

Con base en los resultados de los estudios efectuados por el gobierno federal por conducto de la Comisión Nacional del Agua, en coordinación con los gobiernos de los estados de Guanajuato y Jalisco, el volumen anual máximo que se reserva será de 491’976,000 metros cúbicos de agua.

Para el Estado de Guanajuato se reservará un volumen anual máximo de 119 millones 837 mil metros cúbicos de agua y para el Estado de Jalisco un volumen anual máximo de 372 millones 139 mil metros cúbicos de agua.2

Como se puede observar, las modificaciones realizadas por el Gobierno Federal plantean una disminución en el volumen máximo reservado de 12 millones 600 mil metros cúbicos de agua, afectando este ajuste exclusivamente al Estado de Jalisco. Dicha modificación obedeció a que el gobierno de Jalisco solicitó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) apoyos en materia de agua para productores pecuarios de la entidad. Dado que no era viable jurídicamente reservar volúmenes de agua para uso pecuario, la Conagua determinó destinar esos 12 millones 600 mil metros cúbicos para apoyos pecuarios, y disminuir así la reserva de aguas para uso doméstico y urbano.

En septiembre de 2005 se firmó un acuerdo de coordinación entre los Gobiernos Federal y de los Estados de Jalisco y Guanajuato para el aprovechamiento de la cuenca del Río Verde, y con los objetivos específicos de abastecer de agua a la ciudad de León, Guanajuato, a la región de Los Altos, Jalisco y a la zona conurbada de Guadalajara, Jalisco, mediante dos proyectos de infraestructura: la Presa El Zapotillo y la Presa de Arcediano. En dicho acuerdo se ratificó el aseguramiento de un volumen máximo de 119 millones 837 mil metros cúbicos para la ciudad de León, y sólo se estableció un volumen máximo para Los Altos de Jalisco en 56’764,800 metros cúbicos.3 Este acuerdo, implícitamente, significó una disminución de los caudales reservados para Jalisco del Río Verde, dado que no se establecieron condiciones que aseguraran que el volumen máximo de los decretos antes citados beneficiaría al mencionado estado.

En octubre de 2007, los mismos gobiernos Federal, de Jalisco y de Guanajuato suscribieron un nuevo acuerdo de coordinación, mediante el cual incrementan la altura de la cortina de la presa El Zapotillo de 80 a 105 metros, con el argumento de abastecer de agua a la zona conurbada de Guadalajara, pero llevando a la ulterior inundación de los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, en Los Altos de Jalisco. Dicho acuerdo, principalmente por violar los volúmenes máximos autorizados para cada esto, fue declarado inválido en el año 2013 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.4

II. Hoy no existe certeza sobre los aspectos que rodean el desarrollo y ejecución de la Presa El Zapotillo, ni sobre la situación real de los caudales del Río Verde, ni sobre el apego a los volúmenes máximos establecidos en el mencionado decreto de 1997, lo que deja en una situación de vulnerabilidad al Estado de Jalisco, y en particular a los habitantes de la región de Los Altos y de la zona conurbada de Guadalajara.

A pesar de esta realidad, la construcción de la Presa El Zapotillo y del acueducto Zapotillo-León continúan en ejecución, proyectándose el trasvase de aguas a esta última ciudad, sin que de manera complementaria se desarrollen los proyectos de infraestructura que la aseguren al Estado de Jalisco el uso y aprovechamiento de sus volúmenes reservados de agua.

De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el proyecto denominado “Construcción del proyecto de abastecimiento de agua potable Zapotillo para la ciudad de León, Guanajuato”, con un costo total de 17,832 millones de pesos, registra un avance físico de 87.7 por ciento, y cuenta con una asignación presupuestal de 500 millones de pesos para el ejercicio 2017.5 Por su parte, el proyecto denominado “Construcción de la Presa y sistema de bombeo Purgatorio-Arcediano, para abastecimiento de agua al área conurbada de Guadalajara, Jalisco”, con un costo total de 8,970 millones de pesos, registra un avance físico del 0 %, y únicamente una asignación presupuestal de 160 millones de pesos para el ejercicio 2017, que representa apenas el 1.7 por ciento del costo total de la obra de infraestructura.6

III. Como puede apreciarse el desarrollo del proyecto El Zapotillo ha estado rodeado de opacidad, discrecionalidad e inconsistencias que no le aseguran a los habitantes de estas entidades federativas la verdadera viabilidad del mismo ni el cumplimiento de expectativas respecto al abastecimiento de agua. Lo único que queda claro en medio de esta confusión es que no existe un esquema de distribución de aguas firme, equitativo y justo, y que por lo visto con los caudales del Río Verde la única beneficiada será la ciudad de León, Guanajuato, violando el decreto de distribución de 1997.

Ante esto, resulta fundamental que se revise a profundidad y se actualice de manera definitiva la información sobre el caudal del Río Verde, para que a partir de ello se definan con claridad los volúmenes máximos a disposición de los Estados de Jalisco y Guanajuato, respetando de manera irrestricta los derechos históricos que corresponden a cada una de estas entidades.

Sólo con estas condiciones será posible acreditar la utilidad pública de este proyecto y respetar los derechos adquiridos en materia de agua para los habitantes de Los Altos de Jalisco y de la zona conurbada de Guadalajara, al tiempo que se generará certidumbre a los habitantes de la ciudad de León, Guanajuato, respecto a los volúmenes máximos que le corresponden.

Vale la pena destacar que el día 21 de marzo, la Universidad de Guadalajara, de manera institucional publicó un desplegado en distintos medios de comunicación para exigir la suspensión de la construcción del acueducto El Zapotillo-León, en tanto se revisa y atiende de manera integral la problemática del agua del Río Verde y se actualizan y explican a la opinión pública el establecimiento de cuotas de distribución para los Estados de Jalisco y Guanajuato.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración el siguiente

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua a realizar y hacer pública una actualización sobre los caudales de la cuenca del Río Verde y a emitir un análisis de las cuotas de distribución y volúmenes máximos para los Estados de Jalisco y Guanajuato con estricto apego a los porcentajes de distribución postulados en el decreto del 17 de noviembre de 1997 citado en el presente punto de acuerdo.

Segundo. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua, como instancia ejecutora, a suspender la construcción del proyecto denominado “Construcción del proyecto de abastecimiento de agua potable Zapotillo para la ciudad de León, Guanajuato”, que se realiza en el Estado de Jalisco, así como a suspender las acciones y programas de trasvase de agua, en tanto se actualizan y definen los criterios de distribución y abastecimiento de agua para la región de Los Altos de Jalisco y la zona conurbada de Guadalajara, con fundamento en el decreto del 17 de noviembre de 1997 citado en el presente punto de acuerdo y que reconoce los derechos en materia de agua del Estado de Jalisco.

Tercero. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua, como instancia ejecutora, a hacer públicos los avances del proyecto denominado “Construcción de la Presa y sistema de bombeo Purgatorio-Arcediano, para abastecimiento de agua al área conurbada de Guadalajara, Jalisco”, así como a hacer público un programa para la reactivación y conclusión de dicho proyecto, en el marco de un plan integral de distribución y aprovechamiento de la cuenca del Río Verde.

Notas

1 Diario Oficial de la Federación, 7 de abril de 1995. Cfr.:
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4872099&fecha=07/04/1995

2 Diario Oficial de la Federación, 17 de noviembre de 1997. Cfr.:
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4900950&fecha=17/11/1997

3 “Cláusulas del Acuerdo de Coordinación de Septiembre de 2005”:
http://www.fundacionchapala.org/content/cl%C3%A1usulas-del-acuerdo-de-coordinaci%C3%B3n-de-septiembre-de-2005

4 “SCJN invalida convenio para El Zapotillo”, Milenio, 8 de agosto de 2013.
http://www.milenio.com/jalisco/SCJN-invalida-convenio-Zapotillo_0_131387272.html

5 Transparencia Presupuestaria.
http://nptp.hacienda.gob.mx/NPTP/mapaOp/detallePpef.html?ID_PPI=14136&CVE_PPI=0616B000034&RAMO=16

6 Transparencia Presupuestaria.
http://nptp.hacienda.gob.mx/NPTP/mapaOp/detallePpef.html?ID_PPI=34746&CVE_PPI=1216B000084&RAMO=16

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2017.

Diputados: Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), María Victoria Mercado Sánchez, Víctor Manuel Sánchez Orozco, Verónica Delgadillo García, Salvador Zamora Zamora, Jonadab Martínez García, Luis Ernesto Munguía González, Rosa Alba Ramírez Nachis, Germán Ernesto Ralis Cumplido, Macedonio Tamez Guajardo, María Candelaria Ochoa Ávalos, Mirza Flores Gómez.


Proposiciones

Con punto de acuerdo, relativo la preservación de la cultura de los tohono o’odham, en el desierto de Sonora, a cargo del diputado Braulio Mario Guerra Urbiola, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado federal Braulio Mario Guerra Urbiola, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; el artículo 79, numeral I, fracción II, y numeral 2, fracción III, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente propuesta con punto de punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La etnia Tohono O´odham también conocida con el apelativo de “Tribu Pápago” ha habitado el desierto que se extiende entre los estados de Sonora y Arizona en los Estados Unidos de América desde tiempos inmemoriales. El ambiente hostil del desierto obligó a la Etnia a adaptar su comportamiento a seminómada o de agricultores itinerantes para maximizar los escasos recursos que se encontraban a su disposición. Cuando la línea divisora entre los Estados Unidos de América y los Estados Unidos Mexicanos se definió con la Venta de la Mesilla, el territorio que ocupaba la Etnia desde la época prehispánica quedó dividido poniendo en peligro su forma de vida tradicional.

Es importante destacar la gran contribución de esta Etnia al resguardo de la Soberanía Nacional, cuando el 6 de abril de 1857 combatieron a los filibusteros que buscaban anexar Sonora a la Unión Americana, gesta heroica que se recuerda cada 6 de abril en la Heroica Caborca. Los Tohono O´odham han peleado por México, por lo que es importante que nuestra nación responda de una manera igual de contundente a la problemática que hoy enfrentan.

El pasado 25 de enero, el presidente de los Estados Unidos firmo una Orden Ejecutiva para iniciar un muro que dividirá a nuestros dos países. Este muro golpearía directamente a la forma de vida de la Etnia Tohono O´odham, afectando no solo su derecho de transito protegido por la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, sino que también afectaría el frágil ecosistema del cual dependen. Aunado a lo anterior, un conflicto social agrario que tiene lugar en Territorio Nacional, pone en peligro los derechos de las Etnia, lo que debe ser atendido de manera urgente por nuestras autoridades con el fin de preservar la cultura de los Tohono O´odham.

Es por esto, que debemos pronunciarnos a favor de los derechos indígenas y a la preservación del ecosistema del cual dependen ellos junto con otros mexicanos y estadounidenses. El muro que se pretende construir no puede ser a expensas de la desaparición de un grupo que precedió a estos dos países.

Por ello someto a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión exhorta atentamente al Titular de la Secretaría de Gobernación para que en el uso de sus facultades auxilie al Consejo Supremo de los Tohono O´odham en México en la protección de sus derechos.

Segundo. La Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión exhorta atentamente a la Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que atienda de manera expedita el Conflicto Social Agrario que enfrenta la etnia en la zona fronteriza con los Estados Unidos de América.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión se pronuncia a favor de la preservación de la Cultura de los Tohono O´odham en el desierto de Sonora.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- Ciudad de México, a 23 de marzo de 2017.

Diputado Braulio Mario Guerra Urbiola (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a implantar por la SHCP campañas e incentivos fiscales orientados a la deducibilidad, la aplicación de tasas cero y el fomento de la exención de impuestos directos e indirectos en los casos previstos en las leyes que alienten el consumo interno del mercado nacional, preferentemente en las zonas fronterizas y limítrofes del país, a cargo del diputado José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado José Máximo García López, así como los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, así como el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito poner a la consideración de esta tribuna, proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

México tiene en 2017 varios retos que enfrentar y superar, derivado de los fenómenos externos y que le obligan a llevar a cabo grandes medidas emergencia para cumplir sus fines como estado de derecho por virtud de las acciones de orden económico y financiero que le briden la mejor de las condiciones de unidad política para una cohesión real de sus aspectos internos.

El tema que todos los sectores aborda con preocupación es el relativo a la trasformación de las relaciones con Estados Unidos de América tras asumir la Presidencia del país, Donald Trump y ante la vehemencia de su postura intolerante, temeraria e irrisible que busca a toda costa hacer valer sus ideas de campaña con toda la fuerza del estado americano por encima de todos los actores políticos en el plano de la comunidad mundial, situación que llevado a la los tres poderes de la unión de nuestra nación a sumar esfuerzos de unidad con todos los sectores públicos y privados por alcanzar la soberanía e independencia por la autosuficiencia ante la cuesta que debe remontarse por la reconducción de los accesos a las puertas del tipo de relación entre ambas naciones con una tónica ajena a las experiencias de los últimos treinta años.

Debemos destacar la frontal actitud valiente y respetuosa de las políticas internacionales del país vecino del norte que México detenta en apego a los principios de las relaciones diplomáticas con apego a la no Intervención, norma que es debidamente reconocida por la ONU a través de las medidas adoptadas en materia de protección a los connacionales en el extranjero en todos los sectores de carácter preventivo ante las polémicas estrategias del mandatario americano de erigir una muralla limítrofe al filo del territorio que separa a ambos países a costa de nuestro país, así como la franca cacería de habitantes en esa nación por razones de raza, culto y procedencia geográfica que en el plano de la total cerrazón dio lugar la adopción de medidas estratégicas a fin de dar certidumbre a la población mexicana que mediante el fomento de la cultura de privilegiarnos en todos los ámbitos internos es como vamos a ser totalmente ilesos ante las acciones en serie adoptadas ante nuestro socio comercial y sus repercusiones en materia industrial, económica, financiera o fiscal ante las consecuencias de las acciones de Estados Unidos por fortaleces su seguridad interna

Tan solo los primeros días de febrero, fuimos testigos de las medidas de la Presidencia adopto a través del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, la armonización de la idea por exaltar el nacionalismo, los valores, los pronunciamientos esgrimidos en esta tribuna por todos nosotros para privilegiar un programa de estímulos al consumo de productos manufacturados en el territorio nacional, con diversas medidas que van desde los planes de aminorar la adquisición de bienes o servicios provenientes de Estados Unidos de América con medidas de impulso en todos los sectores a fin de garantizar alentar la calidad de lo hecho en México e incluso turismo despuntar aún más el turismo extranjero, incluyendo medidas fiscales y financieras de fomento a la calidad.

En este tenor de las medidas fiscales han motivado la flexibilización tributaria en favor de la sociedad, sin embargo existen diversas medidas que de manera vertical pueden optimizar la expansión de los mercados que dinamicen el consumo interno, el crecimiento económico para alcanzar los objetivos base proyectados que contribuyan a su desaceleración como lo estimó el Banco de América al pronosticar el crecimiento del producto interno bruto en nuestro país de un 2.3 por ciento proyectado por el Banco de México a 2.5 por ciento o más al desalentar la demanda de productos importados, el recorte del gasto gubernamental y la generación de políticas monetarias, que a su vez puede mejorar todavía más en la medida que se dé la consolidación fiscal para reducir las posibilidades de afectar el crecimiento y alcanzar la meta gubernamental de alcanzar el superávit de 0.2 por ciento en este 2017.

Es justo en el plano fiscal donde la experiencia nos ha demostrado que la mejor forma de despuntar el cumplimiento de las obligaciones marcadas en términos de la fracción IV del artículo 31 de la ley fundamental de contribuir al gasto público de manera proporcional, equitativa es la aplicación de la leyes mediante una recaudación ascendente que de equilibrio a la generación de ingresos al Estado, como sucede en el caso del Impuesto Sobre la Renta, tributo que grava la rentabilidad de las personas, conforme lo establecido en sus tasas porcentuales, que determina hipótesis con exenciones fiscales que estimamos deben ser parte del fomento informativo para que los contribuyentes conozcan del mejor modo las formas en que pueden cumplir con sus cargas fiscales, lo cual incluye los casos de las leyes que gravan tributos indirectos como la Ley del Impuesto al Valor Agregado que graban el consumo con las mismas características de variación de tasas y casos de exenciones tributarias.

Es entonces que cobra actualidad el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, firmado el 9 de enero, que el jefe del Ejecutivo, el 17 de enero de 2017, suscribió para renovar el estímulo fiscal que permite la deducción inmediata de las inversiones que realicen las micro y pequeñas empresas del país, con una tasa de descuento de 3 por ciento, y de 6 por ciento para las inversiones que realicen dichas empresas en 2018, para aquéllas personas morales con ingresos de hasta 100 millones de pesos al año, y, cuando las pequeñas o medianas empresas que son más de 90 por ciento de los comercios en México los que al igual son estimulados para un mejor cumplimiento fiscal, en el que se contempla la disminución de cargas administrativas para el cumplimiento del pago de impuestos.

Es cuando debemos al pueblo de que los legisladores estamos obligados a propiciar de la mejor forma que las acciones del Ejecutivo en sus decretos, serán apoyadas por el Congreso federal, por ende es que con la finalidad de dar mayor impulso del orden incluyente a los acuerdos es que razonamos que al tratarse su naturaleza jurídica de resoluciones de carácter general emitida con base al artículo 39 del Código Fiscal de la Federación podrá condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país, una rama de actividad, la producción o venta de productos, o la realización de una actividad.

En tal sentido, al contar con estas características, es que invito a toda la Asamblea a realizar una respetuosa exhortación a la Presidencia de la República a fin de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por ser la responsable de flexibilizar las acciones fiscales de marras, de igual forma instaure una campaña de información de los casos en los que las leyes fiscales vigentes, preferentemente las del impuesto sobre la renta, la de valor agregado, así como las normatividades fiscales aplicables a los contribuyentes mexicanos, preferentemente los comerciantes de las zonas fronterizas para favorecer los siguientes puntos:

• Conozcan de la mejor forma las medidas establecidas en las normas para la aplicación de las tasas tributarias variables bajas en las leyes de impuestos directos e indirectos, así como las operaciones en las que podrán tributar bajo estas modalidades por su actividad comercial vinculada a las exportaciones, el intercambio comercial interno, el fomento turístico y, el comercio fronterizo para la fomentar las preferencias de la actividad de consumo de insumos de bienes nacionales en forma indirecta,

• Conozcan de la mejor forma las medidas establecidas en las normas para la aplicación de las hipótesis en las leyes de impuestos directos e indirectos del por las operaciones en que podrán tributar bajo esta modalidad por su actividad vinculada a las exportaciones, el intercambio comercial interno, el fomento turístico y el comercio fronterizo interno que fomentar la preferencia de la actividad comercial o el consumo de insumos de bienes nacionales para los connacionales; y;

• Que en el contexto del esquema opcional simplificado de cumplimiento fiscal, contemple en la aplicación electrónica que habilitará el Servicio de Administración Tributaria, de manera oficiosa las medidas citadas con antelación, a fin de auxiliar comerciantes pequeños para encausar de la mejor forma los incentivos que obtengan, incluyendo los contribuyentes que les sean aplicables las bondades para los recursos repatriados, a fin de que les sea aplicables los criterios más favorables.

Sin duda para todo México, dar lugar a favorecer el objeto del presente punto de acuerdo no solo apoyará a que los contribuyentes conozcan de mejor forma los no solo los estímulos alcanzados tras la crisis de las relaciones con Estados Unidos de América sino los apoyos que previamente las leyes establecen y que este Congreso ha generado para que con la voluntad de los tres Poderes de la Unión hagamos no solo que exista el cumplimiento de las garantías constitucionales de proporcionalidad o equidad fiscal, sino que existirá un parteaguas para que los comerciantes que, han dejado incluso de cumplir obligaciones fiscales por desconocimiento de las leyes o mal manejo contable, mediante este respetuoso exhorto trasversal se logre su regularización fiscal y, el alza del censo de contribuyentes, captando beneficios para todos los involucrados, además de los ubiquen su fuente de riqueza en zonas limítrofes o fronterizas, en las que se alienta la evasión o elusión fiscal derivada de la afluencia de cargas aduanales o arancelarias.

Por lo expuesto y fundado se propone ante el pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público implemente el fomento de campañas e incentivos fiscales orientados a la deducibilidad, aplicación de tasas cero y fomento de la exención de impuestos directos e indirectos en los casos previstos por las leyes vigentes que alienten el consumo interno del mercado nacional, preferentemente en las zonas fronterizas y limítrofes del país.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2017.

Diputado José Máximo García López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la SEP a proteger y conservar el patrimonio lingüístico del país, a cargo del diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con puntos de acuerdo:

Consideraciones

La categoría familia lingüística se define como un conjunto de lenguas cuyas semejanzas estructurales y léxicas se deben a un origen histórico común.1 Cada una de ellas se encuentra representada en México con al menos una de sus lenguas y son algica, yuto-nahua, cochimi-yamana, seri, oto-mange, maya, totonaco-tepehua, tarasca, mixe-zoque, chontal de Oaxaca y huave.

La agrupación lingüística es el conjunto de variantes lingüísticas comprendidas bajo el nombre dado históricamente a un pueblo indígena. Estas se encuentran relacionadas, respectivamente, con un pueblo originario y pueden estar conformadas por conjuntos de una o más variantes lingüísticas. La categoría variante lingüística se define como una forma de habla que presenta diferencias estructurales y léxicas en comparación con otras variantes de la misma agrupación lingüística.

Las variantes lingüísticas representan uno de los indicadores más fehacientes de la enorme diversidad lingüística y cultural de México. De conformidad con el estado que guardan los estudios sobre la realidad lingüística del país y con el propósito de evitar la discriminación lingüística, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) considera que las variantes lingüísticas deben ser tratadas como lenguas, al menos en las áreas educativas, de la impartición y la administración de justicia, de la salud, así como en los asuntos o trámites de carácter público y en el acceso pleno a la gestión, servicios e información pública.2

México es uno de los 10 países más ricos en diversidad lingüística, cuenta con 68 lenguas originarias: akateko, amuzgo, awakateko, ayapaneco, cora, cucapá, cuicateco, chatino, chichimeco jonaz, chinanteco, chocholteco, chontal de Oaxaca, chontal de Tabasco, chuj, ch’ol, huasteco, huave, huichol, ixcateco, jakalteko, kaqchikel, kickapoo, kiliwa, lacandón, mam, ku’ahl, k’iche’, maya, mayo, mazahua, mixteco, náhuatl, mazateco, pame, pápago, oluteco, otomí, qato’k, q’anjob’al, pima, popoloca, q’eqchí, sayulteco, tarahumara, tarasco, tepehuano del sur, totonaco, zapoteco, texistepequeño, triqui, teko, tepehua, tlahuica, tlapaneco, tseltal, tsotsil, zoque, guarijío, ixil, kumiai, matlatzinca, mixe, paipai, popoluca de la sierra, seri, tepehuano del norte, tojolabal y yaqui y 364 variantes, de las cuales 64 se encuentran en alto riesgo de desaparecer, según el Inali.

Irónicamente, en el país hay un gran número de centros educativos y de investigación de alto nivel académico, sin embargo en ninguno hay programas solidos que ayuden o conserven y fomenten la conservación y diversidad de las culturas originarias, en su lugar se da más importancia a la enseñanza de lenguas extranjeras.

En la República Mexicana viven 16 millones de indígenas. De ellos, 7 millones 382 mil 785 personas de 3 años y más hablan su lengua madre, de acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda. Sin embargo, el número de hablantes continúa a la baja, lo que pone en peligro la existencia de las variantes utilizadas en el territorio nacional.

Fuente: Inegi. Encuesta Intercensal 2015. La migración por falta de fuentes de empleo, la desaprobación social, la adopción del español, la mezcla de lenguas y la oposición de algunos grupos étnicos por adaptarse a los cambios lingüísticos, propicia la reducción de hablantes de las lenguas indígenas.

De acuerdo con datos del Inali, de las 364 variantes lingüísticas que existen, 185 están en riesgo no inmediato de extinción; 72 en peligro mediano, y 43 en alto riesgo.

Una lengua en riesgo de desaparición es la que muestra señas de que su comunidad de hablantes está dejando de usarla y de transmitirla a las nuevas generaciones, en favor de una lengua dominante.

La desaparición de una lengua es una pérdida irreparable para la humanidad, pues se pierden diferentes maneras de pensar, la cultura que expresa una lengua, la identidad y también la diversidad del mundo. La diversidad lingüística es esencial en el patrimonio de la humanidad. Cada lengua encarna la sabiduría cultural única de un pueblo. Por consiguiente, la pérdida de cualquier lengua lo es para toda la humanidad.

Cucapá, lo hablan 116 personas
Pápago, lo hablan 116 personas

Qato'k, lo hablan 110 personas
Kaqchikel, lo hablan 105 personas

Ixil, lo hablan 77 personas
Oluteco, lo hablan 63 personas

Teko, lo hablan 61 personas
Kiliwa, lo hablan 36 personas

Awakateko, lo hablan 21 personas
Ayapaneco, lo hablan 2 personas

Todas las lenguas en que cualesquiera mujeres y hombres aprendieron a pensar, amar y rezar, merecen ser respetadas como parte de sus derechos humanos. Y esto lo aplico a todos los idiomas amerindios y a todos los que en el mundo se hablan.3

La desaparición de las lenguas es sin duda una realidad aceptada por las instituciones internacionales como la UNESCO, la ONU y por las instituciones mexicanas de educación y responsables de las políticas públicas para la atención de los pueblos indígenas.4

Las lenguas indígenas viven en una constante violación a su derecho de ser escuchadas y carecen de atención por los tres niveles de gobierno.

El tema de los derechos de los pueblos indígenas, en particular de los derechos lingüísticos, entra en la esfera internacional con mayor intensidad a finales del decenio de 1980. A partir de la década de 1990, el Estado Mexicano comienza a experimentar cambios profundos en materia de derechos de los pueblos indígenas. La lucha de las organizaciones indígenas por sus derechos y el cambio en la percepción de la diversidad que se genera a escala mundial han sido determinantes en las reformas constitucionales y la promulgación de las leyes reglamentarias en dicha materia. Los derechos lingüísticos y su ingreso a la esfera legal como derechos de los pueblos indígenas suponen hacer posible la educación bilingüe como alternativa para responder a los derechos lingüísticos de las poblaciones indígenas.

En el ámbito internacional, de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo 13, “los pueblos indígenas tienen derechos a revitalizar, utilizar fomentar y trasmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas y mantenerlos”.

En la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos, cuyo objetivo principal es promover especialmente las lenguas amenazadas, se señalan además la dimensión individual y colectiva de estos derechos, la importancia de su respeto para lograr una paz lingüística mundial.

Por último, en la Declaración Universal de la Diversidad Cultural, que eleva la diversidad cultural a la categoría de “patrimonio común de la humanidad”, “tan necesaria como la biodiversidad para los seres vivos” establece su salvaguarda como imperativo ético indisociable del respeto por la dignidad de la persona.

El Convenio 169 de la OIT es un instrumento fundamental para la protección de los pueblos indígenas. El convenio reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la propiedad de sus tierras y territorios, a la igualdad y la libertad y a tomar decisiones sobre aquellos proyectos que les afecten.

Existen pueblos indígenas que al parecer ya han aceptado que su lengua va a desaparecer y con ello piensan que parte de su cultura se dispersará y que únicamente podrán comunicarse en castellano. Sin embargo, otros desean revertir esta tendencia de desaparición de sus lenguas y luchan por preservarlas y fortalecerlas de muy diferentes maneras. Muchos pueblos no saben cómo, pero ensayan distintas maneras de hacerlo.

El país ha desatendido la diversidad lingüística que tenemos pretendiendo construir un país bilingüe (español-inglés). Las políticas públicas en la materia deben construirse de manera integral considerando todas las lenguas involucradas en nuestros diferentes pueblos originarios, por regiones y situaciones, observando los usos y costumbres lingüísticas.

En el sistema educativo, el conocimiento del idioma ingles en algún grado es requisito para obtener un título en 85 por ciento de las universidades del país, es la principal lengua extranjera enseñada en el sistema educativo nacional. Según las cifras, se cuenta con 34 mil 568 escuelas con 316 mil 440 maestros en escuelas públicas en todos los sistemas (SNIE, 2015). En la Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio, que existen cerca de 30 mil profesores de la asignatura de inglés de secundarias públicas, en todas sus modalidades el español, el cual se encuentra incluido, como lengua materna, en todos los planes de estudio desde la educación básica hasta el nivel medio superior y como especialidad en la mayoría de las facultades. También está presente en los documentos oficiales como segunda lengua para las poblaciones originarias del país principalmente, y es ofrecida en algunos centros, como el Cepe de la UNAM.

En México, menos de 20 por ciento de los maestros en escuelas públicas habla alguna lengua extranjera, brecha que se profundiza en estados como Chiapas, San Luis Potosí, Puebla, Campeche, Tabasco y Guerrero, donde son menos de 10 por ciento.

La atención educativa de las poblaciones originarias fuera de sus comunidades de origen que según cifras del Inegi de 2015, representa 4.1 por ciento de la población migrante (Inegi, 2014, página 41), lo que plantea la necesidad de la atención del bilingüismo de los alumnos sin contar a la población indígena no hablante de la cual se tienen pocos datos y que tendrían necesidad de una atención culturalmente pertinente, así como de la enseñanza de su lengua de origen como segunda lengua.

Aurelio Nuño, secretario de Educación, anunció un programa mediante el cual pretende cumplir el objetivo de convertir en 20 años el nuestro en un país bilingüe (español-inglés), siendo que México es un país multilingüe, nuestras lenguas pertenecen a 12 familias lingüísticas distintas entre sí, dejemos el bilingüismo socialmente privilegiado protegiendo el patrimonio lingüístico haciendo un sistema educativo bilingüe intercultural.

La discriminación histórica hacia las lenguas indígenas ha impedido la construcción de sociedades multilingües, si no creamos programas especiales para su fortalecimiento y desarrollo, en los mismos 20 años que se piensa hacer al país un país bilingüe esas lenguas en alto peligro de extinción habrán desaparecido.

Una de las principales acciones que ha impulsado el Inali es conocer y definir las lenguas en riesgo de desaparición, para ello se planteó conformar y establecer los mecanismos de consulta con la integración del Comité Consultivo para la Atención a las Lenguas Indígenas en Riesgo de Desaparición del Inali y a partir de sus recomendaciones impulsar políticas públicas para la atención gubernamental de las lenguas indígenas en riesgo de desaparición mediante proyectos de documentación y revitalización, sin embargo es necesario complementar estas acciones con programas especiales que realmente las fortalezcan y promuevan a fin de evitar su desaparición.

Cada cultura de los pueblos indígenas del mundo encierra en sí una esfera de conocimientos única que es menester preservar para beneficio de las generaciones venideras.

Por lo anterior me permito poner a consideración de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura para que a través del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas implante y confiera prioridad a programas especiales en los estados donde haya lenguas indígenas a punto de desaparecer a fin de fortalecerlas y desarrollarlas.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que a través de esta los reglamentos académicos universitarios incluya las lenguas indígenas como un segundo idioma requisito para titularse.

Notas

1 http://www.inali.gob.mx/clin-inali/

2 http://www.inali.gob.mx/clin-inali/

3 El español y el destino de las lenguas amerindias, Miguel León Portilla, 2001, discurso pronunciado el 16 de octubre en el segundo Congreso Internacional de la Lengua Española, Valladolid, España. En

http://congresosdelalengua.es/valladolid/inauguracion/le on_m.htm

4 Grupo especial de expertos sobre las lenguas en peligro convocado por la UNESCO, Vitalidad y peligro de desaparición de las lenguas, documento adoptado por la Reunión Internacional de Expertos sobre el programa de la UNESCO. “Salvaguardia de las Lenguas en Peligro”, París, 10-12 de marzo de 2003.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2017.

Diputado Felipe Reyes Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a los legisladores que representarán al Congreso de la Unión en la Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos de junio próximo a gestionar con congresistas de ese país a fin de incluir en la agenda de su Congreso la aprobación de una reforma migratoria para resolver de fondo la residencia de los connacionales allá, suscrita por el diputado Omar Noé Bernardino Vargas e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, Omar Noé Bernardino Vargas y diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Es nuestro imperioso deber como representantes de los ciudadanos de nuestra gran nación, legislar y gestionar para que las necesidades de la población sean atendidas de manera puntual por las diversas autoridades en el ámbito de su competencia; incluso aquellas más allá de nuestras fronteras; en este caso en particular, la protección absoluta de nuestros compatriotas radicados en los Estados Unidos de América (EUA), constituye un imperativo, pues sin lugar a dudas es uno de los rubros más estratégicos que la población demanda hoy.

La migración indocumentada hacia EUA tiene un grave impacto en la población mexicana, pues conlleva en ello, la desintegración familiar y, en muchas ocasiones, hasta la pérdida de la vida de alguno de sus miembros en el intento; esto no es un deseo del Estado mexicano.

La gran ironía es cómo después de más de 160 años de una historia de migración y de grandes aportaciones de nuestros connacionales en aquella nación, aun hoy en día no se reconozca el lugar de importancia y de trascendencia que nuestros compatriotas tienen con su participación en la construcción de lo que es hoy la primera potencia mundial, EUA.

Los primeros migrantes mexicanos se originaron al quedar dentro de territorio norteamericano sin su consentimiento, en aquella pérdida de territorio nacional en 1848, la frontera los cruza a ellos, no ellos a la frontera. La migración ha sido fomentada por el propio gobierno de EUA que en distintos momentos de su historia ha contratado a enganchadores para llevarse mano de obra a su país, incluso es de relevancia mencionar los diversos tratados que se han celebrado para la implementación de programas de trabajo temporal, donde destaca el caso de los Braceros que apoyaron en las actividades del campo y que fueron determinantes para que EUA garantizara su suficiencia alimentaria durante la Segunda Guerra Mundial. Dicho programa inició en 1942 y culminó en 1964.

El flujo migratorio México-EUA es el movimiento de personas más grande en el planeta, México no cuenta con ningún privilegio migratorio y su trato no corresponde a la calidad de socio comercial de EUA, como sí lo tienen Canadá y Bermuda, países exentos de trámite consular, además de una veintena de países inscritos en el programa Waiver , principalmente la Unión Europea, que con sólo el pasaporte pueden ingresar con visa B1/B2 de placer o negocios hasta por 90 días. En este último caso, sorprende que países como Corea del Sur, Malasia, Hungría e incluso Argentina, en algún momento hayan contado con este privilegio. Una medida de apertura y flexibilización hacia los ciudadanos mexicanos ayudaría a privilegiar la vía legal sobre la ilegal.

La influencia económica de los mexicanos en EUA es enorme al día de hoy, lo cual se puede constatar con los siguientes datos:

• Los mexicanos en EUA, incluidos los de segunda y tercera generación, contribuyen con 8 por ciento del producto interno bruto (PIB) de EUA (Fundación BBVA Bancomer, 2012)

• Los inmigrantes mexicanos son empresarios que generan empleos.

• De acuerdo con un estudio de Partnership for a New American Economy (PNAE), 28 por ciento de los negocios creados en 2011 son propiedad de inmigrantes, y emplean 10 por ciento de los trabajadores estadounidenses. Los mexicanos representan 12 por ciento de los inmigrantes dueños de pequeños negocios en EUA. Alrededor de 570 mil empresas en EUA, más de 1 de cada 25, son propiedad de inmigrantes, y generan anualmente 17 mil millones de dólares en ingresos.

• En 2009, el salario mensual promedio de los trabajadores mexicanos en EUA fue de 2 mil 190 dólares estadounidenses y el monto promedio mensual de una remesa fue de 317 dólares. Por lo tanto, más de 87 por ciento del salario de los trabajadores mexicanos fue gastado en la economía estadounidense (Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, CEMLA y Banco de México).

• Desde 2000, el Sistema de Administración de Seguridad Social ha recibido casi 90 mil millones de dólares por concepto de descuentos a los salarios de los trabajadores que usan números de seguro social que no coinciden con los registros oficiales. Medicare ha recibido casi 21 mil millones de dólares. En 2010, las familias encabezadas por inmigrantes indocumentados pagaron 11.2 mil millones de dólares en impuestos estatales y locales 1.2 mil millones en impuestos sobre la renta, 1.6 mil millones de dólares en impuestos sobre la propiedad y 8.4 mil millones de dólares en impuestos sobre las ventas (Institute for Taxation and Economic Policy) .

• Los inmigrantes pagan aproximadamente mil 800 dólares más en impuestos de lo que reciben en beneficios públicos (Americas Society/Council of the Americas, febrero 2013) . De la población total de entre 20 y 39 años, segmento que financia en su mayoría el sistema de seguridad social, 18 por ciento son inmigrantes y 6 por ciento son inmigrantes nacidos en México (Fundación BBVA Bancomer, 2012).

En cuanto a los mexicanos indocumentados en EUA, el Instituto de la Fiscalización y Políticas Públicas (ITEP, por su sigla en inglés) de EUA, destaca sobre las contribuciones fiscales locales y estatales de los inmigrantes indocumentados en el año 2005, que:

• Según el ITEP, “los inmigrantes ilegales contribuyen de manera relevante a nivel local y estatal y colectivamente pagan en impuestos unos 11 mil 840 millones de dólares anualmente”. Siguiendo la data de inmigración que llega a ese país, el estado donde más impuestos pagan los ilegales es California, donde millones de trabajadores que viven fuera del margen de protección social suman 3 mil 200 millones de dólares a las arcas estatales.

• Un dato del ITEP es contundente: los ilegales contribuyen con 8 por ciento de los recursos fiscales de los 51 estados de EUA. En contraparte, el famoso 1 por ciento que controla casi 22 por ciento de la riqueza del país más rico del mundo, contribuye en ese mismo renglón con 5.4 por ciento.

• La Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER) liberó un estudio que asienta que cada inmigrante (legal o ilegal) que trabaja en EUA genera 1.2 empleos nuevos para los residentes locales. Esto echa por tierra el mito de que los paisanos les quitan la chamba a los nativos. De hecho, el NBER concluye que los inmigrantes son una inyección (de adrenalina) para las economías locales. Lo que este reporte hace es romper el mito de que los ilegales no pagan impuestos.

Al incrementar la oferta laboral, la inmigración genera que los costos laborales tienden a mantenerse relativamente estables sin generar presiones sobre los precios, con lo cual puede relajar el endurecimiento de la política monetaria. En otras palabras, si los precios se mantienen estables entonces la inflación también está controlada, así de importante es la migración de mexicanos en EUA.

Actualmente, estos inmigrantes indocumentados contribuyen con 8 por ciento de sus ingresos a las arcas públicas locales y estatales.

En términos económicos, destacan varios efectos tangibles de los mexicanos radicados en EUA. En primer lugar, en una población nativa que tiene bajas tasas de crecimiento y una alta tasa de jubilados, la aparición de la población mexicana, con grandes tasas de crecimiento poblacional predominantemente joven, será capaz de impulsar el financiamiento del sistema de seguridad social, especialmente de pensiones. Asimismo, la población mexicana en EUA tiene importantes aportaciones a través de sus impuestos, pero hace menor uso de los sistemas de educación, salud y de pensiones.

Otro dato revelador es el monto que los migrantes mexicanos pagan en impuestos, el cual es superior a lo que envían a sus comunidades de origen por concepto de remesas.

De acuerdo con las cifras del Sistema de Información sobre Migración Internacional y Desarrollo (Simde) los migrantes mexicanos pagaron cerca de 53 mil millones de dólares en 2008 por concepto de impuestos, mientras que enviaron a México un monto de 25 mil millones de dólares por concepto de remesas.

Entre 1994 y 2008 el consumo en EUA creció en términos reales en 3.23 billones de dólares. Los migrantes mexicanos en EUA contribuyeron con 217 mil millones de dólares a ese crecimiento, es decir, 7.4 por ciento del total, con lo cual es probable que su contribución indirecta en la generación de empleo también haya sido de importancia.

Los cerca de 11 millones de inmigrantes indocumentados en su gran mayoría mexicanos, que en EUA pagan 11 mil 600 millones de dólares anuales en impuestos locales y estatales, una cifra que se elevaría en 805 millones de haberse ratificado las acciones ejecutivas aprobadas por el presidente Barack Obama, indicó un estudio del Instituto de Política Fiscal y Económica (ITEP 24 febrero 2016).

Si se llevase a cabo una reforma migratoria completa que normalizase la situación de los 11 millones de inmigrantes, el beneficio para las arcas públicas sería mucho mayor, de unos 2 mil 100 millones de dólares anuales, según el informe. (ITEP 24 febrero 2016).

Diversas encuestas serias en EUA revelan que la gran mayoría de sus ciudadanos están de acuerdo en que se realice una reforma migratoria que regularice a todos los indocumentados radicados en ese país.

México debe demandar un trato de “nación amiga”, hacer valer en los hechos un trato más digno e igualitario, tenemos el instrumento legal en el Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo entre la República Mexicana y los Estados Unidos de América (Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848), que suscribieron ambas naciones, instrumento que únicamente le hemos dado el uso para controversias en cuanto a territorios, pero que su verdadera esencia es establecer sobre bases sólidas relaciones de paz y buena amistad, que dé recíprocas ventajas a los ciudadanos de uno y otro país, y afiancen la concordia, armonía y mutua seguridad en que deben vivir, como buenos vecinos, los dos pueblos.

Por lo que me permito citar los siguientes artículos:

“Artículo I

Habrá paz firme y universal entre la República mexicana y los Estados Unidos de América, y entre sus respectivos países, territorios, ciudades, villas y pueblos, sin excepción de lugares o personas.

Artículo XXI

Si desgraciadamente en el tiempo futuro se suscitare algún punto de desacuerdo entre los Gobiernos de las dos Repúblicas, bien sea sobre la inteligencia de alguna estipulación de este Tratado, bien sobre cualquiera otra materia de las relaciones políticas o comerciales de las dos naciones, los mismos Gobiernos, a nombre de ellas, se comprometen a procurar de la manera más sincera y empeñosa allanar las diferencias que se presenten y conservar el estado de paz y amistad en que ahora se ponen los dos países, usando al efecto de representaciones mutuas y de negociaciones pacíficas. Y si por estos medios no se lograre todavía ponerse de acuerdo, no por eso se apelará a represalia, agresión ni hostilidad de ningún género de una República contra otra, hasta que el Gobierno de la que se crea agraviada haya considerado maduramente y en espíritu de paz y buena vecindad, si no sería mejor que la diferencia se terminara por un arbitramento de comisarios nombrados por ambas partes, o de una nación amiga. Y si tal medio fuere propuesto por cualquiera de las dos partes, la otra accederá a él, a no ser que lo juzgue absolutamente incompatible con la naturaleza y circunstancias del caso.”

Este tratado binacional, que es obligatorio atenderlo por ambas naciones en el marco de sus respectivas legislaciones, establece con toda claridad y vigencia, que los dos países, a través de sus poderes y en este particular caso los congresistas de ambas naciones, debemos sentar las bases sólidas que permitan crear las ventajas para sus ciudadanos, para afianzar entre ellos la armonía, la paz, la concordia, la amistad, la mutua seguridad; en otras palabras el desarrollo integral, mejor no se puede describir para que con un gran compromiso con nuestros compatriotas, vayamos a la búsqueda de la consolidación de un nuevo modelo de política migratoria entre ambas naciones, iniciando por la reforma migratoria en beneficio de nuestros paisanos y como ya se describió en estas consideraciones, en beneficio del propio pueblo de los Estados Unidos de América.

Por lo expuesto y fundado presento a esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a los legisladores que representarán a este Congreso en la próxima reunión interparlamentaria México-Estados Unidos de América, por celebrase en junio del presente año, a efecto de realizar las gestiones necesarias con los integrantes de la comisión de congresistas estadounidenses, para que con el apoyo de las buenas prácticas parlamentarias, se posicione en la agenda del Congreso norteamericano la aprobación de una reforma migratoria que resuelva de fondo la residencia de nuestros connacionales en el país vecino.

Segundo. Se exhorta a los legisladores que representarán a este Congreso en la próxima reunión interparlamentaria México-Estados Unidos de América, por celebrase en junio del presente año, a efecto de que impulsen la firma de convenios que permitan otorgar contratos temporales de trabajo en las diversas áreas de producción donde es destacada la aportación laboral de los trabajadores migrantes mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2017.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Galico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, la Profepa y la Conafor a incentivar programas de reforestación y conservación de áreas naturales con especies nativas en Zacatecas para conservar y ampliar los bosques en la entidad, a cargo de la diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Mariana Trejo Flores, de la LXIII Legislatura federal e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Antecedentes

El panorama ambiental del país ha seguido un patrón durante las últimas 7 décadas, según informes de institutos, organizaciones y agrupaciones conservacionistas o vinculadas con la protección del medio ambiente. Todo lo anterior, a pesar de las alertas de organizaciones y de académicos,1 México aún presenta uno de los mayores índices de degradación ambiental del mundo.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), la destrucción ambiental del país equivale a 8.8 por ciento del producto interno bruto (PIB), datos que generan condiciones de incertidumbre en materia ecológica, pues no se han implementado las acciones necesarias para contrarrestar este fenómeno que viene ejerciendo presión sobre los recursos naturales desde la época colonial y agravado con el modelo económico vigente.

En el año 2003 el costo anual de la destrucción ambiental del país equivalió a 10 por ciento del PIB, que en dinero representaba 754 mil millones de pesos. Si bien hoy el porcentaje es menor (el 8.8 por ciento mencionado), hablando en pesos y centavos la destrucción va en aumento: de acuerdo con el Inegi, en 2006 (su dato más reciente) el deterioro ambiental equivalió a 903,724 millones de pesos, es decir, 149,724 millones de pesos más que en 2003 (19.85 por ciento más, para ser exactos). En contraposición, los gastos de protección al medio ambiente en el mismo año representaron apenas el 0.6 por ciento del PIB (unos 58 000 millones de pesos) y muchas veces se han malgastado en programas mediáticos que no le sirven a nuestros ecosistemas (el ejemplo más ominoso de esto es la reforestación promovida a través de Proárbol). Estos datos son graves de por sí, pero a la luz de los impactos del cambio climático global se vuelven alarmantes. Los ecosistemas bien conservados nos ayudarán a mitigar los impactos del cambio climático, en tanto que los ecosistemas degradados lo que harán será agudizarlos. Y al hablar de impactos del cambio climático en el país.2

Zacatecas pierde, en promedio, anualmente 2 mil 300 hectáreas de bosques. En 1976, la entidad zacatecana, contaba con un total de 1 millón 111 mil hectáreas de bosque, según informes del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.3

Tomando como antecedente los datos anteriores y en estudio correlativo, respecto al promedio anual de pérdida de bosques, se tiene que en Zacatecas; en la actualidad se han perdido 94 mil 300 hectáreas de áreas boscosas en 41 años a partir de 1976 como año de referencia próxima y base estadística.

En la actualidad, Zacatecas cuenta con un total de 1 millón 16 mil 700 hectáreas de bosques, empero al ritmo de deforestación presentado en la entidad, los bosques desaparecerán en su totalidad en 400 años.

Para 2014, se revelaba que las zonas boscosas de la entidad zacatecana se encontraban amenazadas por la plaga del gusano descortezador que afectaba un total de 6 mil hectáreas, poniendo en riesgo la vida de los árboles que habitan estas zonas boscosas.

Se estima que hay por lo menos cinco árboles por hectárea con esta plaga, la cual es muy peligrosa porque reseca los árboles y propicia que otros insectos se alimenten de la madera, y el periodo comprendido entre mayo y junio es el mejor para tratar los bosques.

El estado más afectado fue Zacatecas y para ello se realizaron procesos de saneamiento con sustancias orgánicas; como último recurso se recurre a la tala para evitar que el insecto alcance arbolado sano.4 La presencia del Dendroctonus, un gusano de máximo 4.5 centímetros de longitud, genera daños sobre todo en pinos o encinos, aunque si se detecta a tiempo puede combatirse adecuadamente, texto de un diario local.

Durante el 2016, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) emitió 14 millones de pesos para recuperación de 1 mil 62 hectáreas de bosque mediante proyectos de reforestación y conservación de suelos, sin embargo, ya se demostró en líneas anteriores que Zacatecas requiere por lo menos 30 millones de pesos anuales de erogaciones federales para contener el problema de la deforestación.5

Se resalta que la amenaza de los bosques de la entidad es multifactorial; tala inmoderada, ilegal, para pastoreo de ganado, agricultura, tala lega, sequías, plagas, incendios, bajas temperaturas, etc. Lo que requiere de medidas extraordinarias, al igual que todos los bosques del país, para su conservación, preservación y ampliación, es decir, se convierte en un reto de las instituciones el generar revertir las tasas de deforestación en tasas positivas de reforestación superiores a la pérdida registrada, generando con ello la regeneración de bosques y recuperación de áreas naturales de la entidad Zacatecana.

Por lo anteriormente expuesto e invocado en el proemio, someto a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de Semarnat, Profepa y Conafor a implementar acciones urgentes para la recuperación, mantenimiento y conservación de áreas boscosas en el estado de Zacatecas.

Notas

1 http://www.greenpeace.org/mexico/global/mexico/report/2009/6/destruccio n_mexico.pdf

2 http://www.greenpeace.org/mexico/global/mexico/report/2009/6/destruccio n_mexico.pdf

3 http://ntrzacatecas.com/2013/06/06/bosques-cerca-de-colapsar/

4 http://ntrzacatecas.com/2014/07/28/afectadas-por-plagas-6-mil-hectareas -de-zonas-boscosas/

5 http://www.gob.mx/conafor/prensa/recibe-zacatecas-14-mdp-para-conservacion
-de-mil-62-hectareas-de-bosque-y-semidesierto

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2017.

Diputada Mariana Trejo Flores (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y la Profeco a emprender acciones en defensa de los usuarios de aerolíneas comerciales, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, así como el numeral 2, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someten a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo de mediante el cual se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor a emprender diversas acciones en defensa de los usuarios de aerolíneas comerciales, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. La aviación mexicana se encuentra en un constante proceso de desarrollo. De acuerdo con la Cámara Nacional de Aerotransporte (Canaero) las empresas tanto de pasajeros como de carga aportan 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en nuestro país, generando cerca de 900,000 empleos directos e indirectos.9

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes señaló que, en la última década, el número de personas que viajan en avión aumentó en un 68 por ciento, y que para el 2015 el 1.8 por ciento de la población total del país se transportaba por este medio.2 Adicionalmente, de acuerdo la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA), el número de pasajeros aéreos en México aumentará a un ritmo de 4.6 por ciento anual en los próximos 20 años. Cabe mencionar que en el año 2016 se movilizaron a 82’407,002 pasajeros de los cuales 41’917,356 corresponden a pasajeros domésticos y 40’489,646 son de carácter internacional.3

A pesar del crecimiento de la industria de autotransporte en nuestro país y de la creciente demanda de sus servicios, no se ha generado un proceso de mejora de la calidad. La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en el año 2014 señaló que más de 115,000 vuelos no operaron conforme a los tiempos establecidos y asignados, llegando a la conclusión de se ubican más de 300 vuelos diarios fuera de su horario.4

“Estas condiciones negativas resultan en afectaciones a los consumidores. Bajo los criterios actuales de asignación de espacios para el aterrizaje y despegue, por citar un ejemplo, muchas aerolíneas comercializan vuelos sin tener asignado previamente un horario. Esto hace que vuelos terminen saliendo con retrasos y que el usuario adquiera un boleto sin la garantía del servicio que espera recibir”.5

La misma Cofece también ha destacado la falta de reglas claras en la asignación de horarios de despegue (slots) que realizan las aerolíneas, lo que impactado de manera negativa en la calidad del servicio y en la competitividad de la industria, ya que se ofrece una baja disponibilidad de horarios, con precios elevados y escasa innovación.6

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) las quejas de usuarios contra aerolíneas comerciales han incrementado sistemáticamente año con año. En 2012 fueron 1,365 quejas; en 2013, 1,094; en 2014, 1,689; en 2015, 1,783; y en 2016, 1,981.7

Entre las principales quejas de los usuarios se encuentran la negativa de las empresas a la devolución del depósito o de las bonificación, la pérdida de equipaje, el cambio del producto contratado, la modificación del vuelo sin autorización o sin previo aviso, maltrato por parte del personal, cobro de cuotas extraordinarias, ausencia de información e información no clara, cobros indebidos, incumplimiento en el contrato, entre otros.8 Todo esto sin mencionar que las aerolíneas incurren en la práctica de la sobreventa de boletos, siendo esta una estrategia utilizada por los prestadores de servicios aéreos que asegura que el vuelo tenga una ocupación del 100 por ciento de los lugares, sin embargo, dicha práctica vulnera los derechos de los usuarios.

II. Frente a esta realidad, diversos grupos parlamentarios en la presente LXIII Legislatura han presentado iniciativas de reforma para la protección de los derechos de los usuarios de aerolíneas comerciales, con lo que se busca fortalecer el marco jurídico de defensa del consumidor. Sin embargo, es importante destacar que a la par de estas necesarias reformas, las instituciones públicas hoy tienen en sus manos la responsabilidad de tomar medidas en beneficio de los consumidores.

Las atribuciones de Profeco, conforme a la ley Federal de Protección al Consumidor, son las siguientes:

“Artículo 24. La procuraduría tiene las siguientes atribuciones:

I. Promover y proteger los derechos del consumidor, así como aplicar las medidas necesarias para propiciar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores;

II. Procurar y representar los intereses de los consumidores, mediante el ejercicio de las acciones, recursos, trámites o gestiones que procedan;

III. Representar individualmente o en grupo a los consumidores ante autoridades jurisdiccionales y administrativas, y ante los proveedores;

IV. Recopilar, elaborar, procesar y divulgar información objetiva para facilitar al consumidor un mejor conocimiento de los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado;

VI. Orientar a la industria y al comercio respecto de las necesidades y problemas de los consumidores;”

[...]

“XIII. Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de precios y tarifas establecidos o registrados por la autoridad competente y coordinarse con otras autoridades legalmente facultadas para inspeccionar precios para lograr la eficaz protección de los intereses del consumidor y, a la vez evitar duplicación de funciones;”

A su vez, en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en el artículo 36 se establecen las atribuciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, destacando las siguientes:

Artículo 36.

IV. Otorgar concesiones y permisos para establecer y operar servicios aéreos en el territorio nacional, fomentar, regular y vigilar su funcionamiento y operación, así como negociar convenios para la prestación de servicios aéreos internacionales;

“V. Regular y vigilar la administración de los aeropuertos nacionales, conceder permisos para la construcción de aeropuertos particulares y vigilar su operación;

VI. Administrar la operación de los servicios de control de tránsito, así como de información y seguridad de la navegación aérea;”

En Movimiento Ciudadano somos conscientes de la necesidad de realizar ajustes normativos a la Ley de Aviación Civil para reconocer y fortalecer los derechos de los consumidores y sentar las bases de una mejor prestación del servicio de aerotransporte, sin embargo, es claro que hoy las instituciones tienen loa posibilidad y la responsabilidad de poner orden y sancionar a los concesionarios que realicen malas prácticas.

El crecimiento de las aerolíneas debe estar acompañado de aspectos que benefician a la economía mexicana y que pongan en el centro los intereses de los consumidores y usuarios respetando sus derechos y recibiendo la mejor calidad en los servicios.

Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración la siguiente proposición:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que con base a sus atribuciones realice una revisión de las actividades y operaciones de las aerolíneas comerciales, con el objetivo de identificar las faltas imputables a los permisionarios y concesionarios conforme a la legislación aplicable, y en su caso promueva las sanciones que correspondan.

Segundo. Se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor para que refuerce las campañas de difusión de los derechos de los usuarios de las aerolíneas comerciales e inicie un proceso de revisión de las cláusulas y condiciones en que prestan sus servicios.

Notas

1 Cámara Nacional de Aerotransportes, “Estadística Nacional. Datos de la Industria”, 2017:
http://canaero.org.mx/ datos-de-la-industria/

2 El Financiero, “Aerolíneas rebasan a los autobuses en crecimiento de pasaje”, 8 de septiembre de 2015:
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/aerolineas-rebasan-a-los-autobuses-en-crecimiento-de-pasaje.html

3 Cámara Nacional de Aerotransportes, “Estadística Nacional. Datos de la Industria”, 2017:
http://canaero.org.mx/estadistica-operativa-por-aerolinea/

4 Diario Oficial de la Federación, “Acuerdo mediante el cual el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica emite las Disposiciones Regulatorias de la Ley Federal de Competencia Económica”, 10 de noviembre de 2014:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5367678&fecha=10/11/2014

5 Ibídem.

6 El Financiero, “Cofece denuncia irregularidades en el aeropuerto capitalino”, 29 de febrero de 2016:
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/cofece-denuncia-irregularidades-en-el-aeropuerto-capitalino.html

7 Procuraduría Federal del Consumidor “Datos abiertos de la Subprocuraduría de servicios” enero 2017:
http://datos.profeco.gob.mx/

8 Procuraduría Federal del Consumidor, “Datos abiertos de la Subprocuraduría de servicios” enero 2017:
http://datos.profeco.gob.mx/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2017.

Diputado Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Sedatu y el Registro Agrario Nacional a impulsar un programa especial para regularizar los predios ejidales y comunales de las localidades de San Luis Potosí que debido a problemas e inconformidades de medición no alcanzaron su regularización por el programa Fanar, a cargo de la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, del Grupo Parlamentario del PRI

La proponente, diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, numeral 2, fracción III, y numeral 2, fracción III, artículos 113 y 139, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los ejidos y comunidades representan un componente fundamental en la estructura de la propiedad de los recursos naturales en el país, con importante incidencia en su utilización productiva, en su relación con la inversión en el campo, en la generación de empleo y autoempleo, en la distribución del ingreso y en la sostenibilidad ambiental de las actividades económicas.

Se estima que la superficie del territorio nacional asciende a 196 millones de hectáreas, de las cuales, cerca de 51 por ciento son propiedad de ejidos y comunidades, lo que permite dimensionar la importancia de éstos en el contexto nacional.

Información del Registro Agrario Nacional (RAN) establecen que la propiedad social del país haciende a 100.03 millones de hectáreas que representa 51 por ciento de la superficie nacional donde 25.2 millones de su población es rural, contando además con 32 mil 9 núcleos agrarios, de los cuales 29 mil 629 son ejidos y 2 mil 380 comunidades agrarias, mientras que 39 por ciento de la superficie total es pequeña propiedad.

Que en respuesta a la histórica demanda del campesino mexicano por obtener certidumbre en la tenencia de la tierra y libertad para decidir sobre su uso y destino, en el año 1992 se dotó de personalidad jurídica a los ejidos y comunidades y se estableció un esquema de procuración de justicia en el sector.

Con la Ley Agraria, Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, se plasmó el sistema de tenencia de la tierra, que estableció la libertad de los ejidos para delimitar sus tierras, así como la asignación de los derechos respectivos a ejidatarios y comuneros, con las restricciones que estableció la ley para evitar el acaparamiento de tierras y la depredación de los recursos naturales.

Como resultado de la reforma en materia agraria, el gobierno federal puso en marcha el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede), con el propósito de dar seguridad en la tenencia de la tierra mediante la regularización de la misma, a través de la expedición y entrega de los certificados y los títulos correspondientes a las tierras de uso común, parcelas y solares urbanos. El 2006 concluyó el programa con la regularización de 92.3 por ciento de los 31,0201 núcleos agrarios del país, es decir, se certificaron y titularon 28,780. Se expidieron 9.447.347 documentos que acreditan la propiedad de 92.1 millones de hectáreas.

De manera particular en el estado de San Luis Potosí, que cuenta una superficie de 6’377,800 hectáreas, de las cuales 4’041,852 hectáreas son de propiedad social, que representan 63.37 por ciento de la superficie total de la entidad, al cierre del programa Procede de los mil 387 núcleos agrarios que comprende la entidad y de los cuales mil 224 son ejidos y 163 comunidades, se concluyó la certificación y titulación de mil 202 núcleos que equivalen a 86.66 por ciento del total estatal, beneficiando a 151 mil 873 familias a través de la expedición de 476 mil 727 documentos que acreditan la legítima propiedad de sus tierras, quedando en proceso de certificación en 2006 70 núcleos agrarios, 15 complementos y115 núcleos agrarios sin acceso a Procede por imposibilidad derivada de diversos problemas de índole jurídica, técnica o social.

Para continuar con los trabajos de regularización de núcleos agrarios que reunían las condiciones jurídicas, operativas y técnicas necesarias y en el marco del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2007, se creó el programa Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar (Fanar). En la actualidad su denominación es Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios, pero se identifica como Fanar.

De 1992 a 2016, a través de ambos programas de certificación, el RAN ha trabajado en 32 mil 83 núcleos agrarios del país, divididos en 29 mil 689 ejidos y 2 mil 394 comunidades, regularizándose 30 mil 331 núcleos agrarios y expidiendo 10.7 millones de documentos de certificación, en beneficio de más de 5 millones de ejidatarios y comuneros.

Sin embargo, aún persisten rezagos en materia de regularización de territorios ejidales y comunales que demandan urgente atención. Cabe recordar que tras la regularización de gran parte de los ejidos en la entidad a través de los programas Procede y Fanar, al realizarse mediciones se encontraron territorios que por diversas circunstancias, entre ellas, por inconformidades de medición, de límites de extensión, así como desconfianza de la propia población ejidal, no fueron considerados, ni mucho menos alcanzaron a ser regularizados por el respectivo programa.

Ante esta problemática, en el caso particular del estado de San Luis Potosí, en 2015, la Comisión de Desarrollo Territorial del Congreso local, a petición de la población con problemas de regularización, tuvo que intervenir para lograr la certificación de poco más de mil 200 predios que se encontraban pendientes de regular en ocho municipios de la entidad, destacando además, diversas solicitudes de regularización actual de municipios del altiplano potosino entre ellos Ahualulco, Salinas, Villa de Guadalupe, Santo Domingo, así como de la Huasteca Potosina y la propia capital potosina.

Sin duda que reconocemos los esfuerzos impulsados por el gobierno federal para que la tenencia de la tierra sea clara y no dé pie a ningún tipo de conflictos agrarios en el país. Sin embargo, consideramos urge hacer un llamado a las instancias pertinentes a fin de unir esfuerzos para impulsar aquellos mecanismos que permitan dar certeza jurídica a la tenencia de la tierra de la población campesina del estado de San Luis Potosí, especialmente de los campesinos del altiplano potosino que hoy en día se encuentran en total incertidumbre respecto a sus tierras.

Compañeras y compañeros legisladores, como representantes de la población del país, tenemos la responsabilidad de atender las demandas de nuestros representados y por ellos tenemos el compromiso de trabajar en pro del respeto, reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos humanos, especialmente el reconocido en el artículo 27 constitucional relativo a la propiedad y tenencia de la tierra.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, propongo a esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como al Registro Agrario Nacional, a impulsar un programa especial para regularizar la totalidad de predios ejidales y comunales de las localidades de San Luis Potosí, que por problemas e inconformidades de medición no alcanzaron su regularización por el programa Fanar.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2017.

Diputado Ruth Noemí Tiscareño Agoitia (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa, las instituciones de salud y los gobiernos locales a instituir y poner en marcha una estrategia integral para prevenir y atender el problema del suicidio en México, a cargo de la diputada Kathia María Bolio Pinelo, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Kathia María Bolio Pinelo, diputada federal de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I y IV; 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En México, es alarmante la cantidad de suicidios que se dan año tras año, pero es más preocupante ver las pocas acciones o medidas que se toman para combatir este grave problema de salud pública. Factores psicológicos, sociales, biológicos, culturales y ambientales, son algunos de tantos factores que orillan a muchos mexicanos a quitarse la vida, ya que muchas veces no existe el apoyo u orientación necesaria por parte de las instituciones de salud.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define el suicidio como todo acto por el que un individuo se causa a sí mismo una lesión o un daño, con la intensión de morir.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 8 de cada 10 suicidios (80.2 por ciento) fueron consumados por hombres y el 19.8 por ciento por mujeres. Habiendo un incremento en la tasa de suicidios, de 3.5 a 5.2 por cada 100 mil habitantes, del año 2000 al 2014.

Como lo acabamos de demostrar, los suicidios en México muestran una tendencia creciente, por lo que se requiere una verdadera estrategia que combata y reduzca este grave problema, no podemos cerrar los ojos ante esta situación, necesitamos actuar ya, debemos informar a los ciudadanos a través de la realización y promoción de programas constantes que prevengan el suicidio.

Otro dato sumamente alarmante que establece la OMS es que más de 800 mil personas se suicidan cada año, lo que representa una muerte cada 40 segundos. Siendo el suicidio la segunda causa de defunción entre las personas de 15 a 29 años.1

Las tasas de suicidio son elevadas entre los grupos vulnerables que son objeto de discriminación, por ejemplo, los migrantes; las comunidades indígenas; las personas con preferencias sexuales diferentes, etcétera.3

La Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas del país, deben redoblar esfuerzos y efectuar de manera inmediata, acciones claras y concretas que brinden y garanticen el apoyo a todas aquellas personas que presenten algún comportamiento suicida, así como también una estrategia integral para prevención y atención de los suicidios.

Muchas veces una palabra, un abrazo, un consejo o lo más simple que nos pudiéramos imaginar, puede salvar la vida de una persona y reducir el riesgo de suicidio. Necesitamos abrir los ojos, estar alerta y ayudar, para salvar vidas. Por lo que las campañas deben abarcar a las familias de las personas con ese comportamiento.

Es increíble que un problema tan grave como éste, no se le dé la seriedad ni la importancia que requiere: la vida es lo más sagrado que tenemos los seres humanos y con eso, no debe jugar el gobierno, ni nadie.

Algunas medidas para reducir el riesgo al suicidio son:

1. Reducir el acceso a las armas de fuego;

2. Tratar a las personas con trastornos mentales, y en particular a quienes padecen depresión, alcoholismo o esquizofrenia;

3. Seguimiento de los pacientes que han cometido intentos de suicidio;

4. Fomentar un tratamiento responsable del tema en los medios de comunicación;

5. Formar a los profesionales de la atención primaria de salud.

El Inegi señala que en el 2014 los estados con más suicidios fueron Campeche, Aguascalientes, Chihuahua y Yucatán, de donde soy originaria.

Un intento previo de suicidio es la principal variable predictiva individual de muerte por suicidio en la población general: quienes ya hayan intentado el suicidio corren un riesgo mucho mayor de morir por suicidio que quienes no lo hayan intentado antes. Por eso se tiene que identificar a las personas que presentan alto riesgo de suicidio y proporcionarles seguimiento y apoyo. Me pregunto, ¿qué está haciendo el gobierno para combatir este grave problema?3

El artículo 73 de la Ley General de Salud establece que para la promoción de la salud mental y la atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades competentes en cada materia, fomentarán y apoyarán las siguientes acciones:

I. El desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas con carácter permanente que contribuyan a la salud mental, preferentemente a grupos en situación de vulnerabilidad.

ll. La difusión de las orientaciones para la promoción de la salud mental, así como el conocimiento y prevención de los trastornos mentales y del comportamiento;

lll. La realización de programas para la prevención y control del uso de substancias psicotrópicas, estupefacientes, inhalantes y otras substancias que puedan causar alteraciones mentales o dependencia;

IV. Las acciones y campañas de promoción de los derechos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, así como de sensibilización para reducir el estigma y la discriminación, a fin de favorecer el acceso oportuno de la atención;

V. La implementación estratégica y gradual de servicios de salud mental en establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud en todos sus niveles de atención, que permita abatir la brecha de atención;

V Bis. La promoción de programas de atención, que consideren, entre otros, los hospitales de día, servicios de consulta externa, centros de día, casas de medio camino y talleres protegidos;

VI. La investigación multidisciplinaria en materia de salud mental;

VII. La participación de observadores externos para vigilar el pleno respeto de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, que son atendidas en los establecimientos de la red del Sistema Nacional de Salud;

VIII. La detección de los grupos poblacionales en riesgo de sufrir trastornos mentales y del comportamiento, preferentemente niñas, niños y adolescentes, y

IX. Las demás acciones que directa o indirectamente contribuyan a la prevención, atención y fomento de la salud mental de la población.

Como se observa, lo anterior bien podría dar lugar a la construcción de una estrategia integral para prevenir y atender el grave problema del suicidio en México.

Mi petición es que la Secretaria de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de cada una de las entidades federativas del país, establezcan de urgencia una estrategia, basada en programas para prevenir y evitar el suicidio, así como brindar el apoyo para todos los mexicanos que presenten un comportamiento suicida.

Por lo anterior propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud, a las instituciones de salud y a los gobiernos de las entidades federativas del país para que, a la brevedad posible, instituyan y pongan en marcha una estrategia integral para la prevención y atención del grave problema del suicidio en México, de conformidad con los señalado en el artículo 73 de la Ley General de Salud.

Notas

1 http://www.who.int/mental_health/suicide-prevention/infographic/es/

2 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs398/es/

3 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/suicidio2016_0.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2017.

Diputada Kathia María Bolio Pinelo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Semarnat y la Profepa a proporcionar información técnica suficiente para realizar investigaciones que determinen la causas del incendio suscitado el 20 de marzo de 2017 en el malecón Cancún-Tajamar, a cargo de la diputada Isaura Ivanova Pool Pech, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, diputada Isaura Ivanova Pool Pech, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. El incendio que se suscito en el Malecón Tajamar este domingo, afectó tres hectáreas de manglar y aunque no se conocen las causas que lo provocaron, se sigue devastando presumiblemente para dar paso a la explotación comercial de la zona.

Ciudadanos y activistas tuvieron que actuar para tratar de sofocar el incendio, así como para evitar que este se propagara pues han estado atentos a evitar que se sigan realizando acciones que dañen el manglar y diversas especies ya que no se ha cumplido con el rescate y/o ubicación de flora y fauna al que están obligadas las autoridades ambientales.

Es importante señalar que el origen del deterioro ambiental inició a partir del 10 de febrero de 2005, fecha en que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, solicitó ante el Centro Integral de Servicios de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, la manifestación de impacto ambiental en su modalidad particular, MIA, para evaluar el proyecto “Malecón Cancún” o como se le conoce “Malecón Cancún Tajamar”

Dicho proyecto inmobiliario en el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, consiste en un desarrollo primario (urbanización y dotación de servicios), para posteriormente comercializar lotes urbanizados y servicios a promotores inmobiliarios que los venderán con infraestructura para uso habitacional.

2. Para 2009 se dio a conocer que el proyecto Malecón Tajamar llevaba un avance de obra de 70 por ciento y se reveló que el plan incluía áreas mixtas condominales y comerciales y además la construcción de una importante zona financiera; sin embargo en septiembre de 2015 el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito otorgó un amparo a más de 100 niñas y niños los cuales fueron respaldados por la Asociación Salvemos el Manglar Tajamar, el cual detuvo momentáneamente el avance de las obras, dicho amparo estableció la exigencia de tener un ambiente saludable para el desarrollo como lo garantiza el artículo 4o. constitucional.

No obstante lo anterior la madrugada del sábado 16 de enero de 2016 personal de Fonatur inició la devastación de 22 hectáreas de manglar; el proceso duró dos días y Semarnat fue omisa en reconocer la presencia de manglar en el predio de Tajamar. Lo cierto es que se sigue sin tener información clara y no se ha revisado a fondo este caso, debido a las pérdidas millonarias que representaría la cancelación del referido proyecto, pero al privilegiar los intereses particulares y de funcionarios, se transgreden los principios ambientales consagrados en nuestra Constitución Política, la Ley General del Equilibrio Ecológico y el Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Benito Juárez.

3. Más de 90 por ciento del manglar y fauna han sido destruidos y a pesar de que se concedió una suspensión mediante un amparo interpuesto por ciudadanos en contra el desmonte y relleno del Malecón Tajamar, a fin de evitar la realización de obras, hasta en tanto exista una solución a la controversia entre vecinos, autoridades federales y municipales, continua existiendo incertidumbre sobre la forma en que se planea llevar a cabo el proyecto habitacional y comercial que se ha autorizado.

La propia Semarnat está obligada a promover el juicio de lesividad en contra del oficio SGPA/DGIRA.DEI.1855.05 de fecha 28 de julio de 2005, emitido por la Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental en favor de Fonatur; puesto que es una obligación legal y moral que tiene con los ciudadanos para protegerlos de actos de la administración pública que les causen afectaciones a sus derechos, en este caso, el derecho Constitucional de contar con un medio ambiente sano.1

4. El ecocidio continúa y se siguen dañando plantas endémicas y animales en peligro de extinción, de hecho si impacta un ciclón en esta zona, la población quedaría totalmente desprotegida, pues el manglar cumple una función natural de actuar ante este tipo de fenómenos naturales pues son una barrera disipadora y protegen la zona tierra adentro de la erosión de los vientos, configurándose como la mejor contención ante el efecto de los ciclones y tormentas tropicales.

A pesar de que les asiste a los empresarios el derecho de hacer uso de los terrenos comprados a Fonatur, es deber del Gobierno proteger los recursos naturales de los mexicanos y cumplir con compromisos internacionales adquiridos para la protección del medio ambiente y los efectos del cambio climático, entre ellos los que recientemente el Ejecutivo Federal adquirió en la COP 21 y que están por encima de intereses de particulares.

Cancún se ha alejado de su planeación original por ello tanto Semarnat como Profepa tienen que explicar lo que ha sucedido y aportar los elementos necesarios para que se ejerzan las acciones correspondientes, pues la satisfacción del turista y la calidad de vida del habitante de este polo vacacional ha perdido en los últimos 45 años, 77 por ciento de sus selvas, 64 por ciento de sus dunas costeras y 68 por ciento de sus humedales, ha disminuido en 97 por ciento la extensión de sus playas y 77 por ciento el arribo de tortuga marina, si bien ha tenido que ver la naturaleza, fundamentalmente ha tenido que ver la construcción de hoteles y desarrollos habitacionales y comerciales sobre la duna.

5. Las autoridades de los tres niveles de gobierno están obligadas a garantizar el derecho al medio ambiente sano y frenar el ecocidio del que es objeto el Malecón Tajamar; y es Semartnat y Profepa, quienes por todo lo anterior deben proporcionar un análisis técnico que justifique la autorización de estos proyectos, y la revisión minuciosa respecto a la actuación de los funcionarios públicos involucrados en la emisión de permisos.

Los datos relacionados con las investigaciones que determinen la causas que provocaron el incendio en el malecón Cancún Tajamar, el veinte de marzo del año en curso, serán útiles para frenar el preocupante impacto ambiental y devastación que se sigue perpetrando presumiblemente por intereses particulares y de funcionarios involucrados en actos de corrupción y en la violación de normas, entre ellas el derecho constitucional de contar con un medio ambiente sano por parte de la población.

Por lo expuesto, se somete a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que den a conocer en sus sitios oficiales, los datos relacionados con la investigación que han realizado, sobre las causas que provocaron el incendio en el Malecón Cancún Tajamar el veinte de marzo del año en curso, debido al impacto ambiental y devastación que se sigue perpetrando en el lugar presumiblemente por intereses particulares y de funcionarios involucrados en la violación de normas y el derecho constitucional de contar con un medio ambiente sano, por parte de la población.

Nota

1 Esta solicitud de juicio de lesividad para que se anule la Manifestación de impacto ambiental se presentó por la diputada Isaura Ivanova Pool Pech y la Diputada Maricela Contreras Julián el 9 de febrero de 2016, sin que se haya realizado por Semarnat

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2017.

Diputada Isaura Ivanova Pool Pech (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a establecer programas sociales urgentes sectorizados para atender las necesidades de los municipios aledaños a las zonas económicas especiales, suscrita por el diputado Enrique Zamora Morlet e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, Enrique Zamora Morlet y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II; y numeral 2, fracción I, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las zonas económicas especiales son áreas geográficamente delimitadas que tienen como objetivo mejorar el bienestar de la población en la región a partir de la atracción de inversión nacional y extranjera, generación y fortalecimiento de cadenas de valor locales, fomento a las exportaciones y aumentos en la productividad.1

Las nuevas áreas establecidas como zonas económicas especiales, decretadas en la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales por el Presidente Enrique Peña Nieto, son: Puerto Chiapas, Coatzacoalcos, Salina Cruz y Puerto Lázaro Cárdenas; dichos territorios, ubicados en zonas estratégicas del país, requieren de medidas que aseguren y estimulen la productividad de la región.

En el siguiente mapa se ilustra la ubicación geográfica de las nuevas zonas económicas especiales:2

A pesar del anuncio que realizó el Secretario de Hacienda y Crédito Público, el Doctor José Antonio Meade Kuribreña el pasado 17 de febrero, donde aseguró incentivos fiscales para quienes inviertan en las zonas económicas especiales,3 es importante que se haga partícipes también a las comunidades aledañas en la inversión y gestión del proyecto mediante programas sociales que les permitan un digno desarrollo social y económico.

A partir de datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se destaca que Chiapas, Guerrero y Oaxaca están en los niveles más bajos de bienestar, en un total de 30 indicadores, entre ellos educación, empleo, hacimiento, infraestructura de la vivienda y salud.4

Dicho lo anterior, es claro que existen sectores de la sociedad que requieren de mayor atención en cuanto a programas sociales enfocados a la prosperidad de los mismos, por ello se considera viable la activación económica de las zonas previamente señaladas.

Uno de los principales retos de las zonas económicas especiales es abastecer de recursos necesarios a los diferentes sectores de dichas zonas, en consecuencia, es pertinente que se atiendan y beneficien los municipios aledaños; por lo anterior, se considera fundamental dar atención al crecimiento demográfico que derive de la activación de las nuevas industrias que se establezcan en estas áreas geográficas del país, por ello, esta propuesta se dirige a ampliar los programas sociales existentes para poder orientar de la mejor manera el desarrollo económico y social de las regiones anteriormente señaladas.

Bajo esta lógica, en materia de educación se exhorta a la Secretaría de Educación Pública (SEP) al planteamiento de un programa emergente que permita generar conocimientos, habilidades y competencias respecto al nuevo campo laboral que demanden las nuevas zonas estratégicas.

Aunque ya existen programas especializados en atender problemáticas de educación, tales como: el Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (DGDC-S244), Programa Nacional de Inglés (DGDC-S270), Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo (DGDGIE-U082), Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa (SEMS-S244),5 es importante etiquetar recursos y dirigirlos, específicamente, a cumplir con las demandas del nuevo campo laboral para que los pobladores de los municipios aledaños a las zonas económicas especiales cuenten con los conocimientos necesarios para la inserción laboral y calificada.

Del mismo modo, es preciso que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) impulse programas sociales sectorizados que abastezcan los recursos necesarios para hacer frente al reto que conllevan las zonas económicas especiales.

Tal es el caso de los programas impulsados por Sedesol, como: Empleo Temporal (PET), Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, Programa 3x1 para Migrantes, Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP),6 que dirigen recursos y atienden grandes problemáticas sociales, por sólo mencionar algunos.

Por lo tanto, y en un primer momento, es de vital importancia subsanar los problemas de bienestar que actualmente enfrentan los estados donde se localizan las nuevas zonas económicas anteriormente mencionadas de acuerdo a estadísticas del Inegi.

En un segundo momento se requiere que el Gobierno Federal centre su atención en impulsar los programas sociales pertinentes que se enfoquen en mejorar el desarrollo social de bienes y servicios para los municipios aledaños a las zonas económicas especiales.

Cabe señalar que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) juega un papel de suma importancia en el crecimiento de los municipios aledaños a las zonas económicamente estratégicas, por eso, debe ser partícipe en los esfuerzos de equipamiento de recursos en dichas zonas.

Existen programas sociales enfocados a dicho objetivo como los siguientes: Programa de Fomento a la Agricultura, Programas de Producción y Competitividad Agroalimentaria, Programa de Fomento Ganadero, Programas de Apoyos a Pequeños Productores, Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola,7 entre otros; por lo anterior, es importante sugerir que éstos programas sociales se sectoricen para obtener mayores beneficios que impacten de manera directa a los municipios vecinos de las zonas económicas especiales.

En cuanto al ordenamiento social se refiere, existen programas impulsados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que resuelven problemas de hacinamiento en los estados donde se encuentran las zonas económicas especiales, tales como: Estrategia Un Cuarto Más, Programa Integral de la Atención a la Pobreza Humana, Programa de Infraestructura,8 etcétera, pero éstos no atienden las demandas de ubicación que emanan del nuevo proyecto económico.

El pasado 29 de septiembre de 2015, cuando el Presidente Enrique Peña Nieto presentó ante el Congreso de la Unión la iniciativa de Ley Federal de las Zonas Económicas Especiales, se estableció que ésta “permitirá definir espacios geográficos que ofrezcan un entorno favorable para la instalación y desarrollo de empresas e industrias, a partir de incentivos, ventajas competitivas y condiciones de certidumbre para los inversionistas”9 pero eso no involucra a las comunidades de los municipios aledaños.

Por lo anteriormente expuesto, es fundamental que se formulen proyectos y programas sociales sectorizados que atiendan el crecimiento demográfico específico de las zonas económicas especiales para evitar problemas de hacinamiento y asentamiento en zonas de riesgo o vulnerabilidad, mismo que son de la competencia de la Sedatu.

Otro de los retos que enfrentan las zonas económicas especiales se refiere al del crecimiento económico esperado en los municipios aledaños a éstas, por tal motivo, es elemental incentivar la economía local a partir de programas sociales que beneficien de manera directa a los locatarios.

Los programas sociales implementados por la Secretaría de Economía, tales como: Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales, Programa de Fomento a la Economía Social, Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario,10 entre otros, reparan situaciones económicas en específico; del mismo modo, se exhorta a la instancia anteriormente mencionada a activar programas sociales que consideren las nuevas necesidades de inversión que se presenten en las comunidades de los municipios aledaños a las zonas económicas especiales.

En conclusión, las zonas económicas especiales por su definición adquieren presupuesto que se centra en el impulso a diferentes órdenes de desarrollo económico y social, dicho presupuesto contempla acciones concretas que no se relacionan con los objetivos de los diferentes programas sociales existentes y que ponen en operación las diferentes Secretarías.

Por lo tanto, es preciso encaminar y dirigir los esfuerzos y recursos necesarios que resuelvan las nuevas demandas de un sector de la población que actualmente no cuenta con programas y apoyos sociales que favorezcan y transparenten su desarrollo.

Cabe señalar que el diseño de las políticas actuales en materia de programas y apoyos sociales que emplean las diferentes Secretarías de carácter Federal, es un trabajo loable, sin embargo, no en todos los casos se alcanzan a satisfacer las necesidades de las diversas regiones del país; por ello, el objetivo central de este punto de acuerdo es la creación de programas sociales emergentes sectorizados en los que tienen competencia y facultades dichas instancias.

En virtud de lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno federal para que, en el ámbito de sus atribuciones, establezca programas sociales emergentes sectorizados dirigidos a atender las necesidades de los municipios aledaños a las zonas económicas especiales contenidas en la ley adjetiva, promulgada el 31 de mayo de 2016, con objeto de impulsar el desarrollo integral de la sociedad que habita en los municipios aledaños a las citadas zonas económicas.

Notas

1 https://www.gob.mx/se/articulos/las-zonas-economicas-especiales-de-mexi co

2 https://www.gob.mx/se/articulos/las-zonas-economicas-especiales-de-mexi co

3 http://eleconomista.com.mx/estados/2017/02/12/shcp-anuncia-incentivos-f iscales-tres-zee

4 http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/25656 -2015-12-26-16-34-15.html

5 http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_progr

6 http://www.2006-2012.sedesol.gob.mx/es/Sedesol/Programas_Sociales

7 http://www.sagarpa.gob.mx/ProgramasSagarpa/2017/Paginas/default.aspx

8 https://www.gob.mx/sedatu/archivo/acciones_y_programas

9 http://www.gob.mx/presidencia/prensa/presento-el-presidente-enrique-pena-nieto
-la-iniciativa-de-ley-federal-de-zonas-economicas-especiales

10 http://www.programassociales.mx/?page_id=166

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de marzo de 2017.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Galico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolín Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a garantizar el abasto de Oseltamivir en farmacias, clínicas, hospitales y centros de salud en toda la república, a cargo de la diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Mariana Trejo Flores de la LXIII Legislatura federal e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de ésta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo

Antecedentes

En la actualidad, se ha disparado a nivel nacional una alerta sanitaria por el incremento de prevalencia de casos de influenza A-H1N1 en la población mexicana. Este tipo de contagio ha generado que clínicas y hospitales, principalmente en la región de la capital de la República y estados próximos o pertenecientes a la megalópolis, atiendan casos de influenza del tipo A-H1N1, en condiciones que pudiesen ser consideradas como un brote atípico, esto debido a que se presenta el brote en una época del año donde las temperaturas bajas no constituyen el principal factor de propagación de la epidemia, sin embargo, la cepa H1N1, logró prevalecer en condiciones adversas a las que los especialistas habían detectado como comportamiento común del virus.

La Secretaría de Salud confirmó a principios del mes de marzo, una prevalencia de mil 628 casos de influencia, de los cuales el 56 por ciento correspondía a la cepa H1N1 y el resto a A-H3N2 y, 131 decesos causados por los virus antes mencionados.

Con el incremento de casos de influenza en una temporada atípica y rebasando la cantidad de casos con respecto al año pasado1 se estima que durante marzo y abril, de no contralar la epidemia, los casos se puedan duplicar y posiblemente triplicar, poniendo con ello en riesgo la salud de los mexicanos.

A partir del incremento de casos, se evidenció un desabasto en los principales centros de distribución de medicamentos del país y las quejas por parte de los usuarios y derechohabientes de los servicios públicos de salud de no adquirir el medicamento ni dentro de las instituciones ni fuera de ellas, encendió las alarmas al respecto, poniendo en fragilidad la salud y la vida de los pacientes.

Durante la temporada 2016–2017 los estados con mayor número de defunciones por influenza son: Nuevo León, Querétaro, Coahuila, Hidalgo y Tabasco, que en conjunto suman el 62 por ciento de los casos, según los propios reportes de la Secretaría de Salud.

El secretario de Salud, José Narro Robles, sostuvo que el repunte no se compara como en años anteriores, sin embargo, no se puede tomar a la ligera este brote, pues el año pasado se registraron mil 997 casos con 79 defunciones.

Con éste brote atípico y con el problema presentado en la distribución del medicamento, evidencia una falta de coordinación entre el sector público y privado, así como una falta de líneas de acción y respuesta pronta y oportuna por parte de las autoridades responsables de la salud de los mexicanos desde el gobierno federal y, con los antecedentes anteriores, es necesario tomar una cultura preventiva en aras de evitar que este brote prevalezca y se incremente, así como la reaparición de nuevos brotes en las 32 entidades del país.

Es obligación de la Secretaría de Salud el dar cumplimiento a cabalidad a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4o. constitucional y lo dispuesto en la Ley General de Salud en los apartados correspondientes a epidemias, atención médica, servicios médicos, prevención y control de enfermedades, así como lo dispuesto en la norma oficial mexicana NOM-017-SSA2-1994, Para la vigilancia epidemiológica.2

La norma anterior establece los protocolos de actuación de las autoridades sanitarias para hacer frente a un problema epidemiológico que aqueje a la salud de los mexicanos y, con ello proponer la vigilancia y observancia de los riesgos epidemiológicos a los que se enfrenta la sociedad y las instituciones. Empero, como medida racional y de primer instancia, es necesario que las instituciones públicas de salud cuenten con el abasto necesario de la sustancia oseltamivir para dar tratamiento a pacientes infectados con las cepas de virus de la influenza y posicionar una campaña preventiva de vacunación oportuna, así como las campañas de información para el control y prevención de contagios de éste tipo.

¿Qué es la sustancia oseltamivir?

Vademécum, la obra de referencia para la consulta de los fármacos utilizados en la medicina, antigua y moderna establece lo siguiente al respecto del oseltamivir:

El oseltamivir es un inhibidor selectivo de las neuraminidasas del virus de la gripe, unas glicoproteínas enzimáticas que se encuentran en superficie del virión. Estas enzimas son esenciales para la liberación de las partículas virales recién formadas a partir de las células infectadas y la diseminación posterior del virus infeccioso por el organismo. El oseltamivir es el éster etílico del producto activo frente a las neuraminidasas víricas y debe ser hidrolizado a ácido libre para que pueda ejercer su actividad. El oseltamivir se administra en forma de fosfato.

Mecanismo de acción: el oseltamivir inhibe in vitro las neuraminidasas A y B de la gripe. Después de su administración oral el oseltamivir inhibe la replicación del virus A y B de la gripe, y la patogenicidad in vivo en modelos animales de infección de gripe con exposiciones a antivirales es similar a la alcanzada en humanos con 75 mg dos veces al día. La actividad antiviral de oseltamivir se ha confirmado en los estudios de provocación experimental en voluntarios sanos.

Las concentraciones inhibidoras 50 de las neuraminidasas A y B exhibidas por el oseltamivir oscilan entre 0.1 y 1.3 nM y 2.6 nM, respectivamente, si bien en algunos estudios se han obtenido valores medios de 8.5 nM para la neuraminidasas B.

Se han observado casos de pacientes con la enfermedad adquirida en los que los virus de la gripe A mostraban una susceptibilidad reducida al oseltamivir (entre 0.34 y 4.5 por ciento). Este aumento de la resistencia es más frecuente entre los niños que entre los adultos y adolescentes. Por el contrario, en los virus B no se ha observado una susceptibilidad reducida.

El oseltamivir es únicamente efectivo frente a la enfermedad causada por el virus de la gripe.3

Con lo anterior se refiere a que el único fármaco, comprobado, en la actualidad con una acción eficaz para combatir el virus de la gripe, o en su caso, el virus de la influenza en sus variantes A y B, es el oseltamivir, que tiene un costo en el mercado en su venta por caja entre los 170 y los 500 pesos, dependiendo de su compra genérica o de patente ha sido el tratamiento por excelencia para combatir el virus de la influenza del tipo A y B y, da los resultados esperados en cada caso, la mayoría de las ocasiones salvando la vida de pacientes en condiciones vulnerables.4

Con el brote atípico de influenza que se ha presentado en la República Mexicana, el oseltamivir se convirtió en el medicamento más cotizado en el mercado, siendo baja la posibilidad de adquirirlo por no encontrarse en las farmacias de las instituciones públicas y la iniciativa privada negando su existencia.

Por lo mencionado en el apartado de antecedentes e invocado en el proemio, expongo al pleno de la honorable Cámara de Diputados el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura federal del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Salud en la facultad de sus competencias, a garantizar el abasto del fármaco oseltamivir en todas las clínicas del sector público sin distingo de institución y, evitar la especulación del precio y disponibilidad del producto en la iniciativa privada, emitiendo las sanciones correspondientes a instituciones públicas o privadas que lucren con la existencia del fármaco y especulen con el precio del mismo.

Notas

1 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/02/23/1148286

2 http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/017ssa24.html

3 http://www.iqb.es/cbasicas/farma/farma04/o022.htm

4 Niños, personas de la tercera edad o personas con defensas bajas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2017.

Diputada Mariana Trejo Flores (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IFT y el Conapred a combatir la violencia y discriminación de género en publicidad comercial difundida por medios de comunicación, a cargo de la diputada Verónica Delgadillo García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, Verónica Delgadillo García, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6 numeral 1 fracción I, 77, 78 y 79 numerales 1 y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

La violencia de género puede llevarse a cabo a través de diferentes formas, siendo la violencia de género en contra de la mujer una de las más constantes y con una repercusión directa que impide alcanzar una igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.

La violencia de género en contra de la mujer puede ser identificada por diferentes tipos: psicológica, física, patrimonial, económica y sexual. Pero también las acciones que reafirman diferentes estereotipos de género permiten que la violencia en contra de las mujeres se manifieste por medio de otras modalidades como la familiar, laboral, docente, institucional, hostigamiento y acoso sexual.

Este tipo de estereotipos de género que se presentan tanto en la familia como en el trabajo, o en cualquier otro ámbito de desarrollo de la mujer, se encuentran tan arraigados que pareciera que se han convertido en un tipo de violencia invisible, e incluso socialmente aceptada, ante los ojos de quien la perpetra como de las mismas víctimas.

El contenido en los distintos medios de comunicación, principalmente el que se encuentra en la publicidad comercial, es un claro ejemplo de este fenómeno que genera indiferencia ante la violencia y discriminación en contra de las mujeres pero también en contra de los hombres, ya que a través de la publicidad sexista se sigue perpetrando un tipo de violencia “invisible”.

Actualmente nuestro marco jurídico mexicano aparentemente cuenta con las instituciones y ordenamientos indispensables para combatir todo tipo de violencia y discriminación, especialmente aquella en contra de la mujer, incluso, contamos con disposiciones particulares que procuran vigilar que los medios de comunicación no promuevan contenido estereotipado de mujeres y hombres.

Por ejemplo, en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en su artículo 223 se encuentran los principios que deberán seguirse respecto a la programación que se difunda, en donde evidentemente se establece el principio de igualdad entre mujeres y hombres:

“Artículo 223. La programación que se difunda a través de radiodifusión o televisión y audio restringidos, en el marco de la libertad de expresión y recepción de ideas e información, deberá propiciar:

VII. La igualdad entre mujeres y hombres;”

De forma similar en la anteriormente citada ley, se puede encontrar una serie de disposiciones a favor de la igualdad y no discriminación.

“Artículo 226. A efecto de promover el libre desarrollo armónico e integral de niñas, niños y adolescentes, [...], la programación radiodifundida dirigida a este sector de la población deberá:

II. Evitar transmisiones contrarias a los principios de paz, no discriminación y de respeto a la dignidad de todas las personas;

XIII. Promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia;”

Respecto a los lineamientos que deben de seguirse en cuanto a la publicidad, la misma Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en sus artículo 245 y 246 establecen que:

“Artículo 245. La publicidad no deberá de presentar conductas o situaciones en las que la falta de un producto o servicio sea motivo de discriminación de cualquier índole.”

“Artículo 246. En la publicidad destinada al público infantil no se permitirá:

VI. Mostrar conductas que promuevan la desigualdad entre hombres y mujeres o cualquier otra forma de discriminación;”

En cuanto a los derechos de las audiencias también se establece el respeto a los derechos humanos, donde la igualdad de género y la no discriminación toman un papel relevante:

“Artículo 256. [...] Son derechos de las audiencias:

IX. El respeto de los derechos humanos, el interés superior de la niñez, la igualdad de género y la no discriminación, y”

En cuanto a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 41 podemos encontrar la responsabilidad de la Federación para garantizar a las mujeres a una vida libre de violencia. Y en su artículo 42 la facultad de la Secretaría de Gobernación para sancionar a aquellos medio de comunicación que no contribuyan a la erradicación de todos los tipos de violencia y no fortalezcan la dignidad y el respeto hacia las mujeres.

“Artículo 41. Son facultades y obligaciones de la Federación:

I. Garantizar el ejercicio pleno del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia;

XVIII. Vigilar que los medios de comunicación no promuevan imágenes estereotipadas de mujeres y hombres, y eliminen patrones de conducta generadores de violencia;”

“Artículo 42. Corresponde a la Secretaría de Gobernación:

X. Vigilar y promover directrices para que los medios de comunicación favorezcan la erradicación de todos los tipos de violencia y se fortalezca la dignidad y el respeto hacia las mujeres;

XI. Sancionar conforme a la ley a los medios de comunicación que no cumplan con lo estipulado en la fracción anterior;”

La Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, en su artículo 9 fracción XV considera como discriminación la promoción del odio y la violencia en los medios de comunicación:

“Artículo 9. Con base en lo establecido en el artículo primero constitucional y el artículo 1, párrafo segundo, fracción III de esta Ley se consideran como discriminación, entre otras:

XV. Promover el odio y la violencia a través de mensajes e imágenes en los medios de comunicación;”

Cabe señalar que otra de las instituciones que tienen dentro de sus facultades realizar acciones en contra de la discriminación y violencia de género, además del mismo Instituto Federal de Telecomunicaciones y que debería de igual forma jugar un papel fundamental en la vigilancia de la publicidad sexista, es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

Y por último, dentro de ésta estructura institucional y jurídica que supuestamente permitiría garantizar, combatir y erradicar de manera efectiva la discriminación y violencia de género, podemos señalar los acuerdos internacionales en los que México se ha comprometido en mejorar las condiciones de igualdad entre mujeres y hombres.

Como es el caso de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en donde se encuentra definida la discriminación contra la mujer como:

“Artículo 1 [...] toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.

Y principalmente en el artículo 5o. inciso a) del ordenamiento anteriormente mencionado, el cual señala que los Estados parte deben tomar las medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales para eliminar la discriminación.

“Artículo 5

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para:

a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres”.

Asimismo, conforme a lo establecido por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, mejor conocida como “Convención de Belem Do Para”, en su artículo 8 inciso g, señala:

“Artículo 8

Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para:

g. Alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas y a realzar el respeto a la dignidad de la mujer;”

A pesar de encontrarse previamente establecidos, y de cierta forma garantizados, los derechos de las mujeres para combatir todo tipo de violencia y discriminación, ya sea a nivel nacional e internacional, basta con poner atención en la inmensa mayoría de publicidad comercial que se difunde a través de televisión, radio o impresos, para darnos cuenta que prevalece una objetivación de la mujer, cosificándola, y utilizando su cuerpo solo para vender un producto ajeno a la propia estrategia publicitaria.

Y que además de éste tipo de publicidad, donde se denigra la imagen de la mujer, también podemos encontrar quizás una de las formas donde se generaliza otro tipo similar de publicidad, donde se reafirman estereotipos y roles que históricamente han sido adjudicados tanto a la mujer como al hombre.

La publicidad que reafirma estereotipos y roles de mujeres y hombres únicamente alienta a continuar con los mismos prejuicios sociales de inferioridad de la mujer ante el hombre, y que la mujer se encuentra condenada por “naturaleza” a llevar una vida al servicio del hombre y de la familia.

Si en realidad se anhela lograr una igualdad de género, donde las mujeres puedan acceder a las mismas oportunidades y se les pueda garantizar los mismos derechos que los hombres, es fundamental combatir todo tipo de violencia y discriminación de género.

Por lo que la presente Proposición con Punto de Acuerdo exhorta, tanto al Instituto Federal de Telecomunicaciones como al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a vigilar el contenido publicitario en los medios de comunicación y en su caso sancionar a aquellos responsables de difundir publicidad sexista.

Cabe mencionar que el presente acuerdo busca cambiar la forma en que se hace publicidad comercial y que se implementen distintas técnicas o estrategias publicitarias, tanto de los medios de comunicación como de aquellas empresas privadas que ofrecen productos o servicios.

La capacidad de la iniciativa privada es plenamente competente para generar nuevos mecanismos de venta, sin que se denigre a la mujer o que se reafirmen estereotipos de género, ya que estos últimos solo contribuyen a que sigamos teniendo una sociedad que simplemente no logra una igualdad entre mujeres y hombres.

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Con fundamento en lo establecido por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en materia de defensa de las audiencias, se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a vigilar que la publicidad comercial no contenga conductas o situaciones que promuevan la desigualdad entre hombres y mujeres, así como a sancionar aquella que fomente algún tipo de violencia de género, como es el caso de la publicidad sexista que solo reafirma estereotipos y roles de mujeres y hombres.

Segundo. Con fundamento en lo establecido por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, y de conformidad a lo establecido por la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y por la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer, se exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a realizar las recomendaciones pertinentes hacia los medios de comunicación que transmitan contenido con violencia de género, mejor conocida como publicidad sexista.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2017.

Diputada Verónica Delgadillo García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la implementación de un programa de intervención en la zona de ANAPRA en Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo de la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Ana Georgina Zapata Lucero, diputada a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía el siguiente Punto de Acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta al Gobierno del Estado de Chihuahua a implementar, en coordinación con el Gobierno de la República, un Programa de Intervención en la zona de ANAPRA en Ciudad Juárez, Chihuahua, dirigido a prevenir la violencia, atender a la población en situación de riesgo, regularizar la tenencia de la tierra y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Ciudad Juárez constituye desde hace décadas un imán que atrae a miles de personas que buscan mejorar su calidad de vida y la de los suyos. La vecindad con los Estados Unidos de América (EE. UU.), la pujanza de la industria maquiladora y el crecimiento del sector servicios constituyen elementos que explican su importancia no solo para el estado de Chihuahua, sino para el país en su conjunto. La vocación de trabajo de los habitantes de este municipio se refleja en su dinamismo, lo que se ha traducido en el segundo de mayor crecimiento económico (13.8 %) entre las setenta y cuatro Zonas Metropolitanas del país durante 2015, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad.1

La expansión de Ciudad Juárez ha venido acompañada de los problemas naturales que afectan a todas las ciudades y urbes de rápido crecimiento, como la falta de planeación urbana, el hacinamiento, la insuficiente dotación de servicios públicos y la inseguridad pública; fenómenos todos estos que afectan de forma diferenciada a los juarenses, dependiendo sobre todo de su estrato social. Esto, aunado al “sellamiento” de la frontera de los EE. UU., la presencia de migrantes que se ven impedidos de acceder a dicha nación y la actividad de diversas bandas delincuenciales, ha venido a depauperar las condiciones de vida de algunas zonas de la ciudad, siendo ANAPRA un caso paradigmático de lo anterior.

ANAPRA, acrónimo de Asociación Nacional de Productores Agrarios, es una zona ubicada al este de Ciudad Juárez y colindante con los EE. UU., la cual se compone de las colonias La Conquista, Oasis, Rancho Anapra, Puerto Anapra y Lomas de Poleo. Esta demarcación creció desordenadamente a partir de la década de los setenta, cuando arribaron a la zona cientos de migrantes nacionales en busca de oportunidades, lo que provocó la prestación precaria de servicios como agua, energía eléctrica, drenaje y transporte público, sobre todo debido a la geografía del lugar, el cual se halla en medio de dunas.

A dicha problemática se debe sumar la falta de seguridad en la tenencia de la tierra, ya que en Ciudad Juárez los asentamientos humanos irregulares cubren alrededor del 35 % de la mancha urbana. El origen de éstos es, por lo general, la invasión de predios particulares, pero también la posesión irregular de terrenos municipales donde las autoridades locales han reubicado a grupos de colonos que con anterioridad se encontraban invadiendo lotes particulares o habitando zonas de alto riesgo. Algunos autores han señalado que, en general, tales asentamientos se encuentran en terrenos de baja plusvalía o poco valor catastral, en comparación a los acaparados por las empresas constructoras del sector privado.2

En el caso concreto de ANAPRA, desde hace varias décadas existe controversia sobre quiénes son los propietarios de la superficie donde se encuentra asentada dicha zona, lo que ha impedido que los actuales poseedores ejerzan a cabalidad actos de dominio pleno sobre los inmuebles que ocupan.3 La primera administración federal de la alternancia fue sensible a este tema y, por conducto de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, apoyó ante el Gobierno del estado las gestiones realizadas por un grupo de mixtecos asentados en colonia ANAPRA para la regularización de los terrenos donde construyeron sus viviendas.4

Dicha situación también fue reconocida por la pasada administración municipal, la cual estableció como línea de acción dentro de su Plan Municipal de Desarrollo 2013–2016, la firma de convenios con los propietarios de la colonia Lomas de Poleo Parte Baja, para la regularización de la tierra.

A pesar de lo anterior, queda mucho por hacer al respecto y resulta menester que cualquier política pública encaminada a mejorar las condiciones de vida de los pobladores de ANAPRA pase necesariamente por la regularización de la tenencia de la tierra, respetando en todo momento los derechos de quienes acrediten ser los legítimos propietarios.

En medio de un escenario de marginación de esta naturaleza, es obvio que ANAPRA no ha sido inmune a la situación de inseguridad que afectó a Juárez durante varios años. Por el contrario, en la desesperanza estaba la semilla de la descomposición social y la delincuencia, lo que convierte a sus habitantes en víctimas de un estado de cosas excluyente, un sistema que les ha otorgado oportunidades a cuentagotas, cancelando en muchos casos su justa aspiración a una vida mejor, a su inclusión en los beneficios del desarrollo.

Por ejemplo, y con relación con el fenómeno de menores infractores en Ciudad Juárez, la Secretaría de Gobernación señaló durante la administración pasada que dicha urbe presenta un patrón espacial definido de la delincuencia juvenil en la mancha urbana, esto es, que no sólo se presentan casos de menores infractores al azar en la ciudad, sino que se encuentran zonas con más probabilidad de que ocurra este suceso, como lo son las colonias Riveras del Bravo,

División del Norte y ANAPRA.5

Otra expresión que ilustra la situación que se vive en ANAPRA lo es el hecho de que dicha zona es más propensa para la trata de personas, con fines sexuales o de trabajo,6 lo que provoca que, de acuerdo con la delegación del Instituto Nacional de Migración, niños y adolescentes sean usados por grupos delictivos para que sean guías para cruzar ilegalmente al otro lado de la frontera, de los cuales el 90% son habitantes de Rancho Anapra, Puerto Anapra y Felipe Ángeles.7

Otra de las expresiones más crudas de la descomposición en ANAPRA lo es la denuncia dada a conocer hace algunos días por algunas legisladoras locales del Estado de Chihuahua, las cuales señalaron que la falta de un salario digno y de empleo ha generado un alto crecimiento de familias que viven en pobreza extrema en diferentes sectores de la localidad, en ANAPRA. De acuerdo con dicha denuncia, por no contar con suficiente recurso económico para alimento, niñas de 8 a 10 años salen a la calle diariamente a prostituirse al mejor postor y obtener dinero para poder adquirir alimento.8

A pesar de un entorno tan desolador como el que aquí se relata, la marginación en ANAPRA, ni en ningún otro lugar, ni es un destino fatal ni obedece a una suerte de maldición de cumplimiento inevitable. Fuera de nuestras fronteras tenemos ejemplos de países que, como China y la India, han sacado de la pobreza a cientos de millones de sus habitantes, gracias a políticas económicas dirigidas a crear empleos y promover inversiones. Dentro de nuestra frontera, tenemos a entidades federativas que se han beneficiado de la aplicación y potencialidad del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y ahora gozan de tasas de crecimiento envidiables para el resto del país, como Aguascalientes, Querétaro, Nuevo León y Coahuila.

No se trata de fabricar o ampliar clientelas políticas, sino de promover el desarrollo a partir de políticas públicas dirigidas a generar empleos, dotar de servicios públicos dignos a la población, ofrecer educación de calidad y accesible, arrebatar las calles a los delincuentes, garantizar los derechos de propiedad de los habitantes de la zona, asegurar el futuro de los niños y jóvenes, hacer efectivas las prerrogativas de que gozan las mujeres, erradicar los vicios e insertar el deporte como un estilo de vida.

Para lo anterior, no bastan los buenos deseos ni los discursos, sino la acción de los tres órdenes de gobierno, independientemente de las filiaciones partidistas, en un fin común que es el rescate de una zona que hasta ahora está desprovista de oportunidades, pero no de dignidad.

Una muestra de lo anterior, son las acciones realizadas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, la cual dio arranque en 2015 al cuarto campamento de verano denominado “YO SOY CAMPANAPRA”, cuyo objetivo consistió en promover los derechos humanos con especial énfasis en jóvenes adolescentes de 12 a 17 años de edad que viven en situación de rezago social y violencia, y quienes viven en una de las zonas más vulnerables de Ciudad Juárez.

A partir del programa, se tuvo un registro aproximado de 150 adolescentes a quienes se les brindó un espacio no solo para evitar el ocio, sino también para brindar un proceso de formación en derechos humanos, valores y en materia de resolución no violenta de conflictos, además de generar un sentido de pertenencia a su propia comunidad y demostrar que la juventud juarense tiene mucho que aportar.

Todas estas estrategias fueron ligadas a una diferente forma de atraer el interés de los y las jóvenes, ya que por medio de talleres de música, baile, arte urbano, teatro y taekwondo impartidos por personal profesional, se transmite la esencia de los Derechos Humanos.9

En una tarea de esta naturaleza, se vuelve necesario el involucramiento de la sociedad y por ello es que apelamos a que cualquier medida dirigida a mejorar las condiciones de ANAPRA se monte en la organización vecinal ya existente y no en su contra, aprovechando el impulso ciudadano y no mediatizándolo con fines políticos.

Por todo lo antes expresado, es que proponemos a través del presente Punto de Acuerdo que la Cámara de Diputados exhorte al Gobierno del Estado de Chihuahua, para que, en coordinación con el Gobierno de la República, implemente un programa de intervención en la zona de ANAPRA, Ciudad Juárez, dirigido a prevenir la violencia, atender a la población en situación de riesgo, regularizar la tenencia de la tierra y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

Ante lo expuesto, se somete a la consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. - La Cámara de Diputados exhorta al Gobierno del Estado de Chihuahua a implementar, en coordinación con el Gobierno de la República, un programa de intervención en la zona de ANAPRA en Ciudad Juárez, Chihuahua, que tenga como objetivo prevenir la violencia, atender a la población en situación de riesgo, regularizar la tenencia de la tierra y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

Notas

1 Visto en http://diario.mx/Local/2017-01-21_2cf73bbc/registra-juarez-segundo-mayor-crecimiento-economico/

2 Caraveo C., Bertha. “El problema de la vivienda en Ciudad Juárez: los asentamientos humanos irregulares”. Nóesis. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, vol. 18, núm. 36, 2009, pp. 156-167 Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Ciudad Juárez, México. Recuperado de

http://www.redalyc.org/pdf/859/85919840008.pdf.

3 ANAPRA y el desarrollo de los nuevos vecindarios en Juárez. Visto en
https://academics.utep.edu/LinkClick.aspx?link=Neighborhoods%2FMicrosoft+Word+-+
ANAPRASpanish4_single+spaced_to+pdf.pdf&tabid=55450&mid=123747

4 Acciones de Gobierno para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas. Informe 2006. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. México. 2007. P. 176. Visto en
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/32228/cdi_informe_2006.pdf

5 Diagnóstico sobre la realidad social, económica y cultural de los entornos locales para el diseño de intervenciones en materia de prevención y erradicación de la violencia en la región norte: el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua. Secretaría de Gobernación. Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. México, 2009. P. 153. Visto en
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/lgamvlv/conavim/cdjuarez.pdf

6 Visto en
http://puentelibre.mx/noticia/45497-anapra_lugar_mas_expenso_a_tra/1

7 Visto en http://nortedigital.mx/juegan-a-ser-polleros/

8 Visto en http://netnoticias.mx/2017-03-01-6e4a0efc/ninas-de-anapra-se-prostituye n-por-un-taco-diputada/

9 Visto en http://www.cedhchihuahua.org.mx/portal/log/anapra

Dado en el Salón de Plenos de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión,
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de marzo de 2017.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a realizar con las instancias competentes acciones orientadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres, conforme al Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres de 2016, durante los comicios locales 2016-2017 en Coahuila, estado de México, Nayarit y Veracruz, a cargo de la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada federal María Eloísa Talavera Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

La Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer define a este mal fenómeno como “todo acto basado en la pertenencia del género femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer”.

Nuestro país acorde con la protección y respeto de los derechos humanos de las mujeres ha suscrito y ratificado diversos instrumentos jurídicos internacionales que protegen y salvaguardan los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de las mujeres, además de establecer la protección contra todo tipo de violencia, incluyendo la violencia política.

La violencia política contra las mujeres “comprende todas aquellas acciones y omisiones incluida la tolerancia que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”.1

Al respecto la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém Do Pará, ratificada por el Estado Mexicano el 19 de junio de 1998 señala en su artículo 4 que “Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos”, dentro de los que destaca el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.

Por otra parte la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer señala que; las mujeres tienen derecho a votar en todas las elecciones en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna. Así como a ser elegibles y ocupar cargos público selectivos en condiciones de igualdad con los hombres.

No obstante de que nuestro país ha suscrito instrumentos internacionales que protegen los derechos políticos de las mujeres y establecen la protección contra la violencia política, actualmente se carece de una legislación específica en la materia.

Datos la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República (PGR) señala que hasta agosto del 2016 se tenían registrados un total de 141 casos de violencia política de género.2

Si bien ha habido avances con la publicación del Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres por parte de diversas autoridades electorales, de procuración de justicia y del gobierno federal, con el cual se busca construir y fomentar la igualdad, la no discriminación y la no violencia en los espacios político-electorales, es importante señalar que dicho protocolo no es un documento obligatorio, pero se construye a partir de los estándares nacionales e internacionales aplicables a los casos de violencia contra las mujeres, los cuales sí son vinculantes.

De carácter vinculatorio, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) estableció las bases para la coordinación entre la federación, las entidades federativas y los municipios, para garantizar el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, a través del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, para el cumplimiento de los instrumentos internacionales de derechos humanos de las mujeres.

En este año se llevaran a cabo elecciones importantes en diferentes entidades federativas del país, en estados como el de Coahuila, donde la ciudadanía elegirá a 1 gobernador, 16 diputaciones locales de mayoría relativa, 9 diputaciones locales de representación proporcional y 38 ayuntamientos, Estado de México donde se elegirá a un 1 gobernador, Nayarit donde se elegirá a 1 gobernador, 18 diputaciones locales de mayoría relativa, 12 diputaciones locales de representación proporcional y 20 ayuntamientos, además del estado de Veracruz donde se elegirán 212 ayuntamientos.

Ante este contexto se deben llevar a cabo acciones pertinentes para salvaguardar y proteger los derechos políticos de las mujeres, además de actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género.

Por lo anterior resulta indispensable que durante los procesos electorales locales 2016-2017, que se llevan a cabo en los estados de Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz el Titular de la Secretaría de Gobernación, en su carácter de presidente del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en coordinación con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas realicen acciones tendientes a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia política contra las mujeres, conforme al Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres del año 2016.

La construcción de la democracia debe concebirse alejada de cualquier intento de detrimento de la igualdad, los procesos democráticos deben basarse en la pirámide esencial de procesos justos y legales de apertura al ciudadano y al respeto de sus derechos políticos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Titular de la Secretaría de Gobernación, en su carácter de presidente del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en coordinación con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas a fin de realizar acciones tendientes a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia política contra las mujeres, conforme al Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres del año 2016, durante los procesos electorales locales 2016-2017, que se llevan a cabo en los estados de Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz.

Notas

1 Definición de violencia política del Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres. Disponible en el sitio web. http://www.fepade.gob.mx/actividades_ins/2016/marzo/ProtocoloViolencia_ 140316.pdf; consultado el día 1-03-17.

2 Datos obtenidos del boletín de prensa de la PGR, publicado el 17 de agosto del 2016, disponible en la página web.-

https://www.gob.mx/pgr/prensa/registra-fepade-141-casos-de-violencia-
politica-de-genero-durante-el-2015-y-2016-comunicado-1252-16; consultado el 3-03-17.

Dado el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo del 2017.

María Eloísa Talavera Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a revisar el acuerdo 696, hacer de conocimiento público sus resultados y modificarlo para alcanzar mejores estándares de aprendizaje y no sólo de aprobación, suscrita por los diputados Felipe Reyes Álvarez y Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículos 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de conformidad con las siguientes

Consideraciones

Que el pasado día 11 de septiembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo número 696 por el que se establecen normas generales para la evaluación, acreditación, promoción y certificación en la educación básica.

Que según lo establece el artículo 16 del acuerdo señala los criterios de acreditación de educación básica, que comprende los 3 primeros años de preescolar, 6 años de primaria y los 3 años de educación secundaria, estos criterios se definen de la manera siguiente;

Para la educación preescolar se tiene como base el artículo 16.1, que señala que el simple hecho de haber cursado los años escolares se procederá a la promoción;

Que el artículo 16.2 del mismo acuerdo dicta que el simple proceso de haber asistido y cursado el primer grado, da la garantía y obligación de promover al alumno;

Que el mismo artículo 16.2 señala la obligatoriedad de un promedio mínimo de 6.0 para los alumnos que cursen el 2o. y 3o. grado de educación primaria para ser promovidos, aun no habiendo acreditado todas las asignaturas.

Que otro hecho relevante de este mismo artículo 16.2, es la normativa en la cual el simple hecho de que el docente decida promover al alumno, aún sin alcanzar el promedio mínimo de 6.0, bastará con un convenio entre la institución educativa y los padres de familia del estudiante para su promoción.

Que para la promoción de los alumnos en los grados 4º a 6º de primaria, las facilidades u oportunidades educativas para evitar la no promoción de los alumnos también es basta, tal como lo señala el artículo 16.3, del acuerdo 696 de la SEP, e cual señala que, el promedio mínimo para acreditar es de 6.0 y que para ser promovido a nivel secundaria, si no cumple el promedio bastará con que, se acredite una evaluación general de conocimientos del sexto grado de la educación primaria, en los términos establecidos en las normas de control escolar aplicables.

Que es imperante revisar el citado acuerdo pues existen errores técnico-académicos en la decisión que se deriva del mismo.

Que según el Reporte de Capital Humano 2015 elaborado por el Foro Económico Mundial, la calidad de la educación en nuestro país ocupa uno de los últimos lugares de listado de 124 países, lo que se traduce en dificultades para el desarrollo de una fuerza de trabajo sana, educada y productiva.

Que los resultados en México del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) 2015, señalan que México se encuentra muy por debajo del promedio de la OCDE en ciencias, lectura y matemáticas, al obtener en estos tres campos una media de 416 puntos frente a los 492 de los 34 países que conforman el organismo.

Que según el Plan Nacional de Evaluación de los Aprendizajes (Planea) de 2015, la mayoría de los alumnos que concluyeron la Educación Media Superior no cuentan con los conocimientos necesarios en matemáticas y en comprensión lectora.

Que el artículo 5º transitorio del acuerdo de 696 de la SEP reza;

Quinto.- Transcurrido un año de la entrada en vigor del presente Acuerdo, será revisado por la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal en coordinación con las autoridades educativas locales, a efecto de evaluar su aplicación y, en su caso, publicar en el Diario Oficial de la Federación las actualizaciones correspondientes.

Por lo anteriormente citado me permito poner a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaria de Educación Pública, para que en el ámbito de sus atribuciones y, con apego al artículo 5o. Transitorio del acuerdo 696, por el que se establecen normas generales para la evaluación, acreditación, promoción y certificación en la educación básica, se revise y hagan de conocimiento público los resultados de esa exploración, en su caso, se modifique para alcanzar mejores estándares de aprendizaje y no solo de aprobación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro sede de la Cámara de Diputados, a los 23 días del mes de marzo de 2017.

Diputados: Felipe Reyes Álvarez, Francisco Martínez Neri (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a iniciar por la Profepa las investigaciones correspondientes para determinar las causas del incendio ocurrido el 19 de marzo de 2017 en el malecón de Tajamar, en Cancún, Quintana Roo, y sancionar a quien resulte responsable, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Aspectos generales

La biodiversidad o diversidad biológica, en términos generales, es la variedad de especies originada por su proceso de evolución. Es la mayor riqueza de nuestro planeta, ya que ha asegurado el mantenimiento de la vida en los diferentes procesos geológicos que han acontecido a lo largo de su historia. Es decir, hablar de biodiversidad es hablar de vida.

El término de biodiversidad surgió de las instituciones académicas dedicadas a la conservación, sin embargo, también implica una finalidad práctica: la evaluación de los ambientes naturales y, sobre todo, perturbados del planeta.1

Por ello, en 1992 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo-también llamada “Cumbre de la Tierra”, celebrada en Río de Janeiro, Brasil, el término de biodiversidad deja de tener una dimensión de país para pasar a un ámbito internacional y político.

Así, en la “Cumbre de la Tierra” se acordó el Convenio de Diversidad Biológica (CBD) inspirado por el creciente compromiso de la comunidad global con la conservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad.2

En ese sentido, es de señalar que dentro de la diversidad biológica, se encuentran los manglares y humedales, los cuales están entre los ecosistemas más diversos y productivos, toda vez que proporcionan servicios esenciales y suministran toda nuestra agua potable. No obstante, su degradación y conservación para otros usos, va en aumento.3

Asimismo, los humedales son vitales para la supervivencia humana. Son uno de los entornos más productivos del mundo, y son cunas de diversidad biológica y fuentes de agua y productividad primaria de las que innumerables especies vegetales y animales dependen para subsistir.4

Por ello, en 1971 se firmó la Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como hábitat de Aves Acuáticas, en la ciudad Iraní de Ramsar, cuya misión es “la conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales y nacionales y gracias a la cooperación internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo”.

México a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ha registrado 142 sitios, en la lista de humedales de importancia internacional, en términos de la Convención.5

Bajo esta tesitura, una de las especies de vegetación más representativas de los humedales, sin duda, es el manglar, el cual desempeña una función estratégica dentro de los ecosistemas costeros.

Al respecto, en 1968, el científico W. MacNae propuso que la palabra “mangal” definía a la comunidad vegetacional misma, dejando el término de “manglar” a la especie de plantas que la constituían. De hecho, los manglares, en un sentido estricto, se definen como árboles tropicales restringidos a zona intermareales y comunidades adyacentes, o bien, en un sentido más amplio, se considera a dicha comunidad como interface entre dos tipos de comunidades contrastantes: la terrestre, representada por bosques de tierras bajas de varias clases y la marina, significada por los distintivos ecosistemas litorales, tales como los pastos marinos y los arrecifes de coral.6

En el mundo hay 56 especies de manglar, y, de acuerdo con los científicos, el centro de origen de estas especies fue la región indomalásica. Lo anterior está sustentado en la riqueza de especies de la costa indo-pacífica, que suman 44, y la pobreza de las mismas en el Nuevo Mundo, con sólo once. De éstas, en los diversos sitios de manglar con relevancia biológica y con necesidades de rehabilitación ecológica, ubicados en el estado de Quintana Roo, hay tres; Rhizophora mangle (mangle rojo) Conocarpus erectus (mangle botoncillo) Laguncularia racemosa (mangle blanco).

Planteamiento del problema

Al respecto, resulta oportuno destacar que dentro los humedales con presencia de manglar más representativos de nuestro país, se encuentran los ubicados en los ecosistemas costeros del estado de Quintana Roo, y en específico en el Malecón de Tajamar.

El Malecón de Tajamar, se encuentra ubicado en Cancún, Quintana Roo, el cual en los últimos tiempos ha sido objeto de diversos afectaciones que han degradado gravemente su ecosistema, como son los diversos desmontes de vegetación, y por consecuencia de manglar; ello se sustenta en lo publicado en varios diarios de circulación nacional y local en febrero de 2016, mismos que señalaron “... que con más de 16 camiones pesados y cinco retroexcavadoras, inició la tala de las 59 hectáreas que albergan el Malecón Tajamar , en donde se encuentran ejemplares de mangle rojo y blanco, además de cocodrilos moreletti, todas protegidas por las normas oficiales mexicanas, en las primeras horas del sábado y tomó por sorpresa a pobladores, vecinos y activistas ecológicos que nada pudieron hacer para que autoridades iniciarán el desmonte de los terrenos, a pesar de que había una suspensión provisional a cualquier obra, al menos hasta febrero de este año...” (sic).7

No obstante lo anterior a últimas fechas dicho lugar ya registraba una avanzada recuperación, sin embargo nuevamente se vio afectado por un incendio registrado en la zona, según publicaciones en varios medios de comunicación nacionales y locales, señalaron que un incendio consumió la vegetación en el polígono del Malecón de Tajamar, en Cancún, luego de que en enero de 2016 fuese devastado por instrucción del Fondo Nacional de Fomento al Turismo.8

En virtud de lo antes expuesto, como Diputados Federales integrantes del Grupo Parlamentario de Partido Verde Ecologista de México, estamos obligados a refrendar el compromiso de garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar; a través del impulso de acciones necesarias para materializar la efectiva aplicación de la normativa ambiental, por lo que ponemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para que en el ámbito de sus facultades, inicie las investigaciones correspondientes para que se determine qué suceso ocasionó el incendio ocurrido el pasado 19 de marzo del presente año, en el Malecón de Tajamar, en Cancún, estado de Quintana Roo, y en consecuencia se sancione a quien resulte responsable.

Notas

1 Cfr. Víctor Toledo (1994) La diversidad biológica de México. Ciencias 34. UNAM.
http://www.ejournal.unam.mx/cns/no34/CNS03407.pdf.

2 Cfr. Conabio. Convenio sobre la Diversidad Biológica.
http://www.biodiversidad.gob.mx/planeta/internacional/cbd.html.

3 Cfr. http://www.ramsar.org/es/acerca-de/la-convenci%C3%B3n-de-ramsar-y-su-mi si%C3%B3n

4 Ibídem

5 Cfr. http://ramsar.conanp.gob.mx/sitios.php

6 Cfr.
http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/5720/2/20012P45.pdf

7 Cfr.
http://www.somoselmedio.org/content/talan-59-hect%C3%A1reas-de-manglares-en-el-malec%C3%B3n-tajamar-cancun

8 Cfr.
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/03/19/incendio-consume-vegetacion-en-poligono-de-malecon-tajamar

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 23 días del mes de marzo de 2017.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Galico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolín Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Zacatecas a implantar acciones para poner en operación el hospital comunitario de Sombrerete, a cargo de la diputada Mariana Trejo Flores, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Mariana Trejo Flores, de la LXIII Legislatura federal e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Antecedentes

El caso del hospital comunitario de Sombrerete asombra por la opacidad y el manejo político y mediático que se le ha dado con el fin de no concluir las obras en un centro nosocomial de importancia regional.

Desde el año 2012, el entonces director del nuevo hospital comunitario de Sombrerete, declaraba ante los medios de comunicación que el inmueble no contaba con las características propias para lo operación hospitalaria, debido a deficiencias técnicas en la construcción, planos de ingeniería y fracturas en paredes y techos que ponían en riesgo la vida de quienes pacientes y trabajadores del centro de salud.

Israel Espinoza Jaime, director del entonces hospital comunitario en funciones, informó que la inversión de casi 30 millones de pesos en ese entonces, no contaba con las características propias de un hospital comunitario y, que sólo un par de médicos daba atención a una región de la zona noroeste de la entidad zacatecana con más de 80 mil habitantes requiriendo el servicio y, ante las carencias hospitalarias, los pacientes eran trasladados a hospitales del municipio de Sain Alto y el municipio de Fresnillo para recibir atención médica.1

La situación del nosocomio se fue agravando, de tal manera que se decidió invertir en la infraestructura de un nuevo hospital comunitario en el municipio para dar atención a los principales centros urbanos de la región y, a finales de julio de 2015, se informaba a la prensa de un avance de construcción del 98% de la obra para entrar en operaciones a principios de septiembre de ese mismo año, con una inversión total de 64 millones de pesos.2

La conclusión de la obra y puesta en marcha del hospital no se dio durante el 2015 como se tenía previsto y, en agosto de 2016, fue inaugurado el hospital comunitario de Sombrerete, sin estar concluido y con las deficiencias técnicas y de atención para brindar atención y seguridad a pacientes y trabajadores, según informes del alcalde del municipio. La precipitación de la inauguración de una obra inconclusa obedeció más a un referente político que a otra circunstancia.3

Luego de tres años de haberse iniciado la construcción del hospital comunitario de esta cabecera municipal, donde se han invertido 38 millones de pesos y aun restaran 19 adicionales para su conclusión, el Gobernador Alejandro Tello visito e inspecciono las instalaciones de esta obra que desde hace un año permanecía sin actividad.

El gobernador del estado de Zacatecas, acompañado del alcalde Ignacio Castrejón Valdez, recorrió guiado por el Secretario de Salud, Gilberto Breña Cantú y la directora Gladys Cera, las diferentes áreas del hospital, donde observo las obras que se han hecho en los últimos dos años en etapas en las cuales se han invertido 38 millones de pesos y que para el presente año, ofreció que se estará concluyendo con una inversión adicional de 19 millones más para sumar 57 millones, los que serán destinados a la terminación de la obra, quedando el equipamiento pendiente que correrá a cargo de la Secretaria de Salud de Zacatecas en coordinación con el gobierno federal.

El hospital comunitario de Sombrerete obedece más a una necesidad social en materia de salud que a oportunismos políticos. Por ende es necesario solicitar que el Gobierno del Estado de Zacatecas establezca un compromiso serio y culmine las obras del hospital comunitario que inició desde el año 2011 y que retomó en 2014, empero, sigue sin poder concluir, aun cuando se cuenta con las partidas presupuestales para culminarlo.

Es necesario que el tema de este hospital deje de estar en el debate político y se sumen los gobiernos a hacer imperar lo dispuesto en el artículo 4° Constitucional, referente a la salud y el estado, con ello estableciendo el compromiso del estado mexicano con la salud pública y con el buen uso y ejercicio de los recursos públicos.

Por lo anteriormente expuesto e invocado en el proemio, presento ante el pleno de la honorable Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura federal del honorable Congreso de la Unión el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura Federal exhorta al ciudadano Alejandro Tello Cristerna, gobernador constitucional del estado de Zacatecas a establecer los mecanismos necesarios para la culminación de trabajos de obra del hospital comunitario de Sombrerete para brindar atención médica a los más de 80 mil habitantes referenciados a este hospital comunitario.

Notas

1 http://ntrzacatecas.com/2012/06/07/hospital-comunitario-de-sombrerete-c uenta-con-mas-medicos/

2 http://ntrzacatecas.com/2015/07/28/hospital-comunitario-de-sombrerete-l leva-90-de-avance/

3 http://www.imagenzac.com.mx/nota/sin-concluir-la-obra-del-nuevo-hospita l-20-57-8m

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2017

Diputada Mariana Trejo Flores (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía condena los ataques sucedidos el 22 de marzo de 2017 en las inmediaciones del Parlamento del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y expresa su solidaridad con los parlamentarios y el pueblo británico, a cargo de la diputada Claudia Sofía Corichi García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita Claudia Sofía Corichi García, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, y el suscrito Víctor Manuel Giorgana Jiménez, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ambos en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, condena los ataques sucedidos en las inmediaciones del Parlamento del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte el pasado 22 de marzo de 2017, y expresa su más profunda solidaridad con las y los parlamentarios, así como con el pueblo británico, al tenor de las siguientes

Consideraciones

México y Reino Unido establecieron relaciones diplomáticas el 26 de diciembre de 1826 por medio de la firma del Tratado de Amistad, Navegación y Comercio. Reino Unido es el cuarto inversionista en México entre los países de la Unión Europea y el sexto a nivel mundial.

El pasado miércoles 22 de marzo de 2017, un atacante ha matado al menos tres personas y ha causado 20 heridos en las inmediaciones del Parlamento británico, en Londres. El hombre, según el relato de los testigos, arrolló a bordo de un todoterreno a civiles y policías en el puente de Westminster sobre las 14.40 (hora local) antes de empotrarse contra la acera del Parlamento. Tras estrellar el vehículo y salir de él, el atacante habría logrado entrar en los jardines del Old Palace Yard, junto al edificio, antes de ser abordado por agentes de policía y habría atacado a uno de ellos con un puñal de entre 12 y 15 centímetros. A continuación, un compañero del agente habría realizado varios disparos contra el atacante. Se cree que el atacante actuaba solo, aunque no se descarta que contara con algún cómplice.

Ante estos hechos, las autoridades evacuaron las instalaciones y la sesión que se estaba celebrando fue suspendida y el edificio fue cerrado y acordonado.

En el momento del ataque, la primera ministra Theresa May se encontraba en el interior del Parlamento, donde se celebraba la sesión semanal de preguntas.

Casi de manera inmediata los líderes de otros países mostraron pronto su solidaridad y apoyo al pueblo británico. El presidente español Mariano Rajoy dijo a través de twitter que “España está con el pueblo británico”. El ministro del Interior de Italia, Marco Minniti, ha convocado para mañana jueves a las fuerzas de seguridad y a los servicios de inteligencia ante la cumbre europea que acogerá Roma el próximo 25 de marzo.

El presidente Enrique Peña Nieto condenó los hechos ocurridos en Londres, donde perdieron la vida varias personas, y detalló que se activó el Protocolo de Emergencia para respaldar a los connacionales, asegurando que no se reportan mexicanos afectados.

Independientemente del origen y causas del ataque, hasta ahora catalogados como presuntamente terroristas. El Poder Legislativo mexicano expresa su más firme condena hacia cualquier acto de violencia y se solidariza con los parlamentarios británicos en este lamentable suceso. Por todo lo anteriormente expuesto, presento a esta soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor del siguiente:

Resolutivo

Único. La honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, condena los ataques sucedidos en las inmediaciones del Parlamento del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte el pasado 22 de marzo de 2017, y expresa su más profunda solidaridad con las parlamentarias y los parlamentarios, así como con el pueblo británico.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2017.

Diputados: Claudia Sofía Corichi García (rubrica), Víctor Manuel Giorgana Jiménez.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS a implantar acciones y estrategias en materia de vinculación laboral de los migrantes mexicanos, a cargo del diputado Alfredo Anaya Orozco, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Alfredo Anaya Orozco, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Estados Unidos es uno de los países con mayores índices de inmigración indocumentada en el mundo. Se estima que en esa nación residen 35 millones de mexicanos, de los cuales 12 son indocumentados.1

Desde principios del siglo pasado, el famoso sueño americano (american dream) , propició fuertes oleadas de población inmigrante a territorio norteamericano. La búsqueda de mejores condiciones de vida e igualdad de oportunidades siempre atrajo a ese país a población vulnerable y con necesidad de empleo mejor remunerado.

Con el endurecimiento de las políticas de seguridad fronteriza, aunado al aplazamiento de una reforma migratoria que otorgue la amnistía a los inmigrantes indocumentados, el anhelo de alcanzar dicho sueño se ha convertido en una auténtica pesadilla para quienes ponen en peligro su vida y la de sus familias al tratar de ingresar y permanecer sin documentos legales en Estados Unidos.

Antes del cambio de la presente administración gubernamental estadounidense, el problema, en sí, ya era preocupante por el creciente número de deportaciones de los últimos gobiernos, los temas del terrorismo y, más recientemente, el trasiego de drogas y la violencia generada por el narcotráfico, han sido utilizados para expulsar a nuestros connacionales, muchas veces violando incluso sus derechos consulares.

Se sabe, por ejemplo, que Estados Unidos deportó en el último año de George W. Bush aproximadamente a 360 mil personas indocumentadas; mientras que en su último año, el gobierno de Barak Obama deportó 333 mil personas indocumentadas. A continuación, se presenta una gráfica en la que se describe cuántas personas fueron deportadas entre las administraciones de George W. Bush y Barak Obama.

Como se puede observar, el gobierno de Bush alcanzó su mayor número de deportaciones precisamente en el último año de su administración, en tanto que el de Obama fue en 2013, sumando 435 mil, destacando el hecho de que, en todos los años (de 2009 a 2015) la mayoría de los deportados no tenía antecedentes criminales.

La llegada del presidente Donald Trump ha despertado una gran preocupación debido a que prometió en campaña deportar a tres millones de documentados.

Como se sabe, el presidente Donald Trump ha emitido diversas órdenes ejecutivas que afectan de manera especial a migrantes indocumentados residentes en EU, ya que uno de sus principales objetivos es no tener personas indocumentadas en su país sin importar su nacionalidad.

Actualmente, el gobierno de Estados Unidos tiene una capacidad máxima para deportar de 350 mil a 400 mil personas cada año, y de detener a 34 mil en centros para migrantes, pero el presidente Trump ha dicho que buscará más recursos para aumentar la detención y deportación, contratando 10 mil agentes más del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), y 5 mil para la Patrulla Fronteriza, con el fin de reforzar el sistema de vigilancia sobre los inmigrantes.2

Todo ello, ha puesto en alerta al gobierno mexicano y a las diferentes autoridades y funcionarios en el orden federal y local, con la principal finalidad de tomar medias para ayudar y proteger a nuestros connacionales.

Por ejemplo, la Secretaría de Gobernación ha implementado el programa “Somos mexicanos. Aquí tienes las puertas abiertas”, de acuerdo con el cual, los mexicanos que regresen a nuestro país, contarán con todos los beneficios de los programas sociales que tiene el gobierno de la República en materia de salud, desarrollo social y vivienda.

Otro claro ejemplo del respaldo de la administración del presidente Enrique Peña Nieto a nuestros migrantes, es la estrategia de incrementar la asistencia legal para los migrantes residentes en territorio norteamericano, por lo cual invirtió 50 millones de dólares.

Así, en los 50 consulados mexicanos que hay en Estados unidos se abrieron centros de asistencia legal para formar sociedades con grupos de apoyo sin fines de lucro y poder contar con abogados, cuyo fin es brindar asistencia legal a aquellas personas que pudieran ser deportadas. Hasta ahora, según informó el secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray, esta asistencia consular ha aumentado alrededor 400 por ciento,3 lo que deja ver que se trata de una estrategia acertada, pero también apremiante; razón por la cual urgen otro tipo de políticas.

De igual manera, hay que resaltar el programa “Paisano” del Instituto Nacional de Migración, que garantiza que el ingreso, tránsito y salida de nuestros connacionales por territorio mexicano, sea con absoluta garantía de sus derechos, la seguridad de sus bienes y el pleno conocimiento de sus obligaciones.

Con el objeto generar soluciones para los dreamers, a finales de febrero, el Senado aprobó, por amplia mayoría, la reforma preferente del presidente Enrique Peña Nieto, por la que “se agilizan los trámites para la revalidación de estudios realizados en el extranjero, con miras a atender a los mexicanos residente en Estados Unidos”...,4 que serán deportados, particularmente los llamados dreamers.

De esa manera, el Estado mexicano ha venido respondiendo con prudencia, pero con determinación, a los desafíos de la nueva relación con nuestros vecinos. Por ello es que el canciller Luis Videgarary anunció que recurrirá a organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas, para defender los derechos humanos y las libertades de los migrantes mexicanos, ante la posibilidad de que el presidente Trump pretenda hacer realidad sus metas de deportación.

Planteamiento del problema

Ahora bien, una de las razones por las que nuestros connacionales se van a Estados Unidos es para buscar un trabajo “bien remunerado” pero cabe destacar que entre 2013 y 2015, la tasa de desempleo de nuestras mujeres migrantes en los Estados Unidos alcanzó 9.3 por ciento de la población económicamente activa, mientras que en el caso de los hombres fue de 5.9 por ciento5 .

Por lo tanto, si nuestros connacionales “sufren de desempleo” en Estados Unidos, es muy probable que al ser deportados se prevea un mayor índice de desempleo para ellos en nuestro país, desaprovechándose, inclusive, las capacidades y cualidades laborales adquiridas por nuestros migrantes.

Por lo demás, hace falta que las autoridades federales, locales y regionales, en conjunto con nosotros los legisladores, nos hagamos cargo de diseñar e instrumentar programas que auspicien y promuevan la reinserción laboral y la potenciación de esos conocimientos adquiridos por nuestros migrantes para responder mejor a los propios proyectos de desarrollo nacional en función de las necesidades del mercado y de la industria en nuestro país.

Contenido de la proposición con punto de acuerdo

Durante décadas, los migrantes mexicanos han contribuido a la económica de Estados Unidos y de su país de origen. Ahora que regresan a casa, pueden seguir aportando a la prosperidad económica con los conocimientos y habilidades que adquirieron trabajando en Estados Unidos.

El hecho de que regresen nuestros connacionales no es ninguna tragedia. La tragedia sería que no les brindáramos oportunidades.

La nueva etapa de las relaciones con Estados Unidos puede ser un momento de oportunidad del que México salga fortalecido, si adoptamos un enfoque constructivo para hacer frente a nuestros problemas.

Para ello, más que criticar, es preciso proponer. Bajo esta premisa, el presente punto de acuerdo plantea una nueva herramienta para colocar a los migrantes en el mercado laboral.

Hoy en día, existen una gran cantidad de programas para asistir y apoyar a los migrantes. Debemos generar ahora programas para reinsertarlos a las actividades productivas, de manera que sean ellos los que puedan apoyar a sus familias y contribuir a la prosperidad económica de México.

La presente proposición tiene por objeto la generación de estrategias que permitan vincular laboralmente a los migrantes que regresan a nuestro país.

La propuesta principal consiste en crear un microsito de internet, alimentado por la información proporcionada de manera libre y voluntaria por los migrantes, la pueda ser consultada por las empresas y las instituciones para canalizar la experiencia profesional de los migrantes a las áreas en donde se necesiten.

En esta bolsa de trabajo, los migrantes podrían compartir sus datos e información sobre la experiencia laboral que adquirieron durante su estancia en Estados Unidos, de manera que dicha información resulte útil para las empresas privadas, empleadores o instituciones del sector público, de acuerdo con las capacidades y conocimientos registrados en el portal.

Con esta medida, aumentaríamos la posibilidad de que nuestros migrantes puedan construir sus propias historias de éxito a su regreso a México.

Este tipo de estrategias no son nuevas. Hoy en día, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tiene a su cargo el Servicio Nacional de Empleo (SNE), el cual tiene como propósitos brindar a la población la información, vinculación y orientación ocupacional necesaria, así como apoyos económicos y de capacitación. Además, se encarga de instrumentar estrategias de movilidad laboral interna y externa entre la población económicamente activa.

De acuerdo con el artículo 537 de la Ley Federal del Trabajo, el SNE tiene como objetivos:

1. Promover la generación de empleos.

2. Impulsar y supervisar la colocación de los trabajadores.

3. Organizar, promover y supervisar la capacitación y adiestramiento de los trabajadores.

4. Registrar las constancias de habilidades laborales.

Tomando en cuenta que los migrantes conforman una población con características, necesidades y problemas especiales, se considera que es necesario adaptar el SNE, para que pueda prestar un mejor servicio a este segmento de la población.

La innegable experiencia laboral de nuestros connacionales es invaluable para nuestro mercado, ya que muchos han trabajado con tecnología de punta, con diferentes métodos de siembra, en grandes obras y, en otros casos, con técnicas diferentes; en fin, son los mejores trabajadores en Estados Unidos en rubros como:

• Agricultura, pesca y silvicultura.

• Obra, construcción y en distintos servicios.

• Operadores de máquinas de coser.

• Ventas.

• Trabajo de oficina.

• Empleo doméstico.

Dicho lo anterior, es necesario ayudar a nuestros connacionales para que se vuelvan a integrar en ámbitos laborales y aprovechar, al mismo tiempo, todo el potencial laboral que representan.

Bajo este tenor, y aprovechando la disposición, sensibilidad y apoyo mostrados por el Presidente Peña Nieto con nuestra comunidad migrante, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que, en el marco del Servicio Nacional de Empleo, se lleven a cabo las siguientes acciones en materia de vinculación laboral de los migrantes mexicanos:

a) Elaborar y poner en marcha un micrositio web con una bolsa de trabajo para los migrantes mexicanos que retornen a nuestro país, a efecto de reinsertarlos con prontitud en el mercado laboral y que México aproveche al máximo sus conocimientos, habilidades y experiencia profesional.

b) Elaborar un padrón de migrantes con información sobre su perfil curricular y datos de contacto.

c) Coordinarse con todas las dependencias de la administración pública federal y los gobiernos de las entidades federativas para recopilar información que permita vincular laboralmente a los migrantes mexicanos.

d) Generar estrategias, en coordinación con el sector privado, para la vinculación laboral de los migrantes mexicanos que retornen a nuestro país.

Notas

1 http://www.animalpolitico.com/2017/02/trump-inmigrantes-indocumentados/ : y
http://www.univision.com/noticias/mentira/cuantos-indocumentados-hay-en-estados-unidos

2 http://www.animalpolitico.com/2017/02/trump-inmigrantes-indocumentados/

3 http://mundohispanico.com/noticias/mexico-lanza-estrategia-de-ayuda-a-m igrantes-en-estados-unidos

4 “Aprueban reforma para revalidar estudios a migrantes”, en La Jornada , 28 de febrero de 2017. Así, el Senado dictaminó las reformas a la Ley General de Educación y la remitió a la Cámara de Diputados, que tiene el mismo plazo de 30 días para votar esa iniciativa.

5 (Conapo, Fundación BBVA Bancomer y BBVA Research, 2015)

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 23 de marzo de 2017

Diputado Alfredo Anaya Orozco (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita la intervención de la CRE y la Cofece para analizar el mercado de gas LP y determinar si hay condiciones de competencia efectiva en él, a cargo del diputado Ulises Ramírez Núñez, del Grupo Parlamentario del PAN

Ulises Ramírez Núñez, diputado federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 numeral 1, fracción I; y artículo 79 numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados; somete a la consideración de esta soberanía, el presente punto de acuerdo por el que se solicita la intervención de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), para que se analice el mercado de gas LP y determinar si existen condiciones de competencia efectiva en dicha actividad, al tenor de las siguiente

Exposición de Motivos

A partir del 1 de enero de 2017 se liberó el precio del gas Licuado de Petróleo (LP) y la falta de competencia en este mercado ha provocado incrementos exorbitantes de hasta 39 por ciento respecto a los precios de diciembre pasado.

Para ejemplificar de mejor manera estos aumentos, los cilindros convencionales de 20 kilos pasaron de 260 pesos a 316 y esto representó que las familias tuvieron que pagar 56 pesos más por el mismo tanque y si en promedio cada hogar consume dos unidades al mes, quiere decir que se está afectando mensualmente en más de 110 pesos la economía de las familias mexicanas.

De acuerdo con el registro de costos máximos que los distribuidores están obligados a reportar a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), los estados más afectados son Baja California Sur y Quintana Roo, Sonora, Jalisco, Michoacán, entre otras. Es así que Baja California Sur, es el estado con el precio del gas licuado de petróleo más alto del todo país, pues hasta los primeros once días de este año alcanzó un máximo de 20.2 pesos por kilogramo , que representa un aumento de 39.2 por ciento si se compara con los 14.48 pesos por kilo que registró este producto durante el último mes de 2016. Quintana Roo se convirtió en la zona con el segundo margen de costo más alto, pues el petrolífero fue vendido a los consumidores domésticos entre los 13.8 pesos y hasta los 18.6 pesos, por lo que el aumento fue de 36.5 por ciento.

Dicho lo anterior y tomando en cuenta la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi ), en enero del presente año, el índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró una variación mensual de 1.70 por ciento, lo que provocó que la inflación correspondiente a enero se ubicara en niveles no vistos en 18 años1 y en febrero el INPC registró un crecimiento de 0.58 por ciento, tasa similar a la registrada en febrero de 2010, la segunda inflación más alta en 13 años.

En consecuencia, la inflación sigue una tendencia al alza en el primer bimestre de 20172 y según el último reporte del Inegi, los energéticos contribuyeron con 1.64 puntos porcentuales a la inflación anual. En otras palabras, el shock inflacionario en los primeros meses del año, ha sido impulsado por la variación que tuvieron los precios de los energéticos.3

Señores legisladores, no podemos mostrar indiferencia a los reclamos de la sociedad ante el incremento de los precios del gas LP, debemos ser conscientes que el incremento de los precios de este insumo están afectando a más del 70 por ciento de la población y considerando que en este mercado no muestra la madurez suficiente para que existan condiciones reales de competencia, el Partido Acción Nacional manifiesta su preocupación y solicita la intervención del máximo órgano en materia de competencia económica, para que analice este mercado y genere una opinión en la que se precisen recomendaciones que deriven en mejores precios para la sociedad.

Recordemos que está Cámara de Diputados aprobó en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, 3 la posibilidad de establecer precios máximos al gas LP en caso de que no existieran condiciones de mercado. Y Hago alusión a la Ley de Ingresos, porque el Poder Legislativo dejó en claro que sólo en condiciones de competencia se liberaría el precio del Gas LP, como se muestra a continuación:

Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017

Artículo 27. En relación a las actividades que conlleven a la venta al público de gas licuado de petróleo y propano, la Comisión Reguladora de Energía podrá establecer la regulación de precios máximos sobre dichos productos, previa resolución de la Comisión Federal de Competencia Económica que determine que no existen condiciones de competencia efectiva en dichas actividades, conforme a la legislación y normatividad aplicable. Para ello, la Comisión Reguladora de Energía, dentro de los 30 días naturales siguientes a la resolución por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica, y previa audiencia con representantes del sector, establecerá la regulación de precios máximos, la cual se mantendrá únicamente mientras subsistan las condiciones que la motivaron. Los interesados o la Comisión Reguladora de Energía podrán solicitar a la Comisión Federal de Competencia Económica que determine si subsisten las condiciones que motivaron la resolución.

Para el Partido Acción Nacional es innegable que en este momento no existen condiciones mínimas de competencia efectiva en el mercado de gas LP, por lo que solicitamos la intervención inmediata de los órganos reguladores.

Estimados Diputados, seamos sensibles a este problema y entendamos que las empresas con poder sustancial en el mercado de gas LP, al no tener competidores que amenacen su jerarquía, se elimina cualquier posibilidad de que bajen los precios y su único objetivo con la liberación de los precios ha sido maximizar el margen de sus ganancias. En otros casos, podríamos hablar de acuerdos entre las gaseras para fijar precios y perjudicar a la sociedad.

Sobre este punto, permítanme insistir nuevamente que el mercado de gas LP no muestra la madurez suficiente, ya que no se percibe que las empresas compiten en calidad, precio y ofrecer un mejor servicio. Esto queda de manifiesto con la información más reciente de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ya que en el primer bimestre del año, se sancionó a 128 empresas distribuidoras de gas LP, principalmente por no despachar litros y kilos completos, no exhibir precios, no respetar el precio exhibido y vender cilindros que no cumplen con las medidas mínimas de seguridad.5

Quiero recordarles que este Congreso impulsó una reforma constitucional con el objetivo de transitar a un modelo competitivo, en donde la sociedad fuera el principal beneficiado, por lo que al no percibirse las condiciones suficientes para que el mercado se autorregule, es imperante que tanto la Cofece como la CRE intervenga en forma inmediata en beneficio de la economía familiar.

En consecuencia se somete a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, solicita la intervención de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), para que se analice el mercado de gas LP y determinar si existen condiciones de competencia efectiva en dicha actividad.

Notas

1 http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2017/02/09/inflacion-nivel -no-visto-1999

2 Reforma en línea. ”Suben precios 0.58 por ciento en febrero”. 10 de marzo de 2017. http://tinyurl.com/jan3pal
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/finanzas/2017/03/10/
registran-en-febrero-segunda-inflacion-mas-alta-en-13-anos

3 http://www.elfinanciero.com.mx/economia/aumentos-en-el-gas-y-las-gasoli nas-elevan-la-inflacion-a-71.html

4 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIF_2017.pdf

5 http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/03/07/profeco-sanciona-128-e mpresas-distribuidoras-gas-lp

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2017.

Diputado Ulises Ramírez Núñez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la investigación de las fosas clandestinas encontradas en Colinas de Santa Fe, Veracruz, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Rafael Hernández Soriano, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, 79, numeral 1, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. El incesante número de desapariciones en el estado de Veracruz durante las últimas administraciones, así como la incapacidad de las autoridades locales para investigar, detener y sancionar estos casos, dio origen a la creación de una serie de colectivos, integrados por familiares de personas desaparecidas en varias regiones del estado, quienes se dan a la tarea de realizar brigadas de búsqueda para para localizar a sus parientes. Uno de ellos es el denominado Colectivo Solecito.

II. El pasado 10 de mayo de 2016, en el contexto del Día de las Madres, a las integrantes del Colectivo Solecito, se les hizo llegar de manera anónima, un mapa que ubicaba un terreno entre los límites de Veracruz y el municipio de La Antigua.

III. Derivado de las investigaciones realizadas por dicho colectivo, para el mes de agosto de 2016 ya tenían ubicadas 102 fosas clandestinas en el predio conocido como Colinas de Santa Fe, de las que se han exhumado un total de 253 cuerpos, así como más de 10 mil restos óseos1 sin que al día de hoy hayan podido ser identificados.

Consideraciones

Primera. El Estado mexicano, a través del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone no sólo el respeto a los derechos humanos, sino que contempla el principio pro persona a fin de favorecer en todo momento y lugar la más amplia protección para la persona. En el mismo sentido, el artículo 17 de nuestra Carta Magna garantiza el derecho de acceso a la justicia para todas y todos los mexicanos.

Además de ello, a nivel nacional, diversas disposiciones legales orientan el tema, entre las más importantes está el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el cual establece en su meta nacional México en Paz, Objetivo 1.4. Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente, así como en la Estrategia 1.4.1. Abatir la impunidad, como línea de acción para diseñar y ejecutar las adecuaciones normativas y orgánicas en el área de competencia de la Procuraduría General de la República, para la investigación y persecución del delito con mayor eficacia.

Segunda. En ese sentido, la Fiscalía General del Estado de Veracruz, por razones de jurisdicción territorial, es la primera instancia competente para conocer de la persecución de los delitos allí cometidos, no obstante, dada la gravedad de los hechos, la Procuraduría General de la República sería la instancia encargada de garantizar que las investigaciones de los hechos ocurridos en el estado de Veracruz, sean llevadas con apego a la ley. Sin embargo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 13 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el procurador tendrá la facultad de crear las unidades administrativas especializadas distintas a las previstas para la investigación, persecución de géneros de delitos, así como para el ejercicio de la función ministerial, policial y pericial, atendiendo a las necesidades del servicio, así como fiscalías especiales para el conocimiento, atención y persecución de delitos específicos que por su trascendencia, interés y características así lo ameriten.

En virtud de lo anterior, a través del acuerdo A/094/15, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de octubre de 2015, se creó la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la cual tiene por objetivo establecer mejores actuaciones en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, perseguir los delitos relacionados con la desaparición de personas y establecer mejores actuaciones en la búsqueda y localización de personas desaparecidas o, en su caso, su identificación forense.

Tercera. En el estado de Veracruz y de acuerdo a información de la Policía Federal, se señaló que a partir de los operativos realizados en conjunto con autoridades federales y estatales, entre el periodo de 2012 y 2016, se había registrado el hallazgo de 51 restos humanos en seis fosas clandestinas2 .

Por otro lado, la Fiscalía estatal, a través de un comunicado publicado en septiembre de 2016, se informó que habían sido explorados “75 puntos” en el predio Colinas de Santa Fe y que los restos humanos hallados habían sido entregados a la Policía Científica de la Policía Federal. Hecho que contrasta considerablemente con los datos e investigaciones de colectivos que operan en la entidad, como lo es el caso del Colectivo Solecito, el cual para ese entonces ya había identificado alrededor de 102 fosas clandestinas.

Ahora bien, de acuerdo con las afirmaciones realizadas por el titular de la Fiscalía General de Veracruz, Jorge Winckle durante una entrevista con el reportero Carlos Loret de Mola, el caso de las Colinas de Santa Fe, en el que han aparecido más de 250 cráneos resulta alarmante pues “a penas se ha avanzado en 30 por ciento del terreno y posiblemente haya más personas enterradas de manera ilegal. Hecho que de ser cierto, significaría que el estado, sería considerado la fosa más grande de México, e incluso del mundo”.

Cuarta. Al tenor de lo señalado, el titular de la fiscalía igualmente recalcó la necesidad de apoyo nacional e internacional para la identificación de las personas enterradas en las fosas ya que actualmente no se cuenta con los recursos necesarios. En virtud de que durante la administración anterior, “se engañaba a las personas que integraban los colectivos para buscar a los desaparecidos”, además del hecho de que el desvío de recursos durante la administración de Javier Duarte notoriamente había afectado principalmente a los fondos destinados al área de servicios periciales3 .

Es entonces, deber de las autoridades tomar las medidas necesarias para cumplir con las disposiciones normativas en el sentido de brindar asistencia y atención oportuna a las víctimas de delitos, así como a sus familiares.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Fiscalía General de Veracruz, a hacer del conocimiento público la información relativa a los avances de la investigación de las fosas clandestinas encontradas en el predio Colinas de Santa Fe, Veracruz.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Procuraduría General de la República para que, en el ámbito de sus competencias, atraiga las indagatorias de las fosas clandestinas localizadas en el predio Colinas de Santa Fe, Veracruz, a fin de que las investigaciones se realicen de manera inmediata, eficiente y de tal manera que permitan llegar al esclarecimiento de los hechos, así como a la identificación de los cuerpos.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a la Auditoría Superior de la Federación realizar una auditoría especial respecto del ejercicio de los recursos federales entregados al estado de Veracruz para el área de servicios periciales.

Notas

1 Revista Proceso (14/03/2017). Las fosas de Veracruz, una tragedia nacional. (Recopilado de World Wide Web el 15 de marzo de 2013 http://www.proceso.com.mx/478068/las-fosas-veracruz-una-tragedia-nacion al)

2 Policía Federal Fosas Veracruz. [Electrónico].(Recopilado de World Wide Web el 15 de marzo de 2013 ://es.scribd.com/document/323151561/Policia-Federal-Fosas-Veracruz #from_embed)

3 Colinas de Santa Fe: 125 fosas, 14 mil restos óseos, pero no hay recursos para analizarlos. (14/03/2017).[Electrónico].(Recopilado de World Wide Web el 15 de marzo de 2016 http://www.animalpolitico.com/2017/03/veracruz-fosas-colinas-restos/)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2017.

Diputado Rafael Hernández Soriano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Semarnat a considerar en la medida de sus posibilidades presupuestarias llevar a cabo una campaña de reforestación para sustituir por especies nativas las palmeras afectadas por el amarillamiento letal en Torreón, Coahuila, suscrita por el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, José Refugio Sandoval Rodríguez y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En abril de 2015, a petición de la Dirección General de Medio Ambiente del municipio de Torreón, Coahuila, el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasica) y el Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán (CICY), realizaron un diagnóstico por la presencia de la plaga Mynduz Crudus y la enfermedad del amarillamiento letal ocasionado por Candidatus Phytoplasma que se estaba presentado en las palmeras del municipio de Torreón.

En mayo de 2016, el personal de Senasica, Colegio de Postgraduados, Servicios Públicos Municipales y Medio Ambiente, realizaron actividades de delimitación y diagnóstico, con el objetivo de conocer el grado de avance y de dispersión del fitoplasma. Se realizó la exploración dirigida a 50 sitios de la zona urbana de Torreón, Coahuila, y tres del municipio de Gómez Palacio, Durango, realizando la inspección de 700 palmas, de las cuales las palmas datileras presentaron cien por ciento de afectación y se observaron síntomas iniciales en palmas del género washingtonia , además de coco plumoso y palma rubelina.

El amarillamiento letal del cocotero (ALC) es una enfermedad sistémica de las palmas causado por un fitoplasma trasmitido por una chicharrita, que afectan los vasos conductores, obstruyendo el paso de nutrientes en el xilema y floema. La chicharrita es un insecto vector, que al alimentarse de la palma trasmite el fitoplasma Candidatus Phytoplasma. El periodo de incubación es de aproximadamente entre 7 y 15 meses después del contagio del patógeno, hasta la aparición de los primero síntomas; y el periodo de vida estimada para una palma enferma es de 3 a 6 meses. La dispersión del ALC se presenta de forma natural o artificial. La dispersión natural es mediante el vector Myndus Crudus. Se moviliza de manera natural de planta en planta durante su ciclo de vida. La dispersión artificial es facilitada por el hombre al trasportar plantas o partes de la misma que contengan el patógeno, mediante el trasporte de insectos vectores infectados y por el contacto directo con herramienta o quipo contaminando con el patógeno.

Las palmas que han muerto son en su mayoría del tipo de las datileras y suman hasta el momento 2 mil 467. Las consecuencias de la palmas infectadas han originado varias alertas, en virtud de que representan riesgos en diversos puntos de los municipios, tanto en calles; escuelas y sectores habitacionales, lo que aunado con los fuertes vientos y tolvaneras que se han presentado en la región han causado su desprendimiento, por lo que ha efecto de salvaguardar la vida y la integridad de las personas, la seguridad en materia de protección civil y la tranquilidad social es que se presenta este punto de acuerdo a efecto de que las autoridades competentes realicen un minucioso estudio respecto del tema que se expone.

Además, la muerte de estas palmas representa un panorama preocupante en el municipio de Torreón y de Gómez Palacios, ya que el antibiótico que se les está suministrando les puede prolongar la vida pero no garantiza que se salven, por lo que se deben remover, disponer correctamente en el relleno sanitario y ser sustituidas por árboles nativos de la región para preservar el medio ambiente.

El tema es de suma importancia pues la plaga y la consecuente pérdida de una palma implican un riesgo o daño al ecosistema, al medio ambiente y a los seres vivos.

De acuerdo con la Dirección General de Medio Ambiente del Municipio de Torreón, el costo aproximado, según reporte de las áreas operativas, es de 4 mil pesos por cada palma, de tal forma que si se fueran a extraer todas estas palmas, esto representa un costo aproximado de siete millones cuatrocientos veintiocho mil pesos, además de que será necesario sustituirlas para que Torreón recupere esta vegetación que se perdió por el efecto de esta plaga.

Salvaguardar el medio ambiente es parte de nuestro deber, ya que nos convierte en agentes dinámicos y así fomentamos la cooperación que nos garantizará un mejor futuro y un país más sano en beneficio de todos; pues cuidar el medio ambiente es cuidar la vida.

En virtud de lo anterior, presento este punto de acuerdo a efecto de exhortar respetuosamente al Ejecutivo federal a realizar una revisión minuciosa respecto de la plaga adquirida por las palmas del municipio de Torreón y Gómez Palacio, y, en su caso, extraerlas y sustituirlas por otro tipo de vegetación en pro del medio ambiente; cuidando en todo momento la integridad de los ciudadanos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que considere, en la medida de sus posibilidades presupuestarias, llevar a cabo una campaña de reforestación que permita sustituir por especies nativas las palmeras del municipio de Torreón, Coahuila, afectadas por el Amarillamiento Letal, a efecto de que la ciudad no pierda su vegetación, la cual es fundamental para el medio ambiente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2017.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Sasil Dora Luz de León Villard, Daniela de los Santos Torres, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, Sara Paola Galico Félix Díaz, José de Jesús Galindo Rosas, Jorgina Gaxiola Lezama, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, Lía Limón García, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Emilio Enrique Salazar Farías, José Refugio Sandoval Rodríguez, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Édgar Spinoso Carrera, Wendolin Toledo Aceves, Francisco Alberto Torres Rivas, Diego Valente Valera Fuentes, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión a atraer el caso del asesinato del periodista Ricardo Monlui Cabrera y realizar las diligencias necesarias para capturar a los responsables, suscrita por los diputados Ángel Antonio Hernández de la Piedra, Virgilio Dante Caballero Pedraza, Cuitláhuac García Jiménez, Renato Josafat Molina Arias y Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben, diputados Ángel Antonio Hernández de la Piedra, Virgilio Dante Caballero Pedraza, Cuitláhuac García Jiménez y Renato Josafat Molina Arias integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta soberanía proposición, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La mañana del domingo 19 de marzo del presente fue asesinado a balazos el periodista Ricardo Monlui Cabrera, cuando salía de desayunar de un restaurante en la colonia centro en la cabecera municipal de Yanga, en la región central montañosa de Veracruz. El periodista iba acompañado de su esposa, quien fue trasladada a un hospital de la localidad pues entró en estado de shock.

Ricardo Monlui Cabrera era director del periódico El Político y editor de la columna “Crisol” en El Sol de Córdoba, y colaborador del Diario de Xalapa.

El periodista también era presidente de la Asociación de Periodistas y Reporteros Gráficos de Córdoba y la Región, AC, columnista de la revista Análisis Político y colaborador de medios electrónicos.

Ricardo Monlui Cabrera se especializaba en temas de la industria azucarera. Conocía asuntos relacionados con las uniones cañeras y del Sindicato Nacional de Trabajadores Azucareros. Su actividad periodística databa de varios lustros y era reconocido por su labor tanto en la zona de Córdoba como en Xalapa.

Diversas organizaciones, instituciones y el gremio periodístico en general se han pronunciado respecto a este asesinado, entre ellas la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas que el mismo día del asesinato emitió un comunicado de prensa en el que condenó el homicidio del periodista, y referenció que ha ofrecido apoyo a sus familiares después de este lamentable hecho.1

De igual forma la Comisión Nacional de Derechos Humanos condenó el homicidio y ofreció el respaldo y la atención necesaria a sus familiares y colaboradores del periodista.2

De acuerdo con las cifras de la CNDH, con el homicidio de Ricardo Monlui Cabrera suman ya 122 homicidios de periodistas a nivel nacional desde el año 2000, de los cuales 20 se han registrado en el estado de Veracruz, por lo que esa entidad federativa continúa siendo la más peligrosa para ejercer el periodismo en México.

Ricardo Monlui Cabrera se convierte en el periodista número 20 asesinado en los últimos seis años y medio, y el primer comunicador privado de la vida en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares. El periodista veracruzano no tenía antecedentes de haber sido amenazado, ni contaba con medidas cautelares de protección del gobierno federal o local, sin embargo en diciembre del año 2010 su hijo Ricardo Monlui Ruiz fue objeto de un ataque con arma de fuego en el municipio de Ixtaczoquitaln, lo que refleja un notorio interés sobre el periodista y su familia.

El asesinato de Ricardo Monlui Cabrera se suma a la lista de periodistas asesinados en Veracruz. Durante el sexenio del priista Javier Duarte de Ochoa, prófugo de la justicia desde hace 150 días, los periodistas asesinados fueron Noel López Olguín de Noticias de Acayucan ; Miguel Ángel López Velasco, Misael López Solana, Gabriel Huge y Yolanda Ordaz de Notiver; Guillermo Luna Varela de Veracruz News; Esteban Rodríguez de Diario AZ y Víctor Manuel Báez Chino de Milenio, Gregorio Goyo Jiménez de la Cruz de Liberal del Sur; Moisés Sánchez Cerezo, editor de La Unión; Juan Mendoza durante décadas fotoperiodista de El Dictamen; Armando Saldaña, locutor de la Ke Buena; Juan Santos Cabrera, ex corresponsal de Televisa en Orizaba; Anabel Flores, colaboradora de El Buen Tono y El Sol de Orizaba, Rubén Espinosa, colaborador de Proceso, Pedro Tamayo, reportero de Al Calor Político. 3

Tras estos asesinatos de periodistas registrados en Veracruz, la Secretaría de Gobernación a través del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, tiene registradas “medidas cautelares de protección” a 40 periodistas del territorio veracruzano, así como a diez defensores de derechos humanos, entre activistas sociales e incluso activistas del ciberespacio.

Dado el estado de violencia que vive el gremio periodístico en Veracruz, el 27 de octubre de 2015 el Mecanismo de protección a periodistas, la Fiscalía General del estado, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas y la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Veracruz firmaron un “Convenio de colaboración interinstitucional para instrumentar el “programa de políticas públicas en favor de las y los periodistas que desarrollen el ejercicio de la libertad de expresión en el estado de Veracruz” cuya vigencia es indefinida, por lo cual, aun con el cambio de gobierno, este debe seguir siendo implementado.4

El cambio de gobierno, o de partido, no debe obstaculizar o detener la implementación de este convenio ni de las políticas públicas necesarias que erradiquen el contexto de violencia que viven los periodistas en Veracruz.

Veracruz se ha convertido en el centro de atención nacional por los altos índices de violencia e impunidad, lo cual ha dejado a sus habitantes, y particularmente a los periodistas en un estado de violencia sistemática y crónica por la ineficiencia de la autoridad para resolver los crímenes, y perpetuar el contexto de inseguridad.

No sólo el estado de Veracruz es responsable de esta violencia institucionalizada, sino también el gobierno federal. Simplemente la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión ha abierto 798 investigaciones por delitos contra periodistas, de las cuales sólo en 101 casos hubo consignación ante un juez, y de ellas solo en 2 casos hubo sentencia condenatoria. Ana Cristina Ruelas directora en México y Centroamérica de Artículo 19 expone que con estas estadísticas el Estado envía el mensaje de que atacar a un periodista en México no tiene consecuencias para los agresores prácticamente 100 por ciento de los casos. Además de esto, durante 2016 fue fatídico para el gremio periodístico, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión atrajo 8 casos.

En esta Cámara de Diputados, Morena ha puesto sobre la mesa el tema de las agresiones a periodistas, de los cuales, las proposiciones con punto de acuerdo respecto los casos de Rubén Espinosa Becerril, Nadia Vera, Anabel Flores Salazar, Francisco Pacheco Beltrán, Iris Velázquez siguen pendientes o fueron desechadas. El Poder Legislativo no debe quedarse únicamente en el discurso condenando los actos de violencia contra periodistas, debe realizar acciones más enérgicas en el marco de sus atribuciones para colaborar a que estos crímenes no queden impunes.

Los periodistas juegan un papel sumamente importante en el desarrollo de la opinión pública de la sociedad, al dejar en la impunidad las agresiones cometidas en su contra el Estado es cómplice de los agresores, y pone en riesgo el derecho a la libertad de expresión, ni un periodista más debe ser agredido con motivo de su labor, es responsabilidad del gobierno implementar las acciones necesarias para generar un entorno pacifico en el que los periodistas puedan desarrollarse, y es responsabilidad de nosotros como Poder Legislativo denunciar públicamente cada agresión a los periodistas, y dar seguimiento al actuar de las autoridades ante esta alarmante situación.

Es por todo lo anterior con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, que pongo a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión para que atraiga el caso del homicidio cometido en contra del periodista Ricardo Monlui Cabrera.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, al gobierno de Veracruz, la Fiscalía General del estado, y la Comisión Estatal para la Protección a Periodistas a que hagan del conocimiento público y de manera detallada las acciones realizadas para la protección de las y los periodistas a partir de la firma del convenio de cooperación que suscribieron el 27 de octubre de 2015.

Notas

1 http://ceapp.org.mx/nota/241/comunicados/condena-ceapp-homicidio-de-ric ardo-monlui.html

2 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2017/Com_2017_079.pdf

3 http://www.proceso.com.mx/478667/matan-a-reportero-en-la-zona-centro-veracruz-
numero-20-en-los-ultimos-6-anos-medio

4 http://imdhd.org/doctos/Convenio-Veracruz-301015.pdf

Referencias

https://articulo19.org/asesinan-a-periodista-en-veracruz -suman-22-en-el-estado/

http://www.proceso.com.mx/478667/matan-a-reportero-en-la -zona-centro-veracruz-numero-20-en-los-ultimos-6-anos-medio

http://imdhd.org/doctos/Convenio-Veracruz-301015.pdf

http://ceapp.org.mx/nota/241/comunicados/condena-ceapp-h omicidio-de-ricardo-monlui.html

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2017/Co m_2017_079.pdf

Palacio Legislativo, a 23 de marzo de 2017.

Diputados: Ángel Antonio Hernández de la Piedra, Virgilio Dante Caballero Pedraza, Cuitláhuac García Jiménez, Renato Josafat Molina Arias (rúbrica), Roberto Alejandro Cañedo Jiménez y Norma Rocío Nahle García.

Con punto de acuerdo, para rendir un homenaje al escritor Juan Rulfo en el centenario de su natalicio, por conmemorarse el 16 de mayo de 2017, a cargo de la diputada Laura Valeria Guzmán Vázquez, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada federal Laura Valeria Guzmán Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario de Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la proposición de acuerdo parlamentario por el que la honorable Cámara de Diputados rinde homenaje al escritor Juan Rulfo en el centenario de su natalicio, a conmemorarse el próximo 16 de mayo de 2017, al tenor de las siguientes

Consideraciones

“Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo. Y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. «No dejes de ir a visitarlo —me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura de que le dará gusto conocerte.» Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría, y de tanto decírselo se lo seguí diciendo aun después de que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas.

“Todavía antes me había dicho:

“—No vayas a pedirle nada. Exígele lo nuestro. Lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio... El olvido en que nos tuvo, mi hijo, cóbraselo caro.

“—Así lo haré, madre.

“Pero no pensé cumplir mi promesa. Hasta que ahora pronto comencé a llenarme de sueños, a darle vuelo a las ilusiones. Y de este modo se me fue formando un mundo alrededor de la esperanza que era aquel señor llamado Pedro Páramo, el marido de mi madre. Por eso vine a Comala.”

Tal es el comienzo de Pedro Páramo, un inicio que sujeta al lector y constituye el anticipo de una de las obras más representativas de la literatura mexicana, una de las piezas que inmortalizara a Juan Rulfo, el escritor originario de Apulco, Jalisco y quien cumpliría cien años de existencia este 2017. Un hombre prolífico y creativo, de cuyo genio queda constancia lo mismo en la literatura, que en el cine y la fotografía.

Pedro Páramo , a decir de Alí Chumacero, está situado como uno de los libros mejor logrados de nuestras últimas generaciones. Ahí, a decir del poeta nayarita, Rulfo adivinó el alcance de las palabras en boca del campesino y, además de explotar en su provecho la tradicional riqueza del habla circunscrita a labios torpes aunque no carentes de malicia, supo adaptar a su régimen expresivo los giros y las significaciones de tales fórmulas maduradas por el tiempo y atávicamente vivas en el trato diario de la gente, elevando a dignidad artística lo corriente, aquello que en el recodo de un camino se deja oír sin más propósitos que señalar una cosa por su nombre o recordar un hecho pasajero.1

Con relación a El llano en llamas, recopilación de cuentos que reflejan el entorno de Rulfo durante los años de la Guerra Cristera y la pérdida de su padre en medio de dicho conflicto, Emmanuel Carballo afirma que se trata de una prosa realista, de relatos que ocurrían en los pequeños pueblos mexicanos, donde el autor contaba una historia de principio a fin sin limpiar, editar los personajes, técnicamente empezaba y seguía linealmente hasta que terminaba, no había rupturas, el tiempo era el mismo. “Rulfo, influido por la narrativa norteamericana, da una versión de los mismos temas, el campo, pero de una manera distinta: puede empezar un texto no necesariamente en el principio, sino a media historia y hacer un flashback. Además conoce perfectamente el campo mexicano, que es una historia terrible; no es el campesino ideal, bueno, noble, sino el campesino que tiene cosas horribles, pero también hermosas”.2

Inmortalizado por este par de obras, Rulfo y su obra siguen vigentes y forman parte de la memoria creativa de México, de un imaginario que se debate entre la resignación y la violencia (Diles que no me maten ), la quietud del paisaje en la que se esconde un crimen (En la madrugada ), entre el odio paternal y la pasión frustrada (La Herencia de Matilde Arcángel ) o la asesina picardía de sus personajes (Anacleto Morones ).

La obra de Rulfo es, por su vigor y permanencia, lo que Faulkner a la literatura norteamericana, lo que Tolstoi a la narrativa rusa, lo que Vargas Llosa a la prosa peruana, es decir, un compendio que refleja nítidamente un momento histórico y a un pueblo, una forma de ser y percibir al mundo desde la tierra originaria, un entendimiento adquirido desde la experiencia sensible acumulada en el microcosmos del villorrio. Se trata de una narrativa poderosa como un puño cerrado, pero envuelto en un epidermis sedosa que acaricia los ojos y la imaginación del lector, de una vela que lo mismo conforta o quema a la mano que se le acerca, un método de escritura que a nadie deja indiferente.

Conmemorar el centenario del natalicio de Rulfo de manera austera, como seguramente el escritor lo hubiera deseado, no sólo es obligado, por tratarse de la evocación de un personaje indispensable para nuestras letras, sino de un acto de reafirmación de nuestra cultura en momentos como el presente en el que es indispensable buscar los mejores referentes que tenemos para enfrentar los cuestionamientos que se nos hacen desde otras partes del mundo, muchos de ellos injustos, ajenos a la realidad y cargados de prejuicios. Recordemos a través del homenaje que aquí se propone, que la fuerza de nuestro país no radica en el poder que ejerce hacia sus semejantes, sino en la perseverancia de su cultura, expresión que ha servido como elemento diferenciador ante el exterior y de identidad hacia lo interno.

Derivado de lo anterior, solicito se someta a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición de

Acuerdo Parlamentario

Único. La honorable Cámara de Diputados rinde homenaje al escritor Juan Rulfo en el Centenario de su natalicio, a conmemorarse el próximo 16 de mayo de 2017.

Notas

1 Chumacero, Alí, Revista de la Universidad de México. Consultado en <http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/1914/19rulfo2.pdf>, el 7 de marzo de 2017 a las 17:51 horas.

2 Consultado en <http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/2013/09/22/cronica-naufr agio-mexicano>, el 7 de marzo de 2017 a las 18:17 horas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2017.

Diputada Laura Valeria Guzmán Vázquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SEP y la Ssa a instaurar y desarrollar a escala nacional programas, cursos y actividades que fortalezcan entre los estudiantes la enseñanza del ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar y la paternidad responsable, a cargo del diputado Luis Agustín Rodríguez Torres, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Agustín Rodríguez Torres, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, fracción II, numeral 2, fracción VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, el presente punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

A nivel mundial, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México lidera el problema de embarazos en adolescentes de 12 a 19 años de edad. Pues en 2012, nuestro país se ubicó hasta la parte más alta de la tabla con 63 nacimientos de madres adolescentes de entre 15 y 19 años, por encima de Estados Unidos, Reino Unido y Nueva Zelanda, que también registraron algunas de las tasas más altas de fertilidad en las adolescentes.

En efecto, en México, las y los jóvenes inician su vida sexual entre los 15 y los 19 años, en promedio. La gran mayoría de ellos (97 por ciento) conoce al menos un método anticonceptivo; sin embargo, más de la mitad no utilizaron ninguno en su primera relación sexual. Datos de la Secretaría de Salud muestran que la mayor demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos corresponde a adolescentes de 15 a 19 años; asimismo, se estima que 17.4 por ciento de los nacimientos totales corresponden a mujeres menores de 20 años, de los cuales entre 60 y 80 por ciento de ellos no son planeados.

Al respecto, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) ha evidenciado que en el 2012 el 23 por ciento de los adolescentes de 12 a 19 años de edad habían iniciado su vida sexual, siendo más frecuente en hombres (25 por ciento) que en mujeres (20 por ciento).

Además, se encontró que aunque el 90 por ciento de la población adolescente reportó conocer o haber escuchado hablar de algún método anticonceptivo, 15 por ciento de los hombres y 33 por ciento de las mujeres, no utilizaron ningún método anticonceptivo en la primera relación sexual.

Asimismo, dicha encuesta refirió que el 51.3 por ciento de las adolescentes de 12 a 19 años de edad con inicio de vida sexual había estado alguna vez embarazada y 10.7 por ciento estaba cursando un embarazo al momento de la entrevista.

Igualmente se encontró evidencia que demuestra que la utilización correcta de los anticonceptivos es problemática. Pues el 12 por ciento de los adolescentes y el 20 por ciento de las adolescentes consideraban que un condón podía utilizarse en más de una ocasión y, de manera global, el 21 por ciento de las y los adolescentes desconocían que el condón puede utilizarse para prevenir Infecciones de Transmisión Sexual y embarazos.

Sin duda, el embarazo en adolescentes afecta su salud, educación, proyecto de vida, relaciones sociales y culturales, y su economía entre otros aspectos. Ser madre o padre adolescente suele iniciar y reforzar, sin distinciones sociales, una serie de condiciones de vulnerabilidad asociadas a la falta de preparación para esta nueva responsabilidad.

Así, el embarazo a edades tempranas se considera no sólo un problema de salud pública que afecta negativamente en la salud de las jóvenes mujeres y en la de sus hijos e hijas; sino también, como un problema educativo porque provoca deserción escolar o bajo rendimiento escolar; un problema económico porque posibilita mano de obra barata y condiciona los ingresos futuros, el acceso a oportunidades laborales especializadas y de calidad y el desarrollo humano sustentable; y en general, un problema de atención al ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sostenemos que el embarazo en adolescentes está asociado a niveles de mortalidad materna más elevados que en mujeres de mayor edad, ya que, de acuerdo con algunos de los referentes estadísticos,1 aunque entre 2012 y 2013, el número de muertes maternas disminuyó de 960 a 861, lo que se tradujo en una reducción de la razón de muerte materna de 42.3 a 38.2 por cada 100 mil nacimientos; entre las adolescentes de 15 a 19 años, la razón de muerte materna se incrementó de 32.0 a 37.3 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos, cifra superior a la registrada entre las mujeres de 20 a 24 años.

Respecto de evidencia que muestre que el embarazo puede truncar la educación de las y los adolescentes, de acuerdo con cifras del Censo de población y vivienda 2010, 17.7 por ciento de las mujeres menores de 18 años y 30.7 por ciento de las menores de 15 años que se embarazaron, dejaron de ir a la escuela después del embarazo.

El embarazo también afecta las oportunidades laborales y los ingresos de las adolescentes. La mayor parte de las madres adolescentes no tiene empleo ni ingreso independiente al momento de tener a sus hijos e hijas. De las adolescentes de 15 a 19 años que tuvieron un hijo o hija en 2011, 8.3 por ciento tenían una actividad laboral remunerada.

En cuanto a las adolescentes de 10 a 14 años que tuvieron un hijo o hija, tienen mayor probabilidad de estar trabajando en una etapa en la que deberían estar en la escuela, aun y cuando su contratación es contra la ley (7 por ciento reportaron una actividad remunerada) ya que en México no se permite el trabajo a menores de 15 años, y cuando se tiene dicha edad, sólo en determinadas condiciones se autoriza.

Del mismo modo, del total de 18.8 millones de adolescentes entre 12 y 19 años que reportó el censo de 2010, había 2, 463,000 que no estudiaban ni trabajaban, casi dos tercios de este grupo eran mujeres (1.6 millones); de ellas, más de una cuarta parte tenía hijos o hijas, y una de cada tres vivía en pareja. Por su parte, los hombres sin ocupación y casados, o con descendencia ascienden a menos del tres por ciento.

Ante estos datos, es evidente, como señala el Instituto Nacional de Salud Pública,2 que la mayoría de las y los adolescentes reciben poca educación sexual que contenga información de calidad, que les aporte habilidades para ejercer una sexualidad sana y, en general, que les ayude a vivir vidas plenas con equidad, empoderamiento y libres de discriminación.

Las consecuencias de esta situación son claras: sin acceso a una educación sexual integral y a servicios de salud sexual y reproductiva, los y las adolescentes (especialmente ellas) son más vulnerables a problemas no sólo de salud sexual y reproductiva, sino también educativos, económicos que vulneran indudablemente sus derechos humanos.

Ante ello, recordemos que la educación de la sexualidad se manifiesta en dos categorías: la informal, que todas y todos compartimos y recibimos en la cotidianidad, en el seno de la familia, y por la influencia de los medios de información; y la formal, es el proceso de aprendizaje con una estructura, y un programa con propósitos y contenidos, en la que existe una relación didáctica entre el docente y el educando.

La primera es recibida y asimilada por todas y todos con la característica básica de que frecuentemente se basa en mitos, propicia los prejuicios y refuerza papeles rígidos y estereotipados de mujeres y hombres. Por ello, la mayoría de las personas han crecido con una cultura llena de ignorancia sexual y con actitudes esencialmente negativas hacia el sexo.

La propuesta de la educación formal profesionalizada, en contraste con la informal, se fundamenta en información científica, propicia el respeto a la diferencia, e incluso busca desparecer los estereotipos construidos con base en la diferencia sexual.

De ahí que promovamos3 que la educación sexual esté presente en la educación escolar, no solo como comunicación sobre sus aspectos biológicos, sino que también se incluya información, orientación y educación sobre aspectos afectivos, emocionales y sociales, de modo que las alumnas y los alumnos lleguen a conocer y apreciar los papeles sexuales femenino y masculino y el ejercicio responsable de la sexualidad como actividad de plena comunicación y respeto entre las personas.

Así, la educación en sexualidad debe buscar entregar a niños, niñas y personas jóvenes el conocimiento, las competencias y los valores que les permitan asumir responsabilidad sobre su vida sexual y social.

Diversos estudios señalan que una educación en sexualidad planteada desde un enfoque integral, con énfasis en la prevención de enfermedades de transmisión sexual, está relacionada con un comienzo más tardío de la actividad sexual, un menor número de parejas sexuales y un uso más amplio y sistemático del preservativo.

En Acción Nacional estamos de acuerdo con que la educación sexual debe contribuir más eficientemente a la formación de una cultura preventiva que conlleve mejorar el acceso universal de las niñas, los niños, personas adolescentes y jóvenes, a los conocimientos y habilidades que requieren para el desarrollo y el disfrute plenos de su vida personal, social, emocional y sexual.

Al respecto, un hito fundamental lo constituye la Declaración Ministerial “Prevenir con Educación” (México, 2008), suscrita por treinta y dos Ministerios de Salud y veintiséis Ministerios de Educación de América Latina y El Caribe.

Esta declaración se constituye en un esfuerzo internacional que afirma la necesidad de fortalecer la educación integral en sexualidad y prevención del VIH en la región de Latinoamérica y el Caribe. Plantea que la educación integral en sexualidad (ESI) debe tener un enfoque de derechos humanos, así como incluir aspectos éticos, biológicos, emocionales, sociales, culturales y de género, conforme al marco legal de cada país para así generar respeto por las diferencias y rechazo a cualquier forma de discriminación, así como fomentar decisiones responsables e informadas entre la juventud para el inicio de su vida sexual.

Esta perspectiva reconoce que la información por sí misma no es suficiente, sino que es necesario adquirir aptitudes esenciales para la vida y desarrollar una actitud y valores positivos. Por ello, una educación efectiva en sexualidad debe incluir oportunidades estructuradas que le permitan a la persona explorar sus valores y actitudes, y poner en práctica competencias esenciales para elegir la forma en que quiere conducir su vida sexual. La educación sexual integral representa un elemento central en la prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual y el embarazo no deseado y debe cubrir una amplia gama de temas.

Al respecto, el Instituto Nacional de Salud Pública, presentó en noviembre de 2014 su “Análisis sobre educación sexual integral, conocimientos y actitudes en sexualidad en adolescentes escolarizados”, que tuvo como fin evaluar la educación sexual integral impartida en México a través de la estimación de la satisfacción percibida, medición de los conocimientos existentes y las actitudes hacia la sexualidad entre la población adolescente escolarizada.

En él encontró que entre el 16 y 50 por ciento de los adolescentes recibieron educación sexual integral en la primaria. Este porcentaje aumentó a más del 80 por ciento durante la secundaria. Sin embargo, durante la escuela media superior solo la mitad de los adolescentes han revisado temas de Educación Sexual Integral en la escuela.

Asimismo, se observó que a pesar de que existen buenos niveles de conocimientos básicos sobre los anticonceptivos y el condón entre los adolescentes, se observa una falta de conocimientos sobre aspectos como la efectividad del condón, confianza o seguridad en poder negociar el uso de los preservativos y posteriormente utilizarlos.

Por otra parte, la mayoría de la población adolescente no identifica los métodos anticonceptivos efectivos como apropiados para ellos y una tercera parte concibe los anticonceptivos hormonales como dañinos para la salud. Asimismo, es preocupante que tan sólo el 3 por ciento de la población adolescente escolarizada sabe que la anticoncepción de emergencia se puede tomar hasta 120 horas después de una relación sexual no protegida.

Además, es importante destacar de este análisis, que la mayoría de los adolescentes no reconocen sus derechos en materia de salud sexual y reproductiva, lo que implica una barrera importante para el ejercicio de comportamientos protectores de la salud. Por ejemplo, sólo el 27.5 por ciento saben que tienen derecho a recibir anticoncepción de emergencia y sólo un poco más de la mitad saben que tienen derecho a recibir educación sexual y a recibir condones.

Otro tema que nos pareció relevante es relacionado con la comunicación sobre temas de la sexualidad entre padres e hijos, al respecto los resultados de este estudio indican que uno de cada cinco adolescentes escolarizados en México no tuvo comunicación con sus padres y madres sobre temas de salud sexual y reproductiva en los 6 meses anteriores a la encuesta. Este resultado es particularmente importante considerando que la fuente preferida de información sobre varios temas de salud sexual y relaciones en adolescente son los padres de familia.

Por lo anteriormente expuesto se presenta la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a los titulares de la Secretarías de Educación Pública y de Salud, para que en el ámbito de sus facultades y competencias instrumenten y desarrollen a nivel nacional programas, cursos y actividades en materia de planificación familiar y educación integral en sexualidad para las y los estudiantes de los niveles educativos de sexto de primaria a tercero de bachillerato, con el fin de crear conciencia sobre el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar y la paternidad responsable.

Notas

1 Ver Secretaría de Salud, Dirección General de información en Salud.; Echarri, Carlos. “Sobre la maternidad precoz”, México Social, Web, 01 de mayo de 2014. http://www.mexicosocial.org; Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Consulta Interactiva, Conjunto de datos: Población femenina de 12 años y más”, Censo de población y vivienda 2010. www.inegi.org.mx; Welti Chanes, Carlos. “Madres adolescentes y derechos sexuales”. México Social, Web, 01 de mayo de 2014. http://www.mexicosocial.org/; e INEGI: Censo de población y vivienda 2010.

2 Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) Análisis sobre educación sexual integral, conocimientos y actitudes en sexualidad en adolescentes escolarizados. INFORME FINAL. Noviembre de 2014. Disponible en

http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/transparencia/ estudios_opiniones/InformeFinal_INSP.pdf

3 Valle Favela, Evi Dilean. Iniciativa ganadora de la Convocatoria “Jóvenes con iniciativa por Sonora”. 2016

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de marzo de 2017.

Diputado Agustín Rodríguez Torres (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a difundir la información relativa a las acciones implantadas a fin de proteger a los migrantes de enero de 2017 a la fecha en territorio nacional y el extranjero, y el estado del proceso de implantación del Protocolo de Actuación para Asegurar el Respeto a los Principios y la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Procedimientos Administrativos Migratorios, a cargo del diputado Rafael Hernández Soriano, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Rafael Hernández Soriano, diputado federal de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. La migración, entendida como el cambio de residencia de una o varias personas de manera temporal o definitiva, generalmente con la intención de mejorar su situación económica, su desarrollo personal y familiar, o de huir de la violencia y los conflictos armados, ha ido en incremento con el paso de los años, convirtiéndose así en uno de los temas que requieren cada vez de mayor atención a nivel mundial.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el número total de migrantes internacionales ha aumentado de unos 174 millones de personas en 2000 a 244 en 2015. De ellos, se estima que uno de cada diez tiene menos de 15 años de edad.

Segunda. México, país con una larga tradición migratoria y que por su ubicación geográfica funge como un lugar de origen, destino, tránsito y retorno de las personas migrantes y sus familias, sin duda alguna, sigue enfrentándose a grandes desafíos en materia de migración y su atención a través de políticas específicas, dirigidas tanto a los emigrantes nacionales como para aquéllos internacionales que transitan por nuestro país.

Datos de la Organización Internacional para las Migraciones documentaron que el corredor de México-Estados Unidos funge como uno de los principales a nivel mundial, pues se estima que alrededor de un millón de mexicanos documentados e indocumentados migran hacia EUA cada año. A esta cifra, se suman los aproximadamente 400 mil mexicanos repatriados anualmente de la Unión Americana, de acuerdo con el Instituto Nacional de Migración.

Tercera. El gobierno federal de nuestro país, como parte del Plan Nacional de Desarrollo y la estrategia México con Responsabilidad Global, ha asumido un compromiso institucional específico a través del objetivo 5.4 que implica “velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los derechos de los extranjeros en el territorio nacional” y, a pesar de que el marco normativo nacional que se deriva es amplio, existen legislaciones y normas que establecen directrices claras en la materia.

Este compromiso y la viabilidad de nuestro marco normativo se han puesto a prueba, fuertemente, a partir de la llegada al poder de Donald Trump en Estados Unidos, pues las diversas órdenes ejecutivas que ha implantado sobre control fronterizo y vigilancia interna han propiciado una crisis, no sólo diplomática entre ambos países, sino también operativa en lo que hace a la gestión y control de la migración tanto de este como de aquel lado de la frontera.

Cuarta. En este marco, como parte del compromiso asumido en mi carácter Secretario de la Comisión de Derechos de la Niñez con los derechos humanos tanto de los migrantes en general como de la niñez en particular, sean connacionales o de cualquier nacionalidad, decidí visitar el puente fronterizo de Tijuana en Baja California, como parte del programa “Diputada Amiga, Diputado Amigo” en el que participé durante diciembre, a efecto de verificar el cumplimiento del referido marco normativo.

Como resultado de la serie de recorridos a refugios y albergues, así como de las entrevistas y reuniones que sostuve con diferentes actores inmersos en el tema, constaté la realidad que enfrenta la población migrante nacional y extranjera.

Quinta. De acuerdo con una investigación realizada por el periódico Excélsior, antes del 26 de mayo del año pasado, Tijuana contaba con 5 albergues para recibir a migrantes que pretenden cruzar al otro lado de la frontera y a connacionales deportados1 . En este escenario, la llegada de 120 mil haitianos a México, producto del huracán Matthew en Haití el año pasado, obligó al gobierno municipal a improvisar albergues en 11 iglesias.

Por otro lado, el Desayunador Salesiano “Padre Chava”, por mencionar uno de los albergues de la sociedad civil organizada visitados, atiende a aproximadamente a mil 200 migrantes diariamente, a pesar de que su capacidad es para 150 personas. Así también, el Centro Scalabrini, lugar en el que se tiene registrado que tan sólo durante el 2016, se atendieron alrededor de 5 mil migrantes.

De esta manera, la insuficiencia y sobrepoblación de los refugios y albergues gubernamentales es al día de hoy, irrefutable, pero también, lo son los esfuerzos que la sociedad civil ha realizado a pesar de las limitaciones y con el apoyo de la ciudadanía o agotando sus propios recursos para hacer frente a la problemática que ha rebasado a la capacidad oficial instalada en dicha región del país.

Por otra parte, según cifras del cuarto Informe de Labores 2015-2016 de la Secretaría de Gobernación, así como del último Informe de Labores del Instituto Nacional de Migración, en los apartados para Constatar la adecuada aplicación de la normatividad migratoria y el de Desarrollar políticas integrales de población y migración que contribuyan a la inclusión, la prosperidad y el ejercicio de derechos, respectivamente, se hace mención al Programa Integral de Supervisión, que tiene por objetivo identificar las áreas de oportunidad en materia de infraestructura, equipamiento y calidad de los servicios migratorios. Sin embargo, lo único a lo que se hace alusión es a las cinco supervisiones que se realizaron a las delegaciones federales del Estado de México, Hidalgo y San Luis Potosí, que cabe destacar, no son las zonas de mayor afluencia de migrantes en el país, ignorando así, la grave problemática que aqueja a los principales corredores de migrantes.

Asimismo, de acuerdo con información de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación 189 mil 417 migrantes recibieron algún tipo de orientación; 4 mil 756 fueron rescatados y a 135 mil 970 se les brindó asistencia social, cifras que se encuentran muy por debajo del promedio anual de migrantes que se registran en el país y a la que se hizo referencia con anterioridad.

Con relación al tema de la seguridad, de acuerdo con los datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se tiene el registro de mil 617 quejas, en su gran mayoría, por abuso de autoridad, extorsión y cobro excesivo de aerolíneas.

A su vez, el Informe Migrantes Invisibles, Violencia Tangible de la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem) expuso que el principal delito cometido por autoridades mexicanas en contra de la población migrante en tránsito es el robo, seguido por la extorsión, la privación ilegal de la libertad y lesiones2 .

Sexta. Respecto a la protección de los menores migrantes en nuestro país, el artículo 112 de la Ley de Migración, prevé un procedimiento de actuación por parte de las autoridades para el caso de que sean puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración. Lo anterior, se complementa con lo establecido en el artículo 176 del Reglamento de la Ley de Migración, así como con lo dispuesto en la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, además de los mecanismos de protección implementados por el Instituto Nacional de Migración, a través de los Oficiales de Protección a la Infancia.

No obstante, en el informe Problemática de niñas, niños y adolescentes centroamericanos en contexto de migración internacional no acompañados en su tránsito por México, se señaló que en los últimos seis años, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene el registro de 881 quejas de menores migrantes sobre su detención en México, de las cuales, más del 95 por ciento (840) tienen que ver con el Instituto Nacional de Migración; 34 de ellas señalan agravios por parte de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y siete estuvieron dirigidas al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, principalmente, por maltrato o extorsión.

En ese contexto, el pasado mes de agosto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el “Protocolo de Actuación para Asegurar el respeto a los principios y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en procedimientos administrativos migratorios”, mismo que durante la visita a la zona fronteriza en mención, se informó que a cuatro meses de su publicación, seguía en fase piloto.

Estos hechos, constituyen evidencia fehaciente de que no sólo el discurso oficial ha sido transgredido, sino que además, lo dispuesto en el texto normativo ha sido desatendido y ha originado que el Estado haya incumplido con sus obligaciones internacionales y constitucionales de respeto y garantía de los derechos humanos.

Aunado a lo antes expuesto, las órdenes ejecutivas del presidente de EUA, Donald Trump están agravando la situación ya precaria de cientos de miles de niños centroamericanos que huyen de la violencia y las penurias en El Salvador, Guatemala y Honduras3 . La expansión masiva de las medidas de control dispuesta en tales órdenes ejecutivas puede promover la detención y la expulsión de niños, especialmente los que no tienen familia ni tutores en Estados Unidos.

En 2016, cerca de 100 mil niños salieron de los países del triángulo norte de Centroamérica para emprender el peligroso viaje hasta Estados Unidos, y según las cifras de detenciones de los últimos meses, el número podría superar los 150 mil durante 2017.

Este contexto, no hace sino imponer una presión adicional a la de por sí ineficiente gestión migratoria en nuestro país, particularmente, en lo que se refiere a niñas y niños migrantes.

Séptima. De esta forma, a menos de dos meses del inicio de la administración de Donald Trump como Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, las órdenes ejecutivas atinentes al control fronterizo y vigilancia interna, en lo que hace a la población migrante irregular, ha puesto de relieve el endeble andamiaje legal e institucional de nuestro país, en materia de atención y gestión migratoria, el cual amenaza con no haber llegado aún al punto más álgido de una crisis que apenas comienza.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo federal haga pública la información relativa a las acciones y el presupuesto ejercido en su implementación para la protección de los migrantes, tanto nacionales como internacionales, en el período de enero de 2017 a la fecha en territorio nacional; así como sobre el proceso de reforzamiento de las instancias consulares y de atención a mexicanos en territorio estadounidense, derivado de las medidas del gobierno en aquel país en materia migratoria.

Segundo. La Cámara de Diputados solicita al Ejecutivo federal haga público el estatus en el que se encuentra el proceso de implementación del “Protocolo de Actuación para asegurar el respeto a los principios y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en procedimientos administrativos migratorios”, en el marco de la creciente afluencia de niñas y niños migrantes no acompañados hacia el vecino país del norte.

Notas

1 Periódico Excélsior. Muedano, Marcos. Albergues, refugio de migrantes; apoyan iglesias. (2017).[Electrónico]. (Recopilado de World Wide Web el 29 de enero de 2017 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/01/05/1137967)

2 Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes. (2014). Informe Migrantes Invisibles, violencia tangible de la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes. [Electrónico]. (Recopilado de World Wide Web el 29 de enero de 2017 http://www.sjmmexico.org.mx/wp-content/uploads/2015/07/informe-migrante s-2014.pdf

3 http://www.diariolasamericas.com/eeuu/ordenes-trump-ponen-ninos-centroa mericanos-la-espada-y-el-muro-n4114251

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el jueves 23 de marzo de 2017.

Diputado Rafael Hernández Soriano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener a suspender la ronda 2.2 de las licitaciones en materia de extracción y explotación de hidrocarburos en Chiapas, por el incumplimiento de los procedimientos previstos en la Ley para la Consulta de los Pueblos Indígenas y la amenaza latente de despojo y destrucción de sus territorios y recursos naturales, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, diputado ante la LXIII Legislatura de la honorable. Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral I, fracción I; y 79, numeral I, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Aprobada desde 2013, la reforma energética trajo para México una exacerbación de los procesos de expropiación, explotación y licitación de hidrocarburos y minerales valiosos en todo el territorio nacional. En Chiapas, su aplicación, vía la ronda de licitación 2.2, ha implicado la gestación de un fuerte conflicto que amenaza la cultura y territorio del pueblo Zoque que habita el noroeste del estado. Tal conflicto es producto de la imposición y corrupción en la que han incurrido autoridades federales e instancias de gobierno locales, quienes en incuestionable incumplimiento de los procedimientos previstos en la Constitución Federal y otros ordenamientos internacionales en la materia, se han dedicado a engañar a los habitantes de los municipios de Tecpatán, Francisco León, Ostuacán y Chapultenango, entre otros, a través de la realización de asambleas artificiales de diversa índole, con el objetivo de legitimar un proceso de consulta sobre la implementación de proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos en la región.

Cabe recordar que en agosto pasado el gobierno federal dio a conocer, mediante la Secretaria de Energía, la apertura de una nueva etapa del proceso de licitación para la repartición de concesiones de pozos de extracción de hidrocarburos llamada Ronda 2.2. El resultado de esta etapa fue la asignación de 12 áreas para la exploración y explotación de hidrocarburos; de entre ellas, dos polígonos ocupan parte importante del territorio que históricamente ha sido ocupado por el pueblo Zoque, tanto en el estado de Chiapas como en el vecino de Tabasco, se trata de los bloques 10 y 11.

El bloque 10 abarca un total de 42 mil 600 hectáreas ubicadas en los municipios Tecpatán, Fráncico León y Ostuacán, reduciendo el territorio ocupado y aprovechado actualmente por los Zoques en un 50 por ciento, 75 por ciento y 15 por ciento respectivamente. Por su parte, el bloque 11 incluye un territorio de 41 mil 900 hectáreas, que abarcan los municipios de Chapultenango, Ixtacomitán, Ixtapangajoya, Pichucalco, Solosuchiapa, Sunuapa y Teapa (Tabasco). En total, el proceso de licitación suma diez municipios y 84 mil 500 hectáreas ubicadas a lo largo de un territorio cuya legítima propiedad pertenece al pueblo Zoque (véase mapa 1). Ante la amenaza constante del despojo de sus tierras que han resultado de la licitación de CNH-R02-L02/2016, las comunidades Zoques de Chiapas se han congregado en el Movimiento de Pueblos Originarios en Resistencia (Mopor).

Mapa 1. Bloques licitados derivados de la reforma energética

En este contexto, el 7 de septiembre de 2016 tuvo lugar una asamblea de carácter informativa y no deliberativa en Tecpatán, presidida por el presidente municipal Armando Pastrana Jiménez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en la que participó la representación en el estado de la Secretaria de Energía (Sener) así como diversas autoridades comunitarias. Sin embargo, pese a las características de la asamblea, el alcalde se sirvió de ella para justificar la aprobación de la extracción de hidrocarburos en la región. Este procedimiento irregular se replicó en 4 de los 10 municipios de la región, en el resto las autoridades ni siquiera se ocuparon en simular el protocolo tradicional necesario que exige la planeación e implementación de este tipo de proyectos.

Para dar cauce a los objetivos impulsados por la Sener, en el mes de octubre del 2016 se realizaron asambleas con el carácter de informativas en los municipios de Tecpatán y Francisco León en las que se dieron a conocer las condiciones y características del proceso de licitación. No obstante, se excluyó en el informe los impactos ambientales del proyecto. Asimismo, se programó la realización de asambleas que conjuntarían a las autoridades de la Sener y de las diversas comunidades afectadas a fin de dar continuidad con el proceso comunitario de toma de decisiones e iniciar la consulta formal. Sin embargo, al día de hoy, dichas asambleas siguen sin realizarse.

El único caso en el que la población efectivamente decidió participar en un procedimiento de consulta en relación al área contractual número 11 fue el de la comunidad de La Candelaria, perteneciente al municipio de Ixtacomitán; situación contraria a lo que ha sucedido en los municipios de Tecpatán y Francisco León, en donde el proceso solamente ha sido acompañado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

Por fortuna, los ayuntamientos de Tecpatán y Francisco León han facilitado el acceso a información sobre los requerimientos, procedimientos y consecuencias de la extracción de los hidrocarburos. En consecuencia, las comunidades han manifestado una postura firme en contra de la construcción de los pozos para la extracción de hidrocarburo, contemplados en el área 10 y 11, licitados en la Ronda 2.2. Esta postura responde, en primer lugar, a la ausencia del debido acompañamiento por parte de instituciones como la CDI y la Secretaria para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. En segundo, porque no fueron cumplidas las condiciones mínimas de debido proceso durante el procedimiento de consulta a los pueblos indígenas de la región. Finalmente, por los incontables impactos negativos y consecuencias irreversibles que el proceso de extracción de hidrocarburos tendrá para la región, la población y el medio ambiente.

Así pues, estos proyectos no sólo implican el sistemático despojo de tierras comunales y ejidales en manos del pueblo Zoque, así como el desplazamiento forzado de cientos de personas sin alternativa de reubicación, sino que serán responsable de la contaminación inédita de suelo, subsuelo, mantos friáticos, ríos y ríos subterráneos, cuencas hídricas y aire en la región, causando graves desequilibrios ambientales y pérdidas irreparables de la biodiversidad, daño patrimonial, disminución e intoxicación de la producción alimentaria, junto con daños irreversibles a la salud pública.

Frente a la cada vez más latente amenaza de una ola de despojos derivada de la implementación de la reforma energética en Chiapas, las comunidades Zoques han organizado reuniones, asambleas y foros que han servido como espacios de socialización del conocimiento que ha logrado generarse en la materia, ante la falta de información difundida por las autoridades estatales, por parte de los propios pobladores, a través del cual se ha concientizado a las comunidades sobre las razones de no avalar la instalación de pozos de extracción de hidrocarburos en la región. Esto los ha llevado a realizar diversas declaraciones en medios de comunicación locales y nacionales para denunciar públicamente los hechos.

De lo anterior, ha resultado la suscripción de veinte actas de asambleas comunales y dos actas de asambleas ejidales, en las que las comunidades Zoques han determinado rechazar la entrega de los permisos correspondientes para iniciar el proceso de licitación y, por consiguiente, se otorguen las concesiones para el aprovechamiento de los pozos de extracción de hidrocarburos que pertenecen al bloque 1. Los pueblos sustentan esta postura en razón de que la implementación de este tipo de proyectos sólo deja para los más desfavorecidos el agravamiento de sus condiciones de vida, mientras alientan la introducción de grupos de delincuencia organizada detrás de las empresas ganadoras de las licitaciones. Sin embargo, el principal motivo del rechazo colectivo a la explotación del territorio Zoque es la válida preocupación por el daño ambiental y la división comunitaria que ésta traería, causada por la cooptación y confrontación de los pueblos, inducida por las empresas y autoridades federales y estatales.

Las firmas contenidas en las actas comunales y ejidales suman un total de 1406, todas ellas pertenecientes a habitantes del municipio de Chapultenango que respaldan las decisiones acordadas en asamblea. A estas se agregan 256 firmas de adolecentes de Chapultenango, que manifiestan un contundente rechazo a la amenaza de despojo y sobreexplotación de los recursos naturales. A través de estos testimonios, las comunidades y pobladores exigen la realización de asambleas auténticas en los barrios y ejidos que integran el municipio de Chapultenango para que, en un proceso de autoconsulta que integre a todas las comunidades indígenas que ahí habitan, se tomen, de conformidad con los sistemas normativos propios de la cultura y la región, las decisiones sobre la cesión de tierras para la instalación de pozos de extracción de hidrocarburos en los municipios de los pueblos zoques.

Cabe señalar que, en caso de concretarse la decisión sobre la construcción de pozos para la extracción de hidrocarburos en el territorio Zoque, esta constituiría una grave violación al convenio número 169 de la OIT, normativa internacional ampliamente aceptada en materia de derechos de los pueblos indígenas y tribales, establecida desde el año de 1989.

Para comenzar, la medida transgrediría con lo establecido en artículo 2o., mediante el cual se obliga a los gobiernos a establecer acciones coordinadas con los pueblos indígenas a fin de proteger sus derechos humanos y garantizar su integridad. Por su parte, el párrafo segundo del artículo 3o. prohíbe en forma categórica el uso de cualquier forma de fuerza o coerción que derive la violación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas. Asimismo, el artículo 6o. exhorta a los gobiernos a consultar a los pueblos mediante procedimientos adecuados; en ese mismo sentido, el artículo 7o. establece el “derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera”. Más aún, el artículo 15 del Convenio establece que:

“En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras...”

En consonancia, el artículo 16 prohíbe el traslado y la reubicación de los pueblos de las tierras que ocupan.

La decisión de continuar con la licitación de la Ronda 2.2 en el estado de Chiapas, sin tomar en consideración la opinión de los pueblos que ahí habitan, implicaría también importantes violaciones a diversos ordenamientos nacionales. En este sentido, destacan la afectaciones a la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que en su artículo 2o., fracción XVI, establece, respecto al objeto y funciones de la CDI, que ésta deberá establecer “las bases para integrar y operar un sistema de información y consulta indígena, que permita la más amplia participación de los pueblos, comunidades, autoridades e instituciones representativas de éstos, en la formulación, ejecución y evaluación de los programas, proyectos y acciones gubernamentales”.

Por el efectivo cumplimiento de esta función, la CDI dispone del Sistema de Consulta Indígena, el cual establece con toda claridad en su documento normativo las etapas que conforman una consulta:

1. Definición de acuerdos básicos entre las instancias interesadas en la consulta, ya sean federales, locales y municipales, académicos e indígenas;

2. Diseño y programación de la consulta para garantizar los procedimientos adecuados, incluyendo la información previa, el levantamiento de información mediante talleres, coloquios, foros, grupos focales, entrevistas a profundidad, etcétera;

3. Aplicación de la consulta;

4. Reintegración de los resultados a la población consultada, instancias de gobierno y académicos mediante publicaciones y diferentes mecanismos de difusión;

5. Seguimiento de los resultados de la consulta mediante la implementación de acciones complementarias.

El cumplimiento de todas estas etapas, de conformidad con los principios de diversidad, equidad, permanencia, transparencia, representatividad y cumplimiento a la palabra que establece la normativa en la materia, es indispensable para afirmar que México goza de un pleno estado de derecho y que sus instituciones se apegan al debido proceso.

En el marco de lo descrito en líneas previas, el 13 de febrero del año en curso se realizó una manifestación que conjuntó a representantes de diversas comunidades frente a la Presidencia Municipal de Tecpatán, en la que externaron su rechazo a los proyectos de extracción de hidrocarburos. El alcalde Armando Pastrana Jiménez reprimió la protesta mediante excesos y abusos de la fuerza pública, al tiempo que giró 32 órdenes de aprensión contra representantes y activistas de la región.

Entre las personas perseguidas se encontraba la activista Silvia Juárez Juárez, quien desde septiembre de 2016 se había involucrado en la lucha por el respeto al territorio indígena Zoque frente a la extracción minera y la explotación de pozos petroleros y desde entonces, se había convertido en uno de los rostros más reconocidos de la defensa del territorio comunitario y los derechos de los pueblos indígenas. Por su activismo, Silvia Juárez fue detenida, en una operación efectuada en la más ignominiosa irregularidad, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, aproximadamente a las cuatro de la tarde, acusada por supuestos delitos de motín, daños y secuestro.

Su detención constituye una fragante violación a diversas disposiciones de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, entre las que destaca lo contenido en el artículo 6o., que establece que “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa”; en el artículo 9o., que determina que “no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito -y tampoco- no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito”; y en el artículo 11, a través del cual se consagra el derecho al libre tránsito dentro del territorio mexicano.

Asimismo, la detención arbitraria de Silvia Juárez conlleva la violación de numerosos tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre lo que sobresale el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que en su artículo 14 especifica la importancia del derecho al debido proceso ante cualquier acusación judicial, aludiendo que “toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley”. Por otra parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) establece en su artículo 8o. que “toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”.

Asimismo, para la correcta caracterización del agravio cometido en contra de los derechos y dignidad de Silvia Juárez conviene recurrir al concepto de privación de la libertad estipulada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la define como:

“Cualquier forma de detención, encarcelamiento, institucionalización, o custodia de una persona, por razones de asistencia humanitaria, tratamiento, tutela, protección, o por delitos e infracciones a la ley, ordenada por o bajo el control de facto de una autoridad judicial o administrativa o cualquier otra autoridad, ya sea en una institución pública o privada, en la cual no pueda disponer de su libertad ambulatoria”.

En ese tenor, los actos cometidos el 13 de septiembre del 2016 contra la activista Silvia Juárez violentan también lo establecido en el PIDCP, que en su artículo 9o. establece que ningún individuo “podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad”; Además, transgreden lo señalado en el artículo 7o. del CADH, mediante el cual se señala que “nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios”, siendo siempre informados de las razones que motivan su detención para ser presentados ante un juez sin demora alguna.

Por todo lo expuesto y fundando, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Energía de la Federación, a suspender la ronda 2.2 de las licitaciones en materia de extracción y explotación de hidrocarburos en el estado de Chiapas, en virtud del sistemático incumplimiento de los procedimientos previstos en la ley para la consulta de los pueblos indígenas y la amenaza latente de despojo y destrucción de sus territorios y recursos naturales.

Segundo. Se exhorta a la Procuraduría General de Chiapas a revalorar los elementos que le han llevado a presumir la comisión de los delitos de motín, secuestro y daños, que se han atribuido a la ciudadana Silvia Juárez Juárez y, en caso de que determine que la conducta o los hechos no son constitutivos de delito, conforme a la descripción típica contenida en la ley penal o que la inculpada no tuvo participación en los delitos que se persiguen, promueva, con sustento en el artículo 138 del Código Federal de Procedimientos Penales, el sobreseimiento del proceso penal, así como su libertad absoluta.

Tercero. Se exhorta al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, cesen en los actos de intimidación, represión y criminalización de defensores de derechos humanos e indígenas, especialmente sobre quienes pesan órdenes de aprehensión y quienes actualmente se encuentran siendo investigados por el delito de motín y secuestro, con motivo de su activismo político y social en defensa de los territorios Zoques en Chiapas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2017.

Diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades federales, estatales y municipales a atender la problemática relativa a las áreas naturales protegidas de Jalisco, a cargo de la diputada Laura Valeria Guzmán Vázquez, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, legisladora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados; somete a consideración de esta asamblea la presente proposición de conformidad con las siguientes

Consideraciones

El artículo 3, fracción II, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, señala que las áreas naturales protegidas son las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren de ser preservadas y están sujetas al régimen de la ley.1

Regulación que se retoma en la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Jalisco, en su artículo 3, fracción II, la cual señala que son áreas naturales protegidas las zonas del territorio estatal en que los ecosistemas originales que las conforman no han sido significativamente alterados por la actividad del hombre, y que han quedado sujetas al régimen de protección.”2

Establecer, proteger y/o conservar las áreas naturales protegidas, conlleva muchos beneficios como son: la captación del exceso de dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera; regulación climática; conservación de las reservas de agua de una región y mejora de su calidad; protección contra el impacto de eventos meteorológicos como los huracanes; control de la erosión; reducción en la probabilidad de serias inundaciones y sequías; mantenimiento de la fertilidad de los suelos; control de plagas y garantía de polinización de cultivos.3

Las áreas naturales protegidas pueden ser de orden estatal o municipal y se establecen mediante decreto ya sea del titular del Poder Ejecutivo local o por Congreso del estado a iniciativa de los gobiernos municipales.

En ese orden de ideas, el estado de Jalisco cuenta con más de 8 áreas naturales protegidas: Sierra del Águila, que se encuentra en los Etzatlán, Ameca, Ahualulco de Mercado el San Juanito de Escobedo; Cerro Viejo-Chupinaya-Los Sabinos, ambas catalogadas como áreas estatales de protección hidrológica; el Bosque Mesófilo Nevado de Colima, catalogada como parque estatal, ubicada en San Gabriel, Tuxpan, Zapotlán de Vadillo y Zapotlán el Grande y El Salado, catalogada como zona de conservación ecológica, ubicada en Puerto Vallarta.4

A nivel municipal tenemos La Barranca del Río Santiago, el Bosque El Nixticuil-San Esteban-El Diente; El Arroyo La Campana-Colomos III, éstas ubicadas en el municipio de Zapopan, y Bosques Los Colomos I y II, ubicada en el municipio de Guadalajara, todas ellas consideradas como áreas municipales de protección hidrológica .

Derivado de la importancia que representa la conservación de estas áreas, el día de hoy de manera enunciativa más no limitativa, subimos a esta tribuna para hacer del conocimiento la problemática que prevalece en el área municipal de protección hidrológica El Arroyo la Campana-Colomos III, ubicada en el municipio de Zapopan, en la que se pretende llevar a cabo un gran desarrollo habitacional, gracias a una resolución emitida por el Tribunal Administrativo del estado.

Cabe destacar que esta área natural de protección hidrológica contribuye a la preservación del sistema hidrológico que hace posible la sobrevivencia de los manantiales y la recarga del acuífero de Atemajac, a partir del área natural protegida Bosque La Primavera, la cuenca endorreica El Bajío del Arenal y la sub cuenca Atemajac-Colomos, áreas estratégicas para la sustentabilidad del área metropolitana de Guadalajara.5

Como ya se mencionó, en esta área natural protegida así declarada por el Congreso del estado, se pretende construir cuatro mil viviendas al amparo de una suspensión otorgada por afirmativa ficta a particulares por el Tribunal Administrativo del estado, en la que busca obligar al municipio de Zapopan a modificar el uso de suelo en esa zona, excediendo completamente sus facultades.

Situación que resulta a todas luces violatorio del artículo 58 de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, el cual establece que:

“Artículo 58. Una vez decretada y delimitada un área natural protegida, sólo podrá ser aumentada su extensión y, en su caso, se podrán cambiar las restricciones de usos del suelo por la autoridad que la haya establecido , de conformidad con los estudios que al efecto se realicen para aumentar su extensión o para cambiar las restricciones de usos del suelo.”

Es decir, que para que se pueda aumentar su extensión o cambiar o eliminar las restricciones de uso de suelo previamente establecidos por los planes parciales, lo debe otorgar la autoridad que la emitió, que en este caso fue el Congreso del Estado de Jalisco, de acuerdo a las atribuciones que le otorga el artículo 54 de la ley en comento, que a la letra dice:

“Artículo 54. Las áreas naturales protegidas de competencia estatal se establecerán mediante decreto expedido por el gobierno del estado ; las áreas naturales protegidas de competencia municipal se establecerán mediante iniciativa del municipio correspondiente y decreto del congreso del estado ...”

En ese sentido, la solicitud de declaratoria de área municipal de protección hidrológica del predio Colomos III, fue tramitado ante el Congreso del estado por lo que no es facultad del presidente municipal de Zapopan, otorgar el cambio de uso de suelo, sino el Congreso del estado en caso de que procediera.

Con el fin de conocer el procedimiento que se siguió para su declaratoria se hace una pequeña exposición al respecto:

1. Con fecha 27 de septiembre de 2013, se acordó mediante el dictamen 221/11, enviar al Congreso del Estado de Jalisco la iniciativa para declarar como área municipal de protección hidrológica el predio conocido como Arroyo La Campana-Colomos III, en el municipio de Zapopan, Jalisco.

En dicho acuerdo se expone que:6

a. En sesión ordinaria del Ayuntamiento de fecha 30 de junio de 2011, se dio cuenta de una solicitud presentada por el Parlamento de Colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara, AC, con el fin de que el ayuntamiento estudiara y, en su caso, autorizara la declaratoria como área municipal de protección hidrológica a la Cuenca Colomos-Atemajac dentro del municipio de Zapopan.

b. Por su parte, el 24 de noviembre de ese mismo año, diversos ciudadanos representantes de Ciudadanos por los Colomos, solicitaron al presidente municipal de Zapopan, declarar como área natural protegida bajo la categoría de protección hidrológica al predio conocido como Arroyo la Campana-Colomos III.

c. Con el fin de dar cumplimiento a lo señalado en la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se hicieron los avisos de consulta pública y se realizaron diversos foros, mesas de trabajo y talleres.

d. Se presentó el estudio técnico justificativo para hacer la declaratoria por parte de la Dirección General de Ecología.7

e. Se presentó el Programa de Aprovechamiento para el Área Municipal de Protección Hidrológica Arroyo La Campana-Colomos III, que permitirá proteger, restaurar, conservar, preservar y aprovechar racional y sostenidamente los recursos naturales que ahí se encuentran.

f. Se contó con el programa operativo anual, que establece los objetivos y metas a alcanzar en el periodo de un año.

2. Una vez aprobado el acuerdo del ayuntamiento el 27 de septiembre de 2013, se envió al Congreso del estado, mismo que lo aprobó el 17 de julio de 2014 y fue publicado por el Ejecutivo estatal en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, el 31 de julio de 2014.8

En ese orden de ideas, la suspensión emitida por el Tribunal Administrativo del estado, resulta a todas luces contraria a derecho, dado que no es el presidente municipal de Zapopan el facultado para otorgar el cambio de uso de suelo, sino el Congreso de Jalisco, aunado a que consideramos que la resolución emitida en este caso por la Sexta Sala podría estar extralimitando sus facultades de resolución.

Sin embargo, no es el único caso que se conoce respecto de emitir suspensiones en favor de particulares en perjuicio del interés general.

Así lo señaló el José Luis Tostado Bastida, síndico municipal, en la página oficial del gobierno de Zapopan, en la cual se informa que “a raíz de la revisión de varios expedientes en trámite en sindicatura, en particular del expediente 1102/2015, hemos identificado conductas que, a nuestro opinión, constituyen la posible comisión de delitos en la administración de justicia consistentes en la ejecución de actos o en incurrir en omisiones que produzcan daño o concedan una ventaja indebida a los interesados en un negocio y, particularmente, por haber dictado una resolución de fondo o una sentencia definitiva con violación a algún precepto terminante de la ley... Adicional a lo anterior, señala el síndico se presentará otra denuncia penal en la que se incluirán cinco expedientes más, en los que se muestra que el magistrado Alberto Barba, pudo haber incurrido en un exceso de sus funciones al emitir medidas cautelares, así como dar valor probatorio a documentos falsos, aún a sabiendas que están ratificados como apócrifos ante la Fiscalía General del estado.”8

Aunado a lo anterior, en una nota periodística publicada el 30 de mayo de 2013, en el portal del Informador.com.mx10 , se informa que las suspensiones del Tribunal Administrativo del Estado (TAE) se dispararon desde 2010.

La nota señala que “... el TAE se ha convertido en un tribunal que no necesariamente actúa en defensa del interés general, ya que se han multiplicado las suspensiones y las sentencias que no reflejan regularidad en los criterios que utiliza... Algunos casos clarifican esta relación entre favorecer el interés privado o el interés general... Por un lado, el tribunal falla para proteger a ciudadanos del aumento de transporte, pero por otro aprueba la construcción de casas residenciales en zonas industriales; u ordena a los municipios que destraben la inauguración de una plaza comercial, mientras reclama el cumplimiento de los criterios de impacto ambiental en otras edificaciones....”

A mayor abundamiento, el diario Milenio en su publicación del 9 de marzo pasado señala11 :

“Dos de los magistrados del Tribunal Administrativo del estado son los responsables de 80 por ciento de los casos resueltos en contra del interés público de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Tantas perlas se han acumulado, que el ayuntamiento de Zapopan presentó una denuncia ante la fiscalía en contra del magistrado Alberto Barba, el 18 de marzo de 2016. Posteriormente, el 17 de agosto de 2016, basándose en 36 procedimientos de afirmativas fictas tramitados, de 2012 a 2015 , el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, presentó, también, otra solicitud de juicio político ante el Congreso de Jalisco, y una denuncia penal contra el magistrado Barba. A los ayuntamientos de Zapopan y Guadalajara se sumó finalmente el gobierno de Jalisco. Buenas noticias.

Roberto López Lara, secretario general de Gobierno, acudió al Congreso del estado el pasado 6 de marzo para solicitar que se inicie un juicio de procedencia en contra del magistrado Alberto Barba Gómez, a petición de la Fiscalía de Jalisco. Según lo ahí señalado por el fiscal, a Barba Gómez se le imputa la comisión de delitos relacionados con la administración de la justicia y otros ramos del Poder Público derivados de la querella que interpuso Zapopan el 22 de junio de 2016 . Hasta ahora, al magistrado se le acusa de delitos de abuso de autoridad, fraude procesal, ejercicio indebido del servicio público y aprovechamiento indebido de atribuciones .”

En ese orden de ideas, es importante que las autoridades federales, locales y estatales tomen cartas en el asunto. Reconocemos las acciones tomadas por el hoy presidente municipal de Zapopan de no acatar la resolución emitida por el Tribunal Administrativo del Estado, así como el aseguramiento de las 12 hectáreas que se realizó la semana pasada en el predio Colomos III; y la solicitud del gobierno estatal de requerir la intervención del Congreso del estado; sin embargo es indispensable la conjunta actuación de todos los órdenes de gobierno, pues no es con desacatos de ninguna autoridad que debe buscarse salvaguardar el estado de derecho o la conservación de las áreas naturales.

Por ello, se deben tomar acciones que ataquen el problema de fondo, acciones que garanticen los plenos derechos humanos de la sociedad, como es el caso de gozar de un medio ambiente sano y el acceso al agua potable y al saneamiento establecido en el artículo 4o. constitucional y de las demás normas aplicables.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la presente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, vigile y promueva, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, para salvaguardar las áreas naturales protegidas, reconocidas en Jalisco.

Segundo. Se exhorta a la Comisión Nacional del Agua, para que dentro del ámbito de su competencia, revise todas y cada una de las concesiones que se han otorgado en la zona metropolitana de Guadalajara, específicamente en la zona que corresponde al Área Municipal de Protección Hidrológica Arroyo la Campana-Colomos III, el estado en que se encuentran y el cumplimiento del objeto de las mismas y, en su caso, proceda a revocarlas en caso de incumplimiento y daño generado en las zonas concesionadas.

Tercero. Se exhorta al gobierno del estado de Jalisco, para que participe en el ámbito de su competencia, en la atención y solución de la problemática que está afectando el equilibrio ecológico, no sólo en caso particular que se comenta en el cuerpo del presente punto de acuerdo, sobre la afectación que está sufriendo el área municipal de protección hidrológica Arroyo la Campana-Colomos III; sino proteger y salvaguardar todas las áreas naturales protegidas ubicadas en Jalisco.

Cuarto. Se exhorta al Congreso del Estado de Jalisco, para que lleve a cabo la revisión del marco normativo que regula el actuar del Tribunal de lo Administrativo del estado, cuando se trate del otorgamiento de suspensiones, a través de la afirmativa ficta y a que realice una puntual revisión de la denuncia y, en su caso, procedencia de juicio político en contra de los magistrados denunciados.

Quinto. Se exhorta al Congreso del Estado de Jalisco para que lleve a cabo la revisión del marco normativo que regula el equilibrio ecológico y la protección al ambiente, con el fin de que se establezcan mejores mecanismos que no permitan los cambios de uso de suelo cuando se trate de áreas naturales protegidas.

Sexto. Se exhorta al Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, para que revise las suspensiones otorgadas a favor de particulares, por medio de las cuales se afectan áreas naturales protegidas y se realice un análisis exhaustivo y puntual para determinar si existe exceso en las mismas.

Séptimo. Se exhorta a los presidentes municipales de Zapopan y de Guadalajara para que vigilen la estricta observancia de los planes parciales de desarrollo urbano que regulan y protegen el uso de suelo en las diversas áreas naturales protegidas como el área municipal de protección hidrológica Arroyo La Campana-Colomos III.

Notas

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148_240117.pdf, pág. 12

2 http://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/default/ files/Ley%20Estatal%20del%20Equilibrio%20Ecolgico.pdf

3 https://www.cronicaambiental.com.mx/zona-verde/la-importancia-de-las-ar eas-naturales-protegidas/

4 http://www.conacyt.mx/cibiogem/index.php/anpl/jalisco

5 Ibídem, pág. 16.

6 http://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2013/12/Iniciativa-221-11-Declaratoria-
%C3%81rea-Municipal-de-Protecci%C3%B3n-Hidrol%C3%B3gica-Arroyo-La-Campana-Colomos-III.pdf

7 Los objetivos de la Declaratoria de Área Municipal de Protección Hidrológica Arroyo La Campana-Colomos III, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, son los siguientes: • Proteger y conservar el manantial de La Campana y los arroyos La Campana y Agua Prieta como fuente natural de agua, para su captación y abastecimiento en beneficio de los habitantes de los municipios de Guadalajara y Zapopan. Además, de convertirse en un recurso pedagógico para el fomento de una cultura ambiental; • Contribuir a la permanencia de los recursos naturales del Área Natural a proteger, con el fin de garantizar la continuidad genética del ecosistema y de los servicios ambientales que brinda; • Regular las actividades antropogénicas dentro del área natural a proteger, mediante la inspección y vigilancia, bajo el marco jurídico de la materia; • Fomentar entre los usuarios y pobladores del Área Metropolitana de Guadalajara, la concientización ambiental en torno a la protección y conservación, así como la preservación responsable de los recursos naturales; • Establecer los lineamientos y acciones para el correcto manejo y administración del Área Natural Protegida, mediante la coordinación entre sociedad civil y gobierno.

8 Es de suma importancia destacar que la Declaratoria como Área Municipal de Protección Hidrológica al Arrollo la Campana-Colomos III, no impone derechos reales sobre la propiedad, lo único que hace es regular el uso de suelo que le deben dar los propietarios o poseedores a fin de conservar la biodiversidad y los bienes y servicios ambientales.

9 http://www.zapopan.gob.mx/gobierno-de-zapopan-denuncia-penalmente-a-alberto-barba-magistrado
-del-tribunal-administrativo-del-estado-tae/

10 http://www.informador.com.mx/jalisco/2013/461255/6/las-suspensiones-del-tae-se-dispararon-desde-2010.htm

11 http://www.milenio.com/firmas/gabriel_torres_espinoza/
magistrado-a_lberto_barba-indefendible-milenio_18_916888366.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2017.

Diputada Laura Valeria Guzmán Vázquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Judicial de Chiapas a liberar inmediatamente a los ciudadanos Rafael Jiménez Aréchar, Mercedes del Carmen Robles Bustamante, Sairy Jazmín Martínez Camacho, Jorge Ricardo García Ramos y Óscar Alfonso Constantino Ortega, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, diputado ante la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral I, fracción I; y 79, numeral I, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

De 2008 a 2012, periodo que comprendió la administración de Juan José Sabines Guerrero al frente de la gubernatura del estado de Chiapas, y de 2013 a la fecha, correspondiente a la administración estatal encabezada por Manuel Velasco Coello, el Gobierno de Chiapas se ha mantenido en la negativa de cumplir con el pago de facturas por contratos de compra-venta y servicios ofrecidos a diversas dependencias, entre los que se incluyen los suscritos con los empresarios integrantes de la agrupación de Empresarios Chiapanecos Organizados (ECHO), quienes, cansados de no recibir el pago respectivo por los servicios prestados al Gobierno del Estado, decidieron emprender una serie de acciones para denunciar la situación, iniciada con una rueda de prensa celebrada el 27 de enero de 2016 a las afueras del Palacio de Gobierno, a fin de exigir el pago de las facturas pendientes. Ese mismo día, la Secretaría General de Gobierno del Estado de Chiapas atendió al grupo de empresarios que encabezaban la rueda de prensa, manifestándoles su promesa del cumplimiento de pago a sus deudas al día siguiente.

Sin embargo, contrario a las expectativas de los inconformados, los pagos no se efectuaron. Por el contrario, se inició una campaña de persecución e intimidación en su contra basada en auditorías impuestas por la Secretaria de Hacienda de la entidad. Asimismo, el gobierno del estado procedió a congelar las cuentas bancarias de tres de los implicados, situación que subsiste hasta la fecha. Este es el caso de los señores Óscar Constantino y Rafael Jiménez Aréchar, ambos actualmente detenidos por el supuesto delito de despojo agravado. Cabe señalar que, en las indagatorias fiscales iniciadas a partir de tales acusaciones, mediante las cuales las instancias públicas correspondientes hurgaron entre toda la documentación contable en manos de los empresarios, nunca se encontró prueba alguna de los señalamientos en su contra. Pese a ello, la intimidación hacia los empresarios continuó.

A lo largo de todo este tiempo, los empresarios sufrieron el constante asedio por parte del gobierno del estado, con la finalidad de hacerlos desistir de sus reclamos por el pago de sus facturas –que por derecho les sigue correspondiendo–. Ante estos hechos, un número cada vez más cuantioso de empresarios fueron agregándose y conjuntándose para exigir también el pago de facturas que no habían sido solventadas por la prestación de servicios prestados a distintas dependencias del estado, llegando a ser más de cien empresarios los que reclamaban el cumplimiento del pago por deudas contraídas, tanto durante la administración del ex gobernador, Juan José Sabines Guerrero, como del actual mandatario del estado, Manuel Velasco Coello.

En este contexto, los empresarios acudieron a distintas instancias del gobierno del estado para entablar un diálogo franco y abierto con el afán de obtener una respuesta satisfactoria a sus peticiones, sin embargo, éstos recibieron siempre de parte de los funcionarios públicos que les atendían evasivas y engaños, por lo que, cansados de este tipo de trato, el 23 de febrero de 2017 decidieron realizar un plantón pacifico a las afueras del edificio público denominado “La Torre Chiapas”, sitio en donde se localizan las oficinas de distintas dependencias del Gobierno del estado, entre las que destacan las Secretarías de Hacienda, de Turismo, de Economía y de la Función Pública, entre otras. El edificio se encuentra ubicado sobre el bulevar Andrés Serra Rojas 1090, colonia El Retiro, CP 29045, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Para llevar a cabo dicho plantón, los empresarios se sirvieron de una ambulancia, equipo electrónico y baños portátiles, sin embargo, la presencia de dichos objetos en ningún momento implicó la interrupción de los servicios de gobierno ofrecidos a la ciudadanía, ni la obstaculización de las entradas y salidas del edificio. Durante la realización del plantón, el personal de las distintas dependencias pudo ingresar y desocupar con toda normalidad el edificio, sin que la presencia de los inconformes haya implicado impedimento para su tránsito ni la realización de labores. El único lugar ocupado por los empresarios con casas de campaña fue el de la plaza cívica del inmueble. El civismo y prudencia de los manifestantes incluso alcanzó a despertar la simpatía hacia el movimiento entre muchos de los trabajadores que laboran al interior de la Torre Chiapas. Con frecuencia, mientras se mantenía el plantón en la plaza cívica, los empresarios salían a la calle a efectuar diferentes manifestaciones de denuncia pacífica, entre las que resalta su campaña “Si nos apoyan toca tu claxon”, que utilizó globos aerostáticos entre los que se incluía uno con la figura del gobernador Manuel Velasco Coello junto al que se leía la leyenda: “Gobierno del Estado, páganos”.

Después de diez días de mantenerse en plantón a las afueras de la Torre Chiapas y en virtud de que la manifestación pacífica seguía sin ser atendida por el Gobierno del Estado, los empresarios decidieron, el 1 de febrero del 2017, dirigir el centro de la protesta a la Casa de Gobierno. Ese mismo día, ya apostados frente a la Casa de Gobierno, la Secretaría de Gobierno del estado emplazó a los empresarios a levantar la manifestación a fin de dar inicio a las negociaciones. Ante estas declaraciones, los empresarios, en un acto de buena fe, suspendieron el plantón y se trasladaron al Palacio de Gobierno para comenzar con el proceso. Ya reunidos con autoridades estatales, los empresarios hicieron pública la entrega de un documento en donde se hacía constar el monto total de la deuda que sostenía el Gobierno del estado con los empresarios del grupo ECHO, cuyo valor asciende a 180 millones de pesos.

Una vez concluida la reunión y ante la promesa asumida por parte de los funcionarios del Gobierno del Estado de cumplir oportunamente con los pagos pendientes de cada uno de los empresarios (toda vez que se exhibiera documentación suficiente para dar prueba de las facturas en adeudo), estos procedieron a retirarse del recinto. A su salida del auditorio del Palacio de Gobierno, sitio en donde había tenido lugar la reunión, un agente de policía abordo al empresario Rafael Jiménez Aréchar para informarle que había sido enviado por el propio procurador general de Justicia del estado, Raciel López Salazar, para brindarle protección durante su traslado al campamento que aún se mantenía instalado a las afueras de la Torre Chiapas.

Asimismo, le informó que ya habían sido desplegados agentes motorizados con la supuesta finalidad de proteger a los manifestantes y evitar, según se le indicó al propio Jiménez Arecha, que enemigos políticos de los empresarios los atacaran en un intento por inculpar al gobierno del estado por actos de represión. Luego entonces, a la llegada de la comisión negociadora a la Torre Chiapas, los manifestantes dedicaron sus esfuerzos a revisar y ordenar su documentación a fin de entregarla al día siguiente, al mismo tiempo que era elaborada una relación para guardar registro de los expedientes, tal y como se había acordado horas antes en Palacio de Gobierno.

Sin embargo, en la madrugada del 2 de febrero, aproximadamente a la 01:23 de la madrugada, alrededor de trescientos agentes de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del estado, junto con elementos de la Policía Ministerial, arribaron al lugar montados en camionetas, camiones cerrados y un minibús y rodearon en apenas unos cuantos minutos todos los accesos del edifico que ocupa la Torre Chiapas para entonces desalojar, con lujo de violencia, el plantón que en ese momento todavía mantenían los empresarios. Luego detuvieron por la fuerza a 63 de los empresarios, a quienes obligaron a subir a camionetas blancas tipo Pick Up. Cabe señalar que la detención procedió horas después de haber llegado a un acuerdo con el Gobierno del Estado respecto a la suspensión del plantón.

Así pues, en el marco de la más flagrante ilegalidad, decenas de empresarios fueron detenidos sin que en ningún momento se haya respetado su derecho al debido proceso, pues jamás fueron enterados de las razones que habían suscitado su detención. Las victimas relatan que aproximadamente a las dos de la mañana de esa misma jornada, en los pasillos de la procuraduría general de Chipas, se preguntó a cada empresario detenido sus datos para identificarlos. Pese a su reticencia, justificada ante la evidente irregularidad del procedimiento, éstos se vieron obligados a firmar, ante las incesantes agresiones e intimidaciones del personal policiaco, un documento que contenía sus datos más importantes, incluidos su nombre, dirección, edad, teléfono, sexo, señas particulares, si tenían tatuajes, estatura, peso, color de los ojos, cabello. Por si esto fuera poco, también fueron arrebatados de sus pertenencias: cinturones, calcetines, carteras e identificaciones, sin que nadie les permitieras hacer uso de las llamadas telefónicas que por derecho les corresponden.

En ese mismo día, luego de haber instruido lo que a todas luces debe ser considerada como una detención arbitraria y violatoria de los derechos humanos, la Procuraduría General del Estado procedió a poner en libertad a 57 de los 63 empresarios aprehendidos tras el violento desalojo del plantón que se mantenía a las afueras de la Torre Chiapas. Empero, quedaron detenidos y acusados por el supuesto delito de despojo agravado los ciudadanos: Rafael Jiménez Aréchar, Mercedes del Carmen Robles Bustamante, Sairy Jazmín Martínez Camacho, Jorge Ricardo García Ramos y Óscar Alfonso Constantino Ortega, quienes fueron llevados con inusitada celeridad al Centro de Reinserción Social (Cereso) “El Amate” número 14; lugar en donde hasta el día de hoy se encuentran privados de su libertad.

La detención que sufren hasta la fecha los ciudadanos Rafael Jiménez Aréchar, Mercedes del Carmen Robles Bustamante, Sairy Jazmín Martínez Camacho, Jorge Ricardo García Ramos y Óscar Alfonso Constantino Ortega es el resultado de una estrategia implementada por gobierno del estado con el objetivo de obligar al grupo de Empresarios Chiapanecos Organizados (ECHO) a abstenerse de seguir requiriendo el cumplimiento de los pagos por contratos de compra-venta y servicios ofrecidos a diversas dependencias del gobierno del estado, entre las que destaca la Secretaría de Salud de Chiapas, institución que concentra el grueso de la deuda asumida con los empresarios (180 millones de pesos). Cabe señalar que esta misma dependencia recibió observaciones por parte de la Auditoria Superior de la Federación en su más reciente informe de autoría de la cuenta pública por un monto que asciende a los 764 millones de pesos.

Asimismo, es importante subrayar que la privación de la libertad que padecieron y siguen sufriendo los empresarios de ECHO ha sido perpetrada fuera de toda legalidad, violando flagrantemente principios elementales de la impartición de justicia como el debido proceso, así como la presunción de inocencia a la que a todo momento debieron tener derecho los empresarios detenidos. Las omisiones a estos principios comenzaron ya desde el momento en que la Fiscalía Especializada en Asuntos Especiales y Relevantes de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez integró la carpeta de investigación, hasta el dictado de vinculación a proceso por parte del juez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento, licenciado Iván Martínez Moreno, dentro del proceso penal oral número 48/2017.

Ejemplo de ello es que la querellante que realizó la denuncia formal contra los empresarios, de nombre Alexa Urbieta Aguilar, se ha presentado ante la autoridad judicial competente como directora de la Sociedad Operadora de la Torre Chiapas, SA de CV. Sin embargo, esta es una empresa extinta desde el año 2014. Así consta en decreto publicado en el periodo oficial el 17 de septiembre de 2014, por el que se autorizó al ejecutivo del Estado para que a través de la Secretaria de Hacienda llevará a cabo el proceso de disolución, liquidación y extinción de la empresa de participación estatal denominada Sociedad operadora de la Torre Chiapas, SA de CV. De acuerdo con este decreto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del estado habría asumido la administración, mantenimiento y operación del edificio denominado “Torre Chiapas” y sus anexos. Con dicho decreto , se habría abrogado el decreto publicado en el periódico oficial número 299, de fecha 11 de mayo de 2011, por el que se había autorizado al Ejecutivo del estado, la creación de la empresa de participación estatal denominada: Sociedad operadora de la Torre Chiapas, SA de CV.

Por lo que la querellante Alexa Urbieta Aguilar carece de toda personalidad jurídica y legitimidad para presentar la denuncia por el delito de despojo agravado; motivo por el cual resta decir que se encuentran detenidos injustamente los ciudadanos Rafael Jiménez Aréchar, Mercedes Del Carmen Robles Bustamante, Sairy Jazmín Martínez Camacho, Jorge Ricardo García Ramos y Óscar Alfonso Constantino Ortega.

Por todo lo expuesto y fundando, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Poder Judicial de Chiapas para que, a través del juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Región I, de los distritos judiciales de Cintalapa y Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas, garantice un juicio justo y respete en todo momento las garantías judiciales de los procesados de acuerdo al artículo 8o. de la Convención Americana, apegándose a los principios de independencia e imparcialidad, analizando en forma objetiva las pruebas de cargo y de descargo ofrecidas y desahogadas, en las que se basan la acusaciones y defensa de los ciudadanos Rafael Jiménez Aréchar, Mercedes del Carmen Robles Bustamante, Sairy Jazmín Martínez Camacho, Jorge Ricardo García Ramos y Oscar Alfonso Constantino Ortega.

Segundo. Resultado de lo anterior, se exhorta al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, que cesen en sus acciones en contra de los empresarios integrantes del grupo de Empresarios Chiapanecos Organizados (ECHO) que han sido criminalizados a través de órdenes de aprehensión; por lo que, se encuentran siendo investigados por el delito de despojo agravado.

Tercero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo de Chiapas para que reabra la mesa de mediación coordinada por Fray Gonzalo Ituarte Verduzco, como espacio de diálogo para solucionar la problemática existente con este sector empresarial.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2017.

Diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades federales y de Chiapas a implantar acciones para garantizar la integridad y salvaguardia de la reserva ecológica Quenvó-Cuxtitali, en San Cristóbal de las Casas, a cargo del diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, diputado ante la LXIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral I, fracción I; y 79, numeral I, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Con el transcurso del tiempo y los avances en el derecho, el aprovechamiento, resguardo y protección del medio ambiente por parte de la sociedad civil ha sido objeto cada vez de mayor respaldo y reconocimiento por parte del Estado Mexicano, mediante un marco jurídico e institucional integrado, entre otras cosas, por nuevas legislaciones en materia ecológica y de preservación ambiental, así como por un amplio mosaico de políticas públicas enfocadas a la promoción de la participación ciudadana en las actividades de salvaguarda de la biodiversidad nacional.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, estos procesos pueden analizarse a la luz de cuatro aristas: aspectos culturales, aspectos normativos, aspectos políticos y aspectos administrativos. Todos ellos son consecuencia de la interacción y dinámica que se desarrolla entre “los problemas ambientales y los recursos naturales, en tanto elementos determinantes en la relación Sociedad–Estado y por tanto, en la generación e implementación de políticas públicas apropiadas a los distintos contextos socio-culturales”.1

La integración de la responsabilidad por el medio ambiente a la esfera de competencias del Estado Mexicano tiene su origen en la atención de los problemas sociales desde el espacio y perspectiva de la gestión pública. Cabe destacar, sin embargo, que esta tarea se ha complejizado en la medida que los criterios de sostenibilidad, desarrollo y medio ambiente se ha visto en condiciones de asimetría respecto al proceso de construcción de la política pública, dificultando su incorporación en el diseño, desarrollo y consolidación de procesos sociales, políticos y ecológicos amplios, incluyentes y con auténtica capacidad de incidencia. En contrapartida, se ha insistido en reconocer que “el núcleo sectorial ambiental constituye una pla­taforma inicial que articula la gestión del medio ambien­te y de los recursos naturales”.2

Pese a ello, poco a poco ha podido conformarse un andamiaje jurídico, presente ya en el contenido de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ha permitido la implementación y fortalecimiento de medidas y acciones para la conservación de la biodiversidad, que a menudo han hecho de la sociedad cómplice y vigilante copartícipe de esta responsabilidad pública.

Del mismo modo que la supervivencia y bienestar humano depende del conocimiento, preservación y funcionamiento sostenido de los ecosistemas que nos rodean, es necesario enfocar la atención en la relación mutual e interdependiente que existe entre éstos. Una vez que seamos capaces de comprender las dimensiones de estas asociaciones, podremos tomar plena conciencia de la forma en que los cambios que ha atravesado la sociedad mexicana a lo largo de su historia han repercutido de manera importante en cada uno de los espacios ecológicos en los que ésta se ha desarrollado.

Un ejemplo de ello tiene que ver con la proyección del crecimiento demográfico en México que, de acuerdo con las mediciones del Consejo Nacional de Población, “seguirá hasta el año 2050, cuando alcanzará su cifra histórica más alta: 150.84 millones de habitantes”.3 Con base en tales predicciones, no es ingenuo suponer que ante crecimiento exponencial de la población nuestras sociedades requerirán cada vez de mayores recursos y espacios para su consumo y vivienda, que al mismo tiempo permitan el desarrollo humano integral, fomenten el uso sustentable del suelo y las fuentes acuíferas, garanticen el crecimiento urbano y de la frontera agropecuaria en forma responsable y no ponga en riesgo los ecosistemas y recursos naturales necesarios para hacer posible una buena calidad de vida.

Al advertir y tomar conciencia de estos hechos, individuos, sociedades y agrupaciones humanas se han visto cada vez más motivadas a asumir responsabilidades con el cuidado y salvaguarda de la biodiversidad. Un ejemplo de ello son las prácticas de auto organización y defensa del territorio utilizadas por los habitantes del Barrio Originario de Cuxtitali, en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Ahí, los pobladores han destinado incontables esfuerzos para exigir el respaldo del Gobierno del Estado para la preservación de los ecosistemas y recursos que rodean su demarcación, demandando que se haga efectivo lo establecido en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, así como en el decreto número 516 del Estado de Chiapas, en el que se declara como Sitio Prioritario a los predios y terrenos que integran la “Reserva Ecológica Quenvó-Cuxtitali”.

Por desgracia, a lo largo de su historia, la justa demanda enarbolada por los habitantes del Barrio de Cuxtitali ha tenido que enfrentar numerosas dificultades, incluyendo la intervención de representantes del ayuntamiento que se han encargado de dificultar a la ciudadanía de la ciudad el ejercicio del derecho a la protección y disfrute del medio ambiente. Cabe señalar que la situación incumbe particularmente a dos comunidades localizadas al oriente de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas: la colonia Molino de los Arcos, que colinda con la Reserva Biótica “Gertrude Duby”, y el Barrio Originario de Cuxtitali, que tiene custodia sobre el Sistema de Agua “Chupactic”, AC; no obstante, ambos espacios se encuentran estrechamente vinculados con la Reserva Ecológica Quenvó-Cuxtitali.

La historia del Barrio Originario de Cuxtitali es bastante añeja, pues se conservan registros de su existencia anteriores a la instauración formal del Ayuntamiento de San Cristóbal. Llamada anteriormente comunidad de Custitán, el barrio contaba con territorio y gobierno propio. Posteriormente fue convertido en ejido y en la actualidad es conocido como Barrio Original de Cuxtitali. Por su parte, el predio Molino de los Arcos debe su creación a la migración de 53 familias procedentes de las comunidades aledañas de Taza de Agua, Barrio de Los Ángeles, Ya’alvo’ y el Pinar, ocurrida durante el año de 1994, siendo reconocida por el Gobierno Federal como comunidad Molino de los Arcos al término en ese mismo año.

Finalmente, la reserva biótica “Gertrude Duby” fue declarada como predio de interés estatal mediante decreto promulgado por el Honorable Congreso del Estado de Chiapas, publicado el 06 de julio de 1994 en el Diario Oficial del Estado de Chiapas. Este hecho implicó su reconocimiento formal como reserva del estado. Sin embargo, es hasta el 25 de junio de 2014 que se reconoce al conjunto ecológico Quenvó-Cuxtitali como reserva ecológica a través del decreto 516 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno de Chiapas No. 115, para luego ser inscrito en la Delegación del Registro Público de la Propiedad de San Cristóbal de Las Casas, bajo el número 13466, con fecha 22 de agosto de 2014.

Cabe destacar que previo al proceso de reconocimiento del conjunto Quenvó-Cuxtitali como reserva ecológica, tuvieron lugar diversas problemáticas en la zona que suscitaron enfrentamientos entre los habitantes de las comunidades y el mismo gobierno municipal.

A pesar de contar con el reconocimiento jurídico otorgado por el Gobierno del Estado, en la actualidad sigue sin respetarse plenamente la personalidad e integridad de dichas reservas. Entre las acciones perpetradas en contra de la reserva Quenvó-Cuxtitali destaca la compra de terrenos aledaños a la Reserva Biótica “Gertrude Duby”, realizada por los habitantes de la comunidad Molino de los Arcos. Sin embargo, éstos aseguran, mediante escrito signado con fecha de 15 de abril de 2015, entregado al Gobernador del Estado por la Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC) y la Unión de Uniones Histórica anexada a la Unión Nacional de Organizaciones Regionales y Campesinas Autónomas, que los predios adquiridos se ubicaban más allá de los márgenes de la reserva.

Al mismo tiempo, diversas organizaciones han denunciado que, derivado de las irregularidades en la entrega de permisos y cesiones por parte del Gobierno Municipal para el aprovechamiento de recursos y terrenos contiguos a la Reserva, la ampliación del sistema acuífero que tiene como base el manantial Chupactic, así como las 102 hectáreas que conforman la Reserva Biótica “Gertrude Duby”, se encuentran en grave peligro de extinción.

Ante estos hechos, la representación del Barrio Originario Cuxtitali, de Na-Bolom, del Consejo Ciudadano y de la Asociación Civil Centro de Conservación Ecológica Gertrude Duby ha manifestado que procederá a la recuperación de la reserva, a fin de constituir una nueva figura jurídica4 que contemple la participación de todos los implicados, incluyendo a la sociedad y gobierno, a fin de garantizar su cuidado y preservación. A pesar de las múltiples denuncias que se han interpuesto antes distintas instancias y dependencias de gobierno, las autoridades estatales y municipales siguen haciendo caso omiso a sus obligaciones, incumpliendo una y otra vez los compromisos asumidos con los denunciantes.

Estas acciones constituyen flagrantes violaciones a lo dispuesto por diversas normativas en materia de protección al medio ambiente, entre las que destacan desacatos a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 2º del Decreto que declara como Sitio Prioritario a Conservación los terrenos y ambientes continuos al Este de la Zona sujeta a Conservación Ecológica “Reserva Biótica Gertrude Duby”, que se denominará Reserva Ecológica Quenvó-Cuxtitali en el Centro de Población San Cristóbal de la Casas, Chiapas, pues se han violado tanto los límites de la reserva como las reglas de uso de los recursos hídricos del Manantial de la Amistad,5 en donde se han hallado tomas de agua clandestinas. Asimismo, se han observado diversas infracciones tanto a lo establecido por el artículo 3º del mismo ordenamiento (considerando que estas tomas atraviesan la Reserva Biótica “Gertrude Duby”) como de su artículo 4º, pues se ha insistido en desconocer la legítima “custodia del Sistema de Agua Chupactic, AC, del barrio de Cuxtitali”, para el uso y aprovechamiento de dichos recursos hídricos.

Por desgracia, las diversas movilizaciones que hasta el día de hoy han realizado los colonos del Barrio Originario de Cuxtitali, juntos con grupos ecologistas de la región, para denunciar la deforestación de las reservas ecológicas han sido ignoradas una y otra vez por las autoridades competentes, incluido el Gobierno Municipal, que se ha encargado sistemáticamente de obstaculizar la preservación y oportuna atención de los problemas que enfrenta tanto el Sistema de Agua “Chupactic” como el conjunto de la Reserva Ecológica Quenvó-Cuxtitali. La indolencia mostrada por el Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas es a todas luces violatoria de lo estipulado en el artículo 2º, fracción II, del mencionado Decreto, pues atenta contra la “continuidad de los procesos ecológicos del área”. En el mismo sentido, el ayuntamiento ha actuado en contra de lo establecido por el artículo 3º, apartado E, del mismo ordenamiento, pues con sus acciones y omisiones ha evitado “el enriquecimiento de la biota presente a fin de repoblar las zonas de recuperación”.

La indolencia y mezquindad mostrada tanto por las administraciones municipales de San Cristóbal de Las Casas, como por el Gobierno del Estado de Chiapas, han sido causa de graves afectaciones al equilibrio medioambiental de la región y al derecho de los chiapanecos a vivir y disfrutar de un ambiente sano, adecuado para su salud y bienestar. En ese tenor, se trata de conductas que contravienen el espíritu del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su párrafo tercero versa:

“La nación tendrá en todo tiempo el derecho (...) de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación , lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques , (...) para preservar y restaurar el equilibrio ecológico ; (...) para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad .”

Asimismo, quebrantan con lo establecido en el artículo 23 de Ley General del Equilibrio Ecológico y protección al Medio Ambiente, que en sus numerales II, III y IX dicta:

“Artículo 23. Para contribuir al logro de los objetivos de la política ambiental, la planeación del desarrollo urbano y la vivienda, además de cumplir con lo dispuesto en el artículo 27 constitucional en materia de asentamientos humanos, considerará los siguientes criterios:

II. En la determinación de los usos de suelo, se buscará lograr una diversidad y eficiencia de los mismos y se evitará el desarrollo de esquemas segregados o unifuncionales, así como las tendencias a la suburbanización extensiva ;

III. En la determinación de las áreas para el crecimiento de los centros de población se fomentará la mezcla de los usos habitacionales con los productivos que no representen riegos o daños a la salud de la población y se evitará que se afecten áreas con alto valor ambiental;

IX. La política ecológica debe buscar la corrección de aquellos desequilibrios que deterioren la calidad de vida de la población, y a la vez, prever las tendencias de crecimiento del asentamiento humano, para mantener una relación suficiente entre la base de recursos y la población, y cuidar de los factores ecológicos y ambientales que son parte integrante de la calidad de vida...

Así como con lo dispuesto por el artículo de la 88 de la misma Ley, que en sus numerales I y III establece:

“Artículo 88.- Para el aprovechamiento sustentable del agua y los ecosistemas acuáticos se considerarán los siguientes criterios:

I. Corresponde al Estado y a la sociedad la protección de los ecosistemas acuáticos y del equilibrio de los elementos naturales que intervienen en el ciclo hidrológico ;

III.- Para mantener la integridad y el equilibrio de los elementos naturales que intervienen en el ciclo hidrológico, se deberá considerar la protección de suelos y áreas boscosas y selváticas y el mantenimiento de caudales básicos de las corrientes de agua, y la capacidad de recarga de los acuíferos, y...

Si bien es cierto que es importante impulsar las declaratorias de personalidad jurídica de áreas naturales con destacada importancia ecológica, también es indispensable la aplicación congruente de las medidas para hacer válida dicha personalidad por parte de los gobiernos estatales y locales, a fin de garantizar la salvaguarda y protección permanente de dichos espacios. Esto es especialmente cierto para la región que ocupa la Reserva Ecológica Quenvó-Cuxtitali, en donde el desconocimiento de la protección que la ley ha garantizado a la reserva sólo ha servido sólo para el propio beneficio de quienes han encabezado el Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas. Peor aún, la avaricia de los gobiernos locales por aprovecharse de los recursos naturales de la Reserva Ecológica Quenvó-Cuxtitali ha servido como maquiavélica exclusa para obstaculizar e incluso impedir la gestión de obras y servicios necesarios para el desarrollo integral de la zona del municipio.

En un estado como Chiapas, cuya riqueza y diversidad natural han sido señaladas como uno de los más valiosos tesoros ecológicos naciones, pulmón para el país y el mundo, la defensa de la biodiversidad y los recursos naturales debe convertirse en un imperativo de la política pública.

Por todo lo expuesto y fundando, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Federación para que, en coadyuvancia con la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural del Estado de Chiapas, implementen, siguiendo los principios de oportunidad y participación conjunta con la ciudadanía, las medidas y acciones necesarias para garantizar la conservación, preservación, protección, desarrollo sustentable y restauración de los ecosistemas bióticos de la Reserva Ecológica Quenvó-Cuxtitali, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda de la federación para que, en coadyuvancia con la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, apoyen con las medidas necesarias para la protección de la Reserva Ecológica Quenvó-Cuxtitali, ubicada en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en razón del incremento de zonas deforestadas, pérdida de los recursos hídricos, afectaciones a la diversidad de flora y fauna, empobrecimiento del suelo y otras amenazas que ponen en riesgo los ciclos bióticos y ecológicos en el área.

Notas

1 Semarnat. Información ambiental, “La gestión Ambiental en México”, Información ambiental, http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/informacionambiental/Docu ments/06_otras/Gestion_Ambiental.pdf (Fecha de consulta: 20 de marzo de 2017).

2 Semarnat. Información ambiental, “La gestión Ambiental en México”, Información ambiental

3 Conapo. Documentos, “La situación demográfica en México”, Documentos,http://www.conapo.gob.mx/en/CONAPO/La_Situacion_Demografica_ de_Mexico_2013 (Fecha de consulta: 20 de marzo de 2017).

4 Este acuerdo se tomó en la minuta con fecha 22 de abril de 2014.

5 El Manantial de la Amistad es el resultado de una alianza entre la comunidad Molino de los Arcos y la comunidad Barrio Originario Cuxtitali en el que se acuerda que puede compartir un manantial localizado en la Reserva Quenvó-Cuxtitali.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2017

Diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la colocación de parquímetros en Cuautitlán, México, a cargo del diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Mario Ariel Juárez Rodríguez Diputado de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Un parquímetro es un dispositivo ubicado en la vía pública que permite el ordenamiento y medición del estacionamiento en áreas definidas para ello. Su función consiste en recolectar dinero a cambio del derecho de estacionar un vehículo en un lugar público, por una cantidad de tiempo.1

El primer parquímetro se instaló en 1935 en la ciudad de Oklahoma, Estados Unidos, como una medida para reducir el congestionamiento en el centro de la ciudad. Esta acción enfrentó gran oposición, se le consideró “antiamericana” y se dijo que duplicaba el impuesto que los propietarios de automóviles pagaban a la ciudad. No obstante, el esquema se implementó y desde entonces se ha extendido rápidamente por todo el mundo.2

En México los primeros parquímetros aparecieron en 1994, en la Ciudad de México, donde se instalaron los primeros dispositivos de este tipo en las colonias Cuauhtémoc y Juárez.

Su objetivo es hacer valer sus políticas de estacionamiento en la calle, que por lo general están relacionadas con el tráfico y las políticas de gestión de movilidad y su función es recolectar dinero a cambio del derecho de estacionar un vehículo en un lugar público, por una cantidad de tiempo.

En la Ciudad de México existen actualmente 13 polígonos con parquímetros. De acuerdo a datos de ecoParq, entre enero y abril de 2015 se recaudaron 109.8 millones de pesos (mdp), de los cuáles 32.9 (30 por ciento) fueron destinados a espacios públicos al interior de dichos polígonos. Los recursos restantes (70 por ciento) son retenidos por el concesionario de los parquímetros para la operación del sistema.

En consecuencia, los ciudadanos, nos preguntamos constantemente a dónde es que van a parar los recursos de estos dispositivos, pues los recursos de los gobiernos en turno deberían administrarse de manera más honesta y no sólo enfocarse en beneficiar a las empresas privadas con este tipo de acciones.

Según una encuesta realizada por El Universal, al tiempo en que se instalaban parquímetros en la Delegación Coyoacán, la mayoría de la población se encuentra en contra de la instalación de estos dispositivos en distintas zonas de la Ciudad de México:

¿Usted está a favor o en contra de la instalación de parquímetros en otras zonas de la ciudad?

Metodología

Población de estudio: Ciudadanos residentes, trabajadores y visitantes del área de Coyoacán donde se instalarán los parquímetros. Fecha de levantamiento: 08 al 10 de marzo de 2014. Tamaño de muestra: 1500 ciudadanos (entrevista efectivas), 500 entrevistas a residentes, 500 encuestas a trabajadores y 500 entrevistas a visitantes. Nivel de confianza: 95% Margen de error estadístico: +/-2.6%. Además pueden existir errores no muestrales no considerados en la estimación anterior. Encuesta patrocinada por: El Universal, Compañía Periodística Nacional, SA de CV. Levantamiento: El Universal. Realización: CIDAU de El Universal. Coordinación: Carlos Ordóñez. Subcoordinación: Aarón Aleé. Supervisión de campo: Ángel Alemán/Gabriel Loza/Jesús Gamboa.

De igual manera, cuando se instalaron parquímetros en el corredor Roma-Condesa, los vecinos se manifestaron en contra la operación de estos aparatos, luego de que, a su juicio, las autoridades desconocieron que 53.87% de los habitantes de la zona dijo no a la instalación de los aparatos en una Consulta Ciudadana celebrada el 20 de enero del año 2013.

En lo que respecta al Estado de México, en el año 2014, la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México emitió un proyecto de resolución de sanción por la autorización de parquímetros, en contra de integrantes del cabildo que autorizaron su instalación, informó el contralor Victoriano Barrios Dávalos.

El entonces presidente municipal David Sánchez Guevara, afirmó que la sanción por la operación de parquímetros fue “mínima” porque se ha corregido el procedimiento, toda vez que el modelo del contrato, era que la empresa –Parking Metter– recibía el recurso, luego lo entregaba al ayuntamiento, y debe ser al revés, ahora personal del ayuntamiento junto con la empresa abren las alcancías para que primero ingrese el dinero a la tesorería, apuntó.

Por mayoría, el cabildo de Naucalpan autorizó el 14 de febrero de 2013 la instalación de parquímetros en zonas comerciales de Satélite, La Florida, Boulevares, Tecamachalco, en torno a la Unidad Cuauhtémoc y al Palacio Municipal, así como en la zona centro de Naucalpan.

Ante esta aprobación, una ciudadana del fraccionamiento Las Américas y el entonces tercer regidor de Naucalpan, Francisco Guzmán Lazo, interpusieron denuncia contra el Ayuntamiento ante la Contraloría del Poder Legislativo, porque no hubo licitación y por afectación a la ciudadanía.

Victorino Barrios Dávalos informó que la Contraloría emitió un proyecto de sanción para los alcaldes que votaron a favor de la instalación de parquímetros, incluido el alcalde David Sánchez Guevara.

El proyecto de sanción por la autorización de parquímetros en Naucalpan, que fue entregado a la junta de coordinación política de la Legislatura, incluye propuestas que van desde la amonestación, sanción económica e incluso la inhabilitación.3

En este contexto, el pasado 23 de septiembre del año 2016 durante la Novena Sesión Extraordinaria de cabildo, la Presidenta Municipal Constitucional de Cuautitlán México, Martha Elvia Fernández Sánchez, aprobó autorizar al tesorero municipal la adquisición de equipos de comunicación “Parquímetros”, con un monto de hasta cuatro millones quinientos mil pesos.

De esta manera el gobierno municipal proyecta instalar parquímetros en el primer cuadro de la localidad, los cuales serán operados por el ayuntamiento y cuyo objetivo es reordenar la zona centro.

En el proyecto se detalla la colocación de quince aparatos en calles aledañas al jardín principal y el Parque de la Cruz, las cuales fueron rehabilitadas recientemente.

La presidenta municipal explicó a los ediles que cada aparato costará alrededor de 160 mil pesos y serán propiedad del ayuntamiento, ya que el servicio no fue concesionado y estará a cargo del gobierno municipal, aunque la empresa a la que comprarán los aparatos recibirá un porcentaje de las sanciones aplicadas a los infractores del programa,4 lo cual de no ser esclarecido nos lleva a un evidente conflicto de intereses.

Asimismo, se informó que el precio del estacionamiento, será de ocho pesos la hora y dos pesos por cada 15 minutos, además de que los infractores serán acreedores a multa de 20 días de salario mínimo.

Cabe destacar que no se llevó a cabo ninguna consulta ciudadana ante dicha imposición. Está claro que los parquímetros afectan a la sociedad en su conjunto y que su colocación solo es aprovechada por las empresas privadas, las únicas ganadoras en este tema, pues son los ciudadanos y los comerciantes quienes resultarán afectados en la zona de Cuautitlán México.

Algunos municipios del Estado de México como Tlalnepantla y Naucalpan han implementado el programa de parquímetros el cual ha sido rechazado por diversos sectores de la localidad por abusos cometidos en la operación.

Fundado y motivado en las consideraciones anteriormente expuestas, someto a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno municipal de Cuautitlán, México, para que elimine los parquímetros colocados en el primer cuadro de la localidad, toda vez que no hay transparencia en el manejo de lo recaudado y además afecta a vecinos, visitantes, comerciantes y transeúntes de Cuautitlán por ser un nuevo impuesto local disfrazado de un pago por servicio.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al ayuntamiento de Cuautitlán, México, para que haga público el estado que guarda la colocación de parquímetros en ese municipio.

Notas

1 https://es.wikipedia.org/wiki/Parqu%C3%ADmetro

2 http://www.alcaldesdemexico.com/expediente-abierto/polemicos-pero-efect ivos/

3 http://www.eluniversaledomex.mx/home/sancionaran-a-4-ediles-por-autoriz ar-parquimetros-.html

4 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/edomex/2016/09/23/van- parquimetros-para-cuautitlan

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2017.

Diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Veracruz a retirar inmediatamente la caseta de peaje Puente Coatzacoalcos 1, en el kilómetro 2+100 de la carretera federal número 180, Matamoros-Puerto Juárez, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Norma Rocío Nahle García, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracciones I, y III del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al gobierno del estado de Veracruz el retiro inmediato de la caseta de peaje denominada Puente Coatzacoalcos 1 situada en el kilómetro 2+100 de la carretera federal número 180 Matamoros-Puerto Juárez, en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Ante la parálisis económica que padece nuestra nación desde hace algunos años, las regiones de nuestro país requieren hoy más que nunca del fortalecimiento de las comunicaciones, en especial de infraestructura carretera que permita el traslado de productos, y servicios así como un tránsito de las personas de manera rápida, eficiente y a un bajo costo.

EI sistema de transporte mexicano depende fundamentalmente de la red de carreteras el transporte carretero es el principal medio de comunicación para los mexicanos y el movimiento de mercancías. A través de ella fluye el 80 por ciento de las cargas que se mueven en el territorio y aproximadamente el 98 por ciento del movimiento de pasajeros.

Con información del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, en 2016 estima que en promedio circularon en todo el país 26.3 millones de automóviles particulares, 356.9 mil autobuses de pasajeros y 10.9 millones de camiones y vehículos de carga.

En el sur de Veracruz, la carretera número 180, cuenta con una caseta de peaje denominada Puente Coatzacoalcos 1 que une las ciudades de Coatzacoalcos y Minatitlán con los complejos petroquímicos de Pemex, en un tramo de aproximadamente de 6.5 kilómetros en los cuales circulan diariamente 18 mil 986 vehículos.

El 29 de diciembre de 2014, el gobierno del estado de Veracruz, público la convocatoria mediante la cual se licitaba la Prestación de Servicios para la administración operación, explotación, mantenimiento y conservación de la caseta de cobro del puente Coatzacoalcos I, situado en la carretera federal 180 Matamoros-Puerto Juárez, en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz.

El gobierno de Javier Duarte asignó a una empresa fantasma (ya que no hay datos oficiales de esta empresa) como ganadora de la licitación; así es como la empresa Operadora Puerto México inició el 4 de febrero de 2015 un contrato con una duración de 5 años. Estimado que la administración de esta caseta de cobro le generarán recursos por aproximadamente mil 500 millones de pesos de los cuales pagarán 100 millones a Operadora Puerto México.

Como todo el gobierno de Javier Duarte, la corrupción y el abuso no se hicieron esperar, a casi dos meses que empezara la administración del cobro de la caseta del Puente Coatzacoalcos 1, los automovilistas y empresas que se dedican al servicio de trasporte de personal y público, no pudieron realizar su facturación correspondiente a los gastos que erogan todos los días por el cruce del puente, ya que no fueron entregados los boletos de comprobación fiscal, ya que esta empresa no contaba con ninguna razón social ni con alguna página de internet para la elaboración de este comprobante. Estimando una evasión fiscal por 150 mil pesos en promedio diario.

El 27 de octubre de 2016, usuarios de la caseta del Puente Coatzacoalcos 1, pidieron al gobierno estatal que poner fin el excesivo cobro que realizó la Operadora Puerto México, en el canje de la tarjeta de residente, ya que señalaron que sin ninguna justificación se incrementó el costo de la renovación de la tarjeta y no fue expedida la factura por el pago de los 300 pesos del trámite.

La escandalosa complicidad entre Javier Duarte con la empresa Operadora Puerto México, se comprende. La dueña de esta empresa resultó ser vecina del ex gobernador, sus oficinas se sitúan a unos metros de la residencia en Córdoba, del hoy prófugo de la justicia.

Ante todas las irregularidades que registró la asignación y operación en la administración de la caseta del Puente Coatzacoalcos 1, en mi calidad de diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someto a la consideración de este pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al gobierno del estado de Veracruz el retiro inmediato de la caseta de peaje denominada Puente Coatzacoalcos 1 ubicada en el kilómetro 2+100 de la carretera federal número 180 Matamoros-Puerto Juárez, en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2017.

Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CFE a sujetarse al Plan Nacional de Protección Civil en su enfoque preventivo y suspender los trabajos de construcción de la subestación eléctrica Culhuacán, en la colonia Cerro de la Estrella, en Iztapalapa, Ciudad de México, a cargo de la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena

Ernestina Godoy Ramos, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79, numeral 1, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Cámara la proposición con punto de acuerdo de urgente resolución por medio de la cual se requiere a la empresa productiva del estado, Comisión Federal de Electricidad (CFE), sujetarse al Plan Nacional de Protección Civil, en su enfoque preventivo y suspender los trabajos de construcción de la Subestación Eléctrica Culhuacan en el inmueble ubicado en el número 131 de la calle Catarroja, en la colonia Cerro de la Estrella, delegación Iztapalapa, de la Ciudad de México, a fin de salvaguardar el derecho a la vida, el medio ambiente sano, la seguridad física y el desarrollo comunitario de los habitantes de dicha colonia, de conformidad con los siguientes:

Antecedentes

1. Desde octubre de 2014 los vecinos de la colonia Cerro de la Estrella en la delegación Iztapalapa, de la Ciudad de México, conocieron que la Comisión Federal de Electricidad, en el inmueble ubicado en el número 131 de la calle Catarroja, realiza trabajos de construcción de la Subestación Eléctrica Culhuacán1 .

2. El referido inmueble se encuentra en una colonia urbana con una población aproximada de 22 mil personas y 40 unidades habitacionales, en constantes problemas de servicios públicos como escasez de agua e inundación así como socavones, grietas, y a escasos metros de dos escuelas primarias.

3. Los habitantes de la colonia desde esas fechas expresaron su preocupación por la integridad de sus familias, y se abocaron a solicitar información a la hoy empresa productiva del estado y al órgano político administrativo para que se informara públicamente de los alcances técnicos, de seguridad, protección civil, cumplimiento a las normas oficiales ambientales. Los ciudadanos acudieron a diversas instancias administrativas y con representantes populares a fin de buscar que la Comisión Federal de Electricidad cumpliera con proporcionar información a los habitantes para garantizarles el derecho a ser informados de los alcances y efectos de dicha construcción. Es el caso que la suscrita, en su oportunidad como diputada local en la Sexta Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, realizó una petición formal al superintendente de la zona Ermita de la Comisión Federal de Electricidad, la cual se gestionó a solicitud del entonces comité vecinal2 .

Problemática planteada

1. La construcción de grandes obras que afectan los servicios públicos en zonas urbanas es una problemática que enfrenta a habitantes con gobiernos y sectores empresariales cuando no se realizan consultando a la población y sin tomar en cuenta el impacto ambiental, de desarrollo urbano y de protección civil para prevenir desastres naturales o derivados de la acción humana.

2. La responsabilidad de los gobiernos a través de sus entes que lo conforman es salvaguardar los derechos de la población en todos sus ámbitos. La visión actual de la forma de ejercer la gobernanza es promover, respetar y salvaguardar los derechos de los gobernados en todos sus ámbitos de aplicación, de ello deriva la legitimidad de sus acciones, más allá del simple cumplimiento de la norma legal.

3. La omisión de la Comisión Federal de Electricidad de informar públicamente las peticiones formuladas por los habitantes de la delegación en el sentido de que se les informe de los alcances técnicos, de protección civil y de seguridad aunado a la denuncia pública realizada por los vecinos de la colonia de que los trabajos de construcción en el predio en cuestión han generado grietas a las dos escuelas primarias que se encuentran a no más de 50 metros, las cuales suspendieron clases a partir del 13 de enero del año en curso, ha generado una situación de confrontación a los habitantes con esa empresa productiva del estado y los trabajadores siendo el caso que los habitantes han realizado clausuras simbólicas de la construcción con riesgos de enfrentamientos.

4. La evidencia más objetiva de los daños que está generando los trabajos de construcción de la subestación en la colonia Cerro de la Estrella, se dieron apenas el 16 de enero pasado, cuando se denunciaron y comprobaron las fisuras en la infraestructura de la escuela primaria República de Indonesia y el levantamiento de carpeta asfáltica, según obra en los medios de comunicación y de expertos en protección civil.3

Consideraciones

Primera. Que de acuerdo con el marco constitucional todo órgano del Estado, autoridad y aun incluso los particulares están obligados a respetar, promover y garantizar los derechos humanos de la población, siendo el caso que nuestro marco constitucional establece que toda la población tiene derecho al desarrollo, a la vida, a la vivienda y al medio ambiente sano, y a la integridad física de sus familias.

Segunda . La Ley General de Protección Civil, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012, sienta las bases de coordinación en el Sistema Nacional de Protección Civil, fortalece la gestión integral de riesgos y consolida el entramado institucional necesario para integrar un Sistema Nacional de Protección Civil, compuesto por todas las dependencias y entidades de la administración pública federal, por los sistemas de protección civil de las entidades federativas, sus municipios y las delegaciones ; por los grupos voluntarios, vecinales y organizaciones de la sociedad civil, los cuerpos de bomberos, así como por los representantes de los sectores privado y social, los medios de comunicación, además de los centros de investigación, educación y desarrollo tecnológico.

Dicho marco normativo de protección civil y el sistema tiene como objeto proteger a las personas y su entorno de los riesgos asociados a diversos fenómenos tanto naturales como antrópicos, a través de la gestión integral de riesgos imponiendo obligaciones de prevención y adecuación de las instancias gubernamentales a todas las instancias y niveles gubernamentales.

Tercera. Que de acuerdo con el Programa Nacional de Protección Civil publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 20144 , existe el llamado enfoque preventivo de los “agentes perturbadores de riesgo” generados por factores humanos que permitan prevenir por virtud de las accione humanas “fallas en la red de distribución de agua potable, caída en las redes de energía, de transmisión de datos, bloqueos a servicios como seguridad pública, transporte o sanidad son sólo algunos de los ejemplos de sucesos de gravedad crítica que pueden afectar a los gobiernos, asociaciones y a los ciudadanos en general”5 .

Cuarta . Que la Comisión Federal de Electricidad, en términos de la Ley de la Industria Eléctrica, y de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, es una empresa productiva del estado sujeta al marco constitucional y al interés público, por lo tanto es su deber en sus acciones y fines debe ajustarse a las disposiciones de la Ley General de Protección Civil y al Programa Nacional de Protección Civil, entre ellas las derivadas del enfoque preventivo, a efecto de evitar factores de riesgo a la población y la infraestructura social.

Por lo anterior, se plantea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De urgente resolución.

Único. Se requiere a la empresa productiva del estado, Comisión Federal de Electricidad sujetarse al Plan Nacional de Protección Civil en su enfoque preventivo y suspender los trabajos de construcción de la subestación eléctrica Culhuacán, en el inmueble ubicado en el número 131 de la calle Catarroja, en la colonia Cerro de la Estrella, delegación Iztapalapa, Ciudad de México, a fin de salvaguardar el derecho a la vida, el medio ambiente sano, la seguridad física y el desarrollo comunitario de los habitantes de dicha colonia.

Notas

1 http://www.jornada.unam.mx/2014/10/24/capital/041n3cap

2 http://www.aldf.gob.mx/video/comsoc-rechazan-construccion-subestacion-c fe-cerro-estrella—19749.html

3 Azteca Noticias, [16 de enero de 2017], en internet, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=li3RP1lt1sw

4 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343076&fecha=30/04/2 014

5 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343076&fecha=30/04/2 014.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2017.

Diputada Ernestina Godoy Ramos (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 20 de marzo, celebración de los 20 años de la reforma constitucional en materia de doble nacionalidad, a cargo de la diputada Cecilia Guadalupe Soto González, del Grupo Parlamentario del PRD

El 20 de marzo de 1997 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la modificación al artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de doble nacionalidad.

Con esta medida, el Estado mexicano tomó la importantísima decisión de que aquellos mexicanos que nacieran en otro país o que fueran hijos de mexicanos nacidos en país extranjero, aun cuando residieran en el extranjero y adquirieran otra ciudadanía o nacionalidad, lo pudieran hacer sin perder la nacionalidad mexicana.

Dicha reforma fue de enorme trascendencia debido a que durante la década de los años noventa del siglo pasado, los mexicanos que habían emigrado comenzaron a enfrentar el endurecimiento de las políticas anti-migratorias de las naciones receptoras, fundamentalmente Estados Unidos, en donde se concentra la mayor parte de las y los connacionales.

El periodo previo a dicha reforma constitucional fue una época de ausencia de administración bilateral de la migración y en el que el flujo neto de migrantes creció de manera muy notoria, despertando en la Unión Americana una ola de rechazo social generalizado a los migrantes en general, y en particular a los indocumentados, especialmente hacia los de origen mexicano.

Para las autoridades mexicanas, ante la unilateralidad de Estados Unidos, solo una vía se planteaba como viable: el fortalecimiento de las medidas unilaterales de protección legal y de asistencia consular.

Nacionalidad y protección diplomática

Para el ejercicio de la protección diplomática, la nacionalidad del Estado reclamante ha sido y es uno de sus requisitos fundamentales. A través de la protección diplomática, el Estado protege sus propios derechos. Pero simultáneamente, los derechos que se consideran vulnerados, de manera inmediata, de una persona física o jurídica. La protección diplomática se convierte así, en un derecho de Estado, por cuyo ejercicio se protegen derechos individuales. Eso sí, solo puede hacerlo respecto a sus propios nacionales.

Si bien la nacionalidad es requisito para que el Estado ejerza la protección diplomática, en las relaciones internacionales es también requisito que en materia de nacionalidad también se cumpla el criterio de efectividad. Si bien todos los Estados son libres de otorgar la nacionalidad, el ejercicio de ese derecho es materia del derecho interno. Para reclamar la nacionalidad de una persona ante otros Estados, especialmente para ejercer la protección diplomática, es necesario que se cumpla con el principio de que la nacionalidad es efectiva, es decir, que exista un vínculo real entre el individuo y el Estado.

Las reformas constitucionales en materia de doble nacionalidad 20 años después

La hostilidad y la animadversión que ha expresado reiteradamente la administración del presidente Donald Trump en contra de nuestros connacionales nos exige elevar la voz de protesta y entablar una estrategia común para hacer frente, de manera inteligente y constructiva, a las amenazas que se ciernen contra las y los migrantes mexicanos.

La conmemoración de esta reforma es también ocasión propicia para avanzar en el ejercicio efectivo de los derechos dejar de exigir a las y los mexicanos de segunda y tercera generación la renuncia de su nacionalidad de origen para adquirir la nacionalidad mexicana por naturalización, ya que implica una transgresión a sus derechos humanos.

Sostenemos que no hay razones válidas para obligar a una persona a que abandone y deje de lado sus raíces culturales y sociales que le dieron una identidad.

De acuerdo con la Constitución mexicana, la nacionalidad mexicana adquirida por naturalización, se pierde por las siguientes causas, según el artículo 37 de nuestra Carta Magna.

“Artículo 37. ...

B) La nacionalidad mexicana por naturalización se perderá en los siguientes casos:

I. Por adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera, por hacerse pasar en cualquier instrumento público como extranjero, por usar un pasaporte extranjero, o por aceptar o usar títulos nobiliarios que impliquen sumisión a un Estado extranjero; y

II. Por residir durante cinco años continuos en el extranjero.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2017.

Diputada Cecilia Soto González (rúbrica)

Con motivo del 24 de marzo, Día Mundial de la Tuberculosis, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

En el mundo hay un sinfín de enfermedades. La tuberculosis (TB) es una de las 10 principales causas de muerte en el planeta, esperemos que hoy en la conmemoración del Día Mundial de la tuberculosis hagamos una mayor conciencia con respecto a esta epidemia que afecta a una gran cantidad de personas en el mundo, redoblemos esfuerzos, hagamos campañas para informar cómo se puede prevenir y curar esta enfermedad.

La tuberculosis es una infección que la ocasiona la bacteria denominada Mycobacterium, es una afección que aqueja principalmente a los pulmones, pero también puede causar malestar en otras partes del cuerpo como el cerebro, los riñones e incluso puede llegar a la columna vertebral, los síntomas que hacen pensar que una persona está infectada de tuberculosis activa son: tos, fiebre, flema con sangre, debilidad, fatiga y pérdida de peso.

Muchas personas nos preguntamos de qué manera nos podemos infectar de TB. El contagio puede causarse al momento en que una persona que está enferma de tuberculosis, estornude, tosa, cante e incluso con el simple hecho de reír, ya que el germen que provoca la TB, se dispersan por el aire provocando que este se contamine en ese momento.

Este padecimiento, es conocido también con el nombre de bacilo de Koch aunque en menor proporción. ¿Y por qué es llamado así?, porque el descubridor de esta bacteria se llamó Robert Koch, en el año de 1882,1 cuando realizó la separación del germen que traían las flemas que expulsaban los enfermos con síntomas similares y de esa manera logró demostrar que en efecto ese bacilo era contagioso.

Es importante destacar que gracias al científico estadounidense Albert Schatz descubridor de la estreptomicina, la tuberculosis se pudo controlar y se empezó a prevenir, porque este fue el primer antibiótico contra dicha enfermedad, que se puede aplicar a diferentes tipos de tuberculosis, sin embargo, hay que recordar que existen diferentes formas de tuberculosis algunas de ellas son: tuberculosis pulmonar o extra pulmonar, tuberculosis miliar, tuberculosis cardiovascular, tuberculosis meníngea, tuberculosis pleural, tuberculosis oftálmica, entre otras.

En la actualidad, un tercio de la población mundial tiene tuberculosis latente, ¿esto qué significa?, que son personas que están infectadas con el virus de la tuberculosis pero que no se les ha desarrollado y por lo consiguiente tampoco pueden infectar a nadie,2 cabe mencionar que un 54 por ciento de fallecimientos en el mundo por tuberculosis, se aglomeran en cinco países que son: India, en primer lugar, seguida de Indonesia, en tercer sitio China, continuando con Nigeria, por último Pakistán.

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016), ha elaborado un estrategia que tiene como objetivo que para el año 2030 esta enfermedad epidemiológica ya se haya terminado y así poder tener un mundo sin muertes causadas por la TB, un planeta libre de esta enfermedad que desafortunamente ha cobrado millones de vidas en todo el mundo.

Las estadísticas que proporciona la OMS (2016) son alarmantes ya que nos menciona que en el mundo hay aproximadamente 10.4 millones de personas infectadas con TB y que de estas 1.8 han muerto, también indica que alrededor de un millón de niños entre 0 y 14 años tienen TB y que de esa población infantil 170 mil niños murieron. Es bueno mencionar que hay cerca de 480 mil habitantes que han desarrollado la tuberculosis multirresistente (TB MDR), No se puede dejar de lado el tema del tabaquismo, ya que este es el causante del 20 por ciento de los casos de tuberculosis activa. Todas estas cifras son hasta el 2015.3

La OMS menciona que las personas con VIH tienen entre 20 y 30 por ciento de posibilidades de contraer la tuberculosis activa ya que es sabido que las personas infectadas con este virus, sufren de un sistema inmunológico demasiado bajo.

Para llegar a la meta de tener un planeta sin tuberculosis, se debe actuar en los países donde está el mayor porcentaje de casos y que son los países ya mencionados con anterioridad.

Así es que debemos poner manos a la obra para que la tuberculosis se pueda abatir para que deje de ser un grave problema de salud.

Notas

1 http://www.webconsultas.com/tuberculosis/tuberculosis-712

2 https://www.cdc.gov/tb/esp/topic/basics/tbinfectiondisease.htm

3 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/es/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de marzo de 2017.

Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica)