Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones
Efemérides

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SCT y Capufe a realizar acciones a fin de aplicar el descuento correspondiente al peaje de las autopistas en obras o que no reúnen condiciones óptimas para la circulación, a cargo de la diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada por el estado de Hidalgo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I, III, IV y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás relativos, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Como acertadamente lo señala Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), en su página web, “las autopistas y puentes de cuota han sido factor fundamental en el desarrollo económico, político, social y cultural de México durante los últimos 50 años”1 .

Más allá de los beneficios inmediatos como el ahorro en los tiempos de recorrido; menor consumo de combustibles y desgastes de vehículos; seguridad; comodidad y eficiencia en los traslados. La infraestructura carretera ha permitido integrar y comunicar a las diversas regiones del país, constituyendo un importante detonador para el desarrollo económico del país y sus regiones, ya que ha beneficiado sustancialmente a los sectores productivos de la economía nacional, así como a los ciudadanos-usuarios en lo individual.

En suma, la red carretera, las autopistas, los puentes y túneles han resultado fundamentales para el desarrollo y fortalecimiento de la agricultura, la ganadería, la pesca, la industria en todas sus modalidades, el turismo, el comercio, los servicios, el transporte en sus diferentes vertientes, la cultura, etcétera. Al tiempo que han permitido mejorar la movilidad, el acceso y la incorporación de muchas comunidades alejadas a diversas actividades económicas y servicios fundamentales, lo cual, ha constituido también un importante avance para el desarrollo humano.

La competitividad, el crecimiento económico y el bienestar social del país, están íntimamente vinculados a la cobertura y calidad de su infraestructura.

Según datos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el transporte carretero es el principal medio de comunicación para los mexicanos y el movimiento de mercancías; 67 por ciento del movimiento doméstico de carga y 90 por ciento de pasajeros se desplazan por esta red. Lo anterior, debido a su historia, geografía y economía2 .

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), ha reportado que en todo el país circulan 26 millones de automóviles particulares, 357 mil autobuses de pasajeros y 10.9 millones de camiones y vehículos de carga. Además, todos los días pasan por autopistas y puentes de cuota un promedio de 1.14 millones de vehículos; en tanto que Capufe reporta que por sus casetas pasan cada año más de 426 millones de automóviles y camionetas3 .

De acuerdo al cuarto Informe de Gobierno del Ejecutivo federal, el desarrollo de infraestructura también tiene un importante componente de carreteras y autopistas. Durante el actual periodo de gobierno se han concluido 26 autopistas, con una longitud total de más de mil 600 kilómetros, y se han realizado 57 obras de construcción y modernización en carreteras federales, asociadas a un total de más de 2 mil 300 kilómetros. Entre las obras más recientes destacan la ampliación de la autopista México-Puebla, la nueva autopista México-Toluca tramo La Marquesa-Toluca, Estación Don–Nogales (primera etapa); así como los trabajos realizados en las carreteras federales Matamoros-Nuevo Laredo, Libramiento Oriente de la Piedad y Mérida-Chetumal4 .

Por lo que respecta a la cobertura, los resultados obtenidos no son sólo aceptables sino incluso destacados. La modernización de la infraestructura carretera en sus diferentes modalidades (autopistas, carreteras, caminos y brechas), ha constituido un verdadero parteaguas para el desarrollo y ha traído consigo innumerables beneficios.

El esfuerzo que ha realizado el Ejecutivo federal, los gobiernos locales y municipales, así como la iniciativa privada es evidente e indiscutible. Ejemplo de ello, la ampliación de la autopista México-Puebla que “beneficiará a 2 millones de habitantes y a más de 250 mil automovilistas diariamente, quienes reducirán sus tiempos de traslado de una hora 15 a 25 minutos”. De igual forma, las ampliaciones de la carretera Chalco-Cuautla, la autopista La Marquesa-Toluca, de la México-Pachuca y la renovación de la México-Querétaro, reportan importantes beneficios.

Sin embargo, los resultados en términos de cobertura, no han logrado traducirse con el mismo éxito al área de calidad. Para darnos una idea general de la calidad de la infraestructura carretera, basta señalar que:

• “De acuerdo con una medición del Foro Económico Mundial, entre 140 naciones México ocupa el lugar 54 en competitividad en infraestructura carretera, a pesar de que la inversión en la conservación de caminos creció 54 por ciento entre 2011 y 2015” [...] “Expertos explicaron que el problema se debe a tres razones: los recursos del gobierno no son suficientes para mantener la calidad en toda la red; el autotransporte rebasa sus pesos y esto daña la carpeta asfáltica; y en tercer sitio argumentaron que las carreteras son construidas con materiales más baratos por un tema de corrupción”5 .

• Las autopistas México-Puebla; México-Querétaro; México-Acapulco y Durango-Mazatlán, son las que actualmente presentan las mayores inconformidades, ya sea por su estado o por las obras realizadas. Así como la autopista urbana sur México-Cuernavaca de la Ciudad de México, cuya calidad y diseño han sido cuestionados, debido a que presenta problemas de movilidad y seguridad para los automovilistas.

Cobertura y calidad, constituyen un binomio que debe ser indisoluble. Juntos estos elementos impulsan el desarrollo, la falta de uno lo obstaculiza y trae consigo aparejados múltiples problemas.

El caso específico de la calidad de las autopistas, puentes y túneles de cuota en México, merece un análisis profundo y una mención especial. De ahí, el presente punto de acuerdo que aunque de manera general, da cuenta de la realidad, también plantea una solución a la compleja problemática que reviste el asunto en comento.

Las carreteras de cuota, como se denominan comúnmente, han crecido en los últimos 13 años más de 300 por ciento, y como se ha reiterado líneas atrás, los beneficios han sido diversos y de gran importancia, aunque no sólo para los sectores productivos y la población que transita por éstas, sino también para las empresas privadas que tienen en sus manos las concesiones carreteras.

Las concesiones son sin duda negocios legales y legítimos que contribuyen a que los gobiernos cumplan con sus fines, políticas y programas públicos. Negocios de retorno a largo plazo, pero lucrativos.

Como lo señaló un constructor reconocido en el medio: “las autopistas que están maduras son un negocio de ganar-ganar, tanto para el gobierno, como para la iniciativa privada”6 .Y yo agregaría que también la ganancia debe ser para los usuarios.

Justo este es el eje central de la presente proposición: las y los ciudadanos usuarios de las vías de comunicación sujetas a cuota, ya sea en su calidad de particulares o de transportistas.

Las autopistas que se encuentran en obras, fundamentalmente es por mantenimiento, porque las están reparando, modernizando o ampliando. En el caso de las reparaciones, es vox populi y ha sido tema de diversos estudios e investigaciones periodísticas, que en muchas ocasiones la calidad de la construcción inicial o incluso de reparaciones previas no fueron las óptimas, de ahí que, diversos tramos de la autopista tienen que recibir mantenimiento a corto plazo y de forma periódica.

Cualquiera que sea la causa por la que la autopista, puente o túnel se encuentren en obras, éstas forman parte del contrato entre el gobierno y el concesionario, y de una u otra manera, sus costos están previstos ya en el esquema de negocio convenido, el cual, resulta beneficioso para ambas partes.

Desde luego, las obras ya sea por reparaciones, mantenimiento o modernización, resultarán en beneficio de los usuarios una vez que estén terminadas con la calidad requerida. Sin embargo, mientras se están llevando a cabo, resultan incómodas, ya sea por las condiciones de la carpeta asfáltica, por la maquinaria, por el mayor tiempo en los traslados, e incluso por las condiciones de seguridad.

Bajo este orden de ideas, es necesario ver, entender y asumir que los usuarios, tienen la categoría de ciudadano-consumidor, la cual debe ser respetada y con ella todos los derechos que le son inherentes. Ello implica otorgar los servicios ya sean públicos, privados o mixtos, en las condiciones y en el precio pactado, en caso contrario, se debe hacer el rembolso, o descuento conducente, e incluso en caso de accidentes imputables a descuidos, negligencia, falta de supervisión, violación de normas, etcétera, proceder a la reparación de los daños y perjuicios, respondiendo a la responsabilidad patrimonial.

Queda claro que el descuento que se realice al peaje por los kilómetros que se encuentren en obras, no reintegra las pérdidas que en cada caso estos retrasos pudieran ocasionar, particularmente, cuando el traslado es para transportar mercancías o para atender negocios, lo cual afecta la productividad de las empresas. Pero sí constituye un elemento fundamental de justicia y respeto hacia los derechos de los usuarios.

Es evidente que nadie tiene por qué pagar el costo total de un servicio ya sea público o privado, si éste no cumple con las condiciones ofrecidas, está incompleto, es deficiente o no tiene la calidad correspondiente.

Realizar los descuentos al peaje de manera proporcional a los kilómetros en reparación, así como por tiempo estimado de la demora, es una acción que beneficia no sólo a la economía de los usuarios, sino que además lleva implícito el reconocimiento y respeto a sus derechos, así como la exigencia del cumplimiento de las obligaciones a que están sujetos los concesionarios.

En razón de lo antes expuesto y fundado, someto a esta honorable asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como al organismo público descentralizado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, a realizar las acciones necesarias de acuerdo a su ámbito de competencia, a efecto de que se realice el descuento conducente al peaje de las autopistas del país, cuando éstas se encuentren en obras o no cuenten con las condiciones óptimas para su circulación. Dicho descuento deberá ser proporcional a los kilómetros afectados así como al tiempo estimado de demora para los usuarios.

Notas

1 http://www.capufe.gob.mx/site/wwwCapufe/menuitem.5b242a 384a941ec05a034bd7316d8a0c/index.html

2 http://www.milenio.com/negocios/infraestructura-autopistas-ohl-Mexico-n egocios_0_815318650.html

3 Ídem

4 https://framework-gb.cdn.gob.mx/cuartoinforme/CuartoInforme2015-2016.pd f

5 http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/se-estanca-calidad-de-carretera s-en-mexico-pese-a-mayor-inversion.html

6 http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/se-triplican-las-carreteras-de- cuota-empresas-controlan-33-de-la-red.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2017.

Diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y la Profeco a emprender acciones en defensa de los usuarios de aerolíneas comerciales, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos, diputados del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, así como el numeral 2, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someten a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución mediante el cual se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor a emprender diversas acciones en defensa de los usuarios de aerolíneas comerciales, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

I. La aviación mexicana se encuentra en un constante proceso de desarrollo. De acuerdo con la Cámara Nacional de Aerotransporte las empresas tanto de pasajeros como de carga aportan el 2 por ciento del producto interno bruto en nuestro país, generando cerca de 900 mil empleos directos e indirectos.1

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes señaló que, en la última década, el número de personas que viajan en avión aumentó en un 68 por ciento, y que para el 2015 el 1.8 por ciento de la población total del país se transportaba por este medio.2 Adicionalmente, de acuerdo la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA), el número de pasajeros aéreos en México aumentará a un ritmo de 4.6 por ciento anual en los próximos 20 años. Cabe mencionar que en el año 2016 se movilizaron a 82’407,002 pasajeros de los cuales 41’917,356 corresponden a pasajeros domésticos y 40’489,646 son de carácter internacional.3

A pesar del crecimiento de la industria de autotransporte en nuestro país y de la creciente demanda de sus servicios, no se ha generado un proceso de mejora de la calidad. La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en el año 2014 señaló que más de 115,000 vuelos no operaron conforme a los tiempos establecidos y asignados, llegando a la conclusión de se ubican más de 300 vuelos diarios fuera de su horario.4

“Estas condiciones negativas resultan en afectaciones a los consumidores. Bajo los criterios actuales de asignación de espacios para el aterrizaje y despegue, por citar un ejemplo, muchas aerolíneas comercializan vuelos sin tener asignado previamente un horario. Esto hace que vuelos terminen saliendo con retrasos y que el usuario adquiera un boleto sin la garantía del servicio que espera recibir”.5

La misma Cofece también ha destacado la falta de reglas claras en la asignación de horarios de despegue (slots) que realizan las aerolíneas, lo que impactado de manera negativa en la calidad del servicio y en la competitividad de la industria, ya que se ofrece una baja disponibilidad de horarios, con precios elevados y escasa innovación.6

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) las quejas de usuarios contra aerolíneas comerciales han incrementado sistemáticamente año con año. En 2012 fueron 1,365 quejas; en 2013, 1,094; en 2014, 1,689; en 2015, 1,783; y en 2016, 1,981.7

Entre las principales quejas de los usuarios se encuentran la negativa de las empresas a la devolución del depósito o de las bonificación, la pérdida de equipaje, el cambio del producto contratado, la modificación del vuelo sin autorización o sin previo aviso, maltrato por parte del personal, cobro de cuotas extraordinarias, ausencia de información e información no clara, cobros indebidos, incumplimiento en el contrato, entre otros.8 Todo esto sin mencionar que las aerolíneas incurren en la práctica de la sobreventa de boletos, siendo esta una estrategia utilizada por los prestadores de servicios aéreos que asegura que el vuelo tenga una ocupación del 100 por ciento de los lugares, sin embargo, dicha práctica vulnera los derechos de los usuarios.

II. Frente a esta realidad, diversos grupos parlamentarios en la presente LXIII Legislatura han presentado iniciativas de reforma para la protección de los derechos de los usuarios de aerolíneas comerciales, con lo que se busca fortalecer el marco jurídico de defensa del consumidor. Sin embargo, es importante destacar que a la par de estas necesarias reformas, las instituciones públicas hoy tienen en sus manos la responsabilidad de tomar medidas en beneficio de los consumidores.

Las atribuciones de Profeco, conforme a la ley Federal de Protección al Consumidor, son las siguientes:

“Artículo 24. La procuraduría tiene las siguientes atribuciones:

I. Promover y proteger los derechos del consumidor, así como aplicar las medidas necesarias para propiciar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores;

II. Procurar y representar los intereses de los consumidores, mediante el ejercicio de las acciones, recursos, trámites o gestiones que procedan;

III. Representar individualmente o en grupo a los consumidores ante autoridades jurisdiccionales y administrativas, y ante los proveedores;

IV. Recopilar, elaborar, procesar y divulgar información objetiva para facilitar al consumidor un mejor conocimiento de los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado;

VI. Orientar a la industria y al comercio respecto de las necesidades y problemas de los consumidores;”

[...]

“XIII. Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de precios y tarifas establecidos o registrados por la autoridad competente y coordinarse con otras autoridades legalmente facultadas para inspeccionar precios para lograr la eficaz protección de los intereses del consumidor y, a la vez evitar duplicación de funciones;”

A su vez, en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en el artículo 36 se establecen las atribuciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, destacando las siguientes:

Artículo 36.

IV. Otorgar concesiones y permisos para establecer y operar servicios aéreos en el territorio nacional, fomentar, regular y vigilar su funcionamiento y operación, así como negociar convenios para la prestación de servicios aéreos internacionales;

“V. Regular y vigilar la administración de los aeropuertos nacionales, conceder permisos para la construcción de aeropuertos particulares y vigilar su operación;

VI. Administrar la operación de los servicios de control de tránsito, así como de información y seguridad de la navegación aérea;”

En Movimiento Ciudadano somos conscientes de la necesidad de realizar ajustes normativos a la Ley de Aviación Civil para reconocer y fortalecer los derechos de los consumidores y sentar las bases de una mejor prestación del servicio de aerotransporte, sin embargo, es claro que hoy las instituciones tienen loa posibilidad y la responsabilidad de poner orden y sancionar a los concesionarios que realicen malas prácticas.

El crecimiento de las aerolíneas debe estar acompañado de aspectos que benefician a la economía mexicana y que pongan en el centro los intereses de los consumidores y usuarios respetando sus derechos y recibiendo la mejor calidad en los servicios.

Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que con base a sus atribuciones realice una revisión de las actividades y operaciones de las aerolíneas comerciales, con el objetivo de identificar las faltas imputables a los permisionarios y concesionarios conforme a la legislación aplicable, y en su caso promueva las sanciones que correspondan.

Segundo. Se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor para que refuerce las campañas de difusión de los derechos de los usuarios de las aerolíneas comerciales e inicie un proceso de revisión de las cláusulas y condiciones en que prestan sus servicios.

Tercero. Se hace un llamado respetuoso a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión para que continúe y concluya el proceso de dictaminación de las diversas iniciativas presentadas en materia de defensa de los usuarios de aerolíneas comerciales.

Notas

1 Cámara Nacional de Aerotransportes, “Estadística Nacional. Datos de la Industria”, 2017:
http://canaero.org.mx/ datos-de-la-industria/

2 El Financiero , “Aerolíneas rebasan a los autobuses en crecimiento de pasaje”, 8 de septiembre de 2015:
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/aerolineas-rebasan-a-los-autobuses-en-crecimiento-de-pasaje.html

3 Cámara Nacional de Aerotransportes, “Estadística Nacional. Datos de la Industria”, 2017:
http://canaero.org.mx/estadistica-operativa-por-aerolinea/

4 Diario Oficial de la Federación, “Acuerdo mediante el cual el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica emite las Disposiciones Regulatorias de la Ley Federal de Competencia Económica”, 10 de noviembre de 2014:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5367678&fecha=10/11/2014

5 Ibídem.

6 El Financiero, “Cofece denuncia irregularidades en el aeropuerto capitalino”, 29 de febrero de 2016:
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/cofece-denuncia-irregularidades-en-el-aeropuerto-capitalino.html

7 Procuraduría Federal del Consumidor “Datos abiertos de la Subprocuraduría de servicios” enero 2017:
http://datos.profeco.gob.mx/

8 Procuraduría Federal del Consumidor, “Datos abiertos de la Subprocuraduría de servicios” enero 2017:
http://datos.profeco.gob.mx/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2017.

Diputados : Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica), Jorge Álvarez Máynez, René Cervera García (rúbrica), Claudia Sofía Corichi García, Verónica Delgadillo García, Manuel de Jesús Espino Barrientos, Mirza Flores Gómez, Gustavo Cárdenas Gutiérrez, María Elena Orantes López, Moisés Guerra Mota, Angie Dennisse Hauffen Torres, Carlos Lomelí Bolaños, Jonadab Martínez García, María Victoria Mercado Sánchez, Luis Ernesto Munguía González, María Candelaria Ochoa Ávalos, Adán Pérez Utrera, Germán Ernesto Ralis Cumplido, Rosa Alba Ramírez Nachis, Víctor Manuel Sánchez Orozco, Macedonio Salomón Tamez Guajardo, Salvador Zamora, Marbella Toledo Ibarra.

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a diversas instancias de la administración pública federal a intervenir y resolver de manera coordinada la pobreza y el abandono que presentan los habitantes de la meseta de Cacaxtla, Sinaloa, a cargo de la diputada Carmen Victoria Campa Almaral, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza

Quien suscribe, Carmen Victoria Campa Almaral, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza en la LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hace ya casi 17 años, por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2000, se creó oficialmente el área de protección de flora y fauna Meseta de Cacaxtla, en San Ignacio y Mazatlán, Sinaloa, con una superficie total de 50,862-31-25 hectáreas.

La meseta de Cacaxtla posee innegablemente un valor ecológico incalculable, por ser la principal región de captación de las precipitaciones pluviales de la región, recargando los acuíferos que benefician al puerto de Mazatlán, que por su valor económico, constituye la segunda ciudad más importante para Sinaloa; además, es un invaluable ecosistema de especies endémicas y conforma un corredor biológico que vincula ecosistemas simbióticos entre las costas y las selvas caducifolias y subcadufolias, uniendo las costas y selvas de Sinaloa con las de Durango.

La importancia y riqueza ecológica de la meseta de Cacaxtla se sustentan ampliamente, pues se considera un ecosistema de resguardo de especies que presentan alguna categoría de riesgo o que son protegidas por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, que protege especies de flora y fauna nativas de México y fue emitida posteriormente a 1992, cuando el gobierno del país firmó el Convenio sobre la Diversidad Biológica, adoptado en Río de Janeiro, Brasil.

El conteo oficial citado por el acuerdo del Programa de Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna Meseta de Cacaxtla cita más de tres decenas de especies que presentan alguna categoría de riesgo y protección considerados en la norma oficial mexicana referida.

El área natural protegida Meseta de Cacaxtla es biológicamente valiosa. Por lo mismo resulta indispensable hacer efectiva su consolidación como un espacio ecológicamente protegido, mediante el cumplimiento de todas las acciones de administración y gestión que el decreto del 27 de noviembre de 2000 estableció como prioritarias.

Sin embargo, no basta decretar la protección de las áreas naturales protegidas, como ocurrió en el caso de la Meseta de Cacaxtla, pues, a pesar de que el citado Decreto, publicado en el año 2000, señala como una imperiosa necesidad la creación del Programa de Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna Meseta de Cacaxtla, éste no fue emitido sino hasta el 29 de octubre de 2015, fecha en que la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales lo publicó como acuerdo en el Diario Oficial de la Federación.

Lo más preocupante fue que, en ausencia de un programa de manejo, los habitantes de la región y sus comunidades vieron cómo las autoridades federales los abandonaron, dejándolos fuera de los programas de fomento del desarrollo de sus unidades de producción y de infraestructura social y económica. Así, desde 2000, en la meseta de Cacaxtla no se han construido obras de apoyo a la agricultura, tampoco se edificaron represas de agua, ni se permitió la explotación forestal y pesquera.

Lo anterior resultó en que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación dejó a los pobladores y territorio de esta región fuera de los programas de apoyos agropecuarios y pesqueros; lo mismo hizo la Secretaría de Turismo, así como las dependencias que otorgan apoyos dentro de programas ecológico-ambientales, como los de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Mientras, las dependencias responsables de la vigilancia ambiental, como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Procuraduría General de la República u otras instancias que realizan actividades de vigilancia, aplicaron tajantemente los criterios que señalaba el multicitado decreto contra los habitantes de la región, quienes, debido a sus necesidades socioeconómicas, osaron utilizar alguno de los recursos considerados en estatus de protección.

Otro aspecto por considerar es que, en los últimos 15 años, la ausencia de alguna autoridad que apoyara el desarrollo social, económico y de infraestructura de la población, y el ambiente de exceso de aplicabilidad de los preceptos supuestamente antidelictivos de tipo ambiental contra los pobladores de la región por las autoridades encargadas de la vigilancia, causó que los habitantes de la meseta de Cacaxtla poco a poco se desanimaran de las bondades de la declaratoria oficial de esta área natural protegida, ya que les resultó contraproducente para su desarrollo comunitario.

A lo anterior se debe adicionar que ante el vacío de autoridad, previamente mencionado, algunas organizaciones ajenas a la región comenzaron a instalarse en la meseta, argumentando realizar actividades de investigación; no obstante, los frutos obtenidos, vía el ejercicio de recursos federales asignados en sus proyectos, aún distan mucho del beneficio colectivo del que son merecedoras naturales esas comunidades y sus habitantes.

La sede de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, domiciliada en el mismo puerto de Mazatlán, Sinaloa, a esta fecha no ha nombrado a un titular responsable de la Dirección del Área de Protección de Flora y Fauna Meseta de Cacaxtla, incumpliendo con ello las obligaciones y tareas que la ley le designó; omisión que recalcaré, ha resultado ser perjudicial para los intereses económicos, sociales y hasta ambientales de los pobladores y sus comunidades.

Por lo expuesto, respetuosamente someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición, de urgente y obvia resolución, con

Puntos de Acuerdo

Primero. El pleno de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que dicte instrucciones destinadas a hacer cumplir con la mayor brevedad los mandatos señalados en el decreto presidencial por el que se creó el área de protección de flora y fauna Meseta de Cacaxtla, en los municipios de San Ignacio y Mazatlán, Sinaloa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2000, considerando en tal sentido, la instrucción a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para que nombre al titular responsable e instale la Dirección del Área de Protección de Flora y Fauna Meseta de Cacaxtla, lo cual coadyuvará a regular administrativamente el acuerdo por el que se creó el Programa de Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna Meseta de Cacaxtla, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de octubre de 2015.

Segundo. El pleno de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Turismo y de Cultura, para que, de manera coordinada, desarrollen proyectos y programas de fomento a la agricultura, ganadería, pesca, turismo alternativo y cultura ambiental en el área de protección de flora y fauna Meseta de Cacaxtla, previas consideraciones de impacto ambiental, destinados al desarrollo integral de los habitantes de esa región, contribuyendo a superar el estado de abandono y pobreza al que han sido expuestos desde que se decretó esa área natural protegida.

Tercero. El pleno de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares responsables de las Procuradurías Federal de Protección al Ambiente y General de la República para que, en coordinación con los habitantes y comunidades próximas al área de protección de flora y fauna Meseta de Cacaxtla, ubicada en San Ignacio y Mazatlán, Sinaloa, desarrollen estrategias conjuntas de protección y resguardo de los recursos naturales ahí localizados, así como cesar el acoso y trato delincuencial hasta ahora obsequiado a los mismos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 16 de marzo de 2017.

Diputada Carmen Victoria Campa Almaral (rúbrica)


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la Sener y Pemex que definan el estado actual del proyecto Aceite Terciario del Golfo respecto a los avances, el total de inversión, los resultados y el impacto social en los municipios que lo componen, a cargo de la diputada María del Carmen Pinete Vargas, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, María del Carmen Pinete Vargas, diputada federal de la LXIII Legislatura, y presidenta de la Comisión Especial para la prevención, conservación y, en su caso, restauración del medio ambiente en las entidades federativas donde se ubican las instalaciones de Pemex; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, fracción XIX, 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se solicita al secretario de Energía y al director general de Petróleos Mexicanos, para que defina el estado actual del proyecto “Aceite Terciario del Golfo”, en lo que respecta a sus avances, el monto total de inversión al momento, los resultados y el impacto social en los municipios que lo componen.

I. Antecedentes

Sin duda, hablar de petróleo, no solo en México sino en todo el mundo, nos refiere a la idea de fortaleza económica y de riqueza, ya que su cotización en el mercado internacional es muy alta.

De acuerdo con datos del Inegi, la industria petrolera en nuestro país representó en el año 2014, seis por ciento del producto interno bruto, cifra menor al diez por ciento que significaba hace veinte años.

En países como el nuestro, en pleno siglo XXI hablar de las regiones en donde se extrae petróleo debería llevar aparejado hablar de desarrollo social y económico, no solo del estado, mucho menos de unos cuantos, sino de todos los ciudadanos.

Sin embargo la realidad en zonas de explotación petrolera en el estado de Veracruz, es por demás lejana de ese ideal de desarrollo, fortaleza económica y riqueza.

La paraestatal Petróleos Mexicanos cumplió este 2015, 77 años desde su creación. En 1926, 12 años antes, fue descubierto al noroeste de Veracruz en una extensión de 3,800 kilómetros, uno de los mayores yacimientos petroleros de nuestro país, conocido como el “Paleocanal de Chicontepec”, que desde 1978 se menciona como una de las mayores acumulaciones de petróleo y gas en América.

La explotación petrolera en dicho paleocanal fue pospuesta durante varias décadas. En esta tribuna se debatieron en múltiples ocasiones las posibilidades y obstáculos de su aprovechamiento.

Tres sexenios tuvieron que pasar para lograr una reforma energética que permitiera los cambios necesarios para detonar la producción de hidrocarburos en el país y crear la tecnología necesaria para su explotación.

El paleocanal de Chicontepec a pesar de haber iniciado operaciones en el año de 1952, cobró singular relevancia en el año 2006 cuando Pemex inició trabajos de exploración y explotación asignándole el nombre de proyecto “Aceite Terciario del Golfo”.

I. Consideraciones

Uno de los factores de importancia del también llamado “oro negro”, es que es un recurso natural no renovable, de ahí que su correcto y eficiente aprovechamiento sea imprescindible.

El proyecto “Aceite Terciario del Golfo” aprobado en el 2006 ha presentado múltiples adecuaciones, aumentando cada vez más el monto de inversión requerido, acumulando de acuerdo con la Comisión Nacional de Hidrocarburos un monto superior a los cincuenta mil millones de pesos.

El año pasado, fue anunciado por el titular de la paraestatal que se implementarían paquetes de licitaciones para la iniciativa privada en cuatro áreas principales con 12 proyectos, entre los que se encuentra el proyecto “Aceite Terciario del Golfo” y que significarían inversiones por alrededor de 77,000 millones de dólares como parte de la llamada Ronda Uno.

Sin embargo, es sumamente preponderante que Petróleos Mexicanos aclare qué es lo que realmente ocurre con el proyecto “Aceite Terciario del Golfo”, ya pasó la ronda cero, continúa la ronda uno, y ahora se pospone lo concerniente a Chicontepec para la tercera ronda de acuerdo con la información del sitio web de Pemex que cito:

“Como parte de la estrategia de exploración y producción, la tercera ronda de licitación de Contratos Integrales se enfoca a campos en Chicontepec.” (...)

En diferentes ocasiones se ha analizado este tema, tanto en esta honorable Cámara de Diputados donde se constituyó una comisión especial desde la LXI Legislatura, como en la Cámara de Senadores, sin embargo, parece que solo se destinan y destinan recursos para un proyecto vendido como la joya de la corona pero que en la realidad no ha significado ningún beneficio que como mínimo fuera equiparable a la inversión.

II. Proposición con punto de acuerdo

Por lo anterior, en mi calidad de Diputada Federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión y Presidenta de la Comisión Especial para la prevención, conservación y, en su caso, restauración del medio ambiente en las entidades federativas donde se ubican las instalaciones de Pemex con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3 fracción XIX, 6, numeral 1, fracción I, 79 numeral 1 fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a la consideración de este pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Por el que se solicita a la Secretaría de Energía y a la Dirección General de Petróleos Mexicanos, definan el estado actual del proyecto “Aceite Terciario del Golfo”, en lo que respecta a sus avances, el monto total de inversión al momento, los resultados y el impacto social en los municipios que lo componen, así como lo que se tiene proyectado .

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 16 de marzo de 2017.

Diputada María del Carmen Pinete Vargas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la pronta resolución de las controversias constitucionales en posesión de los ministros de la SCJN promovidas por el presidente de la República y el Senado para generar certeza jurídica a las audiencias, los concesionarios y el ente regulador, a cargo de la diputada María Eloísa Talavera Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada federal María Eloísa Talavera Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración el presente punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

El 11 de junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión en donde se estableció la obligación al estado mexicano de garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet, además de establecer condiciones de competencia y libre concurrencia en los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.

De igual manera se reconoció por primera vez dentro de nuestra Carta Magna el Derecho de las Audiencias como un derecho humano, estableciéndolo en el artículo 6° de la Constitución.

Para regular, promover y supervisar el desarrollo eficiente en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones en nuestro país, la reforma de telecomunicaciones incluyo la creación de Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Un año y un mes después se publicó en el DOF la ley secundaria de telecomunicaciones, la cual conforme al artículo 1, tiene por objeto regular, entre otros, el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico; el espacio que se utiliza para brindar los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión; las redes públicas de telecomunicaciones; la prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión; la telefonía fija y móvil, los servicios y contenidos de televisión restringida y abierta.

Por otra parte se establece dentro de la ley los derechos de los usuarios y las audiencias, así como el proceso de competencia y libre concurrencia en estos sectores para que contribuyan a los fines y al ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Respecto a la los de derechos de las audiencias el artículo 256 establece cuales son los derechos de las audiencias, que a la letra señalan:

I. Recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social y cultural y lingüístico de la Nación;

II. Recibir programación que incluya diferentes géneros que respondan a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad;

III. Que se diferencie con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta;

IV. Que se aporten elementos para distinguir entre la publicidad y el contenido de un programa;

V. Que se respeten los horarios de los programas y que se avise con oportunidad los cambios a la misma y se incluyan avisos parentales;

VI. Ejercer el derecho de réplica, en términos de la ley reglamentaria;

VII. Que se mantenga la misma calidad y niveles de audio y video durante la programación, incluidos los espacios publicitarios;

VIII. En la prestación de los servicios de radiodifusión estará prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas;

IX. El respeto de los derechos humanos, el interés superior de la niñez, la igualdad de género y la no discriminación, y

X. Los demás que se establezcan en ésta y otras leyes.

De igual forma, el artículo señala que los concesionarios de radiodifusión o de televisión o audio restringidos deberán expedir Códigos de Ética con el objeto de proteger los derechos de las audiencias, debiéndose ajustar a los lineamientos que emita el instituto Federal de Telecomunicaciones.

Por otra parte el artículo 259 establece que concesionarios que presten servicio de radiodifusión deberán contar con una defensoría de audiencia, que será el responsable de recibir y dar seguimiento a las observaciones, sugerencias, o peticiones de las personas que componen la audiencia.

Derivado de las facultades que le confieren al Instituto y cumpliendo con los ordenamientos que establecen la obligación de emitir lineamientos conforme a lo establecido en los artículos 256 y 259 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el pasado 21 de diciembre del 2016 publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias. Los cuales fueron producto de una amplia consulta con expertos en el tema.

El artículo 1 de los lineamientos establecen que el objetivo de los mismos son regular en el marco de competencia del Instituto, la defensa de las Audiencias del Servicio de Radiodifusión y del Servicio de Televisión y/o Audio Restringidos, así como asegurar el cumplimiento de los derechos de información, de expresión y de recepción de contenidos en términos de lo dispuesto en los artículos 6o. y 7o. de la Constitución.

Además, los lineamientos precisan y agrupan los derechos de las audiencias por servicio o por el grupo específico al que van dirigidos, por ejemplo, audiencias infantiles y audiencias con discapacidad.

Se establecen mecanismos para la materialización de derechos de las audiencias; para el nombramiento de defensores, para la presentación y atención integral de quejas por parte de las audiencias.También reglamentan las multas para quienes incurran de posibles violaciones a derechos de las audiencias.

Por otra parte los lineamientos establecen la obligación a los concesionarios de radiodifusión y televisión el diferenciar con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta, es decir, el distinguir entre la publicidad y el contenido de un programa, y la prohibición de transmitir propaganda o publicidad como si fuera información periodística o noticiosa. También se incluyen disposiciones especiales para las audiencias infantiles y con discapacidad, guías electrónicas de programación, además de la figura de la defensoría de audiencia.

Actualmente existen legislaciones en el mundo que consideran como una función primordial del Estado, el proteger y clarificar los derechos de las audiencias respecto de los contenidos que se difunden en radio y televisión.

Es importante señalar que de no hacerlo así, en el país se continuaría manipulando lo que las audiencias ven a través de la televisión y escuchan a través de la radio, donde la línea entre información noticiosa y opinión de quien la presenta no queda definida por reglamentación.

Sin embargo, dichos lineamientos fueron rechazados por algunos concesionarios de radiodifusión y televisión, refiriendo que violentan la libertad de expresión y constituyen una censura previa.

El titular del Ejecutivo Federal presento ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la controversia constitucional 35/2017 en contra de ocho artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, señalando como autoridad demandada al Congreso de la Unión, argumentando que Invadieron facultades que, constitucionalmente, corresponden al Ejecutivo Federal, solicitando se declaren inválidos los Lineamientos Generales del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) sobre la Defensa de las Audiencias, por estar fundados en tales preceptos.

De la misma manera el Senado de la República por conducto del presidente de la Mesa Directiva la controversia constitucional 34/2017 a los Lineamientos Generales Sobre la Defensa de las Audiencias, argumentando que, invaden la esfera de competencias del Congreso de la Unión, para normar los derechos de las audiencias. Ello, en virtud de que vulnera los principios pro persona y de interdependencia, indivisibilidad y de progresividad de los derechos humanos.

Señalando, además, que contravienen e invaden la competencia electoral, establecida en el artículo 41 constitucional a favor del Congreso de la Unión, al no distinguir la publicidad comercial de la publicidad de partidos políticos y autoridades electorales.

No obstante resulta relevante señalar, que el Instituto Federal de Telecomunicaciones actuó conforme a derecho y emitió los lineamientos conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya que dicho artículo se le faculta al instituto la atribución respecto a la regulación, promoción y supervisión “de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones... garantizando lo establecido en los artículos 6º y 7º de esta Constitución”.

Al respecto el artículo 28 a la letra señala:

“El Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en los términos que fijen las leyes. Para tal efecto, tendrá a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales, garantizando lo establecido en los artículos 6o. y 7o. de esta Constitución.”

Por otra parte la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en su sentencia 117/2014 resuelta el 2 de enero del 2015, ya ha establecido un precedente al respecto, determinando por unanimidad que al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) le fueron otorgadas facultades regulatorias en el sector de su competencia para el cumplimiento de sus fines, es decir, no sólo se encuentra en posibilidad de emitir disposiciones administrativas para regular cuestiones técnicas y económicas en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, sino que además, puede expedirlas para resolver cuestiones regulatorias sustantivas que condicionan el ejercicio de los derechos de libertad de expresión y acceso a la información.

Si México pretende transitar hacia una verdadera democracia participativa, es necesario que se le otorguen a los mexicanos todas las herramientas posibles para consolidar criterios certeros sobre su entorno, ahí debemos de defender el derecho de las audiencias a recibir información sin manipulación y tenemos que hacerlo de manera transparente, albergando únicamente en nuestras decisiones, la esencia de la transparencia y la objetividad.

Derivado de lo anterior y con el debido respeto a su soberanía, exhortamos a su alta investidura de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que realicen un análisis amplio y profundo de las controversias constitucionales mencionadas y las resuelvan mediante un análisis de convencionalidad y constitucionalidad de las disposiciones controvertidas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con respeto a la plena autonomía jurisdiccional y al principio de división de poderes; exhorta a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en el ámbito de sus facultades resuelvan las controversias constitucionales 34/2017 y 35/2017 promovidas por el Senado de la República y el Presidente de la República respectivamente de manera pronta y expedita, a fin de generar certeza jurídica a las audiencias, los concesionarios y el ente regulador.

Palacio legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2017.

Diputada María Eloísa Talavera Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Condusef y el Bansefi a difundir los principales motivos del incremento de 81.6 por ciento en las reclamaciones a éste, la proporción de las relativas a la entrega de apoyos de los programas federales y las medidas que se toman en favor de los usuarios de la banca de desarrollo para reparar las deficiencias de la institución, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción II; 79 numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

1. Según la Ley de Instituciones de Crédito1 , la banca de desarrollo, forma parte del Sistema Bancario Mexicano; son entidades de la administración pública federal; cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propios; son constituidas con el carácter de sociedades nacionales de crédito; con el objeto fundamental de facilitar el acceso al crédito y los servicios financieros, proporcionando asistencia técnica y capacitación, con el fin de impulsar el desarrollo.

Los bancos de desarrollo facultados por ley para abrir cuentas de ahorro al público en general son:

• Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, SNC. (Bansefi)

• Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, SNC. (Banjercito)

2. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) tiene dentro de su misión, proteger los intereses de los usuarios de servicios financieros, mediante la regulación de las instituciones financieras2

3. Según su ley orgánica, Bansefi debería realizar funciones de banca social para fomentar el hábito del ahorro, el sano desarrollo del sector, así como el desarrollo económico nacional y regional del país, proporcionando asistencia técnica y capacitación a los integrantes del sector. Recordando que esta misma ley, define al sector como:

“Al conformado por las personas físicas y morales que, de acuerdo con los criterios definidos por el Consejo Directivo, tengan acceso limitado a los servicios financieros por su condición socioeconómica o ubicación geográfica , y a las personas morales a que se refieren la Ley de Ahorro y Crédito Popular y la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.”3

Para dar cumplimiento con estos mandatos “Bansefi ofrece servicios financieros principalmente a la población de escasos recursos, a personas que viven en localidades alejadas o de difícil acceso en las que no existe presencia de intermediarios financieros formales, y a beneficiarios de apoyos sociales. Para ese público ha diseñado cuentas de ahorro que se abren con montos bajos y brinda servicios como envío y recepción de remesas de dinero de Estados Unidos de América a México o dentro del país.”4

4. Bansefi, según su página electrónica “A junio de 2012, cuenta con 494 sucursales en toda la República, que administran más de 11 millones de cuentas, ofrecen productos de ahorro, envío y pago de remesas de dinero, colocación de microseguros de vida y otros productos y servicios financieros, y distribuyen diversos apoyos gubernamentales”.5

Sin embargo, en la dirección electrónica http://www.bansefi.gob.mx/Pages/Sucursales.aspx se contabilizan 858 sucursales , asimismo, en la página http://www.bansefi.gob.mx/Docs/Logros por ciento202015.pdf se indica que al cierre del ejercicio de 2015 contaba con 536 sucursales.

Asimismo, en el documento de Bansefi denominado Comentarios de la administración sobre la información financiera relativa a los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 , se indica que a diciembre de 2016 cuenta con 523 sucursales6 .

Datos que concatenados, revisten de vital importancia, ya que debido a sus diferencias y falta de claridad, generan incertidumbre en los usuarios, ya sea porque aún se encuentran en funcionamiento diversas páginas electrónicas de la institución o porque las mismas no han sido actualizadas.

5. De acuerdo a información del propio banco, “Bansefi se ha convertido en una pieza clave para la entrega de recursos de los programas gubernamentales hacia sus beneficiarios... en 2011, abrió cuentas de ahorro y entregó tarjetas bancarias a las 6.5 millones de familias beneficiarias del Programa Oportunidades. Bansefi utiliza tarjetas con chip con capacidad para almacenar huellas digitales, lo que tendría que garantizar la seguridad y transparencia de la dispersión de los apoyos.”7

6. En lo que va de la presente administración federal, Bansefi ha tenido cuatro directores generales:

1) Jorge Estefan Chidiac

2) Paulina Alejandra del Moral Vela

3) María Fernanda Casanueva de Diego

4) Virgilio Andrade Martínez

Lo anterior resulta relevante, ya que tanta veleidad de nombramientos, deja constancia de la falta de continuidad y poca importancia que se le ha dado a tan trascendente institución y las funciones que lleva a cabo.

7. Bansefi por ley está obligado a proporcionar a las autoridades y al público en general información relativa a sus operaciones, así como indicadores que midan los servicios con los que atiende al sector que establece su ley orgánica y contratos constitutivos, de acuerdo con los lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para esto debe utilizar medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología que le permita dar a conocer esta información8 .

8. Las reclamaciones por parte de los usuarios de la banca, en el periodo de enero-septiembre de 2015 a enero-septiembre de 2016, se incrementaron en 81.6 por ciento, pasando de mil 540 a 2 mil 797. Pese a lo anterior, el índice de desempeño de atención a usuarios para 2016 se mostró más alto comparado con 2015, pasando de 5.13 a 5.86 (en una escala del 0 al 10). Durante 2016 a pesar de tener mayor número de reclamaciones sólo tuvo dos sanciones, por un monto de 59 mil 820 pesos9 .

Por lo anteriormente fundado y motivado, ante esta honorable soberanía, solicito sea aprobado los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, a hacer del conocimiento público:

a) Los motivos por los que se incrementó, en el periodo de enero-septiembre de 2015 a enero-septiembre de 2016, en 81.6 por ciento, las reclamaciones a Bansefi y el porcentaje de éstas que son relativas a la entrega de apoyos de los programas federales, especificando el programa y la dependencia que lo administra y;

b) Las medidas que están tomando a favor de los usuarios de la banca de desarrollo, específicamente de Bansefi, para reparar las posibles deficiencias de la institución respecto al manejo de las cuentas de los usuarios, especialmente de aquéllos receptores de apoyos gubernamentales.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, SNC, a dar cumplimiento con el artículo 31 de la Ley de Instituciones de Crédito y hacer del conocimiento público:

a) El número de cuentas que administra al cierre de 2016;

b) El número exacto de sucursales que existen en el país;

c) Los motivos por los que no se ha actualizado la información de su página de internet, referente a las sucursales y cuentas administradas;

d) Las acciones que esté realizando respecto a las reclamaciones que tiene por los servicios que debe ofrecer, así como el número de éstas, que han sido atendidas, las que se han dejado de atender, las razones de esto y;

e) Las medidas que, administrativamente, se estén tomando para solventar los múltiples cambios en el nombramiento del titular de la dirección general.

Notas

1 Véanse los artículos 3o. y 30 de la citada ley.

2 Véase: http://www.gob.mx/condusef/que-hacemos

3 Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, artículos 2 y 3. (Subrayado propio).

4 Véase: http://www.bansefi.gob.mx/AcercaDe/Pages/InclusionFinanciera.aspx

5 Con información de la página electrónica: http://www.bansefi.gob.mx/AcercaDe/Pages/InclusionFinanciera.aspx

6 Véase:
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/195603/
Comentarios_de_la_administraci_n_sobre_los_resultados_del_ejercicio_2016.pdf

7 Ídem

8 Véase artículo 31 de la Ley de Instituciones de Crédito.

9 Véase:
http://www.buro.gob.mx/tbl_general_comparativo.php?id_sector=37&id_periodo=12&IdIF_Filtro=0
http://www.buro.gob.mx/tbl_general_comportamiento.php?id_sector=37&id_periodo=12#.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2017.

Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso del estado de México a tomar medidas para reducir los gastos de campaña de los partidos políticos en el proceso electoral de la entidad, a cargo de la diputada Sandra Luz Falcón Venegas, del Grupo Parlamentario de Morena

Las diputadas y los diputados que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracción I, y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta asamblea las siguientes:

Consideraciones

En 2017 habrá elecciones locales ordinarias en Coahuila, estado de México, Nayarit y Veracruz. Este proceso electoral será uno de los más costosos en la historia moderna de nuestro país, así lo muestra el segundo reporte electoral 20171 de la firma Integralia Consultores: “El costo presupuestario total de la democracia electoral mexicana en 2017 asciende a 29 mil 525 millones de pesos. No incluye aportaciones privadas a campañas ni tampoco el financiamiento ilegal que no se reporta a las autoridades.”

Diversos estudios realizados por universidades, señalan que el costo de la democracia mexicana es el más alto de Latinoamérica: 18 dólares por voto contra 29 centavos de dólar en Brasil. Según la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, el promedio del financiamiento público en México fue 18 veces superior al de los países de América Latina. Otro estudio de la Organización de Estados Americanos observa que México tiene el monto más elevado de subsidio directo a partidos y campañas en la región.2

El panorama económico para este año no es nada alentador y las condiciones de vida de todos los mexicanos se han visto afectadas, ya que hubo reducciones considerables a diversos rubros como el de desarrollo social, salud, educación, cultura y agricultura. No obstante, el financiamiento público para lo partidos políticos ya sea por actividades permanentes o para la obtención del voto, ha aumentado considerablemente. En el reporte antes mencionado, se concluye que el “tope de gasto de campaña de gobernador en estado de México, el más alto del país: 285 millones de pesos. Creció 16.4 por ciento en términos reales con relación a la última elección de 2011.” Un estudio comparativo realizado por el periódico local Alfa Diario, concluye que esta cantidad es equivalente a la construcción de mil 140 casas de interés social, e podrían adquirir 17 millones 812 mil kilos de frijol, 25 millones 909 mil kilos de arroz o 20 millones 357 mil kilos de tortillas.

Aunado a ello, es necesario referir que en el estado de México no ha habido alternancia. Es decir, el Partido Revolucionario Institucional ha gobernado por más de siete décadas; manteniendo organizaciones corporativas por medio de los recursos públicos y prebendas. Cada tres años, el gobierno local en turno destina una cantidad ilimitada de recursos de origen público y privado para intervenir de manera ilegal en las comunidades con mayores índices de pobreza en aras de obtener su apoyo mediante la compra del voto, ya sea con dinero o en especie.

Las prácticas corporativas y clientelares además del excesivo financiamiento público a los partidos políticos durante el proceso electoral, violan sistemáticamente los principios rectores de la Constitución Política para la realización de elecciones libres y auténticas. Así como se han dado –de manera unilateral- los recortes presupuestales a diversos rubros que afectan directamente a la población; nosotros como representantes populares, por un principio de congruencia y plena austeridad republicana, debemos ser conscientes e implementar las medidas necesarias para reducir el exorbitante financiamiento público a las campañas políticas.

Por lo expuesto, sometemos a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados, con pleno respeto a su soberanía, exhorta al Congreso del estado de México a que se tomen las medidas necesarias para reducir a la mitad el tope de gastos de campaña para la obtención del voto en el proceso electoral ordinario 2016-2017 con el que se renovará la gubernatura de la entidad.

Notas

1 Obtenido de:
http://integralia.com.mx/content/estudios/Prueba1/Segundo%20Reporte%20Electoral%20Integralia%202017.pdf

2 Véase: www.nexos.com.mx/?p=25810

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2017

Diputada Sandra Luz Falcón Venegas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y a los organismos constitucionales autónomos a realizar adecuaciones presupuestarias para reducir en 70 por ciento los montos destinados a comunicación social y publicidad gubernamental en 2017 y reasignar esas economías a los programas de defensa legal de migrantes mexicanos y apoyo y reinserción de los repatriados, a cargo del diputado Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Clemente Castañeda Hoeflich, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a los Poderes Ejecutivo, Judicial, Legislativo y organismos constitucionales autónomos a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para reducir en 70 por ciento los montos destinados a comunicación social y publicidad gubernamental para el presente Ejercicio Fiscal de 2017, para que dichos recursos se reasignen a los programas de defensa legal a migrantes mexicanos y a programas de apoyo y reinserción de los mexicanos repatriados, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

I. Durante la campaña presidencial del ahora presidente de Estados Unidos de América, Donald Trump, se manejó un agresivo discurso en el que se amenazaba con deportar a millones de mexicanos que viven de forma indocumentada en este país, que ascienden a 5.3 millones, según el Pew Research Center.1

“Los que vinieron ilegalmente, se tienen que ir”, fue una de las frases expresadas durante la campaña, al mismo tiempo amenazando con encarcelar a los que tuvieran antecedentes criminales.2 Adicionalmente, aseguró que aumentaría la cantidad de agentes de migración y las redadas a migrantes.

Estas expresiones con las que amenazaba con la deportación de millones de inmigrantes se reafirmaron una vez que Donald Trump se convirtió en presidente electo, y según The New York Times continuó dando indicios de que intensificaría la expulsión de personas que se encuentran de forma tanto documentada como indocumentada en Estados Unidos.3

Según estimaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, 3.2 millones de mexicanos cuentan con residencia legal permanente.4 Sin embargo, éstos de igual forma estarían sujetos a deportación y enfrentar problemas con la ley, sumando 8.5 millones de mexicanos que corren el riesgo de ser deportados. Adicionalmente existe el riesgo de la cancelación de programas de alivio migratorio como lo es el de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia DACA (por sus siglas en inglés), en el que están inscritos aproximadamente 500 mil mexicanos.

Las amenazas del ahora presidente Donald Trump han comenzado a materializarse en los recientes días, esto a través de múltiples redadas en 6 estados del vecino país, resultando en más de 350 detenidos.5 Según estimaciones de uno de los oficiales que participó en las redadas un 70 por ciento de los arrestados eran objetivos de los agentes federales, mientras que el resto eran personas que “estaban en el lugar incorrecto en el momento equivocado”.6

Anterior a estas acciones, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que entre otras medidas solicitaba el aumento de las fuerzas de seguridad para aumentar la efectividad de las redadas contra inmigrantes indocumentados, haciendo énfasis en personas con antecedentes criminales pero también incluyendo personas que han cometido faltas menores.

Según Steve Choi, director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York “Estos arrestos no hacen más que desgarrar familias, dañar nuestras economías y corroer los lazos de confianza que unen a nuestras comunidades, todo bajo el falso pretexto de la seguridad pública”.7 Igualmente, Cristina Jiménez, directora ejecutiva de United We Dream, expresó que “Estas (redadas) son claramente la primera ola de ataques bajo la administración Trump, y sabemos que no será la única”.8

Estos hechos indican que las acciones de la administración de Donald Trump incrementarán las deportaciones de inmigrantes mexicanos, pero también el retorno voluntario a las comunidades de origen de los mismos, dado que esta figura les permite evitar pérdidas materiales y separaciones familiares causadas por una eventual deportación expedita.

II. Ante este escenario es urgente que el gobierno mexicano tome acciones puntuales y eficientes y se destinen los recursos necesarios para procurar la ampliación y fortalecimiento de tres políticas fundamentales:

1) La defensa legal de inmigrantes en el proceso de deportación.

2) La asesoría para facilitar el proceso de adquisición de la ciudadanía de los inmigrantes mexicanos que cuentan con residencia legal dentro de Estados Unidos.

3) El fortalecimiento de los programas de reinserción de mexicanos que han sido deportados, considerando las diferentes habilidades y grados de especialización laborales con los que cuentan los migrantes retornados.

III. En los últimos cuatro años, considerando los ejercicios presupuestales del 2013, del 2014, del 2015 y del 2016, se constata que sólo en el gasto erogado para el rubro de Comunicación Social y Publicidad Gubernamental, se reasignaron más de 12 mil millones de pesos.

En promedio, cada año, el concepto 3600 Comunicación Social y Publicidad Gubernamental, recibió 3 mil millones de pesos adicionales a lo presupuestado, es decir, dicho concepto, tuvo incrementos presupuestales que exceden en 87 por ciento lo aprobado por la Cámara de Diputados.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017, de conformidad al Clasificador por objeto del gasto, dentro del capítulo 3000 Servicios Generales, se inscribe el concepto 3600 Comunicación Social y Publicidad Gubernamental, el cual asciende a 3 mil 120 millones de pesos.

Esta cantidad, sin considerar que históricamente suele terminar duplicándose, constituye un monto de recursos públicos importante, por lo que, ante la coyuntura actual, consideramos que la mayor parte de los recursos aprobados para este concepto deben reasignarse para atender con mayor capacidad la emergencia por migración forzada que se prevé.

Proponemos que 70 por ciento de los recursos destinados a comunicación social y publicidad gubernamental, vía adecuaciones presupuestarias, se reasignen para fortalecer los mencionados programas de defensa de mexicanos en Estados Unidos y de reinserción en nuestro país. En este sentido, proponemos que en el marco de la normatividad vigente, los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los Organismos Constitucionales Autónomos, realicen las adecuaciones presupuestales necesarias para reducir su gasto y respectivos presupuestos destinados a la Comunicación Social y Publicidad Gubernamental.

Por lo expuesto, se somete a consideración el siguiente

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para reducir en un 70 por ciento el monto aprobado en el concepto del gasto 3600 Comunicación Social y Publicidad Gubernamental que se encuentren asignados en sus respectivos Ramos presupuestales para el presente ejercicio fiscal de 2017, para que dichas adecuaciones se reasignen a los programas de defensa legal a migrantes mexicanos en Estados Unidos de América y a programas de apoyo a los mexicanos repatriados dentro de las dependencias, entidades o ramos que correspondan.

Segundo. Se exhorta al Poder Judicial y al Senado de la República, así como organismos constitucionales autónomos a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para reducir en un 70 por ciento el monto aprobado en el concepto del gasto 3600 Comunicación Social y Publicidad Gubernamental que se encuentra asignado en sus respectivos presupuestos para el presente ejercicio fiscal de 2017, y que el remanente de dicha adecuación se deposite en la Tesorería de la Federación para su reasignación a los programas de defensa legal a migrantes mexicanos en Estados Unidos de América y a programas de apoyo a los mexicanos repatriados.

Tercero. Se instruye a la Secretaría General de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para reducir en un 70 por ciento el monto aprobado en el concepto del gasto 3600 Comunicación Social y Publicidad Gubernamental para el presente ejercicio fiscal de 2017, y que el remanente de dicha adecuación se deposite en la Tesorería de la Federación para su reasignación a los programas de defensa legal a migrantes mexicanos en Estados Unidos de América y a programas de apoyo a los mexicanos repatriados.

Notas

1 “Overall Number of U.S. Unauthorized Immigrants Holds Steady Since 2009”, Pew Research Center, (20-09-2016).
http://www.pewhispanic.org/2016/09/20/overall-number-of-u-s-unauthorized-immigrants-holds-steady-since-2009/

2 “6 promesas de campaña que Donald Trump ha cambiado una semana después de ganar las elecciones en Estados Unidos”, BBC , (15-11-2016), recuperado de:
http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-37989894

3 “¿Podrá Trump deportar a tres millones de inmigrantes?” The New York Times , (17-11-2016), recuperado de:
https://www.nytimes.com/es/2016/11/17/que-representaria-la-promesa-de-trump
-de-deportar-hasta-tres-millones-de-inmigrantes/

4 “Estimates of the Lawful Permanent Resident Population in the United States: January 2013” US Department of Homeland Security , (01-09-2014), traducción propia, recuperado de:
https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/LPR%20Population%20Estimates%20January%202013.pdf

5 “Trump defiende redadas contra indocumentados”, El Universal , (13-02-2017), recuperado de:
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/menu/2017/02/13/trump-defiende-redadas-contra-indocumentados

6 “ICE rechaza hablar de redadas, pero sus últimos operativos recuerdan esas viejas prácticas”, Univisión , (13-02-2017), recuperado de:
http://www.univision.com/los-angeles/kmex/noticias/redadas/ice-rechaza-hablar
-de-redadas-pero-sus-ultimos-operativos-recuerdan-esas-viejas-practicas

7 “Detenidos en Nueva York casi 40 inmigrantes en las redadas de esta semana”, El Nuevo Herald , (12-02-2017), recuperado de:
http://www.elnuevoherald.com/noticias/estados-unidos/article132285384.html#storylink=cpy

8 “Federal agents conduct immigration enforcement raids in at least six states”, The Washington Post , (11-02-2017), traducción propia, recuperado de:
https://www.washingtonpost.com/national/federal-agents-conduct-sweeping-immigration
-enforcement-raids-in-at-least-6-states/2017/02/10/4b9f443a-efc8-11e6-b4ff-ac2c
f509efe5_story.html?postshare=7561486776867727&tid=ss_tw&utm_term=.9156594440eb

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2017.

Diputado Clemente Castañeda Hoeflich (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobernadores, las legislaturas locales, los alcaldes y los entes públicos de los estados y los ayuntamientos a realizar acciones para cumplir la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a cargo del diputado Pablo Basáñez García, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputado Pablo Basáñez García, presidente de la Comisión Especial de Vigilancia del Gasto y Deuda Pública de Estados y Municipios de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presenta ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La sociedad mexicana exige gobiernos abiertos que entreguen buenas cuentas, hagan más con menos y cuiden el dinero de todos.

Hoy la calidad de nuestra democracia depende de la calidad del gasto público; por esa razón, debemos mejorar el ciclo presupuestal con más transparencia en el ejercicio, mayor seguimiento y evaluación así como una mejor rendición de cuentas y más prudencia financiera.

En la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión conscientes de esta exigencia ciudadana, aprobamos la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios con la finalidad de transparentar las finanzas públicas subnacionales y permitir a la autoridad hacendaria federal emitir alertas sobre el endeudamiento público.

Con ello, no sólo se dio inicio a la transformación del modelo hacendario mexicano, de ampliar los controles técnicos y reducir la discrecionalidad, de promover la responsabilidad financiera y limitación del acceso a deuda que ponga en riesgo la viabilidad en estados y municipios. En este sentido, la Ley de Disciplina Financiera es un disolvente de la opacidad local y un poderoso instrumento de la modernidad del país que queremos ser en el Siglo XXI.

Con este ordenamiento, las entidades federativas, los municipios y sus entes públicos administrarán sus recursos con base en los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.

A fin de reconocer buenas prácticas de gobierno abierto, calidad del gasto público, prudencia financiera, exhortar a una mayor transparencia y acompañar la instrumentación de esta Ley en el marco de una nueva gobernanza hacendaria, esta soberanía aprobó crear la Comisión Especial de Vigilancia del Gasto y Deuda Pública de Estados y Municipios.

Uno de los objetivos de dicha comisión es la realización de estudios, análisis y presentación de estrategias para el fortalecimiento hacendario, así como establecer alianzas y convenir con Instituciones de los sectores público, privado y social, para generar acciones de profesionalización en la materia.

Atendiendo lo señalado por Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios referente al esfuerzo hacendario, la responsabilidad hacendaria y financiera, la contratación de deuda y obligaciones y su uso responsable, el sistema de alertas, el balance presupuestario y el registro público único, se considera que corresponde a los gobernadores de los estados, legislaturas locales y presidentes municipales, dar puntual cumplimiento a los principios y criterios citados en el articulado de la ley, para con ello promover un balance presupuestario sostenible, garantizar finanzas públicas sanas, la adecuada implementación de recursos y la gestión responsable por parte de los servidores públicos estatales y municipales de los recursos públicos.

Aunado a ello, el artículo tercero transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios establece que “...las entidades federativas y, en su caso, los municipios realizarán las reformas a las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas que sean necesarias para dar cumplimiento a este decreto, a más tardar a los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del mismo”.

Por todo lo anteriormente expuesto, es que someto a la consideración de esta honorable asamblea, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita de manera respetuosa a los gobernadores de los estados, legislaturas locales, presidentes municipales y entes públicos de las entidades federativas y municipios, que realicen las acciones necesarias para cumplir los criterios establecidos en el articulado de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como impulsar y promover a por todos los medios la rendición de cuentas, la transparencia presupuestal, la gestión basada en resultados, el fortalecimiento de las haciendas públicas y evitar el sobreendeudamiento.

Segundo. Se solicita a los gobernadores de los estados, las legislaturas locales, presidentes municipales y entes públicos de las entidades federativas y municipios, que aprueben, publiquen, armonicen, difundan y hagan cumplir sus leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, de conformidad con el artículo tercero de las disposiciones transitorias del decreto por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2016, que establece que las entidades federativas y en su caso los municipios contarían con un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor de las disposiciones de dicho ordenamiento, para armonizar su legislación local con las disposiciones contenidas en dicha ley, plazo que feneció el 25 de octubre de 2016.

En virtud de lo anterior, se sugiere que los ordenamientos jurídicos locales que debiesen ser homologados conforme a la normatividad aplicable en materia de Disciplina Financiera, son los siguientes:

• Constituciones Políticas de los Estados.

• Leyes de Coordinación Fiscal.

• Leyes de Coordinación Hacendaria.

• Leyes de Hacienda para los Municipios.

• Leyes de los Gobiernos Municipales.

• Leyes de Deuda Pública Estatal y Municipal o de Obligaciones, Empréstitos y Deuda.

• Leyes de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria.

•Leyes de Administración Financiera.

• Leyes de Asociaciones Público Privadas o de Proyectos de Inversión y de Prestación de Servicios, de Contratación Pública de los Estados, de Adquisiciones y Obras, de Adquisiciones, Enajenaciones y Arrendamientos o de Inversión Pública a Largo Plazo.

• Leyes de Fiscalización Superior.

• Leyes Orgánicas Municipales.

• Leyes Orgánicas del Poder Legislativo de los Estados.

• Leyes Orgánicas para la Administración Pública.

• Leyes Municipales del Consejo de Armonización Contable de los Estados

• Leyes de Planeación Estratégica.

• Leyes de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público.

• Leyes de Responsabilidad de los Servidores Públicos de los Estados y los Municipios.

• Leyes de Remuneraciones de los Servidores Públicos de los Estados.

•Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado.

• Leyes Reglamentarias para la Contabilidad de las Tesorerías Municipales del Estado para la Formación, Comprobación y presentación de sus cuentas a la Contaduría Mayor de Hacienda.

• Códigos Financieros.

• Códigos de la Hacienda Pública o Hacendarios.

• Reglamentos del Registro Estatal de Deuda Pública o del Registro Único de Deuda Pública.

• Reglamentos de la Leyes Orgánicas del Poder Legislativo de los Estados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2017.

Diputado Pablo Basáñez García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a definir acciones concretas para determinar el nivel de cumplimiento de tratados internacionales en materia de derechos humanos, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción II; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

1. En días pasados, la Auditoria Superior de la Federación entregó a esta Cámara de Diputados el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015.1 En dicho documento se informa, entre otras cosas, de la realización de la auditoría de desempeño 2 número 32-GB a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre el cumplimiento de Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos, la cual tuvo como objeto fiscalizar el cumplimiento de los compromisos asumidos en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, para el ejercicio fiscal 2015.

La auditoría de desempeño en cometo “comprendió la evaluación de los resultados obtenidos por la SRE en 2015, en los tres componentes para el cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos: 1) Cuidado en el seguimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, 2) Armonización de la legislación nacional con los estándares internacionales y 3) Contribución en el cumplimiento a las medidas cautelares y provisionales, recomendaciones y sentencias emitidas por los organismos internacionales, a fin de evaluar el desempeño de la dependencia, para dar cumplimiento a los compromisos contraídos en los tratados internacionales”.3

En lo que respecta al punto 1) Cuidado en el seguimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos se hicieron las siguientes recomendaciones:

“15-0-05100-07-0032-07-001 Recomendación al desempeño. Para que la Secretaría de Relaciones Exteriores evalúe la pertinencia de establecer un indicador sobre el seguimiento de tratados internacionales en materia de derechos humanos, con variables controladas por la dependencia, a fin de evitar que factores externos influyan en el cumplimiento de las metas establecidas, en términos de los artículos 3 de la Ley de Planeación, y 24, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones de mejora emprendidas”.

“15-0-05100-07-0032-07-002 Recomendación al desempeño. Para que la Secretaría de Relaciones Exteriores evalúe la pertinencia de elaborar un diagnóstico sobre las deficiencias y limitaciones en materia de coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que impiden informar sobre el cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos , conforme a lo programado para el ejercicio fiscal en curso y, con base en los resultados, elabore programas de trabajo por cada dirección general responsable, que le permita tener un mayor efecto en la implementación de la política exterior relacionada con las obligaciones de las que México es parte , de conformidad con los artículos 3 y 7, fracción XII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones de mejora emprendidas”.

En cuanto al número 2) Armonización de la legislación nacional con los estándares internacionales se recomendó lo siguiente:

“15-0-05100-07-0032-07-003 Recomendación al desempeño. Para que la Secretaría de Relaciones Exteriores evalúe la pertinencia de contar con un mecanismo para el registro y generación de información clara y confiable, respecto del total de reservas y declaraciones interpretativas que se tienen y las que fueron retiradas de los tratados internacionales en materia de derechos humanos , que guarde congruencia con el indicador de retiro de reservas y declaraciones interpretativas de los tratados internacionales de derechos humanos, a fin de asegurar una adecuada rendición de cuentas, en términos de del artículo tercero, numeral 14, inciso a, norma cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones de mejora emprendidas”.

“15-0-05100-07-0032-07-004 Recomendación al desempeño. Para que la Secretaría de Relaciones Exteriores evalúe la pertinencia de establecer un indicador para medir el avance en el retiro de reservas y declaraciones interpretativas de los tratados internacionales de derechos humanos, cuya meta sea de cumplimiento anua l, a fin de evaluar periódicamente su logro, que permita garantizar el cumplimiento de la meta de mediano plazo, en términos del Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2014- 2018, además del artículo tercero, numeral 14, inciso a, norma cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones de mejora emprendidas”

En lo que respecta al punto número 3) Seguimiento de las medidas cautelares y provisionales, recomendaciones y sentencias dirigidas al Estado mexicano, en la auditoría se hicieron las siguientes recomendaciones:

“15-0-05100-07-0032-07-005 Recomendación al desempeño. Para que la Secretaría de Relaciones Exteriores evalúe la pertinencia de institucionalizar mecanismos para dar seguimiento a las medidas cautelares y provisionales, recomendaciones y sentencias , en coordinación con la Secretaría de Gobernación y los organismos internacionales, a fin de establecer un manual de procedimientos para el mejor funcionamiento de las unidades administrativas, de conformidad en el artículo 11, fracciones II y IV, del Manual General de Organización de la Secretaría de Relaciones Exteriores, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones de mejora emprendidas.”

Además, en dicha auditoría se hicieron recomendaciones de desempeño en los siguientes temas: rendición de cuentas; sistemas de evaluación del desempeño y sistema de control interno. En total, en la auditoría se realizaron 8 recomendaciones.

Finalmente, en el dictamen de dicha auditoría se señala, entre otras cosas que:

“En los diagnósticos de la planeación de mediano plazo se reconoce que el problema público es el insuficiente seguimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, cuyas causas identificadas se refieren a debilidades para establecer mecanismos de coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), y con los organismos internacionales en la materia; y como efecto específico se advierten deficiencias en la garantía, el respeto y la protección de derechos humanos”

Y continúa diciendo que:

“En opinión de la ASF, en 2015, la SRE no cuenta con un grado de seguridad razonable para determinar el nivel de cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, ya que presenta deficiencias en la coordinación con la APF y con los organismos internacionales por lo que prevalece el problema público que dio origen a la política pública, cuyo efecto específico es una contribución limitada a la garantía, el respeto y la protección de derechos humanos”.

2. La Secretaría de Relaciones Exteriores es la encargada de “Promover, propiciar y asegurar la coordinación de acciones en el exterior de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; y sin afectar el ejercicio de las atribuciones que a cada una de ellas corresponda, conducir la política exterior, para lo cual intervendrá en toda clase de tratados, acuerdos y convenciones en los que el país sea parte”.4

Por lo anteriormente fundado y motivado, ante esta honorable soberanía, solicito sea aprobado el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores a

a) Definir las acciones concretas que realizará para atender las recomendaciones expuestas en la auditoría de desempeño número 32-GB sobre el cumplimiento de Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos y, a hacer del conocimiento público, la información sobre dichas acciones;

b) A hacer pública la información sobre los mecanismos de coordinación y de seguimiento que llevará a cabo con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para dar cumplimiento a los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos y;

c) A hacer del conocimiento público la información respecto de qué dependencias y entidades de la Administración Pública Federal han participado en los mecanismos de coordinación para atender, informar y dar cumplimiento a todas las obligaciones del Estado mexicano en materia de Derechos Humanos que derivan de Tratados Internacionales y otros instrumentos.

Notas

1 Disponible en línea: http://informe.asf.gob.mx/#0

2 Las Auditorías de Desempeño están orientadas a evaluar el grado de cumplimiento de metas y objetivos de los programas gubernamentales; si éstos fueron realizados con eficacia, eficiencia y economía, así como su impacto -social y económico- y beneficios para la ciudadanía.

3 Disponible en línea: http://www.asf.gob.mx:8081/Informe.aspx

4 Artículo 28, fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_191216.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2017.

Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Colegio de Bachilleres a respetar los derechos constitucionales de sus docentes y no vulnerar lo establecido en el Apartado A del artículo 123 constitucional y en la Ley Federal del Trabajo, a cargo de la diputada Magdalena Moreno Vega, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Magdalena Moreno Vega , integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 y numeral 1, fracción I, 62, numeral 2 y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Enrique Peña Nieto y Aurelio Nuño han declarado que la reforma educativa respeta los derechos laborales de los docentes. Esto es falso.

La reforma educativa ha provocado graves afectaciones a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Las modificaciones a la Constitución y las nuevas leyes del desempeño docente han quebrantado las relaciones laborales de los profesores, establecidas y reguladas en el artículo 123, de la Ley Federal del Trabajo y en la ley de los Trabajadores al Servicio del Estado.

La actual legislación instauró nuevas relaciones laborales entre los trabajadores de la educación y el Estado. De facto se pretende hacer a un lado a los sindicatos, a los contratos colectivos de trabajo y anular el principio de bilateralidad. El gobierno intenta asumir unilateralmente el control de las relaciones laborales.

En el caso particular del Colegio de Bachilleres, desde el 2013, la directora Sylvia Ortega Salazar, suspendió en forma unilateral la asignación de horas/clase y grupos en los que ya habían sido contratados decenas de profesores y los puso a disposición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). A partir de ese momento comenzó a negar la basificación a los docentes que tienen derecho de acuerdo a lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo.

En junio de 2014, con el propósito de conjurar una inminente huelga, la representación legal del Colegio y la organización sindical en algunos planteles acordaron que un número de horas serían asignados con el objetivo de resolver los problemas laborales existentes y al mismo tiempo respetar lo establecido en la Cláusula 80 del Contrato Colectivo de Trabajo en donde se establece que:

“Para cubrir las horas clase serán considerados , en primer término, todos los profesores de la misma área y plantel; en segundo lugar, los profesores del plantel que cubran el perfil correspondiente; en tercer término los profesores interesados de “El Colegio”. Sólo en caso que las horas no sean solicitadas por el personal académico de “El Colegio”, su cobertura podrá convocarse al exterior.”

En el caso de los profesores que fueron despojados de su materia de trabajo el Colegio se comprometió a dar una respuesta por la vía conciliatoria. Asimismo, se ratificó que la reforma educativa no afectaría las relaciones laborales que se mantendrían regidas por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política y por la Ley Federal del Trabajo.

En los semestres posteriores, el Colegio violentó lo pactado. No se restituyeron las horas/clase, ni los grupos a los profesores que fueron afectados. Todos los grupos fueron enviados al Instituto Nacional de Evaluación Educativa INEE y en los planteles ingresaron nuevos profesores, a los que se asignaron horas clase en forma unilateral y por demás irregular por parte de los directores y los jefes de personal.

La vida académica e institucional del Colegio se alteró profundamente. En todos los planteles se afectaron los derechos de decenas de profesores y cientos de alumnos se quedaron sin maestro hasta por un mes.

Ante los manejos irregulares, la representación sindical solicitó a los directivos del plantel el cumplimiento de la cláusula 73 que establece el derecho a la información de todos los movimientos en materia laboral, tanto del personal administrativo como del docente, sin embargo las autoridades han argumentado diversos pretextos para negar la entrega de la documentación solicitada y así poder actuar unilateralmente.

Profesores con años de antigüedad y experiencia ya no han podido incrementar horas, de acuerdo a lo establecido en la cláusula 80 del Contrato, pues han quedado relegados y se les ha dado prioridad a los profesores de nuevo ingreso, a quienes se les ha otorgado más grupos de lo establecido en la Ley General del Servicio Profesional Docente. Éstos últimos han alcanzado paquetes de hasta 27 horas y en varios casos se ha flexibilizado el perfil de estos docentes en detrimento de los estudiantes.

Todas estas anomalías se han cometido en nombre de la reforma educativa, los docentes han sido castigados con los procesos de evaluación y no han visto los supuestos “beneficios”. Los profesores han manifestado su descontento ante las irregularidades, la falta de transparencia y claridad, por lo que demandaron la cancelación del segundo proceso de evaluación ante las diversas anomalías en las que la Dirección del Colegio de Bachilleres ha incurrido.

Los profesores que serán evaluados han manifestado su inconformidad porque se les comunica en forma extemporánea las características de los exámenes a que serán sometidos y no se les da a conocer oportunamente la página de internet en donde se pueden consultar los parámetros a tomar en consideración. Violentando el artículo 68, fracción II de la Ley del Servicio Profesional Docente que señala: “Conocer con al menos tres meses de anterioridad los perfiles, parámetros e indicadores, con base en los cuales se aplicarán los procesos de evaluación”.

Por las razones expuestas anteriormente sometemos a consideración de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la directora del Colegio de Bachilleres, Sylvia Ortega Salazar, para que respete los derechos constitucionales de los docentes de esa institución y de ninguna manera se vulnere lo establecido en el apartado A del artículo 123 de la Constitución Política y en la Ley Federal del Trabajo.

Segundo. Se exhorte a las autoridades del Colegio de Bachilleres a respetar el Contrato Colectivo de Trabajo, los derechos laborales de los profesores de la institución y respetar en todo momento el principio de bilateralidad

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2017.

Diputada Magdalena Moreno Vega (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la demarcación territorial Venustiano Carranza a mejorar de inmediato los servicios públicos y la imagen urbana de la Candelaria de los Patos y La Merced, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, diputada federal Rosa Alba Ramírez Nachis, integrante de la LXIII Legislatura, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La delegación Venustiano Carranza es una de las 16 jurisdicciones territoriales-administrativas que integran la Ciudad de México; la cercanía con el centro histórico de esta metrópoli y contar con centros de abasto como la Merced y el Mercado de Jamaica, El Aeropuerto Internacional Benito Juárez, la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente, entre otros sitios, la convierten en una demarcación con un amplio movimiento comercial y laboral.

Fue creada en diciembre de 1970, mediante decreto que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; su nombre se origina en el hecho de honrar la memoria del distinguido mexicano de Cuatro Ciénegas, Coahuila; quien siendo titular del Ejecutivo Federal promulgó la constitución que actualmente nos rige.

La delegación Venustiano Carranza está conformada por 70 colonias desplegadas en 3 mil 220 manzanas a lo largo de una superficie de 34 kilómetros cuadrados.1 Se estima una población cercana 427 263 habitantes de acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015.2

Uno de los barrios más conocidos de esta delegación, son la Candelaria de los Patos, que se ubica en la parte frontal de la Cámara de Diputados, y la Merced cuyo emblemático mercado es bastante conocido en la Ciudad de México por ser un centro de abasto popular en el que se adquieren diversas mercancías, esencialmente de la canasta popular a precios muy económicos.

Sin embargo estos dos barrios vecinos reflejan en mucho los marcados contrastes de la sociedad mexicana, por una parte se encuentran los dueños de comercios acreditados y en constante bonanza, los pequeños comerciantes, los trabajadores y cientos de personas principalmente de las clases populares que acuden abastecerse a este lugar, llama poderosamente también la atención la decadencia de ambos sitios, llenos de basura, de mugre; lugar en el que han sentado sus reales la indigencia, la prostitución, el alcoholismo, la drogadicción y un sin número mal vivientes que crean inseguridad en la zona.

Ambos barrios se localizan en el perímetro de la delegación Venustiano Carranza, en donde el slogan de la actual administración es “Juntos somos la mejor delegación”, estos sitios son sin lugar a duda la mejor prueba del abandono, la negligencia y la incapacidad de las administraciones delegaciones para dar solución a las necesidades de seguridad, servicios de limpia, de alumbrado público, de atención a mercados (a la fecha, la actual administración no ha podido llevar a cabo la restauración de la nave central de este mercado incendiado hace unos años, en donde el anterior delegado solo le paso la responsabilidad al gobierno central), es decir, no se actúa con responsabilidad ante la creciente pauperización y deterioro de la zona. Pareciese dar la impresión que esta marginalidad que está presente en cada una de sus calles tiene algún o algunos beneficiarios.

De acuerdo a lo establecido en el art. 39 fracción XIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal corresponde al titular de la delegación “Formular, ejecutar y vigilar el Programa de Seguridad Pública de la delegación en coordinación con las Dependencias competentes;”3

El mismo ordenamiento legal en fracciones subsecuentes nos refiere además, la obligaciones de los jefes delegacionales, mismas que son de carácter sustantivo mas no adjetivo.

Fracción XXVII. Prestar el servicio de limpia, en sus etapas de barrido de las áreas comunes, vialidades y demás vías públicas, así como de recolección de residuos sólidos de conformidad con la normatividad que al efecto expida la Dependencia competente; y,4

Fracción XXXIV. Construir, rehabilitar, mantener y, en su caso, administrar, los mercados públicos, de conformidad con la normatividad que al efecto expida la Dependencia competente;v

De lo anterior se desprende la necesidad de emprender el mejoramiento de estos barrios, con una gran tradición mercantil, como una obligación del titular de la demarcación, en donde se impulse la participación de la ciudadanía, de conformidad con lo señalado por la Ley de Mejoramiento Barrial y Comunitario del Distrito Federal.

Hoy verdaderamente las autoridades de la delegación Venustiano Carranza deben hacer efectivo el lema de su administración de ser la mejor delegación de la Ciudad de México mediante la prestación óptima, eficaz y eficiente de los servicios púbicos al servicio de su población.

Los barrios de la Merced y la Candelaria de los Patos merecen ser dignificados, la mejor forma de hacerlo esta inicialmente en la prestación de servicios públicos de calidad y en programas de asistencia social que dejen el carácter clientelista con el que actualmente se aplican en la Ciudad de México.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al jefe delegacional en Venustiano Carranza, Ciudad de México para que de manera inmediata lleve a cabo el mejoramiento de los servicios públicos e imagen urbana de la zona de la Candelaria de los Patos y la Merced.

Notas

i https://www.turimexico.com/ciudades-de-mexico/ciudad-de-mexico/historia-de-las-delegaciones
-de-la-ciudad-de-mexico/historia-de-la-delegacion-venustiano-carranza-ciudad-de-mexico/
consultado el 13/03/2017

ii Número de habitantes http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion/ 13/03/2017

iii Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal en

http://www.aldf.gob.mx/archivo-e6937bc8a449371542a9379c2 28a8920.pdf consultado el 14/02/2017

iv Ibídem

v Ibídem

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 16 de marzo del 2017.

Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversos congresos locales a homologar sus legislaciones con los principios constitucionales de derechos humanos, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y los tratados internacionales suscritos por el gobierno mexicano para eliminar el matrimonio infantil, a cargo del diputado Érik Juárez Blanquet, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, el que suscribe, Érik Juárez Blanquet, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, presenta ante esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Desde hace muchos años, nuestro país ha participado activamente en las convenciones internacionales para la defensa de los derechos de los menores.

En el año de 1989 participó en la Convención de los Derechos de la Infancia, en 1990 participó en la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, en el 2002 participó también en la Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la infancia.

En el año de 1989 el gobierno de nuestro país, suscribió la Convención internacional sobre los Derechos de los niños y con ello se comprometió a cumplir una serie de medidas para garantizar en todo el país la protección y el bienestar de las personas menores de 18 años.

Como parte de los compromisos asumidos por México, en el año 2011, el Congreso de la Unión aprobó una reforma constitucional a los artículos 4 y 73 para establecer que el Estado mexicano velará que se cumpla el principio del interés superior de la niñez y garantizará de manera plena el ejercicio de sus derechos y se establece la facultad al Congreso para expedir Leyes que establezcan la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia, de los que México sea parte.

En este sentido, el Congreso expidió en el 2014 la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en su artículo 45 se establece una disposición muy específica que instruye a las legislaturas locales de las entidades federativas a establecer como requisito para contraer matrimonio el contar con mayoría de edad.

Hasta hoy, algunas entidades ya han homologado sus disposiciones locales, sin embargo, aún hay nueve entidades del país que se resisten a cambiar sus ordenamientos y aún siguen contemplando el matrimonio infantil.

Tal es el caso de Sonora, Tabasco, Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Durango, Ciudad de México, Guerrero y Nuevo León, que permiten, ya sea en sus Códigos Civiles, como en sus Códigos Familiares, la posibilidad de que los menores de edad puedan contraer matrimonio con personas adultas o bien con otros menores y solo basta el consentimiento de los padres para poder llevar a cabo el vínculo matrimonial, lo cual también podría tratarse de una imposición, siendo esto violatorio de los derechos humanos y del principio constitucional relativo al interés superior de la niñez. Además, hay que decir que esta situación es considerada por Naciones Unidas como la manera más generalizada que existe de abuso sexual y explotación en contra de los menores.

En las entidades mencionadas, se están violando principios de derechos humanos establecidos en nuestra Constitución y también están actuando contrariamente a lo que establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como en las convenciones internacionales suscritas por nuestro país

Necesitamos garantizar el principio del interés superior de la niñez y evitar con ello que las propias leyes locales consientan que se siga transgrediendo la dignidad y el desarrollo de los menores.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a los Congresos locales de Sonora, Tabasco, Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Durango, Guerrero, Nuevo León, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a homologar sus legislaciones locales con los principios constitucionales de derechos humanos; con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y con los tratados internacionales suscritos por el gobierno mexicano y aprobar las reformas necesarias para eliminar el matrimonio infantil.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2017.

Diputado Érik Juárez Blanquet (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a coordinarse por la Ssa con las autoridades locales a fin de realizar campañas regionales para prevenir la propagación del virus de la influenza, suscrita por los diputados Modesta Fuentes Alonso, Mariana Trejo Flores, Sandra Luz Falcón Venegas, Magdalena Moreno Vega, Roberto Guzmán Jacobo y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Los suscritos, Modesta Fuentes Alonso, Mariana Trejo Flores, Sandra Luz Falcón Venegas, Magdalena Moreno Vega, Roberto Guzmán Jacobo y Mario Ariel Juárez Rodríguez, diputados de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

Según datos de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud (SS) del Gobierno Federal, se han reportado tres mil 114 casos de influenza desde octubre del 2016.

La mayoría de los casos por influenza han sido reportados en Nuevo León, San Luis Potosí, estado de México, Querétaro y la Ciudad de México; 229 personas han perdido la vida por la enfermedad desde octubre.1

“Desde hace unos días hay una percepción clínica y social de que el número de casos de influenza ha aumentado, y en efecto, estamos ante más casos en los hospitales, que aún no se ven reflejados en los reportes oficiales; no obstante, mucha gente se ha enterado de que un familiar, un amigo o un conocido ha adquirido recientemente esta infección viral respiratoria”, señaló Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina a Boletín UNAM.

La Organización Mundial de la Salud recomienda la vacunación anual para los grupos de alto riesgo, entre los que se encuentran los trabajadores sanitarios. Sin embargo, Rodríguez Álvarez advirtió que la vacunación ya no es eficaz a estas alturas del año, que es necesario “pedir a los enfermos que busquen atención médica, que no se automediquen, que no vayan a sus centros de trabajo ni a lugares públicos... que permanezcan en casa hasta que los den de alta. Asimismo, es importante hacer todo lo necesario para que no sufran complicaciones como neumonía, bronquitis o asma”.2

Debido a los cambios bruscos de temperatura que se han dado en los últimos días, los contagios han ido en incremento, lo que hace necesario que las autoridades sanitarias alerten sobre esta situación a la población para así concientizar a los ciudadanos y poder evitar la propagación del virus.

Algunos de los síntomas de la influenza son: fiebre (generalmente alta y difícil de controlar); malestar general; sensación de cansancio; dolor muscular, de cabeza, garganta y cuello (a veces); salida de moco; estornudos y tos.

Es importante mencionar que las personas que se encuentran en mayor riesgo son:

• Mujeres embarazadas (en cualquier periodo de gestación)

• Niños menores de 5 años

• Adultos Mayores

• Personas con enfermedades crónicas

• Trabajadores sanitarios

La gripe se puede propagar rápidamente cuando una persona tose o estornuda y esparce por el aire gotículas que contienen el virus. También se puede propagar por las manos contaminadas con el virus.

La gripe estacional se propaga fácilmente, y su transmisión es rápida en entornos como las escuelas o las residencias asistidas.

Conviene tomar precauciones para limitar la transmisión. Cuando se tose hay que taparse la boca y la nariz con un pañuelo y después tirar este y lavarse las manos a fondo y regularmente.

La mayoría de los afectados se recuperan en una o dos semanas sin necesidad de recibir tratamiento médico. Sin embargo, en niños pequeños, personas de edad y personas aquejadas de otras afecciones médicas graves, la infección puede conllevar graves complicaciones de la enfermedad subyacente, provocar neumonía o causar la muerte.

La gravedad de la gripa (nombre común que le da la sociedad a la influenza), puede derivar en una neumonía, que es la inflamación grave de los pulmones, complicación que puede llevar a la muerte.

La enfermedad puede ser leve o grave, e incluso mortal. La hospitalización y la muerte son más frecuentes entre los grupos de alto riesgo. Estas epidemias anuales causan en todo el mundo unos 3 a 5 millones de casos de enfermedad grave y unas 250 mil a 500 mil muertes.3

Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Salud se coordine con las autoridades locales, con el objetivo de realizar campañas regionales para prevenir la propagación del virus de la influenza.

Notas

1 http://www.sinembargo.mx/13-03-2017/3171728

2 http://www.proceso.com.mx/477825/casos-influenza-van-en-aumento-alerta- especialista-la-unam

3 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs211/es/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2017.

Diputados: Modesta Fuentes Alonso (rúbrica), Mariana Trejo Flores, Sandra Luz Falcón Venegas (rúbrica), Magdalena Moreno Vega (rúbrica), Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica), Mario Ariel Juárez Rodríguez (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y la Policía Federal a evaluar la instalación y operación de un sistema de semaforización y alerta en las carreteras federales 185, 185-D y 190, en la zona conocida como “La Ventosa”, en Juchitán de Zaragoza y municipios aledaños del istmo de Tehuantepec, Oaxaca, a cargo de la diputada Yarith Tannos Cruz, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe YarithTannos Cruz, diputada federal de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 3, numeral 1, fracción XX, 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración y aprobación, en su caso, la presente proposición con punto de acuerdo por lo que para dar cumplimiento a lo ordenado en el numeral 2, fracción I, del artículo 79 del ordenamiento antes invocado, sustento mi proposición en los siguientes fundamentos y razonamientos:

La zona conocida como “La Ventosa”, ubicada en la parte geográfica más angosta del istmo de Tehuantepec, precisamente en la jurisdicción de Juchitán de Zaragoza y otros municipios aledaños, debe su denominación, a las fuertes corrientes de aire que se generan, por los fenómenos naturales conocidos como “norte”, por la entrada de frentes fríos, agravados por la confluencia en dicha zona de los vientos provenientes de los golfos de México y de Tehuantepec, llegándose a registrar rachas superiores a los 190 kilómetros por hora, velocidad que equivale al nivel máximo de un huracán de categoría 3, en la calificación de la escala Saffir-Simpson, para la medición de huracanes.

El área antes mencionada es atravesada por las carreteras números 185, 190 y la supercarretera 185-D, a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en las que de manera frecuente, se registran accidentes vehiculares y hechos de tránsito ocasionados por las corrientes sostenidas y rachas de viento, que provocan la volcadura de unidades de autotransporte, conocidas como tractocamiones articulados y doblemente articulados, que por su volumen y dimensiones no resisten la fuerza de los vientos.

Las autoridades locales de protección civil, realizan acciones para hacer llamados a los conductores para circular con la debida precaución, a través de las radiodifusoras o mediante la exposición provisional de advertencias contenidas en mantas rudimentarias impresas, sin que estos esfuerzos resulten suficientes en todos los casos para prevenir los accidentes; amén de los operativos constantes que ejecutan las corporaciones policíacas viales, estatales y federales.

Es común enterarnos por los medios de comunicación escritos y electrónicos de noticias que dan cuenta de múltiples volcaduras en la región de La Ventosa, en las que obviamente, se ocasionan daños materiales, perjuicios a personas y empresas por las pérdidas o retraso de mercancías y lo que resulta más grave es la pérdida de vidas humanas. Sin dejar de apuntar que existe en la zona un latente riesgo de ocasionarse daños ecológicos y desastres masivos, pues es de todos sabido que hay unidades de autotransporte que trasladan como carga, materiales y residuos peligrosos.

Es oportuno asentar, que de acuerdo a fuentes oficiales consultadas en materia de protección civil estatal y seguridad vial federal, es decir, la Coordinación Estatal de Protección Civil y la Policía Federal Preventiva, tan solo en los últimos cuatro años y lo que transcurre del presente, se han registrado68 hechos de tránsito relacionados directamente con los vientos de la zona:

Año   Accidentes

2013      15

2014      18

2015      19

2016      10

2017      6

Según lo dispuesto por el artículo 5o. de la Ley de Caminos y Puentes y Autotransporte Federal, es de jurisdicción federal todo lo relacionado con los caminos, puentes, así como el tránsito y los servicios de autotransporte federal que en ellos operan y sus servicios auxiliares. En tal sentido, el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, dispone en su artículo 4, que es competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes operar la instalación, mantenimiento y actualización de los dispositivos para el control del tránsito, y que corresponde a la Policía Federal preservar la vida y la integridad física de los usuarios y proteger los bienes que lleven consigo al transitar por las vías federales, mediante la prevención de hechos de tránsito que resulten en daños o perjuicios a conductores, pasajeros, peatones o a vías federales.

De igual manera, es responsabilidad de la Policía Federal proporcionar a los usuarios de las vías federales, información acerca de situaciones anormales del tránsito por condiciones climatológicas o cualquier otra circunstancia que ponga en peligro la seguridad del tránsito.

Por lo anterior, se encuentra plenamente justificada la instalación, a la mayor brevedad posible de un sistema de semaforización y alerta, que mediante el uso de los avances tecnológicos y electrónicos, advierta a los conductores de vehículos de carga y demás unidades de motor de menores dimensiones, las condiciones prevalecientes en tiempo real, en cuanto a: i) velocidad máxima del viento, ii) prevención de la velocidad máxima permitida del traslado de la unidad y iii) Restricción total del paso, entre otros aspectos técnicos que se requieran para prevenir los accidentes en la zona.

Por las razones anteriormente vertidas, se somete al Pleno, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, de manera respetuosa, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Policía Federal, para que en el ámbito de sus competencias, evalúen la implementación, instalación y operación de un sistema de semaforización y alerta en las carreteras federales185, 185-D y 190, en la zona conocida como La Ventosa, ubicada en el municipio de Juchitán de Zaragoza y municipios aledaños, del istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, para la prevención de accidentes vehiculares ocasionados por los fuertes vientos que se registran en dicha zona.

Dado en el Palacio Legislativo, a 16 de marzo de 2017.

Diputada Yarith Tannos Cruz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la implantación de políticas dirigidas a que la población indígena tome conciencia acerca del respeto de la dignidad de las indígenas de La Montaña, Guerrero, la importancia de desterrar cualquier práctica que tienda a utilizarlas en matrimonios forzados y los delitos que pueden configurase en caso de ser explotadas o utilizadas en acciones contrarias a su voluntad, a cargo del diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, diputado Victoriano Wences Real, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido por el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

La trata de personas es un fenómeno delictivo que se encuentra extendido por todo el mundo: miles de personas víctimas de este delito, particularmente mujeres, niñas y niños, son captados, trasladados, vendidos y comprados con fines de explotación.

Hoy en día, este delito se considera el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo, sólo superado por el tráfico de drogas y de armas, y cada año genera ganancias que van de 32 mil a 36 mil millones de dólares, aproximadamente, según estimaciones del Foro de Viena para combatir la Trata de Personas, organizado por diversas agencias de las naciones Unidas.

El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, es el instrumento universal que aborda todos los aspectos de la trata de personas: prevención, persecución penal del delito, protección a las víctimas y promoción de la cooperación internacional.

Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en el periodo que va de 2003 a 2006 las mujeres víctimas de trata se ubicaron entre 66 y 74 por ciento; de niñas, entre 10 y 16 por ciento; de niños, entre 12 y 16 por ciento, y de varones, entre 3 y 9 por ciento. De esta manera, el mayor número de víctimas correspondió a personas del sexo femenino, con un porcentaje que fluctuó entre 80 y 84 puntos para los años 2004 y 2006.

Según la UNODC, México tiene de 15 a 20 zonas con una alta incidencia en la comisión del delito de trata de personas y cuatro grandes rutas para traficarlas.

El incumplimiento del Protocolo internacional en la materia y cambios constantes en las estructuras delictivas, han favorecido a que las redes de tratantes continúen operando con relativa facilidad.

De acuerdo con el reporte de la UNODC Guerrero, se encuentra como uno de los Estados con mayor incidencia de ese delito.

En los municipios de Cochoapa el Grande y Metlatonoc aún sigue prevaleciendo la trata de personas, auspiciada por los denominados usos y costumbres.

Los padres de familia, bajo el argumento de los usos y costumbres de sus comunidades literalmente venden a sus hijas por un cartón de cerveza o un guajolote.

Por su parte, el organismo no gubernamental de Tlachinollan, reconocido mundialmente por su férrea defensa de los derechos humanos, ha denunciado públicamente que en la montaña de Guerrero, la marginación y pobreza extrema orilla a algunos indígenas nahuatlecos, mixtecos, amuzgos y tlapanecos, por usos y costumbres, cuando las hijas cumplen 12 años, sus padres las entregan en matrimonio a cambio de una “dote” que se traduce en especie o en dinero en efectivo.

Tlachinollan documentó denuncias por la entrega de las hijas de entre 12 y 15 años de edad a cambio de dinero, según la práctica de usos y costumbres.

En algunos casos, las jóvenes son llevadas a las familias de sus novios a cambio de una “dote” de 100 mil pesos, lo que la organización no gubernamental calificó de “un comercio” que propicia la violencia familiar debido a que los novios consideran a las mujeres un objeto de su propiedad

La venta de niñas se mantiene en municipios como Cochoapan el Grande, Metlatónoc, Atixtlac y Acatepec, considerados entre los más pobres del país.

Por su parte, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través de la Subdirección del Programa de Trata de Personas, durante la conferencia para prevenir la trata de personas, Libertad sin engaños ni promesas falsas, Meixueiro, celebrada en abril de dos mil dieciséis, señaló que las regiones de la Montaña, Acapulco y Costa Chica, son las que registran más casos de trata de personas en la entidad.

Explicó además que en la entidad, las personas que son captadas para la explotación laboral y sexual provienen de municipios como Tlapa de Comonfort, Zihuatanejo, Cruz Grande, Alcozauca, Huamuxtitlán, Coyuca de Catalán y Xalpatláhuac.

Resulta evidente que estas prácticas no pueden ser avaladas o consentidas, es necesario respetar la dignidad humana de las mujeres indígenas, debemos buscar erradicar cualquier acción que tienda a violentar los derechos humanos de las mujeres, no podemos permitir más un matrimonio forzado o acordado por una dote.

Debemos respetar el derecho de las mujeres indígenas a decidir libremente, no podemos permitir que las mismas sean utilizadas como un objeto mercantil, debemos de desterrar las indebidas prácticas que laceren su condición de mujeres.

Por lo anteriormente expuesto, y en atención a nuestras obligaciones constitucionales y convencionales para favorecer la protección de los derechos; presento la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de Poderes y el federalismo, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para que implementen políticas públicas que concienticen a la población indígena a respetar la dignidad humana de las mujeres indígenas de la Región de la Montaña del estado de Guerrero, la importancia de desterrar cualquier práctica que tienda a utilizarlas en matrimonios forzados, y los delitos que pueden configurase en caso de ser explotadas o utilizadas en acciones en contra de su voluntad.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2017.

Diputado Victoriano Wences Real (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al incremento de feminicidios en el estado de México, suscrita por los diputados Sandra Luz Falcón Venegas, Magdalena Moreno Vega, Concepción Villa González, Mario Ariel Juárez Rodríguez y Jesús Serrano Lora, del Grupo Parlamentario de Morena

Las y los diputados que suscriben, Sandra Luz Falcón Venegas, Mario Ariel Juárez Rodríguez, Magdalena Moreno Vega, Jesús Serrano Lora y Concepción Villa González, todos integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, nos permitimos presentar a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El estado de México es uno de los treinta y un estados que, junto con la Ciudad de México, conforman las treinta y dos entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos. También es uno de los estados fundadores de la federación, y el de mayor densidad de población, con más de 15 millones de habitantes, por lo que se convierte en la entidad más poblada de nuestro país. Posee una superficie mayor a 22 mil kilómetros cuadrados y se divide en 125 municipios.

El estado de México ha sido cuna de grandes personalidades, incluyendo a mujeres como Sor Juana Inés de la Cruz, destacada escritora y religiosa nacida en San Miguel Nepantla; y a hombres como José María Velasco Gómez, destacado paisajista nacido en Temascalcingo; quienes han contribuido al desarrollo de la vida social, económica, política y cultural de la entidad, y cuyas aportaciones en diferentes ámbitos han ayudado también al desarrollo del país1 .

El estado de México contribuye con 9.5 por ciento al producto interno bruto (PIB) de México, lo que le posiciona como la segunda economía del país, según lo que ha publicado el diario El Economista 2 , sólo detrás del Distrito Federal. El PIB estatal está compuesto en 28 por ciento por la industria manufacturera, de maquinaria y equipo, de electrónicos, automotriz, textil y maquiladora; 22 por ciento por el sector servicios; 20 por ciento por el comercio, hoteles y restaurantes; y 15 por ciento por los servicios financieros y actividades inmobiliarias.

Los últimos censos señalan que el estado de México tiene una población total de 15 millones 175 mil 862 personas; de las cuales 7 millones 778 mil 876 son mujeres y 7 millones 396 mil 986 son hombres. Entre los principales problemas que aquejan a la entidad destacan: la pobreza y la desigualdad, el crimen organizado, los feminicidios y la ausencia de transparencia en las tareas de gobierno.

De acuerdo con las conclusiones del reporte Midiendo el bienestar en los estados mexicanos, publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) , una persona que vive en el estado de México puede tener una probabilidad más alta de encontrarse en pobreza, cuatro años menos de esperanza de vida, una posibilidad siete veces mayor de abandonar la escuela, siete veces más probabilidades de trabajar muchas horas por un salario muy bajo y la posibilidad cinco veces más alta de sentirse inseguro en su propia localidad.

En lo que se refiere a los feminicidios, diferentes medios internacionales han dado muestra de la cantidad alarmante de dichos delitos perpetrados en el estado de México. El diario británico The Guardian señala que en dicha entidad entre 2011 y 2012 un total de mil 258 niñas y mujeres fueron reportadas como desaparecidas. De ese total, 53 por ciento tenía entre 10 y 17 años de edad. Asimismo, recuerda que entre 2005 y 2011, cuando el actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, fue gobernador del estado, fueron asesinadas mil 200 mujeres.

Por otra parte, el diario estadunidense The New York Times apunta que en un sexenio más de mil 900 mujeres y niñas fueron asesinadas de forma violenta en México y casi la mitad de ellas con armas de fuego. Esto ubica a nuestro país entre los 25 países con la mayor tasa de feminicidios del mundo.

Por estas y otras cifras el estado de México vive en la actualidad una situación dramática y alarmante, que nos preocupa y ocupa como legisladores. Por otro lado y durante la última década, esta entidad federativa se ha caracterizado por ser una de las que presentan mayores índices de desigualdad, pobreza y violencia.

El caso Tlatlaya es un botón de muestra que nos da cuenta de esta crisis generalizada que ha convertido al estado de México en uno más de los territorios ingobernables de este país, donde impera un ambiente de absoluta omisión de los graves problemas, violación de los derechos humanos y la impunidad hacia los actores involucrados.

En lo que respecta al feminicidio, el informe sobre este tema en México elaborado y publicado desde 2011 por la ONU Mujeres, el Instituto Nacional de la Mujeres y el Colegio de México, indica que el país ocupa el lugar 16 en la incidencia de homicidios contra mujeres a escala global, pues se registra un aumento sostenido del delito desde 2007 y se estima que en nuestro país son asesinadas 6 mujeres al día.

Desde hace siete años, diversas organizaciones sociales encabezadas por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) han demandado a las autoridades federales emitir la alerta de género en la entidad, pues consideran que existe “una violencia estructural y sistemática contra las mujeres ”, que se expresa en cientos de asesinatos y desapariciones de niñas y jóvenes con fines de trata.

De 2011 a 2014 se documentaron más de 800 muertes violentas de mujeres , de las cuales menos de una cuarta parte han sido reconocidas e investigadas como feminicidios por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. El menosprecio y el desdén por parte del gobernador Eruviel Ávila hacia esta grave crisis humanitaria, ha contribuido a la consolidación de una ignominia persistente.

En 2017 el 73 por ciento de los feminicidios registrados en el estado de México, las víctimas habían denunciado ante las autoridades ministeriales a su victimario, por lo que no se actuó a tiempo para evitar los crímenes, denunció la organización Mujeres en Cadena.

La dirigente de la agrupación, Xóchitl Arzola Vargas, indicó que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los feminicidios en México aumentaron 40 por ciento entre 2006 y 2012 y 95 por ciento quedó impune.

Advirtió que en el estado de México continúan presentándose asesinatos de mujeres cada vez con mayor saña y violencia.

“Han sido desmembradas, calcinadas, torturadas y, en otros casos, empaquetadas, siendo abandonados los cuerpos en la vía pública, en basureros o lotes baldíos”, lamentó.

Para la activista la Alerta de Género “nació muerta” en el estado, pues sólo el año pasado, según cifras de la agrupación, se registraron 263 feminicidios, no obstante que se implementó en 11 de los 125 municipios mexiquenses.

Ecatepec ocupa el primer lugar en el número de feminicidios registrados, seguido de Nezahualcóyotl, Atizapán y Naucalpan.

“En lo que va del presente año, suman más de 45 feminicidios; sin embargo, para el Fiscal General de Justicia a mediados de febrero él contabilizaba sólo dos”, afirmó.

Si bien la Alerta de Violencia de Género para once municipios del estado de México fue declarada –de forma tardía– el 31 de julio de 2015; en 2016 y en lo que va de este 2017, los feminicidios siguen siendo una constante en la entidad. Durante los meses de este año, no ha disminuido y por el contrario se han reportado más feminicidios, sin que un sólo agresor haya sido detenido3 .

La Alerta de Género emitida en 2015 en el estado de México ha sido un fracaso, afirman organizaciones civiles, pues los 11 municipios donde se implementó siguen siendo los más peligrosos para las mujeres. Las fallas en la aplicación de los protocolos de este mecanismo, así como la indiferencia y omisiones por parte de las autoridades para investigar los asesinatos con características feminicidas, han contribuido en la comisión de este delito. El número de víctimas varía, mientras que el registro de los feminicidas es casi inexistente.

La entidad, cuna del priismo, es líder en asesinatos de mujeres, quienes primero son reportadas como desaparecidas y después de varios días o meses sus cuerpos, con signos de tortura o de abuso sexual, son hallados en zonas deshabitadas y de difícil acceso.

La entidad gobernada por Eruviel Ávila Villegas ya rebasó los niveles reportados por Chihuahua. En lo que va de 2017, en el estado de México se ha reportado la desaparición de 49 mujeres y el asesinato de 46.

Desaparecer mujeres para después asesinarlas brutalmente se ha vuelto una constante en el estado de México, convirtiéndose en el nuevo epicentro de los feminicidios a pesar de que en noviembre de 2015 la Secretaría de Gobernación (Segob) emitió la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los municipios de Ecatepec de Morelos, Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco.

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) informó que de 2005 a 2014, en el estado de México desaparecieron 4 mil 281 mujeres. Mientras que el Observatorio Nacional del Feminicidio refiere que de enero de 2015 a junio de 2016 se reportó la desaparición de 2 mil 43 mujeres, y que 62 por ciento de las víctimas tenían entre 10 y 20 años de edad. En lo que va de 2017, 25 mujeres han desaparecido en la entidad, informó la organización Solidaridad por las Familias.

El Observatorio Ciudadano en contra de la Violencia de Género, Desaparición y Feminicidios en el estado de México (Mexfem), alertó desde hace un par de años que “las acciones implementadas por el estado de México no corresponden a la verdadera problemática de la violencia contra las mujeres y la falta de acceso a la justicia para las mujeres, pues aun cuando se dotaron de recursos y competencias a ciertas instancias, no resolvieron de fondo la discriminación e impunidad que persiste en estas instituciones, creando un contexto de simulación en esta entidad4 .

Fundado y motivado en las consideraciones anteriormente expuestas, sometemos a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal para que a través del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, declare al estado de México, estado de emergencia , por el alza alarmante de feminicidios ocurridos en dicha entidad.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, extienda la alerta de violencia de género contra las mujeres a los 125 municipios del estado de México y haga públicos sus resultados.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de México, Eruviel Ávila Villegas, a que en el ámbito de sus atribuciones, active los protocolos adecuados para la atención, el tratamiento y el respeto irrestricto para las víctimas de la violencia de género en la entidad.

Notas

1 Obtenido de:
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_M%C3%A9xico#Origen.2C_fundaci.C3.B3n_y_evoluci.C3.B3n_territorial

2 Véase: http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2013/12/02/monterrey-t ercera-economia-pais

3 http://www.elgrafico.mx/la-roja/07-03-2017/el-73-de-muertas-en-edomex-h abian-denunciado.

4 http://www.sinembargo.mx/10-03-2017/3169648

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2017.

Diputados: Sandra Luz Falcón Venegas, Mario Ariel Juárez Rodríguez, Magdalena Moreno Vega, Jesús Serrano Lora, Concepción Villa González (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a iniciar por la Ssa el procedimiento de actualización de la NOM-043-SSA2-2012, “Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación”, a cargo de la diputada Sara Latife Ruiz Chávez, del Grupo Parlamentario del PRI

Sara Latife Ruiz Chávez, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y en las fracciones IV y V del numeral 2, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Salud, inicie el procedimiento de actualización de la NOM-043-SSA2-2012, Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación, con la finalidad de incrementar las porciones de frutas, verduras, reducir el consumo de granos y cereales en particular las harinas procesadas como el pan y referir las bondades de la elección de productos lácteos con niveles bajos de grasas al tenor de las siguientes

Consideraciones

En los últimos años, la tendencia creciente de la sociedad hacia la obesidad y las enfermedades cardiovasculares ha generado una enorme preocupación en los sistemas de salud pública. El incremento exponencial de las personas con algún tipo o varios de estos padecimientos es una muestra ?más que evidente? del problema al que se enfrenta la sociedad mexicana de este siglo. Aunque los esfuerzos para combatirlos han sido muchos, los resultados no se han comprobado favorablemente aun; por ello es necesario reajustar las estrategias del pasado, así como implementar nuevas, a fin de modificar la propensión al consumo de alimentos que generen disfunciones en el organismo.

Hace más de cincuenta años, la población tenía como “enemigo mortal” a enfermedades como las diarreas, neumonías y paludismo. En el año 2005, ese dejó de ser un ámbito de preocupación que fue desplazado por la diabetes, enfermedades isquémicas cardiacas, cirrosis, enfermedades cerebro-vasculares y la enfermedad obstructiva crónica. Así, en el 2015, las diez principales causas de muerte de la población habitual fueron, en orden descendiente: las enfermedades isquémicas del corazón, la diabetes mellitus, los tumores malignos, accidentes vehiculares, enfermedades del hígado, enfermedades cerebro- vasculares, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, agresiones, influenza e insuficiencia renal.1

La cardiopatía isquémica es la consecuencia de la reducción del flujo sanguíneo al músculo del corazón por un bloqueo parcial o completo de las arterias que suministran sangre al corazón, reduciendo la capacidad del corazón para bombear sangre de manera eficiente, cuestión que puede conducir a un infarto. La diabetes mellitus es un conjunto de trastornos metabólicos con elevaciones de glucosa en la sangre de manera persistente que se puede deber a un defecto en la producción de insulina o a una deficiencia en su uso de la glucosa. Los tumores malignos son alteraciones en los tejidos con agrandamiento anormal. La mala alimentación es un factor determinante en la formación y evolución de los tumores. Las enfermedades cerebro-vasculares son un conjunto de trastornos de la vasculatura cerebral que conllevan a una disminución del flujo sanguíneo en el cerebro que afecta la función de una zona cerebral; aparejando problemas isquémicos o hemorrágicos.

El año pasado se publicó la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino (Ensanut 2016), instrumento encargado de develar la situación de la población total del país en la materia y de coadyuvar a que se generen políticas públicas que ayuden con la solución de los problemas presentados. En ella se observó un aumento en la prevalencia de diagnóstico médico por diabetes, sobre todo entre los mayores de 60 años de edad.

Tabla 1: Diabetes diagnosticada 2

Tabla 2: adultos diagnosticados con diabetes 3

El reporte de diagnóstico previo fue mayor para las mujeres con el 10.3 por ciento de las encuestadas afectadas, en localidades tanto urbanas como rurales. Los hombres en localidades urbanas tuvieron menor proporción de diagnóstico previo, en comparación con los habitantes de zonas rurales. La mayor prevalencia observada fue en la región sur del país, aunque en la zona centro, las mujeres presentaron la enfermedad en mayor porcentaje. El 87.8 por ciento de los adultos encuestados afirmó recibir tratamiento médico para su padecimiento. Dentro de las complicaciones, la mayoría reportó visión disminuida, daño en la retina, perdida de la vista úlceras y amputaciones; en mayor proporción que en 2012.

Tabla 3: Complicaciones reportadas en diabéticos 4

No obstante la prevalencia de adultos que conoce su estado de salud, el 46.6 por ciento de ellos no realiza las medidas preventivas para evitar o retrasar las complicaciones. Dentro de estas medidas se encuentra la revisión de pies, estudios de laboratorio para colesterol y triglicéridos, vacunas contra la influenza, y revisión oftalmológica.

Otra enfermedad relacionada con la mala calidad alimenticia es la hipercolesterolemia. El 44.5 por ciento de los encuestados afirmó haber recibido exámenes para su medición, de ellos, el 28 por ciento fue detectado con ella. En México, el 25.5 por ciento de la población padece de disfuncionalidad en la presión arterial.

Tabla 4: Casos de hipertensión arterial en adultos 5

En tema de la obesidad en el país es de suma relevancia puesto que la calificación, respecto de los demás países es que somos el que tiene mayores índices a nivel mundial. El sobrepeso y obesidad en niñas y niños en edad escolar fue del 33.2 por ciento, con un crecimiento de la obesidad en casi 1 por ciento. La mayor prevalencia de obesidad y sobrepeso se encuentra en las zonas urbanas, para este rango de edad, equivalente al 35 por ciento, comparado con el 29 por ciento en las rurales (aunque éste incrementó 2 por ciento respecto del 2012).

Tabla 5: Sobrepeso y obesidad en personas de 5 a 11 años por sexo 6

El estado de nutrición de la población entre 12 y 19 años fue de 36.3 por ciento de adolescentes obesos (13.9) y con sobrepeso (22.4 por ciento), con una tendencia al aumento. Las mujeres adolescentes suelen superar en porcentaje a los hombres por casi 6 puntos porcentuales. No obstante lo preocupante de los números, la prevalencia combinada disminuyó 1 por ciento de la encuesta pasada a la actual en las localidades urbanas.

Tabla 6: Sobrepeso y obesidad en población de 12 a 19 años por sexo 7

En adultos de 20 o más años, la prevalencia combinada fue de 72.5 por ciento, cifra mayor a la del año 2012. Esta es mayor en mujeres que en hombres, 75.6 por ciento y 69.4 por ciento respectivamente. La obesidad mórbida es 2.4 veces mayo en mujeres. En las localidades rurales fue 11.6 por ciento mayor la prevalencia de sobrepeso, en comparación con las zonas urbanas; y 16.8 por ciento mayor en las zonas urbanas respecto de las rurales en obesidad. Las cifras para la población en edad adulta son de mayor preocupación en las mujeres por el alto crecimiento de ambos rubros en las últimas décadas y entre las encuestas.

Tabla 7: Prevalencia de sobrepeso y obesidad comparada en mayores de 20 años por sexo 8

En cuanto al consumo de alimentos de los encuestados, podemos observar la influencia directa de tal en el sobrepeso y obesidad. Las personas entre 5 y 11 años consumieron una pequeña cantidad de verduras (20 por ciento); cerca de la mitad consumió frutas y huevo; más del 60 por ciento consumió leguminosas, agua y lácteos; y más del 40 por ciento carnes no procesadas. El 62 por ciento consumió botanas, dulces y postres; el 53 por ciento comió cereales dulces; el 82 por ciento, bebidas no lácteas endulzadas y el 40 por ciento, bebidas lácteas endulzadas.

Los adolescentes consumieron en su gran mayoría agua (83 por ciento), más del 60 por ciento comió leguminosas y lácteos. Poco menos del 50 por ciento consume carnes y huevo. El 39 por ciento consume frutas y el 27 por ciento, verduras. Más del 80 por ciento consume bebidas endulzadas no lácteas y más del 60 por ciento ingiere botanas, dulces y postres. Alrededor del 20 por ciento de los adolescentes mexicanos consume carnes procesadas y comida rápida.

El agua simple es el producto más consumido en la población adulta. El 87 por ciento de los mayores de 20 años consume carne, con mayor incidencia en las localidades urbanas. El 76 por ciento consume legumbres, más en las regiones rurales. El 65 por ciento consume lácteos, mayormente en las ciudades. Más del 50 por ciento de los adultos en México consume huevo. El grupo de alimentos que menos se consume entre los adultos son las verduras, con un reporte de 43 por ciento de consumidores. Alrededor del 85 por ciento consume bebidas no lácteas endulzadas, el 46 por ciento cereales, dulces y el 41 por ciento come botanas, dulces y postres.

Con base en lo anterior se verifica la interconexión entre el consumo de productos procesados como harinas, bebidas endulzadas provenientes o no de los lácteos, botanas, postres, dulces, carnes procesadas y demás, con el aumento sostenido en la obesidad y el sobrepeso. La regulación de planes que ataquen directamente estas desviaciones en el consumo tiene como fin evitar las enfermedades que se posicionan en los primeros lugares de causa de muerte entre los mexicanos, aunado a la disminución de la calidad de vida que implica su padecimiento.

Así, además de buscar soluciones y estrategias de mejoramiento en la calidad de vida y salud de la población, es imprescindible que se lleven a cabo estrategias en las que la prioridad de consumo de alimentos esté enfocada hacia las verduras y, en menor cantidad, las frutas. La modificación en las proporciones de los tres tipos de alimentos señalados en el plato del buen comer es un paso en el mejoramiento de la información proporcionada a los consumidores.

Igualmente, las cantidades recomendadas en las cinco veces que se recomienda comer deben restablecerse y priorizar la ingesta de una cantidad mayor tanto de verduras y frutas como de lácteos bajos en grasa. De manera conjunta, también se debe establecer la inconveniencia de tomar bebidas endulzadas de origen diferente al lácteo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Salud inicie el procedimiento de actualización de la NOM-043-SSA2-2012, Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación; con la finalidad de incrementar las porciones de frutas, verduras, reducir el consumo de granos y cereales en particular las harinas procesadas como el pan y referir las bondades de la elección de productos lácteos con niveles bajos de grasas.

Notas

1 Ingei, Principales causas de mortalidad por residencia habitual, grupos de edad y sexo del fallecido, Consulta de resultados: tabulados básicos, 2015. Disponible en:

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/registr os/vitales/mortalidad/tabulados/ConsultaMortalidad.asp.

2 Instituto Nacional de Salud Pública de la Secretaría de Salud, Ensanut 2016, octubre del 2016. Disponible en: http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/doctos/encuestas/resultados/Ensan ut.pdf.

3 Instituto Nacional de Salud Pública de la Secretaría de Salud, Ensanut 2016, página 47.

4 Instituto Nacional de Salud Pública de la Secretaría de Salud, Ensanut 2016, página 53.

5 Instituto Nacional de Salud Pública de la Secretaría de Salud, Ensanut 2016, página 56.

6 Instituto Nacional de Salud Pública de la Secretaría de Salud, Ensanut 2016, página 65.

7 Instituto Nacional de Salud Pública de la Secretaría de Salud, Ensanut 2016, página 67.

8 Instituto Nacional de Salud Pública de la Secretaría de Salud, Ensanut 2016, página 69.

Palacio Legislativo de San Lázaro.- Ciudad de México, a 16 de marzo de 2017.

Diputada Sara Latife Ruiz Chávez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a garantizar la libertad de expresión, el ejercicio de la labor periodística y la vida, seguridad e integridad de los profesionales de la comunicación en México, a cargo de la diputada Brenda Velázquez Valdez, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Brenda Velázquez Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, fracción II, numeral 2, fracción VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo con base en las siguientes:

Consideraciones

1. Para la UNESCO, México es el quinto país en el mundo donde resulta más peligroso ejercer el periodismo y el más riesgoso en América Latina.

2. La CNDH informó a este H. Congreso de la Unión el pasado 25 de enero de 2017, que se tienen 92 expedientes abiertos relacionados con agresiones a periodistas.

3. Durante el tercer trimestre de 2016 fueron asesinados Pedro Tamayo, reportero de Tierra Blanca, Veracruz; Agustín Pavía, locutor de Huajuapan, Oaxaca; Aurelio Cabrera, reportero y director de un medio de Huachinango, Puebla; Jesús Adrián Rodríguez, reportero del grupo Radio Divertida de Chihuahua.

4. En lo que va del 2017 ha sido privado de la vida el periodista Cecilio Pineda Brito, editor del Periódico La Voz de Tierra Caliente, Guerrero; y se han reportado al menos 15 agresiones a periodistas en 13 Estados de la República.

5. En ninguno de estos casos documentados, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República ha ejercido su facultad de atracción para investigar los homicidios en contra de los periodistas.

6. La omisión de las autoridades judiciales para investigar y castigar a los responsables materiales e intelectuales en estos casos, envía un mensaje de permisibilidad de la violencia en contra de los periodistas en México, así como de desprecio hacia la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a acceder a la información.

7. Las declaraciones del Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación en relación con el asesinato del periodista Cecilio Pineda, son inaceptables, la respuesta del Gobierno Federal no puede ser: ?se lo advertimos?, el Estado, tal y como lo dice la Constitución, tiene la obligación de garantizar la vida y la seguridad de los periodistas.

8. Rechazamos tajantemente la respuesta del Gobierno de la República ante el asesinato del periodista Cecilio Pineda Brito. Es inaceptable que el Gobierno Federal conociera las amenazas hechas al periodista 17 meses antes de su lamentable deceso.

9. Exigimos que se tomen las medidas necesarias para que se atienda de inmediato la situación de violencia en contra de los periodistas y medios de comunicación en México, y demandamos sensibilidad por parte del Gobierno de la República ante esta lamentable y dolorosa situación.

Por lo anteriormente expuesto se presenta esta proposición de urgente y obvia resolución con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que instruya al Secretario de Gobernación y al Procurador General de la República a cumplir con sus facultades constitucionales y legales a efecto de garantizar la libertad de expresión, el derecho a la información, el ejercicio de la labor periodística, así como la vida, seguridad e integridad de los profesionales de la comunicación en todo el territorio nacional.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 16 de marzo de 2017.

Diputada Brenda Velázquez Valdez (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 18 de marzo, Día de la Expropiación Petrolera, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La expropiación petrolera se dio el 18 de marzo de 1938 decretada por el presidente de la República, general Lázaro Cárdenas del Rio, fue el resultado de implementar la Ley de Expropiación de 1936 y de la Reforma al artículo 27 Constitucional que fueron aplicados a las compañías petroleras que en eso tiempo operaban en nuestro país.

A principio de la década de los treinta, la industria petrolera en México estaba dominada por compañías extranjeras, los trabajadores del sector petrolero ya tenían en su haber varios intentos de querer organizarse formando sindicatos en sus respectivas compañías para poder defender sus derechos y de esa manera acceder a mejores condiciones laborales, así como la paga de salarios justos y la homologación de sus trabajadores en todo el sector.

En el artículo 27 de la constitución de 1917 que promulgara el presidente Venustiano Carranza ya estaba de manifiesto que todos los yacimientos incluido el petróleo pasan a dominio directo de la Nación, con esa modificación al mencionado artículo las compañías petroleras sacaron el mayor provecho antes de que se les aplicaran la ley.

Cuando Lázaro Cárdenas asumió el cargo de presidente de la República una de las primeras acciones que tomo fue la creación de sindicatos para proteger los derechos laborales de los trabajadores, y fue la lucha del sindicato petrolero la que hizo que el presidente tomará la decisión de nacionalizar el petróleo, gracias a esta política de apoyo a la clase obrera para que se organizara y pudiera exigir sus derechos laborales fue que se fundó primero Petromex, para después convertirse en lo que hoy es Pemex.

Para el año de 1935 y a pesar de las múltiples negativas y represiones los trabajadores lograron formar el Sindicato de Trabajadores de la República Mexicana, que inmediatamente redactó un proyecto de contrato colectivo en el que solicitan que la jornada laboral no exceda de 40 horas y que si algún miembro del sindicato enfermara se le pagara integró su salario, este proyecto de contrato colectivo tenía la encomienda de sustituir todos los contratos colectivos que regían en las diferentes compañías petroleras.

Pero fue hasta el año de 1937 cuando el sindicato demandó la firma del contrato colectivo, que las compañías no aceptaron, entonces el sindicato emplazó a huelga el 17 de mayo de ese año, y la lucha porque se le reconociera al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana el contrato colectivo que habían redactado para que aplicara en todas y cada una de las empresas que operaban en el País, esto se logró gracias a que la Junta General de Conciliación y Arbitraje falló en un laudo a favor del Sindicato, que obligaba a las compañías a pagar 26 millones de pesos al sector obrero, las compañías no acataron la orden de la Junta y buscaron ampararse ante la Suprema Corte de Justicia, quien les negó el amparo confirmando el falló de la autoridad laboral.

Ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia, las empresas extranjeras decidieron no cumplir con el mandato de la autoridad laboral y eso fue lo que provocó que el presidente Lázaro Cárdenas decretara la expropiación petrolera, convirtiendo a estas compañías en propiedad del Estado.

Es aquí, con la terminación de la ardua lucha porque se le reconocieran sus derechos laborales a los trabajadores del sector petrolero que nace como ya se había comentado con antelación primero Petromex, que ya después se convirtió en lo que hoy es Pemex que desde entonces y hasta antes de la Reforma Energética del presidente Enrique Peña Nieto era la única que podía explotar y administrar todos los yacimientos petroleros del país.

Por muchas décadas Pemex fue un gran modelo de empresa petrolera, pero en los últimos 25 años la paraestatal no se renovó tecnológicamente y esto le impidió convertirse en una empresa dinámica y de primer mundo, lo que a la postre provocó que la producción petrolera fuera muy limitada.

Con la reforma energética nos vendieron que al país le iba a ir bien, y la realidad es que no se ve ningún tipo de mejora en la economía de las familias mexicanas, al contrario cada día está más difícil la situación en la vida de la población, cada día hay más pobres.

Cabe recordar que fue en los últimos años donde se acrecentó el saqueo a Pemex, un ejemplo es el sexenio de Vicente Fox y en los 2 primeros años de Felipe Calderón, hablamos de los años 2001 al 2008, la empresa obtuvo excedentes petroleros por más de un billón de pesos revelo la Auditoria Superior de la Federación, en su informe de la cuenta pública de 2008.

La pregunta es: ¿dónde quedaron esos recursos de los excedentes petroleros?

Quizá en los bolsillos de las empresas extranjeros que operan al amparo del gobierno, o en los bolsillos de los funcionarios de primer nivel del gobierno, es una pregunta que la administración actual debería responder.

Desafortunadamente en nuestro país lo que se logró construir con tanto esfuerzo y dedicación, durante muchos años, fue destruido hundiendo por los pésimos gobiernos en muy poco tiempo, gobiernos que no supieron administrar a la empresa que desde su creación fue la base de las finanzas públicas.

Por eso hoy en el día de la conmemoración de la expropiación petrolera, es bueno preguntarnos:

¿Todavía lo debemos de festejar?

Notas

http://lalupa3.webcindario.com/eventos/La%20expropiacion %20petrolera.htm

http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2010/02/17/ excedentes-petroleros-superaron-1-billon

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2017.

Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica)

Con motivo de la conmemoración de la expropiación petrolera en México, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Fue el 18 de marzo de 1938, cuando el General Lázaro Cárdenas del Río, que en ese entonces se desempeñaba como presidente de la República Mexicana, congregó a su gabinete para notificar la decisión de nacionalizar las empresas petroleras por haberse negado a cumplir con las leyes nacionales. Tiempo más tarde el mensaje fue transmitido por radio a toda nación, anunciando así la expropiación petrolera.1

Esta reforma significaba un gran paso para el rumbo del país. Regresaba la pertenencia legal del petróleo a México y a sus mexicanos, ya que en aquel entonces era explotado por 17 compañías extranjeras, además de que demostraba la defensa de los trabajadores de la industria y sobre todo el respeto a nuestras leyes.2

Mostrando el apoyo hacia la decisión presidencial, se realizaron dos grandes marchas donde se manifestó el respaldo de todos los ciudadanos. Y es que si bien la expropiación petrolera tuvo como resultado el rompimiento de las relaciones diplomáticas de nuestro país con Reino Unido, Países Bajos y Estados Unidos, así como un embargo comercial de su parte,3 también significó la defensa de la dignidad mexicana y el inicio de una nueva era económica para el país.

Como consecuencia a la expropiación petrolera, el 7 de junio de 1938 se constituyó Petróleos Mexicanos como la única compañía con el derecho de explotar y administrar los yacimientos de petróleo en nuestro país.4

Desafortunadamente toda esta gloria ha quedado atrás. La historia de nuestra independencia petrolera va del orgullo a la pena. Va de las honrosas historias de mexicanos que donaban ganado, joyas y dinero con la finalidad de cubrir la indemnización que el gobierno tenía que pagar a las compañías petroleras por su decisión,5 hasta el poder ejecutivo y legislativo actual que viviendo en la opulencia y acosta de su población, le arrebataron a la ciudadanía algo que tanto trabajo le costó.

Hoy que se conmemora la expropiación petrolera, lo menos que podemos hacer es hablar de frente y hacer una crítica responsable a la reforma energética impulsada por el ejecutivo federal, con la finalidad de que las generaciones presentes no olviden el orgullo que alguna vez significó esta etapa en la historia de México, y con la esperanza de que no olviden luchar por ella.

Seamos claros, la reforma energética es la jugada maestra de Estados Unidos para garantizar su seguridad energética a costa de nuestro país.6

La reforma energética fue solo un ejemplo más de que el enemigo más peligroso de México es un mexicano, pues gracias a los intereses miserables de unos cuantos mexicanos, uno de los principales recursos de todo un país se ha puesto en riego.

La reforma ni trajo precios bajos, ni trajo transparencia, y mucho menos estabilidad económica.7

La decisión en materia energética tomada en 1938 tuvo como resultado la unión social, así como marchas en apoyo a la decisión del ejecutivo, mientras que en 2013 y a la fecha, encontramos una población que ya no sabe cómo expresar su descontento ante las decisiones impuestas arbitrariamente por el gobierno federal, y a un ejecutivo cínico que parece tener profunda sordera.

Este 2017 arrancamos el año con la liberación del precio de las gasolinas, la cual solamente ha traído el descontento de los ciudadanos a flote;8 y es que en país donde el salario mínimo no ajusta y el precio del dólar se dispara, yo me pregunto: ¿qué esperaba el señor presidente?

A todos aquellos cómplices de una de las mayores deshonras que se le ha hecho al país, solo puedo esperar que vivan señalados gracias a la falta a la patria tan vil que realizaron,9 de igual forma deseo que el tiempo no tarde en traernos gobernantes responsables que rescaten no solo el petróleo de México, sino lo más importante, su dignidad.

Y es que como bien reza un grito escuchado popularmente en las manifestaciones: “País petrolero y el pueblo sin dinero”.

Notas

1 “Expropiación Petrolera”. Industria Petrolera Mexicana.
http://www.industriapetroleramexicana.com/2011/03/expropiacion-petrolera/

2 Ídem.

3 “La Expropiación Petrolera”. La Lupa. http://lalupa3.webcindario.com/eventos/La%20expropiacion%20petrolera.ht m

4 “La disputa por el petróleo en México”. Jurídicas UNAM. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2729/5.pdf

5 “El presidente Cárdenas expropia la industria petrolera“. Memoria política de México.
http://www.memoriapoliticademexico.org/Efemerides/3/18031938.html

6 “Reforma energética impuesta por Estados Unidos”. Regeneración. 31 de julio de 2014. http://regeneracion.mx/reforma-energetica-impuesta-por-estados-unidos/

7 “La Reforma Energética fracasó, ¿y ahora?”. El Financiero. 2 de enero de 2017. http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/la-reforma-energetica-fracaso-y- ahora.html

8 “MxM: Continúan las marchas contra el ‘gasolinazo’ en el país”. Excélsior. 22 de enero de 2017.
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/01/22/1141443

9 “Dan fast track a la reforma energética”. El Universal. 12 de diciembre de 2013. http://archivo.eluniversal.com.mx/primera-plana/2013/impreso/aprueban-d iputados-reforma-energetica-43744.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2017.

Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica)